2004. stavenhagen. informe situación de los derechos de los pueblos indígenas en colombia

8/6/2019 2004. Stavenhagen. Informe Situacin de los derechos de los pueblos indgenas en Colombia

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GE.04-16518

Distr.

GENERALE/CN.4/2005/88/Add.210 de noviembre de 2004

Original: ESPAOL

COMISIN DE DERECHOS HUMANOS61. perodo de sesionesTema 15 del programa provisional

CUESTIONES INDGENAS

Derechos humanos y cuestiones indgenas

Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanosy las libertades fundamentales de los indgenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen

Adicin

Misin a Colombia*

* El resumen de este informe ser distribuido en todos los idiomas oficiales. El informe se

encuentra en el anexo de dicho resumen y ser distribuido en el idioma original y en ingls.

NACIONESUNIDAS E

Consejo Econmico

y Social


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indgenas neutrales y desmilitarizados y que se establezcan zonas de paz indgenas libres de todaoperacin militar, bajo supervisin internacional; que la fiscala acorde prioridad para investigary aplicar la ley a todas las denuncias relativas a abusos y violaciones cometidas por miembros delas fuerzas armadas y la polica nacional contra miembros de comunidades indgenas; que se de

trmino a programas como la red de informantes, los soldados campesinos y soldados por unda, para nios y jvenes indgenas, y que las instancias del Estado correspondientes cumplandebidamente las medidas cautelares que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos hapedido para los distintos pueblos indgenas.

En el contexto de las nuevas medidas adoptadas para la lucha contra el terrorismo, elRelator Especial hace un llamamiento para que ningn indgena sea detenido por las fuerzasmilitares sin que exista previamente una orden de captura expedida por una autoridad judicialcompetente. Recomienda adems el respeto ntegro de las competencias originarias de la CorteConstitucional y en particular de la accin de la tutela, uno de los mecanismos primordiales parala defensa de los derechos humanos de los pueblos indgenas.


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Anexo

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIN DE LOS DERECHOSHUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE

LOS INDGENAS, RODOLFO STAVENHAGEN, SOBRE SUMISIN A COLOMBIA (8 A 17 DE MARZO DE 2004)

ndice

Prrafos Pgina

Introduccin y contexto.........................................................................................1-7 5-6

I. PROGRAMA DE LA VISITA...................................................................8-10 6

II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL...................................................11-22 6-8

III. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DELOS INDIGENAS DE COLOMBIA: ASUNTOS PRIORITARIOS.......23-80 8-21A. El conflicto armado en las zonas indgenas.......................................23-45 8-13B. Violencia, narcotrfico y derechos humanos ....................................46-52 14-15C. Medio ambiente, tierras y derechos humanos ...................................53-64 15-18D. Acceso a la justicia y jurisdiccin indgena ......................................65-69 18-19E. Situacin de las mujeres indgenas....................................................70-71 19F. Desarrollo sostenible y reconocimiento de la identidad indgena.....72-74 19-20G. Extensin de los servicios sociales bsicos.......................................75-80 20-21

IV. CONCLUSIONES.....................................................................................81-89 21-22

V. RECOMENDACIONES ..........................................................................90-115 22-25A. Recomendaciones al Gobierno .........................................................90-111 22-24B. Recomendaciones a los actores armados............................................ 112 24C. Recomendaciones a los pueblos indgenas .........................................113 24D. Recomendaciones a la comunidad internacional.............................114-115 24-25


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Introduccin y contexto

1. Al amparo de la resolucin 2001/57 de la Comisin de Derechos Humanos, de 24 deabril de 2001, que dio origen a su mandato, y atendiendo la invitacin del Gobierno, el Relator

Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de losindgenas visit Colombia del 8 al 17 de marzo de 2004.

2. El Relator Especial expresa su agradecimiento al Gobierno de Colombia y en particular ala Direccin de Etnias del Ministerio del Interior por la cooperacin que recibi antes de su visitay durante la misma. Agradece especialmente a las numerosas organizaciones indgenas por suinters y cooperacin para la visita. Expresa asimismo su reconocimiento a la oficina enColombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por suexcelente trabajo y por la organizacin de un amplio y variado programa de reuniones.

3. En Colombia existen oficialmente 84 pueblos indgenas con una poblacin total de

aproximadamente 785.000 habitantes, pero algunas estimaciones la colocan en cerca de unmilln de personas, contndose ms de 90 etnias. Se reparte en todos los departamentos del pasacusando una gran diversidad demogrfica y cultural. Tres pueblos (wayu, paez y ember)cuentan con ms de 50.000 personas, mientras que ms de treinta comunidades cuentan conmenos de 500 habitantes. Se incluyen agricultores, recolectores y pescadores, as comocomunidades campesinas indgenas y pequeos grupos nmadas. Tambin existe una crecientepoblacin indgena urbana.

4. En los ltimos tiempos los pueblos indgenas de Colombia han experimentado un procesode revitalizacin asociado a varios factores entre los que cabe destacar la recuperacin de susbases territoriales, la incorporacin progresiva a las dinmicas nacionales, la emergencia de

organizaciones con plataformas de reivindicacin de sus derechos especficos y la formacin decuadros capaces de formular objetivos de autodesarrollo y autonoma. Colombia dispone ademsde un marco constitucional, legislativo e institucional diseado para proteger, entre otros, losderechos individuales y colectivos de los pueblos indgenas, promover su desarrollo econmico ysocial y fomentar su identidad cultural.

5. Sin embargo, hoy en da, la situacin de los derechos humanos de los indgenas deColombia es grave, crtica y profundamente preocupante. Un gran nmero de comunidades sufrecondiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactosconsiderables en sus condiciones de vida cotidiana. Est incluso amenazada la supervivenciafsica y cultural de algunas comunidades indgenas muy vulnerables, especialmente en laAmazona.

6. A pesar del marco jurdico protector vigente, el funcionamiento del estado de derecho seve socavado por un patrn persistente de violaciones de los derechos humanos de los pueblos ycomunidades indgenas como resultado, entre otras, de la dinmica de este conflicto interno, laimplantacin en gran parte del pas de grupos armados ilegales vinculados a estructurasregionales y locales del poder poltico o los fuertes intereses econmicos vinculados alnarcotrfico y a la explotacin de los recursos naturales. En el ltimo ao tambin habra queaadir algunas de las acciones llevadas a cabo dentro del marco de la estrategia militar paracombatir la subversin y el terrorismo y que han originado alegaciones de violaciones de

derechos humanos en distintas partes del territorio nacional.


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7. El presente informe contiene la valoracin por el Relator Especial de la situacin de losderechos humanos de los indgenas en Colombia, sobre la base de la informacin recibida dedistintas fuentes y el intercambio de opiniones que ha mantenido con autoridades estatales,

judiciales, militares, departamentales y municipales, lderes y representantes de comunidadesindgenas, representantes de organizaciones de derechos humanos y organizaciones nogubernamentales.

I. PROGRAMA DE LA VISITA

8. El Relator Especial visit la Sierra Nevada de Santa Marta en el Departamento del Cesaras como los departamentos de Cauca y Putumayo adems de la capital, Bogot, donde mantuvoconsultas con autoridades gubernamentales en el mbito nacional y departamental. En Bogot, elDr. Stavenhagen se reuni con autoridades del Gobierno de la Nacin incluidos el Presidente dela Republica, Sr. lvaro Uribe; el Vicepresidente, Francisco Santos; el Ministro de Interior y

Justicia, Sr. Sabas Petrelt; la Ministra de Relaciones Exteriores, Sra. Carolina Barco; el Directordel Programa Presidencial de Derechos Humanos, Sr. Carlos Franco; el Director de la Direccinde Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Sr. Rafael Bustamante; el Director de laDireccin de Etnias del Ministerio del Interior, Sr. Jess Ramrez; y el Director de la Oficina deDerechos Humanos del Ministerio de Defensa, Coronel Castillo. Adems el Relator se reunicon representantes de la Red de Solidaridad Social, el Instituto de Bienestar Familiar, el InstitutoColombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el Ministerio de Educacin y el Ministerio deSalud.

9. Durante su gira por las diversas regiones, el Relator Especial se reuni con autoridadesdepartamentales, locales, organizaciones civiles y populares y representantes de ms de treinta

comunidades indgenas incluyendo las comunidades inga, wayu, quichua, pasto, paez, ember,yanakona, kankuamo, arhuaco, yuko y wiwa.

