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Viernes 22 de Julio de 2016

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El gobierno bonaerense ratificó ayer la convocatoria a la audiencia pública para analizar el aumento de la tarifa de luz que se realizará el próximo jueves en Mar del Plata. La decisión se adoptó a raíz de que una resolución judicial suspendió el fallo de un juez platense que había ordenado reprogramar el llamado y realizar el debate en cuatro ciudades. El juez en lo Contencioso Luis Arias, ordenó suspender la audiencia pública, reprogramarla y hacerla en San Nicolás, Mar del Plata, La Plata y otra localidad a determinar. La Provincia apeló esa medida y obtuvo en las últimas horas, según detalló el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), un recurso suspensivo dictado por el juzgado en lo Contencioso de Quilmes, que está de turno en la feria judicial. Pero además, el OCEBA consideró que no está firme un fallo del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata que suspendió por tres meses la convocatoria a la misma audiencia, en el marco de otra causa promovida por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La Provincia fue en queja ante la Cámara de Apelaciones para que se otorgue efecto suspensivo a la decisión de primera instancia. “El fallo no está firme”, dicen en la Provincia. Ante esta situación judicial, “resulta menester continuar en la decisión de llevar adelante la audiencia pública prevista para el 28 de julio” en Mar del Plata, señaló el organismo. TRAMITE De esta manera, la Provincia busca cumplir con el trámite formal de la audiencia pública, un paso clave para luego aplicar el aumento de tarifas en toda la Provincia. Pese a todo, el incremento, que oscila entre un 100 y un 215%, está suspendido por varios fallos judiciales. En esa causa también intervino el juez Arias, a partir de la presentación de una entidad de usuarios y consumidores. “Previo a la entrada en vigencia de un nuevo régimen tarifario para un servicio público esencial y monopólico, se requiere insoslayablemente la realización de una audiencia pública, que permita el conocimiento e información adecuada por parte de los usuarios afectados, de modo de conocer si la tarifa propuesta por el concesionario es justa y razonable y, en su caso, poder ejercer los reclamos administrativos o judiciales pertinentes, por cuanto no se puede impugnar aquello que se desconoce”, sostuvo el magistrado al dictar la medida que frenó el aumento. Ahora la Provincia busca celebrar la audiencia pública y desanudar el conflicto judicial que frena el ajuste tarifario. Ayer fuentes del OCEBA dijeron a este diario que “seguimos con los preparativos de la audiencia pública. Ya hay 150 inscriptos, entre ellos intendentes, legisladores y concejales”. Y si bien reconocieron que está pendiente la resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata en la demanda promovida por la CTA, consideraron que el fallo no está firme y que, por lo tanto, la audiencia pública se puede realizar.

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EDELAP EN DEUDA Martina Hermida puntualiza: “Los copropietarios del edificio ubicado en 2 entre 67 y 68 ya no saben que más hacer para que sus reclamos sean atendidos respecto de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica (NIS 3264915-05) Desde 2011, cuando se solicitó la colocación de los medidores individuales, Edelap se encuentra incumpliendo sus obligaciones ya que el edificio aún cuenta con la denominada luz de obra, como muchos otros edificios de la Ciudad. Se han efectuado numerosos reclamos ante la empresa y ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) sin que se haya ofrecido solución alguna. Reclamo Nº 1837945/5 en Edelap con fecha 5/1/16. Reclamos por escrito presentados en Edelap y Oceba con expediente Nº 1837945/5 presentados en junio. A todos los padecimientos constantes (dificultades para el funcionamiento de los equipos de calefacción y aire acondicionado, constantes cortes del servicio de t.v. por cable e internet por afectarse una de las fases del suministro, picos de alta y baja tensión con la consecuente avería de artefactos eléctricos) se ha sumado una baja en la tensión que impide el funcionamiento del ascensor. Esta nueva situación ha traído aparejados más inconvenientes a sus habitantes pues allí conviven personas mayores, bebés, niños pequeños e incluso personas impedidas de utilizar las escaleras. ¿Hasta cuándo debemos soportar y padecer las demoras en la realización de la obra necesaria que posibilite la colocación de los medidores individuales y la regularización en la prestación del servicio con la tensión comprometida? ¿Será que resulta necesario recordarles a las autoridades que Edelap asumió la obligación de “…satisfacer toda demanda de suministro del servicio público en el área, atendiendo todo nuevo requerimiento, ya sea que se trate de un aumento de la capacidad de suministro o de una nueva solicitud de servicio.”; y que para el caso en que dicha obligación resulte incumplida las normas prevén la aplicación de sanciones de carácter pecuniario? ¿Acaso han olvidado que el acceso a la energía eléctrica es considerado un derecho esencial y que está en juego directamente la salud de la población…? ¿Son conscientes de su responsabilidad por los daños y perjuicios que están provocando? ¿Los organismos de control, miran para otro lado?

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El bloque de Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria (FpV) exigió hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal la "total implementación de la Ley de Boleto Educativo", al considerar que "no se deben hacer ensayos ni pruebas piloto". "No nos conformamos con una implementación parcial de la Ley de Boleto Educativo, que deja por fuera a cientos de miles de estudiantes del conurbano y del interior, quienes en muchos casos deben trasladarse a otras ciudades. Entendemos que hay condiciones para aplicar la totalidad de la ley, no para hacer ensayos con pruebas piloto", expresó el bloque en un comunicado. Además, los legisladores aseguraron que seguirán "organizados junto al movimiento estudiantil, hasta que se cumpla la ley. Incluyendo a los terciarios, los universitarios y los estudiantes de todos los niveles y modalidades que se movilicen a estudiar en cada uno de los 135 distritos". "La actual situación social y económica, severamente dañada por el aumento del desempleo, los tarifazos en los servicios y el aumento en el transporte, provocan una situación alarmante en la mayoría de los hogares bonaerenses", concluyeron.

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Bahía Transporte Sapem (BTS) informó hoy a La Nueva. que salvo que surja algún aporte provincial o mecanismo compensatorio municipal, no resultará posible implementar en la ciudad el boleto estudiantil gratuito. "Según nuestros estudios de costos sería necesario aumentar en 15.000.000 de pesos la recaudación anual para posibilitar esa situación sin afectar la sustentabilidad del sistema", explicó el exgerente de BTS y actual asesor externo de la compañía, Adrián Saschrgorodsky. De acuerdo a estudios a los que tuvo acceso este diario, BTS estimó para 2016 la venta de 2.000.000 de viajes para los alumnos primarios y secundarios, con un descuento del 50 % en la tarifa y de 1,6 millones para terciarios y universitarios, con una bonificación del 40 %. Esa quita en el precio supone un ingreso anual en menos de 30.000.000 de pesos al sistema, los cuales son compensados actualmente con dinero proveniente del Fondo Educativo. Plantear un boleto gratuito exigiría generar otros 15.000.000 de pesos. Según fuentes de BTS, especulan con al menos 3 posibilidades: asignar más recursos del Fondo Educativo, aumentar el valor del boleto -de modo que todos los usuarios compensen la baja- o recurrir al presupuesto municipal (subsidios), por lo que todos los contribuyentes estarían soportando la gratuidad. Las otras alternativas suponen aportes de la provincia, algo que por ahora no se planteó desde la gobernación. Desde BTS explican que "no será simple" instrumentar el boleto gratuito y que, en el mejor de los escenarios, es algo que podría pensarse para 2017. Por qué no es gratis en Bahía El boleto gratuito anunciado ayer por Vidal no alcanza a las líneas urbanas locales ya que refiere "a usuarios del transporte provincial, en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos". La medida beneficiará a 4.000.000 de estudiantes que usan las 300 líneas provinciales que operan en el conurbano bonaerense, además de las existentes en algunas ciudades del interior, por caso La Plata y Mar del Plata. En el caso de Bahía Blanca no existen líneas de ese carácter -salvo la 319 a Punta Alta-, con lo cual pensar en la gratuidad del boleto exigirá generar recursos que compensen la baja de ese ingreso a las empresas.

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Por obras efectuadas en la red de agua corriente, en algunos barrios de Berisso y Ensenada se advirtió baja presión y huibieron familias, ayer, que recibieron, durante unas horas, menos caudal de suinistro en sus domiclios. Según señaló Absa a través de un comunicado, la empresa ejecutó tareas de reparación en un tramo de una cañería, sobre las calles Almafuerte y Curva Baradero, de Ensenada. El ducto quedó reparado en las primeras horas de la tarde, cuando se retomó el bombeo habitual hacia las ciudades de Berisso y Ensenada. “Aquellos vecinos que se encuentran conectados a la red podrían haber observado baja presión como consecuencia del detenimiento del bombeo para la ejecución de los trabajos, mientras que aquellos usuarios con tanque de reserva domiciliario no se vieron afectados”, se indicó. Por otra parte, Absa informó que realizó el arreglo de una conexión domiciliaria que generaba una importante pérdida, en la calle 60 entre 152 y 153, y que en el lugar también fueron reparadas otras dos conexiones de domicilios particulares que se encontraban averiadas.

