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Oficio Nº12.436
VALPARAÍSO, 5 de abril de 2016
Tengo a honra comunicar a V.E. que
el Congreso Nacional ha aprobado el proyecto de ley
que que establece marco para la gestión de residuos y
responsabilidad extendida del productor,
correspondiente al boletín N°9094-12.
Sin embargo, teniendo presente que
el proyecto contiene normas propias de ley orgánica
constitucional, ha de ser enviado al Tribunal
Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental,
en relación con el Nº1º de ese mismo precepto.
En razón de lo anterior, la Cámara
de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber
previamente si V.E. hará uso de la facultad que le
confiere el artículo 73 de la Constitución Política de
la República.
En el evento de que V.E. aprobare
sin observaciones el texto que más adelante se
transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación,
devolviendo el presente oficio.
jsk/craS.8ª/364ª
A S.E. LAPRESIDENTA
DE LAREPÚBLICA
para
“PROYECTO DE LEY:
Que establece marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al
reciclaje.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley
tiene por objeto disminuir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de
valorización, a través de la instauración de la
responsabilidad extendida del productor y otros
instrumentos de gestión de residuos, con el fin de
proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
Artículo 2°.- Principios. Los
principios que inspiran la presente ley son los
siguientes:
a) El que contamina paga: el
generador de un residuo es responsable de éste, así
como de internalizar los costos y las externalidades
negativas asociados a su manejo.
b) Gradualismo: Las obligaciones para
prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización
serán establecidas o exigidas de manera progresiva,
atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los
residuos, las tecnologías disponibles, el impacto
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económico y social y la situación geográfica, entre
otros.
c) Inclusión: Conjunto de mecanismos
e instrumentos de capacitación, financiación y
formalización orientados a posibilitar la integración
plena de los recicladores de base en la gestión de los
residuos, incluidos los sistemas de gestión en el marco
de la responsabilidad extendida del productor.
d) Jerarquía en el manejo de
residuos: Orden de preferencia de manejo, que considera
como primera alternativa la prevención en la generación
de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de
los mismos o de uno o más de sus componentes y la
valorización energética de los residuos, total o
parcial, dejando como última alternativa su
eliminación, acorde al desarrollo de instrumentos
legales, reglamentarios y económicos pertinentes.
e) Libre competencia: El funcionamiento
de los sistemas de gestión y la operación de los gestores
en ningún caso podrá atentar contra la libre competencia.
f) Participativo: La educación,
opinión y el involucramiento de la comunidad son
necesarios para prevenir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de
valorización.
g) Precautorio: la falta de certeza
científica no podrá invocarse para dejar de implementar
las medidas necesarias para disminuir el riesgo de daños
para el medio ambiente y la salud humana derivado del
manejo de residuos.
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h) Preventivo: Conjunto de acciones o
medidas que se reflejan en cambios en los hábitos en el
uso de insumos y materias primas utilizadas en procesos
productivos, diseño o en modificaciones en dichos
procesos, así como en el consumo, destinadas a evitar
la generación de residuos, la reducción en cantidad o
la peligrosidad de los mismos.
i) Responsabilidad del generador de un
residuo: el generador de un residuo es responsable de
éste, desde su generación hasta su valorización o
eliminación, en conformidad a la ley.
j) Transparencia y publicidad: La
gestión de residuos se efectuará con transparencia, de
manera que la comunidad pueda acceder a la información
relevante sobre la materia.
k) Trazabilidad: Conjunto de
procedimientos preestablecidos y autosuficientes que
permiten conocer las cantidades, ubicación y
trayectoria de un residuo o lote de residuos a lo largo
de la cadena de manejo.
Artículo 3°.- Definiciones. Para los
efectos de esta ley, se entenderá por:
1) Almacenamiento: Acumulación de
residuos en un lugar específico por un tiempo
determinado.
2) Ciclo de vida de un producto:
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema
productivo, desde la adquisición de materias primas o
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su generación a partir de recursos naturales, hasta su
eliminación como residuo.
3) Comercializador: Toda persona
natural o jurídica, distinta del productor, que vende
un producto prioritario al consumidor.
