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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP), de acuerdo con la Ley Orgánica No. 6739 del 28 de abril de
1982 y sus modificaciones, es el ente rector de la materia criminológica y penitenciaria del país,
responsable de servir de enlace entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, facilitar la coordinación
Dirección General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
entre los centros cívicos que se establezcan para centralizar los servicios que ofrecen distintas
instituciones públicas; así como administrar el registro de bienes y personas jurídicas.
Está constituido por 5 programas presupuestarios: Administración Central, Promoción de la Paz y
la Convivencia Ciudadana, Procuraduría General de la República, Administración Penitenciaria y
Registro Nacional.
Forma parte del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (5.16.) del Plan Nacional de Desarrollo
2015-20108 “Alberto Cañas Escalante” (PND), que tiene como objetivo sectorial Garantizar la
seguridad y el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas en el marco de un
abordaje integral.
2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2017, con
ingresos corrientes, de financiamiento y de crédito público, es decir, fuente de financiamiento 001,
280 y 507 respectivamente:
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Cuadro 2.1
Ministerio de Justicia y Paz
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2017
Partida
2017AUTORIZADO
% EJECUCIÓN
0-Remuneraciones 86,418,080,010 82,017,714,248 94.9
1-Servicios 11,993,820,926 8,936,854,270 74.5
2-Materiales y Suministros 17,156,319,742 12,538,732,112 73.1
3-Intereses y Comisiones - - -
4-Activos Financieros - - -
5-Bienes Duraderos 5,429,424,918 2,893,922,785 53.3
6-Transferencias Corrientes 3,621,508,798 3,103,792,829 85.7
7-Transferencias de Capital 10,079,203,438 4,142,986,000 41.1
8-Amortización - - -
9-Cuentas Especiales 1,113,822,319 - 0.0
SUB TOTAL 135,812,180,151 113,634,002,245 83.7
Recursos de crédito público externo 11,265,923,049 11,259,290,310 99.9
TOTAL GENERAL 147,078,103,200 124,893,292,555 84.9
EJECUTADO 1/(Ley No. 9411 y
Modif.)
1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
La distribución de los recursos por programa, excluyendo los fondos de crédito público, se resume
en la tabla 1. Asimismo, en el gráfico 1 se puede apreciar que, con respecto a la totalidad del
presupuesto autorizado al MJP, el programa al cual se le asigna la mayoría es Administración
Penitenciaria.
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No se incluyen recursos de crédito público. 2016 - 2017 no incluyen compromisos no devengados.Fuente: 2014-2015 con base en Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF), 2016 - 2017 datossuministrados por la institución.
Gráfico 1Ministerio de Justicia y Paz
Distribución porcentual del presupuesto autorizado por programa
2,1% 0,9%
7,4%
79,7%
9,9%Actividad Central
Promoción dela Paz
Procuraduría General
Adm. Penitenciaria
Registro Nacional
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Los datos de los presupuestos de los últimos 4 años se presentan en la tabla 2, y en el gráfico 2 se
observa el comportamiento porcentual de la ejecución y subejecución:
AÑO AUTORIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN DISPONBLE SUBEJEC
2014 106.615.949.882 100.544.304.082 94,3% 6.071.645.800 5,7%
2015 118.921.043.830 112.637.231.698 94,7% 6.283.812.132 5,3%
2016 117.089.523.837 109.931.381.274 93,9% 4.255.379.243 3,6%
2017 135.812.180.151 113.634.002.245 83,7% 16.791.941.010 12,4%
No se incluyen recursos de crédito público. 2016 - 2017 no incluyen compromisos no devengados.
Tabla 2Ministerio de Justicia y Paz
Presupuestos 2014 - 2017 en colones corrientes
Fuente: 2014-2015 con base en Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF), 2016 - 2017 datos suministrados por la institución.
No se incluyen recursos de crédito público. 2016 - 2017 no incluyen compromisos no devengados.Fuente: 2014-2015 con base en Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF), 2016 - 2017 datos suministrados por la institución.
Gráfico 2Ministerio de Justicia y Paz
Porcentajes de ejecución y subejecución de presupuestos 2014 - 2017
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2014 2015 2016 2017
94,3% 94,7% 93,9%
83,7%
5,7% 5,3% 3,6%
12,4%
Ejecución
Subejec
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La ejecución presupuestaria presenta una variación de crecimiento de un 0,4% en el 2015 con
respecto al 2014, no obstante, en los años posteriores son decrecimientos de -0,8% en 2016 con
respecto al 2015 y -10,2% en 2017 con respecto al 2016. La variación en la subejecución
presupuestaria disminuye en 2015 con respecto al 2014 en un -0,4% y en el 2016 con respecto al
2015 en -1,6%, sin embargo, en 2017 con respecto al 2016 se incrementa en un 8,7%.
Los principales factores que afectaron la ejecución del presupuesto del 2017 se resumen en el
siguiente cuadro:
Servicios
- No se concretaron contrataciones por ser declaradasdesiertas o fueron anuladas por diferentes motivos,generando sobrantes considerables en subpartidas comoel alquiler de edificios.
-Remanentes del diferencial cambiario que se reserva paracontratos en dólares.
--Las estimaciones de gasto de subpartidas relacionadascon mantenimiento correctivo de equipo, servicios públicosy viáticos dentro del país fueron superiores a los recursosejecutados para satisfacer las necesidades que sepresentaron durante el año.