10. El Relator Especial sostuvo tambin reuniones con legisladores, magistrados de la CorteConstitucional, representantes de la Procuradura General de la Nacin y el Defensor del Pueblo,Sr. Volmar Prez Ortiz. Tambin tuvo discusiones con los representantes de las agencias delsistema de las Naciones Unidas y con representantes de organizaciones no gubernamentales dederechos humanos y centros acadmicos.

II. EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

11. El marco institucional de proteccin y promocin de los derechos de los pueblosindgenas de Colombia descansa primordialmente en la Constitucin Poltica de 1991, en la cualse reconoce la realidad multicultural y pluritnica del pas.

12. El principal logro para los indgenas en la Constitucin fue el reconocimiento de susresguardos tradicionales y el respeto a sus culturas, lenguas y tradiciones, que responde a unademanda histrica. Para implementar estos principios, la Ley 160 de 1994 ordena dotar de tierrasa las comunidades indgenas, mediante los procedimientos de constitucin, ampliacin,saneamiento y reestructuracin de los resguardos. Han sido reconocidos ya 647 Resguardos


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Indgenas con un rea total de 31.066.430 hectreas, que agrupan a 85.818 familias conformadaspor 441.550 personas, y que ocupan casi el 30% del territorio nacional.

13. An falta expedir la ley orgnica de ordenamiento territorial que habra de definir la

conformacin y delimitacin de las Entidades Territoriales Indgenas (ETI) y asignar lascompetencias entre estas y la nacin. El proyecto de ley orgnica sobre el ordenamientoterritorial (LOOT), pendiente de aprobacin en el Congreso, establece que las ETI gozan deautonoma cultural, poltica, administrativa y presupuestal para la gestin de sus propiosasuntos y sern gobernadas por Consejos Indgenas conformados segn los usos y costumbresde los pueblos y de las comunidades.

14. La ley reconoce a los cabildos indgenas, autoridades polticas tradicionales encargadasde ejercer funciones de administracin y gobierno, como entidades pblicas especiales.

15. El principio que determina la autonoma territorial, poltica y jurdica de los indgenas,

sealado en los artculos constitucionales, ha sido reafirmado en varias sentencias de la CorteConstitucional, que reconoce a los indgenas como sujetos de derechos fundamentales.

16. La Constitucin tambin establece la jurisdiccin especial indgena como un mbitopropio en el cual se reconoce el derecho indgena que coexiste con la jurisdiccin ordinaria delderecho positivo.

17. En materia de desarrollo econmico, la Constitucin establece, de acuerdo con elConvenio N. 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indgenas ytribales en pases independientes ratificado por Colombia, la consulta previa, libre e informada,que constituye ahora uno de los derechos ms reclamados (y menos cumplidos aparentemente)por los pueblos indgenas. Han sido aprobadas ms de una decena de leyes y decretosreglamentarios para aplicar las disposiciones relevantes de la Constitucin a la normatividad delos pueblos indgenas. Sin embargo, el Relator Especial fue informado por muchas comunidadesde las deficiencias en la implementacin y el cumplimiento efectivo de la legislacin existente.

18. El Relator Especial se reuni con el pleno de los magistrados de la Corte Constitucional,que desempea un papel de suma importancia en la interpretacin de las normas constitucionalesen materia de derechos indgenas, mediante sus sentencias y acciones de tutela en defensa de losderechos humanos. Es por ello sumamente preocupante la iniciativa promovida en el CongresoNacional que recortara la competencia de la Corte y limitara su accin de tutela. El Relator

Especial considera que de prosperar dicha iniciativa quedaran considerablemente debilitados losmecanismos nacionales de proteccin de los derechos humanos de las comunidades indgenas.

19. La Direccin General de Etnias del Ministerio del Interior es el organismo clave decoordinacin en materia de polticas pblicas para los indgenas. Colabora en la formulacin delas polticas relacionadas con las comunidades y vela por sus derechos en colaboracin con losministerios y organismos pblicos y privados que desarrollan acciones en este campo. Lapoltica del Estado en materia indgena tiene por objetivo la defensa, apoyo, fortalecimiento yconsolidacin de los derechos tnicos y culturales, dentro de los principios fundamentales departicipacin, descentralizacin y autonoma en el marco del Estado Social de Derecho.


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20. El Relator Especial tambin fue informado de numerosos programas y actividadesllevados a cabo, entre otros, por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario, la Red de Solidaridad Social, el Instituto Colombiano de DesarrolloRural (INCODER) y los Ministerios de Educacin, Medio Ambiente y Salud dirigidos a dar

respuesta a las necesidades y demandas de los pueblos indgenas de Colombia. Recibiinformacin acerca de programas destinados, entre otros, a ayudar a los desplazados internos, aextender el sistema pblico de salud a todo el territorio y a la solucin de cuestiones pendientesen materia de proteccin de los resguardos.

21. A todos estos esfuerzos se suma, en las ltimas dcadas, el surgimiento de un vibrantemovimiento social indgena que plantea a la sociedad nacional sus inquietudes, aspiraciones yreivindicaciones, que ha sido instrumental en lograr los avances legislativos anteriormentecitados y que actualmente lucha por la paz y por el respeto a sus derechos humanos. El RelatorEspecial recibi informaciones de diversas organizaciones tales como la Organizacin NacionalIndgena de Colombia (ONIC), la Organizacin de los Pueblos Indgenas de la Amazona

Colombiana (OPIAC), las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indgenas (AATI) y elMovimiento de Autoridades Indgenas de Colombia (AICO), as como los Consejos Regionalescomo el Consejo Regional Indgena del Cauca (CRIC) y numerosos cabildos y asociacioneslocales, todos los cuales constituyen hoy en da interlocutores necesarios para las autoridadesgubernamentales, los actores polticos y la sociedad civil.

22. A pesar de la existencia de un entramado legal e institucional importante, el pas seenfrenta a graves problemas de derechos humanos que afectan cotidianamente a sus pueblosoriginarios.

III. SITUACIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDGENAS DECOLOMBIA: ASUNTOS PRIORITARIOS

A. El conflicto armado en las zonas indgenas

23. Aunque la violencia poltica en el medio rural tiene una larga historia en Colombia, hastahace pocas dcadas las zonas indgenas se encontraban relativamente marginadas del conflictoarmado. A partir de los aos ochenta, los frentes guerrilleros de las Fuerzas ArmadasRevolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y el Ejrcito de LiberacinNacional (ELN) as como los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia(AUC) comenzaron a operar de manera creciente en las regiones indgenas, al involucrarse en laextensin a estas reas de los cultivos ilcitos. Tambin la presin militar del ejrcito nacional haobligado a estos grupos a replegarse en zonas indgenas. Es ilustrativo de este proceso laviolencia y graves violaciones a los derechos humanos de los indgenas que se ha dado en laregin del Cauca, sobre los cuales el Relator Especial recibi amplios testimonios ydocumentacin.

24. En 2003 se registraron, segn informaciones de la oficina en Colombia del AltoComisionado, un gran nmero de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indgenas.Durante el periodo ms de 100 miembros y autoridades indgenas fueron vctimas de homicidios,siendo el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta uno de los ms azotados. Es


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preocupante la magnitud del desplazamiento forzado, cuyo impacto en las comunidadesindgenas aument durante 2003.

25. La violencia poltica contra los indgenas se increment en los aos noventa y viene

generando una creciente resistencia a la guerra. En los ltimos 15 aos se registraron ms de2.660 casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contrapueblos indgenas. Estos actos de violencia son imputables ante todo a las guerrillas y a las AUC(grupos paramilitares que han sido vinculadas al ejrcito y a autoridades gubernamentales). Latasa de violencia es 100% mayor a la media nacional en los municipios indgenas, siendo los msafectados los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, el pueblo kofn en Putumayo, elchimila en Magdalena, as como los pueblos korebaj, betoyes y nasa, y los tule y embera katoen la regin de Urab.

