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EconomíaIF012/12

Yacimientos de empleo y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de

dependencia en Andalucía INVESTIGADOR PRINCIPAL

José Antonio Camacho Ballesta

IF012/12

Yacimientos de empleo y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención

a personas en situación de dependencia en Andalucía

INVESTIGADOR PRINCIPALJosé Antonio Camacho Ballesta

Equipo de investigaciónM.ª Ángeles Minguela Recover

Belén Morata García de la PuertaManuel Hernández Peinado

Soraya M.ª Ruiz PeñalverMercedes Rodríguez Molina

Inmaculada Sancho FríasInstituto de Desarrollo Regional y Facultad de Trabajo Social, Universidad de Granada.

Proyecto de investigación financiado por el Centro de Estudios Andaluces (PRY062/10).

Edita:Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia e Igualdad, JuntA dE AndAluCíA.

© de los textos: sus autores© Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios AndalucesBailén, 50, 41001 – Sevillatel.: 955 055 210Fax: 955 055 211www.centrodeestudiosandaluces.es

Septiembre de 2012.ISBn: 978-84-695-6746-3

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Índice1. Introducción .................................................................................................................................. 7

1.1. Conceptualización básica .....................................................................................................................81.1.1. Los yacimientos de empleo ...........................................................................................................81.1.2. Concepto de dependencia y situaciones de dependencia ...............................................................11

2. Características básicas del Estado del bienestar .......................................................................... 172.1. El Estado del bienestar en España. Génesis y evolución ........................................................................192.2. La atención a la dependencia como cuarto pilar del Estado del bienestar y sus antecedentes .................212.3. La protección social en Andalucía .......................................................................................................30

3. Contexto socio-demográfico de la dependencia............................................................................ 353.1. Población Andaluza: estructura y evolución demográfica .......................................................................353.2. Fuentes de información sobre dependencia .........................................................................................393.3. La población en situación de dependencia española: datos básicos ......................................................413.4. La población en situación de dependencia en Andalucía ........................................................................45

4. El mercado de trabajo en Andalucía ............................................................................................. 514.1. Evolución del mercado de trabajo andaluz ..........................................................................................514.2. Yacimientos de empleo y dependencia: Andalucía vs. España ................................................................59

4.2.1. Análisis de los afiliados a la Seguridad Social ...............................................................................604.2.2. Yacimiento de empleo: explotación de la EPA ...............................................................................624.2.3. Cuidadores informales como yacimiento de empleo ......................................................................644.2.4. Dinamismo empresarial como indicador subyacente .....................................................................66

4.3. Ranking de yacimientos de empleo .....................................................................................................68

5. Perspectiva territorial: dependencia y yacimientos de empleo ...................................................... 735.1. Rasgos territoriales básicos de las personas en situación de dependencia en Andalucía .........................735.2. Tejido Productivo andaluz y dependencia .............................................................................................795.3. Cuidadores informales: perspectiva provincial ......................................................................................845.4. Estudio de casos: Granada .................................................................................................................84

5.4.1. Situación socio demográfica de las personas en situación de dependencia .....................................845.4.2. Mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia ...........86

5.5. Estudio de caso: Sevilla .....................................................................................................................935.5.1. Situación sociodemográfica de las personas en situación de dependencia ......................................935.5.2. Mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia en Sevilla ..... 94

6. Contribución de las políticas públicas al sector de la atención a las personas en situación de dependencia .......................................................................................................... 103

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 109

8. Bibliografía ............................................................................................................................... 115

9. Acrónimos ................................................................................................................................. 121

10. Anexos .................................................................................................................................... 12510.1. Anexo: población total y en situación de dependencia en Andalucía 2008. Explotación estadística de la Encuesta EDAD, 2008 y explotación estadística del Padrón Municipal 1 de enero de 2008 ..........................12510.2. Anexo: Municipios andaluces que conforman los estratos de población utilizados en la investigación ...126

1. Introducción

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La atención a las personas en situación de depen-dencia constituye uno de los principales retos de futuro para la política social española y andaluza, reto que es compartido por el conjunto de los

países de la Unión Europea. Este desafío se acrecienta, fruto del paulatino envejecimiento de la población, y por ende las situaciones de dependencia, y de los cambios acaecidos en el modelo de cuidados imperante hasta fechas recientes, tradicionalmente llevado a cabo por la familia, y más concretamente por la mujer. La pérdida de autonomía, y de un modo más específico la depen-dencia, hace indispensable el recurrir a terceras per-sonas para realizar las denominadas como actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Surge así un «quinto riesgo» que se une a las contingencias relativas a la enfermedad, la familia, los accidentes profesionales y la jubilación (Dufour-Kippelen y Joël, 2011). Ante esta situación se revelaba indispensable para la economía española articular un sistema protector que diese res-puesta de modo global e integral a las necesidades de este grupo de población creciente.

De esta forma, la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) introdu-jo un derecho universal para las personas en situación

de dependencia, haciendo efectivo un nuevo derecho subjetivo universal de la ciudadanía como es la atención a las situaciones de dependencia, y creando el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Este nuevo sistema complementa el conjunto de servi-cios sociales existentes con anterioridad, hasta enton-ces relativamente fragmentados y dispersos, y que no llegaban por tanto a responder a una visión integral e integradora, mientras que, por el contrario, uno de los principios básicos que sustenta la Ley es la integración de servicios para mantener a la persona en su entorno social habitual, siempre que su situación lo permita. La atención a la dependencia se configura así como un pi-lar adicional del Estado del Bienestar junto con otros elementos básicos como son el sistema de pensiones, la sanidad y la educación.

El Estado del Bienestar no solo tiene efectos en la me-jora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus familias, sino también sobre el mercado de trabajo existente alrededor de la atención que se procura a estas personas, convirtiéndose en un claro ejemplo de cómo la política social al intentar dar respuesta a una demanda social creciente es capaz de generar empleo, aún en un contexto de inestabilidad

1. Introducción

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Factoría de Ideas Centro de Estudios Andaluces

económica como el actual. Partiendo de este hecho, el objetivo principal de este estudio es examinar el papel de los servicios relacionados con la atención a la depen-dencia como yacimientos de empleo, con la idea última de que las conclusiones obtenidas sirvan de base para el planteamiento de estrategias de mejora en el desem-peño del mercado de trabajo andaluz, donde el proceso de destrucción de empleo ha alcanzado en Andalucía una tasa de desempleo del 30,93 % (tercer trimestre 2011, EPA).

El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: en el primer capítulo se aborda el concepto de yacimien-to de empleo, así como el de dependencia y situaciones de dependencia, por ser la terminología empleada a lo largo de la investigación. En el segundo capítulo se rea-liza un recorrido sobre las características básicas del Estado del Bienestar en España, repasando su génesis y evolución hasta llegar al momento actual, en el que la atención a la dependencia se configura como un pilar más del Estado del Bienestar. Descendiendo a nivel re-gional se presta especial atención a la protección social en nuestro marco de análisis: Andalucía. El tercer capí-tulo se centra en el contexto socio-demográfico de la dependencia, analizando la evolución tanto de la pobla-ción andaluza en su conjunto como de la dependiente, para poder caracterizar nuestro escenario regional. El cuarto capítulo constituye el núcleo central de la inves-tigación, donde se examina la situación del mercado de trabajo andaluz, y dentro de éste el «sub-mercado» vinculado a la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía, con el fin de explicar por qué son yacimientos de empleo particularmente relevantes en un contexto de recesión económica. En el quinto ca-pítulo se realiza un análisis territorializado de la depen-dencia, su tejido productivo y el mercado de trabajo,

analizándose al final dos casos provinciales donde la información ha estado accesible: Granada y Sevilla. El capitulo seis recoge una síntesis de la interacción entre políticas públicas y dependencia. Finalmente, en el sép-timo capítulo se recogen las principales conclusiones al-canzadas, elaborándose asimismo algunas propuestas de actuación a partir de las mismas.

1.1. Conceptualización básica

1.1.1. Los yacimientos de empleo

Como se indicó con anterioridad en la introducción, el en-vejecimiento progresivo de la población en combinación con los cambios sociales y económicos actuales, provo-ca la generación de nuevas necesidades sociales a la vez que hace visibles otras ya existentes con anterioridad. Este nuevo conjunto de necesidades sociales es germen de nuevas actividades y ocupaciones, y, sin proponérselo, vuelven a recuperar la importancia originaria del concepto de yacimiento de empleo, acuñado en el Informe Delors o Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Em-pleo de 1993. En un inicio los yacimientos de empleo se describían como actividades clave para disminuir el pro-blema del desempleo en la Unión Europea. Actualmente, aunque cumplen la misma función, recobran importancia por la acuciante necesidad de crear nuevos empleos y tratar de atajar así las graves consecuencias económi-cas, psicológicas y sociales que genera el desempleo.

Ya en el informe Delors se gestaba un modelo de creci-miento económico que tomaba como punto de partida una nueva filosofía de generación de empleo basada en

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Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 1. Introducción

el bienestar y la calidad de vida, o, en otras palabras, en la satisfacción de necesidades y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos como estímulo para la crea-ción de empleo. A esta doble función es necesario aña-dir dos aspectos característicos como son la presencia de mercados incompletos e imperfectos y la limitación que impone el ámbito territorial en lo tocante a la pro-ducción/ prestación de este tipo de actividades. Como principal ventaja del crecimiento de estas actividades debemos destacar su carácter intensivo en mano de obra (Jiménez, Barreiro y Sánchez, 1999).

Otro documento de referencia es el Informe Iniciativas locales de desarrollo y empleo elaborado por la Comi-sión Europea en 1995, en el que se definieron de modo más concreto las distintivas actividades que constituían los denominados como yacimientos de empleo y que integraban cuatro grandes categorías de actividades: servicios de la vida diaria, servicios de mejora del mar-

co de vida, servicios culturales y de ocio y servicios medioambientales. En la siguiente tabla se muestra un desglose más detallado de las actividades específicas que se integran dentro de cada uno de estos grupos.

Esta publicación de 1995 tiene su continuidad unos años más tarde, cuando en 1998 se publica el segun-do informe sobre las iniciativas locales de desarrollo y de empleo. Este nuevo informe ponía de manifiesto la lentitud que caracterizaba las iniciativas locales de desarrollo y de empleo, proporcionándose también in-formación acerca del apoyo que estas iniciativas tenían en todos los países de la Unión Europea y el grado de responsabilidad pública en las mismas (Comisión Euro-pea, 1998). Además, aunque las 17 actividades enu-meradas en la tabla anterior respondían a la lógica de las denominadas nuevas necesidades generadoras de empleo, existe un consenso general en considerar que los nuevos yacimientos de empleo han de presentarse

Tabla 1. Servicios y yacimientos de empleo

Servicios de la vida diaria Servicios de ayuda a domicilioCuidado de los niños/asNuevas tecnologías de la información y de la comunicaciónAyuda a los jóvenes en dificultad y la inserción

Servicios de mejora del marco de vida

Mejora de la viviendaSeguridadTransportes colectivos localesRevalorización de los espacios públicos urbanosComercios de proximidad

Servicios culturales y de ocio TurismoSector audiovisualValorización del patrimonio culturalDesarrollo cultural local

Servicios medio ambientales Gestión de los residuosGestión del aguaProtección y mantenimiento de las zonas naturalesRegulación y control de la contaminación y de las correspondientes instalaciones

Fuente: elaboración propia.

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sin restringirse a un listado cerrado sino como una lista abierta de nuevas actividades que cumplen dos requisi-tos básicos:

• Satisfacer necesidades no cubiertas, bien sean nuevas o aquellas tradicionalmente satisfechas de modo informal mediante la solidaridad fami-liar, y que han de ser cubiertas de modo formal debido a factores como la incorporación de la mujer al mercado laboral o las modificaciones en las dinámicas y estructuras familiares.

• Ser intensivas en mano de obra.

En otras palabras, puede afirmarse que los «nuevos ya-cimientos de empleo» se ubican en la encrucijada de los cambios sociales, económicos y políticos de presentes y futuros.

Las iniciativas de fomento del empleo han sido una constante en la Unión Europa desde que se aprobó en 1997 la Estrategia Europa para el Empleo 1997 hasta la actual Estrategia Europa 2020 adoptada en el Conse-jo europeo de junio de 2010, que constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas eco-nómicas y de empleo de los Estados miembros.

A lo largo de todo este período cada país ha elaborado sus respectivos Programas Nacionales de Reformas. La Estrategia Europa 2020 adopta una visión de la econo-mía social de mercado de Europa para el siglo XXI (Euro-pean Commission, 2010). En el caso español, para dar cumplimiento a dicha estrategia, el Consejo de Ministros del 28 de octubre de 2011 aprobó la Estrategia Espa-ñola de Empleo. Además de la reciente aprobación de la Estrategia Española de Empleo, desde la irrupción de la

crisis económica y financiera y con el fin de hacer frente a las repercusiones que ésta tiene sobre el funcionamien-to y la situación del mercado de trabajo, se han publica-do y puesto en marcha numerosas medidas que tratan de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo como son el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y reforma de las políticas activas de empleo y el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Teniendo en principio un carácter estructural dada la situación, su objetivo úl-timo es prolongar su efectividad en el tiempo, de forma que se contribuya a mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas, especialmente jóvenes y parados de larga duración, y se fomente la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social en el acceso y mantenimiento en el empleo.

El desarrollo de este enfoque se erige como un impul-sor económico a la vez que intenta atender las necesi-dades sociales de la población, estimulado la equidad social. De esta forma las oportunidades de empleo que se crean se integran con las nuevas necesidades socia-les en el ámbito de las políticas de empleo impulsadas por la Unión Europea (Miguélez Lobo, 2006).

La idea que subyace en aquellas actividades considera-das como yacimientos de empleo está muy vinculada a la forma en la que las políticas se articulan parar tratar de incrementar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, generándose los principales impactos eco-nómicos, sociales y territoriales a nivel local. La incor-poración del territorio adquiere así una importancia cen-

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tral, pudiendo considerarse sujeto activo como agente de desarrollo, además de como un eje estratégico y operativo que produce sinergias entre los procesos so-ciales y viceversa alimentando de esta forma el desarro-llo endógeno. En pocas palabras, el territorio se perfila como pieza clave para que el desarrollo sea mucho más social (Carrillo Benito, 2002).

Como principal conclusión a extraer de todo lo expues-to con anterioridad cabe resaltar la importancia que tie-ne el estudio y análisis de los yacimientos de empleo en un contexto como el actual en el que se combinan envejecimiento de la población, cambios sociales pro-fundos y crisis económica. Prueba de ello es que los informes preparatorios de la LAPAD incluían distintas estimaciones acerca del impacto de ésta sobre el mer-cado de trabajo. Más concretamente el Libro Blanco (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005) subra-ya dos efectos básicos de la ley sobre el mercado de trabajo: la creación de nuevos puestos de trabajo tanto en el sector público como el privado; así como la inte-gración de trabajadores total o parcialmente excluidos del mercado trabajo por tener que prestar cuidados no remunerados. Así, se estimaba el impacto potencial sobre el empleo tomando como base el tiempo dedi-cado a prestar cuidados sin remuneración. Empleando datos de 1999 se señalaba que existían un total de 1.279.392 personas que cuidaban de familiares frente a 391.060 profesionales que desarrollaban ese mismo tipo de tareas. Del total de familiares, más de la mitad dedicaba más de 30 horas semanales a la provisión de cuidados, estimándose en consecuencia la existencia de un elevado potencial de creación de empleo ante la posibilidad de convertir, gracias a la ley, los cuidados formales en informales. Teniendo en consideración que no todo el empleo creado sería a tiempo completo, se

calculaba una creación cercana a los 300.000 puestos de trabajo durante el período 2005-2010. Los datos reales muestran que las primeras fases de implementa-ción de la LAPAD han tenido, efectivamente, un impacto positivo sobre el empleo.

1.1.2. Concepto de dependencia y situaciones de dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Per-sonal y Atención a las personas en situación de depen-dencia (LAPAD) define la dependencia en su artículo 2.2 como «el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal». El concepto propuesto sigue la Recomendación adop-tada en 1998 por el Consejo de Europa que reconoce las situaciones de dependencia como «el estado en el que se encuentran las personas que, por razones liga-das a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuida-do personal» (Consejo de Europa, 1998).

De ambas definiciones se desprende la necesidad de clasificar aquellas actividades en las que el dependiente puede necesitar ayuda. Una de las clasificaciones más empleadas es la que distingue entre actividades bási-

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cas de la vida diaria (ABVD) y las actividades instrumen-tales de la vida diaria (AIVD). Las ABVD comprenden to-das aquellas actividades primarias de las personas que tienen como objetivo el propio cuidado y la movilidad y que hacen posible su independencia básica para poder bañarse, vestirse o comer. Las AIVD integran aquellas actividades que posibilitan la integración de las perso-nas en su entorno y el mantenimiento de su independen-cia en la comunidad como pueden ser hacer la compra, hacer uso del transporte público o utilizar el teléfono.

No es posible hablar en consecuencia de una definición general de dependencia, sino que la severidad de ésta debe medirse en función, no sólo del número e importan-cia de las actividades para las que se requiere ayuda, sino también de la intensidad y frecuencia de dicha ayuda. Los intentos pioneros de establecer indicadores para medir la dependencia los encontramos en trabajos como los de Katz et al. (1963) y Mahoney y Bartel (1969). Atendiendo a esta premisa el artículo 26 de la LAPAD establece la siguiente clasificación de grados y niveles de dependencia:

• Grado I (Dependencia moderada): la persona ne-cesita ayuda para realizar varias actividades bá-sicas de la vida diaria, al menos una vez al día.

• Grado II (Dependencia severa): la persona necesi-ta ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.

• Grado III (Gran dependencia): la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la pre-sencia indispensable y continúa de otra persona.

El desarrollo legislativo ha estado orientado en un primer momento a determinar las intensidades de prestación de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas presentes en la LAPAD. Con respecto a la cartera de ser-vicios del SAAD recogidos en el artículo 15 de la LAPAD, éste comprende los siguientes servicios:

• Promoción de la autonomía personal.• Servicio de Teleasistencia• Servicio de Ayuda a domicilio:

» Atención de las necesidades del hogar » Cuidados personales

• Servicio de Centro de Día y de Noche: » Centro de Día para mayores » Centro de Día para menores de 65 años » Centro de Día de atención especializada » Centro de Noche

• Servicio de Atención Residencial: » Residencia de personas mayores en situa-

ción de dependencia » Centro de atención a personas en situación

de dependencia, en razón de los distintos ti-pos de discapacidad

Dentro del catálogo de prestaciones de naturaleza eco-nómica y de servicios se establece un régimen de incom-patibilidades recogido en el artículo 11 de la LAPAD. Así por ejemplo el servicio de atención residencial permanen-te es incompatible con el servicio de teleasistencia, con el servicio de ayuda a domicilio y con el centro de noche. Además, las Comunidades Autónomas pueden también establecer compatibilidades e incompatibilidades.

En el caso de las prestaciones económicas, el RD 727/2007 ha sido modificado mediante diferentes de-cretos que determinaban la cuantía de las prestaciones

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económicas hasta llegar al RD 570/2011 de 20 de Abril. Según se indica en la LAPAD se establecen dos grandes categorías de prestaciones económicas, des-critas en los artículos 19 y 20. El artículo 19 recoge las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales mientras que el artículo 20 hace referencia a las prestaciones económicas de asistencia personal, orientada en las personas con gran dependencia y en la práctica muy poco extendidas. En relación a las prestaciones econó-micas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, originariamente iban a ser de carácter excepcional cuando el beneficiario fuese atendido en su entorno familiar o bien no fuese factible la prestación del servicio. Sin embargo, se han conver-tido en la prestación «estrella» del sistema, desvirtuán-dose en cierto modo la propia esencia de la ley, ya que la obligación del cuidado vuelve a recaer en la familia, y más concretamente en las mujeres. La figura del cuida-dor no profesional queda regulada por el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales; así como la Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre mediante la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.

Además la LAPAD lleva consigo un calendario de ejecu-ción iniciado en 2006 y que finalizará en 2015:

• 2007: personas valoradas con un Grado III de gran dependencia, niveles 2 y 1

• 2008-2009: personas valoradas con un Grado II de dependencia severa, nivel 2

• 2009-2010: personas valoradas con un Grado II de dependencia severa, nivel 1

• 2011-2012: personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2

• 2013-2014: personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 1

Conforme al calendario de aplicación, a partir de 2013 se irían incorporando el resto de personas valoradas con dependencia moderada (nivel 1, debiendo quedar completado el calendario de aplicación de la Ley el 1 de enero de 2015. Sin embargo, las recientes medidas ins-trumentadas para reducir el déficit público han tenido un impacto directo sobre la aplicación de la LAPAD, elimi-nándose por ejemplo el principio de retroactividad. Esto se traduce en que no se percibirán prestaciones por el período transcurrido entre la solicitud, la valoración del grado de dependencia y la aprobación. Además, entre las principales críticas recibidas hasta la fecha destaca el ritmo divergente al que las Comunidades Autónomas han implementado la ley. En el caso de Andalucía, la reciente encuesta llevada a cabo por FUNCAS y publi-cada en el número 129 de la revista Papeles de Econo-mía Española confirma cómo, con datos de enero de 2011 Andalucía figuraba a la cabeza de España en la aplicación del SAAD, tanto en términos de solicitudes y valoraciones como de prestaciones, representado en los dos últimos casos el 30 % del total nacional, casi el doble de su peso poblacional (17 %).

2. Características básicas del Estado

del bienestar

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2. Características básicas del Estado del bienestar

La literatura acerca de la conceptualización sobre el Estado del bienestar es muy extensa, por lo que este apartado se limita a realizar una bre-ve reflexión sobre el mismo. El primer aspecto a

destacar es que, pese al tiempo transcurrido, no exis-te un acuerdo unánime sobre su definición. Según Ro-dríguez Cabrero (2006) el Estado del Bienestar «es un conjunto de instituciones de regulación, redistribución de recursos e integración política, sin el cual, no es po-sible concebir la naturaleza del capitalismo contemporá-neo y el funcionamiento de las democracias políticas». Así mismo, Moreno (2009) describe como «régimen del bienestar»1, al entramado institucional en el que se com-binan recursos legales, materiales y organizativos de sus productores principales: estado, mercado y familia, subrayándose así la interrelación entre el plano econó-mico, político y social.

A la hora de establecer una tipificación del Estado del Bienestar podemos retroceder hasta 1958, año en que Richard Titmuss presenta su ahora clásica tipolo-

1 El término «régimen del bienestar» fue propuesto por Esping-Andersen en 1990 en su libro The Three Worlds of Welfare Capitalism.

gía de los Estados del Bienestar2, aunque sin duda son muchos los estudiosos que han construido tipologías similares o alternativas, en especial desde los años no-venta. Una de las más difundidas es la establecida por Esping-Andersen (1990) quien introduce el término co-nocido como «enfoque de los regímenes de bienestar». Este enfoque diferencia tres áreas principales: relación estado-mercado, estratificación y desmercantilización que permiten identificar tres grandes grupos de regí-menes: liberal, conservador y socialdemócrata. Todos ellos establecen las relaciones entre el sector público, el mercado y la familia. Esping-Andersen (1990) explica que el Estado del bienestar no puede ser entendido sólo en términos de derechos y que se ha de tener en cuenta el papel del Estado como agente de provisión social jun-to con el del mercado y el papel de la familia. Se intro-duce así el concepto de «familiarismo»3 para referirse

2 Titmuss diferencia entre Estados del Bienestar residuales, donde el estado asume responsabilidades sólo cuando el mer-cado o la familia no lo hacen, restringiendo así su actuación a ciertos grupos sociales (marginados), y Estados del Bienestar institucionales, donde el compromiso con el bienestar está institucionalizado y prima la universalidad.

3 El «familiarismo», término que connota una estructura norma-tiva interiorizada por los individuos a través de los procesos de socialización y transmitida intergeneracionalmente que se

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al papel de la familia en determinados casos. España podría ubicarse dentro del modelo conservador aunque el papel de la familia es coprotagonista en la provisión de servicios, en determinadas ocasiones superando con creces al del mercado (Adelantado, 2000).

Son muchas las interpretaciones sobre los modelos de bienestar que se han realizado. Centrándonos en el caso específico de la atención a la dependencia o servicios de cuidados de larga duración y a modo de corolario podemos resumir la propuesta de Camacho et al. (2008):

• Modelo Beveridge (Países Nórdicos —Suecia, No-ruega y Dinamarca—): la atención a las personas en situación de dependencia se caracteriza por una cobertura universal financiada vía impuestos, potenciándose la universalización, la igualdad de clases sociales y de género.

• Modelo Bismarckiano (Alemania, Luxemburgo, Países Bajos): en estos países la dependencia se incluye como uno de los pilares básicos de la se-guridad social, introduciendo «seguros de depen-dencia». En estos sistemas la financiación suele correr a cargo de cotizaciones repartidas entre empleador y trabajador a partes iguales.

• Modelo mediterráneo (Grecia, Italia, España): las ayudas percibidas se enmarcan dentro de las po-

manifiesta en un tipo específico de estructura y comporta-miento familiar y en la relevancia de la familia en la procura del bienestar, asociados no tanto o no sólo a determinadas asunciones ideológicas, cuanto a parámetros de tipo simbóli-co, cultural y normativo (Añón y Miravet, 2006).

líticas sociales de carácter mixto entre contribu-tivo y asistencial y enmarcadas en el sistema de seguridad social, aunque la familia es la piedra angular de la prestación de cuidados.

Entrando algo más en detalle en los modelos predomi-nantes en el centro y sur de Europa, podemos compa-rar las principales características del sistema de aten-ción a la dependencia en Países Bajos y Alemania con el sistema español. En los Países Bajos el sistema se basa en el seguro social con la particularidad de que los servicios de cuidado doméstico se sufragan con cargo a impuestos generales. Asimismo, existe un co-pago en función del nivel de renta para la práctica totalidad de servicios provistos, incluyendo los costes de entrada en instituciones. El elevado nivel de gasto público está correlacionado con los altos niveles de uso de servi-cios formales. Se observa un elevado uso del cuidado residencial, especialmente en comparación con otros países del centro-este y sur de Europa (Mot, 2010). En la actualidad las políticas públicas tienen como uno de sus objetivos principales reorientar este uso desde el costoso cuidado institucional hacia el cuidado formal e informal a domicilio. Los servicios ofertados dentro de estos cuidados a domicilio abarcan no sólo la ayuda y asistencia personal sino también los cuidados médicos y tratamientos especializados. El cuidado informal tiene una importancia prácticamente marginal en los Países Bajos, a pesar de la elevada flexibilidad de su mercado laboral que permite compatibilizar dichas tareas con el trabajo.

En Alemania, el sistema tiene también un carácter sub-sidiario y parte de igual modo en el modelo de segu-ro social que fue introducido en 1994. No obstante, la provisión de servicios tiene un carácter mixto público-

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Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 2. Características básicas del Estado del bienestar

privado y formal-informal. El nivel de gasto público es más reducido que en los Países Bajos y el gasto pri-vado en servicios constituye una parte sustancial del gasto total. De modo análogo al holandés, el sistema alemán introduce el co-pago, especialmente en el caso del cuidado institucional y de los costes de entrada. Sólo aquellos individuos que no pueden hacer frente a los costes adicionales de los cuidados pueden ser eva-luados para que les sea concedida ayuda social para cubrirlos. Junto con los servicios residenciales también se proveen prestaciones tanto en metálico como en es-pecie, cuidados personales y de asistencia, cuidados de día y de noche y cuidados médicos. La política ac-tual del gobierno tiene también como objetivo apoyar los cuidados en el entorno del hogar y a los provee-dores de cuidado informal de modo que algunos de los instrumentos de la política de dependencia están específicamente dirigidos a estos grupos. Como ejem-plo, podemos señalar la concesión de prestaciones por parte de la Seguridad Social a los proveedores de cui-dados informales y a aquellos que solicitan una baja en su actividad laboral para dedicarse a prestar cuidados o incluso para participar en cursos de formación y aseso-ramiento. De hecho, el cuidado informal constituye una parte importante del sistema aunque se centra básica-mente en individuos dependientes menores de ochenta años y no solteros, dado que son las esposas las que principalmente los proporcionan (Schulz, 2010). Es por ello que Alemania suele clasificarse como un país con-tinental con reparto de responsabilidades en el cuidado de los mayores (Pommer et al., 2007). Algunas de las responsabilidades son cubiertas por las familias con el apoyo público, aunque es necesario subrayar que existe un elevado grado de acceso a servicios de carácter público por parte de aquellos individuos con mayores niveles de dependencia.