-Se renovaron varios contratos que se pactaron por montosmenores a los proyectados.
-Las restricciones establecidas en el Decreto Ejecutivo40540-H de Contingencia Fiscal no permitieron realizartraslados de partidas para redistribuir los sobrantes citados con la finalidad de atender otras necesidades.
Las subpartidas que presentan la mayor subejecución son servicios deagua (¢305 millones), mantenimiento de equipo de producción (¢179millones), mantenimiento de edificios (¢90 millones) y alquiler deedificios (¢66 millones), cifras que representan el 27,6%, 16,2%, 8,2%y 6,0% del monto total subejecutado en la partida.
Se debe prestar atención a la metodología que se está utilizando pararealizar las estimaciones de gasto o proyecciones, ya que con base enlos factores suministrados se deduce que los montos presupuestadosson más elevados que los costos de los servicios que se adquieren.
Materiales y suministros
- Contrataciones infructuosas.
-Las restricciones establecidas en el Decreto Ejecutivo40540-H de Contingencia Fiscal no permitieron realizartraslados de partidas para redistribuir los recursossobrantes para atender otras necesidades.
El MJP señala que los factores que incidieron en la ejecuciónpresupuestaria de los materiales y suministros fueron contratacionesque resultaron infructuosas, pero detalla gastos que corresponden a lapartida de servicios.
Del SIGAF se obtuvo que alimentos y bebidas es el rubro que, al igualque en años anteriores, presenta la subejecución más elevada (¢2.001millones), seguida por combustibles y lubricantes (¢94 millones),productos de papel y cartón (¢79 millones) y materiales eléctricos (¢36millones), montos que representan el 82,1%, 3,9%, 3,3% y 1,5%respectivamente del presupuesto subjecutado en esta partida.
Cuadro 2.2Ministerio de Justicia y Paz
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución igual o menor a 90%al 31 de diciembre de 2017
Partidas Presupuestarias Factores que incidieron en la ejecución Observaciones
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Bienes duraderos
- Contrataciones infructuosas.
-Las restricciones establecidas en el Decreto Ejecutivo40540-H de Contingencia Fiscal no permitieron realizartraslados de partidas para redistribuir los recursossobrantes para atender otras necesidades.
-Imposibilidad de devengar algunos compromisos al cierredel período por el atraso en la entrega de trabajos delproyecto de reestructuración y ampliación del edificio deDerecho Público, así como el incumplimiento de requisitospor parte de un adjudicatario para confeccionar el contratocorrespondiente.
-Con respecto a las contrataciones infructuosas de esta partida,también se especifican rubros que corresponden a servicios.
Edificios (¢967 millones), bienes intangibles (¢168 millones), equipo yprogramas de cómputo (¢123 millones) y maquinaria y equipo diverso(¢72 millones), son las mayores subejecuciones de esta partida,representando el 67,6%, 11,8% 8,6% y 5,0% respectivamente delpresupuesto subejecutado en bienes duraderos.
Transferencias corrientes
-Las subpartidas que con mayor incidencia en lasubejecución son aquellas a las cuales se les hacereservas para pagos eventuales, pero no necesariamentese efectúan erogaciones por esos conceptos. Entre ellasse encuentran las prestaciones legales, indemnizaciones yotras prestaciones, no obstante, las personas con derechoa jubilarse decidieron continuar laborando, y la nopresentación de incapacidades de los funcionarios ocasiósobrantes elevados.
-Las restricciones establecidas en el Decreto Ejecutivo40540-H de Contingencia Fiscal no permitieron realizartraslados de partidas para redistribuir los recursossobrantes para atender otras necesidades
Prestaciones legales (¢107 millones), la transferencia contrapartida a la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y laInclusión Social – UEP (¢95 millones), otras prestaciones (¢61millones) y la transferencia a la Junta Administrativa del RegistroNacional - JARN (¢47 millones), presentan la mayor subejecución de lapartida, representado el 29%, 25,8%, 16,6% y 12,7% respectivamentedel total del presupuesto subejecutado en transferencias corrientes.
El MJP argumenta que la programación presupuestaria no se vioafectada porque solo sirve de intermediario para la asignación defondos, no obstante, similar al 2016, se presupuestaron recursos parala Junta Administrativa del Registro Nacional que no se ejecutaron.
Transferencias de capital
-El Decreto Ejecutivo 40540-H de Contingencia Fiscal,provocó que la Contraloría General de la República,mediante oficio DFOE-PG-0524, no aprobara la suma de¢5.936 millones, por no existir certeza de que la TesoreríaNacional girara dicho monto al Patronato deConstrucciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, yaque en certificación emitida el 12 de octubre de 2017,indicó que esos fondos estaban sujetos a la situaciónfiscal del país y a su disponibilidad.
Como acción correctiva se emitió el oficio MJP-927-2017 al Ministeriode la Presidencia para solicitar que se excluyera a AdministraciónPenitenciaria de la aplicación del decreto de contingencia fiscal, perono se obtuvieron los resultados esperados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Partidas Presupuestarias Factores que incidieron en la ejecución Observaciones
No se incorpora la partida Cuentas especiales en el cuadro anterior porque en ella se asignaron
los recursos provenientes de la aplicación de los artículos 1° (remanentes del costo de vida), 3°
(5% del presupuesto de órganos desconcentrados sin ingresos relacionados) y 4° (sobrantes de
recursos extralímite), de la Directriz 70-H, dirigida al Sector Público sobre la eficiencia, eficacia y
transparencia en la gestión presupuestaria de la Administración Pública.