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El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, apoyó la medida de la gobernadora María Eugenia Vidal de estatizar las rutas 2 y 11. “Celebro y apoyo la decisión tomada por María Eugenia, porque es a favor de los millones de argentinos que transitan estas rutas”, expresó. Etchevarren recordó que “vengo peleando en soledad por el cobro de los peajes, desde cuando era concejal y nunca encontré eco para llevar adelante una acción conjunta”. A su vez, criticó la gestión de las diversas empresas que se han hecho cargo de las concesiones de las rutas: “han recaudado mucho y no han invertido casi nada”. “El estado de la ruta 2 deja mucho que desear y en la 11 no se continuó la doble mano que tanta falta hace para que la gente no se accidente”, sostuvo el jefe comunal. Además señaló que la prioridad en la zona es “la doble mano desde Tordillo a San Clemente del Tuyú y de Tordillo a Madariaga” e indicó que “no tengo dudas que se harán es esta vez”. Etchevarren viene sosteniendo desde tiempo atrás la idea de que las rutas que conducen a la costa sean administradas por un consorcio integrado por los municipios que atraviesan, que se harían cargo del cobro de peajes y la inversión de ese dinero en su mantenimiento. Sin embargo, esto está lejos de la intención de la gestión Vidal que, de acuerdo con lo informado, propone que las rutas 2 y 11, actualmente a cargo de la empresa Autovía del Mar, pasen a la estatal Aubasa. De todos modos, Etchevarren, una de las espadas de Cambiemos en la zona, insistió en su apoyo a la medida al señalar que “las autopistas favorecen la llegada de turistas a la costa, los que deben pasar por Dolores, lo que posibilitaría que ingresen al Parque Termal y conozcan los atractivos que ofrece nuestra ciudad”.

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Para ponerle un freno a los ataques con piedras que reciben frecuentemente los vehículos que circulan por la autopista La Plata - Buenos Aires, la empresa Aubasa retomó esta semana la colocación de vallas antivandálicas en sectores críticos de la traza. Según explicaron desde la gerenciadora de la autovía que une nuestra ciudad con la capital federal, se trata de “mallas de contención” con las que se busca avanzar en una solución a los continuos ataques a pedradas que sufren los automovilistas. Los conductores que ayer circulaban a la altura del km 6,5 en sentido a La Plata se sorprendieron al observar a los operarios instalando estas “barreras” con las que se apunta a evitar accidentes como resultado de las piedras que lanzan vándalos desde los márgenes de la traza. Voceros de Aubasa señalaron que se trata de una “estructura de red antigranizo de poliester”, una media sombra reforzada de 5 hilos de material plástico”. Se aclaró que las primeras tres mallas para proteger a los usuarios habían sido colocadas por la anterior gestión: una en el peaje de Dock Sud, mano a La Plata; y otras dos a la altura de la salida de Quilmes, una en cada sentido. Ahora, como se dijo, están colocando una en el km 6,5 y otras en el tramo que va del km 18 al 20, aunque se aclaró que “no va entera, sino en tres tramos cortos”. Desde la empresa también remarcaron que la malla no dificulta la visión de los automovilistas hacia los costados. También aseguraron que se “reforzó la presencia de puestos fijos de vigilancia policial”. HISTORIA REPETIDA Este tipo de agresiones no son nuevas. Como ha venido informando EL DIA, en los últimos meses, a lo largo de los 55 kilómetros de la traza La Plata - Buenos Aires, se han venido registrando numerosos episodios violentos con piedras, algunos de los cuales han tenido consecuencias dramáticas, pues en más de una ocasión los ataques terminaron con conductores, acompañantes o pasajeros alcanzados por los proyectiles y lesionados. Los tramos más complicados son los de Avellaneda, Quilmes y la bajada en nuestra Ciudad. Precisamente, apuntaron, en esos sectores se avanzaría en el mediano plazo con la instalación de nuevas vallas. En la mayoría de los casos se trata de ataques cometidos por menores que luego huyen. En otros, por delincuentes que buscan que los automovilistas frenen para robarles.

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Con una espesa neblina posándose sobre la ruta 36, tres vehículos participaron en las primeras horas de ayer de una fuerte colisión que dejó como saldo a un hombre de 60 años con lesiones que motivaron su traslado a un hospital. Fuentes policiales indicaron que este accidente de tránsito se produjo a la altura del kilómetro 48 de esa autovía. En ese lugar, por razones que son materia de investigación, alrededor de las seis y cuarto de la mañana impactaron entre sí un Renault 19 rojo, una camioneta Renault Traffic, y un camión Volkswagen modelo 17210.

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AL SAN ROQUE Los peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena del accidente para esclarecer cómo fue la secuencia que lo originó, pero antes de eso arribaron al lugar patrulleros del Comando alertados por llamados al 911. Lo primero que notaron fue que uno de los conductores estaba herido y necesitaba asistencia. Convocaron de inmediato a una ambulancia, que arribó un rato más tarde y condujo a quien estaba al volante del Renault 19, Jorge Omar Rojas, de 60 años, al hospital San Roque, de Gonnet. Por su parte, el conductor de la camioneta Traffic, Alberto Andrés Parada, de 42 años, y el chofer del camión, Oscar Eduardo Urdiroz, de 34 años, apenas sufrieron algunos golpes, según se indicó oficialmente. Los mismos voceros detallaron que Rojas está domiciliado en Florencio Varela. Pero al cierre de esta edición no había información precisa acerca de la gravedad de sus lesiones. Cabe señalar que efectivos del Comando de Patrullas realizaron un operativo para ordenar el caos de tránsito que provocó el triple choque y preservar la escena a la espera de que llegara personal de la Policía Científica. En la comisaría de Abasto se instruyeron actuaciones por “lesiones culposas”, con la intervención de la UFI Nº 14, a cargo de María Scarpino, y al Juzgado de Garantías Nº 4, de Juan Pablo Masi.

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Una mujer de 25 años murió y otras 5 personas resultaron heridas esta mañana tras un accidente de tránsito en la ruta 88 que une a Necochea con Mar del Plata. El accidente ocurrió a las 7:30 cuando 2 autos chocaron de frente en el sector conocido como el curvón del paraje San José. La víctima fatal, oriunda de Quequén, fue identificada como Valeria Vázquez que viajaba en un Chevrolet Corsa junto a otras 6 personas, entre ellos 3 menores. Según se indicó oficialmente, uno de las cubiertas del auto reventó, hizo que cruzara el carril e impacte de frente contra una camioneta Renault Duster donde viajaba una familia de Miramar de apellido Huber. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Miramar y los niños al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Los ocupantes del otro automóvil no sufrieron lesiones de consideración.

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El operario que falleció este jueves en la ruta 88, a la altura de El Boquerón, falleció mientras intentaba limpiar una máquina terminadora de asfalto. Blas Eduardo Centurión Fernández (29) se desempeñaba para la empresa Pose en tareas de bacheo y alcantarillado en la ruta, informaron fuentes del sector a LA CAPITAL. “A se tipo de máquinas se les ensucia la pala que hace el alisado del asfalto y por lo general, para limpiarla, los que la manejan van a una fosa o a una alcantarilla para poderse meter abajo. Este muchacho la calzó con una piedra, pero cedió y lo aplastó”, agregaron las fuentes. Hacía un año y medio que Centurión Fernández conducía esa terminadora de asfalto. En el momento del accidente, estaba acompañado por un compañero. “Aparentemente, lo dejó para que le tuviera la palanca. Fue una falla humana”, apuntaron.

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Los gremios bonaerenses de docentes, estatales, médicos y judiciales preparan una ofensiva para reclamar mejoras laborales y la reapertura de la mesa paritaria, luego que finalicen las vacaciones de invierno. Si bien el gobierno de María Eugenia Vidal logró un acuerdo parcial con un sector de sindicatos de empleados de la administración pública, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el primer lunes de agosto. Esa huelga afectaría el retorno de las clases en la provincia de Buenos Aires, debido a que el sindicato tiene entre sus afiliados a más de 24.500 porteros, cocineros y auxiliares docentes que se sumarán a la medida. "Está claro que el paro afectará directamente el comienzo de las clases porque no habrá limpieza en las escuelas, los portero no abrirán las puertas de los colegios y las cocineras no podrán preparar la comida para los comedores escolares. Nosotros pedimos que en la segunda parte del año se abra una nueva instancia de negociación y el sueldo de los estatales pase de $ 9300 a $ 12.000. Es una mejora que se ajusta al índice inflacionario del 42% que estimó el mismo [ministro de Economía Alfonso] Prat-Gay", dijo a LA NACION, Oscar de Isasi, secretario general de ATE. Por su parte, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) también reclamó una mejora en el salario docente, con un piso de $ 12.000, y anunció que analizan lanzar una serie de medidas de fuerza si no escuchan los reclamos. "El gobierno de Vidal se comprometió a reabrir las paritarias si crecía la inflación proyectada. Cuando se cerró el acuerdo era del 25 %, y ahora estamos en el 42 %", dijo el secretario general de Udocba, Miguel Ángel Díaz. Y disparó: "Los docentes bonaerenses están a $ 3000 de diferencia para llegar a ser pobres". El Suteba estimó que el salario de los docentes quedará 15 puntos debajo de la inflación estimada. "Nosotros tomamos el cálculo realizado por el Instituto de Entidades de Trabajo, que estimó que la inflación interanual en mayo fue del 44 por ciento. Por eso esperamos que la instancia de dialogo se abra para poder comenzar hablar sobre una actualización", dijo Roberto Baradel secretario general de Suteba. Un vocero de la Gobernación dijo a este diario que por el momento las paritarias están cerradas y no se prevén reabrirlas. "El diálogo nunca se cortó, sigue estando intacto. Hay reuniones de la mesa técnica. Allí, se discuten temas escolares, de infraestructura, higiene, etc. Pero que quede bien claro que no hay negociaciones por incremento salarial", dijo la fuente cercana a Vidal. La médicos de la Cicop adelantaron que el vienes de la semana próxima se discutirán en asambleas las medidas para continuar con los reclamos salariales. "Es probable que se decida sumarse al paro del 1° de agosto de los empleados estatales. Nosotros queremos un aumento del 15%; no puede ser que un médico hoy cobre $ 15.000", dijo Guillermo Pacagnini, secretario general. Los judiciales conservarán la cautela, ya que fueron convocados para el 3 de agosto. "Nosotros tenemos la mesa paritaria abierta y todo dependerá de lo que se decida en el primer encuentro", dijo Pablo Abramovich, del Sindicato bonaerense de Judiciales.