En el caso de envases y embalajes, el
comercializador es aquel que vende el bien de consumo
envasado o embalado al consumidor.
4) Consumidor: todo generador de un
residuo de producto prioritario.
5) Consumidor industrial: todo
establecimiento industrial, de acuerdo a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, que genere
residuos de un producto prioritario.
6) Distribuidor: Toda persona
natural o jurídica, distinta del productor, que
comercializa un producto prioritario antes de su venta
al consumidor.
En el caso de envases y embalajes, el
distribuidor es aquel que comercializa el bien de
consumo envasado o embalado antes de su venta al
consumidor.
7) Ecodiseño: Integración de
aspectos ambientales en el diseño del producto, envase,
embalaje, etiquetado u otros, con el fin de disminuir
las externalidades ambientales a lo largo de todo su
ciclo de vida.
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8) Eliminación: Todo procedimiento
cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o
destruir un residuo en instalaciones autorizadas.
9) Generador: poseedor de un
producto, sustancia u objeto que lo desecha o tiene la
obligación de desecharlo de acuerdo a la normativa
vigente.
10) Gestor: Persona natural o
jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de
las operaciones de manejo de residuos y que se
encuentra autorizada y registrada en conformidad a la
normativa vigente.
11) Gestión: Operaciones de manejo y
otras acciones de política, de planificación,
normativas, administrativas, financieras, organizativas,
educativas, de evaluación, de seguimiento y
fiscalización, referidas a residuos.
12) Instalación de recepción y
almacenamiento: Lugar o establecimiento de recepción y
acumulación selectiva de residuos, debidamente
autorizado.
13) Manejo: Todas las acciones
operativas a las que se somete un residuo, incluyendo,
entre otras, recolección, almacenamiento, transporte,
pretratamiento y tratamiento.
14) Manejo ambientalmente racional:
La adopción de todas las medidas posibles para
garantizar que los residuos se manejen de manera que el
medio ambiente y la salud de las personas queden
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protegidos contra los efectos perjudiciales que pueden
derivarse de tales residuos.
15) Mejores prácticas ambientales: La
aplicación de la combinación más exigente y pertinente
de medidas y estrategias de control ambiental.
16) Mejores técnicas disponibles: La
etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de los
procesos, instalaciones o métodos de operación, que
expresan la pertinencia técnica, social y económica de
una medida particular para limitar los impactos
negativos en el medio ambiente y la salud de las
personas.
17) Ministerio: Ministerio del Medio
Ambiente.
18) Preparación para la reutilización:
Acción de revisión, limpieza o reparación, mediante la
cual productos o componentes de productos desechados se
acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna
otra transformación previa.
19) Pretratamiento: Operaciones físicas
preparatorias o previas a la valorización o eliminación,
tales como separación, desembalaje, corte, trituración,
compactación, mezclado, lavado y empaque, entre otros,
destinadas a reducir su volumen, facilitar su
manipulación o potenciar su valorización.
20) Producto prioritario: Sustancia u
objeto que una vez transformado en residuo, por su
volumen, peligrosidad o presencia de recursos
aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la
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responsabilidad extendida del productor, en conformidad
a esta ley.
21) Productor de un producto
prioritario o productor: Persona que,
independientemente de la técnica de comercialización:
a) enajena un producto prioritario
por primera vez en el mercado nacional.
b) enajena bajo marca propia un
producto prioritario adquirido de un tercero que no es
el primer distribuidor.
c) importa un producto prioritario
para su propio uso profesional.
En el caso de envases y embalajes, el
productor es aquél que introduce en el mercado el bien
de consumo envasado y,o embalado.
El decreto supremo que establezca las
metas otras y obligaciones asociadas de cada producto
prioritario sobre la base de criterios y antecedentes
fundados determinará los productores a los que les será
aplicable la responsabilidad extendida del productor,
previa consideración de su condición de micro, pequeña
o mediana empresa, según lo dispuesto en la ley
N°20.416.