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La medida correctiva para subsanar los inconvenientes presentados en las partidas del cuadro 2.2.,
es tomar las previsiones respectivas para trasladar sobrantes de recursos con la finalidad de
atender otros requerimientos de la institución, siempre y cuando los lineamientos que emita el
Gobierno Central así lo permitan. Se considera que dada la situación fiscal del país, los entes
rectores van a ser más restrictivos para contener el gasto público, por lo tanto, lo recomendable
sería realizar una mejor planificación para hacer modificaciones presupuestarias únicamente
cuando sea estrictamente necesario.
Por otra parte, el MJP indica que la programación presupuestaria de servicios, materiales y
suministros, y bienes duraderos, no se vio afectada y que el plan de compras se efectuó
satisfactoriamente, logrando cubrir las necesidades planteadas por los diferentes departamentos.
Considerando lo anterior, aunado a que la subejecución del ministerio en este período económico
ha sido la mayor de los últimos 4 años, y que en algunas partidas se menciona que los montos
presupuestados fueron mayores a los realmente gastados, podría estar dándose el caso de una
sobreestimación de recursos presupuestarios, por ende, se sugiere revisar la forma en la cual se
están efectuando las proyecciones de gastos.
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Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
Transferencias corrientes
Se logró ejecutar el 100% de la transferencia ala Agencia de Protección de Datos(PRODHAB), gracias a la coordinación quehubo entre dicho órgano y el Viceministerio deGestión Estratégica para cumplir los requisitosque establece la Tesorería Nacional.
El MJP no se refiere a las razones que afectaron la ejecuciónpresupuestaria de las transferencias corrientes, sino que resaltaque se hayan ejecutado los recursos de PRODHAB.
No se dan a conocer las razones por las cuales la JARN y la UEP(contrapartida), presentan ejecuciones de 0,0% y 46,9%respectivamente.
Transferencias de capital
-Se indica que se efectuaron tanto latransferencia de la UEP como la del Patronatode Construcciones, y que en el primer caso sesuperó la meta.
La transferencia de la UEP corresponde a un crédito público, por lotanto, según las instrucciones dadas a las entidades, no se debíaconsiderar en este cuadro. Por otra parte no queda claro a qué sehace referencia cuando se señala que se superó la meta.
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Cuadro 2.3Ministerio de Justicia y Paz
Razones que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con
al 31 de diciembre de 2017Partidas
Presupuestarias
Razones que afectaron la ejecución presupuestaria Observaciones
ejecución semestral menor a 45% y anual igual o menor a 90%
-Ingreso tardío de facturas de cobro de bienesy servicios.
-Suspensión de trámites contractualesprogramados por entrada en vigencia delDecreto Ejecutivo 40540-H de ContingenciaFiscal.
-No se concretó el alquiler de un edificio,afectando con ello rubros como la vigilancia ylimpieza de oficinas, bienes intangibles.
-Los otros remanentes corresponden aprevisiones de contratos correctivos como a laatención de procesos judiciales.
El MJP argumenta que las acciones correctivas indicadas en elinforme de seguimiento fueron llevadas a cabo. Entre ellas se citanla coordinación con los proveedores de servicios públicos y alquilerde equipo para agilizar la entrega de facturas, el monitoreoconstante de los procesos de contratación y facturación, así comola elaboración de reservas de alimentos para la población penal ycombustibles, entre otras subpartidas (de estas algunascorresponden a transferencias corrientes).
Sobre transferencias
La tabla 3 resume los saldos que el MJP reportó de sus órganos adscritos. El saldo en caja única
de la Agencia PRODHAB suministrado en el Informe Anual del 2016 fue de ¢242.138.887, es decir
que con respecto al monto reportado en 2017 hay una diferencia de ¢100.565.644 en relación con
el dato brindado en este informe. No se brinda ninguna información sobre la JARN.
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al 31 diciembre 2016 al 31 diciembre 2017
Órganos desconcentrados
Agencia de Protección de Datos de losHabitantes (PRODHAB).
342.704.521 344.781.478
Patronato de Construcciones, Instalacionesy Adquisición de Bienes.
20.331.574.694 25.524.948.161
Unidad Ejecutora del Proyecto BID - contratode préstamo 2523/OC-CR (contrapartida).
120.099.862 4.249.160.229
Organismos internacionales
Instituto Latinoamericano de las NacionesUnidas para la Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente (ILANUD). 2/
- 6.779.559
Fuente: Datos suministrados por la institución.2/ El saldo del ILANUD no está en la Caja Única, sino en una cuenta propia.1∕ El saldo se refiere al total de recursos con los que dispone la institución al cierre del período de referencia, independientemente del origen.
Tabla 3Ministerio de Justicia y Paz
Instituciones a las cuales se les transfiere recursos
Saldos en Caja Única 1/
NombreMonto en colones corrientes
Se indica sobre las acciones de vigilancia realizadas que las transferencias que se concretaron
fueron únicamente las que cumplieron con los requisitos establecidos por la Tesorería Nacional, y
la vigilancia y coordinación se llevó a cabo por medio de la presentación de informes de ejecución
presupuestaria y avance y desarrollo de actividades.
