1 sentidos en vÍctimas de violencia polÍtica

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SENTIDOS EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Sentidos en víctimas de violencia política frente a los procesos sociales de reconstrucción

de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria

Angie Daiana Clavijo Moreno

Juan Manuel Lara Gutiérrez

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

MAGISTER EN DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL

Tutor:

Guillermo Andrés Bastidas Beltrán

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL

2020

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Dedicatorias

A mis abuelos Juan y Amelia, por su apoyo incondicional y su infinito amor.


Al hombre, al caballero, al padre, al abuelo, al amigo, al confidente… Al

Santandereano berraco de coraza fuerte y corazón noble cuyo nombre de pila fue

Efraín Sánchez Fandiño. A él a quien le adeudo lo que fui, lo que soy y lo quiero ser;

a él, quien fue mi padre sin llevar mí misma sangre. A él, quien vio en mí la hija que

no tuvo; a él, quien con profundo amor y nobleza me enseñó durante años que con

responsabilidad y esmero todo se puede lograr; y a él, porque su memoria y su

recuerdo me dan sustento para enfrentar lo inesperado.

Con la esperanza de volvernos a encontrar algún día…. tu hija amada.

A María Teresa y Ana Lucrecia… mujeres aguerridas, amorosas, nobles y

pacientes… Dos madres adicionales que Dios y la vida me regalaron para

demostrarme el valor que va dejando tras de sí el paso de los años. Mis viejitas del

alma... mis amigas y cómplices de juegos, bromas y secretos.


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Agradecimientos

A mis padres, por su cariño, su compañía, su paciencia y, especialmente, por su apoyo.

Al profesor Guillermo Bastidas, por sus orientaciones y reflexiones.

A Angie Clavijo, por su amistad y por los por los aportes a la presente investigación.

A Blanca Nubia Díaz, a Lilia Yaya, a Marina Salazar y a Milena Cárdenas, por haber

compartido con nosotros su historia y por su lucha en defensa de la vida, de la memoria y de

la verdad.


A Dios, por sus bendiciones, su misericordia y sus inmerecidas manifestaciones para honra y

gloria en mí vida.

A mi mamá quien me dio las herramientas más tempranas para formar mi camino…. por su

incondicionalidad, por su amor, por sus palabras de aliento, por su compañía en las

interminables noches en vela, por su comprensión y por hacer de mi lo que hoy por hoy soy y

de lo cual me siento orgullosa y afortunada; y a su esposo y padre de mis hermanos, le

agradezco sus consejos, su preocupación e interés ante todo lo que emprendo.

A mi papá y a mi abuela por sus consejos, apoyo, incondicionalidad y comprensión.

A mis hermanos por regalarme su sonrisa, sus chistes, sus juegos, su picardía y su ímpetu

juvenil en momentos difíciles; y sobre todo, por ser uno de mis motivos para continuar el

tránsito por la vida académica.

A mi cómplice y compañero de vida por sus palabras, sus gestos, su incondicionalidad, sus

consejos, su debate constante, su mirada contraria, su apertura ante nuevos mundos y

perspectivas que en un primer momento consideraba irremediables, por sus demostraciones

de amor desinteresado y su paciencia en este arduo proceso… gracias!

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A la educación pública, con especial énfasis, a la Universidad Pedagógica Nacional por ser

mi casa intelectual, por imponerme retos y exigirme ampliar mi perspectiva y mi horizonte

hacia la comprensión de otros escenarios y posibilidades, por su importante rol como

formadora de maestros, y por su contribución y acompañamiento a los revolucionarios

procesos de transformación social.

A mi compañero y amigo Juan Manuel Lara a quien le debo no sólo gran parte de mi interés

por los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica; sino también grandes

experiencias, aprendizajes y aportes para que este proceso llegará a feliz término.

Al profesor Andrés Bastidas, director de este trabajo, por su respeto ante las decisiones

tomadas, por sus recomendaciones y reflexiones, las cuales permitieron encauzar y

fortalecer las pretensiones de esta investigación.

Un agradecimiento especial a Marina, Blanquita, Lilia y Milena porque a través de sus

relatos conocí de primera mano muchos de los sucesos e injusticias de este país; gracias por

atreverse a denunciar, a construir país desde la pluralidad, por su voluntad de

reconciliación, por sus enseñanzas, por sus contribuciones a este proyecto, por persistir

desde sus acciones y desde sus luchas ante la imperante necesidad de hacer justicia y de

irrumpir la aparente calma que habita en medio de la cotidianidad.


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Tabla de contenido

Sentidos en víctimas de violencia política frente a los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria, 7.

Resumen, 7.

Introducción, 8.

Antecedentes, 9.

Justificación, 35.

Problema de investigación, 40.

Pregunta de investigación, 42.

Objetivos, 43.

Objetivo general, 43.

Objetivo específico, 43.

Marco teórico, 44.

Marco legal, 125.

Marco metodológico, 133.

Análisis y resultados, 162.

Conclusiones, 278.

Referencias, 283.

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Lista de tabla y figuras

Tabla 1. Segundo semestre 2018 – Primer semestre 2019, 161.


Tabla 3. Tabla de categorías y sub-categorías, 163.

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Sentidos en víctimas de violencia política frente a los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria

Resumen

El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo comprender críticamente los

sentidos que tienen para las víctimas de violencia política, los procesos de reconstrucción social

de memoria histórica y las políticas públicas de memoria incluidas en la Ley 1448 y el Acuerdo

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Para

esto, y asumiendo la hermenéutica crítica como paradigma de la investigación, se recopilaron

los relatos de vida de cuatro mujeres víctimas de la violencia política. El análisis de los

resultados permite la emergencia de tipologías contrarias en torno a la comprensión de la

violencia en Colombia, la categoría de víctima, los mecanismos de reparación, la memoria, el

duelo, el perdón, los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica, las políticas

oficiales de la memoria y las tensiones asociadas a estas. Así, se concluye que las relaciones

entre dichas tipologías permite evidenciar que existe una relación opuesta entre los sentidos

construidos en torno a las prácticas de reconstrucción social de la memoria histórica

desarrolladas por víctimas de violencia política y los sentidos construidos en torno a las

políticas públicas de memoria incluidas en la Ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; esto dado que los sentidos

frente las prácticas se orientan hacia el empoderamiento, la incidencia socio-política, el cuidado

y el reconocimiento de sus miembros; mientras que los sentidos construidos en torno a las

políticas oficiales abordadas coinciden en la percepción de estos como burocráticos,

protocolarios, con una implementación que conlleva a una escasa representatividad de los

intereses de las víctimas e, incluso, como mecanismos para la exaltación de la memoria oficial;

motivos por el cual, aunque aceptados, son percibidos como insuficientes.

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Palabras clave. Memoria, víctimas, políticas de la memoria, procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica, violencia política.

Introducción

La coyuntura nacional, caracterizada por un escenario de post-acuerdo tras el proceso

de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), plantea una serie de

retos en materia de reparación a las víctimas y construcción ciudadana, especialmente si se

tiene en consideración la existencia de una polarización que se agudizó con la búsqueda de una

salida política al conflicto armado colombiano y el no cumplimiento, a la fecha, de garantías

de no repetición.

Dada la problemática anterior, la presente tesis tiene como objetivo

comprender críticamente los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política los

procesos de reconstrucción social de memoria histórica y las políticas públicas de memoria

incluidas en la ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción

de una Paz Estable y Duradera.

En este orden, el presente documento, en primera medida, presenta los antecedentes de

investigación emergentes tras la revisión de estudios relacionados con el tema de interés que

moviliza la presente propuesta investigativa, desde allí surgen algunas pistas y

cuestionamientos que fueron útiles para la construcción de otros elementos como el problema

de investigación, la construcción de los objetivos y la justificación. Por lo anterior y dadas las

tensiones evidenciadas y el auge de los procesos de reconstrucción de memoria histórica tras

el reconocimiento estatal del conflicto armado, es necesario preguntarse ¿Cuáles son los

sentidos que tienen para las víctimas de violencia política los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria de memoria

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de una Paz Estable y Duradera?

Posteriormente, y en segunda medida, se presenta el marco teórico articulado alrededor

de una serie de categorías como: memoria, víctima, duelo, etc., conceptos que sirvieron como

marcos referenciales para la consolidación del ejercicio investigativo. Luego, se expone el

diseño metodológico a través de la explicación de componentes propios de este apartado como

lo son el método, la técnica, el instrumento de recolección de información, las fases planteadas

al interior de la investigación, entre otros. De esta manera, finalmente, se da paso al acápite

correspondiente al análisis de datos, los resultados de la investigación y finalmente las

conclusiones.

Antecedentes

Los antecedentes fueron consultados en bases de datos de acceso abierto; entre ellas

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc), Scientific Electronic

Library Online (Scielo) y Dialnet. Asimismo, se consultaron repositorios institucionales de

universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad de los Andes, la

Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Santo Tomás y la Fundación Centro

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE).

Los descriptores utilizados para la búsqueda de los documentos fueron “víctimas de

violencia política”, “víctimas de Estado”, “Memoria histórica”, “Ley de Justicia y Paz”,

“conflicto armado colombiano”, “Ley de Víctimas”, “políticas de memoria”, “movimientos

de víctimas”, “pedagogía de la memoria”, “procesos de reconstrucción de memoria

histórica” y “representaciones sociales”; posteriormente, con el fin de hallar investigaciones

previas que se acercasen con mayor precisión a la presente propuesta, se combinaron dichos

descriptores.

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Pese a que inicialmente se consultaron documentos que hubiesen sido publicados entre

el año 2014 y el año 2019, se encontró que un gran volumen de estos habían sido desarrollados

a partir del año 2012; lo que podría obedecer a un auge de investigaciones en torno a la

memoria, tras el reconocimiento – un año atrás - del conflicto armado colombiano por parte

del Estado con la promulgación de la Ley de Víctimas; por tal razón, se decidió ampliar el

rango de tiempo de la búsqueda, seleccionando finalmente publicaciones que oscilan entre el

año 2012 y el año 2019. De esta manera, se preseleccionaron cincuenta documentos, de los

cuales – teniendo en cuenta su pertinencia y aportes al presente ejercicio investigativo – se

escogieron treinta, cuyo contenido se expone a continuación.

En un estudio desarrollado por Vera (2014), se exploró la emergencia de mecanismos

de justicia transicional en Colombia (especialmente de las tecnologías de la memoria) como

consecuencia inesperada de la implementación de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Para esto, el autor parte del trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Reparación y

Reconciliación (CNRR); el Grupo de Memoria Histórica (GMH); el Centro de Memoria, Paz

y Reconciliación (CMPR); el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

(MOVICE) y el colectivo “Hijos e hijas: por la memoria y contra la impunidad” desde la

promulgación de la Ley de Justicia y Paz hasta la aprobación de la Ley de Víctimas y

Restitución de Tierras, así como por entrevistas y observaciones realizadas entre los años 2008

y 2010.

Frente al trabajo adelantado por la CNRR (creada por mandato de la Ley de Justicia y

Paz) se destaca la responsabilidad que el Gobierno asignó a esta para la elaboración de un

informe público que diera cuenta del surgimiento y la evolución de grupos armados al margen

de la ley. Para esto, el GMH (como división de la CNRR) partió tanto de la triangulación de

los testimonios y documentos de archivo y prensa sobre el conflicto; como de las pruebas

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jurídicas de los hechos. No obstante, estas limitaciones – sumadas a la economía política del

humanitarismo –jerarquizaron los actos ocurridos en el marco del conflicto. Además, dado que

los informes fueron producidos en el marco de la violencia, se recurrió a un lenguaje técnico y

formal para describir los mismos y su difusión se centró en círculos académicos y de

organizaciones de cooperación internacional (Verá, 2014).

A pesar de esto, tal y como señala el autor, los informes del GMH y la negociación de

la elaboración de los mismos con las víctimas permitieron un grado significativo de

legitimación sobre estos que evidencia la autonomía lograda con respecto a otras instituciones

públicas; entre ellos la CNRR que había homogeneizado a las víctimas como “mujeres pobres

del campo que solo querían perdonar” (Verá, 2014).

Además, los informes contrastan con la banalización con la que estos han sido

abordados por funcionarios públicos. Por ejemplo, en el informe sobre la masacre de El Salado-

departamento de Bolívar, el entonces vicepresidente Francisco Santos culpó de este suceso a

las FARC, pese a que el contenido del documento y las versiones de las víctimas eran contrarias

a esta versión (Vera, 2014). Asimismo, en el informe sobre la masacre de Trujillo (Valle del

Cauca), la representante de víctimas – pese a reconocer y felicitar el trabajo del GMH – fue

enfática frente a la falta de confianza hacia el Estado y la deuda que este tenía con las víctimas

(Verá, 2014).

En cuanto al CMPR (impulsado por la dirección de la ONG INDEPAZ y miembros de

la Alcaldía de Bogotá), Vera (2014) destaca el hecho de que el proyecto haya tenido lugar en

el marco de una lectura gubernamental que negaba la existencia del conflicto armado

colombiano; razón por la cual el CMPR puso sobre la agenda la discusión en torno a las

políticas de la memoria. Así, en contraste con el GMH que abordó la “memoria histórica”, este

se centró – basado en la concepción de ser un memorial para las víctimas – en la

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problematización y amplitud de una “memoria democrática”. En este sentido, y teniendo en

consideración que el debate se hace en el marco del conflicto, se ha buscado superar a los

“héroes patrios” para dar un lugar en la historia a quienes tradicionalmente han sido

invisibilizados.

Por otra parte, la Ley de Justicia y Paz también generó de forma indirecta una serie de

estrategias por parte de organizaciones que buscaron desarrollar actos de resistencia hacia esta.

Por ejemplo, el MOVICE, a través de la “memoria performativa”, buscó articular la dimensión

política y pedagógica de la misma en pro de la verdad, la justicia, la democratización de la

sociedad y la no repetición de los hechos. No obstante, contrario al GMH, el MOVICE – en

aquel entonces – promovía esta como una estrategia jurídica para la reivindicación de las

víctimas, el establecimiento de una comisión de la verdad, el juzgamiento de los perpetradores

y el énfasis en el Estado como responsable de las violencias (Verá, 2014).

A diferencia de la postura del MOVICE y la búsqueda de justicia, otros movimientos

como el de Hijos e Hijas apostaron por la transformación de la cultura política mediante las

intervenciones públicas que ponían en evidencia a la memoria como un espacio de lucha por la

significación del pasado y por el monopolio de la propia representación. Asimismo, de acuerdo

con Vera (2014), su estructura misma resultaba contraria a la concepción homogénea que había

hecho el Gobierno de las víctimas.

En este sentido, el trabajo desarrollado por Vera (2014), evidencia las tensiones que

existen en torno a la memoria y al uso de pasado tanto por parte de instituciones estatales como

entre las mismas organizaciones de víctimas que articulan diferentes concepciones y

temporalidades sobre la memoria, las cuales obedecen a diferentes condiciones materiales e

ideológicas que influyen de forma diversa sobre las representaciones que hacen las sociedades

sobre la violencia, sus causas y los actores asociados a esta.

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Al respecto, Nicolás Aguilar Forero (2018), en el artículo “Políticas de la memoria en

Colombia: iniciativas, tensiones y experiencias (2005-2016) busca exponer algunos aspectos

relacionados con las políticas de memoria oficiales y no oficiales que han configurado el pasado

en Colombia en los últimos once años. Para ello, aborda los orígenes y reconfiguraciones del

colectivo H.I.J.O.S (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio), en

tanto se ha configurado como uno de los movimientos reconocidos al interior del contexto

nacional por sus múltiples iniciativas de reconstrucción de memoria histórica de sucesos como

el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

Para esto, el autor enfatiza en el gran boom que han tenido los estudios e investigaciones

en torno a la memoria y las políticas de memoria en Colombia, entendidas estas últimas - desde

la perspectiva del autor - como “las iniciativas oficiales y no oficiales mediante las cuales se

difunden interpretaciones sobre eventos del pasado que son relevantes para ciertos grupos

sociales o políticos” (Aguilar, 2018, p. 113).

Desde esta perspectiva, cobra especial relevancia la Ley 975 de 2005 (Ley De Justicia

y Paz) creada para regular el proceso de desmovilización y reinserción de grupos armados al

margen de la ley (especialmente paramilitares), con la cual se pretendió garantizar los derechos

a las víctimas como proceso de construcción de paz. No obstante, Aguilar (2018), resalta los

vacíos y críticas (lentitud y acumulación en los procesos, pocas sentencias, satisfacción de la

verdad, etc.) que en términos de justicia y reparación produjo esta Ley para las víctimas.

En este sentido, como lo señala Aguilar (2018) “la memoria de lo acontecido termina

atada a los intereses, justificaciones y auto-representaciones de los victimarios, lo cual

constituye otra forma más de violencia en este caso simbólica, y de revictimización de las

víctimas sobrevivientes” p.114. Al respecto señala además, que dicha Ley enfatizó en grupos

paramilitares, brindando garantías a aquellos con más alto mando al proporcionarle penas

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irrisorias y nada coherentes con los delitos cometidos. Como otras de las tensiones, se presenta

la resistencia que generan las víctimas frente al reconocimiento del GMH hoy CNMH como

interlocutores válidos, en tanto se constituyen como entidades que representan y defienden al

Estado, el cual ha sido promotor de diversas formas de violencia e impunidad.

Ahora bien, de la Ley de Justicia Y Paz se dio una transición en el Gobierno Santos a

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), “la cual, además de proponer

medidas de reparación referentes a la restitución de tierras, establece unas medidas de

satisfacción (búsqueda, recopilación y publicación de la memoria histórica) y otras de

reparación inmaterial (conmemoraciones, reconocimientos, homenajes, etc.)” (Aguilar, 2018,

p, 117). Esto sin mencionar que a través de esta Ley se crea el Centro Nacional de Memoria

Histórica y se gestan movimientos, organizaciones y resistencias que pretenden contar una

verdad y configurar una memoria contrahegemónica que permita la dignificación de las

víctimas y sus comunidades, desde la realización de prácticas tácticas y estratégicas (Aguilar,

2018).

Tras esta contextualización, el autor concluye que la memoria es una zona de disputa,

formalización e institucionalización, pero también de disrupción y transgresión, desde

diferentes prácticas movilizadas por distintos agentes políticos de la memoria. (Aguilar, 2019,

P.119).

En el marco de estas pugnas por la memoria, diferentes actores empiezan a ser

visibilizados e inicia una deconstrucción de su aparente homogeneidad. Por ejemplo, en un

análisis de los resultados parciales de dos procesos investigativos en torno a la memoria del

conflicto armado, Martínez y Silva (2012) indagaron a través de revisiones documentales,

entrevistas semiestructuradas y un enfoque genealógico-arqueológico, los discursos,

tendencias y controversias de las iniciativas públicas oficiales y no oficiales que – en el marco

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de las políticas de la memoria – estaban siendo promovidas por instituciones estatales y

organizaciones de la sociedad civil, tales como la CNRR, el CMH, el MOVICE, el Proyecto

Colombia Nunca Más (PCNM) y la Asociación de Familiares de Detenidos (ASFADDES).

El estudio de estas iniciativas permitió evidenciar la emergencia de distintos “sujetos

de memoria”, entre los que destaca la aparición cada vez más frecuente en la esfera pública de

la categoría “víctima”, sobre la cual se articulan tanto perspectivas basadas en la compasión

como aquellas orientadas al reconocimiento social de las mismas en el plano político y jurídico;

producto de las luchas de asociaciones que han hecho de la reivindicación de esta su horizonte.

En el marco de este reconocimiento, de acuerdo con los autores, se encuentra también

la visibilidad de las víctimas en las justicias restaurativas y las prácticas de memoria que hacen

de estas sujetos históricos, al contribuir a la elaboración de múltiples sentidos y significados

sobre la violencia y sus responsables; por lo tanto, la memoria se convierte en campo de lucha

política y de confrontaciones teóricas, políticas, éticas y jurídicas que se expresan – de acuerdo

con los resultados de la investigación de Martínez y Silva (2012) – en la interpretación y

presentación de los hechos ocurridos en el marco del conflicto, las acciones jurídicas

promovidas, el reconocimiento simbólico de estos, sus conmemoraciones, fechas, nominación,

periodización, número de víctimas, comunidades afectadas y la búsqueda de reparaciones y

reivindicaciones alrededor de lo ocurrido.

Dicha perspectiva implica reconocer que los informes de estas instituciones, pese a

contribuir a los procesos de memoria histórica, continúan siendo narraciones hegemónicas. Al

respecto, desde una perspectiva post-estructuralista, Castaño y Jurado (2018) parten del análisis

de los informes elaborados por el CNMH, la CNRR y el GMH, así como del trabajo de campo

con víctimas del conflicto armado colombiano y el testimonio de una de ellas para pensar la

memoria como un relato abierto.

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De acuerdo con los autores, los informes elaborados por estas entidades constituyen

“documentos históricos” que, pese a proporcionar posibilidades para ser reinterpretados por

futuras generaciones, no dejan de ser narraciones hegemónicas que fundamentan el orden

simbólico y sobre el cual se constituyen identitariamente actores que no se sienten

representados dentro de estos informes oficiales que, en cierta medida, buscan

institucionalmente unificar en un relato común las diferentes perspectivas sobre lo ocurrido

durante el conflicto.

En este sentido, una política de la memoria como relato abierto implica reconocer que,

aunque esta es necesaria, constituye también una tarea imposible pues existen víctimas que no

logran reconciliar su dolor con el informe o que no reconocen en los trabajos de memoria una

forma de reparación (“víctimas que no han llegado a ser víctimas”); por ende, no puede darse

un cierre simbólico de la memoria sino que esta se encuentra en constante construcción. Dicha

perspectiva, de acuerdo con los autores, resulta contraría a una política del olvido pues

reconociendo el síntoma social (la no asimilación de todas las víctimas) se reconoce su accionar

en el marco de una lógica de exclusión/inclusión de lo que debe ser nombrado, su impacto en

la definición que las víctimas hacen de sí mismas en función de su incorporación o conflicto

con el relato formal y el carácter paradójico de los informes, centrados en dar cuenta de lógicas

comunes en torno al conflicto y la unificación, en un relato común, de las múltiples perspectivas

sobre lo ocurrido.

La deconstrucción del carácter hegemónico de lo que significa ser víctima ha sido

también objeto de discusión en países como Chile. Por ejemplo, con el objetivo de analizar y

reconstruir los procesos de construcción y cuestionamientos en torno a la categoría de víctima;

su contraposición con el de héroe/heroína, arrepentido/arrepentida y su incidencia en la

articulación de las luchas del pasado y los proyectos políticos actuales, las doctoras en

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psicología social Isabel Piper y Marisela Montenegro (2017), utilizaron la metodología de

producción de narrativas con protagonistas de violencia política de la lucha armada durante los

años 80´en Chile para formular su proyecto denominado “Ni víctimas, ni héroes, ni

arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político” el

cual emerge del proyecto macro “Memorias de la Violencia Política en Chile: Narrativas

Generacionales del período 1973-2013”, desde cual se busca tensionar la definición

hegemónica de víctima referida al daño ocasionado por el terrorismo del Estado.

En el marco de este proyecto, las autoras identifican en la producción de dichas

narrativas que la construcción de memorias colectivas relacionadas con la dictadura chilena

perpetrada por Augusto Pinochet se enfoca en las violaciones a los Derechos Humanos

auspiciadas por el gobierno militar, en la reivindicación de la experiencia de las víctimas y en

la demanda de justicia y reparación; en consecuencia, la voz de dichas víctimas se configuró

como el discurso “legítimo” al hablar de la violencia y sus consecuencias. No obstante, este

discurso (“legítimo”) aplicó para solo unos aspectos de su versión, es decir, para aquellos que

revelaban la vulneración de los derechos humanos; pero no para aquellos que posibilitaron la

construcción de memoria y teoría social o para otros que permitieran la comprensión y

cuestionamiento de los significados hegemónicos que circulan al interior del contexto chileno

(Piper y Montenegro, 2017).

Sumado a esto y como otro de los hallazgos emergentes del proyecto, se evidenció la

necesidad de complejizar la universalización de categorías y significados relevantes al interior

de las políticas de la memoria; en este caso las categorías de víctimas, héroes y arrepentidos,

en tanto desde la homogeneización y la hegemonía se sitúan como definiciones únicas y

cerradas que no permiten otros tipos de estudios o perspectivas (Piper y Montenegro, 2017).

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Como el énfasis de este trabajo es poner en cuestión varias categorías, entre ellas la de

víctima, se evidenció que la concepción esta desde el discurso hegemónico y de la memoria

oficial generó una situación exclusión en el pueblo chileno; en tanto que el Estado únicamente

reconoció como víctimas a aquellas denunciantes de la vulneración de los derechos humanos

bajo la dictadura militar, invisibilizando así a otras víctimas que fueron disidentes y generaron

procesos de resistencias violentas y no violentas. Además, al reconocer solo a un sector de las

víctimas, el aparato estatal tendría la obligación solo con estas de revelar la verdad de lo

acontecido y reparar de manera justa y digna los sujetos a quienes el mismo estado les hizo

daño.

No obstante, y en esta lógica de manipulación del discurso y de la versión completa de

los hechos (que lleva a reconocer a solos unos pocos como “víctimas”) se promovieron políticas

de memoria emergentes que, pese a constituir un proceso de reivindicación de la memoria

colectiva, fueron desprovistas de todo el componente político construido al interior de estas,

priorizando los componentes de dolor moral y físico sufridos. Como consecuencia, las víctimas

no fueron vistas como protagonistas políticos, sino como víctimas morales. (Piper y

Montenegro, 2017), lo que genera la necesidad - según concluyen las autoras - de constituir

una memoria colectiva en el contexto chileno desde otras perspectivas emergentes fuera de los

contextos institucionales.

De esta manera, al igual que ocurre con la dictadura en Chile, el conflicto armado

colombiano (CAC) se convierte también en un objeto de representación en función de las

experiencias directas e indirectas que han tenido las personas y comunidades frente a este. Por

ejemplo, a través de un estudio cualitativo de tipo etnográfico, Martínez y Garzón (2018)

indagaron sobre las representaciones sociales que tenía la comunidad indígena Sikuani de

Puerto Gaitán (Meta) frente al conflicto armado y el concepto de paz. Para esto, se analizaron

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las narrativas generadas por los participantes a la luz de tres elementos constitutivos de las

representaciones sociales: las cogniciones, las emociones y las prácticas sociales.

Así, mediante la aplicación de entrevistas a profundidad y de la técnica de

jerarquización de ítems, se encontró que la comunidad percibía el conflicto armado como una

situación que – dado el surgimiento sistemático de grupos al margen de la ley – no finalizaría

en ningún momento. Asimismo, esta era percibida como originada y reproducida por actores

occidentales interesados en el ejercicio del poder; incluyéndose dentro de esta concepción al

Estado como un actor que, aunque debería garantizar la protección y derechos de sus

ciudadanos, se había articulado a grupos paramilitares. En este sentido, el miedo y la tristeza

figuraban dentro de las narrativas de la comunidad como las emociones prevalentes asociadas

al CAC (Martínez y Garzón, 2018).

Los resultados en torno a las representaciones del conflicto armado, no obstante,

demuestran que la comunidad reconoce la neutralidad frente a los actores armados, el ejercicio

de su autonomía y la reincorporación de indígenas que hayan militado en alguno de los grupos

armados como prácticas de resistencia hacia la guerra (Martínez y Garzón, 2018).

Las representaciones sociales en torno a la paz, por su parte, parten de la concepción de

esta como un estado individual que posteriormente se materializa en el plano comunitario; sin

embargo, se percibe – como condición de dicha materialización – el acceso equitativo a la

tierra, a la salud y a la educación. Las emociones referidas frente a la paz son la alegría y la

tranquilidad y la unidad de la comunidad es el principal referente para su concepción, sin

embargo, dado que el conflicto es asumido como inherente a las dinámicas sociales, existe un

escepticismo generalizado frente a esta (Martínez y Garzón, 2018).

Las representaciones, sin embargo, difieren radicalmente cuando estas son analizadas

en colectivos que alguna vez pertenecieron a grupos armados; en un estudio empírico-analítico

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sobre las representaciones sociales construidas por un grupo de 399 personas desmovilizadas

de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Suarez, Patiño y Aguirre (2013),

encontraron mediante la técnica de asociación libre que, tras luego de cinco años de

desvinculación a los grupos armados, estos construían al “enemigo” en torno a cuatro grandes

clases de representaciones sociales.

La primera de estas, asociada a la deshumanización y actitud de destrucción hacia el

mismo, puso en evidencia que el “enemigo” era definido por los desmovilizados como un grupo

heterogéneo de actores sociales frente a los cuales se generaban situaciones de desacuerdo; en

este sentido, el adversario podía ser tanto la estructura del sistema social como el Estado,

funcionarios públicos, guerrillas, ideologías de izquierda, sustancias psicoactivas o personas

del común por las cuales pudiesen llegar a sentirse juzgados o rechazados. Por otra parte, la

segunda clase de representación radicaba en la percepción del enemigo con la idea o sensación

de zozobra y de que este era potencialmente dañino para los participantes; lo que se asocia con

la tercera clase concerniente a los juicios de valor y emocionales emitidos frente al enemigo;

caracterizados mayoritariamente por el odio y el desprecio (Suarez, Patiño y Aguirre, 2013).

Dichas representaciones difieren, de acuerdo con los autores, con las perspectivas

racionalistas en las cuales se sostiene que el enemigo pierde relevancia una vez ha finalizado

el conflicto armado. La cuarta clase de representación social, no obstante, fue contraria a las

tres anteriores pues aludía a situaciones de reconciliación y a procesos de paz; haciendo del

enemigo un interlocutor válido que se legitima.

En este sentido, y partiendo del supuesto de que las representaciones sociales son

significados compartidos por un colectivo (en este caso, personas desmovilizadas), el estudio

permitió identificar que la participación en un proceso de desarme, desmovilización y

reintegración (DDR) no implica la desaparición de representaciones sociales aversivas frente

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al otro; por lo que se hace necesario acompañar estos procesos junto con políticas simbólicas

orientadas a la transformación de las representaciones sociales de quienes en algún momento

militaron en algún grupo armado.

La deslegitimación del otro, no obstante, no se encuentra presente únicamente entre

quienes han estado vinculados a alguno de los actores del conflicto, sino también entre la

sociedad civil. Partiendo del supuesto de que las implicaciones psicosociales del conflicto

armado colombiano pueden determinar y reforzar los núcleos de significados sobre

exintegrantes de grupos al margen de la ley, Herrera, Rubio y Vera (2018), indagaron – a través

de entrevistas y la técnica de las asociaciones libres – las representaciones sociales que tenían

de estos y del proceso de reintegración a la vida civil un grupo de estudiantes universitarios

pertenecientes a una universidad privada de Bogotá.

Los resultados hallados evidenciaron que en las representaciones sociales prevalecía

una actitud desfavorable hacia los excombatientes, a quienes – a pesar de que se asociaba su

pertenencia a grupos armados con unas condiciones estructurales desfavorables – se les atribuía

una serie de conductas delictivas sobre las cuales se percibían altas probabilidades de

reincidencia. Las representaciones sociales en torno al proceso de reintegración y a quienes

habían sido reclutados forzosamente, no obstante, eran mayoritariamente favorables y

presentaban una ambivalencia frente a sentimientos de incertidumbre y escepticismo hacia el

cambio. Además, la información con respecto a ambos fenómenos era, según reconocieron los

participantes, proveniente en la mayoría de los casos de medios masivos de comunicación

(Herrera, Rubio y Vera, 2018).

Por lo anterior y teniendo en consideración que buena parte de los futuros profesionales

deberán participar en procesos de acompañamiento psicosocial, los autores concluyen

planteando la necesidad de pensar en procesos de formación pedagógica que – desde la

22


academia – contribuyan a procesos de reconciliación y desarrollo de habilidades y

competencias que puedan hacer frente a la coyuntura política de un post-acuerdo.

La evidencia de que el fin de un conflicto armado no implica un cambio en las

representaciones sociales sobre el enemigo, conlleva a la necesidad de evaluar los sentidos que

tiene para la población el tratamiento del pasado y los rituales de justicia transicional. Al

respecto, Arnoso, Páez, Cárdenas, Zubieta, Espinosa y Bilbao (2015), exploraron las

representaciones sociales de la población latinoamericana en torno a cómo abordar las

violaciones de los derechos humanos. Para esto, los autores encuestaron a 4900 personas de

Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, quienes pertenecían a diferentes grupos etarios,

presentaban diferencias ideológicas y habían tenido diferentes grados de afectación en los

periodos de violencia de sus respectivos países.

La encuesta (tipo Likert) medía la predisposición de las personas a revisar el pasado; la

necesidad que estas percibían de compartirlo socialmente; el grado en que lo habían hecho; su

conocimiento sobre las Comisiones de verdad y la percepción de la contribución social de

estas; el acuerdo con las disculpas públicas ofrecidas a las víctimas; el impacto emocional de

la violencia y de los informes sobre esta y el clima socio-emocional, entendido como la

percepción de solidaridad y ayuda mutua (Arnoso y otros, 2015).

Los resultados de la investigación demostraron que la mayor parte de los participantes

estaban de acuerdo con la revisión del pasado, no obstante, tan solo una minoría reportó sentir

necesidad de hablar de este y haber compartido socialmente los trabajos de memoria realizados

por las comisiones de cada país. Asimismo, un porcentaje significativo de los participantes

desconocía el trabajo de las comisiones y menos de la mitad consideraban este efectivo,

valorando negativamente su impacto sobre la creación de una memoria colectiva inclusiva, lo

que – de acuerdo con los investigadores- pone en evidencia la percepción que tiene la población

23


latinoamericana frente a la incapacidad de las comisiones para la generación de

representaciones sociales que refuercen la cohesión social. Las respuestas dadas frente a las

disculpas ofrecidas por el Estado presentaban un comportamiento similar, percibiendo la

mayoría de los encuestados como ineficaces y cerca de la mitad de la población como no

sinceras; hecho que podría explicarse porque estas no fueron ofrecidas por los actores que los

perpetraron (Arnoso y otros, 2015).

La percepción de los participantes que habían sido víctimas de estos periodos y quienes

se adscribían a la izquierda ideológica, no obstante, fue mayoritariamente en favor de la

revisión del pasado y la necesidad de hablar de este, pese a que la materialización de la

comunicación de este seguía siendo minoritaria; lo que de acuerdo con los investigadores

obedecerá al hecho de que los deseos de las víctimas con respecto a la expresión del pasado

resulta contraria a las condiciones sociales que facilitan esta. Asimismo, se presentó una mejor

valoración hacia la eficacia de las comisiones y en países como Argentina y Paraguay –

contrario a lo que ocurría en Chile - se percibían las disculpas estatales como más sinceras y

eficaces, lo que pone en evidencia que las representaciones sociales se encuentran supeditadas

al acercamiento de los gobiernos con las víctimas.

La búsqueda de imponer una versión hegemónica de la historia no ha sido ajena en

Europa; en el artículo de reflexión titulado “cómo se construyen las versiones de la memoria

en estos tiempos: el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial”, el autor Andrzej Sarnacki (2017)

plantea desde una mirada crítica los procesos de memoria en Europa y los relatos de los

acontecimientos sucedidos específicamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Desde

los planteamientos del autor, las narraciones y relatos de lo allí sucedido son selectivos y

estereotipados, en tanto no se cuenta la totalidad de la verdad ni el trasfondo acontecido detrás

de cada suceso; privilegiando así la mirada “legítima” de los victimarios y no de las víctimas.

24


En este sentido, Sarnacki (2017) afirma que “las versiones oficiales revierten la culpa en una

imagen de inocencia generando narraciones de arbitrariedad y fantasía; y agrega que los

victimarios esconden la verdad, no se reconocen como culpables, sus relatos son selectivos, y

su memoria es incompleta”. P.46

Así, ante la percepción de ineficacia y el escepticismo frente a las acciones estatales,

algunos autores han planteado la necesidad de que las políticas de la memoria se materialicen

dentro de la cotidianidad de la población. En el trabajo realizado por Reyes (2015), denominado

“construcción de políticas de memoria desde la vida cotidiana”, por ejemplo, se pretendió

sustentar teóricamente que la articulación y configuración de las políticas de la memoria no

emerge sólo de las acciones estratégicas propias de ámbitos políticos e institucionales como

los colectivos, organizaciones de resistencia, militancia política, etc.; sino desde acciones (que

la autora denominaría “tácticas”) que se dan desde la cotidianidad, en tanto es en este escenario

donde confluyen voces, tensiones y perspectivas que posibilitan construcciones que fortalecen,

recrean y cuestionan lo que se entiende como políticas de la memoria (Reyes, 2015).

En este sentido, Reyes (2015) conceptualiza la memoria oficial como las versiones

impuestas y autorizadas desde la institucionalidad y la política, siendo el Estado su principal

representante al pretender este generar identidad nacional y cohesión entre grupos mediante

una única versión de los hechos que este espera circule en el ámbito público (Reyes, 2015); en

contraposición, se presenta el concepto de memoria subalternizada o “memoria no oficial” vista

desde esta perspectiva como el acto político mediante el cual se le otorga la voz y el

protagonismo a los “otros” en la historia, es decir, a los vencidos, los vulnerables, los

invisibilizados y todos aquellos que fueron silenciados desde la memoria oficial. En este

marco, la memoria subalternizada se constituye en palabras de Reyes (2015), en una “política

25


de memoria que promueve el cuestionamiento, interrogación e incluso antagonismo frente a la

memoria construida desde la oficialidad”. p.344

Ahora bien, entendiendo que el interés de reconstruir la memoria se sitúa desde la

perspectiva de la subalternación y las reconstrucciones e interpretaciones que de esta se puedan

hacer desde las acciones tácticas o cotidianas (“comprendiendo lo cotidiano como aquello que

subjetiva e intersubjetivamente es vivenciada como aquello que “realmente nos sucede”

(Berger y Luckmann, como se citó en Reyes, 2015)), se apuesta por la reconstrucción e

interpretación de la política de la memoria desde estos escenarios y las acciones que de allí

emergen, en tanto los sujetos que allí confluyen afirman su existencia como actores y autores

(Reguillo, como se citó en Reyes, 2015). En consecuencia, el hacer memoria, el rememorar y

poner sobre la mesa hechos históricos desde la cotidianidad se produce una redefinición de

significados, de formas de ser, hacer, actuar, sentir y vivir estableciendo así diferencias y

conflictos (Vásquez, como se citó en Reyes, 2015).

Así, el trabajo desarrollado por Reyes (2015) interroga y cuestiona la producción de

políticas de memoria desde escenarios institucionales y políticos, brindando a su vez una

alternativa emergente centrada en las acciones entabladas día a día como posibilidades de

apelación y reconstrucción del pasado, mecanismo a través del cual se puede cuestionar e

interpelar los efectos políticos que de allí se desprenden. En tanto la cotidianidad permitirá

romper con la reproducción de las versiones emitidas desde las acciones estratégicas

(institucionalidad y política) para crear y activar las memorias de orden social.

Bajo esta perspectiva, las políticas de la memoria deben garantizar la construcción de

valores y marcos relacionales democráticos. Por ejemplo, a través de una investigación

cualitativa comparada, Ríos (2017) exploró la forma en la que en Corea del sur y Chile las

narrativas de la memoria social y las políticas de la memoria han contribuido a la construcción

26


de la democracia; para esto, la autora parte de la influencia de las políticas oficiales de

memorización en la deslegitimación de regímenes autoritarios y en el empoderamiento y

participación política de grupos que fueron silenciados durante estos periodos.

Frente a la primera de estas categorías, Ríos (2017) asegura que la deslegitimación del

autoritarismo es imprescindible para deconstruir las narrativas que justifican a los

perpetradores y testigos de las violaciones de Derechos Humanos pues, en sociedades en las

que el conflicto ha permanecido por extensos periodos de tiempo, existe una polarización

ideológica que ha sido naturalizada dentro de la cultura. Al respecto, la autora señala el trabajo

de las Comisiones de Verdad en Corea del Sur, las cuales permitieron poner sobre la agenda

pública a las víctimas al estar el trabajo de estas acompañadas – tal y como sugiere Kim (como

se citó en Ríos, 2017) – por otras medidas de reparación y movimientos de base. No obstante,

el reconocimiento de las víctimas se centró en una “lucha por la democracia” que, al ser

expuesta en términos abstractos, desconoció las condiciones estructurales que posibilitaron el

régimen así como las narrativas de horizontes políticos alternativos.

Por otra parte, en el caso de Chile, pese al reconocimiento por parte de las Fuerzas

Armadas sobre las violaciones a los Derechos Humanos (lo que contribuyó también a la

deslegitimación del régimen de Pinochet), las medidas de justicia transicional no representaron

avances significativos en la participación cívica, debido – de acuerdo con la autora – a la falta

de efectividad en la creación de una nueva cultura que permitiera romper el silencio pues

aunque este ya no representa una problemática en las nuevas generaciones, no ha significado

(con excepciones como las de Londres 38) una vinculación entre lo ocurrido durante la

dictadura militar y las violaciones de Derechos Humanos actuales, tales como las cometidas

contra los mapuches y los movimientos estudiantiles.

27


Bajo esta perspectiva, Ríos (2017) señala que los casos de Corea del Sur y Chile pueden

ofrecer algunas pistas en torno a un posible escenario de post-conflicto en Colombia, el cual

plantea como necesario la incorporación de las versiones de múltiples actores y las posibles

concesiones que implicaría procesos de reconciliación, pues – tal y como ha ocurrido en Corea

del Sur y Chile – dada la fragilidad de una democracia que busca ser reconstruida, el peso de

algunas versiones puede ser minimizado; lo que puede conllevar al riesgo de que trabajos como

el del GMH y el CNMH no sean suficientes y terminen, a largo plazo, invisibilizando las luchas

sociales de las víctimas y su papel activo en la construcción de procesos de resistencia.

Dentro de los antecedentes, como puede apreciarse, la mayoría de las investigaciones

remiten al caso chileno cuya transición a la democracia es quizá el mayor referente en el

contexto latinoamericano. En el artículo denominado “Violencia Política, Miedo y Amenaza

En Lugares de Memoria”, por ejemplo, la autora Isabel Piper Shafir (2015), pretende analizar

las memorias sobre el pasado reciente en el contexto chileno. La metodología de la

investigación consistió en invitar a personas de diversas edades a visitar lugares de memoria

(monumentos, memoriales y ex centros de retención y tortura) y a reflexionar conjuntamente

en torno a la experiencia emergente de la visita; esto con el fin de poder argumentar y

reflexionar en torno al miedo, la amenaza y la violencia sociopolítica. Al interior de este

ejercicio, la memoria -según la investigadora- actúa como proceso articulador entre pasado,

presente y futuro; siendo la violencia sociopolítica del Estado el componente de conexión entre

estos tres tiempos. Como efecto de este ejercicio, se generan tres categorías claves: generación

traumatizada, generación heredada del miedo y generación sin miedo.

En este orden de ideas, Piper (2015) reconoce las múltiples arbitrariedades cometidas

tanto en el periodo de dictadura militar como en otros periodos gubernamentales chilenos, que

si bien no registran las mismas cifras y prácticas de barbarie ocurridas durante la dictadura, sí

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han evidenciado el ejercicio de poder para cometer ciertos tipos de abusos contra los

movimientos estudiantiles, las organizaciones contrahegemónicas y las luchas de resistencia

indígena. Estos abusos o prácticas de intimidación y represión por parte del Estado,

denominadas al interior de este ejercicio como violencia política, no sólo ha permeado el

ámbito físico de las víctimas, sino que además ha instaurado sus acciones en el plano de lo

simbólico, configurando nuevas maneras de entender la democracia y las acciones políticas

(Piper, 2015).

En esta medida, afirma Piper (2015), desde hace algunas décadas se naturaliza en Chile

la relación causa-efecto entre acción política y miedo; es decir, se instala una asociación entre

la amenaza y los grupos que generan resistencias contra los proyectos contrahegemónicos -esto

para citar un ejemplo-. Como consecuencia de esta naturalización, la autora se cuestiona sobre

el rol que ocupan los lugares de memoria en esta relación y los efectos y significados que

implica la acción de recordar (Piper, 2015, p. 169), problematización para la cual retoma del

sociólogo chileno Norbert Lechner el concepto de cultura del miedo como estrategia de

reproducción del autoritarismo del golpe militar.

Así, la cultura del miedo se entiende como la actualización de miedos anteriores

provenientes de ejercicios de otros autoritarismos y violencias; y el miedo es el efecto que

parece producirse en la experiencia de visitarlos (Lechner, como se cita en Pipper, 2015). Desde

este referente, el ejercicio investigativo permitió identificar la emergencia de tres generaciones

en Chile: la generación traumatizada (sujetos protagonistas durante la dictadura militar de

Pinochet); la generación heredada del miedo (hijos e hijas de los protagonistas de la dictadura

militar a quienes les fue transmitido el miedo a través de las versiones y la vivencia indirecta

de la dictadura) y la generación sin miedo (juventudes que no reconocen el miedo como una

opción, que no temen enfrentarse y agenciar procesos y ejercicios de lucha y resistencia).

29


Sumado a esto y como otro de los hallazgos, se evidenció en los participantes del

proyecto que la memoria genera miedo en tanto implica reconocer el sufrimiento de los sujetos

que enfrentan ciertos tipos de lucha y la posibilidad de que este tipo de situaciones puedan

volverse a presentar. Así, según el análisis de Piper (2015), esta constituirá la función principal

de estos lugares de remembranza: sembrar el miedo para advertir a la sociedad que este tipo de

situaciones no pueden volver a ocurrir. No obstante, de acuerdo con la autora, el construir una

cultura del “nunca más” (no repitencia de sucesos violentos) y del respeto por los Derechos

Humanos a partir de una cultura del miedo resulta imposible e incongruente.

Así, concluye Piper (2015), se debe pensar en formas y alternativas de resistencia a la

amenaza y el miedo que puedan configurar posibilidades de transformación social que, sin

embargo, no nieguen la violencia del pasado ni la amenaza que implica la acción política

contrahegemónica o los abusos cometidos por el Estado.

En este sentido, cobra especial relevancia replantear los lugares de memorias en los que

- tal y como señala Piper y Hevia (como se citó en Mendoza, 2013), se busca materializar un

particular nexo entre pasado, presente y futuro, apropiándose y habitando ciertos espacios

mediante prácticas de recuerdo que les confieren un sentido de pasado a través de la experiencia

de victimización y el recuerdo de quienes fueron desaparecidos o murieron, invisibilizando,

no obstante, a quienes lucharon y sobrevivieron (Piper y Hevia, como se citó en Mendoza,

2013).

Dicha tensión se hace más evidente cuando los ejercicios de memoria se hacen en el

marco de contextos en los que continúa la victimización hacia ciertos sectores; por ejemplo, en

el caso del CAC, la invisibilización de las múltiples versiones sobre este y de las acciones de

resistencia desarrolladas por algunos sectores constituyen un mayor riesgo si se tiene en

consideración algunos sectores políticos han buscado el no reconocimiento del conflicto,

30


limitándolo a una “amenaza terrorista”. Al respecto, Olave (2012) realizó un análisis del

discurso frente a la alocución presidencial de Juan Manuel Santos el 14 de mayo de 2011, en

la cual – el entonces mandatario - se refirió a la polémica que generó la creación de la Ley 1448

(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) en la cual se reconocía la existencia de un conflicto

armado interno; posición estatal que fue fuertemente criticada por el expresidente Álvaro Uribe

Vélez y sectores cercanos a este, quienes defienden una tesis contraria: Colombia estaba bajo

una “amenaza terrorista” por parte de actores como las FARC y el reconocimiento de un

conflicto no solo implicaba igualarlos con las Fuerzas Armadas sino también un paso para que

fuesen reconocidos como “grupos beligerantes”, lo que les daría la posibilidad de aludir al

Derecho Internacional Humanitario y a las leyes de guerra dispuestas dentro de este.

Bajo este sentido, el discurso presidencial de Santos – de acuerdo con Olave (2012) –

se caracterizó por su carácter oficial, la búsqueda de proyectar autoridad y validez en la

representación política y la mediatización de los discursos con el fin de minimizar las

contradicciones entre estos. Así, los contraargumentos de Santos se enfocaron en hacer alusión

a la obsolescencia del término Beligerancia, al hecho de que en documentos anteriores el

Gobierno hubiese hecho uso del término “conflicto armado” y a la referencia del ámbito legal

de la acción contrainsurgente, la cual implicó acudir al Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, en el plano del ethos comunicativo, Santos hace referencia a su rol como

presidente y a su papel como Ministro de Defensa en el gobierno de Uribe para presentarse a

sí mismo como un líder racional, experimentado y firme; mientras que, en el plano del ethos

colectivo, hace alusión a la representatividad que – dado su papel – ostenta frente al pueblo

colombiano y el Estado. Así, a través de su discurso, Santos busca construir su autoridad

acudiendo a la legitimidad y al carisma, para lo cual refuerza su posición, autoelogia sus logros

y gestión y acude a la auto—justificación; estrategias que, en últimas, buscan minimizar el

31


disenso y descalificar la validez de sus contradictores. Por otra parte, el entonces presidente,

acude a valores sociales como la seguridad, la reparación y la lucha contrainsurgente para

orientar a la opinión pública hacia la aceptación del reconocimiento del conflicto.

Además, el discurso de Santos se caracteriza por una representación teatral en la que el

contenido de este, pese a responder a sus contradictores (un Tú-opositor), no se encuentra

dirigido a estos, sino a un tercero (un Tú-testigo), el cual presencia y delibera sobre la

controversia. De esta manera, se minimiza al opositor, elogiándolo (mediante la exaltación de

su gestión como presidente); amenazándolo (haciendo mención de las consecuencias del no

reconocimiento del conflicto); y reinvirtiendo su rol y la carga de las pruebas, es decir,

calificándolo como un colaborador y responsabilizándolo de la aprobación de leyes en las que

implícitamente se reconocía un conflicto armado interno. En este sentido, la anulación

discursiva del otro como sujeto social (es decir, del opositor) contribuye – de acuerdo con el

autor - a la polarización pública y a la radicalización de las posiciones, lo que pone en evidencia

la necesidad de repensar las funciones del disenso en medio de situaciones de conflicto.

Las diferentes tensiones y conflictos en torno a la memoria y a la representación del

conflicto, de sus actores y de sus causas problematiza el papel y posibilidad de lo educativo y

de la pedagogía en la transformación de los imaginarios que ha interiorizado la guerra. Bajo

esta perspectiva, con el objetivo de determinar si la enseñanza de la historia influía sobre el

análisis del presente y la deconstrucción de los discursos oficiales, Olmos (2018) evalúo – a

través de una encuesta que fue aplicada al inicio y al final del estudio – las representaciones

sociales que tenían dos grupos del Instituto de Educación Secundaria Bernat de Sarria en

Alicante (España) con respecto a los responsables de la crisis económica y los actores que

podrían contribuir a la solución de esta. Para esto, uno de los grupos recibió un curso de historia

contemporánea (grupo A), mientras que el otro no (grupo B).

32


Los resultados arrojados indicaron que, al inicio de la investigación, ambos grupos

atribuían a la clase política la responsabilidad de la crisis; no obstante, al final de esta, el grupo

que había recibido la clase de historia reconocía la influencia de otros actores como los

banqueros y el sistema capitalista, asimismo, contaban con la capacidad de hacer una

interpretación histórica de la misma mediante el uso de analogías con otras crisis.

El grupo B, por su parte, no presentó cambios significativos; una buena parte de ellos

reconocía en la renovación de la clase política la salida a la crisis y su análisis sobre la misma

era coyuntural y supeditada a la información circulada en los medios masivos de comunicación.

Además, se encontró – de acuerdo con la comparación entre ambos grupos – que había una

correlación positiva entre el desconocimiento de la crisis y el grado de optimismo sobre la

solución a esta.

La investigación de Olmos (2018) pone en evidencia que la enseñanza de la historia

puede modificar las representaciones sociales en torno a la realidad política y económica; por

lo que – tal y como propone el autor – es necesario implementar estrategias para que, a través

del abordaje de esta, se fomente el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias

democráticas.

Al respecto, en los resultados investigativos sobre las políticas de memoria sobre la

violencia política en la historia reciente de América Latina y sus articulaciones en el campo de

la educación, Martha Cecilia Herrera y Carol Pertuz (2016) en el artículo “Educación y

políticas de la memoria sobre la historia reciente de América Latina” se presenta un análisis

entre esta articulación que se aleja de las perspectivas de memoria oficial que se ha pautado en

la construcción de las políticas de la memoria en Colombia, Argentina y Chile.

Entre los primeros planteamientos de las autoras, se considera que las políticas de la

memoria han incidido en la cultura política y la formación ciudadana de países como Chile,

33


Colombia y Argentina que han buscado, a través de esta, la consolidación de un orden social

democrático incluyente que haga frente a las tradiciones autoritarias y a las pedagogías del

miedo (Herrera y Pertuz, 2016).

Pese a esta intención, las políticas de la memoria han prevalecido los consensos y la

reconciliación generando una invisibilización frente a las responsabilidades que tiene la

sociedad frente a los hechos de violencia. En este sentido, la perspectiva de sujeto- víctima que

se ha consolidado desde los discursos de la memoria oficial continúan reduciendo su papel y

subjetividad al plano del sufrimiento, dejando de lado sus opciones políticas, sociales, éticas,

etc., en tanto el interés desde la institucionalidad y la legitimidad que esta otorga a las versiones

autorizadas, está soportado en el base de los Derechos Humanos, los cuales se minimizan frente

a los derechos que posee el individuo frente al Estado (Herrera y Pertuz, 2016).

Desde la perspectiva de la memoria contrahegemónica, múltiples organizaciones y

colectivos han hecho apuestas por reconocer y configurar una mirada diferente de víctima, lejos

de la definición que le otorga el Estado. En este orden, no sólo se reconocen como víctimas

aquellos sujetos afectados por la violencia sino aquellos generadores de “proyectos e iniciativas

que los sitúan en el lugar de sujetos políticos cuyas experiencias deben ser situadas en el marco

de una historia en común”. (Herrera, y Pertuz, 2016, p. 102). En consecuencia, esto permitirá

promover el pensamiento crítico e histórico que otorgue herramientas útiles al interior de los

usos políticos que en los países de análisis se le da al conflicto con base en las memorias.

Lo anterior, genera la necesidad de situar la apropiación de la historia y los

acontecimientos pasados al interior de comunidades de memoria que asuman los conflictos y

la violencia política no solo como el asunto de unas minorías, sino como la responsabilidad de

la totalidad social; situación que se convierte en uno de los retos al hablar de pedagogía de la

memoria. En esta medida se hace necesario repensar los procesos formativos de los tres países

34


para visualizar y poner sobre el escenario educativo tópicos y temáticas relacionadas con la

historia que nos constituye; y cómo este pasado sirve para represar las decisiones y acciones

que se emprenderán en el presente y su incidencia en el futuro (Herrera, y Pertuz, 2016). Así,

para concluir, es importante señalar que pese a que Herrera y Pertuz (2016) reconocen que no

todas las maneras de hacer memoria conducen a procesos de reconciliación, estas sí posibilitan

la autorreflexión frente a lo que nos constituye como nación.

La consulta de los antecedentes permitió develar como una constante el hecho de que

la memoria constituye un campo en disputa entre movimientos sociales, víctimas, victimarios,

organizaciones gubernamentales, población civil y el aparato estatal (Sarnacki, 2017; Aguilar,

2018). Asimismo, se concluye la necesidad de ampliar la categoría de víctima ya que no en

todos los escenarios de memoria se les reconoce como actores históricos y políticos (Martínez

y Silva, 2012; Herrera y Pertuz, 2016). Además, los informes oficiales, al ser una narración

hegemónica de lo acontecido, tienden a jerarquizar los hechos ocurridos en el marco del

conflicto y a restringir su circulación al interior de espacios académicos y organizaciones

internacionales; en consecuencia, se limita la posibilidad de dar cuenta del sentir de todas las

víctimas del conflicto (Piper y Montenegro, 2017; Verá, 2014; Castaño y Jurado, 2018).

Dado lo anterior, se genera la necesidad de ampliar las políticas de la memoria a

espacios y acciones cotidianas (Reyes, 2015), donde la sociedad civil adquiera una

responsabilidad frente a estos procesos y donde, a través de la enseñanza de la historia y el

fomento del pensamiento crítico y la democracia, se transformen las representaciones tanto de

los actores que participaron del conflicto como de los imaginarios que se tienen hacia estos

(Herrera y Pertuz, 2016; Olmos, 2018; Suarez, Patiño y Aguirre, 2013; Herrera, Rubio y Vera,

2018), esto teniendo en cuenta que, aunque aparentemente existe acuerdo generalizado en

35


América Latina en torno a la revisión del pasado, esta no se materializa dado que no existen

condiciones que posibiliten el deseo de expresar lo acontecido (Arnoso y otros, 2015).

En síntesis, pese a que no existe un consenso entre los sectores políticos que permita

conceptualizar el conflicto en Colombia, los antecedentes consultados resaltan la necesidad de

construir políticas de la memoria que permitan deslegitimar el autoritarismo, visibilizar a las

víctimas y generar formas alternativas de resistencia hacia la cultura del miedo (Olave, 2012;

Ríos, 2017; Pipper, 2015).

Justificación

La coyuntura nacional, caracterizada por un escenario de post-acuerdo tras el proceso

de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), plantea una serie de

retos en materia de reparación a las víctimas y construcción ciudadana, especialmente si se

tiene en consideración la existencia de una polarización que se agudizó con la búsqueda de una

salida política al conflicto armado colombiano y el no cumplimiento, a la fecha, de garantías

de no repetición.

Frente al primero de estos fenómenos, dicha polarización quedó en evidencia – aunque

no se reduce a este – en el plebiscito por la paz convocado en el año 2016, donde no solo se

presentó una abstención del 62,59%, según lo señala la Misión de Observación Electoral

(2016), sino que el porcentaje de votos para la aprobación de los mismos fue de 49,76%

(correspondiente a 6’424,385 votos), contra el 50,23% (correspondiente a 6’363,989 votos para

su desaprobación), presentándose así un margen de tan solo el 0,22% (González, 2016).

La campaña del plebiscito estuvo marcada por una disputa en la que el Gobierno, en

cabeza de Juan Manuel Santos, insinuó regularmente la probabilidad de que se desatase una

“guerra urbana” en caso de la no aprobación de los acuerdos, mientras que los opositores de

36


los mismos, liderados por Álvaro Uribe Vélez, aludieron a la implementación de un “régimen

castro-chavista”. La retórica del miedo, en este sentido, se convirtió en uno de los ejes

articuladores de las estrategias políticas de ambos bandos, lo que intensificó aún más la

polarización (Cardona y Londoño, 2018).

Los resultados y las estrategias utilizadas por ambos lados del espectro político, no

obstante, son tan solo una manifestación de la división de la opinión pública en torno a la

pertinencia y viabilidad de la serie de reformas que implica una salida negociada al conflicto.

Por ejemplo, de acuerdo con Fajardo-Heyward (2018), la desmovilización de las FARC generó

un reacomodamiento del poder territorial que genera escepticismo en la población civil frente

al cese de la violencia, lo que se suma al aumento del asesinato selectivo a defensores de

derechos humanos y a la desconfianza entre los excombatientes a causa, por ejemplo, de la

incapacidad y falta de voluntad del Gobierno para haber adecuado las zonas de reincorporación

y por implementar estrategias que logren frenar el asesinato sistemático del que están siendo

objeto.

Respecto al segundo fenómeno (la no repetición de los hechos), queda en evidencia una

violencia sistemática ejercida tantos por los grupos al margen de la ley como por el mismo

Estado, según lo devela el informe denominado “Panorama de Derechos Humanos Noche

Niebla y Violencia Sociopolítica en Colombia” del Centro de Investigación y Educación

Popular (CINEP) (2019), en el que se establece que de enero a junio del 2019, se han efectuado

diversos hechos victimizantes al interior del contexto nacional, entre los que se encuentran 298

ejecuciones extrajudiciales, homicidios y asesinatos; 38 atentados; 465 amenazas, 187 lesiones

físicas; 60 actos de torturas; 8 desapariciones forzadas y 84 violaciones al derecho a la libertad;

la mayor parte de estos cometidos en los departamentos del Cauca, el Chocó y Norte de

Santander. Llama la atención el hecho de que la mayoría de estos hechos obedezcan a

37


persecuciones políticas sobre las cuales no se determina el autor, seguidas por aquellas

cometidas por agentes directos o indirectos del Estado. Lo anterior refleja la complejidad en

torno a garantizar el esclarecimiento de los hechos ocurridos y la no repetición de estos.

A esto se suma la controversia que ha generado la aprobación de la Jurisdicción

Especial para la Paz (JEP), que en su momento llevó a que el partido Cambio Radical se retirara

de la coalición partidista del Gobierno Santos; el hundimiento de las circunscripciones

especiales de paz; las crisis en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN);

el debate frente a la suspensión de la fumigación área (especialmente por presión del gobierno

de Estados Unidos que, en el año 2017 y a través de un memorando al Secretario de Estado

anunció haber considerado designar a Colombia como un país no cooperante en la lucha

antinarcóticos); y, entre otros aspectos, la crisis migratoria y diplomática con Venezuela, lo que

demanda recursos de la Nación y la pérdida de quien había sido un aliado estratégico para el

desarrollo del proceso (Fajardo-Heyward, 2018). Vale la pena resaltar que durante el primer

año del Gobierno de Iván Duque se canceló la búsqueda de una salida negociada al conflicto

con el ELN, a causa del desconocimiento de lo acordado con el gobierno anterior y el

condicionamiento al cumplimiento de cuatro requisitos: el fin del secuestro, la concentración

previa, la suspensión de toda actividad criminal y la liberación de todos los secuestrados

(Garzón, Prada, Cuesta, Gálvez, Silva, Zárate, Tobo, Durán y Urrea, 2018).

Así, el actual Gobierno, en cabeza de Iván Duque, se ha mostrado renuente frente a la

implementación de lo acordado en la Habana; como muestra de ello se han adelantado acciones

que van en contravía y en detrimento de lo pactado, entre estas destacan la propuesta de crear

una sala especial para juzgar a la Fuerza Pública; la búsqueda de la eliminación de la conexidad

del narcotráfico y el secuestro como delito político; la implementación del “Plan diamante” y

el plan choque “el que la hace la paga” (que incrementó el número de víctimas y de

38


confrontaciones armadas) y el regreso de la aspersión aérea, entre otros, lo que se ha traducido

en el aumento de desplazamiento forzado (representando un alza del 21% con respecto al

periodo de agosto a octubre de 2017), el aumento de agresiones y asesinatos de líderes sociales

(representando un alza del 11,5% al 14,3%), el incremento de las disidencias

(aproximadamente del 172% durante los primeros siete mes del gobierno Duque) y el

incremento de homicidios en zonas de disputa que en territorios como Arauca fue del 95,2%.

Asimismo, y pese a las posiciones radicales del Gobierno frente a la movilización social, se ha

generado un alza del 59% en protestas sociales con respecto al periodo de agosto a octubre de

2017 (Garzón y otros, 2018).

A lo anterior – de acuerdo con Garzón y otros (2018) se suma la desfinanciación,

admitida por el mismo Gobierno Nacional, para dar cumplimiento a lo acordado dentro del

proceso y para garantizar la seguridad de quienes se reincorporaron a la vida civil, aún más

ante la evidencia de que el fin de un conflicto armado no implica un cambio en las

representaciones sociales sobre el enemigo; lo que conlleva a la necesidad de evaluar los

sentidos que tiene para la población el tratamiento del pasado y los rituales de justicia

transicional. En este sentido, se requiere contribuir al desarrollo de una formación política

que desnaturalice la violencia y que visibilice no solo los hechos cometidos por los actores

armados sino también las prácticas de resistencia desarrolladas por las comunidades que

vivieron este flagelo (Mejía, 2018).

Bajo la premisa anterior, se desarrolla el presente proyecto investigativo, cuyo equipo

de investigación está conformado por una licenciada en psicología y pedagogía y un

psicólogo, quienes desde sus respectivos campos disciplinares y laborales se han visto

inmersos en proyectos sociales y comunitarios relacionados con el proceso de paz y procesos

de reconstrucción de memoria histórica. Así, desde la psicología y la pedagogía, el campo

39


social y educativo – entendidos como ámbitos en los que también se disputa el ejercicio del

poder (Murillo, como se citó en Murillo, 2017) – se convierten en escenarios privilegiados

para que, quienes históricamente han sido reprimidos y han generado acciones de resistencia

hacia el modelo dominante, puedan revertir la memoria oficial y consolidar su papel de

agencia frente al olvido, la impunidad o la perpetuación de los hechos.

Así, se busca que la educación deje de ser la herramienta a través de la cual se

transmiten patrones socio-culturales para convertirla en el derrotero mediante el cual se

afronte el cambio, se deconstruya la homogenización de pensamiento, se promueva la

enseñanza de la historia reciente y se generen alternativas estructurales desde lo cotidiano

que posibiliten la comprensión mutua, entendida desde Morín (1999) como una de las bases

más seguras al hablar de la educación para la paz.

De esta manera, el fortalecimiento de estos valores democráticos debe contribuir al

reconocimiento y visibilización de aquellos movimientos que reivindican a las víctimas y

resignifican los procesos de memoria; dado que la organización social alternativa y el

pensamiento disidente se convierten en mecanismos a través de los cuales resistir a la

“estética de lo atroz” y a la “ética de la crueldad” que, a través de dispositivos mediáticos,

educativos, culturales y políticos, han logrado instaurarse como una ideología dominante que

logra incorporarse al cuerpo de lo social (Barrero, 2011). En este sentido, los profesionales

de América Latina que ejercen dentro del campo educativo y social (como lo son psicólogos

y pedagogos) están llamados - tal y como señala Barrero (2011) - a contribuir a la liberación

de los pueblos y a la consolidación de una ética de la resistencia.

Ante el panorama social y político anteriormente expuesto, así como por la

pertinencia social y el deber disciplinar que se tiene para contribuir a la comprensión de este,

se hace necesario caracterizar los sentidos que están teniendo para las víctimas de violencia

40


política, las políticas de la memoria implementadas por el Estado colombiano y los procesos

sociales de reconstrucción de memoria impulsados por estas.

Problema de investigación

El análisis de los antecedentes permite evidenciar que existe una serie de tensiones en

torno a la revisión del pasado y su materialización en las políticas públicas de la memoria

implementadas por el Estado; cuyos ejes fundamentales pueden, de acuerdo con lo consultado,

clasificarse en

Memoria hegemónica versus memoria contra hegemónica. En primer lugar, se

evidencia una tensión entre los intereses de las víctimas del conflicto armado y lo ofrecido por

el Estado colombiano a través de leyes tales como la de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)

(Aguilar, 2018). Además, algunas víctimas consideran ilegítimos organismos como el GMH y

el CNMH, así como los informes emergentes de estos, en tanto estos representan la versión

oficial promovida por el Estado (Aguilar, 2018; Martínez y Silva, 2012).

En este sentido, las versiones de estas entidades resultan incompletas para las víctimas,

privilegiando la mirada de los victimarios (Sarnacki, 2017). Sumado a esto, se encuentra que –

tal y como lo señalan Arnoso y otros (2015), pese a que las víctimas sienten la necesidad de

hablar sobre el pasado, las políticas de la memoria resultan insuficientes para generar

condiciones que faciliten la emergencia de sus discursos; así, se requiere que estas se piensen

y se generen desde escenarios cotidianos (Reyes, 2015), que contribuyan al reconocimiento de

la responsabilidad social frente a los hechos de violencia (Herrera y Pertuz, 2016), a la

deslegitimación de los regímenes autoritarios (Ríos, 2017) y a la superación de una cultura del

miedo que facilite contextos de transición (Pipper, 2015).

41


Concepción de víctima. Las diferentes concepciones de lo que representa ser víctima

comprenden desde visiones basadas en la compasión hasta la reivindicación de las mismas

(Martínez y Silva, 2012). Por ejemplo, desde las perspectivas oficiales se han otorgado

definiciones cerradas frente a la noción de víctima, conceptualizando estas como actores

pasivos a quienes se les ha infringido un daño en contextos de violencia; lo que ha generado

una invisibilización de las mismas como sujeto histórico y de sus procesos de resistencia frente

a la construcción de memoria no hegemónica (Pipper y Montenegro, 2016), llegando incluso a

omitir a aquellas víctimas que sobrevivieron a los períodos de conflicto (Pipper y Hevia, 2015).

Además, tal y como señala Vera (2014), la configuración misma de los movimientos de

víctimas resulta contrarias a las conceptualizaciones homogéneas del Estado colombiano.

Contradicciones entre el manejo estatal de la memoria. Existen incongruencias entre

los contenidos de los informes presentados por organismos estatales como el grupo GMH y la

forma en la que estos han sido abordados por funcionarios públicos, quienes – en el momento

de presentación de los mismos, por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez -

distorsionaron sus hallazgos (Verá, 2014). Esto, sumado al hecho de que informes como los

del GMH (que ponen en evidencia la multiplicidad de las formas y sujetos de victimización)

sean contradictorios a las declaraciones dadas por otras entidades como la CNRR, pone en

evidencia, tal y como se señaló en los antecedentes, que no existe dentro del mismo Estado una

única versión frente a la caracterización de la categoría víctima (Vera, 2014) ni en torno al

carácter de la guerra en Colombia, en tanto que no existe un consenso frente a si esta es

producto de un conflicto armado o a una amenaza terrorista (Olave, 2012).

Disputas por la memoria entre movimientos de víctimas. Tal y como refleja la

investigación desarrollada por Vera (2014), la memoria como campo de tensión no solo se

presenta entre el Estado y los movimientos de víctimas sino también entre y al interior de estos

42


últimos, los cuales difieren tanto en las intencionalidades de su accionar político (enmarcado

ya sea por la búsqueda de justicia o de transformación de la cultura política), como en los

mecanismos para alcanzar estas, las funciones de la memoria y los responsables de la violencia.

Representaciones sobre los actores del conflicto. Estudios como el desarrollado por

Rubio y Vera (2018) evidencian que, pese a que la sociedad civil presenta una actitud favorable

hacia el proceso de paz, existen aún imaginarios y desaprobación hacia quienes se han

reincorporado a la vida civil. Asimismo, estos últimos – tal y como lo señalan Suárez y otros

(2013) continúan presentando, pese a la desvinculación del conflicto, actitudes que reflejan una

tendencia hacia la deshumanización y destrucción de quienes socialmente han construido como

su enemigo, estando este último encarnado en ocasiones por la sociedad civil.

Pregunta problema de investigación

Ante las tensiones evidenciadas y el auge de los procesos sociales de reconstrucción de

memoria histórica tras el reconocimiento estatal del conflicto armado, es necesario preguntarse

¿Cuáles son los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política los procesos sociales

de reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria incluidas en la

ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera?

Objetivos

Objetivo general.

Comprender críticamente los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política

los procesos de reconstrucción social de memoria histórica y las políticas públicas de memoria



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Objetivos específicos.

Generar narrativas junto con víctimas de violencia política en torno a los sentidos que

tienen para estas los procesos de reconstrucción social de memoria histórica y las políticas

públicas de memoria incluidas en la ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Comprender las experiencias de víctimas de violencia política frente a los procesos de

reconstrucción social de memoria histórica y las políticas públicas de memoria incluidas en la

ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera.

Analizar las relaciones que existen entre los sentidos construidos en torno a las prácticas

de reconstrucción social de memoria histórica desarrolladas por víctimas de violencia política

y los sentidos construidos en torno a las políticas públicas de memoria incluidas en la Ley 1448

y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y

Duradera.

Marco Teórico

Conceptualizaciones en torno a la violencia en Colombia.

Teniendo en consideración que no existe un consenso en torno al carácter del conflicto

que se ha vivido en Colombia, así como que cada una de las definiciones otorgadas al mismo

implica una serie de consecuencias socio-culturales y jurídicas, se presenta a continuación

algunas de las categorías con las que se ha buscado conceptualizar el mismo; estas son

“conflicto armado interno”, “terrorismo”, “guerra contra el terrorismo”, “terrorismo de

Estado”, “guerra civil”, “guerra contra la sociedad”, “guerra ambigua”, “violencia política” y

“violencia social-política”. El abordaje de estas no pretende ser una revisión exhaustiva de las

44


mismas ni agotar el debate en torno a la categoría más apropiadas para definir dicho fenómeno;

por el contrario, su objetivo es contextualizar las múltiples perspectivas con las que se ha

conceptualizado la violencia en Colombia.

Conflicto armado interno.

De acuerdo con Uprimmy (2005), existen dos perspectivas a partir de las cuales se ha

buscado definir lo que es un conflicto armado interno (también denominado como conflicto

armado no intencional); estas son los análisis de las ciencias sociales y la del Derecho

Internacional Humanitario (DIH).

Frente a la primera de estas, destacan las bases de datos desarrolladas por el grupo

“Correlates of War Project” (COW) de la Universidad de Michigan, así como aquellas

elaboradas por la Universidad de Uppsala y el “Peace Research Institute Oslo” (PRIO), las

cuales coinciden en señalar que para hablar de la existencia de un conflicto armado interno es

necesario: a) que este supere cierta intensidad y genere un número determinado de víctimas

(mil muertos (al menos 5% de estos por el actor armado más débil), según el proyecto COW y

25 muertos por año según el proyecto de Uppsala y PRIO); b) que la violencia esté

relativamente organizada (lo que implica la existencia de combates entre los actores); c) que

quienes enfrenten al Estado cuenten con una estructura militar básica y; d) que esta permita

una resistencia armada durante cierto tiempo (Uprimmy, 2005).

La perspectiva del DIH, por otro lado, parte principalmente del tercer artículo de los

Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977. De acuerdo con Uprimmy (2005),

según estos puede hablarse de conflicto armado cuando existen “(i) enfrentamientos entre el

Estado y actores armados disidentes, siempre y cuando estos tengan (ii) mando responsable y

(iii) control territorial suficiente para realizar operaciones militares y (iv) aplicar las normas

humanitarias” (p.7).

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Estos criterios de acuerdo con Uprimmy (2005), sustentarían la existencia de un

conflicto armado interno en Colombia, dado que dentro del territorio se presenta una serie de

combates bélicos en los que “participan actores que se enfrentan al Estado” (p. 6). Sumado a

esto, el número de muertes asociadas a los mismos ha excedido con creces el mínimo

establecido dentro de los criterios. Esto sin dejar de lado que dichos actores cuentan con una

estructura jerarquizada (por ejemplo, la existencia de un Secretariado dentro de las FARC) y

con una presencia territorial importante que les permite realizar operaciones militares

concertadas y sostenidas y, por ejemplo, tener a una cantidad significativa de personas

secuestradas. En este sentido, se contaría con la capacidad suficiente para aplicar normas

humanitarias (Uprimmy, 2005).

Terrorismo y guerra contra el terrorismo.

De acuerdo con Giraldo (1997), en el momento en que la acción militar desborda o

infringe las normas de guerra, perdiendo su carácter discriminado, se debe hablar de terrorismo.

En palabras del autor:

“resbalarse por la pendiente de la no distinción entre combatientes y no

combatientes; utilizar instrumentos bélicos cuyo efecto pueda afectar objetivos no

militares; adoptar métodos de combate que vayan más allá de la búsqueda de una

ventaja militar e incursionen en los campos de destrucciones inútiles o de la crueldad,

son comportamientos todos que, al salirse de los cauces convencionales de la guerra,

producen sobre la fracción que no está en la guerra un efecto de terror” (p. 2)

El terror, por lo tanto, es ante todo un estado psicológico que trasciende al miedo pues

no se limita a la ambigüedad de lo desconocido sino que comprende una reacción ante una

violencia (sin fronteras precisas) que amenaza con destruir “los valores más esenciales del ser

humano: vida, integridad y libertad” (Giraldo, 1997, p.3).

En este sentido, el terrorismo comprendería un punto de vista objetivo (concerniente al

no seguimiento de las normas del “Derecho a la guerra”) y otro subjetivo (la generación de

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miedo intenso en las personas) (Giraldo, 1997). No es de extrañar entonces que, de acuerdo

con el autor, el terror se convierta (dada su capacidad para destruir, modificar o cohibir

dimensiones de la vida personal y social) en un instrumento político orientado hacia la

dominación y el control social.

De acuerdo con Pizarro (2002), en Colombia se ha hablado también de una “guerra

contra el terrorismo”, especialmente tras el atentado contra las torres gemelas y las posteriores

declaraciones del entonces Secretario de Estado, Colin Power, quien se refirió a las FARC, al

ELN y a las AUC como organizaciones con la capacidad potencial de afectar los intereses

globales de Estados Unidos. Así, de acuerdo con el autor, pese a que tanto las AUC podrían ser

catalogadas como una organización terrorista (dada la ejecución de masacres colectivas como

método predilecto de acción), así como las FARC y el ELN (las cuales han evolucionado hacia

estas con la incorporación del secuestro, el asesinato fuera de combate y el desplazamiento

forzado), a su accionar subyace también una dimensión política que no podría limitarla a meras

expresiones de terrorismo.

Giraldo (1997), distingue dos tipos de terrorismo: un terrorismo de Estado (sobre el cual

se profundizará más adelante) y un terrorismo de agitación. El segundo de estos, de acuerdo

con el autor, es practicado por grupos opuestos al Statu quo que, separados de las masas, hacen

del miedo el mecanismo a través del cual construir simbólicamente su poder; para esto, el

objetivo del terrorismo (la víctima) “ya no es necesariamente el enemigo, sino alguien que

pueda producir el efecto de miedo intenso en la sociedad” (Giraldo, 1997, p.6). De acuerdo con

el autor:

“el objetivo puede ser la desestabilización general de un régimen, la creación de

un caos generalizado en un modelo de sociedad que se quiere repudiar, o la obtención

de fines puntuales, como por ejemplo: impedir eventos, rescatar rehenes, vengar una

muerte, obtener dinero, forzar decisiones, etc.” (p.6).

47


Este tipo de terrorismo constituye, de acuerdo con Giraldo (1997), una guerra efectiva

y barata, pues puede ser llevada a cabo por grupos pequeños. Además, según el autor, este

puede ser generado tanto por mecanismos de represión que hacen inviable otras formas de

protesta social como por respuesta a otro tipo de terrorismo: el terrorismo de Estado.

