APELACIN DE SENTENCIA DE AMPARO

EXPEDIENTE 1225-2014

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiocho de noviembre de dos mil

catorce.

En apelacin y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veintiocho de

enero de dos mil catorce dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cmara de Amparo y

Antejuicio, en la accin constitucional de amparo promovida por el Estado de Guatemala,

por medio del abogado, Williams Haroldo Lpez Sandoval, en quien se deleg la

representacin del Estado de Guatemala, contra la Sala Primera de la Corte de

Apelaciones de Trabajo y Previsin Social. El postulante actu con el patrocinio del

abogado mencionado. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal I, Gloria Patricia

Porras Escobar, quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Interposicin y autoridad: presentado el diecisiete de octubre de dos mil trece, en la

Corte Suprema de Justicia, Cmara de Amparo y Antejuicio. B) Acto reclamado:

resolucin de dieciocho de marzo de dos mil trece, emitida por la Sala Primera de la Corte

de Apelaciones de Trabajo y Previsin Social, que confirm la decisin del Juzgado

Primero de Trabajo y Previsin Social del departamento de Guatemala, que orden la

reinstalacin de Carlos Ren Contreras Arias, en el incidente que promovi contra el

Estado de Guatemala y como entidad nominadora el Ministerio de Salud Pblica y

Asistencia Social. C) Violaciones que se denuncian: al derecho de defensa y al principio

jurdico del debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el

postulante se resume: D.1) Produccin del acto reclamado: a) en el Juzgado Tercero de

Primera Instancia de Trabajo y Previsin Social del departamento de Guatemala, Carlos

Ren Contreras Arias inici diligencias de reinstalacin contra el Estado de Guatemala

entidad nominadora el Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, denunciando que

rescindi injustificadamente un contrato de trabajo, por lo que reclam su reinstalacin

argumentando que no obtuvo previamente autorizacin judicial conforme lo establecido en

el artculo 379 y 380 del Cdigo de Trabajo; b) el Juzgado referido orden la reinstalacin

solicitada; c) apel con el argumento de que no realiz ningn despido, sino que segn se

haba establecido previamente en el contrato, el mismo poda darse por terminado en

cualquier momento por las partes, porque el interesado fue contratado a plazo fijo, por lo

tanto, se encontraba sujeto a un vencimiento. La autoridad reprochada confirm el auto

apelado -acto reclamado-. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: El

amparista arguy que al resolver, la autoridad denunciada viol sus derechos porque

Carlos Ren Contreras Arias fue contratado para la prestacin de servicios como asesor

jurdico del Ministro a plazo fijo, por lo que no era necesario que solicitara autorizacin

judicial en virtud del emplazamiento existente, porque su contrato de trabajo incluso se

poda finalizar anticipadamente de forma unilateral, sin responsabilidad del patrono.

Asimismo, estim que el interesado ocup un puesto de confianza, por lo tanto, de libre

nombramiento y remocin, razn por la cual no poda gozar de la proteccin que conceden

las prevenciones dictadas dentro del conflicto colectivo de carcter econmico social. D.3)

Pretensin: solicit que se otorgue el amparo promovido y, como consecuencia, se le

restituya en sus derechos violentados. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de

procedencia: invoc los contenidos en las literales a), d) y h) del artculo 10 de la Ley de

Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: cit los artculos

12, 107, 108, 154, 203 y 204 de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala; 43

de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad; 1 y 4 de la Ley de

Sindicalizacin y Regulacin de la Huelga de los Trabajadores del Estado; 3, 12, 18, 25, 26,

84, 86, 379 y 380 del Cdigo de Trabajo; 54 de la Ley de Servicio Civil.

II. TRMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: no se otorg. B) Terceros interesados: a) Carlos Ren

Contreras Arias; y b) Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social. C) Antecedentes

Remitidos: copia certificada de las partes conducentes de: a) incidente de reinstalacin mil

ciento setenta y tres dos mil doce mil cincuenta y siete (1173-2012-1057) del Juzgado

Tercero de Trabajo y Previsin Social del departamento Guatemala; y b) apelacin mil

ciento setenta y tres dos mil doce mil cincuenta y siete (1173-2012-1057) de la Sala

Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsin Social. C) Medios de

comprobacin: las que fueron aportadas al proceso de amparo de primera instancia. D)

Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, Cmara de Amparo y

Antejuicio consider: Esta Cmara, del estudio de los antecedentes del proceso, la

accin de amparo y las normas aplicables al caso concreto, arriba a la conclusin de que,

tanto el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsin Social, como la Sala

jurisdiccional que conoci de la apelacin interpuesta, actuaron de conformidad con las

facultades que les confieren los artculos 203 de la Constitucin Poltica de la Repblica de

Guatemala y 372 del Cdigo de Trabajo, no advirtindose que con ello hubieran causado

algn agravio al amparista; es decir, que falta el elemento esencial (agravio) para invocar la

proteccin constitucional que se pretende, ya que los tribunales mencionados, al

pronunciarse en el sentido que lo hicieron acudieron a criterios valorativos de los

elementos probatorios y antecedentes que tuvieron a su disposicin, no aprecindose que

con ello hayan causado agravio al postulante, infirindose por el contrario, que el objetivo

perseguido es el de obtener una revisin de los criterios valorativos de los elementos

probatorios y antecedentes que tuvieron a su disposicin, no aprecindose que con ello

hayan causado agravio al postulante, infirindose por el contrario, que el objetivo

perseguido es el de obtener una revisin de los criterios valorativos ya externados por los

tribunales de jurisdiccin privativa de trabajo, lo que resulta improcedente por las

limitaciones contenidas en el artculo 211 de la Constitucin Poltica de la Repblica de

Guatemala (). Por todo lo anteriormente relacionado y citas ilustrativas que se han

incluido, se arriba a la conclusin de que el amparo interpuesto resulta improcedente y as

debe resolverse en la parte respectiva de este fallo. Por la forma en la que se resuelve la

presente accin, procedera la condena en costas al amparista, as como la imposicin de

la multa al abogado patrocinante, sin embargo se presume que, tanto el Estado de

Guatemala como el abogado que patrocinara la accin constitucional respectiva, actuaron

con evidente buena fe, motivo por el que se les exonera de dichas cargas. Y resolvi: (...)

I) DENIEGA por improcedente el amparo solicitado por el ESTADO DE GUATEMALA, a

travs de la Procuradura General de la Nacin, por medio de su delegado, abogado

Williams Haroldo Lpez Sandoval, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de

Trabajo y Previsin Social y en consecuencia: a) se exonera al amparista del pago de

costas respectivas por el motivo indicado; b) se exonera al abogado patrocinante Williams

Haroldo Lpez Sandoval, del pago de la multa por la misma razn mencionada

III. APELACIN

El postulante y el Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social apelaron. A) El

postulante expres que la Sala reprochada se excedi en el uso de las facultades que la

ley le otorga, puesto que aplic disposiciones que no eran aplicables al caso concreto

(Cdigo de Trabajo), en las cuales determin que el vnculo jurdico que existi entre las

partes era de naturaleza laboral y por tiempo indefinido, lo cual contraviene lo establecido

en la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, puesto que no es posible resolver

el caso de un contratista del Estado, y el cual estaba catalogado como un puesto de

confianza, con base en dichas disposiciones. Solicit que se declare con lugar el recurso

de apelacin y, como consecuencia, se revoque la sentencia apelada. B) El Ministerio de

Salud Pblica y Asistencia Social expuso que la autoridad reprochada viol el debido

proceso, puesto que no entr a conocer el fondo de los motivos por los cuales la Sala

reclamada, en clara violacin a sus derechos, estim que la relacin que le una con Carlos

Ren Contreras Arias era de naturaleza laboral, lo cual no est acorde a la ley, pues ste

desempe un puesto de confianza, por lo tanto de libre nombramiento y remocin. Solicit

que se declare con lugar el recurso de apelacin y, como consecuencia, se revoque la

sentencia apelada.

