Historia de Chile (Tomo V)Gonzalo Vial

Capítulo Quinto: Alessandri

Arturo Alessandri Palma llega en 1932, a los 64 años de edad, por segunda vez a la Presidencia de la República. Su energía y potencia de trabajo no ha disminuido; sus principios políticos son los mismos: evolución, no revolución. Aunque considera que las leyes sociales de su período anterior han llevado progreso al pueblo, es consciente de la gravedad de la crisis económica, cuyo peso deja a cargo de su Ministro de Hacienda, Gustavo Ross. Uno de sus nuevos propósitos será hacer funcionar la Constitución de 1925, muy atropellada desde su legislación. Afirma que su gobierno será “nacional”, independiente de los partidos, y tenderá a la “reconstrucción política, económica, social y moral del país”. ¿Los medios? Zanjar el problema salitrero, expropiar tierras incultas, huir de los empréstitos extranjeros, aumentar los impuestos, mantener el control de los cambios, gravar a las industrias beneficiadas con divisas baratas y crear los Tribunales Administrativos. Es consciente, eso sí, de las dificultades para mantener la tranquilidad en orden, productos de los complots y de las conjuras, y uno de sus objetivos especiales es mantener a raya al Ejército. Por último, afirma que, en lo sucesivo, el Estado regulará la producción.

1. Los ministros. Ross, Cruchaga y Bello

El gabinete de Alessandri estuvo conformado por hombres de confianza, que eligió sin consulta política; aun así todos los ministros mostraban alguna filiación partidaria, repartida entre radicales, liberales y conservadores, principalmente. Los ministros fueron los siguientes: 1) Gustavo Ross (liberal), Hacienda, 2) Emilio Bello (liberal), Defensa Nacional: antiguo balmacedista y alessandrista, se suponía (erróneamente) que poseía los contactos castrenses necesarios para la política militar del Presidente, 3) Miguel Cruchaga (conservador), Relaciones Exteriores y Comercio: cumple una acción sobresaliente en el ámbito internacional y se convierte en un importante consejero de Alessandri, 4) Horacio Hevia (liberal), Interior y Salubridad Pública: incansable opositor de Ibáñez; su estricto legalismo lo llevó a rechazar las formación de Milicias Republicanas, 5) Fernando García Oldini (democrático), Trabajo: antiguo filoanarquista y líder de la FECH, 6) Domingo Durán (radical), Justicia y Educación Pública: alessandrista y ex ministro de Alessandri en su primer mandato, 7) Alfredo Piwonka (radical), Fomento: radical de derecha y de fortuna y 8) Carlos Henríquez (simpatizante radical), Agricultura y Tierras y Colonización.

El gabinete experimentó a lo largo del período sucesivos cambios: por ejemplo, en 1937 renuncian Ross y Cruchaga, para postular a la Presidencia y al Senado respectivamente. Pero un golpe fuerte fue el abandono del gobierno por parte del Partido Radical, que rechazaba el programa centroderechista, especialmente en lo económico, que estaba llevando a cabo Alessandri. A esta renuncia coadyuvó la represión que caracterizó al gobierno, de la mano de estados de excepción y de las fuerzas policiales, y el anti-radicalismo de Ross y la Derecha. Por lo anterior, a la tradicional oposición de los militares y los ibañistas, se sumó la de los radicales y la del “Block de Izquierda”, fuerza de corte socialista y comunista que propugnaba los alzamientos campesinos y las huelgas de obreros. Los comunistas, sin embargo, rechazaron inicialmente una alianza con los radicales, a los que consideraban parte de la burguesía, hasta que en 1935 se constituye el Frente Popular.

2. Los complots, la violencia política y la violencia social

Prácticamente durante todo el segundo mandato de Alessandri existió un clima de inseguridad política, en que no escaseaban los rumores de conjuras, de conspiraciones y de contactos entre políticos vencidos (Ibáñez, Grove, Dávila, por ejemplo) y militares despechados. Durante un tiempo pareció inminente la caída de Alessandri, percepciones que se vieron agravadas por las pasiones de la lucha por alcanzar La Moneda, por hechos de violencia política como la matanza del Seguro Obrero y por la rotunda voluntad del propio Alessandri de mantenerse en el poder.

Sin embargo, las conjuras castrenses eran una realidad objetiva en ese entonces: algunas eran de carácter revolucionario, socialista y dirigidas a las “clases” castrenses (como la del sargento Videla en 1933), pero la mayoría consistían en los llamados cuartelazos. Algunas de estas conspiraciones estaban lideradas por

conocidas personalidades políticas, como aquella en que, en 1934, se asociaron Marmaduke Grove, Carlos Ibáñez y el senador democrático Virgilio Morales: en las misivas de Ibáñez a Grove en que se planteaba una alianza política, se detallaba el estado de corrupción, descontento y desconfianza de los políticas por parte de las Fuerzas Armadas y las policías, manifestándose las condiciones en que aquellas se resolverían a inmiscuirse en la política nacional. En cuanto a los cuartelazos, uno importante fue el de febrero de 1936, en que participaron militares y ex militares descontentos, pero también civiles partidarios de un sistema gremial y miembros de una sociedad secreta liderada por el ibañista Alejandro Lazo, cuyo objetivo último era el retorno de Ibáñez al poder. También participó en este (frustrado) complot el senador radical-ibañista Juan Antonio Ríos. Los complots y cuartelazos se basaban, como en las cartas de René Montero, en una percepción idílica del pasado ibañista y en una visión negativa del actual civilismo.

Nacistas, socialistas y violencia. González von Marees

Al clima de inestabilidad política contribuyó también la violencia política, que fue introducida en el Chile de los 30 por el Movimiento Nacional Socialista (MNS), los “nacistas” o “nacis”. Su líder y fundador fue el abogado Jorge González von Marees, de padre chileno, madre alemana y origen modesto, quien estaba consciente de la pobreza y la falta de educación que caracterizaba a la clase obrera chilena, de lo que culpaba a la ineficiencia del sistema y de los partidos políticos; valiéndose de su elocuencia recorrerá todo el país haciendo propaganda del Movimiento. A diferencia de la Legión Social Nacionalista, liderada por el general retirado Francisco Javier Díaz, y de las agrupaciones hitlerianas de jóvenes alemanes en el sur de Chile, el MNS no se identifico con el nazismo alemán y consideró sus objetivos incompatibles con tales grupos: para González el MNS formaba parte del fascismo mundial, en cuanto poseía un pensamiento totalitario, anti-liberal y anti-democrático, pero de un modo autónomo, con soluciones chilenas para problemas chilenos.

Los libros inspiradores de González eran La decadencia de Occidente de Spengler, Nuestra inferioridad económica de Encina, La fronda aristocrática de Edwards y Raza chilena de Palacios. Aunque de este último texto extrajo ciertas ideas xenofóbicas, ni estas ni las antisemitas fueron esenciales al pensamiento de Movimiento. Sin embargo, aunque el MNS no se identificaba ideológicamente con el nazismo alemán, adoptó casi la totalidad de sus exterioridades, como el principio de la jefatura omnipotente (el Jefe), el uniforme, el saludo romano, las manifestaciones de masas y el culto a la fuerza, es decir, la violencia catártica como respuesta a los enemigos del Movimiento.