Para el caso de Colombia, de acuerdo con Santos (2019), la negación del conflicto

armado fue una doctrina implementada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien sostenía

que, en lugar de un conflicto de esta índole, en Colombia existía una amenaza terrorista. Las

premisas que sustentaban dicha doctrina se centraban en que: a) al ser Colombia una

“democracia sólida” y un Estado de derecho, el levantamiento en armas contra el Estado no

constituía un acto de subversión sino de terrorismo; b) tras la caída del muro de Berlín pierde

sentido la justificación política de guerrillas proclamadas como comunistas y; c) los daños que

las acciones de las guerrillas habían provocado sugería que no solo había un enfrentamiento

contra el Estado sino una amenaza hacia la población civil. Vale la pena resaltar que estas

premisas se dieron en el marco de una coyuntura internacional que favoreció su aceptación: la

lucha contra el terrorismo impulsada por el gobierno de Estados Unidos tras el atentado a las

Torres Gemelas y la inclusión de las FARC en la lista de terroristas de la Unión Europea.

La negación del conflicto armado, no obstante, no solo no reconocía que las FARC

constituían un verdadero ejército irregular con un sustento ideológico y una serie de

reivindicaciones sociales y económicas sino que cerraba también la posibilidad de una salida

política al mismo (salvo para pactar su rendición) y la exigibilidad a la contraparte del Estatuto

de Roma, la Jurisdicción Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario; en el

cual se comprende el protocolo II de los Convenios de Ginebra, con cuyas normas se pretende

humanizar el conflicto y reconocer los derechos de las víctimas del mismo. La doctrina de

negación del conflicto armado implicaba reconocer únicamente como víctimas a quienes

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habían sufrido actos terroristas, lo que conllevaba el riesgo de dejar fuera de esta categoría a

quienes habían sido victimizados por otros actores diferentes a la guerrilla; entre ellos los

grupos paramilitares y el Estado (Santos, 2019). El reconocimiento del conflicto armado sirvió

de ante-sala para los Acuerdos de Paz de la Habana, firmados en el 2016 por el Estado

Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Terrorismo de Estado.

En Colombia, de acuerdo con Giraldo (1997), el término “terrorista” ha adquirido una

relevancia cada vez mayor dentro del lenguaje gubernamental, llegando a reemplazar el

término “comunista” con el que se denominaba indiscriminadamente a aquellas posiciones

ideológicas contrarias al Statu Quo (incluso, señala el autor, a este se le ha añadido en diversas

ocasiones el pre-fijo “narco” para justificar la represión hacia dichas ideologías y obtener, en

el ámbito internacional, apoyo monetario). El uso del término, no obstante, no se limita a

Colombia sino que fue utilizado en manuales de entrenamiento del Comando Sur y de la

Escuela de las Américas, en donde se formó una cantidad significativa de militares

latinoamericanos; muchos de ellos colombianos.

En este sentido, “la calificación de “terrorista”, utilizada inadecuadamente, se ha

convertido en uno de los medios de hacer terrorismo” (Giraldo, 204, p.5), pues se ha constituido

como un medio de subyugación ideológica de la sociedad. En palabras del autor, este ha

permitido:

“descalificar irracionalmente a los movimientos sociales de oposición política o

de insurgencia frente al statu quo, y de legitimar contra ellos formas de represión

extralimitadas, que no hacen sino restringir cada vez más los canales democráticos y la

vigencia de los derechos humanos, hasta producir desesperos que desembocan en

verdadero terrorismo” (p. 5).

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El Terrorismo de Estado, no obstante, no se limita – de acuerdo con Giraldo (1997) - a

la estigmatización o persecución hacia movimientos alternativos, sino también a la conducción

del conflicto o la amenaza de los derechos. En palabras del autor:

“el Terrorismo de Estado se da cuando el Estado mismo se convierte en agente

de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin ceñirse a

las normas del “Derecho a la Guerra”, ya sea porque a través de sus estructuras,

procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los derechos fundamentales: vida,

integridad o libertad de sus ciudadanos, creando campos ambiguos donde la seguridad

o el riesgo están sometidos a la arbitrariedad, o señalando campos de riesgo no

ambiguos pero inspirándose en principios irracionales o anti-éticos” (Giraldo, 1997,

p.7).

Frente a la conducción del conflicto, las violaciones más frecuentes a través de las

cuales el Estado ejerce el terrorismo son: a) la no distinción entre combatientes y no

combatientes, mediante la cual la población civil, sus zonas de residencia o de trabajo o sus

medios de subsistencia se convierten en blanco de ataque (para esto, se suele aludir a que los

combatientes se camuflan entre la población civil y/o al “principio de responsabilidad

colectiva” de la comunidad sobre la presencia de actores irregulares; así como el hacer pasar

por combatientes a miembros de la población civil) y b) el trato indigno o cruel al ser humano,

a través del cual se ejerce un exceso de fuerza contra el enemigo, recurriendo a la tortura, a los

tratos inhumanos, a la desaparición forzada, a las ejecuciones extrajudiciales y a la negación

de los derechos procesales (Giraldo, 1997).

En cuanto a las expresiones estructurales, institucionales y sistémicas del terrorismo de

Estado, Giraldo (1997), resalta: a) la adopción de ideologías o doctrinas que, aunque no son

reconocidas explícitamente, orientan acciones de terror (entre estas, la “Ideología de Seguridad

Nacional” en la que se mantiene que los métodos para la destrucción del enemigo no deben

ceñirse a “obstáculos” éticos o humanitarios o la exaltación o satanización de posiciones

ideológicas, políticas o sociales que legitimen las modalidades de represión); b) el

paramilitarismo (que en Colombia, de acuerdo con el autor, se constituye en una política de

50


Estado); c) “La Justicia sin Rostro” (en la que el “enemigo” es privado de las garantías

procesales); y d) la impunidad.

Frente al ámbito nacional, Giraldo (1997), señala que:

“Mecanismos como el fuero militar; como el control político de la Justicia; como

la concentración de poderes discrecionales en un Fiscal General que hace depender la

administración de justicia de sus opciones, ideología, intereses, solidaridades o

preferencias en la persecución de sólo determinadas formas de criminalidad; como la

no adopción en la legislación interna de tipos y procedimientos penales internacionales

que miran a proteger el núcleo esencial de la dignidad humana; como la carencia de

controles o veedurías en la conducción del conflicto interno, así como los

numerosísimos mecanismos "de facto" que protegen a los victimarios de toda

investigación y sanción, mecanismos todos que en Colombia mantienen el nivel de

impunidad de los Crímenes de Estado en tasas muy cercanas al 100%, constituyen en

lo concreto ese campo institucional y estructural de alto riesgo permanente que cerca

los valores humanos de vida, integridad o libertad” (p.11)

Contrario a esta posición, autores como Pécaut (2015), señalan como necesario matizar

este término en el caso colombiano. Al respecto, señala:

“El régimen colombiano no tiene en ningún momento el aspecto de un régimen

totalitario y ni siquiera el de un régimen totalitario comparado con los que han hecho

estragos en los países del Cono Sur. Como lo prueban los cambios constitucionales

realizados por la Constituyente de 1991, procedimientos democráticos sigue vigente.

Por graves y frecuentes que hayan sido los atentados contra el aparato judicial nunca lo

ha han llevado a una subordinación completa con respecto al ejecutivo: las

investigaciones y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia durante los mandatos

de Álvaro Uribe nos ofrecen la prueba, al igual que muchas de las decisiones de la Corte

Constitucional, entre ellas la decisión de rechazar la posibilidad de un tercer mandato

de Álvaro Uribe. De la misma manera, si bien los crímenes perpetrados por la Fuerza

Pública siguen impunes, el hecho de que más de 5.000 de los miembros de esta fuerza

sean objeto de investigaciones y, en algunos casos de condenas, entre ellos generales

conocidos, aun con un conflicto armado vigente, muestra una diferencia enorme con lo

que ocurrió en los regímenes autoritarios, incluso después del retorno de la democracia”

(p.42).

Pese a que la postura asumida dentro del presente proyecto no se acoge a la perspectiva

del terrorismo de Estado como el concepto explicativo de la violencia en Colombia, se reconoce

que ha habido una democracia restringida dentro del contexto nacional en la cual el Estado ha

perpetuado y/o facilitado violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional

Humanitario, ya sea como autor directo o indirecto de las mismas o como no garante de la

51


protección e integridad de las comunidades. No es de extrañar entonces, como se identificó en

los antecedentes, que el Estado tenga unos intereses particulares sobre el uso y la

reconstrucción de la memoria histórica; y que las víctimas, organizadas o no, busquen hacer de

la misma un instrumento para visibilizar al Estado como responsable frente a los hechos de

violencia.

Guerra contra la sociedad.

De acuerdo con Pizarro (2002), algunos analistas (entre los cuales incluye a Daniel

Pécaut y a Eric Laur) se han referido al conflicto colombiano como una “guerra contra la

sociedad”, conceptualizando esta como “una guerra de minorías contra el conjunto de la

sociedad” (p. 173). No obstante, de acuerdo con el autor, el uso de esta (pese a que enfatiza el

ataque sistemático contra la población civil), desconoce la dimensión política que subyace a la

misma y reduce el conflicto a uno solo de los elementos que lo componen: el uso del terror

para el control territorial.

Guerra ambigua.

La reducción del conflicto a uno solo de sus elementos y el desconocimiento de su

dimensión política ocurre también con el concepto de “guerra ambigua”, el cual fue utilizado

en el marco del debate sobre el Plan Colombia para ilustrar al gobierno estadounidense y al

Congreso en Washington, que el conflicto armado colombiano había logrado subsistir gracias

a la dependencia entre el tráfico ilegal de drogas, la guerrilla y los paramilitares (Pizarro, 2002)

Guerra civil.

Según Pizarro (2002), “una guerra civil es un enfrentamiento entre dos o más segmentos

de la población, claramente identificables en función de su raza, religión, cultura, religión o

ideología” (p. 171). En este sentido, para poder hablar de la existencia de una guerra civil es

52


necesario que exista: a) al menos dos proyectos de sociedad antagónicos; b) una polarización

nacional en torno a estos; y c) una soberanía fragmentada en el territorio ejercida por los actores

defensores de dichos proyectos. Los dos primeros de estos criterios fueron postulados por

Uricoechea (2000), mientras que el tercero constituye un elemento añadido por Pizarro (2002).

En Colombia, de acuerdo con Pizarro (2002), sería equívoco hablar de una guerra civil

puesto que, pese a que las guerrillas aluden representar a los sectores populares víctimas del

sistema capitalista y las AUC a las clases medias y a las élites afectadas por la guerrilla, estas

no cuentan con un apoyo significativo por parte de la población y, aquellas bases sociales de

apoyo que poseen ambos bandos no corresponden a una identidad de intereses o visiones

compartidas.

Por otra parte, pese a que en algunos territorios estos actores han reemplazado al Estado

y ejercido funciones como el cobro de impuestos, garantías de seguridad y protección o

funciones judiciales, estos no cuentan con un apoyo diplomático internacional, un apoyo social

interno, una expansión territorial, recursos o número de militantes que permitan hablar de una

“soberanía escindida” (Pizarro, 2002).

Violencia política.

De acuerdo con el informe “Panorama de Derechos Humanos Noche Niebla y Violencia

Política en Colombia”, elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

(2019), la violencia política es:

“aquella ejercida como medio de lucha político social con el fin de

mantener, modificar, sustituir o destruir el modelo de Estado o de sociedad, o

también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la

sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa,

cultural o ideológica, esté o no organizado” (CINEP, 2019, p.5).

53


Este tipo de violencia puede ser por tres agentes: el Estado o grupos que actúen bajo su

aprobación y/o sustento; grupos insurgentes que luchan en contraposición del Estado o la

organización que en determinado momento lo represente; y grupos ajenos a estos dos primeros

agentes quienes motivados por aspectos ideológico-políticos emprenden acciones en contra de

organizaciones, grupos, movimientos o individuos que no compartan su postura.

Cuando este tipo de violencia es ejercida por el primer agente, el Estado, todas las

acciones que a partir de allí se generen se tipifican como Violación a los Derechos Humanos,

en tanto es condición para recibir este carácter, la autoría estatal a través de diversas formas: la

intervención de manera directa o a través de una agente que ejerza una función pública; la

aprobación, auspicio o apoyo a particulares; o el desconocimiento de los deberes de garantías

y protección que como Estado debe asegurar a los ciudadanos:

“Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia

cualquiera en una violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y

por el otro la materia. Si el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y

si el derecho violado es alguno de los consagrados en los pactos internacionales

de Derechos Humanos, entonces, el acto de violencia se constituye en una

violación de derechos humanos”. (CINEP, 2019, p.6).

Si por el contrario, el autor de la vulneración es un grupo insurgente, “la violencia se

ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica como Acciones Bélicas (mejor

conocidas como acciones legítimas de guerra). Además, al apartarse de las normas que regulan

los conflictos armados se tipifica como Infracción al Derecho Internacional Humanitario”

(CINEP, 2019, p.5). Ahora bien, cuando los artífices son grupos o personas ajenas al Estado y

la insurgencia, las acciones desde allí emprendidas son denominadas como “Violencia Político-

Social”.

54


Concepto de violencia político-social.

Se define como violencia político-social “aquella ejercida por personas, organizaciones

o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o

por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores

sociales, estén o no organizados” (CINEP,2019, p.7). Las razones de surgimiento y ejecución

de este tipo de violencia obedecen a motivaciones de orden político o de “intolerancia social”

bien sea por las características o actividades de la víctima, intención explícita del victimario,

contextos espaciales o temporales, entre otras circunstancias, según lo afirma la fuente de

referencia.

A diferencia de la violencia política, en este tipo de prácticas no se reconoce ni es

posible comprobar la intervención de un autor estatal o paraestatal. En consecuencia, una de

sus principales discrepancias en relación con el concepto anterior es que aquí al poseer este

carácter de anonimato frente a los autores de dichas prácticas, no es posible otorgar el carácter

de violación a los Derechos Humanos, dada la condición resaltada en líneas anteriores.

Cabe mencionar, que al interior de esta categoría cuando se hace referencia a autores

no estatales, se deja de lado el accionar de los grupos insurgentes, a excepción del secuestro y

los hechos de intolerancia social, puesto que sus demás prácticas son consideradas como graves

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o como acciones bélicas, lo que no

invisibiliza el hecho de que sus fundamentos sean netamente de índole político. (CINEP, 2019).

Tras la contextualización de algunos de los términos que han sido empleados para

conceptualizar la violencia en Colombia, vale la pena resaltar que las categorías de terrorismo,

guerra contra el terrorismo y guerra contra la sociedad permitieron vislumbrar el

involucramiento y las afectaciones de actores no armados (en este caso, la sociedad civil) a

través de acciones violentas encaminadas a la generación de una cultura del terror que facilitase

55


el control y la dominación de la población por parte de un grupo irregular. A estas perspectivas

se añade el de “guerra ambigua”, la cual visibiliza como otros fenómenos como el narcotráfico

se han convertido en una fuente de sustento del accionar terrorista.

Por el contrario, el terrorismo de Estado reconoce el involucramiento de aparatos

estatales, institucionales y estructurales en la generación y consolidación de hechos de

violencia, siendo estos los principales responsables. En consecuencia, las expresiones

emergentes de terrorismo referidas en la primera categoría serían una respuesta al accionar

estatal y no la causa del mismo. En este orden, el principal aporte de esta categoría sería la

visibilización de los actores oficiales dentro de la consolidación y perpetuación de la violencia.

Si bien las categorías de terrorismo, guerra contra el terrorismo, terrorismo de Estado y

guerra contra la sociedad enfatizan en el accionar de uno solo de los actores de la violencia; el

concepto de guerra civil comprende el reconocimiento de dos o más actores que, al tener

ideologías antagónicas, se disputan el establecimiento de un determinado modelo de sociedad.

Dicha perspectiva constituye una aproximación a la comprensión de los factores políticos que

subyacen a la violencia.

Ahora bien, el conflicto armado interno ofrece unos criterios que permiten que las

acciones cometidas en el marco de la violencia se ciñan a acuerdos y marcos internacionales

desde los cuales se hace posible no solo una salida política a lo que desde aquí se define como

conflicto, sino también la humanización de los hechos de violencia y la ampliación del

concepto de víctima, reconociendo también a aquellas que lo son por el accionar de otros

grupos como los paramilitares y el Estado.

El presente proyecto investigativo comparte la perspectiva de la violencia social-

política en cuanto a que reconoce el carácter multidimensional desde el cual define la violencia,

no obstante, dado que se parte del supuesto de que existen autores identificables en torno a gran

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parte de los hechos victimizantes ocurridos en el marco de la violencia, se adscribe dentro de

la perspectiva de que en Colombia existe una violencia política; lo anterior dado que esta, a

diferencia de la primera, permite el reconocimiento de actores tanto estatales como particulares

organizados o no organizados como de las formas de violencia que desde allí emergen, las

cuales no se limitan a las acciones bélicas, sino que implican también violencias de tipo

simbólico y estructural para cuya comprensión se hace necesario exponer a groso modo el

tránsito de lo que ha sido la violencia en Colombia. Cabe aclarar, que dada la falta de un

consenso que permita definir el tipo de violencia y sus transformaciones, en el presente

documento se nombra la misma a partir de las diferentes categorías ya mencionadas; lo anterior

en función del autor que se esté abordando.

Contextualización de la violencia en Colombia.

Bajo la premisa de que toda afirmación con respecto al conflicto armado colombiano

es parcial y se enuncia en el marco de un debate que podría extenderse a décadas, Gutiérrez

(2015), sostiene que Colombia ha vivido dos grandes oleadas de guerra civil: una conocida

como La Violencia (que comprendería el periodo comprendido entre 1940 y 1960) y otra que

podría ser conceptualizada como una guerra (contra) insurgente, la cual comenzaría en la

década de 1960 y se extendería hasta la actualidad.

Con el fin de ilustrar el primero de estos períodos y sus antecedentes, se tomará como

base el documento “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)” de Alfredo

Molano (2015), mientras que para el segundo de estos se retomará el ensayo “¿una historia

simple?” de Francisco Gutiérrez (2015). Asimismo, con el fin de exponer algunas de las

implicaciones socio-culturales que han tenido ambos periodos y cómo estos han facilitado la

perpetración de un modelo social que favorece a determinadas élites, se expondrán algunas de

las consideraciones de Pécaut (2015) y de Giraldo (2015) (los cuatro ensayos hacen parte del

57


Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), desarrollado en el

marco del proceso de Paz de la Habana). El abordaje de estos documentos busca ofrecer una

contextualización sobre las causas y el mantenimiento del conflicto armado colombiano. No

obstante, en ningún momento es intención del equipo investigador determinar las mismas u

ofrecer un análisis a profundidad sobre la violencia.

De acuerdo con Molano (2015), entre 1922 y 1929, en el marco de la “Prosperidad a

debe” (acuñada así por López Pumarejo), en Colombia se crea una red de ferrocarriles y una

serie de fábricas; como consecuencia, se da una migración a las ciudades producto de que el

valor del jornal de los obreros era veinte veces mayor al de los campesinos. Por otra parte,

durante este periodo, el precio del café se duplicó y con él su cultivo, condiciones que

impulsaron la colonización campesina en tierras baldías y tensiones en las haciendas en las que

no se tenía título de propiedad.

Pese a esto, en 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York el consumo de café en

Estados Unidos descendió y con este también el número de exportaciones, el crédito externo y

la inversión pública. Durante esta crisis (que se extendió hasta 1932), muchos obreros

regresaron al campo “bajo las formas de aparcería, colonato y arrendamiento, y otros a ocupar

baldíos” (Molano, 2015, p. 6). Con la Ley 83 de 1931 se dio derecho a la asociación sindical a

los campesinos y con esta se dieron una serie de huelgas por parte de estos.

Durante este periodo, en el plano político se gestaba una violencia bipartidista entre

conservadores y liberales; los primeros – en cabeza de Laureano Gómez – habían decretado un

abstencionismo que permitió el triunfo del liberalismo, el cual había gestado la creación de una

policía cívica; ante esto, los conservadores respondieron con la consolidación de grupos

armados apoyados por figuras de la Iglesia Católica. Dicho enfrentamiento tendría fuerte

58


relación con el conflicto agrario, que se intensificaría tras el final de la Segunda Guerra

Mundial, con el aumento del precio del café (Molano, 2015).

Dentro del conflicto bipartidista, la Iglesia Católica Colombiana tuvo un papel

fundamental, especialmente por su enorme influencia sobre el aparato político producto de la

Constitución de 1886. Así, pese a que con el expresidente Olaya Herrera esta no presentó

altercados relevantes, con López Pumarejo (quien creía en la separación entre la Iglesia y el

Estado), la relación fue conflictiva; como consecuencia, la Iglesia creó la Acción Católica y el

Congreso Eucarístico Bolivariano, con el cual se pretendía hacer frente al liberalismo. En dicho

Congreso, la Iglesia condenaba la separación entre la Iglesia y el Estado, el divorcio, la

separación de poderes y el matrimonio civil; además, haciendo un llamado a la violencia,

declaró estar dispuesta al derramamiento de sangre con tal de defender sus ideales. Esto,

sumado a la condenada al comunismo, selló una alianza entre el conservatismo y una Iglesia

con tendencia falangista (Molano, 2015).

Al respecto de esta tendencia falangista, vale la pena resaltar que, de acuerdo con

Molano (2015), las dos guerras mundiales influyeron en la violencia bipartidista; por el lado

del conservatismo, algunos representantes del mismo se sintieron identificados con el fascismo

español y el nazismo alemán, mientras que, por el lado del liberalismo, se tomaría la figura de

la función social de la propiedad promulgada en la Constitución Española de 1931.

Finalmente, tras un fallido golpe de Estado por parte de las Fuerzas Militares, López

Pumarejo renunciaría a la Presidencia, siendo posteriormente elegido Alberto Lleras y, tras él,

Ospina Pérez (quien es definido por Molano (2015), como “el caballo de Troya de Laureano”

p. 12). Durante el gobierno de Ospina se pretendió, con el fin de imponer un orden social acorde

con el partido, la conservatización de las Fuerzas Armadas y de la Policía; política frente a la

cual el liberalismo propuso que la Policía quedase bajo la jurisdicción del Congreso (en donde

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estos eran mayoría). Como consecuencia, el Ministerio de Defensa, declaró que el Gobierno

“se defendería a “sangre y fuego” contra la propuesta liberal de cambiar la potestad del mando

sobre la Policía Nacional” (p. 13). Para este momento (finales de 1947), el número de muertos

– que ascendería gravemente – era de aproximadamente 14,000 personas. Tras esto, la violencia

en los campos se generalizó.

Con el asesinato en 1948 del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán se desató una ola de

violencia en todo el país que llevó a la extensión de guerrillas liberales; las reacciones de los

liberales sirvieron de base para que toda protesta fuese tomada como un atentado contra el

orden. De acuerdo con Molano (2015) “se quería llevar al liberalismo a las armas para, como

sucedió a partir de 1948, derrotarlos con las armas oficiales. Un genocidio que nunca ha sido

reconocido” (p.13).

En el año 1953, cinco años después, el número de guerrilleros oscilaba entre 40,000 y

55,000 hombres, mientras que el de las Fuerzas Armadas no superaba las 25,000 personas

(Ramsey, como se citó en Molano, 2015). Laureano Gómez (quien había sucedido a Ospina

Pérez y quien se encontraba temporalmente fuera del poder; siendo delegado para el cargo

Urdaneta Arbeláez) buscó el apoyo de Estados Unidos para superar el conflicto (lo que explica

el envío de tropas colombianas a Corea); como consecuencia, EEUU no sólo apoyó al partido

conservador sino que también envió armamento al gobierno; no obstante, alegando que un

sistema democrático era incapaz de hacer frente a la amenaza comunista, Laureano propuso la

creación de “un sistema autoritario encabezado por un presidente todopoderoso” (Parsons,

como se citó en Molano, 2015, p. 27). Ante esto, el liberalismo y buena parte del conservatismo

pactaron un golpe militar encabezado por Rojas Pinilla.

Con Rojas Pinillas, se dio una entrega de las guerrillas a cambio de garantías políticas;

por lo que durante pocos meses después de su mandato el número de estas se redujo

60


significativamente. No obstante, poco después este mostró una fuerte tendencia anticomunista

y una admiración por Franco, impulsado la censura de la prensa y una ley anticomunista que

molestó al liberalismo. Además, Rojas Pinilla estableció operaciones militares en el Sumapaz,

Cabrera, Cunday, Villarica y Melgar que, de acuerdo con él, tenían como fin una “limpieza”

contra el comunismo. Algunas de estas zonas se convirtieron en centros de concentración de

prisioneros y otras de refugio civil fueron bombardeadas; como consecuencia, se emprendió

un éxodo que reactivó el surgimiento de guerrillas. Progresivamente, Rojas Pinilla fue

perdiendo respaldo (Molano, 2015). La Violencia en el Tolima durante la década de 1950 fue

particularmente sangrienta; como forma de supervivencia, la gente durmió en el monte y se

dieron focos de resistencia armada.

En la década de 1960, se daría el Frente Nacional (FN) en el que los dos partidos se

turnarían el poder; el primero de los presidentes del FN sería Lleras Camargo, quien solicitó

ayuda a los Estados Unidos para controlar la violencia; como consecuencia, se implementó en

Colombia el Plan Lasso que – inspirado en la doctrina de Seguridad Nacional – buscaba

liquidar a los líderes de los movimientos rebeldes. Tras la muerte de Charronegro (quien era

presidente de la Unión Sindical de Agricultores de Tolima y Huila tras la transformación de las

guerrillas de autodefensa en movimientos agraristas), Marulanda (uno de los líderes de la

guerrilla) volvería a las armas y, en Marquetalia, en el año 1961 y durante una conferencia de

autodefensas, procuraría la extensión de los grupos armados. Como respuesta, el gobierno – en

cabeza de León Valencia – bombardeó el comando de Marulanda; no obstante, la guerrilla

logró movilizarse al Cauca (Molano, 2015).

En 1964, la guerrilla adoptaría el Programa Agrario de 1964 como bandera de lucha y,

un año más tarde, en mayo de 1965, fundaría las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (1964), en donde es elegido Manuel Marulanda como comandante de las mismas.

61


De esta manera, “el movimiento guerrillero dejaba de ser una fuerza regional defensiva para

convertirse en un ejército cuyo objetivo era la toma del poder” (Molano, 2015, p.40). Al

nacimiento de esta guerrilla se sumaría la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado

por estudiantes que becados por la revolución cubana, recibieron entrenamiento militar para

regresar a Colombia a organizar un grupo guerrillero; el cual fue inicialmente nombrado como

“Brigada José Antonio Galán”.

En este sentido, frente a la guerra (contra)insurgente (en la cual enfatiza el autor),

Gutiérrez (2015) sostiene que en los primeros años de la década de 1960, se crearon en toda

América Latina una serie de grupos insurgentes de inspiración marxista que – inspirados en

discursos provenientes de la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba - actuaron desde el

aislamiento territorial. La mayoría de dichas insurgencias en América Latina, no obstante,

desaparecieron prontamente; contrario a lo ocurrido en Colombia no solo sobrevivieron sino

que también llegaron a representar una amenaza real para la institucionalidad, convirtiéndose

esta confrontación en el conflicto nacional más prolongado del mundo.

Gutiérrez (2015), señala que otros países atravesaron también transiciones abruptas

hacia el neo-liberalismo y que, si bien el Frente Nacional implicó una serie de limitaciones

significativas para el ejercicio democrático, estas no eran mayores a las presentadas en el resto

de América Latina; por lo que la persistencia del conflicto armado en Colombia requiere de un

análisis frente a su especificidad. Entre estos factores específicos, el autor resalta a) destrezas

y personal; b) la inequidad construida a través de la asignación política de los derechos de

propiedad; c) cierres políticos y; d) sistema político clientelista/localista.

Frente al primero de estos factores (destrezas y personal), Gutiérrez (2015) señala que

en Colombia la experiencia guerrillera tenía una importante tradición producto de las prácticas

extendidas en La Violencia, por lo que las regiones, especialmente aquellas que contaban con

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bases sociales campesinas, se encontraban dispuestas a articularse y a apoyar fuerzas ilegales

contrarias al Estado. En este sentido, la guerra de guerrillas no había sido aprendida de

manuales comunistas sino de la experiencia en el terreno y la combinación de “todas las formas

de lucha” no había sido una invención de grupos ideológicos, sino “la adopción de una práctica

ya extendida” (Sánchez, como se citó en Gutiérrez, 2015, p. 7).

En cuanto al segundo factor, Gutiérrez (2015) resalta la persistencia de una gran

desigualdad agraria producto de la asignación política de los derechos de propiedad sobre la

tierra. Al respecto, vale la pena resaltar que – de acuerdo con el autor – las instituciones

encargadas de la asignación de los derechos de propiedad habían estado ligados a la política

partidista, lo que facilitó una acumulación de la tierra por parte de grandes terratenientes,

quienes lograron poner a su servicio tanto a políticos como a burócratas.

La tierra constituyó, como señala Gutiérrez (2015), uno de los factores que también

perpetuó el conflicto: la guerra abarató el precio de esta y, por lo tanto, se convirtió en una

inversión ideal para el lavado de dinero. Además, al servir para el ocultamiento de recursos,

como lugar de entrenamiento, centro de tortura e incluso como fosa común; así para la disputa

y reconfiguración del poder local, la tierra se convirtió en el eje principal no solo del origen del

conflicto armado sino también de su mantenimiento.

Con respecto al tercer factor, vale la pena resaltar que si bien el Frente Nacional

permitió que en aquel entonces Colombia fuese uno de los países más abiertos de América

Latina, también facilitó la exclusión del campesinado; el cual se creía era representado por los

gremios económicos, dada su relación con las actividades productivas. Como consecuencia, a

finales de la década de 1970 el Estado no contaba con una interfaz para interactuar con los

campesinos y las demandas sociales de los mismos (pese a ser uno de los sectores más

golpeados por la Violencia y por la guerra contrainsurgente) quedaron invisibilizados. El

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Estado mantuvo una relación casi exclusiva con los gremios y, en efecto, se generó una

desconexión entre el campo y la institucionalidad que terminó alimentando el conflicto armado

(Gutiérrez, 2015).

Al respecto, vale la pena resaltar que, de acuerdo con Pécaut (2015), pese a que el

conflicto bipartidista logró adquirir – dada su magnitud – el carácter de dos culturas políticas

opuestas, tanto los liberales como los conservadores se diferenciaban muy poco en lo que

concierne a sus orientaciones económicas; ambos, en últimas, estaban conformados por unas

élites económicas que defendían un modelo de desarrollo liberal que se consolidó cada vez con

mayor fuerza y que permitió el mantenimiento de las estructuras de poder (dicho modelo daría

tras la década de 1970 un giro neoliberal que facilitaría condiciones de expansión para las

empresas y una mayor acentuación de las desigualdades). No es de extrañar entonces que las

masas populares no se hayan constituido propiamente como actores políticos pues las

guerrilleras y los comunistas se reclamaban del partido liberal e incluso un movimiento

populista como el impulsado por el gaitanismo, no se alejaba de la lógica partidista. En palabras

de Pécaut (2015), “el Frente Nacional afianzó ante todo el statu quo social y el laisser-faire en

el mundo agrario” (p.19).

En cuanto a la provisión privada de la seguridad, Gutiérrez (2015) señala que durante

la mayor parte del siglo XX y durante la Violencia, la coerción estatal estuvo a cargo de policías

sub-nacionales que se articularon a luchas partidistas y sociales; consolidándose así en

instrumentos al servicio de intereses privados. Pese a que, posteriormente, el Frente Nacional

terminó con estos, durante los gobiernos de Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo,

se estableció la figura de las autodefensas (a través de la cual “el Ejército se encargaba de

recibir las demandas de seguridad privada de la población” (Gutiérrez, 2015, p.12). Como

consecuencia, el Estado respondería a la insurgencia a través de redes civiles.

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Frente al quinto factor mencionado por Gutiérrez (2015), vale la pena resaltar que el

sistema político colombiano evolucionó de un programa estatista hacia uno de orientación

localista orientado a “expresar las demandas de las élites territoriales” (p.13). Además, como

consecuencia del limitado alcance de las políticas del Frente Nacional, se intensificó una

dislocación entre el sistema político y la sociedad, así como la pérdida de credibilidad y de

apoyo hacia el Frente y sus líderes.

Como consecuencia de la combinación de estos cinco factores, Colombia se enfrentaba

a dos opciones: a) el diseño y la implementación de una reforma agraria en el país poblado o;

b) un proceso de colonización. Al elegir la segunda y ante la no resolución de los problemas

anteriormente mencionados, se genera un poblamiento de regiones en las que no hay ni

mercado ni Estado y a inicios de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, en

Colombia se consolida una guerra civil (Gutiérrez, 2015).

Pese a las problemáticas estructurales mencionadas, Gutiérrez (2015) señala que

sociedades con regímenes mucho más cerrados, excluyentes o con fracturas políticas y

simbólicas más abruptas que las presentadas en Colombia, han logrado el acceso a la paz o la

victoria militar de alguna de las partes involucradas. Al respecto, el autor señala otros cinco

factores que han permitido la persistencia del conflicto armado, entre estos: a) el narcotráfico;

b) patrones de violencia contra los civiles; c) la provisión privada de coerción/seguridad; d) el

fenómeno paramilitar y; e) el sistema político.

Frente al narcotráfico, Colombia se convirtió en 1980 en un actor fundamental del

mercado mundial de la coca, lo que – entre otras cosas – profundizó las tendencias centrífugas

del sistema político: las periferias se fueron poblando y adquirieron mayor relevancia

económica, no obstante, estas continuaron sin presencia estatal, sin servicios básicos y sin

capital social. Además, las FARC se articularon a la comercialización de la coca, lo que les

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permitió obtener recursos para su financiación y para su capacidad de reclutamiento, militar y

de supervivencia (con las consecuencias respectivas en el accionar contra la población civil y

en la legitimidad que esta daba a la guerrilla.); posteriormente, la insurgencia se convirtió en la

entidad regulatoria de economías ilegales sobre las que no podía operar el Estado. Así, dada la

adopción de una estructura equivalente a la de un ejército y una alta capacidad de reclutamiento

(favorecida por un abandono del campo) esta logró adquirir independencia de las estructuras

civiles y, por lo tanto, sobrevivir también al accionar del paramilitarismo y del Estado.

En cuanto al segundo factor, los grupos al margen de la ley aumentaron las actividades

de secuestro, especialmente hacia élites económicas rurales, funcionarios y políticos de las

regiones (las cuales constituían “élites vulnerables” (Gutiérrez, como se citó en Gutiérrez,

2015); por lo que la amenaza del secuestro y de la propiedad se convirtió en la excusa perfecta

para el despliegue de violencia por parte de grupos paramilitares hacia las guerrillas, la

izquierda en general, los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos, entre

otros.

Los grupos paramilitares, no obstante, son tan solo la continuación de una larga

trayectoria de la provisión privada de seguridad (materializada anteriormente en los policías

subnacionales y en los grupos de autodefensas), sin embargo, vale la pena resaltar que estos

estuvieron cobijados hasta 1989 por una serie de medidas judiciales que autorizaban la creación

de autodefensas y de 1994 a 1999 bajo la figura de cooperativas de seguridad (CONVIVIR).

El fenómeno del paramilitarismo se apoyó así sobre cuatro grandes actores: las élites rurales

legales (por ejemplo los terratenientes); las élites ilegales (por ejemplo, los narcotraficantes);

sectores del sistema político (que promovieron el paramilitarismo por asuntos de supervivencia

o para la expulsión de la guerra); y el mismo Estado, que se articuló estratégicamente al

accionar del paramilitarismo. Con la consolidación de estos grupos ilegales y la

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descentralización municipalista, las alcaldías pasaron a ser botines apetecibles para los mismos,

por lo que el accionar se enfocó hacia su control, ya sea a través de la fuerza o de la alianza

estratégica (Gutiérrez, 2015).

En este sentido, si bien en un principio el accionar paramilitar podría haberse dado para

recuperar lo conseguido por las guerrillas, pronto perseguiría objetivos económicos y políticos

definidos. En palabras de Pécaut (2015):

“Los desplazamientos masivos de población les permiten acumular tierras

abandonadas por los campesinos o comprarlas a bajo precio a los hacendados cansados

de los secuestros y de las extorsiones. Los narcotraficantes blanquean de esta manera

sus capitales. Empresarios nacionales y compañías extranjeras se aprovechan de la

situación para invertir en plantaciones modernas, como las de Palma, que alcanzan un

auge rápido. Grandes compañías multinacionales ya no encuentran obstáculo para

desarrollar las actividades mineras puesto que, con el pretexto de la presencia de los

guerrilleros, pueden recurrir a los servicios de los paramilitares o de matones para

sojuzgar la resistencia de los nativos. Los programas de reforma agraria pertenecen más

bien al pasado. La concentración de tierras alcanza un nivel sin precedentes en provecho

de las grandes extensiones de ganadería o de agricultura capitalista” (p. 49 – p. 50).

Se da entonces una disputa entre los sectores que disponen de capacidad militar: los

narcotraficantes, los paramilitares (que sirven de instrumento a los primeros y a la clase

política), las Fuerzas Armadas y las guerrillas; estos actores, sin embargo, establecerían

también relaciones de cooperación en función de actividades asociadas al narcotráfico. Dado

lo anterior, los partidos tradicionales pasan a ocupar un papel secundario y, dado que el

conflicto no afecta en primera instancia a la mayor parte de la población, de acuerdo con Pécaut

(2015), en este punto “no tiene sentido hablar de una guerra civil” (p. 31).

Como consecuencia del conflicto armado colombiano, Gutiérrez (2015) destaca la

destrucción de manera masiva del tejido social, las tradiciones y las redes de confianza, así

como en el deterioro de la confianza en la institucionalidad y de los colombianos en sus co-

ciudadanos. Dichas consecuencias pueden ser agrupadas en tres grandes categorías: a) la

sangría de líderes políticos, cívicos y sociales (entre los que destaca el exterminio contra la

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Unión Patriótica); b) la masificación de la entrada de agentes y dinámicas ilegales al sistema

político y; c) el desarrollo de una interacción entre armas y votos.

El uso del terror se ha convertido en regla de las dinámicas sociales, de forma tal que

este termina permeando en las relaciones cotidianas; además, las respuestas que han tenido las

luchas sociales han hecho que los movimientos sociales reivindicativos sean cada vez más

escasos. Por otra parte, el conflicto también ha exacerbado las desigualdades en ciertos

territorios que no necesariamente tuvieron un pasado de luchas agrarias (por ejemplo, Nariño);

así, la presencia de actores armados en los mismos se explicaría no únicamente por un asunto

de tierras sino por las transformaciones de las dinámicas de la guerra que hacen de estos puntos

estratégicos como zonas fronterizas (Pécaut, 2015). Como consecuencia, de acuerdo con

Giraldo (2015), se ha generado una proclividad hacia los recursos ilegales y una mayor

fragilidad hacia el arraigo por el territorio y la sociabilidad.

El “entumecimiento moral” penetró tanto en la sociedad colombiana en general como

en los actores de la guerra: los grupos guerrilleros, con el fin de sobrevivir y expandirse – aún

por encima de cualquier consideración política o humanitaria-, terminaron atentando contra los

pobladores, afectando “gravemente la legitimidad de los movimientos sociales y políticos

contestatarios que han propuesto alternativas a los arreglos institucionales prevalecientes en el

país” (p. 37). El paramilitarismo, al convertirse en instrumento de intereses económicos y

políticos contrarios al interés común, deslegitimaron el derecho a la autodefensa y el Estado,

al ser incapaz de proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, así como por su accionar

contrario a los derechos humanos, terminó deslegitimando al mismo (Giraldo, 2015).

Vale la pena resaltar que la acumulación de las violencias y de las victimizaciones, tal

y como señala Giraldo (2015), retroalimenta la guerra pues al cerrarse las posibilidades de

desarrollo y de democracia en escenarios locales (como producto de las dinámicas bélicas), los

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sectores jóvenes de la población encuentran en la vinculación a los grupos armados una

oportunidad para su supervivencia. No obstante, el hecho de que gran parte del pie de fuerza

de las guerrillas y de los grupos paramilitares haya sido reclutado de forma forzosa, demuestra

que la vinculación a la guerra no ha sido prevalentemente por convicción sino principalmente

por la coerción.

En este sentido, de acuerdo con Pécaut (2015), tanto el periodo de la Violencia como el

conflicto armado han intensificado las desigualdades sociales y políticas y han facilitado que

la población rural no se reconozca en términos de ciudadanía (y, en efecto, como portadores de

derechos). Como consecuencia, ambos períodos han facilitado el statu quo social y han

resultado funcionales a la consolidación de las clases dominantes.

Muestra de ello, son las cifras de los hechos victimizantes expuesta por la Unidad de

Víctimas, la cual demuestra que a enero de 2020 el número de afectados sigue en aumento,

siendo el desplazamiento el hecho más reiterativo, lo que lo lleva a ocupar el primer lugar con

aproximadamente 7.585.536 casos reportados; en segundo lugar, se encuentra el homicidio con

una cifra de 1.018.860 casos; y en tercer lugar, la amenaza con un reporte de aproximadamente

427.585 casos. A estos, se suman otros flagelos como la desaparición forzada (178.064 casos

registrados); la pérdida de bienes muebles e inmuebles (116.124 casos registrados); los actos

terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos (82.767 casos registrados); el secuestro

(37.050 casos registrados); el confinamiento (35.788 casos registrados); los delitos contra la

libertad y la integridad sexual (29.622 casos registrados); el abandono o despojo Forzado de

Tierras (21.149 casos registrados), entre otros (Unidad de Víctimas, 2020).

Si bien la violencia en Colombia ha sufrido una serie de transformaciones en términos

de sus expresiones, formas, actores, alianzas y objetivos, las condiciones estructurales que

permitieron su emergencia y mantenimiento perduran en la actualidad; entre estas se destacan:

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la ausencia del Estado en los territorios, la acumulación de la tierra, la exclusión y la inequidad,

entre otras, que han posibilitado que las brechas sociales y económicas de la población sean

cada vez más grandes y que se mantenga dentro del poder una élite económica.

Como consecuencia, se ha buscado cerrar la posibilidad de que las masas se constituyan

en un actor político y, a través de condiciones estructurales, se ha restringido su participación.

En este sentido, la memoria puede constituirse en un mecanismo no solo para visibilizar la

historicidad de sus manifestaciones y las dinámicas de la violencia, sino también para

reivindicar las resistencias y las luchas que estas generan, pues dado el carácter colectivo de la

memoria (sobre el cual se profundizará más adelante), esta posibilita la construcción de

ciudadanía, la consolidación del tejido social y, en términos generales, de los elementos

simbólicos que se han visto afectados con la violencia política.

Nociones en torno al concepto de víctima.

De acuerdo con Gatti (2017) el concepto de víctima tradicionalmente resultaba

antagónico al de ciudadano; pues mientras el primero (equiparable históricamente al de mártir

o héroe) percibía a la persona como un sujeto pasivo y necesitado de asistencia, el segundo

implicaba una capacidad de agencia sobre el entorno del que carecía el primero. No obstante,

la eclosión de la categoría (en la que se reconoce como víctima a quienes han padecido una

serie de situaciones no sólo de orden político), así como la lucha de algunos sectores para ser

catalogados como tales y ser beneficiarios de leyes, ha generado que la víctima y el ciudadano

se fusionen.

Al respecto, Bilbao (2017) señala que desde una dimensión ética la definición de

víctima puede conceptualizarse como “aquella persona que padece un sufrimiento injusto” p.

331. En este sentido, de acuerdo con el autor, la inocencia sería un rasgo identificador de la

víctima, no obstante, hace hincapié en que dicha inocencia se centra en que esta no era

70


merecedora del acto de victimización pues este representó un atentado contra su dignidad

personal y contra los Derechos Humanos. Lo anterior, sin embargo, no implica una concepción

inmaculada de la misma (un victimario podría incluso llegar a convertirse en una víctima) o

que ésta no estuviera involucrada en el conflicto que da contexto a la agresión recibida. Así,

“la inocencia de la víctima lo es sólo en relación al acto de victimización, en lo demás es una

persona como el resto” (Bilbao, 2017, p. 332).

La representación de la víctima dentro del mundo hispano, no obstante, ha estado en

contravía a lo propuesto por Bilbao (2017). De acuerdo con Martínez y Casado-Neira (2017),

lo barroco (que no se limita a las formas artísticas) ha sido un eje transversal de la

representación de la víctima, de forma tal que en esta sobresale “la puesta en escena de la

tragedia, la desazón, la emoción y el sufrimiento” (p.367). Bajo esta perspectiva, Bilbao (2017)

resalta la importancia de de-construir algunas ideas en torno a las víctimas; entre ellas: a)

considerar que el comportamiento de las mismas ha sido o será siempre ejemplar; b) hacer de

todos los verdugos monstruos y; c) confundir las categorías de víctima y victimario bajo la

premisa de que todos tenemos un cierto grado de culpabilidad e inocencia en torno a lo

ocurrido.

De esta manera, la víctima adquiere un status central que sugiere que su relevancia es

producto de la modernidad, pues se encuentra atravesada por un discurso de universalidad que

se materializa en la cultura de derechos y en una comunidad política transnacional (Rodríguez,

2012). sí, a través de una economía moral, se articula una dimensión tecnocientífica en la que

diferentes saberes, profesiones y legislaciones operan sobre situaciones traumáticas, a la vez

que se moviliza una dimensión ideológica en la que a escala global se circula un sentido hacia

la justicia y la verdad (Irazuzsta y Gatti, 2017). A

71


Quizá una de las expresiones más relevantes dentro de esta última dimensión sea la de

víctima transicional, la cual emerge como una figura que - funcionando como correlato de la

reparación, la memoria y la reconciliación, entre otros – es puesta en el centro de los relatos

refundacionales de sociedades que han sido afectadas por la violencia o por períodos no

democráticos (Gatti, 2017). Frente a estos “relatos refundacionales”, vale la pena resaltar que

autores como Lefranc (2017) han cuestionado la supuesta ruptura o progreso que representa la

justicia transicional, indicando que en la práctica esta se convierte en un espacio de

formalización de objetivos y rutinas profesionales, así como de competencias y colusiones

entre los diversos grupos que se abordan en ella.

En este sentido, cobra especial relevancia la correlación entre víctima y memoria y su

antagonismo con el concepto de Historia. Así, mientras esta última se centra en los héroes y

mártires, en los “vencedores”, en las políticas estatales y, en general, en la epopeya, la memoria

remite a la recuperación del relato de quienes han sufrido algún tipo de daño; de forma tal que

su testimonio contribuya al recuerdo social, a la no repetición y a la construcción de un pasado

común (Irazuzta y Gatti, 2017). Al respecto, tal y como señala Izquierdo (2017), es

imprescindible tener en consideración que el victimario, especialmente en casos como los

crímenes de Estado, tiene la facultad de construir – a través de los discursos sobre el enemigo

interno – a quien más adelante será la víctima.

Dichas víctimas, no obstante, son el resultado de una construcción colectiva (Gatti,

Martínez y Revet, 2017), producto tanto de un repertorio jurídico que las nombra y que

visibiliza “víctimas ejemplares” ante la opinión pública (Sáez, 2017), como de una relación

dialéctica en la que el sistema, a través de profesionales, identifica y hace emerger a las

víctimas, quienes después se identifican como tales (Martínez, 2017). De esta manera, el

72


sistema crea víctimas para después repararlas, invisibilizando a aquellas que no logran

acoplarse a dicho itinerario (Gatti y Martínez, 2017).

Bajo esta perspectiva, Irazuzta y Gatti (2017) reconocen tres dimensiones del

testimonio de las víctimas: uno político que, generalmente mediante la ritualización de

dispositivos como las comisiones de verdad, busca producir la verdad sobre el pasado; uno

comunitario centrado en la puesta en la escena pública del dolor de la víctima; y uno

psicológico en el que el testimonio se constituye en la materialización del trauma. No es de

extrañar entonces que se constituyan comunidades del dolor en el que el ser víctima, lo que

podría tradicionalmente conceptualizarse como una identidad negativa, se convierte en el eje

de articulación de estos colectivos (Gatti, 2017). En este sentido, de acuerdo con Gatti y

Martínez (2017) se genera una tensión en los mismos: el buscar formas comunes para expresar

el sufrimiento, a la vez que se pretende reivindicar la especificidad de este.

El reconocimiento de ser víctima, por lo tanto, puede llegar a ser anhelado por algunos

sectores sociales pues dicha etiqueta permite ser sujeto de reparación; no obstante, su uso

también genera rechazo, por lo que son comunes las luchas por reivindicar el ser reconocidas

como más que víctimas. Pese a esto, dicha categoría presenta una serie de tensiones frente a su

inclusión y exclusión que, con base en el grado de reconocimiento social y legal-institucional,

genera que existan “víctimas de primera” y “de segunda” o, incluso, que algunas no sean

reconocidas como tales; las responsabilidades que subyacen a estas y los beneficios obtenidos

al ser catalogadas como tal conlleva a que existan pugnas entre las mismas víctimas en torno

al grado de victimización, de forma tal que algunas terminan siendo invisibilizadas (Gatti y

Martínez, 2017). Al respecto, por ejemplo, De la Calle (2019), refiere que en ocasión de la

visita de las víctimas a la Mesa de negociación durante el proceso de paz de la Habana, la

mayor parte de las organizaciones de víctimas se quejaron frente a una supuesta parcialidad en

73


la selección de la mismas, llegando estas a señalar que se buscó invisibilizar a las víctimas de

las FARC como estrategia política por parte del gobierno colombiano.

De acuerdo con Bilbao (2017), el reconocimiento de las víctimas requiere también el

de su pluralidad. Así, de acuerdo con el autor, es necesario “volver a elaborar socialmente la

lista de las víctimas” p. 334, con el fin de dar cabida a aquellas que han sido desconocidas, que

no tienen relevancia mediática o que no han sido reconocidas como tales. Además, se requiere

asumir la perspectiva de estas (condición esencial para una “revolución ética”) y el

reconocimiento del fracaso ideológico y político tanto de la causa que provocó la victimización

como del sistema político que lo permitió (perspectiva a considerar en la formulación de

homenajes y reconocimientos públicos).

Las víctimas se convierten, por lo tanto, en sujetos y referentes políticos con el derecho

a organizarse e intervenir sobre la agenda pública, a la vez que se le garantiza sus derechos a

la verdad (lo que presenta relación con el deber de memoria por parte del Estado y de la

sociedad); a la justicia y a la reparación, esta última a través de la restitución, la indemnización,

la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición (Bilbao, 2017). Dicho

reconocimiento político, de acuerdo con el autor, tiene una relación directa con el posibilitar el

testimonio de las víctimas pues además de contribuir a la búsqueda de la verdad, las convierte

en autoras de su propia historia y satisface sus demandas de narración.

La posibilidad de narración y la multiplicación de los lugares de enunciación, no

obstante, implica considerar que los relatos de estas no se limitan a la traducción de lo vivido

sino que conllevan también – con la intencionalidad de no ser reducidas a víctimas y adquirir

una autoridad dentro de la esfera pública - a una serie de estrategias de distanciamiento e

incluso de ficcionalización. Bajo esta perspectiva, “saber cuáles son las estrategias retóricas

74


que visibilizan a la víctima en el espacio público se convierte en una cuestión decisiva” (Sousa,

2017, p.384).

El status de víctima, en el caso del conflicto armado colombiano, da un giro con la

promulgación de la Ley 1448 de 2011 (también conocida como Ley de Víctimas y Restitución

de tierras), en la cual se reconocen como víctimas a:

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por

hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones

al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto

armado interno.” p.1

La ley, no obstante, no se limita a quienes directamente padecieron el hecho

victimizante sino que comprende también a aquellos con quienes la persona tenga un grado de

parentesco. Así, se reconoce también como víctima al:

“cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando

a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los

que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.” p.1

Dicho status, de acuerdo con la ley, se da con independencia de que el autor del hecho

victimizante sea procesado o condenado y de la relación familiar que pudiese existir entre este

y la víctima. Además, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reconoce la existencia

de un conflicto armado interno dentro del territorio colombiano.

Memoria.

El hecho de que las narrativas y la memoria constituyan un eje central en la concepción

moderna de lo que significa ser víctima, plantea la necesidad de abordar los puntos de encuentro

y las diferencias entre la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica.

75


Halbwachs (2011), distingue entre una memoria personal (interna) y una memoria

histórica (social). De acuerdo con el autor, aunque la primera podría servir a la segunda al

ofrecer un marco espacial y de tiempo en el cual situar nuestros recuerdos y reconocer lo que

hace que un periodo se distinga de otros; vale la pena resaltar, que esta no puede ser equiparable

a la memoria colectiva si es entendida como “la serie de acontecimientos de los que la historia

social mantiene el recuerdo” (p. 127).

Bajo esta perspectiva, la memoria colectiva tendría lugar en aquellos grupos que se

encuentran entre el individuo y la nación y en los que existe una memoria propia “cuyas

transformaciones repercuten más directamente sobre la vida y el pensamiento de sus

miembros” (Halbwachs, 2011, p. 127). Así, estas memorias colectivas sólo tienen importancia

para el grupo; y su interés es mayor en medida en que este sea más reducido (en un pueblo

pequeño los recuerdos se mantendrán con mayor facilidad que en una ciudad grande).

Al respecto, vale la pena hacer algunas distinciones entre la historia y la memoria

colectiva. Halbwachs (2011), señala que la primera comprende “la recopilación de los hechos

que han ocupado más espacio en la memoria de los hombres” (p. 128), no obstante, estos son

seleccionados, agrupados, clasificados y fijados a través de medios escritos y narraciones

ordenadas que son divulgadas a través de instituciones como la escuela; esto con el fin de que

pueda ser salvado el recuerdo del mismo pese a que no se encuentren ya demasiados testigos

de este o estos resulten ajenos o no interesen a las nuevas sociedades.

Dentro de la historia, por otra parte, de acuerdo con Halbwachs (2011), se pretende la

objetividad y la imparcialidad; motivo por el cual se suele recurrir al detalle para que ningún

acontecimiento quede subordinado a otro y que estos puedan ser empatados uno con el otro en

una “historia universal”. En el marco de esta tarea, la historia se preocupa por las diferencias y

las oposiciones; por distinguir periodos específicos de los grupos humanos y por concentrar las

76


transformaciones de los mismos en periodos de años; sin embargo, para que pueda otorgarse

un sentido a estos es necesario que haya un distanciamiento con el tiempo en que estos

ocurrieron, que los grupos hayan desaparecido o que su memoria se empiece a desvanecer. De

esta manera, podría asegurarse que “en general, la historia no empieza sino en el punto en que

termina la tradición, momento en el que se apaga o descompone la memoria social”

(Halbwachs, 2011, p. 128).

La memoria colectiva, por el contrario, “sólo retiene del pasado aquello que todavía

está vivo, o que es capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo conserva” (Halbwachs,

2011, p. 129); aquello que es olvidado no lo es por antipatía sino porque “los grupos que

conservan su recuerdo han desaparecido” (Halbwachs, 2011, p. 132). Por lo tanto, esta no

trasciende los límites de ese grupo; no establece líneas de separación claramente marcadas y

no establece una oposición explícita con el pasado. Además, la memoria colectiva (o memorias

colectivas) posee un carácter plural y local del que carece la historia: esta debe remitirse a un

espacio y a un tiempo limitado en el que “todos los acontecimientos, todos los lugares y todos

los períodos tienen una importancia diferente, porque no afectan al grupo de la misma manera”

(Halbwachs, 2011, p. 133).

Pese a esta distinción entre la relevancia que dan los grupos a los diferentes

acontecimientos que los afectan, Halbwachs (2011), señala que – contrario a lo que ocurre en

la historia - son las similitudes las que pasan a un primer plano dentro de la memoria colectiva,

en la cual los periodos sin grandes cambios y en los que la vida suele repetirse sin rupturas

significativas ocupan la mayor parte del recuerdo pues es este, en su consistencia, el que les

permitirá obtener su identidad y distinguirse de otros grupos. No significa, no obstante, que el

grupo no haya cambiado pero las transformaciones de este han sido lo suficientemente lentas

como para crear la ilusión de estabilidad.

77


Puede ocurrir, no obstante, que a pesar de que cada grupo define localmente su propia

memoria y una representación del tiempo, la misma pueda extenderse más allá de su pasado y

este pueda participar de tradiciones más antiguas, como ocurre – por ejemplo – cuando dos o

más pueblos se funden. Dicha fusión, no obstante, es tan solo aparente si los dos pueblos

conservan su conciencia nacional propia (lo que los hará reaccionar de forma distinta a los

acontecimientos); por el contrario, si existe una asimilación del otro grupo, se crea una

conciencia nueva y, por lo tanto, una nueva memoria colectiva (Halbwachs, 2011).

Así, la memoria colectiva se constituye en algo más que una serie de fechas,

definiciones y menciones arbitrarias de acontecimientos de los cuales solo podrían adquirir

sentido después de determinado tiempo (esto es, cuando se tiene consciencia de las

consecuencias que tienen estos y de cómo su existencia cambió sustancialmente a un

determinado grupo) para convertirse en una representación de ciertas corrientes de pensamiento

de las cuales siempre pueden encontrarse vestigios (Halbwachs, 2011).

Halbwachs (2011), sostiene que los recuerdos tienen un carácter colectivo y que las

otras personas son siempre referentes a partir de los cuales reconstruimos constantemente estos;

no solo porque estos puedan llegar a ser testigos de los mismos sino porque estos hacen parte

de un mismo grupo social que sirve como marco de referencia a partir del cual es posible

reconocer un pensamiento común sobre ciertos fenómenos. Así, al haber permanecido en

contacto con ese grupo “somos capaces de identificarnos con él y confundir nuestro pasado con

el suyo” (Halbwachs, 2011, p. 71).

La duración de la memoria en relación con el grupo, no obstante, se encuentra – de

acuerdo con Halbwachs (2011) limitada tanto por la existencia material del mismo como por

la evocación que hacemos de este. Puede ocurrir entonces, por ejemplo, que dependiendo del

grado de significación que tenga una persona o un suceso, se presente una discontinuidad entre

78


el recuerdo que tienen de nosotros los grupos sociales y los que nosotros tenemos de este (el

autor ejemplifica esta premisa con el hecho de que en una clase, los estudiantes - que

constituyen una comunidad más estrecha - recuerden con mayor facilidad las dinámicas de la

misma que lo que podría hacerlo el profesor; lo anterior dado que mientras que en los primeros,

esta deja una serie de huellas que son rememoradas dentro de sus relaciones, en el segundo,

constituye una tarea repetitiva sin mayores variaciones)

En este sentido, el testimonio no basta para que la memoria pueda tener lugar; es

necesario que existan datos o nociones comunes a partir de las cuales reconocer y reconstruir

el recuerdo, es decir, debe existir un marco a partir del cual ubicarse en un pensamiento

colectivo, aun cuando esto no se haga de forma consciente. Incluso, señala Halbwachs (2011),

aunque ya no se pertenezca a un determinado grupo, la influencia que este ha ejercido sobre el

individuo y sobre la forma en la que este piensa determinado objetivo, sugiere la existencia de

una memoria colectiva (Halbwachs, 2011).

De acuerdo con Halbwachs (2011), “en el primer plano de la memoria de un grupo se

destacan los recuerdos de los acontecimientos y experiencias que involucran a la mayor parte

de sus miembros” (p. 88), mientras que las concernientes a solo una parte de estos se delegan

a segundo plano. Vale la pena resaltar, no obstante, que puede haber recuerdos comunes dentro

de dos grupos que están en constante interacción o a los que se pertenece simultáneamente (por

ejemplo, se puede ser miembro de un grupo familiar y a la vez habitante de una ciudad, lo que

lleva a recuerdos comunes) o que incluso un recuerdo puede tener origen en el contacto entre

estos.

Los recuerdos que son percibidos como puramente personales generan esta ilusión

porque existen menos condiciones cercanas para evocarlos, lo que genera a su vez una mayor

dificultad para su recuperación. Así, mientras los recuerdos que son de “dominio común”

79


pueden ser recordados al apoyarnos de la memoria de otros y en los pensamientos colectivos

en los que estamos siempre en estrecha relación, aquellos que consideramos como “bienes

exclusivos” se encuentran soportados en medios con los cuales no tenemos contacto constante

pero cuyo soporte podría generar su evocación (Halbwachs, 2011).

Los recuerdos, no obstante, pese a que se apoyan los unos a los otros en el marco de un

pensamiento colectivo, no son sentidos con la misma intensidad por todos los miembros de un

grupo. En palabras de Halbwachs (2011):

“Diríamos con gusto que cada memoria individual es un punto de vista sobre la

memoria colectiva, que este punto de vista cambia según el lugar que allí se ocupa, y

que este lugar cambia según las relaciones que mantengo con otros medios. No

sorprende, que cada quien se sirve de modo diferente del instrumento común. Sin

embargo, cuando se intenta explicar esta diversidad, se llega siempre a una combinación

de influencias que son todas de naturaleza social” (p. 94).

Por lo anterior, lo que importa dentro de la memoria colectiva no son los individuos

concretos (incluso, los conjuntos en los que se apoya el recuerdo suelen despersonalizarse y

esto genera una mayor estabilidad) sino los intereses, las ideas y las preocupaciones del grupo

que no solo se reflejan y materializan en las personalidades de sus miembros sino que también

deben ser lo suficientemente amplios como “para ofrecer a las conciencias individuales un

marco suficientemente sólido con el cual puedan disponer y encontrar sus recuerdos”

(Halbwachs, 2011, p. 183).

En el marco de la memoria colectiva, señala Halbwachs (2011), los objetos tienen un

papel fundamental en la evocación de los recuerdos y para la identidad de los grupos, quienes

transforman el medio en el que se desenvuelven y también se adaptan a él. En palabras del

autor:

“La imagen del medio exterior y la de las relaciones estables que tiene con él,

pasan al primer plano de la idea que el grupo se hace de sí mismo. Penetran todos los

elementos de su conciencia, ralentizan y ordenan su evolución. La imagen de las cosas

contribuye a la inercia que ellas tienen. No es el individuo aislado, es el individuo en

80


tanto miembro del grupo, es el grupo mismo, el que de esta manera permanece sometido

a la influencia de la naturaleza material y participa de su equilibrio” (p. 189)

Las actividades del grupo, en este sentido, pueden establecerse también en términos

espaciales, pues estos han correspondido a particularidades de la estructura y de las dinámicas

de la sociedad. Incluso, señala el autor, sus pensamientos llegan a organizarse de acuerdo con

la sucesión de imágenes materiales, las cuales son siempre un medio a través del cual logra

conservarse el pasado. El marco espacial se convierte entonces es un requisito para la memoria

colectiva (Halbwachs, 2011).

Teniendo en cuenta lo señalado por Halbwachs (2011), con relación a que los recuerdos

no son sentidos por la misma intensidad por parte de todos los miembros del grupo y que, por

lo tanto, los fines de la memoria pueden obedecer a distintos intereses, vale la pena resaltar lo

expuesto por Todorov (2000), quien advierte sobre los usos y abusos de la memoria.

Memoria desde la perspectiva de Ricoeur.

Partiendo de la fenomenología husserliana, en la que se propone que “toda consciencia

es consciencia de algo”, Ricoeur (2000) plantea en La memoria, la historia, el olvido, dos

interrogantes en torno a la memoria: “¿De qué hay recuerdo?” y “¿De quién es la memoria?”.

Frente al primero de estos, la memoria se enfrenta a una tradición filosófica en la que esta es

relegada a la misma región que a la de la imaginación; problema que se remonta a la filosofía

occidental con dos tradiciones: una platónica (centrada en la memoria como representación de

una cosa ausente) y otra aristotélica (que aboga por la inclusión de la imagen en el recuerdo al

ser este “la representación de una cosa percibida, adquirida o aprendida anteriormente”

(Ricoeur, 2000, p.23).

A pesar de que Ricoeur (2000), reconoce que “la imaginación y la memoria poseen

como rasgo común la presencia de lo ausente” (p. 67), el autor plantea como necesario separar

81


la memoria de la imaginación; pues mientras que la primera está orientada hacia una realidad

anterior, la segunda se enmarca en lo “fantástico, la ficción, lo irreal, lo posible, o utópico” (p.

22). Así, al pretender la memoria significar que algo tuvo lugar antes de que sea declarado (es

decir, que un acontecimiento ocurrió de cierta forma y no de otra), se puede dirigir a este un

reproche que no se puede hacer hacía la imaginación: su escasa fiabilidad.

Dicha oposición entre lo ficticio y lo anterior será heredado en el binomio antinómico

relato histórico/relato de ficción; los cuales, de acuerdo con Ricoeur (2000), se distinguen por

un pacto implícito entre el lector y el escritor, pues mientras que en el segundo resultan

incongruentes la información por respecto a saber dónde y cuándo ocurrió lo relatado (puesto

que el lector sigue un juego en el que se acepta seguir lo narrado como si esto hubiese sucedido),

en el relato histórico el lector espera “un discurso plausible, admisible, probable y, en todo

caso, honesto y verídico” (Ricoeur, 2000, p. 343). Las construcciones de historiador, por lo

tanto, deben tener la intencionalidad de ser reconstrucciones aproximadas de algo que en algún

momento fue real. Las situaciones, acontecimientos, encadenamientos y personajes referidos,

por lo tanto, debieron haber existido antes de que se tenga cualquier relato sobre ellos (Ricoeur,

2000).

La ausencia, la anterioridad y la representación conforman, en esta medida, los

elementos constitutivos de la conceptualización de la memoria. En palabras de Ricoeur (2000):

“una exigencia específica de verdad está implicada en el objetivo de la “cosa”

pasada, del qué anteriormente visto, oído, experimentado, aprendido. Esta exigencia de

verdad específica la memoria como magnitud cognitiva. Más precisamente, es en el

momento de reconocimiento, con el que se concluye el esfuerzo de la rememoración,

cuando se declara esta exigencia de verdad. Entonces sentimos y sabemos que algo

sucedió, que tuvo lugar, que nos implicó como agentes, como pacientes, como testigos.

Llamemos fidelidad a esta exigencia de verdad” (p.79)

El recuerdo, en este sentido, tendría – de acuerdo con Ricoeur (2000) – dos

particularidades: su multiplicidad (la memoria es singular pero los recuerdos son plurales) y

82


“el privilegio otorgado espontáneamente a los acontecimientos entre todas las “cosas” de las

que uno se acuerda” (Ricoeur, 2000, p.42).

Ricoeur (2000) establece, entre otros, tres pares oposicionales para ilustrar las

dinámicas de la memoria: a) el binomio del hábito y la memoria; b) el binomio entre la

evocación y la búsqueda; y c) el binomio entre la reflexividad y la mundaneidad. Frente al

primer par: a) el binomio entre el hábito y la memoria, Ricoeur (2000) destaca que si bien

ambos hacen referencia a una experiencia anterior, en el caso del hábito dicha experiencia se

encuentra “incorporada a la vivencia presente” (p. 44), por lo que esta aún no ha sido declarada

como pasado; condición que sí está presente en la memoria, en la que – de acuerdo con el autor

– debe existir una distancia temporal. En cuanto al segundo binomio: b) evocación/búsqueda,

Ricoeur (2000) conceptualiza la evocación como “el advenimiento actual de un recuerdo”

(p.46); en este sentido, mientras que la primera implica la percepción del recuerdo, la segunda

se le contrapone por la intencionalidad de hallar este. En el marco de dicho recuerdo, cobra

especial relevancia c) el binomio reflexividad/mundanidad, que – de acuerdo con Ricoeur

(2000) – hace referencia a que “uno no se acuerda sólo de sí, que ve, que siente, que aprende,

sino también de las situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió” (p.57). En

este sentido, la memoria tiene tanto un carácter de interioridad como de exterioridad.

A partir de estas distinciones, Ricoeur (2000) enmarca la rememorización dentro de la

búsqueda; la cual, de acuerdo con el autor, corre siempre el riesgo de no ser exitosa y, por lo

tanto, de fracasar. Se puede de esta manera ir de una “rememoración instantánea” (en la que el

grado de búsqueda es cero) hasta una “rememoración laboriosa” (Bergson, como se citó en

Ricoeur, 2000). De acuerdo con Ricoeur (2000), “la búsqueda del recuerdo muestra

efectivamente una de las finalidades principales del acto de memoria: luchar contra el olvido,

83


arrancar algunas migajas del recuerdo a la “rapacidad” de tiempo (Agustín dixit), a la

“sepultura” en el olvido” (p.50).

De esta manera, refiriéndose a la lucha contra el olvido, Ricoeur (2000) retoma los tres

“modos mnemónicos” propuestos por Casey y el concepto de Reminding (cuyo equivalente

sería el concepto de “recordar”, aunque no exista un término apropiado para el mismo) para

ilustrar la forma en la que se suele hacer uso “indicadores encaminados a proteger contra el

olvido” (Ricoeur 2000, p.59). Dichos indicadores, de acuerdo con Ricoeur (2000), pueden

comprender desde elementos vivos de rememoración como fotos, tarjetas, agendas, entre otros,

hasta fenómenos como el reminiscing en el que se hace “revivir el pasado evocándolo a varios,

ayudándose mutuamente en hacer memoria de acontecimientos o de saberes compartidos”

(Ricoeur, 2000, p. 60) (el “¿te acuerdas de …?”) hasta el recognizing, es decir, el

reconocimiento de algo como ausente y anterior. En relación con dichos indicadores, tienen

especial relevancia los lugares de la memoria, que – de acuerdo con el autor - ofrecen un apoyo

a la memoria.

Abusos de la memoria.

La memoria, por lo tanto, sería un ejercicio desde la perspectiva de Ricoeur (2000). En

palabras del autor: “acordarse es no sólo acoger, recibir una imagen del pasado; es también

buscarla, “hacer” algo”. El verbo “recordar” duplica al sustantivo “recuerdo”. El verbo designa

el hecho de que la memoria es ejercida” (p.81). El recuerdo, de acuerdo con Ricoeur (2000),

podría conceptualizarse entonces como “cierta clase de imagen, y le rememoración como una

empresa de búsqueda coronada o no por el reconocimiento” (p. 164). En este sentido, “el

ejercicio de la memoria es su uso; pero el uso implica la posibilidad de abuso” (Ricoeur, 2000,

p.82).

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Una de las formas en las que se puede abusar de la memoria, de acuerdo con Ricoeur

(2000), es a través de la memorización; la cual, de acuerdo con el autor, “consiste en maneras

de aprender que tienen como objeto saberes, destrezas, posibilidades de hacer, del tal modo

que estos sean estables, que permanezcan disponibles para una efectuación, marcada, desde el

punto de vista fenomenológico, por el sentimiento de facilidad” (p.83). Con base en esta

conceptualización, Ricoeur (2000) es enfático en que la memorización es diferente a la

rememorización, pues esta última, tiene como rasgo distintivo “la marca temporal del antes”.

En este sentido, en la memorización (que trasciende el uso escolar de la memorización y que

implica también la memoria profesional), “el recuerdo ya no consiste en evocar el pasado, sino

en efectuar saberes aprendidos, ordenados en un espacio mental” (Ricoeur, 2000, p. 88); podría

decirse, recurriendo a los binomios referidos inicialmente, que este sería un tipo de “memoria

hábito”.

Antes de ejemplificar dichos abusos, es importante resaltar que de acuerdo con Ricoeur

(2000) el análisis freudiano del duelo puede extenderse al traumatismo de la identidad

colectiva. Así, de acuerdo con el autor, “se puede hablar, no sólo en un sentido analógico sino

también en los términos de un análisis directo, de traumatismos colectivos, de heridas de

memoria colectiva” (Ricoeur, 2000, p.107). Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene

en consideración que el plano histórico, de acuerdo con el autor, estaría atravesado por

categorías patológicas en la estructura misma de la existencia colectiva, atravesada por la

guerra, por heridas simbólicas y por el enfrentamiento entre grupos humanos. De acuerdo con

Ricoeur (2000):

“No existe comunidad histórica que no haya nacido de una relación que se pueda

asimilar sin ninguna duda a la guerra. Lo que celebramos con el nombre de

acontecimientos fundadores son esencialmente actos violentos legitimados después por

un estado de derecho precario. Lo que fue gloria para unos, fue humillación para los

demás. A la celebración de un lado, corresponde del otro la execración. Así se

85


almacenaron en los archivos de la memoria colectiva heridas simbólicas que exigen

curación” (p. 108)

Los abusos de la memoria, por lo tanto, serían en buena medida desviaciones (producto

de la manipulación de la memoria y del olvido por parte de quienes ostentan el poder) del

trabajo del duelo asociado a la rememoración. Así, a través de relatos de fundación, relatos de

gloria y relatos de humillación se podría alimentar el discurso del miedo y dar forma a la

identidad de la comunidad. “En este plano aparente, la memoria impuesta está aquí equipada

por una historia “autorizada”, la historia oficial, la historia aprendida y celebrada públicamente.

Una memoria ejercitada, en efecto, es, en el plano institucional, una memoria enseñada”

(Ricoeur, 2000, p.116). De esta manera, señala Ricoeur (2000), “un pacto temible se entabla

así entre rememorización, memorización y conmemoración” (p. 116)

La voluntad de contribuir a la rememorización se expresa generalmente como “un deber

de memoria” equivalente a un “deber de hacer justicia, mediante el recuerdo, a otro distinto de

sí” (Ricoeur, 2000, p.120). Así, se asume que existe un deber moral hacia otros (especialmente

hacia las víctimas) y que se está en una obligación (cultivada a través de la memoria) con

respecto a aquellos que ya no están. El deber de la memoria, por lo tanto, no se limitaría al

almacenamiento de las huellas materiales, sino también de “someter la herencia a inventario”

(Ricoeur, 2000, p.120). En síntesis, podría asegurarse que los abusos de la memoria son la

memoria impedida, la memoria manipulada y la memoria obligada (Ricoeur, 2000).

Memoria personal y memoria colectiva.

Retomando los interrogantes iniciales que inspiran La Memoria, La Historia, El Olvido,

Ricoeur (2000) problematiza (en relación con la pregunta sobre “¿De quién es la memoria?”)

si esta es primordialmente personal o colectiva.

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Frente a la memoria personal, Ricoeur (2000) enfatiza en “la continuidad temporal y el

carácter de posesión privada del recuerdo” (p. 129); en este sentido, asegura que la memoria se

presenta como algo singular: los recuerdos son privados y resultan intransferibles, por lo que

dan continuidad temporal a la persona y, por lo tanto, son elementos imprescindibles dentro de

su identidad. La memoria, para Ricoeur (2000), sería por lo tanto equivalente a la consciencia.

En palabras del autor: “en lo que concierne a nuestro propósito, el asunto ya está juzgado:

conciencia y memoria son una sola y misma cosa, sin consideración para el soporte sustancial”

(p. 138).

En cuanto a la conceptualización de la memoria colectiva, Ricoeur (2000) retoma a

Maurice Halbwachs (abordado ya dentro de la presente investigación), quien tiene el mérito –

de acuerdo con el autor – de atribuir la memoria a una entidad colectiva (en este caso, a un

grupo humano o sociedad). Así, destaca la tesis central de Halbwachs: “para acordarse,

necesitamos de los otros” (Halbwachs, como se citó en Ricoeur, 2000, p. 157). La memoria, en

síntesis, se basará inicialmente en la enseñanza de otros y en recuerdos compartidos; a través

del testimonio logramos tener recuerdos como miembros de un grupo o de diversos grupos (a

través de los cuales podemos pasar sucesivamente y desplazarnos en relación con sus puntos

de vista); a la vez que atravesamos la memoria de otros mediante la rememorización y el

reconocimiento (Halbwachs, como se citó en Ricoeur, 2000). La perspectiva de Maurice

Halbwachs se expone con mayor profundidad en el marco teórico del presente proyecto.

Historiografía.

Ricoeur (2000) propone una serie de fases dentro del ejercicio historiográfico; dichas

fases corresponden, de acuerdo con el autor, a “momentos metodológicos imbricados entre sí”

(Ricoeur, 2000, p. 177) y no deben ser asumidos como estadios cronológicamente distintos. La

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primera sería: a) la fase documental, que la comprendería desde la declaración de los testigos

de un acontecimiento hasta la constitución de archivos; b) la fase explicativa/comprensiva, que

corresponderá al por qué de los hechos (“¿por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera?”

(Ricoeur, 2000, p. 177) y; d) la fase representativa, que radicaría en la escritura de lo

acontecido.

A continuación, se expone – en términos generales – cada una de las fases propuestas

por Ricoeur (2000), no obstante, vale la pena resaltar que, de acuerdo con el autor, es en esta

última fase (la representativa) en donde “se declara plenamente la intención historiadora, la de

representar el pasado tal como se produjo” (p. 177). De esta manera, la historia, a través de la

escritura, se aleja de la memoria pues se ha considerado, desde el mito, como un “antídoto de

la memoria”; esto debido a que la historia como empresa implica un distanciamiento y una

exterioridad. La historia es – señala Ricoeur (2000) – “de principio a fin, escritura” (p. 179).

De esta manera, mientras que la historia, una vez escrita, está disponible para cualquiera que

sepa leer, la verdadera memoria es “simiente” (Ricoeur, 2000).

Fase documental. En la fase documental tiene especial relevancia el testimonio

(elemento que constituye una exteriorización de la memoria declarativa), ya que este puede

pasar del campo de la oralidad al de la escritura (y, por lo tanto, al del archivo y al de la historia).

Una vez se archiva el testimonio, no obstante, este se ve enfrentado a que sea probara su

validez, al ser confrontado con testimonios competidores (Ricoeur, 2000).

La escritura aparece entonces como un soporte material del discurso, no obstante,

previamente existen marcas exteriores que constituyen apoyos para el trabajo de memoria: el

entorno y la espacialidad corporal tejerían, en este sentido, una memoria íntima y compartida.

Posteriormente, “de la memoria compartida, se pasa gradualmente a la memoria colectiva y a

sus conmemoraciones vinculadas a lugares consagrados por la tradición” (lugares de memoria)

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(Ricoeur, 2000, p. 192). La narratividad, a través de la memoria, impregnaría entonces lo

arquitectónico que, vinculándose con la tradición, termina alternando esta con lo novedoso.

“Una ciudad confronta, en el mismo espacio, épocas diferentes, ofreciendo a la mirada la

historia sedimentada de los gustos y de las formas culturales. La ciudad se entrega, a la vez,

para ser vista y ser leída” (Ricoeur, 2000, p. 194). El cambio de la misma sería que daría cabida

a la historia; en palabras del autor: “la mutación historiadora del espacio y del tiempo puede

considerarse como la condición formal de posibilidad del gesto de archivación” (Ricoeur, 2000,

p.191).