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La Cámara de Apelaciones resolverá hoy o la semana entrante si un imputado estrechamente vinculado a la conducción de UPCN seguirá tras las rejas hasta que sea sometido a juicio. Está acusado de falsificar y cobrar cheques a través de una “cueva” financiera relacionada con Carlos Zannini La sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata decidirá, entre mañana y la semana próxima, si le concede la libertad a Waldo Edgardo Vera, exempleado administrativo de IOMA, sindicado como uno de los ejecutores de una operatoria millonaria para falsificar cheques y cobrarlos a través de una cueva financiera de Capital Federal. Vera estaría estrechamente vinculado con el secretario general de UPCN, Teodoro Carlos Quintana (ver aparte). Según pudo saber Hoy, el abogado del imputado presentó un recurso de apelación ante la Cámara, luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, le dictara la prisión preventiva. El exempleado de la obra social había sido detenido el 10 de mayo por la DDI de La Plata por pedido de la fiscalía de Delitos Complejos. En caso de que los camaristas ratifiquen la prisión preventiva, Vera deberá esperar el juicio en una unidad penal, donde ya se encuentra, por el delito de “peculado” -es decir, malversación de fondos públicos-, por falsificar y quedarse, al menos, con dos cheques de $870.000, aunque tenía planeado cobrar un monto superior a los $6 millones. Según la Asociación de Profesionales del IOMA, comandada por Idelmar Seillant, “Waldo Vera forma parte de las filas de UPCN y nosotros acusamos por la falsificación de cheques y el cobro de peajes dentro de la obra social. Él es solo una parte del entramado. Por encima, estaban Alejandro Fernández, ex Director General de Administración (DGA), y Bernardo Rodríguez, exdirector de Finanzas del IOMA, que reportaban directamente a La Scaleia”. Según pudo saber Hoy, Rodríguez fue pasado a la planta permanente de personal del Instituto a través de la resolución Nº 2468 firmada por el entonces presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, el 4 de diciembre pasado, a las 16. Es decir, menos de una semana antes del cambio de gobierno. Esta resolución también favoreció a otros funcionarios denunciados como Ana Paula Ruggiero, exdirectora general de Regiones. Las actuales autoridades de IOMA habrían dado de baja el pase a planta de estos exfuncionarios, pero se encontraron con que Rodríguez consiguió una medida a su favor de un Juzgado de Mar del Plata para no ser desplazado. Es decir, sigue formando parte del Instituto pese a que formó parte de una gestión que cosechó múltiples denuncias penales por el vaciamiento y el saqueo orquestado en la obra social. Vera no es el único imputado en la causa que se investiga en Delitos Complejos. Junto a él figuran otros cuatro sujetos, todos ellos acusados de participación y encubrimiento. Se trata de Leandro Rodolfo Pulvirenti, Leonardo Alberto Araujo, Sergio Hernán Godoy y Juan Carlos Moreira. A principios de mayo, la Justicia local ordenó una serie de detenciones, luego de que efectivos de la DDI y de la fiscalía rastrearan los teléfonos de los acusados. Según el relato del fiscal, el 16 de abril último se depósito uno de los cheques, el cual se acreditó recién al día siguiente. Una vez que el Banco Nación lo acreditaba, la cueva financiera Propyme le pagaba al proveedor del mismo, en este caso Vera.

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El titular de Propyme es Guillermo Greppi, quien se hizo tristemente célebre en el año 2014 cuando, a través de la intervención de Carlos Liussi, la mano derecha de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, logró frenar un allanamiento en su local de Capital Federal que había sido ordenado por el polémico juez Norberto Oyarbide. El magistrado, que se jubiló en el mes de abril, acató las ordenes de la Casa Rosada, que tenía como máxima autoridad a Cristina Kirchner. Cabe recordar que Zannini, además de ser considerado como uno de los principales operadores judiciales de CFK, fue el compañero de fórmula de Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales. Los investigadores detectaron, en el segundo cobro, y a través de las antenas de los celulares, que hubo movimientos los días 22 y 23 de abril. A las 12 del 22, Vera estaba en la sede de IOMA y, un par de horas después, la celda (antena) se activó en la sede del Banco Nación de Avenida de Mayo. Eso no es todo: Vera tenía otros cuatro cheques sustraídos de IOMA para ser cobrados, pero no llegó a hacerlo a raíz de la investigación. El total de los mismos superaba los $6 millones. Ese dinero estaba destinado, en realidad, a la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Mar del Plata, a la cual la obra médico asistencial le pagaba por sus servicios. La plata nunca llegó a la asociación. Vera y Araujo se encargaban de realizar una maniobra a través de la financiera Propyme para poder cobrar ese dinero. En paralelo, por esos días, la “cueva” había sido allanada por orden de la Justicia nacional, así como la casa del financista Greppi, donde se encontraron 1.600.000 dólares y dos millones de pesos. Los imputados Waldo Vera (40) y el resto de los acusados no solo se dedicaban a la falsificación y cobro de cheques de IOMA, sino que, además, tienen actividades empresariales en la Provincia de Buenos Aires. Waldo figuró como empleado de esa obra social desde junio de 2013 hasta abril de 2016, y está domiciliado en La Plata. Estaría vinculado a la conducción del gremio UPCN, que participa en el directorio de la obra social a través de Luis Pérez (vocal). A su vez, varios exfuncionarios vinculados a Carlos Quintana ocuparon direcciones estratégicas del instituto durante la presidencia del sciolista La Scaleia y actualmente se encuentran involucrados en cerca de veinte denuncias penales presentadas por profesionales del IOMA. Alberto Araujo es hijo de un empresario que vive en un exclusivo country ubicado en la localidad de Canning. Se dedica al transporte urbano de carga y tiene, al menos, tres cheques rechazados en 2011 por falta de fondos. Juan Carlos Moreira (52) fue detenido a mediados de mayo por la DDI de La Plata en la ciudad balnearia de Pinamar, luego de estar prófugo. Se trata de un empresario bonaerense, vinculado al transporte (combis y empresas de colectivos), cuya actividad comenzó a desarrollar un año antes de ser aprehendido. Leandro Rodolfo Pulvirenti (39) también está acusado de participar de las maniobras. Se dedica a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.

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Tras la entrada al Gabinete de María Eugenia Vidal del peronista Joaquín de la Torre, los aliados radicales del PRO dentro de Cambiemos hicieron sentir su enojo por el “poco espacio” que se les brinda en el gobierno bonaerense. El principal estandarte en esta batalla silenciosa es el diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien intenta desde su sector interno encabezar una “mini rebelión” interna en contra de sus socios en la alianza gobernante. Ayer, el vicegobernador Daniel Salvador, un hombre que proviene de la UCR, salió a contestarle al hijo del expresidente, y defendió fuertemente el accionar que viene llevando adelante la mandataria provincial. “Tenemos una oportunidad histórica en la Provincia con una gobernadora que no tiene ningún compromiso con el pasado, ni con estructuras anteriores”, señaló el dirigente radical. Para el vicegobernador, desde el centenario partido “hay que dar señales claras de que hay una voluntad política que no se va a modificar”, y que todas las reformas “que se están llevando adelante tienen que ver con la transparencia, con las modificaciones en estructuras orgánicas”. Salvador remató que la unidad partidaria “debe ser el motivo central para acabar con cualquier resquemor interno que pueda haber por motivos mezquinos como cargos políticos. La decisión del gobierno es contar como corresponde con gente honesta y con capacidad, y desde la UCR acompañaremos en ese sentido”.

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Fue uno de los ejes de la campaña electoral de la gobernadora María Eugenia Vidal del año pasado. Y en menos de dos meses, comenzará a hacerse realidad en la Provincia. Según se anunció ayer, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) empezará en ese plazo a funcionar en unos 11 distritos del Conurbano. Será el puntapié inicial de un plan que contempla extender el servicio a otros municipios, entre los que estarían La Plata, Berisso y Brandsen. Así lo anunció ayer la ministra de Salud de la Provincia Zulma Ortiz, quien hoy mantendrá reuniones con intendentes del Gran Buenos Aires para definir el radio de acción que tendrá el SAME bonaerense. Tras afirmar que el sistema estará en marcha “seguramente en los próximos 60 días”, Ortiz destacó que la cartera está “en etapa de concretar con los 11 municipios que probablemente van a comenzar este año”. El SAME es un servicio que funciona hace 20 años en el territorio porteño y que cubre situaciones con víctimas múltiples. Durante la campaña electoral del año pasado, Vidal había adelantado su decisión de trasladarlo a la Provincia si accedía a la Gobernación. La decisión, según trascendió ayer, es comenzar la implementación en 11 municipios del Área Metropolitana aunque todavía no está definido cuáles serán. “Nos vamos a ir reuniendo con intendentes. En estos días voy a estar en Lanús, en Morón. Estamos en etapa de definiciones y la idea es que en las próximas dos semanas la gobernadora Vidal pueda anunciar cuáles serán los municipios en donde comenzará a funcionar el servicio”, explicó Ortiz a EL DIA. La propuesta fue presentada a un gran número de intendentes, algunos de los cuales ya manifestaron la decisión de avanzar con la puesta en marcha del sistema de emergencias en sus distritos. En esa lista, explicó la titular de la cartera sanitaria, está La Plata, Berisso y Brandsen, entre otros. El esquema sobre el que se viene trabajando contempla aportes de las dos partes. “La Provincia tiene hecho el proceso licitatorio para las ambulancias, el equipo de comunicación y se le otorgará un subsidio a los municipios para que se pueda contratar el recurso humano. Los municipios se encargarán de la selección del personal y luego de la capacitación”, explicó Ortiz. El mes pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal comenzó este proceso para instalar el SAME, un servicio que tendrá un alto costo para el gobierno, y por eso se dará de manera gradual, empezando por comunas del Conurbano. Ya se llamó a licitación para comprar 140 ambulancias –por 196 millones de pesos- que serán enviadas a los municipios. En el esquema de transición que diseñó la Provincia hasta que funcione plenamente el servicio, un equipo del SAME de Ciudad de Buenos Aires, con su director, Alberto Crescenti, capacitará al personal que se desempeñará. Al mismo tiempo, durante el primer año de funcionamiento la Provincia solventará la compra de los equipos técnicos y también pagarán los recursos humanos, aunque a partir del segundo año, la idea es que esa erogación la hagan las comunas.