26. En las distintas regiones indgenas, las comunidades con frecuencia se encuentranliteralmente entre dos o ms fuegos cuando all operan los distintos grupos armados. Son

tomadas como objetivos militares por unos y otros, a veces obligadas a servir a uno u otro grupo,lo cual los expone inmediatamente a represalias. El Relator Especial fue informado delestablecimiento en la Sierra Nevada de un batalln de alta montaa del ejrcito, que lascomunidades indgenas ven como una amenaza a su integridad. En este constante vaivn dearenas movedizas aumentan los hechos de violencia contra los indgenas y se multiplican lasvejaciones y los abusos.

27. Es particularmente grave el hecho de que los actores armados no respetan la distincinentre combatientes y no combatientes. La poblacin civil es victima en forma creciente y todoslos contendientes son responsables, en menor o mayor grado, de la violacin al derechointernacional humanitario en el marco del conflicto armado. En San Pedro de la Sierra, por elcontrario, la poblacin manifest que para su seguridad requieren de manera permanente lapresencia del Ejrcito, sin la cual se veran obligados a desplazarse.

28. Han sido denunciadas varias masacres ocurridas en los ltimos aos en las zonasindgenas, imputables a los grupos paramilitares, a los guerrilleros y a otros actores armados, ytambin han sido denunciados bombardeos a comunidades campesinas e indgenas realizados porlas Fuerza Area, en el marco de la estrategia militar del gobierno de combate a los gruposguerrilleros. Por ejemplo, el Cabildo Indgena de Magui, en Nario, denuncia un bombardeoareo ocurrido el 12 de febrero de 2004, que destruy la escuela del lugar. Segn lasinformaciones recibidas durante la visita se seala que en ocasiones los militares no habran

hecho nada por impedir masacres anunciadas por los paramilitares, como sucedi en el caso delNaya. Algunos de los actores armados utilizan con efectos mortferos artefactos explosivos yminas antipersonales, de fabricacin local, con el objeto de atemorizar a la poblacin. El Fondode las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que hubo 170 muertes por esta causaen 2002 entre los indgenas. Actualmente, 422 municipalidades de 30 departamentos estaranafectadas por las minas, segn el Observatorio de minas antipersonales del ProgramaPresidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

29. Numerosas comunidades indgenas denuncian asesinatos selectivos de sus lderes yvoceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte deestrategias diseadas a descabezar y desorganizar a las comunidades indgenas, contribuyen a la

desintegracin social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios


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perpetrados contra los pueblos indgenas. Tambin son preocupantes los asesinatos de defensoresde los derechos humanos, alentados tal vez por declaraciones de las ms altas autoridadesgubernamentales equiparando infundadamente a las organizaciones de derechos humanos conterroristas.

El pueblo embera kato del Alto Sinu ha sufrido asesinatos, desapariciones ydesplazamientos forzados, amenazas y destruccin de bienes en el marco de su resistencia a

la construccin en su territorio de la represa hidroelctrica de Urr. Las medidas cautelaresque a su favor ha demandado la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nohan sido cumplidas an.

Las autoridades indgenas de Tolima solicitaron medidas cautelares a la CIDH por la ola de

asesinatos, desapariciones, y desplazamientos masivos de indgenas pijaos por causa delconflicto armado. El pueblo embera cham del departamento de Caldas entreg al Relator

Especial un recuento detallado de todos los indgenas asesinados desde 1998 a la fecha.

30. Las investigaciones arrojan que la mayora de estas atrocidades son imputables a lasAUC, en menor grado lo son a las FARC y el ELN, y en algunos casos se responsabiliza a lasfuerzas armadas de Colombia. En la Amazona se reporta que los ms altos porcentajes dehomicidios de indgenas son atribuidos a las AUC (36,7%), las FARC (34,3%), y la fuerzapblica (4,8%). En la Sierra Nevada, en donde habitan los pueblos indgenas Kogui, Kankuamo,Arhuaco y Wiwa, prevalece la violacin del derecho a la vida en las modalidades de masacres,asesinatos selectivos de configuracin mltiple y asesinatos selectivos simples, que consistenbsicamente en ejecuciones extrajudiciales, perpetradas especialmente por las AUC.

31. En la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, regin visitada por el RelatorEspecial, el pueblo Kankuamo (3.000 familias, 13.000 personas, 12 comunidades), ubicadodentro de la Lnea Negra, el lmite tradicional de su territorio, se encuentra en proceso derecuperar su identidad indgena. Se les han reconocido sus tierras pero an no se ha constituidoel resguardo correspondiente. En la dcada de los ochenta llegan los grupos guerrilleros y en losnoventa se establece una base de las AUC, por lo que aumentan los secuestros y homicidios,sobre todo a partir de 1998, muy por encima de la media rural y regional. A partir de estemomento se empiezan a producir masacres de indgenas, ocurren los desplazamientos masivos yse practican los bloqueos y confinamientos de la poblacin en sus comunidades. Hoy habra msde 300 familias desplazadas como consecuencia de los diversos ataques y amenazas. El Relator

Especial pudo recoger testimonios en los que se contina denunciando la limpieza tnica, elgenocidio y el etnocidio del pueblo kankuamo a pesar de las medidas cautelares de proteccindemandadas por Defensora del Pueblo y la CIDH as como los diversos llamados urgentes porparte de varios mecanismos especiales de la Comisin de Derechos Humanos.

El pueblo arhuaco, que rechaza la presencia de grupos armados en su territorio, pugna por lareconstruccin de un Espacio de Hermandad y por el respeto a sus derechos humanos y

colectivos. El Relator Especial recibi denuncias de violaciones, tales como las restriccionesalimenticias impuestas, el no respeto de sus autoridades tradicionales, asesinatos selectivos,reclutamiento forzado de sus jvenes, bombardeos de sus pueblos, y otros abusos. Una cuestin

particularmente preocupante es el impacto del conflicto en las vidas de las mujeres arhuacas,

quienes documentaron para el Relator Especial la violencia, las amenazas, y los abusos sexuales


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que sufren. Finalmente, los lderes y representantes expresaron su oposicin a la creacin de un

municipio no indgena en su territorio tradicional, a la construccin de la represa de LosBesotes y la ocupacin del cerro Inarwa, centro espiritual y sagrado de los arhuacos, por el

ejrcito colombiano.

32. La violencia y la inseguridad han provocado tambin desplazamientos masivos de lapoblacin en las zonas de conflicto que, segn la Defensora del Pueblo, constituye la msevidente manifestacin del irrespeto sistemtico de los actores armados al derecho internacionalhumanitario. Aunque no se cuenta con estadsticas precisas, en las regiones visitadas por elRelator se habla de miles de desplazados indgenas en los departamentos de Putumayo, Cauca yCesar, entre otros.

33. Se estima que el 12% de los desplazados en el pas son indgenas. El Centro deCooperacin Indgena (CECOIN) inform de que 128 casos de desplazamientos masivosindgenas tuvieron lugar en por lo menos 63 municipios entre 1995 y 2003, afectando a 28.000

personas, y durante 2002 lo hicieron 12.650 indgenas por presin de los grupos armados. LaAsociacin de Cabildos del Pueblo Nasa del Putumayo inform que entre los desplazados por laviolencia hay ms de 380 familias y ms de 78 mujeres viudas cabezas de hogar.

34. Los desplazamientos forzados han incrementado el flujo de refugiados indgenascolombianos en los pases limtrofes como el Brasil, el Ecuador, Panam, el Per y Venezuela.Se denunciaron situaciones dramticas de violaciones de derechos humanos tales como laincursin de paramilitares en Panam, en marzo de 2003, que dej un saldo de varios indgenasrefugiados muertos.

35. En algunas zonas urbanas, inclusive Bogot, la situacin de los desplazados esespecialmente dramtica. En Valledupar el alcalde de la ciudad inform al Relator Especial deque los indgenas desplazados acusan altos ndices de desnutricin y que incluso se sealan casosde mortalidad infantil por hambre. El municipio carece de recursos para atender todas lasnecesidades de la poblacin indgena desplazada. Las mujeres cabezas de familia y los niossufren las peores consecuencias de los desplazamientos involuntarios, muchas se dedican a lamendicidad y los nios con frecuencia viven en la calle. Sin registros confiables es difcilcanalizar adecuadamente la ayuda humanitaria.