22) Reciclador de base: Persona
natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y
semi industrial, se dedica en forma directa y habitual
a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o
asimilables y a la gestión de instalaciones de
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recepción y almacenamiento de tales residuos,
incluyendo su clasificación y pretratamiento. Sin
perjuicio de lo anterior, se considerarán también como
recicladores de base las personas jurídicas que estén
compuestas exclusivamente por personas naturales
registradas como recicladores de base, en conformidad
al artículo 37.
23) Reciclaje: Empleo de un residuo
como insumo o materia prima en un proceso productivo,
incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero
excluyendo la valorización energética.
24) Recolección: Operación consistente
en recoger residuos, incluido su almacenamiento
inicial, con el objeto de transportarlos a una
instalación de almacenamiento, una instalación de
valorización o de eliminación, según corresponda. La
recolección de residuos separados en origen se denomina
diferenciada o selectiva.
25) Residuo: Sustancia u objeto que
su generador desecha o tiene la intención u obligación
de desechar de acuerdo a la normativa vigente.
26) Reutilización: Acción mediante la
cual productos o componentes de productos desechados se
utilizan de nuevo, sin involucrar un proceso
productivo.
27) Sistema de gestión: Mecanismo
instrumental para que los productores, individual o
colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el marco de la responsabilidad
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extendida del productor, a través de la implementación
de un plan de gestión.
28) Superintendencia: Superintendencia
del Medio Ambiente.
29) Tratamiento: Operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
30) Valorización: Conjunto de
acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o
varios de los materiales que lo componen y,o el poder
calorífico de los mismos. La valorización comprende la
preparación para la reutilización, el reciclaje y la
valorización energética.
31) Valorización energética: Empleo
de un residuo con la finalidad de aprovechar su poder
calorífico.
TITULO II
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Artículo 4°.- De la prevención y
valorización. Todo residuo potencialmente valorizable
deberá ser destinado a tal fin evitando su eliminación.
Para tal efecto, el Ministerio,
considerando el principio de gradualismo y cuando sea
pertinente, deberá establecer mediante decreto supremo
los siguientes instrumentos destinados a prevenir la
generación de residuos y,o promover su valorización:
a) Ecodiseño.
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b) Certificación, rotulación y
etiquetado de uno o más productos.
c) Sistemas de depósito y reembolso.
d) Mecanismos de separación en origen
y recolección selectiva de residuos.
e) Mecanismos para asegurar un manejo
ambientalmente racional de residuos.
f) Mecanismos para prevenir la
generación de residuos, incluyendo medidas para evitar
que productos aptos para el uso o consumo, según lo
determine el decreto supremo respectivo, se conviertan
en residuos.
Un reglamento establecerá el
procedimiento para la elaboración de los decretos
supremos que establezcan los instrumentos anteriores.
Este procedimiento deberá contener a lo menos las
siguientes etapas:
a) Un análisis general del impacto
económico y social.
b) Una consulta a organismos públicos
competentes y privados, incluyendo a los recicladores
de base.
c) Una etapa de consulta pública, la
que tendrá una duración mínima de treinta días hábiles.
La propuesta de decreto supremo que
regule alguno de los instrumentos señalados en las
letras anteriores deberá ser sometida al
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pronunciamiento del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en los
artículos 71 y siguientes de la ley N°19.300. Tal
decreto será reclamable en los términos establecidos en
el artículo 16.
La Superintendencia será competente
para fiscalizar el cumplimiento de dichos instrumentos
e imponer sanciones, en conformidad a su ley orgánica.
Artículo 5°.- Obligaciones de los
generadores de residuos. Todo generador de residuos
deberá entregarlos a un gestor autorizado para su
tratamiento, de acuerdo con la normativa vigente, salvo
que proceda a manejarlos por sí mismo en conformidad al
artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos
deberá igualmente cumplir con la normativa vigente.
Los residuos sólidos domiciliarios y
asimilables deberán ser entregados a la municipalidad
correspondiente o a un gestor autorizado para su
manejo.
Lo dispuesto en los incisos
anteriores será sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34.
Artículo 6°.- Obligaciones de los
gestores de residuos. Todo gestor deberá manejar los
residuos de manera ambientalmente racional, aplicando
las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas
ambientales, en conformidad a la normativa vigente, y
contar con la o las autorizaciones correspondientes.