Es importante reiterar que persiste la debilidad que se detectó el año anterior con la JARN, pues se
repite que no se incluyan sus datos en este informe ni se den a conocer las razones por las cuales
no ejecutaron los ¢47.000.000 que se le asignaron en el ejercicio económico evaluado.
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
3.1. Programas con producción cuantificable
Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron de
acuerdo con los siguientes parámetros:
Cumplido 100%
Parcialmente cumplido 76% - 99%
No cumplido 0% - 75%
ProductosUnidad de
medidaPromoción de la Paz y laConvivencia Ciudadana 1 1 1 - -
Procuraduría General de laRepública 3 3 2 - 1
Administración Penitenciaria 1 1 - 1 -
3 1 1Fuente: Datos suministrados por la institución.
presupuestario y grado de cumplimiento
Cuadro 3.1.1.Ministerio de Justicia y Paz
Cantidad de productos y unidades de medida por programa
Al 31 de diciembre de 2017
ProgramaCantidad Grado de cumplimiento de las
unidades de medida
Del cuadro 3.1.1. se obtiene que de 5 productos del MJP, un 60,0% se clasifica “Cumplido”, un
20,0% “Parcialmente cumplido” y un 20,0% “No cumplido”.
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Los productos que obtuvieron grados no cumplido y parcialmente cumplido corresponden a la
Procuraduría General de la República y Administración Penitenciaria, los cuales alcanzaron 67,1%
y 91,7% respectivamente.
La Procuraduría General argumenta, en cuanto al producto no cumplido, es decir, atención de
consultas jurídicas, que la estimación de atender 350 consultas se estableció para cumplir con un
requisito solicitado por esta Dirección General, pues se desconocía la forma en que se les iba a
evaluar, situación por la cual tampoco efectuaron los ajustes en el decreto de reprogramación del
2017 para aproximar la meta a los resultados obtenidos al final del ejercicio 2016. Para evitar que
el incumplimiento se repita en el 2018, en la formulación del presupuesto se estimó una meta más
cercana a la realidad. En el 2017 se atendieron 235 consultas, o sea, un 67,1% de la meta
programada.
Administración Penitenciaria, del mismo modo, señala sobre el producto parcialmente cumplido,
que las metas establecidas para atención a la población penitenciaria se basa en datos
estadísticos de la cantidad de personas privadas de libertad atendidas en un período determinado.
Según la información aportada, en el 2017 se estimaron atender 38.846 personas y se atendieron
35.606 al 31 de diciembre, un 91,7%.
La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:
Efectividad Cumplimiento del indicador
Efectivo ( E ) Cumplido 100% 100%
Parcialmente cumplido 76%- 99% 76%-99%
No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% -75% 0%-75%
Ejecución de recursos
Parcialmente Efectivo ( PE )
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Productos IndicadoresPromoción de la Paz y laConvivencia Ciudadana 1 6 - - 6
- Procuraduría General de laRepública 3 3 - - 3
-
Administración Penitenciaria 1 5 1 - 4
1 - 13 Fuente: Elaboración propia e información suministrada por la institución.
Cuadro 3.1.2.Ministerio de Justicia y Paz
Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividadAl 31 de diciembre de 2017
ProgramaCantidad Efectividad
La clasificación de la efectividad del cuadro anterior difiere de la presentada por cada uno de los
programas del MJP porque no siguieron la disposición de que si no se cumplía con uno de los dos
parámetros establecidos (cumplimiento de meta / ejecución de recursos), los indicadores debían
clasificarse como no “No efectivos”.
Los programas calificaron los indicadores que lograron su cumplimiento como “Efectivo”, pero solo
1 de Administración Penitenciaria ejecutó el 100,0% de los recursos asignados, razón por la cual
es correcta esa clasificación. Los demás indicadores no ejecutaron el 100,0% de los recursos
presupuestados, por lo tanto, se deben clasificar en el grado “No efectivo”.
Del cuadro 3.1.2. se desprende que de 14 indicadores de gestión, un 7,1 % fue “Efectivo” y un
92,9% “No efectivo”. Seguidamente se hace una reseña de los aspectos relevantes de la gestión
de cada programa.
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Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana
El quehacer de este programa presupuestario pretende prevenir la violencia en comunidades
vulnerables a través de la ejecución de actividades integrales que redunden en el bienestar de
niños, niñas, adolescentes, padres de familia, educadores y la sociedad en general. En este
período presupuestario logró el cumplimiento de todas las metas establecidas en los indicadores
desarrollados.
Se considera relevante la elaboración de 5 planes locales en comunidades vulnerables porque
esos instrumentos permiten abordar los problemas de seguridad, violencia y convivencia, según las
particularidades de cada localidad, tomando en cuenta variables como las condiciones geográficas,
culturales, sociales y económicas, para fomentar la participación activa de los habitantes.
Los planes de prevención se elaboraron en Osa, Buenos Aires, Montes de Oca, Barva y Santo
Domingo de Heredia, localidades distintas de las originalmente planeadas, cuya variación se
fundamenta en factores externos al programa que representaban un alto riesgo para el
cumplimiento del indicador.
La confección de los planes conlleva el desarrollo de diagnósticos narrativos y talleres de
diagnóstico participativo en los cuales se cuenta con representantes de las comunidades como
jóvenes, mujeres emprendedoras, líderes, etc. El de Barva fue aprobado por el Concejo Municipal
y declarado de interés cantonal, los de Montes de Oca y Santo Domingo fueron presentados a las
alcaldías municipales y los de Osa Buenos Aires fueron validados por los concejos municipales.