36. La Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la Repblica aplica la Directriz para laAtencin Integral de la Poblacin Desplazada Indgena, cuyo objetivo es proporcionar

proteccin y asistencia a los indgenas desplazados y promover el retorno o la reinsercin.Tambin apoya actividades socioeconmicas y de proteccin al medio ambiente en el marco deun convenio firmado con el Programa Mundial de Alimentos. Todo parece indicar sin embargo,que hasta ahora solamente una parte de la poblacin indgena desplazada recibe ayuda efectiva.A pesar de estos esfuerzos la situacin del desplazamiento interno en Colombia sigue siendograve, complicada por la imprecisin de los datos relativos a los grupos tnicos. Se hacenecesaria, como ya adelant el Representante del Secretario General sobre los desplazadosinternos, Sr. Francis Deng, tras su visita en 2000 al pas, un sistema especial de medidasprotectoras contra el desplazamiento de comunidades indgenas.

37. La violencia se expresa tambin en la magnitud de las desapariciones forzadas de lderes

y representantes indgenas. En la Sierra Nevada se registran 44 desapariciones forzadas, 166


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ejecuciones extrajudiciales, 92 casos de tortura y 52 casos de secuestro entre 1998 y 2002, y sehan denunciado dos masacres en 2002, en las cuales fueron asesinados 12 indgenas wiwas,ocasionando el desplazamiento forzado de 1.300 indgenas y el de 300 personas de lascomunidades de Sabana Grande, Potrerito, El Machn y Marocaso.

Particularmente golpeado ha sido el pueblo kankuamo, vctima de desplazamientos forzados

(que afectaron a 300 familias), numerosos asesinatos de sus miembros y autoridades,

imposibilidad de libre movilizacin y otras violaciones. Durante 2003 fueron denunciados

ante la Defensora del Pueblo 44 asesinatos de indgenas Kankuamos, as como el

bombardeo indiscriminado al casero de Potrerito del resguardo indgena Wiwa, queocasion la destruccin de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de 25 familias.

Se seala

que la Resolucin 24 de 2002 de la Defensora del Pueblo a favor de los derechos humanosde los indgenas de la Sierra an no ha sido cumplida. En julio de 2004 la Corte

Interamericana de Derechos Humanos instruy al gobierno de Colombia que aplicara sin

dilacin las medidas cautelares demandadas a la situacin de los kankuamos en la Sierra

Nevada.

38. Entre los mltiples testimonios de abusos sufridos por las comunidades indgenas, elRelator Especial conoci las denuncias presentadas por el pueblo wiwa de la Sierra Nevadasobre bombardeos indiscriminados, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales; retenes, quemade casas, saqueos, robo de animales; daos a lugares sagrados, robo de equipo mdico y daos alos puestos de salud, as como robo de material educativo y daos a escuelas.

39. Los traumas psicolgicos y sociales que causa la violencia entre las poblacionesindgenas son incalculables. El ms alto grado de vulnerabilidad lo demuestran los nios y lasnias menores de 18 aos, las mujeres y los ancianos. A finales de 2003 los medios decomunicacin informaron de una serie de suicidios entre nias emberas en el departamento deChoc, atribuidos a la depresin colectiva causada por los horrores del conflicto armado.

40. Entre las tcticas de sometimiento de la poblacin indgena que usan los grupos armadosilegales, destacan los secuestros y las desapariciones forzadas. Buena parte de estos fenmenostienen que ver cada vez ms con la delincuencia comn organizada, tal vez vinculada alnarcotrfico. Durante los ltimos aos, numerosas personas secuestradas fueron asesinadas porsus captores paramilitares, sus cuerpos a veces mutilados cruelmente. Los indgenas hanindicado al Relator Especial que con frecuencia no se denuncian estos hechos ante la Fiscala o

las autoridades, por temor a represalias, lo que indica fuertes vnculos entre algunos gruposarmados (sobre todo los paramilitares) y elementos de la fuerza pblica en los lugares dondeocurren estos hechos. Se denuncian casos de indgenas civiles detenidos por las fuerzas armadascuyos cadveres son encontrados posteriormente, siendo la explicacin oficial (cuando la hay)que se trata de terroristas que fueron dados de baja en acciones militares.

41. El Relator Especial recibi denuncias de detenciones masivas y arbitrarias efectuadas porelementos del ejrcito en comunidades indgenas, sin previa orden judicial de captura, al amparodel Estatuto Antiterrorista que permite a las Fuerzas Armadas ejercer funciones judiciales enzonas de conflicto. El Presidente de la Repblica asegur al Relator Especial que ningunapersona es detenida sin orden de captura. Los indgenas denuncian que a veces las rdenes

correspondientes las emiten las propias fuerzas armadas al momento de la captura o despus de


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la misma. Tambin indican que muchas de las personas detenidas son liberadas a los pocos daspor falta de evidencia de haber cometido algn delito, pero quedan entonces fichadas comoterroristas, con los consiguientes peligros para su seguridad (por ejemplo, que seanamenazadas o incluso perseguidas por los grupos paramilitares que operan en la zona). La

Procuradura General de la Nacin informa de este tipo de hechos en la zona de rehabilitacin yconsolidacin Sucre-Bolvar, y en un informe sobre capturas masivas en 2003-2004 indica queen numerosas instancias no mediaba una previa orden judicial de captura.

42. En varias zonas se denuncia que los actores armados bloquean los accesos a lascomunidades indgenas y decomisan sus alimentos y otros productos, lo que causa seria penuriaa las familias. Varios casos de este tipo de confinamiento de las comunidades le fueronsealados al Relator Especial en la Sierra Nevada y en el Amazonas, entre otras regiones. Seconsidera urgente conseguir asistencia humanitaria y el desbloqueo para que las familias puedansobrevivir con un mnimo de seguridad alimenticia y suministros bsicos, an en medio delconflicto armado. Sin embargo, debido a la inseguridad, es difcil que las comunidades, y las

mujeres y los nios que son los ms afectados, reciban la indispensable ayuda humanitaria.

43. Se reportan numerosos casos de reclutamiento forzoso de jvenes y an nios indgenaspor parte de las bandas armadas. Si bien la legislacin colombiana exime a los miembros de lascomunidades indgenas del servicio militar obligatorio, por otra parte, el ejrcito ha reclutado a

jvenes indgenas, presuntamente por voluntad propia, a los grupos de soldados campesinos, y sereportan casos de indgenas que por diversa ndole se enlistan en alguno de los grupos armadosen conflicto. Estos movimientos provocan represalias a los familiares o a la comunidad en suconjunto, aumentando el nivel de inseguridad y los abusos y exacciones.

44. El movimiento indgena colombiano, en sus diversas expresiones, ha insistido pblica ycontinuamente que sus resguardos y territorios deben ser respetados como zonas neutrales y depaz por los diferentes contendientes armados. Han dicho que los pueblos indgenas no estn,como tales, involucrados en el conflicto armado ni en la economa de los narcticos. Losarhuacos de la Sierra Nevada piden que nos dejen en paz, que no nos ataquen, ni nos desalojen;que nos saquen de esa confrontacin armada. Con ayuda internacional, se han hecho proyectospiloto en este sentido, y en algunos casos las comunidades indgenas han logrado obtener elcompromiso de los actores armados para que su neutralidad sea respetada. Sin embargo, entrminos generales, esta demanda no ha tenido el eco que merece.

45. El Gobierno Nacional ha elaborado una estrategia nacional de proteccin a los derechos

humanos y colectivos de los grupos tnicos y de los pueblos indgenas en particular. Estaestrategia tiene por objetivo general prevenir y proteger los derechos humanos de lascomunidades indgenas en el contexto del conflicto armado, atender de una manera diferenciadaa los pueblos indgenas, disminuir el desplazamiento forzado, crear un sistema nacional deatencin e introducir el componente tnico en las estadsticas sobre violacin a los derechoshumanos y derecho internacional humanitario. El Relator Especial considera til que el gobiernoinforme pblica y peridicamente acerca de los logros alcanzados por esta estrategia.


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B. Violencia, narcotrfico y derechos humanos

46. El conflicto armado y las consiguientes violaciones de los derechos humanos de lospueblos indgenas se encuentran estrechamente vinculados a los cultivos de narcticos en zonas

indgenas, desde hace unas dos dcadas. Aunque el Gobierno est empeado en el combatecontra el narcotrfico, atendiendo de esta manera a sus compromisos nacionales einternacionales, no parece haber disminuido en trminos generales la superficie sembrada ycosechada de cultivos ilcitos. El presidente de la Repblica inform al Relator Especial acercadel denominado efecto globo, es decir que la disminucin de la produccin en una zona secompensa con la expansin en nuevas reas, lo cual dificulta la erradicacin definitiva de estoscultivos.