En cuanto al sistema político que se impondría en el caso de que el MNS llegara al poder, se caracterizaría por una extensión de la organización del Movimiento al Estado, al que se agregaría un Presidente de la República elegido mediante sufragio universal de un lista propuesta por las corporaciones. Al Movimiento y las corporaciones se incorporaría un tercer actor, los sindicatos, quienes constituirían la legislatura y regularían la vida económica. Los partidos, identificados con la democracia liberal, estaban condenados a desaparecer. Pero en general, aunque las ideas del MNS estaban claras, tanto las afirmativas (nacionalismo, portalianismo, gobierno despersonalizado, selección de servidores públicos y educación del pueblo) como las negativas (rechazo a la derecha, la izquierda, el comunismo, el liberalismo, la democracia y los partidos políticos), el camino para llegar a ellos era poco claro.

El MNS estaba conformado principalmente por miembros de las clases media y popular: las clases altas rechazaban el autoritarismo del Jefe y terminaron depositando sus ideales anticomunistas en las Milicias Republicanas y en la candidatura presidencial de Ross. De hecho, la relación entre la Derecha y el MNS era bastante conflictiva ya que este último se consideraba anti-oligárquico, anti-capitalista, anti-partidos y anti-imperialista. Por otra parte, el Movimiento nunca tuvo un carácter expansivo y su máxima representación electoral fue del 3,5% y de tres diputados en 1937; sin embargo, estos resultados eran similares a los de los comunistas y mayores a los de la Falange Nacional, escindida del conservadurismo. Finalmente, cabe mencionar que el MNS había creado una milicia para ejercer una violencia defensiva del Jefe, las manifestaciones y las ventas callejeras de periódicos (principalmente el periódico Trabajo): eran las TNA o Tropas Nacistas de Asalto, cuyo modelo eran las SA de la Alemania hitleriana.

El Partido Socialista de Chile, organizado en 1933, jugó su papel también en el ámbito de la violencia política. La Federación de Juventudes Socialistas (FJS) se organizó para combatir físicamente al nacismo mediante las Brigadas de Defensa, Milicias Socialistas o, como más popularmente se conocían, Camisas de

Acero, armados de corvos, y cuyo disciplinamiento y estrecha relación con el Secretario General Schnake no agradaban a gran parte de la juventud socialista.

Aunque las acciones de las brigadas de Camisas Pardas (nacistas) y Camisas de Acero (socialistas) no eran necesariamente violentas, de hecho algunos fueron de un carácter humorístico, los enfrentamientos entre ambas con resultados de heridos y muertos eran comunes. Y aunque fueron los nacistas quienes introdujeron en la política chilena la idea de fuerza catártica, gran parte de estos combates fueron resultado de iniciativas socialistas, centradas principalmente en el impedimento de la venta de periódicos nacistas. Sin embargo, uno de los hechos más significativos del período fue el asesinato del joven socialista Héctor Barreto, en 1936, por un grupo de nacistas. El clima de violencia se agravó producto de la defensa de González von Marees del asesinato cometido.

Otros partidos, aunque en menor dimensión, también organizaron milicias. Los conservadores crearon la Falange, destinada a la defensa contra el asedio naciste, y un equipo de emergencia, la Brigada Movilizable; aunque esta militarización fue fugaz e improductiva, fue el origen del nombre de los jóvenes conservadores que se organizaron como partido aparte en 1938, Falange Nacional. Liberales y radicales también crearon, temporalmente, milicias. Pero el Partido Comunista, a pesar de su postura insurreccional hasta la conformación del Frente Popular, no llegó a conformarlas, y sus choques con el nacismo fueron esporádicos.Finalmente, cabe mencionar que este período en Chile debe comprenderse en el contexto internacional violentista de mediados de la década del 30: el esplendor y la brutalidad de la Alemania nazi, la invasión italiana de Etiopía y el inicio de la Guerra Civil Española fueron también motivos de enfrentamiento entre nacistas y socialistas chilenos.

3. La política militar de Alessandri. La Milicia Republicana

Arturo Alessandri atacó la violencia política y social, que intentaba desestabilizarlo y deponerlo, mediante tres vías: la depuración del Ejército, el apoyo a una fuerza armada paralela y civil: la Milicia Republicana, y obtención del Congreso de una ley represiva y estados de excepción, que se aplicaba a través de Investigaciones y Carabineros.

Alessandri desconfiaba del Ejército y especialmente de aquellos generales que habían demostrado ser caudillos, por lo que sus maniobras se dirigieron a instalar en la Comandancia en Jefe al coronel Oscar Novoa, militar prestigioso, sin ambiciones y apolítico. Una vez a la cabeza del Ejército, Novoa debe revestirse de autoritarismo para restablecer la disciplina de los oficiales y evitar su participación en política. Las medidas castrenses de Alessandri consistieron entonces en: modificar la plana mayor del Ejército, reducir el número de la oficialidad, disminuir el presupuesto de Defensa para 1933 y cortar la adquisición de materiales bélicos. Pero, además de estas medidas, lo que más molestaba al Ejército era la irracional antipatía y desconfianza de Alessandri hacia todo lo militar. Un ejemplo de ello es el llamado a retiro del coronel Tobías Barros, producto de su amistad con el general Ibáñez. Molestaba también al Ejército el vínculo establecido entre el presidente, las Milicias y Carabineros, y sobre todo el hecho de que esta última institución se ejercitara sistemáticamente para luchar en campo abierto.

La Milicia Republicana (I). Nacimiento y auge

A diferencia de las guardias cívicas o “blancas”, que buscaban restablecer el orden en las calles colaborando con las fuerzas regulares (policías y militares), la Milicia Republicana no buscaba colaborar con aquellas sino enfrentárseles e impedir que atropellaran la Constitución y las leyes. Fue fundada por el ingeniero civil y piloto Eulogio Sánchez en julio de 1932, y significó un grito de protesta y civilismo ante la anarquía patente tras la caída del presidente Montero. Su objetivo era prevenir los cuartelazos y, si de todos modos alguno se produjera, combatirlo. Sus filas estaban abiertas a todas las capas sociales, ideologías políticas y convicciones (radicales, conservadores, católicos, masones, aristócratas, profesionales, trabajadores, etc.), siempre que se manifestasen por las vías legales: la fuerza era sólo un medio de defensa. La única ideología de la Milicia era la restauración del espíritu cívico y la defensa de las instituciones fundamentales de la nación. Por su desprecio por la legalidad burguesa, se excluía de la Milicia tanto a comunistas como a nacistas.

No hubo en la Milicia un proyecto político-partidista actual o futuro: ni el que define Verónica Valdivia en el término de “revitalización nacional”, es decir, en el regreso a un orgullo de ser chileno (que podía ser la base de un proyecto político, pero no éste en sí), ni el que identificaba la izquierda chilena: la instauración de una dictadura. La inexistencia de este proyecto se manifiesta en la poca ambición de sus líderes, que solían bajar desde la cúspide de la jerarquía miliciana a las bases de un momento a otro, y en la negativa de los milicianos a integrarse, ya disuelta esta institución, en partidos nuevos o preexistentes.

Aunque la Milicia contó desde un principio con una estructura organizativa eficiente, con miembros que superaron los veinte mil milicianos y con recursos que posibilitaban grados altos de funcionamiento (vehículos, uniforme, comunicaciones, etc.), carecía de armamento. La única fuente provisión de armas eran los clubes de tiro, cuyas directivas fueron copadas rápidamente por los milicianos, pero tal situación les impedía una disponibilidad absoluta de aquellas. Tal situación cambió con el advenimiento de Alessandri, quien rápidamente otorgó su bendición a la Milicia y le brindó su apoyo, el que incluyó un masivo traspaso de armas desde arsenales del Ejército. Este apoyo se consolidó en el discurso de Alessandri desde La Moneda ante un desfile de milicianos en mayo de 1933, donde manifestó su discrepancia con las opiniones que consideraban a la Milicia como una organización al margen de la Constitución; tal posición del Presidente suscitó la renuncia del Ministro del Interior Horacio Hevia, quien consideraba una amenaza a estas organizaciones armadas.