Como ya se ha señalado con anterioridad, y al contra-rio que en Países Bajos y Alemania, la provisión de cui-dados a las personas en situación de dependencia ha sido tradicionalmente considerada como una obligación familiar en España (Gutiérrez et al., 2010), rasgo com-partido por el resto de países que se engloban bajo el «modelo mediterráneo». La aprobación de la LAPAD en 2006 imprimió un giro radical, desarrollando un sistema que comparte muchas similitudes con el alemán y don-de el Estado apoya el cuidado informal proporcionando asistencia financiera a los proveedores de cuidado infor-mal. A pesar de los esfuerzos realizados para introducir distintos instrumentos institucionales de provisión de cuidados, el tamaño del sector del cuidado informal es todavía muy elevado, estimándose que cerca del 70 % de los mayores en situación recibe únicamente cuida-dos de carácter informal (Gutiérrez et al., 2010).

2.1. El Estado del bienestar en España. Génesis y evolución

El desarrollo del Estado del bienestar en España tiene lugar, al igual que en el resto del continente europeo, durante el siglo pasado. Su objetivo básico era dar res-puesta institucional a los riesgos de los ciudadanos a través de impuestos, cotizaciones o la combinación de ambas. El modelo de Estado del bienestar español, como se ha indicado con anterioridad, podría encua-drarse dentro del denominado como modelo medite-rráneo del bienestar, caracterizado por un desarrollo tardío y condicionado por sus circunstancias históricas

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(dictadura y el gobierno autoritario desde 1939-1975)4. Así su desarrollo va unido al desarrollo de la propia de-mocracia en el último cuarto del siglo XX. El Estado del bienestar español se sitúa así entre los regímenes «bis-marckianos» y «beveridgeanos» del bienestar, contribu-tivo y universalista, respectivamente (Moreno, 2001). España es quizás el país mediterráneo que mejor repre-senta este modelo mixto del bienestar por su universali-zación de la educación, sanidad y sistema de pensiones contributivas y no contributivas (Moreno, 2009). Se ca-racteriza además por tener un modelo de relaciones la-borales con altas tasas de negociación colectiva y baja sindicación, también desarrolladas al calor de nuestra joven democracia. Asimismo, el impacto en términos de convergencia en materia de políticas sociales y de cohesión para con la Unión Europea se ha acrecentado gracias a los fondos estructurales y al ajuste a los di-seños comunitarios de sus políticas nacionales, erigién-dose como condicionantes básicos en el desarrollo de nuestro modelo. Cabe señalar también la existencia de diferencias territoriales en términos de bienestar norte/sur que provocan diferencias de políticas de distribu-ción interterritorial de recursos internos (Adelantado y Gomà, 2000).

Sin embargo, el rasgo definitorio por excelencia del mo-delo del bienestar mediterráneo es el papel de la familia en su interacción con el mercado y el sector público. El predominio de la familia extensa ha creado una intensa microsolidaridad tanto material como afectiva, su rele-

4 Compartiendo estas circunstancias históricas, y por tanto ese retraso en su modernización, con Italia (dictadura fascista de Benito Mussolini durante 1922-1943), Grecia (Dictadura de los Coroneles entre 1968-1974) y Portugal (dictadura de Antonio Oliveira Salazar entre 1926-1974).

vancia queda presente incluso en el ordenamiento jurí-dico generando obligaciones legales, ejemplo de ello, el derecho de alimento recogido en el Código Civil5. Un elemento clarificador de este énfasis en la familia ha sido la ausencia de políticas orientadas específicamente a la atención de muchas de estas necesidades sociales.

Tradicionalmente, el modelo de familiar se ha desarro-llado bajo el paradigma del «varón sustentador», esto es, el varón como proveedor del sustento, mientras que el papel de la mujer se reducía a cumplir con las funcio-nes de reproducción y trabajo doméstico, no remunera-do ni reconocido, siendo un modelo familiar asimétrico. Sin embargo las relaciones patriarcales comienzan a dar paso a una multiplicidad de nuevas formas de con-vivencia, debido principalmente, a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Entre las trasformacio-nes más importantes para las mujeres se encuentran el cambio desde el «modelo de varón sustentador» hacia el «modelo dual de sustentación», si bien este cambio de modelo no se ha visto acompañado de una incorpo-ración equitativa de los varones al tiempo de cuidado y doméstico (Campillo Poza, 2010).

Otro de los aspectos clave en el desarrollo de nuestro modelo del bienestar ha sido la presencia de la Iglesia católica como principal proveedor de protección social para con las personas en riesgo de exclusión. Sin em-bargo, actualmente este papel ha disminuido (Morata García de la Puerta et al., 2010).

En el momento actual, los sistemas de protección so-cial y el Estado del bienestar mantienen su confianza

5 Artículos 142 y siguientes del Código de Civil español.

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en la familia, en su solidaridad intergeneracional, aun-que se está asumiendo el hecho de traspasar al Estado las funciones que tradicionalmente han sido realizadas por la familia, como el cuidado de personas mayores y más concretamente de personas dependientes. La LAPAD ha pretendido responder a las necesidades de las personas en situación de dependencia así como a las de quienes hasta ahora se han ocupado de ellas de manera altruista y con grandes sacrificios personales, evolucionado hasta generar un nuevo derecho de ciuda-danía como es la atención a las personas en situación de dependencia.

Moreno (2006) señala que la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo en España ha provocado diferentes efectos sustitución. En una primera fase la transferencia de la obligación de prestar cuidados se ha realizado entre los miembros femeninos de las fami-lias (las abuelas se hacen cargo en muchos casos del cuidado de los nietos) y otros tipos de prestación de cuidados recaen sobre otros familiares como las her-manas. Podría hablarse así de un efecto de sustitución intra-familiar. En una segunda fase ha pasado a emplear-se el cuidado «informal» provisto por el sector privado, esto es, especialmente mano de obra inmigrante con un coste reducido. La aprobación de la LAPAD tendría entre sus objetivos entrar en una tercera fase de susti-tución en la transferencia de la responsabilidad de pres-tar cuidados: la profesionalización de los servicios. El desarrollo de esta nueva fase implica la conjugación de tres acciones (Krüger y Jiménez, 2011): formalizar el mercado de trabajo informal, incrementar el volumen de fondos dedicados a servicios sociales, asumiendo que la mano de obra del mercado de trabajo «formal» es más cara que la del mercado de trabajo «informal» y, finalmente, incrementar los costes de los servicios

de cuidado bajo la hipótesis de que la demanda crecerá fruto del aumento de la esperanza de vida y del número de personas mayores.

Bajo este escenario cabría argumentar que las presta-ciones económicas para cuidados en el entorno familiar deben restringirse al máximo porque desincentivan el acceso y la conservación del empleo de las mujeres en general y de las «nuevas cuidadoras» en particular. No obstante, también puede sostenerse que se trata de una medida para dignificar el trabajo realizado por aque-llas mujeres que han dedicado su vida por completo al cuidado, sirviendo como colchón para garantizar una pensión de jubilación de modalidad contributiva como recompensa al trabajo realizado (Rodríguez-Rodríguez, 2005). En definitiva, todos estos cambios legislativos además de ser un importante paso más en la construc-ción del Estado del bienestar, tienen como objetivo la consolidación de nuevos hábitos sociales, aunque no sea de manera inmediata.

2.2. La atención a la dependencia como cuarto pilar del Estado del bienestar y sus antecedentes

La atención a las personas en situación de dependen-cia no se trata de un problema social nuevo que surge a raíz de la publicación de LAPAD, sino que esta trata de configurar el «cuarto pilar»� del Estado del bienestar junto con el sistema de pensiones, la educación y la salud. Se pretende así responder a los cambios socia-les, demográficos y económicos actuales y futuros, es decir, dar respuesta tanto al envejecimiento de la pobla-

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ción como al resto de circunstancias que menoscaban la realización de las actividades básicas de la vida dia-ria. Si bien es cierto que la situaciones de dependencia aumentan con la edad, no se puede caer en el error de asociar dependencia a envejecimiento porque esta se encuentra en toda la pirámide poblacional y, además, vivir más puede significar también disfrutar de una vida activa más larga en lugar de necesitar cuidados duran-te períodos de tiempo más largos (Wittenberg et al., 2002; Guillén et al., 2007).

Para la construcción del actual sistema para la aten-ción y autonomía personal se ha de tener en cuenta la evolución del modo de entender y afrontar una realidad que ha estado presente en todas las sociedades y en todos los procesos históricos, como es la discapaci-dad y también el envejecimiento, este último propio de las sociedades post-industriales y que afecta de modo directo a la sostenibilidad del Estado del bienestar, y más particularmente al mantenimiento de la sanidad y del sistema de pensiones. El desarrollo de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad por un lado, y con la tercera edad por otro, se inscriben en el marco más amplio del desarrollo de la política social como ám-bito específico de la acción pública.

Las políticas de protección de la vejez y la discapacidad han tenido una evolución paralela, por lo que puede to-marse como punto de partida el año 19386, año en el que se publica la carta magna de la política social del franquismo, el fuero del trabajo, que tuvo como objeto

6 El Fuero del Trabajo de 1938 es una de las ocho leyes fundamentales del franquismo, siendo elaborada antes del fin de la Guerra Civil a imitación de la Carta di Lavoro de Benito Mussolini.

la creación e implantación de un sistema de seguros sociales7 y la atención económica a la población tra-bajadora de edad avanzada. Desde una perspectiva eminentemente asistencial hemos de retroceder al año 1936 para referirnos al auxilio social, que se constituye como un sistema benéfico a nivel estatal dirigido a los más desfavorecidos, entre los que se encontraban las personas mayores y las personas con discapacidad. Este sistema pasaría a denominarse en 1938 Consejo Superior de Beneficencia, bajo la competencia del Mi-nisterio de Gobernación. Ante la incapacidad para dar respuesta a las necesidades sociales existentes, el Es-tado delega en el sector religioso y privado una amplia gama de funciones, aunque es reseñable el marcado carácter intervencionista y protector de esta primera etapa del franquismo. Destacan el establecimiento en 1938 del subsidio familiar y un año más tarde, en 1939, del subsidio de vejez e invalidez, a través de la ley de 1 de septiembre de 1939 que sustituyó el retiro obrero por una pensión fija. En 1942 aparece el seguro obliga-torio de enfermedad y ese mismo año se publica la ley de accidentes de trabajo. La protección a la población trabajadora siguió incrementándose durante esta prime-ra década y el 18 de abril de 1947 ve la luz el seguro obligatorio de vejez e invalidez, bajo el acrónimo SOVI, caracterizado por ser una pensión vitalicia, única y de cuantía fija, con carácter contributivo (Comín y Comín y Gálvez Muñoz, 2010).

7 Dicho sistema mantenía el ideal de seguro total del período republicano. En 1908 se crea el Instituto Nacional de Previ-sión, institución precursora de la Seguridad Social, en el que se integran los seguros sociales que van surgiendo, como el seguro de vejez, supervivencia, seguro popular de vida y renta, los seguros de invalidez, accidentes, maternidad, etc.

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Como sistema complementario a la protección dada por los seguros emergen las mutualidades laborales8 encargadas de la población asalariada y afiliada. Desde la asistencia social, el auxilio social se ocupa de los casos extremos, manteniendo algunos hogares de an-cianos, y la Dirección General de Beneficencia empieza la construcción de establecimientos residenciales. En cualquier caso no se puede pasar por alto en este pe-ríodo autárquico el fuerte papel de la familia, a la que se reconoce su labor a través del plus familiar en 1945, así como la presencia de la Iglesia y de la iniciativa privada más o menos especializada. Desde finales de los años cincuenta las medidas sociales evolucionan en paralelo con la lenta modernización socioeconómica.

Desde el punto de vista asistencial, en 1960 se crea el Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS) ante el fracaso de la ley nacional de asistencia social. El FO-NAS mantenía una orientación benéfico-asistencial de la protección social pública, dando cobertura a ancia-nos, personas enfermas y/o en situaciones extremas. También Cáritas crea una sección destinada a procurar asistencia a los ancianos en 1959. Tres años más tarde esta organización, a través de la Asamblea Nacional de Cáritas, señala que el envejecimiento es un problema social clave al que España debía hacer frente. Así, en la década de los sesenta la coyuntura desarrollista es ideal para el desarrollo e implantación de un modelo único de protección social. Desde 1959 hasta 1962 se diseñan diferentes proyectos de reforma que se mate-rializaron en 1963 en la Ley General de Bases de la Seguridad Social que unifica los seguros sociales en un

8 Instituciones creadas por la fusión entre los Montepíos y las Mutualidades.

único sistema de seguridad social, aunque sin llegar a modificar de modo sustancial la precaria situación de los pensionistas. La Ley de Bases engloba cuatro servi-cios sociales: higiene y seguridad en el trabajo, medici-na preventiva, reeducación y rehabilitación de inválidos y acción formativa. A pesar de ello, muchos de estos principios se vuelven a plasmar en la Ley General de Seguridad Social de 1966. Bajo este marco, aunque no previsto por la ley de bases, se crea en 1968 el servicio social de asistencia a menores subnormales. En 1970 se suprime el límite de edad para poder beneficiarse de este servicio que pasa a denominarse de forma gené-rica de asistencia a subnormales. Paralelamente, Cári-tas, junto con las mutualidades laborales, son las encar-gadas de la redefinición del ámbito de la protección de las personas mayores durante el período 1969-1971.

Llegado este momento hemos de distinguir, por un lado, las políticas orientadas a las personas con dis-capacidad, y, por otro, las políticas de protección del envejecimiento. Ambas se desarrollan paralelamente desde 1969 hasta 1978 pero con objetivos diferentes. En lo concerniente a la discapacidad se trabaja en la integración del colectivo y la asistencia en materia de prestaciones económicas y de servicios. En contraste la protección a las personas mayores se orienta a la consolidación de una mejor calidad de vida tras su retiro del trabajo, independientemente del motivo.

Desde el plano de la protección a las personas con dis-capacidad, el Decreto 2531/70, de 20 de mayo, crea el Servicio Social de Recuperación y de Rehabilitación de Minusválidos, perteneciente a la Dirección General de la Seguridad Social y adscrito a Institutito Nacional de Previsión. Éste se fusiona en 1974 con el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos

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Físicos y Psíquicos, manteniendo el acrónimo SEREM y convirtiéndose en la primera administración especializa-da en el desarrollo de políticas a favor de personas con discapacidad.

En el terreno de las políticas de protección del enveje-cimiento cabe destacar el Plan Gerontológico Nacional de las mutualidades laborales de 1969, que pretendía analizar las necesidades de la población mayor españo-la desde tres puntos de vista: asistencial, económico y sanitario. Este plan pone en entredicho la política que se estaba realizando, además de poner sobre la mesa la necesidad de modernizar la protección social del en-vejecimiento y de redefinir las prestaciones sociales en diversas líneas como la promoción y construcción de clubs, residencias y centros geriátricos o el desarrollo de la asistencia a domicilio. Esta iniciativa hace que en 1970, unos meses después de ver la luz el plan, se cree el Servicio de Seguridad Social de Ayuda a los An-cianos, que cinco años después se transformará en el Servicio de asistencia al Pensionista (SAP). En 1971, tras la iniciativa de las mutualidades laborales, el go-bierno aprueba el Plan Nacional de Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos9, considerado como la pri-mera piedra del sistema moderno de servicios sociales para personas mayores.

Dejando atrás la dictadura franquista se abre en España un nuevo horizonte, la transición democrática (1975-1978). En este momento, la política social se encuentra frente a grandes interrogantes como la universalización frente al corporativismo, la privatización frente a la ex-

9 Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de marzo de 1971.

tensión del sector público o la descentralización de la gestión frente al centralismo. En otras palabras se trata de elegir entre un modelo dual bismarckiano —profe-sional y contributivo— y beveridgiano —universalista y asistencialista— (Rodríguez Castedo, 2011). La ratifi-cación y publicación de la Constitución de 1978 daba respuesta a esos interrogantes. La carta magna reco-noció, en su artículo 41, el mantenimiento del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, garantizando la asistencia y prestaciones sociales en caso de necesidad. Igualmente, en el artículo 43 se hace referencia al reconocimiento del derecho a la pro-tección de la salud, así como a las medidas preventi-vas y a las prestaciones y servicios necesarios. Son los artículos 49 y 50 los que hacen referencia al grupo de interés de este estudio, las personas con discapaci-dad y tercera edad respectivamente. Adentrándonos en el tratamiento que se hace en el texto constitucional, el artículo 49 reconoce la necesidad de realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e inte-gración, así como, de atención especializada dirigida a las personas con discapacidad, esto es, «disminui-dos físicos, sensoriales y psíquicos». La protección a la tercera edad se establece en el artículo 50, en el que además de garantizarse un sistema de pensiones para dar cobertura económica a los ciudadanos que enveje-cen, se pone a su disposición un sistema de servicios sociales paralelamente a las obligaciones de la familia para con ellos, recalcando este artículo la importancia de la familia la labor del cuidado.

Inspirándose en el precepto constitucional referido a las personas con discapacidad, se publica la Ley 13/1982, 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, más conocida por su acrónimo LISMI, considerada la ley marco para las sucesivas políticas sociales relacio-

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nadas con el colectivo de personas con discapacidad. Entre las acciones previstas en dicha ley, en su artículo 12 se recoge la creación de un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad, puesto que dada su situación no po-dían desarrollar una actividad laboral, no ubicado en el sistema de seguridad social. Este sistema asistencial establece las siguientes prestaciones sociales y eco-nómicas:

• Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica• Subsidio de garantía de ingresos mínimos• Subsidio por ayuda de tercera persona• Subsidio de movilidad y compensación para gas-

tos de transporte• Recuperación profesional• Rehabilitación médico-funcional, estando exentos

de pago de los productos farmacéuticos

Además, el principio de universalidad de la seguridad social recogido en el artículo 41 de la Constitución Es-pañola y reflejado también en el artículo 12 de la LISMI queda articulado, al menos parcialmente, con la publi-cación en 1990 de la Ley 26/1990 de 20 de diciem-bre, por la que se establecen en la seguridad social la prestaciones no contributivas. Con esta ley se suprimen los subsidios de garantía de ingresos mínimos y el de ayuda a terceras personas, aunque las personas bene-ficiarias hasta entonces siguieron percibiendo dichas prestaciones económicas. A partir de este momento los requisitos principales pasan a acreditar el 65 % de la discapacidad recogida en Real Decreto 1971/1999 y ser mayor de 18 años (Rodríguez Castedo, 2011).

Resulta necesario volver al proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autóno-

mas que se materializa en sus respectivos Estatutos de Autonomía10. A través del precepto constitucional (artículo 148.1.20) se configura un concepto muy am-plio y generalista de servicios sociales enmarcado en la asistencia social, por lo que se hace necesario su delimitación y matización, además de la regulación y de-sarrollo por parte de las diferentes leyes autonómicas de servicios sociales (Vilá, 2010). Entre 1982 y 1992, se inicia la elaboración por parte de las comunidades autónomas de sus leyes de servicios sociales, coin-cidiendo con el reconocimiento de la competencia en materia de asistencia social recogida en los estatutos de autonomía. Las comunidades autónomas pioneras fueron País Vasco, Cataluña, Navarra, Madrid y Murcia, sirviendo así de ejemplo para el resto de comunidades autónomas. El conjunto de Leyes de servicios sociales aprobadas durante este periodo de tiempo son denomi-nadas como Leyes de primera generación (Vilá, 2010). Los gobiernos autonómicos apuestan por la gestión de los servicios sociales en el ámbito local, principalmente por la necesidad de cercanía en la provisión de cuida-dos y el mayor conocimiento de las necesidades socia-les. Tomando como referencia los criterios territoriales establecidos en la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local de 1985, se atribuyen las competencias en prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social a los municipios de más de 20.000 habitantes. Para aquellos municipios de población inferior a la establecida anteriormente, las diputaciones provinciales asumen la prestación de los servicios (Vilá, 2010).

10 Entre 1979 y 1995 se llevó a cabo la redacción de los diecisiete Estatutos de Autonomía, siendo las últimas las dos ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla.

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Al conjunto de leyes de servicios sociales de primera generación les faltaba precisar su organización y finan-ciación, aunque la intervención en materia de servicios sociales estuviese descentralizada. No existe todavía, sin embargo, una ley nacional de servicios sociales que regule las prestaciones mínimas, el sistema de finan-ciación, la coordinación y la conexión entre el sector público y el resto de agentes sociales prestadores de servicios. Es el Ministerio de Asuntos Sociales, cuya creación en 1988 supuso un hito en el desarrollo de servicios sociales, quien promueve la puesta en marcha de iniciativas sobre políticas de servicios sociales, res-petando siempre las competencias de las comunidades autónomas (Aragón et al., 2007). Así en 1989 el Minis-terio y las comunidades autónomas acuerdan conjun-tamente el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que garan-tiza la información y orientación, la ayuda a domicilio, el alojamiento y la convivencia y la prevención e inserción social, todo ello a través de la cooperación económica y técnica, con el objetivo de financiar las prestaciones básicas de los ciudadanos en situación de necesidad. Los tres niveles administrativos (central, autonómico y local) quedaban así implicados. Desde un punto de vista financiero la firma de este plan implicaba la dotación de una serie de recursos económicos destinados a fi-nanciar servicios sociales gestionados por las corpora-ciones locales con el fin de impulsar la red pública de servicios sociales (Gutiérrez Resa, 2001).

No sólo se llevan a cabo acciones encaminadas a la construcción legislativa de los servicios sociales auto-nómicos, sino que también se continua con la amplia-ción de la protección social de las personas mayores a través del Plan Gerontológico de 1992, elaborado du-rante el período 1988-1989, y que estaba estructurado

en cinco áreas: pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio y participación. No obstante, el proceso de descentralización y asunción de competencias por parte de las Comunidades Autó-nomas hace que éstas elaboren sus propios planes de acción dirigidos a personas mayores (Instituto de Migra-ciones y Servicios Sociales, 2003).

A nivel nacional, el Plan de 1992 ha de considerarse como un avance netamente positivo, como se refleja en el «Informe de valoración del plan gerontológico esta-tal 1992-1997» (IMSERSO, 1999). Los últimos años de la década de los noventa del siglo pasado en materia de protección a las personas mayores estuvieron mar-cados por el «Año europeo de las personas de edad avanzada y de la solidaridad entre las generaciones» de 1993. En 1998 se presenta el «Observatorio perma-nente de personas mayores» como instrumento para lograr un acercamiento integral de la realidad social de los mayores y el desarrollo de políticas de atención acorde con sus necesidades. En 1999 se conmemora el «Año internacional de las personas de edad» bajo el lema «Hacia una sociedad para todas las edades» que se reafirma en la «Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento» celebrada en Madrid en 2002. En 1999 también se crea el Consejo Estatal de las Per-sonas Mayores cuya finalidad reside en «la institucio-nalización del movimiento asociativo de las personas mayores, en la definición, aplicación y seguimientos de políticas de atención, inserción y calidad de vida dirigi-das a esta población» (Real Decreto 428/1999). Otro gran avance durante finales de los años noventa es el «Plan de Atención a los Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (1999-2005)» (IMSERSO, 1998).

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A nivel regional, entre los años 1993 y 1997 se llevan a cabo las primeras reformas de las leyes de servicios so-ciales, encabezadas por Galicia, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, cuya finalidad es adaptarse a las nuevas necesidades y demandas sociales además de hacer hincapié en la descentralización de los servi-cios sociales surgidos en los años ochenta. Estas regio-nes sirven como ejemplo para otras comunidades au-tónomas que también reforman sus leyes de servicios sociales como La Rioja, Asturias, Madrid y Murcia. Entre 2002 y 2003 ya se afrontaba la atención a las personas en situación de dependencia gracias a la influencia del Consejo de Niza del año 2000 (Jiménez Lara y Huete García, 2010). A este conjunto de leyes de servicios sociales reformadas se las conoce como leyes de se-gunda generación (Arias et al., 2004).

La construcción de un marco de protección para las personas con discapacidad y personas mayores coexis-te con procesos paralelos de creación, desarrollo e implantación de sistemas autonómicos de servicios sociales que se van adaptando a una nueva realidad social muy diferente a la de las etapas anteriormente comentadas. No se puede pasar por alto los acuerdos del Consejo de Europa en las cumbres de Lisboa, Niza, Barcelona y Copenhague, en los que se definieron los objetivos comunes de lucha contra la exclusión social por parte de los estados miembros que se materiali-zan más tarde en los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión social (PNAin). En España se ha elaborado cinco PNAin11, cuyos objetivos desde el primer plan se

11 I Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2001-2003; II Plan de Acción para la inclusión Social del Reino de España 2003-2005; III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2005-2006; IV

han orientado a abordar de modo integral los riesgos de exclusión a nivel de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Igualmente, uno de los hitos comunitarios como respuesta a los cambios demográ-ficos y sociales, es la Recomendación Nº (98)9 del Co-mité de Ministros a los Estados miembros relativa a la dependencia que reconoció la atención a las personas en situación de dependencia como fenómeno social cre-ciente en Europa (Aragón et al., 2007).

Entre las iniciativas europeas orientadas a las personas con discapacidad en materia de derechos pueden citar-se la trasposición de la directiva comunitaria 2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000, relativa al principio de igualdad de trato de las personas, independientemente del origen racial o étnico, procedente del art. 13 del Tratado de Ámsterdam12 de 1999. Esta trasposición se materializó en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de opor-tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), teniendo como objeto garantizar y hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades de las personas con disca-pacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución (art. 1, LIONDAU). Esta fue precisamente una de las medidas adoptadas en conmemoración al Año europeo de las personas con discapacidad decla-rado por el Consejo de Europa en 2003. La LIONDAU ha servido como base para el desarrollo de las medidas de igualdad de oportunidades para una participación

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2006-2008; V Plan Nacional de Acción para la Inclu-sión Social del Reino de España 2008-2010.

12 Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 1997.

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plena en la vida política, económica, cultural y social de las personas con discapacidad. Simultáneamente a la LIONDAU se diseñaron tres planes: el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, el II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007, y Plan de Ac-ción para las Mujeres con discapacidad, aprobado por el Gobierno el 1 de diciembre de 2006. También se crea en 2004 el Consejo Nacional de la Discapacidad, dando así impulso al principio de diálogo civil establecido en la LIONDAU. Otra de las medidas que se desarrollan a par-tir de las medidas de acción positiva y no discriminación establecidas en la LIONDAU es el reconocimiento de las lenguas de signos españolas materializada en la Ley 27/2007 de 23 de octubre, que regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas. Adicional-mente, la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-bilidad universal de las personas con discapacidad. La última acción a favor de la protección de las personas con discapacidad en España es el III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que tiene como objeti-vo «la promoción de la autonomía personal, a través del reconocimiento de la discapacidad como un compo-nente de la diversidad humana, concibiendo y aplicando las políticas públicas de tal manera que las personas con discapacidad obtengan el mismo beneficio que el resto de la ciudadanía, garantizando de este modo el ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, y sociales, en una sociedad cohesionada en su com-plejidad» (Ministerio de Sanidad y Política Social 2009). Los principios inspiradores del III Plan siguen el marco normativo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la legislación española: no discriminación, igualdad de oportunidades, normalización y vida independiente, par-

ticipación e integración, transversalidad, diálogo civil, cooperación institucional, accesibilidad universal, dise-ño para todos e igualdad entre mujeres y hombres (Mi-nisterio de Sanidad y Política Social, 2009).

En materia de protección y promoción a favor de las personas mayores los primeros años del siglo XXI han sido igual de intensos que los últimos años del siglo XX, según indican los informes sobre la situación de las personas mayores 2000, 2004, 2006 y 2008 (Caste-jón et al., 2009). Un instrumento reseñable es el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007, cu-yos principios básicos son la dignidad, independencia, autorrealización, participación, cuidados asistenciales y cooperación. El principio de cooperación surge debido a la realidad política del Estado de las Autonomías y del traspaso de competencias a las Comunidades Autóno-mas, a través de mecanismos y técnicas de relación interterritorial para llevar a cabo el ejercicio satisfacto-rio del conjunto de administraciones implicadas en el desarrollo del Plan. El Plan de Acción para las Perso-nas Mayores 2003-2007 puede considerarse como una continuación adaptada del Plan Gerontológico de 1992, señalando que no se trata de un documento cerrado sino abierto y dinámico en el que se realizarán las mo-dificaciones oportunas para lograr la mayor adaptación posible a la realidad social del colectivo.