47. Despus de un breve auge del cultivo de la marihuana en los aos setenta (la bonanzamarimbera), la economa de los narcticos se ha concentrado ahora en la coca, si bien es precisosealar que el cultivo tradicional de la coca para fines de consumo local siempre estuvo

ampliamente extendido entre las comunidades indgenas colombianas, como en otros pasesandinos. Es poco probable que la economa comercial de los psicotrpicos disminuya mientrassiga existiendo una creciente demanda internacional.

48. Existe amplia evidencia que los paramilitares y los grupos guerrilleros se financian conlos ingresos del narcotrfico, por lo que la contienda por el control de los territorios y de loscorredores estratgicos (como en el Putumayo), en los cuales se encuentran los pueblosindgenas, se ha tornado cada vez ms violenta, con enormes costos humanos, sociales yculturales para estas comunidades y para el pas en su conjunto. En la Amazona las FARC sehicieron presentes a partir de los aos setenta y en los ochenta aumentan los cultivos ilcitos, loque permiti a los guerrilleros ampliar sus actividades (pasaron de 27 frentes en 1983 a 60

en 1990). A finales de los ochenta se presentan los paramilitares de las autodefensas quedisputan a la guerrilla el control de la produccin de coca. Las AUC amplan sus acciones y sonresponsables de la masacre de Mapiripn en 1997, en la cual tambin participaron elementos delas fuerzas armadas.

49. En la poltica militar gubernamental, el combate al narcotrfico y la lucha contra losgrupos guerrilleros se han ido fundiendo en una sola estrategia. Esto ha conducido en los ltimosaos a una redefinicin de los parmetros del conflicto armado interno, de un conflicto poltico-militar (como era considerado anteriormente) a un combate contra el terrorismo, como esdenominado ahora. Ello ha repercutido tambin en el tratamiento que reciben los pueblosindgenas en las zonas conflictivas, en donde su creciente resistencia a la militarizacin es aveces considerada por las autoridades militares y polticas como una opcin por el terrorismo.La Asociacin Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) informa de que seagudiza la presin sobre los pueblos indgenas y que el repliegue de las FARC, la expansin decultivos hacia sus territorios, la presencia paramilitar y la concentracin de operativos de lafuerza pblica, incrementan las amenazas y riesgos de los pueblos indgenas.

50. Entre los diversos mecanismos utilizados para erradicar los cultivos ilcitos, el gobiernoha intensificado las fumigaciones, por considerar esta prctica la ms eficiente. La Ministra deAsuntos Exteriores de Colombia indic al Relator Especial que pese a las crticas que ha recibidola fumigacin, esta forma de combatir los cultivos ilcitos es considerada por el gobierno como

un mal menor que debe asumirse.


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Las organizaciones indgenas denunciaron ante el Relator Especial los efectos negativos delas fumigaciones indiscriminadas, incluyendo daos al medio ambiente (suelos, fauna, flora y

agua), destruccin de cultivos de subsistencia y daos directos a la salud de las personas

(incluyendo malformaciones genticas). El Relator fue informado adems de la existencia deestudios tcnicos y cientficos que documentan estas aseveraciones. Los pueblos indgenas

perciben las fumigaciones areas de los plantos de coca como una violacin ms de sus

derechos humanos, y salvo en pocas instancias en las que han dado su acuerdo a esta

prctica, se resisten activamente a ella, lo cual una vez ms los estigmatiza como presuntos

simpatizantes de la guerrilla, tal como sucedi a raz de las marchas de defensa organizadaspor algunas comunidades indgenas en contra de las fumigaciones. La Defensora del Pueblo

informa que ha recibido 318 quejas por la afectacin de 6.070 familias y 5.034 hectreas porefectos de la fumigacin en tres municipios del Putumayo en julio de 2002.

51. La comunidad awa de Nario inform al Relator Especial acerca de los diversos daos

causados por las fumigaciones con glisofato que vienen sufriendo desde hace tres aos variaszonas de los municipios de Tumaco y Barbacoas, afectndose extensas reas de bosque hmedo.Se denuncia que el perjuicio ms grande fue el ocasionado a las fuentes de agua, causando lamuerte de peces nativos, y en la salud humana, con dolor de huesos, vmitos, mareos, fiebres yotros malestares especialmente en la poblacin infantil.

52. La comunidad motiln-bari de Norte de Santander denuncia entre otras violaciones losbombardeos indiscriminados por la Fuerza Pblica en 2003 (significativamente denominadaoperacin Holocausto) as como los daos ocasionados por las fumigaciones areas con glisofatodurante ese mismo ao. Igualmente denuncia los efectos dainos de las fumigaciones laOrganizacin de Comunidades Indgenas del Municipio de Puerto Ass, en Putumayo. Por suparte, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) considera que elPrograma de Erradicacin de Cultivos Ilcitos atenta contra los derechos de seguridadalimenticia, a la salud y a gozar de un ambiente sano. En la Amazona el Gobierno Nacional ylas organizaciones indgenas han firmado un acuerdo para la erradicacin de cultivos ilcitos.

C. Medio ambiente, tierras y derechos humanos

53. Adems del impacto ambiental y cultural de los cultivos ilcitos, las fumigaciones y elconflicto armado, uno de los temas ms sensibles en materia de derechos humanos de losindgenas se refiere a los peligros que se ciernen sobre la biodiversidad de la regin de la selvatropical amaznica, que contiene una alta diversidad cultural indgena a pesar de su bajadensidad de poblacin, y que se encuentra en situacin de gran vulnerabilidad.

54. Actualmente el entorno natural de los pueblos indgenas est sujeto a enormes presionesderivadas de actividades econmicas intensivas tales como la explotacin forestal, la extraccinpetrolera, las diversas operaciones mineras (de extraccin de oro, carbn, minerales, salitre yotros recursos), y la construccin de megaproyectos hidroelctricos como la represa Urr, o lainterconexin vial de los pases y las regiones amaznicas.

55. La necesidad de la consulta previa e informada con las comunidades de acuerdo con loestablecido en el Convenio 169 de la OIT se revela como una de las cuestiones de mayor

preocupacin en materia de derechos humanos. Las comunidades alegan que el mecanismo no


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est funcionando de igual forma en todo el territorio nacional. En los territorios indgenas deAntioqua se inform al Relator Especial acerca de actividades mineras y otros proyectos que sellevan adelante aunque no hayan contado con la consulta previa y la aprobacin de lascomunidades indgenas. En cambio, se informa de avances en procesos de consulta por los

pueblos indgenas de la Sierra Nevada, el pueblo wayu en la Guajira y los aws en Nario.

56. En el Putumayo el Relator Especial recibi informes sobre las grandes y descontroladasoleadas migratorias provocadas por el auge petrolero que han desplazado a los grupos tnicoshasta llevarlos a mnimos espacios territoriales que ponen en riesgo su supervivencia como tales.El pueblo indgena uwa asentado en los departamentos de Canare, Arauca, Boyac, Santander yNorte de Santander denunci al Relator Especial que se encuentra en proceso de extincinsociocultural atendiendo a las polticas de colonizacin, desterritorializacin y amenaza por lasactividades estatales de explotacin de los recursos naturales en sus reas, en especial las deexploracin y explotacin petrolera.

57. El desastre ecolgico implicado en estas aceleradas transformaciones del medio ambientede los pueblos indgenas, en los cuales se mueven miles de millones de dlares de inversiones eintereses econmicos transnacionales, es superado solamente por la catstrofe humana que elloha significado para las comunidades y pueblos indgenas directamente involucrados. Ladestruccin de numerosas comunidades indgenas implica tambin la destruccin de sus sitiossagrados y diversas expresiones de su patrimonio cultural, tan importante para la preservacin dela identidad indgena.