La Milicia, además de recibir el respaldo del presidente, recibieron el del Congreso, en que se rechazó una moción que la declaraba sediciosa y se aprobó un voto favorable a la institución paramilitar (conservadores y liberales la apoyaban, la izquierda la criticaba y los radicales estaban divididos), y el de los Tribunales de Justicia, que rechazaron un denuncia en contra de ella. Por otro laso, mientras las relaciones con la Armada eran corteses pero no muy entusiastas, las relaciones con Carabineros se tornaron bastante estrechas. La única institución del Estado que rechazaba vivamente a los milicianos era el Ejército, quienes pensaban que aquellos, junto a Carabineros e Investigaciones, espiaban y neutralizaban coordinadamente a los militares.

La Milicia Republicana (II). Declinar

Pero ocurrió algo distinto a lo que imaginaba el Ejército: desde 1934, Alessandri comienza paulatinamente a separarse de la Milicia. Aunque los complots y conspiraciones contra el gobierno persistían, el general Novoa parecía haber controlado al Ejército, Carabineros había demostrado su efectividad (represiva) en Ránquil y, simultáneamente, la recuperación económica avanzaba: la Milicia ya no era tan indispensable. A esto se sumó el rechazo que comenzó a manifestar el Partido Radical ante la Milicia, rechazo que se enmarcaba en un fenómeno más amplio: el descontento de los radicales por formar parte de un gobierno en que predominaba la Derecha (liberales y conservadores).

Los radicales comenzaban lentamente a acercarse hacia la izquierda política, la cual en un comienzo los rechazaba por considerarlos parte de los sectores burgueses. Mientras la decisión de abandonar el gobierno surgió del triunfo electoral de Marmaduke Grove que, al recibir un lugar en la Cámara Alta, demostraba la debilidad de la administración de la que formaban parte; la decisión de abandonar la Milicia se originó en la amenaza de esta de tomar justicia por sus propias manos contra los responsables del atentado de bomba hacia su Comandante en Jefe, Julio Schwarzemberg, amenaza que iba dirigida específicamente a los líderes de la izquierda. Los radicales se sumaron a la crítica generalizada de la izquierda ante esta amenaza y renunciaron masivamente a la Milicia, disminuyendo su número de miembros y poniendo en entre dicho su carácter suprapartidario, ya que los miembros que quedaron eran, en su mayoría, liberales y conservadores. El deseo de Alessandri de mantener el apoyo radical, lo obligó a adoptar una nueva política anti-Milicia, que se plasmó en el trabajo de su nuevo Ministro del Interior, Luis Salas Romo. La Milicia pasó de ser la defensora de la patria y el baluarte de la institucionalidad a ser meramente una fuerza armada irregular.

La Milicia Republicana (III). Final

Durante 1935, la Milicia sufrió una acelerada decadencia, que significó una reducción abundante del número de sus miembros y una serie de diputas doctrinarias; tal decadencia concluyó en julio de 1936, cuando la Comandancia en Jefe declaró la disolución de la Milicia Republicana. Si bien hubo algunos intentos de prolongar su existencia en un partido político, como fue el caso de Acción Republicana, el legalismo estrecho

que había caracterizado a los milicianos les impidió concretizar tal objetivo: su fin había sido preservar los gobiernos constitucionales e impedir cuartelazos y dictaduras, y una vez estos objetivos perdieran vigencia inmediata, la Milicia habría perdido su razón de ser. Lo mismo que Alessandri, la Derecha olvidó rápidamente a la Milicia, quizá porque sus planes se dirigían ahora hacia la recuperación económica y la candidatura presidencial de Ross, o quizá porque la Milicia podría representar un obstáculo a las eventuales aspiraciones dictatoriales del mismo Ross (Existen versiones que afirman el patrocinio de Ross hacia la Milicia, y su participación directa en la decisión de disolverlas). Aun así, es indudable la cooperación que prestó la Milicia Republicana a la consolidación de la institucionalidad civil chilena.

4. La represión legal e ilegal. Investigaciones y Carabineros

Alessandri manejó un doble aparato represivo: legal e ilegal. El primero de ellos correspondía a las facultades extraordinarias que en dos ocasiones (1933) le otorgó el Congreso y al estado de sitio que declaró en 1936, durante el receso parlamentario, con la excusa de una huelga ferroviaria. Mientras las facultades extraordinarias posibilitaban al Presidente prohibir las reuniones públicas, imponer la censura de prensa y relegar ciudadanos a lugares remotos del territorio nacional o detenerlos en sus casas u otros lugares; el estado de sitio sólo se extendía a la limitación de las libertades personales. Otro instrumento legal de represión fue la Ley Nº50 dictada por Carlos Dávila y luego reemplazada por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que estipulaba como delitos el contribuir a la ruptura violenta del orden político, económico o social y de la legalidad, el provocar la indisciplina de las Fuerzas Armadas, el desacato a las autoridades superiores, la fabricación o difusión de armamento y la utilización de emblemas o banderas de carácter disolvente o revolucionario. Los objetivos específicos de esta ley eran los conspiradores militares, los nacistas y los comunistas.

La oposición a las facultades y leyes excepcionales y antisubversivas suscitó numerosos debates, y tuvo como causas la existencia de libertarios auténticos que no toleraban la limitación de las garantías constitucionales, la opinión de sectores que sólo buscaban la caída de Alessandri y la protesta a las excesivas atribuciones que se daba el Presidente, que muchas veces superaban las leyes excepcionales.

Por otra parte, Carabineros e Investigaciones contribuyeron especialmente a sofocar la agitación política y social, sirviendo de vínculo entre estas instituciones y el Presidente, el Intendente de Santiago Julio Bustamante, alessandrista convencido. La dureza policial se centró especialmente en comunistas y nacistas, ya que estos eran los más violentos en la alteración del orden público, las golpizas que se les propinaban no causaban revuelo social -eran elementos mesocráticos o populares-, y estaban fuera del establishment político; los Camisas de Acero socialistas eran menos susceptibles a la represión policial, quizá porque sus actos violentos se reducían a aquellos contra los dos grupos antes citados. Una especialidad de Investigaciones eran los allanamientos a locales y diarios opositores (como La Opinión), que usualmente terminaban en la sistemática destrucción de sus insumos. La explicación de la violencia policial era, en parte, el ser un exceso de una tarea legítima, la virulencia de los diarios opositores y la irritabilidad del propio Alessandri, muy susceptible a cualquier crítica o ridiculización. El temor a que militares, nacistas e ibañistas se unieran para expulsarlo por tercera vez pesó, quizá excesivamente, sobre su manejo político.