Se contó con la participación de 617 personas.
En relación con la meta de certificar 250 personas en resolución alterna de conflictos, se señala
que se superó en un 29,2%, ya que se capacitaron 323, entre ellas jóvenes mediadores;
integrantes del Programa Dialoguemos, el cual está constituido por personas de diferentes
comunidades, policía penitenciaria, Fuerza Pública y personas privadas de libertad, así como
mediadores comunales y activos de casas de justicia.
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Se resalta que la formación de los jóvenes se lleva a cabo mediante una metodología dinámica en
la cual se les presenta situaciones de conflicto con el propósito de que las observen y las analicen
para fomentarles el pensamiento crítico y el diálogo con sus familias. A las personas privadas de
libertad les ayuda a valorarse a ellas mismas y a manejar de mejor manera el carácter para
resolver problemas.
Acerca del cumplimiento de la meta de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a
nivel local, se señala que es una estrategia para beneficiar a las regiones donde se ubican las
casas de justicia en la cual se articulan esfuerzos interinstitucionales para cumplir un mismo
objetivo maximizando los recursos del Estado.
Se efectuaron 53 acciones articuladas como charlas, talleres, ferias, festivales, visitas de campo y
conversatorios, entre otras, trabajando instituciones de forma mancomunada para dar a conocer
los servicios que se brindan tanto en ellas como en las casas de justicia y los centros cívicos para
la paz., utilizando las redes sociales como un enlace efectivo para la remisión de casos,
favoreciendo la cultura de resolución alterna de conflictos.
Sobre la capacitación de 7 redes de jóvenes en el tema de trata de personas, se indica que se
impartieron en las redes de Limón, Heredia, Quepos-Parrita-Jacó, Pérez Zeledón, Desamparados,
Guanacaste, Cartago y San Carlos, beneficiando principalmente a la comunidad juvenil por medio
de talleres en los cuales se aplican técnicas de trabajo que permiten reflexionar y analizar temas
sensibles como la violación de los derechos humanos, el ejercicio de poder, así como los fines,
consecuencias, factores de riesgo y de protección y la importancia de prevenir la trata de personas.
Se logró capacitar una población de 668 personas, entre ellas 528 jóvenes y 140 adultos (198
hombres y 470 mujeres).
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En cuanto obtener un 90,0% de satisfacción de los usuarios de las casas de justicia por los
servicios brindados, se superó la meta al lograr un 97%, debido a que las acciones de coordinación
para efectuar capacitaciones, reuniones y conversatorios han dado como resultado una mayor
satisfacción. De 2.352 usuarios, 2.281 calificaron de excelente a muy bueno los servicios porque
se les brinda mayor credibilidad y confianza para utilizar los métodos de resolución alterna de
conflictos para resolver sus diferencias.
Con respecto a la meta de que el 44,0% de integrantes de la Red de Jóvenes participaran en
procesos de prevención, se logró que los 120 integrantes que se tenían planificados de las redes
de Heredia y Desamparados desarrollaran 17 proyectos preventivos propuestos por ellos en temas
como ciberbullyng, redes sociales, prevención de drogas, convivencia y ambiente. El beneficio
que obtiene la población meta consiste en que la realización de estos proyectos le permite contar
con aptitudes y técnicas de prevención y la faculta para incidir de forma positiva en la dinámica de
sus centros educativos.
El programa estima que los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados presentan
un resultado satisfactorio porque sus indicadores fueron efectivos, no obstante, a pesar del
cumplimiento de la totalidad de las metas, cada uno ejecutó un 85,7% de los recursos
presupuestados, por ende, según los rangos establecidos por DGPN para medir la efectividad, el
grado en el que deben clasificarse es “Parcialmente efectivo”.
La gestión desarrollada por Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana contribuye al
cumplimiento de la misión institucional porque por una parte se orienta a la construcción de una
cultura integral de prevención de la violencia mediante el desarrollo de proyectos que protegen a la
población en general, particularmente a la más vulnerable, como niñas, niños y adolescentes. Por
otra parte, promueve la utilización de formas alternativas a la resolución de conflictos, fomentando
una cultura de paz, labores que en ese mismo sentido, contribuyen al cumplimiento del objetivo
1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de
violencia, delincuencia y criminalidad, del PND.
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Procuraduría General de la República
Es la responsable de representar legalmente al Estado; contribuir con la legalidad del accionar
administrativo; prevenir, detectar y erradicar la corrupción en la función pública; además de la
obligación de denunciar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y personas
privadas de actos de corrupción; competencias para las cuales se establecieron 3 indicadores de
gestión que alcanzaron el cumplimiento de sus metas.
Se programó incrementar un 4,0% de personas capacitadas con respecto al año anterior, logrando
capacitar un 41,0%, pues las personas capacitadas en el 2016 fueron 2.713 y en 2017 fueron
3.837. El incremento obedece principalmente a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal
Laboral que provocó un mayor volumen de trabajo por el apoyo y la asesoría que solicitaron las
instituciones para enfrentar esta nueva disposición. En el ejercicio económico del 2017 se llevaron
a cabo 92 charlas o clases magistrales para impartir conocimientos sobre las implicaciones
jurídicas de dicha reforma, entre otros temas, con lo cual se busca que los funcionarios refuercen
los principios y valores a los cuales deben someter su accionar.