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Asimismo, todo gestor deberá
declarar, a través del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes, al menos, el tipo,
cantidad, costos, tarifa del servicio, origen,
tratamiento y destino de los residuos, de acuerdo a lo
dispuesto en el reglamento a que se refiere el artículo
70, letra p), de la ley N°19.300.
Artículo 7°.- Los gestores de
residuos peligrosos que determine el Reglamento
Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos deberán
contar con un seguro por daños a terceros y al medio
ambiente.
Artículo 8°.- Obligaciones de los
importadores y exportadores de residuos. Los
importadores y exportadores de residuos se regirán por
lo dispuesto en el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, y por las demás normas
legales y reglamentarias que regulen la materia.
Se prohíbe la importación de residuos
peligrosos para su eliminación. La importación de
residuos peligrosos para su valorización sólo será
autorizada si se acredita ante el Ministerio del Medio
Ambiente que aquella será efectuada por gestores
autorizados que cuenten con una Resolución de
Calificación Ambiental que los habilite para tal
efecto.
Mediante decreto supremo, expedido
por el Ministerio y firmado además por el Ministro de
Salud, se establecerán los requisitos, exigencias y
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procedimientos para la autorización de importación,
exportación y tránsito de residuos, el que deberá
incluir la regulación de las garantías asociadas.
Cuando la autoridad correspondiente
advierta que un importador o exportador no cuenta con
la autorización señalada en el inciso precedente, el
Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el
adecuado manejo de los residuos, a costa del infractor,
debiendo siempre manejar los residuos de manera que
garantice la protección del medio ambiente y la salud
de las personas.
El Ministerio estará facultado para
denegar fundadamente las autorizaciones de importación
y exportación, cuando existan antecedentes de que los
residuos no serán sometidos a un manejo ambientalmente
racional.
Todo importador y exportador de
residuos deberá informar, al menos, el tipo de residuo,
cantidad, origen, tratamiento aplicado, incluyendo el
destino de los residuos generados, cuando corresponda,
a través del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes.
TITULO III
DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
Párrafo 1°
Disposiciones generales
Artículo 9°.- Responsabilidad extendida
del productor. La responsabilidad extendida del
productor corresponde a un régimen especial de gestión
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de residuos, conforme al cual los productores de
productos prioritarios son responsables de la
organización y financiamiento de la gestión de los
residuos de los productos prioritarios que
comercialicen en el país.
Los productores de productos
prioritarios deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
a) Inscribirse en el registro
establecido en el artículo 37.
b) Organizar y financiar la
recolección de los residuos de los productos
prioritarios en todo el territorio nacional, así como
su almacenamiento, transporte y tratamiento en
conformidad a la ley, a través de alguno de los
sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3° de
este título. La presente obligación será exigible con
la entrada en vigencia de los respectivos decretos
supremos que establezcan metas y otras obligaciones
asociadas.
c) Cumplir con las metas y otras
obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y
condiciones establecidos en el respectivo decreto
supremo.
d) Asegurar que la gestión de los
residuos de los productos prioritarios se realice por
gestores autorizados y registrados.
e) Las demás que establezca esta ley.
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Artículo 10.- Productos Prioritarios.
La responsabilidad extendida del productor aplicará a
las categorías o subcategorías definidas en los
respectivos decretos supremos que establezcan metas y
otras obligaciones asociadas, para los siguientes
productos prioritarios:
a) Aceites lubricantes.
b) Aparatos eléctricos y electrónicos.
c) Baterías.
d) Envases y embalajes.
e) Neumáticos.
f) Pilas.
Para la definición de las categorías
y subcategorías deberá considerarse la efectividad del
instrumento para la gestión del residuo, su volumen,
peligrosidad, potencial de valorización o el carácter
de domiciliario o no domiciliario del residuo.
El Ministerio, a través de los
decretos supremos referidos, podrá igualmente aplicar
la responsabilidad extendida del productor a las
categorías y subcategorías de otros productos, los que
se entenderán productos prioritarios. Para tal efecto,
deberán considerarse los criterios referidos en el
inciso anterior.