Al igual que cartográficamente existen puntos de referencia que constituyen apoyos

para el ejercicio de la memoria, ocurre lo mismo con el tiempo; el cual suele organizarse a

través del tiempo del calendario, de fechas específicas y de puntos de referencia en el tiempo

(“antes que”, “más tarde”, “mientras que”). De esta manera, “todas las coincidencias notables

se refieren, en última instancia, a las que existen, en el tiempo crónico, entre el acontecimiento

social y la configuración cósmica del tiempo astral” (Ricoeur, 2000, p. 200). Existen, no

obstante, tiempos que pueden prescindir del calendario y que poseen una significación tanto

cualitativa como cuantitativa; lo son, por ejemplo, las eras (o en el caso de Occidente de épocas)

que difieren de ciclos como las semanas, los meses y los años (periodos cortos) o de los siglos

y los milenios (periodos largos). En occidente las relaciones entre lo continuo y lo discontinuo

constituyen de esta manera un asunto de la historia, especialmente por la noción de

acontecimiento que pone en cuestión las relaciones entre diversos tiempos locales y con la idea

de una historia global (Ricoeur, 2000).

En este proceso de acceso al pasado, cobra especial relevancia el testimonio que, de

acuerdo con Ricoeur (2000), “abre un proceso epistemológico que parte de la memoria

declarada, pasa por el archivo y los documentos, y termina en la prueba documental” (p. 208).

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La importancia del mismo, no obstante, radica en que su uso no se limita a la consulta por parte

de los historiadores, sino que comprende su práctica en la vida cotidiana, su uso judicial, su

función dentro de la representación e, incluso, en el caso de las atrocidades masivas del siglo

XX, la proyección de duda sobre la labor historiográfica (Ricoeur, 2000).

Se encuentran, de esta manera, tres usos del testimonio: “la archivación, de lado

histórico, y la declaración ante un tribunal, del lado judicial” (Ricoeur, 2000, p. 210); sin

embargo, tal y como señala el autor, dentro de la conversación ordinaria (el tercer uso) se ilustra

mejor la conceptualización de este como “un relato autobiográficamente certificado de un

acontecimiento pasado: se realice este relato en circunstancias informales o formales” (Dulong,

como se citó en Ricoeur, 2000, p. 2010).

La operación del relato, por lo tanto, requiere de seis elementos: a) la aserción de la

realidad factual del acontecimiento relatado (es decir, la condición de que el hecho relatado sea

significativo y que implique al narrador (lo que hace que no será simplemente una información

o descripción); la certificación o autenticación de la declaración del autor (es decir, la fiabilidad

del relato); b) la especificidad del testimonio (es decir, su carácter autorreferencial en la que el

narrador se declara como testigo presencial del hecho y, por ende, de la realidad de lo referido);

c) la autodesignación (referente a una situación dialogal en la que el testigo relata siempre a

alguien; en palabras de Ricoeur (2000) “esta estructura dialogal del testimonio hace resaltar de

inmediato su dimensión fiduciaria: el testigo pide ser creído” (p. 212)); d) la posibilidad de

sospecha (dado el enfrentamiento entre varios testigos y varios testimonios; el testigo – asegura

el autor – es “aquel que acepta ser convocado y responder a una llamada eventualmente

contradictoria” (p. 213); e) la disponibilidad del testigo a reiterar su testimonio (en la que se

espera que, con el fin de reforzar la credibilidad y fiabilidad del testimonio, este mantenga en

el tiempo su relato (lo que asocia el relato con la promesa) y, por otra parte, que el testigo sea

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“capaz de responder por sus afirmaciones ante cualquiera que le pida cuenta de ellas” (Ricoeur,

2000, p.213). La declaración del testigo, en este sentido, es triple: “1) Yo estaba allí; 2)

Creedme; 3) Si no me creéis, preguntad a algún otro” (Ricoeur, 2000, p. 365).

Finalmente, como último elemento, se destaca f) el testimonio como un factor

constitutivo del vínculo social pues se centra en “la confianza en la palabra del otro” (Ricoeur,

2000, p. 214), lo que a su vez refuerza la interdependencia y la “similitud en humanidad de los

miembros de la comunidad” (Ricoeur, 2000, p. 214). El autor, no obstante, destaca la existencia

de “testigos históricos”, haciendo referencia a aquellas personas que no logran hallar a una

audiencia que escuche sus relatos.

De acuerdo con Ricoeur (2000), el testimonio es originalmente oral pero,

posteriormente, en el marco de la operación historiográfica, pasa a la escritura y, por lo tanto,

se convierte en archivo (entendiendo el archivo no solo como lugar físico sino también como

lugar social). Se presenta, de esta manera, una “ruptura respecto al rumor del testimonio oral”

(Ricoeur, 2000, p. 218) y la memoria viva sufre, desde la perspectiva del autor, su primera

mutación historiadora pues, a diferencia del testimonio oral (que estaba siempre dirigido hacia

un interlocutor), el archivo no tiene un destinatario preciso, se encuentra disponible para quien

tenga la capacidad de leer y ha sido separado de quien lo creó. Por lo tanto, su cuidado está a

cargo de quien tiene la capacidad de interrogarlo: el historiador, que figura, desde la perspectiva

de Ricoeur (2000), como un artesano. La memoria, de esta manera, pasa a ser archivada y

documentada y “su objeto ha dejado de ser un recuerdo, en el sentido propio del término, es

decir, retenido en una relación de continuidad y de apropiación respecto a un presente de

conciencia” (Ricoeur, 2000, p. 232).

Existen, no obstante, casos límites en los testimonios (como son aquellos de los

supervivientes de los campos de exterminio) que llevan a lo que el autor define como la “crisis

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del testimonio”. Dicha crisis se produce, de acuerdo con Ricoeur (2000), por el hecho de que

dentro de la operación historiográfica no pueda haber un distanciamiento con respecto al

mismo: el mismo no puede ser despojado del horror que genera su existencia y el testigo estuvo

involucrado de forma tal con el hecho que le es imposible apartarse de este. Ya no se trata

entonces de luchar contra la credulidad sino, en un cambio de paradigma, de “luchar contra la

incredulidad y la voluntad de olvidar” (Ricoeur, 2000, p. 230). La historia, en este sentido, al

enfrentar a la crítica al testimonio y poner a prueba testimonios contradictorios, estaría

orientada a buscar un relato probable o plausible; la historia documenta, por lo tanto, podría

contribuir a la “curación de la memoria” y al trabajo de rememoración y de duelo (Ricoeur,

2000). Vale la pena resaltar, no obstante, que como se señalará más adelante, los relatos

concernientes a grandes atrocidades presentan una serie de problemáticas en torno a la labor de

un relato plausible.

Fase de explicación/comprensión. De acuerdo con Ricoeur (2000), es en esta fase

“donde la autonomía de la historia respecto a la memoria se afirma con más fuerza en el plano

epistemológico” (p. 237). De acuerdo con el autor, en la historia como disciplina, la realidad

humana es tomada como un hecho social; además, enfatiza en que esta se distingue de otras

ciencias sociales por su “énfasis en el cambio y en las diferencias o desviaciones que afectan a

los cambios” (Ricoeur, 2000, p. 237). No es de extrañar entonces, que la tesis del autor se centre

en el papel de la representación dentro de esta fase (la historia, a diferencia de la ficción,

pretende convertirse en una representación del pasado). Se esperaría, por lo tanto, que la

historia de relevancia a las prácticas simbólicas y a las representaciones mentales de los grupos

humanos; pese a que estas puedan resultar desapercibidas por los mismos (Ricoeur, 2000).

Para que dichos elementos puedan ser analizados es imprescindible tener en

consideración la escala adoptada por el historiador dentro de su oficio, la cual puede ser

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macrohistórica o microhistórica. Dichas escalas no se contraponen entre sí sino que constituyen

un cambio de proporción; no obstante, tal y como señala Pascal (como se citó en Ricoeur, 2000)

cada una de estas visiones es legítima y permite observar fenómenos que no podrían ser

percibidos desde otra escala. En este sentido, “la historia funciona alternativamente como lupa,

incluso como microscopio, o como telescopio” (Ricoeur, 2000, p. 274).

Así, ninguna de las dos escalas actúa continuamente en un mismo nivel, pues si bien la

microhistoria privilegia las interacciones entre los individuos, familias y grupos; debe

preocuparse también por las relaciones de poder que tienen lugar en la escala macrohistórica

pues estas regulan dichas interacciones. De igual manera, si bien la escala macrohistórica se

centra en operaciones de periodización que dividen la historia en grandes secuencias, esta

implica también unas conductas a nivel individual que forman un habitus en función de las

particularidades de dichos períodos (Ricoeur, 2000).

La forma narrativa, por lo tanto, tiene una función integradora en cuanto a que

constituye una unidad de sentido que es capaz de articular estructuras y acontecimientos. Así,

“la estructura de dominio puede ser incorporada al relato del acontecimiento que constituye

una batalla. La estructura, en cuanto fenómeno de larga duración, se convierte por el relato en

condición de posibilidad del acontecimiento” (Ricoeur, 2000, p. 321). La descripción de

acontecimientos o de estructuras permite, por lo tanto, dar cuenta tanto de elementos

independientes como de elementos condicionados o causales de otros. De acuerdo con Ricoeur

(2000): “si la descripción preserva la estratificación de los planos, incumbe al relato

entrelazarlos” (p. 322). Las estructuras narrativas de la ficción y del relato histórico, por lo

tanto, son semejantes; pero difieren en cuanto al objetivo referencial de las mismas que, en el

caso del relato histórico, es la significancia de la representación.

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Las variaciones de escala, de acuerdo con el autor, pueden llevar a tres líneas

divergentes: a) los grados de legitimación (en los que en situaciones de discordia, los agentes

sociales pueden promover requerimientos de justificación a través de estrategias de

legitimación, los cuales se articulan con discursos fundadores que se cobijan bajo discursos

más articulados); b) los aspectos no cuantitativos de la escala de los tiempos sociales

(concerniente a la estabilidad como modalidad de cambio social y no solo a la cronología

caracterizada por fechas y ajustado al tiempo del calendario) y; c) los grados de eficacia o de

coerción (Ricoeur, 2000).

Frente a esta última escala (los grados de eficacia o de coerción), el autor enfatiza en

que la microhistoria permite desplazar la relevancia dada a la presunción de sumisión de los

actores sociales (que parecen referir un “habitus de costumbre asimilable a algún principio de

inercia” (Ricoeur, 2000, p. 286)) a “las presiones sociales de todo tipo y principalmente a las

ejercidas en el plano simbólico” (Ricoeur, 2000, p. 284). Así, se superan los sistemas binarios

que contraponen cultura erudita y cultura popular (tales como autoridad/resistencia) y se da

paso a nociones como la negociación o la apreciación, los cuales permiten dar cuenta en mayor

medida de la complejidad del juego social y de la relación dialéctica entre estas, aún más si se

tiene en consideración que la institución crea identidad y coacción.

Dada la multiplicidad de prácticas sociales, de vínculos, de valores, y de esquemas que

conforman el hecho social, Ricoeur (2000) enfatiza en la necesidad de referirse a la fase final

de la operación historiográfica como representación y no como mentalidad, pues la primera

permite dar cuenta de dichas múltiples perspectivas al asemejarse más a la noción de “visión

del mundo”. En palabras de Ricoeur (2000): “la hipótesis es particularmente plausible en una

concepción pragmática de la historiografía que cuida de no separar las representaciones de las

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prácticas por las que los agentes sociales instauran el vínculo social y lo dotan de identidades

múltiples” (Ricoeur, 2000, p. 299).

Fase de representación. Siguiendo la tesis de que la historia es en esencia escritura,

Ricoeur (2000) asegura que esta última fase de la operación historiográfica puede ser

conceptualizada como representación escrituraria (Certeau, como se citó en Ricoeur, 2000) o

como representación literaria. La representación, desde esta perspectiva, tendría una relevancia

equivalente a la de la verdad pues está presente durante toda la operación historiográfica: “por

ejemplo, en el nivel documental, con la selección de las fuentes; en el explicativo-comprensivo,

con la elección entre modos explicativos concurrentes, y de modo más espectacular, con las

variaciones de escala” (Ricoeur, 2000, p. 308). La representación, en este sentido, trasciende

al fenómeno mnemónico y se acercaría a una “representancia”. De acuerdo con Ricoeur (2000):

“la representación en el plano histórico no se limita a conferir un ropaje verbal

a un discurso cuya coherencia sería completa antes de hacerse literatura, sino que

constituye una operación de pleno derecho que tienen el privilegio de hacer emerger el

objetivo referencial del discurso histórico”

La historia se configura de esta manera como “erudita de la memoria y de su aporía

fundadora” (Ricoeur, 2000, p. 309), puesto que continúa con una problemática abordada ya en

la memoria: el ícono del pasado. Así, la narración pretende conferir legibilidad y credibilidad

a lo evocado, pero es necesario interrogarse cómo mantener la imagen como referente a lo

anterior y no como referente de lo irreal.

La historia, sin embargo, se ve enfrentada al hecho de que, aunque está pretenda

reconstruir lo que aconteció realmente, existen por parte de los historiadores diferentes relatos

en torno a unos mismos acontecimientos (el acontecimiento se entendería, desde esta postura

(basada en postulados aristotélicos) como todas aquellas variables de la trama, es decir, como

todo aquello súbito o repentino; lo que daría también cabida a periodos extensos de la historia

narrada como el Renacimiento, la Reforma, entre otros. Por lo tanto, el vínculo entre los

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acontecimientos, tal y como ocurrieron, y la forma narrativa, es siempre indirecta “a través de

la explicación y, del lado de ésta, a través de la fase documental, la cual remite a su vez al

testimonio y al crédito dado a la palabra del otro” (Ricoeur, 2000, p. 319). “La ambición de

fidelidad de la memoria procedería así a la ambición de verdad de la historia” (Ricoeur, 2000,

p. 300)

Bajo esta perspectiva, un acontecimiento, antes de ser objeto del conocimiento

histórico, es siempre antes objeto del relato. Diversas posiciones, no obstante, buscan depurar

a la historia del relato al considerarlo como un componente marginal del conocimiento histórico

o como una figura primitiva del discurso “demasiado vinculada a la tradición, a la leyenda, al

folclore y, finalmente, al mito, y demasiado poco elaborada para ser digna de superar las

múltiples pruebas que marcan el corte epistemológico entre la historia moderna y la historia

tradicional” (Ricoeur, 2000, p. 312). Dichos reduccionismos, sin embargo, obedecen – de

acuerdo con el autor – a conceptos pobres sobre el acontecimiento y, por ende, del relato, que

no permiten dar cuenta de la complejidad de ambos. Una perspectiva compleja de los mismos

podría dar cuenta de que “no tenemos nada mejor que el testimonio y la crítica del testimonio

para acreditar la representación histórica del pasado” (Ricoeur, 2000, p. 366).

Dentro de la fase de representación, sin embargo, se genera una problemática ante las

situaciones límite (ejemplificadas por el autor con el caso del Shoá (Holocausto)), puesto que

implica un juicio moral que no está inmerso dentro de la descripción y de la explicación. “El

historiador de la Shoá tampoco debería dejarse intimidar por el postulado según el cual explicar

es excusar, comprender es perdonar” (Ricoeur, 2000, p. 338). Los acontecimientos de este

tipo, de acuerdo con Ricoeur (2000) han dejado una huella de traumatismo dentro de los grupos

humanos y, por tanto, deben ser “divulgados, contados, comprendidos” (Ricoeur, 2000, p. 638).

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Dada esta carga moral, las situaciones límite plantean la necesidad de recurrir a

nociones psicoanalíticas “como trauma, repetición, trabajo de memoria, entendido como

working through” (Ricoeur, 2000, p. 339); el cual, de acuerdo con el autor, requiere que los

diversos testigos sean convocados con el fin no solo de dar cabida a diferentes puntos de vista,

sino también a compromisos diversos y, por ende, a facilitar y acompañar dicho working

through. De acuerdo con Ricoeur (2000):

“este redoblamiento de la relación transferencial confirma la posición híbrida

del historiador enfrentado al Holocausto; habla en tercera persona en cuanto erudito

profesional, y en primera, como intelectual crítico; pero no se puede precisar la

distinción entre el experto y el que Raymond Aron habría llamado el espectador

comprometido” (p. 340).

El historiador, de esta manera, es puesto en una situación de responsabilidad con

respecto al pasado, pues el acontecimiento límite se reconoce como tal inicialmente en la

memoria individual, posteriormente en la memoria colectiva y, finalmente, en el discurso del

historiador. En esta medida, los acontecimientos límite plantean también problemas límite

dentro de su proceso de escritura; los cuales son:

“imposibilidad de neutralizar las diferencias de posición de los testimonios en

los juegos de escalas; imposibilidad de sumar, en una historia englobadora, las

reconstrucciones garantizadas por energías y compromisos afectivos heterogéneos;

dialéctica insalvable entre unicidad e incomparabilidad en el centro mismo de la idea

de singularidad” (Ricoeur, 2000, p. 342).

Así, el autor sugiere que, dentro de la representación, se agotan las fuentes “heredadas

de la tradición naturalista y realista de la novela y de la historia del siglo pasado” (Ricoeur,

2000, p. 341), por lo que se hace necesaria la “exploración de modos de expresión alternativos,

vinculados eventualmente a otros soportes distintos del libro dado para leer: escenificación

teatral, film, arte plástico” (Ricoeur, 2000, p. 431).

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Es importante destacar que la representación se basa en lo que Ricoeur (2000)

conceptualiza como “la condición histórica”, entendida como “este régimen de existen

colocado bajo el signo del pasado como que ya no es y que fue” (p. 368).

El olvido.

Pese a que el olvido (asociado con la culpabilidad y con la reconciliación con el pasado)

se ha perfilado como una amenaza dentro de la fenomenología de la memoria y de la

epistemología de la historia (dado el atentado que podría significar para la fiabilidad de esta y

la concepción de la memoria como la lucha contra el olvido), el mismo puede ser percibido

desde diferentes perspectivas en el marco de lo que Ricoeur (2000) denomina una “pragmática

del olvido”.

Así, podría hablarse de un olvido absoluto por destrucción de huellas y otro olvido de

reserva; el primero comprendería la eliminación de todo tipo de elemento documental, cortical

y de permanencia de un acontecimiento que ha generado una impresión significativa; mientras

que la segunda, implica la posibilidad de recuperar dicho recuerdo a través del reconocimiento

de que este está siendo olvidado y de acciones dirigidas a evocarlo. La segunda perspectiva

implica retomar la tesis de Heidegger (como se citó en Ricoeur, 2000) frente a que “el olvido

hace posible la memoria” (p. 566).

En este sentido, podría asegurarse que, aunque “muchos olvidos se deben al

impedimento para acceder a los tesoros escondidos de la memoria” (Ricoeur, 2000, p. 568), el

problema del olvido no se agota con la destrucción de las huellas. Dichos obstáculos, no

obstante, “se hallan precisamente en el camino de la rememoración” (Ricoeur, 2000, p. 568),

la cual radica en la repetición más que en el recuerdo; en este sentido, y retomando algunos

postulados de Freud, Ricoeur (2000) asegura que dicha compulsión por la repetición no es

equivalente al recuerdo sino que, por el contrario, impide la consciencia del acontecimiento (la

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repetición, en el marco de la rememoración, se hace precisamente porque se trata de una

memoria olvidadiza y no porque el acontecimiento esté presente). Así, al igual que ocurre a

nivel individual, a nivel colectivo se presentan olvidos equivalentes a la omisión, a la

negligencia selectiva y a actos fallidos. En palabras del autor:

“La memoria impedida evocada en “Rememoración, repetición, per-

elaboración” y en “Duelo y melancolía” es una memoria olvidadiza. Recordamos la

observación de Freud al comienzo del primer texto: el paciente repite en lugar de

acordarse. En lugar de: la repetición equivale a olvido. Y el mismo olvido es llamado

un trabajo en cuanto que es obra de la compulsión de repetición, la cual impide la toma

de conciencia del acontecimiento traumático. En este aspecto, la primera lección del

psicoanálisis es que el trauma permanece incluso cuando es inaccesible, indisponible.

En su lugar surgen fenómenos de sustitución, síntomas que enmascaran el retorno de lo

inhibido bajo formas diversas ofrecidas al desciframiento realizado en común por el

paciente y el psicoanálisis. La segunda lección es que, en circunstancias particulares,

pueden volver partes enteras del pasado tenidas como olvidadas y perdidas (…) el

pasado experimentado es indestructible” (p. 569)

Dado el carácter mediador del relato, “los abusos de la memoria son de entrada abusos

del olvido” (Ricoeur, 2000, p. 572). Antes del abuso, no obstante – señala Ricoeur (2000) –

existe el uso y; el uso, necesariamente implica una selección: “si no podemos acordarnos de

todo, tampoco podemos contar todo” (Ricoeur, 2000, p. 572). Así, al igual que en la

ideologización de la memoria, el relato (que implica, por tanto, una parte del olvido) se ve

sometido al mismo abuso a través de la eliminación de diferentes momentos, el énfasis en otros,

el cambio del modo de narración, de los protagonistas o de los entornos del acontecimiento.

El peligro, al igual que en los abusos de la memoria, radica en la memoria oficial, que

a su vez es la memoria “autorizada, impuesta, celebrada, conmemorada” (Ricoeur, 2000, p.

572); los poderes superiores, en esta medida, pueden tomar la dirección del relato y – a través

de un juego entre el olvido activo y el olvido pasivo – imponer “un relato canónico mediante

la intimidación o la seducción, el miedo o el halago” (Ricoeur, 2000, p. 572). El relato

canónico, en esta medida, evidencia otro problema del olvido: desproveer a los actores sociales

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de la capacidad de narrarse a sí mismos, por lo que la creación del relato por parte de los mismos

constituye una re-conquista (Ricoeur, 2000).

La memoria obligada, por otra parte, cuenta también con un equivalente dentro del

olvido: la amnistía; la cual, de acuerdo con Ricoeur (2000), no solo depende de los jefes de

Estado, sino que es también el residuo de un derecho vinculado a la realeza, justificado a su

vez por la antigua relación entre lo político y lo teológico. La amnistía (que se aplica sobre

desórdenes políticos que perturban la paz) se constituye así como un proyecto orientado a la

reconciliación entre ciudadanos enemigos; sin embargo, algunas fórmulas del mismo pueden

llevar al no recuerdo (la similitud entre amnistía y amnesia no solo sería fonética sino también

semántica) (Ricoeur, 2000). La amnistía, de acuerdo con el autor, debería concebirse entonces

como un mecanismo a merced de la utilidad (no de la verdad) que es aplicable a situaciones de

terapia social de urgencia y que, de manejarse cuidadosamente, podría llevar a la expresión sin

cólera del mal, no a su ocultamiento.

El perdón.

De acuerdo con Ricoeur (2000) el perdón, de ser posible, “constituye el horizonte

común de la memoria, de la historia y del olvido” (p. 585). Haciendo una revisión a la

trayectoria del mismo y a su conceptualización, el autor propone como primera tensión en torno

al perdón la existencia de una ecuación: por un lado, la confesión de la falta (que de por sí es

un acto de rememoración al tener la capacidad de crear historia) y, por otro, el otorgamiento

del perdón. El primero de dichos elementos (la confesión) estaría relacionado con la

imputabilidad y con el hecho de que se reconozca la responsabilidad del acto. La trayectoria

del perdón, por otro lado, implicaría desde la culpabilidad criminal, hasta la política y la moral.

En esta última, Ricoeur (2000) apuesta por un perdón “al margen de instituciones responsables

del castigo” (p. 586)

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Desde esta perspectiva, por lo tanto, para que haya perdón es indispensable que haya

una falta y alguien a quien acusar de la misma. De acuerdo con Ricoeur (2000):

“sólo puede haber perdón allí donde se puede acusar a alguien, suponerlo o

declararlo culpable. Y sólo se puede acusar de los actos imputables a un agente que se

da por su autor verdadero. En otros términos, la imputabilidad es esa capacidad, esa

aptitud, en virtud de la cual ciertas acciones pueden imputarse y cargarse en la cuenta

de alguien” (p. 588)

Otro elemento para considerar dentro del perdón es la relación entre dicha falta y el

mal, puesto que se espera que dentro de la misma se contemple la existencia de un exceso no

justificable y, por lo tanto, de una situación límite.

“Así, es lo extremo del mal hecho al otro, en la ruptura del vínculo humano, lo

que se convierte en el indicio de ese otro extremo, el de la maldad íntima del criminal.

En ese punto donde se anuncian nociones como lo irreparable en cuanto a los efectos,

lo imprescriptible en cuanto a la justicia penal, lo imperdonable en cuanto al juicio

moral” (Ricoeur, 2000, p. 593)

Lo imperdonable comprendería, de acuerdo con Ricoeur (2000), no sólo los crímenes

injustificables y los actores que perpetraron estos, sino también “al vínculo más íntimo que une

al agente con la acción, al culpable con el crimen” (p. 594). En este sentido, lo que lo hace

imperdonable es que la culpabilidad se adhiere a la condición humana, por lo que si bien se

podría llegar a comprender al culpable, no es posible absolverlo (Ricoeur, 2000).

Lo imperdonable, no obstante, sería (por paradójico que suene) la condición para el

perdón. Para esto Ricoeur (2000) retoma a Derrida, quien asegura que “el perdón se dirige a lo

imperdonable o no es” (p. 597). Además, Derrida (como se citó en Ricoeur, 2000), asegura que

si bien el mandato de perdonar proviene de una herencia religiosa abrahámica (y a su respectiva

interpretación judía y cristiana), esta se ha ido universalizando a tal punto que puede prescindir

de lo religioso.

Dada dicha universalización, no es de extrañar que, tal y como lo señala Derrida (como

se citó en Ricoeur, 2000), se hayan multiplicado en la esfera geopolítica las expresiones de

101


arrepentimiento, de confesión, de perdón o de excusas (expresiones que Derrida denomina

“escenificación”). No obstante, el autor es enfático en que dichas situaciones no constituyen

un perdón puro pues este está orientado a restablecer la normalidad mediante el trabajo de

duelo, cuando el verdadero perdón no debería ser normativo ni normalizador sino excepcional.

La postura de Derrida (como se citó en Ricoeur, 2000) plantea por tanto la

incondicionalidad del perdón; lo que implica a su vez que este debería otorgarse sin condiciones

de demanda. Ricoeur (2000), no obstante, postula que existe una correlación entre el perdón

solicitado y el perdón otorgado. El perdón sería entendido entonces como un don y la expresión

máxima de ese don, dentro de la herencia cristiana, sería el mandato de amor a los enemigos

(mandato que, vale la pena resaltar, iría directamente en contra del principio de retribución y

de la ley del talión (los cuales constituyen bases para los principales señalamientos hechos a

organizaciones humanitarias). Sin embargo, señala Ricoeur (2000), la premisa es falsa puesto

que con el amor se espera un intercambio implícito: convertir al enemigo en amigo.

El perdón, en este sentido, sería puesto como una relación de intercambio (“No el de

intercambio entre dar y devolver, sino entre dar y simplemente recibir” (Ricoeur, 2000, p.

616)). Sin embargo, dicha postura genera el interrogante a sí únicamente el ofensor está

habilitado para pedir perdón; en esta línea, si bien las instituciones no tienen una conciencia

moral, el autor plantea que los miembros de ciertas comunidades pueden apelar a la

responsabilidad colectiva y a la solidaridad para fomentar el perdón. El perdón se ve expuesto

siempre, no obstante, a la posibilidad del rechazo: a la manifestación, por parte de la víctima,

de no tener la capacidad de perdonar (Ricoeur, 2000).

En el ámbito de lo institucional, la problemática del perdón añade un nuevo elemento:

la necesidad de un castigo. Desde este ámbito, “sólo se puede perdonar allí donde se puede

castigar; y se debe castigar allí donde hay infracción de reglas comunes” (Ricoeur, 2000,

102


p.599). La infracción, por lo tanto, conlleva implícita la posibilidad de lo punible. El perdón,

de ser posible, radicaría en el levantamiento de la sanción (es decir, en el no castigo); dicha

posibilidad, no obstante, conllevaría a la impunidad y a la injusticia. “Bajo el signo de la

inculpación, el perdón no puede enfrentarse frontalmente con la falta, sino sólo marginalmente

con el culpable. Lo imperdonable del hecho permanece” (Ricoeur 2000, p. 599). La institución

y lo jurídico plantea también la prescripción, figura que permite reforzar el carácter conclusivo

de las sentencias penales. Sin embargo, en el caso de los crímenes contra la humanidad, y dada

la gravedad de estos, el principio de prescripción es suspendido y se permite perseguir

indefinidamente a los autores de dichos crímenes (Ricoeur, 2000).

De la responsabilidad criminal referida anteriormente, Ricoeur (2000) pasa en su obra

La Memoria, La Historia, El Olvido a la responsabilidad política (aplicable tanto para políticos

como ciudadanos), entendida como aquella culpabilidad que puede ser aplicable al “cuerpo

político en cuyo nombre se cometieron los crímenes” (Ricoeur, 2000, p. 606). Dicha

responsabilidad, no obstante, no implica la criminalización de los grupos humanos: “debe

rechazarse expresamente la idea de pueblo criminal” (Ricoeur, 2000, p. 606). Los efectos de

dicha concepción de perdón acarrean la necesidad no sólo de sanciones punitivas sino también

herramientas de reparación a largo plazo asumidas por el Estado (Ricoeur, 2000).

Finalmente, más allá de la responsabilidad política, Ricoeur (2000) propone la

existencia de una responsabilidad moral de naturaleza individual, la cual comprende el

“conjunto de los actos individuales, pequeños o grandes, que contribuyeron, por su

aquiescencia tácita o expresa, a la culpabilidad criminal de los políticos y a la culpabilidad

política de los miembros del cuerpo político” (p. 607). La trayectoria frente al perdón y la

imputabilidad plantea el interrogante, formulado previamente por Kodalle (como se citó en

Ricoeur, 2000), en torno a si tienen los pueblos la capacidad de perdonar. La respuesta por

103


parte del autor, no obstante, es negativa; asegurando que la reconciliación entre los pueblos

sigue siendo un deseo no consumado y que el odio heredado por parte de los mismos sigue

evidenciando la necesidad de narrar de otra manera el pasado. La historia, en este sentido,

podría no solo ampliar la memoria colectiva sino incluso desmentirla cuando los pueblos,

encerrados en sus sufrimientos, hacen caso omiso al de otras comunidades (Ricoeur, 2000).

A pesar de esto, y contrario a la lógica punitiva de procesos criminales como el de

Nuremberg, procesos como el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (creado tras el

régimen del apartheid) han apostado por procesos de reparación sobre las poblaciones bajo el

lema de “comprender y no vengar”. Dichos procesos, no obstante, no estaban orientados al

perdón sino a la reconciliación. A pesar de dichos intentos, “las violencias del apartheid

dejaron heridas que algunos años de intervenciones públicas no pudieron bastar para curar”

(Ricoeur, 2000, p. 620).

Al respecto, y pese a que el autor enfatiza en que los resultados de los mismos aún no

son claros, podría asegurarse que los beneficios para las víctimas radican en la expresión del

dolor, la posibilidad de narración de lo ocurrido y de señalamiento a los responsables, lo que

permitió un trabajo de memoria y de katharsis compartida (Ricoeur, 2000). Frente a los

acusados, sin embargo, se presenta que el perdón solicitado, la confesión y el arrepentimiento

público no son siempre genuinos, sino que corresponden a estrategias orientadas a la reducción

de las penas o al logro de la amnistía (Ricoeur, 2000). El perdón, por tanto, señala Ricoeur

(2000), retomando los postulados de Hannah Arendt sobre la condición humana, sólo puede

darse desde la pluralidad: nadie puede perdonarse a sí mismo.

De acuerdo con Ricoeur (2000), toda la trayectoria realizada frente al perdón lleva, en

síntesis, a la posibilidad de separar al agente de su acción. De acuerdo con Derrida (como se

citó en Ricoeur, 2000): “separar al culpable de su acto, en otras palabras, perdonar al culpable

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sin dejar de condenar su acción, sería perdonar a un sujeto totalmente distinto del que cometió

el acto” (p. 628). De esta manera, al culpable le es devuelta, en un acto de fe, su capacidad de

actuar y de continuar (premisa que, en cierta medida, se relaciona con el asunto de la promesa

en Arendt).

Pese a las comparaciones que se han hecho entre la memoria y el olvido, vale la pena

resaltar que estas no son equivalentes, pues mientras que la memoria está marcada por el

acontecimiento (es decir, la situación de reconocimiento y de evocación) y por lo dinámico, el

olvido trata de situaciones definitivas y, por tanto, históricas; no puede ser considerado como

un acontecimiento en sí mismo y el reconocimiento de que este ha tenido lugar depende de la

memoria. Por otra parte, el olvido conlleva, producto del perdón, dilemas propios que no son

aplicables a la memoria; por lo que los interrogantes que plantea son epistemológicamente y

ontológicamente distintas (Ricoeur, 2000). El autor concluye, por lo tanto, en que “el olvido

de reserva (…) es tan fuerte como el olvido de destrucción” (Ricoeur, 2000, p. 646).

Según lo afirma Todorov (2000) en su texto “Los abusos de la memoria”, desde la

implementación de los regímenes totalitarios del siglo XX se ha venido vislumbrando la

necesidad de suprimir la memoria, poniendo en riesgo la existencia de vestigios de relatos no

oficiales que retratarían la grandeza de los vencidos. No obstante, otros regímenes no

totalitarios permitían la conservación de tales narraciones a través de otras formas como los

relatos orales.

Las nuevas autocracias propias del siglo XX han querido suprimir, transformar o

trastocar la memoria con el objetivo de intervenir en la realidad existente; para ello, promueven

acciones como la prohibición de la búsqueda y la difusión de la verdad, las cuales garantizan

de manera satisfactoria la eliminación de aquellos relatos y voces no oficiales (Todorov, 2000),

cumpliendo así satisfactoriamente, con la nombrada premisa de “el fin justifica los medios”.

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Lo anterior, lo sustenta Todorov (2000) desde la importancia legendaria que ha tenido

el manejo de la información, en tanto que quien la posee, posee también el poder. Desde este

argumento, se puede comprender la persecución que los regímenes totalitarios han impuesto

sobre la memoria y las formas de resistencia que sobre esta se engendran, en tanto se consideran

como una evidente amenaza a la hegemonía y, por ende, hacia el poder (Todorov, 2000). Sin

embargo, señala Todorov (2000), no solo estas formas dictatoriales se han sobrepuesto a los

hechos de reminiscencia como manifestación del inconformismo, dado que a través del tiempo

y dadas las dinámicas actuales a nivel social, tecnológico, cultural, etc., las nuevas democracias

que se jactan de liberales han contribuido a la prevalencia de dicho fenómeno, al caer en

cuestiones triviales como las demandas de la sociedad del ocio y los vanos placeres de la

inmediatez. En este caso, y dada la multiplicidad de información que circula a través de los

nuevos medios electrónicos y digitales, la memoria ya no estaría amenazada por su supresión

sino por la sobreabundancia de información; este sería el mecanismo de los nuevos gobiernos

en contra de la memoria. “Por tanto, con menor brutalidad pero más eficacia —en vez de

fortalecerse nuestra resistencia, seríamos meros agentes que contribuyen a acrecentar el olvido”

(Todorov, 2000. p13).

Ante lo anterior, Todorov (2000) cuestiona el uso de la memoria, al afirmar que la carga

emocional que tiene el pasado para aquellas personas que lo padecieron es enorme, y ante

aquellos intentos de las instituciones y agentes oficiales de acaparar y tener control frente a su

uso, los intentos de clarificación de lo sucedido terminan siendo poco verídicos. Ante esta

situación, el autor problematiza la supremacía incondicional que adquieren los actos de

memoria, en tanto argumenta que estos no significan una completa contradicción al olvido, en

tanto el hacer memoria requiere hacer selección de los hechos a rememorar “la memoria, como

tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán conservados, otros

inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados” (Todorov, 2000, p. 13). En este

106


orden, menciona Todorov (2000), que conservar sin elegir no es una tarea de la memoria; no

obstante, lo problemático no es la selección en sí misma sino la atribución que han tomado

tanto los regímenes totalitarios como las nuevas democracias de seleccionar qué hechos deben

ser o no conservados; “ninguna institución superior, dentro del Estado, debería poder decir:

usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos, aquellos que no acepten

la versión oficial del pasado serán castigados” (Todorov, 2000, p.14).

Dadas estas tensiones, se generan dos grandes distinciones frente a los usos de la

memoria: la primera, relacionada con la recuperación del pasado y su posterior uso, en tanto se

han seleccionado algunos sucesos a rememorar los cuales orientarán la utilización que se hará

del pasado; así, el principio que se aplica en esta primera instancia es “nada debe impedir la

recuperación de la memoria” (Todorov,2000, p.14). Por tanto, en palabras del autor, cuando un

individuo o colectividad sufre acontecimientos de naturaleza trágica, el evocar y narrar

trasciende de ser un derecho a ser un deber. No obstante, y dado que se presenta una

interrupción entre el uso posterior que se haga de aquella remembranza, se presenta la segunda

distinción, y es respecto a este uso y el papel que debe desempeñar en el presente. Así, en

síntesis, “la recuperación del pasado es ineludible; más esto no implica que este deba regir el

presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera” (Todorov, 2000, p.

18).

Esta mirada propuesta por Todorov (2000) apuesta por el uso de la memoria como

elemento esencial de resignificación y dignificación humana. Sin embargo, no es la única

perspectiva desde donde el autor se sitúa para argumentar este asunto; puesto que desde otros

planteamientos afirma que la memoria, dada su carga sentimental y emocional, ha sido útil en

la ejecución de causas poco nobles, en tanto el proceso de selección de esta, no solo evoca

recuerdos positivos sino también puede traer a colación los sucesos más dolorosos de la vida

107


de cada sujeto, convirtiéndose estos y su reinterpretación en la excusa perfecta para cometer

las más grandes tragedias y barbaries de la historia, a esto el autor le denomina los abusos de

la memoria:

“Una de las grandes justificaciones de los serbios para explicar su

agresión contra los otros pueblos de la ex Yugoslavia se basa en la Historia: los

sufrimientos que ellos han causado no serían más que un desquite por lo que los

serbios han sufrido en el pasado” (Todorov, 2000, p.23).

Así como se ha venido afirmando que cada sujeto tiene derecho a recuperar su pasado;

es importante mencionar, que también goza del mismo derecho al olvido. En relación, el

ejercicio de memoria sustentado aquí desde dos vertientes se consolida al interior de los

planteamientos de Todorov (2000), como usos de memoria con implicaciones propias. En este

orden, y reconociendo desde los argumentos del autor la importancia de la selección de la

memoria indistintamente del cúmulo de recuerdos, se distingue la memoria literal de la

memoria ejemplar: la primera, como su nombre lo indica, es una lectura plana de los

acontecimientos sucedidos (sin que esto implique la verdad), donde estos y el sufrimiento

emergente del pasado someten al presente sin ninguna pretensión de transformación. Según

menciona Todorov (2000), las personas que se sitúan en este marco persiguen una

conmemoración obsesiva del pasado, lo que dificulta la tarea de olvidar haciendo más doloroso

y represivo el presente; por el contrario, en la memoria ejemplar el presente aprovecha los

sucesos y sufrimientos vividos y los convierte en experiencias significativas tendientes a

combatir las injusticias que se presentan en la actualidad. En este uso ejemplar no se desconoce

la particularidad del pasado, en tanto este sirve como marco para generar nuevas comprensiones

del ahora que se toman como lección no solo a nivel particular sino también en la esfera de lo

público.

Pese a lo que representa un uso ejemplar de la memoria, existen muchos detractores de

su uso según lo señala Todorov (2000); aquellos sustentan que al trascender lo acontecido a un

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plano tan abierto como el público se puede correr el riesgo de perder la particularidad y

singularidad de cada hecho cayendo en comparaciones reduccionistas e indignantes. No

obstante, lo que con esto se busca es que sin desconocer la unicidad y especificidad de cada

acto se reconozcan características comunes que posibiliten desde la experiencia individual el

reconocimiento de otras con las que se comparten semejanzas. Esto no sería posible si se parte

de un suceso individual; en tanto este, si bien podría conservarse en la memoria, no podría ser

usado como referente. En consecuencia, la memoria ejemplar, aunque puede establecer

generalizaciones, no invisibiliza la identidad de los sucesos; por el contrario, posibilita diálogos

e interacciones como puntos de partida de otras construcciones “orientadas hacia la búsqueda

no de la verdad sino del bien” (Todorov, 2000, p. 32)

En síntesis, señala Todorov (2000) que estos referentes orientarán y servirán de guía en

la labor de distinción de los buenos usos de la memoria, lo que implica por parte del sujeto un

cuestionamiento constante sobre cuál es su forma de reminiscencia “sacralizar la memoria es

otro modo de hacerla estéril. Una vez restablecido el pasado, la pregunta debe ser: ¿para qué

puede servir, y con qué fin?” (Todorov, 2000, p.23).

La recuperación de la memoria sin lugar a dudas es una tarea fundamental al interior de

cualquier país, máxime en uno que ha sido atravesado por las más crueles formas de violencia

ejecutadas durante más de cinco décadas. Sin embargo, resulta necesario esclarecer que hay

grandes diferencias entre recuperar la memoria y hacer culto a la memoria, en tanto esta última

va en contravía de los propósitos e implicaciones de la primera. El culto a la memoria se

constituye en una labor utilitaria, en una cortina de humo para desentenderse e invisibilizar las

situaciones y fenómenos actuales excusados en una supuesta preocupación, exaltación y

conmemoración del pasado “conmemorar a las víctimas del pasado es gratificador, mientras

que resulta incómodo ocuparse de las de hoy en día” (Todorov, 2000, ´p.34).

109


Sumado a esto, el carácter individual propio del culto de la memoria, además de

justificar actos ególatras y poco nobles impide un reconocimiento ante las situaciones de los

demás; basta con citar el ejemplo, respecto a la categoría de víctima y las disputas que se

generan alrededor de esta en torno al grado de victimización “es más ventajoso seguir en el

papel de víctima que recibir una reparación por el daño sufrido (suponiendo que el daño sea

real): en lugar de una satisfacción puntual, conservamos un privilegio permanente,

asegurándonos la atención y, por tanto, el reconocimiento de los demás” (Todorov, 2000,

´p.34).

El culto a la memoria no propende ni contribuye a la justicia, en tanto aquí la tarea de

conservación de la memoria se da con el banal fin de obtener una reparación bien sea material

o simbólica. En cambio, la recuperación de la memoria fortalece la justicia y se consolida en

una alerta preventiva frente a posibles situaciones venideras, lo cual exige tomar medidas y

actuar frente a la barbarie, asumiendo un rol activo y resistente ante la impunidad:

“Aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen

el deber de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a

unos cientos de kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus

hogares. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al

servicio del presente, como la memoria –y el olvido- se han de poner al servicio

de la justicia”. (Todorov, 2000, ´p.35).

Pese a que Todorov (2000), sostiene la importancia de la memoria colectiva en pro de

la construcción de la justicia y de la prevención de la impunidad, autores como Rieff (2016),

afirman que la memoria histórica es insostenible dado que la importancia del pasado se

desvanece dentro de los grupos humanos y que esta puede acarrear impactos políticos y sociales

negativos dentro de las comunidades.

Retomando el interrogante sobre los abusos de la memoria, Rieiff (2016), cuestiona la

inocencia de la memoria histórica, asegurando que esta no tiene un sentido intrínseco sino que

110


se corresponde con los diversos significados que le pueden ser asignados. Como consecuencia

de esto, existen debates en torno a qué y cómo rememorar; lo que a su vez puede llevar a la

existencia de relatos que son incompatibles entre sí, no obstante, para que estos puedan

coexistir es necesario que no haya un claro vencedor tras el conflicto pues es la victoria la que

confiere el poder unilateral para conformar la memoria colectiva. Por lo tanto, de acuerdo con

el autor, no es de extrañar que la memoria colectiva se acerque más al mito o a la propaganda

política que a la historia.

La imprecisión histórica puede llegar incluso a convertirse en una condición de la

memoria colectiva como elemento integrador e identitario de la sociedad, pues un exceso de la

historia crítica podría amenazar el consenso social y la “lealtad al Estado”. Al respecto, Rieff

(2016), pone de ejemplo el debate presentado en Estados Unidos en torno si en los colegios

debe enseñarse la figura de Cristóbal Colón como un héroe descubridor de América o si debe

plantearse en términos del daño que ocasionó para los nativos la llegada del Imperio Español;

entre quienes defienden la primera postura, por ejemplo, se mantiene que los estadounidense

no tendrían ya referentes para enorgullecerse del origen de su Nación y que esto podría incluso

extender a un repudio de su presente. En síntesis, “cuanto más se remontan en el tiempo (…)

más cuestionable parece toda justificación moral de conmemorar dichos acontecimientos” (p.

33).

Rieff (2016) sostiene que dichas imprecisiones se agudizan como consecuencia de que

la rememoración haya reemplazado a la historia. Así, de acuerdo con el autor, “los estudiantes

saben cada vez menos de política contemporánea, geografía del mundo o historia. Y la poca

historia que no saben no es propiamente historia, sino rememoración” (p. 132), sin embargo,

teniendo en consideración que la memoria se convierte tan solo en una metáfora cuando ya no

existen testigos del acontecimiento, lo que se continúa transmitiendo inter-generacionalmente

111


no es más, de acuerdo con el autor, que un mito mantenido por el victimismo traumático de

individuos y colectivos. No obstante, contrario a lo que se mantiene en las intencionalidades

de la rememoración, los acontecimientos – por más trágicos que hayan sido o por más que

hayan repercutido en una generación – perderán relevancia para las siguientes e

inevitablemente serán olvidados.

Así, el peligro de esta reconstrucción de las memorias colectivas radica – de acuerdo

con Rieiff (2016) - en que estas pueden ser utilizadas para exacerbar la ira de un grupo humano

(pese a que generaciones después se busque a través de las mismas disminuir una cultura del

agravio que la misma rememoración sustenta); no es de extrañar entonces, de acuerdo con el

autor, que “en la actualidad, los fascistas y los multiculturalistas, los servidores del Estado y

los revolucionarios comprometidos a poner al Estado de rodillas, las élites y las contraélites se

unan para rendir homenaje al “Deber de la Memoria” (p.82). Lo anterior no significa, tal y

como advierte el autor, suponer que todos estos actores harán el mismo uso de la memoria pero

sí da cuenta de cómo la historia ha sido apropiada por parte de la memoria colectiva (llegando

incluso a ser utilizados como un sustituto en países como Francia) y se ha consolidado como

un instrumento para legitimar un programa sociopolítico a la vez que se deslegitima el de

opositores ideológicos.

Rieff (2016) sostiene, no obstante, que la rememoración colectiva puede llevar a una

distorsión de la realidad mayor que la que ha hecho de la memoria colectiva, el Estado o las

élites, pues la primera se basa en el agravio, en la derrota y en las heridas que ocasiona el

conflicto.

Dado lo anterior, y teniendo en consideración especialmente aquellos casos en los que

no existe un vencedor claro dentro de un conflicto, la rememoración – lejos de ser un

112


imperativo moral – se convierte, de acuerdo con el autor, en un obstáculo para la paz. En

palabras de Rieff (2016):

“la memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las

naciones la entienden y despliegan – la cual, reitero, siempre es selectiva, casi siempre

interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico – ha conducido

con demasiada frecuencia a la guerra más que la paz, al rencor y al resentimiento (que

parece cada vez más la emoción que caracteriza nuestra época) más que a la

reconciliación, y a la determinación de vengarse en lugar de comprometerse con la

ardua labor del perdón” (p.56-57)

No obstante, desde el siglo XX se ha venido consolidando la idea de la memoria

colectiva como un ejercicio moral de las sociedades y esta ha pasado de ser monopolio del

Estado para estar en disputa de minorías étnicas, religiosas y sexuales que “ponen en entredicho

el relato tradicional dominante y procuran su modificación si no su transformación absoluta”

(Rieff, 2016, p. 83).

Pese a estas objeciones contra la memoria histórica, vale la pena resaltar que Rieff

(2016), sostiene que en algunas situaciones, especialmente cuando hay una memoria viva, esta

sí puede constituirse en un imperativo moral (como en los casos en que se encubre una tragedia,

se omite parte de la verdad de un acontecimiento, se cometen crímenes de guerra, se tiene la

posibilidad de llevar ante la justicia a los perpetradores o colectivos toman la decisión de

recordar a sus muertos o exigir el reconocimiento de los daños sufridos). No obstante, reitera

que esta no puede ser planteada en términos de verdad o mentira y que las consecuencias de la

misma son mucho más complejas de lo que podría esperarse pues el recuerdo de los genocidios

o de las tragedias que han afectado a la humanidad no han logrado impedir que ocurran otras

experiencias de esta índole; en otras palabras, la memoria colectiva no es una garantía del

“nunca más”.

Dado que la memoria colectiva no garantiza la estabilidad de una nación, Rieff (2016)

plantea el deber del olvido como un imperativo ético; para esto, se vale de casos como el Pacto

113


del olvido en España y el no procesamiento inmediato de Pinochet en Chile, países en los cuales

se procuró una memoria de lo ocurrido una vez las condiciones de los mismos habían cambiado

lo suficiente como para no generar más agravios o dificultar el camino hacia la democracia.

Por ejemplo, en el caso de Colombia (así como en otros territorios atravesados por la violencia

como Sri Lanka y Ucrania) es necesario reconocer que en algún momento es necesario

abandonar la conmemoración en torno a lo ocurrido durante el conflicto.

La revisión anterior permite identificar una serie de postulados comunes entre

Halbwachs (2011), Todorov (2000) y Rieff (2016), quienes coinciden en afirmar que la

memoria exige un proceso de selección de los recuerdos; en dicho proceso se pone en juego la

carga emocional de los mismos y la relevancia que se les atribuya; elementos subjetivos que

determinarán los usos que se le darán a la memoria. Pese a que Halbwachs (2011) reconoce

que la memoria puede servir a diferentes intereses, es Todorov (2000) quien conceptualiza

estos en las categorías de “memoria ejemplar” y “memoria literal”; respecto a esta última,

aunque Rieff (2016) no establece esta relación de forma explícita, podría asegurarse que sus

advertencias a propósito de las consecuencias negativas de la memoria, se enmarcaría dentro

de esta concepción.

Otro de los puntos en común de los tres autores radica en el elemento identitario de la

memoria; lo anterior se visualiza en los elementos expuestos por Halbwachs (2011), en cuanto

a que la consistencia del recuerdo es lo que permite a los grupos sociales distinguirse de otros;

en la tesis de Todorov (2000), frente a que el reconocimiento de elementos comunes dentro de

las experiencias genera identidad y, aunque no es uno de los ejes centrales en los postulados de

Rieff (2016), este señala la memoria como un mecanismo que permite la cohesión social a

través de la distorsión de la historia de los grupos humanos.

114


Sumado a esto, Todorov (2000) y Rieff (2016) comparten la idea de la memoria como

un deber, sin embargo, Rieff (2016) lo limita a casos excepcionales como aquellos en los que

la memoria sigue viva o en los que aún se puede procesar a los responsables; no obstante, como

se señaló previamente, se presentan claras contraposiciones como que dichas medidas no

garantizan la no repetición de los hechos o que estas puedan llevar a aumentar los sentimientos

de agravio.

Uno de los elementos distintivos entre los argumentos de Halbwachs (2011), Todorov

(2000) y Rieff (2016), se refiere al hecho de que si bien los dos primeros reconocen la existencia

de múltiples perspectivas sobre un mismo recuerdo, es Rieff (2016) quien hace explícita la tesis

de la memoria como un elemento que ha sido monopolizado por el Estado y desde el cual se

han generado disputas entre este y grupos minoritarios.

Pese a que, tal y como lo señala Rieff (2016), algunos países han adelantado pactos

hacia la no memoria, en Colombia se han gestado leyes y políticas hacia el tratamiento del

pasado y el derecho a la verdad en el marco de la violencia pese a que en torno a esta no hay

un claro vencedor; entre dichas leyes y políticas destaca la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de

2005), La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y lo acordado en el

marco del proceso de paz de la Habana.

Duelo.

De acuerdo con (Romero & Cruzado; Worden & Sánchez Berberán, como se citó en

Ariza, 2016) el duelo como proceso complejo, multifuncional, individual y subjetivo se

presenta como la respuesta natural ante la pérdida de un ser querido y la adaptación que

demanda dicha pérdida en la vida del sujeto que la padece; esto dado que dicho evento irrumpe

la vida cotidiana de la persona, exigiendo nuevas comprensiones y la reorganización de las

dinámicas propias en las que este se encuentra inmerso.

115


Siguiendo los planteamientos de Kübler-Ross & Daurella (como se citó en Ariza, 2016)

el duelo al ser un proceso exige, por parte del sujeto que sufre la pérdida, el tránsito por una

serie de etapas que, en últimas, conllevarían a que este reorganice y equilibre su vida posterior

a la aceptación de dicho acontecimiento, transformando sus acciones cotidianas y sus

dinámicas habituales. Estas etapas son: negación y aislamiento, ira, pacto o negación,

depresión, y aceptación.

La negación, como etapa inicial, según los argumentos de Kübler-Ross & Daurella

(como se citó en Ariza, 2016) corresponde a la primera arma de defensa psicológica que

manifiesta el individuo ante una noticia aversiva e inesperada, lo que implica empezar el

tránsito hacia una nueva reorganización y una nueva realidad.

La etapa de la ira, como su nombre lo indica, desata en el doliente sentimientos

asociados a la frustración, la rabia, el dolor y el resentimiento que pueden emerger en este;

además, se pueden manifestar hacia su entorno y las personas que lo rodean, como

consecuencia de la no aceptación de los hechos. De acuerdo con Ariza (2016) los pensamientos

que surgen durante esta etapa se asocian con la sensación del desamparo y la pérdida como un

castigo no merecido; razón por la cual, el acompañamiento, la comprensión y la solidaridad

por parte de los familiares o las personas cercanas deben ser evidentes y primordiales, en tanto

se puede llegar a considerar las manifestaciones y acciones que movilizan estos sentimientos

como ofensas o afrentas de tipo personal.

La tercera etapa, denominada “de pacto o negación” se caracteriza porque desde allí se

generan los primeros acercamientos y los primero pasos hacia la etapa de la aceptación de la

pérdida; desde allí el doliente se permite afrontar su situación tratando de entenderla.

En la siguiente etapa denominada “depresión”, según los autores, se experimenta el

dolor más profundo dentro de todo el proceso, pues se genera una descarga emocional, en la

116


cual, el sujeto que ha sido objeto de la pérdida da lugar a la manifestación personal y pública

de su dolor. Aunque este estadio esté marcado por este sentimiento, el hecho de hacer públicas

sus emociones y de permitirse llevar a cabo, dentro de este ámbito, acciones como el llanto

facilita la superación y el cierre del proceso (Kübler-Ross & Daurella; Beristain, como se citó

en Ariza, 2016). La última etapa correspondería a la aceptación; es allí donde el sujeto ha

reorganizado y equilibrado la nueva realidad que tendrá que afrontar luego de la pérdida

sufrida.

Si bien estas etapas poseen rasgos particulares; en conjunto, se consolidan como

mecanismos de defensa psicológica en pro del avance hacia la vida y las implicaciones que

desde la ausencia del ser querido surgen. Además de las etapas ya mencionadas, Ariza (2016)

hace referencia a las tareas del duelo definidas desde autores como el psicólogo español Carlos

Beristain.

En este orden, las tareas del duelo según Beristain (como se citó en Ariza, 2016) son

aquellas acciones que van ligadas al proceso de duelo y que surgen de manera progresiva en el

doliente. Estas tareas recobran un sentido que cambia de sujeto a sujeto, pues están mediadas

por el marco cultural donde este se desenvuelve, lo cual determina las formas y tiempos de su

realización de acuerdo con lo que menciona el autor (Beristain (como se cita en Ariza, 2016));

estas cuatro tareas son indispensables e ineludibles al interior del proceso, estas son:

a. La “aceptación de la pérdida con realización de rituales y ceremonias de despedida y

recuerdo” (Beristain, como se citó en Ariza, 2016, p. 52), cuyo objetivo es buscar la aceptación

por parte del doliente y de las personas cercanas al ausente. Para tal fin, Beristain 2004 (como

se cita en Ariza, 2016), considera que la celebración de rituales y ceremonias son

indispensables, pues ayudarían y facilitarían dicha aceptación ante el carácter definitivo de la

pérdida.

117


b. La segunda tarea consiste en la “posibilidad de expresión sobre la persona y la

situación traumática” (Beristain, como se citó en Ariza, 2016, p. 52), en la que la manifestación

de las emociones que emergen posterior a la pérdida, se constituyen - según refiere Beristain

(como se citó en Ariza, 2016) en una necesidad dentro de la construcción y consolidación del

tejido social al asignar espacios y lugares públicos desde donde se manifesté abiertamente el

dolor y desde donde se reconozca socialmente dicha pérdida. Así, como lo menciona Ariza

(2016) se incluye y se acoge al doliente en la comunidad al permitirle la expresión y la

liberación de sentimientos como la tristeza.

c. La tercera tarea corresponde a la “adaptación a la nueva situación, el cambio de roles

familiares, el sentido del mundo y la propia identidad” (Beristain, como se citó en Ariza, 2016,

p. 53). En esta etapa, ante todo se reconoce que la persona que fallece deja un vacío al interior,

por ejemplo, en la dinámica familiar y, en efecto, dentro de las funciones que este sujeto ejercía

al interior de estas; por ejemplo, si la persona era la encargada de llevar el sustento económico

al hogar se tendrá que dar un proceso de reorganización a través del cual otra persona asuma

dicha responsabilidad. Esta reasignación de funciones al interior del ámbito familiar, por

ejemplo, es otra de las tareas ineludibles en el proceso de duelo, lo que facilitará el equilibrio

que se busca desde dicho tránsito.

Finalmente, la cuarta tarea refiere a la “reubicación de las personas muertas,

estableciendo vínculos con los que murieron y las relaciones con otras personas” (Beristain,

como se citó en Ariza, 2016, p. 53); a través de esta tarea se busca idear formas de recuerdo

hacia la persona que no está, así como reanudar vínculos afectivos con personas que para esta

fueron significativas. Lo anterior también demanda una reorganización, una apertura al mundo

ante la pérdida y el restablecimiento de interacciones con las personas que quedan y con aquella

que se ha ido; permitiendo su recuerdo a través de ceremonias, monumentos, y todas aquellas

118


acciones que permitan su evocación. Tal y como lo afirma Ariza (2016) “esta tarea parece jugar

un rol de negociación social entre los dolientes de la persona fallecida y el resto de la sociedad,

en el que se permite el recuerdo, pero con la condición de seguir viviendo en comunidad”

(p.54). Vale la pena resaltar que la ausencia de un cuerpo que ratifique la pérdida definitiva de

la vida y de la esperanza, generan consecuencias significativas para la realidad del doliente,

diferenciadas, a su vez, de los procesos de duelo complicado (Heeke et al., 2015).

En síntesis, este proceso aunque si bien surge a partir de la ruptura y el quebranto de las

acciones y las dinámicas cotidianas, demanda de quien lo asume la necesidad de asignar nuevas

comprensiones y de realizar transformaciones que den apertura a nuevas realidades; que si bien

surgen desde una pérdida, son las que marcaran el camino del doliente y le permitirán continuar

adelante en su nuevo trasegar.

Una vez definido el duelo individual, resulta necesario definir a qué se hace

referencia el duelo colectivo. Para ello, resulta coherente con las posturas desde las cuales se

sustenta este proyecto investigativo, lo referido por la profesora del Instituto de Estudios

Políticos de la Universidad de Antioquia María Teresa Uribe.

En este orden, según menciona Uribe (2008), el duelo colectivo trasciende los límites

de la puesta en público del dolor y el sufrimiento; pues su propósito, más allá de dar cuenta de

las historias particulares y de los relatos memoriales, radica en visibilizar a las víctimas como

los actores por excelencia de este duelo y como sujetos activos política y socialmente ante la

esfera pública. Dada su importancia, se le asignan una serie de características tales como la

inclusión y la pluralidad; en tanto estas son fundamentales y están orientadas (dentro de este

proceso) a la reconstrucción de la relación entre presente y futuro a través del pasado, en tanto

pone en juego verdades diversas y memorias rivales.

119


Como otro de los propósitos que se trazan al interior de los procesos de duelo colectivo

se hace referencia a la generación de espacios comunes de confrontación de verdades rivales

donde:

“los mutuos agravios se puedan encontrar sin destruir a quien los enuncian, en

donde el recuerdo de las sangres derramadas no convoque otras sangres, permitiría matizar

el dolor propio, resignificar el sufrimiento al percibir el sufrimiento del otro, real o supuesto,

e incluso encontrar algunos puntos de identidad con él, iguales rabias, similares deseos de

venganza” (Uribe, 2008, p.9).

Al respecto, la autora menciona la posibilidad que de allí no surja el perdón, pero sí

podría surgir un entendimiento sobre las causas y las consecuencias tanto de los hechos como

de las emociones suscitadas con estos.

En coherencia con lo anterior, y como otras de las intencionalidades, Uribe (2008)

resalta el hecho de que estos procesos buscan incesantemente cumplir con la función de darle

la palabra a las víctimas, de recuperar su dignidad y de resarcir sus derechos, en tanto, los

duelos colectivos y las memorias que desde allí se evocan deben estar orientadas a la reparación

de las víctimas, es decir, a determinar aspectos como las formas, los grados, los responsables

de dicha de reparación y la compensación por los daños ocurridos en el marco del conflicto.

Esto sin dejar de lado, la rehabilitación (médica y psicológica) a la que estas (las víctimas)

tendrían derecho; así como la reparación simbólica que los incluya como sujetos de derechos

en la nación.

Además de lo ya señalado, Uribe (2008) sustenta que para la realización del duelo

colectivo debe existir disposición por parte de los diversos actores (víctimas, victimarios y

testigos) de hablar abiertamente ante la sociedad y de aceptar como verdadero aquello que se

escucha; esto implicaría otorgar espacios de apertura donde haya cabida a las divisas versiones

y a las múltiples verdades. Como otras de las condiciones, se plantea la necesidad de que estos

120


procesos se den y se sumen de forma tal que estén libres de sesgo, entendiendo que lo que

desde allí se busca es la construcción de escenarios de paz estables y duraderos.

Respecto a lo anterior, cabe destacar que para que las intenciones que desde este proceso

se tracen, Uribe (2008) afirma que estos (los procesos de duelo colectivo) deben ser conocidos

y aceptados por los diversos participantes, brindando claridades respecto a sus alcances

pedagógicos y éticos, respecto a su realización y frente el derecho que se inserta en la sociedad

en general sobre conocer la historia; esto sin desconocer o tratar de invisibilizar la de los demás,

por lo que sería necesario otorgándoles algún grado de veracidad a aquellos relatos contrarios.

Lo que se espera con esto, es que se den y emerjan todas aquellas versiones que de una u otra

forma no han salido a la luz pública o que han sido fragmentadas, y que se hacen necesarias,

en tanto, permitirían a la sociedad civil conocer los horrores de la guerra y sensibilizarse

respecto a estos. En relación Uribe (2008) añade:

“En un duelo público y colectivo se cumple con la impostergable tarea de darle la

palabra a las Desmond Tutu, el director de las comisiones de verdad, justicia y reparación de

Sudafrica, argumenta que el encuentro público entre las víctimas y quienes les ocasionaron

daños no solamente es un principio de reparación para las primeras sino la única manera posible para que los victimarios, a través de su confrontación con el dolor y el sufrimiento de sus

víctimas dejen de pensarse a sí mismos como los salvadores de la patria, como los héroes de una

gesta gloriosa, y se miren como lo que son, actores y responsables en distintos grados de un

desastre humanitario y de una devastación de consecuencias incalculables” (p.9)

Finalmente, Uribe (2008) sin dejar de lado la importancia expuesta frente al duelo

colectivo, advierte sobre dos disyuntivas que desde este se podrían desatar: la primera, hace

referencia a la venganza; y la segunda a la justicia. De allí que surja la necesidad de establecer

medidas y de generar mecanismos que eviten que tanto las victimas como la sociedad civil

queden sumergidos en las tragedias del pasado, y por ende, ancladas a percepciones de

victimización, pues según advierte la autora estas podrían tener consecuencias más lesivas que

el mismo silencio. Para dar mayor énfasis a sus palabras, Uribe (2008), retoma a Todorov,

quien afirma que lo expuesto por la memoria goza de demasiada relevancia como “para dejarla

121


a merced del entusiasmo o de la cólera” (Todorov como se citó en Uribe, 2008, p.8). De esta

manera, hace explícita aquella dualidad

“la puesta en público del dolor y el sufrimiento puede conducir a la victimización y a

la despolitización o puede convertirse en un instrumento de aprendizaje social y de

transformación del viejo orden político que desató las furias de la violencia, la guerra y la

muerte”. (Uribe,2008, p.8)

Ética del cuidado.

De acuerdo con Comins (2009) todos los seres humanos contamos con la necesidad de

afecto y de apoyo emocional, motivo por el cual la atención y el cuidado se constituyen en

vehículos a través de los cuales estas pueden ser satisfechas. El cuidado implicaría, por lo tanto,

un reconocimiento del otro al que subyace admiración, aprecio y, especialmente, la valoración

de sus cualidades intrínsecas (Friedman, como se citó en Comins, 2009). Dicho cuidado, no

obstante, no se presenta únicamente en momentos en los cuales alguna persona tiene una

necesidad, sino que comprende también el esfuerzo por el empoderamiento mutuo. En este

sentido, el cuidado resultaría beneficioso tanto para el “donador” como para el “receptor” pues

el sentimiento de utilidad y lo inter-personal subyacente a este, impacta sobre el auto-estima y

sobre la felicidad. Vale la pena aclarar que el cuidado difiere de la caridad en que este es

horizontal, requiere del conocimiento del otro y, además, es bilateral (Comins, 2009).

Autores como Robinson (como se citó en Comins, 2009) mantienen que la ética del

cuidado debe, no obstante, trascender del ámbito privado al público y político (al que

tradicionalmente se delegaba dada la necesidad de cercanía que este implica). Se hace,

necesario, por lo tanto, fomentar “un sentimiento de necesidad y de unión mutua que justamente

radica en las diferencias que nos enriquecen” (Comins, 2009, p. 94). El sujeto de cuidado, no

obstante, no es nunca una abstracción (como podría serlo “la humanidad”) sino que es siempre

un sujeto concreto que es valorado desde su particularidad; es decir, que es percibido como

único e irrepetible. No es de extrañar entonces que de acuerdo con Giligan (como se citó en

122


Comins, 2009) la percepción moral de las mujeres parezca tener mayor fuerza dado el rechazo

a la despersonalización y su capacidad de ver en la persona que está en situaciones límite a

alguien que podría serle cercano.

Conceptualización de sentido.

Para la presente investigación se retoma la definición de sentido dada por Ramírez

(como se citó en Becerra, 2008), quien conceptualiza este como una forma de construcción del

lenguaje desde los marcos de enunciación del sujeto que emite el mensaje. Así, en la

construcción del sentido actúan y se encuentran presentes los pensamientos del individuo, su

conocimiento del mundo, el ordenamiento que hace con respecto a lo social y su esfera afectiva;

es decir, sus motivaciones, sus deseos y sus expectativas (Becerra, 2008).

El sentido, de esta manera, es particular y se origina en el marco del discurso y desde

el individuo, mientras que el significado se encuentra anclado al texto y no implica situaciones

específicas. En palabras del autor: “se define el sentido dentro de los procesos de comunicación

concretos, mientras que la significación sí puede abstraerse, el sentido no, porque es particular,

lo que se intentará realizar es una hermenéutica de ese sentido propio del discurso” (p.45)

Así según Hall (2010), los sentidos se producen a través de prácticas discursivas, en

tanto que el sujeto que las construye posee unos marcos de formación ideológica y discursiva

que lo cuestionan e interpelan. En coherencia, los sentidos no son preceptos dados ni surgen de

manera espontánea o restringida del sujeto; por el contrario, se constituyen a través de un

proceso de mediación ideológica dentro de un determinado contexto sociocultural.

Políticas de memoria y procesos sociales reconstrucción de memoria histórica.

Las políticas de la memoria se asumen al interior del presente ejercicio investigativo

como aquellas “acciones deliberadas, establecidas por los gobiernos o por otros actores

123


políticos o sociales con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de

determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes”

(Groppo, 2002, p. 192). Siguiendo lo expuesto por Groppo (2002) aunque dichas políticas

evidencian una preocupación por el pasado éstas trabajan en función de los sucesos del

presente, en tanto posibilitan la configuración de determinado tipo de identidad colectiva

moldeando cierto tipo de sociedad. En este sentido, retomando a Todorov, Groppo (2002)

reitera que la memoria en sí misma no es buena ni mala; todo depende del uso que se haga de

ésta; de ahí que puedan poseer una lógica democrática o autoritaria dependiendo de los

objetivos que con estas se persigan.

En este orden, al hablar de política de la memoria inscrita bajo la lógica de la

democracia será aquella que no parta de patrones e interpretaciones inalterables (lógica

autoritaria); sino por el contrario, prevea dentro del análisis de la reconstrucción del pasado

elementos propios de la memoria tales como “la complejidad, pluralidad y la mutabilidad de

las memorias existentes” (Groppo, 2002.p.193)

Las políticas de la memoria sin importar el modo a través del cual sean materializadas

(conmemoraciones, rituales, construcción de monumentos, “lugares de memoria”, archivos,

museos, centros de documentación, etc.), involucran procesos de selección del pasado a los que

se le otorga un sentido particular que posibilita la definición de fronteras y tópicos de la

memoria social anhelada. Bajo este argumento, “toda política de la memoria es también, al

mismo tiempo e inevitablemente, una política del olvido” (Groppo, 2002, p. 193), no solo por

los sucesos que dentro de aquel proceso de selección se excluyen como objeto de memoria;

sino también por la existencia de otras formas de olvido que tienen como fin explícito suprimir

acontecimientos específicos de la memoria colectiva, como es el caso de la amnistía, desde

donde se busca desde el aparato político y judicial imponer la amnesia social. (Groppo, 2002)

124


Las políticas de la memoria, en este sentido, constituyen actos, ejercicios y/o prácticas

que pueden darse tanto desde escenarios hegemónicos como contra-hegemónicos; las

decisiones tomadas en el marco de las mismas no son neutrales si no que obedecen a diferentes

formas de articular lo vivido con el presente. Así, si bien la memoria puede irrumpir de forma

indirecta e imprevisible, también puede constituir un ejercicio abierto e intencional orientado

hacia la comprensión del pasado y hacia la búsqueda de justicia. La memoria se constituye de

esta manera en una decisión, en una demanda ética y, en especial, en una forma de resistencia

hacia los “relatos cómodos” (Calveiro, 2006).

Frente a la memoria como forma de resistencia, vale la pena resaltar que el Centro

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013) señala que algunas comunidades, activistas y

organizaciones sociales han desafiado las políticas institucionales de la memoria (como la

creación de Comisiones y de monumentos o la presentación de disculpas públicas) para dar

cabida a “procesos participativos plurales, autónomos, y de largo plazo para recuperar,

reivindicar y/o hallar evidencias de las violaciones cometidas en el pasado y de sus impactos,

posicionando a quienes han sido históricamente silenciados, y sus saberes, en el centro”

(CNMH, 2013).

Dentro de la presente investigación, se retoma el planteamiento del CNMH (2013) para

conceptualizar los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica, concibiendo a los

mismos como proyectos orientados a la recuperación y reivindicación del pasado por parte de

los supervivientes del mismo. Asimismo, retomando los postulados de Groppo (2002) y de

Calveiro (2006), se asume como política pública de la memoria las iniciativas, actos, ejercicios

y/o prácticas de tratamiento del pasado de carácter oficial; para este caso, aquellas

contempladas dentro la ley 1448 (Ley de víctimas y restitución de tierras) y el Acuerdo Final

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

125


Marco legal

Con base en la conceptualización anterior de política de la memoria, formulada por

Groppo (2002), en la que la esta es tomada como un conjunto de acciones deliberadas para el

tratamiento del pasado por parte de determinados actores sociales (tales como el Gobierno o

los movimientos sociales), se presentan a continuación, las políticas contenidas en la Ley 1448

de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y el Acuerdo para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.

Vale la pena aclarar que existen múltiples políticas de memoria, tanto oficiales como

no oficiales, fuera de las aquí expuestas. Sin embargo, dado el objeto de investigación

propuesto dentro del presente proyecto y la relevancia que tienen estas en el marco de la

búsqueda de implementación de una justicia transicional y el reconocimiento de un conflicto

armado interno dentro del territorio nacional, se ha privilegiado la selección de las políticas

comprendidas dentro de estas dos.

No constituye un objetivo del presente proyecto caracterizar dichas políticas ni su

normatividad, puesto que el interés que se persigue con el mismo está orientado hacia el sentido

y las experiencias que han tenido las víctimas de violencia política en relación con las políticas

de memoria que de estas han emergido.

Ley 1448 de 2011: “Ley de víctimas y restitución de tierras”.

La ley 1448 de 2011, denominada “Ley de víctimas y restitución de tierras”, surge en

el marco del contexto nacional con el objetivo de instaurar un conjunto de acciones individuales

o colectivas a nivel judicial, económico, social y político, a favor de las víctimas de violaciones

tipificadas en la presente ley. Esto amparado desde un enfoque de justicia transicional que

126


permita, entre otras cosas, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y a nivel general

la restitución y garantía de sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 1448, la preservación de la memoria histórica

se considera como uno de los componentes de reparación simbólica que el Estado debe realizar

a favor de las víctimas. Desde esta ley:

“se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la

no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de

perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” (Ley 1448 de 2011, p. 47).

En este sentido, y de acuerdo con el artículo 143, la memoria se entiende como deber del Estado,

el cual será el responsable de brindar las garantías y condiciones necesarias para que diversos actores

se involucren en procesos y acciones que contribuyan con la reconstrucción de la memoria, y en

consecuencia, el derecho a la verdad. Acorde con el parágrafo contenido en este artículo, el Estado no

puede promover una memoria oficial que quebrante de algún modo “los principios constitucionales de

pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento” (Ley

1448, p. 48).

Entre las políticas de memoria que se incluyen dentro de la Ley 1448, se destaca el

hecho de que el 9 de abril, se haya declarado como el “Día Nacional de la Memoria y

Solidaridad con las Víctimas”; día, de acuerdo con la Ley, en el que se realizarán eventos de

memoria, reconocimientos de los hechos y una plenaria en el Congreso para escuchar a las

víctimas.

Así mismo, el artículo 144 estipula la creación y ejecución de un “programa de derechos

humanos y memoria histórica” por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica; esto con

el objetivo de recopilar, preservar y custodiar los materiales y documentos referentes a

violaciones que han sido recogidos o entregados voluntariamente.

127


En el artículo 145 se establecen siete acciones puntuales a propósito de memoria

histórica, estas son: a) la integración de un archivo con documentos referentes a los hechos

victimizantes contemplados dentro de la Ley, así como documentos que den cuenta de procesos

de la misma índole llevados a cabo en otras naciones; b) la compilación de testimonios orales

provenientes de víctimas y sus familias, los cuales reposarán en el archivo mencionado en el

numeral anterior; c) facilitar a los interesados los archivos y testimonios referidos el numerales

a y b; d) promover la investigación en torno al conflicto armado colombiano y la propagación

de los hallazgos; e) propiciar acciones a propósito del conflicto armado con enfoque

diferencial; f) ejecutar ejercicios de memoria que concienticen sobre el valor de los derechos

humanos; g) promover, desde el Ministerio de Educación Nacional, programas que desarrollen

competencias ciudadanas y científico-sociales contribuyan a la reconciliación y a la no

repetición.

Como otra de las acciones, el artículo 146 estipula la creación del Centro De Memoria

Histórica, el cual “tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental,

testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo

3° de la presente Ley” (Ley 1448, 2011, p. 49). Asimismo, dentro del artículo 147, se establece

que lo producido por el Centro será divulgado a través de actividades pedagógicas y

museísticas, entre otras, con el fin de “enriquecer el conocimiento de la historia política y social

de Colombia” (Ley 1448, 2011. p. 49). Finalmente, el artículo 148 dictamina las funciones

específicas que a esta entidad le atañen, entre las cuales se encuentran: a) el diseño, la creación

y administración de un museo de la memoria, cuyo fin sea preservar y promulgar la historia

reciente de la violencia en el país; b) administración del programa de derechos humanos y

memoria histórica; c) ejecutar acciones sobre memoria histórica.

128


Además de lo ya previsto, el artículo 196 determina que los actores al margen de la ley

quienes se hayan beneficiado de medidas como “indulto, amnistía, auto inhibitorio, preclusión

de la investigación o cesación de procedimiento” (Ley 1448, 2011, p.71), están obligados a

adelantar y ejecutar acciones que enaltezcan la memoria de las víctimas, de acuerdo con las

medidas de reparación estipuladas dentro de la ley. Estas serán dadas a conocer a través de

medios televisivos por canales tanto públicos como privados.

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y

Duradera.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera es producto de los compromisos pactados entre el Gobierno Nacional

(presidido por Juan Manuel Santos) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -

Ejército del Pueblo (FARC-EP) con el fin de “poner fin al conflicto armado nacional” (Acuerdo

de Paz, 2016, p.1). Dichos compromisos surgieron en el marco de unos diálogos de paz que

iniciaron en el año 2012 y que culminaron con la firma del acuerdo, el cual sería firmado

inicialmente en agosto del 2016; y posteriormente modificado en noviembre del mismo año

tras el reconocimiento del triunfo del no en el plebiscito por la Paz, en donde se consultó al

pueblo colombiano sobre el mismo. El acuerdo contempla seis puntos que fueron objeto de

negociación: a) la política de desarrollo agrario integral; b) la participación política; c) el fin

del conflicto; d) solución al problema de las drogas ilícitas; e) la reparación a víctimas y; f)

implementación, verificación y refrendación. Dado el carácter de la memoria y la postura que

se tiene frente a la misma en el presente proyecto, se expone a continuación las principales

políticas de memoria propuestas dentro del Acuerdo, así como algunas generalidades en torno

al punto de víctimas.

