11. sociedad conyugal del bígamo
TRANSCRIPT
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Civil
Magistrado Ponente:
Manuel Isidro Ardila Velásquez
Bogotá, D.C., primero (1º) de octubre de dos mil
cuatro (2004).
Referencia: expediente 1998-01175-01
Decídese el recurso de casación interpuesto
por el demandado contra la sentencia de 6 de diciembre de
2001, proferida por la sala de familia del tribunal superior del
distrito judicial de Bogotá en el proceso ordinario de Victoria
del Carmen Bartoli Saldarriaga contra Eduardo Arenas
Osorio.
I. Antecedentes
Por la demanda con que inició este proceso se
solicitó declarar que entre el 7 de marzo de 1994 y la
presentación de la demanda, existió una sociedad patrimonial
entre Victoria del Carmen y Eduardo, cuya disolución y
liquidación también se pidió declarar.
mav. exp. 1998-01175
Como sustento de sus pretensiones expuso lo
recapitulado a renglón seguido:
La actora y el demandado iniciaron en la Paz
(Bolivia) y sin estar casados, una unión marital de hecho cuyo
comienzo tuvo lugar el 7 de marzo de 1994; desde esa
época, en que Arenas Osorio trabajaba como especialista
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la
presentó ante la entidad y parientes y amigos en Bolivia,
Colombia, Honduras y EE.UU. como su cónyuge
Cuando Arenas Osorio se retiró del banco en
1996, la pareja fijó su residencia en Bogotá donde, con sus
ahorros, adquirieron bienes muebles e inmuebles. Desde el
25 de septiembre de 1998 Eduardo asumió un
comportamiento violento y agresivo para con su compañera,
suprimiéndole la ayuda económica.
Al dar inició la comunidad de vida, Victoria del
Carmen era soltera; Eduardo, en cambio, había contraído
matrimonio por el rito católico el 29 de julio de 1964 con
Blanca Isabel Reyes, cuya sociedad conyugal liquidaron de
mutuo acuerdo los cónyuges, acto debidamente inscrito en el
registro correspondiente. Arenas Osorio estaba impedido
para contraer matrimonio.
La unión marital de hecho, en la cual no
procrearon hijos y ha durado 4 años y 10 meses, dio paso a
la conformación de la sociedad patrimonial entre
compañeros.
2
mav. exp. 1998-01175
Opúsose el demandado a las pretensiones;
desconoció los hechos en cuanto que las partes contrajeron
matrimonio civil en Bolivia el 30 de marzo de 1994 y alegó
como excepción la que denominó inexistencia de la unión
marital de hecho y sociedad patrimonial entre las partes.
El juzgado tercero de familia de Bogotá
desestimó las pretensiones por sentencia de 26 de enero de
2001, la cual, apelada por las partes, revocó parcialmente el
tribunal declarando disuelta y en estado de liquidación la
sociedad conyugal que avistó entre las partes.
II.- La sentencia del tribunal
Empezó anotando que el trámite de la tacha del
registro civil de matrimonio celebrado entre las partes es
improcedente, pues trátandose de una falsedad ideológica,
como en efecto venía alegándose, ello no cabía; y en seguida
estableció que conforme a la ley 54 de 1990 no puede en el
caso existir la unión marital de hecho, pues el matrimonio
entre las partes la repele.
No obstante, como vio que dicho vínculo
matrimonial adolecía de nulidad, en tanto que al contraerlo
subsistía otra unión anterior del demandado, dio en concluir
que había de declararse oficiosamente su nulidad al hallarse
configurada la causal de nulidad prevista en el numeral 12 del
artículo 140 del código civil.
Y como durante la existencia de tal unión hubo
comunidad de bienes, lo cual concluyó al comprobar, de una
3
mav. exp. 1998-01175
parte, que la sociedad conyugal anterior de Arenas Osorio
estaba ya disuelta y liquidada desde 1981 y que, de otra, el
matrimonio de Arenas y Bartoli generaba este tipo de vínculo,
en tanto que en Bolivia, donde ocurrieron las nupcias, surge
comunidad de gananciales a voces de los artículos 101 y 102
del código de familia de esa nación, resolvió que la dicha
comunidad había disolverse y liquidarse.
III.- La demanda de casación
Dos cargos tiene la demanda, propuestos al
amparo de la causal primera, que serán despachados
conjuntamente al hallarse soportados en fundamentos
similares.
Primer cargo
Denuncia violación de los artículos 19, 180
inciso 2 y 1820 numeral 4º del código civil por falta de
aplicación y los artículos 101 y 102 del código de familia de
Bolivia por indebida aplicación.
Incurre en error de derecho el tribunal al aplicar
el inciso 2º del artículo 180 del código civil a una situación
que no regula, dejando de aplicar el numeral 4º del artículo
1820 del mismo ordenamiento que consagra que la nulidad
declarada por vínculo anterior no permite la formación de la
sociedad conyugal, norma de la cual el tribunal no podía
prescindir so pena de desconocer el principio de la seguridad
jurídica, pues el mencionado artículo implica la inexistencia
4
mav. exp. 1998-01175
de la sociedad conyugal en el caso del matrimonio nulo por
falta de libertad de estado.