Artículo 11.- Productos prioritarios
no sometidos a metas ni obligaciones asociadas. El
Ministerio podrá requerir a los productores, cuyos
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productos prioritarios se encuentren en una categoría o
subcategoría excluida de la aplicación de la
responsabilidad extendida del productor, informar
anualmente y respecto al año inmediatamente anterior al
requerimiento, a través del Registro de Emisiones y
Transferencias de Contaminantes, lo siguiente:
a) Cantidad de productos comercializados
en el país.
b) Actividades de recolección,
valorización y eliminación realizadas y su costo.
c) Cantidad de residuos recolectados,
valorizados y eliminados.
d) Indicación de si la gestión para
las actividades de recolección y valorización es
individual o colectiva.
Los diarios, periódicos y revistas se
considerarán productos prioritarios no sometidos a
metas ni obligaciones asociadas y quedarán sujetos a
las disposiciones del presente artículo.
La información referida podrá ser
requerida por primera vez en un plazo máximo de doce
meses, contado desde la entrada en vigencia del decreto
supremo respectivo. En el caso de diarios, periódicos y
revistas, dicho plazo se contará desde la publicación
de la presente ley.
Párrafo 2°
Metas de recolección y valorización y otras
obligaciones asociadas
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Artículo 12.- Metas de recolección y
valorización. Tanto las metas de recolección como de
valorización de los residuos de productos prioritarios
serán establecidas mediante decretos supremos dictados
por el Ministerio.
El establecimiento de tales metas se
efectuará en relación con la cantidad de productos
prioritarios introducidos en el mercado nacional por
cada productor, aplicando los principios de gradualismo
y de jerarquía en el manejo de residuos, considerando
las mejores técnicas disponibles y las mejores
prácticas ambientales como criterio para tal efecto.
Estos decretos supremos podrán
establecer diferencias en las metas en base a
consideraciones demográficas, geográficas y de
conectividad.
Artículo 13.- Obligaciones asociadas.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de metas, los
decretos supremos indicados en el artículo anterior
podrán regular las siguientes obligaciones:
a) De etiquetado.
b) De información a distribuidores o
comercializadores, gestores y consumidores, incluyendo
la tarifa correspondiente al costo de la gestión de
residuos.
c) De diseño e implementación de
estrategias de comunicación y sensibilización.
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d) De diseño e implementación de
medidas de prevención en la generación de residuos.
e) De entrega separada en origen y
recolección selectiva de residuos.
f) De limitaciones en la presencia de
sustancias peligrosas en los productos.
g) De exigencias de ecodiseño.
h) De diseño, cobertura y operación
de instalaciones de recepción y almacenamiento.
i) Especificación de los roles y
responsabilidades que corresponden a los diferentes
actores involucrados en el cumplimiento de las metas,
en virtud de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 14.- Procedimiento para el
establecimiento de metas y otras obligaciones
asociadas. Un reglamento establecerá el procedimiento
para la elaboración de los decretos supremos que
establezcan metas y otras obligaciones asociadas por
producto prioritario, el que deberá contener a lo menos
las siguientes etapas:
a) Un análisis general del impacto
económico y social.
b) Una consulta a organismos públicos
y privados competentes, quienes conformarán un comité
operativo ampliado que el Ministerio creará, de
conformidad al artículo 70, letra x), de la ley
N°19.300. Dicho comité se constituirá por
representantes de los ministerios, así como por
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personas naturales y jurídicas ajenas a la
Administración del Estado que representen a los
productores, los gestores de residuos, las asociaciones
de consumidores, los recicladores de base, la academia,
las organizaciones no gubernamentales, entre otros.
c) Una etapa de consulta pública, la
que incluirá la opinión del Consejo Consultivo del
Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 15.- Pronunciamiento del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La
propuesta de decreto supremo que establezca metas y
otras obligaciones asociadas deberá ser sometida al
pronunciamiento del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en los
artículo 71 y siguientes de la ley N°19.300.
Artículo 16.- Recurso de reclamación.
Sin perjuicio de los recursos administrativos que
procedan, los decretos supremos que establezcan metas y
otras obligaciones asociadas serán reclamables ante el
Tribunal Ambiental respectivo, por cualquier persona
que considere que no se ajustan a esta ley y que le
causan perjuicio.