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El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, es uno de los dirigentes codiciados por Cambiemos. El macrismo procura ampliar su presencia territorial en especial en el Conurbano, con la mira puesta en robustecer sus chances electorales de cara al año electoral que se avecina, y el nombre de Ishii aparece en el radar del PRO. Ayer, el mandatario municipal habló sobre su relación con los gobiernos de Cambiemos, y si bien aludió a algunas diferencias ideológicas, se mostró dispuesto a colaborar. “Hay que ayudar a que se pueda gobernar, primero está la Patria”, razonó el intendente. Ishii criticó la manera en la que se produjeron los aumentos de tarifas -“fueron excesivos”, señaló-, pero consideró que hay que trabajar de manera mancomunada con la Nación y la Provincia. “Como intendente tengo la obligación y el gusto de recibir a las autoridades nacionales y provinciales, necesito que a ellos les vaya bien para que me vaya bien a mí”, dijo. En esa sintonía, prosiguió: “Si a ellos no les va bien, no nos bajan fondos al distrito y tenemos problemas. Hay que ayudar a que se pueda gobernar y que el país siga adelante, primero está la Patria. Tenemos que hacer que las instituciones y la democracia se respeten en este país”. Finalmente, ponderó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y la contrapuso con la de Daniel Scioli. “Cumple a rajatabla la coparticipación y me atiende el teléfono, cosa que con Scioli no pasaba, era lamentable, no había comunicación y estaban en otra cosa”, concluyó.

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PONEN LA LUPA SOBRE LOS GASTOS DE UN EX INTENDENTE La interna del Frente para la Victoria bonaerense fue pírrica en 2015. Aníbal Fernández se quedó con la candidatura para la Gobernación, con el resultado final conocido. Pero en el camino hubo una pelea feroz con Fernando Espinoza, entonces intendente de La Matanza, que también buscaba la sucesión de Daniel Scioli. Ambos dirigentes pusieron muchos recursos en esa contienda, que incluyó denuncias cruzadas con temas tan delicados como el narcotráfico. Casi un año después de aquella elección primaria, el enfrentamiento vuelve a la palestra porque el Tribunal de Cuentas bonaerense aceptó evaluar la rendición de cuentas que dejó Espinoza antes de terminar su mandato en el distrito más grande de la Provincia. La denuncia fue promovida por el concejal massista Fernando Asencio, quien puso la lupa sobre un presunto desvío de fondos en el programa Centro Ambiental de Reconversión Energética, que tenía por objetivo abordar los problemas del CEAMSE. “Para eso les giraban 100 millones de pesos (desde el Ministerio de Planificación de Julio de Vido) y sólo hay un galpón en desuso. Todo con comprobantes truchos”, denunció el edil sobre la gestión de Espinoza, quien preside el PJ provincial y sigue teniendo poder en La Matanza. NO QUIERE QUE LE CEDAN LA POLICÍA Parece que no todos los intendentes están de acuerdo con el traspaso de las policías locales a la órbita de los municipios, como propuso un grupo de alcaldes del PJ encabezado por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). Uno de los que ayer sumó su descontento con esa alternativa es el jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti, quien advirtió que “en medio de una inflación del 40% y con la economía en recesión, no se deben incorporar más gastos a los castigados municipios”. El intendente del distrito del norte del Conurbano aprovechó también la oportunidad para mandar un mensaje a la gobernadora Vidal: “La Provincia heredó un déficit en sus cuentas que no ha solucionado y una deuda con San Fernando que aún no pagó, por lo que el traspaso de la Policía es una medida inoportuna”, aseguró.

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El presidente Mauricio Macri respaldó anoche, una vez más, al ministro de Energía Juan José Aranguren, al sostener que "no es justo" culpar a Aranguren por los tarifazos, ya que "estamos matando al mensajero". Y agregó: "Si Argentina hubiese tenido un ministro" como el ex CEO de Shell en los últimos diez años, "hoy estaríamos exportando energía". En ese sentido, Macri dijo que "la triste realidad es que tuvimos un modelo energético basado en la mentira que nos dejó sin energía", señaló y apuntó contra la gestión de Cristina Kirchner: "Mintieron. Generaron un negocio de importación de gas donde se ve que había una 'pichincha' para varios". En una entrevista que el jefe del Estado le concedió ayer al programa "Animales sueltos", que conduce Alejandro Fantino, subrayó que "Argentina exportaba energía a Chile, Uruguay, y pasó a depender de todo el mundo". En ese sentido, Macri dijo que el país "tenía energía de sobra" y consideró "una mentira" del kirchnerismo que comenzó a faltar por el crecimiento económico. Con relación al malestar que generó el aumento de tarifas en la sociedad, el mandatario expresó que "entiendo a los que están enojados", pero reiteró que "si hubiese tenido alguna alternativa, la hubiese tomado, pero en ningún país del mundo te subsidian la energía, porque es malo, es contaminante", e insistió en cuanto a los hábitos de consumo que "no estamos entendiendo la gravedad de lo que nos pasa". El kirchnerismo y la Justicia En otro tramo de la entrevista, Macri negó que su gobierno esté enfrascado en una "persecución" hacia el kirchnerismo, al afirmar que "no invierto ni un minuto de mi tiempo" en eso. "Le digo al kirchnerismo: No invierto ni un minuto de mi tiempo en lo que ellos llaman persecución. Lo que le cambia la vida a la Argentina es el mensaje de que se acabó la impunidad", sostuvo el Presidente. "Es tanta la tarea, el entusiasmo. La energía se pone en perseguir el pasado o construir el futuro. Y yo la energía la puse sobre el futuro", remarcó el mandatario. Tras advertir que "se equivocan aquellos que se enfrascan en una pelea con el kirchnerismo", Macri dijo que "la Justicia tiene que velar porque no haya impunidad, ni para atrás ni para adelante". Al tiempo que sostuvo que"no hay que querer manipular a la Justicia, ni por las malas razones ni por las buenas razones". La inflación El presidente prometió anoche que la inflación, el año próximo, "va a estar por debajo del 20 por ciento". En este sentido, el líder de Cambiemos admitió que, aunque más baja que la actual, la inflación entonces será "altísima todavía", ya que "todo el mundo tiene menos del 5 por ciento", y "tenemos que ir a ese lugar, y lo vamos a lograr", aseveró. El jefe del Estado, sostuvo que "la inflación es responsabilidad primaria del gobierno" y reiteró su promesa de que "va a ir bajando lentamente en el segundo semestre", hasta llegar "el año que viene a estar por debajo del 20 por ciento".

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El futuro del aumento en las tarifas de gas está en manos de un juzgado platense, cuyas decisiones siguen desacomodando al Gobierno. El lunes, en el Poder Ejecutivo celebraron que la sala II de la Cámara Federal -la única con un fallo judicial en vigencia- aceptara tratar una apelación del Gobierno durante estos días de feria. Pero ayer observaron con sorpresa que la misma cámara pidió que le giraran las 46 causas de amparos existentes referidas a subas de gas. En el Gobierno creen que la concentración de esos 46 amparos -con medidas cautelares- le correspondía al juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por María Alejandra Biotti. Es más, cuando la sala II de La Plata prohibió los aumentos de gas en todo el país, lo consideraron "desprolijo", porque entendían que el tribunal platense se estaba metiendo en una jurisdicción que no le correspondía, ya que todos los amparos deben estar bajo la órbita del juzgado de Buenos Aires, según los abogados oficiales. El Poder Ejecutivo espera que el tribunal platense les conceda un "recurso" para que la cuestión tarifaria sea tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia. Se estima que la decisión sobre ese tema se conocerá entre martes y miércoles de la semana que viene. Si obtiene el buscado "recurso", el Gobierno creía estar encaminado para aplicar el aumento de 400% a los hogares y 500% en los comercios con respecto a sus facturas del año pasado. Sin embargo, ayer, aún sin que se haya resuelto esa cuestión, una fiscal presentó una cautelar para impedir ese posible incremento. En el sector privado, que está paralizado y sin ingresos porque no están cobrando, graficaban la situación de la siguiente manera. "Hasta ayer, el Gobierno creía que el tribunal de La Plata les iba a decir 'tienen razón, que esto vaya a la Corte'. Ahora, se ven venir un escenario más de 'si, tienen razón, pero...", graficaba un abogado que sigue la cuestión para una compañía. " Y en ese 'pero' podrían haber más obstáculos en el camino del Gobierno que necesita que el aumento avance de alguna manera", agregó el mismo asesor legal. La Corte Suprema de Justicia todavía no tomó la causa referida a tarifas, pero le estuvo pidiendo información al Gobierno para ir estudiándola. Los abogados del ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro están trabajando para notificar al máximo tribunal sobre la situación de los 46 amparos presentados, ya que se encontraban en distintas instancias. Antes de la prohibición de aplicar aumentos, había amparos en 7 provincias que impedían la aplicación de incrementos. En el Gobierno creían que esas medidas quedaban "abstractas", ya que se referían a las resoluciones de los aumentos que no están más vigentes. El ministerio de Energía modificó las subas, con la publicación de otra resolución durante el martes de la semana pasada. Allí también informó que realizará audiencias públicas. En distintos estamentos del Gobierno había confianza sobre los pasos que iba a dar la cámara platense. Pensaban que le daría la razón al Poder Ejecutivo y traspasaría la causa a la Corte Suprema. Pero ayer volvieron a crecer las dudas. No estaban claras las razones por las que la Cámara volvía a meter las cautelares provinciales en el pleito. El lunes, cuando se habilitó la feria, los funcionarios estaban convencidos de que su estrategia judicial iba a funcionar, según lo que se hablaba en dos ministerios y jefatura de Gabinete. Desde ayer ya no hay tanta seguridad sobre la efectividad de la jugada.