Hasta ahora el entramado de políticas y acciones so-ciales relacionadas con las personas con discapacidad y personas mayores han recibido un tratamiento para-lelo, teniendo ambas una misma finalidad: mejorar la calidad de vida libre de discriminación e igualdad. La atención de las necesidades de las personas en situa-ción de dependencia es uno de los grandes retos de la política social. El proceso de construcción de este

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pilar del Estado del bienestar en España comienza en octubre de 2003, cuando se aprueba la renovación del Pacto de Toledo, que en la recomendación adicional tercera señala «resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspecti-va de globalidad del fenómeno de la dependencia y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la definición de dependencia, la situa-ción actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección». A finales de 2004 ve la luz el Libro Blanco de Atención a las Perso-nas en Situación de Dependencia en España (IMSERSO, 2004) que sirve de base para conocer la situación de las personas en situación de dependencia y el potencial efecto que la provisión de cuidados puede tener en el mercado de trabajo como sector generador de empleo, así como los fundamentos que inspiran la necesidad de crear, desarrollar, implantar y consolidar un sistema de promoción y atención enmarcado en el sistema público de servicios sociales.

En 2006 se publicó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Como ya se ha puesto de manifiesto, ésta supone el reconocimiento del derecho de las personas mayores y personas con discapacidad a ser atendidas por los poderes públicos cuando se puedan valer por sí mismas, generando así un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía. Asimismo, la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el que la colaboración de todas las Administraciones Públicas y la Administración General de Estado garantiza un contenido mínimo co-mún para todos los ciudadanos del territorio español. El carácter subjetivo de sus servicios y prestaciones hace posible un avance en los recursos y la organización de

la protección social como la base para el desarrollo del sistema de servicios sociales como cuatro pilar del Es-tado del bienestar. El SAAD no se puede concebir como un sistema aislado del sistema público de servicios so-ciales, sino complementario a éste. El SAAD viene a cubrir las insuficiencias en prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales, ya que éstas tienen un carácter discrecional en su concesión e indeterminado en su cuantía, además de ser diferentes a lo largo de todo el territorio nacional e, incluso, insuficientes, aun cuando las leyes de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas tienen como principio funda-mental a universalidad.

Volviendo al proceso de construcción de un sistema de servicios sociales adaptado a las necesidades y deman-das sociales, tras la publicación y puesta en marcha de la LAPAD, se produce de nuevo un desarrollo normativo del sistema de servicios sociales iniciado en Navarra en 2006, Cantabria y Cataluña en 2007, Galicia y Euskadi en 2008, Illes Balears, Aragón y la Rioja en 2009 y, fi-nalmente, Castilla-La Mancha y Castilla y León en 2010. Todas ellas son leyes de servicios sociales de segunda generación, suponiendo una subjetivación del derecho a la prestación de servicios sociales, se resaltando la participación económica de los beneficiarios.

El recorrido por la construcción del sistema de protec-ción social en España como se ha podido comprobar ha sido continuo, abierto y flexible a las realidades sociales que iban aconteciendo a lo largo de la historia reciente de España. Culminado en el desarrollo de un sistema de atención a las personas dependientes que abre nuevos horizontes más allá de la asistencia, se trata de dere-chos de ciudadanía y fortalecimiento de los valores y

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principios que inspiran la sociedad del bienestar garan-tizando una cohesión social suficiente y adecuada.

2.3. La protección social en Andalucía

El proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, en los términos estable-cidos en el art. 148, en concreto, art. 148.1.20 en materia de asistencia social. En base a esta previsión constitucional, el Estatuto de autonomía de 1981, re-conoció en su art. 13.22, la competencia exclusiva en materia de asistencia y servicios sociales. Ocurriendo igual, en el art. 61.1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Reconocida esta competencia exclusiva en el Estatuto de autonomía, se procedió a su desarro-llo normativo, con la publicación de la Ley 2/1989, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía13. Cuya finalidad según el artículo 1 es «regular y garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, median-te el ejercicio de una acción administrativa coordinada, un sistema público de Servicios Sociales que ponga a disposición de las personas y de los grupos en que és-tas se integran recursos, acciones y prestaciones para el logro de su pleno desarrollo, así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a

13 El desarrollo de prestaciones y servicios previstos en el art. 10 de la Ley de servicios sociales, se hizo a través del Decre-to 11/1992, 28 enero sobre naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios.

su marginación». Esta ley de servicios sociales de Anda-lucía puede clasificarse como una ley de primera gene-ración. En 1992 el Decreto 11/1992, de 28 de enero, sobre naturaleza y prestaciones de los servicios socia-les reconoció, a su vez, el servicio de ayuda a domici-lio14 en 1996 y el servicio de teleasistencia15 en 2002. Ambas han sufrido modificaciones para adaptarse a la realidad social actual.

Es importante hacer referencia al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 1988 que establece los correspondientes Convenios-Progra-mas con las administraciones en torno a cuatro com-promisos clave como son la cofinanciación, la gestión, la información y asistencia técnica. A nivel andaluz, el Plan Andaluz de Servicios Sociales 1993-1996 se con-sidera como la primera manifestación de planificación en servicios sociales. Posteriormente se publican el Plan Director de Infraestructuras de Servicios Sociales (2000-2006) y el Plan Andaluz para la Inclusión Social (2003-2006). Todo ellos son instrumentos de planifica-ción por excelencia de los servicios sociales en Anda-lucía, además, en 1999 se publicaron dos leyes auto-nómicas16 de vital importancia dirigidas a las personas mayores y personas con discapacidad cuya finalidad

14 A través de la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 22 de octubre de 1996, ésta fue derogada posteriormente por la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regu-la el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

15 Orden de 10 de enero de 2007, por la que se modifica la de 10 de enero de 2002, por la que se regula el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

16 Ley 6/1999, de 7 de Julio, Atención y Promoción a las Perso-nas Mayores y la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad.

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era regular las actuaciones dirigidas a la atención y pro-moción del bienestar social desde una perspectiva glo-bal e integral. Entre las acciones derivadas de la ley de atención y promoción a las personas mayores, puede destacarse la puesta en marcha en 2001 de la tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco17. A través de diferen-tes órdenes han diseñado el catálogo de bonificaciones para los titulares de dicha tarjeta.

La primera manifestación andaluza de atención y pro-moción de la autonomía de las personas en situación de dependencia se reconoció en el Plan de Ayuda a las Familias que vio la luz en 2002, a través del Decreto 137/2002 de 30 de Abril. Este decreto estableció un conjunto de medidas, servicios y ayudas que se reflejan en un apoyo a la institución familiar desde una perspec-tiva global. Así, se incide en cuestiones como la protec-ción social, la salud, la educación, la protección de ma-yores y personas con discapacidad, la inserción laboral o la adecuación de sus viviendas. En el plan intervienen diferentes consejerías directamente relacionadas con las medidas establecidas en el Plan. Durante los últi-mos años se ha introducido un desarrollo normativo que amplía las medidas en función de las necesidades gene-radas a través de los Decretos 118/2003 de 4 de fe-brero y 7/2004 de 20 de enero. Estas ampliaciones se recopilan en la orden de 9 de marzo de 2004. Entre las medidas específicas para la personas en situación de dependencia abanderadas por la Consejería de Salud, se encuentran los cuidados domiciliarios, la rehabilita-ción y fisioterapia y el Plan Andaluz de Alzheimer, salud mental infantil y juvenil. Asimismo, se ha reconocido la

17 Decreto 76/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la concesión y uso de la Tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco.

labor clave de los cuidadores a través de la creación de ayudas a la contratación de cuidadores, constituyendo una importante novedad (Castro, 2010).

En 2003 se aprueba el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 2003-2006 considera-do como la instrumentación práctica de los principios y preceptos contenidos en la ley autonómica de atención a las personas con discapacidad y respondiendo a su vez a los objetivos marcados por la Unión Europea para el Año Europeo de las personas con discapacidad18. Consolidado y evaluado el primer plan, se hizo necesa-rio seguir trabajando en el carácter transversal, salud, educación, integración social, servicios sociales, ocio, cultura, etc. En términos de integración social y no dis-criminación, en los diferentes informes de evaluación sobre el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad se ha constatado la doble situación de discriminación que sufren las mujeres con discapaci-dad. Ante esta situación se puso en marcha el I Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Anda-lucía 2008-2013. En el afán por mejorar la atención de las personas con discapacidad se detecta la necesidad de seguir avanzando en el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, y a modo de continuación del anterior Plan 2003-2006, se pone en marcha el II Plan de Acción Integral para las Per-sonas con Discapacidad 2011-2013, cuyos principios inspiradores son conformes a los establecidos por las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con disca-

18 Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapaci-dad 2003.

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pacidad han sido un continuo junto con la cooperación interadministrativa a nivel de consejerías para abordar de manera global e integral la protección hacia estos sectores.

La LAPAD supuso un paso más en la configuración de la protección social en Andalucía, creándose un nuevo derecho de ciudadanía como es la protección ante si-tuaciones de dependencia a través de un catálogo de servicios y prestaciones económicas que varían en fun-ción de los apoyos necesarios para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Las estadísticas mensuales del SAAD publicadas por el IMSERSO des-de 2008 hasta la actualidad aportan la información ne-cesaria para justificar el grado de desarrollo que tiene la ley en las distintas comunidades autónomas. Según dichas estadísticas Andalucía se convierte en la comu-nidad autónoma pionera en la implantación y desarrollo del SAAD, principalmente durante los años 2008-2010, cuando se valoraron a la personas con gran dependen-cia —grado 3 nivel I y II— y las personas con depen-dencia severa —grado 2 nivel I y II—. El número de solicitudes en 2008, según los datos disponibles en las encuestas SAAD, ascendía a 222.932 siendo valorados un 74 %. De éstos el porcentaje de beneficiarios con derecho a prestación era del 69,3 %. Esta situación se mantiene en 2010, en el que se consolida la eficiencia del SAAD en Andalucía, en el que el número de solici-tudes registradas fueron de 398.216, valorándose un 90,7 %. Estos datos tienen como función principal el análisis de la eficacia y solidez del SAAD en Andalucía como respuesta a esta demanda social creciente. En el V y VI Dictamen del Observatorio para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención

a las personas en situación de dependencia19 de junio de 2010 y enero de 2011, puntúan a Andalucía con un 8 y 7,5 la implantación y el funcionamiento del SAAD, encontrándose en los primeros puestos junto con Casti-lla-La Macha, Castilla y León, País Vasco y Aragón. En el capítulo siguiente se analiza en profundidad el proceso de implantación de la LAPAD en Andalucía.

19 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicio sociales.

3. Contexto socio-demográfico de la

dependencia

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3. Contexto socio-demográfico de la dependencia

El cambio demográfico es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan los go-bernantes a todos los niveles en las próximas décadas. Esta realidad tiene implicaciones di-

rectas sobre la tasa de fecundidad, el envejecimiento de la población, la modificación de las estructuras fami-liares y los roles dentro de éstas, procesos de inmigra-ción interna y externa, etc., aspectos que repercuten en el contexto sociodemográfico andaluz.

La estructura y evolución demográfica aporta informa-ción importantísima para el análisis de la realidad social de un territorio, la detección de necesidades y la de-manda potencial de bienes y servicios relacionados con el bienestar social. Así como, de la oferta potencial de mano de obra y las características de la misma —edad y sexo—, son importantísimos más aún para el merca-do de trabajo en estos momentos de crisis económica

El objetivo de este apartado es tratar de analizar la rea-lidad demográfica, económica y social en la que se en-cuentra Andalucía, así como su evolución hasta 2015, momento en el que culminará el proceso de implanta-ción de la LAPAD20 puesta en marcha en 2006. Se pres-

20 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la

tará especial atención a la dimensión territorial, dada la complejidad y manifestación que este problema social tiene sobre los diferentes territorios andaluces y sobre la población que en este reside.

3.1. Población Andaluza: estructura y evolución demográfica

Andalucía tiene una población aproximadamente de ocho millones trescientas setenta mil personas, según datos del padrón municipal a 01/01/2010, represen-tando el 17,8 % del total de la población española para este mismo año. Es la comunidad autónoma más po-blada del conjunto nacional. La población andaluza au-mentó alrededor de setenta mil personas respecto al año 2009 y un millón desde comienzo del milenio. A pesar de ello, la perdida de peso relativo respecto al to-tal nacional ha sido la tendencia de esta última década, grafico 1.

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

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Gráfico 1. Evolución del peso de la población

andaluza respecto a la española (2000-2010)

Fuente: padrón municipal, 01/01/2010, INE. Elaboración propia.

Ilustración 1: Piramide Poblacional Andalucía 2010

Fuente: proyecciones de población en Andalucía (2009-2070), IECA. Elaboración propia.

Sobre las características demográficas de la pobla-ción andaluza en 2010, el grueso de la población se encuentra en la horquilla de edad entre los 25-50 años, representando el 40,2 %. Siendo una de las co-munidades autónomas más jóvenes, la población de 65 y más años es el 15 % del total de la población, encontrándose por debajo de la media española (en torno al 17 %). La población octogenaria es el 4 % del total de la población andaluza, formando parte del 25,8 % de la población de 65 y más años. Lo que está claro es que la población vive más y con una ma-yor calidad de vida que a principios de siglo, es decir, el aumento de la esperanza de vida de un ciudadano andaluz es de 79,67 años en 2008, si se distingue por sexo, la longevidad de la mujer frente al hombre se hace presente, 82,8 y 76,6 años, respectivamen-te. El aumento de la esperanza de vida es uno de los avances más importantes de la humanidad porque es sinónimo de bienestar, pero no se puede olvidar que la población mayor se perfila como uno de los colectivos

con mayor riesgo de exclusión social. El proceso de envejecimiento lleva consigo un aumento en el gasto social en sanidad y en atención a las personas mayo-res, así como en las pensiones que reciben para el mantenimiento de dicho bienestar social, generando una importante preocupación en cuanto a la sostenibi-lidad del sistema en un futuro no muy lejano.

Pero no sólo se puede hablar de las consecuencias del proceso natural del envejecimiento. Así mismo, el nú-mero de nacimientos en Andalucía ha ido aumentando levemente desde el año 2000, teniendo que destacar el papel de la población extranjera en este aumento. Sin embargo, la crisis económica actual también ha afecta-do al número de nacimientos (tanto para los nacidos de padres españoles como para los que tenían alguno de

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Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 3. Contexto socio-demográfico de la dependencia

Gráfico 2. Evolución de extranjeros sobre el total de

empadronados en España y en Andalucía (1998-2010)

Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de Migraciones, 2010.

Ilustración 2: Piramide Poblacional Andalucía 2015


los padres extranjeros), que cayeron en 2010. Aunque la tasa de natalidad se mantiene estable desde el 2000 en aproximadamente 11 nacidos por cada mil habitan-tes, ésta limita las posibilidades de rejuvenecimiento de la población andaluza.

Aunque la situación en 2010 en Andalucía rompe la tónica seguida, según los informes anuales de An-dalucía e inmigración 2010 del Observatorio Perma-nente Andaluz de Migraciones (OPAM), pone de ma-nifiesto el enfriamiento del ciclo migratorio iniciado en 2009, aunque más lento que en el conjunto del país y buena parte de la comunidades autónomas, rompiendo así la pauta de crecimiento demográfico que se producía desde la primera década del siglo XXI (Observatorio Permanente Andaluz de las Migra-ciones, 2010).

De manera longitudinal se puede observar el aumento progresivo de personas extranjeras empadronadas, tan-to en España como en Andalucía, durante todo el perio-

do reflejado, además de la estabilización en el último tramo final. Durante 2010, la población extranjera em-padronada en Andalucía representa el 8,6 % del total de la población, éste se encuentra por debajo de la media nacional, siendo esta aproximadamente del 12 %. En todo caso, Andalucía se encuentra en el cuarto puesto entre las comunidades autónomas con mayor número de extranjeros, por detrás de Cataluña, Madrid y Valen-cia (Observatorio Permanente Andaluz de las Migracio-nes, 2010).

Dando un paso más en la caracterización sociodemo-gráfica de la población andaluza, es interesante mirar hacia el futuro y analizar cómo se distribuirá la pobla-ción. Atendiendo a ello, si se comparan las pirámides de población de 2010 y 2015, se comprueba un ligero

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ascenso de la población, y en concreto el grupo de 65 y más años en un 1 %, o lo que es lo mismo 117.817 per-sonas. Respecto a 2010, también habrá un aumento en el grupo de población de 0-4 años, aproximadamente en unos dieciocho mil. Por otro lado, el ensanchamiento de los tramos superiores, pone de manifiesto el rápido crecimiento de la población octogenaria, como conse-cuencia de la influencia de los avances médicos que lleva consigo la cronificación de enfermedades pero también un incremento de las personas en situación de dependencia. En 2015 la población octogenaria será del 4,7 % respecto al total de la población de Andalu-cía, pero el factor que determina el envejecimiento de la población, es la tasa de dependencia que ese año será del 24 % aunque todavía la tasa de dependencia de jó-venes respecto a mayores es de 2 puntos porcentuales superior.

La edad media de su población de encuentra en los 37,45 años en 2010. Descendiendo a nivel provincial las diferencias, se distinguen dos grupos, por un lado, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada, cuya edad media pro-vincial es superior a la media andaluza en dos años, excepto Huelva que se encuentra próxima a la media (37,52 años). Y entre las provincias «jóvenes» coinciden con las provincias con economías más dinámicas como son Cádiz con 36,82 años, Almería, 36,16 años, y Se-villa, 37,17 años. A la provincia de Málaga le ocurre lo mismo que Huelva que se encuentra próxima a la media andaluza, 37,40 años.

Sin embargo, en 2015 el aumento de edad media au-menta hasta alcanzar los 42,42 años, en este caso, se producen importantes cambios, en el que son 5 de las 8 provincias andaluzas las que se encuentran por enci-ma de la edad media andaluza, respecto a 2010. Son

las provincias de Cádiz y Málaga las que se incorporan al conjunto de provincias «mayores» con 43,10 años y 42,44 años respectivamente, encontrándose ésta últi-ma cercana a la media andaluza.

El futuro demográfico que auguran las proyecciones de población realizadas por Instituto de Estadística y Carto-grafía de Andalucía, indica que la población de 65 y más años, en general, serán los grandes protagonistas, ya que su crecimiento será del 13,42 %. Si se analizan por tramos de población dentro de la población mayor, la evolución progresiva de los octogenarios será constan-te hasta llegar a alcanzar en 2067 al 7,75 % del total de la población, en comparación del 1,69 % que represen-tan en el año 2010. En la misma dirección se encuentra el grupo de población de 75-84 años, que presenta más cambios en cuanto a volumen de población, es decir, desde 2009 hasta el 2057 el crecimiento será cons-tante hasta el 11,47 %, 6,03 puntos porcentuales más que en 2009. Si se distinguen por sexos, el cambio será aproximadamente de 7,3 puntos porcentuales en el caso de las mujeres. En este grupo de población a partir 2057 se produce una pérdida de población hasta valores del 2041, en el que el porcentaje de población será de 9,25 %. La situación de la población entre los 65-74 años (que actualmente representa el mayor por-centaje dentro de colectivo de personas mayores de 65 años), si observamos su evolución en un futuro más inmediato como es 2020, la variación respecto a 2010 será del 19,06 %. El aumento progresivo será tal alcan-zará su máximo en Andalucía en 2050, en ese año el 14,06 % del total de la población tendrá entre 65-74 años.

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Mapa 1. Provincias por encima y por debajo de la media de edad andaluza, ambos sexos (2010 y 2035)


3.2. Fuentes de información sobre dependencia

Para poder caracterizar y analizar el contexto demográ-fico, social, económico y territorial en el que se encuen-tran las personas con discapacidad y en situación de dependencia, se ha hecho uso de las macro-encuestas EDDM-1986 y la EDDES-1999. Ésta última sirvió de base, aunque adaptada a las condiciones sociales y de-mográficas actuales. Asimismo, nos hacemos eco de la filosofía de concepción de la discapacidad proceden-

te de la nueva Clasificación Internacional del Funciona-miento, Discapacidad y de la Salud, en 200121.

Actualmente, es la Encuesta sobre Discapacidades, Au-tonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008, (EDAD-2008) realizada por el Instituto Nacional de Es-

21 La LIV Asamblea Mundial de la Salud aprobó la nueva clasifi-cación, con el título Clasificación Internacional del Funciona-miento, de la Discapacidad y de la Salud, en la Resolución WHA54.21 del 22 de mayo de 2001 (González et al., 2002).

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tadística (INE) y con apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social, así como otros agentes sociales relacio-nados con la discapacidad, la que cubre parte de las necesidades acerca del conocimiento de la situación en la que se encuentran las personas en situación de dependencia.

La macro encuesta EDAD-2008 permite analizar la si-tuación en la que se encuentran las personas con dis-capacidad, estando compuesta por dos encuestas, por un lado, la referida a los centros y por otro, a los hogares. Esta encuesta está dirigida a personas con discapacidad pero posibilita el análisis de las personas en situación de dependencia a través del análisis de las actividades básicas de la vida diaria, sirviendo de puen-te entre la percepción subjetiva y la medición objetiva del fenómeno (INE, 2010)

En el presente trabajo el análisis de las personas de-pendientes se basa en la encuesta EDAD hogares-2008 para la población de 6 y más años, que recoge informa-ción a nivel nacional, pero en este caso se seleccionó la submuestra para Andalucía y el total nacional, y dentro de estas las personas en situación de dependencia22.

22 Para poder contabilizar la muestra de personas en situación de dependencia se han utilizado las 18 variables referidas a la dificultad para la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, considerando las siguientes: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la mic-ción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desves-tirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar

El escenario a analizar son las personas en situación de dependencia que reciben cuidados personales en su hogar, y dentro de ella, los individuos que reuniesen las siguientes características:

• El sexo: mujer y varón.• La edad de la persona en situación de dependencia. • El nivel de dificultad para el desarrollo de las acti-

vidades básicas de la vida diaria, utilizando para ello el método propuesto por Rodríguez Cabrero a partir de la construcción de un índice global de gravedad de discapacidad, formado por el nume-ro de problemas graves, severos o graves (Rodrí-guez Cabrero, 2006), (Esparza Catalán, 2010).

• La provincia y tamaño de la población por estratos, conceptualización de zonas rurales y zonas urba-nas, dentro de estas últimas ciudades medias. En este trabajo se considera zona rural aquellos mu-nicipios de población inferior a 10.000 habitan-tes, siendo las zonas urbanas aquellos municipios que se encuentran en el siguiente intervalo de po-blación que va desde los 10.000 a los 100.000 y más habitantes (Andrés López, 2008), (Rodríguez Martínez y Sánchez Escolano, 2010) gráficamen-te estos serían los estratos de población con lo que se trabaja, teniendo en cuenta la distinción entre zonas rurales y urbanas.

A través de ellas se podrá generar el perfil sociodemo-gráfico de las personas en situación de dependencia en Andalucía.

tareas sencillas (INE, 2010).

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Cuadro 1. Resumen de composición de la encuesta EDAD-2008

Fuente: a partir de la metodología de la EDAD-2008, INE, febrero de 2010. Elaboración propia.

3.3. La población en situación de dependencia española: datos básicos

Las necesidades de atención y cuidado para con las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad han estado presentes siempre, pero des-de el año 2007, la visibilidad de este colectivo se ha intensificado aunque no se trate de un nuevo fenómeno social. La esperanza de vida, los avances médicos y la cronificación de enfermedades tienen como conse-cuencia un aumento de las situaciones de dependencia y necesidad de una tercera persona. En España el 8 %

de la población padece una discapacidad y dentro de ésta, el 74,5 % son personas en situación de dependen-cia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (EDAD-2008). Si se distingue por sexos, las mujeres representan al 65 % del total de personas en si-tuación de dependencia. Atendiendo a una distribución por edades y sexo, los varones son el 19 % del total de personas en situación de dependencia mayores de 65 años frente al 44 % de mujeres para el mismo tramo de edad. El crecimiento del número de personas con edades avanzadas, octogenarios, es consecuencia del aumento significativo de la esperanza de vida, especial-mente para la mujer. Así, las mujeres españolas junto a las francesas son las más longevas de Europa (INE,

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Mapa 2. Tamaño de la población por estratos, Andalucía

Fuente: padrón municipal de 1 de enero de 2008, INE. Elaboración propia.

2008). Estos datos revelan la clara feminización de las situaciones de dependencia.

Desde una perspectiva territorial, si descendemos al nivel de las comunidades autónomas, como se puede observar en el siguiente mapa, las mayores tasas de población en situación de dependencia corresponden con las comunidades autónomas con mayor población, como son los casos de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En todas ellas su población en si-tuación de dependencia está por encima de la media es-pañola, siendo ésta del 5,3 % el año 2008. Así mismo, la población en situación de dependencia en Galicia y Castilla y León representan al 8,1 % y al 6,4 % respecti-vamente (EDAD-2008). Además, estas comunidades au-

tónomas son las que mayores tasas de población de 65 y más años tienen respecto del conjunto nacional. En el caso del País Vasco, la séptima comunidad autóno-ma más poblada de España, su población en situación de dependencia representa el 4,5 % respecto al total, encontrándose por debajo de la media nacional. En el mapa se distinguen una «Y» invertida, formada por las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Man-cha, Extremadura y Región de Murcia, donde la media de personas en situación de dependencia es inferior al conjunto del país, hasta dos puntos menos como es el caso de Extremadura.

En el análisis por tramos de edad y niveles de depen-dencia se comprueba que el grupo de dependencia total

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Mapa 3. Distribución de la población en situación de dependencia por CC.AA. respecto al total de

personas dependientes en España

N.º total de personas en situación de dependencia en España: 2.822.301.Fuente: explotación estadística de los microdatos encuesta EDAD-2008. Elaboración propia.

es el más numeroso, destacando dentro de este grupo las personas de 65 y más años, en el que más del 55 % necesitan ayuda generalizada para la realización de las ABVD. Sin embargo, los menores de 65 años en situa-ción de dependencia total representan el 37,89 %. Por el contrario, en los grados de dependencia moderada y severa son los menores de 65 años los que registran mayores porcentajes (ver gráfica 3).

Las diferencias entre sexos también son muy marcadas. Los hombres menores de 65 años con un grado de de-

pendencia total suponen el 40,90 % frente al 35,36 % de las mujeres, igual ocurre con los dependientes mo-derados varones de 65 y más años, que representan al 17,35 % del total, 2,95 % más que las mujeres. Es cu-rioso que la tasa de dependencia severa para las perso-nas mayores de 65 años en ambos sexos esta en torno al 22,8 % aproximadamente. Sin embargo, las mujeres registran las mayores tasas de dependencia total.

De este escenario nos queda que las personas meno-res de 65 años con grado de dependencia total son

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Gráfico 3. Distribución de la población en situación de dependencia en España por tramos de edad

N.º total de dependientes en España: 2.822.301 (personas de 6 y más años).Fuente: encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

personas con discapacidad y con necesidades de apo-yo generalizado; en cambio, las personas de más de 65 años están afectadas lógicamente por el compo-nente de edad y resultan tener una dependencia total, por la pérdida de autonomía personal, causada por el proceso natural de envejecimiento o como consecuen-cia directa de una patología, acentuando la pérdida de autonomía.

La encuesta EDAD-2008 también aporta un dato muy interesante a la hora de caracterizar las situaciones de dependencia, es el indicador esperanza de vida libre

de discapacidad, el cual informa sobre el riesgo de padecer una situación de dependencia en años. Este indicador, para las personas mayores de 65 años está en torno a los 13,36 años, y para aquellas personas que superan los 80 años este se reduce a 4,13 años. Esto quiere decir que en términos generales se produce un incremento en la esperanza de vida libre de disca-pacidad, pero una vez sobrepasada la estimación en años, el riesgo se incrementa acompañando al último tramo de vida situaciones de mala salud y, por tanto, de situaciones de dependencia que reducen la autonomía personal y la calidad de vida, como es lógico.