Con ello aplicó indebidamente la ley extranjera,
además que también olvidó el artículo 19 del código civil que
establece el estatuto personal que somete a los nacionales
residentes o domiciliados en el exterior a la ley colombiana.
Segundo cargo
Acusa quebranto de la ley sustancial por falta
de aplicación del artículo 19 del código civil, indebida
aplicación del numeral 2º del artículo 180 de la misma obra, e
interpretación errónea del numeral 4º del artículo 1820 del
ordenamiento civil.
En su desenvolvimiento reitera el censor que el
tribunal basó su decisión en el inciso 2º del artículo 180 del
código civil, norma que no cobija a los nacionales
colombianos, ni los remite a normas extranjeras por cuanto el
estado civil de éstos está gobernado por las leyes patrias
según el artículo 19 ibídem.
Así que si la nulidad declarada tuvo como
fundamento el numeral 12 del artículo 140 del código civil, no
podía el tribunal analizar si en dicha unión surgió sociedad
conyugal y menos decretar su disolución en consideración al
numeral 4º el artículo 1820 de la obra en comento, tesis en
cuyo abono, además de recordar los antecedentes
legislativos que dieron lugar a la modificación de la norma,
cita doctrina que la avala.
5
mav. exp. 1998-01175
Para el ad quem, como la sociedad conyugal
anterior estaba disuelta y liquidada, no operaba la
consecuencia prevista en la norma, distinción ajena a su
contenido y a la claridad de la restricción.
Consideraciones
El despacho conjunto de los cargos obedece a
que, como bien se aprecia, el planteamiento en ambos gira
sobre una misma idea, de tal suerte que lo que se diga del
uno necesariamente toca al otro. El tema central, en efecto,
no es otro que el de definir en últimas la hermenéutica de lo
dispuesto por el numeral 4 del artículo 1820 del código civil,
particularmente en lo que hace a la adición introducida por la
ley 1ª de 1976.
En ello reside la decisión misma del pleito,
pues, según el recurrente, en ningún caso, cuando la nulidad
proviene de bigamia, el matrimonio produce sociedad
conyugal, ya sea celebrado éste en Colombia o en el
extranjero.
Ahora, en general, anular un negocio jurídico
trae como consecuencia obvia que ceje en sus efectos. Mas
comporta también la necesidad de saber qué hacer con los
que ya produjo en el entretanto; y es así como se ha
decidido que es necesario borrarlos, de tal suerte que pueda
mirarse el negocio como si jamás se hubiera celebrado. Es
decir, una nulidad que proyecta así para el futuro como para
el pasado. Empero, el ambicioso propósito del retorno al
6
mav. exp. 1998-01175
punto inicial que implica el aforismo romano quod nullum es
nullum producit effectum se ve muchas veces frustrado por
razones de diversa laya y entonces es preciso aceptar que,
aun con simiente perniciosa, el acto no fue infecundo del
todo y que la preconizada ineficacia total queda así reducida
en sus contornos; es cuando por razón de la indestructibilidad
de los efectos créase el ilusionismo de ver muy de cerca
cosas que son irreductibles, como lo son en verdad el acto
viciado y el válidamente celebrado. A lo que parece, no hace
falta entrar a auscultar exhaustivamente todas las
eventualidades que de hecho conducen al punto preindicado,
como que basta simplemente con decir que una de esas
hipótesis se halla en el matrimonio, donde es pacífica la
consideración de que las consecuencias anulatorias no
pueden operar con todo su rigor y por eso se ha dado en
convenir un régimen especial, ante todo en lo que dice
relación con los efectos pasados. En realidad, la naturaleza
misma del matrimonio lo justifica por adelantado, pues allí se
involucran intereses de más hondo calado que en el común
de los actos y contratos, como son los de contenido
extrapatrimonial; nótese que a la ya imposibilidad material de
que dejen de ser hijos los que ya lo han sido, ha querido irse
más lejos para evitar lo ignominioso que fuera, verbigracia,
que el decreto de nulidad del matrimonio rebotase
implacablemente en los hijos habidos dentro del mismo, y de
ahí que se haga una pausa para sustraerlos del rigor jurídico
y sentenciar enseguida que tampoco pierden su condición
inicial de hijos matrimoniales.
Y también hubo preocupación en punto de los
efectos económicos del matrimonio nulo, aspecto éste que
7
mav. exp. 1998-01175
es el que directamente interesa en el caso de ahora. Pero a
la pregunta de qué hacer con los efectos que mientras generó
la sociedad conyugal que se presume en todo matrimonio,
no siempre se respondió de modo uniforme debido
principalmente a la dificultad que surgía de ensayar las varias
hipótesis que podían ofrecerse en torno a la buena fe de
ambos contrayentes, o de uno de ellos, o de ninguno. Sin
embargo, no parece necesario escrutar todo lo acontecido
alrededor del tema, pues el caso es que el código civil
colombiano, precisamente en el mentado numeral cuarto del
artículo 1820, zanjó toda discusión para consagrar que la
nulidad del matrimonio carece de virtualidad para borrar la
sociedad conyugal que perduró en el interregno. Así se
concluye al declarar en él que precisamente el decreto de
nulidad traduce la disolución de la sociedad conyugal.
