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EL MUNDO. MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021

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i ESPAÑA

Una plataforma cívica contra «el golpe social del Gobierno» Arranca una red ciudadana para combatir las últimas reformas del Ejecutivo

La concertada acude a Europa porque Celaá «conculca» derechos Entiende que la nueva ley educativa impondrá un «monopolio estatal docente»

OLGA R. SANMARTÍN MADRID La escuela concertada, en la que es-tudia el 26% del alumnado, ha inicia-do una ofensiva en las instituciones europeas contra la Ley Celaá. Des-pués de recoger dos millones de fir-mas y protagonizar manifestaciones de coches, seis organizaciones de pa-dres, alumnos, profesores y patrona-les han pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Euro-peo (PE) porque consideran que la reforma educativa del Gobierno su-pone una «conculcación» de la Car-ta de Derechos Fundamentales de la UE y de otros tratados internaciona-les, así como un «ataque sistémico al Estado de Derecho en España».

Las familias de la Concapa y la Cofapa, los sindicatos Fsie y Uso y las patronales Escuelas Católicas y Cece, integradas dentro de la pla-taforma Más Plurales, han enviado una petición a la ex ministra del PP Dolors Montserrat, actual pre-sidenta de la Comisión de Peticio-nes del PE, en la que expresan sus críticas a la Lomloe.

Denuncian que la ley «contra-viene» la Carta de Derechos Fun-damentales de la UE en su artícu-lo 14.3, que reconoce «la libertad de creación de centros docentes» y «el derecho de los padres a asegu-rar la educación de sus hijos con-forme a sus convicciones religio-sas, filosóficas y pedagógicas».

Sostienen que, en plena caída de la natalidad, la Lomloe «da preferen-cia a los centros públicos en la pro-gramación de la oferta educativa», lo que convierte a los concertados en

F. LÁZARO MADRID «El Gobierno de España, consti-tuido como Frente Popular, está ejecutando desde hace meses un proyecto que pretende la destruc-ción de un orden social funda-mentado en principios y valores cristianos, asenta-dos en la dignidad de la persona hu-mana. Este proyec-to gubernamental se enmarca dentro de un proceso que busca la consolida-ción de otro orden social basado en el vacío del relativis-mo extremo y en la revancha». Y sobre esta premisa arran-ca una plataforma cívica, compuesta por más de un cen-tenar de asociaciones, que preten-de convertirse en un dique de con-tención social ante lo que conside-ran que es un intento por parte del Gobierno de ruptura del actual sistema de convivencia.

Son organizaciones «defensoras de la vida, la libertad y la dignidad de la persona» las que el viernes pondrán en marcha la plataforma.

Entre las figuras más represen-tativas, el que fuera ministro del Interior del PP Jaime Mayor Ore-ja, ahora presidente de la Funda-ción Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us. Junto a él, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Funda-ción Universitaria San Pablo

CEU; Ignacio García-Juliá, presi-dente del Foro de la Familia; Jo-sep Miró i Ardèvol, presidente de e-Cristians; María San Gil, Vice-presidenta de la Fundación Villa-cisneros; Daniel Fernández Vene-gas; Cristianos en democracia; Alicia Latorre, presidenta de la Fe-deración Española de Asociacio-nes Provida y Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de

Médicos de Madrid, entre otros. Juntos para hacer frente a lo que consideran que es «un proyecto global, de carácter destructivo, que busca la ruptura, el enfrentamien-to y la desestabilización social».

«Ante una situación de esta gra-vedad, que ya está teniendo consecuen-cias irreparables, arrancará la Asam-blea por la Vida, la Libertad y la Digni-dad. Su constitución quiere mostrar «el carácter unitario en las acciones y en los esfuerzos de las or-ganizaciones impli-cadas en la misma, con una visión y aproximación de conjunto, para dar respuesta a la preo-

cupación y rechazo existente entre millones de españoles a algunas de las prioridades legislativas que el Gobierno ha anunciado durante los últimos meses, en plena pande-mia». «La legalización de la euta-nasia, unida al desprecio de un plan de cuidados paliativos y a la perversidad cierta y más que previ-sible del desarrollo y aplicación de esta ley, así como la futura amplia-ción de la Ley del Aborto, suponen un punto de inflexión en la activi-dad de todas las organizaciones que forman parte de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Digni-dad», apuntan los promotores.

La Asamblea, de la que forman parte la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en De-mocracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, e-Cristians, la Funda-ción Villacisneros y la Federación Europea One of Us, entre otras, «nace con vocación de permanen-cia, convencida de la gravedad y la duración del proceso descrito y, so-bre todo, determinada por la nece-sidad de una voz unitaria desde las diferentes especificidades de cada una de las organizaciones».

Entienden que la situación ac-tual es un «desafío relativista» y que hay que sumar sinergias «pa-ra dar respuesta a la conciencia-ción necesaria de una sociedad respecto de la perversidad de un proyecto global que trata de rem-plazar un orden social por otro».

Jaime Mayor Oreja. A. N.

El movimiento está liderado, entre otros, por Jaime Mayor Oreja

«subsidiarios» y aboca a la escuela hacia «un monopolio estatal docen-te» que «ignora la garantía institucio-nal de las empresas educativas» y «la posibilidad de los padres de optar por centros concertados cuyo ideario pueda reflejar sus convicciones».

La concertada asegura que la Ley Celaá contraviene también la Reso-lución del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2018 sobre moderniza-

ción de la educación en la UE, que anima a conceder «apoyo financiero adecuado a los centros escolares tan-to de carácter público como priva-do». Y recuerda otros tratados inter-nacionales firmados por España que «son contrarios» a la reforma educa-tiva: la Declaración Universal de De-rechos Humanos, el Protocolo Adi-cional al Convenio para la Protección

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que contemplan, de una forma u otra, el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos.

En cuanto a la normativa españo-la, la concertada apunta que la ley «rompe los acuerdos de la Transición española» y «vulnera» el derecho fundamental de la educación recogi-do en el artículo 27 de la Constitu-ción, porque «su propuesta consiste en no valorar la demanda de las fa-milias como criterio de programa-ción». «Sin límite alguno, deja a la discrecionalidad de la Administra-ción la planificación educativa y con-vierte en irrelevantes las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades educativas, a las que abo-ca al cierre». «Asistiremos a un con-trol político de la educación y a la eli-minación de la pluralidad», augura.

Asimismo, la European Parents Association ha enviado una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en la que expresa su preocu-pación por la educación en España tras la aprobación de la Lomloe.

Manifestación de coches para protestar contra la Ley Celaá en Madrid. ALBERTO DI LOLLI

«Asistiremos a un control político de la educación y al fin de la pluralidad»

CONTRATACIONES TEMPORALESEl Centro de Láseres Pulsados selecciona DOS INVESTIGADORES

POSTDOCTORALES para la ejecución del proyecto “TYMPAL: Transporte YManipulación de Partículas en Aceleradores Láser”, ref. CLP263P20 en elmarco de la convocatoria del Programa Apoyo a Proyectos de Investigación de

la Junta de Castilla y León, cofinanciado con FEDERPara más información consultar: www.clpu.es > trabaja con nosotros

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DEDESARROLLOREGIONAL

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