IV. ALEGATOS EN EL DA DE LA VISTA

A) El postulante reiter los argumentos vertidos en el escrito inicial del amparo y de

apelacin. Solicit que se declare con lugar el recurso de apelacin y, como consecuencia,

se revoque la sentencia apelada. B) El Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social

manifest que Carlos Ren Contreras Arias, no tuvo la calidad de servidor pblico, pues

fue contratado bajo el rengln presupuestario 189, por lo que ostent la calidad de

contratista quien perciba honorarios, por lo que no puede hacer valer los derechos que le

son inherentes a los servidores pblicos, pues ello constituira fraude de ley y, como

consecuencia, no puede gozar de las protecciones que confiere el emplazamiento que se

decreta en un conflicto colectivo. Solicit que se declare con lugar el recurso de apelacin

y, como consecuencia, se revoque la sentencia apelada. C) Carlos Ren Contreras Arias

manifest que la autoridad impugnada tom en cuenta la verdadera naturaleza jurdica de

la relacin que sostuvo con la entidad patronal pues sta fue de carcter laboral, en virtud

que existi continuidad en el plazo, las atribuciones que tena asignadas y la subordinacin

a que estaba sujeto, el vnculo fue de tracto sucesivo, siendo esa caracterstica un

elemento de trabajo esencial que tipifica un contrato o relacin de trabajo por tiempo

indefinido, por lo que el postulante pretende que el amparo se convierta en una instancia

revisora de lo resuelto lo cual es prohibido constitucionalmente. Solicit que se declare sin

lugar el recurso de apelacin y, como consecuencia, se confirme la sentencia apelada. D)

El Ministerio Pblico argument que en el caso que se analiza, se advierte que la

autoridad impugnada al emitir la resolucin que constituye el acto reclamado, actu

ajustada a Derecho, sin haberse evidenciado vulneracin a derecho y principio

constitucional alguno del amparista. De esa cuenta el amparo no puede constituirse en una

instancia revisora de lo resuelto en la jurisdiccin ordinaria, tal como lo pretende el

accionante, pues a los tribunales comunes corresponde con exclusividad valorar o estimar

las proposiciones de fondo. Solicit que se declare sin lugar el recurso de apelacin y,

como consecuencia, se confirme la sentencia apelada.

CONSIDERANDO

-I-

Esta Corte ha sostenido el criterio relativo a que el patrono emplazado en un

conflicto colectivo de carcter econmico social, debe obtener autorizacin judicial para

destituir empleados de libre nombramiento y remocin, as como que tal condicin (de ser

de libre nombramiento y remocin) no implica las caractersticas propias de los empleados

de confianza o de quienes ejercen cargos de representacin. Tal criterio ha sido sostenido

por esta Corte, entre otras, en sentencias de veinticuatro y veintiocho, ambas de octubre de

dos mil once y marzo de dos mil doce, dentro de los expedientes un mil setecientos

veintisiete dos mil once un mil ochocientos treinta y nueve guin dos mil once y dos mil

setenta y nueve dos mil once, (1727-2011, 1839-2011 y 2079-2011).

Asimismo, es funcin de los jueces de trabajo declarar la existencia de simulacin de

contratos, en aquellas ocasiones en que constatan la concurrencia de elementos propios de una

relacin laboral, a pesar de haberse pretendido encubrir la esencia del vnculo jurdico subsistente

entre las partes bajo una figura contractual diferente.

-II-

El Estado de Guatemala acude en amparo contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones

de Trabajo y Previsin Social, sealando como acto reclamado la resolucin de dieciocho de marzo

de dos mil trece, dictada por la autoridad impugnada, que confirm la emitida por el Juez Tercero de

Trabajo y Previsin Social de Guatemala, que declar con lugar el incidente de reinstalacin

planteado por Carlos Ren Contreras Arias en su contra y del Ministerio de Salud Pblica y

Asistencia Social, este ltimo como autoridad nominadora.

El postulante aduce que tal proceder supone conculcacin a sus derechos y principios

jurdicos relacionados, por los motivos que quedaron reseados en el apartado conducente del

presente fallo.