Pero si bien el principio así consagrado opera
sin escollo de consideración frente a la gran mayoría de las
causales de nulidad del matrimonio, otra cosa sucede frente
a la del numeral 12 del artículo 140 in fine. Pues consistiendo
ésta en que la nulidad del matrimonio se produce
precisamente por la preexistencia de otro vínculo matrimonial,
viene a acontecer que habría concurrencia de sendas
sociedades conyugales, cuestión que en la práctica no deja
de generar más de una dificultad en orden a sus respectivas
liquidaciones. Y no se requiere de grandes atisbos para
comprender que eso fue a lo que justamente quiso salirle al
paso el legislador colombiano cuando en el año 1976, a
través de la ley 1ª, hizo el añadido pertinente al mentado
numeral cuarto del artículo 1820, sustrayendo de la regla
general la supradicha causal de nulidad, vale decir, que la
8
mav. exp. 1998-01175
nulidad del matrimonio no disolvía la sociedad conyugal
cuando se trataba de la nulidad devenida por bigamia,
precisamente porque como dio en señalarlo el segundo
matrimonio no generaba sociedad conyugal.
Todo el recorrido conceptual que precede no se
hace en balde, habida cuenta que tiene por fin concluir que
no se antoja de recibo la posición del aquí recurrente en el
sentido de que la modificación legislativa que viene de
comentarse ha de operar siempre y en todo supuesto, y que
en su parecer no hay sitio para los distingos en que acabó el
tribunal. Porque a la aplicación literal de la norma que él
formula se opone la teleología de la misma, la cual no
consistió propiamente en castigar y sancionar a quienes se
casan doblemente, sino en evitar, quepa repetirlo una vez
más, el tropezón de varias sociedades conyugales. Por
modo que si, como acá, la sociedad conyugal anterior ya era
cuestión del pasado por supuesto que había sido liquidada
tiempo atrás, la colisión es imposible y sólo hay una
sociedad, la del matrimonio declarado nulo, tiene que
seguirse de ello que la función jurídica de la norma pierde
todo sentido en el caso concreto. Teleología normativa ésa
que se advierte a ojos vistas, y que incluso fue avizorada en
el examen mismo de constitucionalidad, según puede verse
en la sentencia de 31 de mayo de 1978 de esta Corporación,
y que el juez no sólo puede sino que debe tener presente a la
hora de desentrañar el espíritu y el genuino entendimiento de
las disposiciones legales. Parece ser que el tema de las
nulidades es asunto más complejo que el orden puramente
legal o teórico que las encierra, a tono con lo cual es válido
afirmar que la inflexibilidad de las fórmulas clásicas que las
9
mav. exp. 1998-01175
inspiraron, no significa, ni puede significar, el éxito de lo
injusto, y por eso la tendencia es a reexaminar cada vez más
la verdadera extensión de los efectos de la nulidad, ante todo
si es exacto que su paso desolador no lo puede detener
siquiera el principio de la buena fe, esto es, si el efecto
destructor y retroactivo de la nulidad no para mientes en
nada. Que una interpretación que se avenga con el fin de las
normas se prefiera por encima de su literalidad, no equivale
en modo alguno a desconocer la ley, sino traduce más bien
el fiel y exacto desempeño de la labor del juzgador; de no,
estaríanse desandando los pasos para darle cabida a la
escuela exegética del derecho.
Por lo demás, es la interpretación que más
cuadra con la intención que el legislador ha puesto de relieve
en ocasión reciente, cuando precisamente previó la
posibilidad de que una persona casada decida conformar una
unión marital de hecho, bajo la única consideración de que
no hubiese choque de la sociedad conyugal con la sociedad
patrimonial que genera la segunda (ley 54 de 1990).
De suerte que no desacertó el tribunal cuando
aplicó la norma de la manera que descrita queda.
Y si de todo lo anterior surge, como quedó
visto, que ningún error hubo de parte del tribunal en el
entendimiento del supradicho numeral 4° del artículo 1820,
no se impone entonces pesquisa adicional sobre la aplicación
del artículo 180 del código civil, si es que, en verdad, la
pugnacidad del recurrente, como atrás se puso de presente,
sólo apunta a desquiciar la interpretación que de la primera
10
mav. exp. 1998-01175
norma mencionada hizo el sentenciador, prescindiendo de
cualquier otra consideración, desde luego, la que alude el
citado artículo 180. Dicho de otro modo, la suerte de todos los
planteos del casacionista dependían de la interpretación que
se diera a aquella norma, la cual, como se vio, no es como lo
sugiere el recurrente.
Así que por doquiera, los cargos no progresan.
IV.- Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la
sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, la
dictada por el tribunal superior de Bogotá el 6 de diciembre
de 2001.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Notifíquese y devuélvase el expediente
oportunamente al tribunal de procedencia.
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
11
mav. exp. 1998-01175
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
12
mav. exp. 1998-01175
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
12
mav. exp. 1998-01175
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
12