5. La vida política, 1932-1936

Alessandri, durante sus primeros años de gobierno, utilizó enérgicamente sus poderes constitucionales (y otros que no lo eran tanto), sus facultades de excepción y el Decreto-Ley Nº 50 (aunque nunca se decidió a erigir una dictadura, como algunos sectores de derecha planteaban); facultades que eran necesarias para enfrentar a una oposición que muchas veces no dudó en planificar estrategias golpistas o, según palabras de la izquierda, revolucionarias. Esta oposición se había organizado en dos alianzas, el Frente Único Socialista y la Federación de Izquierda: la primera dio origen, en 1933, al Partido Socialista, que buscaba ser un partido de izquierda no exclusivamente proletario y que incorporara a otras ideologías (anarquismo, trotskismo, etc.), a intelectuales, profesionales y políticos destacados (Grove, Schnake, Gómez Millas, etc.); la Federación de Izquierda, por otro lado, estaba formada por radicales, radical-socialistas, liberales democráticos (balmacedistas) y demócratas, y era auspiciada por Alessandri, hasta que con la entrada de radicales en el gobierno fue tornándose más enardecida y, en 1934, se unió al PS para conformar el “Block de Izquierda”.

Comunistas y nacistas apoyaron informalmente a este Block; los ibañistas se mantuvieron aparte, pero infiltrados en los partidos del Block.

La oposición tuvo dos campos de lucha principales: el Congreso y la prensa. En el Congreso, aunque minoritaria, la oposición no cejó en criticar violentamente todas las acciones del oficialismo: las facultades extraordinarias, los estados de sitio, la ley de pago de la deuda externa, la COVENSA, el convenio Ross-Calder, la Milicia Republicana, los procesos por complot, la Ley de Seguridad, las huelgas y estallidos sociales, etc.; los miembros más destacados de la oposición parlamentaria fueron Carlos Vicuña, Juan Antonio Ríos, Eugenio Matte, Pedro León Ugalde, Marmaduke Grove, etc. Entre 1935 y 1936 hubo cinco acusaciones constitucionales contra ministros de Alessandri, aunque ninguna de ellas se concretizó.

En cuanto a la prensa, aunque no contaban con grandes rotativos, la oposición sacó efectivas publicaciones: la revista Hoy, ibañista y dirigida por Ismael Edwards; La Opinión, socialista y cuya sede fue también un centro opositor que reunía a los enemigos de Alessandri; La Hora, que fue acosada económicamente por el gobierno y comprada por el radicalismo, aunque sin perder parte de su personal opositor; la revista Topaze, que frecuentemente caricaturizaba al presidente; y Trabajo, el órgano de difusión de los nacistas. Tanto periodistas como directores de periódicos sufrieron allanamientos, relegaciones y la constante represión por parte de las policías. Aun así, más allá de las batallas parlamentarias y de algunos periódicos, aparecía claramente la debilidad política del Block de Izquierda.

Los radicales y sus vaivenes

Aunque el Partido Radical formaba parte del gobierno era patente su inclinación hacia el Block de Izquierda, aunque en este, donde la influencia (informal) del comunismo era fuerte, aun existieran reticencias a aliarse con un partido “burgués”. Alessandri, por otro lado, siempre quiso atraer a los radicales, pero debió enfrentarse con obstáculos como la indisciplina y volubilidad del radicalismo (que incluía entre sus demandas la cuestión “doctrinaria” o religiosa, que los enemistaba con los conservadores), el rechazo del radicalismo a un “gobierno nacional” y su deseo de uno mediatizado por el Partido, y el sesgo anti-radical de Ross y de la Derecha en general. Por su parte, el anticomunismo de los ricos “radicales del sur” hacía al Partido desconfiar del Block de Izquierda.

El Partido Radical había dado su apoyo a las facultades extraordinarias que asumió Alessandri en 1933, aunque con mayor disidencia en la segunda ocasión, situación que se repitió en el debate sobre la Milicia Republicana. Lo cierto es que, hacia 1934, existía una efectiva fronda radical, liderada por el ibañista Juan Antonio Ríos, que pretendía quebrar la alianza de gobierno. Esta fronda se manifestaba en incidentes doctrinarios como la defensa de un proyecto de divorcio, en la petición de despido (rechazada) del ministro conservador de Alessandri, Miguel Cruchaga, y en la adopción teórica de la lucha de clases como parte de la doctrina radical. Los radicales, poco a poco, viraban hacia la izquierda.

La elección de Marmaduke Grove como senador por Santiago en abril de 1934 terminó por sellar el destino radical. El Partido decidió unánimemente abandonar el gobierno, bajo la consideración de que su adhesión a un gobierno derechista lo erosionaba política y electoralmente, haciendo emigrar a sus votantes hacia la izquierda socialista. Renunciaron los ministros Alfredo Piwonka (Interior y Salubridad Pública), Domingo Durán (Educación) y Arturo Montesinos (Agricultura, Tierras y Colonización), y entró en escena Luis Salas Romo, radical-socialista y nuevo Ministro del Interior. Aun así, el radicalismo no ingresa a la oposición: mantiene a sus Intendentes y Gobernadores, y se mantiene neutral en la disputa sobre el origen de la República Socialista (que para algunos involucraba al propio Alessandri), en el debate sobre la CONVESA y en la polémica sobre la masacre de Ránquil; y aunque se unió al ataque de toda la izquierda hacia la Milicia Republicana, a este también se había sumado Alessandri. Y era que el Presidente aun no perdía la esperanza de hacer volver al radicalismo al gobierno.

Mientras el Block de Izquierda extremaba su oposición parlamentaria con motivo del proyecto de Ross sobre pago de la deuda externa, los radicales extremaban también su postura anti-gobierno: de hecho, además de los ibañistas de Ríos, ahora se había agregado el sector más derechista del Partido. A la intensificación de la oposición contribuye también la derrota municipal (para algunos, fraudulenta) del radicalismo y la izquierda. La ruptura definitiva del Partido Radical con el gobierno se manifiesta en la acusación constitucional (no

exitosa) contra Luis Salas Romo, bajo los cargos de represión a los obreros ferroviarios y allanamiento y cierre de La Opinión. Aun así, la oposición radical era tan veleidosa como su anterior gobiernismo.

La elección senatorial por Santiago en julio de 1935, tras la muerte de Pedro León Ugalde, marcó un hito político en que se enfrentó el candidato derechista, Arturo Ureta, con el candidato del Block, Juan Luis Mery (director de La Opinión y perseguido por Alessandri) y el radical Juan Antonio Ríos. El retiro de Ríos se la campaña y el llamado del radicalismo a votar en blanco le entregó el triunfo a Ureta, lo que demostró la importancia de contar con el Partido Radical en una oposición efectiva electoralmente. La consiguiente reestructuración del gabinete, por lo mismo, intentó nuevamente atraer al veleidoso Partido, pero tal objetivo resultó infructuoso. Al concluir 1935, el acercamiento entre los dos grupos opositores, aunque informal, ya operaba de hecho: el veto comunista hacia el radicalismo se había alzado. El único punto de confrontación era la candidatura presidencial de 1938, donde por un lado estaba el postulante de izquierda Marmaduke Grove y, por otro, una miríada de candidatos radicales. La Izquierda no pudo considerarse una efectiva y completa aliada del Partido Radical, mientras no proclamó a un radical de derecha como candidato: Pedro Aguirre Cerda.

Capítulo Sexto: Ross (La coyuntura económico-social)

El trasfondo económico-social del segundo gobierno de Alessandri estuvo muy vinculado a la figura de su Ministro de Hacienda entre 1932 y 1937, Gustavo Ross, quien aparte de un técnico fue una figura política: el candidato presidencial del Gobierno y la Derecha para 1938. Ross se formó en dos ambientes: el porteño, que era comercial y bancario, y donde poseía fuertes lazos con las familias Ross y Edwards; y el parisino, ambiente especulativo donde trabó relaciones con aventureros chilenos. En ambos existía un gran apetito de riqueza, que lo motivó a formar una caudalosa fortuna. Su elegancia, aspecto extranjero, falta de comunicación con los demás y nula amabilidad social, lo convertían en el peor candidato para alcanzar el voto popular.