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Aunque los tiempos están en manos de la justicia, el Gobierno espera que la semana que viene vuelva a regir el aumento en las facturas del gas. Una vez que esto suceda, aseguraron fuentes del Ministerio de Energía, está previsto ofrecerles un plan de pagos prorrateado a todos aquellos que no abonaron sus facturas y enseguida estén recibiendo las nuevas, correspondientes al bimestre en curso. La Cámara Federal de La Plata tiene hasta la semana próxima para definir si acepta o no el recurso extraordinario planteado por el Estado para que se suspenda el fallo que dio marcha atrás con las subas de tarifas. Si no lo acepta, el Estado apelará a la Corte Suprema. Pero si la Cámara lo acepta, entonces volverán a regir los aumentos para fines de la semana que viene. Aunque ahora con los topes del 400%, en el caso de los usuarios residenciales, y del 500%, de los comercios, sobre las facturas recibidas en el mismo bimestre del año pasado, según lo estableció la Resolución N° 199 del Ministerio de Energía. Para no perder tiempo, confiaron las fuentes, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) incluso publicaría el mismo día en que se conozca el fallo de la Cámara (si es positivo) la resolución implementando los topes fijados por Energía. Anteayer, en una reunión multitudinaria en el Enargas, las empresas de la cadena gasífera manifestaron su preocupación respecto de las dificultades del calendario de pagos. Tal como informó LA NACION ayer, manifestaron que, de no mediar la intervención oficial, deberían emitir facturas con una periodicidad de 20 días o más, según los casos, para completar los cobros del año. Pero el Enargas luego aseveró ayer que no tomó una decisión en ese sentido. Para evitar nuevos conflictos con los usuarios, fuentes oficiales anticiparon de hecho que el Enargas estaría trabajando en un plan de pagos prorrateado para aquellos que no abonaron sus facturas o que no lo hicieron en forma completa. Y es que, cuando muchos de ellos comiencen a recibir las nuevas facturas, probablemente deberán empezar a pagar las correspondientes al bimestre en curso. Al mismo tiempo, aseguraron las fuentes, se contemplarán casos individuales, como los de aquellos nuevos inquilinos que no tengan un historial de consumo para poder comparar y elaborar las facturas; o el de aquellos que estén habitando hogares que el año pasado estaban vacíos, entre muchos otros casos. Desde que se conozca el fallo de la Cámara hasta que lleguen a los usuarios las facturas con los nuevos topes podrían pasar algunos días. "Depende de cuán flexibles son los sistemas informáticos", explicaron. Para quienes pagaron las facturas y, bajo el nuevo esquema de topes tengan un excedente a su favor, las compañías les entregará una nota de crédito. En Energía apuestan a que, así como este año el clima jugó en contra de los ususarios, dado que por el frío muchos consumieron mucho más gas que el año pasado, en la primavera suceda exactamente lo contrario. "El año pasado, el invierno se atrasó. Y mientras que los meses de abril, mayo, junio y julio fueron mucho más calurosos que lo habitual; después la primera vino mucho más fría. Mientras que este año, el invierno se adelantó, con lo cual la primavera podría venir con temperaturas más altas que las del año pasado", apuntó la fuente.

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Tarifa social, en revisión La idea del ministro Juan José Aranguren sería, a su vez, revisar todos los meses los criterios con los cuales se elabora la tarifa social, de forma tal de garantizar que llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. Ello se haría en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete. En el último mes, por caso, se incorporaron 270.000 hogares a la tarifa a partir de un nuevo criterio que contempla la localización geográfica de los hogares. La semana que viene, en tanto, está previsto que se publique la reglamentación de la tarifa para las entidades de bien público, para que paguen del gas como un usuario residencial y no comercial.

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La pelea en los tribunales por los aumentos de tarifas de luz y gas tendrá costos para los usuarios. No se medirán sólo en términos económicos, sino que impactarán en la calidad del servicio en los próximos meses y obligarán al Estado a asistir a las empresas con subsidios para pagar salarios y hacer obras. Al menos así lo entiende Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país por cantidad de clientes, que atiende a siete millones de hogares en el norte y noroeste del Gran Buenos Aires y el norte de la Capital Federal. La compañía eléctrica envió anoche una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que manifiesta su incertidumbre respecto del futuro de su actividad. Según la empresa, si se extiende la falta de definición sobre la suba de tarifas lanzada por el Gobierno en febrero, se enfrentará a una "insuficiencia de fondos disponibles [que] pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM [Mercado Eléctrico Mayorista], la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%". La nota fue firmada por el apoderado de Edenor, Carlos Ariosa, y resume los efectos de la disputa judicial entre el Gobierno y las asociaciones de consumidores sobre la empresa, que en términos anuales le reportará un déficit de caja del orden de los 4800 millones de pesos. Al igual que en el caso del gas, Edenor y Edesur dejaron de emitir facturas hace días, por lo que tendrán problemas para recuperar el tiempo perdido. Según señala Arosa en la nota enviada a la CNV, las medidas cautelares que frenan la aplicación del nuevo cuadro tarifario hacen que un 80% de los usuarios de Edenor vuelvan a pagar por el servicio los valores de enero de este año, que tenían un fuerte retraso. A más de un 30% de sus clientes, en tanto, se les aplicará una suspensión de la tarifa retroactiva a febrero, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas. "Dichos créditos implicarían que los usuarios sujetos a las medidas cautelares retroactivas no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses", lamentó la nota de la compañía del grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin. Edesur, la distribuidora eléctrica que está a cargo de la concesión en la parte restante de la Capital y del Gran Buenos Aires, recibió el viernes pasado una notificación del ENRE, el ente regulador de la actividad, por la que dispuso frenar la facturación del servicio en la provincia, lo que golpea tanto su recaudación como su operación. Su situación es similar de compleja, pero no tiene previsto comunicar en el corto plazo esa realidad públicamente, como lo hizo Edenor, que desde hace 17 años no distribuye dividendos y también frenó la facturación para acatar la decisión judicial. Al igual que en el caso del gas, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso el 7 de este mes una medida cautelar que suspendió por tres meses las resoluciones del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, y del ENRE, por la que se fijaba un nuevo cuadro tarifario para el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires.

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"Están en muy mala situación todas por la herencia. Ni que hablar con la suspensión por tres meses. La judicialización produce inquietud, porque en el fondo está en juego la seguridad energética del país. Deberíamos seguir para adelante, no suspendiendo sino modificando las cosas que hubiera que modificar", explicó Francisco Mezzadri, consultor especializado en energía eléctrica. El fallo de la justicia federal les abrió la puerta a algunos problemas que van más allá de la salud económica de las empresas. Por caso, al anular las últimas resoluciones que regulaban al sector hizo desaparecer la tarifa social, por lo que los hogares de menores recursos recibían de forma gratuita los 150 kWh que consumían en cada período. Sólo en la zona de Edenor ese beneficio llegaba a 600.000 clientes. Además, reinstaló el subsidio para algunas empresas como Mercedes Benz, Peugeot, Acíndar, Atanor, Nobleza Piccardo, Cargill y Unilever, entre otras. Y provocó que un millón de clientes vuelvan a pagar facturas mínimas de $ 50 por mes. Tanto Edenor como Edesur esperan que la Justicia defina el nuevo cuadro tarifario en agosto, algo que ocurrirá, por ejemplo, si la Corte admite un recurso extraordinario para que revise los fallos que hicieron lugar a las medidas cautelares. Si la Justicia no define el tema con cierta velocidad, es muy probable que ambas empresas le vuelvan a pedir ayuda al Estado para sostener su operación, un pedido que va directamente en contra del objetivo oficial de reducir subsidios. Edenor lo sugirió en la nota de ayer: dado que los fallos de la Justicia que suspenden los aumentos derogan las últimas resoluciones, vuelven a cobrar vigencia las normas del kirchnerismo que consolidaron un sistema de fuerte intervención estatal en el sector eléctrico con transferencias frecuentes del Estado. Las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner evitaron aplicar aumentos de tarifas sustanciales durante los 12 años que el matrimonio estuvo en el poder. Cuando esa situación se hizo imposible de sostener por parte de las empresas, el Estado comenzó a enviarles cada vez más fondos. Poco gas desde Bolivia El Ministerio de Energía difundió ayer las importaciones de gas de Bolivia en lo que va del año. El gráfico muestra que, si bien las compras estuvieron por encima de lo contratado varios días del año, hubo períodos de fuerte restricción que muestran un "grado de cumplimiento" menor al establecido en los contratos. Eso ocasionó restricciones a la industria local.