El plazo para interponer el reclamo
será de treinta días, contado desde la fecha de
publicación del decreto en el Diario Oficial.
Los recursos serán conocidos por el
tribunal que en primer lugar se avoque a su
consideración, excluyendo la competencia de los demás.
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La interposición del reclamo no
suspenderá en caso alguno los efectos del acto
impugnado.
Artículo 17.- De la revisión de las
metas y otras obligaciones asociadas. Las metas de
recolección y valorización de residuos de los productos
prioritarios, así como las demás obligaciones
asociadas, deberán ser revisadas como máximo cada cinco
años, de conformidad al procedimiento establecido en el
reglamento.
Artículo 18.- Interpretación
administrativa. Corresponderá al Ministerio interpretar
administrativamente las disposiciones contenidas en los
decretos supremos que establezcan metas y otras
obligaciones asociadas.
Párrafo 3°
De los sistemas de gestión
Artículo 19.- Sistemas de gestión.
Las obligaciones establecidas en el marco de la
responsabilidad extendida del productor deberán
cumplirse a través de un sistema de gestión, individual
o colectivo.
Los decretos supremos que establezcan
metas y otras obligaciones asociadas podrán restringir
la aplicación de uno u otro sistema, a fin de evitar
distorsiones de mercado que pongan en riesgo la
efectividad de la responsabilidad extendida del
productor, o afecten la libre competencia en los
términos establecidos en el decreto con fuerza de ley
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N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, oyendo
previamente al organismo público competente.
Artículo 20.- Sistemas colectivos de
gestión. Los productores que asuman el cumplimiento de
sus obligaciones de manera colectiva, deberán hacerlo
mediante la constitución o incorporación a una persona
jurídica que no distribuya utilidades entre sus
asociados, la que será responsable ante la autoridad.
Dicha persona jurídica tendrá como fin exclusivo la
gestión de los residuos de los productos prioritarios,
y en ningún caso se entenderá como organización de
interés público para los efectos de la ley N°20.500.
Asimismo, deberá estar integrada
exclusivamente por productores, salvo que el respectivo
decreto supremo permita la integración de
distribuidores u otros actores relevantes.
En caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el marco de la
responsabilidad extendida del productor, cada productor
responderá ante el sistema colectivo que integre, en
proporción a las metas que le apliquen.
Sin perjuicio de la normativa
aplicable a la persona jurídica que se constituya, los
estatutos deberán garantizar la incorporación de todo
productor del respectivo producto prioritario, en
función de criterios objetivos, y la participación
equitativa de productores, que aseguren acceso a la
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información y respeto a la libre competencia, y podrán
establecer una remuneración para sus directores.
Los productores deberán financiar los
costos en que incurra la referida persona jurídica en
el cumplimiento de su función, en base a criterios
objetivos, tales como la cantidad de productos
comercializados en el país y la composición o diseño de
tales productos, de conformidad a lo dispuesto en el
decreto supremo que establezca las metas y otras
obligaciones asociadas de cada producto prioritario.
En caso de extinción de la persona
jurídica, sus bienes pasarán a otro sistema colectivo
de gestión o a los productores asociados, según sus
estatutos.
Artículo 21.- Sistemas individuales
de gestión. Los productores que asuman el cumplimiento
de sus obligaciones de manera individual podrán
contratar directamente con gestores autorizados y
registrados.
Artículo 22.- Obligaciones de los
sistemas de gestión. Todo sistema de gestión deberá:
a) Constituir y mantener vigente
fianza, seguro u otra garantía para asegurar el
cumplimiento de la obligación a que se refiere el
artículo 9°, letra c), según lo dispuesto en el decreto
supremo que establezca las metas y otras obligaciones
asociadas a cada producto prioritario, sólo tratándose
de un sistema colectivo de gestión.