1. Ideas políticas de Gustavo Ross

A pesar de las apariencias, Ross poseía un genuino interés por la patria, por estimular sus virtudes y corregir sus vicios. Alessandri escogió a Ross por su capacidad económica, pero la meta de esta era más alta, era política: “mandar a los que mandaban”. Prefiero, decía, “la ocupación de Portales a la de Prieto, la de Varas a la de Montt, y sobre todo la de Oliveira Salazar a la de Carmona (Portugal)”.

La dictadura

Al principio, Gustavo Ross no fue bien recibido por la Derecha, pero luego, cuando ya era evidente la amenaza de un triunfo electoral de la Izquierda, aquella se decidió por apoyar una eventual dictadura de la cual Ross (o Alessandri) fuera la cabeza. El temor hacia el avance del comunismo la hacía rechazar, en muchos casos, los “postulados de la libertad”. El mismo Ross, según Rafael Luis Gumucio, demostró varias veces su intención de establecer una dictadura; por lo mismo, Gumucio afirmó de él, cuando rechazó su candidatura presidencial, que “no tiene formación jurídica, carece de criterio legal, no le preocupa el derecho. Las ideas que le oído expresar y las tendencias que le conozco no me ofrecen garantía del absoluto respeto al régimen constitucional que yo debo encontrar en el futuro Presidente de la República”.

Ross creía en la democracia, pero en una democracia de selección, no “de la masa inculta”. Creía que Chile aun no estaba preparado para el establecimiento de una democracia, pues predominaban los “abusos” como el sufragio universal, que entronizaban en el poder las decisiones de la “masa inculta”. (Y es que a pesar de que la dictadura no era una idea generalizada en la Derecha, un pensamiento común dentro de ella sí era el rechazo al sufragio universal y su necesidad de atenuarlo y corregirlo). Se consideraba heredero de una “aristocracia de viejo cuño”, en que predominaba el ideario de la gobernabilidad y del orden (Portales y Varas). Su preocupación por el pueblo era comparable a la de un gobernador británico por los nativos de una lejana colonia: cumplía su deber, los protegía y se preocupaba de su progreso, pero sin esperar mucho de ellos o de su propia labor. Muchos hombre de la época, aun así, reconocían su “vigor, decisión, voluntad de mando” (Tomic) y su “inteligencia y energía superiores” (Adolfo Ibáñez).

2. Ideas económicas de Ross

Ross, que conocía a partir de su propia experiencia los mercados externos, las instituciones que lo manejaban y las personas decisivas de ese mundo, nunca sistematizó su pensamiento económico, pero este puede ser deducido de sus discursos, de sus entrevistas y escritos y de su actuar ministerial. Lo central es su consideración de que la democracia, y el Congreso de que ella se desprendía, implicaban el peligro de que el país gastara desorbitadamente en beneficios que no podía costear, omitiendo el ahorro necesario para un progreso sustentable y continuo, desatando emisiones incontroladas y, en consecuencia, el desborde inflacionario. Para lograr, entonces, un equilibrio presupuestario se debía o reducir el gasto, lo que implicaba el despido de funcionarios, o el aumento de los impuestos. Ross, sin embargo, prefería la segunda de estas medidas: creía que si el Estado gastara sólo el dinero que en verdad tuviese, proveniente de los impuestos, y no “inventaran” dinero imprimiendo billetes sin respaldo, los propios particulares –pagadores de los impuestos- se preocuparían de moderar el desembolso fiscal.

Otros puntos de su ideario económico eran: la necesidad de reanudar el pago de la deuda externa, aunque fuera de manera insatisfactoria para los acreedores, de modo que éstos supiesen a que reglas atenerse y Chile pudiera reingresar en el “mundo real”; y la necesidad de reorganizar las exportaciones de salitre, la que pronto se vería frustrada al evidenciarse que la crisis salitrera era permanente.

Ross se consideraba capitalista, pero con matices: 1) consideraba que el auge de tendencias antiliberales y proclives al nacionalismo económico posterior a la crisis de 1929 debían ser aceptadas pragmáticamente y de acuerdo al clima internacional del momento, a pesar de que ellas obligaran a Chile a “auto-sustentarse” y emprender un proceso de industrialización para el cual no estaba preparado; 2) consideraba que las empresas de servicio público, como la electricidad y el agua potable, no debían ser explotadas por el lucro, sino para beneficio de la colectividad atendida, y por lo mismo, que era desaconsejable que pertenecieran a extranjeros; y 3) consideraba necesaria la acción estatal de fomento e intervención respecto a ciertas actividades económicas de gran importancia para el país, como el salitre (COVENSA), la navegación (Compañía Sudamericana de Vapores) y la distribución interna de combustible (COPEC).

3. La acción económica del ministro Ross

Equilibrio fiscal

Ross fue inflexible en equiparar los gastos y las entradas del Fisco. Para reducir el déficit de más de 500 millones de pesos con que se inició 1933, recurrió a reducción de gastos en más de 100 millones, creo nuevos impuestos equivalentes a 200 millones y recibió préstamos de la banca comercial (deuda interna) por 200 millones. Posteriormente, el Fisco dejaría efectivamente de recurrir a préstamos del Banco Central para financiar sus déficits, pero los intereses de préstamos anteriores hacían que el monto de la deuda no bajara.

El incremento de los tributos, que causó un fuerte rechazo tanto en los empresarios como en la Derecha política, consistió en los siguientes: alza de tarifas aduaneras, de las contribuciones de los inmuebles agrícolas y de algunos rubros del impuesto a la renta, además de un nuevo impuesto a las compraventas de bienes corporales y de moneda extranjera. Esta última medida generó un “efecto cascada” que encareció fuertemente los productos para los consumidores últimos; a pesar de las medidas que tomó el gobierno para reducir las pérdidas del comercio minorista, sus problemas esenciales no fueron solucionados. Otros impuestos fueron a la “cifra de negocios”, a la gasolina y al petróleo, a la acuñación de monedas divisionarias (nickel) y la recuperación de los impuestos del salitre. El presupuesto de 1933 quedó, entonces, financiado, y en los próximos años dejaría como resultado superávits. Pero mientras Ross logró con éxito alcanzar el equilibrio fiscal, con ello aumentaron las presiones para aumentar el gasto público.

De la COSACH a la COVENSA

La disolución de la COSACH, el 2 de enero de 1933, fue el primer acto importante realizado por el segundo gobierno de Alessandri. Las raíces de los problemas y mala fama de la COSACH eran las siguientes: 1) la excesiva influencia de la familia (norteamericana) Guggenheim en la administración de la empresa, derivada

de su tradicional propiedad de las principales oficinas salitreras; 2) el escaso valor de los activos líquidos invertidos en la empresa por los Guggenheim, los cuales eran contrarrestados con las deudas que se poseían (situación negociada por Pablo Ramírez, durante el gobierno de Ibáñez); 3) la concentración de las reservas salitreras que implicaba su existencia, dos tercios de las cuales estaban en manos del Estado; 4) las excesivas deudas de la empresa que, principalmente contraídas por los socios norteamericanos y en un contexto de descenso de los precios del salitre, impedían una competencia efectiva con el salitre sintético; y 5) la existencia de bonos de la COSACH de pagos privilegiados, que generalmente eran aprovechados para pagar las deudas contraídas por los Guggenheim. Entre 1932-1933, existía la creencia político-popular de que la familia Guggenheim era culpable de la parálisis de la COSACH: traspasándole sus deudas, aprovechándose de sus bonos y utilizándola para apropiarse de las pampas salitreras.