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Ilustración 1. Distribución de la población con discapacidad y en situación de dependencia según sexo y edad

Nota: discapacitados, 716.136; dependientes, 556.297 (personas de 6 y más años).Fuente: explotación Estadística de la Encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

3.4. La población en situación de dependencia en Andalucía

En Andalucía la población con discapacidad representa al 8,73 % del total de la población en Andalucía, dentro de este grupo las personas en situación de dependencia para la realización de las ABVD son el 77,68 %. Las si-guientes pirámides de población reflejan la distribución de la población con discapacidad y la dependencia por sexo y edad. Las situaciones de dependencia tienen un perfil femenino para todas las edades salvo las edades infantiles y juveniles donde el número de varones es su-perior. A partir de los 60 años en adelante, las mujeres presentan una prevalencia especialmente elevada, man-

teniéndose esta dinámica en la población octogenaria, en el que la presencia femenina duplica a la masculina.

La pérdida de autonomía personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria es traducida en grados de dependencia. De las 556.297 personas en situación de dependencia, el 41,05 % se encuentran en la horquilla de edad de los 6 a los 64 años, siendo el resto personas mayores de 65 años. Siguiendo una estructura por edades como se indicó anteriormente, son los varones los que mayores tasas de dependencia presentan entre los menores de 65 años, e igualmente dentro de los grados de dependencia, aquellos con una dependencia total representan al 41 % de los menores

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Tabla 2. Distribución de la población en situación de dependencia por sexo y edad, Andalucía

Ambos sexos Varón Mujernº % nº % nº %

6-64 228.361 41,05 99.415 51,18 128.946 35,6265 - 79 189.072 33,99 58.300 30,01 130.772 36,1280 y más 138.863 24,96 36.530 18,81 102.333 28,26Total 556.297 100 194.245 100 362.052 100

Fuente: explotación estadística de los microdatos de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

Gráfico 4. Distribución de las dificultades en las Actividades Básicas de la Vida Diaria en Andalucía (2008)

Nota: personas en situación de dependencia: 556.297.Fuente: explotación estadística de los microdatos encuesta EDAD-2008, INE.

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Gráfico 5. Distribución de la población según su grado de dependencia para las ABVD en Andalucía (2008)

Unidades: miles de personas de 6 y más años y porcentaje.Fuente: encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

de 65 años, siendo 5 puntos porcentuales menos la representatividad de las mujeres con las mismas carac-terísticas.

Las situaciones de dependencia y las intensidades en las que se prestan los cuidados se caracterizan por la dificultad para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diarias, las cuales, son imprescindibles en la considera-ción objetiva y subjetiva de autonomía personal. Princi-palmente, estas actividades se dividen en cuatro gran-des grupos: Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas; Movilidad, Autocuidado; y Vida doméstica, siendo estas imprescindibles en la concep-ción objetiva y subjetiva de la autonomía personal.

Entre las ABVD con las que las personas en situación de dependencia en Andalucía presentan mayores dificulta-des son las asociadas a la movilidad impidiendo llevar una vida autónoma. Aunque las dificultades relaciona-das con la vida doméstica, como es la organización y la realización de las compras diarias junto con las tareas de la casa, representan al 28,3 % del total, seguidas de las tareas relacionadas con el cuidado personal.

En los grados de dependencia moderada y severa, para los que la ayuda de una tercera persona en las ABVD es de carácter intermitente, el 31 % de las mujeres depen-dientes son menores de 64 años. La prevalencia de la dependencia moderada y severa para los varones y mu-

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jeres a partir de los 65 años se mantiene prácticamente igual para ambos sexos, como se puede ver en el grá-fico 5. En la población octogenaria la dependencia total se incrementa drásticamente respecto al resto de las edades, tanto para hombres como para mujeres, aun-que el 71 % de las mujeres necesitan un apoyo genera-lizado para la realización de ABVD. La alta prevalencia en mujeres en edades más avanzadas es consecuencia directa de la alta esperanza de vida frente a una peor calidad de vida debido a la pérdida de autonomía que las hace ser dependientes.

4. El mercado de trabajo en Andalucía

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4. El mercado de trabajo en Andalucía

En este epígrafe se realiza un breve análisis del mercado de trabajo en Andalucía para el periodo 2001-2010, el cual está marcado por dos fases bien diferenciadas. La primera de ellas compren-

de el periodo 2001-2007, caracterizado por una fase de bonanza económica, en la que la población activa, y en concreto el número de ocupados, aumentaron con-siderablemente. El segundo periodo está comprendido desde el año 2008 hasta la actualidad, y se caracteriza fundamentalmente por el inicio de la crisis financiera y económica, la cual está incidiendo traumáticamente en el mercado de trabajo español, y por consiguiente, en el andaluz.

4.1. Evolución del mercado de trabajo andaluz

Durante el periodo 2000-2010, la población en edad de trabajar creció tanto en España como en Andalucía, con unas tasas de crecimiento del 12,87 % y del 13,91 %, respectivamente. Este incremento de la población en edad laboral se explica no sólo por la llegada de la po-blación a la edad de trabajar (16 años), sino también

por la entrada de inmigrantes, atraídos por la fase al-cista del ciclo económico del momento. Este incremen-to de la población en edad laboral se ha traducido en aumentos de la población activa (población ocupada y desempleada) tanto en España como en Andalucía. No obstante, para cada uno de los periodos el mercado de trabajo ha redistribuido a esta población de forma muy distinta. Si bien, durante el periodo 2001-2007, se pro-dujo un importante crecimiento de la población ocupada y una visible reducción del número de desempleados, a partir de 2008, la situación cambia radicalmente, ya que se dispara la población desempleada y se reduce considerablemente el número de ocupados, tanto para Andalucía como para el conjunto nacional. A continua-ción se analizan las principales variables del mercado de trabajo andaluz enmarcadas en el contexto nacional.

Como se observa en el gráfico 6, la tasa de actividad andaluza siempre se ha situado por debajo de la me-dia nacional. No obstante, la tendencia observada en dicha tasa de actividad es la misma tanto en Andalucía como en el conjunto nacional. En este sentido, duran-te el periodo 2001-2007, la tasa de actividad andalu-za creció de forma continuada, principalmente por el incremento de la población ocupada, debido a la fase alcista del ciclo económico que tiene lugar a lo largo de

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Gráfico 6. Tasas de actividad de España y Andalucía (2001-2010)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. Elaboración propia.

estos años. Durante este periodo, la tasa de actividad aumentó en 6,17 puntos porcentuales para el caso an-daluz y en 5,93 puntos para el conjunto nacional, lo que se traduce en un incremento de la población activa en 723.442 personas para Andalucía y de 4.139.186 per-sonas para España. Este rápido crecimiento de la tasa de actividad tiene lugar hasta mediados de 2008, año en el que se empieza a observar el impacto negativo de la crisis financiera y económica (área sombreada). Durante 2008-2010, el número de activos se incremen-ta en 136.439 personas para Andalucía y en 240.645 para el conjunto nacional.

Si comparamos las tasas de actividad por sexos, se observa que la tasa de actividad masculina supera a la femenina tanto en Andalucía como en España duran-te todo el periodo. A pesar de ello, las mayores caí-

das de las tasas de actividad se observan en el caso de los hombres, la cual se ha visto reducida desde el año 2008 en 0,92 puntos porcentuales en Anda-lucía y en 1,41 puntos para España, mientras que la tasa de actividad femenina sigue aumentando a partir de 2008. De hecho, durante el periodo 2001-2010, la tasa de actividad femenina se ha incrementado en 13,78 puntos en Andalucía y en 10,88 puntos por-centuales en España; mientras que la masculina lo ha hecho en 3,14 y en 1,85 puntos porcentuales para An-dalucía y España respectivamente. Ello se debe entre otros motivos a que muchas mujeres aparecían como inactivas porque se dedicaban exclusivamente a las tareas del hogar y durante los últimos años se han ido incorporando al mercado laboral, mientras que los hombres han tenido asignado el rol de sustentador principal de la familia.

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Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 4. El mercado de trabajo en Andalucía

Gráfico 7. Tasa de actividad por sexos en España y Andalucía (2001-2010)


Como se ha comentado anteriormente, dentro de la po-blación activa, la más perjudicada ha sido la población ocupada. En el gráfico 8, se pone de manifiesto la evo-lución de la tasa de ocupación andaluza y española du-rante el periodo 2001-2010. Si bien durante estos años el crecimiento neto de dicha tasa ha sido de 1,57 pun-tos porcentuales para Andalucía y de 0,56 puntos para el conjunto nacional, este comportamiento no ha sido homogéneo para todos los años considerados. En este sentido, las tasas de ocupación andaluza y española al-canzaron un máximo en el año 2007, donde el 49,07 % de la población activa tenía un puesto de trabajo remu-nerado en Andalucía, y para España este porcentaje era del 54,05 %. Por tanto, en el año 2007 encontramos un punto de inflexión de la tasa de ocupación, ya que a partir de este momento, dicha tasa evoluciona des-favorablemente con caídas de 6,77 y de 6,09 puntos

porcentuales para Andalucía y España respectivamen-te, lo que pone de manifiesto la masiva destrucción de empleo consecuencia directa de la crisis financiera y económica que tuvo lugar a partir de 2008.

Por sexos, las tasas de ocupación al igual que las ta-sas de actividad han evolucionado de forma distinta. Así pues, hasta el año 2007, tanto las tasas de ocupa-ción femeninas como masculinas tuvieron un crecimien-to sostenido. A partir de 2008 es cuando se observan las principales diferencias. Para el caso de las tasas de ocupación de los varones, la proporción de ocupados respecto a la población activa cayó en 12,23 puntos porcentuales en Andalucía, siendo de 10,21 puntos para España durante el periodo 2007-2010. En el caso de las mujeres, las tasas de ocupación cayeron en 1,46 y 2,07 puntos porcentuales para Andalucía y España

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Gráfico 8. Tasa de ocupación en España y Andalucía (2001-2010)


Gráfico 9. Tasa de ocupación por sexos en España y Andalucía (2001-2010)


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Gráfico 10. Tasa de desempleo en España y Andalucía (2001-2010)


respectivamente. Estos datos reflejan claramente que los más perjudicados por la crisis en términos relativos han sido los hombres, entre otras cosas porque éstos han tenido unos niveles de ocupación muy superiores a los de las mujeres.

Por último, como se observa en el gráfico 10, la tasa de desempleo andaluza se ha situado siempre por en-cima de la tasa de paro española. Dicha tasa ha sido la que más ha aumentado desde 2007. Este año, el número de parados respecto al conjunto de la pobla-ción activa alcanzó valores mínimos, pero a partir de 2007, la tasa de desempleo aumentó en 15,21 puntos en Andalucía y en 11,8 puntos en España. Lo que se traduce en un incremento del número de parados en aproximadamente 640.000 personas en el territorio an-

daluz y de 2.798.500 desempleados para el conjunto del país durante el periodo 2007-2010. De hecho, para el año 2010 el número de desempleados se situaba en el 20,06 % de la población activa para Andalucía y en el 27,97 % para el conjunto nacional. Este porcentaje ha situado a España en el país con mayor tasa de desem-pleo de la UE-27, alcanzando los casi cinco millones de desempleados, lo que pone de manifiesto la delicada situación por la que está atravesando nuestro país y por ende Andalucía, ya que su tasa de paro es muy superior a la media nacional.

Desde una perspectiva territorial, a nivel provincial tam-bién se observan diferencias en cuanto a la concentra-ción del número de empleados tal y como se muestra en el gráfico 11. Así pues, para el año 2010, las provin-

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cias que concentraron una mayor tasa de paro fueron Cádiz con una tasa de desempleo del 30,52 %; Málaga con un 29,66 %; y Granada con el 29,13 %. A estas pro-vincias le siguen con unas tasas de desempleo en torno al 27 %, Córdoba, Almería y Huelva. Por su parte, las provincias que registraron en 2010 unas menores tasas de desempleo fueron Sevilla y Jaén, con unas valores del 25,45 % y del 24,98 % respectivamente.

Durante el periodo 2001-2010, el número de desem-pleados en Andalucía creció en un 100,4 %. Si descen-demos por provincias observamos que las que sufrieron un mayor incremento en el número de desempleados fueron Almería con una tasa de crecimiento del 334,3 %, pasando de 37.125 desempleados en 2001 a 104.118 parados para el año 2010. A Almería le sigue Málaga con una tasa de crecimiento del 212,9 %; seguida de Huelva y Granada con unas tasas de crecimiento del número de parados del 196,1 % y del 119,8 % respecti-vamente. A éstas le siguen Córdoba con un crecimiento del 74,6 %; Jaén con el 70,3 %; y finalmente Cádiz, donde el número de parados ha aumentado en un 50 %, entre otros motivos, porque Cádiz al inicio del periodo ya contaba con un elevado nivel de desempleados.

Por sexo, como se muestra en el gráfico 12, también se observa que la tasa de desempleo andaluza tanto masculina como femenina son muy superiores a la tasa de paro española. En Andalucía, durante el año 2010 la tasa de desempleo masculina alcanzaba el 26,87 % de la población activa y la de las mujeres alcanzó el 29,41 %, mientras que para España la tasa de paro era del 19,73 % y del 20,48 % para hombres y mujeres respectivamente.

Si distinguimos por edades, como se observa en el grá-fico 13, observamos que efectivamente las tasas de desempleo para todos los tramos de edad comienzan a aumentar a partir de 2008. No obstante, se observa la misma tendencia seguida hasta ahora. Los más perjudi-cados por el problema del desempleo son los jóvenes menores de 25 años, especialmente los que se encuen-tran entre los 16 y los 19 años de edad, que alcanza-ron en 2010 una tasa de desempleo del 67,77 % en Andalucía y del 61,39 % en España. En ambos casos, el crecimiento de la tasa de paro durante 2001-2010 ha superado los 32 puntos porcentuales.

Ahora bien, la concentración del número de ocupados por sectores económicos es muy diferente, durante el periodo 2001-2010, el único sector de actividad que ha incrementado el número de ocupados a pesar de la crisis, ha sido el sector de los servicios, por lo que se constituye como un sector «refugio» en tiempos de crisis. El resto de los sectores económicos han visto cómo se ha reducido el nivel de ocupación considera-blemente, tal y como se observa en el gráfico 14.

En él se muestra que durante este periodo, el número de ocupados en la agricultura ha caído en 3,4 y 2,2 puntos porcentuales para Andalucía y España respec-tivamente, lo que en términos absolutos se traduce en una pérdida de 46.438 y de 252.250 trabajadores para Andalucía y España respectivamente, a lo largo de la primera década del siglo XXI.

Para este mismo periodo 2001-2010, la industria ha reducido su ocupación en 3,1 en Andalucía y en 5,6 puntos para el conjunto nacional, que en términos abso-lutos es una caída de la ocupación en 33.585 personas en Andalucía y de 566.198 trabajadores en España.

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Gráfico 12. Tasas de actividad por sexo en España y Andalucía (2001-2010)


Gráfico 11. Distribución provincial del número de desempleados respecto a la población en edad laboral

Fuente: Encuesta de población activa. INE. Elaboración propia.

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Gráfico 13. Tasas de desempleo por edades en España y Andalucía (2001-2010)


La construcción ha visto reducir su tasa de ocupación en 4,1 puntos porcentuales en Andalucía, lo que equi-vale a 59.442 puestos de trabajo y en 2,7 puntos para España, unos 225.408 empleados menos. Este sector económico ha sido uno de los más desfavorecidos por la crisis. La construcción es un sector procíclico que tuvo un crecimiento desmesurado muy por encima del PIB durante los años precedentes a la crisis, constitu-

yéndose como uno de los principales motores de la economía andaluza y española hasta 2007, teniendo gran capacidad de acogida de mano de obra de baja cualificación. La caída de la construcción ha conlleva-do la destrucción de empleo no sólo en las actividades directamente relacionadas, sino también en otras aso-ciadas, como las actividades extractivas de áridos, la fabricación de muebles, etc.

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Gráfico 14. Estructura de la ocupación en Andalucía y España (2001-2010)


4.2. Yacimientos de empleo y dependencia: Andalucía vs. España

El desarrollo de la LAPAD (2006) ha llevado implícito la puesta en marcha del SAAD con el fin de garantizar un conjunto de prestaciones y servicios dirigidos a la aten-ción y promoción de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y las de sus familias. Entre los trabajos realizados sobre la temática destacan Herce et al., 2006; Rodríguez, Jiménez, 2010; Minguela, 2010; Sosvilla, Herce, 2009; Sosvilla, 2008; Herce, J. A., 2006.

Aquí abordamos el mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia

en Andalucía desde el primer trimestre de 2008 hasta el cuarto trimestre de 2010. Las principales fuentes de datos que analizan el mercado de trabajo son:

(a) Encuesta de Población Activa (EPA) que emite trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de las activi-dades económicas relacionadas con la atención a la depen-dencia analizadas por las CNAE-2009 relacionadas directa-mente con ellas a dos dígitos de desagregación23, resumidas en el cuadro 2.

23 Por motivos de secreto estadístico no se ha podido desagre-gar más éstas ramas de actividad. Las actividades a estudiar correspondientes a la CNAE-2009 que entró en vigor en marzo de 2009 hace que no se puedan comparar con años anteriores ya que los datos 2007 y 2008 son referidos a CNAE93 y a dos dígitos, uniendo las 85- Actividades sanita-rias, de servicios sociales y veterinarias.

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(b) El Directorio Central de Empresas (DIRCE) para los años 2008 y 2010, el cual reúne la información sobre todas las empresas españolas, su localización y número de empleados en ellas, pudiendo caracterizar las empresas que se dedican a la aten-ción a las personas en situación de dependencia en Andalucía y en sus provincias.

(c) Los datos disponibles en la Tesorería General de la Seguridad para conocer las situaciones altas producidas en las ramas de actividad relacionadas directamente con la atención a las personas en situación de dependencia.

El conjunto de servicios relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia tienen como objetivo cubrir sus necesidades actuales y demandas futuras, estas funciones tradicionalmente han recaído en la familia, haciendo que este sector se convierta en un sector emergente con una generación de empleos intensivos en manos de obra.

4.2.1. Análisis de los afiliados a la Seguridad Social

Desde una perspectiva nacional, el mercado de trabajo relacionado con los servicios de atención a las perso-nas en situación de dependencia, a través de los da-tos disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social, atendiendo a la situación de afiliación en alta, y éstas siendo analizadas por la CNAE-2009, genera dos escenarios24. Por un lado, el anterior a la LAPAD (2006), y por otro, el escenario que recoge el proceso de implantación de la Ley hasta finales de 2010 (últimos datos disponibles). En el primer escenario, hasta el año 2006 incluido, las personas afiliadas en régimen de alta en estas actividades fueron 273.166, suponiendo el 1,45 % del total de afiliados en España.

Aunque la LAPAD se publicó en el Boletín Oficial de Esta-do el 14 de diciembre de 2006, no entró en vigor hasta el 1 de Enero de 2007, siendo a partir de este momen-to, el denominado escenario LAPAD, creciendo el núme-ro de afiliaciones hasta alcanzar las 196.650. Al des-componer, el agregado denominado total dependencia, compuesto por la asistencia en establecimientos resi-denciales y los servicios sociales sin alojamiento, éstos últimos han crecido desde el año 2007 un 103,42 % frente al 22,62 % de las actividades de asistencia en establecimientos residenciales.

En España el crecimiento de las actividades de servi-cios sociales sin alojamiento, como se comprueba en la gráfica 16, está influido por la figura del cuidador no profesional, la cual, proviene del convenio especial

24 Siguiendo la serie temporal disponible 2001-2010.

Cuadro 2. Resumen de Actividades económicas

y servicios recogidos en el catálogo servicios de

la LAPAD (2006)

Fuente: elaboración propia.

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Gráfico 15. Evolución de las afiliaciones en alta en la Seguridad Social en España, CNAE-2009 (2001-2010)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

para cuidadores no profesionales25 puesto en marcha en mayo del año 2007. Desde entonces unas 147.264 personas han suscrito el convenio especial, sin imputar los 793 convenios voluntarios incorporados en el total.

25 Real decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

A pesar de que esta prestación fue concebida con un carácter excepcional, es decir, siempre y cuando dadas las características geográficas o bien la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados hiciese impo-sible la prestación de dicho cuidado personal. Sin em-bargo, desde 2008 han crecido un 271,76 %, llegando a ser considerada como la prestación económica estre-

Tabla 3. Evolución de las personas que han suscrito el Convenio especial de cuidadores no profesionales

de personas en situación de dependencia (R.D. 615/2007) (2008-2010)

2008 2009 2010 Cambios de periodoConv. Obligatorio

Conv. Voluntario

Conv. Obligatorio

Conv. Voluntario

Conv. Obligatorio

Conv. Voluntario

V. Absoluta V. Relativa

ESPAÑA 39.613 179 97.134 497 147.264 793 107.651 271,76 %

Fuente: encuestas mensuales del SAAD, IMSERSO. Elaboración propia.

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Gráfico 16. Evolución trimestral de las personas ocupadas en las actividades relacionadas con la atención

a la dependencia (España, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009


lla que reconoce la labor de las personas cuidadoras de la esfera privada o familiar.

A través de los datos disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social, las actividades relacionadas con los servicios de atención a las personas en situación de dependencia en España son un claro yacimiento de empleo, en contraste con el entorno general de crisis económica que ha provocado una destrucción masiva de puestos de trabajo.

4.2.2. Yacimiento de empleo: explotación de la EPA

Si se utiliza otra fuente de información sobre la situación del mercado de trabajo como la ofrecida por la EPA, se dispone de información desagregada para las ramas de actividad objeto de estudio a partir del primer trimestre de 2008 por cambio de metodología en la CNAE impi-diendo la comparación de los datos. Cuestión esta no excesivamente relevante ya que el primer año de vigen-cia de la Ley fue básicamente de adaptación legislativa territorial, así como para el inicio de las evaluaciones de las personas dependientes, por lo que el empleo genera-do el primer año de vigencia de la propia Ley fue limitado. La situación del mercado de trabajo en España relacio-

63



a la dependencia (Andalucía, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009


nado con la atención a la dependencia abarca desde el primer trimestre del año 2008 hasta el cuarto trimestre del 2010. Las personas ocupadas en los servicios re-lacionados con la atención a las personas en situación de dependencia han ascendido a los 482.900 ocupados en el cuarto trimestre de 2010. Mientras la economía española está sumida en una profunda crisis económica, que se traduce en una masiva destrucción de empleo a lo largo del periodo, aproximadamente 2.000.000 de pues-tos de trabajo, las actividades económicas vinculadas a la dependencia han generando 140.900 empleos, en una proporción similar las actividades de servicios sociales sin alojamiento y las actividades de asistencia en estable-cimiento residenciales.

La dinámica de estas actividades es diferente, así las actividades de servicios sociales sin alojamiento han

crecido unos 10,3 puntos porcentuales más que las actividades de asistencia en establecimientos residen-ciales. Estas últimas han tenido fuertes procesos de destrucción y recuperación escalonada; en cambio, las actividades de servicios sociales sin alojamiento no han dejado de generar empleo.

La situación a nivel nacional refleja la capacidad de gene-ración de empleo, mostrando una clara influencia positiva sobre el mercado de trabajo. A nivel regional, el panora-ma es similar, en la gráfica 18 se observa claramente el proceso de destrucción de empleo en el que se encuen-tra inmerso Andalucía, alcanzando aproximadamente los 374.900 ocupados hasta el cuarto trimestre de 2010.

En cambio, las actividades relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia crearon

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Gráfico 18. Evolución trimestral del cambio entre las actividades relacionadas con la atención a las

personas en situación de dependencia en Andalucía (España IT2008=100)


aproximadamente 28.000 nuevos ocupados referidos éstos a empleos directos, sin contabilizar los indirectos derivados del desarrollo de las mismas. Sólo las activi-dades de servicios sociales sin alojamiento han genera-do unos 17.600 empleos, suponiendo un crecimiento del 83,8 % respecto al primer trimestre de 2008. Aun-que con menor intensidad las actividades de asisten-cia en establecimientos residenciales han crecido un 35,4 %. Pero en su conjunto ambas ramas de actividad han aumentado un 76 % su importancia dentro del em-pleo andaluz, aunque al final del periodo tan sólo llegan a representar el 2,75 % de los ocupados andaluces.

Los cambios producidos en Andalucía respecto a Es-paña, tomando como referencia el primer trimestre del año 2008, han sido muy importantes, mientras en Es-paña el empleo en actividades ligadas a la dependencia

ha crecido un 56,5 %, en Andalucía lo ha hecho hasta el 76 %. El mayor dinamismo relativo ha correspondido a los servicios sociales sin alojamiento andaluces con una variación relativa del 108 %, frente al cambio del 62,9 % a escala nacional.

4.2.3. Cuidadores informales como yacimiento de empleo

El mantenimiento de la persona en su entorno social ha-bitual implica la importancia de estas actividades sobre las actividades de asistencia residencial, de esta forma la distancia entre ambas actividades se ha ampliado en Andalucía.

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Actividades Económicas unidades 2008tI 2008tII 2008tIII 2008tIV 2009tI 2009tII 2009tIII 2009tIV 2010tI 2010tII 2010tIII 2010tIV V. Absoluta

V. Relativa

Andalucía87 Asistencia en establecimientos residenciales

miles pers. 29,4 31,9 33,7 32,9 29,8 26,8 31,5 31,7 34,7 34,3 32,5 39,8 10,4 35,4

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

miles pers. 21 25,7 22,5 28,2 29 34,2 35,4 39 36,1 36,6 36,9 38,6 17,6 83,8

Total dependencia (87 +88) miles pers. 50,4 57,6 56,2 61,1 58,8 61 66,9 70,7 70,8 70,9 69,4 78,4 28 55,6Total de las actividades económicas

miles pers. 3.224,00 3.180,40 3.140,00 3.054,40 2.983,50 2.931,30 2.884,30 2.893,50 2.891,20 2.870,10 2.826,80 2.849,10 -374,9 -11,6

Asistencia en establecimientos residenciales

(% Emp. Tot.) 0,91 1 1,07 1,08 1 0,91 1,09 1,1 1,2 1,2 1,15 1,4 0,49 53,2

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

(% Emp. Tot.) 0,65 0,81 0,72 0,92 0,97 1,17 1,23 1,35 1,25 1,28 1,31 1,35 0,7 108

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.) 1,56 1,81 1,79 2 1,97 2,08 2,32 2,44 2,45 2,47 2,46 2,75 1,19 76España

87 Asistencia en establecimientos residenciales

miles pers. 191,2 208,8 226,3 235,4 237,1 223,8 243,4 234,5 236,4 250,1 259,1 261,3 70,1 36,7


miles pers. 150,8 153,9 161,5 153,6 155,6 172,6 175 189,9 192,2 205,8 225,4 221,6 70,8 46,9

Total dependencia (87 +88) miles pers. 342 362,7 387,8 389 392,7 396,4 418,4 424,4 428,6 455,9 484,5 482,9 140,9 41,2Total de las actividades económicas

miles pers. 20.402,30 20.425,10 20.346,30 19.856,80 19.090,80 18.945,00 18.870,20 18.645,90 18.394,20 18.476,90 18.546,80 18.408,20 -1.994,10 -9,8


(% Emp. Tot.) 0,94 1,02 1,11 1,19 1,24 1,18 1,29 1,26 1,29 1,35 1,4 1,42 0,48 51,5


(% Emp. Tot.) 0,74 0,75 0,79 0,77 0,82 0,91 0,93 1,02 1,04 1,11 1,22 1,2 0,46 62,9

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.) 1,68 1,78 1,91 1,96 2,06 2,09 2,22 2,28 2,33 2,47 2,61 2,62 0,95 56,5Andalucía respecto España


(% And./Esp.) 15,40% 15,30% 14,90% 14,00% 12,60% 12,00% 12,90% 13,50% 14,70% 13,70% 12,50% 15,20% 0 -0,9


(% And./Esp.) 13,90% 16,70% 13,90% 18,40% 18,60% 19,80% 20,20% 20,50% 18,80% 17,80% 16,40% 17,40% 0,03 25,1

Total dependencia (87 +88) (% And./Esp.) 14,70% 15,90% 14,50% 15,70% 15,00% 15,40% 16,00% 16,70% 16,50% 15,60% 14,30% 16,20% 0,01 10,2Total de las actividades económicas

(% And./Esp.) 15,80% 15,60% 15,40% 15,40% 15,60% 15,50% 15,30% 15,50% 15,70% 15,50% 15,20% 15,50% 0 -2,1

Indices relativos (España It2008=100) Asistencia en establecimientos residenciales

And./España IT08=100

97,3 107 114,5 114,9 106,6 97,6 116,5 116,9 128,1 127,5 122,7 149,1 51,76 53,2


And./España IT08=100

88,1 109,3 96,9 124,9 131,5 157,8 166,1 182,4 168,9 172,5 176,6 183,3 95,17 108

Total dependencia (87 +88) And./España IT08=100

93,3 108 106,8 119,3 117,6 124,1 138,4 145,8 146,1 147,4 146,5 164,2 70,9 76


España IT08=100

100 109,1 118,7 126,5 132,5 126,1 137,6 134,2 137,1 144,4 149,1 151,5 51,47 51,5


España IT08=100

100 101,9 107,4 104,7 110,3 123,3 125,5 137,8 141,4 150,7 164,4 162,9 62,87 62,9

Total dependencia (87 +88) España IT08=100

100 105,9 113,7 116,9 122,7 124,8 132,3 135,8 139 147,2 155,8 156,5 56,49 56,5

Tabla 4. Evolución trimestral del empleo en las actividades económicas relacionadas con la dependencia

(Andalucía-España, 2008-2010); CNAE-2009


66


En la búsqueda de identificar la dimensión de este ya-cimiento de empleo, estamos obligados a estudiar el catálogo de prestaciones pero en este caso de natura-leza económica, para identificar la figura del cuidador no profesional26. Encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social desde el año 2007 y por tanto formando parte de la fuerza del trabajo de las activida-des en el entorno del hogar de la persona en situación de dependencia.