Particularmente preocupantes son las amenazas de extincin de varias comunidades enColombia. Se seala que al menos doce pequeos pueblos indgenas en el Amazonas estn a

punto de extinguirse por efecto de estos diversos procesos (conflicto armado, cultivos ilcitos,destruccin del medio ambiente, megaproyectos econmicos) y sus secuelas en las condiciones

de subsistencia de la poblacin (desplazamientos forzados, asesinatos selectivos de lderes,destruccin de la economa de subsistencia, deterioro de la salud, desintegracin del tejidosocial de la comunidad y de la identidad cultural propia). El 40% de los pueblos indgenas

amaznicos estaran en niveles de riesgo alto y muy alto.

Entre los ms vulnerables se cuentan los pueblos awa, kofn, siona, pez, coreguaje, carijona,guayabero, muinane-bora, pastos, embera y witoto en los departamentos de Putumayo, Caquet

y Guaviare. Esta situacin indica una emergencia humanitaria de graves proporciones, pero las

medidas que han sido tomadas por el Estado y por diversas agencias privadas e internacionales,parecen ser insuficientes hasta el momento para hacer frente efectivamente a la crisis.

58. La solucin a los graves problemas del medio ambiente en regiones indgenas dependeren gran medida de la forma en que se realice el manejo de los resguardos indgenas. LaConstitucin Poltica y la Ley 160 de 1994 ordenan dotar de tierras a las comunidades indgenas,mediante los procedimientos de constitucin, ampliacin, saneamiento y reestructuracin deResguardos Indgenas. En 2003 el INCODER legaliz 80 Resguardos Indgenas con un reatotal de 1.125.792 hectreas que beneficiaron a 15,155 familias entre los pueblos Wayu,embera-kato, pijao, ember cham, embera del Bajo Atrato y en el Putumayo.


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59. Con todo, el Relator Especial pudo observar la gran demanda insatisfecha que todavaexiste. Por ejemplo, el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada reclama la constitucin de suresguardo y los pueblos indgenas mokans del Atlntico denuncian que no han podido recuperarsu resguardo indgena de Tubar, que les fue declarado vacante en 1886 y apropiado por

particulares. Tambin los indgenas ingas del Putumayo se quejan de que diversas solicitudes deconstitucin, ampliacin y saneamiento de sus resguardos an no han sido atendidas. Sedenuncia tambin que en algunas instancias se han presentado tensiones o conflictos concolonos, hacendados, ganaderos o grupos armados con respecto a la posesin de estos territorios.

60. A largo plazo es motivo de preocupacin que las comunidades indgenas an teniendolegalmente la posesin de los resguardos no estn en posicin de poder proteger adecuadamentesus territorios de invasiones o apropiaciones ilegales ni de ejercer efectivamente su derecho dedeterminar los usos que se den a las tierras, sobre todo cuando hay fuertes intereses econmicosforneos que disputan el control de las mismas. Estos conflictos pueden darse en parte porque lalegislacin respectiva an no se ha consolidado, en parte porque el control de los recursos del

subsuelo no est incluido en la concepcin del resguardo indgena, y en parte porque la situacinde conflicto a la que se ha aludido en los prrafos anteriores aumenta la vulnerabilidad de lospueblos indgenas incluso en el interior de sus propios resguardos. A ello debe agregarse que laconstitucin de las Entidades Territoriales Indgenas, como formas del ejercicio de los derechosautnomos de los pueblos indgenas, an no se ha concretizado en el esquema institucional delEstado. El Relator Especial ve con preocupacin los peligros potenciales que en el futuro puedanamenazar la integridad de los resguardos indgenas, y por lo tanto los derechos colectivos de lospueblos indgenas, y sugiere que se integre una comisin amplia para realizar un estudioprospectivo sobre esta problemtica.

61. El Consejo Territorial de Cabildos, que agrupa a los cuatro pueblos indgenas de la SierraNevada, seala que su inters como pueblos indgenas, dueos ancestrales de este territorio, esalcanzar el uso, manejo y control del territorio tradicional a travs de las estrategias deconsolidacin territorial, fortalecimiento del gobierno indgena en todos sus rdenes y elordenamiento territorial armnico y coherente con la historia y la realidad. La consolidacinterritorial, como principio y lineamiento, se sustenta en las estrategias de saneamiento yampliacin de los resguardos existentes, constitucin del resguardo kankuamo y en la proteccin,recuperacin y control de los sitios sagrados tradicionales.

62. En 2003 el Gobierno Nacional y el Consejo Territorial de Cabildos firmaron un acuerdopara lograr la consolidacin territorial indgena, la gobernabilidad indgena, la conservacin

ambiental, el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta y la coordinacininterinstitucional con las autoridades pblicas regionales y locales.

63. Los cambios territoriales han afectado tambin la economa de subsistencia de lospueblos indgenas. Uno de los ms afectados ha sido el pueblo wayu en la Guajira, que se quejaque la legislacin y los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, as como la presenciaen la zona de los grupos paramilitares, han tenido efectos negativos sobre sus condiciones devida. Entre otros ejemplos se cita el hecho que el Ministerio de Minas y Energa no ha acatadoun acuerdo suscrito en 2002 entre el Gobierno Nacional y algunas cooperativas indgenas,comercializadoras de combustible en la frontera colombo-venezolana, lo que ha permitido a lasAutodefensas, utilizando tcticas de amenazas y hostigamiento, establecer su propia empresa en

perjuicio de las cooperativas indgenas wayus. En una comunicacin entregada al Relator


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Especial la comunidad wayu de Manaure exige el cumplimiento por parte del gobierno delacuerdo que permitira a la comunidad dedicarse a la explotacin y comercializacin de la sal,tarea a la que se dedican sobre todo las mujeres.

64. De igual modo, la comunidad indgena yukpa de la sierra de Perij, en la frontera conVenezuela, present una queja al Relator Especial en la que se denuncia que su territorio estsiendo invadido por colonos campesinos no indgenas que ponen en riesgo sus actividadestradicionales por lo cual temen por su supervivencia.

D. Acceso a la justicia y jurisdiccin indgena

65. Como en otros pases de la regin, la cuestin de la administracin de justicia y sufuncionamiento es de particular preocupacin para los pueblos indgenas. En Colombia el accesoa la justicia est estrechamente ligado con el territorio, el fortalecimiento de sus autoridades y el

respeto de su jurisdiccin propia.

66. Entre los problemas vinculados a la justicia se seala el no reconocimiento por parte delas autoridades del Estado de la diversidad tnica y cultural as como del derecho a la

jurisdiccin especial de los pueblos indgenas, que limitan e impiden, en algunos casos, elejercicio de este derecho; el no reconocimiento de su autonoma, de su gobierno propio y de suspropias leyes y formas de resolver los conflictos en el interior de sus comunidades, as como ladestruccin, la falta de respeto y las limitaciones al acceso a sus sitios sagrados. An msculpables de esta forma de menosprecio hacia lo indgena han sido los diversos actores armados.

67. La Constitucin reconoce la jurisdiccin del derecho indgena pero an no estn

instalados los mecanismos que permiten coordinarla adecuadamente con la jurisdiccin delEstado. Entre los temas a resolver est el registro de los diversos actos realizados en el marco dela jurisdiccin indgena, as como la proteccin de los derechos humanos individuales en estembito. El Relator Especial insta a las partes involucradas a prestar especial atencin a estostemas.

68. Adems de la positiva labor llevada a cabo por la Corte Constitucional cabe sealartambin la Defensora del Pueblo que cuenta con una delegada para pueblos indgenas y que haido ampliando su cobertura nacional. La Defensora ha tomado acciones para la proteccin de losderechos humanos de los indgenas entre las que cabe destacar su Resolucin 24/2002 que sealagraves violaciones a los derechos humanos de los indgenas en la regin de la Sierra Nevada deSanta Marta y la Serrana del Perij y resuelve requerir a la Direccin General de AsuntosIndgenas del Ministerio del Interior que ponga en marcha un plan de emergencia, tendiente agarantizar los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indgenas de la regin, enconcertacin con los pueblos y organizaciones indgenas interesados, as como la legalizacin dela constitucin del resguardo del pueblo kankuamo, el saneamiento del resguardo El Coso delpueblo yukpa y la ampliacin y saneamiento de los resguardos ArhuacoKogui-Malayo.