129


El punto de Victimas parte del: a) Reconocimiento de Víctimas; b) el reconocimiento

de responsabilidad; c) satisfacción de los derechos de las víctimas; d) la participación de las

víctimas; e) el esclarecimiento de la verdad; f) la reparación de las víctimas; g) las garantías de

protección y seguridad; h) la garantía de no repetición; i) el principio de reconciliación; y h) el

enfoque de derechos.

Partiendo de estos principios, se acordó un Sistema Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y no Repetición y un compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los

derechos humanos en cuya articulación se pacta la creación de la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la

Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, tal y como está

contemplado dentro del acuerdo, comprende una combinación tanto de mecanismos judiciales

orientados a la investigación y sanción de violaciones de Derechos Humanos y del Derecho

Internacional Humanitario como de mecanismos extra-judiciales para el esclarecimiento de lo

ocurrido, la construcción de la memoria histórica, la búsqueda de los desaparecidos y la

reparación del daño a personas, colectivos y territorios. No es de extrañar entonces que este

Sistema haga énfasis en medidas restaurativas y reparadoras por encima de sanciones

retributivas.

Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Con el objetivo de que la sociedad Colombiana pueda esclarecer y conocer la verdad de lo

ocurrido en el marco del conflicto armado, el Acuerdo contempla la creación de la Comisión

para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como un mecanismo

independiente, imparcial y extra-judicial que aporte a la construcción y preservación de la

130


memoria histórica, el reconocimiento de las víctimas, a la promoción de valores asociados a la

convivencia y al entendimiento del conflicto. Para esto, se establece que la Comisión debe

esclarecer y promover el reconocimiento las violaciones de los Derechos Humanos; las

responsabilidades y participación en el conflicto del Estado, grupos subversivos; paramilitares

y organizaciones nacionales e internacionales; el impacto humano y social del conflicto; los

factores que dieron origen a este, a su desarrollo y mantenimiento; la relación del mismo con

los cultivos ilícitos y las drogas ilícitas y el fortalecimiento del tejido social.

Según lo acordado, la Comisión deberá crear una estrategia de difusión, pedagogía y

relacionamiento para la divulgación del trabajo desarrollada por la misma; además, el informe

final elaborado por la misma deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la

Memoria.

Para el cumplimiento de lo mismo se creará un Comité de seguimiento y monitoreo a

la implementación de las recomendaciones de la Comisión.

Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en

razón del conflicto. Dentro del Acuerdo se contempla la creación de una Unidad para la

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto que,

gozando de autonomía administrativa, recolecte la información necesaria para establecer el

universo de esta población; fortalezca y agilice los procesos de identificación de restos;

coordine y adelante procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega de estos;

En el marco de los debates concernientes al punto de Víctimas, se puso en marcha la

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el cual aportó al conocimiento sobre las

múltiples causas del conflicto y de los factores que han contribuido a su desarrollo.

131


Durante las conversaciones la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de

las Naciones Unidas desarrollaron foros del que participaron más de 3,000 víctimas; asimismo,

70 víctimas viajaron a la ciudad de La Habana con el fin de dar sus testimonios y formular

recomendaciones a los delegados.

Jurisdicción Especial Para la Paz. En materia de Justicia se acordó la creación de la

Jurisdicción Especial para la Paz, la cual como un componente de justicia del Sistema Integral

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), se traza los siguientes objetivos:

“satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la

sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas, contribuir

al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena

seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta

en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del

mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho

Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”.

(ley 1448, 2011, p. 143).

Estos, en el marco de un paradigma orientador de justicia restaurativa que propenda,

entre otras cosas, por la ejecución de medidas de reparación integral que restauren la dignidad

de las víctimas del conflicto desde un enfoque integral; entre estas, el esclarecimiento de la

verdad. Dentro de la JEP, se contempla como aporte a la verdad plena:

“ofrecer de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las

circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y

suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de

los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición” (Ley 1448,

2011, p. 146).

Las penas dadas a los actores estarían, por tanto, dadas en funciones de dicho aporte a

la verdad y la concesión de indultos o amnistías no implicaría que se esté exento de contribuir

(ya sea a nivel individual o colectivo) al esclarecimiento de la verdad.

Entre las medidas contempladas, se presenta el fortalecimiento a la “política de atención

y reparación integral a víctimas” desde la cual se pretende, fomentar espacios de diálogo y

132


discusión entre víctimas y organizaciones con las autoridades correspondientes; además de

fortalecer los escenarios de participación ya existentes. Para materializar dichas pretensiones,

se propone la celebración de un evento para víctimas organizadas o no, y aquellas que no

participen en los escenarios ya dispuestos; También, se busca obtener la intervención de otros

agentes como defensores de derechos humanos, organizaciones especializadas y expertos

académicos.

En este marco, será función del gobierno realizar una serie de ajustes y modificaciones

tanto a nivel normativo como a nivel político que posibiliten el alcance de los objetivos entre

estos se encuentran:

“Adecuar la Política a lo acordado en el sub-punto de reparaciones;

garantizar la articulación con la implementación de los planes y programas a

nivel local e interinstitucional que se deriven de la firma del Acuerdo Final;

superar las dificultades y aprovechar las oportunidades que supone el fin del

conflicto; y hacer los ajustes a las prioridades de ejecución de recursos, a los

planes de ejecución de metas, y a los criterios de priorización poblacional

y territorial para su ejecución” (Ley 1448, 2011, p. 185).

Ahora bien, como medidas de reparación integral, el Acuerdo contempla: Actos

tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva (en los que el Estado, las FARC-

EP y diferentes sectores reconozcan públicamente y pidan perdón por el daño cometido en el

marco del conflicto armado); Acciones concretas de contribución a la reparación (tales como

participar en la re-construcción de infraestructura; en programas de limpieza y

descontaminación de los territorios de minas antipersona, de artefactos explosivos

improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra; en la búsqueda,

identificación, y recuperación de restos en el marco del conflicto y en programas de reparación

de daño ambiental); la reparación colectiva (entre las que se contempla rehabilitación

psicosocial, procesos de retorno a personas desplazadas y de restitución de tierras, garantías de

no repetición y, entre otras, medidas materiales y simbólicas como “acciones de dignificación,

133


de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura

conmemorativa” p. 180).

Por otra parte, con el Acuerdo el Gobierno se compromete a: a) construir un mapa de

victimización individual y colectivo “de hechos cometidos con ocasión del conflicto que no

estén dentro del universo de víctimas objeto de registro en el Programa de Reparación Integral

a Víctimas” (Ley 1448, 2011, p. 185); b) reconocer como víctimas a quienes siendo

combatientes sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos o infracciones al Derecho

Internacional Humanitario.

Marco metodológico

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma crítico

interpretativo; se manejará dentro de este un enfoque de tipo cualitativo acompañado de un

método narrativo, dentro del cual se contempla como técnica los relatos de vida. A

continuación, se presenta con mayor detalle cada una de estas y la relación de su escogencia

con los intereses de la investigación.

Paradigma de investigación.

Dado que el objetivo que persigue la presente investigación, se orienta hacia una

comprensión crítica de los sentidos en víctimas de violencia política frente a los procesos

sociales de reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria


de una Paz Estable y Duradera, resulta pertinente acudir al paradigma crítico-interpretativo

como marco general para el desarrollo de la propuesta investigativa a partir de los

planteamientos teóricos brindados por el doctor en filosofía, José Darío Herrera desde su texto

“la comprensión de lo social horizonte hermenéutico de las ciencias sociales”.

134


Bajo este marco, el paradigma crítico interpretativo, retoma sus bases en la filosofía y

el pensamiento hermenéutico propuesto a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por

autores como Dilthey, Schleiermacher, Heidegger y otros, quienes buscando una aproximación

hacia el estatuto metodológico de las denominadas ciencias del espíritu, apostaron por la

hermenéutica como línea de fuga ante al imperante monismo metodológico desde el cual se

pretendía, no solo encasillar y reducir las prácticas y fenómenos sociales, sino hacer de estos,

leyes universales a través de procesos lineales y estáticos que desconocían por completo la

complejidad de lo humano y lo social.

A partir de estos antecedentes, y dada la carencia y las limitaciones que presentan los

procedimientos teóricos bajo los cuales operan las ciencias naturales, surge hacia la segunda

mitad del siglo XX, la necesidad de dar un giro epistémico que posibilite nuevas formas de

abordar los fenómenos y complejidades que desde lo humano y lo social surgen (Ángel y

Herrera, 2011). De ahí, que las ciencias sociales tal como lo afirma Herrera (2009) emprenden

una serie de análisis y cuestionamientos frente a la comprensión de su propio quehacer (ante

aspectos como construcción conceptual sus modos tanto de objetivación como de nominación,

etc.), en tanto:

“el reconocimiento de la finitud e historicidad del objeto de estudio, y de

quien lo estudia, empezaron a formar parte de la autocomprensión de las

ciencias sociales una vez que las pretensiones de universalidad del modelo de

las ciencias naturales se mostrarán ilusorias”. (Herrera, 2009, p.169)

De este modo, las ciencias sociales se plantearon el reto y la necesidad de romper con

aquella lógica a través de la cual, lo social se comprendía desde una sola arista, para volver la

mirada, sobre la especificidad de prácticas sociales, historias particulares y contextos locales,

que le exigían poner en tela de juicio los modos a través de los cuales se realizan las

comprensiones de prácticas y fenómenos sociales; y así, generar teorías que permitan el

diálogo con la acción humana en su singularidad (Herrera, 2009).

135


Partiendo de estas demandas, y bajo una nueva pregunta frente al saber de lo humano,

queda en evidencia el interés que los científicos sociales pusieron sobre la interpretación, dado

que desde aquel giro epistémico, se afirmó que “el saber de lo humano es interpretativo y se

remite siempre a las circunstancias en las que se produce” (Herrera, 2009, p.169).

Bajo este hallazgo, surge la posibilidad de abrir paso a un nuevo diálogo entre ciencias

sociales y hermenéutica. De acuerdo con Herrera (2009), si bien la influencia de esta última

hacia la primera no ha sido sistemática, si tiene diversos alcances, en tanto pone al servicio de

los científicos sociales un abanico de conceptos provenientes de la filosofía hermenéutica desde

donde es factible el abordaje de objetos concretos de investigación. Además, de facilitar la

redimensión de sus prácticas y las aproximaciones que se logran hacia la comprensión de lo

que acontece en el pensamiento científico. (Herrera, 2009)

En este orden, la hermenéutica se presenta como una alternativa ante hechos como la

instrumentalización de lo humano, la reducción de los hechos sociales o el desconocimiento y

despotismo frente a los conocimientos que desde las comunidades locales se originan. Al

proponer “partir de las racionalidades locales, para hacerle frente a los procesos de

homogeneización” (Sousa como se citó en Herrera, 2009, p.23). En consecuencia, la noción de

saber al interior del campo de las ciencias sociales cobra otro sentido, en tanto ya no se busca

desde el establecimiento de verdades absolutas; sino por el contrario, emerge del legado y las

tradiciones de cada sujeto a partir de unas condiciones históricas particulares que lo

constituyen, tal y como lo señala Gadamer en el texto de Herrera:

“En breves palabras, el saber de lo humano no se construye por fuera del

devenir sociohistórico de las sociedades humanas; se produce en el propio

hacerse de la historia, es el resultado de los procesos de formación, y toma forma

en el sentido común, se explicita en la capacidad de juicio y se hace evidente en

los gustos”. (Gadamer como se citó en Herrera, 2009, p.111)

136


Estos conceptos (formación, sentido común y gusto) propuestos por Gadamer en el

texto de Herrera (2019), recobran gran importancia al interior del proceso de autocomprensión

de las ciencias sociales, en tanto remiten a un ámbito de producción de saber distinto al de las

ciencias naturales. Este es la “racionalidad práctica” definida por Herrera (2019) como “un tipo

de conocimiento que se encuentra siempre referido al contexto y a las circunstancias; que se

estructura en la vida cotidiana de la vida compartida y que, por lo mismo, implica una

dimensión ética” (p.117), es decir, el ámbito a través del cual transitan las ciencias humanas.

Retomar el concepto de “racionalidad práctica” al interior de este proceso de

autocomprensión de las ciencias sociales, resulta significativo, en tanto le permite liberarse de

las tradicionales formas de objetivación para dar paso a nuevas interacciones, desde donde sea

posible relacionar mundo, conceptos y teorías, con el fin de propender por el surgimiento de

un conocimiento contextualizado desde donde se vincule todo aquello que construye nuestro

sistema de vida. (Herrera, 2009).

A través de este transcurrir sobre algunos aspectos constitutivos de la autocomprensión

de las ciencias sociales, se ha venido insistiendo en la importancia del saber humano y las

condiciones de producción que a este le atañen. A esto hay que agregar que al otorgar este

carácter interpretativo, se hicieron visibles un sinfín de visiones de mundo acompañadas del

surgimiento “de múltiples lenguajes (incluido el lenguaje común)” (Herrera, 2009, p.50), al

interior de la hermenéutica.

En relación a este último concepto, se hace oportuno en este punto definirlo y

diferenciarlo de la noción de interpretación en tanto no son términos equivalentes. En este

sentido, se define como hermenéutica a “la reflexión sobre el fenómeno de la comprensión

humana que recobra importancia, en tanto descubre dentro de la ciencia, condiciones de verdad

que no están en la lógica de la investigación, sino que le preceden”. (Herrera, 2009, p.119); y

137


como interpretación “la explicitación de esa comprensión básica del mundo en la que siempre

estamos vivos, y la cual se va construyendo a través del tiempo” (Herrera, 2009, p.121).

A partir de esta comparación, y a propósito de este último término, es oportuno

mencionar que su definición ha presentado cambios importantes que obedecen al marco a partir

del cual se define. Así, bajo el precepto que orienta a las ciencias naturales, esta era reducida a

un proceso operativo de ordenamiento y evaluación de los hechos dados (Herrera, 2009).

Mientras que desde las ciencias sociales, se transforma la operatividad del concepto,

asignándole un objetivo puntual de “contextualizar lo allí producido dentro las ideas y formas

de entender las cosas que han sido construidas al interior de nuestra cultura” (Herrera, 2009, p.

25). Lo anterior, permite develar que, “la interpretación se posiciona como el ámbito propio

del saber de lo humano, al punto de que algunos autores proponen entender la ciencia como un

tipo de narrativa. (Herrera, 2009, p. 14)

Ahora bien, tomando como sustento estas definiciones, Gadamer (como se citó en

Herrera, 2009), en su obra “verdad y método” analiza más a profundidad este asunto de la

interpretación haciendo algunos aportes al respecto. Lo primero sobre lo cual hace referencia,

es que esta, parte de una comprensión previa y un aporte propio a los textos, (desde la

perspectiva hermenéutica, texto se le denomina a cualquier estructura que cobra sentido a partir

de la interpretación), en donde el intérprete, haciendo uso de toda la tradición y las experiencias

que lo configuran, se anticipa a aquello que cree poder encontrar, con el fin de que “esto se

haga lenguaje para nosotros” (Herrera, 2019, p. 150). En este sentido, lo primero que permite

dilucidar Gadamer es que la comprensión antecede y es necesaria para la interpretación.

Posteriormente, Heidegger (como se citó en Herrera, 2009) aportando a los hallazgos

realizados por Gadamer (como se citó en Herrera, 2009) añadió, que la interpretación más allá

de ser una labor es un proceso, al que denominó “círculo hermenéutico”. Este, como ya lo había

138


afirmado Gadamer (como se citó en Herrera, 2009), inicia con la comprensión, encargada de

otorgar sentido a todo aquello susceptible de interpretar.

Así pues, la comprensión definida desde Heidegger (como se citó en Herrera, 2009)

como una condición permanente del ser humano desde donde se le otorga significado al mundo

en el que nos situamos, es una primera aproximación, un ““punto de referencia”, no una

realidad previa a la interpretación”. (Herrera, 2009, p.134) donde se pone en escena aquel saber

que me constituye como sujeto, dejando de lado marcos teóricos y conceptuales ya

establecidos. En palabras de Herrera (2009):

“Se lee el texto desde unas determinadas expectativas previas, pero en la

medida en que el intérprete avanza teniendo como propósito comprender el

asunto mismo del que trata el texto, sus anticipaciones se van reformulando,

hasta que se logra establecer el sentido adecuado del mismo. Lo que importa es

mantener la mirada en el asunto que se está interpretando. En palabras de

Gadamer “la interpretación empieza siempre con conceptos previos que tendrían

que ser sustituidos progresivamente por otros más adecuados”. (Herrera, 2019,

p. 124)

En definitiva, en la búsqueda de la autocomprensión de las ciencias sociales, la

comprensión recobra gran importancia, en tanto cumple con su objetivo de ““hacer inteligible”

el pasado como proceso histórico” (Herrera, 2009, p.58), develando que su sentido trasciende

y sobrepasa lo contextual. En palabras de Ricoeur (como se citó en Herrera, 2009) “el

significado de un acontecimiento importante excede, sobrepasa, trasciende las condiciones

sociales de su producción y puede ser representado en nuevos contextos sociales” (p.136).

De todo esto se insiste, que lo latente al interior de las comprensiones son las

tradiciones, las formas de significar el mundo, de ubicar problemas, de comprender y dar

sentido a las cosas, en tanto “esto aporta a la interpretación científica de las ciencias sociales”

(Herrera, 2009, p.131). Claro está, que como lo afirman Ángel y Herrera (2011), el acto de

comprender los fenómenos y complejidades sociales y humanas no basta, en la medida que “su

objeto ya es una comprensión y como tal, se acercan a esa comprensión interpretándola” (p.15).

139


“la comprensión, necesariamente es siempre un volver a comprenderse.

Es decir, la comprensión no implica la representación plenamente conjurada de

la facticidad de la existencia. La existencia, en este sentido, siempre tiene que

volver a comprenderse y ello no tiene que ver con una “debilidad” del

conocimiento de lo social, sino que atañe a la consistencia misma de lo

humano”. (Ángel y Herrera, 2011, p. 17).

En este orden, dando continuidad a lo contemplado al interior del círculo hermenéutico,

se da paso a la interpretación. Allí, aquel legado se va sustituyendo progresivamente por

nociones y conceptos que van surgiendo a medida que se va construyendo el sentido (Herrera,

2009). De ahí, la imperante necesidad que aquel proceso interpretativo trascienda esa primera

anticipación de sentido (aunque sea su condición de posibilidad), en tanto es en esa brecha

entre la comprensión previa y el texto, donde se da lugar a la interpretación, es decir, la

aclaración del sentido de aquello que para el intérprete es desconocido (Herrera, 2009).

De esta manera concluye este círculo, no sin antes agregar que siguiendo los

planteamientos de Herrera (2009), la interpretación dado el rol que cumple dentro de este

proceso se constituye en el ámbito al interior del cual se origina la ciencia; principalmente

porque los criterios, decisiones y conceptos que usa el investigador emergen de la construcción

histórica y social que lo constituye tanto a él como a su mundo.

Teniendo en cuenta los aspectos hasta aquí mencionados, resultan evidentes los puntos

de divergencia de lo planteado desde la perspectiva hermenéutica en contraste con el imperante

método de las ciencias naturales. Para este último, el primero podría resultar irracional y

subjetivo, en tanto parte del reconocimiento y la exposición del saber humano con toda su carga

subjetiva, lo que recibiría el nombre prejuicios. Sin embargo, al interior la postura aquí

planteada estos “prejuicios” representan un componente ineludible, dado que sólo a través de

estos “el investigador puede acceder, científicamente, a la vida social que pretende estudiar”

(Herrera, 2009, p.171).

140


De acuerdo con Herrera (2009) por prejuicio “se debe entender aquellas

interpretaciones que se acepta por respeto a otros” (p.30) o en palabras de Gadamer (como se

citó en Herrera, 2009) “una expresión de la historia de la cual formamos parte” (p.132).

Tomando como referente estas concepciones y teniendo en cuenta la perspectiva desde la cual

nos situamos, no es de extrañar que la historicidad vuelva a salir a la luz para sustentar, que al

interior de cualquier proceso investigativo los prejuicios son inevitables y constitutivos, en

tanto la razón siempre está articulada con la tradición, es decir, no hay conocimiento que surja

fuera de esta. En consecuencia, será labor de la interpretación, develar en medio de la

confrontación que estos suscitan con el texto, cuáles de estos prejuicios son valiosos y cuáles

no. A propósito mencionan Gadamer, como se citó en Ángel y Herrera (2011):

“el investigador cuenta con una carga ineludible que no puede ponerse

entre paréntesis, porque la pretensión de dejar que la cosa hable sólo es posible

para unos oídos que escuchan, y esos oídos escuchan según lo que ya han

escuchado. En todo caso, lo que realmente importa es mantener la atención en

la cosa, “aún a través de las desviaciones a que se ve constantemente sometido

el intérprete en virtud de sus propias ocurrencias” (Gadamer, como se citó en

Ángel y Herrera, 2011, p.25)”.

Ahora, dejando claro que no es posible actuar fuera de los prejuicios, se plantea un

cuestionamiento frente a la “objetividad” en el proceso interpretativo. Al respecto, se hace

pertinente -en primera instancia- señalar que este término recibe una connotación diferente al

interior de este proceso de autocomprensión de las ciencias sociales, pues no se trata de

mantener un distanciamiento entre sujeto y objeto (inevitable como se ha evidenciado); sino de

“revisar permanentemente las interpretaciones que los científicos hacen

del pasado, de someterlas a críticas según vayan apareciendo nuevas evidencias,

o conforme el científico sea más consciente de los elementos sociales que lo

presionan y condicionan en la construcción del hecho histórico. La objetividad

histórica se “construye progresivamente”. (Herrera, 2019, p.56)

Y en segunda instancia, agregar que Gadamer (como se citó en Herrera,2019) en

respuesta hizo la distinción entre dos tipos de prejuicios: prejuicios por autoridad “actividad de

la razón que reconoce en otros una perspectiva más acertada o un mejor conocimiento del tema,

141


y no es necesariamente una obediencia ciega o una sumisión acrítica” (Gadamer como se citó

en Herrera, 2009, p.31) y prejuicios por precipitación “se limitan a exponer las propias

anticipaciones de sentido. (Gadamer como se citó en Herrera, 2009, p.140). En coherencia,

serían los primeros los que obtendrían validez en la interpretación.

“Si el intérprete no se abre su horizonte para comprender los textos, las

culturas o el pasado, desconoce su propia historicidad, e ingenuamente elabora

interpretaciones que, lejos de determinarse por el “asunto que se trata” se limitan

a exponer las propias anticipaciones de sentido. Eso es lo que se conoce como

prejuicio por precipitación”. (Herrera, 2009, p.140)

La importancia del círculo hermenéutico se concluye en el reconocimiento que hace el

intérprete de la relevancia de los prejuicios dentro de la comprensión, pues es “en esa tensión

entre prejuicio y texto donde ocurre la comprensión” (Herrera, 2019, p. 89) y la construcción

de sentido a través de la interpretación.

Sustentar lo crítico interpretativo como paradigma de investigación en las ciencias

sociales y más aún, en un proyecto de investigación que le apuesta a hacer una comprensión

crítica de los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política los procesos sociales

de reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria incluidas en una

determinada ley y un acuerdo de paz, abre paso a aspectos antes excluidos, como la

sensibilidad, la afectividad y la historicidad ineludibles en cualquier proceso que implique lo

humano. En tanto dicha perspectiva, posibilita la inserción de múltiples formas de

investigación que desde el carácter ontológico del ser contemplan la idea de “que no hay ningún

lugar externo a la historia en el cual pueda ubicarse el investigador para pensarla” (Ángel y

Herrera, 2011, p.24). En este orden, es imprescindible replantear el lugar y la noción de

investigador en este marco.

Así que, lo primero sobre lo cual se hará referencia, son algunos aspectos que a

consideración del autor se deben contemplar si la intención es emprender una labor

142


interpretativa. Al respecto señala la necesidad de que el intérprete o investigador social se deje

interpelar e interpretar por la vida social aprendiendo a escuchar la cultura, a contemplar la

historia, a rescatar las voces de las minorías, las versiones no oficiales de la historia, y todo

aquello que dentro de la cotidianidad de algún ámbito o sistema se considera insignificante

(Herrera,2009).

A partir de allí, puede cumplir su labor de dar voz al texto, puesto que “el intérprete

“hace de mediador cuando este no puede realizar su misión de ser escuchado y comprendido”

(Herrera, 2009, p.135). En este sentido, será el investigador quien sirva de mediador, y a su vez

quien se retire una vez culminado el proceso. La labor de todo investigador social, sírvase de

la perspectiva hermenéutica o no, resulta ser una labor hermenéutica, en tanto emprender el

camino de investigar fenómenos sociales exige volver a lo local y cuestionarse constantemente

de qué manera sirve para develar o contribuir a la historia desde su historia misma.

Dentro de La Memoria, La Historia, El Olvido, Ricoeur (2000) agrupa, bajo el concepto

de hermenéutica, las consideraciones con respecto a las condiciones de posibilidad de la

operación historiográfica (cuya conceptualización y fases han sido descritas previamente en el

marco teórico del presente proyecto). Dicha hermenéutica, no obstante, puede dividirse a su

vez en dos vertientes: una crítica y otra ontológica (se esperaría, desde la perspectiva del autor,

pasar de una hermenéutica crítica a una hermenéutica ontológica).

Frente a la hermenéutica ontológica, Ricoeur (2000) señala:

“En la vertiente ontológica, la hermenéutica intenta expresar las

presuposiciones, que podemos llamar existenciarias, tanto del saber historiográfico

efectivo como del discurso crítico precedente. Son existenciarias en el sentido de que

estructuran la manera propia de existir, de ser en el mundo, de ese ser que cada uno es.

Conciernen, en el más alto grado, a la condición histórica infranqueable de ese ser. Para

caracterizar esa condición, se podría emplear, de modo emblemático el término

historicidad” (Ricoeur, 2000, p. 373) (…) “hacemos la historia y hacemos historia

porque somos históricos” (Ricoeur, 2000, p. 374).

143


Frente a la hermenéutica crítica, Ricoeur (2000) señala:

“En la vertiente crítica, la reflexión consiste en la imposición de límites a

cualquier pretensión totalizadora vinculada al saber histórico; tiene como objetivo

algunas modalidades de la hybris especulativa que lleva al discurso de la historia sobre

ella misma a erigirse en discurso de la historia en sí que se conoce a sí misma; en este

sentido, este examen crítico equivale a validación de las operaciones objetivantes

(propias de la epistemología) que regulan a la escritura de la historia” (p. 373).

La hermenéutica crítica, por lo tanto, se interroga sobre la naturaleza de la compresión

en los tres momentos de la operación historiográfica. Dado su carácter crítico, no obstante,

deslegitima las pretensiones de la historia en cuanto a saber absoluto y vocación objetiva; no

agotándose en las denuncias de dichas pretensiones sino prestando también especial interés en

las tensiones y dialécticas que determinan sus limitaciones (Ricoeur, 2000). Una de dichas

tensiones se ejemplifica (una vez más) con lo que el autor denomina como “los grandes

crímenes del siglo XX”, en donde (pese a la pretensión de objetividad de la historia) esta se

enfrenta a la imposibilidad de ocupar la posición de un tercero puesto que, dada la singularidad

moral e histórica de estos acontecimientos, estos se enfrentan tanto a un juicio histórico como

judicial.

Así, pese a que se esperaría que tanto el juez como el historiador actúen en función de

principios de imparcialidad, la irrupción de la violencia, de la crueldad y de la injusticia

extrema en los acontecimientos del siglo XX han generado malestar frente a esta pretensión.

La labor de ambos, no obstante, está atravesada por la sospecha pues ambos tienen a su cargo

esclarecer lo que es falso y probar “que x hizo y” (por esto la preocupación por las pruebas

documentales y por la credibilidad de los testigos) (Ricoeur, 2000). A pesar de esto, la

diferencia radica – de acuerdo con el autor – en que el juez, al emitir un juicio, decide sobre el

acontecimiento y concluye este; trazando una distancia entre el culpable y la víctima. En el

caso de la historia, por el contrario (y pese a la incapacidad de escribir una única historia global)

se amplía el campo de protagonistas, de acciones narradas y de niveles de análisis. Así, el juicio

144


es puesto a la crítica del público y de la corporación historiadora. Así, este es expuesto “a un

proceso ilimitado de revisiones que hace de la escritura de la historia una perpetua reescritura”

(Ricoeur, 2000, p. 419).

En el caso de los crímenes del Siglo XX, no obstante, las voces entre jueces e

historiadores se entrecruzan. Por un lado, se encuentran los procesos criminales que han sido

llevado a cabo tras la Segunda Guerra Mundial (en el que los juicios son un papel elemental

para la instauración de nuevos regímenes) y, por otro, la labor de los historiadores (que implica

el cargo de la condena moral, jurídica y política, producto muchas veces del veredicto de los

tribunales). Parte de las diferencias entre dicho juzgamiento – de acuerdo con Ricoeur (2000)

- provienen del hecho de que mientras la incriminación jurídica centra su atención en la

culpabilidad individual (y, por lo tanto, en un número reducido de actores), la historia amplía

el rango de esta a multitudes, movimientos, fuerzas, agentes de segundas zonas, espectadores

y “poblaciones cómplices”. A dicho binomio, finalmente, se añade un tercer actor: el

ciudadano, cuyo comportamiento con respeto al debate entre jueces e historiadores constituye

aún un problema que debe ser evaluado (Ricoeur, 2000).

De acuerdo con Ricoeur (2000), lo que hace de especial interés los crímenes del siglo

XX es precisamente “la gravedad excepcional” de estos (o, en otras palabras, “la

excepcionalidad del mal”); por lo que, en el marco del Holocausto, se planteó para los

historiadores alemanes el “condenar y comprender” (Meier, como se citó en Ricoeur, 2000).

Es decir, se propone que es posible una comprensión en la que no se disculpen los hechos ni se

sea cómplice de los mismos. Sin embargo, algunos autores como Nolte (como se citó en

Ricoeur, 2000), han expresado su preocupación por que la investigación de los mismos pueda

ser elevados al rango de “ideología fundadora, convirtiéndose lo negativo en leyenda y mito”

(Ricoeur, 2000, p. 427).

145


Por otra parte, la pretensión de la historia como saber absoluto (que es problematizada

desde la hermenéutica crítica), se centra en la concepción de la historia “como colectivo

singular en el que se reúne el conjunto de las historias particulares” (Ricoeur, 2000, p. 392), lo

que sugiere, además de su pretensión de verdad, la mayor conquista en cuanto a la separación

entre la historia (como una sola) y la multiplicidad de memorias individuales y colectivas. Con

la modernidad, por lo tanto, la historia adquiere tanto una significación renovada: (“el vínculo

entre el pasado advenido, el futuro esperado y el presente vivo y realizado” (Ricoeur, 2000, p.

393)) como una nueva significación antropológica:

“la historia es la historia de la humanidad y, en este sentido, historia mundial

(…) la humanidad se convierte a la vez en el objeto total y en el sujeto único de la

historia, al tiempo que la historia se hace colectivo singular” (Ricoeur, 2000, p. 393).

Lo que se pretende englobar dentro de la historia universal, no obstante, son siempre

historias especiales que, dada la diversidad humana, deben ser fragmentadas (en función, por

ejemplo, de lenguas, costumbres, culturas, religiones, Estados, entre otros); por lo que se

plantea el interrogante en torno a si la historia “puede escribirse desde un punto de vista

cosmopolita” (Ricoeur, 2000, p. 395). La extensión del campo narrativo de la historia, sin

embargo, implica también una reflexión moralizadora de alcance universal.

Otra de las problemáticas que se plantea dentro de la hermenéutica crítica, por otra

parte, radica en cómo pensar “nuestro tiempo”; para lo cual es necesario tener en consideración

que, dentro de la historia, la consciencia occidental se ha optado como guía para el balance de

los logros de la humanidad y que la modernidad es también autovalorizadora y autorreferencial

al caracterizarse (dada su condición de presente) como una época superior (Ricoeur, 2000).

En el plano práctico, sin embargo, vale la pena resaltar que:

“el ejercicio público de uno y otro juicio es la ocasión para subrayar la función

terapéutica y pedagógica del “dissensus cívico” suscitado por las controversias que

animal el espacio público de discusión en los puntos de interferencia de la historia

146


dentro del campo de la memoria colectiva. De este modo, el mismo ciudadano se

convierte en un terciario entre el juez y el historiador” (Ricoeur, 2000, p. 387)

Vale la pena aclarar que las dificultades referidas hasta el momento no radican en la

intervención de la subjetividad en la historia sino “a la posición temporal entre el momento del

acontecimiento y del relato que lo cuenta” (Ricoeur, 2000, p. 438). Con lo contemporáneo, el

trabajo de la historia se enfrenta al relato de personas vivas, que – en su mayoría – son

supervivientes del acontecimiento. Además, no existe un término final que permita “abarcar un

periodo de duración en su significación última” (Ricoeur, 2000, p. 438). La labor

historiográfica, por tanto, tendría tres elementos temporales: el pasado, el presente y el futuro.

La historia, por lo tanto, casi siempre trata de los muertos de otro tiempo. Podría decirse,

desde esta perspectiva, que “la muerte incorpora, de alguna manera, el ausente a la historia”

(Ricoeur, 2000, p. 472), por lo que – de acuerdo con el autor - la operación historiográfica

puede ser tomada como el “equivalente escriturario del rito social de la sepultura” (p. 472). La

operación historiográfica, sin embargo, llega una consideración epistemológica que no debe

ser omitida: se entiende que las personas del pasado “fueron como nosotros sujetos de

iniciativa, de retrospección y de prospección” (Ricoeur, 2000, p. 493); por lo que la

historiografía concibe también al pasado “como “retorno de las posibilidades ocultas”

(Ricoeur, 2000, p. 493).

Vale la pena resaltar que en aquellas excepciones – correspondientes al tiempo presente

- en las que se recurre al testimonio de los vivos, estos se toman en calidad de supervivientes o

por la incomprensión de los contemporáneos. Por eso, señala Ricoeur (2000) “parecen más

“pasados que cualquier pasado abolido. A veces, estos testigos mueren de incomprensión” (p.

471). A pesar de esto, pese a que los hechos pasados no pueden ser modificados, el sentido

que se da a lo acontecido es algo que puede variar: así, un mismo acontecimiento puede, con

147


el transcurso del tiempo, narrarse e interpretarse de modos distintos, aumentarse o disminuirse

la carga moral asociado al mismo y la idea de lo heredado del mismo (Ricoeur, 2000).

De acuerdo con Ricoeur (2000), existen dos posturas con respecto al binomio

historia/memoria. Una de ellas aboga por la memoria como región de la historia, mientras que

la otra aboga por la resistencia a dicha absorción, alegando que esta tiene “su capacidad para

historiorizarse en una diversidad de figuras culturales” (Ricoeur, 2000, p. 498). Desde la

primera posición podría asegurarse que la historia recurre a vías extra-memoriales para tratar

lo que no fue percibido en su momento por quienes fueron contemporáneos a este. De acuerdo

con Ricoeur (2000):

“Así se construye un pasado del que nadie ha podido acordarse. Para semejante

historia, solidaria desde un “punto de vista libre de cualquier egocentrismo”, la historia

ha dejado de formar parte de la memoria y la memoria se ha convertido en “parte de

historia””

Por otra parte, desde la segunda postura, se hace énfasis en cómo el fenómeno

mnemónico presenta, en los tiempos modernos, configuraciones culturales particulares en

torno a la rememoración (que no deja, no obstante, de presentar la paradoja en torno al exceso

de la presencia del pasado). Historia y memoria, por lo tanto (más que cobijar una a la otra)

presentan una relación dialéctica (Ricoeur, 2000). Al respecto, no hay que olvidar la tesis de

Halbwachs (como se citó en Ricoeur, 2000) en torno a cómo la historia (o en su defecto la

memoria histórica) irrumpe en la memoria como algo exterior al presentarse, inicialmente,

como algo enseñado y centrado en la memorización de fechas, personajes y acontecimientos y,

posteriormente, con la memoria de los antepasados (memoria transgeneracional) y la memoria

colectiva (ligada aún a las tradiciones, a los grupos y, por ende, a la pluralidad); estas dos

últimas, no obstante, perduran en el presente (“memoria viva”), no solo a través de la oralidad

sino también a través de elementos mnómicos. En este sentido, “hay que evitar creer que la

148


memoria, en cuanto extraña a la historiografía, se reduce a la tradición oral” (Ricoeur, 2000, p.

514)

Enfoque de la investigación.

La presente investigación parte de un enfoque cualitativo, pues se pretende con el

desarrollo de la misma comprender críticamente los sentidos que tienen para las víctimas de

violencia socio-política los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica y las

políticas de memoria implementadas por el Estado Colombiano entre el año 2011 y 2018. En

este sentido, no se pretende generalizar los hallazgos ni formular leyes generales en torno a

estos sino, por el contrario (tal y como señala Flick (2004) como una de las principales

intencionalidades de la investigación cualitativa) profundizar en “narraciones limitadas local,

temporal y situacionalmente” (p.15).

Al respecto, Flick (2004) expone como rasgos principales de la investigación

cualitativa: a) la conveniencia de los métodos y las teorías (en las que la comprensión del

fenómeno de estudio no se reduce a variables individuales o a situaciones artificiales sino a

métodos abiertos a través de los cuales comprender las interacciones y prácticas de los sujetos);

b) las perspectivas de los participantes y su diversidad (en la que se reconoce que pueden existir

múltiples perspectivas sobre un fenómeno de estudio en función de los significados subjetivos

y sociales asociados a la misma); c) el poder de reflexión del investigador y la investigación

(en el que las subjetividades del investigador y la comunicación de este con los participantes

son una parte explícita en la producción de conocimiento (en lugar de buscar su exclusión como

se haría desde un enfoque cuantitativo)) y; d) la variedad de enfoques y métodos en la

investigación cualitativa.

En concordancia con lo anterior, vale la pena resaltar que, al preguntarse por los

sentidos de las víctimas y al remitirse a las experiencias de las mismas, la presente investigación

149


se centra en las prácticas y elementos subjetivos de los participantes; reconociendo que las

perspectivas de los mismos no solo pueden llegar a ser diferentes, sino incluso contrarias

(primer y segundo rasgo propuestos por Flick (2004). Además, la presente investigación no

solo parte de la presentación explícita de los intereses y experiencias previas del equipo

investigador con el fenómeno de estudio y con los participantes, sino que reconoce la misma

como un elemento relevante en la producción de conocimiento sobre la misma (facilitando, por

ejemplo, el carácter dialógico y conversacional durante la fase de recolección de información).

Método.

En el marco de la investigación social cualitativa, el presente proyecto hace uso del

método narrativo; el cual, de acuerdo con Bernasconi (2011), parte de los supuestos de que, al

ser las narrativas una forma de vida social a través de la cual se estructura la propia experiencia

en el tiempo y se organizan “acciones, motivaciones y actores alrededor de un significado” (p.

14), estas constituyen una forma cotidiana de interpretación y comunicación que puede ser

utilizada para estudiar la vida social.

Así, pese a que las narrativas pueden ser tomadas también como un objeto de estudio

(cuando la investigación se centra en el análisis del relato mismo); el asumir estas como método

implica que estas constituyen un medio para indagar algo determinado sobre una persona o un

grupo social pues el relato que hace sobre sí mismo es una forma de interpretación sobre su

realidad (Ángel, 2011).

Bajo esta perspectiva, dentro del método narrativo no se pretende la fijación de verdades

ni la corroboración de que el relato de la persona da cuenta de los hechos tal y como ocurrieron,

sino que, por el contrario, este reside en la “interpretación que el encuentro entre diferentes

subjetividades genera de forma dialógica acerca de su trayectoria vital” (Biglia y Bonet-Martí,

2009, p. 21). En este sentido, de acuerdo con los autores, al revalorizar las palabras de los

150


participantes, el método resulta útil para interpelar sobre las realidades sociales “desde una

perspectiva no cosificadora, no objetivante y no victimizadora” (p.22).

Técnica.

Relatos de vida. El relato de vida es una técnica de investigación a través de la cual, por

medio de un relato personal, se pretende reflexionar sobre un fenómeno social (Mallimaci y

Giménez, 2006). El hecho de que a partir de una experiencia individual se pueda indagar sobre

una colectividad, parte de la premisa en torno a que el relato debe ser visto en función de las

múltiples redes que se gestan dentro de la cotidianidad de los grupos humanos. “Esta manera

de comprender la historia de vida nos permite descubrir lo cotidiano, las prácticas de vida

abandonadas o ignoradas por las miradas dominantes, la historia de y desde los de abajo”

(Mallimaci y Giménez, 2006, p.2). El relato de vida, por lo tanto, podría dar cuenta tanto de

los detalles de las experiencias personales (que se pierden cuando se busca la generalización

dentro de la investigación), como visibilizar las experiencias y perspectivas de grupos

oprimidos a través de “modos tradicionales en los discursos académicos” (Hornillo y Sarasola,

2003, p. 374).

Vale la pena resaltar que mientras el relato de vida busca la comprensión de lo social

mediante lo individual (motivo por el cual el participante puede ser cualquier persona

perteneciente a una comunidad de interés y no alguien en particular), la historia de vida se

remite a estudios sobre una persona determinada; por lo que – a diferencia del primero –

recurre, además del relato, a otras fuentes como documentos o narraciones (Mallimaci y

Giménez, 2006); el relato de vida se centra entonces en la reconstrucción biográfica (Martín,

1995). En este sentido, “el relato de vida es un subgénero de la historia de vida, menos amplio

y concreto. Se trazan los rasgos más destacados, atendiendo a los aspectos que más interés

tienen para el investigador” (Arjona y Checha, 1998, p.7).

151


Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación parte del supuesto de los

relatos de vida permitirán, a través de las narraciones de los participantes, dar cuenta tanto de

un componente de la subjetividad de los mismos: los sentidos en torno a las políticas de la

memoria y los procesos de reconstrucción social de la memoria; como de un fenómeno social:

los procesos organizativos de las víctimas de violencia política.

Número de relatos. Teniendo en cuenta que la técnica que orienta la presente

investigación son los relatos de vida, desde los cuales no se pretende realizar generalizaciones

ni que los participantes sean representativos dentro del conjunto de una población específica;

se acude a la realización de cuatro relatos con el fin de profundizar en los sentidos desde la

esfera valorativa y emocional de los participantes.

Participantes.

Se trabajó con cuatro participantes. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta

para su selección es que estos: a) pertenezcan o hayan pertenecido por lo menos cinco años a

organizaciones o movimientos de víctimas orientados a la reconstrucción de la memoria

histórica; b) hayan sufrido algún hecho victimizante en el marco de la violencia política

(independientemente de que se encuentren inscritos en el Registro Único Nacional de

Víctimas); c) que en el momento de la producción de la información estos sean mayores de

edad y; d) que hayan sido partícipes tanto de políticas de memoria comprendidas dentro de la

Ley 1448, como de políticas incluidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

y la Construcción de una Paz estable y duradera.

Se determinó como criterios de exclusión que: a) los participantes no hayan pertenecido

durante por lo menos cinco años a movimientos u organizaciones de víctimas orientados a la

reconstrucción de la memoria histórica; b) que no hayan sufrido ningún hecho victimizante en

el marco de la violencia política; c) que en el momento de la recolección de la información

152


fuesen menores de edad; d) que no hayan participado ni de políticas de memoria comprendidas

dentro de la Ley 1448 ni de políticas incluidas en el Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera y ;e) que reporten condiciones

médicas que afecten su toma consciente de decisiones.

La selección de los participantes será no probabilística, a conveniencia y de

participación voluntaria. Siguiendo los argumentos de Otzen y Manterola (2017), en las

técnicas de muestreo no probabilístico, la selección de los participantes está sujeta a una serie

de características o parámetros dispuestos por el investigador en los criterios de inclusión.

Dentro de estas, se contempla la técnica denominada por conveniencia, la cual se caracteriza

porque los investigadores han conocido previamente a los participantes y tienen cierta

proximidad a ellos, lo que facilita el acercamiento, la accesibilidad frente al trabajo de

investigación, y por supuesto, la participación voluntaria.

Narradores.

Las cuatro participantes que accedieron a hacer parte de la investigación son mujeres;

sin que este factor haya sido un criterio de selección dentro del proyecto investigativo.

La primera de las participantes es oriunda de Tumaco, Nariño; ha estado vinculada a

procesos de reconstrucción de memoria histórica como “Mujeres haciendo memoria”, el

“Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria” y el Costurero de Suba, del cual

es lideresa. Dicha narradora fue víctima de desplazamiento forzado en su niñez por un actor

armado que desconoce.

La segunda participante ha estado vinculada a procesos sociales de reconstrucción de

memoria histórica como “Mujeres, Arte y Memoria”, el “Costurero de la Memoria: Kilómetros

de Vida y de Memoria” y el colectivo de familiares de desaparecidos durante la toma y retoma

153


del Palacio de Justicia. Durante los eventos asociados a la retoma y retoma del Palacio, la madre

de la participante desapareció; encontrándose evidencia de que salió con vida del edificio.

La tercera participante es socióloga; oriunda del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Ha estado vinculada a procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica como

“Mujeres, Arte y Memoria”, el “Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria”

y colectivos de víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica (UP); además, ha estado

vinculada laboralmente con el Estado en procesos relacionados con la atención a víctimas. El

padre de la tercera participante fue asesinado durante el genocidio contra la UP, al ser este un

líder sindicalista del partido.

La cuarta participante es una mujer integrante de la comunidad Wayuu; oriunda de La

Guajira. Ha participado de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas

de Colombia (ANMUCIC); del Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria y

el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). La cuarta participante ha

sufrido, en el marco de la violencia política, diferentes hechos victimizantes, como

desplazamiento, secuestro y el homicidio de su esposo e hija por parte de grupos paramilitares.

Criterios de rigor.

Como criterios de rigor metodológico se tuvieron en cuenta los propuestos por Guba y

Lincoln (como se citó en Castilla y Vásquez, 2003), los cuales son la credibilidad, la

auditabilidad y la transferibilidad. A continuación se expone cómo se evidencia cada uno de

estos al interior de la investigación.

Credibilidad. De acuerdo con Guba y Licoln (como se citó en Castilla y Vásquez,

2003), este criterio se logra en el ámbito de la investigación cualitativa, cuando los hallazgos

provenientes del análisis hecho por el investigador, se aproxima de tal manera a lo descrito por

154


los participantes que estos podrían llegar a considerarlo veraz en relación con su vida y contexto

mismo. Para garantizar esto, antes de la elaboración del informe final de la investigación, se

presentará a los participantes los resultados y análisis del proyecto; esto con el fin de obtener

una retroalimentación de los narradores en torno a si dichos procesos son representativos de lo

que estos quisieron expresar durante la construcción de los relatos.

Auditabilidad. Guba y Licoln (como se citó en Castilla y Vásquez, 2003), se refieren a

este criterio como “la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el

investigador original ha hecho” (p. 165). Dicho criterio se evidencia con el hecho de que el

estudio sea realizado por un equipo investigador conformado por dos personas que provienen

de disciplinas diferentes, lo que garantiza diversas visiones en relación con el fenómeno de

interés. Asimismo, la realización del estudio estuvo supervisada por un investigador con mayor

trayectoria, quien bajo la figura de asesor investigativo retroalimentó continuamente el

desarrollo del proyecto. Además de esto, los avances en relación con el proyecto fueron

socializados regularmente con un grupo de investigadores quienes realizaban diversas

observaciones sobre lo expuesto; esto en el marco del desarrollo de la línea de investigación a

la cual se encuentra inscrito el proyecto.

Transferibilidad. Este último criterio, hace referencia a la oportunidad que los

resultados emergentes de la investigación puedan ampliarse hacia otros contextos o

poblaciones (Guba y Licoln, como se citó en Castilla y Vásquez, 2003). Teniendo en cuenta

que “en la investigación cualitativa la audiencia o el lector del informe son los que determinan

si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio” (p. 4), el equipo

investigador no puede determinar la replicabilidad de los mismos; no obstante, se espera que

en resultados de próximas investigaciones relacionadas con la memoria y los sentidos de las

155


víctimas de violencia política se puedan hallar elementos comunes a los datos y conclusiones

del presente estudio.

Procedimiento.

Fase de formulación de la propuesta de investigación. Inicialmente, se planteó una

propuesta de investigación, en la que se construyeron elementos como la pregunta de

investigación, los objetivos del proyecto, el planteamiento del problema y la justificación del

mismo. La propuesta fue orientada inicialmente hacia el tema de memoria, no obstante, fue

modificado continuamente en función de lo hallado en la fase correspondiente a la revisión de

antecedentes.

Fase de revisión de antecedentes. Los antecedentes fueron consultados en bases de

datos de acceso abierto; entre ellas La Red de Revistas Científicas de América Latina y el

Caribe (Redalyc), Scientific Electronic Library Online (Scielo) y Dialnet. Asimismo, se

consultaron repositorios institucionales de universidades como la Pontificia Universidad

Javeriana, La Universidad de los Andes, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad

Santo Tomás y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano

(CINDE).

Los descriptores utilizados para la búsqueda de los documentos fueron “víctimas de

violencia política”, “víctimas de Estado”, “Memoria histórica”, “Ley de Justicia y Paz”,

“conflicto armado colombiano”, “Ley de Víctimas”, “políticas de memoria”, “movimientos de

víctimas”, “pedagogía de la memoria”, “procesos de reconstrucción de memoria histórica” y

“representaciones sociales”; posteriormente, con el fin de hallar investigaciones previas que se

acercasen con mayor precisión a la presente propuesta, se combinaron dichos descriptores.

156


Pese a que inicialmente se consultaron documentos que hubiesen sido publicados entre

el año 2014 y el año 2019, se encontró que un gran volumen de estos habían sido desarrollados

a partir del año 2012; lo que podría obedecer a un auge de investigaciones en torno a la

memoria, tras el reconocimiento – un año atrás - del conflicto armado colombiano por parte

del Estado con la promulgación de la Ley de Víctimas; por tal razón, se decidió ampliar el

rango de tiempo de la búsqueda, seleccionándose finalmente publicaciones que oscilan entre el

año 2012 y el año 2019. De esta manera, se pre-seleccionaron cincuenta documentos, de los

cuales – teniendo en cuenta su pertinencia y aportes al presente ejercicio investigativo – se

escogieron treinta, cuyo contenido se expone a continuación.

Fase de construcción del marco teórico y normativo. Tras la revisión de los

antecedentes, se procedió con la construcción del marco teórico. Para esto, el equipo

investigador identificó unas categorías base a partir de las cuales se estructuró el mismo: la

violencia en Colombia (entre la que se incluyó las diferentes formas en que se ha

conceptualizado la misma: violencia política, violencia socio-política, conflicto armado,

guerra, terrorismo, terrorismo de estado, entre otros); memoria (y los diferentes adjetivos que

esta ha recibido: memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica, entre otras); las

materializaciones de las mismas (las políticas públicas de la memoria y los procesos sociales

de reconstrucción de memoria); el perdón y el olvido. Asimismo, con el fin de ofrecer una

contextualización sobre la violencia en Colombia, se expuso algunas de las particularidades de

las mismas contempladas dentro del documento “Contribución al entendimiento del conflicto

armado en Colombia”, presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

(2015).

La selección de los marcos teóricos que sustentan el proyecto y la de los autores

consultados, se hizo teniendo en cuenta la pertinencia y significatividad que representan estos

157


en relación con las categorías planteadas; por lo que, como puede evidenciarse en los

antecedentes y dentro del marco, dichas perspectivas son retomadas entre los mismos autores

y en proyectos previos. En consecuencia en la revisión de los antecedentes, no se tuvo en cuenta

dentro de la construcción del marco teórico criterios relacionados con la fecha de publicación

de los referentes utilizados.

Tras la definición y abordaje teórico de las categorías de la investigación, se realizó una

revisión de la Ley 1448 y del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz estable y Duradera; en dicha revisión se identificaron aquellos

lineamientos, acciones y compromisos que podrían ser catalogados como “política de la

memoria” de acuerdo con la posición teórica asumida dentro del marco teórico del proyecto.

Fase de construcción del marco metodológico. Tras la consolidación del marco teórico

y la definición de categorías, se condujo a la construcción del marco metodológico. Para ello,

en primera medida, se indagaron una serie de autores que sirvieran como referente para

sustentar la pertinencia del paradigma crítico- interpretativo a la luz de las pretensiones que

perseguía la investigación. Definido este asunto, se afianzó el enfoque que sustentaría el

proyecto, el cual, para este caso sería el cualitativo. Posteriormente, y siendo coherentes con lo

ya señalado, se determinó que como método de investigación se retomaría el método narrativo

y como técnicas de recolección de información los relatos de vida. Lo anterior, sustentado en

el hecho de que tanto lo uno como lo otro, posibilitan la emergencia y posterior comprensión

de los sentidos, sin desconocer elementos como el afectivo, fundamentales al interior del

presente ejercicio investigativo.

Una vez diseñado el instrumento y el guion del relato, se contactó a los participantes

siguiendo los criterios de inclusión ya definidos; se presentó el objetivo del proyecto, con el

fin de conocer si este era o no de su interés. Dada la emergencia sanitaria anunciada por el

158


Gobierno Colombiano en el año 2020 y las medidas de confinamiento decretadas por este; se

tomó la decisión de aplicar las técnicas y solicitar el consentimiento informado vía telefónica.

Para esto, se grabó las conversaciones mantenidas con las participantes para la generación de

los relatos. Es importante mencionar que, dado el grado de familiarización que se tiene con

estas y que parte del equipo investigador conocía previamente a las participantes, el cambio de

forma de registro de la información no afectó significativamente la generación de las narrativas;

no obstante, impidió el registro de información de tipo no verbal y, en algunos relatos, implicó

la existencia de interferencias que fueron registradas en la transcripción de los datos.

Fase de análisis de la información. Una vez transcrita la información, se procedió con

la codificación de la misma; así, se asignó a cada uno de los relatos un código en función del

orden en que estos fueron desarrollados (R1, R2, R3 y R4). La transcripción de la información

y su respectiva sistematización en categorías fue asistida por computadora a través de

programas de Microsoft office; así, los relatos fueron transcritos por el equipo investigador

apoyándose en el software de Microsoft Word; y durante el proceso de categorización con el

fin de filtrar y organizar la información obtenida los investigadores hicieron uso de Microsoft

Excel. Para esto, se retomaron las categorías planteadas inicialmente en el marco teórico, y se

tuvo en consideración las categorías emergentes surgidas en el marco de esta fase. Así, tras la

organización del análisis en función de estas categorías, se formuló la respectiva discusión;

analizando los datos a la luz del marco teórico y contrastando éstos con los obtenidos en los

antecedentes del proyecto. Vale la pena resaltar que, con base en el criterio de credibilidad, se

presentará la información y los análisis a los participantes con el fin de recibir retroalimentación

de los mismos frente a si el ejercicio realizado da cuenta de los sentidos que quisieron expresar.

Para la realización de esta fase, se aplicó un análisis de contenido, el cual “trabaja

fundamentalmente con el lenguaje, en tanto acto productor de sentido” (Ruiz, 2004, p. 48); por

159


lo que se espera que a través de este se expresen “no sólo ideas, sino también deseos,

expectativas, intenciones, etc.” (Ruíz, 2004, p. 48). Lo anterior es coherente con la

conceptualización de sentido retomada dentro de la investigación, en la que se asume la

construida por Ramírez (como se citó en Becerra, 2008), quien conceptualiza este como una

forma de construcción del lenguaje desde los marcos de enunciación del sujeto que emite el

mensaje. Así, en la construcción del sentido actúan y se encuentran presentes los pensamientos

del individuo, su conocimiento del mundo, el ordenamiento que hace con respecto a lo social

y su esfera afectiva; es decir, sus motivaciones, sus deseos y sus expectativas (Becerra, 2008).

Por lo anterior, los alcances del análisis de contenido resultan coherentes con el nivel de

comprensión al que se pretende llegar del fenómeno de estudio.

En este sentido, resulta relevante precisar que en la técnica de análisis de contenido, el

texto emergente de la recolección de información se convierte en objeto de comprensión a

través de una serie de niveles, los cuales no se anteceden unos a otros; sino por el contrario,

requieren por parte del investigador una revisión constante, un ir y venir, que le permita, lograr

con cada revisión un nivel más alto de comprensión (Amezcua y Hueso, 2009). Al respecto

señala Ruiz (2004) “su utilización nos permite comprender la complejidad de la realidad social

que estamos interesados en estudiar, en lugar de simplificarla y reducirla a mínimos esquemas

de representación” (p. 45)

Estos niveles de comprensión son tres y como se mencionó anteriormente, no

representan secuencialidad como sucede en las investigaciones convencionales; sino vinculo,

el cual es establecido por el AC. En relación, el primer nivel denominado “de superficie” se

consolida a partir de preguntas, afirmaciones y en general, todas aquellas enunciaciones

emitidas bien sean de manera oral o escrita por los participantes a través de los métodos de

recolección de información previstos; el segundo nivel “analítico”, se logra cuando dichas

160


enunciaciones se clasifican a partir de categorías o criterios como “de afinidad (unas

afirmaciones dicen prácticamente lo mismo que otras), o de diferenciación (unas afirmaciones

dicen cosas completamente distintas e incluso contrarias a otras)” (Ruiz, 2004, p.46);

finalmente, el nivel interpretativo se refiere a la habilidad que posee el investigador para

comprender y construir el sentido de aquello a lo que previamente ha accedido y ha organizado.

(Ruiz, 2004).

En definitiva, la implementación del Análisis de Contenido obedece al evento de crear

y recrear el sentido del texto a través del acceso detallado a los tres niveles de comprensión, y

desde allí generar nuevas elaboraciones. Lo que posibilita, tanto a investigadores como a

participantes “tener una visión fiel de las distintas concepciones, acciones y circunstancias

sociales que se convierten en objeto de investigación” (Ruiz, 2004, p.46).

Para esto, se pretende trabajar con dos elementos: referencias y rasgos. El primero de

estos hace referencia a los relatos en sí mismos construidos juntos con víctimas de violencia

política; mientras que el segundo (los rasgos) comprende los elementos que el equipo

investigador considera significativos dentro de esos relatos y en relación con los sentidos que

se construyen frente a las políticas de la memoria incluidas en la Ley 1448 y en el Acuerdo

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.

Fase de conclusiones y elaboración del informe final. Concluido el análisis de la

información, se procede a elaborar las conclusiones y a ultimar el informe de investigación

siguiendo los requerimientos exigidos por parte del programa académico. Asimismo, se

procede con la devolución de la información a quienes participaron del estudio.

161


Aspectos Éticos.

Pese a que ofrecieron las condiciones garantizar la confidencialidad y el anonimato de

los narradores a través del uso pseudónimos y la no revelación del nombre verdadero de estas;

las participantes manifestaron (como quedó registro audible), la intención de que su nombre

figurara dentro de las narrativas; esto - como se señala dentro del análisis - dado que perciben

en el desarrollo de este tipo de investigaciones formas de visibilización frente a las acciones

desarrolladas por las mismas. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los

lineamientos dados en el capítulo VII de la Ley 1090 de 2006, en la que se establece que la

investigación debe basarse en principios de respeto, dignidad, no maleficencia y veracidad. Por

otra parte, se hará devolución de la información a cada uno de los participantes.

Cronograma.

A continuación se presentan dos cronogramas de actividades, el primero, corresponde

a lo desarrollado durante el segundo semestre del año 2018 y el primer semestre de 2019; el

segundo, hace referencia a las acciones ejecutadas durante el segundo semestre del año 2019 y

el primer semestre del año 2020.


162



Instrumento.

Para la generación de las narrativas, se diseñó de un guion de entrevista en el que

inicialmente se presentaba al equipo investigador y se socializaba con los participantes el

objetivo de la investigación, así como los alcances de esta y las consideraciones éticas para su

desarrollo. Posteriormente, se solicitaba realizar una breve presentación sobre sí mismos. De

esta manera, se dio paso al desarrollo de las preguntas relacionadas con los propósitos del

proyecto investigativo de acuerdo con las categorías planteadas inicialmente (ver anexo A).

Análisis y Resultados

Los resultados obtenidos permiten la consolidación y análisis de la información en torno

a diez categorías; siete de ellas establecidas previamente desde la construcción del marco

teórico (conceptualizaciones en torno a la violencia en Colombia, víctima, procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica, memoria, perdón, políticas oficiales de la memoria y

tensiones) y tres emergentes (duelo, reconciliación y reparación); las cuales, junto con sus

respectivas subcategorías se relacionan a continuación. Frente al análisis, vale la pena aclarar

que dentro de los hallazgos encontrados, se generan puntos en común con los autores abordados

163


tanto en el marco teórico como en la revisión de los antecedentes, sin que esto implique una

búsqueda de confirmación o de reiteración de lo teórico desde de las experiencias expuestas a

través de los relatos, sino que, por el contrario, corresponde a la revisión de posturas teóricas y

posiciones contrarias dentro de la formulación del proyecto (desde autores como Halbwachs,

Ricoeur y Todorov que resaltan el papel de la memoria hasta autores como Rieff que retoman

a los anteriormente mencionados para cuestionar y problematizar sus posturas); lo que conlleva

a su vez a una mayor amplitud de referentes desde los cuales comprender los sentidos y las

narrativas. Asimismo, dentro de este proceso, se reflejan algunas contradicciones entre esas

dos fuentes e, incluso, dentro de los mismos relatos construidos.

Tabla 3. Categorías y subcategorías.

Categoría Subcategorías

Conceptualizaciones en torno a la

violencia en Colombia



Víctima Reconocimiento del status de víctima.

Universalización del concepto de víctima

Jerarquización de los hechos victimizantes.

Estigmatización

Memoria Memoria personal

Memoria colectiva

Barreras institucionales

Abuso de la memoria

164


Procesos sociales de reconstrucción de

memoria histórica

Incidencia sociopolítica

Pedagogías sociales de la memoria

Aprendizaje

Logros y reconocimientos

Ética del cuidado

Autogestión

Redes

Políticas oficiales de la memoria Rechazo

Apoyo

Articulación

Financiación

Reparación Verdad

No repetición

Reparación psicológica

Reformas políticas

Medidas de satisfacción

Justicia punitiva

Restitución

Reparación económica

Perdón

Duelo

Reconciliación

165


Tensiones

La organización de la información en dichas categorías obedece a estrategias

metodológicas para el análisis de la información, no obstante, vale la pena aclarar que las

fronteras entre cada una de estas son difusas y que, dada la postura epistemológica asumida

dentro del presente proyecto de investigación, se asume que estas son interdependientes y que

tan solo obedecen a construcciones teóricas sobre una realidad social que no puede ser

fragmentada; motivo por el cual se hace constantemente alusión, en cada una de ellas, a

comprensiones que involucran a las otras.

Conceptualizaciones en torno a la violencia en Colombia.

Teniendo en consideración que las políticas de la memoria incluidas dentro del Acuerdo

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fueron

posibles gracias al reconocimiento de un conflicto armado interno dentro la Ley de Víctimas y

Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) (cuyas políticas de memoria son también interés del

presente proyecto investigativo), se presentan a continuación, las comprensiones que se

evidencian dentro de los relatos de las participantes, estas tienen en torno a la violencia en

Colombia.


A pesar de que, dentro de los relatos se habla predominantemente para referirse a la

violencia en Colombia, de “conflicto armado” o “conflicto armado político y social”, lo

referido en torno a la misma corresponde, como se señalará más adelante, con lo que dentro

del marco teórico de la presente investigación se ha denominado como “terrorismo de Estado”.

166


En el caso del primer relato (correspondiente a Marina), esta habla de la violencia en

Colombia en términos de un conflicto armado interno; esto, de acuerdo con ella, dado el

reconocimiento que hace el Estado de este, a través de la Ley de víctimas y Restitución de

tierras (Ley 1448), sin embargo, no se presentan argumentos en torno a los elementos

característicos de este tipo de fenómeno, limitándose al reconocimiento que de este se hace

desde el ámbito legal. El reconocimiento de un conflicto armado colombiano, que - de acuerdo

con Marina, había sido negado previamente por el expresidente Álvaro Uribe - es percibido

por ésta como un avance ya que, como señala en otros apartados del relato, esto implica también

reconocer a las víctimas y emprender acciones orientadas a su reparación.

Dicha perspectiva resulta ser coherente con lo expuesto por Santos (2019), quien

asegura que la negación del conflicto armado interno y la conceptualización del mismo como

una amenaza terrorista consistió en una doctrina instaurada en el gobierno Uribe, desde la cual

se cerraba la posibilidad de una salida política a la violencia, la exigibilidad del Estatuto de

Roma, la Jurisdicción Penal Internacional y el DIH (incluyendo el protocolo II de los

Convenios de Ginebra para la humanización del conflicto y el reconocimiento de los derechos

de las víctimas); además, se corría el riesgo de asignar el estatus de víctima a personas que

habían sufrido hechos victimizantes por parte de actores diferentes a grupos guerrilleros, como

lo son el Estado o grupos paramilitares.

“(...) Sí, es que eso ya está … eso ya está ahí aprobado. Eso ya está por Ley. Y por lo menos que haya

reconocimiento eso ya es un avance porque siempre habían negado … Que en Colombia no había conflicto.

Cuando … eh … el presidente Uribe siempre; yo me acuerdo de que siempre decía que en Colombia no había conflicto pero él …. eh … llegó un momento, aceptó que en Colombia sí había conflicto, y pues está la ley y eso

ya es un avance muchísimo mayor (...)” R1

En el caso del cuarto relato (correspondiente a Blanca), al igual que ocurre con el

primero, se conceptualiza la violencia en términos de un conflicto armado; en este caso,

justificando dicha definición desde su hecho victimizante y la existencia de víctimas de

167


homicidio (como lo fue su hija). En este sentido, la conceptualización de la violencia como

conflicto se limitaría a la existencia de víctimas civiles.

“(...)- ¡Sí, claro! Porque es un conflicto de guerra ¡Armado! Porque es … que asesinan. Fuera un

conjunto … t- ¿cómo se dice el otro?

- ¿terrorismo?

- ¡No, es conflicto armado! ¡Yo digo que es conflicto armado! Porque ya terrorismo es otra cosa. Me

parece a mí. Ya conflicto armado es como lo que le pasó a mi hija, que la mataron. Ya el terrorismo es otra cosa,

me parece a mí (...)” R4

Vale la pena recalcar, sin embargo, que - conceptualmente - dentro de otras categorías

(como, por ejemplo, terrorismo, terrorismo de Estado, guerra civil, entre otras), la existencia

de víctimas es un elemento común a todas las definiciones. Sin embargo, dentro de los relatos

esta se toma como la única condición para hablar de un conflicto armado interno.

Los argumentos dados dentro de los relatos para aludir a un conflicto armado interno

omiten otros elementos como un número determinado de víctimas, la organización de la

violencia, la existencia de una estructura militar básica de quienes se enfrentan al Estado y la

resistencia de la misma durante determinado tiempo (contemplado en bases de datos del grupo

“Correlates of War Project” (COW) de la Universidad de Michigan, así como de la Universidad

de Uppsala y el “Peace Research Institute Oslo” (PRIO). Asimismo, se omiten elementos

abordados desde la perspectiva del DIH en cuanto al enfrentamiento entre el Estado y actores

armados disidentes con mando responsable, control territorial y posibilidad de aplicación de

las normas humanitarias (Uprimmy, 2005).


En el caso del tercer relato (correspondiente al de Lilia), pese a que ella conceptualiza

la violencia en Colombia como un “conflicto armado interno político y social”, las

168


características que a este le asigna corresponderían con lo que, dentro del marco teórico de la

presente investigación, se conceptualiza como Terrorismo de Estado.

“(...) yo he creído siempre y agregó que el conflicto armado interno político y social, hay que resaltar

mucho político y social, ¿y por qué político y social? dada la estructura política de nuestro país, se dice que es

un país democrático y Social de Derecho y al alcalde lo matan ¿no? Entonces, realmente no obedece a esa

estructura democrática y Social de Derecho; entonces yo diría, un conflicto armado político y social y así nos

reconocemos nosotros por la falta de democracia, dicen que es un país democrático porque tenemos unas elecciones pero realmente obedecería a un país democrático y con Estado Social de Derecho cuando se

implementen las medidas que se solicitan en el acuerdo de paz, cuando realmente se hable de que se implementó

la justicia transicional (...)” R3

Lilia enfatiza en que al haber una persecución sistemática hacia diferentes sectores y

funcionarios públicos, expresada a través de múltiples formas de violencia, la estructura social

y política que sustenta a Colombia no correspondería a una democracia legítima ni a un Estado

Social de Derecho; argumentos que, de acuerdo con Santos (2019) retomaba Uribe al negar la

existencia de un conflicto armado interno aludiendo que “al ser Colombia una “democracia

sólida” y un Estado de Derecho, el levantamiento en armas contra el Estado no constituía un

acto de subversión sino de terrorismo”. La falta de un sistema democrático, la eliminación de

otros y la impunidad, no obstante, no corresponden con criterios propios del conflicto armado

interno, sino con los de un terrorismo de Estado.

Por otra parte, Milena describe sus experiencias en términos de haber estado sometida

a “un sistema de terror, miedo y amenazas” producto de la búsqueda de la verdad en torno a lo

ocurrido con su madre. Asimismo, señala que personas que han colaborado con dicha lucha,

como lo fue su abogado, fueron asesinados; motivo por el cual se genera dentro de la familia

una conmoción que lleva a que su abuela trate de limitar la participación de Milena y de sus

hermanos en procesos sociales de memoria y/o de denuncia.

“(...) entonces mi abuela lo que hace es, entre su miedo, no abrirnos tanto el espectro de lo que está

pasando, si no de recogernos un poco, no dejarnos estar tan activos en el grupo de pequeños, porque había

amenazas… porque amenazaban a los abogados, amenazaban a los familiares que insistían… porque mataron a

Eduardo Umaña Mendoza quien era nuestro abogado, entonces siempre hemos estado en un sistema del terror y

del miedo y de la amenaza, donde ella decía que ella había dado un hijo y no quería que sus otros hijos les pasara

lo mismo… entonces digamos que nosotros siempre estuvimos como en ese límite, mientras estuvo mi abuela viva,

como hasta donde ella nos dejará avanzar (...)” R2

169


Dicho sentimiento de terror generado y la persecución hacia personas relacionadas con

grupos de defensa de Derechos Humanos o de procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica es asumido por Milena como un mecanismo a través del cual se busca que los demás

miembros de las organizaciones o de movimientos sientan que pueden ser los próximos en ser

asesinados o desaparecidos, haciendo así que estos desistan de los procesos judiciales que se

han venido adelantando o de los movimientos de los cuales hacen parte.

“(...) Pues ese es eso Juan, un régimen del terror… que ha pasado, que siento que Colombia ha dado

pasos más por presión internacional, por presión exterior, ¿sí?... digamos que también… nuestros gobiernos han

sabido mover fichas, que a nosotros como víctimas y como organizaciones defensoras pues nos han dado unos

alivios y nos han dado también esas herramientas para poder seguir Juan, para podernos mantener, siento yo,

pero también sé el cómo desde ese querer hacer cosas, y ese tener herramientas… pues siempre ha habido ahí detrás la zancadilla… ha estado ahí detrás… tú crees que asesinar un líder social que ha tenido a toda una

comunidad luchando, y que ven que asesinan a su líder, a la persona que más ha entregado de su vida, no da

miedo… no aterroriza… en mi caso es que después de tantos años matan a nuestro abogado, a la persona que

nos decía que ya se iba a saber la verdad de lo que había pasado con nuestro familiares, que él ya había avanzado

tanto en la investigación que en menos de un mes él nos iba a decir la verdad de lo que había pasado con ellos y

lo asesinan… entonces qué hacen Juan, meternos el miedo porque entonces mañana voy a ser yo… o pasado

mañana va a ser mi compañera o el que más exige, la familia que más está visible… entonces hay organizaciones

defensoras de Derechos Humanos que ni siquiera… o personas que están tan metidas en este cuento con nosotros

que ni siquiera han tenido o han pasado por la violencia, pero que su ser y su condición les exige estar presentes

con nosotros y ver que los amenazan… por ejemplo, la Comisión intereclesial de Justicia y Paz que trabaja con

comunidades en el Chocó, en el Atrato… cuando las amenazan, cuando amenazan a nuestro… al padre, o cuando amenazan a nuestro psicólogo o a las personas que están en el territorio, no solo el llamado a esa organización,

sino a todos los que estamos ahí… entonces también sentimos ese dolor de ese líder que muere, o que matan allá

en el Cauca para nosotros que estamos aquí, supuestamente en las ciudades defendiendo los Derechos Humanos,

nos duele, y nos atemorizan… y ya no sabemos si podemos hablar y gritar más duro porque mañana va a ser uno

de nuestra organización por estar exigiendo los derechos pues que ya no va a estar. Entonces para mí eso se

llama el régimen del dolor, y sabemos quiénes son, y sabemos qué es lo que quieren lograr, y quieren lograr es

que todos nos callemos, pero siento que… que les va a quedar mucho más difícil (...)” R2

Al respecto de los ataques contra miembros de procesos sociales, vale la pena resaltar

que Blanca que en el año 2018 (años después de su hecho victimizante), sufrió un ataque

posterior en el cual es secuestrada y se le es cortado su cabello. Frente a esta última acción,

vale la pena resaltar que constituye también un acto de violencia contra la mujer, en tanto, este

tiene una representación simbólica para ella, dada su condición de mujer Wayuu.

“(...) ¡Fue muy duro! ¡También fue muy duro empezar MOVICE! ¡Carreras! ¡Nos cogía el ESMAD, la

policía! Cuando nosotros sacábamos las … las …. Las (...) ¡Las pancartas! Muchos de ellos … unos están en

Valledupar. Otros no han vuelto (transferencia) ¡El Doctor Pacheco! ¡Que también es víctima! Fue uno de los

fundadores. Delia, Emilio ¡Uy, eso hay un poco de gente! Mucho … hubo unos viejos que también eran … ellos me dicen que también ya murieron. Y otro que está en España, que es Yuri Neira. Él fue uno de los fundadores.

Que fue el que le mataron al hijo. Nicolas Neira. Que lo mataron en la 17 con séptima. Bueno, y ahí vamos (...)”

R4

170


La violencia como mecanismo para generar terror y debilitar los movimientos es

relatada también por Blanca, quien asegura que las mujeres integrantes de la Asociación

Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) fueron

asesinadas debido a su accionar político en defensa de sus territorios; lo que, como

consecuencia, generó que otros miembros decidieran retirarse del movimiento y exiliarse en

otros países. Asimismo, de acuerdo con Blanca, el terror lleva a tal punto que se evita hablar

del movimiento, de su historia y de su legado, lo que a mediano plazo genera el debilitamiento

de la organización y su posterior desaparición de la escena pública.

“(...) De ANMUCIC. Es una organización de mujeres indígenas campesinas negras de Colombia. Eso

es una organización muy vieja ¡Eso tiene como 37 años de creada! (...) Eso es una organización de mujeres que

se conformó hace 37 años. Esa organización hubieron líderes que éramos nosotros en muchos departamentos de

Colombia. Habiamos 200,000 mujeres. Sí, y fue una organización de mucho perrenque. Una organización de mucha fuerza. De mujeres verracas que no se dejaban pues … eh … echar vainas de nadie ni de inspectores ni

nada. Ellos hacían algo … por ejemplo, en los territorios, iban allá y ellas “pues, vamos a hacer esto” y allá

estaban. Y no se dejaban quitar por los terrenos o problemas, los solucionaban las mujeres de ANMUCIC ¿sí?

Que por eso fue que mataron tantas mujeres en el Putumayo, en … por acá en Viotá ¡Uy, eso mataron como cien

mujeres! En todo el territorio de Colombia ¡Desaparecieron! Tuvieron que irse exiliadas pa’ España, Canadá,

pa’ … bueno, pa’ muchos otros países. Se sacaron mujeres ¿por qué? Por las amenazas. Y ya como estaban

matando, y desapareciendo, entonces …. El ANMUCIC ya no tenía como ese nombre tan fuerte porque ya las

mujeres estaban como con miedo ¡En esa época fue que mataron mi hija! Y me vine, que estaba ANMUCIC en el

INCORA. Allá tenían oficina. Entonces se tenían dos casas. Una en Kennedy y otra ahí en la Soledad, que esa …

montaron un hotel que se llama Atabico ¡Ahora te cuento! Bueno, y resulta que yo vine en esa época. Leonora

Castaño era la directora de ANMUCIC Nacional y ¡Claro! Ella me ayudó mucho con la venida y todo eso pero

fue amenazada también, le tocó irse ¡Esa ya lleva casi como 20 años en España! ¡Esa ya no vuelve! Y Leonora, Nora, Cecilia … ¡Bueno, muchas de ellas que fueron ... no me recuerdo de las otras, pero fueron varias las que

sacaron! Entonces, claro, ANMUCIC ya no se oía a nombrar. ANMUCIC era todo … Yo sí hablaba de ANMUCIC

donde había reuniones, que empecé yo a ir … y me apretaban las piernas “¡Cállate, que te van a matar! ¡No

hables de AMUSI!” Por ahí salió un libro donde salió un reportaje de ANMUCIC, y ahí hablaban de mí. Entonces

las mujeres “! Blanca, ay Dios mío, con esto nos van a matar!” ¡Temerosas! Y había muchas que eran … las más

viejas eran las que eran más fuertes. Se quedaron en sus territorios. No volvieron (...)” R4

“(...) ¡Sí! Y que fue una organización ¿no le digo? ¡De mujeres fuertes! Qué lástima que muchas de ellas

se murieron. Unas sí de forma natural, otras las desaparecieron, otras las asesinaron (…) No es tan fácil. Que

muchas mujeres se van. Se esconden por miedo. Porque los matan. Porque sí fue verdad que mataron muchas

(...)” R4

Las acciones realizadas en contra de los movimientos no implican únicamente la

desaparición, el asesinato y la tortura de sus integrantes, sino también acciones de menor

letalidad como la persecución y el hostigamiento. Al respecto, Blanca refiere políticas de

criminalización de la protesta social; por ejemplo, menciona que durante el surgimiento del

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) fueron víctimas del hostigamiento

171


de la fuerza pública como la Policía Nacional, entre la cual se incluye al Escuadrón Móvil

Antidisturbios (ESMAD).