El número de cuidadores no profesionales andaluces desde el año 2008 ha aumentado en 32.176, haciendo que en solo dos años analizados según los datos dispo-nibles del SAAD, el cambio haya sido del 160 %. Esta

26 Tiene una doble intención protectora: por un lado, proveer de cuidados personales cuando no exista o sea insuficiente los recursos en el área geográfica en la que se encuentra la persona en situación de dependencia, y por otro lado, una acción protectora para con las personas cuidadoras no profesionales, quedando incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, a efectos de las prestaciones de jubilación de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de accidente, cualquiera que sea su carácter, o de enfermedad, con independencia de su naturaleza.

situación refleja lo enraizados que se encuentran los cui-dados personales en el entorno del hogar27. En cambio, Andalucía representaba el 51 % del total de cuidadores no profesionales de España en el año 2008. Pero el fuerte crecimiento de éstos a nivel nacional hace que el peso andaluz disminuya, hasta el 36 %, peso aún más que significativo, explicando el rápido proceso de im-plantación de la Ley que ha tenido lugar en Andalucía respecto al conjunto nacional.

4.2.4. Dinamismo empresarial como indicador subyacente

Por último, también se ha utilizado otra fuente de in-formación como es el Directorio de Empresas y Esta-blecimientos con Actividad Económica en Andalucía, elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Igualmente queda claro que los

27 Siendo este uno de los aspectos claves del Estado de Bienestar de corte familiarista característico de los países de la cuenca mediterránea, siendo uno de sus máximos represen-tantes España, y por tanto, Andalucía.

Tabla 5. Evolución de las personas que han suscrito el Convenio especial de cuidadores no profesionales

de personas en situación de dependencia (R.D. 615/2007) (Andalucía, 2008-2010)

2008 2009 2010 Cambios del Periodo

Conv. Obligatorio

Conv. Voluntario

Conv. Obligatorio

Conv. Voluntario

Conv. Obligatorio

Conv. Voluntario

V. Absoluta

V. Relativa

Andalucía 20.109 18 40.878 30 52.285 34 32.176 160%España 39.613 179 97.134 497 147.264 793 107.651 272%% And./Esp. 51% 10 % 42 % 6 % 36 % 4 % -0,15 -30,06 %


67


servicios relacionados con la atención a la dependen-cia son un yacimiento de empleo, medido en este caso por el aumento del tejido empresarial asociado a estas actividades tomando los años 2008 y 2010. En solo dos años se han generado 1.047 empresas relaciona-das con el sector de la atención a la dependencia, o en otras palabras, se ha producido un crecimiento del 56,8 %.

Este crecimiento se debe a las 36 empresas con más de 100 trabajadores en ambas ramas de actividad generando un nuevo escenario, donde 21 de ellas se corresponden a actividades de servicios sociales sin alojamiento y 15 en actividades de asistencia en es-tablecimientos residenciales, que en su conjunto han crecido en un 150 %. Tan solo el estrato de empresas, sin empleo conocido, registra una tasa de variación ne-gativa. Indudablemente es un hecho irrelevante desde

Cuadro 3. Dinámica empresarial andaluza en actividades vinculadas a la dependencia por estratos de empleo

87 - Asisten-cia en esta-blecimientos residenciales

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento

total de-pendencia (87+88)


88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento

total dependencia (87+88)

Estrato de empleo

2010 Variación Absoluta (2008-2010)

Sin empleo conocido

3 1 4 -39 -118 -157

De 0-5 333 1.182 1.515 152 653 805De 6-19 348 407 755 94 5 99De 20-49 271 140 411 130 62 192De 50-99 115 31 146 63 9 72100 y más 24 36 60 15 21 36Total 1.094 1.797 2.891 415 632 1.047

2008 Variación Relativa (VA/2008)Sin empleo conocido

42 119 161 -93% -99% -98%

De 0-5 181 529 710 84% 123% 113%De 6-19 254 402 656 37% 1% 15%De 20-49 141 78 219 92% 79% 88%De 50-99 52 22 74 121% 41% 97%100 y más 9 15 24 167% 140% 150%Total 679 1.165 1.844 61% 54% 57%

Fuente: DIRCE 2008-2010, IECA. Elaboración propia.

68


la perspectiva de la dinámica empresarial generadora de empleo.

Descendiendo al análisis por ramas de actividad, el teji-do empresarial más dinámico corresponde a la Asisten-cia en establecimientos residenciales (61,1 %) frente a las actividades de servicios sociales sin alojamiento que variaron positivamente en un 54,2 %.

En el caso de estas últimas, se trata de un sector funda-mentalmente caracterizado por pymes, destacando el estrato empresarial de menor tamaño (0-5 empleados) con la aparición de 653 nuevas empresas para situarse en el año 2010 en 1.182 empresas, le sigue en orden de importancia las empresas entre 20-49 empleados que han aumentado el 79,5 % en 2010.

Por su parte, en las actividades de asistencia en estable-cimientos residenciales su crecimiento se corresponde con los estratos de mayor tamaño empresarial, desde 20 trabajadores en adelante, recogiendo el efecto po-sitivo del proceso de implantación de la LAPAD (2006).

4.3. Ranking de yacimientos de empleo

En conclusión, una vez revisadas diferentes fuentes de información (TGSS, EPA y Directorio de empresas de Andalucía) se observa un importante dinamismo en las actividades asociadas a la dependencia, frente a la pro-funda crisis económica en la que se encuentra Andalu-cía y España. En el siguiente cuadro 4 se exponen las 20 actividades económicas que han generado empleo

durante el periodo en Andalucía, siendo estas identifica-das como yacimientos de empleo, en un contexto gene-ralizado de destrucción de empleo.

En este ranking realizado según datos de la EPA, las ramas de actividad relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia son las activida-des que más empleo han generado en Andalucía tras las Administraciones públicas, con un total de 28.000 empleos. En un análisis rama a rama, estas actividades están entre las cuatro actividades que más empleo han generado unos 17.600 empleos se corresponden a las actividades de servicios sociales sin alojamiento y las actividades de asistencia en establecimientos residen-ciales con 10.400 empleos. Por último, aunque no ha sido cuantificado, también debemos resaltar la contribu-ción al empleo en las actividades sanitarias, las cuales, tiene también un papel complementario en la atención a las personas en situación de dependencia.

Finalmente, los servicios relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia, independien-temente de la fuente de datos utilizada, pone de relieve la potencialidad de estas actividades económicas como generadoras de empleo y tejido productivo, transfor-mándose en yacimientos de empleo ante una demanda social creciente y su contribución al descenso del paro aun cuando se están desarrollando en un contexto de crisis económica y destrucción masiva de empleo.

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Cuadro 4. Yacimientos de empleo en Andalucía (2008TI-2010TIV); CNAE-2009

Ramas de actividad Miles Empleos

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 52,8Dependencia (87+88) 2888 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 17,669 Actividades jurídicas y de contabilidad 13,787 Asistencia en establecimientos residenciales 10,493 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 6,786 Actividades sanitarias 4,162 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 4,133 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 436 Captación, depuración y distribución de agua 2,970 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 2,595 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 2,119 Coquerías y refino de petróleo 1,579 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

1,5

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 1,572 Investigación y desarrollo 1,353 Actividades postales y de correos 0,974 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0,935 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,552 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 0total actividad económica -380,1


5. Perspectiva territorial:

dependencia y yacimientos de

empleo

73

5. Perspectiva territorial: dependencia y yacimientos de empleo

5.1. Rasgos territoriales básicos de las personas en situación de dependencia en Andalucía

Las características más relevantes de las personas en situación de dependencia se resumen en: fundamental-mente personas mayores de 65 años, y dentro de este los mayores de 80 años comienzan a ser un grupo de población muy importante, debido al aumento de la es-peranza de vida libre de discapacidad. Por su parte, entre las provincias destacan Córdoba, Jaén y Granada encontrándose por encima de la media regional el volu-men de población en situación de dependencia.

En cambio, en el resto de provincias, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, el porcentaje de personas en situación de dependencia menores de 65 años se en-cuentran por encima de la media andaluza, si se desa-grega el grupo de población de 65 y más años por los intervalos recogidos en el gráfico 19.

La componente edad es un factor muy importante a la hora de caracterizar a las personas en situación de dependencia, principalmente porque la prevalencia de sufrir estas situaciones aumenta con esta. Aunque se

encuentran excepciones, que en el caso de los varones es mayor en la juventud y en la adultez, en cambio, en las mujeres son mayores a partir de los 60 años.

El grado de severidad en la realización de las ABVD re-sulta ser muy importante debido a la heterogeneidad de situaciones que las provocan. Sin embargo, las perso-nas con gran dependencia o dependencia total son el grupo más numeroso siendo esto común en todas las provincias andaluzas, destacando Córdoba. Seguido a éste, el grupo de población en situación de dependen-cia moderada es el que mayor población concentra. Las diferencias por sexos se presentan sobre todo entre el grupo de personas con dependencia severa. Como se puede observar, en el gráfico 20, en la provincia de Jaén los varones representan el 9,10 % frente al 17,13 % de mujeres. En cambio, en la provincia de Sevilla son las mujeres las que menores tasas de dependencia severa presentan (unos 2,83 puntos porcentuales menos que los varones). En el resto de provincias, los varones son los que menor porcentaje presentan frente a las muje-res en situación de dependencia severa.

Así mismo, las personas que conforman al grupo de personas en situación de dependencia moderada junto a la dependencia total son las que concentran la mayor

74


Gráfico 19. Distribución de la población en situación de dependencia para las ABVD (sin ayudas) por

grandes grupos de edad y provincias andaluzas

Fuente: explotación estadística de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

parte de la población en situación de dependencia en las ocho provincias andaluzas. En todas, este grupo de población se encuentra por debajo del 31 %, encon-trándose cercano a éste las mujeres onubenses con 30,31 % siendo el porcentaje más alto entre las pro-vincias.

El perfil de las personas en situación de dependen-cia común en las ocho provincias andaluzas se ca-racteriza por tratarse de una persona mayor de 65 años, mujer, con un grado de dependencia total, co-rroborándose la feminización en las situaciones de dependencia. Las provincias con mayores tasas de personas en situación de dependencia son Granada, Almería y Sevilla.

De ellas, como se puede observar en la tabla 6, desta-ca Granada con una tasa del 8,29 %, frente a la media andaluza del 6,78 %. Por el contrario, la provincia de Cádiz, una de las más pobladas de Andalucía, es la que menor proporción de población en situación de depen-dencia tiene, en torno al 4,72 %, lo que se explica en parte porque el 75 % de la población gaditana estaba en edad de trabajar, entre 15 y 64 años de edad, edades con menores prevalencias.

Un paso más en la caracterización de las personas en situación de dependencia en Andalucía, pasa por cen-trar el análisis de la presencia de éstas en el territorio y sus pautas de asentamiento, es decir, su localización en áreas rurales o urbanas.

75

Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 5. Perspectiva territorial: dependencia y yacimientos de empleo

Gráfico 20. Estructura por grado de severidad de los dependientes: sexo y provincias


Tabla 6. Población total y población en situación de dependencia por provincias y sexo en Andalucía (2008)

Población total Población en situación de dependencia

Ambos sexos Varones Mujeresnº % nº % nº %

Almería 667.635 52.969 7,93 20.736 3,11 32.234 4,83Cádiz 1.220.467 57.629 4,72 21.216 1,74 36.414 2,98Córdoba 798.822 54.880 6,87 17.611 2,20 37.269 4,67Granada 901.220 74.701 8,29 27.028 3,00 47.673 5,29Huelva 507.915 32.875 6,47 9.772 1,92 23.104 4,55Jaén 667.438 45.082 6,75 16.334 2,45 28.748 4,31Málaga 1.563.261 103.933 6,65 33.924 2,17 70.009 4,48Sevilla 1.875.462 134.227 7,16 47.625 2,54 86.602 4,62Andalucía 8.202.220 556.297 6,78 194.245 2,37 362.052 4,41

Unidades: valores absolutos y relativos.Fuente: explotación estadística de los microdatos de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

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Gráfico 21. Estructura intraprovincial por tramos de población en situación de dependencia (2008)

Nota: valores relativos.Fuente: explotación estadística de los microdatos de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

En términos generales, el 22 % de la población en si-tuación de dependencia de Andalucía vive en municipios menores de 10.000 habitantes: entre las provincias que destacan son Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, respectivamente (ver gráfico 21). Estas provincias se caracterizan por tener una orografía muy accidenta-da, encontrándose las principales cadenas montañosas andaluzas. Así mismo, corresponde con las zonas más envejecidas dentro de sus provincias y con población muy dispersa en el territorio haciendo que el volumen de personas en situación de dependencia en términos relativos sea mucho mayor.

En contrapunto, en las zonas con una orografía menos accidentada, y más urbanas, como son las provincias de Málaga y Cádiz, su población rural se encuentra por debajo de la media andaluza, así la población en situa-ción de dependencia se concentran en las zonas próxi-mas a la costa alejándose del interior.

Otro ámbito territorial, son las zonas cuya población está entre 10.000 a 20.000 habitantes, en estos mu-nicipios los indicadores de dependencia mas relevan-tes se dan en las provincias de Jaén (16,87 %), Sevilla (17,70 %), Almería (14,04 %) y Granada (17,83 %) en lí-

77


nea con la dinámica de concentración de población que tiene lugar en las mismas.

Las mayores asimetrías interprovinciales en dependencia se observan al comparar los municipios en los dos siguien-tes escalones poblacionales (de 20.000 a 50.000 habi-tantes y de 50.000 a 100.000 habitantes); sin embargo, si se analiza bajo el prisma global de Andalucía, el 16,3 % del total de la población vive en zonas de población entre los 20.000 a 50.000 habitantes28, y dentro de estos el 5,4 % son personas en situación de dependencia. Enton-ces atendiendo a las peculiaridades de cada provincia se observa como Córdoba, Jaén y Sevilla son las que presen-tan mayores tasas de población en situación dependencia para este tramo de población, como indica el gráfico 21, en correspondencia con la localización de importantes ciudades intermedias en dichas provincias.

Por último, las capitales provinciales y los municipios de más de 100.000 habitantes, son los que concentran ma-yor población y por tanto, más población en situación de dependencia, coincidiendo además con los territorios económicamente más dinámicos dentro de sus provin-cias; a excepción de Jaén, capital, donde la población en situación de dependencia es del 15,8 %, frente al 38,25 % en los municipios menores de 10.000 habitan-tes, que se concentra principalmente en zonas rurales.

No se puede pasar por alto la función social del territo-rio atendiendo a los tramos de población estudiados,

28 Al conjunto de municipios andaluces ubicados en este tramo de población el POTA los integra en la denomina Redes de Ciudades medias de Andalucía. Estas ciudades desempeñan una función primordial para articular y equilibrar el territorio, mostrando vínculos determinantes de cooperación supramu-nicipal (Junta Andalucía, 2006).

sobre todo en materia de servicios sociales29, siendo el sistema que tradicionalmente se ha ocupado de la aten-ción a las personas en situación de dependencia y en el que se ha implementado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta función social es de resaltar para aquellos municipios localizados en zonas rurales, en los que como consecuencia de la cen-tralidad de los servicios en las grandes aglomeraciones de población hacen que se encuentren más desaten-didos a priori. No obstante, la configuración de redes de municipios rurales, está permitiendo la integración y cooperación entre los territorios. En este sentido, los municipios de mayor tamaño, cabecera de comarca, según los casos, de 10.000 a 20.000 u otros mayores de 20.000 habitantes, tiene una función importantísima para las zonas rurales como referentes tanto económi-ca, administrativa, social y territorial, concentrándose los servicios en estas poblaciones y favoreciendo la ac-cesibilidad de estos ámbitos en muchos remotos, des-de la centralidad ejercida por las capitales provinciales.

Las diferencias territoriales existentes entre las provin-cias son una realidad. En términos generales, de los 770 municipios andaluces, el 80,5 % son poblaciones de menos de 10.000 habitantes pudiendo referirnos a una Andalucía eminentemente rural. Por ello, más del 10 % de la población en situación de dependencia ha

29 Distribuyéndose del siguiente modo: en municipios de población hasta 20.000 habitantes, los servicios sociales son competencia de sus respectivas diputaciones provinciales. Por el contrario, en los municipios con población mayor a 20.000 habitantes tienen competencia los ayuntamientos de sus servicios sociales. Su fundamento legislativo está en primer lugar, en la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local de 1985 y posteriormente, estos criterios territoriales y competenciales fueron ratificados por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía de 1989.

78


tenido que cambiar de residencia para acceder a los servicios requeridos por su situación (EDAD-2008).

La distribución de los dependientes, en términos de den-sidad territorial muestra enormes asimetrías, con una horquilla de dependientes por kilómetro cuadrado entre 1 dependiente por km2 de Cádiz en el estrato rural, lo que está en concordancia con las reducidas tasas de población en situación de dependencia; y en el extremo opuesto de la horquilla nos encontramos con dos ámbitos densamente poblados como son la capital andaluza y Dos Hermanas, con densidades en torno a los 223 dependi-entes por km2 . No obstante, en cada provincia andaluza se registran pautas totalmente singulares, en la provincia de Granada, la concentración de población dependiente se da en la capital de provincia, 83 personas dependi-entes por km2 frente a las 8 personas por km2 en el tramo de población rural que por otra parte representa al 88,1 % de la superficie de la provincia. En cambio, en Jaén, las mayores concentraciones de población en situ-ación dependencia que superan los 81 por km2, se da en el conjunto de municipios del estrato entre 20.000 y 50.000 habitantes; mientras que en la capital su registro es de 9 dependientes por km2. En las provincias del lito-ral andaluz, las capitales y municipios mayores a 100.000 habitantes son las que registran una mayor concentración de personas en situación de dependencia.

Una dimensión importante, que aún no ha sido abordada, pero que tiene un carácter estratégico de cara al futuro es el análisis territorial del proceso de envejecimiento en Andalucía. Incluso sin profundizar en esta dimensión, sino simplemente explotando la encuesta EDAD, en el mapa 4, que se desglosa en población dependiente de 6 a 64 y dependientes mayores de 65, muestra de for-

ma patente la significativa distribución asimétrica en el territorio de estos dos grupos de dependientes.

Globalmente, la primera caracterización es que la Anda-lucía del litoral junto al eje del Bajo Guadalquivir, Cádiz-Sevilla y las capitales de provincia, es donde se regis-tran las mayores tasas de dependientes jóvenes, entre 6 y 64 años. Ámbitos territoriales dinámicos y con ele-vada densidad de población, donde los discapacitados tienen una mayor presencia. Por el contrario, la Anda-lucía interior, salvo el eje del bajo Guadalquivir, Cádiz-Sevilla y las capitales de provincia, es donde están las mayores tasas de dependientes mayores de 65 años, que además abarca gran parte del mundo rural andaluz.

Descendiendo territorialmente en el análisis de la pobla-ción por tamaños de los municipios, en el caso de los menos poblados, con menos de 10.000 habitantes, nos encontramos con las particularidades de las provincias de Huelva y Córdoba que destacan porque este grupo de población es inferior al 2,5 % para los jóvenes depen-dientes y sin embargo, la población dependiente de 65 y más, representa al 18,32 % y 27,5 % respectivamente.

En el siguiente tramo de población de 10.000 a 20.000 habitantes hay que resaltar los casos de Almería y Grana-da donde el peso de la población menor de 65 años se encuentra por encima del 3,4 % (fijado como máximo en la leyenda del mapa 4); y, por el contrario, su población menor de 65 años dependiente representa un escaso 4,63 % y 4,38 % respectivamente, dándose la singulari-dad que en ambos casos la población mayor de 65 años dependiente es aproximadamente 8 veces mayor.

Para los municipios de 50.000 a 100.000 habitantes, debemos resaltar la provincia de Jaén, en el que la

79


Mapa 4. Distribución de la población en situación

de dependencia respecto al total de su población

por tramo de población en Andalucía (2008)

Nota: valores relativos.Fuente: explotación estadística de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

población en situación de dependencia representa al 9,74 %, que si se desagrega por tramos de edad, las personas entre 6 a 64 años son el 4,05 %, y las mayo-res de 65 años el 37,13 %.

Entre las capitales provinciales y municipios de más de 100.000 habitantes, localizadas a lo largo del litoral an-daluz, es de destacar Cádiz capital, y sus municipios con población superior a los 100.000, como Algeciras y Jer-ez de la Frontera, éste grupo de población no alcanza al 2,2 %. Asimismo, la población mayor de 65 años gaditana dependiente tampoco es muy elevada respecto al resto de capitales andaluzas y municipios de más de 100.000 habitantes, siendo de esta el 24,19 %. Si bien es cierto, Málaga comparte las mismas características que Cádiz.

5.2. Tejido Productivo andaluz y dependencia

La generación de tejido productivo relacionado directa-mente con estas actividades económicas es un modo de analizar la potencialidad que estas tienen dentro del mercado de trabajo y de la economía regional, tomando como fuente de información la disponible en el DIRCE para los años 2008 y 2010. Desde el año 2008, las actividades relacionadas con la atención a las perso-nas en situación de dependencia han creado 1.047 em-presas en Andalucía, siendo el 60,36 % empresas de actividades de servicios sociales sin alojamiento frente al 39,64 % empresas relacionadas con actividades de asistencia en establecimientos residenciales. Atendien-do al contexto regional, estas ramas de actividad han crecido influenciadas por la dinámica empresarial pro-

ducida en las provincias, pero lo realmente interesante radica en conocer la intensidad con la que se ha dado este proceso de generación de tejido empresarial. Las provincias que han superado la centena de empresas, como se observa en la siguiente tabla son Granada,

80


Sevilla, Cádiz, Jaén, Málaga y Córdoba; en cambio, en Almería y Huelva el aumento ronda el 45 %.

Al dividir las ramas de actividad que componen el agrega-do de atención a las personas en situación de dependen-cia, el resultado del crecimiento individual ha sido muy diferente entre las provincias andaluzas. En el caso de Almería, las actividades de asistencia en establecimientos residenciales han crecido un 72 %, frente a un 35 % de las actividades de servicios sociales sin alojamiento. El crecimiento se ha dado en las empresas con tramos de empleo entre los 50-99 trabajadores y en ambas ramas de actividad ha sido del 200 % y 233 %, actividades en establecientes residenciales y actividades de servicios sociales sin alojamiento, respectivamente. Así mismo, aunque en términos absolutos las actividades de servi-cios sociales sin alojamiento han crecido más, sin em-bargo, las actividades de asistencia en establecimientos residenciales han crecido más en cuanto a su tamaño em-presarial. El caso de la provincia de Huelva es realmente interesante, tratándose de la única provincia en la que no se han producido grandes cambios, sobre todo en las empresas de más de 100 trabajadores, las cuales se han mantenido, siendo las actividades de servicios sociales sin alojamiento las que menor crecimiento han tenido.

El caso contrario es la provincia de Jaén, que se carac-teriza por la fuerte emergencia de los servicios de aten-ción a las personas en situación de dependencia, que han creciendo un 143 % en general, pero individualmente lo han hecho un 160 % las actividades de servicios sociales sin alojamiento y un 121 % las actividades de asistencia en establecimientos residenciales. Y un fuerte crecimien-to de todos los estratos de empleo creándose un tejido empresarial que hasta entonces era inexistente, siendo la provincia andaluza en la que mayor crecimiento relativo

ha tenido. Siguiendo esta línea, la provincia de Cádiz, en la que el crecimiento de las empresas de más de 100 trabajadores ha sido del 267 %, produciéndose un cam-bio radical en el sector, y dentro de este las actividades de asistencia en establecimientos residenciales, como se puede ver en la tabla 7 el crecimiento ha sido del 600 %. Y del 100 % de las actividades de servicios sociales sin alojamiento para el tramo de más de 100 trabajadores, este cambio puede haberse debido a la pérdida de em-presas en el tramo de 50-99 trabajador que han subido un escalón más, aumentando su dimensión empresarial.

El caso de Málaga refleja la importancia de los cuida-dos en el entorno del hogar, es decir, en las empresas relacionadas con los servicios sociales sin alojamiento, en el que el estrato de empleo sobre todo en el 59 a 99 trabajadores el cambio ha sido del 100 %, sin olvidar, el 67 % de crecimiento en las empresas de más de 100 trabajadores correspondiendo a una generación de 2 empresas de gran tamaño.

La generación de tejido empresarial existente alrededor de la atención a las personas en situación de depen-dencia ha estado claramente influenciado por la LAPAD (2006) y la implantación del SAAD. Gracias a ellos, estas empresas se están consolidando en un contex-to de inestabilidad económica, haciendo que la tarea del cuidado se encuentre en una situación de profundo cambio de paradigma, la compatibilidad entre el cuida-do familiar y la externalización del mismo como medida de conciliación de la vida familiar y laboral.