69. Sin embargo, la magnitud de los problemas desborda estas acciones. Por ejemplo, enmateria de cobertura, existen zonas en las que es necesario fortalecer el trabajo de la Defensora,como los departamentos de Magdalena, La Guajira, Cesar y Valle del Cauca, reconocidos


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epicentros del conflicto donde hay importantes ncleos de comunidades afrocolombianas ypueblos indgenas pero con escasa cobertura de la Defensora por falta de recursos.

E. Situacin de las mujeres indgenas70. La situacin de las mujeres indgenas, que representan el 49% de la poblacin indgenatotal, es particularmente preocupante. Por una parte, los pocos indicadores disponibles indicanque los niveles de desarrollo humano de las mujeres (educacin, nutricin, salud y otros) estnpor debajo de la de los hombres indgenas y de la poblacin no indgena en general. Al menos el60% de las mujeres en situacin de desplazamiento no tienen acceso a los servicios de salud. Lasnias y nios que han sido desplazados presentan altas tasas de desnutricin, enfermedadesrespiratorias, diarrea y deshidratacin y muchos de ellos son forzados a migrar a las zonasurbanas para evitar el reclutamiento por parte de los grupos armados.

71. El Relator Especial recogi testimonios de abusos y violaciones de los derechos de lasmujeres indgenas, que con frecuencia sufren violencia fsica, generalmente asociada a laagresin sexual, por parte de los actores armados del conflicto sociopoltico. Pero tambin sereportan hechos de violencia intracomunitaria e intrafamiliar contra las mujeres cometidos porlos hombres de su propia comunidad. Asimismo se advierten los bajos niveles de participacinde las mujeres indgenas en los asuntos pblicos y en la vida poltica e institucional del pas.

F. Desarrollo sostenible y reconocimiento de la identidad indgena

72. En materia de desarrollo, una de las demandas recurrentes presentadas al Relator Especial

por las comunidades indgenas, debido a su supuesto incumplimiento, se refiere al derecho a laconsulta previa, libre e informada, garantizado en la Constitucin y en el Convenio 169 de laOIT.

73. Si bien hay empresas (como ECOPETROL) que han declarado su intencin de cumplircon esta obligacin, la informacin recabada indica que no ha existido un proceso estructurado,coherente y consensuado de consultas a los pueblos indgenas por parte de entidades pblicas yprivadas que operan en regiones indgenas o de parte del propio Estado cuando se trata de definirnuevas legislaciones y polticas pblicas que afectan directa o indirectamente a estos pueblos. Esindispensable adoptar una metodologa legtima para poner en prctica los procesos de consultanecesarios para garantizar el pleno respeto a los derechos indgenas y su amplia participacin enla toma de decisiones sobre los asuntos que afectan la supervivencia y las identidades culturalesde las comunidades indgenas.

74. Otro tema recurrente es la demanda de algunas comunidades por ser reconocidasoficialmente como indgenas en el marco constitucional. As, los kankuamod de la Sierra Nevadareclaman la constitucin de su resguardo, los muiscas de Cundinamarca exigen su certificacincomo pueblo indgena, basada en antiguos ttulos de origen colonial. En el departamento delAtlntico el pueblo mokan exige su reconocimiento tnico, que segn denuncia le fue retiradopor el gobierno en 2002.


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La organizacin Autoridades Indgenas de Colombia (AICO), por intermedio del senador

indgena Efrn Felix Tarapues Cuaical, entreg al Relator Especial un documento que contieneelementos para la elaboracin del plan de vida del pueblo indgena de los pastos, en los

pramos andinos de la frontera entre Colombia y Ecuador, que incluye los siguientes objetivos:

el ordenamiento territorial y ambiental, el fortalecimiento de la cultura, la participacincreativa, la autonoma para el bienestar y el intercambio equitativo.

G. Extensin de los servicios sociales bsicos

75. El Gobierno Nacional est comprometido con una poltica social de apoyo y desarrollode los pueblos indgenas. La Constitucin establece el Sistema General de Participacin a losresguardos indgenas, recursos que por ley debern destinarse prioritariamente a satisfacer lasnecesidades bsicas de salud, educacin, agua potable, desarrollo agropecuario y vivienda. Peropor falta de adecuada reglamentacin, estos recursos no llegan directamente a las comunidades, y

estas se quejan de que los municipios retienen de manera indebida y no ejecutan los recursosasignados, que de por s son insuficientes y han bajado significativamente en los ltimos aos.

76. La ley establece el principio de la educacin indgena bilinge e intercultural, y elGobierno Nacional anunci, breve tiempo antes de la visita del Relator Especial, que el serviciopblico de atencin a la salud ser extendido y ampliado para cubrir a toda la poblacin indgenadel pas. El desafo es grande y los obstculos a vencer son muchos. Los indicadores dedesarrollo humano, econmico y social registran que los niveles de la poblacin indgena seencuentran por debajo del promedio nacional, particularmente en cuanto se refiere a mujeres ynias indgenas. Segn un estudio del Consejo Regional Indgena del Cauca (CRIC) slo el 50%de los nios y nias en edad escolar reciben atencin educativa, mientras que en Antioquia lareciben menos del 40%.

77. Para que la educacin bilinge sea una realidad para todos los nios indgenas en edadescolar del pas, ser necesario un esfuerzo sostenido con amplios recursos para la capacitacinde profesores, la construccin de escuelas, la preparacin de materiales didcticos, la evaluacinde los resultados, la continuidad en las prcticas pedaggicas, entre otros, todo lo cual se veactualmente comprometido por las limitaciones del erario pblico y las diversas prioridadesnacionales en la distribucin de los recursos.

78. Los mismos criterios pueden sealarse en cuanto a los servicios de salud, particularmente

la atencin maternoinfantil, la salud reproductiva en las mujeres indgenas, los niveles denutricin entre los nios (incluso entre la poblacin desplazada), y los determinantes culturalesde la salud entre los pueblos indgenas. A este respecto es preocupante sealar que el conflictoarmado se ha cobrado numerosas vctimas entre los mdicos tradicionales de las comunidadesindgenas y que la situacin de violencia ha mermado la capacidad de las comunidades paracosechar las plantas y productos tradicionales de su entorno natural para el cuidado de la saludde acuerdo a las normas de la cultura indgena. La violencia tambin ha ahuyentado a losmdicos y tcnicos de salud y afectado, entre otras cosas, a las campaas de vacunacin.

79. El pueblo embera kato del Alto Sin denunci ante el Relator Especial su elevada tasa demortalidad, que es superior al doble de la tasa de mortalidad nacional; adems, la tasa de

mortalidad infantil de este pueblo es 3,2 veces mayor que la tasa nacional. Ellos reclaman mayor


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atencin de los servicios de salud del Estado y se quejan por la supuesta falta de proteccinefectiva de su integridad cultural.

80. La Ley 691 de 2001 garantiza el derecho de los indgenas a los servicios de salud. El

gobierno informa de que hasta la fecha ms de medio milln de indgenas estn cubiertos por elrgimen subsidiado de salud, y el presidente Uribe ha sealado que al finalizar su periodo loestarn todos los indgenas del pas. Funcionan siete empresas prestadoras de servicios de saluden zonas indgenas del pas, pero son insuficientes y no garantizan en s la realizacin delderecho a la salud para estos pueblos.

IV. Conclusiones

81. La precaria situacin de los derechos humanos de los pueblos indgenas enColombia refleja el desfase entre una legislacin nacional avanzada y la poca efectividad

real de las instituciones encargadas de su proteccin, en el marco de un conflicto armadointerno en el cual participan numerosos contendientes cuya accin incide en lasposibilidades de supervivencia de las comunidades autctonas.

82. La expansin del cultivo y trfico de estupefacientes y su combate, especialmente atravs de las fumigaciones areas de los plantos, han incidido en forma negativa sobre elmedio ambiente, la economa, la vida social, la salud y la cultura de los pueblos indgenas.

83. Son particularmente vulnerables algunas pequeas comunidades indgenas de laregin amaznica que se encuentran en peligro real de extincin como tales.

84. Especialmente preocupantes son las condiciones de los indgenas desplazadosinternos y refugiados por la violencia, en particular las mujeres, las nias y los nios.

85. Existen retrasos en la implementacin de las disposiciones constitucionales enmateria de constitucin y consolidacin de los resguardos y los cabildos indgenas. La

jurisdiccin indgena es an frgil en el sistema nacional de administracin de justicia.