“(...) ¡Fue muy duro! ¡También fue muy duro empezar MOVICE! ¡Carreras! ¡Nos cogía el ESMAD, la

policía! Cuando nosotros sacábamos las … las …. Las (...) ¡Las pancartas! Muchos de ellos … unos están en

Valledupar. Otros no han vuelto (transferencia) ¡El Doctor Pacheco! ¡Que también es víctima! Fue uno de los

fundadores. Delia, Emilio ¡Uy, eso hay un poco de gente! Mucho … hubo unos viejos que también eran … ellos

me dicen que también ya murieron. Y otro que está en España, que es Yuri Neira. Él fue uno de los fundadores. Que fue el que le mataron al hijo. Nicolas Neira. Que lo mataron en la 17 con séptima. Bueno, y ahí vamos (...)”

R4

De acuerdo con Milena, dicha persecución se realiza también contra personas de

quienes se sospecha pueden pertenecer a grupos insurgentes, tal y como es el caso de Violeta

(cuya madre, quien presuntamente pertenecía al M-19, desapareció en el marco de los hechos

asociados a la toma y retoma del Palacio), a quien - de acuerdo con el relato - el Ejército

mantenía vigilada a tal punto que esta se ve obligada, con el fin de evitar accionar en su contra,

a deshacerse de las pertenencias y objetos que le evoquen a su madre, lo que evidencia que la

persecución ejercida por parte de agentes del Estado (como lo son las Fuerzas Militares),

conlleva también a una negación del derecho a la memoria.

(...) y tampoco ella tuvo memoria de su mamá, porque para la familia de Violeta fue más difícil porque

ella sí era una guerrillera, porque a ella le tocó desde su casa borrar la memoria de Violeta… quemar sus fotos,

quemar su ropa, porque habían sido perseguidas militarmente, les había hecho muchos allanamientos… a pesar

de que su familia no sabía que “Violeta” era militante del M-19, el Ejército pues ya los tenía vigilados, hasta tal

punto que en su casa nunca ha habido para Violeta una foto de quién fue su mamá… y no hubo esa imagen que

yo guardé, sino que incluso el mismo entorno le hizo olvidar a Violetta quién era su mamá… (...)” R2

El hostigamiento, de acuerdo con Lilia, no solo se da por sospechas frente a la

pertenencia a grupos insurgentes, sino también por afiliación política (por ejemplo, a

integrantes de partidos políticos de izquierda) o por cualquier mínimo indicio de simpatizar o

tener alguna filiación con estos; no es de extrañar entonces que allegados a miembros de dichos

grupos fueran también víctimas del accionar del Estado, incluso cuando estos pertenecían a la

sociedad civil.

“(...) Claro que sí! hay una diferencia super monumental. El caso de la Unión Patriótica es un caso de

hace tres décadas, donde se ajuicio fue en los años ochenta, la persecución a los integrantes de la Unión Patriótica, eh, los años ochenta era cuando estaba… ehh… en donde la Unión Soviética, el caso de Cuba que sí

había persecución; y a los dirigentes y simpatizantes de izquierda… y los que se presumía, no necesariamente los

que eran, los que andaban… cometían el pecado de andar con alguien que tuviera que ver con izquierda… los

172


perseguían, los desaparecían, los torturaban, los encarcelaban y los hostigaban permanentemente. Después en

los años ochenta, cuando se conformó la Unión Patriótica, gracias al proceso de paz que hubo en esa época, el

fallido proceso de paz de la Uribe, los persiguieron; hubo una persecución hasta que los exterminaron

completamente: a los dirigentes de izquierda, a los simpatizantes, los seguidores, y después también, se presumió

que eran de la población civil que nada tenían que ver. Esto lleva… son tres décadas… 31 o 32 años (...)” R3

Las acciones de persecución y de eliminación hacia el otro, no obstante, no se limitan a

las personas directamente involucradas con los hechos de victimización o sospechosas de

pertenecer a grupos insurgentes, sino que - de acuerdo con el relato - se extiende incluso a los

mismos miembros del Estado cuando estos emprenden acciones judiciales orientadas al

esclarecimiento de la verdad y a la resolución de los casos; así, se señala que han sido

amenazados y asesinados jueces y magistrados, entre ellos, aquellos involucrados con la

sentencia al entonces coronel Luis Alfonso Plazas Vega, uno de los militares condenados por

las desapariciones que tuvieron lugar durante la retoma del Palacio.

“(...) Bueno, en ese momento… el año pasado hicimos acompañamiento a las familias de la masacre de

Usme… que fue una comisión judicial que fue asesinada por las FARC, y ellos hacen entrega del informe a la

JEP… pues de su caso...como un caso macro, porque además desde el año… más o menos desde el 85 del Palacio

de Justicia se viene haciendo, pues más visible la violencia contra la rama judicial contra los jueces, contra los

magistrados, contra los fiscales… donde por ejercer justicia también han sido amenazados y asesinados, que es

uno también de los casos que toca el Palacio de Justicia cuando asesinan a nuestro abogado, pero también

amenazan a la fiscal, y a la juez, que dan la sentencia contra Plazas Vega… (...)” R2

Las acciones emprendidas contra miembros de movimientos sociales, contra

funcionarios públicos, y en síntesis, contra cualquier persona o grupo que se encuentran al

margen de la ideología gubernamental, se encuentran acompañadas por una complicidad del

Estado, lo que es definido desde Milena como un “pacto de silencio” y desde Lilia como una

“negligencia” u “omisión del Estado” que condujo a la “impunidad”; dada esta, fue necesario

- de acuerdo con el relato - la intervención de organismos internacionales como la Comisión

Interamericana de los Derechos Humanos, la cual es percibida como un mecanismo de presión

para que el Estado reconozca su participación en los hechos. Vale la pena resaltar que Milena

hace mención de que dicho pacto incluye también el silencio frente a las acciones cometidas

por grupos paramilitares en complicidad, según ella, con la maquinaria estatal.

173


“ (... )Bueno, yo quiero contarte que desde 1985 se ha hablado de un pacto de silencio, hablo

especialmente del caso del Palacio de Justicia, y es un pacto de silencio donde no solo fue el presidente de la

República y sus ministros quienes estuvieron enterados de lo que se iba a hacer y de lo que se estaba haciendo

dentro del Palacio de Justicia, y siento que ese pacto de silencio se ha venido manteniendo pero, en el tiempo

para perpetuar el… la desidia de los que han actuado… yo hablo específicamente del Ejército… pero también sabemos que los paramilitares hicieron y deshicieron en conjunto con nuestras Fuerzas Militares, y obviamente

no se le quita a las guerrillas que luego cambiaron su rumbos al narcotráfico, todas las cosas que han hecho y

que han querido que queden en el silencio… pero siento que ya somos tantos millones de víctimas que no estamos

dispuestas a seguir guardando silencio, que no estamos dispuestas a seguir viendo como siguen pasando las

mismas cosas… yo siento que estamos viviendo en un siglo tan repetitivo, donde vuelven a suceder masacres,

donde los poderosos quieren seguir vendiendo nuestro país, nuestras riquezas… ya estamos cansados… somos

muchos los que estamos cansados. Lastimosamente en las elites del Estado, del gobierno y a los que les interesa,

que son los grandes y exitosos que tienen todo el poder y el dinero, las mega-industrias de nuestro país… pues a

ellos son los que no les interesa que el pueblo exija ni que el pueblo se rebele… entonces han seguido manejando,

siento yo, ese pacto de silencio, de no dejar que se visibilice, callar a los que estamos alzando la voz,

amenazarnos… ehh… entonces, cuando ellos se sienten amenazados, algo hacen para torpedear lo que nosotros

hemos tratado de ir avanzando (...)” R2

“(...) Otro caso que fue a los estrados internacionales. Fue el caso, por ejemplo, de los desaparecidos

del Palacio de Justicia. Entonces los casos donde ha tenido que ver, y casi digamos directamente el Estado, ha

sido por acción o por omisión, porque se hace el de la vista gorda y porque ha permitido estos casos, y han sido

manejados de tal forma que hay impunidad (...)” R3

Dicha percepción en torno al accionar conjunto del Estado y de grupos paramilitares

también es compartida por Lilia, quien añade que dentro de estas acciones, estuvo presente

también el fenómeno del narcotráfico.

“Los casos que conocemos como crímenes de Estado, que ahí está contemplado el genocidio contra la

Unión Patriótica, un caso que el Estado… que mostró su negligencia para actuar en ese… y para buscar y

castigar a los culpables; porque sí sabemos todo lo que se llegó a denunciar que pasó en los años ochenta, sí

hubo una participación del Estado, los paramilitares, el narcotráfico, que todos ahí de una u otra forma se

ayudaron y que por acción o por omisión el Estado tuvo su gran participación. Entonces ese caso no se resolvió,

se fue para los estrados judiciales y aquí no se hizo nada, tuvo que salir a las instituciones internacionales, llegó

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y ahora en este momento, está en la Corte Interamericana

de Derechos Humanos para que actúe porque el Estado no ha querido reconocer su participación.” R3

Asimismo, la insinuación del Estado como una estructura criminal es sugerida también

por Blanca, quien asegura que dentro de instituciones estatales como el Senado y el Congreso

se encuentran funcionarios que están involucrados de manera directa con grupos victimarios.

“(...) Colombia es un país de impunidad ¡No de verdad, ni de justicia! Porque no la hay. La justicia se

la dan, se la aplican a los pobres inocentes, personas que lo merecen no las castigan ¡Por el poder! ¡Por la plata!

¡Porque tienen poder! Y sus secuaces que están allá en el Senado, en el Congreso son los que los ayudan a ellos,

por eso es que ellos tienen esa fuerza y esa ¿cómo se dice? Esa tranquilidad para ellos decir “¡No! ¡No hemos

hecho nada! ¡Vea!” ¡¿uhm?! (...) R4”

Como puede evidenciarse en lo anterior, los relatos en torno a las comprensiones a

propósito de la conceptualización de la violencia en Colombia, presentan como elemento

común que las participantes reconocen en el Estado un agente de terror que no se ciñe a las

174


normas del “Derecho a la guerra” y que, además, bajó su accionar y amparado bajo la premisa

de seguridad, atenta contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ya sean estos

pertenecientes a la sociedad civil, al aparato estatal, a la oposición o a la población víctima.

Dichas acciones son reflejo de un exceso de la fuerza, de forma tal que el accionar se encuentra

orientado por la arbitrariedad y por principios irracionales y antiéticos que ponen en duda el

seguimiento de pactos internacionales y la obligación del Estado frente al amparo y protección

de los derechos fundamentales; características que, de acuerdo con Giraldo (1997), son propias

del terrorismo de Estado.

Vale la pena recalcar que, de acuerdo con Giraldo (1997), otros de los elementos

característicos a través de los cuales se conceptualiza el terrorismo de Estado radica en: a) la

no distinción entre combatientes y no combatientes, aspecto que se evidencia en el relato de

Lilia frente a la persecución de la que no solo fue víctima su padre como miembro de la Unión

Patriótica (UP), sino también su familia y personas cercanas, así no militaran en este; asimismo,

se evidencia en el relato de Blanca frente a la persecución a su hija por pertenecer a la JUCO y

en el de Milena frente al hecho de que las personas rescatadas durante la retoma del Palacio de

Justicia, pese a que hacían parte de la sociedad civil, fueron tratadas como miembros del M-

19; por lo cual fueron secuestrados, torturados y desaparecidos; así como lo fueron personas

cercanas a los procesos sociales como abogados, psicólogos o miembros de las organizaciones.

Al respecto, es pertinente señalar que según Giraldo (1997) el trato indigno o cruel al

ser humano, a través del cual se ejerce un exceso de fuerza contra el enemigo y se recurre a la

tortura, a los tratos inhumanos, a la desaparición forzada, a las ejecuciones extrajudiciales y a

la negación de los derechos procesales, constituyen otros mecanismos a través de las cuales el

Estado ejerce el terrorismo. Frente a esta segunda característica, vale la pena recalcar que el

padre de Lilia fue víctima de homicidio; la madre de Milena de tortura y desaparición y la hija

175


de Blanca de violación, tortura y homicidio; esto sin dejar de lado que, de acuerdo con el relato,

algunos de los miembros de la ANMUCIC fueron también desaparecidos por su pertenencia a

dicho grupo, lo que evidencia que las acciones cometidas contra estos superó por creces las

normas del “Derecho a la guerra”, lo que evidencia una violación de los Derechos Humanos y

una extra-limitación por parte del Estado Colombiano dado, según las participantes, un

encubrimiento o indiferencia frente a estos hechos.

Sumado a esto, Giraldo (1997) agrega otras expresiones estructurales, institucionales y

sistémicas a través de las cuales se haría evidente el terrorismo de Estado, como la

estigmatización de personas, grupos y organizaciones que actúen fuera de los márgenes

instaurados por el Statu Quo; situación que se hace evidente en el caso de Lilia, frente a la

persecución y posterior genocidio de todo un movimiento político -que de acuerdo con el

relato- atentaba contra los intereses propios y particulares del sistema hegemónico; así, a través

de la estigmatización hacia estos, se busca que las violaciones de sus Derechos sean legitimadas

socialmente. Al respecto, dicho proceso de estigmatización hacia las víctimas y hacia los

movimientos será abordado posteriormente en la categoría de víctimas.

Como otra de las expresiones, Giraldo (1997) menciona el paramilitarismo que, de

acuerdo con él, se constituye en una política de Estado; lo cual se refleja en los relatos de

Milena, Lilia y Blanca, quienes afirman que no sólo se presenta impunidad (la cual es otra de

las características mencionadas por Giraldo (1997)), si no que esta es lograda gracias al acuerdo

y accionar conjunto entre grupos paramilitares y funcionarios estatales (lo cual guarda relación

con el control político de la justicia, propuesto también por el autor); así como el hostigamiento,

persecución y eliminación de miembros de organizaciones orientadas a la búsqueda de la

justicia o incluso de funcionarios como jueces y magistrados, quienes han adelantado procesos

para el esclarecimiento de lo ocurrido ; como consecuencia, las víctimas de estos actos son

176


invisibilizadas, silenciadas y estigmatizadas en la esfera pública. Como última expresión,

Giraldo (1997) agrega lo que este cataloga como “La Justicia sin Rostro”, es decir, la privación

de garantías procesales; lo que se evidencia en el hecho de incriminar a personas pertenecientes

a grupos contrahegemónicos o relacionados con grupos insurgentes sin poseer las pruebas

suficientes que permitan comprobar un acto punible; como se demuestra en el caso de Violeta,

quien es perseguida por ser hija de una presunta militante del M19 (aun cuando su madre no

participó de la toma del Palacio de Justicia); esto sin que se le garantice el derecho al debido

proceso.

Además de lo ya señalado, Giraldo (1997) menciona que otras acciones como la

centralización de poderes en figuras como el Fiscal General puede llevar a que la

administración de la justicia se encuentre condicionada a determinadas ideologías e intereses

que lleven a la persecución de sólo determinadas formas de criminalidad y al aumento de

impunidad en los hechos que se refieren a crímenes de Estado. Al respecto, si bien las víctimas

no nombran explícitamente esta figura, sí se hace mención - como se señaló previamente - a

que existen funcionarios que impiden la administración de justicia al estar vinculados con

grupos victimarios. Asimismo, se percibe que existe una mayor visibilidad y rechazo hacia los

delitos cometidos por grupos guerrilleros; elemento que será retomado en el análisis

correspondiente a la categoría de víctima.

Tras el proceso de categorización, se evidenció que no se presentan dentro de los relatos

características que correspondan con otras conceptualizaciones de la violencia incluidas dentro

del marco teórico, tales como terrorismo, guerra contra el terrorismo, guerra ambigua, guerra

contra la sociedad, guerra civil y violencia político-social. Pese a que los relatos de las

participantes coinciden con la descripción de lo que desde Giraldo (1997) representa el

terrorismo de Estado (aunque no le sea asignado este nombre explícitamente), vale la pena

177


recalcar que esto puede obedecer a que, con excepción de Marina, quien fue víctima de

desplazamiento por parte de un grupo cuya identificación no ha sido esclarecida, los hechos

victimizantes de los cuales fueron objeto las participantes involucran de forma directa o

indirecta al Estado (sin que esto haya sido una intención de la investigación). Así, por ejemplo,

dentro de los hechos victimizantes de las mismas se encuentra el exterminio de la Unión

Patriótica, las desapariciones durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y desplazamiento

y homicidio por parte de grupos paramilitares. Como se abordará más adelante, la concepción

de la violencia desde una perspectiva acorde con el terrorismo de Estado, presenta una relación

frente a la concepción de víctima en términos de un sujeto histórico que pretende generar una

incidencia socio-política sobre la esfera pública que le permita denunciar y transformar las

estructuras hegemónicas; asimismo, dicha concepción de terrorismo de Estado conlleva a que

uno de los sentidos frente a las políticas oficiales que son de interés dentro de la presente

investigación sea de sospecha en torno a estas, dado que se percibe - como se expondrá más

adelante - que se da un carácter utilitario a estas para la exaltación de la memoria oficial, la

invisibilización y estigmatización de acciones que atenten contra el statu quo y la búsqueda de

impunidad a agentes estatales.

Lo anterior permite concluir que los sentidos de las participantes frente a la

conceptualización de la violencia en Colombia se orientan hacia la comprensión de ésta en

términos de un terrorismo de Estado; lo que constituye una contradicción frente a la postura

asumida por el equipo investigador, el cual - como se sustenta en el marco teórico - rechazó la

comprensión de la misma desde esta perspectiva, al coincidir con los postulados de Pécaut

(2015), para quien resulta pertinente matizar el término debido a que en el caso colombiano no

se ha llegado a regímenes totalitarios como los de las dictaduras del Cono sur; además, pese a

que se ha atentado contra el apartado judicial, no se ha llegado a una subordinación completa

de ésta respecto a la rama ejecutiva; se han abierto investigaciones hacia la Fuerza Pública y

178


se han condenado a algunos de los integrantes de esta; lo cual, aunque denota diferencias con

regímenes autoritarios, reconoce la existencia de una democracia restringida al interior del

territorio nacional.

En consecuencia, se considera, como se señaló previamente, que lo más cercano a los

fines y posturas asumidas dentro de la investigación, sería la conceptualización de violencia

política sustentada por Giraldo (1997), dado que esta reconoce la responsabilidad directa o

indirecta del Estado o de grupos que actúen bajo su aprobación (tal sería el caso de la Fuerza

pública); o de grupos ajenos a este quienes defiendan la postura ideológica y política al

emprender acciones en contra de todo individuo o grupo que vaya en contravía de estos

intereses o del intento de modificar o sustituir el modelo Estado (como lo serían, por ejemplo,

los grupos paramilitares) (CINEP, 2019). Lo anterior, se considera como una de las condiciones

para que las acciones ligadas a los hechos victimizantes que desde allí se emprenden sean

tipificadas como violaciones a los Derechos Humanos (Giraldo, 1997); Esto sin que se

desconozca que los resultados hallados en la presente investigación arrojan, como se señaló

previamente, que los sentidos de las participantes apuntan a una comprensión de la violencia

en términos de un terrorismo de Estado.

Víctimas.

Reconocimiento del status de víctima.

Independientemente de la conceptualización que las participantes den a la violencia en

Colombia, se identifica - como se señaló previamente - la existencia de víctimas de esta. Al

respecto, vale la pena señalar que de acuerdo con Bilbao (2017), uno de los rasgos

identificadores de la víctima radica en su inocencia frente a que esta no era merecedora del acto

de victimización que atentó contra su dignidad y contra sus Derechos Humanos; claro está, que

este elemento también se visibiliza en unas de las etapas del proceso de duelo (la ira) descritas

179


por Kübler-Ross y Daurella (como se citó en Ariza, 2016), en donde el doliente siente no ser

merecedor del castigo sufrido. De acuerdo con el autor, no obstante, esto no implicaría una

concepción inmaculada de la misma o que esta no estuviese involucrada en el conflicto que da

contexto a la agresión recibida, por lo que un victimario podría llegar a convertirse en víctima.

Al respecto, vale la pena destacar que Milena menciona como una de las tensiones que

se presentan dentro de los procesos de memoria (sobre los cuales se profundizará en la

respectiva categoría), el quiénes merecen ser reconocidos como víctimas. Por ejemplo, pese a

que algunos rechazan la idea de que familiares de personas involucradas con la toma y retoma

del Palacio de Justicia (como lo son guerrilleros y militares que también desaparecieron en el

marco de estos sucesos) sean reconocidas como tal, y participen de los respectivos

movimientos de víctimas.

En este sentido, Milena considera que estas deben poseer también el status de víctimas

pues, a pesar de que pertenecieron a grupos que dieron origen a estos hechos, sufrieron también

un ataque contra su dignidad y contra los Derechos Humanos, lo que les permite compartir el

mismo status de otras personas que sufrieron los mismos hechos y que pertenecían a la sociedad

civil; lo que también resulta coherente con lo propuesto por Martínez y Casado-Neira (2017),

frente al hecho de deconstruir la idea de que el comportamiento de las víctimas fue intachable

antes y después del hecho de victimización.

“ (...) Bueno, digamos que entre nosotros… más de cómo hacer memoria es el quién debe estar dentro

de la organización o dentro de las memorias… ¿Qué pasa?, digamos que nuestros padres fueron muy radicales,

“hubieron” personas dentro del grupo que sentían que las familias de los guerrilleros no debían estar con las familias de los desaparecidos porque era la guerrilla quien había hecho la toma, digámoslo así, pero resulta que

ellos tuvieron la misma suerte que la de nuestros familiares, hayan sido guerrilleros, militares… pues sufrieron

una afectación dentro de esta toma y retoma, entonces digamos que dentro del grupo del Palacio es quién quiere

pertenecer al grupo inicial de las 11 familias, pero dentro de esas 11 familias, pues está la familia de Irma Franco,

que era una guerrillera… que no estaba dentro de la toma, pero era guerrillera del M-19 (...)” R2

Tal y como señalan Gatti, Martínez y Revet (2017), el concepto de víctima es una

construcción colectiva producto, en parte, de un repertorio jurídico que las nombra y las

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visibiliza (Sáez, 2017). En este caso, el elemento jurídico que nombra a las víctimas al interior

del contexto colombiano es la Ley 1448, la cual establece los hechos y además otorga

características y lineamientos frente a quienes deben ser consideradas víctimas. Vale la pena

aclarar, no obstante, que para adquirir dicho estatus la persona debe acercarse a las instituciones

creadas para tal fin, solicitando ser incluida dentro del Registro Único de Víctimas (RUV), lo

que implica que esta debe identificarse dentro de las características que establece la Ley; lo que

es coherente con lo señalado por Martínez (2017), frente al hecho de que la Ley crea víctimas

que después se identifican como tales (en términos legales). En palabras de Gatti y Martínez

(2017), el sistema crea víctimas para después repararlas; tal y como se evidencia en lo relatado

por Lilia, quien asegura que para hacer parte de procesos de reparación gestados por

organizaciones, es necesario hacer parte del RUV. Así, habría una comprensión de víctima -

especialmente desde lo institucional - limitado al marco normativo que nombra a las víctimas

en función de su experiencia pero que excluye la capacidad de agencia de éstas y las acciones

en materia de incidencia social y política desarrolladas por estas.

“(...)ehh…… no, muy bien, chévere! ehhh ¿Qué le sugeriría yo? No pues déjeme pensarlo y a ver … y

con eso…… ¿Qué le sugeriría? Bueno se me ocurre (interferencia) algunas personas ahora …ehh….

(interferencia) la Ley 1448 dice; “son víctimas tales personas” y si en alguna institución alguna vez…. Ehhh…

hablando de victimas, entonces hablando de víctimas le dije “¿Qué son víctimas para esas instituciones que necesitaban hacer algo?, me dijeron las que estaban registradas en el Registro Único De Víctimas, las que somos

reconocidas como víctimas que tuvimos un hecho directo, un hecho directo… un hecho a nosotros o a nuestras

familias; entonces hay dos cosas, dicen algunas víctimas “no me llamen víctima” pero quieren vivir de los

“beneficios” de ser víctimas(...)” R3

En relación con lo anterior, Gatti (2017) señala que el status de víctima puede

convertirse en un elemento identitario a través del cual se articulan los colectivos en lo que el

autor denomina “comunidades del dolor”. Dicha perspectiva es compartida por Marina, quien

asegura que se reconoce como víctima y decide permanecer en los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica, cuando conoce dentro de los mismos a personas que

también han sufrido hechos victimizantes; en este sentido, el reconocimiento del propio dolor,

a través del otro, se convierte en el eje articulador de las organizaciones y movimientos y del

181


reconocimiento del status de víctima. Esto concuerdo también con lo señalado por Todorov

(2000), frente al hecho de cómo la memoria ejemplar, sin desconocer la unicidad y

especificidad de cada acto, reconoce características comunes que posibilitan desde la

experiencia individual el reconocimiento de otros con las que se comparten semejanzas. Así,

como señala el autor, esto no sería posible si se parte de un suceso individual; en tanto este, si

bien podría conservarse en la memoria, no podría ser usado como referente.

“(...)Esto era como, así como por, como ¿qué? Como un “hobbit” para, como una parte de entretención,

de despejarme, pero entonces empiezo yo como a mirar muchas cosas de las que estaban dentro, a conocer que

muchas habían sido muy lastimadas, violentadas, empiezo a conocer que nosotros … nosotros, teníamos una

finca … cuando éramos pequeños a nosotros nos hicieron algo muy feo … nosotros teníamos una finca y un día

nos tocó salir de la finca y dejar todo. Nunca más volvimos. Nosotros ni siquiera sabíamos que éramos

desplazadas, porque en esa época no estaba de llamarle así. Por eso yo me quedé en el Costurero (...)” R1

Lo anterior concuerda con la perspectiva de Milena, quien asegura que, antes de

constituirse como colectivo, los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia

comenzaron a articularse desde el momento en que se percatan de que todos han sido objeto de

un mismo hecho victimizante (la desaparición forzosa de sus familiares). Así, a través de esta

identidad negativa (como lo señalaría Gatti, 2017) estos inician a dividirse tareas orientadas al

esclarecimiento de los hechos (una dimensión pragmática de cooperación) pero también,

posteriormente, inician procesos de acompañamiento psicosocial, de fortalecimiento, duelo y

recuerdo, de forma tal que se forma entre los mismos un vínculo afectivo tal que Milena se

refiere a ellos como una “familia”. En este sentido, las comunidades del dolor permiten que,

al identificarse con el sufrimiento del otro, los sentidos en relación con la reconstrucción de

memoria histórica estén orientados a resarcir dicho daño a través de procesos de dignificación

a las víctimas y al acceso a la justicia; así como en garantías de no repetición que permitan que

otras personas, que no han vivido el conflicto, puedan evitar dicho sufrimiento.

“ (...) Sí, digamos que desde el minuto cero en Medicina Legal fueron llegando personas a buscar sus

familiares, y ellos se fueron dando cuenta, digamos que entre ellas mismas que a quienes buscaban eran a los

empleados de la cafetería, y hay había una ventaja grande que era Rosalvina, mi abuela, conocía a todos los

empleados de la cafetería porque ella ya llevaba dos años trabajando ahí… entonces mi mamá abuela jugó un

papel importante ahí, porque digamos ella empezó a.. pues tanto a la búsqueda de Luz Mary, pero también entre

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los cuerpos, o entre las personas que ella miraba y veía, buscaba también a sus compañeros que eran los que no

aparecían, y digamos que desde ese minuto cero o desde esos días… ehh… segundo, tercer día que se fueron

encontrando las mismas familias buscándolos, ya se dieron cuenta que quienes hacían falta, quienes no

encontraban ni vivos ni muertos eran los empleados de la cafetería, y desde ese mismo día cero; ellos mismos,

junto con el doctor Eduardo Umaña Mendoza y el señor Enrique Rodríguez (que era el papá de Carlos Rodríguez, que era abogado también) Él era el papá del administrador de la cafetería; deciden hacer una búsqueda de ellos

como personas desaparecidas, como personas que salen vivas del Palacio de Justicia. Digamos que esa primera

búsqueda inicia con los padres y esposos de las señoras de la cafetería, pero en cierto momento nosotros

acompañábamos, hablo de nosotros, de los chiquitos, o sea, de los hijos e hijas o hermanos y hermanas de las

personas desaparecidas porque empezó a volverse un ritual, entonces ellos se reunían cada mes, se repartían

tareas… ehh… ir a los juzgados, ir a la Fiscalía… bueno, en ese tiempo no era la Fiscalía, era ir a la

Procuraduría, ir a Medicina Legal, ir y averiguar si alguien los había visto, ir a las guarniciones militares de

donde se hicieron llamadas pidiendo que se les llevara comida y ropa, ir a buscarlos. Entonces ellos empezaron

a tornarse como una misma familia y así lo son en este momento (...)” R2

Pese a que la categoría de víctima, como se señaló previamente, puede llegar a constituir

un eje articulador negativo, autores como Gatti y Martínez (2017), señalan que el

reconocimiento de ser víctima puede llegar también a ser anhelado por algunos sectores

sociales, puesto que dicho status permite ser sujeto de reparación. Al respecto, Lilia señala

dentro de su relato que si bien algunas personas sienten rechazo a ser catalogadas como tal,

usan dicho reconocimiento para la obtención de indemnizaciones económicas, llegando a

considerar estas como forma de reparación. Si bien Lilia reconoce que esta puede contribuir a

solventar temporalmente la situación económica de algunas familias, recalca que el interés de

algunas víctimas se centra en esta medida, dejando de lado otras como las de tipo moral y

aquellas asociadas con la reconstrucción de la memoria.

“(...) el concepto de víctima … bueno, yo doy un ejemplo siempre en mis charlas en las universidades,

los colegios, las comunidades donde vamos a hacer reconstrucción de la memoria histórica con un grupo de mujeres. Algunas personas dicen que han sufrido los hechos victimizantes en el marco del conflicto, dicen que no

les gusta que las llamen víctimas, pero están siempre pidiendo ayudas económicas como víctimas (...)” R3

“(...) Y sí, algunas se ha vuelto como… no sé cómo una forma… no, no tengo la palabra para decirlo...

pero están buscando es, digamos, ahoritica en la cuarentena muchas de las víctimas (silencio) “como que no

tengo un mercado” “a mí me tienen que dar tanto” “como que en otros municipios les están dando” y entonces

yo hasta que tuve que decir, no tengo la forma de articular con nadie ni para subsidios ni para indemnizaciones

como que ahorita están pagando, yo no tengo nada de eso.. si ustedes quieren hacemos una reunión y les habló

sobre la reconstrucción de memoria histórica...ehh.. sobre cómo tenemos que buscar la verdad y les ayudó para

que haya justicia, pero eso no les interesa… a algunas ¿no?, no a todas. Lógicamente también hay que reconocer

la premura que es: familias con niños, hay familias que no tienen trabajo, hay familias con el diario vivir… que

viven del diario que en este momento no las están llamando a trabajar, hay que entender eso… toda regla tiene

su excepción… pero entonces nos están generalizando y eso no nos ha gustado mucho (...)” R3

De acuerdo con lo anterior, si bien el reconocimiento de ser víctima para algunas

personas se consolida como la forma de lograr algún tipo de indemnización económica; para

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otras, estas pretensiones no son coherentes con las luchas por reivindicar el ser reconocidas

como más que víctimas (tal y como señala Gatti y Martínez, 2017) y por las pretensiones de

tipo político subyacentes a los movimientos de víctimas. En este sentido, por ejemplo, los

relatos de Marina, Lilia y Blanca se enfocan en definir a la víctima en términos de una persona

que logra sobreponerse al dolor y emprender acciones orientadas a redirigir su propia vida y a

la denuncia de los hechos; además, se percibe dentro de los relatos que desde las organizaciones

y los movimientos se le asigna también al status de víctima una responsabilidad en términos de

incidir sobre la realidad social.

“(...)Entonces eso es muy doloroso. Eso no es algo … es muy triste. Y es muy triste uno decir: “no, pues

un día, imagínese, nosotros lo teníamos todo y nos tocó dejar abandonado” como nos pasó a nosotros o, por

ejemplo, en mi familia han matado muchas … muchas personas. Hay unos que … eh … que salieron por la

mañana y nunca más uno volvió a saber si viven, mueren. Uno sabe que los picaron, que los lastimaron. Todo eso hace que … eso … vivir con esas cosas no es .. no es … no … no es bueno. Es muy doloroso. Pero esta vida

sigue. Y para eso, pues en parte, son estos procesos, para uno … eh … seguir adelante y seguir también con una

vida digna. Entonces eh … esto … o sea … no es que entonces yo soy víctima y me tengo que … no … la vida

sigue(...)” R1

“(...) Entonces para mí, ser víctima es un hecho que nos marcó, pero depende de como uno tome el

significado de víctima. Como víctimas nosotros somos unas personas resilientes que hemos trabajado y que dadas

las políticas, desde antes de la Ley 1448, hemos trabajado en el tema de la resiliencia, de empoderamiento, de

participación, de superación, y de búsqueda de la verdad, que es lo que más nos interesa a nosotros (...)” R3

“(...) pero … ser víctima es como en estos momentos … reclamando al Estado, que nos escuche, que

tenemos voz y voto y que tenga presente de que sí hay guerra en este país, que hay violencia en este país, de

paramilitares, no solo de guerrilla ¡Que las hay de ambos grupos! Pero que no discriminen o no reconozcan que

no hay paramilitares ¡Paramilitares los hay y los sigue! Lo que pasa es que hay cambiados con otros nombres. Que los uba… “ubareños” ¡Que las BACRIM! ¡Que son otros pero son los mismos con diferente nombre! Pero

que existen, que los hay en Colombia, entonces eso es como … que se concientice el Estado, el gobierno, el

presidente, de que si, nosotros existimos, que sí hay víctimas (...)” R4

Jerarquización de los hechos victimizantes.

Pese a las múltiples comprensiones que se otorgan al reconocimiento del status de

víctima y las acciones que tanto desde los movimientos sociales como desde el Estado emergen,

Gatti y Martínez (2017) señalan que entorno a esta categoría se pueden presentar múltiples

tensiones, dado el grado de reconocimiento social y legal-institucional de las mismas; lo cual

permite suponer que existe una jerarquización respecto a los hechos victimizantes y a las

víctimas, esto se evidencia en la visibilización y la importancia que mediática y judicialmente

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se le asigna a unos casos en comparación con otros; situación que ha sido reflejada en estudios

anteriores, por ejemplo, el desarrollado por Vera (2014), quien afirma que las limitaciones

presentadas respecto a las tecnologías de la memoria, dieron lugar a la jerarquización de los

hechos ocurridos en el marco del conflicto. Asimismo, y en términos de los autores (Gatti y

Martínez (2017)), esto genera que existan “víctimas de primera” y “de segunda”; o que incluso,

algunas no sean reconocidas como tales. Es importante mencionar que dichas tensiones no sólo

se generan entre el Estado y los movimientos, sino que entre estos mismos se reflejan dichas

pugnas.

Desde la perspectiva de Marina, Milena y Lilia, uno de los factores que incide en el

surgimiento de dichas tensiones es el socioeconómico. Se percibe que aquellas víctimas que

contaban con recursos económicos (por ejemplo, las víctimas del atentado al Club el Nogal) o

que ostentaban un alto cargo (por ejemplo, políticos en el caso de secuestros y magistrados en

el caso de los desaparecidos de la toma y retoma del Palacio de Justicia), recibieron un trato

preferencial con respecto a otras víctimas del conflicto. Por ejemplo, las víctimas que

trabajaban dentro de la cafetería del Palacio o aquellas pertenecientes a comunidades con poca

presencia estatal. Dicha postura pone en evidencia que a pesar de que se trate de un mismo

hecho victimizante (por ejemplo, las desapariciones de la toma y retoma del Palacio de

Justicia), el trato brindado a las víctimas se caracteriza por presentar diferencias significativas

de acuerdo con su posición socio-económica (por ejemplo, entre aquellos que trabajaban

ocasionalmente y en oficios domésticos y aquellos que eran funcionarios públicos del mismo).

“(...) ¡No! ¡Esos son los estratos! ¡Usted no me va a decir que es el mismo tratamiento que le dieron a

Alan Jara que a los otros! ¡O a una Ingrid Betancourt que a unos campesinos de los Montes de María! O un

campesino … o un familiar de las muertes de Bojayá. O un campesino de allá de Tumaco que han matado a muchos, que han enterrado a muchos. Y de eso nadie habla ¿ve? ¡usted no me va a decir que le dan el mismo

tratamiento a los familiares! O … entonces … ¡Claro! Eso hay estratos, o si no mire lo que pasó en El Nogal. A

los del Nogal rapidito los … eh … los indemnizaron ¿no? Les dieron otro tratamiento. Lo mismo a los del Palacio

de Justicia: a los Magistrados rapidito con buenos médicos. Rapidito los indemnizaron. Y mire a los del Palacio

de Justicia. A los otros. A los de la cafetería. Los de abajo cómo han tenido que luchar ¿por qué le hago esa

claridad? Porque son casos así visibles, que todo el mundo los conoce, entonces para que vea ¡Cómo será lo otro

que no se conoce! ¡Cómo será los familiares de personas que matan, por ejemplo, allá donde no llega ni siquiera

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un helicóptero! Donde son cuántos días que tienen que salir en canoa a cierta parte y de ahí en burro para poder

llegar a un caserío. Entonces eso es terrible. Lo que ha pasado aquí es terrible. Que se saben algunas cosas, pero

toda la verdad nunca se sabrá ¿sí? Nunca se sabrá. Y hay cosas demasiado delicadas que han pasado aquí(...)”

R1

En relación con lo anterior, Milena reitera que no solo el nivel socioeconómico influye

en las tensiones asociadas con la jerarquización de las víctimas, sino también el estatus social.

Así mismo, se hace evidente cómo desde el Estado se sugiere que algunas familias de las

víctimas que trabajaban en la cafetería del Palacio podían estar inventando identidades con el

fin de obtener el reconocimiento del status víctima y así poder acceder a los beneficios que esto

implicaría; lo que es coherente, como se ha indicado previamente, con lo expuesto por Gatti y

Martínez (2017).

“(...) Sí, digamos que no eran personas que no estaban dentro del palacio, dentro de una nómina o dentro

de un registro por ser funcionarios, sino que eran visitantes ocasionales, o en el caso de mi mama, o en el caso

de Cristina del Pilar Guarín que estaban haciendo unos reemplazos dentro de la cafetería. Pues, digamos que

eso también ha sido un tema de discriminar y decir, incluso lo que yo les decía, decir que nosotros nos estábamos

inventando unas familias, unas personas, unas identidades porque queríamos obtener otra clase de beneficios

(...)” R2

Además de lo ya señalado, Lilia también sugiere que dicha posición socio-económica

facilita la obtención de recursos y de apoyos a través de los cuales adelantar procesos sociales

de reconstrucción de memoria histórica, lo que a su vez implica una mayor visibilización para

estas víctimas. Sumado a esto, junto con el status socioeconómico ya referido, señala que existe

un trato mediático y judicial distinto entre hechos victimizantes ocurridos en los últimos años

y aquellos que tuvieron lugar hace ya varias décadas, como es el caso del genocidio contra la

Unión Patriótica y la toma y retoma del Palacio de Justicia. Lo señalado por Lilia resulta

contrario a lo sugerido por Todorov (2000), quien asegura (refiriéndose a los abusos de la

memoria) que el culto a esta, podría llevar a una labor utilitaria en la que se genere

preocupación por las víctimas del pasado, a la vez que se invisibilizan las actuales (situación

contraria a la propuesta por Lilia); no obstante, coincide con lo expuesto por Rieff (2016), quien

asegura que la importancia del pasado se desvanece dentro de los grupos humanos.

186


“ (... )vamos a ver... como les decía las organizaciones de víctimas que hacen movilizaciones, que salen

marchando, que hacen movilizaciones hasta la plaza de Bolívar, que están ahí dele que dele esas organizaciones

son de personas muy humildes que viven del diario vivir; porque si vamos a ver a otras víctimas que tiene más

un estrato social, académico, social, reconocido; eso lo hacen desde más arriba porque tienen más posibilidades

de ir por su cuenta o con apoyo a eventos grandes internacionales, pero también a los de la base, cuántos casos por ejemplo si vamos a ver, en los casos de crímenes de Estado, hablemos del genocidio a la Unión Patriótica,

hablemos de los desaparecidos del Palacio de Justicia ya son crímenes de más de treinta años no tienen tanto el

boom (...)” R3

La misma participante también afirma que el trato que se le otorga a los hechos

victimizantes, varía de acuerdo a los actores que perpetraron los hechos. De esta manera, Lilia

señala que las víctimas que sufrieron los actos delictivos efectuados por grupos guerrilleros

tienen mayor visibilización en la agenda pública con respecto a las víctimas de los crímenes

perpetrados por el Estado. Lo mismo es narrado también por Blanca, quien asegura que dentro

de los eventos púbicos, se otorga una mayor participación a las víctimas de las guerrillas.

“(...) Hay otros casos por ejemplo, cuando se dice que son víctimas de los grupos guerrilleros, esos casos

les ponen más cuidado; pero a los casos de crímenes de Estado no les ponen el cuidado que es (...)” R3

“ (...) ¡No, no! ¡Sí! ¡Porque usted sabe que en el Estado hay mucha gente de ellos! De los militares,

entonces tienen mucho …. Mucha fuerza. Entonces acá por la guerrilla; yo no es que esté defendiéndola pero,

por ejemplo, en la guerrilla … siempre, cualquier cosa, es la guerrilla. Y uno va a una audiencia, allá en el

Congreso, donde estuvimos nosotros una vez que éramos acá MOVICE y víctimas de crímenes de Estado y allá

eran las víctimas de la guerrilla ¡Y esta Flor! ¡Esta senadora! ¿Flor Blanca es? ¡Sí, Flor Blanca como es que se

llama! ¡O que le dicen a la organización de ella! Ella le dio … como ese … a todas las víctimas de la guerrilla que hablaran hasta una hora. Y no pasaba acá, si no allá. Y acá se pronunciaron. Y le dijeron “Bueno ¿y acá no

tenemos derecho a reclamar, a hablar?” entonces dijo “sí, pero cinco minutos” ¡En cambio las de allá hablaron

hasta media hora! ¡Mujeres y hombres de allá de la guerrilla! ¡En cambio a nosotros acá del MOVICE …! Fue

entonces cuando se acabó la reunión porque dijeron “no, para ustedes cinco minutos” y todo el mundo dijo “no,

que no haiga reunión” y todo el mundo dejó abandonado el Congreso allá ese día, porque nos apagaron, nos

dijeron que no, que nosotros no teníamos derecho a hablar, ni a opinar, ni a decir nada, en cambio las víctimas

de la guerrilla si ¡No le digo que hablo una hora! ¡Ella es …! ¡Esa! ¡No sé cómo se llama esa senadora que está

con esa organización Flor Blanca! Y ella daba la palabra, pero a nosotros no. Entonces todo el mundo se salió,

nos salimos. “No, ustedes cinco minutos ¡un minuto!” Entonces estaba Luz Sashi, la Sashi se fue entonces a

hablar allá y de una le dijo que no, “cinco minutos”, Lucía también “no, cinco minutos”. Entonces dijeron “!No!

¡Qué vamos a hacer en cinco minutos! ¡Ella habló más de una hora! ¡Se la contamos!” Entonces dijo “!No, se acabó esto!” y todo el mundo “!Vámonos!” Nos salimos. No Hubo nada esa vez ¡Por eso digo que hay

preferencias! ¡Hay una discriminación de los grupos! ¡tanto de la guerrilla como de los paramilitares! Nosotros

no tenemos voz y voto, nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos decidir ¡En cambio ellos sí! ¡Sí, sí!

¡Eso es una cosa superficial! O “Sí, sí, eso no pasó nada” ¿sí? En cambio a los otros sí les dan esa crítica grande

de qué pasó esto ¡hicieron esto! (...)” R4

Tal y como lo señalan Gatti y Martínez (2017), la jerarquización dada a los hechos

cometidos en el marco de la violencia puede generar también disputas entre las mismas

víctimas en función del grado del acto sufrido. Dentro del relato de Blanca, por ejemplo, se

genera rechazo hacia políticas estatales de la memoria, tales como la Comisión de la Verdad.

Esto dado que dicha entidad ha realizado eventos liderados por personas (víctimas de la

187


guerrilla) que gozan de un nivel socioeconómico privilegiado; situación que genera malestar

ante las víctimas, principalmente de crímenes de Estado, quienes perciben que su dolor es

minimizado dada su condición económica y los actores que perpetraron los hechos

victimizantes. Al percibir que se exalta el dolor de un determinado grupo, estas recurren a

visibilizar la gravedad de los actos de victimización sufridos; lo que evidencia que dentro de

las mismas víctimas se genera una pugna en torno al grado de victimización y el

reconocimiento de dicho status.

“(...) Sí, bueno, y así ¿Qué dicen ahí en la Comisión de la Verdad? Ahí llevan gente, por ejemplo, víctimas

de gente que ha sido gente de dedito parado a que dicten charlas ¡Cómo va a ser eso! ¡No es como consciente! de llevar gente de … un estudiante … una persona que … ¿sí? ¡No! Llevan gente de este que mataron por allá …

eh … que la mamá y el papá que lo mataron en … por allá, por el Caquetá. Bueno, una familiar de esa gente.

Gente que mataron por allá, no me recuerdo, bueno, para que nos dictara charlas. Y decía que ese dolor de ella

no lo comparaba con nadie, porque a ella le habían matado a su mam… ¡No era hija! ¡Era sobrina! Que le

habían matado a su tía, y que le habían matado a otro familiar, y … ¡hacía así! (hace señas de taparse la cara)

¡Y eso para uno! Una persona de esas, bien elegante, bien vestida ¡Que dándole charlas a uno! Y yo me pare y

le dije “!Vea, ni comparación lo que le hicieron a ella! ¡La desaparecieron y todo pero no la torturaron como

torturaron a mi hija! ¡Cómo la cortaron! ¡Cómo la violaron!” ¡Así lo dije duro en ese momento! “!Mi hija la

violaron! ¡Y no fue uno! ¡Fueron ocho hombres!” Le dije. “¿A ella la violaron?” Se quedó callada. Le dije “¿no?

¡A mi hija sí la violaron! ¡la cortaron! ¡La desaparecieron! ¡La enterraron en bolsas de polietileno! En una fosa

común ¿entonces? ¡Eso sí es dolor!” Le dije. Y se paró otro señor y le dijo “A mi hijo me lo desaparecieron y me le pusieron una piedra y me lo tiraron al río con …. ¡Treinta y pico de puñaladas!” ¡Se quedó callada! Dijo

“!Qué me viene a dar charlas usted!” Y todos se pararon. Y dijeron un poco ¡Cómo van a llamar a gente que es

estrato 20 a darle charlas a uno! Como quien dice lo de ustedes no es … ¡Eso fue lo que nos quiso decir! Que

“no hay comparación con lo que me pasó a mí” ¿uhm? A ella sí le podía doler; a nosotros no. Lo que nos hicieron

a nosotros no. Porque el de ella era caso de guerrilla. Eso ha hecho la Comisión de la Verdad. La otra vez fuimos

con la Alta Consejería, pero a hacer papel, y allá … esa es Marina Monzón, Directora de Desaparición forzada

… de … desaparecidos. Ella es abogada. Ella sí me conoce ya va pa’ 20 años. Marina Monzón. Que es la

Directora de esto de los desaparecidos. De ¿cómo es? De la Comisión de … ¿desaparición? (...) Sí, ella es la

Directora, que queda en la 39, ese edificio blanco. Bueno, también hemos tenido reunión con ella, pero allá sí

hubo un poco diferente pero ¡No! ¡En la JEP y en la Comisión de la verdad, horrible! De pronto allá en la Unidad

de Búsqueda es un poco más … más diferente. Sí. Pero en la JEP. En la Comisión; en la Comisión de la Verdad

… hay un Coronel que es amigo mío, que hace parte de la mesa de participación de Teusaquillo, que yo hago

parte, que él está ahí trabajando (...)” R4

La demanda en torno a reconocer y visibilizar a las víctimas de los crímenes de Estado

es coherente con lo señalado por Bilbao (2017), quien habla de la necesidad de llevar a cabo

una “revolución ética” en la que se visibilice el sistema político e ideológico que facilitó y

permitió los hechos victimizantes, así como la visibilización mediática de aquellas personas

que no han sido reconocidas como víctimas o a quienes no se les ha dado la relevancia

necesaria; el reconocimiento de las víctimas, en este sentido, sería también el reconocimiento

de su pluralidad. Dichos procesos de reivindicación se han dado en otros países del Cono Sur

como Chile, en donde se realizó un estudio por parte de Piper y Montenegro (2017), tras la

188


dictadura de Pinochet, en donde se evidenció que los testimonios de las víctimas fueron

legitimados sólo en algunos elementos de su versión (la referente a la denuncia de la

vulneración de los Derechos Humanos), dejando de lado la comprensión que éstas construyen

en torno al significado de lo hegemónico y a aquellas que realizaron acciones de resistencia

frente al sistema.

Dicha premisa se refleja en el relato de Lilia, quien asegura que la Ley 1448 permitió

visibilizar las diferentes vulneraciones que han tenido lugar dentro del país; señala, por

ejemplo, que antes de la promulgación de dicha Ley se tenía el imaginario (del cual aún quedan

vestigios) de que todas las víctimas eran desplazadas.

“(...) Unidades de Atención, eran solo para la población desplazada en ese momento, figuraban

población desplazada, porque cuando ya se conoció la Ley 1448, cuando ya entonces reconoció todos los

diferentes grupos de víctimas, aunque algunas personas aún dicen “los desplazados y las víctimas”, entonces hay

que aclarar que no todas las víctimas son desplazados y los desplazados pertenecen a las víctimas (...)” R3

Este reconocimiento de las víctimas que se ha gestado -principalmente- a través de las

demandas y las acciones emprendidas desde las organizaciones y los movimientos sociales, ha

permitido avances significativos no sólo en torno a los procesos de verdad, perdón y

reconciliación; sino respecto a la transformación de la noción que tradicionalmente se ha tenido

sobre la categoría de víctima, considerados como sujetos pasivos y asistencialistas. De acuerdo

con Bilbao (2017), dicha transformación dio a lugar no solo a que este grupo sea visto y

posicionado como sujetos políticos con el derecho a organizarse e incidir sobre la esfera

pública; sino que además, sean percibidos como merecedores de derechos a la verdad, la

justicia, la reparación y la no repetición. Bilbao (2017) agrega además, que los testimonios

narrados por las víctimas no solo deben contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino debe

posicionarlas como las protagonistas de sus propias vivencias.

Universalización de la categoría de Víctima.

189


Si bien desde la Ley 1448 de 2011 se brinda una definición respecto a lo que política y

judicialmente se reconoce al interior del Estado Colombiano como Víctima; algunas de las

participantes hacen referencia al respecto desde otras posturas. Inicialmente, Marina desde un

carácter macro, menciona que todos los colombianos de alguna forma y en medio de la

cotidianidad han sufrido algún acto enmarcado en el ámbito de la violencia (hurtos, violaciones,

secuestros, asesinatos, etc.), que según ella, caracteriza a este país; por ende, y desde allí,

prácticamente cualquier ciudadano podría ser catalogado como víctima. Lo anterior, es

coherente con lo expuesto por Gatti (2017) en cuanto a que el concepto de víctima se ha

extendido tanto judicialmente que comprende diversas acciones, y de allí que se universalice.

Dicha postura, no obstante, es rechazada por Lilia, quien asegura que, si bien toda la población

colombiana pudo haber sufrido una afectación por la violencia, no todos sufrieron directamente

esta y, por lo tanto, la universalización del concepto de víctima conllevaría al desconocimiento

de las causas subyacentes a la misma.

“(...)Pues víctima, mira, yo diría, todos, todos y todas, en sí, hemos sido víctimas. El que no ha sido

víctima por los grupos armados, ha sido víctima de violencia en la casa, ha sido víctima en el barrio, en su

entorno, en el colegio, en la escuela, bueno … en todas partes. No solamente la gente de los grupos de armado,

que … eh … lo que les han hecho a las personas … no solamente son víctimas estas personas. Que le han matado algún familiar. Un grupo armado que le ha matado un familiar, un amigo …. No solamente ellos son víctimas. Y

yo pienso que en Colombia, yo digo que familia que se respete, siempre tiene allí un muerto que le duele (...)” R1

“(...) hay otras personas que dicen “es que ya no hay víctimas en Colombia” el que se diga que no hay

víctimas en Colombia… es que todos somos víctimas, eso es desconocer el conflicto armado que hubo…claro que

todos somos afectados y somos víctimas de alguna forma, como les digo en las universidades “algunos no

pudieron irse a estudiar al extranjero por falta de recursos, porque sus papas no tuvieron el dinero suficiente

para que fueran a estudiar fuera y están en esta universidad porque no pudieron ir a otra porque eso es causa de

la estructura social y política de nuestro país que también generó el conflicto (...)” R3

Estigmatización hacia las víctimas versus la víctima como agente resiliente.

Siguiendo los planteamientos de Gatti (2017), tradicionalmente al concepto de víctima

(que era comparable con el de héroe o mártir), se le adjudicaban características tales como la

pasividad o el asistencialismo; elementos que convertían dicho concepto en un antagónico del

de ciudadano, en el cual prevalecía la capacidad del individuo para actuar sobre su entorno. De

acuerdo con lo anterior, resulta relevante lo afirmado por Lilia y Milena al interior de sus

190


relatos, pues mencionan que desde diversos sectores como la sociedad civil o el Estado se han

deslegitimado los procesos que llevan a cabo organizaciones y procesos de víctimas,

reduciendo sus intereses a indemnizaciones económicas o subsidios precarios desde los cuales

se configuran ideas de reparación; creándose imaginarios colectivos que, tal y como lo afirma

Gatti (2017), reducen la percepción que se tiene sobre las víctimas a individuos dependientes

del apoyo económico que les pueda dar el Estado, desconociendo el carácter político de sus

demandas y de las acciones que desde allí emergen.

De acuerdo con Lilia, el imaginario de la víctima como una figura asistencialista, viene

acompañada de otros prejuicios hacia las mismas como lo es el hecho de que estas sean

consideradas como conflictivas o estén vinculadas con actos delictivos. Vale la pena resaltar,

no obstante, que Lilia asegura que el comportamiento de algunas víctimas refuerza dicha

imagen, lo que - como se abordará en la categoría de tensiones - genera una serie de disputas

dentro de las organizaciones que debilitan los procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica y los movimientos de víctimas. Lo anterior evidencia otras estigmatizaciones que se

tiene hacia las víctimas, las cuales no fueron contempladas en los antecedentes de la presente

investigación. Por ejemplo, en el estudio desarrollado por Martínez y Silva (2012), quienes

encontraron que cada vez se hacía más frecuente la aparición de la categoría víctima en la esfera

pública articulada a dos perspectivas: una basada en la compasión y otra basada en el

reconocimiento de estas en el plano político y jurídico, dadas sus acciones de reivindicación.

Los relatos permiten, por lo tanto, ponen en escena que las comprensiones, se percibe tiene la

sociedad civil sobre las víctimas, no pueden reducirse a estas dos perspectivas, sino que existen

otra serie de prejuicios sobre estas como la aparente relación que le asignan con grupos

delictivos o la asignación de rasgos de personalidad negativos como la conflictividad.

191


Lo anterior puede resultar coherente con lo señalado por Todorov (2000) frente al hecho

de que la condición de víctima podría llevar a ser percibida como una forma de mantener un

privilegio permanente. Desde los planteamientos del autor, por lo tanto, la búsqueda de una

reparación material no constituiría un acto de memoria ejemplar, si no que estaría próximo a

lo que desde sus planteamientos se contempla como el culto a la misma.

“(...) pero no deja de haber mensajes de que las víctimas son conflictivas, pelionas, parecen delincuentes,

problemáticas, no sé qué…. Y que son asistencialistas, solo quieren pedir, pedir y pedir… y muchas refuerzan esa

imagen (...)” R3

“(...) porque a veces es cansón o a la gente ya le parece cansón que hablemos del mismo cuento, ¿sí?...

usted, 35 años después de lo mismo, y sigue hablando de lo mismo… qué es lo que quiere, o sea la misma sociedad

nos cuestiona y nos dice pero si ya le dieron plata… pero si ya se la entregaron, qué más quiere… (...)” R2

El carácter antagónico entre la víctima y el ciudadano, referido por Gatti (2017), se

evidencia también en el relato de Blanca, quien asegura que desde las instituciones estatales

estas son percibidas como personas “inútiles”, que carecen - de acuerdo con ella - “de voz y

voto”. Asimismo, según lo relatado, se genera una homogeneización en torno a las víctimas,

de forma tal que, pese a la pluralidad de estas, son percibidas y reducidas al calificativo de

“gente campesina”; situación que evoca los estudios realizados por Vera (2014), en los que se

refiere que instituciones estatales como el CNRR había homogeneizado a las víctimas como

“mujeres pobres del campo que solo querían perdonar”.

“(...) ¡Por mostrar que están cumpliendo! ¡Eso no más es que …! ¡Es que uno se da cuenta no más

cuando hacen eventos también! “Firmen” y a veces le dan a uno cosas que no … que uno … “¿esto para qué?”

… comidas que a veces. A veces le dan uno que almuerzos. Almuerzos bien horribles que de pronto uno pobre

come mejor. Lo que dicen es “no, eso es víctima, eso es gente campesina” ¿sí? Que uno se ha dado cuenta,

entonces le dan cualquier cosa ¿uhm? Porque ¡Cómo no valemos! Somos personas inútiles o no tenemos un

reconocimiento o no tenemos voz y voto, por eso dicen “no, utilicémoslos (...)” R4

La percepción de las víctimas como personas pasivas conlleva, de acuerdo con Blanca,

a que los apoyos recibidos sean carentes o inapropiados; al respecto, señala como ejemplo, que

dentro de los eventos organizados por el Estado, se les brindan alimentos que son percibidos

como precarios. Por el contrario, llama la atención, que Lilia se refiere también a las quejas de

algunas víctimas frente a este tipo de ofrecimientos como un ejemplo de cómo algunas de estas

192


refuerzan el estereotipo que se tiene de las víctimas como dependientes. En este sentido, lo que

para Lilia se trata de un asunto de asistencialismo, para Blanca se trata de un asunto de recibir

apoyos acordes con la dignidad y el respeto que se esperaría tuviera el Estado con las víctimas.

“(...) nos dan el refrigerio, nos dan el almuerzo y tras de que les daban el almuerzo... “y ese almuerzo

tan chichipato” “cómo así si ellos pueden pagar lo que sea” “eso yo no quiero” … las víctimas mismas se han

buscado… no digo nombres... porque no he sido parte de ellas pero se han buscado que también… las

organizaciones, otras organizaciones de apoyo y también el Estado digan... “sí molestan con cosas, oiga, no

tienen y quieren más”.. entonces es triste ver eso (...)” R3

En conclusión, pese a que se reconoce en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

un avance en términos de reparación y de reconocimiento de la pluralidad de víctimas que ha

dejado la violencia, se percibe que la misma no ha tenido un impacto lo suficientemente amplio

dentro de la sociedad civil como para poner fin a las estigmatizaciones e imaginarios que

socialmente se tiene sobre estas (las cuales, de acuerdo con las participantes, generalmente

radican en la percepción de las mismas como agentes pasivos y asistencialistas). Asimismo, se

manifiesta que desde las instituciones estatales, el trato brindado hacia las víctimas no es

coherente con la dignificación que se pretende otorgarles; además, algunas de ellas resaltan que

la implementación de las políticas puede llegar a reforzar la estigmatización hacia estas, al

priorizar las medidas de reparación económica sobre las simbólicas; elemento que, en últimas,

podría llevar a procesos de revictimización.

Por otra parte, el hecho de que las víctimas sean reconocidas bajo una misma ley, no

implica - desde su perspectiva - que el trato judicial y mediático que se da a las mismas sea

similar. De hecho, se percibe que este puede variar en función de elementos como el nivel

socio-económico de la víctima, el tipo de actor que comete el hecho victimizante y el tiempo

transcurrido frente a este hecho. Dicha pugna es tal que algunas participantes rechazan algunas

políticas de la memoria cuando los encargados de la misma son personas que, se percibe, fueron

elegidas en función de dicho status socioeconómico o por acto de victimización.

193


Pese a las inconformidades que se señalan frente a dichas políticas, las comprensiones

que se generan en torno al reconocimiento del status de víctima (en términos de esta como

agente transformador de las realidades sociales) conlleva a luchas por reconocerse como

sujetos históricos y políticos; actores por excelencia en procesos de resignificación y

resiliencia. En este sentido, el rechazo hacia determinadas formas de implementación de las

políticas y la percepción que se tiene sobre su estigmatización social no constituye un elemento

para la interrupción de los procesos sociales, sino - por el contrario - en una motivación para la

continuidad de los mismos y la realización de acciones orientadas a su reconocimiento en la

esfera pública. Añaden además, que esta motivación junto con sus intencionalidades socio-

políticas se constituyen en elementos a través de las cuales se genera orgullo y pertenencia

respecto a su identidad como víctimas.

Procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica.

Incidencia socio-política.

El reconocimiento del status de víctima constituye, como puede evidenciarse al interior

del presente análisis, un rasgo identitario para la conformación de los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica. Dentro de los relatos se evidencia que parte de los

objetivos de los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica parten de la

responsabilidad con el otro, especialmente con otros miembros de las organizaciones. Al

respecto, si bien algunas de las participantes (por ejemplo, Milena) han logrado a través de los

mismos presionar al Estado y acceder a determinadas formas de reparación (como la entrega

de los restos de su madre), esta continúa dentro del proceso, entablando acciones con el fin de

que otras víctimas puedan acceder al cumplimiento de sus derechos.

Resultan relevantes las afirmaciones hechas por Marina, Milena y Lilia, desde donde se

percibe que los procesos sociales de memoria no solo buscan satisfacer los intereses de

194


determinado movimiento, sino que buscan trascender e incidir en los acontecimientos a los que

haya lugar en el ámbito nacional, desde la denuncia y la exigencia frente a la construcción de

nuevas miradas y nuevas posibilidades de paz para el país hasta la satisfacción de demandas

como la dignificación de las víctimas y la entrega de los cuerpos de estas.

“(...) Sí, sí. Es eso mi Juan… si de una u otra manera también es lo que nos mantiene, pero también lo

que nos da fuerza porque si el territorio está entregando su vida, los que estamos acá en las ciudades no podemos

desfallecer, no los podemos abandonar, y nosotros también tenemos mucho porque luchar, en mi caso son seis

familias las que faltan por recibir los restos de los familiares; pero además ya también es un compromiso que los

magistrados y los auxiliares que están desapareciendo, pues también aparezcan; pero que también nos digan la verdad de lo que está pasando, y que sean las entregas dignas de la que se hablan… pues la verdad, que

dignifiquen esta historia y que dignifiquen a las personas que quieren salir adelante (...)” R2

Se percibe que una de las formas en las que se da la incidencia socio-política es a través

de la visibilización de los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica; dicha

visibilización, no obstante, no solo se da en términos de movilización social sino también a

través de la circulación de publicaciones referentes a los movimientos de víctimas y a las

historias personales de las mismas. Blanca, por ejemplo, refiere dentro de su relato haber

participado de tres libros: “Almas que escriben” (un libro sobre las historias de vida de algunas

víctimas del conflicto), “Ojalá nos alcance la vida” (una publicación con historias de vida de

personas mayores víctimas de la violencia) y, finalmente, un libro escrito por Germán Castro

Caycedo, en el cual se recopiló información sobre ANMUCIC.

El registro de estos testimonios haría parte, desde la perspectiva de Ricoeur (2000), con

la fase documental del ejercicio historiográfico donde la escritura soporta el discurso; pues el

testimonio (en este caso de las participantes) pasa de la oralidad (es decir, de la memoria) al

registro y, posteriormente, a la historia; ya que se volvería accesible para cualquier persona que

cuente con habilidades de lecto-escritura.

Frente a la movilización social como forma de incidencia y de visibilización, Blanca

refiere que si bien los actos de memoria son un mecanismo de conmemoración, también lo son

de denuncia y contribuyen a que otras personas se reconozcan también como víctimas del

195


conflicto y denuncien lo sufrido en el marco de este; lo que evidencia también que se insiste,

nuevamente, en el status de víctima como un elemento identitario y de vinculación.

“Las conmemoraciones son para la memoria de que ella sigue viva. Y para tenerla siempre presente.

Para mí, pues. Y que no se olvide. Por ejemplo, como darle a conocer o mostrarle a mucha gente que uno debe

hacer esos homenajes, esas actividades … para que esa persona … que uno la tiene presente, que uno está con

ella ¡Y que el país se dé cuenta que sí hay víctimas de crímenes de Estado! ¡Hay muchos que dicen que no! ¡Que

para qué hacerla sufrir, que para qué recordarlo! ¡Que dejarla tranquila! Porque eso me lo han dicho a mí. Bueno, yo no les paro bolas, yo me quedo callada. Y, bueno, hacer las galerías es como dar a conocer al mundo

o a mucha gente que no quiere hablar, que hable, que diga “yo también soy víctima”, “me pasó esto” “¿Qué

hago para unirme a ustedes?” Eso es lo que hace uno con la galería para que mucha gente se despierte y tomen

consciencia de que ellas también son víctimas, que deben sumarse a nosotros para tener más fuerza para seguir

adelante; esa lucha. Eso es lo que nosotros hacemos como MOVICE. Y las galerías es como para dar a conocer

que nosotros existimos, que nosotros hacemos memoria por nuestros seres queridos, que no los olvidamos, que

estamos ahí presentes. Los míos; los de los compañeros; los de las compañeras. Estamos presentes. Y que mucha

gente vea que el MOVICE y las organizaciones siempre estamos … luchando por esa causa.” R4

El grado de incidencia percibido por las víctimas es tal que, por ejemplo, dentro del

relato de Lilia, se asegura que la Ley 1448 y el Acuerdo de Paz surgen como consecuencia de

la presión ejercida por diferentes sectores sociales, entre ellos los movimientos de víctimas. Lo

mismo se percibe dentro del relato de Milena, quien asegura que espacios como la Comisión

de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP son

producto de las luchas de estos movimientos, los cuales también sirven como veedores de la

función que está siendo realizada por estos.

“(...) ¿La Ley 1448 por qué nació? porque las organizaciones de víctimas, la sociedad civil que apoyó,

la academia, las ONG, las organizaciones internacionales apoyaron para que se reconociera el conflicto, para

que naciera la Ley 1448, y no es lo máximo, pero ahí nos unimos para lograrlo … ¿por qué hubo un Acuerdo de Paz? ... después del Acuerdo de Paz... todo esto fue suma de qué…. si se cumpliera la constitución, si se

cumplieran los Derechos Humanos no habría habido necesidad de todo esto… es como cuando hacemos otra ley

porque la anterior no cumplió… entonces leyes sobre leyes y más leyes... si cumpliéramos con los Derechos

Humanos, si cumpliéramos con la constitución no habría habido necesidad de nada de esto… esta es el producto

de la falencia, del resentimiento y la falta social de los Derechos Humanos y respetarlos (...)” R3

“(...)Si, claro mi Juan, pero también teniendo en cuenta que esos espacios que se han ganado han sido

por las mismas luchas de las víctimas, digamos que haya una Comisión de la Verdad, una Comisión de Búsqueda

y haya una JEP, ha sido parte también de la lucha de los movimientos sociales que buscan que se hagan las

cosas medianamente bien… que tengamos esa participación y que se hagan esos espacios de participación,

aunque sean del Estado; pero también tenemos, lo que te digo yo… como ese deber también de ser veedores de

que estas instituciones, de que estos espacios que se abren, sean utilizados para lo que necesitamos como

víctimas(...)” R2

Lo anterior también guarda relación con algunos eventos que son nombrados dentro del

relato como logros alcanzados desde las acciones emprendidas por los procesos sociales de

196


reconstrucción de memoria histórica (en este caso, por ejemplo, el Costurero de la Memoria);

entre los que se incluyen, dentro de la narrativa, el envolver el Palacio de Justicia con telas

realizadas desde el colectivo como forma de protesta contra la impunidad de los casos de sus

integrantes; la realización de una peregrinación que, de acuerdo con Marina, presionó a que

uno de los casos fuese trasladado de la justicia penal militar a la justicia ordinaria y el

acompañamiento a otros procesos como las protestas realizadas por los familiares de los

desaparecidos de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Las víctimas se convierten, por lo tanto, en sujetos y referentes políticos con el derecho

a organizarse e intervenir sobre la agenda pública, a la vez que se le garantiza sus derechos a

la verdad (lo que presenta relación con el deber de memoria por parte del Estado y de la

sociedad); a la justicia y a la reparación, esta última a través de la restitución, la indemnización,

la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición (Bilbao, 2017). Dicho

reconocimiento político, de acuerdo con el autor, tiene una relación directa con la posibilidad

de construir y divulgar el testimonio de las víctimas, pues además de contribuir a la búsqueda

de la verdad, las convierte en autoras de su propia historia y satisface sus demandas de

narración.

Ahora bien, al interior de los relatos se resalta el hecho de que la mayoría de las

participantes perciben de forma positiva escenarios como la Comisión de la Verdad; pues,

aunque desde los planteamientos de Irazuzta y Gatti (2017) se afirma que los testimonios

emitidos por las víctimas contemplan tres dimensiones: una política (evidenciada a través de la

ritualización de dispositivos como las comisiones de verdad); una comunitaria (centrada en la

puesta en la escena pública del dolor de la víctima); y una psicológica (en la que el testimonio

se constituye en la materialización del trauma), Milena, Lilia y Marina consideran que este

proceso no surge de manera fragmentada ni secuencial; por el contrario, desde sus relatos se

197


refleja que estas dimensiones se integran. Por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, sobre la

cual se refieren como una institución que no solo permite la búsqueda y el esclarecimiento de

la verdad (dimensión política), sino procesos más intrínsecos y complejos como la “catarsis” y

la expresión pública de lo ocurrido (dimensión comunitaria) - en términos de Milena- o la

sanación (dimensión psicológica) -en términos de Lilia-.

En este punto, resultan relevantes los planteamientos de Halbwachs (2011), entre las

distinciones que pueden hacerse sobre la memoria colectiva y la historia; al respecto, si bien la

primera implica una memoria viva, la segunda comprende “la recopilación de los hechos que

han ocupado más espacio en la memoria de los hombres” (p. 128) a través de medios escritos

y narraciones ordenadas que permiten salvar el recuerdo pese a que no se encuentren ya

demasiados testigos de este, estos resulten ajenos, o no interesen a las nuevas sociedades.

La postura de Milena (que se expone a continuación) pone en evidencia que se percibe

que las políticas adelantadas por instituciones como la Comisión de la Verdad resultan

reconfortantes para la participante, puesto que se constituyen en espacios para, tal y como lo

señala Ricoeur (2000), la expresión del dolor, la narración de lo ocurrido y el señalamiento de

responsables (es decir, un trabajo de memoria y de catarsis compartida). Asimismo, estos

implican la permanencia y protección de la misma, lo que podría interpretarse, siguiendo las

distinciones planteadas por el autor, en términos de que se percibe que dichas instituciones

podrían convertir la memoria colectiva en historia, aún más si se tiene en consideración, por

ejemplo, la distancia en el tiempo que propone Halbwachs (2011) para que pueda hablarse de

esta. Dicho distanciamiento y exterioridad, concuerda también, con lo señalado por Ricoeur

(2000), frente al papel de la escritura dentro de la historia y cómo esta se opone a la memoria

que es “simiente” (el autor, sin embargo, advierte que cuando se trata de actos que pueden

considerarse como atrocidades, resultaría imposible dicho distanciamiento). Vale la pena

198


resaltar que para Rieff (2017), esto - no obstante - no garantizaría que los hechos ocurridos

resulten relevantes para las siguientes generaciones; por lo que se podría asegurar que la

conservación de los relatos no es garantía de que estos sean significativos para los grupos

humanos una vez no existan testigos directos de los mismos.

“(...) para mí siempre ha sido… satisfacción… y satisfacción porque hemos buscado y hemos esperado

tanto estos espacios donde nosotros podamos expresarnos, donde alguien nos escuche, y donde esto va a quedar

guardado, o sea, digamos la Comisión de la Verdad va a tener todos estos testimonios y los va a recopilar de una

manera que a futuro, esta historia… mi historia y la historia de mis compañeros, y la historia de todas las víctimas

de este país van a estar ahí… nadie las va a borrar, nadie las va a robar, nadie las va a cambiar. Sino lo que nosotros dejamos plasmado ahí, va a estar, y va a permanecer, y va a ser… siento que para muchas personas

esos espacios sanadores y de catarsis y de memoria que estábamos buscando hace tanto tiempo, y espacios de

memoria que se nos han venido cerrando (...)” R2

Contrario a la postura de estas tres participantes, resulta oportuno señalar que si bien el

relato de Blanca permite inferir cierta aprobación frente a la propuesta de la Comisión como

institución, difiere del hecho de que esta entidad integre las tres dimensiones y le posibilite

realizar procesos como los logrados con las participantes anteriormente mencionadas; dicha

postura radica, de acuerdo con el relato de Blanca, en que se perciba que dichas instituciones

están siendo utilizadas por el Estado para exaltar a grupos como militares o incluso legitimar

fenómenos como el paramilitarismo; aspecto que es común a lo señalado por Aguilar (2018),

quien refiere que la memoria de lo acontecido (desde la Ley de Justicia y Paz) termina atada a

los intereses de la élite, lo cual constituye otra forma de violencia simbólica y de

revictimización hacia los sobrevivientes; generando así desconfianza hacia instituciones

estatales encargadas de las políticas de la memoria.

En este punto, vale la pena resaltar que esta posición, es asumida por Milena frente al

Centro Nacional de Memoria Histórica (en el cual se refiere la epopeya a las fuerzas Militares

(Gatti, 2017), mientras que Blanca percibe dicha táctica estatal, se hace evidente también, en

instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.

“(...) Sí! ¡Yo estuve en la Comisión de la Verdad! ¡Pero eso no! Eso todo ahí … lo que pasa es que

¡Fuera que fueran personas honestas que trabajaran ahí! Gente que verdaderamente se mereciera trabajar, no

199


habría problema pero ¡allá están de todo! ¡Allá hay militares, paramilitares y todo eso! Eso es lo que pasa y

gente que no tiene como esa consciencia de “¡ayudemos! ¡vamos a aclarar! o a ayudar que esto salga adelante”

¡no! Porque no hay una persona que esté ahí, como una persona …. Honesta que apoye … toda esta

sinvergüenzura … esta impunidad … esta injusticia …. Tanto en la Comisión de la Verdad como en la JEP ¡En

la JEP fuimos un día a hacer un plantón! ¡y a nosotros, MOVICE, no nos dejaron dentrar! En cambio ¡Todos los militares les dejaron colocar su galería dentro! Sus cuadros en estantes bien puestos y todas las familias adentro.

Y nosotros, como MOVICE, víctimas de crímenes de Estado, tirados afuera, no podíamos … gritando consignas

allá afuera. Y el pendón que está afuera, lo ponían los compañeros, porque ellos se los decían. Ahí … yo ya entre

adentro … decían “¡mire todo lo que hicieron las guerrillas con nosotros!” me dijo una de las mujeres … (...) Sí,

Decían “todos estos cuadros son los que la guerrilla nos ha matado” y decía “! Sí! ¡Y los militares y paramilitares

también han matado! ¡Esta es mi hija! ¡Que a ella la mataron!” ¡Yo lo dije así! ¡Con esa rabia! ¡Ellos sí podían

decir y por eso los dejaron! ¡Y nosotros que éramos víctimas del Estado no nos dejaron pasar! ¡Entonces yo sí

me entré! A mí me decían …. Le dije “¡Que me maten! ¡Que me peguen! ¡Que me hagan trizas pero me voy a

meter!” Entonces me dejaron dentrar y una de las muchachas dijo “todos son víctimas de la guerrilla” y yo dije

“¡Miré cómo habla! ¿los que están afuera?” “ay, yo no sé”. “” Esas son víctimas del Estado, en complicidad

con los militares!” le dije yo “¡Y vea! ¡Esta es mi hija! ¡Que fue asesinada por los paramilitares y los militares!”

Y me salí. Y el muchacho me dijo “¡Ay Blanca, tú eres muy arriesgada!” ¡Sí señor! ¡Eso han hecho en la JEP! ¡Por eso digo que en la JEP también hay corrupción! ¡Hay gente que no tiene consciencia! Están ahí como por

un sueldo, por ayudar a los de al lado de ellos pero no porque van a ayudar a nosotras ¡No! (...)” R4

Pedagogía social de la memoria.

Tal y como señala Irazuzsta y Gatti (2017), el reconocimiento de las víctimas y su

aparición en la esfera pública conlleva a que se articule una dimensión tecnocientífica,

proveniente de la modernidad, en la que emergen y se articulan nuevos campos disciplinarios

(saberes, profesiones y legislaciones) orientados a operar sobre situaciones traumáticas; lo que

conlleva, de acuerdo con Lenfrac (2017), a que mecanismos como la justicia transicional se

conviertan en espacios de formalización de objetivos y rutinas profesionales.

Frente a esto, resulta pertinente recalcar que Milena y Lilia refieren que se han generado

espacios de reflexión y comprensión en torno al fenómeno de la violencia en Colombia que ha

llevado a que intelectuales y académicos busquen especializar su quehacer profesional en la

explicación y divulgación sobre dichos temas (En este sentido, el reconocimiento de las

víctimas y de la violencia conlleva también a la creación de profesionales especializados en las

mismas, tal y como señalan Lenfrac (2017) y Irazuzsta y Gatti (2017)). Dicha explicación, no

obstante, se hace desde una postura distante y privilegiada que desconoce las experiencias

vividas por los actores directos; razón por la cual, la visibilización de estos últimos, se convierte

en una demanda directa al interior de múltiples escenarios, particularmente de aquellos

200


convocados por la esfera estatal, pues desde allí, se percibe menor apertura hacia la

participación de las víctimas, lo cual supone un desconocimiento de los saberes de los cuales

estas son portadoras. Situaciones similares han sido descritas en investigaciones como las

realizadas por Vera (2014), quien asegura que los informes producidos por instituciones

estatales como el Grupo de Memoria Histórica, se han centrado en un lenguaje técnico y formal

dirigido a un grupo reducido de personas. En este sentido, el hecho de incluir a las víctimas

dentro de estos procesos responde a unos intereses políticos que estas persiguen en términos

de denuncia y sensibilización, lo que demuestra, desde los planteamientos de Halbwachs

(2011), que esta se opondría al concepto de historia, en el que prevalece la objetividad y la

imparcialidad y en la que se abordan únicamente sucesos. Frente a la memoria personal,

Ricoeur (2000) enfatiza en “la continuidad temporal y el carácter de posesión privada del

recuerdo” (p. 129); en este sentido, asegura que la memoria se presenta como algo singular: los

recuerdos son privados y resultan intransferibles, por lo que dan continuidad temporal a la

persona y, por lo tanto, son elementos imprescindibles dentro de su identidad suficientemente

alejados cronológicamente como para que se les pueda otorgar un sentido dentro de la historia

universal. Al respecto, Rieff (2016) señala que dichos intereses obedecen a propagandas

políticas y que la historia podría llegar a ser reemplazada por la rememoración; en este orden,

lo que se enseñaría a las generaciones próximas correspondería a mitos.