81


Tabla 7. Dinámica empresarial en las actividades relacionadas con la atención a las personas en situación

de dependencia en las provincias andaluzas por estratos de empleo87 - Asistencia en estable-cimientos residenciales

88 - Acti-vidades de servicios sociales sin alojamiento

total depen-dencia (87+88)




87 - Asis-tencia en estable-cimientos residencia-les



87 - Asisten-cia en esta-blecimientos residencia-les



Estratos de empleo 2008 2010 Variación Absoluta ( 2008-2010) Variación Relativa (VA/2008)

ALMERÍA Sin empleo conocido

2 8 10 0 0 0 -2 -8 -10

De 0-5 9 54 63 24 103 127 15 49 64 167% 91% 102%

De 6-19 16 42 58 29 37 66 13 -5 8 81% -12% 14%

De 20-49 16 9 25 16 9 25 0 0 0 - - -

De 50-99 3 3 6 9 10 19 6 7 13 200% 233% 217%

100 y más 0 3 3 1 2 3 1 0 - -33% -

Total 46 119 165 79 161 240 33 42 75 72% 35% 45%

CÁDIZ Sin empleo conocido

2 8 10 0 1 1 -2 -7 -9 -88% -90%

De 0-5 21 56 77 28 154 182 7 98 105 33% 175% 136%

De 6-19 32 44 76 35 46 81 3 2 5 9% 5% 7%

De 20-49 15 20 35 28 22 50 13 2 15 87% 10% 43%

De 50-99 7 7 14 23 3 26 16 -4 12 229% -57% 86%

100 y más 1 2 3 7 4 11 6 2 8 600% 100% 267%

Total 78 137 215 121 230 351 43 93 136 55% 68% 63%

CÓRDOBA Sin empleo conocido

7 24 31 1 0 1 -6 -24 -30 -86% -97%

De 0-5 18 56 74 33 116 149 15 60 75 83% 107% 101%

De 6-19 32 33 65 40 35 75 8 2 10 25% 6% 15%

De 20-49 28 7 35 42 24 66 14 17 31 50% 243% 89%

De 50-99 5 1 6 24 2 26 19 1 20 380% 100% 333%

100 y más 3 1 4 2 5 7 4 3 -33% 400% 75%

Total 93 122 215 142 182 324 49 60 109 53% 49% 51%

GRANADA Sin empleo conocido

3 15 18 0 0 0 -3 -15 -18

De 0-5 19 58 77 34 184 218 15 126 141 79% 217% 183%

De 6-19 26 25 51 35 61 96 9 36 45 35% 144% 88%

De 20-49 18 0 18 42 23 65 24 23 47 133% - 261%

De 50-99 5 1 6 9 4 13 4 3 7 80% 300% 117%

100 y más 1 0 1 3 4 7 2 4 6 200% - 600%

Total 72 99 171 123 276 399 51 177 228 71% 179% 133%

82


87 - Asistencia en estable-cimientos residenciales






87 - Asis-tencia en estable-cimientos residencia-les



87 - Asisten-cia en esta-blecimientos residencia-les



Estratos de empleo 2008 2010 Variación Absoluta ( 2008-2010) Variación Relativa (VA/2008)

HUELVA Sin empleo conocido

1 4 5 0 0 0 -4 -5

De 0-5 5 28 33 14 45 59 9 17 26 180% 61% 79%

De 6-19 9 26 35 9 26 35 0 0 0 - - -

De 20-49 10 3 13 25 8 33 15 5 20 150% 167% 154%

De 50-99 5 2 7 7 1 8 2 1 40% -50% 14%

100 y más 2 0 2 2 2 4 0 2 2 - - 100%

Total 32 63 95 57 82 139 25 19 44 78% 30% 46%

JAÉN Sin empleo conocido

3 4 7 1 0 1 -2 -4 -6 -67% -86%

De 0-5 8 24 32 18 91 109 10 67 77 125% 279% 241%

De 6-19 17 18 35 26 29 55 9 11 20 53% 61% 57%

De 20-49 7 4 11 32 11 43 25 7 32 357% 175% 291%

De 50-99 3 2 5 9 2 11 6 0 6 200% - 120%

100 y más 1 1 2 0 5 5 4 3 400% 150%

Total 39 53 92 86 138 224 47 85 132 121% 160% 143%

MÁLAGA Sin empleo conocido

10 23 33 0 0 0 -10 -23 -33

De 0-5 44 97 141 73 190 263 29 93 122 66% 96% 87%

De 6-19 52 86 138 75 79 154 23 -7 16 44% -8% 12%

De 20-49 20 12 32 27 10 37 7 -2 5 35% -17% 16%

De 50-99 10 2 12 21 4 25 11 2 13 110% 100% 108%

100 y más 0 3 3 4 5 9 4 2 6 - 67% 200%

Total 136 223 359 200 288 488 64 65 129 47% 29% 36%

SEVILLA Sin empleo conocido

14 33 47 1 0 1 -13 -33 -46 -93% -98%

De 0-5 57 156 213 109 299 408 52 143 195 91% 92% 92%

De 6-19 70 128 198 99 94 193 29 -34 -5 41% -27% -3%

De 20-49 27 23 50 59 33 92 32 10 42 119% 43% 84%

De 50-99 14 4 18 13 5 18 1 0 -7% 25% -

100 y más 1 5 6 5 9 14 4 4 8 400% 80% 133%

Total 183 349 532 286 440 726 103 91 194 56% 26% 36%


83


Tabla 8. Evolución de las personas que han suscrito el convenio especial de cuidadores no profesionales de

personas en situación de dependencia (R.D.615/2007), por provincias andaluzas (2008-2010)

2008 2009 2010 Cambios del periodoConv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

V. Abso-luta

V. Relativa

Andalucía 20.109 18 40.878 30 52.285 34 32.176 160,01%Almería 2.863 4 4.886 9 5.634 8 2.771 96,79%% Al./And. 14,24% 22,22% 11,95% 30% 10,78% 23,53% -0,03 -24,32%Cádiz 3.450 1 8.131 9 10.590 9 7.140 206,96%% Ca./And. 17,16% 5,56% 19,89% 30% 20,25% 26,47% 0,03 18,06%Córdoba 1.792 0 3.745 5 4.164 5 2.372 132,37%% Co./And. 8,91% - 9,16% 16,67% 7,96% 14,71% -0,01 -10,63%Granada 1.715 11 3.268 1 4.333 2 2.618 152,65%% Gr./And. 8,53% 61,11% 7,99% 3,33% 8,29% 5,88% -0,00 -2,83%Huelva 2.045 1 3.651 1 4.058 0 2.013 98,44%% Hu./And. 10,17% 5,56% 8,93% 3,33% 7,76% - -0,02 -23,68%Jaén 2.042 1 4.455 2 5.990 2 3.948 193,34%% Ja./And. 10,15% 5,56% 10,90% 6,67% 11,46% 5,88% 0,01 12,82%Málaga 3.606 0 6.972 3 9.653 7 6.047 167,69%% Ma./And. 17,93% - 17,06% 10% 18,46% 20,59% 0,01 2,96%Sevilla 2.596 0 5.770 0 7.863 1 5.267 202,89%% Se./And. 12,91% - 14,12% - 15,04% 2,94% 0,02 16,49%


84


5.3. Cuidadores informales: perspectiva provincial

No solo se ha de tener en cuenta la generación de tejido productivo producido en todas las provincias andaluzas. El carácter de protección de la LAPAD (2006) a través de la figura de los cuidadores no profesionales o como son conocidos tradicionalmente, cuidadores informales, en el que los cuidados proceden de la familia, principal-mente, o bien del entorno más cercano. El crecimiento de esta actividad ha sido vertiginoso en el conjunto de Andalucía, hasta alcanzar el 160 % (tabla 8); ahora bien, entre todas las provincias destacan Sevilla (203 %), Jaén (193 %), Málaga (167 %) y especialmente Cádiz (207 %). En cualquier caso, en todas las provincias se registran cambios por encima del 90 %, haciendo que esta prestación, que tenía un carácter excepcional, se haya convertido en una prestación muy demandada dentro del SAAD, aunque fuera esa la pretensión inicial.

La distribución provincial de los convenios al final del periodo (2010), pone a la cabeza de los mismos a Cádiz con una cuota del 20,25 %, seguida de Málaga (18,46 %) y Sevilla (15,04 %).

Sin olvidar la complementariedad con el sistema de cuidados informales en la atención a las personas en situación de dependencia a través de la figura del cui-dador no profesional visualizando el carácter excepcio-nal, aunque en determinadas ocasiones esta prestación haya sido sobrevalorada, la ardua tarea del cuidado que se ha llevado a cabo tradicionalmente por las familias y dentro de ellas por la mujer.

5.4. Estudio de casos: Granada

5.4.1. Situación socio demográfica de las personas en situación de dependencia

Antes de adentrarse en el análisis del mercado de tra-bajo relacionado con la atención a las personas en si-tuación de dependencia en Granada, es imprescindible hacer una breve reseña sobre el contexto sociodemo-gráfico de este colectivo, según los datos disponibles en encuesta EDAD-2008.

La población granadina ascendía a las 901.220 per-sonas según datos del padrón municipal del 2008, en el que el 10 % se encontraba en situación de depen-dencia. En el que las mujeres representan al 63 % de total de personas en situación de dependencia, dentro de ellas, el 41,69 % se encuentran entre los 65 y 69 años. La representatividad de las mujeres en situación de dependencia aumenta con la edad, como se puede ver en la siguiente pirámide de población (ilustración 2), ocurriendo lo contrario en los varones, en los que el 46 % son menores de 65 años, disminuyendo su preva-lencia con la edad, ya que entre los adultos y mayores, las mujeres se presentan en proporción más alta, sobre todo, a partir de los 65 años. El grado de dependencia permite analizar el nivel de autonomía que la persona tiene y por tanto, avanzar sobre las necesidades de atención que requieren para mejorar su calidad de vida. De ahí que en la provincia de Granada el 44 % son per-sonas que requieren de apoyos generalizados30, dentro

30 Personas con un grado de dependencia total o gran depen-dencia según la terminología establecida en la LAPAD (2006).

85


de este grupo el 16,07 % tiene 80 y más años, en el que las mujeres representa el 11,32 % mujeres frente al 4,75 % de varones.

Atendiendo al grado de severidad como se observa en la tabla 9, la dependencia moderada agrupa al 27 % de las personas en situación de dependencia, estando los varones por encima de las mujeres sólo un punto por-centual, ocurriendo lo mismo en el grupo de personas sin dependencia pero en diferente proporción. Pero si se genera un perfil de persona en situación de depen-dencia en la provincia de Granada teniendo en cuenta la pirámide de población (ilustración 2) y la tabla 9, se ha-blaría de un varón menor de 65 años con dependencia total. En cambio, en el caso de las mujeres se trataría de una octogenaria con dependencia total. En ambos sexos el grado máximo de severidad es su común de-nominador pero la diferencia de edad a la hora de alcan-zarlo es menor en los varones que en las mujeres gra-nadinas condicionado en parte por la mayor esperanza de vida femenina.

Ilustración 2. Pirámide de población de personas

en situación de dependencia en la provincia de

Granada (2008)

Nota: Nº de personas en situación de dependencia en la provincia de Ganada: 74.701Fuente: explotación estadística de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

Tabla 9. Personas en situación de dependencia atendiendo a su máximo grado de severidad (sin ayudas)

en Granada (2008)

Sin dependencia dependencia Moderada

dependencia Severa

dependencia total total

n % n % n % n % nVarón 4.960 18,35 7.500 27,75 3.581 13,25 10.988 40,65 27.028Mujer 5.387 11,30 12.879 27,01 7.217 15,14 22.190 46,55 47.673Ambos sexos 10.347 13,85 20.379 27,28 10.798 14,45 33.178 44,41 74.701


86



a la dependencia (Granada, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009


5.4.2. Mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia

Tras la breve descripción del perfil de las personas en situ-ación de dependencia en Granada, resulta complementario analizar el mercado de trabajo existente alrededor de las mismas, centrándonos en las tres fuentes de información con las que venimos trabajando: EPA, TGSS y el DIRCE.

Ante un contexto de inestabilidad económica, la destruc-ción de empleo ha sido la tónica característica a lo largo de la serie temporal en la provincia de Granada en la que aproximadamente unos 41.250 personas han perdido su empleo.

En cambio las actividades relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia, en su con-

junto han generado en torno a unos 2.000 empleos, llegando a alcanzar las 9.200 personas ocupadas en el cuarto trimestre de 2010, representando al 3,05 % del total de los ocupados en la provincia de Granada. Sin embargo, la realidad de las ramas de actividad que componen el agregado resulta ser diferente entre sí. Las actividades de asistencia en establecimientos re-sidenciales han estado expuestas, durante el periodo de estudio, a los bruscos procesos de destrucción y creación de empleo. Las caídas más pronunciadas se extienden desde el segundo trimestre del 2008 hasta el mismo trimestre para el año 2009, en el que han aban-donado el mercado de trabajo unos 1.100 ocupados. No obstante, esta situación mejoró hasta alcanzar los 4.300 ocupados en el cuarto trimestre de 2009. Asi-mismo, durante el año 2010 el proceso de destrucción de empleo fue más incisivo, así 2.000 personas perdie-ron su empleo. Aunque la capacidad de recuperación

87



(Granada-Andalucía, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009

Actividades económicas unid. 1 tr 2008

2 tr 2008

3 tr 2008

4 tr 2008

1 tr 2009

2 tr 2009

3 tr 2009

4 tr 2009

1 tr 2010

2 tr 2010

3 tr 2010

4 tr 2010

V. ab-soluta

V. rela-tiva

AndAluCíA


miles pers.

29,40 31,90 33,70 32,90 29,80 26,80 31,50 31,70 34,70 34,30 32,50 39,80 10,40 35,4


miles pers.

21,00 25,70 22,50 28,20 29,00 34,20 35,40 39,00 36,10 36,60 36,90 38,60 17,60 83,8

Total dependencia (87 +88) miles pers.

50,40 57,60 56,20 61,10 58,80 61,00 66,90 70,70 70,80 70,90 69,40 78,40 28,00 55,6

Total de las actividades económicas

miles pers.

3.224,00 3.180,40 3.140,00 3.054,40 2.983,50 2.931,30 2.884,30 2.893,50 2.891,20 2.870,10 2.826,80 2.849,10 -374,90 -11,6


(% Emp. Tot.)

0,91 1,00 1,07 1,08 1,00 0,91 1,09 1,10 1,20 1,20 1,15 1,40 0,49 53,2


(% Emp. Tot.)

0,65 0,81 0,72 0,92 0,97 1,17 1,23 1,35 1,25 1,28 1,31 1,35 0,70 108,0

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.)

1,56 1,81 1,79 2,00 1,97 2,08 2,32 2,44 2,45 2,47 2,46 2,75 1,19 76,0

GRAnAdA


miles pers.

4,70 4,00 3,50 3,60 3,00 2,90 3,80 4,30 3,10 3,30 2,30 4,00 -0,70 -14,9


miles pers.

2,50 2,10 2,20 4,10 2,70 3,70 3,90 4,70 4,60 4,70 4,50 5,20 2,70 108,0

Total dependencia (87 +88) miles pers.

7,20 6,10 5,70 7,70 5,70 6,60 7,70 9,00 7,70 8,00 6,80 9,20 2,00 27,8


miles pers.

343,01 342,30 337,90 320,60 323,00 312,86 308,43 304,29 312,23 304,32 293,33 301,76 -41,25 -12,0


(% Emp. Tot.)

1,37 1,17 1,04 1,12 0,93 0,93 1,23 1,41 0,99 1,08 0,78 1,33 -0,04 -3,3


(% Emp. Tot.)

0,73 0,61 0,65 1,28 0,84 1,18 1,26 1,54 1,47 1,54 1,53 1,72 0,99 136,4

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.)

2,10 1,78 1,69 2,40 1,76 2,11 2,50 2,96 2,47 2,63 2,32 3,05 0,95 45,2

GRAnAdA respecto AndAluCíA


(% Gr./And.)

15,99% 12,54% 10,39% 10,94% 10,07% 10,82% 12,06% 13,56% 8,93% 9,62% 7,08% 10,05% -0,06 -37,1


(% Gr./And.)

11,90% 8,17% 9,78% 14,54% 9,31% 10,82% 11,02% 12,05% 12,74% 12,84% 12,20% 13,47% 0,02 13,2

Total dependencia (87 +88) (% Gr./And.)

14,29% 10,59% 10,14% 12,60% 9,69% 10,82% 11,51% 12,73% 10,88% 11,28% 9,80% 11,73% -0,03 -17,9


(% Gr./And.)

10,64% 10,76% 10,76% 10,50% 10,83% 10,67% 10,69% 10,52% 10,80% 10,60% 10,38% 10,59% -0,00 -0,5


88


Gráfico 23. Evolución trimestral del cambio entre las actividades relacionadas con la atención a las personas

en situación de dependencia en Granada (Andalucía IT2008=100)


de esta actividad es tal que tan solo durante el cuarto trimestre de 2010, volvió a crecer la ocupación hasta los 4.000 ocupados. En términos generales, la pérdida de empleo ha sido de 700 empleos, lo que supone un cambio negativo del 14,9 %.

Por otro lado, las actividades de servicios sociales sin alojamiento, las cuales, en el primer trimestre de 2008 representaban al 0,73 % del total de ocupados en la pro-vincia de Granada, está muy por debajo de las activida-des de asistencia en establecimientos residenciales. Sin embargo, la situación de estas actividades ha cambiado por completo creciendo un 108 %. Estas actividades su-ponen un gran aporte de fuerza de trabajo en Granada.

La economía granadina supone de media el 10,59 % del total de la economía andaluza. Y el conjunto de activida-

des relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia ha disminuido su representatividad en un 17,9 % respecto al primer trimestre de 2008. Debido a la intensa caída de las actividades de asistencia en esta-blecimientos residenciales respecto al conjunto andaluz, éstas representaban el 15,99 % en el primer trimestre del 2008 pasando al 10,05 % en el cuarto trimestre de 2010, siendo este cambio negativo del 37,1 %.

Por el contrario, la realidad de las actividades de servi-cios sociales sin alojamiento ha sido diferente respecto al contexto andaluz, caracterizado por una progresión positiva, llegando a alcanzar el 13,47 % en el cuarto trimestre del 2010. Así mismo, los cambios a lo largo del periodo han sido positivos, creciendo un 13,2 %. Sin olvidar que estas actividades también han pasado por trimestres en los que la pérdida de empleo ha sido muy

89


Gráfico 24. Evolución de las afiliaciones en alta en la Seguridad Social en Granada, CNAE-2003 (2002-2009)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social Granada. Elaboración propia.

importante, pero han tenido la capacidad de superarlas y contrarrestar esta tendencia negativa.

Los cambios que estas ramas de actividad han tenido respecto al conjunto regional, tomando como referencia el primer trimestre de 2008, reflejan el esfuerzo en ma-teria de atención a la dependencia que está haciendo la provincia de Granada.

Tanto las actividades de servicios sociales sin alojamiento como las actividades de asistencia en establecimientos residenciales en Granada, partían de una situación ventajo-sa respecto a Andalucía. Sin embargo, para las actividades en establecimientos residenciales a lo largo del periodo es-tudiado han sufrido un amplio retroceso relativo, como se muestra en el gráfico 23, lo que apunta un posible déficit

provincial en las actividades de asistencia en establecimien-tos residenciales. Por el contrario, las actividades de servi-cios sociales sin alojamiento han registrado un mayor dina-mismo provincial que la media andaluza con una variación relativa del 136,44 % lo que apunta a una caracterización del modelo de atención en la provincia.

Sin olvidar la influencia que para esta rama de actividad tienen las personas que suscriben el convenio especial de cuidadores no profesionales en la provincia de Grana-da: según los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad, este grupo suponía en el año 2009 el 1,71 % del total de las afiliaciones en la provincia de Gra-nada. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las afiliaciones, en este caso, a través de la CNAE-2003, en su rama de actividad «853 Actividades de servicios

90


sociales»31, sin ánimo de hacer comparaciones. Sólo con el fin de ejemplificar la importancia que tienen dentro de los servicios sociales los cuidadores no profesionales desde la puesta en marcha del Real Decreto 615/2007, que regula esta figura en el marco de la Seguridad Social.

La irrupción de la figura del cuidador no profesional su-pone un cambio importante en el sistema de cuidados, y en concreto, en los de carácter informal, porque des-de su puesta en marcha son más de 4.333 personas cuidadoras no profesionales las que se benefician de esta prestación de naturaleza económica, representan-do al 34,70 % del total de afiliados en servicios sociales en Granada.

Si se comparan los cuidadores no profesionales grana-dinos respecto al total de Andalucía, éstos se mantienen en torno al 8,5 % de media. El aumento de esta figura a nivel regional hace que los cuidadores informales en la provincia de Granada hayan descendido en un 2,83 %. Sin embargo, dentro de la provincia de Granada, los cui-

31 Aún sabiendo que ambas CNAE (2003 y 2009) no son com-parables entre sí.

dadores no profesionales han supuesto una inyección a los servicios sociales, y al reconocimiento de aquellas personas que se han dedicado al cuidado en el entorno del hogar.

Un paso más en la justificación de las actividades relacionadas con la atención a las personas en situa-ción de dependencia como yacimientos de empleo, radica en su capacidad para generar tejido empresa-rial a través del DIRCE para los años 2008 y 2010. Las empresas de más de 100 trabajadores en las actividades de asistencia en establecimientos resi-denciales han crecido un 200 %. Además de las em-presas de 50 a 99 trabajadores también han crecido en un 80 %; así como las empresas entre 20 y 49 empleados han generado unas 24 empresas. En to-tal, las empresas de asistencia en establecimientos residenciales existentes en la provincia de Granada alcanzan las 123, lo que supone un crecimiento del 133 %.

De nuevo, las actividades de servicios sociales sin alojamiento se perfilan como la gran protagonista des-de el punto de vista de la generación de empleo y de tejido empresarial. El cambio ha sido radical indepen-

Tabla 11. Evolución de las personas que han suscrito el Convenio especial de cuidadores no profesionales de

personas en situación de dependencia (R.D. 615/2007) (Granada, 2008-2010)

2008 2009 2010 Cambios del PeriodoConv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

V. Abso-luta

V. Rela-tiva

Andalucía 20.109 18 40.878 30 52.285 34 32.176 160,01%Granada 1.715 11 3.268 1 4.333 2 2.618 152,65%% Gr./ And. 8,53% 61,11% 7,99% 3,33% 8,29% 5,88% -0,00 -2,83%


91


Cuadro 5. Dinámica Empresarial granadina en actividades vinculadas a la dependencia por estratos de empleo

87 - Asistencia en estableci-mientos residen-ciales


dependencia (87+88)



dependen-cia (87+88)

Estratos de empleo


Sin empleo conocido

0 0 0 -3 -15 -18

De 0-5 34 184 218 15 126 141De 6-19 35 61 96 9 36 45De 20-49 42 23 65 24 23 47De 50-99 9 4 13 4 3 7100 y más 3 4 7 2 4 6Total 123 276 399 51 177 228


3 15 18

De 0-5 19 58 77 79% 217% 183%De 6-19 26 25 51 35% 144% 88%De 20-49 18 0 18 133% - 261%De 50-99 5 1 6 80% 300% 117%100 y más 1 0 1 200% - 600%Total 72 99 171 71% 179% 133%


dientemente de los estratos de empleos seguidos para contabilizar las empresas existentes en esta rama de actividad. La emergencia de estas actividades hace que se hayan generado 4 empresas de más de 100 trabajadores. Así como, el crecimiento del 300 % en las empresas entre 50 y 99 trabajadores. Sin embargo, el mayor número de empresas son pymes, las cuales, representan al 97,10 % del total de las empresas en esta actividad.

En términos generales, en cuanto a la creación de em-presas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia, durante estos cuatro años de aplicación de la LAPAD (2006) solamente en la provincia de Granada se han creado 228 empresas; y dentro de ellas 6 tienen más de 100 trabajadores, sin olvidar el peso tan importante que las pymes tienen en este sec-tor de actividad. Lo que está claro es que cuando existe creación de tejido empresarial es porque se trata de un

92


sector económico con grandes oportunidades de mer-cado, además de estar construyéndose bajo un clima de inestabilidad económica.

Por lo tanto, analizada la evolución de los ocupados y su dinámica empresarial de las actividades económicas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia desde el primer trimestre del 2008 hasta el cuarto trimestre de 2010, se ha configurado un ranking32 como muestra el cuadro 6, con el fin de conocer cuáles son las actividades económicas que han generado empleo en la provincia de Granada, y por tanto, ser consideradas como yacimientos de empleo. Entre las 22 actividades que han creado empleo, las

32 Al igual que se hizo a nivel andaluz.

actividades de servicios sociales sin alojamiento se en-cuentran en cuarta posición, seguida en quita posición por el total de actividades relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia; encontrán-dose por encima de los ocupados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, la cual, a nivel re-gional se encontraba en primera posición.

En definitiva, dentro de la atención a las personas en situación de dependencia en Granada, las actividades de servicios sociales sin alojamiento en particular son las grandes protagonistas hasta el cuarto trimestre de 2010, no solo en cuanto al número de ocupados sino también en la generación de tejido productivo.

Cuadro 6. Yacimientos de empleo en Granada, CNAE-2009 (2008-2010)

Actividades economicas Miles de empleos

85 Educación 6,669 Actividades jurídicas y de contabilidad 3,546 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2,888 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2,7Total dependencia (87+88) 2,081 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,884 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1,347 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,345 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 0,510 Industria de la alimentación 0,396 Otros servicios personales 0,186 Actividades sanitarias 0total actividad económica -41,2


93


5.5. Estudio de caso: Sevilla

5.5.1. Situación sociodemográfica de las personas en situación de dependencia

La población sevillana a 1 de enero de 2008 según el padrón municipal ascendía a 1.875.462 habitantes, siendo el 7,15 % del total de la población personas en situación de dependencia, según los datos disponibles en la encuesta EDAD-2008. Entre las características sociodemográficas más destacables de este grupo de población, destaca que el 64,52 % del total de perso-nas en situación de dependencia son mujeres. Aunque la prevalencia es mayor en los varones cuando son jó-venes y adultos, sin embargo, a partir de los 60 años son las mujeres las que presentan una mayor propor-ción. Como se puede observar en la siguiente pirámi-de de población (ilustración 3), se comprueba cómo la población en situación de dependencia tiene un claro componente asociado a la edad, en el que las personas menores de 65 años representan un 45,64 % frente al 54,36 % que son personas de 65 y más años. Dentro de este grupo de población, las personas octogenarias ascienden al 21,65 %, corroborando las tendencias de-mográficas de envejecimiento actuales. La situación en la que se encuentra la provincia de Sevilla es que por cada cien personas en situación de dependencia mayor de 65 años hay 29 mujeres octogenarias en situación de dependencia frente a los 9 varones en la misma si-tuación y mismo tramo de edad. Así mismo, la tasa de dependencia en mayores se encuentra en 5,04 perso-nas inactivas por razón de la edad, siendo estas mante-nidas por la población potencialmente activa.

Cuando se elabora el perfil general de las personas en situación de dependencia, se ha de partir de la base de la existencia una heterogeneidad de situaciones, principalmente asociadas a la realización de las acti-vidades básicas de la vida diaria. Estas son las que aportan información acerca del grado de severidad de la persona en situación de dependencia. Atendiendo a ello, el 50,09 % del total de las personas en situa-ción de dependencia en la provincia de Sevilla tiene una dependencia total, siendo las mujeres las que más atención requieren para las ABVD. En cambio, son los varones los que mayores tasas de dependencia severa presentan, siendo esta de unos 2,88 puntos porcen-tuales superiores a las mujeres.

Ilustración 3. Pirámide de población de personas en

situación de dependencia en la provincia de Sevilla

(2008)

Nota: Nº de personas en situación de dependencia en la provincia de Sevilla: 134.234Fuente: explotación estadística de la encuesta EDAD-2008, INE. Elaboración propia.

94


Aun cuando la tasa de dependencia severa en Sevilla es inferior para ambos sexos, si esta es comparada con la dependencia moderada y total, no se ha de menosca-bar su importancia porque la intensidad de la atención es intermitente, requiriendo la presencia de un tercero para la realización de ABVD, al menos dos o tres veces al día. En el caso de la dependencia moderada la media en Sevilla se encuentra en el 25,84 %, siendo superada ésta por las mujeres.

Finalmente, el perfil predominante presente en el grupo de población en situación de dependencia en la provincia de Sevilla, se trata fundamentalmente de una persona con un grado de severidad total para la realización de las ABVD, y dentro de esta son principalmente mujeres las que mayores tasas presentan dentro de este grupo. Por lo que, las mujeres atendiendo al número, a la edad y al grado de severidad son las grandes protagonistas de este fenómeno social.

5.5.2. Mercado de trabajo relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia en Sevilla

La publicación y puesta en marcha de la LAPAD (2006) está suponiendo un cambio en el sistema tradicional de cuidados llevado a cabo principalmente por las mu-jeres de la familia. El desarrollo de esta Ley cumple con una triple función: la primera, la mejora de la ca-lidad de vida de las personas en situación de depen-dencia; la segunda, como medida para conciliar la vida familiar y profesional de aquellas personas cuidadoras en el entorno de hogar; y la tercera, un reconocimien-to a las personas cuidadoras informales a través del convenio especial como medida protectora. Todos estos cambios hacen que se analice el mercado de trabajo relacionado con las actividades de atención a las personas en situación de dependencia así como su posicionamiento dentro de la economía sevillana y regional desde el primer trimestre del 2008 hasta el cuarto trimestre del 2010.