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Tras más de una década de ausencia, el esperado regreso de los préstamos accesibles para la vivienda generó en la clase media un interés que superó las expectativas. En los primeros 100 días del nuevo sistema, más de una docena de bancos habilitaron líneas hipotecarias a 15 o 20 años de plazo y ya recibieron más de 55.000 consultas y solicitudes. Es decir, unas 550 por día. A su vez, más de 5.500 personas tienen ahora sus créditos avanzados y varios incluso recibieron la plata para, finalmente, cumplir el sueño de dejar de alquilar. Las cifras surgen de consultas hechas por Clarín esta semana a las principales entidades que ofrecen préstamos en Unidades de Vivienda (UVI). Se trata del formato copiado de Chile que el Banco Central lanzó en abril, que ajusta las cuotas en función de la inflación y que permite pagos mensuales sólo 60% mayores a un alquiler, contra el 300% de los préstamos tradicionales. El Banco Hipotecario, por ejemplo, encabeza el ranking con más de 41.000 interesados atendidos en sus sucursales, 2.525 solicitudes preaprobadas y 58 préstamos que ya están en proceso de escrituración. “Se trata, en general, de familias jóvenes que buscan acceder a sus primeras viviendas”, comentaron fuentes de la entidad. El Provincia, en tanto, atendió en dos meses a más de 5.200 familias y prevé concretar “en breve” los primeros 170 otorgamientos. “La línea está en pleno crecimiento y prevemos que será todo un éxito en los próximos años. Los trámites en curso para este producto ya son más que todos los créditos otorgados en lo que va del año con el sistema tradicional”, destacó Juan Curutchet, presidente del banco. “Ya escrituraron 25 familias y están muy próximos a otorgarse otros 194 créditos”, sumaron en el Ciudad, que lleva atendidos a más de 3.000 interesados. La mayoría, indican, usaron la plata para unidades de 2 o 3 ambientes en Capital y el Conurbano. “Es muy accesible para sectores de ingresos medios o medio-bajos, que ahora suelen calificar sin problemas”, subrayaron. Entre los bancos privados, el Santander Río –que lanzó su línea a 20 años en junio– lidera con más de 2.750 solicitudes tomadas por la Web, de las cuales 1.982 lograron pasar el primer filtro. “Hubo muchísimas consultas por todos los canales. La línea superó todas nuestras expectativas”, comentaron. En el Macro, por su parte, indicaron que sólo el día del lanzamiento tuvieron más de 800 consultas, que 427 créditos se aprobaron y que ya entregaron los primeros cinco. La oferta de créditos UVI es sólo para la primera vivienda familiar. Según el banco que se elija, se puede pedir de 1,4 a 5 millones de pesos que sean hasta el 70 o 75% del valor de la propiedad, a devolver hasta en dos décadas con una tasa anual del 4,8 al 5,5%, además del ajuste por inflación. La cuota mensual resultante, según se exige, no puede superar el 25 o 30% de los ingresos familiares. El Banco Nación, por su parte, lanzó en junio su propio sistema con una tasa fija del 14% sólo por los primeros tres años, pero la entidad prefirió no informar los primeros resultados. Calculan los bancos que los créditos UVI aprobados hasta ahora rondan el millón de pesos, con cuotas iniciales en torno a los $ 8.000. “Los interesados son clientes con ingresos promedio de más de $ 15.000 que están alquilando y tienen ahorros”, revelaron en el Banco Itaú, que se sumó al sistema este mes y ya procesa las primeras solicitudes.

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También el Francés habilitó su línea en UVI hace tres semanas y prevé iniciar pronto los otorgamientos. El HSBC, en tanto, lanzará su producto en agosto, pero ya recibió muchas consultas. “La mayoría son jóvenes de unos 30 años con un empleo estable, que sueñan con comprar en el mismo barrio donde viven ahora y no temen endeudarse”, explicaron. Pese a que el sistema permite extender los plazos si algún año los precios suben mucho más que los salarios, las empresas coinciden en que el pico actual de inflación –47% interanual– hace dudar a muchos interesados. “La inquietud principal de los clientes es la inflación futura”, comentaron al respecto en el Banco Galicia, donde reciben 30 consultas diarias y tienen 120 préstamos en proceso, además de uno ya escriturado.

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Hace tiempo que en el Gobierno tienen un ojo puesto en las legislativas del año próximo. “Sabemos que sin 2017 no hay 2019”, sostiene un funcionario influyente con despacho en la Casa Rosada. La arquitectura del armado político para las elecciones que funcionarán como una suerte de plebiscito de la gestión de Mauricio Macri ya está avanzada. En el croquis figuran la anunciada pata peronista -la incorporación de dirigentes del PJ- y un delicado doble equilibrio para resguardar las relaciones con los gobernadores aliados y mantener lo más contenido posible al radicalismo, socio del oficialismo. Uno de los funcionarios con el detalle del mapa político de cada provincia en su cabeza describió la cintura con la que procurará manejarse el macrismo para “ampliar la base de apoyos” sin lesionar los acuerdos tejidos con los gobernadores, claves para aportar voluntades en votaciones decisivas en el Congreso. El oficialismo irá en todos los distritos con una lista propia, sin comprometer los puentes políticos con parte de la oposición. “No estamos dispuestos a poner en peligro la relación con (Gerardo) Zamora”, sostienen. El hombre fuerte de Santiago del Estero tiene todos los boletos para suceder a su esposa Claudia Abdala y el radicalismo está decidido a dar batalla, pero el macrismo apenas se involucrará. Con la misma lógica al neuquino Omar Gutiérrez lo califican como el “más macrista de los gobernadores”. Ante todo, prima el pragmatismo: en ninguno de los distritos el PRO tiene desarrollo territorial ni el radicalismo capacidad para ganar. Con matices, la situación se repite en Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. La incorporación de la “pata peronista” es una decisión tomada, ratifican en la Casa Rosada, y está en construcción. Ya no corre la máxima de la campaña de 2015 que prohibía el ingreso de dirigentes que hicieran peligrar el mensaje de cambio. Ahora, hasta Marcos Peña -que en 2015 bajaba y subía el pulgar a posibles incorporaciones, porque desdibujaban el mensaje de cambio- se saca fotos con intendentes como Mario Ishii, un barón del Conurbano. El mandamás de José C. Paz no se sumará, pero el Gobierno ya salió a la caza de otros intendentes con mejor imagen. “Esperamos sumar a seis antes de fin de año”, dice un dirigente de peso de la Provincia, que volverá a ser "la madre de todas las batallas" y el principal distrito para aglutinar dirigentes del PJ. Elisa Carrió podría marcar allí varios límites. En el resto del país, el Gobierno también tiende puentes con peronistas en casi todos los distritos. Por caso, en Catamarca, adonde Macri será recibido hoy por Lucía Corpacci -de buena relación con la Rosada- la apuesta es sumar al ex massista Raúl Jalil. En la UCR ya expresaron su malestar, aunque el macrismo no pondrá en discusión la estrategia. “La política es dinámica y en el espacio no hay un muro. Ni para dirigentes valiosos que quieran incorporarse ni para los radicales que en algún momento tomen la decisión de irse”, replicó con dureza uno de los hombres de Macri más dedicados al armado electoral. En el PRO también reprochan a la UCR sus alianzas provinciales con partidos críticos del Gobierno, como en Tucumán y Santa Fe, donde cogobiernan con el socialista Miguel Lifschitz, en palabras de Macri, el gobernador “con menos vocación de trabajar en equipo”, en palabras de Macri. Como contrapartida en esa provincia operadores de la Rosada avanzan en el vínculo con Omar Perotti, a quien consideran como la “renovación” del peronismo local. El doble juego con los gobernadores se repetirá en las provincias con nuevas conducciones, en disputa con viejos caudillos. Son los casos de San Juan, con Sergio Uñac, que busca desmarcarse de José Luis Gioja; Chaco, donde pelean Domingo Peppo y Jorge Capitanich; y Tucumán, con Juan Manzur y José Alperovich. En San Luis una alternativa será apuntalar a Claudio Poggi para

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“desbancar” a los Rodríguez Saá. Al salteño Juan Manuel Urtubey esperan complicarle sus aspiraciones nacionales con otro perfil peronista, el del intendente de Salta, Gustavo Sáenz. Córdoba es una provincia atípica: el 70% votó a Macri en 2015, pero en 2017 lleva las de ganar el ex gobernador Juan Manuel de la Sota, un aliado de Sergio Massa. Para agregar más confusión, la relación entre el gobernador Juan Schiaretti y el Presidente es óptima. Los distritos prioritarios serán, además de Buenos Aires y los principales centros urbanos, los ocho en que se elige senador. Entre ellos sobresale Santa Cruz, adonde imaginan como candidata y cabeza de lista a Cristina Kirchner.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cumplirá con la palabra empeñada a Mauricio Macri, y el blanqueo impositivo comenzará la primera semana de agosto. Las reglamentaciones que el organismo tiene que terminar de redactar para llegar a tiempo con la puesta a punto del llamado estarán publicadas desde la semana que viene y, como mucho, la primera de agosto. La intención es que para el 8 del próximo mes todo esté en marcha. Uno de los capítulos más polémicos que quedarán claros en la reglamentación que el Gobierno publicará en los próximos días es que la información que maneja la AFIP de parte de los que acepten el blanqueo no sean compartida con otras dependencias del Estado. O que si son compartidas, éstas no sean públicas. El problema, crónico cada vez que un Gobierno decide avanzar con un blanqueo impositivo, surge a partir de la obligación que tiene el organismo recaudador de informar a reparticiones como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) los movimientos financieros sospechosos. Obviamente, en un llamado a blanquear capitales este tipo de operaciones se multiplican debido al crecimiento en la declaración de divisas fuera del sistema que se van registrando ante la AFIP. En tiempos normales, cualquiera de estas situaciones son informadas a requerimiento de la UIF o la Procelac sin mayores problemas, ya que el organismo sólo computa cuestiones tributarias. La posibilidad de lavado de dinero o de otro delito financiero o fiscal es responsabilidad de las otras reparticiones. El problema que surge en un blanqueo es que los que declaran sus dólares fuera del sistema generan movimientos que pueden ser sospechosos para la UIF y la Procelac; y si la AFIP les enviara sin más estos datos a ambas reparticiones, éstas tendrían todos los datos de los contribuyentes que adhieran al del blanqueo impositivo. Si bien la información es secreta y está amparada por el secreto fiscal dentro de la AFIP, nada impediría que eventualmente algún deslizamiento surja de las otras dos reparticiones. Secreto Por otro lado, siempre, uno de los temores que más se debe cuidar para que un blanqueo sea exitoso es el secretismo de los adherentes, con lo que el compromiso que dé limitación del acceso a la información por parte de cualquier organismo fuera de la AFIP es clave. Por esto, se afirma, que sólo la UIF y el resto de los organismo de control de delitos financieros y fiscales accederán a los datos de los adherentes al blanqueo bajo pedido expreso de estas reparticiones y con el reclamo puntual de investigación de un eventual delito no impositivo vinculado al lavado de dinero, narcotráfico, etc. Las resoluciones de la AFIP que comenzarán a publicarse desde la próxima semana permitirán que el Gobierno pueda tener al menos cinco meses de vigencia del llamado. Se supone que en un principio habrá problemas de funcionamiento y que el régimen tomará fuerza hacia la segunda quincena de agosto, y que entre septiembre y octubre ya estará en plena marcha. Y que para fin de año será la época de mayores ingresos. Se piensa en una estrategia de acción pública y otra directa. Por un lado, se hará propaganda pública para interesar a los potenciales "clientes" del blanqueo. Pero además habrá comunicación directa con los eventuales tenedores de dólares y divisas sin declarar para informarlos sobre el llamado, y advertirles que desde 2017 el Gobierno podrá detectar sus posesiones, especialmente en el exterior. Legalmente, el Ejecutivo tiene 30 días corridos desde la promulgación de la ley para que el llamado esté en marcha, con lo cual la fecha tope de la reglamentación sería el 19 de agosto. Para ese día, todo ya estará en marcha.