El indicador porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de
amparo se proyectó en un 90,0%, logrando un 99,9%. Las demandas de los recursos de amparo
presentados ascendieron a la suma de ¢168.783 millones y el monto de los recursos de amparo
condenados fue de ¢95 millones, lo cual representa un ahorro de ¢168.688 millones.
La representación del Estado la ejerce la Procuraduría General en las diversas jurisdicciones del
país, por lo tanto, una buena defensa ante los tribunales de justicia sobre la actuación
administrativa permite una mejor valoración del asunto que se discute ante la autoridad judicial y
eventualmente evita que se disponga una condena contra el Estado o bien se logra la reducción de
los montos condenados por la conducta irregular de la Administración Pública, que son los
resultados que se persiguen.
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Sobre la disminución del 79,0% de consultas acumuladas de períodos anteriores, se logró el
cumplimento de la meta, ya que al 31 de diciembre de 2016 quedaron pendientes 298 consultas,
de las cuales se resolvieron 235, es decir, el 100,0% de la meta estimada. No se señalan los
beneficios que recibió la población objeto.
La Procuraduría indica que los logros alcanzados en relación con los recursos ejecutados, son
satisfactorios porque a los indicadores se les dio un seguimiento adecuado a la planificación
programada para el cumplimiento de las metas respectivas, aun cuando la ejecución de los
recursos se vio afectada por las directrices de contención del gasto emitidas por el Gobierno
Central, no obstante, se hizo un esfuerzo importante para dotar a los funcionarios del equipo
necesario para el desarrollo de sus labores, donde se destacan los bienes duraderos que se
incorporaron en el presupuesto extraordinario.
La importancia de las labores que desarrolla la Procuraduría General radica en que no sólo
satisface el interés general, sino también las necesidades de los Poderes del Estado, la
Administración Pública y los habitantes del país, contribuyendo a la misión del programa en cuanto
a la asesoría que le brinda a la Sala Constitucional, la representación del Estado y el
mantenimiento y actualización del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), no
obstante, las mismas no se visualizan ni en la misión institucional ni tienen acciones vinculadas al
PND.
Administración Penitenciaria
Las acciones que lleva a cabo este programa se enfocan en el acceso a los derechos humanos
(educación, salud, alimentación, trabajo, etc.), de las personas privadas de libertad, brindándoles
durante la ejecución de la pena, condiciones que permitan mejorar su calidad de vida y prepararse
para la inclusión al medio social. Con este propósito construyó 5 indicadores de gestión, de los
cuales 4 lograron su cumplimiento.
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Se estimó que el 58,0% de la población sentenciada realizara actividades laborales, alcanzado un
66,0% (9.951 personas privadas de libertad de 15.079 de la población objeto). La superación de la
meta obedece a que se implementaron nuevas labores que permitieron la participación de un
mayor número de personas, además de que la población privada de libertad se mantiene en
crecimiento constante.
Los trabajos que ejecutan en los distintos establecimientos penitenciarios, gracias al apoyo de
empresas privadas y a la apertura de proyectos productivos e industriales que desarrolla la
institución, contribuyen a potenciar aptitudes, habilidades y destrezas de las personas privadas de
libertad, aspecto que junto al seguimiento técnico y profesional que se les brinda, les posibilita un
adecuado proceso de inserción social.
Se proyectó que un 26,0% de la población privada de libertad de los centros de Atención
Institucional y Penal Juvenil participara en actividades recreativas, logrando que 7.810 personas de
14.223 se involucraran en estos procesos, los cuales se efectúan con la colaboración de
organizaciones públicas y no estatales con el propósito de mantener el bienestar físico y mental de
las personas privadas de libertad.
La meta de ejecutar un 95,0% de los recursos financieros asignados a la Modalidad de Atención en
Comunidad obtuvo un resultado de un 75,0%, pues de ¢942 millones presupuestados se
ejecutaron ¢707 millones. El presupuesto no se ejecutó conforme lo planificado debido a una
directriz ministerial que dispuso que una parte de la población de esta modalidad se trasladara a la
de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Sobre la meta de insertar un 25,0% de la población sentenciada en procesos grupales, se señala
que el resultado que se obtuvo fue de un 31,0%, es decir 4.819 personas de 15.284, logrando
superarla debido a los esfuerzos que realiza el programa en la aplicación de valoraciones técnicas
que complementen la atención profesional de las personas privadas de libertad para promover la
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desinstitucionalización1 como una medida alternativa para atender el creciente fenómeno del uso
de la cárcel como instrumento de prevención general.
Acerca de la vinculación del 25,0% de familias de la población penal juvenil en diferentes procesos
de atención se manifiesta que se logró involucrar a 96 familias de las 82 programadas, debido a la
importancia que se le da a la intervención familiar en estas estrategias porque las personas
menores de edad se encuentran en etapa de formación, por ende, requieren de apoyo de sus
familias para facilitar la inclusión social. La reorganización de los horarios y equipos de atención
interdisciplinarios responsables de abordar de forma especializada a los jóvenes redundó en la
superación de la meta, beneficiando especialmente a aquellos que se encuentran en la fase de
egreso.