Los intentos de concertar a la COSACH con el Estado se produjeron durante todos los sucesivos gobiernos de 1931 y 1932, El presidente de la empresa, el norteamericano Medley Whelpley, logró un acuerdo con Enrique Zañartu, Ministro de Hacienda de Carlos Dávila, que implicaba: retirar de la COSACH las pampas salitreras del Estado y restituírselas, suprimir las acciones privilegiadas, disminuir la deuda y reservar al Estado un tercio de las entradas de la empresa. El objetivo de muchos no era eliminar la COSACH, sino utilizarla para nacionalizar la industria del salitre. El gobierno de Alessandri actuó de manera opuesta: disolvió la COSACH y nacionalizó la comercialización del salitre, no su producción.

A través de la creación de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (COVENSA), el ministro Gustavo Ross propuso las siguientes medidas: el estanco a favor del Estado de la comercialización del salitre y el yodo; este estanco sería cedido por no más de 35 años a la COVENSA, sociedad anónima formada por el mismo Estado y los productores; la COVENSA compraría el salitre a los productores por su “costo industrial” más un plus de 1,50 pesos la tonelada; los impuestos de la COVENSA, y sus empresas adheridas, se verían disminuidos; el Estado renunciaría a la posibilidad de cobrar bonos favorecidos; 5 directores de la COVENSA los nombraría el Estado, 5 directores los otros socios, y un undécimo, el presidente, los mismos directores; el 25% de las utilidades se destinaría al Estado. Durante todo 1933, Ross debió enfrentarse a quienes lo criticaban por no aprovechar la oportunidad de, de una vez por todas, nacionalizar la industria del salitre.Quizás el principal obstáculo era el de que, en caso de nacionalizar de industria, sería imposible utilizar el denominado “sistema Guggenheim”, patentado por la familia de ese nombre.

A pesar de la oposición de parte del Congreso (que introdujo algunas modificaciones) y de parte de los productores extranjeros, el 8 de enero de 1934 fue creada por ley la COVENSA. Su primer presidente fue el propio ministro Ross. El comercio externo e interno del salitre se había nacionalizado y estatizado. Sobre las tuinas de la COSACH se levantaba una nueva corporación.

La deuda externa

El 25% de las utilidades que la COVENSA destinaba al Estado fue utilizado por Ross para reanudar el pago de la deuda externa, suspendido desde julio de 1931. Fue relegada la esperanza de los empresarios de que es 25% aliviará las cargas impositivas del país, en pos de la reinserción en el concierto económico mundial. Esta regularización del pago tuvo dos tipos de opositores: 1) quienes, chilenos o extranjeros poseedores de bonos, consideraban que el pago debería reanudarse en las mismas condiciones que antes de la crisis; y 2) quienes creían que este dinero debería destinarse a otros recursos más urgentes, como el fomento económico, la disminución de los impuestos y el mejoramiento social. Aun así, el 1 de febrero de 1935 se aprobó en el Congreso la ley que destinaba al pago de la deuda los ingresos fiscales de COVENSA (25% de sus utilidades) y los impuestos que pagara el cobre, sin la necesidad de que estos se incluyeran en el presupuesto. Tanto en este como en otros triunfos de Alessandri y Ross (como la creación de la COVENSA) fue indispensable el apoyo legislativo del Partido Radical.

Para dar a conocer la nueva ley se enviaron misiones a Estados Unidos y Europa, lideradas respectivamente por Ernesto Barros y Luis Izquierdo. Sólo en Gran Bretaña fueron los chilenos bien recibidos, ya que allí los tenedores de bonos eran pocos y grandes inversionistas, a diferencia de Estados Unidos, Francia, Suiza, etc., donde los acreedores resintieron más las nuevas condiciones de pago.

A pesar de que los montos destinados al pago de la deuda eran un bajísimo porcentaje respecto a la totalidad de aquella, internacionalmente se vio el “gesto” chileno como la exhibición de una voluntad de pago, algo bien recibido por los inversionistas extranjeros. Entre 1935 y 1938 los intereses que se pagaron variaron del 0,48% al 2,09% cuando lo pactado al emitir los bonos era el 6%. La deuda externa chilena comenzó a disminuir y el tipo de regularización del pago fue, finalmente, aceptado por los acreedores.

Ross y la intervención económica

La creación de la COVENSA demostró que Gustavo Ross no rechazaba la existencia de un Estado que orientase y fomentase la economía, tanto a través de la creación de industrias y su protección aduanera como mediante la nacionalización de servicios públicos.

Un ejemplo de estas prácticas se dio en 1935, cuando persiguió judicialmente a la Compañía Chilena de Electricidad Limitada (acusada de enviar a su casa matriz en Estados Unidos, la South Anerican Power Co., remesas de divisas adquiridas en el mercado negro), con el objetivo de que esta permitiera al Estado ser co-dueño y co-administrador de la empresa. Las negociaciones (intermediadas) entre el presidente norteamericano de la empresa, Curtis Calder, y Ross terminaron con el siguiente acuerdo: las cinco empresas chilenas de la South American se unificarían; el Estado, sin poseer acciones, se quedaría con dos tercios de las utilidades de la empresa (esos mismos dos tercios pertenecerían al Estado si la empresa se liquidaba); la composición del Directorio se dividiría entre representantes del Estado (chileno) y de los accionistas (norteamericanos); la Compañía invertiría en la construcción de una nueva planta en Laguna Verde; y, por último, las multas y juicios criminales contra la empresa quedarían sin efecto. El pacto Ross-Calder demostró el pragmatismo del ministro, que prevaleció a pesar de todas las críticas en la prensa y el Congreso.

El nacionalismo económico no se manifestaba sólo en el control de los servicios públicos, sino también en el fomento de actividades particulares de trascendencia y beneficio general. Ejemplo de ello fue la creación de COVENSA, y el apoyo a la Compañía Sudamericana de Vapores y a la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC). El apoyo a las dos últimas empresas permitió, respectivamente, la navegación interoceánica y la nacionalización de la distribución (no del refinamiento, que pagaba altos impuestos) de combustibles.

El nacionalismo se vio reforzado cuando los países industrializados comenzaron a poner barreras para que América Latina les exportara sus materias primas, lo que produjo una consecuente de divisas para adquirir productos de consumo diario en el exterior. Esto motivó desde 1934 el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones, protegida del comercio exterior por altas barreras aduaneras. Otras dos medidas adoptadas por Ross, la adquisición del Ferrocarril Transandino y el establecimiento de un régimen cambiario favorable a la minería del cobre, generalizó la opinión de que Ross era más nacionalista en materia económica que los hombres de izquierda que voceaban esa tendencia.

Avance del intervencionismo estatal

El intervencionismo estatal avanzó especialmente con respecto al comercio exterior. Desde la crisis económica, las importaciones y exportaciones ya no podían dejarse al libre juego del mercado y, finalmente, el control y la regulación del Estado devinieron en rutina y normalidad económica. Una de las medidas que tomó Ross fue el monopolio del Banco Central de la compra y venta de divisas, y de la asignación de precios en pesos chilenos. Además, existieron cuotas de importación de bienes, repartidas por una Comisión de Cambios Internacionales. Y en el ámbito de las exportaciones, un ejemplo es el trabajo de la Junta de Alimentos, que vigilaba los envíos de trigo y sus derivados, fijaba los precios de la harina y el pan, autorizaba o prohibía exportaciones agrícolas y, en resumen, evitaba la el desabastecimiento.