-III-

Es menester mencionar, que el emplazamiento de las entidades patronales, de conformidad

con lo establecido en el artculo 379 del Cdigo de Trabajo, contiene una disposicin con carcter

preventivo, debido a que, desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones al juez

respectivo, se tendr por planteado el conflicto colectivo para el slo efecto de mantener la

estabilidad en el centro de labores y resguardar los derechos de los sujetos que han iniciado el medio

de resolucin de controversias mencionado. Asimismo, el artculo 380 del cuerpo normativo

mencionado, establece que toda terminacin de los contratos de trabajo al existir un emplazamiento,

nicamente puede efectuarse si se obtiene autorizacin judicial, ello como garanta para evitar

despidos arbitrarios. Cabe resaltar que aquella norma no hace distingo respecto a qu tipos de

contratos les es aplicable esa disposicin, pudiendo ser por tiempo indefinido o plazo fijo, por lo que

no puede hacerse una aplicacin restrictiva de la misma y, por tanto, debe entenderse que dicha

proteccin es aplicable a todas las modalidades de contratos de trabajo establecidos en la legislacin

laboral nacional, inclusive los contratos celebrados a plazo fijo, como en el caso que subyace a la

accin constitucional instada, siempre que no haya concluido su vigencia. Criterio sostenido por esta

Corte en las sentencias de ocho de octubre de dos mil nueve, doce de enero y veintids de julio,

ambas de dos mil diez, dictadas en los expedientes tres mil ciento nueve dos mil nueve, tres mil

novecientos ocho dos mil nueve y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho dos mil nueve,

respectivamente, aplicables en lo que se refiere a que el artculo 380 del Cdigo de Trabajo, no hace

distingo respecto a qu contratos les es aplicable tal disposicin.

Esta Corte estima que la conclusin a la que arrib el a quo, resulta adecuada en tanto

reconoci que se trataba de un vnculo laboral que, como tal ameritaba la proteccin de estabilidad

laboral del afectado, debido a que se estableci que la relacin entre el contratado y su patrono se dio

sobre un servicio de esa naturaleza en la institucin, el cual permaneca vigente, luego de advertir

que no haba concluido el plazo por el que se haba pactado el contrato, el que se extenda hasta el

treinta y uno de diciembre de dos mil doce; asimismo, se verific que el juez tuvo a la vista el

contrato de trabajo a plazo fijo que ambos sujetos celebraron, y siendo que las decisiones tomadas

nicamente por el patrono no pueden modificar las condiciones establecidas y derechos adquiridos

en perjuicio del trabajador, no pueden sobreponerse a la voluntad plasmada en aquel contrato, sobre

todo si existe una limitante a la facultad patronal de concluir de manera anticipada las relaciones

laborales con sus empleados, la cual puede ser ejercida si existe una causa justificada y si se ha

obtenido la autorizacin judicial correspondiente, cuestin que no est sujeta a examen en la accin

constitucional que ahora se examina en alzada.

Al haberse establecido la existencia de relacin de trabajo y el cese de sta mientras estaba

vigente el emplazamiento, en atencin a lo considerado en prrafos precedentes se concluye que la

relacin laboral de Carlos Ren Contreras Arias con el Ministerio de Salud Pblica y Asistencia

Social, se encontraba protegida por las prevenciones derivadas del planteamiento de un conflicto

colectivo de carcter econmico social y, al no contar la entidad nominadora con el pronunciamiento

jurdico que permitiera disponer la terminacin del contrato de trabajo, conlleva la consecuencia

establecida en el artculo 380 del Cdigo de Trabajo, es decir el derecho de aqul asolicitar la

reincorporacin a su puesto de trabajo y la restitucin de sus derechos laborales.

De la misma manera, como se estableci en la sentencia de amparo, la autoridad

nominadora al cumplir con la ejecucin de la reinstalacin respectiva, debe tomar en

cuenta la naturaleza temporal del contrato que le uni con el trabajador, y que dio por

finalizado antes del advenimiento del plazo del mismo, con el objeto de que los derechos

de aqul tengan vigencia en funcin del trmino pendiente de cumplimiento y que

constituye la condicin para poner fin a la relacin laboral correspondiente.