La población ocupada ascendía aproximadamente a los 686.100 en el cuarto trimestre de 2010 representando

Tabla 12. Personas en situación de dependencia atendiendo a su máximo grado de severidad (sin ayudas)

en Sevilla (2008)

Sin dependencia dependencia Moderada

dependencia Severa

dependencia total total

n % n % n % n % nVarón 8.663 18,19 11.879 24,94 5.575 11,71 21.508 45,16 47.625Mujer 10.423 12,04 22.806 26,33 7.649 8,83 45.724 52,80 86.602Ambos sexos 19.086 14,22 34.685 25,84 13.225 9,85 67.232 50,09 134.227


95



a la dependencia (Granada 2008TI-2010TIV); CNAE-2009


el 24,08 % del total de la economía regional. Sin em-bargo, el proceso de destrucción de empleo asciende a los 69.400 ocupados. Ante un contexto de inestabilidad en el mercado de trabajo, las actividades económicas relacionadas con la atención a la dependencia han crea-do alrededor de unos 4.200 empleos, aumentando un 34,15 %. En la gráfica 23 se compara la evolución de las actividades relacionadas con la atención a la depen-dencia y el conjunto de la economía sevillana. Si bien la evolución de los ocupados en el agregado total de actividades relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia en términos generales ha sido negativa, sin embargo, las actividades de servicios sociales sin alojamiento han crecido un 74,14 % frente a la pérdida de unos 100 empleos en las actividades de asistencia en establecimientos residenciales.

Las actividades de asistencia residenciales han sufrido fuertes procesos de destrucción de empleo, siendo el más acusado y prolongado en el tiempo que va desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el segundo trimestre de 2010; es decir, estos cuatro trimestres consecutivos de caída han llevado consigo una destrucción de empleo que alcanzó los 2.100. Sin embargo, desde entonces la ocupación ha crecido hasta volver a los 6.400 empleos. Si bien es cierto que la variación absoluta refleja una pérdida de empleo, no se puede olvidar la capacidad de recuperación y por tanto, de generación de empleo que actualmente están teniendo estas actividades.

En sentido contrario se encuentran las actividades de servicios sociales sin alojamiento, aquellas centradas en el mantenimiento de la persona en su entorno social

96


habitual. Estas han alcanzado los 10.100 ocupados en el cuarto trimestre de 2010, generando unos 4.300 empleos directos de atención, con un crecimiento de un 74,14 %. Asimismo, éstas suponen más del 100 % del empleo creado para el conjunto de actividades re-lacionadas con la atención a personas en situación de dependencia. En la generación de empleo directo de estas actividades se ha de tener en cuenta aquellas personas que han suscrito el convenio especial de cui-dadores no profesionales de personas en situación de personas, los cuales, han aumentado en un 202,89 %. Estos convenios a su vez suponen el 16,49 % del total de Andalucía.

Si bien es cierto que se trata de una medida protectora y con carácter excepcional pero, como se comprueba en la tabla, el aumento progresivo de estos lo convierte en la prestación económica estrella del SAAD.

La situación global de estas actividades economicas es positiva, en cuanto, a su capacidad de generación de empleo en la provincia de Sevilla. Si esta situación es comparada con el contexto andaluz tomando como re-ferencia el primer trimestre de 2008, se observa cómo

las actividades residenciales partían de una situación de desventaja a lo largo del periodo, cuyo cambio ha sido del 8 %. En cambio, las actividades de servicios sociales sin alojamiento partían de una posición favora-ble por encima de la media andaluza, y dicha situación se ha mantenido e incluso han mejorado su posición a lo largo del periodo: es decir, el crecimiento ha sido del 92 %, produciéndose un cambio radical en esta activi-dad económica.

El esfuerzo que la provincia de Sevilla está haciendo en la implantación del SAAD está orientado principalmente al mantenimiento de las personas en su entorno social habitual. Este esfuerzo se ve traducido en el aumento tanto de las personas ocupadas como de la genera-ción de tejido productivo, el cual ha alcanzado las 726 empresas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia suponiendo un aumento del 36 % (cuadro 7). Las empresas con más de 100 trabajadores relacionadas con los servicios sociales sin alojamiento han crecido en un 80 %. En cambio, en cuanto a la generación de empresas de asistencia en establecimientos residenciales su crecimiento ha sido del 400 %, aun cuando éstas han sufrido un proceso de

Tabla 13. Evolución anual de las personas que han suscrito el Convenio especial de cuidadores no

profesionales de personas en situación de dependencia (R.D. 615/2007) (Sevilla, 2008-2010)

2008 2009 2010 Cambios del Pe-riodo

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

Conv. Obli-gatorio

Conv. Vo-luntario

V. Abso-luta

V. Rela-tiva

Andalucía 20.109 18 40.878 30 52.285 34 32.176 160,01%Sevilla 2.596 0 5.770 0 7.863 1 5.267 202,89%% Se/ And 12,91% - 14,12% - 15,04% 2,94% 0,02 16,49%


97



(Sevilla-Andalucía, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009

Actividades económicas unid. 1 tr 2008

2 tr 2008

3 tr 2008

4 tr 2008

1 tr 2009

2 tr 2009

3 tr 2009

4 tr 2009

1 tr 2010

2 tr 2010

3 tr 2010

4 tr 2010

V. absoluta V. relativa

AndAluCIA


miles pers. 29,40 31,90 33,70 32,90 29,80 26,80 31,50 31,70 34,70 34,30 32,50 39,80 10,40 35,37%


miles pers. 21,00 25,70 22,50 28,20 29,00 34,20 35,40 39,00 36,10 36,60 36,90 38,60 17,60 83,81%

Total dependencia (87 +88) miles pers. 50,40 57,60 56,20 61,10 58,80 61,00 66,90 70,70 70,80 70,90 69,40 78,40 28,00 55,56%

Total de las actividades econ. miles pers. 3.224,00 3.180,40 3.140,00 3.054,40 2.983,50 2.931,30 2.884,30 2.893,50 2.891,20 2.870,10 2.826,80 2.849,10 -374,90 -11,63%


(% Emp. Tot.) 0,91 1,00 1,07 1,08 1,00 0,91 1,09 1,10 1,20 1,20 1,15 1,40 0,49 53,19%


(% Emp. Tot.) 0,65 0,81 0,72 0,92 0,97 1,17 1,23 1,35 1,25 1,28 1,31 1,35 0,70 108,00%

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.) 1,56 1,81 1,79 2,00 1,97 2,08 2,32 2,44 2,45 2,47 2,46 2,75 1,19 76,02%

SEVIllA


miles pers. 6,50 8,40 7,90 7,50 8,10 6,40 7,10 6,10 4,80 4,00 4,90 6,40 -0,10 -1,54%


miles pers. 5,80 6,40 5,30 5,40 6,10 8,70 6,30 10,00 8,80 11,10 9,70 10,10 4,30 74,14%

Total dependencia (87 +88) miles pers. 12,30 14,80 13,20 12,90 14,20 15,10 13,40 16,10 13,60 15,10 14,60 16,50 4,20 34,15%

Total de las actividades econ. miles pers. 755,50 760,60 738,00 728,20 707,60 702,60 669,70 673,70 665,20 682,30 658,70 686,10 -69,40 -9,19%


(% Emp. Tot.) 0,86 1,10 1,07 1,03 1,14 0,91 1,06 0,91 0,72 0,59 0,74 0,93 0,07 8,42%


(% Emp. Tot.) 0,77 0,84 0,72 0,74 0,86 1,24 0,94 1,48 1,32 1,63 1,47 1,47 0,70 91,75%

Total dependencia (87 +88) (% Emp. Tot.) 1,63 1,95 1,79 1,77 2,01 2,15 2,00 2,39 2,04 2,21 2,22 2,40 0,78 47,72%

SEVIllA respecto AndAluCíA


(% SE./And.) 22,11% 26,33% 23,44% 22,80% 27,18% 23,88% 22,54% 19,24% 13,83% 11,66% 15,08% 16,08% -0,06 -27,27%


(% SE./And.) 27,62% 24,90% 23,56% 19,15% 21,03% 25,44% 17,80% 25,64% 24,38% 30,33% 26,29% 26,17% -0,01 -5,26%

Total dependencia (87 +88) (% SE./And.) 24,40% 25,69% 23,49% 21,11% 24,15% 24,75% 20,03% 22,77% 19,21% 21,30% 21,04% 21,05% -0,03 -13,76%

Total de las actividades econ. (% SE./And.) 23,43% 23,92% 23,50% 23,84% 23,72% 23,97% 23,22% 23,28% 23,01% 23,77% 23,30% 24,08% 0,01 2,76%

índices relativos ( Andalucía It2008=100)


SE./And. IT08=100

94,35 121,11 117,39 112,94 125,53 99,89 116,26 99,29 79,13 64,29 81,57 102,29 7,94 8%


SE./And. IT08=100

117,86 129,18 110,25 113,85 132,35 190,10 144,42 227,88 203,10 249,76 226,08 226,00 108,14 92%

Total dependencia (87 +88) SE./And. IT08=100

104,14 124,47 114,41 113,32 128,37 137,48 127,99 152,87 130,78 141,57 141,78 153,84 49,69 48%


Andalucía IT08=100

100,00 109,99 117,69 118,12 109,53 100,26 119,76 120,14 131,61 131,05 126,08 153,19 53,19 53%


Andalucía IT2008=100

100,00 124,06 110,01 141,74 149,23 179,12 188,43 206,93 191,69 195,78 200,40 208,00 108,00 108%

Total dependencia (87 +88) Andalucía IT2008=100

100,00 115,85 114,49 127,96 126,07 133,12 148,37 156,30 156,65 158,02 157,05 176,02 76,02 76%


98


Gráfico 26. Evolución trimestral del cambio en las actividades relacionadas con la atención a las personas

en situación de dependencia en Sevilla (Andalucía IT2008=100)


destrucción de empleo, tal y como queda reflejado en líneas anteriores. En su conjunto, las empresas de asis-tencia en establecimientos residenciales han crecido un 56 %, frente al 26 % de las empresas de servicios socia-les sin alojamiento, estando estas últimas caracteriza-das por ser microempresas: es decir, se han generado 143 empresas de menos de 5 trabajadores. Pero es de resaltar que en las actividades de servicios sociales sin alojamiento, el tejido empresarial generado no ha sido tan pronunciado como en las actividades de asistencia en establecimiento residenciales, si se hace referencia a la variación absoluta, produciéndose una reducción de 34 empresas de 6 a 16 trabajadores, aumentando el resto de estratos de empleo.

El balance a nivel de generación de tejido empresarial relacionado con la atención a las personas en situación de dependencia ha sido muy positivo, dando lugar a cambio radicales en cuanto al aumento de empresas de más de 100 trabajadores. En un contexto económico marcado por la inestabilidad económica en el que la destrucción de empleo ha estado presente en ambas ramas de actividad, siendo más pronunciada en las ac-tividades de asistencia en establecimientos residencia-les, sin embargo, ha sido la que mayor tejido productivo ha generado desde el año 2008.

La ocupación generada alrededor de la atención a las personas en situación de dependencia en la provincia

99


Cuadro 7. Dinámica empresarial sevillana en actividades vinculadas a la dependencia por estratos de empleo


88 - Activida-des de servi-cios sociales sin alojamiento

dependencia (87+88)


88 - Activida-des de servi-cios sociales sin alojamien-to

dependen-cia (87+88)

Estratos de empleo


Sin empleo conocido

1 0 1 -13 -33 -46

De 0-5 109 299 408 52 143 195De 6-19 99 94 193 29 -34 -5De 20-49 59 33 92 32 10 42De 50-99 13 5 18 1 0100 y más 5 9 14 4 4 8Total 286 440 726 103 91 194


14 33 47 -93% -98%

De 0-5 57 156 213 91% 92% 92%De 6-19 70 128 198 41% -27% -3%De 20-49 27 23 50 119% 43% 84%De 50-99 14 4 18 -7% 25% -100 y más 1 5 6 400% 80% 133%Total 183 349 532 56% 26% 36%


de Sevilla hace que se encuentre dentro del ranking de las actividades generadoras de empleo durante el primer trimestre de 2008 hasta el cuatro trimestre del 2010. El agregado de estas actividades ocupa la quin-ta posición, tras las actividades de servicios sociales sin alojamiento que generaron aproximadamente 4.300 empleos. Aunque las actividades de asistencia en es-tablecimientos residenciales no se encuentren entre las actividades económicas generadoras de empleo,

su tejido empresarial ha crecido considerablemente, y han tenido capacidad de recuperación, como se ha ido comprobando a lo largo de la serie temporal estudiada.

El mantenimiento de la persona en su entorno social habitual se ha convertido en una de las ramas de activi-dad que mayor creación de empleo ha tenido, teniendo en cuenta que tradicionalmente estos cuidados se han llevado a cabo dentro del entorno familiar suponiendo

100


esto una adaptación a las nuevas necesidades de las familias, y en concreto de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Significando a su vez un avance en la profesionalización de estos servicios, y corroborando la importancia que la vida en comunidad tiene para las personas en situación de dependencia.

Cuadro 8. Yacimientos de empleo en (Sevilla, 2008TI-2010TIV); CNAE-2009

Actividades económicas Miles de empleos01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 7,184 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 6,549 Transporte terrestre y por tubería 6,188 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 4,3Total dependencia (87+88) 4,269 Actividades jurídicas y de contabilidad 462 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3,981 Servicios a edificios y actividades de jardinería 3,380 Actividades de seguridad e investigación 2,110 Industria de la alimentación 1,830 Fabricación de otro material de transporte 0,693 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 0,696 Otros servicios personales 0,1total de la economía -69,40


6. Contribución de las políticas

públicas al sector de la atención a las personas

en situación de dependencia

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6. Contribución de las políticas públicas al sector de la atención a las personas en situación de dependencia

En la Comunidad Autónoma de Andalucía la aten-ción y promoción de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, tal y como se denominan hoy, ha sido uno de los ejes

de las políticas públicas y de la política social. Comen-zando por el primer Estatuto de Autonomía de 1981, en el que se asumió como competencia exclusiva la asis-tencia social y los servicios sociales, volviendo a ser ratificados en la reforma del mismo en el año 2007, en el que las personas en situación de dependencia son consideradas como un objetivo básico de la Comunidad Autónoma, además de generar un nuevo derecho social de ciudadanía la atención y promoción de la calidad de vida de las mismas.

La contribución de las políticas públicas ha estado tra-dicionalmente orientada a la construcción de un marco de protección legal hacia las personas en situación de dependencia, como la Ley 2/1989, de 4 de abril de Servicios Sociales de Andalucía en general, y en par-ticular, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía y la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores; así como el desarrollo de éstas, a través de planes cuyo objetivo radicaba en la integra-ción de estos colectivos en la sociedad andaluza, es

decir, los esfuerzos se trataban en acciones dirigidas en torno a la persona. Dado que la familia es la que se ha dedicado a la prestación de cuidados, en Andalucía se vio la necesidad de publicar en el año 2002 el Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas, considerado como la primera manifestación de atención y promoción de las personas en situación de dependencia y la de sus familias, en términos similares a los actuales.

La ratificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha supuesto un cambio relacionado con el sistema de cuidados y la atención, priorizándose el mantenimiento de las per-sonas en su entorno social habitual siempre que sus circunstancias se los permitan, frente a la asistencia re-sidencial predominante en los años 80 del siglo pasado. La entrada en vigor de esta ley ha generado grandes beneficios en Andalucía, no sólo hacia las personas en situación de dependencia y a sus familias como su fin último, sino también se ha convertido en el complemen-to perfecto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), sistema que la ley lleva implícito.

104


Andalucía se ha caracterizado por ser una de las co-munidades autónomas líderes en el proceso de im-plantación de la Ley sobre todo en sus primeros años, manteniéndose actualmente. Este liderazgo denota el esfuerzo y la voluntad política del Gobierno andaluz en la construcción de este macroproyecto del bienestar, el cual, está teniendo un gran impacto dentro de la econo-mía andaluza, por su capacidad de creación de empleo y tejido productivo derivado de las actividades relacio-nadas con la atención a las personas en situación de dependencia. Todo ello, teniendo lugar bajo un contexto de inestabilidad económica y de destrucción de empleo por encima de los 350.000 en el cuarto trimestre de 2010. Mientras tanto en el sector de la atención a las personas en situación de dependencia se han creado aproximadamente unos 30.000 nuevos puestos de tra-bajo directos según la Encuesta de Población Activa, sin tener en cuenta los datos de las afiliaciones en alta de la Tesorería General de la Seguridad Social, ni todos los puestos de trabajo indirectos derivados de estas activi-dades económicas. Además en el plano empresarial se han generado 1.049 empresas directas.

La capacidad generadora de empleo que tiene el sector de la atención a las personas en situación de dependen-cia le convierte en un yacimiento de empleo en Andalu-cía ocupando la segunda posición tras la Administración pública, Defensa, y Seguridad Social entre las activida-des económicas que mayor número de ocupados ha registrado desde el primer trimestre de 2008 hasta el

cuatro trimestre de 2010 según datos disponibles en la EPA.

El exitoso proceso de implantación que la LAPAD (2006) está teniendo en Andalucía y su impacto positivo en el mercado de trabajo, hace que no sólo sea responsabili-dad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sino que también se encuentran implicadas otras Conseje-rías, en concreto la Consejería de Empleo, la cual, en el año 2009 a través de la Orden33 de 6 abril impulsa la ge-neración de empleo mediante proyectos encuadrados y promovidos por las Corporaciones Locales, siendo la administración más cercana al ciudadano, además de ser la puerta de entrada al SAAD y al Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Reconociendo esta orden como nuevos yacimientos de empleo aquellas ac-tividades económicas que satisfagan las nuevas nece-sidades sociales, entre las que se encuentran los servi-cios de la vida diaria y los servicios de mejora del marco de la vida, todos ellos relacionados directamente con las personas en situación de dependencia. Incluso reco-noce la importancia que estas actividades económicas tienen dentro de la economía andaluza, incidiendo en la cuestión de género a través del cumplimiento del IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía en su eje III, en el que las políticas activas de empleo han con-tribuido a elevar las tasas de actividad de las mujeres además de su incorporación al mercado de trabajo en condiciones de igualdad real y efectiva. Principalmente, porque se trata de un sector de actividad altamente fe-minizado.

33 ORDEN de 6 de abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del programa para impulsar proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

105

Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 6. Contribución de las políticas públicas al sector de la atención a las personas en situación de dependencia

Tradicionalmente, el arte del cuidado ha estado circuns-crito a la familia, y en determinados casos, a estableci-mientos de asistencia residencial. En ambos, el saber ser y hacer de la persona que prestaba el cuidado di-recto se había considerado como una actividad con un marcado carácter vocacional. Sin embargo, el cambio en las necesidades de atención de las personas en si-tuación de dependencia debido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y por ello, transformacio-nes implícitas como son los actuales cambios en las es-tructuras y dinámicas familiares, hacen que el cuidado se encuentre en un proceso continuo de cambio orien-tado a la profesionalización del mismo. Así, se produce un cambio de paradigma, la profesionalización de los servicios, irrumpiendo el término gestión de la calidad, sistema de control de la calidad fijados por la Adminis-tración —Consejería de Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía— siendo fundamentales en los actuales trámites de acreditación, así como las condiciones fun-cionales y materiales requeridos en centros y servicios. Pero estos cambios no sólo se centran en los servicios sino también en las personas que trabajan en el sector. La llamada profesionalización del cuidado sobre todo para aquellas ocupaciones conocidas como las manos del sistema, es decir, el personal de atención directa. La cualificación en estas actividades adquiere tal impor-tancia que aparece la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad34 encontrándose den-

34 El 9 de marzo de 2004 se publicó el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecieron 97 cualifica-ciones profesionales que formaron inicialmente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En el que se encon-traba la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y sus dos cualificaciones directamente relaciona-das con la atención: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio y Educación de habilidades de autonomía personal

tro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional dependiente del Instituto Nacional de Cua-lificaciones35 creado en el año 1999 por el Ministerio de Educación y Ciencia. En Andalucía, la cualificación del personal dedicado a la atención a las personas en situación de dependencia es actualmente una prioridad, principalmente porque es sinónimo de calidad, de ahí que la Consejería de Empleo junto a la Consejería de Educación se encuentre inmersa en un proceso de eva-luación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de procesos de formativos formales y no formales —Orden de 11 de noviembre de 2011— en el que se han ofertado unas 12.000 plazas: 4.900 plazas en atención sociosanitaria a personas en su do-micilio y 3.000 plazas en atención sociosanitaria a per-sonas dependientes en instituciones sociales, el resto están destinadas a otras actividades no relacionadas directamente con la atención. Estas personas a través de pruebas individuales y colectivas demostrarán el do-minio profesional relativo a las unidades de competen-cia susceptibles de acreditación de las cualificaciones profesionales. Superadas éstas recibirán un certificado de profesionalidad, cuya acreditación quedará inscrita en el Registro Andaluz de Certificados de Profesionali-dad y Acreditaciones Parciales Acumulables del Servi-cio Andaluz de Empleo.

y social. Más tarde en el año 2007 se produce una actualiza-ción recogiéndose seis cualificaciones (R. D. 1368/2007, de 19 de octubre). En resumen, la familia profesional de Servi-cios Socioculturales y a la Comunidad recoge las siguientes cualificaciones relacionadas directamente con la atención a las personas en situación de dependencia son: Atención Sociosa-nitaria a Personas en el Domicilio y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

35 El Instituto Nacional de las Cualificaciones creado por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo.

106


La influencia de las políticas públicas en el sector de la atención a las personas en situación de dependen-cia hace que aumente su peso específico dentro de la economía andaluza, dotándolo de un capital humano de calidad, además de mejorar la calidad de vida de estas personas. Así mismo, se trata de una medida de igual-dad de oportunidades para aquellas personas que se han construido como verdaderos profesionales desde la experiencia y dotarlos de la formación específica ne-cesaria para una mejora continua, principio básico de la gestión de la calidad.

Paralelamente a ello, no se ha podido olvidar la importan-cia que la familia tiene todavía en los cuidados persona-les para con las personas en situación de dependencia, a través de medidas protectoras como los convenios de cuidadores no profesionales que se encuentran en situación de asimilados en alta en la Seguridad Social a efectos de cotización. Además, a estas personas cuida-doras no profesionales se les dota de formación para que la tarea del cuidado sea de calidad y no se transfor-me en un riesgo tanto para los cuidadores como para las personas en situación de dependencia.

Las contribuciones de las políticas públicas a la aten-ción de las personas en situación de dependencia hace que se convierta en un sector competitivo, tratándose de una inversión en bienestar social, además de ser actividades económicas de carácter local difícilmente deslocalizables porque se trata del cuidado directo a personas por lo que potencian el desarrollo endógeno y dinamizan la economía de los territorios andaluces.

Todas estas medidas hacen que la atención a las per-sonas en situación de dependencia se configure como un sector con altas potencialidades y genere escena-

rios de estabilidad en el mercado de trabajo en el terri-torio andaluz, siendo una oportunidad para colectivos especialmente desfavorecidos como son las mujeres, los jóvenes, las personas paradas de larga duración, etc. Teniendo en cuenta que estas actividades son im-prescindibles para el mantenimiento de una sociedad cohesionada y capaz de responder al envejecimiento progresivo de la población y por ende, a las situacio-nes de dependencia asociadas a la edad o derivados por cualquier contingencia. Andalucía es un ejemplo, en el proceso de implantación de la LAPAD (2006) y del SAAD, además de considerar la atención las personas en situación de dependencia una alternativa para salir de la crisis económica y financiera en la que actualmen-te nos encontramos.

7. Conclusiones

109

7. Conclusiones

La atención a las personas en situación de depen-dencia no es un problema social nuevo, pero lo realmente preocupante son las actuales tenden-cias sociodemográficas, en las que el envejeci-

miento de la población, y dentro de ésta la población octogenaria, la cual, se va consolidando como un grupo importante y creciente dentro de la pirámide poblacional tanto española como andaluza. La mejora en la calidad de vida y los estados de salud junto a los avances médi-cos han hecho que la esperanza de vida aumente. Y con ellas, las situaciones de dependencia para el desarrollo de las actividades básicas de vida diarias asociadas a la edad. Sin caer en el error de asociar estas situaciones a cuestiones de edad, porque como se ha ido repitiendo a lo largo del trabajo éstas se encuentran presentes en todos los tramos de edad.

La publicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ha supuesto un avance importantísimo en nuestro modelo de Estado de Bienestar caracterizado por el protagonismo de la familia a la hora de la prestación de cuidados frente al carácter subsidiario del sector púbico, o la beneficen-cia, cuando la familia no existía o bien no podía proveer de cuidados. El nuevo derecho subjetivo de ciudadanía

reconoce la atención de las situaciones de dependencia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; dejando a un lado la acreditación del estado de necesidad y la insuficiencia de recursos para el acceso a muchas de las prestaciones procedentes de los servicios sociales, el catálogo de prestaciones de naturaleza económica y de servicios ha supuesto un complemento al sistema público de servicios sociales, el cual, se ha caracterizado por sus recursos limitados y su carácter asistencial.

Los efectos positivos de la Ley LAPAD (2006) en Espa-ña, y en Andalucía, no solo han sido en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y la de sus familias, sino que este hecho ha incidido en el ámbito laboral en general y, en parti-cular, en el colectivo tradicionalmente asociado a estas actividades (cuidadores informales), en el que su insti-tucionalización se ha revelado más importante que el desarrollo de los cuidados profesionales en el entorno del hogar. La LAPAD recoge entre sus principios funda-mentales el mantenimiento de la persona en su entorno social habitual, siempre que su situación lo permita, a través de una atención integral e integrada.

110


A pesar del proceso de crisis económica y financiera que está azotando a las economías occidentales y en especial a la economía española, aunque probablemen-te implica una limitación a la financiación, sin embargo, el proceso de implantación ha seguido adelante, gene-rando empleo en tiempos de crisis, transformándose en un yacimiento de empleo tanto para el conjunto na-cional como para Andalucía, donde este proceso está más avanzado.

En el análisis se han utilizado diversas fuentes de infor-mación, y todas nos llevan a la misma conclusión: que la atención a la personas en situación de dependencia es un yacimiento de empleo, en un contexto en el que se están destruyendo puestos de trabajo de forma ma-siva en el conjunto de las actividades productivas.

La evolución de las actividades relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia ha llegado a alcanzar, aproximadamente, los 78.400 ocu-pados en el cuarto trimestre del año 2010 en Andalucía, lo que representa el 16,2 % respecto al total nacional.

Aun cuando la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía partía de una situación de menor peso relativo en el conjunto nacional, el proceso de implantación de la LAPAD ha sido más intenso en Andalucía que en el resto de España, situándose en el cuarto trimestre de 2010 por encima de la media espa-ñola. Este cambio refleja el trabajo, el esfuerzo y la im-portancia que la Comunidad Autónoma de Andalucía le está dando a la atención a las personas en situación de dependencia y ahí, también su liderazgo en el proceso de implantación de la LAPAD. En concreto, las activida-des de asistencia en establecimientos residenciales, las cuales fueron las protagonistas atendiendo al calendario

de implantación de la Ley, en el que las personas valo-radas fueron aquellas con gran dependencia, principal-mente ya institucionalizadas, se incorporaron aquellas que debido a su situación requerían este servicio. Este aumento de población con gran dependencia exigió un aumento de la mano de obra para prestar los servicios necesarios para la atención de estas necesidades. Así igualmente en el tejido empresarial se ha generado du-rante el periodo de tiempo 2008-2010 un importante dinamismo, como lo muestra que hay 15 nuevas empre-sas de 100 y más trabajadores, las más de 60 empre-sas entre 50 y 99 trabajadores, además de la multitud de pymes que han aparecido en esta rama de actividad. La dinámica empresarial asociada a la asistencia en es-tablecimientos residenciales en Andalucía los proyecta como nichos de mercado ya que estos están dirigidos a cubrir las necesidades que se presenten a lo largo del ciclo vital.

Siguiendo la misma dinámica de expansión y genera-ción de empleo, las actividades de servicios sociales sin alojamiento han tenido un crecimiento del 83,8 %. En el cuarto trimestre de 2010, 38.600 personas ocu-padas en la prestación de cuidados en el entorno del hogar, una de las finalidades más importantes de la LA-PAD (2006), el mantenimiento de las personas en su entorno social habitual. La representatividad de estas actividades dentro de la economía andaluza ha variado entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2010 en un 108 %.