“(...)Además … me acordé de algo… además que por ejemplo necesitan, un tema para el 09 de abril, 10

de diciembre día de los Derechos Humanos, el día del desaparecido, el día del preso político… bueno, en fin, se

necesita una charla entonces “Ay yo tengo a alguien” viene un académico que ha hecho los estudios pero también incluyan a las víctimas del conflicto, a los directamente afectados, que se empezara a hacer esta tarea también.

Se ha hecho, lógico que se ha hecho, por eso muchas víctimas están cuidando las regiones y demás; pero es que

a veces, lo digo porque cuando vamos a las universidades, en todas las universidades hay auditorios de 20

personas y ellos quedan choqueados con lo que uno les cuenta y cuando estamos por ejemplo, ya cuando estamos

cerca de las elecciones y uno va a las universidades y van y llegan los candidatos y llegan las elecciones y uno

dice “a veces si hay mucha gente (interferencia) y otra vez lo mismo, entonces queda uno (interferencia) ¿Qué

está pasando? Que no hay cambios, no veo los cambios (...)” R3

“(...) No Juan, pues la verdad lo que se ha hecho es que muchas universidades o colegios han querido ir

integrando dentro de sus programas educativos, o dentro de sus clases… ese contacto directo con víctimas, ese

contar esa historia de otra manera, entonces digamos, que desde esa manera, más de lo informal o de lo

personal… se han podido llegar a hacer vínculos con profesores o con estudiantes, hemos sido invitados a

participar, pero que digamos que desde lo nacional o desde el Ministerio de Cultura, o desde el Ministerio de

201


Educación, se haya convocado a que algunas víctimas participemos u opinemos del modo del que podemos

integrarnos pues a esta nueva memoria… que yo lo sepa no; y que yo haya participado, tampoco… y es que esa

también ha sido una queja constante de nosotros como víctimas y es que están llamando a los intelectuales de

nuestro país, a los que ven de otra manera la historia… los que han estudiado la historia pero no los que han

vivido la historia… a contarla o a hacer esos cambios en la memoria, o a que se integre la memoria a nuestro vivir… entonces siento que también han abierto estos espacios, han sido espacios cerrados, siento yo, y no han

sido tan activos para víctimas o para que nosotros participemos, porque digamos que muchos grupos están

haciendo cosas, desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde la escritura… como víctimas hemos

impulsado proyectos, como víctimas para víctimas y para abrir espacios… pero desde los ministerios siento que

todavía falta un poco, ya han abierto convocatorias de participación pero digamos como para reconocimientos

o para beneficios, más que para institucionalizar estos actos en los programas o perfiles educativos, que digamos

es algo que nosotros vemos que debe ser algo muy importante y algo valioso para trabajar (...)” R2

Contrario a lo expuesto por Rieff (2016), las demandas de las víctimas resultan más

cercanas a la posición asumida por Ricoeur (2000), para quien cualquier acontecimiento, antes

de ser objeto del conocimiento histórico, lo es del relato, por lo que “no tenemos nada mejor

que el testimonio y la crítica del testimonio para acreditar la representación histórica del

pasado” (Ricoeur, 2000, p. 366); esto pese a que, desde posiciones como las asumidas por Rieff

(2016), e incluso como se insinúa dentro del relato frente a ciertos intelectuales, se busca

reducir estas al mito o al folclore; lo que, en consecuencia, limitaría la comprensión que se

tiene sobre el acontecimiento (y, por ende, el relato) imposibilitando dar cuenta de la

complejidad de ambos; aún más si se tiene en consideración que el abordaje y la comprensión

de este tipo de hechos no implican la justificación moral de los victimarios, sino que - por el

contrario - deben estar orientados a la divulgación de lo ocurrido. En este sentido, los

intelectuales (a los que se refieren Lilia y Milena) deberían, como señala Ricoeur (2000),

además de convocar a las víctimas, abordar dichas temáticas desde una postura ética y moral y

no “en tercera persona en cuanto erudito profesional” (p. 340).

Las cuatro participantes coinciden con que las instituciones de educación formal

(universidades y colegios) han constituido espacios estratégicos para facilitar los procesos

relacionados con la pedagogía social de la memoria. Entre las alianzas establecidas, entre los

procesos sociales y dichas instituciones, destaca la realización de prácticas e investigaciones

por parte de los profesionales en formación y la participación de las víctimas dentro de espacios

202


académicos como charlas, conferencias, clases o talleres diseñados por ellas mismas. Se

percibe esta participación como una forma a través de la cual se puede enseñar a las nuevas

generaciones, desde la perspectiva de las víctimas, sobre la historia de la violencia reciente.

“(...)He participado desde la práctica, desde el teatro, desde las manualidades; y en este momento, con

todas esas experiencias y otras compañeras que hemos caminado en algunos de estos grupos, tenemos un proyecto

que se llama “mujeres, arte y memoria” y queremos ver estas experiencias de las artes plásticas, las

manualidades, el teatro, la música y la literatura. También me han llamado algunas universidades, para que

aporte en las investigaciones sobre el conflicto armado y he apoyo algunas publicaciones; otras veces también tuve la fortuna que me llamaron para que hiciera la presentación de un libro en una universidad, un libro que

hablaba sobre las investigaciones que se hacen en los territorios pero que lastimosamente apenas llegan: las

caracterizan, las focalizan y hacen una entrevista y ya eso quedó ahí; entonces en la presentación me preguntaban

qué opinaba y yo decía el Estado tiene que garantizar que esas investigaciones, esas atenciones continúen porque

quedan truncadas; se abren a veces unas heridas y quedan truncadas por esos hechos victimizantes (...)”. R3

Además, desde el relato de la misma participante, se resalta el hecho de que la

responsabilidad del Estado frente a las comunidades y frente a los procesos de reconstrucción

de memoria histórica, se materialicen a través de políticas destinadas a la enseñanza de la

historia y de formación en competencias ciudadanas desde la educación formal, tal y como

podría serlo la implementación de la cátedra de paz. Dicha posición es también una de las

conclusiones del estudio realizado por Herrera, Rubio y Vera (2018), desde donde se sugiere -

dadas las representaciones que tienen los estudiantes sobre excombatientes - la necesidad de

pensar en procesos de formación pedagógica que desde la academia posibiliten procesos de

reconciliación en el marco del post-acuerdo.

“(...) si el Estado se pusiera la camiseta un momento... “respetémonos” ... “la idea del Acuerdo de Paz

es que nos vamos a respetar las diferencias, implementemos cátedras de convivencia, de paz, de cómo contribuir

a las comunidades, las organizaciones sociales, las universidades”, por ejemplo, se hablaba de que se

implementará la Cátedra de Paz (...)” R3

Aunque es incuestionable el papel que ha asumido la academia frente a la emergencia

y el fortalecimiento de muchas de las iniciativas que al interior de los procesos y movimientos

sociales se han gestado, así como el valor que las participantes le han asignado a estas (como

se percibe a partir de los relatos) y los logros e incidencia que desde las pedagogías se han

provocado al interior de personas, territorios y comunidades; es importante mencionar que, a

juicio del equipo investigador, acciones como la realización de investigaciones en los

203


territorios o invitaciones a participar en escenarios como conversatorios, coloquios, ponencias,

etc., resultan ser limitados en comparación con las posibilidades y alternativas que más allá de

estas acciones se podrían gestar; como por ejemplo, el trabajo directo en los territorios, el apoyo

con recursos (físicos, económicos o humanos), o los conocimientos desde las diversas

disciplinas que podrían ser puestos al servicio de los procesos de memoria.

Aunque Lilia insiste en la necesidad de que se dé una mayor relevancia a los territorios

dentro de las investigaciones y procesos sobre reconstrucción de memoria; vale la pena recalcar

que Milena percibe que desde la Comisión de la Verdad se han adelantado acciones orientadas

a la divulgación de estrategias sobre cómo construir dichas memorias; enfatiza además en el

papel que tienen dentro de este proceso los medios de comunicación como los canales

nacionales y regionales, no obstante, recalca que en caso de no contar con apoyo institucional,

otros medios como las redes sociales o la radio comunitaria pueden contribuir a adelantar

procesos relacionados con la pedagogía social de la memoria.

“ (...) digamos que en este momento, se valora mucho también son los canales… los canales de

comunicación que se van abriendo cada vez más, y las instituciones que están en… interesadas en la memoria…

porque queremos… pues ya hay un canal institucional que también está buscando, que se hablen, que se cuenten

estas historias… la misma Comisión de la Verdad ha sacado… por decirlo así apartes o comunicados o videoclips de cómo hacer memoria de los territorios, y eso para mí ha sido, pues de mucho valor, porque también es ir a las

otras y otros… ir a las comunidades desde donde de verdad deben oírse voces que son los que han vivido esta

guerra por tantos años… entonces digamos que la facilidad de los canales… ahora que hay… de los medios de

comunicación nacionales, pero también de los mismos canales regionales y… de las organizaciones que están

interesadas en que si desde el gobierno no se quiere trabajar mucho, pues están aprovechando esos otros medios

de comunicación como el Facebook, el YouTube, la misma radio, la radio comunitaria, los canales comunitarios

para promover esas otras memorias y visibilizar estas otras historias (...)” R2.

Dicha exigencia por parte de las víctimas resulta ser coherente con los planteamientos

propuestos por Sousa (2017), quien afirma que la búsqueda y participación en estrategias

retóricas se convierten en otro escenario posible hacia la visibilización y el reconocimiento de

estas dentro de la esfera pública. En este orden, las acciones que emergen desde los

movimientos se enfocan en la divulgación de los hechos ocurridos, no de forma literal, sino

mediante el espacio de lo simbólico. Por ejemplo, estas se materializan a través de obras de

204


teatro, música, literatura o la realización de telas que se consolidan en otros mecanismos de

promulgación y denuncia. En este sentido lo para que Sousa (2017) sería una posibilidad, para

Ricoeur (2000) se consolida en una necesidad de trascender del escrito a otros medios de

expresión alternativos desde donde “se dé lugar a la representación, tales como: el film, la

escenificación teatral, el arte plástico, etc.”. (p. 431).

Al respecto, Lilia resalta que si bien el objetivo de los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica está dirigido a evidenciar los hechos que tuvieron lugar

durante la violencia, el narrar estos a través de las formas anteriormente referidas, es lo que

permite evitar que los mismos resulten contraproducentes y puedan llevar a la intensificación

de sentimientos de dolor en las víctimas; postura que es contraria a la expuesta por Rieff (2016),

quien advierte que una memoria promovida desde las víctimas podría llegar incluso a una

distorsión mayor que la cometida por el Estado pues esta estaría basada, de acuerdo con el

autor, en el agravio. Se percibe, no obstante, que la pedagogía social de la memoria contribuye

a evitar el enfrentamiento directo con otros y, por el contrario, facilita espacios de diálogo y de

sensibilización que lleven a reflexionar sobre cómo la violencia ha impregnado en la vida

personal, familiar y comunitaria y cómo desde diferentes espacios cotidianos - y no solo de

militancia política - se puede contribuir a los ejercicios de memoria.

“ (...) el trabajo de memoria es arriesgado indiscutiblemente… y ha habido temor, claro que sí, y más

cómo se está agenciando esto; entonces yo creo que ahí como que ratificó, el cómo se diga; entonces, en este

momento, por ejemplo, la reconstrucción de memoria cómo lo enfocamos, como lo trabajamos nosotros, está encaminado a mostrar la realidad de lo que ha ocurrido en el país, se va contando la historia de acuerdo a

nuestras vivencias, la vivencia personal y la vivencia de nuestras compañeras. Hemos caminado de la mano con

personas que han tenido hechos de desplazamiento, hechos de las víctimas de violencia de género, de todas las

violencias que están frente a la Ley 1448… nos han contado, hemos compartido con ellas, hemos convivido con

ellas y con ellos… entonces es poco frecuente contar la historia … pero no echarle el madrazo a otros y a otras

sino que se va a contar su historia y como decimos en las universidad “esto es lo que ha sucedido, ustedes…

quienes estén interesados que investiguen más al respecto y fórmese su mirada crítica.. ¿es justo lo que está

ocurriendo? ¿qué hay que hacer?” Todos podemos aportar a la paz, yo desde el lugar donde estoy, desde el lugar

que ocupemos en la vida… no es necesariamente salir a las calles, no es necesariamente hacer unos plantones

sino también desde las familias, desde la comunidad, desde el trabajo, desde el estudio, desde toda parte se puede

hacer trabajo de memoria... es riesgoso, lo de los líderes, las personas que estamos saliendo a contar la historia

y que somos víctimas directas. Lógico, sabemos que hay un riesgo. El dolor… ehhh… a veces hay días en los que esta, como les decía antes, estamos bajoneados, se salen las lágrimas, se tiene que echar un madrazo, pero

queremos construir sobre todo en nosotros... ya tenemos como una formación... ehhh… sobre todo la mía he

205


tenido una formación, por eso se me facilitó, una formación, una postura crítica, una postura que desde mi papá

la aprendí (...)” R3

Respecto a lo anterior, a partir del relato de Milena se percibe que los espacios y

procesos construidos al interior de los movimientos se convierten en escenarios de aprendizaje

no solo desde el reconocimiento de la vivencia propia, sino a partir de otras experiencias.

Sumado a esto, Lilia añade la importancia de incursionar en otros espacios más desde el

carácter simbólico (artes plásticas, música, manualidades, etc.).

“(...) entonces digamos que se me abre ese espacio en el costurero de la memoria, donde aprendo

muchísimo de cómo hacer memoria a través de las telas… pude terminar mi tela del caso de mi mamá, fui

colaboradora de otras memorias en otras telas, de otras denuncias… luego nos encontramos con el grupo de (interferencia) a hacer esta misma memoria en el teatro… entonces digamos que en este momento estamos

haciendo, no sé, como el fénix, que es de víctimas de la violencia… de muchas violencias, para contar esta historia

de otra manera (...)” R2

“(...) He participado desde la práctica, desde el teatro, desde las manualidades; y en este momento, con

todas esas experiencias y otras compañeras que hemos caminado en algunos de estos grupos, tenemos un proyecto

que se llama “mujeres, arte y memoria” y queremos ver estas experiencias de las artes plásticas, las

manualidades, el teatro, la música y la literatura (...)” R3

Parte de los objetivos de dichas pedagogías radica no solo en los mecanismos y

alternativas de divulgación; sino en el alcance que estas puedan tener más allá de los contextos

de donde surgen las iniciativas por parte de los movimientos, es decir, que estas sean

presentadas también en territorios que se han visto históricamente afectados por la violencia;

aún más si se tiene en consideración que, según la percepción de las participantes, en muchas

zonas periféricas del país no existen movimientos orientados a la reconstrucción social de la

memoria; no hay interés hacia estos por parte de la población o no son lo suficientemente

fuertes como lo son en ciudades capitales como Bogotá.

“(...)Después se habían hecho cositas pues pequeñas … eh … hicimos la exposición en la Casa Bolívar,

fue un evento también muy bonito … eh … con las telas y esto … y ya … eh … empezamos … ya veníamos

trabajando desde antes la caja de herramientas y hemos sacamos la caja de herramientas, es un material pedagógico, son unas pedagogías metodológicas, entonces estuvimos con ella en territorio. Se lanzó en Medellín;

se hizo el lanzamiento. Luego fuimos a Cartagena. Cerramos Bogotá. Yo estuve en Florencia, Caquetá; también

haciendo los talleres con la caja de herramientas. Y también universidades. Ya a nivel local universidades y

colegios (...)” R1

“(...) ¡Uy, sí! ¡Este! … ¡El año pasado! ¡No! ¡El antepasado! ¡Eso recorrimos mucho! Estuvimos en

Ataco, Tolima. Por allá cerca de … Venezuela. En Ocaña. Estuvimos en Cartagena. Estuvimos en ¡Ay, en varias

partes! En Cartagena ¿en qué otras partes fue que estuvimos nosotros? ¡Ah, por allá cerca de Cali! Ujum. Ese

206


año fue como un muchacho que hizo como un proyecto y nos llevó allá por todas partes ¡Pero es duro! ¡Duro!

Porque es llegar allá al territorio, por ejemplo ¡A San José del Guaviare fuimos! (...)” R4

Ahora bien, aunque las participantes resaltan dentro de sus relatos, el rol y el apoyo que

surge desde la academia hacia los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica,

sugieren que estos, en algunos casos, son limitados; situación que ejemplifican a través de las

investigaciones que se realizan en los territorios, ya que - desde su perspectiva - estas se

restringen a la caracterización de las comunidades, sin que desde allí se logre mayor incidencia

e impacto sobre la calidad de vida de las mismas. Se sugiere, por lo tanto, la necesidad de

manejar un enfoque de acción sin daño y de que el Estado se haga responsable de dar

continuidad a dichas investigaciones con el fin de que estas logren transformaciones dentro las

comunidades.

El aprendizaje como posibilidad en los procesos sociales de reconstrucción de

memoria histórica

Además de lo ya mencionado en torno a la incidencia socio-política que se atribuye a

los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica (entre las que se incluirían la

pedagogía social de la memoria), los mismos son percibidos también como una fuente

constante de aprendizajes que comprenden desde la formación en habilidades de lecto-

escritura, hasta la formación en artes y en competencias ciudadanas y derechos. Al respecto,

Marina comenta dentro de su relato que cuando inicia a incursionar en estos, dentro de las

actividades que se proponen a los miembros se encuentra principalmente la lectura y la

participación en seminarios y talleres.

“(...) pues yo antes ya había pertenecido a una organización que se llamaba “Mujeres haciendo memoria”, eh, hace muchos años y nosotros pues íbamos a … nos reuníamos, pero este era como más que todo;

era un proceso como de aprendizaje porque … eh … yo me acuerdo de que leíamos mucho (...)” R1

“(...)participábamos también en seminarios, en talleres (...)” R1

207


Así, una vez se cuenta con una formación básica, los participantes de los procesos

sociales inician también labores asociadas con la visibilización de sus posiciones a través de,

por ejemplo, la publicación de textos en medios de divulgación como revistas y el compartir

sus experiencias en escenarios públicos.

“(...) cuando nos invitaban pero nosotros nos reuníamos, teníamos un trabajo de unas revistas para unos

eventos y allí empezaron … eh … a hacerme escribir, entonces yo allí empecé a escribir; cada revista escribí un

artículo pequeñito (..) pues el segundo artículo fue muy llamativo … eh … entonces ahí yo empiezo esa

participación en cosas así sociales … eh … así como visible (…)” R1

Aunque la relación no se presenta de forma explícita, se puede evidenciar que buena

parte de las actividades de formación están asociadas con la generación o reflexión sobre la

acción de narrar o testimoniar (por ejemplo, se invita a literatos, a cuenteros, a escritores y se

generan espacios para la discusión de libros); de lo cual se podría deducir que si bien el

aprendizaje y el desarrollo de las competencias referidas por las participantes constituyen una

parte esencial de los procesos sociales, no son un fin en sí mismos sino que están orientados a

facilitar los procesos de incidencia socio-política ya referidos, especialmente aquellos

relacionados con la denuncia y la puesta del dolor en la esfera pública.

“(…) pero también en el Costurero se empieza una parte, sin decirle a uno, pero una parte de

aprendizaje. Empiezan a invitar a unos literatos, cuenteros, escritores, y ellos empiezan a contar libros, a hablar

y a mi esa parte sí que me fascinaba; a; también se empiezan a hacer unas dinámicas de sanación y yo empiezo

como, además … como a adentrarme en ese proceso; además como yo ya venía con una formación de ciertas

cosas, entonces eso me llamaba a mi mucho la atención y lo otro es que algunos de los libros que ellos decían,

hablaban de esos libros, yo ya los había leído, entonces también cuando yo hacía algún comentario a ellos les

parecía rarísimo que hubieran personas que hubieran leído esos libros, entonces yo ahí empiezo a decir como

“esto es como lo mío”, yo empiezo a tomarlo en serio. (...)”” R1

Logros y reconocimientos.

Las acciones adelantadas por los movimientos de víctimas han sido reconocidas por

diferentes organizaciones, entre las que se encuentran ONGS, colegios y universidades. En

ocasiones dichos reconocimientos se hacen a nivel colectivo (como en el caso del Costurero de

la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria, que fue galardonado con el premio Franco-

Alemán de Derechos Humanos) y en otras se hace a nivel individual. Por ejemplo, Blanca

208


refiere haber recibido reconocimientos por su labor como defensora de Derechos Humanos, así

como por su participación en foros y en congresos; incluso, hace mención a que le fue otorgado

un Doctorado Honoris Causa. El recibimiento de dichos reconocimientos es percibido de forma

satisfactoria por las participantes que los catalogan como “significativos”; asimismo, y

teniendo en consideración que, por ejemplo, en el caso de Blanca, estos fueron mostrados

dentro de su vivienda (en el que tiene un lugar reservado a la exhibición de dichos

reconocimientos), se deduce que estos tienen también un impacto sobre la percepción de sí

mismas como agentes de transformación, lo que concuerda con Comins (2009) frente a la

necesidad que tienen los seres humanos frente al reconocimiento de sí mismos como personas

y de sus acciones.

“(...) Después nosotros nos ganamos una mención de honor con … con el proyecto colombo … el

proyecto … ¿de qué? … el proyecto alemán-francés, Francia- Alemania. Esa mención de honor es muy

significativa para nosotros (...)” R1

“¡Y este es de cosas que me han regalado pa’ ella! ¡Este es el niño! … (retira algunas cosas que tiene

dentro de una mesa) Ahorita lo ponemos … Este es un reconocimiento que me hicieron ¡Mira! ¿Qué es?

- Colegio Carlos Pizarro

- ¡Carlos Pizarro! ¿qué es? ¡Mira!

- Concede a Blanca Nubia Díaz reconocimiento por sus aportes y participación en el foro educativo

institucional … ¿eso fue de un evento que hicieron en el colegio?

- Sí, Allá en Bosa. Fuimos cuatro personas: un concejal, un antropólogo y un … ¡Vea este otro! Este

otro nos lo dio también las madres de … las mujeres de … ¡Mire!

- Otorga a Blanca, representante etnia guajira, por su lucha y rescate de las jóvenes víctimas del

conflicto. Séptimo Congreso por la Paz y en Cuerpo y Cara de mujer.

- Estas son las de Afros. Acá de Ciudad Bolívar, que tienen una organización. Y yo no estaba ahí y ese

tampoco lo recibí ese día. Tranquilo, que yo arreglo eso ahora. Sí. Esto es todo lo que … yo, pues siempre he

hecho …. ¡Este es otro reconocimiento! ¡Mira! Este nos lo dieron también este otro reconocimiento. Y este es

otro pero este sí es de allá que nos lo dieron ¡Mírelo!

- Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Blanca Nubia Díaz. Doctora Honoris Causa. Le será

otorgada …. Por su incuestionable trayectoria y a sus valiosos aportes para con la sociedad, así como su

destacado amor a México … Honoris Causa ¿esto de qué fue, Blanquita?

- Ese nos lo entregaron de … vinieron de México …una gente que vino de México. Nos llamaron a tres

mujeres de Colombia. Fue Doña Gloria, la viejita, una señora, Doña Gloria. Una persona de allá de Ciudad

Bolívar y mi persona.

- El Instituto Americano Cultural S.C ha decidido concederle el título de Doctora Honoris Causa, mismo

que ha sido ratificado por el Claustro Doctoral Universitario por unanimidad y que le será impuesto en la

209


ceremonia de investidura que sugerimos realizar en el mes de diciembre de 2017. Doctor Rubén. Qué chévere

Blanquita, este es un reconocimiento muy bonito.

- Sí. Vinieron a traérnoslo aquí, a dárnoslo aquí, de México. (Silencio). Y este es de aquí es de varias

organizaciones ¡Cójalo, tranquilo!

- Gracias. Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional respaldamos el legítimo trabajo que desarrolla Blanca Nubia Díaz y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, quienes contribuyen

de manera incansable al logro de la paz estable en Colombia y exhortamos al Estado Colombiano a que en

cumplimiento de su papel como garante de Derechos Humanos adelante todas las gestiones para que se proteja

la vida y trabajo de Blanca Nubia Díaz y su familia con medidas acordes de mujer indígena de la tercera edad y

en condiciones económicas precarias. A Blanca Nubia Díaz le deseamos mucha fuerza para seguir ejerciendo su

labor como defensora de Derechos Humanos. El país necesita mujeres valientes como usted … 2018.

- ¿De este no le he dado yo a usted? (señala un separador con la foto de su hija)

- Sí, de ese sí tengo.” R4

Ética del cuidado.

El sentimiento de reconocimiento (que puede percibirse dentro de los relatos al hacer

referencias a los premios y distinciones otorgadas) concuerda con lo expuesto por Friedman

(como se citó en Comins, 2009) frente a la necesidad de sentirse apreciado, respetado y

valorado por las cualidades intrínsecas.

Dicho sentimiento, no obstante, no se presenta únicamente a través de distinciones de

este tipo, sino que se percibe en la interacción y el contacto con los otros. Por ejemplo, Blanca

refiere que las expresiones de afecto (como el abrazarse con los estudiantes) o el hablar con

estos, contribuye con la percepción que tiene sobre su propio bienestar.

“(..) ¡Por eso! ¡En el Centro de Memoria! ¡En eventos! ¡De pronto en la calle! (se ríe) ¿no? Entonces

uno “!Ay, qué rico verte! ¡Qué alegría!” ¿sí? Eso ayuda mucho a uno. Por ejemplo ese abrazo que le transmite

a uno fuerza, energía, alegría y todo eso de ustedes que son jóvenes, entonces eso ayuda mucho, mijo, ¡ayuda! Porque uno en estar quieto en una parte, encerrado ¡Yo porque aquí me muevo! ¡Corro pa’ allá! ¡Me pongo a

bordar, a hacer cosas! Y se me pasa el tiempo. Pero … ¡Uy Dios mio! Es duro porque … en este momento uno

está en una jaula. A uno le hace falta es como salir a volar otra vez; a caminar (...)” R4

Dicho sentimiento de bienestar es referido por otras participantes frente al cuidado que

- perciben - pueden brindar a otros. Por ejemplo, en el caso de Marina manifiesta que la

sensibilidad hacia el dolor de otros (que, según ella, se amplía con la participación en los

procesos sociales) y la sensación de que desde acciones sencillas pueden contribuir al alivio de

210


este, genera en ella sentimientos de orgullo. Por otra parte, en el caso de Milena esta lo plantea

en términos de contribuir a la transformación de otros; lo que concuerda con lo expuesto por

Comins (2009) frente a cómo el cuidado no se presenta (a diferencia de la caridad) únicamente

cuando alguien tiene una necesidad sino que involucra también el esfuerzo por el

empoderamiento mutuo.

“(...) y también … la parte sensible yo lo traigo desde pequeña pero a uno se le va desarrollando mucho

más todo esto que empieza a vivir; como que su dolor es mi dolor. Lo que pasa es que a veces uno no puede hacer

nada pero cuando hay todas esas cosas buenas por pequeñitas que sean a mí me emociona mucho … eh … y yo

pienso que también tengo una parte bastante … bastante como liberada; libre de muchas cosas. Me siento muy

contenta, muy halagada conmigo mismo. Como para uno poder vivir un poco en paz y poder … este … llevar este

mundo más llevadero(...)” R1

“(...) entonces también es mi decisión ser… tomar mi papel de víctima como empoderada, y del como yo

he avanzado tanto que puedo ayudar a otros a transformarse en este camino o que no han querido dar ese paso

(...)” R3

Así, se percibe que el reconocimiento de otros (en este caso, a partir de un elemento

negativo como el dolor (que constituye también, como se abordó previamente, uno de los

elementos identitarios y constitutivos de los procesos sociales) se hace desde la particularidad

y el conocimiento de cada uno de los miembros pertenecientes a los movimientos sociales y es

un elemento relevante en relación con la permanencia de las participantes en estos.

“(...) un día conocí a Doña Virgelina, Doña Virgelina Chará y ella es que, ya estando yo en el proceso

con ella en Asomujer y Trabajo, entonces ella como que me invita a un Costurero. Entonces en el Costurero

llevaban unas semanas, estaban empezando y entonces yo llego y pues yo veo que eso era como a coser y … ¡ay

no! ¡Qué pereza! Esa parte a mí no me llamaba la atención. Yo no nací para eso. Yo había nacido como para

otras cosas. Entonces, sin embargo, yo ahí me quedé y fui conociendo el proceso, veía también cómo las mujeres

buscando una voz de aliento; llegaban con mucho dolor. En ese momento que estamos en el Costurero la violencia

era tenaz … eh … están las madres de Soacha, algunas, no todas, eso era muy bonito; éramos como 40 o 50

mujeres, éramos hartísimas (...)” R1

Redes

Otro aspecto por resaltar dentro de los procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica radica en la articulación con otros procesos, organizaciones, movimientos y/o

colectivos. Algunas de estas alianzas se presentan desde el momento mismo de la formación

del proceso como es el caso del MOVICE que, según Blanca, surge a raíz de la articulación de

diferentes organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

211


“(…) Desde que se fundó. MOVICE fue fundado en el 2005 con varias organizaciones; es un grupo de

organizaciones con que se empezó a crear. Y se fundó con varias organizaciones que, pues ahí está el colectivo,

está Alfonso Castillo, que es de ANDAS, de la UNP … de la Marcha Patriótica ¡Hay varias organizaciones allí

que son parte de MOVICE! Que son aliados ¿sí? Que empezamos a juntar (…)” R4

En otras ocasiones, por el contrario, la generación de redes obedece a la búsqueda de

objetivos en común, a la existencia de convicciones políticas compatibles o a la posibilidad de

obtener recursos o apoyos de diversa índole. Por ejemplo, Milena refiere que el colectivo de

familiares de desaparecidos durante la toma y re-toma del Palacio de Justicia ha recibido el

acompañamiento jurídico de organizaciones como el colectivo de abogados José Alvear

Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Por otra parte, Marina manifiesta que

frente a las actividades que se realizará con la Comisión de la Verdad se espera el apoyo de

otros Costureros del país, así como se realizó durante el envolvimiento del Palacio de Justicia

con telas realizadas por las víctimas; muchas de ellas aportadas no solo por otros Costureros,

sino también por diferentes organizaciones del país y universidades.

“(…) digamos que la de nuestra organización de familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia,

que ha sido acompañada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo por la corporación (interferencia) y

con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien ha sido también una ayuda tanto de abogados, como de

memoria (…)” R3

“(…) Acá van a estar muchos otros costureros también. Acá está … eso … eso .es en conjunto con el

Costurero de Bosa y Unión de Costureros, el de doña Virgelina. Entonces … eh … no es solo el de Kilómetros de

Vida y de Memoria. (…)” R1

Autogestión.

El apoyo recibido por parte de organizaciones es referido también por Lilia, quien

menciona que aunque los recursos económicos, humanos o de formación para la realización de

eventos específicos ha facilitado el desarrollo de ciertas actividades, estos resultan insuficientes

pues, al ser esporádicos, no se garantiza la continuidad de los procesos.

“(...) También hay personas …. muchas de estas personas pertenecen a organizaciones que

llevan lo casos, por ejemplo, las familias del caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia tienen su

colectivo de los desaparecidos del Palacio de Justicia, hay una ONG que los apoya, pero los apoya con

el nombre y de pronto con un pequeño recurso que en algún momento en que vayan a hacer alguna actividad que tenga una incidencia grande. En el caso del genocidio de la Unión Patriótica, también

pertenecemos al colectivo... a la coordinación de víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, pero

tampoco ha habido un recurso que asegure que podamos participar de algunas actividades de

212


incidencia, las organizaciones (interferencia) aseguran el transporte, la estadía, el diario para un evento

que tengan digamos de información, de capacitación… pero esos son muy esporádicos. Pero así de

incidencia y actividades que haya así de incidencia permanente para llamar a la verdad, justicia,

reparación para que apoyen... eso es muy difícil (...)” R3

Siguiendo con este planteamiento, la participante señala que las mismas dificultades

que - se percibe - se presentan con el apoyo recibido por organizaciones no gubernamentales,

ocurren también con instituciones estatales como la JEP. Estas - desde esta postura - se estaría

extralimitando al ofrecer tan solo pequeños recursos a iniciativas propuestas desde las

organizaciones de víctimas; cuando se esperaría, de acuerdo con Lilia, que en un proceso de

reparación integral dichas iniciativas surgirían y serían gestadas desde el mismo Estado. En

este sentido, las iniciativas de incidencia socio-política surgen, se desarrollan y se gestionan

desde los procesos sociales y, en el marco de la obtención de recursos para su ejecución, son

apoyadas parcialmente por el Estado y sus instituciones.

“(...) Realmente muchos de los procesos organizativos de las víctimas surgen desde las mismas víctimas,

las mismas organizaciones y esto no obedece a la reparación y a los procesos que debería hacer el Estado como

tal... ehh... abren espacios que, por ejemplo, la JEP le propuso… como una exposición y dijo listo, hay un pequeño

recurso... ¿cuál es el inconveniente?... ah bueno, hablo del Centro de Memoria histórica, del Centro de Memoria,

Paz y Reconciliación. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ya hay los espacios, de pronto apoya con

los profesionales: en la articulación, en la metodología (...)” R3

Dicha situación se ilustra también dentro del relato de Marina. Por ejemplo, llama la

atención que, de acuerdo con la participante, los materiales que fueron utilizados para dar inicio

al Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria, provenían –de una financiación

dada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de una convocatoria en la que el colectivo

resultó beneficiario

“(...) Sí, claro, bueno, con el Costurero lo primero que se empieza a hacer es una exposición. Nosotros

nos ganamos un premio en la Alcaldía; con ese … con ese … un proyecto de la Alcaldía. Con ese proyecto se

compran las primeras telas y se arranca … y se arranca (...)” R1

Ante la falta de recursos, principalmente de tipo económico, que puedan garantizar la

permanencia de los procesos (lo que, de acuerdo con Lilia, conlleva también a que víctimas de

sectores socio-económicos privilegiados puedan tener mayores probabilidades de incidencia),

se genera desde los procesos sociales estrategias para la obtención de recursos mínimos que

213


puedan garantizar las actividades de los colectivos. Por ejemplo, Lilia señala que - dada la

condición socio-económica de los integrantes de los mismos - muchos de ellos no cuentan con

el dinero necesario para transportarse hacia los eventos a los que son convocados; motivo por

el cual, en ocasiones, solicitan a las instituciones apoyo para cubrir algunos gastos básicos

como el transporte y la alimentación del día.

“(...) Los casos que no nos apoyan, de aquí para allá sí puede mencionar. Los casos que no nos apoyan,

por ejemplo, vamos a las universidades. Hay personas que vamos a las universidades sin recibir ningún recurso.

Nosotros les decimos, si se puede, el transporte y el refrigerio, listo. “Que no hay recursos, No podemos pagarles”

“No, tranquila”. “El refrigerio cuando no tenemos dinero. Cuando tenemos dinero, fresco que vamos”, eh, vamos

a las universidades, vamos a los colegios. Las universidades han sido un fabuloso apoyo para, eh, la reconstrucción de memorias históricas; y las diferentes facultades, las diferentes cátedras. Por lo menos yo estoy

agradecida y hago un reconocimiento a varias universidades que nos han apoyado. Nos llaman para

conversatorios. Ellos nos dicen a veces si quieren ir es un pequeñito grupo, son poquititos … “no importa”, eh,

bueno, “les damos el transporte, les damos el refrigerio”, listo, porque a veces gran parte de las mujeres no

somos de Bogotá, vivimos fuera de Bogotá (...) Pero nosotras cuando tenemos dinero “fresco, que nosotras

vamos”. Y a veces, toca “sí, por favor lo del transporte”. Y, como les digo, la mayoría somos de fuera de Bogotá

(...)” R3

Asimismo, desde los procesos sociales se realizan actividades o emprendimientos

económicos que contribuyen a la subsistencia de los integrantes de los procesos. Por ejemplo,

Blanca refiere que fue invitada por organizadores de la Convención Mundial de psicología

social, política y comunitaria para que preparase comida tradicional Wayuu durante el evento

que se esperaba realizar a finales del 2020. Asimismo, manifiesta que con el dinero obtenido

por una reparación colectiva otorgada por el Estado colombiano, ANMUCIC abrió un

restaurante en el que se contrató a los integrantes del mismo.

“(...) y la parte de abajo la arreglaron y le montaron un restaurante muy bonito ¡A ver si tengo por ahí

para darte una tarjeta! Y … Atávico … allá hacen … ahora con esta pandemia se guardó todo, se cerró, pero allá

cocinan las mismas mujeres de ANMUCIC. Y ahí están. En esa lucha. Compraron cosas muy bonitas ¡Lo dotaron muy bien! Y está muy bien dotado AMUSI. Y allá siguió creciendo y han hecho reuniones. Y nosotros somos de

la Nacional. Las que estamos acá pues que hemos sido siempre de la Nacional, en la lucha. Y pues ya ¡No, no me

mandaron más a callar! Porque a mí me decían que me callara. Yo les contestaba “Si me van a matar, que me

maten. Pero déjenme que yo hable” y así … ¡Eso es ANMUCICI! ¡Unas mujeres emprendedoras, verracas,

luchadoras ¿jum? Guerreras! Que fuimos nosotras y no dejamos caer ANMUCIC (...)” R4

Lo abordado dentro de la categoría de procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica pone en evidencia que los sentidos frente a los mismos se condensan en torno a la

percepción de estos como mecanismos de incidencia socio-política; como fuentes de

214


aprendizaje, como expresión asociada a la ética del cuidado. Asimismo, llama la atención el

hecho de que - con el fin de prevenir los abusos de la memoria (sobre los cuales se tratará más

adelante) - se realizan actividades de pedagogía social de la memoria mediante las cuales se

busca la transmisión de testimonio y la enseñanza de la historia reciente a través de mecanismos

que trasciendan la escritura y el relato directo del mismo como, por ejemplo, la realización de

telas, el desarrollo de obras de teatro y el uso de artes plásticas. Dichas actividades ponen en la

esfera pública a las víctimas y problematizan el hecho de que espacios relacionados con el

abordaje del conflicto armado interno sigan siendo exclusivos de intelectuales y/o académicos.

Para el desarrollo y mantenimiento de estos, se hace necesario - según se relata - la

consolidación de redes con otros movimientos y organizaciones, así como actividades

orientadas a la autogestión de recursos; esto les permitiría gozar de autonomía económica, y en

consecuencia, de independencia en sus decisiones.

Memoria.

Memoria personal.

Un aspecto que resulta común, de acuerdo a lo relatado por las participantes, es el hecho

de que sus experiencias no solo se sitúan desde un carácter personal que las ubican como

víctimas al sufrir directa o indirectamente las consecuencias de un hecho victimizante en el

marco del conflicto armado; sino que estos acontecimientos se enmarcan también en un plano

macro que involucra otras comprensiones respecto a las condiciones sociales en las que

tuvieron lugar no solo los hechos, sino las experiencias personales vividas por cada una de

ellas.

En este sentido, las cuatro participantes pertenecerían a grupos simultáneos que se

entrelazan entre sí y que conllevan recuerdos comunes; el más claro de estos, por ejemplo, el

ser miembros de un grupo familiar (cuya dinámica cambia tras el hecho victimizante) y a la

215


vez ciudadanas de un territorio cuya agenda pública se ve afectada por el mismo. Por ejemplo,

el relato de Lilia comprendería dos dimensiones: una personal (como hija de un padre vinculado

con la Unión Patriótica) y otra colectiva (como ciudadana que presencia el genocidio contra un

partido político); en este sentido, por ejemplo, los recuerdos como ciudadana sobre la violencia

bipartidista, la estigmatización hacia la izquierda, o incluso el poder ejercido por la Iglesia

Católica, se entrelazan con los recuerdos personales sobre cómo dichos fenómenos incidieron

sobre diferentes aspectos de su vida. Lo anterior es coherente con lo expuesto por Ricoeur

(2000) frente a la macro y la microhistoria, en cuanto a cómo las estructuras institucionales

(como la Iglesia, la Fuerza Pública y, en general, el sistema político; entendidas desde el autor

como la microhistoria) estarían regulando y condicionando las interacciones entre individuos,

familias y grupos; es decir, la microhistoria. Ambos niveles, no obstante, se articularían dentro

del relato. A modo de ejemplo, Lilia señala:

“(...) Entonces a través de nuestra vida, voy a hablar por mi caso familiar, nosotros tuvimos muchas

limitaciones, muchas carencias y, más que afectivas, económicas. En los años sesenta era terrible ser hija de un

comunista, ser hija de un papá y una mamá que fueron capaces de separarse, y que a pesar de eso, tenían buenas

relaciones; era terrible decir que era hija de un sindicalista. Los comunistas, que les decían, se comían los niños, los excomulgaban, no podían entrar a la iglesia, no los dejaban sepultar en el mismo cementerio que el resto de

las personas… no tenían… no tenían derecho a muchas cosas, eran señalados. Entonces yo era hija de un

comunista, de un sindicalista, de papás ...- de una pareja separada, y era una persona para mi generación y, para

el círculo donde yo vivía, decían que era una persona rebelde; entonces fueron muchos señalamientos, entonces

todo eso fui capaz de superarlo (...)” R3

El relato construido por Lilia permite evidenciar también, tal y como señala Ricoeur

(2000), que entre estos dos niveles (la microhistoria y la microhistoria) no se presentan siempre

relaciones de binomios como autoridad y resistencia, sino que se presentan también relaciones

dialécticas y de negociación. Por ejemplo, dentro de su historia personal se evidencia cómo, a

pesar de haber sido víctima del Estado y participar de procesos sociales de reconstrucción de

memoria orientados a la denuncia del mismo, está llega - en ocasiones de forma simultánea - a

colaborar con el mismo laboralmente; lo que pone en evidencia las interacciones y

particularidades que se pueden presentar dentro de lo que el autor denomina la complejidad del

juego social.

216


Lo referido por las cuatro participantes con respecto a sus vivencias personales (que,

como se señalará más adelante, se encuentran soportadas por los grupos y procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica) ponen en evidencia lo que Ricoeur (2000) señala como

la segunda particularidad de la memoria: “el privilegio otorgado espontáneamente a los

acontecimientos entre todas las “cosas” de las que uno se acuerda” (Ricoeur, 2000, p.42). En

este sentido, el hecho de reconstruir su propio relato de vida frente a las experiencias tenidas

en torno a los procesos y las políticas de interés de la investigación, implican el privilegiar

determinados recuerdos por encima de otros.

Las experiencias individuales relatadas también reflejan las dinámicas de la memoria

propuestas por Ricoeur (2000). Por ejemplo, con respecto al binomio entre el hábito y la

memoria, se evidencia cómo situaciones que constituían hábitos presentes, que en un primer

momento no son significativos (como la comida hecha por la madre de Milena, sus rasgos

corporales o su forma de ser vestir) son, una vez transcurrida una distancia temporal,

convertidos en recuerdos privilegiados y, por lo tanto, en memoria.

“ (... )Y es que yo desde la edad de los seis años … eh … tengo hartos recuerdos de quién es mi mamá.

Quién era Luz Mary. Tengo muy claro su rostro; imágenes de pronto de las cosas que nosotros vivimos con ella

y con mi hermano menor; en esos días. Yo recuerdo verla. En este mismo momento que yo hablo de ella, puedo

verla parada en la esquina de la cocina donde vivíamos … eh … batiendo el ponche de limón … el ponche que acompañaba con una gelatina de limón que nos daba. Verla jugando con nosotros. Haciendo los quehaceres de

la casa; entonces digamos que desde esa misma memoria viva y de mantenerla viva a ella; en la misma búsqueda;

porque era ir a buscarla pero teniendo clara su imagen: su cara, su voz, su cuerpo. Lo que hacía mi abuela era

de pronto ir a buscarla entre la gente que veía en la calle. Y mantener esa memoria viva de cómo se vestía, de

cómo caminaba, de cómo era su cabello. Para nosotros… eh… las personas… las familias con personas

desaparecidas, pues la memoria siempre ha jugado un papel importante en nuestra vida (...)” R2

Llama la atención el hecho de que, pese a que Milena reitera que los actos de memoria

comienzan desde el momento en que tienen lugar los hechos asociados a la toma y retoma del

Palacio de Justicia, dentro de las organizaciones se impide que esta hable de su madre en

términos de pasado (condición que, como se señaló previamente, es desde Ricoeur (2000)

necesaria para poder hablar de memoria). Por el contrario, se le solicita a Milena que hable de

esta en tiempo presente (lo que constituirá - desde el autor - contrario a un acto de memoria,

217


un ejercicio de hábito); esto pese a que, como señala la participante, existían pruebas que

sugerían que los desaparecidos habían fallecido. Como se abordará más adelante, la

ambivalencia entre el binomio hábito y memoria podría suponer una dificultad ante los

procesos de duelo y en sí mismo podría consolidarse como un abuso de la memoria.

“y para mi… ehh… me cuestionaba que las organizaciones, incluso nos dijeran que debíamos hablar de

ellos en presente: no Luz Mary era, sino Luz Mary es... a Luz Mary le gusta, ¿sí?... cuando Luz Mary es

trabajadora, es muy amigable, es la mano derecha de Rosalvina, siempre han estado juntas, Luz Mary quiere

terminar sus estudios porque ella quiere ser maestra, ya solo le falta un año… era porque no había… tampoco

había un siglo, o ese… lo que nosotros llamamos: duelo… no había un cuerpo, pero tampoco sabíamos cómo había sido su muerte, o no lo sabíamos oficialmente, ¿sí?, porque en medio de la búsqueda, en medio de las

indagaciones, pues ya sabíamos que habían salido vivos, sabíamos que ellos habían sido torturados, sabíamos

que muchos de ellos murieron pronto, otros duraron mucho tiempo en sus torturas… pero no había un cuerpo,

no había… no había esa tumba, no había un muerto… no estaba.” R2

Por otra parte, se evidencia frente al binomio evocación/búsqueda (abordado por

Ricoeur (2000), que existe un esfuerzo por hallar el recuerdo del ser querido. Por ejemplo,

Milena refiere que su abuela busca el recuerdo de Luz Mary en los elementos en común que

esta puede tener con otras personas; lo que evidencia la búsqueda del recuerdo y, tal y como

señala Halbwachs (2011), el cómo otros pueden constituir un marco de referencia para la

memoria personal.

Dentro de esta búsqueda del recuerdo, se evidencian algunos de los modos mnemónicos

referidos por Ricoeur (2000). Por ejemplo, además de los objetos mencionados por Blanca

(como camisetas y botones), Milena resalta la importancia que ha tenido el uso de fotografías

dentro de los procesos sociales de memoria; las cuales, de acuerdo con el autor, constituirían

“indicadores encaminados a proteger contra el olvido” (Ricoeur 2000, p.59).

“ (...) te digo que de pronto me adelanté un poquito porque digamos que cada año, hemos ido buscando…

ehh… que el seis y siete de noviembre, haya un motivo de conmemoración… entonces nosotras hicimos unos

álbumes de la memoria, donde contaba quiénes eran ellos en (transferencia) qué eran sus sueños, qué

expectativas tenían en la vida… fotos familiares, fotos donde se ven con la familia, con sus amigos… y los

sacábamos a la Plaza de Bolívar y los amarrábamos a unas sillas vacías, que también se han vuelto como un

símbolo de la búsqueda de todos los desaparecidos en el Palacio de Justicia… y es una silla vacía con la foto,

porque siempre esperábamos que ellos volvieran (...)” R2

218


Sumado a los planteamientos ya extraídos, desde Ricoeur (2000) se encuentra otro

punto en común respecto a este y lo planteado en el relato correspondiente a una de las

participantes. El autor en mención afirma, al hablar de la memoria personal, que esta se presenta

desde el carácter singular, razón por la cual los recuerdos serían propios y resultarían

intransferibles; lo que implicaría que vendrían a constituirse en otro de los elementos

identitarios, en este caso, de las participantes. Asimismo, agrega que la conciencia y la memoria

terminarían siendo conceptos equiparables. A fin a esto, Milena menciona que si bien los

recuerdos respecto a su madre se construyeron desde una edad muy temprana; fue hacia los 13

o 14 años cuando empezó a ser consciente respecto a las acciones y ejercicio de memoria que

hacían junto a su familia, llevándola a tomar la decisión personal de asumir y dar continuidad

a estos ejercicios, reforzando así no solo las intencionalidades trazadas al vincularse con

movimientos y colectivos, sino tomando estos como parte de su identidad.

“(...) Bueno, digamos también que mi conciencia de estar en ese entorno… no la tengo tan chiquita… yo

tengo conciencia más o menos entre los 13 y 14 años, de ya entender que nuestros familiares habían sido

desaparecidos, del porqué me iba para la Plaza todos los años, del porqué iba con mi mamá a reuniones… ya

era, digamos haciendo conciencia real de todo lo que estaba pasando y con todo lo que estaba viviendo mi abuela… entonces digamos, que en ese tiempo tomó la conciencia y empiezo a ver también la participación desde

mis perspectivas o desde mis quehaceres en esta historia… (...)” R2

Si bien los recuerdos y la memoria, como se ha evidenciado desde Halbwachs (2011),

pueden contemplar elementos comunes o apoyarse sobre marcos de referencia; el autor precisa

la importancia que representa cada memoria individual, pues esta es un punto de vista sobre la

memoria colectiva que cambia dependiendo del nivel de significatividad que le otorga cada

persona y el uso que esta le dé. Por ejemplo, en el caso de Milena y Lilia, pese a que sus

familiares conservaban el recuerdo de sus seres queridos, son estas quienes (pese a la oposición

de su familia) deciden dar al mismo un uso político en pro del esclarecimiento de lo ocurrido

y el acceso a mecanismos de reparación individuales y colectivos. El rechazo por parte de la

familia coincide con la investigación realizada por Arnoso y otros (2015), frente al hecho de

219


que, pese a que las víctimas cuentan con deseos de revisar el pasado, no existen condiciones

sociales que faciliten esta.

Son precisamente estas intencionalidades políticas las que constituyen los intereses, las

ideas y las preocupaciones que articulan los procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica, ofreciendo así “a las conciencias individuales un marco suficientemente sólido con

el cual puedan disponer y encontrar sus recuerdos” (Halbwachs, 2011, p. 183). En síntesis, son

las apuestas políticas de los procesos las que ofrecen las condiciones necesarias para que los

miembros de los mismos construyan una memoria colectiva.

“(...) Pero ya se va mi abuela, ya se va Rosalvina, y digamos que mi familia, mi hermano, los hermanos

de Luz Mary, nadie más sigue la lucha, y es donde yo asumo el asunto del proceso porque siento yo, que ya son

muchos años, y que ya se ha avanzado mucho en el proceso… (...)” R2

“(...) Cuando asesinaron a mi papá, yo ya estaba otro tiempo aquí en Cajicá … cuando me vinculé…eso ya fue… y ah no, iba a qué …. Yo aquí no tenía yo con quien hablar del asunto, quien conocía la situación…

quién era mi papá y cómo era la izquierda, era mi familia, pero con ellos no se podía ¿por qué?... porque un día

nos tocaban el caso y entonces me decían “así no se sana la herida, eso es ser masoquista” y me criticaban un

poco, siempre me han criticado eso de ser líder social, comunitaria, hacer procesos sociales... entonces mire

cómo terminan las cosas. Decían que ya me diera por vencida, que ya no moleste más… (...)” R3

Memoria colectiva.

Por otra parte, vale la pena recalcar la importancia que tienen dentro de los procesos

sociales de reconstrucción de memoria histórica el uso de objetos en tanto forma de

representación e identidad; por ejemplo, Milena señala que dentro del grupo conformado por

los familiares de los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia (así como

por otras organizaciones como “Ríos Vivos”) se ha adoptado el uso de fotos (utilizadas también

en México tras la desaparición forzada de Iguala de 2014) y de pañoletas (usadas por las

Madres de la Plaza de Mayo) con el fin de evocar no solo el recuerdo de las personas

desaparecidas, sino también la existencia de crímenes cometidos por la Fuerza Pública a lo

largo del Cono sur.

220


De forma similar, Blanca relata la utilización de determinados objetos para evocar los

recuerdos de su hija; por ejemplo, señala que en el marco de la conmemoración de su

fallecimiento, se realizan botones y camisetas con el nombre y fotografía de su hija, las cuales

son repartidas con personas allegadas a la participante. Así, si bien tanto Milena como Blanca

hacen uso de los objetos para evocar un acontecimiento y asignan a estos una intencionalidad

política; la primera, enfatiza en los mismos como elementos representativos de movimientos

sociales y colectivos; mientras que la segunda, en la denuncia del hecho y la conmemoración

de un suceso que contiene una carga personal significativa.

De acuerdo con Halbwachs (2011), dichos elementos simbólicos no solo serían un

aspecto identitario que ubicaría al individuo en tanto miembro de un grupo; sino que además,

provocaría la evocación de los recuerdos de sus integrantes, las dinámicas y particularidades

características de este grupo; y en conclusión, un marco consolidado como requisito dentro de

la memoria colectiva.

“(...) entonces en esta búsqueda pues nos hemos reinventado pero también digamos hemos utilizado esos

símbolos de otros y de otras… que han estado en luchas y en búsquedas, en otras… incluso en otros países…

digamos las madres de la Plaza de Mayo quienes todos los jueves van a la Plaza… nosotros vamos a la Plaza

cada año, el seis y siete de noviembre también con las fotos… las fotos que también se han vuelto un icono en México, después de “los 43”… sus fotos, sus rostros, sus historias… las pañoletas de las Madres de Mayo también

se han vuelto un icono en el MOVICE, las estamos utilizando también nosotros, los desaparecidos del Palacio de

Justicia… pero muchas otras organizaciones como “Ríos Vivos”, los de la comuna 13; entonces también estamos

unificando símbolos de búsqueda que de pronto nos diferencian del color, pero que son un mismo objeto que está

haciendo un llamado a que algo está pasando (...)” R2

Por otra parte, en el relato de Marina, se puede apreciar que los aprendizajes adquiridos

dentro de los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica con víctimas de la

violencia son replicados en otros espacios; esta vez de memoria colectiva. Por ejemplo, Marina

refiere haber iniciado un proceso social en la localidad de Suba (Bogotá), con el fin de

reconstruir junto con la comunidad la historia del barrio; esto teniendo en consideración que se

trata de un territorio que fue construido por las personas que empezaron a habitar esta área de

la ciudad y que, con el transcurso del tiempo, fueron dotando el mismo de servicios tales como

221


el alcantarillado. Para esto, se utilizan estrategias como la cartografía social y la realización de

las telas; asimismo, se trabaja en torno a la reconstrucción de memoria frente a los territorios

de los cuales provienen los integrantes del colectivo, por ejemplo, de los pueblos de los cuales

estos son oriundos. Dichos actos de memoria son coherentes con lo propuesto por Halbwachs

(2011), con respecto a cómo el interés sobre los acontecimientos de una comunidad resulta de

mayor interés en la medida en que el grupo que estuvo involucrado en el mismo es reducido.

“(...) Ujum. Sí, claro. Sí. O sea … Yo siempre quise hacer algo aquí en el barrio. El barrio en el que yo

vivo se hizo … auto-construcción. Nosotros compramos la finca. Éramos al principio 3500 personas. Nosotros

compramos las fincas. Nosotros hicimos el barrio. Fue auto-construcción. Nosotros metimos todo lo que es la

tubería … eh … eh …. Tuberías para las aguas … eh … aguas lluvias, aguas negras ... eh … todo en sí. Luego

vino el loseo … eh … esto no nos lo regalaron “nadien”. Que tuvimos muchos problemas porque se nos metió el gobierno, después se nos metió … eh … el M-19. Mejor dicho … fue una historia también bastante larga, entonces

a raíz de ese proceso que aquí se habría podido hacer un proceso muy bonito con toda esa cantidad de gente pero

cuando las personas también tienen sus propios intereses no ven más allá de sus propios intereses. Entonces no

les importa … el proceso comercial, entonces les importa es la parte hasta donde yo puedo obtener lo mio y punto

(...)” R1

Al respecto, resulta interesante cómo esta memoria colectiva surge desde la

cotidianidad en la que se encuentran inmersos los procesos sociales; es así como desde su

relato, Milena señala que en el proceso de búsqueda de las víctimas de la toma y retoma del

Palacio de justicia, se empezó a construir dicha memoria colectiva a partir del hecho de

compartir con otras familias de víctimas los recuerdos que cada uno tenía de su ser querido.

En palabras de Halbwachs (2011), habría una memoria colectiva que se encuentra entre

el individuo (en este caso, los recuerdos sobre la persona desaparecida) y la nación (un evento

como la toma y retoma del Palacio de Justicia que repercute sobre el país); en este caso, de

acuerdo con Milena, son dichos recuerdos en común de este grupo específico (los familiares

de los desaparecidos) lo que aportó al reconocimiento de muchas de las víctimas de este suceso.

Lo anterior, es coherente con lo mencionado por Halbwachs (2011), al referir que los recuerdos

tienen un carácter colectivo, en donde las personas se constituyen como referentes a partir de

los cuales se reconstruyen estos al ser parte de un mismo grupo social. Asimismo, podría ser

catalogado, desde la perspectiva de Ricoeur (2000), como reminiscing, puesto que hace “revivir

222


el pasado evocándolo a varios, ayudándose mutuamente en hacer memoria de acontecimientos”

(Ricoeur, 2000, p. 60).

“(...) no solo de ella sino que de sus compañeros también, porque nosotros aprendemos a conocerlos a

cada uno y a cada una de ellas también, por la memoria de sus familiares, por oírlos hablar de ellos, por

buscarlos constantemente, por (interferencia) con ellos, entonces hay también una memoria colectiva en la cual

estamos todos preparados para identificar, o para hablar, o para (interferencia) quien era cada uno de nuestro

familiares (...)” R2

El carácter colectivo de la memoria puede llevar, no obstante, a que las personas se

sientan identificadas con el grupo al que pertenecen y lleguen a confundir su pasado con el de

ese grupo (Halbwachs, 2011). Llama la atención, por ejemplo, que una premisa similar sea

utilizada por el fiscal que llevaba el caso de la madre de Milena cuando ésta solicita hacer un

reconocimiento de su madre en un vídeo en el que presuntamente se evidencia que esta sale

con vida del Palacio de Justicia; esta solicitud, no obstante, es cuestionada por la Fiscalía, la

cual insinúa que los recuerdos sobre su madre pudieron haber sido inducidos por las

organizaciones a las que pertenecía; esto dado que cuando tuvieron lugar los hechos asociados

a la toma y retoma del Palacio de Justicia, Milena tenía seis años. No obstante, de acuerdo con

ella, los recuerdos sobre su madre son claros, por lo que lo referido por Milena es contrario a

lo sostenido por Halbwachs (2011), con respecto a la confusión que puede presentarse entre la

memoria personal y la memoria colectiva. Asimismo, se evidencia, tal y como lo señala

Ricoeur (2000), que se aboga por la memoria como algo que dá cuenta de que un

acontecimiento sucedió de una forma y de no de otra; presentándose una oposición explícita

entre la memoria y la imaginación.

“(...) Y lo que yo hablo de mi edad, es que en el momento que se encuentran los restos de Luz Mary, hay

un video donde ella sale viva del Palacio de Justicia, de la Casa del Florero… luego de 30 años me la entregan

muerta y me dicen que ella muere en el cuarto piso calcinada, entonces yo acudo a la Fiscalía junto con los

abogados y pedimos hacer el reconocimiento del video. Mi abuela ya no estaba, mi abuela murió en este proceso,

que digamos fue quien inició la búsqueda y hasta el último día de su vida la busco, entonces las personas que

podía identificar a Luz Mary, pues éramos mi hermano y yo… (....) en ese momento para el fiscal es cuestionable

que una… que yo tenga recuerdos de una niña de seis años, y que yo me cuestionaba que si eran mis recuerdos,

lo que yo sentía desde el corazón, o era lo que me habían dicho que tenía que decir (...)” R2

223


La influencia de la memoria colectiva dentro de la memoria personal, no obstante, sí se

evidencia en el relato de Milena cuando esta refiere los aprendizajes que ha adquirido en

procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica; señala por ejemplo, (pese a que esta

ya no pertenece al Costurero de la Memoria), que este le permitió comprender nuevas formas

de hacer memoria (por ejemplo, a través de la costura (elemento simbólico al que se hizo

referencia en el apartado correspondiente a la pedagogía social de la memoria)); lo que

concuerda con lo expuesto por Halbwachs (2011), para quien, aunque ya no se pertenezca a un

determinado grupo, la influencia que este ha ejercido sobre el individuo y sobre la forma en la

que este piensa determinado objetivo, lo que sugiere la existencia de una memoria colectiva.

“(...) se nos abren puertas para ir a universidades; para ir a colegios a hablar… pero luego se me abren

puertas para estar en el costurero de la memoria, de hacer una memoria desde lo… desde la costura, pero siento

que hay también me queda pequeño (...)” R2

En este orden, Halbwachs (2011) precisa que la memoria colectiva se caracteriza por

retener del pasado aquello que todavía sigue vivo; en este caso, aquellos recuerdos que aún se

conservan y se mantienen en las acciones adelantadas desde los procesos sociales. Como otra

de las características, el autor menciona el carácter plural y local como aspectos propios de la

memoria colectiva (de allí la importancia que tiene cada actor, cada acontecimiento y cada

lugar, etc.). Esto se refleja en lo mencionado por Milena dentro de su relato, quien parte del

reconocimiento del otro para poder referirse a su propia historia. Además, señala cómo el

escuchar las vivencias de otros actores (miembros o familiares de la fuerza pública,

excombatientes o familiares de excombatientes del M-19, víctimas o familiares de las víctimas

de la toma y retoma del Palacio de Justicia) le ha posibilitado comprender la necesidad de

reconocer las múltiples versiones que puede haber sobre un mismo hecho y el derecho que

tienen otros a realizar procesos de reconstrucción de memoria. Sin embargo, advierte que estos

no deben ser aislados los unos de los otros, en tanto es a partir de esa diferencia desde donde

se deconstruyen y se reconstruyen las verdades. Lo anterior concuerda con uno de los dos

224


rasgos característicos que, de acuerdo con Ricoeur (2000), posee la memoria: la multiplicidad;

esto en el sentido de que si bien la memoria es una sola, los recuerdos son plurales.

“(...) entonces es ver que hay otros en mí misma historia y en mí misma posición que pues también han

sido utilizadas de una u otra manera… y siento que he podido dar ese otro paso adelante… en busca primero de

una verdad, pero de una reconciliación también consigo misma, y no sé… en búsqueda de tranquilidad también,

y de saber qué pasó, y de qué pasó con esos otros también… entonces digamos que ese ha sido mi encuentro con

la hija del sargento Garzón que es específicamente la persona quien llegó al grupo del Palacio de Justicia a pedir estar en el grupo con la hija de “Violeta”, que se llama Violeta… quien también ha estado con nosotros, que

estuvo en la conmemoración No. 30, y con los familiares de otros y otras guerrilleras que también nos han

invitado a la entrega de sus familiares… pero yo también voy en esa búsqueda del porqué, por qué ellos estaban

ahí, cuáles eran sus ideales… escuchar esas otras partes de la historia que nos han negado escuchar, entonces

también es negar a esos otros y otras a hacer esa memoria que nos deben, esa memoria que, digamos que por

tener cinco o seis años no sabíamos qué era lo que estaba pasando en nuestro país, no sabíamos cuál es la defensa

de esos otros que se les acusa de ser los culpables (...) Total, total Juan… esa de verdad que ha sido pues mi

razón y la razón de muchos familiares, porque digamos que reacios a hacer estos encuentros o a participar han

sido muy pocas personas… porque es eso lo que nosotros buscamos, la verdad de lo que pasó, poder entender

esa historia, y poder ir completando… este rompecabezas (...)” R2

Pese a que Halbwachs (2011) señala que la memoria colectiva está ocupada en un

primer plano por las similitudes y los periodos sin grandes cambios en los que la vida suele

repetirse sin rupturas significativas, vale la pena resaltar que en los cuatro relatos se hace

mención a la memoria colectiva en términos de aquellos sucesos que implican un cambio de

dinámica dentro de la vida de las participantes y dentro de los mismos procesos sociales de

reconstrucción de memoria (por ejemplo, cambio de políticas estatales, persecuciones,

tensiones dentro de los movimientos, entre otras). Dicho contraste con lo señalado por el autor

podría deberse - a juicio del equipo investigador - por el hecho de que la identidad de los

mismos no está marcada por la tradición sino, tal y como lo señala Gatti (2017), por una

identidad negativa que constituye “comunidades del dolor: el ser víctima”, condición que por

sí misma implica una ruptura en la vida de la persona que padece un hecho que atenta contra

su dignidad. A propósito de dicha identidad, advierte Ricoeur (2000) que estas “comunidades

del dolor” -en términos de Gatti (2017)- o “traumatismos colectivos” -en palabras de Ricoeur

(2000)- podrían, en algún punto, constituirse no en un elemento desde el cual se genera

identidad sino en un abuso de la memoria.

225


Abusos de la memoria.

Los abusos de la memoria serían entonces desviaciones producto de la manipulación de

la memoria y del olvido por parte de quienes ostentan el poder. En este sentido, Blanca desde

su relato ejemplifica cómo un ejercicio de memoria desarrollado por la Comisión de la Verdad

se convierte, desde su perspectiva, en una exaltación a las víctimas de grupos guerrilleros y una

invisibilización o rechazo hacia aquellas víctimas cuyos hechos fueron perpetrados por algunas

de las instituciones representativas del Estado (perspectiva que es coherente con lo señalado

por Sáez (2017) frente a cómo se busca desde la agenda pública visibilizar a “víctimas

ejemplares”); asimismo, desde la postura asumida por Blanca, dichas políticas están

contribuyendo a la exaltación de actores como las Fuerzas Armadas.

Pese a que dentro de los cuatro relatos se insiste en la necesidad de denunciar al Estado

y a sus agentes como responsables de vulneraciones a los Derechos Humanos; dichas

posiciones son contrarias a lo propuesto por autores como Rieff (2016), quien señala que un

exceso de la historia crítica podría amenazar el consenso social y la “lealtad al Estado”.

A lo ya referido, añade Ricoeur (2000) que esta manipulación ejercida por parte de

quienes ostentan el poder no solo genera segregación (en este caso, respecto a unas víctimas y

otras); sino que además, refuerza los planteamientos y posturas emitidas desde la memoria

oficial o, en palabras del autor, la memoria “autorizada”, es decir, aquella cuyos intereses

responden y son convenientes para una minoría de la población, pues no solo se instaura y se

legitima por gran parte de la sociedad civil; sino que intensifica el discurso del miedo, dando

así forma a la identidad de la comunidad al propagar relatos de gloria y relatos de humillación.

A propósito, cabe resaltar que desde la postura del autor, dicha memoria hegemónica o

impuesta es enseñada, aprendida y celebrada públicamente.

226


Milena refiere dicha manipulación por parte del Centro de Memoria Histórica. Se

percibe que para impedir los ejercicios de memoria, las políticas oficiales son puestas en manos

de agentes del Estado cuyo interés es glorificar las versiones oficiales y ocultar aquellas que

van en contravía de esta memoria hegemónica, pues como lo expone Todorov (2000) no sólo

los regímenes totalitarios se han hecho a la tarea de suprimir la memoria poniendo en riesgo la

existencia de relatos no oficiales que retratarían la grandeza de los vencidos; sino que otros que

no reciben dicha denominación lo han hecho de distintas formas, como limitando estos a los

relatos orales con el fin de intervenir a través de estas múltiples formas en la realidad existente,

tomándose la atribución de seleccionar aquello que debe o no ser rememorado. A propósito,

cabe mencionar el estudio realizado por (Vera, 2014), en el cual se señala que las

consideraciones que han emergido en el debate sobre el conflicto armado interno han dado

lugar en la historia a quienes tradicionalmente habían sido invisibilizados por encima de los

relatos de gloria de los “héroes patrios”.

Así, con el fin de obstaculizar la memoria contrahegemónica, los agentes estatales

ejercen represión y ponen barreras ante las acciones que desde las comunidades, los colectivos

y los movimientos se generan, como por ejemplo, la búsqueda y difusión de la verdad

(Todorov, 2000). Dada la consciencia que se tiene sobre la dificultad para hacer memoria con

respecto a los hechos de victimización cometidos por determinados grupos, se reconoce el

riesgo de que estos hechos no sean aceptados o que sean olvidados; de allì que se resalte la

importancia de lo que desde Ricoeur (2000) se denomina el olvido de reserva, en cuanto a que

se realizan acciones orientadas a evocar estos sucesos debido, precisamente, a la posibilidad de

que este sea olvidado. Por ejemplo, en el caso de Milena, pese a que se percibe que las políticas

oficiales de la memoria son un mecanismo que puede ser utilizado a favor de las víctimas; se

reconoce también que las mismas pueden llegar a convertirse en una forma a través de la cual

haya impunidad o se obstaculice el esclarecimiento de la verdad; tal y como es el caso, desde

227


lo referido, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, motivo por el cual diversas

organizaciones deciden retirar sus archivos pues no se sienten representadas ni confían en los

procesos que se están llevando a cabo por parte de esta. Lo anterior podría, desde Ricoeur

(2000), representar un abuso de la memoria en cuanto a que los relatos podrían estar siendo

dirigidos desde quienes ejercen el poder, desproveyendo a los actores sociales de la capacidad

de narrarse a sí mismos.

“ (...) es lo que nosotros como víctimas hemos visto en el Centro de Memoria Histórica, y es que nosotros

llevamos allá archivos de nuestros casos, de las indolencias, de lo que ha pasado… toda esa historia que se ha

podido recopilar en los libros del “Basta Ya” donde se encuentra la realidad de nuestro país y pues que a muchos

no les conviene… y nos mandan personas a dirigir estos estamentos que son del Estado, exmilitares… imagínate

tú… un exmilitar… manejando la historia de Colombia, pues qué va a querer manejar... ocultarla… donde el glorioso Ejército, la gloriosa Policía, donde los gobiernos no se han manchado, por todo lo que han hecho…

entonces eso ha indignado a muchos de nosotros, que hemos creído en las instituciones y que hemos creído de

que esto puede cambiar, y que nos ha dolido que se siga ocultando la verdad y que se siga manipulando la

información. Entonces es eso lo que nos duele pero es eso lo que nos hace, como coger fuerzas para seguir

gritando más duro… que nos digan la verdad, que nos digan dónde están y que nos digan que es lo que está

pasando con nuestro país (...) Sí, es eso mi Juan, que siempre hemos sentido que está ahí la sombra y que nos

sigue pisando los talones… entonces…agg… bueno (risas)… eso desanima pero siento también que entre todos

nos hemos apoyado y nos seguiremos apoyando en este caminar (...)” R2

Así, si bien existe un respaldo hacia estas iniciativas, se reconoce que, a pesar de que

las diversas instituciones estén contempladas dentro de una misma Ley, estas pueden tener

políticas contrarias que llevan a que unas sean respaldadas y otras no.

“(...) Queda un poco en la vía que te decía yo del Centro de Memoria Histórica, y al ver que no estaban

haciendo lo que nosotros necesitábamos hacer o que es el deber ser de esa institución, pues muchas hemos

retirado de ahí nuestros archivo, porque sentimos que ahí ya no estamos representadas, entonces lo mismo estamos haciendo con la Unidad de Víctimas, con la Unidad de Búsqueda, con la Comisión de la Verdad, incluso

con la JEP. Cuando muchos también han hablado de que la JEP ha sido utilizada por el Estado para que sigan

siendo…digamos liberados o que no haya justicia. Pues hasta el momento nosotros seguimos insistiendo que esos

son los medios y los mecanismos que podemos utilizar a nuestro favor (...)” R2

En este punto resulta pertinente señalar que si bien desde Ricoeur (2000), el abuso de

la memoria se configura principalmente desde la manipulación por parte de agentes que tienen

el poder (planteamientos con los que también concuerda Todorov (2000)). Es Todorov (2000)

quien hace énfasis que por parte de otros agentes (en este caso como lo son, por ejemplo, las

víctimas), se generan también estos abusos desde diferentes acciones. Al respecto, Milena

desde su relato comenta cómo en ciertos momentos o a través de ciertos actos propios en el

228


ejercicio de la memoria, se ha llegado a intensificar el dolor que desencadenó el hecho

victimizante.

Llama la atención, que ella misma se cuestiona sobre las prácticas que se han llevado

a cabo dentro del proceso social de memoria (mas no sobre el hacer memoria en sí mismo), ya

que - como señala dentro de su relato - se impedía que hablara de su madre en pasado; situación

que concuerda con los planteamientos de Ricoeur (2000) quien refiere que una forma de abuso

de la memoria es la memorización, ya que - a diferencia de la rememorización - esta no tiene

la “marca temporal del antes”. Así, se evidencia que dentro del colectivo, la no inclusión de

dicha marca temporal conlleva posteriormente a la intensificación del dolor una vez se

confirma la muerte de su madre lo que, de acuerdo con la participante, genera que esta sea

situación sea vivida como si hubiese tenido lugar en el presente.

“(...) No sé si me esté adelantando, pero quiero contarles que para mí fue muy duro… muy duro… y ahí

es donde me entra a cuestionarme qué tan bueno es, si las familias de los desaparecidos los mantengamos vivos

en la memoria… porque el 20 de octubre de 2015, cuando me hacen la llamada de Medicina Legal y Fiscalía,

diciéndome que encuentran el cuerpo de Luz Mary… ehh… ese día… hasta ese día muere Luz Mary, o sea, ese día es como si me hubieran dicho: hoy falleció Luz Mary; y yo llego a Medicina Legal con la esperanza o con…

esa aura en el corazón de poder verla, de ver ese rostro, de ver su cabellos, de ver su cara, sus pecas, sus labios

de que tanto he hablado, de esa mirada que siempre recuerdo; y cuando tu entras a Medicina Legal y vez en esa

(interferencia) pues es un impacto muy fuerte… y es algo mucho más duro, siento yo que si la hubiese encontrado

como la quería ver… entonces se me hace mucho más cruel haberla mantenida viva tantos años, y luego haber

encontrado solo… huesitos (...)” R2

Al respecto, Todorov (2000) cuestiona el uso de la memoria pues afirma que

inevitablemente el pasado está mediado por una fuerte carga emocional; y esto, sumado al

intento que hacen los agentes oficiales de tener el control ante dicho uso (por ejemplo, en lo

referido previamente con respecto a la percepción de las participantes frente a que instituciones

como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de Verdad estarían actuando en

función de los intereses de las Fuerzas Militares) conlleva a que los adelantos respecto a la

clarificación de los hechos se pongan en tela de juicio.

229


Sumado a esto, desde la perspectiva del autor en mención, hacer uso de la memoria no

supondría una total contraposición al olvido, pues la tarea de la memoria requiere

ineludiblemente hacer selección de los hechos a rememorar, quedando los otros recuerdos

destinados al olvido ya sea de manera inmediata o progresiva (es importante señalar que desde

la perspectiva del autor el olvido también es un derecho). Sin embargo, a través de los relatos

de la mayoría de las participantes, lo afirmado por Todorov (2000) no coincidiría

completamente con sus posturas sobre la memoria, pues este menciona dicho proceso como

una toma consciente frente a la decisión de elegir qué se rememora y qué no; mientras que

desde el relato de las participantes se percibe que este sería un proceso que se va dando de

forma espontánea y ligada al proceso de duelo de cada persona.

Asimismo, la postura es contraria a lo señalado por Rieff (2016), quien no solo niega la

espontaneidad de esta, sino que (contrario también a Todorov (2000) para quien el olvido es

un derecho), señala este como un deber dentro de las sociedades con el fin de lograr la

transición y el camino hacia la democracia. Cabe aclarar, que dicho autor, aunque no sataniza

la memoria colectiva, sí es enfático al mencionar que estos procesos se deben iniciar una vez

las condiciones de los hechos hayan cambiado lo suficiente como para no generar más agravios.

Lilia, no obstante, insiste en que es la memoria junto con la verdad y la reparación la que

permite dicha transición dentro de las sociedades.

“(...)Sí, claro, entonces ahí las personas empiezan a liberar muchas cosas que estaban oprimidas allá y

que no las quería decir porque, uno, a uno siempre lo han hecho creer que uno es el culpable. Entonces uno siente

unas culpas, pero cuando yo veo que tú lo cuentas, tus problemas, sin … libremente. Él lo cuenta. Entonces yo

también quiero contarlo. Ujum (...)” R1

“(...) No! ¡Eso como usted ya ha visto eso la gente lo va sacando! Eso lo va sacando. Bueno, de pronto

la primera tela; de pronto es cohibido y es un poquito vana, pero ya la segunda tela, ya empieza la persona a

soltar, porque quiere contar muchas más cosas(...)” R1

“(...) ¿la justicia transicional qué pretende? Transformar el conflicto a un país sin conflicto, reconciliado

y transformado, si no se hace esa transformación, si no se hacen esos cambios y esos acuerdos no estamos

obedeciendo a la política transicional y a la política de una Acuerdo de Paz, pero simplemente se hizo en el papel

y no pasó nada, porque en la justicia transicional se debe garantizar desde la reparación integral, hablar de las

de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición que ya sabemos que estas las debe implementar

230


el Estado para que cumplan su función reparadora y transformadora del Estado; con las políticas, las reformas

legales y políticas (...)” R3

La misma participante (Lilia), también a través de su relato, hace más explícita esta

contradicción en relación con lo señalado por Todorov (2000), pues afirma que de manera

inconsciente le era imposible hablar de su niñez luego del hecho del que fue víctima su padre;

llegando incluso a omitir algunas acciones dentro de su día a día, por ejemplo, la presentación

de sí misma dentro de eventos. No obstante, lo allí relatado es coherente con lo señalado por

Ricoeur (2000) al afirmar que la rememorización (enmarcada dentro de la búsqueda del

recuerdo) corre siempre el riesgo de no ser exitosa y, por lo tanto, de fracasar.; en este caso,

pese a los intentos de Lilia por rememorar su infancia, dicho proceso le era imposible. Sin

embargo, como señala Lilia, en el trabajo a través de expresiones artísticas logra evocar y

hablar de ese pasado; lo que, como señala el autor, quien retoma postulados de Freud,

demuestra que el pasado (pese a que en algunos momentos no sea accesible) está presente y

puede, en algún momento, retornar la consciencia.