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La parte que menos dificultades traería, curiosamente, es la regulación de los límites para la inscripción del blanqueo: 305.000 pesos sin costo (o su equivalente en moneda extranjera); un 5% hasta 800.000 pesos y el 10% para montos superiores. Se reglamentará también el beneficio de la exclusión de Ganancias para los trabajadores que no tributen Bienes Personales; beneficio que no alcanzará el pago de este mes sino que comenzará a aplicarse con los haberes de julio. También se reglamentará la exclusión de los funcionarios públicos de los tres poderes y la suba escalonada del Impuesto a los Bienes Personales. Se publicarán también las resoluciones de la AFIP que pongan en funcionamiento los sistemas informáticos para bancos y contadores. En ambos casos se promete facilidad en la instrumentación y se pedirá además colaboración al sistema financiero para que los plazos se aceleren. Lo más problemático de reglamentar será la batería de controles para persuadir a los tenedores de dólares fruto de delitos como el narcotráfico, venta ilegal de armas o lavado de dinero, entre otros, para que no se incorporen al llamado. La norma explicita que sólo serán perdonadas las penas por evasión impositiva, aún la penal tributaria; pero no el resto de los delitos. El problema es de qué manera se cubre el Estado nacional de eventuales ingresos de divisas generados por esas acciones. Una vez reglamentado el llamado, vendrá la etapa de "convencimiento" a los potenciales interesados para que se incorporen. El eventual "zoológico" para cazar tenedores de dólares es inmenso y, dependiendo de quien calcule, se trata de tenedores de dólares de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Se suman los poseedores de divisas en el país resguardados tanto en cajas de seguridad como en hogares y los miles de millones depositados en cuentas bancarias o administrados por fondos de inversión en el exterior. Para los primeros se piensa enviar cartas personales a los mayores contribuyentes de la AFIP y propaganda activa en los principales medios públicos del país. Para los segundos, donde se supone que está la mayor cantidad de dólares, la acción será más directa. A la "ayuda" que puedan aportar los bancos extranjeros se sumará la posibilidad de que también otros entes recaudadores presionen a argentinos que posean bienes muebles o inmuebles para que tomen conocimiento del blanqueo, en el caso de que no tengan declaradas sus respectivas tenencias.

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Por otra parte, la medición desestacionalizada permaneció inalterada respecto de mayo último, indicó el relevamiento del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Para la consultora, el resultado semestral estuvo condicionado por la brusca caída en la industria de la construcción, la menor cosecha gruesa y los efectos de la crisis de Brasil. Para la segunda mitad del año, la entidad proyectó "una recuperación parcial (sobre todo en el último cuarto del año), aunque la misma está condicionada por diversas contingencias". "Las perspectivas aún son optimistas en lo referido a la cosecha fina, más allá del impacto negativo que suponen las malas condiciones climáticas, mientras que la obra pública y privada servirán de impulso para aquellos sectores vinculados a la construcción", agregó. Sostuvo también que "el blanqueo de capitales podría tener un impacto positivo al ofrecer mayores opciones de financiación, pero la tendencia actual no se verá modificada sustancialmente, finalizando el 2016 en terreno negativo". La consultora sostuvo que el resultado del primer semestre "se encuentra explicado por la brusca contracción por la que atraviesa el sector de la construcción (10,3% anual) en un escenario en donde la política fiscal ha empleado la reducción de los niveles de inversión real como variable de ajuste para moderar el rojo presupuestario". "Este resultado se ha combinado con una cosecha gruesa significativamente menor a la del año pasado, condicionando el desempeño del sector agropecuario (8,7%), mientras que la industria manufacturera (0,8%) padeció la caída del salario real y la recesión de Brasil", indicó el CEE. En junio, la industria manufacturera reportó una contracción de 3,9% interanual, acumulando una merma de 0,8% anual al cierre del primer semestre. La evolución del sector en el sexto mes del año estuvo influenciada por la brusca caída anotada por los segmentos de Metálicas Básicas y Maquinaria y Equipo, que descendieron 14,9% y 4% respectivamente, en un entorno internacional para nada favorable. La industria de la construcción experimentó una baja de 15,4% en relación a junio pasado, y acumulando un retroceso de 10,3% en lo que va del año y se posiciona como el de mayor caída al cierre del semestre. El comercio mostró en junio una caída de 3,4% en la comparación interanual, finalizando los primeros seis meses de 2016 con un retroceso de 1,4% respecto a la primera mitad de 2015. Este resultado es explicado por la trayectoria del comercio minorista, que exhibió un descenso de 5,5% en el último mes del semestre, en un escenario de retracción de la demanda de las familias producto de la caída del salario real.

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En una videoconferencia con Horacio Verbitsky, Sandra Russo y Juliana Marino, moderada por Cristina Banegas, la ex presidenta Cristina Kirchner habló desde el Calafate con el Instituto Patria sobre la situación de Milagro Sala bajo el título "El delito de pertenecer-El caso Milagro Sala". La entrevista tuvo como eje hablar de la líder la Tupac Amaru como "presa política" y sobre esto se refirió la ex mandataria que expresó su "solidaridad" con Sala y elogió las acciones que la jujeña llevó a cabo en su provincia durante su gestión. Más tarde Cristina Kirchner usó su cuenta de Facebook para reforzar lo que había dicho horas antes. "Nunca creí que volvería a vivir en un país con presos políticos. Y miren que durante los 8 años que fui presidenta me insultaron, me agraviaron, me denunciaron, quisieron destituirme... pero a mí jamás se me hubiese ocurrido bajar a nadie de un transporte por portar un cartel en contra mío. No quiero vivir en un país así. Elegí vivir en un país con muchísima libertad donde todos pudieron expresarse, y además, tuvieron derechos sociales y económicos que fueron respetados. Cuando te quieren quitar la igualdad que lograste, lo primero que te van a arrebatar es la libertad. Por eso hoy la libertad de Milagro Sala tiene un valor simbólico muy importante para los argentinos", escribió.

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El nuevo bono atado a la inflación Boncer 2021 debutó con menor apetito inversor al esperado pero convalidó una tasa de interés real que lo volvió uno de los instrumentos de mayor atractivo en moneda local. Ayer, el Tesoro Nacional captó $ 8829 millones, por debajo del tope esperado de $15.000 millones. Sin embargo, los analistas consultados por El Cronista ven como un dato positivo la tasa de corte obtenida de $1005 por cada $1000 en valor nominal , superior a la paridad, que arroja una tasa de interés positiva del orden del 2,5% anual. "Al precio que salió nos parece una buena opción. De hecho, creemos que es la más atractiva en moneda local para el mercado en este momento", afirmó Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente Sociedad de Bolsa. Como todo instrumento financiero, está regulado por expectativas. El éxito que tenga el equipo económico del Gobierno en llevar a la inflación mensual al orden del 1,5%, será clave para evaluar su atractivo. "En el corto plazo, con el tipo de cambio planchado, la inflación le va a seguir ganando al dólar", remarcó Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global. "Considero que la inflación va a descender, pero no a la velocidad que plantea el Gobierno. En ese sentido, es que este tipo de bono atado a la tasa de inflación cobra atractivo, con una tasa que incluso le gana a la tasa de interés real que otorga el Banco Central en sus letras", agregó. La velocidad con que la autoridad monetaria baje la tasa Lebac, de referencia del mercado, resulta la clave analizar la conveniencia de este nuevo instrumento. "Bajo las perspectivas de un mercado con tendencias a una tasa real más cercana al 2% en los meses siguientes, podría ser una buena opción para diversificar una cartera", señalaron desde Portfolio Personal. Según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, se recibieron 325 órdenes de compra, con un precio máximo de $ 1300, un mínimo de $ 940 y un promedio ponderado de $ 1013,9, todos por cada valor nominal de $ 1000. El monto de órdenes recibidas incluye $ 737 millones correspondientes al tramo no competitivo. Este apetito, por debajo de lo esperado, sorprendió a los analistas. "Creo que la liquidez está puesta hoy Lebac, pero seguramente en el mercado secundario haya mucha demanda por el nuevo bono" , anticipó Martínez Burzaco. Costa coincidió: "Mucha gente está posicionada en otro tipo de instrumentos, y al tener que acceder mediante cuentas locales, muchos inversores extranjeros no pudieron participar de la licitación, pero en los próximos días creemos que va a haber más demanda de este bono. De todas formas, el total de la licitación le da la suficiente liquidez al Boncer, necesaria para apuntalar esa demanda". La estrategia conjunta de la autoridad monetaria y el Tesoro es clara: "Mientras el BCRA maximiza la cautela en el sendero de baja de tasas y sostiene tasas reales positivas (en torno al 4/5%), el Tesoro apuesta a la tranquilidad del tipo de cambio frente al ingreso del dólares por las colocaciones de deuda (vía la emisión de Letes al 3,6% anual) y a la desaceleración de la inflación luego de digerir la corrección de precios relativos (vía la colocación del Boncer que ajustan por CER + 2,5 anual) para captar financiamiento a un costo más bajo", destacó Federico Furiase, economista de Estudio Bein.