86. Algunos proyectos de desarrollo econmico, como son determinadas actividadesagrcolas comerciales, forestales, mineras y de explotacin petrolera, han tenido efectosnegativos sobre las condiciones de vida de las comunidades indgenas afectadas.

87. Los indicadores de desarrollo social y humano de los pueblos indgenas an seencuentran por debajo de la media nacional. Los diversos programas sociales del Estadopara la atencin de estos pueblos han tenido poco impacto en las comunidades por falta derecursos, de personal capacitado y de los mecanismos institucionales necesarios.

88. Los pueblos indgenas reclaman el respeto de los actores armados a su neutralidaden el conflicto interno y procuran llevar a cabo sus propios planes de vida, para lo cualhacen falta apoyos diversos de los que se carece en la actualidad.

89. Especficamente, las organizaciones y comunidades indgenas exigen el

cumplimiento de los principios constitucionales, la implementacin de la legislacin


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correspondiente, el acato a las sentencias de la Corte Constitucional as como de losorganismos internacionales de derechos humanos.

V. RecomendacionesA. Recomendaciones al Gobierno

Conflicto, derechos humanos y derecho internacional humanitario

90. El Estado y los grupos armados tienen la obligacin de cumplir en todo momentocon el derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos. Se sugiere elestablecimiento de una comisin amplia independiente para vigilar su plena aplicacin.91. Debe atenderse prioritariamente la demanda de los pueblos indgenas de que todoslos actores armados respeten sus zonas neutrales y desmilitarizadas. Es urgente crear zonas

de paz indgenas libres de cualquier operacin militar, bajo supervisin internacional.Desplazados internos

92. La poblacin indgena desplazada, en particular las mujeres y los nios, deberecibir atencin prioritaria por parte del Estado y de los organismos internacionales.Especial atencin debern recibir las mujeres y en particular las madres de familia.

93. Es urgente asegurar la provisin de alimentos a comunidades indgenas y enparticular a las poblaciones desplazadas en zonas de conflicto y asegurar el libre trnsitode ayuda alimenticia a los grupos ms necesitados.

Materia legislativa

94. Debern expedirse a la mayor brevedad posible las leyes reglamentarias necesariaspara implementar adecuada y efectivamente las disposiciones constitucionales en materiade derechos humanos de los pueblos indgenas.

95. Deber ser retirado todo proyecto de ley y de reforma constitucional u otrainiciativa que incorpore en la legislacin normas contrarias a los derechos de los pueblosindgenas o que atenten contra la diversidad.

96. Los dems poderes de la Repblica debern respetar ntegramente las competenciasde la Corte Constitucional y no vulnerar la accin de tutela, uno de los mecanismosprimordiales para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indgenas.

Mujer indgena

97. El Relator Especial recomienda que se establezca un mecanismo eficaz para laproteccin y promocin de los derechos de la mujer indgena en el pas dirigido a laprevencin de posibles violaciones de sus derechos fundamentales y a potenciar su activaparticipacin en decisiones que afectan sus vidas y su desarrollo activo dentro de lascomunidades.


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98. Los programas existentes en materia de asistencia en servicios sociales bsicosdeben extenderse de manera efectiva para mejorar la situacin de las mujeres y la niezindgenas en las zonas rurales, en particular las mujeres y los nios y nias desplazadas, enmateria de salud y educacin.

Defensores de los derechos indgenas y los derechos humanos

99. Se deben poner en marcha programas dirigidos a trabajar conjuntamente con lasorganizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en materia indgenacon el fin de unir fuerzas para el buen xito de los nobles objetivos presentados por elGobierno para la promocin y proteccin de los derechos humanos de los indgenas.

Servicio militar

100. Los indgenas debern continuar excluidos del proyecto de ley sobre servicio militar

obligatorio. El Congreso Nacional no deber aprobar ley alguna que limite y restrinja laautonoma y las libertades de las organizaciones no gubernamentales, sociales y dederechos humanos.

101. Programas como la red de informantes, los soldados campesinos y soldados por unda, para nios y jvenes, debern ser cancelados.

Administracin de justicia

102. La fiscala deber investigar y aplicar la ley a todas las denuncias relativas a abusosy violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas y la polica nacional contramiembros de comunidades indgenas.

103. Las instancias del Estado correspondientes debern cumplir inmediatamente y sinexcepcin las medidas cautelares que la Comisin Interamericana de Derechos Humanosha definido para los diferentes pueblos indgenas.

104. Los indgenas que sean acusados de algn delito por estar involucrados en legtimasactividades de resistencia, defensa o protesta ante las violaciones de las que son vctimaspor parte de algn actor armado, no debern, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de laaplicacin del estatuto antiterrorista.

105. Ningn indgena deber ser detenido por las fuerzas militares sin que existapreviamente una orden de captura expedida por una autoridad judicial competente. Lasfunciones militares y judiciales debern ser mantenidas estrictamente separadas, incluso enlas zonas de conflicto.

Medio ambiente y fumigaciones

106. A menos que lo pida expresamente una comunidad indgena con previoconocimiento completo de sus implicaciones, no debern practicarse fumigaciones areas


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en plantos de cultivos ilcitos cercanas a poblados indgenas o zonas de abastecimiento deestos poblados.

Desarrollo sostenible y servicios sociales bsicos

107. El Estado debe promover y ampliar la cobertura de proyectos alternativos dedesarrollo sostenible, en el marco de los planes de vida establecidos por las comunidadesindgenas, y para ello solicitar la cooperacin internacional ms amplia posible.

108. No deben alentarse los proyectos de inversin, infraestructura, extraccin yexplotacin de recursos naturales, desarrollo productivo etc. sin previa, amplia y legtimaconsulta y participacin de los pueblos indgenas. Deber elaborarse una metodologaconsensuada para la realizacin de los procedimientos de consulta.

109. En los planes de educacin pblica y gratuita (obligacin del Estado) deber

consolidarse el programa de educacin bilinge e intercultural en zonas indgenas, y lasentidades privadas dedicadas a la educacin debern hacerlo solamente comocomplementarias a la accin del Estado.

110. Los planes del gobierno de dar cobertura de servicios de salud a toda la poblacinindgena debern tomar en cuenta y brindar proteccin a la medicina tradicional y suspracticantes en las comunidades indgenas.

111. Las entidades pblicas que trabajan con poblaciones indgenas debern elaborar yutilizar datos cuantitativos desagregados en trminos de grupos tnicos diferenciados, parapoder enfocar con mayor efectivamente sus acciones. Para ello se recomienda elaborar lametodologa correspondiente con la colaboracin de las instituciones acadmicas y deinvestigacin.

B. Recomendaciones a los actores armados

112. Los grupos armados deben absteners e de reclutar menores de edad, y los yareclutados deben ser reintegrados inmediatamente a sus familias, recibiendo atencinadecuada de las instituciones especializadas del Estado.

C. Recomendaciones a los pueblos indgenas

113. El Relator Especial anima a los pueblos indgenas a que sigan presentando cara alos diversos grupos involucrados en el conflicto afirmando su tradicin pacfica y derespeto mutuo. Recomienda que continen buscando la consolidacin de espacios para eldilogo con la sociedad civil y otros sectores de la sociedad que luchan por la defensa de losderechos humanos y la pacificacin en el pas.

D. Recomendaciones a la comunidad internacional

114. El Relator Especial recomienda a las Naciones Unidas y a la comunidadinternacional en general que continen prestando su cooperacin para la construccin de


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una sociedad pacfica y justa. Hace un llamamiento especial para que se siga prestandoespecial atencin a la situacin de los pueblos indgenas del pas, aplicando un enfoque degnero importante, y que se tenga en cuenta una perspectiva especfica dirigida al respetode los derechos humanos de los indgenas a la hora de disear las diversas polticas y

acciones de las diversas agencias en el pas.

115. Por ltimo, y con especial urgencia, deber movilizarse la ayuda internacional parala elaboracin de un programa de emergencia de atencin a comunidades indgenas enpeligro de extincin, sobre todo en la regin de la Amazona. En este contexto, serecomienda que se recurra a la asesora de la nueva instancia creada en las NacionesUnidas para la prevencin del genocidio.

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2004. stavenhagen. informe situación de los derechos de los pueblos indígenas en colombia

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