“Bueno ¿qué se debe recordar y qué no se debe recordar? … me ocurrió hasta hace … estamos a ….

hasta hace dos años, no sé si era a propósito o no, yo no podía recordar hechos … no podía recordar mi niñez, eso me choqueaba bastante. Yo iba a los conversatorios, donde era llamada, iba a los conversatorios y yo no

podía hablar de mí. Hacia el contexto histórico, contaba por el grupo, a veces hasta se me olvidaba … no me

presentaba, no decía quién era (se corta la llamada) hablaba sobre... entonces le estaba diciendo que los casos

que se deben y no se deben recordar, en mi caso era muy difícil hablar de mi niñez, alguna vez me dijeron, “pero

hable de usted ¿qué sintió?” y me era difícil; ya en las actividad de teatro y en la actividad última que tuve en la

que participé, pues fui capaz y ya me queda más fácil hablar de mi niñez.. en las entrevistas que tenía, también

en algunas universidades, no era voluntario, era inconsciente yo no podía hablar de mi niñez y tampoco hablaba

de cómo… todo el transcurso de mi niñez... yo tuve una niñez muy precaria, tuve una adolescencia con muchos

señalamientos, también mucha lucha para el colegio; después entré al SENA, me señalaban y no me aceptaban

en los trabajos por ser hija de sindicalista… estuve allá pero no lo terminé …. pero por estar sin trabajo no lo

continué...desde que éramos chiquitos… ehhh… ya trabajar y atender en la casa ehh.. y después entonces dije “no, siempre he querido ser profesional” y a mí me decían “usted solamente tiene que formalizar ese

conocimiento porque de acuerdo a lo que usted quiere estudiar, usted siempre ha aprendido: ha sido líder

comunitaria, social, directiva, política, entonces solo es formalizar para estudiar sociología”; pero uno llega y

dice, por lo menos en mi caso, que ya soy profesional, me da por mirar, yo no tuve una posibilidad de trabajar

todo lo que yo quisiera y a veces uno necesita palanca, yo no pertenezco a una clase social adinerada ni a un

estrato social grande académico ni nada de eso; entonces todo eso se limita.” R2|

Ahora, si bien Todorov (2000) advierte ampliamente sobre los abusos que podría

conllevar los actos de memoria, argumenta que pese a estos la recuperación de la memoria es

una tarea impostergable, sustentando que aunque algunas personas o comunidades que han

231


sufrido algún acto de naturaleza trágica mencionan el ejercicio de la memoria como un derecho,

este trasciende este límite a tal punto de convertirse en un deber que permite la resignificación

y la dignificación humana. Por ejemplo, alrededor de los cuatro relatos se percibe la memoria

como un mecanismo a través del cual se logra la denuncia de dichos hechos y, a través de la

misma, la modificación de las condiciones estructurales que permitieron que estos tuvieran

lugar, dado que, según lo afirma el autor, la recuperación de la memoria fortalece la justica y

se convierte en un mecanismo a favor de la no repetición.

“(...)Hay que contarlo ¿no? Hay que contarlo porque ahí sí la palabra muy sabia esto “lo que no se

cuenta, lo que la gente no sabe, entonces se vuelve a seguir haciendo esta violencia” Entonces aquí hay muchas

violencias que no se habla de ellas y por eso se sigue … se sigue … la violencia y hoy apareció un grupo tal y

mañana otro grupo este y así sucesivamente. Entonces lo que se tiene que hacer es que se cuente esto que han sido cosas muy feas y que eso no se vuelva a repetir ¡No se vuelva a repetir! Que todos podemos vivir en paz. En

este momento ¡Mire! Estamos en cuarentena y siguen matando líderes sociales. Esto no puede seguir pasando.

Ni una más, ni uno … ni uno … ni una menos, ni uno menos …. Ni uno tampoco menos ¡No más violencia! ¡No

más muerte! ¡Sea de quien sea! (...)” R1

No obstante y aunque esta se consolide como un deber, Todorov (2000) advierte que se

debe tener cuidado frente al uso que de esta se haga en el presente, pues dicho deber y los

acontecimientos que desde el ejercicio de la memoria se recuerden se pueden constituir en una

justificación para cometer grandes barbaries, pues dentro del proceso de selección, no todos lo

que se recuerda es positivo sino que desde allí se pueden desentrañar los más profundos

dolores; esto sería explícitamente lo que Todorov (2000) denomina como uno de los abusos de

la memoria. Lo anterior se hace evidente a través del relato de Milena quien reconoce que el

recuerdo de estos hechos puede llevar a que algunas personas reinterpreten estos de manera

inadecuada, generando deseos de venganza; por ejemplo, refiere que uno de los familiares de

los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia opta por ingresar a las filas

de la guerrilla con el fin de buscar la verdad sobre lo ocurrido. Al respecto, Rieff (2016)

comparte los planteamientos de Todorov (2000) al advertir sobre el riesgo de la reconstrucción

de las memorias colectivas y el uso inadecuado que se pueda hacer de esta.

232


“(...) claro, muchas personas buscan soluciones a estos problemas y a estas problemáticas que es buscar

la verdad y buscar la justicia, entonces para mi es la ley del talión, y es diente por diente y ojo por ojo, entonces

a mí me mataron a mi familia y me la desaparecieron, entonces yo voy a matar a sus padres y los voy a

desaparecer. Que una de las familias del Palacio de Justicia incluso se metió a la guerrilla del M-19, para

entender qué era lo que había pasado y para buscar a su familiar (...)” R2

Como lo menciona Todorov (2000), el papel de la memoria es indiscutiblemente

esencial dentro de cualquier comunidad; desde sus argumentos, no obstante, se ha hecho una

serie de advertencias al respecto, principalmente, sobre el uso que de este ejercicio se pueda

hacer. Sumado a esto, sustenta la relevancia que poseen estas acciones, sobre todo, desde el

carácter colectivo (sin que ello desdibuje el carácter individual y particular de cada hecho),

pues es desde allí, donde se logran tener referentes frente a futuras construcciones que más allá

de responder a intereses personales reflejen un interés común por hacer el bien, como lo

menciona el autor.

A propósito de lo mencionado por Todorov (2000), Lilia refleja a través de su relato lo

argumentado por el autor, pues luego de hablar ampliamente de cómo ha sido su participación

y en sí misma su vida desde que se involucró (primero como funcionaria y luego como víctima)

en los procesos de memoria, llega a la conclusión de que sus intereses personales quedaron

relegados ante la responsabilidad que ella siente frente a su colectivo, reconociendo que aunque

hubiese obtenido mayores contraprestaciones si hubiese cumplido sus metas personales, esto

no hubiese sido coherente con su planteamientos ni con su postura, a la cual le debe mucho

respeto, pues según menciona esta ha sido en gran parte un legado de todo lo que le enseñó su

padre. La memoria se convierte así en un deber colectivo que supera los intereses particulares.

“(..) si fuera por intereses particulares habría logrado escalonar, habría logrado escalonar mucho más

si fuera por intereses particulares… eso me lo critican algunas personas porque me dicen “usted ha estado

rodeada, usted hubiera podido” pero yo tengo que pensar no solo en mí, yo hago parte de un colectivo, hago

parte de un grupo grande … si fuera por mí ya hubiera logrado muchas cosas pero me hubiera sentido mal (...)

exacto, esa cuesta…. Alguien alguna vez me decía ”Lilia, asume las consecuencias, si tú quieres estar ahí

entonces asume las consecuencias y ya te darás cuenta” entonces sí, eso cuesta, pero está uno tranquilo… porque

es que alguien le critique “es que está diciendo y mire lo que hace” entonces yo no podría vivir con eso … prefiero

ser coherente, tratar de ser coherente, no soy perfecta lógicamente, pero por decir lo que pienso, por ser

coherente, me dicen irreverente, se pierden oportunidades, “deje de ser boba” “mire que podemos lograr hacer

esto” me decían “ya olvídese del pasado” “mire qué podemos lograr” “mire que nos llaman de no sé dónde”

“ mire que nos van…” no!. Porque yo no podría vivir con eso (...)” R2

233


Lo anterior, se refuerza nuevamente desde los planteamientos de Lilia. Sobre esta

participante llama la atención que es reiterativa al mencionar que los ejercicios de memoria se

consolidan al interior de movimientos y colectivos como un mecanismo efectivo para la

construcción de paz; argumentos que se contraponen a los sustentado por Rieff (2016) quien

considera que la memoria colectiva y la tarea de rememorización se convierte en un obstáculo

para la paz.

“(...) Algunas personas, por ejemplo, durante esta trayectoria de trabajar con víctimas no quieren saber

del grupo que les causó su tragedia familiar o personal; y son reacios y no quieren conciliar y no quieren mirarlos

a los ojos. Nosotros estamos trabajando… nosotros…. Bueno, primero voy a hablar por mí, he estado trabajando

en el tema de construcción de país, yo quiero aportar a una cultura de paz, y para eso es necesario vincularse

con el otro (...)” R3

Así, se pone evidencia los tres abusos de la memoria propuestos por Ricoeur (2000): la

memoria impedida (en este caso, a través de barreras institucionales - las cuales se ampliarán

más adelante - que dificultan a un determinado grupo de víctimas (las víctimas de crímenes de

Estado) los ejercicios de memoria); la memoria manipulada (a través de la glorificación de las

Fuerzas Armadas) y la memoria obligada (materializada a través de la imposición de la

memoria oficial mediante el sistema educativo y de las políticas promovidas desde el Estado).

Dichas pugnas por la memoria (en este caso, entre los agentes estatales y las víctimas

de los mismos) pone en evidencia, tal y como señala Rieff (2016), que es necesario para que

dos memorias contrarias puedan coexistir que no haya un claro vencedor frente al conflicto

suscitado, pues es la victoria la que confiere el poder unilateral para conformar la memoria

colectiva.

En síntesis, el análisis en torno a los abusos de la memoria permite ejemplificar que si

bien los actos de memoria realizados por instituciones estatales o incluso por las mismas

organizaciones de víctimas pueden llevar a lo que Todorov (2000) denominada como

“memoria literal”, en este caso mediante la manipulación del recuerdo o a la intensificación de

234


sentimientos de rencor y de venganza (como se retrata en la percepción que se tiene sobre el

uso de instituciones públicas para la exaltación de las Fuerzas Militares o en el dolor vivido

por la abuela de Milena y otros familiares de los desaparecidos durante la toma y retoma del

Palacio de Justicia (como es el caso también de una de los familiares que decide ingresar al M-

19); también puede llevar a que la reinterpretación del pasado sea utilizado en pro de

intencionalidades como la justicia social, convirtiéndose así en lo que el autor denomina una

memoria ejemplar.

Barreras institucionales.

Si bien en los relatos de las participantes se ha hecho evidente la insistencia respecto a

la idea y preponderancia de la reparación, y aunque estas reconocen el paso que a través de la

Ley 1448 de 2011 se dio en esta materia; reiteran que hace falta un largo camino por recorrer

para que aquellas medidas, dadas algunas barreras institucionales, cumplan con su fin y no

terminen siendo otra de las formas de revictimización. En este sentido, lo mencionado por Lilia

recobra gran importancia, pues su mirada no solo se basa en su participación en movimientos

y procesos sociales, sino también, como funcionaria estatal; de allí que su perspectiva es más

amplia al hablar de esos obstáculos (que en muchas de las ocasiones son de tipo burocrático)

que desde lo institucional se imponen, y que según se percibe en el relato de la participante,

tienen como fin el no cumplir cabalmente con aquella reparación integral que desde la Ley se

promulga.

“(...) Acción con daño, exactamente, acción con daño… entonces no es justo que, por ejemplo cuando

yo trabajaba…que... estaban empezando...yo estaba que ustedes estaban haciendo la Ley de víctimas y las

personas de los territorios, por ejemplo, personas que venían de territorios super calientes a hacer filas desde la medianoche, dos de la mañana, con ese frio en Bogotá, lloviendo... eso no es justo... que si no llego a las tres de

la mañana … “no, pero es que no me dan la ficha, no me atienden..” “pues se le dará la ficha para mañana o

para pasado mañana”. “Pero no, es que si ya ha venido tres días seguidos pues dele una ficha” y pues eso me

generaba inconvenientes con mis compañeros. Hay que ser humano, hay que tener humanidad y pues eso me

generaba inconvenientes con mis compañeros (...) los procesos de memoria, lo que estábamos diciendo, que se

hacen desde las organizaciones es por dar cumplimiento... ehh.. a la Ley 1448; y hago una aclaración, eso no es

generalizado, porque hay unos excelentes funcionarios, servidores públicos que apoyan todos estos procesos,

pero lo que digo, a veces por más que quieran hacer se ven limitados (...)” R3

235


Además de lo ya referido por Milena frente a la percepción de que le es negado el

derecho a hacer memoria por parte de instituciones como Medicina Legal y la Fiscalía; dada la

edad que tenía en el momento en que tienen lugar los hechos de la toma y retoma del Palacio

de Justicia (los cuales ya fueron referidos), esta añade otras barreras de tipo institucional como

la no asignación de personal que permita el esclarecimiento de los hechos (por ejemplo, de un

perito que acredite la autenticidad del vídeo en el que presuntamente se evidencia que su madre

sale con vida), el hecho de que se haya archivado el proceso y el incumplimiento, por parte del

Estado colombiano, de las sentencias emitidas por organismos internacionales como la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“(...) Si, duro… para mí el proceso con Fiscalía y el reconocimiento de un video ha sido muy duro. Y

hasta el momento, ha sido más duro porque la Fiscalía nunca ha asignado un perito morfòlogo que acredite el

video, o sea, sigue habiendo pruebas en el aire, sigue habiendo trabas para ratificar que la persona que sale en

el video y que la persona que está en la Casa del Florero es Luz Mary; que ella sale viva (...)” R2

“(...) visibilizarlos porque el Estado hace mucho tiempo los invisibilizó, cuando archivaron el caso por

20 años, cuando nadie se atrevía a hablar de lo que había pasado en el Palacio de Justicia, si no había una

versión oficial del estado donde se decía que era el M-19 quien había hecho la toma, quien había matado la

gente… entonces digamos que esa ha sido la tarea de nosotros como familiares (...)” R2

“(...) entonces digamos que ahí no se ha cumplido lo del video, de parte de la sentencia y entonces

nosotros hemos tenido que ir buscando otras maneras de hacer memoria… (...)” R2

Por otra parte, Milena percibe barreras institucionales frente a las políticas de la

memoria que son de interés dentro del presente trabajo investigativo; entre estas se nombra,

por ejemplo, la percepción de que se está obstaculizando la construcción del Museo Nacional

de la Memoria y, como se ha referido previamente, el nombramiento de personas afines con el

Estado o con las Fuerzas Militares; en este caso, se hace mención explícitamente a quien asume

el cargo de director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo Carmona, quien

en el año 2020 negó la existencia de un conflicto armado dentro del país; postura que fue

tomada como un agravio por los movimientos de víctimas.

“(...) ehh… digamos hemos esperado y luchado mucho por el Museo de la Memoria aquí en Bogotá, que

no ha sido posible, o sea, han puesto mil trabas… ahora con las memorias que nosotros hemos tratado de

entregarle también al Centro de Memoria Histórica, cuando cae en manos de personas a las que no les interesa

hacer estos procesos, pues a nosotras nos duele y sentimos fracasos… pero estamos tratando de dejar legados

236


donde más podamos, y yo siento que la Comisión de la Verdad va a ser uno de esos puentes importantes donde

podemos dejar nuestras memorias (...)” R2

En conclusión, si bien los relatos ponen en evidencia la importancia de la memoria tanto

en una dimensión personal (en tanto factor de identidad) como en una dimensión colectiva

(como ejercicio contrahegemónico y como forma de denuncia), las relaciones entre esta son

dialéctica y muestran cómo los otros (en este caso, los demás miembros de los procesos

sociales) se convierten en un referente y en un marco de apoyo para el mantenimiento del

recuerdo. No obstante, pese a que los relatos coinciden en el recordar como un imperativo para

la no repetición y para el proceso de duelo, también reflejan cómo el culto a la memoria puede

llevar a la exacerbación de sentimientos de venganza, del dolor o, incluso, a la distorsión del

recuerdo; motivo por el cual se hace necesario el repensar estos a través de ejercicios como la

pedagogía social de la memoria y el uso de mecanismos alternos para la expresión y denuncia

de los hechos victimizantes.

Políticas oficiales de la memoria.

Rechazo a las políticas.

Dicho rechazo hacia el nombramiento del director del Centro Nacional de Memoria

Histórica es compartido también por Blanca, quien manifiesta que desde el MOVICE se realizó

una protesta en frente de las instalaciones de esta institución. Se percibe, por parte de ambas

participantes (y como se señaló también frente a la conceptualización dada por estas a la

violencia en Colombia), que se percibe que la negación de un conflicto armado interno

constituiría también la negación de la memoria y el derecho a ejercer esta.

“(...) ¡Ah, sí! Como él decía que no había memoria, que eso de la memoria no existía. Entonces esa vez que estábamos nosotros protestando ahí en la 26, decíamos nosotros “”!Si los ríos tienen memoria! ¡Los

territorios tienen memoria!” ¿Dónde han matado la gente y las han tirado? ¡En el río! ¡Todo eso hay memoria!

De las personas que fueron muertas y tiradas en los ríos ¡¿Entonces no hay memoria?! Nosotros le gritábamos

(...) ¡Que hicimos allá en el parque donde van a hacer el Centro de Memoria Nacional Bueno, ahí estuvimos

nosotros gritando; que eso hasta por cierto salimos en … yo salí con uno … ¡Eso lo subieron! ¡Yo no sé quién lo

subió! (...) Sí, y hasta las ocho de la noche estuvimos ¡Por eso! ¡Porque el director dice que no! ¡Que eso la

237


memoria no existe! Por eso es que le decíamos nosotros que en todo había memoria. Que había memoria en los

ríos. Que eran los ríos, porque allá han tirado mucha gente. En los territorios, donde mataron tanta gente ¿uhm?

Allá hay una memoria. Hay queda una memoria ¿uhm? (...)” R4

Adicionalmente, desde la participante se evidencia un malestar dado el nombramiento

de Jorge Rodrigo Tovar (hijo de alias “Jorge40”) quien en el 2020 asumió el cargo de Director

de Víctimas en el Ministerio del Interior. Dicho nombramiento, en el caso particular de Blanca,

tiene una carga emocional mayor, dado que - según lo refiere en su relato - fue alias “Jorge40”

junto con otro grupo de personas (entre ellos paramilitares, militares y políticos) quienes

cometieron el hecho victimizante en contra de su hija. Se esperaría que la institución

representase a las víctimas, sin embargo, no se percibe de tal forma, dado que el cargo lo ocupa

el hijo de un victimario. Se habla del nombramiento en términos de "lo que hacen con nosotras

las víctimas", lo que permite deducir que este suceso es asumido como un ataque en contra de

estas; aún más, debido a que no ha habido un juzgamiento contra el victimario por los hechos

cometidos (únicamente, según se relata, por una condena de narcotráfico en Estados Unidos).

“¡(...)Sí, pero entonces siempre con el MOVICE presente ahí! ¿y qué? ¿qué fin era con el MOVICE? Como pronunciar, denunciar, lo que hacen en Colombia, lo que hacen con nosotros las víctimas ¿sí? el Estado,

por ejemplo en el caso de mi persona, que el caso de mi hija está en la impunidad. Que ahorita estos días fue que

me llamaron de la Fiscalía porque como Jorge 40 salió, pero no se ha venido pa’ Colombia por la pandemia pero

¡Ya está libre! Y el hijo de él está trabajando en el Ministerio del Interior, reemplazándonos … ¿qué? ¿cómo se

dice? “en representación de nosotras las víctimas” y bueno, quién sabe qué irá a pasar ahora cuando llegue a

Colombia porque no solamente yo soy víctima de él ¡Mucha gente! De territorios, de varias partes del norte de

Antioquia, que fue un hombre que hizo daño ¡Mucho daño! Y que quitó territorio, tierra a mucha gente (...)” R4

“(...) ¡Del hijo! ¡Debería darle pena de estar ahí! Reemplazando ¿sí? Como a las … a las víctimas,

viendo que su papá fue un asesino a morir (...)” R4

A las barreras ya mencionadas, se suma la percepción por parte de la mayoría de las

participantes, de que la materialización de las políticas de la memoria promulgadas desde la

Ley 1448 de 2011 y desde el Acuerdo de Paz, se efectúan por parte del aparato estatal desde

un carácter protocolar, en el cual se refleja (como ya se ha hecho mención al interior de esta

investigación) que su único interés es cumplir con las demandas impuestas (principalmente)

por organismos internacionales y aumentar las cifras y las estadísticas, en este caso, de víctimas

reparadas; para lograrlo, se hace necesario compilar el mayor número de evidencias

238


(fotografías y firmas) que permitan dar cuenta de ello. A juicio del equipo investigador, se

podría deducir que parte de este interés por comprobar dichas acciones ante la comunidad

internacional radica en la obtención de los recursos que, se supone, deberían ser destinados a

la implementación del Acuerdo de Paz.

“(...) exactamente, por cumplir no más… por cumplir… y entonces después, “mire que si se hizo “cuando

hacen alguna actividad… ehhh… para las víctimas… ehhh… y el bendito listado… que… coge el listado, que los

listados, que las fotos, que la sonrisa... por cumplir… y si miramos, la vida y nuestra legislación y aquí todo es

de probar… sino al organismo internacional mire cuántos listados, mire las fotos.. pero realmente eso no tiene…

(...) no tiene de verdad un sentido, no tiene un significado… no tiene un significado real.. ehh... que concuerde

que con la ley y con la realidad y con la reparación integral que nosotros buscamos (...)” R3

“(...) Los eventos del Estado… ehhh… ellos recalcan mucho porque... lo que hagan... lo poquito que

hagan… ehhh... “obedeciendo a la Ley 1448 estamos dando cumplimiento bla, bla bla, bla, bla, bla”.. ehh

“obedeciendo al Acuerdo de Paz... nosotros sí estamos haciendo, es que lo estamos haciendo...” yo no he

escuchado que lo digan ¿no?... ehhh…. pero frente la Ley 1448... es algo frío y no hacen sino echarse flores y

“que lo estamos haciendo porque la Ley 1448 bla, bla, bla, bla, bla…” entonces es muy protocolar, muy frío (...)”

R3

“(...) ¡Ah, no! ¡Sí, claro! Porque el Estado lo hace pero el Estado no lo hace como con esa … ¿cómo le

digo? Como con ese … ¡Como con el respeto hacia nosotros! Si no que lo hace como por utilizarlo, para sacar

beneficio de nosotros; no porque les da dolor o para ayudarnos o por … ellos lo hacen es como para explotarnos

porque “firmen acá, firmen acá” y ¿por cuánto pasan esos presupuestos? ¡Altos! ¡¿Ah?! ¡Eso es lo que es el

Estado! ¡Eso es lo que hace el Estado con nosotros! (...)” R4

Esto no solo genera indignación en los individuos, movimientos y organizaciones que se

identifican como víctimas, sino que desata otros sentimientos como impotencia y rabia, pues tal y como

lo afirma Lilia (desde su doble mirada como funcionaria estatal y como víctima) estos cambios se

podrían dar a partir de acciones sencillas y cotidianas como el buen trato por parte de los funcionarios

que laboran y representan las instituciones estatales (se percibe que Lilia hace, en últimas, referencia a

una ética del cuidado (Comins, 2009) que no sólo tenga lugar en los movimientos, sino también desde

la institucionalidad). Al respecto se aclara, que lo anterior no implica un rechazo a las políticas sino a

la forma en cómo estas están siendo ejecutadas, entre las que se incluyen a aquellas enmarcadas dentro

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

“(...) ya me da es tristeza, me da tristeza… ehh… me da … ¿cómo se diría?... impotencia, de que uno

dice esto podría ser de otra forma... teniendo en cuenta… por la experiencia que yo tuve cuando fui funcionaria,

servidora del Estado, luchaba cumpliéndole a las víctimas… y uno siempre podía hacer… desde la

emocionalidad, no se puede conseguir todo porque uno como funcionario tiene limitantes… no podía hacer

todo...pero sí se podía hacer... se puede desde la realidad, no desde tan allá … pero desde las realidades, las

sonrisas, escuchar la gente, enrutarlos a donde tienen que ir, levantando el teléfono, buscándoles las citas,

buscando lo que necesitan.. sí se puede hacer… ir más allá de las funciones que le corresponden al servidor de turno, pero sí se podría hacer, creo que sí. Creo que es una ventaja y una desventaja, pues he estado en los dos

bandos digamos como servidora pública y como víctima por otra, estoy en la parte de que soy víctima del

239


conflicto, entonces me duele, más que todo me duele porque sí se puede hacer, ¿por qué no lo hacen si sí se puede

hacer?, solo les falta el interés, me da es como tristeza, me da es como impotencia, me da rabia, a mí me da rabia

porque yo digo “mire cuánto se puede hacer”, me da rabia, me da mal genio porque yo digo “como quisiera

trabajar en alguna entidad del Estado” y hay muchas entidades con las que he querido trabajar pero no tengo la

bendita palanca y hay otras que llegan y las contratan y tratan mal la gente y no la atienden como realmente se pudiera y yo digo… si yo trabajara ahí, he querido trabajar con muchas de las entidades, incluso también cuando

salió el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, salió y yo hubiera querido llegar a

alguna de las tres instituciones pero no pude, hay víctimas que lo están haciendo… ehhh… dando las charlas en

los territorios… ehh.. pero yo no tengo esos contactos… yo no soy… cómo se diría… tengo mis criterios entonces

...no he podido (...)” R4.

Todo lo contrario sucedería con los eventos y las acciones que surgen desde

movimientos y organizaciones de víctimas pues, según menciona Lilia, estos sí se ejecutan con

un sentido y unas apuestas claras por denunciar, construir, transformar y dignificar no sólo los

procesos, sino los hechos y las personas que allí se incluyen.

“(...) Lo que hacen las victimas... lo hacemos desde el pensamiento, desde el alma, desde la emoción,

desde la reclamación, desde todo... desde esperanzas, sueños y de todo... nacimos como hermanos... entonces, las

diferencias sí son grandes... pero es inevitable que en esto... cada evento que se haga para cada conmemoración

(interferencia) y lo que hace el Estado es lo más como que ... “mire que si estamos haciendo” pero realmente…

no… pero a veces por ejemplo… (interferencia) yo me acuerdo de algunas salidas que tuvimos de parte de los

gobernantes territoriales o de los militares “de acuerdo a la Ley 1448 hoy es el día de las víctimas y ta, ta, ta ta…” y … “un saludo a las víctimas, estamos con ustedes, saludo fraternal ta, ta, ta, ta, ta,” y ya no salen más

de ese discurso. Ya copiaron hasta los saludos, saludo fraternal, saludo fraterno o solidario... blablablá.. estamos

con ustedes y ya punto, chao… corte (...)” R3

Dichas diferencias entre las organizaciones (o incluso, entre las universidades y ONGS)

con respecto a las políticas de memoria ejecutadas desde el Estado Colombiano, se evidencian

también frente a las conmemoraciones ofrecidas a las víctimas del conflicto. Por ejemplo,

Blanca hace mención de un reconocimiento que le fue dado por la Alcaldía Mayor de Bogotá;

este, no obstante, no es percibido como tal dado que no es personalizado. Por ejemplo, mientras

que los reconocimientos dados por instituciones educativas y organizaciones dejan explícito su

nombre, el otorgado por la Alcaldía es estándar; deduciéndose que el mismo fue entregado a

otras personas. Además, Blanca percibe que dichos objetos son utilizados para llenar

presupuestos, muchas veces, de acuerdo con ella, superiores a su costo real. Lo anterior

recuerda a lo referido por Comins (2009), frente a que el reconocimiento de otro no puede ser

de forma abstracta, sino que debe basarse en su particularidad y unicidad.

240


“(...) Este también nos lo dieron de la Alcaldía. Mire lo que da ¡Qué calidad, figúrese! La Alcaldía que

es tan … ¡Mire! Esto es un reconocimiento que nos dieron ¡Ni el nombre, ni nada! ¡Mira! (…) ¡Figúrese la

Alcaldía lo que dio! ¡En cambio esto son otros dan cosas que …! ¡Cuánto no nos meterán esto! ¡Por lo menos

$2000,000, $3000,000! Esto es de la Alcaldía (...) Ese; este, por ejemplo estos ¡Ése en cambio no dice nada! …

¡Y de la Alcaldía! ¡Como dije yo! ¡Cuánta plata no cobrarán ahí! No irán a hacer ahí para … (...)” R4

Por otra parte, se percibe que, pese a que se abren espacios para la participación de las

víctimas, las acciones que se les permiten hacer se encuentran condicionadas por lo que las

entidades permitan. Dicho control parece obedecer a resguardar la memoria oficial y la

exaltación de la fuerza pública, situación que se evidencia en el hecho de que, por ejemplo,

pese a que a las madres de Soacha y a otras víctimas del Estado como Blanca se les permitió

la realización de un mural en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; estas optaron por

no llevarlo a cabo dado que se les impidió que dentro del mismo se nombrase a la Fuerza

Pública (militares) como responsables de dichos asesinatos.

“(...) Eso es lo que ha pasado aquí que mucha gente por eso se ha salido, se ha ido, ya no confían, porque

hay mucho campesino, mucha gente que no confía en los gobiernos ni en las organiza… ni en los entes del

gobierno porque nos utiliza. Por ejemplo, las madres de Soacha, usted no va a … muy difícil que le cuenten la

historia a una persona porque dicen “no ¿para qué? Si ustedes salen y ni más se acuerdan de nosotras ¿verdad?”

¿usted no vio lo que iban a hacer ahí? Que Antequera nos dio permiso para hacer un mural … ¡Un muro! Iban

a poner todas las fotos de mi hija, de todas las madres de Soacha (...) Ahí en el Centro de Memoria … Distrital.

Y resulta que, esta … ¿cómo se llama? ¡Las Naciones Unidas! Que estaban invitando a las charlas quedaron de

darnos un certificado como reconocimiento de que asistimos ¡y no lo dieron! Llegaron allá, que no … Ellas

querían poner “los muchachos de Soacha asesinados por los militares” y eso no les gustó a la Unidad de Víctimas

¿Sí? Que no, que ellos no podían hacer eso porque eso iba en contra de ellos. “Entonces no haga nada” Le

dijeron todas las madres “No haga nada”. Entonces porque “cualquiera. Eso vale como 500 … un millón de pesos. Lo solicitamos y otra persona nos lo puede donar. Ya tenemos el permiso. Aquí lo vamos a hacer”.

Entonces eso se quedó así. Cuando llegó la pandemia pues nada se hizo. Ese mural lo iban a hacer para que

quedará plasmado ahí, pues ahí estaba mi hija y todo pero ¡No! ¡Dijeron que no iban a poner porque eran

asesinados por los militares! ¡Que eso no se podía! Entonces dijeron “Bueno, entonces no hagamos nada”.

Todas. Viendo que son muchachos que fueron asesinados por los militares. Entonces no se hizo nada (...)” R4

Finalmente, se presenta un rechazo frente al hecho de que las exposiciones realizadas

dentro de algunas instituciones orientadas a la preservación de la memoria (por ejemplo, el

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación) sean de carácter temporal, ya que se equipara con

una política de consumo (de hecho, se realiza la comparación con una exposición de una tienda

de moda). Blanca percibe que se le da poca importancia a objetos de memoria que tienen un

valor sentimental para las víctimas, ya que estos son desechados por las instituciones una vez

se da por finalizada la exposición. A juicio del equipo investigador, esto es coherente con el

241


relato de Lilia y también de Blanca frente a que dichas acciones se realizan por cumplimiento

de la Ley y no por intenciones genuinas de reparación.

“(...) Acá pues no es tan … porque aquí lo que pasa es que cuando hacen algo … por ejemplo, en el

Centro de Memoria recolectan muchas cosas, yo era una persona que tenía cuadros, cha … las cha … las blusas

de mi hija, como exhibiéndolas para gente que llegara de otros países para contarles como la historia, quién era

ella, quién fue, qué hizo, entonces cuando cambiaron … aquí lo que tienen es que cuando cambian de

representantes, entonces sí, de una vez recogen todo eso, si uno no está presente lo botan. A mí me tocó así, todo lo que tenía esa vez, recogerlo y guardarlo porque el muchacho me dijo lo van a botar, entonces para mí eso es

muy duro porque a uno cómo le van a botar una camiseta o un recuerdo de un ser querido y lo van a botar a la

basura ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Yo apenas supe me fui! Y me entregaron todo, lo que fue un cuadro de ella, una

camisa de ella, como un libro, fotos, botones … separadores ¡Todo eso me tocó traerlo! Porque dijeron “no, ya

no lo van a poner más” entonces ¿qué Centro de Memoria o qué galería o qué Museo de Memoria es ese? ¡Nada!

¡Porque deben es de poner las cosas que queden ahí eternas! Para que todo mundo que venga, no solamente de

Colombia sino del mundo entero vea una historia, una memoria o algo que quedó plasmado de esa persona, o de

ese ser querido, o de esa víctima ¡Pero no! ¡No sé ahora que vaya a pasar con lo que hay ahí! Porque yo tengo

ahí un pedazo de mi cabello ¿sí lo vió? (...) ¡Sí, no más! Lo puso Mariana, la que hizo el libro de Almas que

escriben. Y las fotos que están aquí puestas, yo no sé si las habrán quitado ¿se acuerda? Las que están en la

entrada (...) ¡Sí! ¡Puede ser que no las quiten! Eso es bonito, eso es como una historia, como una memoria de que alguien estuvo haciendo algo, pero cuando llegan los demás entonces a quitar, a borrar y a botar, entonces

¡Para mí eso no es memoria! Es como una exhibición de un almacén que exhiben la ropa y como ya vino el

comprador y la compró, se la llevó, se acabó. Y así cambian a otra cosa. Entonces me parece que era así como

de ese … de ese Centro de Memoria Distrital que pasó la otra vez antes de cambiar el Director ¡Pero bonito

fuera que quedara ahí fijo! Lo que se hizo y lo que se ha hecho (...) ¡Permanente! No solo lo mío, sino lo de

muchas. Porque no solamente yo soy víctima, hay mucha gente, con muchas historias, con muchas cosas, llevando

procesos de llevar tanta cosa de sus seres queridos que los dejaron y de pronto ellos por amor traerlos de que

van a estar mejor, en una condición segura ¡Pero mentiras! ¡Eso van a llegar y lo van a botar! “¡ay, eso tan

feo!” ¡No! (...) ¡Y eso no debe ser así! ¡Debe ser una cosa que siga ahí! (...)” R4

Apoyo a las políticas oficiales.

Si bien es cierto que se percibe desde los relatos que las políticas de la memoria

promovidas por el Estado han presentado falencias en medio de su ejecución o no todas son

aceptadas por las participantes, se destaca el hecho de que algunas de las organizaciones a las

que pertenecen estas, han demostrado su apoyo y respaldo hacia instituciones asociadas con

dichas políticas. Por ejemplo, Marina refiere que desde el Costurero de la Memoria

“Kilómetros de Vida y de Memoria”, se realizó un acto simbólico en el que se “abrazó” con

telas las instalaciones de la JEP. Asimismo, se tiene planeado hacer esto con la Comisión de la

Verdad (en este último caso, haciendo alusión también a la prevención del reclutamiento a

menores de edad en el marco de la violencia). Esto evidencia que existen también relaciones

de cooperación mutua entre las organizaciones de víctimas e instituciones que materializan las

políticas de la memoria.

242


“(...) Pero sí se han hecho algunas reuniones como Costurero de la Memoria, en las que, pues sí, yo he

estado. Y de ahí salió el acto que nosotros hicimos el abrazamiento a la JEP. Entonces se hizo … eh … se hicieron

unas telas para colocar en el edificio que iba a … a … eh … ¿a qué? … a colocarla en las fachadas del edificio,

pero después por seguridad lo hicimos solamente en la parte … se colgó alguna … se colgó alguna y se … se hizo

el abrazamiento con una tela grande … eh …. Se rodeó … eh … se cogió … o sea hasta donde se podía, porque allí es un edificio que no … que no … no … no se puede como rodear así porque hay otras construcciones. Fue

un acto muy bonito. Se hizo allá de coser allá en la JE’ … fue muy muy chévere porque fueron varias personas.

Eso fueron … eh … tres días … hmmm … tres días seguidos y fue … hmmm …. Eh … un … un acto muy especial

para la JE’… ajá (...)” R1

“(...) Abrazar a la JEP. Fue un respaldo (...)” R1

“(...) Ajá, sí. Una cosa con la JEP y otra cosa con la Comisión … Con la Comisión apenas estábamos

… pues se habían hecho unas reuniones y estábamos haciendo la tela con la Comisión …. Pero pues por la

pandemia quedó ahí parado. Quién sabe hasta cuándo se pueda hacer. Es una tela de tres con veinte de ancho

por 27 metros de largo … para arropar el …. El edificio de la Comisión de la Verdad. Entonces es en el marco

de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes …. Eh … fuera del marco de la guerra. Y estamos … eh … la tela está

bastante avanzada pero ahí quedó parada porque pues no se puede salir ni nada ni hacer … en este momento no

se pueden hacer aglomeraciones de personas entonces no se sabe hasta cuándo se pueda (...)” R1

Dicho evento es nombrado también por Milena, quien refiere además que, en cuanto al

grupo de familiares de los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, La

Comisión y la JEP han acompañado en la asesoría frente a la elaboración de los informes que

podrían presentar ante estas entidades. Asimismo, se han hecho actividades de apoyo hacia

estas. Sin embargo, ha sido algo que se ha debatido dentro de las organizaciones con base en

las implicaciones que podrían tener estas políticas.

“(...) entonces nosotros hicimos ese acompañamiento ante la JEP; y luego ellos también se presentan

ante la Comisión de la Verdad… para iniciar este proceso… de entrar a ser parte de la Comisión, entonces

digamos que he estado cercana a la Comisión y a la JEP, en ese momento como acompañamiento a favor, porque

nosotros como víctimas del Palacio de Justicia, también hemos llegado a acuerdos entre el grupo con… nuestros

defensores del cómo entrar o cómo llegar con los informes sobre todo a la JEP… entonces digamos que hacer

esos consensos y buscar esos pro y esos contra de estar… claro… sabiendo que hemos sido defensores de este

proceso de paz y de todas estas cosas… es que nosotros vamos a participar en todos estos procesos adoptando

todas las instancias donde nosotros podamos participar y a donde hemos sido bienvenidos,o sea, la JEP siempre

ha estado al tanto de nosotros, nos han dado charlas, ha puesto personas a disposición de nosotros que nos guían

para hacer los informes… entonces incluso con el costurero tuvimos un (interferencia) hicimos un taller muy lindo para el día de los Derechos Humanos donde hicimos una tela en conjunto, donde abrazamos la JEP con

telas de todo el país, y donde también llevamos la obra de teatro el año pasado (...)” R3

Pese a que Lilia reconoce que existen personas que se oponen al Acuerdo de Paz, este

está - de acuerdo con ella - siendo promovido por la sociedad civil junto con las organizaciones

de las víctimas y los reinsertados. Llama la atención que percibe el Acuerdo de Paz como una

forma de construcción de paz, a diferencia de la Ley de Justicia y Paz que es percibida por ella

como un mecanismo de impunidad.

243


“(...) muchas personas… porque dicen “no me hablen de ese Acuerdo de paz”, “no me hablen de

guerrilleros”, “no me hablen de …” Retrocedamos y miremos, por ejemplo, la desmovilización entre comillas

que hubo con la Ley de Justicia y Paz, porque nosotros tomamos… es que el Estado debería promover un paralelo

entre eso y lo que está sucediendo ahora... la impunidad que hubo y lo que sucede ahora... nadie está eximiendo

a los que promovieron el Acuerdo de Paz, en este momento ¿quién está promoviendo el Acuerdo de Paz?… la sociedad colombiana y la sociedad civil pero junto a las organizaciones de víctimas y los grupos guerrilleros que

se acogieron a ese Acuerdo de Paz, ¿para qué?, para construir paz, cesar el fuego, pero no solo cesar el fuego

sino realmente empezar a implementar una paz (...)” R3

Lilia reconoce que las políticas de memoria incluidas dentro del Acuerdo de Paz,

materializadas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición, no

lograrán la satisfacción plena de las víctimas; incluso, señala que algunas de ellas se oponen a

su implementación; situaciones como estas han sido abordadas en investigaciones como la

realizada por Castaño y Jurado (2018), quienes manifiestan que la memoria se convierta en un

relato abierto en el que se contemple que no todas las víctimas lograrán reconciliar su dolor y

no percibirán en estas una forma de reparación. Sin embargo, desde la perspectiva de Lilia, esta

sí implica un avance significativo en términos de reparación y construcción de paz, puesto que

- comparado con otros procesos de esta índole realizados en Colombia o incluso algunos en el

ámbito internacional - este, desde su perspectiva, sí incluye a las víctimas y contempla medidas

relacionadas con la verdad.

“(...) con las comunidades, con las organizaciones sociales, entonces hicimos por ejemplo, cuando

acababa de implementarse... de no hacer la JEP .. ehh.. muchas de las personas víctimas del conflicto no están

muy convencidas con el Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y no Repetición, con la JEP, con la

Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda porque dicen que a la final va a haber impunidad y no se va a

conocer la verdad… no vamos a quedar completamente satisfechos todos…lógico… pero tenemos que dejar claro

que tenemos unas experiencias anteriores en la historia, por ejemplo, después de la segunda guerra mundial

empezaron a nacer muy tímidamente lo que ahora conocemos como Justicia Transicional, pero allá después de la segunda guerra mundial algunos países solamente - sin la participación de las víctimas - llamaban a juicio

digamos a los que ocasionaron todas las violaciones a los Derechos Humanos sin la participación de las víctimas

y realmente pues también quedaba en la impunidad porque no se conocía la verdad; ya otras experiencias, de

los años ochenta… experiencias posteriores de países de América Latina nos enseñaron que ya participaron las

victimas pero también seguían… ehhh... las verdad no era fundamental sino seguían juzgando pero había mucha

impunidad; posteriormente, eso fue como en los ochenta,,, posteriormente ya por ejemplo aquí en nuestro

país…otras experiencias de Ruanda y Sudáfrica que nos muestran un poquito más el camino de la justicia

transicional.. y después aquí en nuestro país pues desde todas esas otras experiencias, en nuestro país se hicieron

algunos Acuerdos de Paz y desmovilización (...)” R3

Lilia hace mención también a su participación en el lanzamiento del Museo de la

Memoria y la movilización colectiva durante el 09 de abril (Día Nacional de la Memoria y la

Solidaridad con las Víctimas, de acuerdo con la Ley 1448). Pese a que no se expresa de forma

244


explícita un apoyo a estas políticas; se acepta la invitación y se participa de las mismas; incluso,

según relata, busca espacios dentro de su municipio para poder seguir siendo participe de estas.

De la misma manera, Blanca refiere haber participado en dicha conmemoración.

“(...) el Centro Nacional de Memoria Histórica, el año pasado o antepasado, creo que fue, que fue

cuando se lanzó el Museo de la Memoria participé de esa actividad, sí me invitaron y participé de esta actividad;

en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el nueve de abril salimos con el colectivo al cual pertenecía; este

año como coincidió con la cuarentena y con la semana santa... la cuarentena desplazó mucho las actividades que

habían, este año no participé aquí en ninguna actividad, me hicieron una entrevista, una organización que hay de apoyo Colombia, hay muchos estudiantes allá que son arrancadas y están exiliadas en Alemania, entonces

hicieron un programa y me invitaron a participar. Este año no participé aquí en Bogotá; en Cajicá intenté hacer

una actividad pero como estamos en el tema de la cuarentena las personas están en este momento centradas,

muchas de las víctimas, en el auxilio que les van a dar y en el tema económico, un poco desplazado en algunos

casos, y en Bogotá este año no participé (...)” R3

“(...) Nosotros la vez que hicimos como MOVICE y ANMUCIC marchamos, como representantes de toda

la organización como tal, como MOVICE y ANMUCIC. Con nuestra galería el 09 de abril porque siempre que

ha pasado; que este año no fue … pero siempre hemos estado ahí. El Centro de Memoria que le hicieron … ¡Ese

no estaba aquí! ¡Era en Medellín! ¡Sí! ¡Que es muy bonito! ¡Muy bonito, muy reconocido! ¡Muy hermoso! Está

muy bien organizado. Es un museo … un Centro de Memoria muy organizado porque uno allá ve todo lo que ha

pasado en el país, la verdad, la realidad y lo que hicieron, y lo que fue. En el museo de allá de la memoria de

Medellín (...)” R4

Si bien Blanca, como se señaló anteriormente, se opone al nombramiento de

funcionarios como Acevedo o Jorge Tovar, apoya el de otros como el de José Antequera, actual

Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Al respecto, la participante se refiere a

él (José Antequera), como un buen funcionario. Llama la atención que recalca en que este

también es víctima, lo que a juicio de los investigadores parece sugerir, que se siente

representada por él dado que comparten este mismo estatus (Antequera es víctima de crímenes

que involucran al Estado). Se percibe además, que el Centro Nacional de Memoria Histórica

es percibido como una entidad relacionada específicamente con procesos judiciales; mientras

que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con la facilitación de espacios para la reunión

de movimientos de víctimas.

“(...)¡Pero eso fue el Nacional! ¡Porque el Distrital es …! Antequera es el Director ahora; un abogado

que él es víctima, a él le mataron al papá. Creo que el papá y la mamá. Por allá por Medellín del Ariarí (...) ¡Sí,

sí! ¡Es nuevo! ¡Buena gente! ¡Buena gente! ¡Es jovencito! El hijo mayor es abogado (...) ¡Sí! Porque el Nacional

creo que es como … la cuestión … el Nacional es …. ¡No como el Distrital que es para reunirse! Este es como

para … ¿cómo se dice? … tomar como declaraciones, investigaciones y todo eso. En el Nacional ¡Y hay otro!

¡Bueno, yo no sé! ¡Ah, el de Memoria Histórica es que es! Centro de Memoria Histórica. Queda por ahí también.

Porque el otro quedaba por la 35. Ahora queda por la séptima. Quedó en la séptima por ahí cerca de la estación

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de las Nieves. Por ahí cerca a la 34. Bueno, por ahí. Sí, por ahí trabajó un amigo que hizo un libro con nosotros

¡No el de Almas que escriben! Si no ¡Ojalá la vida nos alcance! (...)” R4

Vale la pena resaltar que, desde la postura de Lilia, se percibe que las políticas incluidas

dentro de la Ley 1448 sí contribuyen a los ejercicios de memoria, a la reparación a las víctimas

y al empoderamiento de las mismas. Al respecto, señala:

“(...) el sentido de la Ley era reconocer que hay un conflicto armado… que hubo y que hay… todos

sabemos que existe un gran conflicto armado ¿y cuál era el objetivo de la Ley? Reconocer las víctimas, reconocer

nuestros derechos, dar la ruta de atención para una reparación integral, preparar el camino para una reparación integral y para una reconciliación… más o menos ese era el objetivo de la Ley 1448… reconocer las víctimas a

través de la reparación integral y el resarcimiento de sus derechos que les fueron vulnerados (...)” R3

“(...) la participación de las víctimas; con la participación de las víctimas; que se empoderen, que se

reconozcan como sujetos de derechos; y también van encaminadas a … de alguna forma a la memoria histórica

y van encaminadas a que no haya repetición de los hechos (...) ” R3

Finalmente, vale la pena aclarar que si bien Milena, Lilia y Blanca refieren apoyo hacia

algunas de las políticas de la memoria incluidas dentro de la Ley 1448 y el Acuerdo de Paz,

hacen la advertencia en torno a cómo dichas políticas están siendo empleadas también por el

Estado para difundir una memoria oficial y cómo se están incluyendo a personas vinculadas

con el Estado o con grupos paramilitares (situación que, como se ha referido previamente, es

ampliamente rechazada por estas). Sin embargo, Marina muestra un apoyo total a dichas

políticas, mencionando que si bien estas pueden ser menos directas en cuanto a la denuncia de

los hechos, no tienen - desde su perspectiva - unos intereses subyacentes por parte del Estado

pues percibe que estas actúan de forma autónoma y que el personal vinculado laboralmente a

estas resulta idóneo.

“(...) Ajá, claro. Pues es que con el gobierno uno no sabe a qué atenerse porque ellos siempre lo van a

… eh … a hacer muy suavecito. Pero la verdad a mi el trabajo que está haciendo la Comisión de la Verdad, la

JEP, el bloque de búsqueda … eh … me parece que … Además de que son muy independientes a lo del Gobierno;

entonces a mi me parece muy bueno lo que están haciendo, empezando por la selección de personas. Desde mi

punto de vista me parece super buenísimo. Y ya las organizaciones. Usted sabe que las organizaciones sociales llevan haciendo un trabajo no de ahorita si no de mucho tiempo y eso se está cruzando … esa memoria histórica

se está cruzando con …. Con la JEP, con la Comisión de la Verdad, entonces es bueno porque no es solamente

lo que está diciendo el gobierno, si no lo que están diciendo las organizaciones sociales, lo que están diciendo

las víctimas, que son las que han sentido y han sufrido todo ese dolor y que han puesto los muertos y los familiares

¿no? (...)” R1

246


Frente a los sentidos en torno a la categoría de políticas oficiales de la memoria, se

concluye que si bien las cuatro participantes coinciden en la necesidad de que estas sean

llevadas a cabo, todas (con excepción de Marina, quien percibe que estas son independientes

del gobierno y resultan satisfactorias), advierten sobre intereses estatales orientados a la

manipulación de los archivos y de la información que desde estos circula a nivel social.

Asimismo, se percibe que estos podrían estar siendo empleados para la promoción de la

memoria oficial, evidenciado en múltiples acciones como los nombramientos de personas

involucradas con grupos victimarios; no obstante, dichas políticas se reconocen como avances

en materia de reparación de víctimas y en términos de reconstrucción de memoria; siempre y

cuando, se permita dentro de estos la participación y trabajo autónomo de las organizaciones

de víctimas. Además, se percibe que estas deben trascender del carácter protocolar a través del

cual, se sugiere, se está recopilando información orientada a la demostración del cumplimiento

de dichas políticas, mas no un interés genuino en torno a la reparación y la dignificación de las

mismas.

Dado que las políticas oficiales de la memoria no garantizan una completa reparación

en materia de víctimas, resulta necesario evidenciar a través del presente proyecto investigativo

los sentidos e implicaciones que este proceso tendría para las participantes.

Reparación.

Dentro de los relatos de las cuatro participantes se insiste en la verdad como un

mecanismo de reparación hacia las víctimas. Esta es percibida como una forma de

reconocimiento por parte del Estado y por parte de la sociedad hacia el daño sufrido, y como

un prerrequisito para que se pueda ejercer justicia; llama la atención el hecho de que sea un

elemento común dentro de los relatos, el que se insista en la necesidad de la presión por parte

de instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para

247


el cumplimiento de estas. Autores como Rieff (2016), no obstante, señalan que el tratamiento

del pasado no puede plantearse en términos de verdad o de mentira y que la rememoración no

es garantía de la no repetición; postura que es contraria a las intencionalidades y posturas de

las participantes.

“(...) entonces como le estaba diciendo, el Estado tiene que garantizar que esta verdad llegue a todos.

Si el Estado le pone interés con sus políticas, normas, leyes, lo que reglamente... que de verdad se pusiera la

camiseta... la sociedad tiene que terminar conociéndolo y aceptando... “ah, si El estado lo dice, entonces eso es

verdad…” Porque muchos creen que es carreta muchos de los hechos, muchos de los hechos que han ocurrido y

que se pretenden atribuir encaminados a la verdad. Entonces la verdad es fundamental desde el Estado para que no se vuelva a repetir esto. Para que digamos “oiga, no nos sigamos matando, no nos sigamos irrespetando

porque se afecta mucho nuestra vida cotidiana; hasta la vida económica y política del país; el progreso social,

económico, político”, y entonces, por eso es fundamental la verdad desde lo individual, familiar, colectivo, hasta

el Estado, hasta la convivencia, hasta ..para que mejore nuestra estructura económica, política y social, por eso

es fundamental la verdad y no se repetirían los hechos porque si el Estado acepta “la embarramos, la hemos

embarrado no solo en los hechos si no en no sé cuánto… no sigamos en esto”, entonces por eso es fundamental

la verdad, para que no se repitan los hechos, para que no se sigan persiguiendo los líderes sociales y políticos

(...) si el Estado se pusiera la camiseta un momento.. “respetémonos”... “la idea del Acuerdo de Paz es que nos

vamos a respetar las diferencias, implementemos cátedras de convivencia, de paz, de cómo contribuir a las

comunidades, las organizaciones sociales, las universidades”, por ejemplo, se hablaba de que se implementará

la Cátedra de Paz, se retomará el Consejo Nacional, Departamental y Municipal de Paz, pero se están encaminando en otras tareas que no son realmente por las que se implementó nuevamente. Ese Consejo Nacional

de Paz está implementado hacía muchas décadas, pero se solicitó que se volviera a implementar en el marco del

conflicto en este Acuerdo de Paz... pero ¿para qué?, para que se fuera hablando de lo que ha ocurrido en el

marco de la guerra, claro que también se va hablar de los problemas de convivencia, de los conflictos que hay

en un municipio, en el departamento, en la nación pero articulado a lo que ha sucedido en la guerra. Muchos de

los problemas que suceden en las comunidades y las familias son rezagos de la guerra, tenemos que articular

todo eso; entonces para que no se vuelva a repetir, el Estado tiene que intervenir con sus políticas y sus

legislaciones tiene que intervenir o si no se continuará repitiendo lo que estamos viendo que está ocurriendo en

los territorios y en las comunidades (...)” R3

La verdad como forma de reparación llega a sobreponerse a mecanismos punitivos

como la cárcel; por ejemplo, Milena señala que - pese a que no haya condenas de este tipo -

instituciones como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por

Desaparecidas debe garantizar que se conozca lo ocurrido en el marco de la violencia, en

términos del esclarecimiento de los sucesos, de los responsables del mismo y de las

motivaciones que estos tuvieron. Dicha postura, no obstante, es contraria a la de Blanca, quien

- pese a que es insistente frente a la necesidad de conocer la verdad - considera que esta es

insuficiente como mecanismo de reparación sino viene acompañada de otras medidas como el

encarcelamiento de los responsables directos; esto concuerda con lo expuesto por Ricoeur

(2000) para quien la amnistía no podría ser concebida como un elemento orientado a la verdad,

248


sino que, por el contrario, se aplica a situaciones de terapia social de urgencia y, por ende,

corresponde a razones pragmáticas, más no de reparación; asimismo, para este autor, el castigo

evita la impunidad y la injusticia, pues - aunque se otorgase el perdón por los hechos - este

sería hacia el victimario como persona y no hacia sus actos.

“(...) pues ya no es tan valedero pagar en una cárcel, pero ya nadie ha dicho la verdad… y por eso es

tan importante ahorita la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda y Rescate de Personas desaparecidas,

porque más que en mi caso personal…más que una persona o un militar este detrás de rejas 30, 40 años… es que

nos digan qué pasó, quién dio la orden, por qué ellos (...)” R2

“(...) Hmmm, la pena de muerte (se ríe) ¡No, yo diría que los castiguen! ¡Que eso es lo que merecen ellos! ¡Castigo! Porque ¿Qué otro castigo puede uno decir? ¡Que salgan libres, no! ¡Que haiga cárcel para ellos!

Porque ellos no es decir que porque dijeron la verdad entonces van a ser … unas personas que quedan libres

¡No! Porque entonces el dolor sigue latente entre nosotros entonces que haiga cárcel, que eso es lo que merecen

ellos (...)” R4

Siguiendo con esta postura frente a cómo la verdad se considera una forma de

reparación que no excluye las consecuencias punitivas de los actos referidos, Blanca se muestra

escéptica frente al hecho de que lo relatado por los victimarios en instituciones como la JEP o

la Comisión de la verdad sean auténticos, refiriendo que dichas narraciones podrían estar

manipuladas con el fin de conseguir impunidad o rebajas en las penas y no por un interés

genuino en la reparación o en divulgar lo acontecido en el marco de la violencia. Dicha postura

resulta coincidir con lo sustentado por Ricoeur (2000) al referir que la confesión y el

arrepentimiento público no son siempre genuinos, sino que corresponden a estrategias

orientadas a la reducción de las penas o al logro de la amnistía.

“(...) ¡Uy, no! ¡Por eso! ¡Porque ahí están ellos mismos ayudándose para que no los castiguen! ¡Pero

ellos no hablan la verdad todo! ¡Ellos no van a decir la verdad! ¡Muchos dicen lo que a ellos les conviene, no la

verdad! (...)” R4

Lilia concuerda con la necesidad de la verdad como mecanismo de reparación, no

obstante, dentro de su relato da cuenta de que esta por sí misma no basta, pues debe ser

complementada por acciones simbólicas a través de las cuales ésta sea divulgada y

conmemorada. A propósito de esto, resalta la política de establecer el 09 de abril como el Día

Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y refiere la

249


necesidad de que lugares como calles o colegios sean renombrados en honor a algunas víctimas,

convirtiéndose estos en lugares de memoria. Así, pese a que se hace mención al nombramiento

de dichos lugares como forma de reparación y no por la tradición que estos conllevan, sí se

establece - como señala Ricoeur (2000) - una relación entre memoria y la espacialidad. “Una

ciudad confronta, en el mismo espacio, épocas diferentes, ofreciendo a la mirada la historia

sedimentada de los gustos y de las formas culturales. La ciudad se entrega, a la vez, para ser

vista y ser leída” (Ricoeur, 2000, p. 194)

“(...) La otra parte, son las medidas de satisfacción, estas son las medidas simbólicas… las medidas de

satisfacción… ¿qué pretendo yo? alguien decía qué es la reparación, cada quien ve la reparación de diferente

forma… las medidas de satisfacción, por ejemplo están orientadas al desagravio. En el caso por ejemplo de los

falsos positivos, decían que los chicos eran... y las chicas… porque también habían mujeres… ehhh guerrilleros, entonces una medida de satisfacción es que se reconozca que estas personas las asesinaron… y los que se conocen

como falsos positivos no eran guerrilleros... que se conozca que quien… que haya también… frente a las medidas

de satisfacción que haya… que se cambió una calle en nombre... una calle que conozca de nombre de algunas de

las víctimas... los colegios como ocurre en Bogotá… que haya … sobre todo, pero esto es en el caso de la Unión

Patriótica, que haya una declaración pública de responsabilidad del Estado... que el Estado acepte que él fue el

que por acción o por omisión en el genocidio contra la Unión Patriótica, que hayan gastos conmemorativos que

desde la Ley 1448 se logró que el 9 de abril fuera reconocido como el Día de la memoria y de reconocimiento

con las víctimas, eso es una fecha conmemorativa que se logró, que hayan unos monumentos en algunas partes

del país hay mucho monumentos que hablan del desagravio y que reconocen… se levantaron como en la memoria

de las víctimas de esos lugares.. ehhh.. para el caso de las personas dadas por desaparecidas, una de las medidas

de satisfacción es que ellos encuentren sus restos y les puedan dar sepultura que puedan hacer ese duelo que está

alguien teniendo, que tenga esas garantías (...)” R3

El carácter público de las acciones, por lo tanto, es percibido como una de las

condiciones de las medidas de satisfacción. Por ejemplo, se relata que pese a que el Estado

Colombiano solicitó perdón a víctimas de la Unión Patriótica por el genocidio contra este

movimiento, estas se realizaron de forma privada y con un grupo reducido de víctimas

invitadas, pese a que el lineamiento dado por la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos - según relata Lilia - indicaba que estas fueran públicas. Así, el carácter público de

las medidas se convierte, para la participante, en una condición para que estas puedan llegar a

ser realmente percibidas como reparadoras. Vale la pena señalar, no obstante, que para Derrida

(como se citó en Ricoeur, 2000) un acto como el referido por Lilia no constituiría realmente un

proceso de perdón, sino - por el contrario - de “escenificación”, ya que al hacerse de una forma

250


protocolaria incurriría dentro de lo normativo y no de lo excepcional (condición necesaria del

perdón).

“(...) creo que fue en el 2016 que cuando las Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al

Estado colombiano que debía... hizo una sugerencia … que se busca el genocidio contra la Unión Patriótica, hay

algunas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le hizo al Estado, entre ellas que

debía reconocer su responsabilidad en el genocidio contra la Unión Patriótica... muchas veces… (genocidio,

digo, porque en Colombia no se habla de genocidio sino de exterminio - creo que es que se habla - contra la Unión Patriótica) y el presidente nos llamó y fuimos algunas pocas personas a Palacio y él dijo que “no se debió

cometer, fue una falla, disculpenos”… pero era un grupo pequeño de personas y nosotros dijimos “esto no nos

satisface, no es lo que nosotros buscamos, tiene que haber un reconocimiento masivo, internacional.. que el

Estado colombiano reconozca su participación por acción o por omisión en el genocidio contra la Unión

Patriótica, que reconozca que hubo un genocidio, un exterminio de un partido donde se asesinaron... digo yo...

como a dos generaciones, digo yo, donde hubo más… hablando... más de siete mil personas afectadas; entonces

fue debido a eso, y entonces como no aceptó ahí se pasó a la Corte, estamos esperando el fallo de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (...)” R3

Vale la pena resaltar que se insiste no sólo en medidas directas hacia las personas que

sufrieron los hechos victimizantes, sino también de la necesidad de llevar a cabo reformas

estructurales que conlleven a la presencia estatal dentro de los territorios, a la reducción de las

desigualdad, a la descentralización de los procesos, de las políticas y de los recursos y a la

capacitación de los funcionarios estatales frente a las realidades asociadas con la violencia en

Colombia y frente a las nociones asociadas a la categoría de víctima. Llama la atención el hecho

de que dicha reflexión surja, de acuerdo con el relato de Lilia, en el marco de su participación

laboral en un programa de seguimiento al Acuerdo de Paz. Dicha posición frente a la

materialización de la reparación coincide con la representación social, que - de acuerdo con

investigaciones realizadas por Martínez y Garzón (2018) - tiene la comunidad indígena Sikuani

en torno a la idea de paz.

“ (...) Bueno, como funcionaria estuve participando en el seguimiento al Acuerdo de Paz en un convenio

que hizo la OEI con la ESAP… la parte que me correspondió… ehh… fui a algunos territorios y teníamos que articular con las instituciones... ehh… pues lo que nosotros pensábamos era que las instituciones, lo que son las

Alcaldías, las Gobernaciones van a decir “si aquí se está trabajando, tranquilos que aquí estamos adelantando”

pero no, para nuestra sorpresa.. una conclusión macro… decían en algunas partes los alcaldes y gobernadores

que esa ley.. la Ley 1448.. ehh... el Acuerdo de Paz y todo lo que se creó... el Sistema que se creó y todo lo que se

creó alrededor de los territorios... dijó, “eso se creó y se hizo en papel pero no tuvieron en cuenta las realidades

de los territorios”; entonces ellos decían, “no nos envían recursos económicos, no nos envían recursos

profesionales y a veces cuando nos envían a los territorios son personas que no conocen los territorios ni saben

lo que ocurrió acá. Entonces, realmente hace falta el compromiso real y articulado del gobierno central

comunicándole a los territorios desde Bogotá, y la Presidencia, y los Ministerios hacia los territorios. Hay todavía

mucha desarticulación, hay mucha injusticia, por ejemplo, con el tema de los cultivos ilícitos, por ejemplo decían,

“se dieron algunos subsidios para las personas que sembraban coca”, pero dicen, “esos subsidios llegaban era

251


a los propietarios de los cultivos, pero hay una cadena grande en medio de esa producción, está el dueño de la

tierra, el dueño del cultivo, están los que siembran, están los raspachines” y un pocotón de gente más que no

recuerdo durante ese proceso; pero los subsidios llegan es a las personas dueñas de los cultivos y las otras

personas quedan desprotegidas porque ellas no reciben el ingreso. Entonces, esas personas son las que de pronto

le dicen a otro grupo, caen en otros grupos, claro, porque buscan la forma de hacer los recursos porque ya no tienen los recursos que les daba la producción de coca, por ejemplo… les cuento: los procesos… hay otras

personas que dicen que no le han llegado, de las personas que se acogieron al Acuerdo dicen que no les ha

llegado realmente las ayudas que requieren para sus cultivos, no han podido legalizar la tierra … entonces el

acuerdo era que se les legalizaba la tierra, pero también se les daban los apoyos técnicos para el cultivo de la

tierra pero puede que tuviera los recursos técnicos, la maquinaria, pero no hay caminos para llegar a esas tierras;

entonces ¿qué hay que hacer realmente?…esa es una respuesta muy grande: primero, abrir caminos, legalizar

las tierras, dar las ayudas técnicas.. bueno, muchas ayudas para que los campesinos empiecen a cultivar (...) Hay

muchas realidades que nosotros aún desconocemos o que se nos hacen absurdos que sigan existiendo en los

territorios... envían a algunas personas que no quieren sino articularse con la Alcaldía y la Gobernación pero no

quieren ir a los territorios, claro que hay gente que si la hay, toda regla tiene su excepción, pero aún falta mucho

y de pronto aún falta realmente compromiso del estado, faltan recursos en todo sentido; entonces esos recursos

que van para la guerra que ayudan a fortalecer la guerra.. por qué no ponerlos al servicio de los territorios, por qué no hacerlos llegar a los territorios para que realmente subsanen todas esas necesidades que hay en los

territorios (...) exacto y las capitales de las ciudades grandes puede que hayan... se inclinen algunos proyectos,

algunas actividades de las capitales grandes, pero tenemos que llegar propiamente allá donde se generó la

guerra, a donde el diario vivir era el sonido de las balas, los helicópteros, las bombas, las minas… todavía hay

mucho por hacer (...)” R3

Hasta el momento se ha hecho mención de cinco formas de reparación presentes dentro

de los relatos: la verdad, la justicia punitiva, la no repetición, las medidas de satisfacción y las

reformas estructurales; acompañada de estas, se encuentran otras que podrían obedecer a la

reparación de tipo material; dentro de las cual se encuentra la indemnización de tipo

económico. Según lo que se percibe a través de los relatos, esta ha sido de las formas que más

genera disparidad respecto a las posturas entre unas víctimas y otras, llegando incluso a

provocar tensiones al interior de procesos y movimientos. Un claro ejemplo de ello, se

evidencia entre los relatos de Lilia y Blanca, pues la primera, aunque no desconoce esta como

una de las formas que compone la reparación integral; desde su relato se percibe la idea de que

dada su formación, su postura política y todas las enseñanza heredadas de su padre, sería la

forma más precaria y que menos contribuiría a la dignificación de los procesos y a la

transformación de la noción de víctimas desde el carácter asistencialista que aún se mantiene

en algunos sectores sociales, y que a veces se refleja desde las prácticas emprendidas por el

Estado.

252


Reconoce además, que aunque algunas de las personas que han sufrido algún hecho en

el marco de la violencia sí poseen dicho interés, esto no es un factor común ni identitario entre

los movimientos y los colectivos de víctimas, pues su intención tiene unos fines políticos claros

y unas intencionalidades de transformación que no serían compensadas desde ningún tipo de

indemnización de tipo material o económico; tal y como se mencionó líneas atrás al hacer

referencia al estatus de víctima. Llama la atención que para referirse al tema Lilia acude evoca

las carencias económicas que tuvo durante una etapa de su vida y desde allí insiste que pese a

las situaciones que vivió, decidió no recibir ningún tipo de subsidio o reparación económico

dadas las intencionalidades referidas anteriormente.

“(...) Me daba antes vergüenza decir que era… vergüenza no… no sé porque me limitaba a decir que yo

no tenía... muchos inconvenientes económicos he tenido en mi vida, yo también serví en casas durante mi

bachillerato y me ayudaba para mis gastos mi mamá, mi mamá trabajaba en casas de familia y yo le ayudaba a

ella; entonces después caí en cuenta, me sentía una berraca, he salido a adelante, uno es capaz de salir adelante, no me gusta el asistencialismo, jamás en mi vida nunca a pesar del hambre que hemos pasado nunca recibimos

limosnas, ni subsidios, ni los hemos recibido… eh… siendo víctimas del conflicto nunca recibimos un subsidio,

nos llamaron una vez de la Unidad de Víctimas para que asistiéramos por la reparación administrativa , eso es

una grosería, así sean dos millones de pesos, eso no nos interesa porque lo que necesitamos es la verdad de lo

que ocurrió. Muchas personas y muchas familias cuando trabajé en la (UADA) fracturaban, se terminaban, se

peleaban, se demandaban, se iban a las manos por quinientos mil pesos y es cierto, uno a veces, y la vida premia…

pero entonces yo me pongo de ejemplo, si yo pude, si mi familia pudo, por qué ellos no pueden; entonces a veces

la pobreza mental es superior a la pobreza económica, uno tiene que tener las ganas de salir adelante y todo

esto.. esa dignidad… eso se llama dignidad... y la dignidad para mí, creo que va articulada junto a … con una

formación ideológica y con una mirada y una postura crítica (...)” R3

“(...) otra parte también es la indemnización y la indemnización puede ser en dinero, algunos la quieren

es en dinero, por los daños materiales o físicos que hayan recibido; si, para muchos la indemnización la toman

solamente... la reparación la toman solamente en dinero, no … no otras formas que hay (...)” R3

Blanca por el contrario, comenta que ella sí ha sido convocada y ha estado interesada

en este tipo de medidas, pese a que no se ha visto beneficiada de las mismas. Asimismo,

menciona que, pese a que se toma como excusa el apoyo y la colecta de recursos para

emprender medidas de reparación, en algunas ocasiones, estos recursos no llegan a quién

corresponde; esta situación es comparada con una teletón realizada por la Alcaldía Mayor de

Bogotá en el marco de la emergencia sanitaria del 2020 y de la que hasta ahora no ha recibido

ningún tipo de subsidio pese a ser víctima, indígena y de tercera edad. Es importante mencionar

que aunque Blanca este a favor de este tipo de apoyos, no hace parte del grupo de personas

253


cuyo único interés es este, puesto que a lo largo del relato se han hecho evidentes todas las

acciones de memoria y de denuncia que ha realizado; por lo que, vale la pena aclarar, que este

es percibido tan sólo como uno de los elementos que constituye la reparación integral.

“(...) Nosotros que nos iban a dar la indemnización, que nos iba a salir ¡Pura mentira, Juancito! ¡Nada!

¡A mí me llamaron! ¿pero a dónde está? ¡Nada! A él también, porque él declaró aparte ¡Tampoco! (refiriéndose

a su hijo) Se queda ahí en papel. Por ejemplo, esa Teletón que hicieron de ¿57mil millones? Creo que fue (...) Sí,

ese día … ese día salí yo … que estaba esperando yo para verla … en Canal Capital ¡¿Canal capital fue, Coy?!

(le grita a su hijo) Que salí ese día (...) ¡Sí, ese día estaba lo de Teleton porque pasaron lo mío! ¿ah? ¿y dónde está la plata? ¡y tanta gente! ¡porque hay mucha gente! Por eso es que la gente está indignada, es por eso, mi

amor. Y tanto mercado porque ¡mercados en cantidades! ¡camionados! ¡y yo no sé qué los hacen! ¡La verdad

no sé! O como son cosas que no son perecederos de pronto los guardan ahorita que empiece la política ¡no sé!

¡o los están llevando para tenerlos con tiempo! ¡no sé! (...) Sí ¡Eso no le digo! ¡Los indígenas nos dijeron así!

Allá en la Guajira ¡No, eso está muy duro! ¡Qué vamos a hacer! (...)” R4

Ahora bien, aunque a partir de los relatos de algunas de las participantes se ha hecho

mención sobre cómo su participación en los movimientos y colectivos de memoria ha hecho

posible desentrañar profundos dolores, realizar procesos de sanación (como lo menciona

textualmente una de ellas) y emprender procesos de reconciliación, se insiste en la importancia

de la reparación psicológica como parte de las medidas en el marco de la reparación integral.

A propósito Lilia y Milena coinciden en la necesidad de recibir ayuda externa de carácter

psicosocial.

Al respecto, Lilia refiere que para algunas personas el no acceder a este tipo de

reparación se convierte en una barrera para el logro de la reconciliación y la construcción de

paz.

“(..) la rehabilitación que es la parte de la reparación, la rehabilitación… ya sea… personas que hablan

solamente de una parte pero también está el apoyo psicológico, muchas personas no han tenido apoyo psicológico

y eso es lo que las sigue… las sigue alejando realmente de esa reconciliación y esa paz que nosotros estamos

buscando (...)” R3

Milena por su parte, menciona en su relato que ella en compañía de su hermano hicieron

parte de estos procesos de reparación psicológica (en este caso, no por parte del Estado si no

de la organización acompañante) y a través de esta experiencia reconoció que, si bien el hecho

sufrido en su familia, a causa del suceso que padeció su madre en medio de la toma y la retoma

254


del Palacio de Justicia, hay otros hechos de mayor gravedad y que implican en cierta medida

mayor traumatismo. Lo anterior, permite entrever una relación entre la reparación psicológica

y la categoría de víctima como elemento identitario; el cual se abordó previamente.

“(...) en ese otro proceso ella trata de ser cuidadora, entonces está más pendiente de que mi hermano y

yo estemos en proceso de reconciliación digámoslo así, con los terapeutas de la corporación (interferencia)

quienes siempre nos han ayudado y digamos que ahí hemos visto víctimas de muchas victimizaciones, hemos

convivido con jóvenes de nuestras edades que han sufrido cosas que… claro perder una mamá es terrible, en esta

condición… pero otras cosas, como ver que entran a su casa y asesinan a tus papás frente a ti, que los torturan, que los desaparecen que los secuestran, entonces… digo yo, traumas mucho más fuerte en… sin demeritar lo que

nos ha pasado a nosotros… pero que en esa ayuda psicosocial que nos han brindado y también nos han ayudado

a transformar, y siento yo que eso ha sido uno de los pasos importantes que yo he podido dar para asumir mi

papel de víctima, pero como de víctima transformada… no me quede en la víctima del dolor, de la rabia, del

rencor, porque vi como acabo vidas, por que vi cómo se fueron muchas personas con esos dolores… y yo no

quería pasar por eso (...)” R4

En conclusión, aunque no se profundiza mucho al respecto, Lilia menciona la

restitución como otra de las medidas de reparación. Aunque esta podría sugerir ser parte de las

medidas de reparación material (por ejemplo, a través de la restitución de tierras); se percibe

desde su relato que esta no tendría únicamente este carácter, pues también menciona la

restitución en términos de retornar a la libertad y de la protección del Estado.

“(...) la reparación… ¿qué consideramos nosotros por reparación? … la reparación es una parte o es

el todo, la reparación debe ser integral, y la reparación integral que la conforma? La restitución, la restitución

entonces puede ser de muchas formas: restitución... retornar a la tierra y que nos retornen lo que teníamos,

restitución para muchos tambien es obtener la libertad que perdieron, la protección del Estado es una parte de

las de restauración (...)” R3

En síntesis, los sentidos que tienen para las víctimas la reparación radican en la

comprensión de esta como un proceso integral que requiere de la voluntad política y social de

diferentes sectores, con el fin de garantizar el esclarecimiento de lo ocurrido, el derecho a la

memoria, la transformación de las condiciones que posibilitaron los hechos y la visibilización,

en la esfera pública, de las versiones no oficiales en torno a estos. Pese a que se reconoce la

reparación material y de tipo económico como parte del proceso, se insiste en que esta

comprendería tan solo uno de los múltiples elementos que conllevaría al sentimiento de

reparación.

255


Duelo.

Es importante recalcar que las medidas de satisfacción están orientadas, en parte, a

facilitar el proceso de duelo colectivo e individual; el cual se percibe, se ha posibilitado en las

víctimas gracias a su pertenencia a procesos sociales. Este, no obstante, como recalca Marina,

no se realiza de una forma convencional (centrada, por ejemplo, en un proceso de

acompañamiento psicológico o terapéutico) sino que está enmarcado también (al igual que las

narrativas y las pedagogías) dentro del simbolismo.

Tal y como lo afirma Kübler-Ross y Daurella (como se citó en Ariza, 2016) al hablar

de las etapas del duelo, específicamente al referirse aquella denominada “depresión”, la

expresión pública de las emociones (como la tristeza) y de las acciones (como el llanto), resulta

ser fundamental dentro del proceso, en tanto facilitan la superación y aceptación de los hechos

ocurridos y, en efecto, la conclusión exitosa de este. En este sentido, no es condicional la forma

a través de la cual se haga explícita esta manifestación, sino que la trascendencia de esta etapa

está puesta en la posibilidad que se da el doliente de explorarla. Por ejemplo, en el caso de

Marina ella lo hace a través de la elaboración de telas en las cuales plasma los acontecimientos

sufridos, lo que se traduciría en una forma, aunque menos evidente, significativa para ella.

“(...)Bueno, sí, lo de sanación es que cuando tú estás cosiendo. Tú estás como conversando como si

estuvieras leyendo un libro; entonces acuérdese que lo de nosotros es en una tela grande, con pedacitos de tela,

vamos contando historias. Uno dentro, o sea … yo solamente sé, cuando yo estoy haciendo una tela, qué es lo que quiero contar allí en esa historia, en esa tela, qué historia quiero contar en esa tela. Hay algunas que son

gruesas y se dicen. Pero yo pienso que hay otras partes que quedan dentro y que la persona no dice, pero sí lo

dice en la tela. Entonces por eso las personas cuando cosen se comienzan a sensibilizar. Eso no es un proceso de

un día. Eso es un proceso muy largo. También nosotros hicimos muchas terapias de sanación … de … algunas

terapias …las personas que estuvimos ahí desde el principio pues estuvimos esa parte y sabemos cómo, o sea …

uno conoce cómo … cómo … eh … ese proceso … eh … le va como … sacando, limpiando a uno muchas cosas.