Administración Penitenciaria considera que los recursos ejecutados muestran congruencia con los
recursos asignados para el cumplimiento de metas. Asimismo, señala que los primeros se
encuentran dentro de parámetros aceptables de ejecución, permitiendo el logro de metas de
manera satisfactoria.
El aporte que brinda el programa al cumplimiento de la misión institucional es significativo por la
rectoría que ejerce el MJP en materia penitenciaria. Las acciones que ejecuta Administración
Penitenciaria se orientan a la atención integral de las personas privadas de libertad, potenciando
mayores oportunidades en beneficio de su desarrollo humano y su inserción al medio social. Se
resalta en este sentido que el modelo de atención se ha redefinido y reorientado de forma que se
constituya en un sistema de acceso a servicios y oportunidades durante la prisión y después de
ella, ajustándose a los estándares de los derechos humanos.
La reducción del hacinamiento en pro de los derechos de la población penitenciaria es la acción
que se vincula con el programa en el PND. Para su cumplimiento se han implementado estrategias
como la desinstitucionalización, la construcción de unidades de atención integral (unidades
productivas), con recursos obtenidos mediante el crédito público con el BID 2526/OC-CR, y la
1 La desinstitucionalización se refiere a la incorporación paulatina de las personas privadas de libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica.
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edificación de otras obras que se llevan a cabo a través del Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de Bienes. Estas acciones no se visualizan en la ley de presupuesto
de la República porque, en el caso de la desinstitucionalización, es un resultado que mide el
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), y los otros se encuentran en la
programación de los órganos desconcentrados responsables de ejecutarlos.
El siguiente cuadro presenta los indicadores de producto de la institución clasificados como no
efectivos:
Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, encoordinación con los gobiernos locales.
Cantidad de personas certif icadas en resolución alterna de conflictos.
Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local, comoestrategia para una convivencia pacíf ica y de cultura de paz.
Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia.
Porcentaje de satisfacción de usuarios(as) de casas de justicia por el servicio brindado.
Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos depromoción de la paz y prevención de la violencia.
Prevención y detección de la corrupción.Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupciónrespecto del periodo anterior.
Representación del Estado.Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparorespecto a los montos demandados.
Atención de consultas jurídicas. Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.
Prevención de la violencia y promoción dela paz social.
Cuadro 3.1.3.Ministerio de Justicia y Paz
Indicadores de producto no efectivosAl 31 de diciembre de 2017
Producto Indicador
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Porcentaje de personas privadas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas ydeportivas, respecto al total de población privada de libertad de los programas de AtenciónInstitucional y Penal Juvenil.
Porcentaje de recursos financieros ejecutados por el Programa de Atención en Comunidadrespecto del total de recursos presupuestarios asignados al Programa de Atención enComunidad.
Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema PenitenciarioNacional, respecto del total de población sentenciada de los programas de AtenciónInstitucional, Semi Institucional y Penal Juvenil.
Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vinculan a losdiferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución.
Atención a población penitenciaria.
Producto Indicador
Para el ejercicio económico 2017, la institución contó con las siguientes unidades de medida e
indicadores:
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA (UM) O INDICADOR (I) PROGRAMADA ALCANZADA
Persona usuaria del servicio. (UM) 14.650 34.974
Cantidad de planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.
( I ) 5 5
Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos. ( I ) 250 323
Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redessociales a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica yde cultura de paz.
( I ) 12 12
Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados aprevención de la violencia.
( I ) 7 7
Porcentaje de satisfacción de usuarios(as) de casas de justicia por el servicio brindado.
( I ) 90,0% 97,0%
Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenesparticipando en procesos de promoción de la paz y prevención de laviolencia.
( I ) 44,0% 44,0%
Cuadro 3.1.4Ministerio de Justicia y Paz
Cantidad programada y alcanzada de unidades de medida e indicadoresAl 31 de diciembre de 2017
CANTIDAD
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DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA (UM) O INDICADOR (I) PROGRAMADA ALCANZADA
Persona capacitada. (UM) 2.822 3.837
Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenirhechos de corrupción respecto del periodo anterior.
( I ) 4,0% 41,0%
Pago evitado en millones de colones. (UM) 5.301 168.688
Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución desentencias por recursos de amparo respecto a los montosdemandados.
( I ) 90,0% 99,9%
Consulta jurídica resuelta. (UM) 350 235
Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodosanteriores.
( I ) 79,0% 79,0%
Persona privada de libertad. (UM) 38.846 35.606
Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada quese vinculan a los diferentes procesos de atención, durante laejecución de la sanción penal.
( I ) 58,0% 66,0%
Porcentaje de personas privadas de libertad que ejecutan actividadesculturales, recreativas y deportivas, respecto al total de poblaciónprivada de libertad de los programas de Atención Institucional y PenalJuvenil.
( I ) 26,0% 54,9%
Porcentaje de recursos financieros ejecutados por el Programa deAtención en Comunidad respecto del total de recursospresupuestarios asignados al Programa de Atención en Comunidad.
( I ) 95,0% 75,0%
Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupalesdel Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de poblaciónsentenciada de los programas de Atención Institucional, SemiInstitucional y Penal Juvenil.
( I ) 25,0% 31,5%
Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada quese vinculan a los diferentes procesos de atención, durante laejecución de la sanción penal.
( I ) 40,0% 46,8%
Fuente: Datos suministrados por la Institución.