Con respecto a la denuncia planteada por el postulante, relativa a que no se trata de

la terminacin de una relacin laboral de un servidor pblico como represalia por su

participacin en el movimiento sindical, sino de la finalizacin de un contrato de trabajo de

un empleado de confianza, lo que en determinado momento pudo incidir en las decisiones

que las autoridades superiores debieron tomar en casos concretos a su cargo, es

importante destacar el contenido del artculo 3 del Pacto Colectivo de Condiciones de

Trabajo, el cual precepta: Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones

laborales con los trabajadores y SNTSG () se tendr como representante del MSPAS al

Ministro, los Viceministros, Directores Generales, Directores de reas de Salud, Directores

de Establecimientos Pblicos de Salud y Gerentes de Oficinas Administrativas.

En el presente caso, al tener en cuenta la ltima de las normas trascritas, se

establece que el cargo ejercido por Carlos Ren Contreras Arias como Asesor Jurdico del

Ministro, no est catalogado especficamente como de confianza, ya que ambas leyes

indican que ostentan la calidad de trabajador de confianza los que ocupen dichos puestos,

y al no ocupar ninguno de los puestos indicados con antelacin no puede considerarse

como de libre nombramiento y remocin.

Esta Corte ha sentado jurisprudencia, en la que se sostiene que el patrono

emplazado en un conflicto colectivo de carcter econmico social, no est exento de la

obligacin de obtener autorizacin judicial para destituir empleados de libre nombramiento

y remocin, porque la calificacin sobre tal condicin no le compete hacerla

discrecionalmente, sino que corresponde advertirla al juez competente; asimismo, es

doctrina legal de esta Corte el criterio relativo a que esa condicin de algunos empleados,

de ser de libre nombramiento y remocin, no implica las caractersticas propias de los

empleados de confianza o de quienes ejercen cargos de representacin.

Esta Corte concluye que la Sala reclamada actu ajustada a Derecho y tomando como asidero

la doctrina legal emanada por este Tribunal, que refiere que al encontrarse emplazada la entidad

patronal por un conflicto colectivo de carcter econmico social, toda terminacin de los contratos

de trabajo debe ser autorizada por el juez del que pende el conflicto, mediante el procedimiento

previsto en el artculo 380 del Cdigo mencionado, siendo consecuencia jurdica de la omisin de

obtener la autorizacin relacionada, el derecho de reinstalacin del trabajador.

Lo anteriormente sealado evidencia la inexistencia de agravio que haya lesionado

derechos y garantas constitucionales del postulante y que deba ser reparado por esta va;

razn por la cual, el amparo planteado deviene improcedente, y siendo que el tribunal a

quo resolvi en igual sentido, procede confirmar la sentencia apelada, siendo pertinente

exonerar de costas al amparista y de multa a su abogado por tratarse de la defensa de

intereses del Estado.

LEYES APLICABLES

Artculos citados y 265, 268, 272, inciso c), de la Constitucin Poltica de la Repblica de

Guatemala; 1., 5., 6., 8., 27, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

149, 163, inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y de Constitucionalidad; y

35, 36 y 46 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Sin

lugar los recursos de apelacin promovidos por el Estado de Guatemala -accionante- y el Ministerio

de Salud Pblica y Asistencia Social tercero interesado-; como consecuencia, se confirma la

sentencia venida en grado. II) Notifquese y, con certificacin de lo resuelto, devulvanse los

antecedentes.

ROBERTO MOLINA BARRETO

PRESIDENTE

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE

MAGISTRADA MAGISTRADO

MAURO RODERICO CHACN CORADO HCTOR HUGO PREZ AGUILERA

MAGISTRADO MAGISTRADO

JUAN CARLOS MEDINA SALAS RICARDO ALVARADOSANDOVAL

MAGISTRADO MAGISTRADO

MARTN RAMN GUZMN HERNNDEZ

SECRETARIO GENERAL