En el ranking de las actividades económicas generado-ras de empleo (yacimientos) en Andalucía, emergen las actividades económicas ligadas a la dependencia como el segundo motor de empleo en los 12 trimestres anali-zados (IT 2008-IVT2010), tras la Administración Pública

111

Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 7. Conclusiones

y Defensa. Este aumento es debido precisamente a la creciente demanda de estos servicios derivados de la implantación del SAAD, transformándose en la presta-ción de servicios estrella. Esta creciente demanda ha repercutido en una dinámica empresarial muy favorable, generándose 632 empresas en el periodo analizado. De éstas, 21 tienen más de 100 trabajadores, suponien-do un cambio de un crecimiento relativo del 140 %. La demanda de estos servicios profesionales en el entor-no del hogar supone un claro avance en la prestación de cuidados de calidad, además de consolidarse como una actividad con gran potencial para la generación de empleo.

Finalmente, la atención a las personas en situación de dependencia se perfila en Andalucía y en sus provincias como un sector emergente caracterizado por pymes, pero cada vez son más las empresas de 100 y más trabajadores, además de ser un verdadero yacimiento de empleo en Andalucía.

Adicionalmente, dentro de los cuidados en el entorno del hogar, se encuentra la figura de los cuidadores no profesionales, reconociéndose como uno de los pilares fundamentales dentro de sistema de cuidados, porque en principio se había concebido como una prestación de carácter excepcional como reconocimiento a la la-bor de aquellas personas que se dedican al cuidado de personas en situación de dependencia en las que, por falta de recursos sociales en su entorno, les impedían una prestación profesionalizada de los mismos, convir-tiendo esta actividad en un sector refugio en tiempos de crisis económica como la actual. Actualmente, se ha convertido en la prestación económica más demandada debido a la acción protectora existente alrededor de la misma, pero no solo del dependiente, sino también del

entorno familiar en el que se encuentra, y que facilita la atención en dicho entorno.

Finalmente, la conclusión global de trabajo se centra en la transformación progresiva del modelo tradicional de cuidados, principalmente por la visión que la propia sociedad tiene sobre los cuidados familiares, debido a las tendencias sociodemográficas actuales y el cambio con gran rapidez de los roles asociados tradicional-mente a las mujeres que ahora integran el mercado de trabajo, en el que la prestación de los cuidados ya no puede recaer en exclusividad en ellas. Si es cierto que el cuidado gira en torno al hogar, sin menoscabo de la importancia que para determinadas situaciones de dependencia tienen la asistencia en establecimientos residenciales. Se evidencia la complementariedad entre los cuidados profesionales y los no profesionales, en el que la externalización profesionalizada del cuidado se va abriendo paso, como sector de gran capacidad para generar empleo en tiempos de crisis, así como para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y las de sus familias, siendo un verda-dero yacimiento de empleo.

En clave de futuro, es básico el análisis de los cuida-dores profesionales y no profesionales; en segundo lu-gar, la incorporación de la cuestión de género en los cuidados, y por último, la incorporación de estudios cualitativos sobre la calidad de los servicios prestados y el grado de satisfacción en relación a los mismos, tanto de los dependientes como del entorno, según los casos. Estas son ya de hecho nuevas líneas de investi-gación del equipo de trabajo que pretendemos afrontar en el futuro inmediato.

8. Bibliografía

115

8. Bibliografía

Adelantado, J. (2000): Cambios en el Estado del Bien-estar: políticas sociales y desigualdades en España. Barcelona: Icaria-UAB.

Adelantado, J.; Gomà, R. (2000): «El contexto: La res-tructuración de los regímenes de bienestar europeos». En Adelantado, J. (coord.): Cambios en el Estado de Bienestar: Políticas sociales y desigualdades en Espa-ña. Barcelona: Icaria-UAB, pp. 63-98.

Aguilar Hendrickson, M. (2009): «Servicios sociales: las tribulaciones de un sector emergente». En Moreno, L. (ed.): Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Siglo XXI, pp. 171-206.

Andrés López, G. (2008): «Geografía y ciudades medias en España: ¿a la búsqueda de una definición innecesaria?», Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, núm. 270(49).

Añón, M. J.; Miravet, P. (2006): «Paradojas del fami-liarismo en el Estado del bienestar: mujeres y renta básica», Cuadernos de Relaciones Laborales, 23(2), pp. 101-121.

Aragón, J.; Cruces, J.; Rocha, F. (2007): Sector de la atención a la dependencia y negociación colectiva. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Arias, A.; Lucas Murillo de la Cueva, F.; Guillén, E.; Pérez, D. (2004): «La definición de los servicios so-ciales en las leyes de servicios sociales de “primera” y “segunda generación” en España», Portularia, 4, pp. 50-518.

Camacho, J. A.; Rodríguez, M.; Hernández, M. (2008): «El sistema de atención a la dependencia en España: evaluación y comparación con otros países europeos», Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 42, pp. 37-52.

Campillo Poza, I. (2010): «Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en los regímenes de bienestar mediterráneos», Política y sociedad, 47(1), pp. 189-214.

Castejón, P.; Díaz, R.; Herranz, R.; Madrigal, A.; Mu-ñoz, P.; Varela, A. (2009): «Observatorio de Personas Mayores. Servicios sociales para Personas Mayores en España. Enero 2009», Boletín sobre envejecimiento 43. IMSERSO: Madrid.

Comín y Comín, F.; Gálvez Muñoz, L. (2010): «De la Beneficencia al Estado del Bienestar, pasando por los seguros sociales», Revista de la Historia de la Econo-mía y de la Empresa nº 4. Bilbao: Archivo Histórico BBVA.

116


Comisión Europea (1998): Segundo informe sobre las iniciativas locales de desarrollo y empleo. La era del empleo a medida. Servicios de la Comisión. Bruselas.

Consejo de Europa (1998): Recomendación nº (98) 9 del Comité de Ministros a los Estados miembros relati-va a la dependencia.

Defensor del pueblo andaluz (2005): La situación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía. Sevi-lla: Defensor del Pueblo Andaluz.

Dufour-Kippelen, S.; Joël, M. E. (2011): «La dependen-cia (el quinto riesgo) y los cuidados de larga duración en Francia», Papeles de Economía Española, 129, pp. 137-148.

Carrillo Benito, E. (2002): Desarrollo Local: Nuevas perspectivas. Colección Informes y Estudios. Serie Administración Local. Sevilla: Dirección General de Administración Local.

Esparza Catalán, C. (2010): «Métodos de cálculo de la gravedad de la discapacidad». Informes Portal May-ores, 103, Madrid.

Esping-Andersen, G. (1990): «The Three Worlds of Welfare Capitalism». Princeton NJ: Princeton University Press.

European Commission (2010): Communication from the Commission. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission.

Morata García de la Puerta, B.; Gijón Sánchez, M. T.; de Matos Silveira Santos, R. (2010): «O Estudo da gestão pública no sistema de proteção social na Espa-nha», Libertas, 10(2), pp. 31-50.

Guillén, M.; Rodríguez, N.; Strassberg, B. A. (2007): «The new responsibilities of social sciences in aging societies. The case of Spain», International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2(1), pp. 213-228.

Gutiérrez, M. F.; Jiménez Martin, S.; Vegas Sánchez, R.; Vilaplana, C. (2010): The Spanish Long-term Care System. ENEPRI Research Report Nº 88.

Gutiérrez Resa, A. (2001): «El Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en España (Once años del Plan Concertado)», Reis. Revista Espa-ñola de Investigaciones Sociológicas, 93, pp. 89-130.

IMSERSO (1998): Plan de Atención a los enfermos de alzheimer y otras demencias 1999-2005. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

IMSERSO (1999): Informe de valoración del Plan Gerontológico estatal 1992-1997. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

IMSERSO (2004): Atención a las personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INE (2009): Encuesta sobre Discapacidades, Au-tonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008. Madrid: INE.

INE (2010): Autonomía personal y Situaciones de dependencia: Metodología. Madrid: INE.

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (2003): Plan de Acción para las personas mayores 2003-2007. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-les.

Jiménez Lara, A.; Huete García, A. (2010): «Políticas públicas sobre discapacidad en España. Hacia una per-

117

Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 8. Bibliografía

spectiva basada en los derechos», Política y sociedad, 47(1), pp. 137-152.

Jiménez, E.; Barreiro, F.; Sánchez, J. E. (1999): Los Nuevos yacimientos de empleo: los retos de la cre-ación de empleo desde el territorio. Barcelona: Fun-dación CIREM.

Junta de Andalucía (2006): DECRETO 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Or-denación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.

Kamerman, S. B.; Kahn, A. J. (1977): Social services in international perspective. U.S. Government Printing Office, 1980. Reprinted by Transaction Books.

Katz, S.; Ford, A. B.; Moskowitz, R. W.; Jackson, B. A.; Jaffe, M. W. (1963): «Studies of illness in the aged. The Index of ADL: A standarised measure of biological and psychosocial function», Journal of the American Medi-cal Association, 185, pp. 914-919.

Krüger, K.; Jiménez, E. (2011): «The New Care Service Act: frustrated labour market expectations». En Krüger, K.; de Gier, E. (eds.): Long-Term Care Services in 4 Eu-ropean Countries. Labour Markets and other aspects. Barcelona/Nijmegen/Oldenburg, pp. 29-70.

López, A. (2008): «Geografía y ciudades medias en España: ¿A la búsqueda de una definición innecesar-ia?», Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, nº 12, pp. 45.

Mahoney, F. I.; Barthel, D. (1965): «Functional evalu-ation: The Barthel Index», Maryland State Medical Journal, 14, pp. 56-61.

Miguélez Lobo, F. (2006): «Economía social y empleo. El caso de España», Papers: revista de sociología, 81, pp. 11-36.

Ministerio de Sanidad y Política Social (2009): III Plan de Acción Personas con Discapacidad 2009-2012, 1ª ed., Madrid.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005): Aten-ción a las Personas en Situación de Dependencia en España. Libro Blanco. Madrid.

Moreno, L. (2009): Reformas de las políticas de bien-estar en España. Madrid: Siglo XXI.

Moreno, L. (2006): España y el bienestar mediterrá-neo. Presentación del I Seminario Internacional «Políti-cas sociales y regímenes de bienestar en transición. Orígenes, conceptos y estrategias en países con desarrollo humano alto». Universidad de Guadalajara (México). 11-13 Septiembre 2006.

Moreno, L. (2001): «La “vía media” española del mod-elo de bienestar mediterráneo», Papers: Revista de Sociología, 64/64, pp. 67-82.

Mot, E. (2010): «The Dutch system of long-term care», CPB Document 204. CPB Netherlands Bureau for Eco-nomic Analysis. The Hague.

Pommer, E.; Woitties, I.; Stevens J. (2007): Compar-ing care. The care of the elderly in ten EU- countries. The Netherlands Institute for Social Research/SCP. The Hague.

Resa, A. G. (2001): «El Plan concertado de prestacio-nes básicas de servicios sociales en España (Once años del Plan Concertado)», Reis, pp. 89-130.

118


Rodríguez Cabrero, G. (2006): «La protección social a la dependencia en España en el marco del espacio social europeo», Documentación Social: Revista de Es-tudios Sociales y Sociología Aplicada, 141, pp. 23-44.

Rodríguez Castedo, A. (2011): «Las pensiones no con-tributivas en la experiencia española», Foro: Envejeci-miento con dignidad, por una pensión no contributiva. Lima: Organización Internacional del Trabajo (OIT), pp. 189-202.

Rodríguez-Rodríguez, P. (2005): «El apoyo informal a las personas mayores en España y la protección social a la dependencia. Del familismo a los derechos de ciu-dadanía», Revista Española de Geriatría y Gerontología, 40, pp. 5-15.

Rodríguez Martínez, F.; Sánchez Escolano, L. M. (2010): «Sobre la nueva dimensión territorial de las ciudades medias en Andalucía». En Cornejo Nieto, C.; Morán Sáez, J.; Prada Trigo, J. (coord.): Ciudad, ter-ritorio y paisaje: Reflexiones para un debate multidisci-plinar, pp. 272-287.

Titmuss, R. M. (1958): Essays on the Welfare State. London: Allen & Unwin.

Vilá, A. (2010): Informe tendencias de la nueva legis-lación de los servicios sociales. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Wittenberg, R.; Sandhu, B.; Knapp, M. (2002): «Fund-ing long-term care: the public and private options», en Mossialos, E.; Dixon, A.; Figueras, J.; Kutzin, S. (eds.): Funding Health Care: Options for Europe, pp. 226-249.

9. Acrónimos

121

9. Acrónimos

ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria

CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y de la Salud

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económi-cas

DIRCE: Directorio Central de Empresas

EDAD-2008: Encuesta sobre Discapacidades, Autono-mía Personal y Situaciones de Dependencia

EDDES-1999: Encuesta sobre Discapacidades, Defi-ciencias y Estados de Salud

EDDM-1986: Encuesta sobre Discapacidades, Deficien-cias y Minusvalías

EPA: Encuesta de Población Activa

FONAS: Fondo Nacional de Asistencia Social

IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-cía

INE: Instituto Nacional de Estadística

LAPAD (2006): Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

LIOUNDAU: Ley 51/2003 , de 2 de diciembre, de Igual-dad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibili-dad Universal de las Personas con Discapacidad

LISMI: Ley 13/ 1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos

OPAM: Observatorio Permanente Andaluz de Migracio-nes

PNAin: Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social

SAAD: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

SAP: Servicio de Asistencia al Pensionista

SEREM: Servicio Social de Recuperación y Rehabilita-ción de Minusválidos

SOVI: Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez

TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

10. Anexos

125

10. Anexos10.1. Anexo: población total y en situación de dependencia en Andalucía 2008. Explotación estadística de la Encuesta EDAD, 2008 y explotación estadística del Padrón Municipal 1 de enero de 2008

Estratos de población Población total Población dependiente

Almeria Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 187.521 16.127

De 10.000 a 20.000 hab. 83.321 7.435

De 20.000 a 50.000 hab. 71.521 5.090

De 50.000 a 100.000 hab. 158.410 8.488

Menos de 10.000 hab. 166.862 15.828

Cádiz Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 447.897 25.095

De 10.000 a 20.000 hab. 100.474 6.437

De 20.000 a 50.000 hab. 192.816 6.460

De 50.000 a 100.000 hab. 387.288 14.972

Menos de 10.000 hab. 91.992 4.666

Códoba Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 325.453 23.408

De 10.000 a 20.000 hab. 77.151 5.503

De 20.000 a 50.000 hab. 182.309 10.389

Menos de 10.000 hab. 213.909 15.580

Granada Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 236.988 25.096

De 10.000 a 20.000 hab. 161.782 13.321

De 20.000 a 50.000 hab. 133.906 6.090

De 50.000 a 100.000 hab. 59.163 4.667

Menos de 10.000 hab. 309.381 25.527

Huelva Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 148.027 15.008

De 10.000 a 20.000 hab. 136.934 7.706

De 20.000 a 50.000 hab. 67.475 2.355

Menos de 10.000 hab. 155.479 7.807

Jaén Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 116.417 7.104

De 10.000 a 20.000 hab. 124.528 7.605

De 20.000 a 50.000 hab. 120.485 7.151

De 50.000 a 100.000 hab. 61.340 5.976

Menos de 10.000 hab. 244.668 17.245

Málaga Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 696.996 44.532

De 10.000 a 20.000 hab. 43.089 3.071

De 20.000 a 50.000 hab. 238.607 15.707

De 50.000 a 100.000 hab. 393.810 25.125

Menos de 10.000 hab. 190.759 15.497

Sevilla Capital de provincia y municipios de +100.000 hab. 820.082 65.875

De 10.000 a 20.000 hab. 308.966 23.752

De 20.000 a 50.000 hab. 329.154 19.052

De 50.000 a 100.000 hab. 118.550 5.888

Menos de 10.000 hab. 298.710 19.661

126


10.2. Anexo: Municipios andaluces que conforman los estratos de población utilizados en la investigación

Almeria

Menos de 10.000 habitantes

Abla Beires Gallardos (Los) Oria TahalAbrucena Benahadux Garrucha Padules TerqueAlbánchez Benitagla Gérgal Partaloa TíjolaAlboloduy Benizalón Huécija Paterna del Río TurreAlcolea Bentarique Illar Pechina TurrillasAlcóntar Canjáyar Instinción Pulpí Uleila del CampoAlcudia de Monteagudo Cantoria Laroya Purchena Urrácal

Alhabia Carboneras Láujar de Andarax Rágol VelefiqueAlhama de Almería Castro de Filabres Líjar Rioja Vélez-Blanco

Alicún Cóbdar Lubrín Santa Cruz de Marchena Vélez-Rubio

Almócita Chercos Lucainena de las Torres Santa Fe de Mondújar Viator

Alsodux Chirivel Lúcar Senés ZurgenaAntas Dalías Macael Serón Tres Villas (Las)Arboleas Enix María Sierro Mojonera (La)Armuña de Almanzora Felix Mojácar SomontínBacares Fines Nacimiento SorbasBayárcal Fiñana Ohanes SuflíBayarque Fondón Olula de Castro TabernasBédar Gádor Olula del Río Taberno

De 10.000 a 20.000 habitantes

AlboxBerjaCuevas del AlmanzoraHuércal de AlmeríaHuércal-OveraVera

De 20.000 a 50.000 habitantesAdraNíjarVícar

De 50.000 a 100.000 habitantesRoquetas de MarEjido (El)

Capitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes Almería

127

Yacimientos de empleo Y políticas sociales: los servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia en andalucía 10. Anexos

Cádiz


Bédar Gádor Olula del RíoAlcalá de los Gazules Benalup-Casas ViejasAlcalá del Valle San José del ValleAlgar Setenil de las BodegasAlgodonales Torre AlháquimeBenaocaz TrebujenaBornos Villaluenga del RosarioBosque (El) OlveraCastellar de la Frontera Paterna de Rivera

Espera Prado del ReyGastor (El) Puerto SerranoGrazalema ZaharaChipionaJimena de la FronteraMedina-SidoniaTarifaUbriqueVejer de la FronteraArcos de la Frontera


GrazalemaChipionaJimena de la FronteraMedina-SidoniaTarifaUbriqueVejer de la FronteraVillamartín


Arcos de la FronteraBarbateBarrios (Los)Conil de la FronteraPuerto RealRotaSan Roque


Chiclana de la FronteraLínea de la Concepción (La)Puerto de Santa María (El)San FernandoSanlúcar de Barrameda

Capitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes

AlgecirasCádizJerez de la Frontera

128


Códoba


Adamuz Espiel Pedro AbadAlcaracejos Fernán-Núñez PedrocheAlmedinilla Fuente la Lancha PosadasAlmodóvar del Río Fuente Obejuna Rambla (La)

Añora Fuente-Tójar San Sebastián de los Ballesteros

Belalcázar Granjuela (La) SantaellaBelmez Guadalcázar Santa EufemiaBenamejí Guijo (El) TorrecampoBlázquez (Los) Hinojosa del Duque ValenzuelaBujalance Hornachuelos ValsequilloCañete de las Torres Iznájar Victoria (La)Carcabuey Luque Villa del Río

Cardeña Montalbán de Córdoba Villafranca de Córdoba

Carpio (El) Montemayor VillahartaCastro del Río Montoro Villanueva de CórdobaConquista Monturque Villanueva del DuqueDoña Mencía Moriles Villanueva del ReyDos Torres Nueva Carteya Villaralto

Encinas Reales Obejo Villaviciosa de Córdoba

Espejo Palenciana Viso (El)


Aguilar de la FronteraCarlota (La)Fuente PalmeraPeñarroya-PueblonuevoPozoblancoRute


BaenaCabraLucenaMontillaPalma del RíoPriego de CórdobaPuente Genil

Capitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes Córdoba

129


Granada


Agrón Bérchules Cortes de Baza GobernadorAlamedilla Bubión Cortes y Graena GójarAlbondón Busquístar Cúllar GorAlbuñán Cacín Cúllar Vega GorafeAlbuñol Cádiar Chauchina GuadahortunaAlbuñuelas Cájar Chimeneas GualchosAldeire Calicasas Darro Güejar SierraAlfacar Campotéjar Dehesas de Guadix GüevéjarAlgarinejo Caniles Deifontes HuélagoAlhama de Granada Cáñar Diezma HuénejaAlhendín Capileira Dílar HuéscarAlicún de Ortega Carataunas Dólar Huétor de SantillánAlmegíjar Cástaras Dúdar Huétor TájarAlquife Castilléjar Dúrcal ItraboArenas del Rey Castril Escúzar IznallozBeas de Granada Cenes de la Vega Ferreira JayenaBeas de Guadix Cijuela Fonelas Jerez del MarquesadoBenalúa Cogollos de Guadix Freila JeteBenalúa de las Villas Cogollos de la Vega Fuente Vaqueros JunBenamaurel Colomera Galera Juviles

Calahorra (La) Nívar Santa Cruz del Comercio Guajares (Los)

Láchar Orce Soportújar Valle del ZalabíLanjarón Órgiva Sorvilán VillamenaLanteira Otívar Torre-Cardela MoreláborLecrín Otura Torvizcón Pinar (El)Lentegí Padul Trevélez Vegas del GenilLobras Pampaneira Turón Cuevas del CampoLugros Pedro Martínez Ugíjar ZagraLújar Peza (La) VálorMalahá (La) Pinos Genil Vélez de BenaudallaMarchal Píñar Ventas de Huelma

Moclín Polícar Villanueva de las Torres

Molvízar Polopos Villanueva MesíaMonachil Pórtugos Víznar

Montefrío Puebla de Don Fadrique Zafarraya

Montejícar Pulianas ZújarMontillana Purullena Taha (La)Moraleda de Zafayona Quéntar Valle (El)Murtas Rubite NevadaNigüelas Salar Alpujarra de la Sierra


AlboloteAtarfeChurriana de la VegaHuétor VegaIlloraOgíjaresPeligrosPinos PuenteSalobreñaSanta FeZubia (La)Gabias (Las)


AlmuñécarArmillaBazaGuadixLojaMaracena

De 50.000 a 100.000 habitantes MotrilCapitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes Granada

130


Huelva


Alájar Cortelazor Nava (La)Almendro (El) Cumbres de Enmedio Nerva

Almonaster la Real Cumbres de San Bartolomé Niebla

Alosno Cumbres Mayores Palos de la FronteraAracena Chucena Paterna del CampoAroche Encinasola PaymogoArroyomolinos de León Escacena del Campo Puebla de GuzmánBeas Fuenteheridos Puerto MoralBerrocal Galaroza Rociana del Condado

Bonares Granada de Río-Tinto (La) Rosal de la Frontera

Cabezas Rubias Granado (El) San Bartolomé de la Torre

Cala Higuera de la Sierra San Juan del PuertoCalañas Hinojales Sanlúcar de Guadiana

Campillo (El) Hinojos San Silvestre de Guzmán

Campofrío Jabugo Santa Ana la Real

Cañaveral de León Linares de la Sierra Santa Bárbara de Casa

Castaño del Robledo Lucena del Puerto Santa Olalla del CalaCerro de Andévalo (El) Manzanilla TriguerosCorteconcepción Marines (Los) ValdelarcoCortegana Minas de Riotinto Villablanca


AljaraqueAyamonteBollullos Par del CondadoCartayaGibraleónMoguerPalma del Condado (La)Punta UmbríaValverde del Camino

De 20.000 a 50.000 habitantesAlmonteIsla CristinaLepe

Capitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes Huelva

131


Jaén


Albanchez de Mágina Chilluévar Jimena Santiago de Calatrava

Aldeaquemada Escañuela Larva Santisteban del Puerto

Arjona Espelúy Lopera Santo ToméArjonilla Frailes Lupión Segura de la SierraArquillos Fuensanta de Martos Marmolejo Siles

Baños de la Encina Fuerte del Rey Mengíbar Sorihuela del Guadalimar

Beas de Segura Génave Montizón TorreblascopedroBegíjar Guardia de Jaén (La) Navas de San Juan TorreperogilBélmez de la Moraleda Guarromán Noalejo TorresBenatae Lahiguera Orcera Torres de AlbánchezCabra del Santo Cristo Higuera de Calatrava Peal de Becerro Valdepeñas de JaénCambil Hinojares Pegalajar VilchesCampillo de Arenas Hornos Porcuna Villanueva de la Reina

Canena Huelma Pozo Alcón Villanueva del Arzobispo

Carboneros Huesa Puente de Génave VillardompardoCastellar Ibros Puerta de Segura (La) Villares (Los)Castillo de Locubín Iruela (La) Quesada VillarrodrigoCazalilla Iznatoraf Rus CárchelesCazorla Jabalquinto Sabiote Bedmar y GarcíezChiclana de Segura Jamilena Santa Elena Villatorres


AlcaudeteBaezaBailénCarolina (La)JódarMancha RealTorre del CampoTorredonjimenoVillacarrillo


Alcalá la RealAndújarMartosÚbeda

De 50.000 a 100.000 habitantes LinaresCapitales provinciales y muncipios de más de 100.000 habitantes Jaén

132


Málaga


Alameda Benamargosa Cuevas del Becerro Montejaque

Alcaucín Benamocarra Cuevas de San Marcos Ojén

Alfarnate Benaoján Cútar ParautaAlfarnatejo Benarrabá Faraján PerianaAlgarrobo Borge (El) Frigiliana PizarraAlgatocín Burgo (El) Fuente de Piedra PujerraAlmáchar Campillos Gaucín RiogordoAlmargen Canillas de Aceituno Genalguacil SalaresAlmogía Canillas de Albaida Guaro SayalongaAlozaina Cañete la Real Humilladero SedellaAlpandeire Carratraca Igualeja Sierra de YeguasÁrchez Cartajima Istán TebaArchidona Casabermeja Iznate ToloxArdales Casarabonela Jimera de Líbar TotalánArenas Casares Jubrique Valle de AbdalajísArriate Colmenar Júzcar Villanueva de AlgaidasAtajate Comares Macharaviaya Villanueva del Rosario

Benadalid Cómpeta Moclinejo Villanueva del Trabuco

Benahavís Cortes de la Frontera Mollina Villanueva de TapiaBenalauría Cuevas Bajas Monda Viñuela

De 10.000 a 20.000 habitantesÁloraManilvaTorrox


Alhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAntequeraCártamaCoínNerjaRincón de la VictoriaRonda


BenalmádenaEsteponaFuengirolaMijasVélez-MálagaTorremolinos


MálagaMarbella

133


Sevilla


Aguadulce Cazalla de la Sierra Montellano Valencina de la Concepción

Alanís Constantina Navas de la Concepción (Las)

Villamanrique de la Condesa

Albaida del Aljarafe Coripe Olivares Villanueva del Ariscal

Alcolea del Río Coronil (El) Palomares del Río Villanueva del Río y Minas

Algámitas Corrales (Los) Paradas Villanueva de San Juan

Almadén de la Plata Fuentes de Andalucía Pedrera Villaverde del RíoAlmensilla Garrobo (El) Pedroso (El) Cañada RosalAznalcázar Gelves Peñaflor Isla MayorAznalcóllar Gerena Pruna Cuervo de Sevilla (El)

Badolatosa Gilena Puebla de los Infantes (La)

Benacazón Guadalcanal Real de la Jara (El)

Bollullos de la Mitación Herrera Roda de Andalucía (La)

Burguillos Huévar del Aljarafe Ronquillo (El)Campana (La) Lantejuela (La) Rubio (El)Carrión de los Céspedes Lora de Estepa Salteras

Casariche Luisiana (La) San Nicolás del Puerto

Castilblanco de los Arroyos Madroño (El) Santiponce

Castilleja de Guzmán Marinaleda Saucejo (El)Castilleja del Campo Martín de la Jara TocinaCastillo de las Guardas (El) Molares (Los) Umbrete


Alcalá del Río GuillenaAlgaba (La) Lora del RíoArahal Mairena del AlcorBormujos MarchenaBrenes OsunaCabezas de San Juan (Las) Pilas

Cantillana Puebla de Cazalla (La)Castilleja de la Cuesta Puebla del Río (La)Espartinas Sanlúcar la MayorEstepa Viso del Alcor (El)Gines


CamasCarmonaCoria del RíoÉcijaLebrijaMairena del AljarafeMorón de la FronteraPalacios y Villafranca (Los)Rinconada (La)San Juan de AznalfaracheTomares

De 50.000 a 100.000 habitantesAlcalá de GuadaíraUtrera


Dos HermanasSevilla

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