Todas estas acciones del ministro Ross confluyen en el concepto de fomento, cuyo objetivo era el desarrollo de la empresa privada con apoyo fiscal. Esto suponía 1) la generación de un “plan público”, que incentivara ciertos rubros económicos y desincentivara otros, 2) el control del Estado sobre la marcha del plan y 3) el manejo directo por parte del Estado de determinadas infraestructuras básicas demasiado onerosas para el sector privado, como el acero, la energía hidroeléctrica, las grandes fundiciones y el petróleo. El plan de fomento de la CORFO fue heredero del plan de fomento de Ross. La crisis económica había “contaminado” a todos de estatismo, incluido a los sectores de derecha.

Las políticas económicas de Ross no fueron ni reposadas ni ortodoxas sino más bien pragmáticas, buscando el beneficio del país. Sin embargo, se tejió alrededor un círculo de críticos, que hicieron correr rumores acerca de su tendencia a las especulaciones y su búsqueda de beneficios personales. Se lo llegó a calificar de “el último pirata del Pacífico” o de “destacado representante del capitalismo imperialista”.

4. La recuperación económica y sus límites

Desde 1933-1934, se comenzó a percibir cierta recuperación económica, interrumpida por una recesión en 1933 y un aumento de la inflación en 1936-1937, que sin embargo no paralizaron ni retardaron en exceso tal reactivación. Aunque la baja del interés de los créditos bancarios y el aumento de los negocios organizados por sociedades anónimas fueron algunas de las causas de la recuperación económica, las razones fundamentales de ella fueron tres: la reactivación mundial, la normalidad política y la política económica de Ross.

En primer lugar, los años 1934 y 1937 presenciaron un alza mundial de los precios, las exportaciones, la actividad industrial y el producto; esta reactivación se produjo en diferentes niveles tanto en Europa como en América Latina, y dependió de factores como el alivio en las balanzas cambiarias debido a la cesación del pago de la deuda, el desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones y la inversión extranjera directa (el último de estos factores ausente en Chile). En segundo lugar, la normalidad política lograda por Arturo Alessandri permitió recolocar al país en los rieles constitucionales y legales. Y en tercer lugar, la obra de Ross incidió en la recuperación económica a partir de cuatro aspectos puntuales: la creación de la CONVESA, la eliminación de los impuestos a la exportación del salitre y la rebaja de sus deudas, aumentando la competitividad de la industria; las medidas relativas a la construcción, actividad estimulada por exenciones de impuestos y leyes sobre vivienda popular; el establecimiento de un precio básico para la producción de trigo, que le permitió volver a los niveles anteriores a la crisis; y el alza de tarifas aduaneras y la restricción a las importaciones, que permitió el desarrollo de una industria sustitutiva de importaciones. Desde 1934, la industria se comenzó a transformar en la primera actividad económica nacional. (Y desde 1938, se produjo una recuperación de la competencia europea y estadounidense, llegándose a denunciar un auténtico dumping en lo fabril).

Las medidas recuperativas de Ross fueron pragmáticas y originales. No reactivaron la economía mediante el aumento del gasto público (lo que se habría sostenido con un déficit), sino a través de franquicias y garantías al sector privado. Los éxitos de su programa se reflejaron en la disminución de la cesantía, el aumento del Producto Geográfico Bruto y el crecimiento de la producción agrícola e industrial. La economía chilena en general parecía haberse recuperado de la crisis económica de 1929.

Las obras públicas

Al comienzo, Alessandri y Ross emprendieron la realización de obras públicas con recursos ordinarios, pero hacia 1935, cuando concluyeron las franquicias en beneficio de la construcción, la acción del gobierno se volcó este ámbito, específicamente a la realización de caminos y escuelas. El financiamiento para ello se obtuvo de dos fuentes: suprimiendo las restricciones legales para invertir en obras públicas los fondos jubilatorios de los empleados y modificando el destino de un 5% de las utilidades de COVENSA. En materia de caminos, se dictó una nueva ley para regular su existencia. Con respecto a las escuelas, se creó la “Constructora de Establecimientos Educacionales”, de carácter mixto (estatal y privado). En materia de salud, se construyeron sanatorios y hospitales, además de modernizarse algunos otros. Obras públicas de importancia fueron, entre otras, la Escuela de Leyes, el Barrio Cívico, el Hotel Carrera, el Hotel O’Higgins (Viña del Mar), el Teatro-Circo Caupolicán y, el más importante, el Estadio Nacional.

Los límites de la recuperación

A pesar de que hacia 1936-1938 el país volvió a los niveles económicos de 1929, esta recuperación tuvo límites. Una forma de crecer “hacia adentro” había debilitado el comercio exterior y generado una reacomodación a la baja de la economía, provocando un fuere empobrecimiento de los sectores más modestos. Este empobrecimiento, que contrastaba con el lujo del que hacían gala los sectores acomodados, se manifestó

en una reducción de los salarios y en un aumento de la mortalidad. El peso del ajuste estructural implementado por Ross terminó recayendo en estos sectores y no en los aristocráticos, reemplazando una solución que podría interpretarse como “socialismo de Estado” por una que no afectaba al régimen económico imperante. Estos problemas se agravaron con la recaída inflacionaria de 1936-1937 y con el encarecimiento de la subsistencia popular, especialmente del vestuario.

5. Alessandri y Ross

A pesar de los egos formidables de Alessandri y Ross, estos se conciliaron y complementaron en el actuar común, respetando el segundo la autoridad del Presidente, y reconociendo este la competencia y decisiones técnicas del Ministro de Hacienda. Pero Alessandri jamás aprobó la candidatura de Ross: lo consideraba mal candidato, rechazaba su postura anti-radical (Alessandri consideraba que era inviable una candidatura sin el apoyo del Partido Radical), y además prefería que el postulante a la presidencia fuera de su entera confianza e incondicional suyo. Aun así, finalmente terminó aceptando, y apoyando política y administrativamente, la candidatura Ross.

6. La lucha social

El estado de desposeimiento de los sectores populares con posterioridad a la crisis económica provocó que el período del segundo gobierno de Alessandri estuviese marcado por la agitación y la lucha social. Una serie de protestas se desarrollaron cuando las condiciones de vida comenzaron a mejorar, ya que antes el objetivo principal era la subsistencia, y fueron utilizadas por los sectores opositores, especialmente por el Partido Comunista, para desacreditar al gobierno. Este fue enérgico y arbitrario para enfrentar esta agitación, a la que identificaba como aliada de la oposición política.

Los campos en que se desarrolló el conflicto social fueron, principalmente, el magisterio primario y el de los trabajadores ferroviarios del Estado. Las dos principales entidades gremiales del magisterio primario fueron la Asociación General de Profesores de Chile (AGP) y la Federación de Maestros de Chile (FM); mientras la AGP era de mayor amplitud y pluralismo ideológico, la FM declaraba abiertamente su carácter marxista. El Gobierno enfrentó a estas organizaciones, especialmente a la segunda, mediante una exoneración masiva de sus líderes, algunos sólo repuestos durante la presidencia de Aguirre Cerda. En cuanto a los trabajadores de Ferrocarriles del Estado eran un gremio conflictivo, pero no unitario; sus principales organizaciones eran la Federación Ferroviaria de Chile y la Federación de Empleados Ferroviarios Zona Sur; la influencia comunista y grovista se disputaban el apoyo de estos gremios. Alessandri debió enfrentar un paro nacional de los ferroviarios en 1935, motivado por el no pago de unas gratificaciones contempladas en la ley, mediante la militarización de la empresa y la detención y exoneración de los líderes del movimiento. Al año siguiente se produjo una nueva huelga, a la que se respondió, además de los métodos antes señalados, mediante la relegación de sus dirigentes.