CANTIDAD
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4. OBSERVACIONES
4.1. La subejecución presupuestaria que presenta el MJP en el ejercicio económico del 2017
es la más elevada de los últimos 4 años, ¢16.792 millones, un 12,4% del presupuesto
autorizado. Las justificaciones de los factores que afectaron la ejecución señalan, en
algunos casos, que los precios de los bienes adquiridos fueron menores a los estimados,
que se pactaron contratos a un costo menor que el proyectado, que el plan de compras se
ejecutó satisfactoriamente y que se atendieron las necesidades planteadas por los
distintos departamentos. En relación con la programación presupuestaria, de 14
indicadores de producto, 13 alcanzaron o superaron las metas y 1 obtuvo un resultado de
un 75,0%. Es recomendable que todos los programas del MJP revisen la metodología que
están utilizando para presupuestar los gastos, pues se podría estar dando una
sobreestimación de recursos.
4.2. Se determinaron errores en el análisis financiero, tales como la inclusión de gastos en
partidas que no corresponden (mantenimiento y reparación de equipo en materiales y
suministros, así como en bienes duraderos), y la inclusión del crédito público en las
transferencias de capital del cuadro 1.1.3, a pesar de que el instructivo para completarlo
indica que no se debía considerar este concepto en el cuadro. Se le reitera al
Viceministerio de Gestión Estratégica la recomendación de que este análisis lo efectúe un
funcionario del Departamento Financiero, o bien, reforzar los conocimientos en materia
presupuestaria de la persona responsable de efectuar dicho análisis.
4.3. El MJP no ha considerado ni en 2017 ni en 2016 los recursos de la Junta Administrativa
del Registro Nacional en el apartado de las transferencias de la situación financiera. Es el
segundo año que no se ejecutan y no se dan a conocer los motivos. Se le reitera al
Viceministro de Gestión Estratégica la responsabilidad de mejorar la coordinación con los
órganos adscritos al MJP, así como la obligación de vigilar y dar seguimiento a la
ejecución de los fondos. Se le solicita que en un plazo de 5 días posteriores al recibo de
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este informe, comunique a esta Dirección General las razones por las cuales las acciones
correctivas aplicadas para evitar que la situación reincidiera no fueron efectivas.
4.4. Es importante que todos los programas utilicen de forma adecuada el decreto de
reprogramación presupuestaria para efectuar modificaciones a los elementos de
programación que se requieran, tales como ajustes en las estimaciones de metas con
base en los logros reales obtenidos el año anterior o cualquier otro dato que se requiera.
4.5. Promoción de la Paz, la Procuraduría General y Administración Penitenciaria clasificaron
la efectividad de los indicadores de gestión sin seguir los parámetros establecidos por la
DGPN en los instructivos, por lo tanto, se requiere que las personas encargadas de hacer
los informes de seguimiento y evaluación se apeguen a los requerimientos solicitados.
4.6. La codificación de los productos de la Procuraduría General es P.01.01., P.02.01. y
P.03.01. A pesar de que en el seguimiento semestral se hizo la observación, continúan
numerándolos P.01.01., P.01.02 y P.01.03. El programa debe hacer la corrección
respectiva.
4.7. El indicador P.01.03. de Promoción de la Paz tiene establecida en la ley de presupuesto
una meta de 11 casas de justicia articulando acciones con redes sociales. El centro gestor
evaluó con base en 12 casas. Se recuerda que la rendición de cuentas se debe según las
metas que se establecen en la ley de presupuesto y sus modificaciones.
4.8. Se determinaron ciertas discrepancias entre los registros de los diferentes cuadros del
informe y las justificaciones de las metas. Por ejemplo, Promoción de la Paz presenta en
las justificaciones del indicador P.01.02. personas certificadas en resolución alterna de
conflictos, un desglose cuya sumatoria es 332, pero en el cuadro 2.2. indica que la meta
alcanzada fueron 323 personas. A pesar de que otros casos fueron subsanados, se les
solicita a todos los programas verificar la precisión de los datos que se suministran con el
propósito de evitar confusiones y la demora en la confección de los informes.
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4.9. La Procuraduría General no brindó información sobre los beneficios que tuvo la población
objeto del indicador sobre la atención de consultas de años anteriores, por lo tanto, se le
solicita remitir esa información a esta Dirección General en un plazo de 3 días posteriores
al recibo de este informe.
4.10. Se pudo determinar que la cantidad de metas subestimadas del 2017 (8), disminuyó en
comparación con el 2016 (11), por lo tanto, se insta a todos los centros gestores para
continúen revisando los cálculos para las estimaciones de metas de forma que se reduzca
la subestimación.
4.11. Se le reitera a Administración Penitenciaria que debe suministrar en los informes de
seguimiento y evaluación un detalle de la cantidad de personas privadas de libertad que
se atienden en los períodos evaluados, desglosando el programa donde se ubican
(institucional, penal juvenil, comunidad, etc.), de manera que se identifique tanto la
población total como la sentenciada, para facilitar la verificación de los resultados
obtenidos. Se sugiere utilizar el siguiente modelo o uno similar para ese propósito:
Total Sentenciada
Atención institucional
Atención semi-institucional
Penal juvenil Zurkí
Adulto joven
Sanciones alternativas penal juvenil
Comunidad
Mecanismos electrónicos
Total
Tipo de centro penitenciarioPoblación penal
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4.12. Se requiere que el jerarca del MJP tome en cuenta en informes de seguimiento y
evaluación futuros las recomendaciones dadas en este apartado.
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