Entonces esos son los procesos de sanación. Los procesos de sanación no quieren decir es que yo me siento con

otra persona y … no, es conmigo mismo, que yo me doy permiso de sacar esas cosas. Porque la persona cuando

… mire, puede tener el psicólogo más bueno de este mundo, pero si no quiere sacarlo, no lo saca. Cuando se

empieza a hacer eso que se hace en el Costurero, que se empieza (...)” R1

La participante es enfática al afirmar que este es un proceso personal y gradual que va

surgiendo a medida que se van sacando a flote sentimientos de dolor. De allí la coherencia, que

256


se puede dar entre estas afirmaciones y las etapas propias del proceso de duelo expuestas por

Kübler-Ross & Daurella (como se citó en Ariza, 2016). Llama la atención, al respecto, que ella

no hace mención en términos de duelo, sino que se refiere a este, en términos de “sanación”,

lo que permite suponer que es como si hubiese una herida abierta que se debe sanar.

“(...) No! ¡Eso como usted ya ha visto eso la gente lo va sacando! Eso lo va sacando. Bueno, de pronto

la primera tela; de pronto es cohibido y es un poquito vana, pero ya la segunda tela, ya empieza la persona a

soltar, porque quiere contar muchas más cosas(...)” R1

“(...) Ajá, sí, va fluyendo, exacto, ujum. Por eso es, otra vez le digo, por eso son procesos de sanación,

porque ¿cuándo usted saca? Cuando ya usted va sanando. Cuando usted cree que puede, que puede ya libremente irlo sacando, irlo contando. Y usted mismo se ha dado cuenta que en el Costurero a nadie se presiona; por decirle

algo, “usted cuente esto”, “cuente lo otro” ¡No! Es libremente. Las telas son libres(...)” R1

Además, la misma participante resalta lo favorable que ha sido este proceso, no solo en

su caso, sino en otros; permitiendo ver los alcances, que no solo a nivel personal, sino también

colectivo pueden surgir desde los procesos de duelo materializados a través de formas

simbólicas como la elaboración de telas.

“(...) ¡No porque date cuenta de que si tú hablas con las personas lo que las personas dicen este proceso

me ha servido! ¡Este proceso me ha servido porque yo antes era esto y ya soy esto! Eh, por ejemplo … eh …

volviendo al caso de Suba, si tú hablas con Sorayda, mira, Sorayda … una mujer … eh … una mujer muy bonita;

porque Sorayda es una mujer muy bonita, muy elegante, joven, porque Sorayda todavía está joven y cuando ella

llegó al Costurero ella no habla ¡Y quién va a creer! No sé si tú te acuerdes de Sorayda, el perfil de Sorayda es

de una mujer como de estrato seis ¿sí? Sin embargo Sorayda venía con mucho conflicto interno; la violencia

intra-familiar … de unas situaciones. Ella hoy en día dice “no, Doña Marina, es que usted no sabe lo que a mi

me ha servido el Costurero y yo … yo por eso … yo donde, mejor dicho, yo la sigo” ¿sí? Si tú hablas con Rosa

Bernal, Rosa Bernal “a mi me ha servido mucho el Costurero para mis duelos porque yo venía de la muerte de mi mamá, de otros familiares, entonces yo ya estaba consumida en ese dolor y eso, mejor dicho, yo no siento

como que estoy sola” y usted ve que las personas así no estén en el Costurero están haciendo algo en sus

casas(...)” R1

En relación, se presenta el Caso de Lilia quien inicialmente reconoce lo doloroso que

fue aprender a convivir con esta nueva realidad (la ausencia de su padre); y cómo este

sentimiento, volvía a salir a flote cada vez que se refería al tema, (la muerte de este) llevando

incluso a la somatización del hecho. No obstante, este dolor (tal y como sucedió en el caso de

Marina) se fue desdibujando a medida que se iban haciendo públicas sus expresiones a través,

por ejemplo, de la elaboración de telas (puntualmente, en su caso, la elaboración de mapas).

Lo anterior permite percibir, cómo el arte se convierte en una forma a través de la cual se

257


canalizan los sentimientos y se permite la expresión de emociones que no habían podido ser

manifestadas en otros espacios (por ejemplo, anteriormente refería que no podía hacerlo con la

sociedad ni con su familia o en eventos), es decir, cómo este se convierte en un mecanismo que

facilita el proceso de duelo, y desde allí, el surgimiento de acciones enfocadas y tendientes

hacia la resiliencia.

“(...) para mí era muy difícil… yo llegaba a llorar todos los días a la casa, empecé a hacer casi que

alternativa de choque... fue muy difícil… me empecé a enfermar… ahí aprendí que sí es cierto eso de que uno va

guardando y después van saliendo las enfermedades... perdí la voz... fue un proceso súper difícil (...)” R3

“(...) lógico que cuando a uno le ocurre el hecho hay rabia, hay impotencia, hay dolor, hay desesperanza

y a lo largo de la vida también llega a haber (...) y entonces, el trabajo de memoria yo lo he venido haciendo desde que se fue mi papá… después de muchos años me di cuenta de que yo tengo varios poemas, tengo varios

cuadros que nacen de dónde... del sentimiento; yo no tenía con quien hablar de la situación, así que hice un

poema, hice un cuadro y lo enmarque. Yo trabajo mucho los mapas, yo formaba para que le cuente a su

compañera, a mí me caracterizan mucho los mapas, me criticaban en uno de esos colectivos que estuve “usted

no sabe sino hacer mapas de Colombia” y entonces una psicóloga me dijo “siga haciendo sus mapas de Colombia

porque usted se identifica, su vida transcurrió alrededor de la postura política de Colombia, de la parte social,

entonces eso es lo que usted está reflejando”, yo no lo había entendido hasta ese entonces ... no es aparte, entonces

de lo que yo hago, en alguna parte hay un mapa de Colombia; entonces, la rabia uno la puede canalizar, el temor

también, la nostalgia sigue.. pero los sueños y la esperanza sobre todo... los sueños y la esperanza juntos, deben

seguirnos moviendo y es lo que me ha movido a mí y lo que ha movido a muchísimas de las víctimas y por eso

seguimos trabajando (...)” R3

Contrario a las otras tres participantes que asocian el duelo, en un primer momento con

emociones negativas y con la soledad, Blanca enfatiza en el acompañamiento de los miembros

de su comunidad (es decir, de la comunidad Wayuu). En este, la importancia del duelo parece

radicar en que el alma del ser querido no se sienta sola. Además, desde el momento del entierro

se evidencian actos de memoria, puesto que son enterrados con objetos que evocan el recuerdo

de la persona (aspecto que desde Ricoeur (2000) se denominaría, como se ha abordado

previamente, “indicadores encaminados a proteger contra el olvido” (Ricoeur 2000, p.59).

Asimismo, se evidencia una división de las actividades de acuerdo con el sexo: las mujeres se

encargan de la preparación del alimento (que es compartido con los invitados), mientras que

los hombres están compartiendo entre ellos. Lo suscitado por Blanca, además, se relaciona con

una de las tareas del proceso de duelo descritas por (Beristain, como se citó en Ariza, 2016, p.

52) quien relaciona la aceptación de la pérdida con realización de rituales y ceremonias de

258


despedida y recuerdo; al respecto, cabe mencionar, que tal y como sucede en el caso de Blanca

estos rituales están sujetos y mediados por referentes culturales, en este caso, su condición

como mujer perteneciente a una comunidad indígena (Wayuu).

“(... ) Eh, bueno, primero que todo allá la gente es muy … muy … comprometida, muy respetuosa con

sus costumbres, con su tradición. Por ejemplo, allá en la comunidad se muere una persona y eso es muy sagrada

esa persona. Si es una mujer, más. Si es una persona mayor, aún más. Hay mucho respeto. Y en la comunidad,

por ejemplo, si es un señor ya mayor a ellos los llevan a su cementerio; ellos allá son sepultados, pero ahí le

ponen, por ejemplo, si era que tomaba chirrinche, le ponen su botellita de chirrinche, su cigarrillo o su tabaco que para que él siga en su camino fumando, tomando su chirrinche, tomando tinto, tomando chicha. Eso siempre

se lo ponen en la tumba; cada mes, allá a esa persona. Si es mujer, también. Ella de pronto no le ponen su

chirrinche, pero si toma, le ponen su café; porque allá la mayoría de las mujeres, las “machis” que les dicen,

ellas toman mucho tinto. Entonces les ponen su tinto. Algunas que fuman tabaco, cigarrillo, se lo ponen también.

Y su chicha. Chicha de maíz y … y cada mes, por ejemplo, al principio la gente va a visitar la tumba: el nieto, la

nieta, los familiares. Si fue una persona muy querida, con mayor razón. Y, por ejemplo, cada año uno va allá a

acompañar todo el día. El día de las ánimas que es el día 02 de junio … 02 de diciembre … creo que es ¡De

noviembre! Entonces uno va allá; se va todo, por ejemplo, toda la familia. Se madruga. No es que uno vaya a

salir a las seis. A las cuatro de la mañana sale con ollas, con comida, el chivo, el chirrinche, el café, todo. Allá

al cementerio a estarse todo el día. Ustedes hombres apartan su chinchorro, a contar cuentos, o a dormir. Más

que todo contando cuentos y tomando aromática, tomando tinto, porque una de las personas les está dando tinto a ellos ¿qué hacen ellos? Acompañando el espíritu de esa persona, para que esa persona no se sienta sola, que

siempre está uno con ellas, como lo he hecho yo con mi hija. Que a veces dicen que porque toman las muchachas,

eso …. Gente que no sabe. Uno se siente feliz. Por ejemplo, tú tomas. Tu novia toma. Y yo me siento contenta,

porque usted está contento, dándole esa energía, esa alegría a mi hija que está contento, tomando por ella,

dándole ese acompañamiento. Entonces uno como mamá se siente feliz y la familia se siente contenta porque

recibe el chirrinche, recibe la chicha, el tinto, la aromática, que … que … la comida ¿sí? Que están comiendo.

Entonces todo ese acompañamiento lo que hacemos todos los 02 de noviembre; eso es como … una tradición

anual de ¡No solamente nuestra comunidad! Si no de todas las comunidades en la Guajira, en la comunidad

Wayuu. Y también, por ejemplo, cuando hay entierros. Cuando, por ejemplo, cuando van a enterrar a una

persona. Por ejemplo, cuando hicieron en el caso de mi hija, que la fuimos ya a llevar los restos, a enterrarlos

en un osario que allá está ella, entonces lleva uno bastante chivos. Por ejemplo, al alcance de uno porque hay

familias que llevan demasiado, bueno, hartos, porque es mucha gente. Yo no lleve si no 30 chivos porque no tenía la capacidad para comprar de pronto más chivos pero entonces fue … y esos chivos no es para de pronto

guardarlo ¡No! Eso es para matarlo y comérselo toda la gente. Que la yuca, que pelar platano, que asar plátano,

que asan yu … eh … chivo, criche, bollo con friche, sancocho (...) El 02 de noviembre y cuando hay una persona

muerta que en esos velorios hay mucha ... hay velorios que son de mucha gente. Mucha. Que eso vienen mil, dos

mil personas. Entonces no es una res. Matan hasta 100, 200 reses. Matan mil chivos, 200 chivos, porque eso es

desayuno chivo, almuerzo chivo, comida chivo, o res. Bien atendidos ¡Porque eso no crea que le van a dar un

pedacito así! Le dan grande. Y si usted va con su papá y con su mamá “Tome, Juan, un chivo” Ese chivo le dan

si tienen arroz y todo eso le dan para que, supongamos, su mamá o su novia o su mujer va y cocina para usted y

demás del grupo familiar. Pero no se puede llevar el chivo para ninguna parte pa’ hacer cría. Ese chivo tiene

que comérselo ahí mismo. Entonces ustedes lo matan, comen ahí, pero ya no comen de acá de los … porque a

cada familia, desde que sepan, le mandan lo suyo para que cocinen, entonces ellos llevan su chinchorro, su granola; ya la gente tiene … sabe que si usted va a ir tiene que llevar pocillos, vasos pa’ hacer el café. Pa’ toda

parte. Entonces esas rancherías son inmensas, donde cuelgan mucho chinchorro. Mucho. Sarita la que … fue con

nosotros; ella hizo un documental sobre eso, muy bonito, que no sé por qué no me lo ha dado pero eso es muy

bonito; una cuestión de velorio de las comunidades indígenas. Y el respeto, como la … alegría, como … ¡No

porque se murió! Si no de que está acompañada; ella está con todas esas personas comunes que están

acompañando (...)” R4

Así, se percibe el apoyo de otros como parte esencial para el manejo del dolor. Además

de las tareas ya mencionadas asignadas a cada sexo; de acuerdo con el relato, no es común que

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los hombres, dentro de los rituales, lloren; motivo por el cual se hace evidente que existe una

diferencia frente a la expresión de las emociones en función del género.

“(...) ¡Sí, sí, allá se llora! Busque en YouTube “Quinograma”. Ahorita lo vemos pa’ que lo vea el vídeo

y lo miras tú. Allá uno cuelga, por ejemplo, el osario. Los restos de mi hija la colgamos así. Entonces uno se tapa

la cara (las mujeres) y a los hombres. Pero cuando un hombre llora al pie de una persona es un dolor muy grande.

Es muy contado el hombre que se arrima a llorar. Ante todo los palabreros. Entonces uno … allá llegaban las

mujeres. Ahora lo vas a ver. Se tapaban acá y lloraban. Pero un rato y de ahí sí están comiendo, están contando chistes, se ríen ¡Pero no se ríen burlando! Si no una … una risa como … eh … de afecto ¡Claro, las muchachas

dándole su tinto! ¡Su chicha! De pronto usted tiene sed, agua. Bueno, toda esa atención, entonces la gente

acostada. Y como te digo para mí, o para la gente, eso es muy bonito porque eso es como darle alegría a uno

como madre, como … víctima ¿sí? En ese momento uno no está …. ¡Sí, llora! ¡Pero el momento! Pero no es que

esté muy …. No (...) ¡Sí, claro, y todos los abrazos que le dan a uno en ese momento! ¡Todos esos pésames que le

dan, es como tan buenos! Para nutrirlos a uno, darle esa energía. Sí… (...)” R4

Por otra parte, la importancia de los objetos como indicadores para evocar la memoria

del ser querido es tal que, posterior al entierro, se siguen dejando estos en su tumba. De acuerdo

con lo relatado por Blanca, esto obedece - dentro de las creencias de la comunidad - a que se

considera que el alma está viva; esto a tal punto que se le atribuyen posesiones. Lo anterior

también es coherente con lo expuesto por Ariza (2016) en torno al proceso de duelo, para quien

dentro de este se permite el recuerdo del ser querido a través de ceremonias, monumentos, y

todas aquellas acciones que permitan su evocación.

“(...) Sí, y ahí queda esa persona enterrada. Y como te digo. Y usted va y le pone algo allá y eso no se lo

roban. Eso es muy respetado. Solamente que sea una persona de una parte que no conozca la cultura y si lo llegan

a ver, vea ¡Que se atenga! Porque de pronto él viene y le pone una veladora o unas flores plásticas a … como

allá es caliente, llevarle flores a la tumba y ponérselas ahí. Y algunos se lo roban. Eso sí … eso es duro, porque

dice la gente “No, no tiene por qué llevarse porque eso no es de nadie sino de ella”. Allá está mi hija enterrada y allá hicieron un mural así, vea ¡Eso es lindo ese mural que le hicieron! ¡Le hicimos! Están plasmadas allá las

manos de varias universidades. Y están las lápidas, donde está ella, que … que lo que hicieron fue muy bonito. Y

ella está allá enterrada en un osario donde la enterramos (...)! R4

Como se señaló previamente, Blanca insiste en la relevancia que tiene la

conmemoración y el acompañamiento de otros frente al proceso de duelo y de memoria de la

comunidad. Llama la atención el hecho, por ejemplo, de que se convoquen a allegados a la

familia para la conmemoración de la muerte de su hija, pese a que estos no pertenezcan a la

cultura Wayuu. Asimismo, se realizan conmemoraciones en Bogotá que evocan a las

tradiciones realizadas en la Guajira, lo que evidencia que, pese a que estas se conservan, el

duelo implica también un proceso de negociación cultural y, como lo señala Ariza (2016), “un

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rol de negociación social entre los dolientes de la persona fallecida y el resto de la sociedad, en

el que se permite el recuerdo, pero con la condición de seguir viviendo en comunidad” (p.54).

“(...) Sí, yo creo que este año ya no se va a poder hacer ese … es que no solamente yo hago el mio, eso

lo hace doña Gloria, Gloria Pedraza ¡Uy, varias organizaciones! De ahí del MOVICE. Varias personas les hacen

homenaje. Unas por acá. Otras … la mía siempre la hago en el Parque de los Periodistas. Las otras … eh … la

otra vez hizo Doña Gloria ¿dónde fue? ¡Ay, yo no me acuerdo! ¿Dónde fue la de Doña Gloría? ¡En la CU! Ahí

en Ecopetrol … Bueno, y así, se hacen varias actividades de homenaje en distintas partes. Los primeros de mayo

que es ahí en la séptima que es donde Yuri ¡Muchas, muchas cosas! Pero ya este año está …. (...)” R4

“(...) Sí, porque nosotros la conmemoración mía es … darle chirrinche, llevar el chirrinche como

tradición de allá de la cultura Wayúu, que allá, por ejemplo, cuando hacen un homenaje o un velorio entonces se

da el chirrinche, entonces uno ya …. Yo ya lo tengo hasta comprado en la Guajira pero no lo he podido traer

porque ahora para qué. Entonces el chirrinche usted toma, toma su novia, toma su hermana, bueno …. Todos los

muchachos que van de universidad, porque van muchos. Eso no va uno. Eso es mucha gente. Y nosotros

colocamos toda la galería, tanto la mía como la del MOVICE. Y el MOVICE nos acompaña y van, por ejemplo,

los claretianos; los niños cantan … eh … Virgelina Chará cantó el año pasado muy bonito. Y bueno, así siempre.

Toda … mucha gente que hace parte “No Blanquita, yo voy a bordar” como yo tiendo una tela ¡Ahora te la

muestro! Una tela en el suelo. Le pongo una veladora y ahí escriben los mensajes. Todas las personas escriben

un mensaje. El que quiera. Y eso es una tela que yo la guardo ¿y qué más hago? Reparto las camisetas, de pronto botones, de pronto una totuma pa’ que tomen chirrinche ¡Muy bonito! Siempre yo lo hago todos los años, en

homenaje a ella (...)” R4

En el caso de Milena, tal y como lo sustenta Heeke (como se citó en Ariza, 2016), la

ausencia de un cuerpo en el proceso de duelo implica otra serie de comprensiones y así mismo

de consecuencias para la realidad del doliente (en este caso Milena), pues la incertidumbre del

posible regreso o no, de su madre a su lado, dificulta el tránsito por cada una de las etapas del

proceso. A lo anterior, se añaden las indicaciones dadas por parte del colectivo de los familiares

de los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia frente a hablar de estos

en presente-, lo que en efecto, conlleva a que por varios años se mantenga la esperanza de que

esta pueda aparecer con vida (pese a las múltiples pruebas que sugerían lo contrario). De allí

que se hagan preparativos y se le tenga en cuenta dentro de celebraciones familiares; asimismo,

que se hacen rituales dentro de la familia en el marco de un eventual regreso, y se conserven

los objetos personales.

“(...) pero mi abuela guardó su cama...su cama estuvo un año armada, su ropa en el closet, un año… y

duramos en la casa donde vivíamos un año; luego de la desaparición de ella… ya luego nos vamos de esa casa,

entonces se desarma su cama, y su ropa, y sus fotos, y su música, y sus zapatos se meten en un baúl… entonces

sigue quedando… para mí, las emociones… y para mi abuela Rosalvina los recuerdos… ehh… a vísperas de

octubre, finales de octubre y principios de noviembre, era sacar ese baúl, lavar esa ropa, colgarla… siento yo

que era un día como todo de un ritual… sentarse a escuchar música… ehh… fumar cigarrillo y tomar tinto, y

volver a guardar su ropa como un ritual nuevamente a ese baúl y volverlo a cerrar (...)” R2

261


“(...) Muchas familias también sé que duraron mucho tiempo esperándolas, incluso comprando regalos

de navidad, comprando el regalo de cumpleaños en la espera… entonces digamos que mantener la memoria viva

para nosotros era la esperanza de que ellos un día tocaran la puerta, y volvieran… (...)” R2

Es necesario resaltar que, precisamente - dada la relación que se establece entre el

proceso de duelo y los movimientos sociales - Blanca refiere que este proceso se desarrolla con

mayor facilidad en ciudades como Bogotá, en las cuales tienen mayor fuerza los movimientos

de víctimas. Refiere, por ejemplo, que al no haber colectivos de esta índole en la Guajira, su

proceso se hubiese visto dificultado. Asimismo, narra la experiencia de cómo en territorios con

poca presencia estatal pudo evidenciar que las personas no habían podido dar un tratamiento a

su dolor por la falta de estos espacios y por condiciones de pobreza; dado que la mayor parte

de su tiempo lo deben dedicar a actividades que garanticen su supervivencia.

“(...) Sí, porque allá, pues … ¡No, no! No es … no hay organizaciones como hay acá en Bogotá ¿ya me entiendes? Que hay mucha organización y hay muchas universidades, que hay muchos estudiantes como tú. Están

yendo. Nos están contando. Están en marchas. Están llamándonos “va a haber una actividad”, “va a haber un

encuentro” Entonces eso ayuda mucho. En cambio allá ¿Qué organizaciones hay en la Guajira? ¡Pero pequeño!

En cambio acá que es una capital … (...)” R4

“(...) Esas mujeres no han sanado todavía. Esa vez que fuimos ¡Ay, esas mujeres lloraban! ¡Mujeres que

tienen 20, 30 años y son víctimas! Pero ellas como no han estado en espacios si no en el campo, ahí, cocinando,

sembrando. Entonces no tienen tiempo como para sanar; para como reconciliarse o hablar con otras compañeras,

entonces ellas tienen todavía ese dolor ahí latente. Ellas apenas nos veían presentar la obra … ¡Porque es una

obra muy dura! Sí. Cuando llega el paramilitar y le pido perdón a uno …. ¡Bueno! Esas mujeres … a una tuvo

que ir el cura y llevarle agua ¡uy! (...)” R4

En conclusión, aunque los sentidos en torno al proceso de duelo varían entre una y otra

participante, al ser este un proceso singular que varía en función de factores como la

significatividad de la persona ausente, las condiciones socio-culturales del doliente y el

conocimiento que se tenga sobre cómo ocurrieron los hechos, en los cuatro relatos se percibe

que la participación en procesos sociales constituye un mecanismo de superación ante la

pérdida debido a la posibilidad de socializar el dolor con otros y de recibir apoyo de estos. En

el caso de Milena, no obstante, se hacen evidentes ciertas dificultades en torno al proceso de

duelo debido a la no presencia de un cuerpo, la incertidumbre ante la muerte de su madre y las

orientaciones de su colectivo frente a hablar de esta en presente.

262


Perdón y reconciliación.

Como punto en común entre el perdón, la reconciliación y el duelo se destaca el hecho

de que estos son ante todo procesos singulares y graduales que varían de acuerdo a las

condiciones que posibilitan y dan paso a su surgimiento; en este caso, no obstante, como se

abordará más adelante, no todas las participantes hacen mención a este como un proceso

deseable o necesario.

De acuerdo con Ricoeur (2000), el perdón (que para el autor “constituye el horizonte

común de la memoria, de la historia y del olvido” p. 585) se somete a una tensión: por un lado,

la confesión de la falta (que de por sí es un acto de rememoración al tener la capacidad de crear

historia) y, por otro, el otorgamiento del perdón. El primero de los elementos (la confesión)

estaría relacionado con la imputabilidad y con el hecho de que se reconozca la responsabilidad

del acto; la existencia de la falta y de alguien a quien acusar de la misma, serían por lo tanto

las dos condiciones del perdón.

Dicha tensión se evidencia dentro del relato de Milena, quien - pese a que manifiesta

que, dadas las condiciones adecuadas, se encontraría dispuesta a perdonar - no considera que

en su caso esto sea posible pues, aunque reconoce la responsabilidad de las Fuerzas Armadas

en la toma y retoma del Palacio, desconoce quién dio la orden frente a los actos asociados a las

desapariciones. En este sentido, el no tener a quien acusar y declarar culpable (en términos de

Ricoeur (2000)), requeriría de una figura personal y no institucional.

“(...) Bueno yo siento que la reconciliación… depende totalmente de mí, o sea, si yo me quiero reconciliar

con mi mundo, con mi medio ambiente, con mi entorno, con mi otro… incluso reconciliarme con mi yo… y siento

que el perdón si va en doble vía, porque yo debo tener, en mi caso una verdad y un verdugo para perdonar… y yo no lo tengo… o sea eso es lo que yo entiendo… yo me reconcilio… yo me reconcilio con mi vida, yo me

reconcilio con lo que he transformado de mi dolor, de mi pérdida y de mi búsqueda, y me reconcilio con ese otro

que me ha dado la posibilidad de conocer esa otra parte de la historia… si… con las familias de los guerrilleros,

con las familias de los militares… pero el perdón… qué perdono yo, Juan.. si yo no sé la historia, si yo todavía

no tengo una verdad, si yo no tengo una persona al frente que me diga… soy yo al que debe perdonar porque yo

fui el que hice esto y esto… o yo di la orden, o yo tomé la decisión… entonces digamos que… el primer paso

siento que es reconciliarnos, el llamado a reconciliarnos con la historia, a reconciliarnos con nuestro entorno y

263


a tomar esa decisión desde mi ser… y el perdón va en doble vía, entonces yo perdono siempre y cuando sepa qué

debo perdonar (...)” R2

Aunque en los cuatro relatos de las participantes se hace mención de que los hechos de

los que fueron víctimas serían (como lo refiere Ricoeur (2000)) situaciones límites y actos que

no resultan justificables, Blanca atribuye a su victimario (es decir, a alias “Jorge40”),

condiciones asociadas con la idea del mal; incluso, podría llegar a asegurarse que lo

deshumaniza, puesto que niega su capacidad de sentir emociones como el dolor, que - de

acuerdo con ella - está presente incluso en animales no humanos. Asimismo, se realiza una

metáfora de este y de su hijo con el de una raíz “infectada”; por lo que también se rechaza la

idea de transformación por parte de los mismos, lo que recuerda a lo mencionado por Ricoeur

(2000), frente al hecho de que la culpabilidad se adhiere a la condición humana.

“(...) Eso es duro porque eso lo hacen ellos que para que, de pronto, creo yo, para que uno se vaya …

como … conscientizandose y hablando con ellos para que uno pueda perdonar, me parece a mí, y que para que uno, de pronto crea mal, que ellos van a ayudarlo a uno ¡Pero mentiras! Ahí van ellos como …. ¡para mí! … para

investigar, hacer cuenta de las cosas de las víctimas porque, de pronto, para hacerle un daño ¡Porque eso es lo

que yo puedo creer! ¡No, yo no puedo creer que una persona de esas va a estar ayudando a las víctimas!

¡Olvídese! ¡El que es no deja de ser! Así es de sencillo ¡El que es no deja de ser! Y si es … él no lo ha hecho; es

el papá. Pero es una raíz. Y esa raíz no está sana. Esa raíz está infectada. Para mí es eso. Esa raíz está infectada.

No es pura. Si fuera una raíz pura dijera uno “sí, de pronto hace algo” pero esa raíz … esa racesita … vino de

… de un victimario, de un asesino, que no tenía corazón, no tenía consciencia. No tenía como ese dolor de mandar

a matar ¡tanta gente, tanto joven, tanto niño! ¡¿Ah?! Entonces que ahora venga a decir el presidente, que no, que

eso va a venir a ayudarnos. Para mí no. Porque el papá fue un asesino a morir. Un hombre sin piedad ¿no te

digo cómo mandaba a asesinar a las mujeres? No, ese hombre no tiene corazón. No tiene corazón. Un corazón

de piedra. No se puede decir que un animalito porque ese animalito le duelen sus hijos. Y … a veces dicen eso es

un animal ¡No! ¡Ahí es mentira! Porque usted le coge a un animalito … a una vaca, alguna cosa ¡Y se le va a matar! A un caballo o a un perro ¡Muerde! ¡Porque va a defender a su hijo! Ese no. Ese es un asesino que no

tiene corazón. Ese es un corazón de piedra. Para mí es eso (...)” R4

“(...) Un asesino despiadado. Sin consciencia. Un hombre sin nombre que no tuvo compasión de mandar

a matar ¡Tanto joven, tanta niña, tanta persona! Que no estaba haciendo nada, no más porque … ¡Él! ¡¿Qué

hacía cerca del San Juan del Cesar?! Colgaba a las muchachas y Jorge40, Kiko Gómez y otros, Hernán Giraldo

y otros más se ponían a tomar chirrinche y a mocharlas con motosierra ¡¿ujum?! ¡¿Usted cree que es bonito?!

Eso es … ¿no es doloroso para uno? Y muchas que mataron ahí las violaron y las envolvieron en hojas de zinc y

las enterraron por Barranca ¡No, eso fue mucha cosa que hicieron! ¡La gente por miedo es que no habla pero

hay mucha cosa, mijo, mucha cosa! Mucho que decir de él (...)” R4

Contrario a esta postura, se presentan los planteamientos de Lilia y Milena, quienes

coinciden en la necesidad de conocer las motivaciones políticas, personales o de otra índole

que pudieron tener los victimarios al perpetrar los hechos. Sin embargo, para Lilia, por ejemplo,

ni siquiera dicho conocimiento le sería suficiente para verbalizar la palabra perdón (según

264


menciona en su relato, no siente la capacidad de expresar al ejecutor el otorgamiento de dicho

perdón); esto resulta ser coherente con los planteamientos de Ricoeur (2000) quien menciona

que el perdón está sujeto a la posibilidad de rechazo y a la manifestación, por parte de la

víctima, de no tener la capacidad de perdonar. En relación, cabe aclarar que aunque Lilia no se

sienta en dicha capacidad, no significa, según ella comenta, que esto le sea un obstáculo para

construir y trabajar con personas o instituciones que directa o indirectamente hayan estado

involucradas en el suceso que sufrió su padre. Se establece, por lo tanto, una distinción entre

el perdón y la reconciliación.

“(...) entonces yo digo... yo no soy capaz... no seré capaz de como muchas personas han dicho decirle al

que se supone estaba en el grupo o esta o el que fue…el ejecutor como también otra persona que perdonó a …

una mujer contando experiencias...ehh… creo que ella fue de los paramilitares... le asesinaron a sus hijos y una

vez llegó un hombre hasta su casa sin saber quién era, buscando ayuda porque estaba herido… y lo curó, le dio comida, le dio techo... cuando alguna vez él vio la foto de su hija, él le confesó que él había asesinado a su hija…

no sabía ni el uno ni el otro quién era el uno y el otro… algo así es la historia, ella dijo “yo lo perdoné y lo

abracé, lo cuide, y le desee el bien” … hasta allá no llego yo… yo no podría decir que lo voy abrazar, que lo voy

a besar y le voy a decir “lo perdono”.. no soy capaz y sé que no seré capaz… sería capaz de… no, no sería... he

sido capaz de pertenecer también ... como he trabajado con el Estado toda la vida si el estado fue quien acabó

con un partido político al que pertenecía mi papá, acabó con siete mil personas y de todas formas me ha

estigmatizado de alguna forma, en algún momento … no me han dado trabajo porque no tengo palanca y si digo

que soy víctima y digo que mi papá era de la izquierda no me dan trabajo pero en los trabajos que he tenido me

han respetado… entonces, si he sido capaz de trabajar (...)” R3

Asimismo, Lilia establece una relación entre el perdón y la religión; refiriendo que,

dados los planteamientos de la segunda, esta constituye para algunas personas un mandato o

vehículo que facilita los procesos de perdón. Advierte, no obstante, que pese a ser una persona

creyente, el impacto de dichas creencias no han sido un condicionante para su postura frente al

perdón y que la verbalización del mismo, por parte de personas que se identifican con estas

creencias, no representa que sus actos sean coherentes con dicho perdón. Esta posición

concuerda con lo señalado por Derrida (como se citó en Ricoeur, 2000) frente al hecho de que

el perdón proviene de una tradición abrahámica que, no obstante, se ha universalizado y ha

logrado prescindir de lo religioso.

Por otra parte, Lilia añade otra condición a los elementos ya abordados anteriormente

dentro de la ecuación propuesta por Ricoeur (2000) (es decir, a la confesión de la falta y al

265


otorgamiento del perdón). Así, se considera necesario para que haya perdón, la implementación

de cambios estructurales que garanticen la reparación de las víctimas, que transforman las

condiciones que permitieron que tuvieran lugar los hechos victimizantes y que permitan el

desarrollo de actividades orientadas al ejercicio de la memoria; estas exigencias demuestra lo

que Ricoeur (2000) contempla como una transición de la responsabilidad criminal a la

responsabilidad política, lo que permitiría el desarrollo de herramientas de reparación a largo

plazo por parte del Estado. En este sentido, se resalta la labor del Sistema Integral de Verdad,

Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); pese a que se percibe que dentro del mismo

existen personas que desconocen lo que representa ser víctima y lo que ha representado la

violencia en Colombia.

Asimismo, describe que existe una presión mediática frente al hecho de que las víctimas

verbalicen este perdón, lo que ha generado que desde los movimientos de víctimas se asuma el

“no olvido” y el “no perdón” como consignas orientadas a evitar que este se convierta en un

mecanismo de impunidad, como se percibe ocurrió con la Ley de Justicia y Paz, pues - tal y

como lo menciona Vera (2014) - el rechazo hacia esta Ley generó actos de resistencia por parte

de organizaciones de víctimas a través de medios alternativos como la memoria performativa,

desde donde se exigía - entre otras cosas - el establecimiento de una Comisión de la Verdad y

el énfasis en el Estado como uno de los responsables de las violencias (no es de extrañar

entonces que Lilia, al igual que Milena, refiera que las instituciones asociadas al SIVJRNR

sean producto de la presión de movimientos sociales).

Por otra parte, se establece como condición del perdón el hecho no solo de que el

victimario se muestre arrepentido, sino también que este transforme su vida y las conductas

asociadas con las vulneraciones que cometió; postura que es coherente con lo expuesto por

266


Ricoeur (2000) frente a que se perdona a un sujeto distinto al que cometió el acto y que a este,

en un acto de fe, le es devuelta su capacidad de actuar y de continuar.

“(...) Ahh…estaba extrañando la pregunta, siempre llegan a eso (se ríe) ... el perdón y la

reconciliación…hay una persona que admiro muchísimo, muchísimo que la conocí en una actividad de escritura,

en “Almas que escriben” y es una mujer del atentado el Nogal...ehhh.. sabemos que el atentado al Nogal fue

perpetrado por la guerrilla... y ellas hacen mucho trabajo en este momento con desmovilizados de la guerrilla y

ella dice que perdonó... porque no podía vivir toda la vida… ehh... así como iba… o que perdonaba o que mejor se iba a amargarse toda la vida… alguna vez nos preguntaron en un espacio ¿ustedes cómo se han hecho

resilientes? ¿cuál fue su motivación? ah, es que se me fue el mensaje... y ella dijo, “para mí, la religión”;

entonces, yo admiro las personas que han sido motivadas por la religión... no soy atea pero la religión no ha

llegado hasta allá en mí... y es que eso es la religión… (...)” R3

“(...) el perdón… yo creo que eso en cada persona ¿qué es el perdón? es una opción de cada persona,

es una opción individual… entonces unos consideran el perdón como “si yo no perdono me voy para el infierno”

una cuestión de religión; y yo no perdono… algunos dicen “si uno no perdona entonces uno va a estar enfermo

toda la vida” en todas las opciones que … yo busqué eso, lo que pasa es aquí no tengo el artículo, si me hubiera

dicho hubiera buscado el artículo que hay para dar esa respuesta… en algunas partes unos dicen “sino se

arrepienten realmente, no se perdona a esa persona” ¿y cómo es arrepentirse realmente? Es cambiando su vida,

entonces eso lo articule con lo que defendemos hoy las víctimas ¿para las víctimas que es el perdón? En algún momento, creo que era cuando la Ley De Justicia Y Paz… en esa época se decía “perdón y olvido” y nosotros

decíamos entre las víctimas “ni perdón ni olvido”, entonces con lo que yo encontré en la biblia, con lo que

encontré con los filósofos, que busqué, porque todo el mundo era “perdón, perdón, perdón”, entonces quieren

que uno diga “si yo lo voy a perdonar” y no; ¿cómo va a perdonar uno porque le exigen decir que perdonó? no

me gusta exigir perdón… lo que yo digo “me gusta es mi palabra perdón” la palabrita, pero mis acciones están

diciendo que “yo si soy capaz de”… ese perdón para las víctimas, porque el perdón está sujeto a que haya verdad,

justicia, reparación y garantías de no repetición… estoy trabajando para que todo eso sea una realidad; entonces

las víctimas… lo que encontré, el significado… para las víctimas, perdón significa verdad, justicia, reparación,

garantías de no repetición… significa memoria, cuando ya haya todo eso, que eso esa es una realidad, me voy a

morir y no lo voy a ver. Yo me voy a morir y no lo voy a ver. Estoy trabajando en ese camino, y eso debería estar

trabajando junto al final de garantizar todo eso… hemos estado completamente, no digo que todo lo malo sea

del Estado, sí, el Estado somos todos; entonces dentro de los servidores públicos hay gente súper valiosa, hay gente que quiere hacer pero se ve muy limitada; dentro de los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y Garantías de no Repetición hay muchas personas que le están apostando todo hasta su vida; hay

otros (porque me consta) que cuando escuchan hablar a una víctima porque les toca ... estaba yo hablando con

uno y uno dice “¿este qué hace aquí?” no conocen que son las víctimas y deberían conocer, el Estado debería

garantizar eso. Entonces, de mi boca no van a escuchar que yo diga “yo perdono” pero en mis acciones y lo que

yo estoy haciendo; eso va más en consecuencia con eso. Yo estoy trabajando en camino a… que la reconciliación

y que en algún, digamos … no es borrón y cuenta nueva porque tiene que existir la memoria para que no haya

repetición (...)” R3

Dentro de los relatos se plantea también la correlación referida por Ricoeur (2000) entre

el perdón solicitado y el perdón otorgado. Al respecto, mientras que Milena considera que para

perdonar bastaría con conocer la verdad de lo ocurrido y a alguien a quien responsabilizar de

esto (pese a que el victimario no solicite dicho perdón); se percibe desde el relato de Blanca

que, cuando esta habla de la posibilidad de perdonar, refiere siempre dicha situación en

términos de cómo cree que reaccionaría si su victimario le solicitase dicho perdón, lo que

permite deducir que el perdón solicitado es un requisito del perdón otorgado. Asimismo, como

267


se evidencia en la unidad, se deslegitima que personas que no cuenten con el status de víctimas

se refieran al otorgamiento del perdón, puesto que - se considera - no han padecido un hecho

equiparable con este (llama la atención nuevamente, lo referido por Ricoeur (2000), frente a

que, paradójicamente, lo imperdonable sea condición del perdón). Asimismo, se plantea la

necesidad de un acompañamiento psicosocial para lograr el perdón (del cual se hizo mención

líneas atrás en términos de reparación psicológica), entendido este como un proceso y no como

un acto; acompañamiento que había sido abordado previamente en términos de reparación o

del proceso del duelo.

“(...) Para mi bastaría con saber qué ocurrió… pero si esa otra persona también lo necesita y si lo pide,

claro que también sería aún más completo, pero para mí bastaría saber la verdad… y siento que liberaría a esa

otra persona o a ese otro actor, porque a eso me refiero yo con reconciliarme, si yo tengo tantas cosas digamos

como guardadas que van a beneficiar a otra persona y no lo hago, pues eso no me va a tener en reconciliación

con mi ser, ni con el mundo, ni con nada (...)” R2

“(...) Ay, mire, hay que prepararse. Tiene uno que prepararse pero no de un día ni dos sino meses y de

pronto ¡Quién sabe si pueda uno lograr! Porque uno viendo esa persona que fue el que mandó a matar a mi hija

¡Eso es duro! ¡Duro, mi amor, duro! Porque tú no eres padre, pero puedes tener hermanos, y puedes tener familia.

Y mira, te puede doler, y que no tenga ese hombre … que yo lo llegue a ver, y yo pa’ perdonarlo ¡Yo no sé qué

haría! Dice mucha gente que sí, que hay que perdonar. Muchas personas me han dicho “Blanquita, hay que

perdonar” Venga “¿usted ha sido víctima?”, “no”, “entonces por eso es que no sabe, porque entonces no hable,

porque si no es víctima. No le ha pasado lo que me ha pasado a mí, no se ponga a decir que hay que perdonar

¡Quédese callada!” ¡Porque no ha sentido el dolor que nosotros sentimos! ¡Porque mi hija salió de aquí! (señala

su vientre) ¡Mi hija fue engendrada y nació de este vientre! ¡Por eso lo digo yo y me duele! Que a un hijo que

uno lo quiera tanto, que desde que nace verlo crecer y darle todo ese apoyo, brindarle todo ese amor, ese cariño

… que venga otro y le quite la vida ¡No! ¡Y por eso digo! ¡Difícil! ¡Uy, no, no! ¡Dios mío bendito! ¡Eso sí es como …! Quién sabe. Tendría que prepararse uno muy bien. Y eso tiene que ser unos psicólogos que sean muy

potentes, muy poderosos para que lo ayuden a uno para llegar a enfrentarse a que ese hombre le pida perdón a

uno. Duele. Eso está como duro (...)” R4

Si bien Derrida (como se citó en Ricoeur, 2000), plantea que el perdón debe ser

incondicional, Ricoeur (2000) señala que este siempre se encuentra condicionado por un interés

de intercambio; en este sentido, expone el autor que incluso en el amor hacia los enemigos

(difundido por la religión) se espera convertir al enemigo en amigo; dicha postura recuerda lo

expuesto por Lilia en términos de las acciones de construcción de paz y de trabajo con los otros

(el enemigo entonces, se convertiría en un aliado cuando contribuye a un interés común).

Asimismo, los demás relatos coinciden en la necesidad de la verdad para el otorgamiento de

este, por lo que se podría establecer una relación de intercambio entre verdad y perdón.

268


En el relato de Blanca, se ejemplifica también el interrogante planteado por Ricoeur

(2000) con respecto a si únicamente el ofensor está habilitado para pedir perdón o si bien

miembros de ciertas comunidades pueden apelar a la responsabilidad colectiva y a la

solidaridad para fomentarlo. Al respecto, por ejemplo, la participante señala que durante la

realización de una obra de teatro realizada por víctimas del conflicto armado en el marco de la

ceremonia de graduación de excombatientes de grupos armados, un desmovilizado de un grupo

paramilitar le pide perdón por los actos cometidos por esta organización. Si bien dicho acto

resulta legítimo para la participante, esta se muestra escéptica frente a la necesidad de otorgar

el perdón a estos.

“(...) ¡Dura! ¡Sí! Y aquí en Bogotá, en Compensar ¡Uy, eso nosotros en Compensar en el día de la

graduación de los paramilitares y guerrilla! Que se graduaron allá esa vez, fue como 2017 o 2018, no sé, algo

así, bueno, nos invitaron. Eso ¡Dios mío! Cuando empezamos esa obra. Paramilitares … un paramilitar altísimo

vino y me abrazó y se arrodilló y me pidió perdón ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es muy …! ¡Yo …!¡No! Yo quede así. Me puse fría. “En nombre de todos los que te hicieron daño” ¡Sí, me pidió perdón! Me abrazó y se arrodilló ¡Ay,

Dios mio! ¡Eso es duro! ¡A Doris nosotros toco cogerla porque eso le dio tembladera! ¡Porque a ella todavía el

hijito está desaparecido! (...) A ella todavía, sí, le afecta, porque aún no ha encontrado a su hijo. Y bueno, así,

Carlos Pedraza, Doña Gloría ¡Bueno! Eso de los paramilitares ¡Claro! Son todos casi paramilitares que nos

hicieron daño. Entonces pedir perdón y todo de esa gente ¡Uy, Dios mío! ¡Y llorando! … eso fue en Compensar

esa vez ¡Duro, duro! (...)” R4

En este punto, llama la atención lo señalado por Ricoeur (2000) al afirmar que los

procesos de reparación no están orientados al perdón sino a la reconciliación; y que aunque

desde dichos procesos surjan múltiples iniciativas para lograrlo estas podrían resultar

ineficaces. Muestra de ello, por ejemplo, se evidencia en lo relatado por Lilia quien reafirma

no sentirse en la capacidad de verbalizar y expresar el otorgamiento del perdón a los

responsables del hecho sufrido por su padre, pero si se ha sentido en la capacidad de trabajar

juntamente con estos. En relación comenta, que acciones encaminadas a la construcción de paz

evidencian sus motivaciones e intenciones de construir escenarios y culturas de paz; lo que

desde su perspectiva, permitiría entrever un interés frente a los procesos de reconciliación y un

objetivo claro respecto a ser coherente con las enseñanzas heredadas de su padre

269


“(...) aja… bueno, entonces decía que no soy capaz de decir… no soy capaz de decir la palabra “lo

perdono” y… creo que no le voy a dar ni picos ni abrazos… pero sí he tenido que darle la mano a algunos, he

tenido que mirarlos a los ojos… no puedo dejar de pensar qué hizo esta mano, qué hicieron estas manos, estos

ojos qué vieron, qué hicieron. Pero hemos trabajado en procesos que van encaminados a hacer una cultura de

paz, entonces, procesos de reconciliaron los he hecho y los he hecho con el alma y los seguiré haciendo con el alma y en el resto que me quede de vida los voy a seguir haciendo, y busco qué hacer, entonces yo digo que no

voy a hablar de perdón pero creo que es más valedera que otras personas que he conocido que dicen… que se la

pasan echándose bendiciones y yo “perdono” y hablan mucho de Dios y esté hablando de Dios echando

bendiciones y que este con un vaso de flores y que “yo perdono” y que yo hago y que yo voy a misa y me la paso

en no sé qué y arrodillada y no sé cuánto y que Dios lo proteja y lo bendiga y que esté con su familia pero está

haciéndole el mal a otros, está buscando como ponerle la zancadilla al otro, eso no es coherente. Prefiero ser

como soy, no estar diciendo, no echando bendiciones si no ser coherente y no estar haciéndole el mal al otro con

tal de echarme flores yo… entonces, a veces se cree que yo soy atea y no soy atea, pero yo creo que mi trabajo y

mi reconciliación; he hecho trabajo de reconstrucción de la memoria porque es más encaminado en verdad a ese

perdón y hemos trabajo espectacular que no otras personas que se la pasan diciendo que yo perdono y que no sé

qué (...)” R3

Si bien hasta este punto se han evidenciado, desde lo relatado por las participantes,

algunos hallazgos y aspectos a propósito del perdón; también desde allí, ha sido perceptible,

frente a los sentidos de reconstrucción de memoria histórica en torno a estos, que la mayoría

de ellas concuerdan en que las categorías de perdón y reconciliación no son equiparables;

aunque no se refleja un consenso respecto a las particularidades de uno y otro: por ejemplo,

todas coinciden con que el perdón implica una relación bilateral, en tanto requiere de un otro a

quien se le otorgue el perdón o quien lo solicite. Lo anterior, se reafirma con lo argumentado

por Hannah Arendt (como se citó en Ricoeur (2000)) quien menciona que el perdón debe darse

desde la pluralidad pues nadie puede perdonarse a sí mismo. En cuanto a la reconciliación, no

obstante, existen algunas posturas contrarias, pues mientras que para Milena este puede ser un

proceso unilateral y singular; para Lilia este proceso implica también un otro con quien

reconciliarse. Así, por ejemplo, mientras que la reconciliación (en el caso de Lilia) implicaría

la posibilidad y la disposición para trabajar con el otro, el perdón es percibido como un don

que se otorga al victimario; motivo por el cual se concluye que, aunque pueda haber una

relación entre perdón y reconciliación, el uno puede darse sin que tenga lugar el otro.

Si bien los objetivos de la investigación se centran en los sentidos de las políticas

públicas de la memoria y los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica, se

considera necesario abordar también los sentidos en torno al perdón y a la reconciliación al ser

270


estos elementos transversales que, dentro del discurso de las participantes, se vinculan tanto a

las intencionalidades políticas de los colectivos como a los límites del ejercicio de la memoria.

Tensiones.

Para comenzar con el desarrollo de la categoría de tensiones, vale la pena resaltar que

el presente proyecto investigativo retoma este concepto de Vera (2014), quien se refiere a estas

como las pugnas en torno a la memoria y al uso de pasado tanto por parte de instituciones

estatales como entre las mismas organizaciones de víctimas que articulan diferentes

concepciones y temporalidades sobre la memoria.

Para iniciar con el abordaje de las tensiones que se reflejan al interior de organizaciones

y colectivos de memoria, se abordará lo expuesto por Milena, pues dentro de su relato se

evidencia una tensión en torno a aquellas personas que pueden pertenecer al colectivo de

familiares de desaparecidos de la toma y re-toma del Palacio de Justicia; lo cual, implícitamente

(como sugiere la participante cuando se refiere a “quién debe estar dentro de las memorias”)

conlleva a la problemática sobre quién debería tener derecho a la memoria.

Al respecto, Milena señala que se presentan tensiones en torno a si se debería incluir a

las familias de las personas pertenecientes al M-19 que también fueron desaparecidas durante

los hechos; esto dado que fue dicho grupo insurgente el que perpetró la toma. Dicha tensión

presenta la paradoja, referida por Milena, frente a que dentro del grupo de familias que

originalmente conformó el colectivo, se incluía a Irma Franco quien, pese a no haber estado

involucrada con la toma del Palacio y encontrarse en ese momento dentro del edificio por un

asunto no asociado, pertenecía también al M-19.

Vale la pena resaltar que, de acuerdo con Milena, la postura frente a no incluir a

personas vinculadas al M-19 fue asumida de forma radical por las personas que originalmente

271


conformaron el grupo (en palabras de la participante: “la primera generación”); mientras que,

según se deduce, dicha posición se fue flexibilizando con los miembros actuales dado el

reconocimiento de la necesidad de conocer múltiples perspectivas sobre lo ocurrido y el

reconocimiento de que estos, pese a su pertenencia a dicho grupo, también sufrieron atentados

contra su integridad; lo cual concuerda con lo expuesto por Bilbao (2017) frente a que la

víctima es inocente únicamente frente al hecho ocurrido, lo que - de acuerdo con el autor -

conllevaría a que victimarios pudieron llegar a convertirse en víctimas.

“(...) Bueno, digamos que entre nosotros… más de cómo hacer memoria es el quién debe estar dentro

de la organización o dentro de las memorias… ¿Qué pasa?, digamos que nuestros padres fueron muy radicales,

“hubieron” personas dentro del grupo que sentían que las familias de los guerrilleros no debían estar con las

familias de los desaparecidos porque era la guerrilla quien había hecho la toma, digámoslo así, pero resulta que ellos tuvieron la misma suerte que la de nuestros familiares, hayan sido guerrilleros, militares… pues sufrieron

una afectación dentro de esta toma y retoma, entonces digamos que dentro del grupo del Palacio es quién quiere

pertenecer al grupo inicial de las 11 familias, pero dentro de esas 11 familias, pues está la familia de Irma Franco,

que era una guerrillera… que no estaba dentro de la toma, pero era guerrillera del M-19 (...)” R2

Otra de las tensiones referidas dentro de los relatos, se refleja en los descrito por Marina,

quien hace mención a que dentro de los movimientos y organizaciones se presentan pugnas en

torno a la percepción de quién figura o resalta más dentro de los procesos, así como frente a

quién ejerce algún tipo de liderazgo dentro de dichas organizaciones; lo anterior, lo compara

con lo que sucede en la política (refiriéndose, literalmente, de la siguiente manera “usted ve

que en la política el uno dice algo y saca pecho”). A partir de lo anterior, reconoce que el

proceso de aprendizaje es constante, y dada las múltiples posturas y perspectivas propias dentro

de las dinámicas sociales y humanas (máxime en un país como Colombia donde se ha tomado

aquella diversidad para emprender acciones de violencia) se debe expresar voluntad de trabajo

y construcción.

“(...) Ehm, pues tensiones siempre las va a haber, porque cada quien quiere figurar. Cada quien… eso

es como … lo que pasa es que esto es un proceso político ¿no? Entonces esto es como la política. Usted ve que

en la política el uno dice algo y saca pecho, entonces así también es los procesos, los procesos también pues …

eh … las lideresas a veces siempre… el que está más arriba es el que siempre se las … supuestamente cree que

es el que se las sabe todas pero nadie sabe todo. Uno siempre está en constante aprendizaje, lo que pasa es que

como vivimos en un país violento pues todo el mundo tiene su violencia, así … así sea … que coja un arma o con

palabras soeces … las personas siempre quieren resaltar, entonces siempre va a haber tensiones. Eso no es solamente aquí ni acá, en todos los procesos hay cosas. Pero a la larga, a la hora de trabajar, las mujeres trabajan

272


y ponen todo de su parte y hacen las cosas bien. En ese momento, por ejemplo el Costurero está trabajando súper

chévere, no quiere decir que así va a ser año tras año ¡No! Habrá algún conflicto, algo, pero … pero siempre va

a haber porque somos personas distintas. Nadie es como la misma persona para actuar igual, pensar igual,

entonces siempre va a haber conflicto. Siempre va a haber uno que no esté de acuerdo con alguna cosa (...)” R1

En este sentido, la misma participante hace mención de otra tensión; pero esta vez, con

una de las entidades con las cuales las organizaciones y movimientos buscan unirse para

conseguir algún tipo de apoyo que fortalezca su autogestión. En el caso de Marina, dado que

algunas instituciones religiosas permiten espacios de encuentro y organización; se presenta una

disputa en torno a quién pertenecen los productos emergentes de los procesos que al interior de

este se construyen. Por ejemplo, en este caso, el producto obedecía a una tesis que daba cuenta

de las acciones e intenciones del colectivo al que pertenece la participante.

“(...)Entonces en esa parte tenemos también una pelea con el párroco porque el

párroco ¡Imagínese! Dice que ese material para la Iglesia y yo digo ¡No, no, no! ¡Entonces

por lo menos deme una fotocopia! Entonces yo no se lo entregó hasta que por lo menos le

saque fotocopia (se ríe) (...)” R1

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, la perspectiva a través de la cual

Lilia construye su relato se da en una doble vía: como funcionaria estatal vinculada a

instituciones que trabajan con víctimas y como persona que al sufrir un hecho victimizante en

el marco del conflicto, se identifica como tal. Estas posturas aportan a la ejemplificación de

otras pugnas. Por ejemplo, coincide con Marina al referir que dentro de movimientos y

organizaciones sociales se presentan disputas, según se percibe, respecto a la visibilización y

el protagonismo que algunas víctimas tienen sobre otras y que se hace evidente en la esfera

pública, es decir, en la incursión y aparición en eventos, conversatorios e invitaciones

provenientes de colegios y universidades, etc. Asimismo, de acuerdo con ella, gran parte de las

víctimas que pertenecen a procesos organizativos se dedican a la economía informal y no

cuentan con los recursos necesarios que garanticen su continuidad dentro de estos. Por el

contrario, existen otras que sus casos han sido más visibilizados lo que les ha posibilitado

obtener recursos económicos a través de su participación en distintos espacios.

273


“(...) pero hay un gran problema que tienen las víctimas, la gran mayoría de víctimas que hacen estos

procesos de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que hacen esta denuncia pública, la gran

mayoría son mujeres y hombres que viven del diario vivir, de lo que producen, son mujeres y hombres que en la

mayoría son trabajadores informales, hacen ventas por catálogo, prestan sus servicios como domésticas, tienen

sus negocios de arepas, de empanadas, de comidas o tienen de pronto un pequeño negocio; son personas que viven del día a día, entonces es difícil la continuidad de esos procesos, y también eso genera mucha rivalidad y

problemas entre las víctimas; hay otras víctimas que ya llegan a ser reconocidas, y entonces les garantizan

algunos recursos económicos.. y prácticamente hay personas que viven de eso porque los llaman a charlas,

conferencias y ya se han, digámoslo en un buen sentido, cotizado, y entonces las llaman mucho y casi casi tienen

su sustento de esos conversatorios, charlas en colegios, universidades… pero son algunos casos muy … ¿cómo

le digo yo? ... muy excepcionales. Otras víctimas entonces si queremos nos toca correr, por ejemplo, en el

momento en el que estamos con “Mujeres, arte y memoria” también lo estamos haciendo en este momento de

nuestra propia pecunia, por lo que le digo, son mujeres que viven de los que producen diariamente, entonces se

dificulta mucho, y así hay organizaciones, muchas organizaciones que quieren pero no están apoyadas, hay otras

que logran el apoyo como le digo de algunas organizaciones, y entonces, ya tienen asegurado su sustento (...)”

R3

En el caso particular de Lilia, según afirma en su relato, ella percibe que el hecho de

haber cursado sus estudios y ser profesional representa un malestar entre otras víctimas; pues

según se percibe en sus afirmaciones, existe un imaginario de que al haber logrado un nivel

académico de educación superior cuenta con más recursos económicos en comparación con sus

compañeras; sin embargo, como se evidencia dentro de su relato y como ella misma refiere, su

edad ha representado una dificultad para lograr ubicarse laboralmente; motivo por el cual

considera que dicha percepción es errónea (pese a que en el relato Lilia solicita que no se haga

mención a esta parte, posteriormente autoriza su inclusión)

“ (...) Yo soy profesional, sí, eso también genera problemas. A veces - no ponga esto tampoco - en algunas

organizaciones. Las víctimas, como les digo generalmente, las que hacen incidencia, tienen una formación muy

básica, formación académica. Yo la luche y ya soy profesional pero esto genera problemas entre los compañeros

cuando se hacen cosas colectivas porque entonces al ser profesional, usted tiene mucha plata. Pero realmente

después de que yo me gradué de profesional solo he tenido tres trabajos y me tocó, como ya tenía 52 años,

entonces ya no me llamaban más. Entonces yo estoy igual que mis otras compañeras (...)” R3

Lilia menciona como otra tensión dentro de los procesos sociales, la percepción de que

algunas personas que participan de acciones de incidencia socio-política y de memoria no

estarían realizando estas por convicción política sino con el interés de obtener recursos

económicos; situación que - de acuerdo con ella - ha llevado a la desarticulación de algunos

colectivos.

“(...) y los procesos que se hagan desde las organizaciones de víctimas… ehh.. hace unos años estábamos

más unidos, más articulados, pero entonces empiezan a buscar conveniencias y empiezan a buscar beneficios

personales y eso ha desarticulado a varias … algunas organizaciones, algunos procesos… porque entonces,

dentro de las mismas víctimas comenzaron “¿cómo que no vamos a cobrar?, es que tenemos que cobrar porque

para eso nos llegan dineros internacionales” “alguien tiene que no sé qué”, “como que no hay organización” y pagan por cada reunión que se haga, nos dan el refrigerio, nos dan el almuerzo y tras de que les daban el

almuerzo.. “y ese almuerzo tan chichipato” “cómo así si ellos pueden pagar lo que sea” “eso yo no quiero” …

las víctimas mismas se han buscado… no digo nombres... porque no he sido parte de ellas pero se han buscado

274


que también… las organizaciones, otras organizaciones de apoyo y también el Estado digan... “si molestan con

cosas, oiga, no tienen y quieren más” ... entonces es triste ver eso. Que entre las víctimas hayan... rompan estas

rivalidades (...)” R3

Respecto a lo mencionado en el relato de Lilia, esta sugiere que dentro de instituciones,

se deberían generar estudios e investigaciones tendientes a corroborar y analizar la coherencia

entre las acciones y los pronunciamientos emitidos desde organizaciones, movimientos y ONG;

a partir de lo referido, se percibe, que Lilia insinúa que las organizaciones pueden estar

utilizando a las víctimas para la captación de recursos y otros fines que no apuntan a los

procesos de transformación social, de reparación y de empoderamiento, los cuales se supondría

debería ser el objetivo de las organizaciones y movimientos sociales de esta índole.

“(...) ¿Qué sería? Sería muy interesante… Colombia es un laboratorio en el tema del conflicto armado, un laboratorio en el nuevo proceso de justicia transicional… de acuerdo al Acuerdo de Paz que se firmó y que

habla mucho de lo que ha ocurrido… se han dado esos procesos, mucho apoyo para hacer el tema de memoria,

verdad, justicia, reparación para apoyar las víctimas… debería hacer todo un estudio de ¿Cuál ha sido el impacto

real de todo ese apoyo que han prestado las organizaciones… las ONG a las organizaciones de víctimas? Y

realmente ¿Qué está ocurriendo ahora internamente entre las organizaciones de víctimas? ¿Realmente existe ese

apoyo, ese respeto, esa solidaridad que a veces las organizaciones de víctimas promulgan? Y ¿realmente a las

ONG les interesa que haya un cambio, una transformación, un impacto real de transformación de la vida

individual de cada uno de los integrantes de las organizaciones? ¿o socialmente están diciendo que están

haciendo y gastando los recursos que les están dando?… esos deberían ser unos nuevos estudios que deberían

aparecer y hacerse (...)” R3

Finalmente, a lo descrito por Lilia, se añade la perspectiva de Blanca, quien también

refiere que al interior de las organizaciones y los movimientos salen a relucir - producto de la

mayor visibilidad o participación que tienen algunos integrantes - sentimientos como la envidia

y el egoísmo; también afirma que en algunas ocasiones se sienten utilizadas (no por las

instituciones estatales, si no por las mismas organizaciones de víctimas) pues desde algunas de

estas, según percibe, se utiliza el nombre y firma de las víctimas para la obtención de recursos

que no necesariamente llegan a las mismas, sino que, de acuerdo con Blanca, terminan en

manos de terceros o de personas que no lo necesitan.

“(...) Bueno, en las organizaciones, no voy a decir que todas en general pero ha habido como una … una … cierta … como cierto egoísmo, cierta envidia, de unas a otras, de pronto que esta persona sea más

reconocida, o que esa persona la llamen más, entonces … uno siente como mucha cosa con uno ¡No voy a decir

que todas! Como esa envidia, como ese … y la utilización. Que a veces lo utilizan a uno. “Haga esto”, “firme

aquí” y a veces, uno de bobo que no conoce, firma y es para de pronto sacar algún proyecto porque eso lo han

hecho con nosotras. Sacan proyectos, uno saca que la fotocopia de la cédula da la firma ¿y qué pasó? “¡No, eso

275


no pasó nada!” Entonces uno se da cuenta que sí … ¡Eso sí existe en varias organizaciones! No voy a decir que

todas pero sí. Que hay organizaciones que son … muy … como muy respetuosas, muy comprometidas y todo eso

con uno ¡Pero hay unas que no! ¡Y no voy a decir que todas las organizaciones! Entre ellas habrá una que otra.

De pronto directoras, de pronto voceras (...) Para beneficio propio ¡Sí, eso sí lo están haciendo ahora! ¡Sí! ¿cómo

se dice eso? Abriendo una cuenta para que consignen ¡A mí me lo han dicho! Por ejemplo, un amigo me dijo “Blanquita ¿y a ustedes el MOVICE no es que abrieron una cuenta?” Le dije “yo no sé”. “Sí, a mí me llamaron

que a ver si …” fiscal “A ver si apoyaba algo”. A nosotros Nacional no. Y Bogotá nos han llamado pero por una

que fue excombatiente de la guerrilla que ¡esa es la que ha alzado! Pues solicitando apoyo para que nos ayuden

a nosotros. Una excombatiente de la guerrilla, Rosalba ¡Pero las otras no! ¡Mercados pero pa’ ellos! Porque

ayer estuve hablando con una compañera me dijo “!jum! ¡eso dieron una cantidad de mercados!” Y ella tiene

casa, es pensionada, el hijo es profesional. Todos los hijos, que tiene tres, a ver … una que es abogada también,

una que vive por allá en Estados Uni … En Francia. La otra que está ahí también es profe… psicóloga. Él hijo

que está ahí también es profesor psicólogo. El otro hijo también ¡Todos son profesionales! Y ella que es abogada.

Entonces empiezan a … por ejemplo, cuando empezaron a enviar por correo que nos inscribimos ¡Ya no! Porque

nos inscribimos en dos, tres, con Coy ¿en dónde? Después nos llamaban que no, que les diéramos la dirección

pa’ venir acá, que les diéramos el número de la cédula ¡Pura mentira! Últimamente dijimos “¡No! ¡Qué se va a

poner uno con bobada!” Ellos van y a nombre de uno piden y se lo dan a otras personas o se los llevan para …

como están haciendo en política, y a uno no le dan nada ¡Pura mentira! (...)” R4

Para sintetizar, se puede asegurar que las tensiones evidenciadas (tanto entre las

instituciones estatales y los procesos sociales; así como al interior de estos y entre diferentes

movimientos) se centran en la mayor visibilización de ciertas víctimas (lo que permite también

la obtención de mayores recursos económicos para el desarrollo de actividades incidencia); el

uso que se hace del status de víctima (lo que, de acuerdo con algunas participantes, reforzaría

los imaginarios sociales y la estigmatización que se tiene hacia estas con las cuales no se sienten

identificadas); la percepción de que organizaciones tanto estatales como de víctimas están

utilizando la participación de estas para el cumplimiento de intereses particulares que resultan

incoherentes con las convicciones en torno a la memoria y a reparación; la pugna en torno al

derecho a hacer memoria y frente a las formas en las que este se ejerce.

El análisis realizado permite evidenciar la emergencia de algunas tipologías que dan

cuenta de los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política los procesos sociales

de reconstrucción de memoria histórica y las políticas públicas de la memoria incluidas en la

Ley 1448 y en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una

Paz Estable y Duradera. En primer lugar, la comprensión en torno a la violencia en Colombia

puede articularse en dos tipologías: el” terrorismo de Estado” y el “conflicto armado interno”.

276


En segundo lugar, frente a la categoría de víctima, pueden establecerse seis tipologías

que emergen desde tres actores diferentes: las políticas públicas de la memoria, los

movimientos sociales de reconstrucción de memoria histórica y la sociedad civil. En relación

con la percepción que de esta se tienen desde las políticas públicas de la memoria, de acuerdo

con lo relatado, podría hablarse de una comprensión de la “víctima como asistencialista” y otra

como “status desde lo normativo”. En cuanto a la comprensión desde los procesos sociales de

reconstrucción de memoria histórica, por otra parte, podría hablarse de la “víctima como sujeto

histórico y como agente” y el ser “víctima como elemento identitario”. Caso contrario ocurre

con la comprensión desde la sociedad civil, en la cual se presentan tipologías como la

comprensión de la “víctima como actor conflictivo” y la “víctima como actor delictivo”.

En tercer lugar, frente a la categoría de reparación surge una única tipología de

“reparación integral”, la cual recoge elementos como la articulación de la reparación simbólica,

la verdad, la reparación psicológica, la no repetición, la implementación de reformas políticas,

la ejecución de medidas de satisfacción, la justicia punitiva, la restitución y la reparación

económica.

La categoría de memoria, en cuarto lugar, puede condensarse en torno a cuatro grandes

comprensiones: “la memoria como proceso colectivo”, “la memoria como ejercicio personal”,

“el culto a la memoria como forma de abuso” y “la memoria como amenaza al statu quo”.

En quinto lugar, en torno al duelo surgen cuatro tipologías: “el duelo como proceso

condicionado a factores socio-culturales y económicos”, “el duelo inconcluso”, “el duelo como

proceso individual” y “el duelo como proceso colectivo”.

Del perdón, por otra parte, surgen dos tipologías: “el perdón como don otorgado” y “el

perdón como solicitado”. Asimismo, en torno a la reconciliación surgen otras dos tipologías:

“la reconciliación como proceso bilateral” y “la reconciliación como proceso unilateral”.

277


En lo que respecta a los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica, se

genera tipologías tales como “los procesos como mecanismos de incidencia socio-política”,

“los procesos como mecanismo para la enseñanza y denuncia de la historia no oficial a través

de la pedagogía social de la memoria”, “los procesos como fuente de aprendizaje” y “los

procesos como expresión de la ética del cuidado”.

Las políticas oficiales de la memoria, por otra parte, comprenderían cinco tipologías:

“las políticas oficiales de la memoria como insuficientes”, “las políticas oficiales de la memoria

como monopolio del Estado”, “las políticas oficiales de memoria como limitadas”, “las

políticas oficiales de la memoria como expresión de la burocracia” y “las políticas oficiales de

la memoria como terrorismo de Estado”.

En síntesis, se generan seis tipologías en torno a las tensiones evidenciadas dentro de

los relatos: “tensiones entre víctimas ejemplares y víctimas invisibilizadas”, “tensiones en

torno a la comprensión y uso del status de víctima”, “tensiones en torno a las dinámicas de las

organizaciones sociales de víctimas”, “tensiones en torno a las dinámicas de las políticas

oficiales de la memoria”, “tensiones en torno al derecho a hacer memoria” y “tensiones en

torno a los mecanismos de hacer memoria”.

A partir del análisis y las tipologías emergentes, se pueden identificar tres grandes

sentidos respecto a los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica, los cuales se

relacionan con: a) los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica como vía para

la dignificación del concepto de víctima; b) los procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica como forma de resistencia; c) los procesos sociales de reconstrucción de memoria

histórica como expresión de la ética del cuidado y del duelo colectivo.

Finalmente, respecto a los sentidos frente a las políticas públicas de la memoria

incluidas en la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la

278


Construcción de una Paz Estable y duradera, se identifican los siguientes: a) las políticas

públicas de la memoria como mecanismo estatal para la exaltación de la memoria oficial; b)

las políticas públicas de la memoria como forma de reparación simbólica hacia las víctimas; c)

las políticas públicas de la memoria como oportunidad para revertir la memoria oficial.

Conclusiones

Frente a los sentidos que tienen para las víctimas de violencia política las políticas

incluidas dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) se destaca

el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno; el cual es percibido por las

cuatro participantes como la medida que posibilitó nuevas configuraciones en materia de

reparación y reconstrucción de memoria. Pese a que a través de los relatos se evidencia un

consenso respecto a la conceptualización dada a la violencia en Colombia (es decir, al

nombramiento de un conflicto armado interno), las características que a este se le otorgan

obedecerían a la denominación de lo que desde Uprimmy (2005) se denomina un terrorismo

de Estado; esto dado que las experiencias de las participantes se encuentran atravesadas por

expresiones propias de violencias ejercidas desde el Estado (hostigamiento, persecución,

estigmatización, invisibilización, impunidad y la eliminación de otros como interlocutores

válidos); lo que lleva, de acuerdo con los relatos, a que se genere un sentimiento de terror

constante dentro de las participantes, dado que se percibe que desde la institucionalidad no se

brindan las garantías para ejercer el derecho a la memoria.

Por otra parte, aunque dentro de la Ley se ofrece un marco normativo para reconocer a

las víctimas, se percibe - a través de algunas acciones emprendidas por el Estado - que existe

una jerarquización en la que determinadas víctimas tienen mayor acceso a mecanismos de

reparación, así como a un trato judicial y mediático diferenciado en función de factores como

279


el status socio-económico de estas, los actores que perpetraron los hechos y el tiempo

transcurrido desde que estos tuvieron lugar. Así, por ejemplo, se reconoce que dos víctimas de

un mismo suceso pueden recibir tratos diferenciales de acuerdo con los elementos nombrados

previamente; lo que desemboca en tensiones entre estas que, de acuerdo con los relatos, podría

conllevar al debilitamiento de los procesos y al rechazo de determinadas políticas oficiales de

la memoria.

En relación con lo anterior, se percibe también, que el marco normativo es considerado

como insuficiente para la conceptualización de lo que representa ser víctima, ya que se plantea

la necesidad de transitar de imaginarios sociales que perciben a esta como asistencialista y/o

pasiva hacia comprensiones que la ubiquen como un actor político e histórico que hace del

hecho de victimización una identidad negativa (Gatti, 2017), a través de la cual, se posiciona

como agente transformador tanto de su vida como de las dinámicas socio-políticas.

Si bien se reconoce y se aprueban políticas incluidas dentro de la Ley como el Día

Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la creación del Centro de Memoria

Histórica y la consolidación de un Museo de la Memoria, se percibe que dichas políticas están

siendo entorpecidas intencionalmente por el Estado Colombiano a través de acciones como el

nombramiento de personas que no comparten las premisas que surgen a través de la Ley (por

ejemplo, la asignación como Director del Centro de Memoria Histórica de una persona que

niega la existencia de un conflicto armado interno). Como consecuencia, y pese a que se apoyan

las políticas, dichos actos son asumidos por las víctimas como acciones que generan

desconfianza hacia las instituciones encargadas de promover las políticas de la memoria; como

consecuencia, se generan acciones de resistencia frente a las mismas como el retiro de archivos

o la protesta social.

280


Caso contrario ocurre con los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica,

cuyos sentidos se orientan a la resignificación de la categoría de víctima, a la posibilidad de

revertir la memoria aprendida y celebrada públicamente (Ricoeur, 2000), a la construcción de

nuevos aprendizajes, a la posibilidad de constituir un marco de referencia para la memoria

personal y colectiva, a la reconstrucción de nuevas relaciones a través de la ética del cuidado,

y a la configuración de comprensiones diferentes en torno a los procesos de duelo que, con

estos, adquieren un carácter colectivo que los facilita. Pese a esto, los relatos ponen en

evidencia que se presentan tensiones dentro de los procesos en torno a quiénes tienen derecho

a hacer memoria, el grado de victimización de sus integrantes, el uso que se da al

reconocimiento del status de víctima y la percepción de que las organizaciones pueden llegar

a ser utilizadas para la obtención de recursos e intereses ajenos a los fines políticos y sociales

anteriormente referidos.

Así, a los procesos sociales de reconstrucción de memoria histórica se atribuyen

sentidos orientados a la incidencia socio-política; especialmente en términos de reparación que

comprenden desde medidas de verdad hasta la no repetición, el castigo punitivo, la reparación

psicológica, la reparación económica y, en síntesis, la necesidad de implementar reformas

políticas de base que den lugar a cambios estructurales. Asimismo, desde los procesos se

percibe la necesidad de que las comprensiones, saberes y experiencias de las víctimas frente a

la violencia sean visibilizadas; espacio que tradicionalmente ha sido delegado a intelectuales y

académicos. Para esto, se plantean como necesarias el desarrollo de pedagogías sociales de la

memoria que desde lugares como el arte y la recuperación de saberes tradicionales permita la

divulgación de denuncias y la enseñanza de la historia; de forma tal que no se llegue a un abuso

de la misma (Todorov, 2000).

281


Frente a las políticas incluidas dentro del Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (las cuales son percibidas como

consecuencia de la presión de los movimientos de víctimas), se percibe que la recopilación de

los testimonios por parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

reflejan la puesta en escena de las tres dimensiones referidas por Irazuzta y Gatti (2017): una

política (evidenciada a través de la ritualización de dispositivos como las comisiones de

verdad); una comunitaria (centrada en la puesta en la escena pública del dolor de la víctima); y

una psicológica (en la que el testimonio se constituye en la materialización del trauma. Así, en

términos de Halbwachs (2011), se contemplaría la posibilidad de transformar la memoria viva

en historia; al pasar esta de la oralidad a la escritura. Algunas de las participantes, no obstante,

rechazan totalmente estas políticas al percibirlas como formas de manipulación de la memoria

mediante la exaltación de la Fuerza Pública y la legitimación de fenómenos como el

paramilitarismo.

Aunque la mayor parte de las participantes advierte sobre los peligros que pueden

representar estas políticas en caso de ser manipuladas por el Estado; las relaciones que se

establecen entre los sentidos otorgados a estas y los sentidos otorgados a los procesos sociales

fluctúan entre la cooperación y el rechazo, pues, aunque se sugiere que los actos que desde

dichas políticas emergen se ciñen a un carácter protocolar y no a unas verdaderas

intencionalidades de reparación, así como que estas resultan insuficientes para la reparación de

todas las víctimas que dejó la violencia política, se percibe que no es posible retroceder respecto

a los avances ya logrados (esto, pues se percibe la generación de dichas políticas como uno de

los logros de los procesos sociales); motivo por el cual, se asume que parte del papel de las

víctimas radica en hacer veeduría y, en caso de ser necesario, oposición a la forma en la que

estas son implementadas estas; mas no a las políticas en sí mismas.

282


Así, teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, y pese a las

contradicciones que pueden presentarse entre unos relatos y otros (o incluso dentro de un

mismo relato) se puede evidenciar que existe una relación opuesta entre los sentidos

construidos en torno a las prácticas de reconstrucción social de memoria histórica desarrolladas

por víctimas de violencia política y los sentidos construidos en torno a las políticas públicas de

memoria incluidas en la Ley 1448 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera; esto dado que los sentidos frente las prácticas se

orientan hacia el empoderamiento, la incidencia socio-política (que conlleva también el sentido

de posicionarse como sujetos históricos), el cuidado y el reconocimiento de sus miembros;

mientras que los sentidos construidos en torno a las políticas oficiales abordadas coinciden en

la percepción de estos como burocráticos, protocolarios, con una implementación que conlleva

a una escasa representatividad de los intereses de las víctimas e, incluso, como mecanismos

para la exaltación de la memoria oficial; motivos por el cual, aunque aceptados, son percibidos

como insuficientes.

Se sugiere, para próximas investigaciones, abordar dichos sentidos en víctimas de otros

grupos, ya que las participantes que contribuyeron con la presente investigación eran en su

mayoría víctimas de crímenes de Estado; se considera, por lo tanto, que la inclusión de otras

perspectivas - a través de nuevas investigaciones - podría contribuir la comprensión del impacto

y los alcances de estas políticas. Asimismo, llama la atención el hecho de que dentro de los

relatos, la mención hacia el género femenino haya predominado en el momento en que se relata

la participación en procesos sociales y en políticas de la memoria, por lo que sería necesario

investigaciones más profundas en torno al papel de la mujer dentro de estas dinámicas. Por

último, dentro de los relatos se hace mención constantemente a la interrupción de los procesos

sociales de reconstrucción de memoria histórica y de las políticas oficiales; por lo que sería

283


pertinente indagar en torno al impacto que podría tener la emergencia sanitaria en el desarrollo

de las mismas.

284


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