Ránquil

En 1934 tuvo lugar la sublevación y matanza popular de Ránquil, el episodio más trágico y sangriento del período post-crisis. El valle de Lonquimay se caracterizaba por una repartición demasiado exigua de los terrenos, una mediocre calidad del suelo y una frecuencia de sequía que hacían difícil la explotación agrícola de la tierra. La crisis económica de 1929 agravó la situación, dejando a los habitantes de los predios en condiciones próximas a la miseria y el hambre. Además, las acciones judiciales de la familia Bunster por quedarse con una parte del predio Guayalí, las cuales fueron aceptadas por las autoridades procediendo al desalojo de Nitrito, exacerbaron un sentimiento de rebeldía tanto en los colonos, los mapuches y los trabajadores que construían un túnel en la región o explotaban los lavaderos de oro.

Estas condiciones, sumadas a la personalidad de uno de los líderes del Sindicato Agrícola de Lonquimay Juan Leiva, permitieron que el 26 de junio de 1934 se convocara a un alzamiento general en Guayalí, el cual posteriormente se extendió al predio de Ránquil. El objetivo de este no era claro, los campesinos e indígenas que participaron se dedicaron a la venganza y el robo, dejando un saldo de 15 muertos. La represión se organizó con rapidez, poniendo fin al alzamiento en menos de dos semanas. Todos los líderes de este, incluido Leiva, fueron ejecutados. No hubo investigación ni menos castigo de las ejecuciones ilegales

realizadas por Carabineros. Estos sucesos fueron aprovechados a fondo por la oposición política, especialmente por la FOCH.

7. La acción económico-social

A pesar de haber reprimido los movimientos de protesta y considerar que las medidas tomadas por él y Ibáñez en años anteriores habían sido fundamentales elementos de progreso, Alessandri emprendió una serie interesantes iniciativas en el área social.

Remuneraciones mínimas. Asignación familiar

El intento de Alessandri de establecer un salario mínimo para campesinos y trabajadores en general no prosperó. El proyecto referente a los campesinos, a pesar de contar con el apoyo de la SNA, fue rechazado por los pequeños productores agrícolas, quienes temieron que una ley de este tipo generara la politización del campo. Aquel que se dirigía al resto de los trabajadores, que era apoyado por la Iglesia y por numerosos empresarios mineros y fabriles, fue rechazado por patrones liberales y católicos, a quienes les importaba más el aumento de la producción y luego el aumento de los salarios. También fracasó el proyecto gubernamental de establecer una asignación familiar a los trabajadores. Sin embargo, los empleados sí lograron un aumento de sus remuneraciones y la asignación familiar, comenzando a gestarse una diferencia legislativo-social entre estos y los simples obreros.

Acción del Comisariato

Un fracaso parcial representó la acción del Comisariato de Subsistencia y Precios, destinado a reducir el número de intermediarios que, supuestamente, encarecían la alimentación. Este Comisariato había establecido “restaurantes populares” y “puentes reguladores”, los primeros destinados a vender almuerzos baratos y de buena calidad, y los segundos a vender productos, principalmente pescado, a precios módicos. Los restaurantes, sin embargo, terminaron siendo más concurridos por la clase media que por los sectores populares, a quienes inicialmente estaba destinado. Los puestos reguladores eran muy concurridos, pero de abastecimiento intermitente.

Fijaciones de precios

El brote inflacionario de 1936-1937 provocó conflictos entre el Comisariato y la Junta de Exportación Agrícola por la fijación de precios. Aun así, ambos organismos apoyaron la necesidad de tales medidas.

Los “Consejos”

Frustrada también fue la refundación del Consejo de Economía Nacional, creado por Ibáñez como espacio de encuentro entre el Gobierno y los actores económicos. En 1934, el Consejo sólo operó consultivamente, sin participación ni de los patrones ni de los trabajadores, y sólo de los ministros de Hacienda, Agricultura, Fomento y Trabajo. En 1938, un proyecto de Consejo conformado por productores, sindicatos, empleados, profesionales y organismos públicos, que debía someter a su aprobación proyectos de leyes referentes a impuestos, derechos aduaneros, moneda, fomento y relaciones capital-trabajo, quedó entrampado en la Cámara de Diputados. Parte de las demandas de conformación de un Consejo eficiente se solucionaron con la creación de la CORFO. Además, el solo planteamiento de un Consejo de Economía Nacional liquidó otro organismo corporativo ya en funciones, el Consejo Superior del Trabajo, foro de contacto entre empresarios, trabajadores y el Estado.

Habitación popular

El proyecto de construir viviendas obreras sí prospero, pero no con la fuerza que se supuso. Mediante una iniciativa del senador conservador Alejo Lira se creó, en 1936, la Caja de la Habitación Popular, dotándola de fondos para construir esas viviendas y de la facultad de emitir bonos. Esta vendería o arrendaría casas en condiciones favorables a los afiliados a la Caja de Seguro Obligatorio. El alto costo de este organismo contrataba con el escaso número de casas construidas: entre 1936 y 1942 sólo se erigieron mil casas

anualmente. Una de las causas de esta reducida acción se debió a que no se recurrió al sector privado para las actividades de construcción. El problema de la falta de recursos de la Caja persistió.

Títulos de dominio y colonizaciones

Alessandri, por otro lado, continuó con la política de Ibáñez de regularizar títulos de propiedades agrícolas y urbanas, labor a cargo de la Inspección General de Colonización e Inmigración. Además, aplicando la legislación de Ibáñez, se mensuraron, dividieron y asignaron tierras fiscales a los indígenas, principalmente mapuches (Las mensuras y divisiones se realizaban a partir de la solicitud de un tercio de los comuneros respectivos). El instrumento para subdividir las tierras en general era la Caja de Colonización Agrícola, la cual puso énfasis en la “colonización nacional” más que en la importación de colonos agrícolas extranjeros. Estas actividades de subdivisión llevadas a cabo por Alessandri son una respuesta moderada a las presiones de los círculos de izquierda y socialcristianos por dividir el latifundio: una “pequeña reforma agraria”.

Salud

Eduardo Cruz Coke, Ministro de Salud desde 1937, representante del ala socialcristiana del Partido Conservador, científico de primer orden y futuro candidato presidencial, es responsable de dos significativas reformas de la salud: la Ley de Medicina Preventiva y la Ley de la Madre y el Niño. La primera buscaba enfrentar el ausentismo laboral mediante la detección temprana de enfermedades comunes como la tuberculosis, la sífilis y las deficiencias cardiovasculares mediante exámenes sistemáticos y reposo preventivo pagado. Las críticas a esta ley vinieron tanto de los patrones, que rechazaban pagar un 1% de imposición adicional para financiarla, y de los médicos, por el hecho de no cubrir ni a toda la población ni todas las enfermedades. La Ley de la Madre y el Niño preveía la protección de los niños por nacer y durante los dos primeros años de vida a través de la Caja de Seguro Obligatorio, mediante atención médica y subsidios a la madre embarazada y el niño recién nacido. Estas medidas de protección a la infancia obrera no lograron, sin embargo, revertir la precaria situación de los sectores populares después de la Gran Crisis y el ajuste estructural llevado a cabo por Ross.