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Preservar el proceso de unidad ante todo. Ese fue el desafío que se autoimpusieron ayer los referentes de las tres CGT que negocian reunificarse en una única central el próximo 22 de agosto, por lo que resolvieron patear para adelante cualquier discusión sobre la posibilidad de apurar el llamado al primer paro general contra la administración de Mauricio Macri. La decisión fue un reflejo evidente de las diferencias que subsisten entre las diversas vertientes cegetistas sobre la oportunidad de llevar al terreno del conflicto abierto los cuestionamientos que acumulan contra el Gobierno por el impacto de la inflación y el tarifazo y la falta de definición oficial sobre la rebaja de Ganancias y el reparto de fondos a las obras sociales sindicales. "Estamos transitando hacia un congreso de unidad, cómo vamos a lanzar un paro", advirtió un dirigente de la primera línea sindical al justificar la definición que adoptó ayer la "mesa chica" que conformaron las tres CGT durante un encuentro realizado en una sede del gremio de Camioneros en el barrio de Caballito. Pese al reclamo de algunos sectores internos por acelerar un eventual plan de lucha, hasta el propio Hugo Moyano, que transita el tramo final de su jefatura cegetista y en las últimas semanas profundizó su discurso crítico hacia la Casa Rosada, pidió puertas adentro de la reunión "no presionar a la nueva conducción de unidad". Tampoco prosperó la intención de algunos dirigentes de difundir un crítico documento contra la administración macrista, cuyo borrador había trascendido informalmente. En cambio, se acordó que habrá un pronunciamiento consensuado como resultado de las deliberaciones el plenario que dirigentes de las tres centrales mantendrán el próximo 5 de agosto. La principal resolución del encuentro fue la ratificación de que será un cuerpo colegiado, concretamente un triunvirato, el que conducirá los destinos de la central obrera una vez reunificada. Los nombres de Héctor Daer, dirigente de Sanidad y de la CGT oficial de Antonio Calo; Juan Carlos Schmid, titular de la CATT y referente de la CGT Azopardo; y Carlos Acuña, jefe de los estacioneros y representante de la central Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, figuran como número puesto para integrar el terceto, según señalaron a este diario voceros de la reunión. Ese gesto pareció destinado a calmar los reclamos de otros sectores gremiales que pretenden que se designe un único secretario general al frente de la nueva CGT de unidad. En esa postura se plantaron el titular de Uatre, Gerónimo Venegas, que hasta se autopostuló para liderar la entidad; y el Movimiento de Acción Sindical (MASA), el grupo de sindicatos que encabeza el taxista Omar Viviani y que candidatea al ferroviario Sergio Sassia. Sin embargo, en ese último sector no descartan la posibilidad de aceptar una cúpula colegiada, siempre que puedan incorporar a un representante propio en la conducción. "Se va a hablar con todo el mundo, el objetivo es que no quede nadie fuera de la unidad", enfatizó un gremialista que ayer participó del encuentro sindical.

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La policía federal brasileña realizó un operativo contra un grupo, que estaría preparando actos terroristas para la Olimpíada Río-2016 que debe comenzar el próximo 5 de agosto. Los primeros detalles de la operación fueron brindados por el el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. "Fueron arrestadas 10 personas" en varios estados de Brasil por realizar "actos preparatorios para la realización de atentados terroristas" durante los Juegos, sostuvo de Moraes en conferencia de prensa. Las detenciones ocurrieron en San Pablo y en el estado provincial de Paraná. Se afirma que el grupo fue reclutado por el ISIS a través de internet. Los sospechosos irían a actuar según el mismo esquema que los presuntos terroristas que actuaron en Orlando y en París. La policía federal monitoreó mensajes intercambiados por el grupo a través de Facebook y de Twitter. "Se trata de una supuesta célula terrorista, una primera célula, que pasó de mensajes sospechosos por internet a actos preparatorios" de un supuesto atentado", dijo el ministro de Justicia. "Los 10 se comunicaban por Telegram o WhatsApp (...). Algunos hicieron un juramento por internet" al ISIS, precisó el ministro. Los 10 detenidos, de nacionalidad brasileña, eran investigadas desde abril y "participaban de un grupo denominado Defensores de la Sharia y planificaban adquirir armamentos para cometer crímenes en Brasil y hasta en el exterior", sostuvo el ministerio de Justicia en un comunicado. Otras dos personas fueron conducidas de manera coercitiva a declarar ante la policía, pero no fueron detenidas, precisó el comunicado. La operación policial, denominada "Operación Hashtag", fue llevada a cabo por 130 policías en los estados de Amazonas, Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Rio Grande do Sul. Se habría descubierto que el grupo involucrado mencionaba la compra de armamentos además de planes para atentados . El perfil de los detenidos es el considerado de mayor riesgo entre los brasileños que son investigados y que ascenderían a medio millón.

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Como manda la tradición, con miles de globos azules y rojos que caían del techo sobre el escenario, Donald Trump se convirtió oficialmente anoche en el candidato del Partido Republicano que buscará terminar con 8 años de los demócratas en la Casa Blanca. En un esperado discurso, con el que cerró una tumultuosa convención partidaria en Cleveland, el magnate prometió un país bajo la “ley y el orden”, derrotar “la barbarie del ISIS” y suspender la inmigración de los países afectados por el terrorismo yihadista. Insistió, además, con la construcción de un muro en la frontera. El magnate fue presentado por su hija mayor, Ivanka, empresaria de modas y la niña mimada de su padre. Con las muecas y el dedo levantado que lo caracterizan, Trump dijo que la diferencia más importante entre su plan y el de Hillary Clinton es que él colocará a “Estados Unidos primero. Americanismo, no globalismo, será nuestro credo. Mientras estuvimos liderados por políticos que no colocaron a Estados Unidos primero, otras naciones no nos trataron con respeto. Esto va a cambiar en 2017”. “Los estadounidenses también estarán primero. Mi plan comenzará con la seguridad en casa, que significa barrios seguros, fronteras seguras y protección contra el terrorismo. No puede haber prosperidad sin ley ni orden. En economía, voy a lanzar reformas para crear millones de nuevos trabajos y miles de millones en beneficios que serán utilizados en reconstruir a los Estados Unidos”. Hizo una apelacion directa a los votantes de Bernie Sanders, el candidato demócrata que se definía como “socialista”, que fue derrotado por Hillary Clinton y que tuvo millones de votantes apelando a reformas contra los poderosos. “Me sumé a la política para que los poderosos no puedan golpear a los que no pueden defenderse. Nadie conoce el sistema tan bien como yo, y solo yo puedo enmendarlo. He visto con mis propios ojos como el sistema se vuelve contra los ciudadanos, como procalamaba Bernie Sanders”. Y agregó: “El no tuvo chances, pero sus partidarios se unirán a nuestro movimiento porque vamos a arreglar el gran tema que es el comercio”. Prometió en ese sentido, “no firmar ningún tratado de libre comercio que perjudique a nuestros trabajadores”, señaló y explicó que hará “tratados individuales” con cada país. Se refirió a los recientes asesinatos de los policías en Dallas y Baton Rouge y dijo que la “retórica irresponsable” del presidente Barack Obama sobre el tema había dividido al país. “Tengo un mensaje para cualquier persona que amenace la paz y la seguridad de las calles y de nuestros policías: cuando asuma, voy a restaurar la ley y el orden en el país”. No mencionó las denuncias por violencia policial contra minorías, pero dijo que garantizará “que todos los niños sean tratados y protegidos igualmente”. En el frente externo, acusó las políticas de Hillary por los cambios de régimen en Irak, Libia, Siria y Egipto que, afirmó, promovieron el terrorismo: “Vamos a derrotar la barbarie del Ejército Islámico” que se extiende en el mundo. Resaltó los ataque en Francia, pero también en San Bernardino y Orlando. Dijo que trabajarán en conjunto con Israel, “nuestro gran aliado en la región” y que “suspenderemos inmediatamente la inmigración de cualquier nación que haya sido puesta en peligro por el terrorismo hasta que tengamos mecanismos probados de escrutinio riguroso”. Volvió sobre su polémica idea de construir un muro en la frontera “para frenar la inmigración ilegal, para frenar las pandillas y la violencia y para frenar las drogas que infecta nuestras comunidades”. Evitó llamarlos “violadores y narcotraficantes” como en el pasado, pero contó algunos casos de estadounidenses que habían sido asesinados por inmigrantes ilegales.