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b) Celebrar los convenios necesarios
con gestores registrados y autorizados, municipalidades
y,o asociaciones municipales con personalidad jurídica
en los términos establecidos en los artículos 24 y 25.
c) Entregar al Ministerio los
informes de avance o finales, a través del Registro de
Emisiones y Transferencias de Contaminantes, sobre el
cumplimiento de las metas y otras obligaciones
asociadas, en los términos establecidos en el
respectivo decreto supremo. La Superintendencia podrá
requerir que los informes sean certificados por un
auditor externo. El informe final de cumplimiento
deberá contener, al menos, la cantidad de productos
prioritarios comercializados por los productores que
integran el sistema en el país en el período
inmediatamente anterior; una descripción de las
actividades realizadas; el costo de la gestión de
residuos, en el caso de un sistema individual, y la
tarifa correspondiente al costo de la gestión de
residuos y su fórmula de cálculo, en el caso de un
sistema colectivo; y el cumplimiento de las metas de
recolección y valorización, así como de las
obligaciones asociadas, si corresponde.
d) Proporcionar al Ministerio o a la
Superintendencia toda información adicional que le sea
requerida por éstos, referida al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el marco de la
responsabilidad extendida del productor.
Artículo 23.- Permiso municipal para
la utilización de bienes nacionales de uso público. Sin
perjuicio de la celebración de un convenio de acuerdo
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al artículo 25, los sistemas de gestión autorizados
podrán solicitar a la municipalidad respectiva un
permiso no precario para utilizar veredas, plazas,
parques y otros bienes nacionales de uso público para
el establecimiento y,u operación de instalaciones de
recepción y almacenamiento.
Los antecedentes para solicitar el
permiso, los derechos aplicables y las condiciones de
operación serán establecidos mediante ordenanza
municipal, sin perjuicio de la autorización sanitaria
referida en el artículo 35, en relación al manejo y
disposición de residuos peligrosos.
La municipalidad otorgará
fundadamente el permiso si se comprueba que su
ejercicio no perjudica el uso principal de los bienes y
se ajusta a lo dispuesto en los respectivos decretos
supremos, ordenanzas municipales e instrumentos de
planificación territorial.
El plazo del permiso no podrá ser
inferior a cinco años.
El establecimiento, operación y
mantención de las instalaciones de recepción y
almacenamiento será de responsabilidad del productor o
de su sistema de gestión.
Artículo 24.- Convenios con gestores.
Los sistemas de gestión sólo podrán contratar con
gestores autorizados y registrados.
Para tal efecto, los sistemas
colectivos de gestión deberán realizar una licitación
25
abierta, esto es, un procedimiento concursal, mediante
el cual el respectivo sistema de gestión realiza un
llamado público a través de su sitio electrónico,
convocando a los interesados para que, con sujeción a
las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio
de manejo de residuos. Las bases de licitación deberán
ser entregadas de manera gratuita a los recicladores de
base que manifiesten interés en participar.
Los servicios de recolección y
tratamiento serán licitados por separado. En el caso de
la recolección, los contratos deberán tener una
duración máxima de cinco años.
Los sistemas colectivos de gestión
deberán contar con un informe del Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia que declare que en dichas bases
no existen reglas que impidan, restrinjan o entorpezcan
la libre competencia. Las licitaciones se ajustarán a
los términos que establezca el citado informe.
Los sistemas colectivos de gestión,
cuando así lo requieran, deberán solicitar al
Ministerio que se les exceptúe de realizar una
licitación abierta por razones fundadas, como ausencia
o inadmisibilidad de interesados en ella; casos de
emergencia, urgencia o imprevisto; circunstancias o
características del convenio que así lo requieran y
cuando se trate de la contratación de recicladores de
base.
Lo establecido en los incisos
anteriores no se aplicará cuando los gestores sean
municipalidades o asociaciones de municipalidades con
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personalidad jurídica, caso en el cual se regirán por
lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 25.- Convenios con
municipalidades. Los sistemas de gestión podrán
celebrar convenios con las municipalidades o
asociaciones de municipalidades con personalidad
jurídica, destinados a la separación en origen, a la
recolección selectiva, al establecimiento y,u operación
de instalaciones de recepción y almacenamiento de
residuos de productos prioritarios, o a la ejecución de
otras acciones que faciliten la implementación de esta
ley en sus comunas.
Las municipalidades o asociaciones de
municipalidades podrán ejecutar dichos convenios
directamente o a través de terceros, caso en el que
deberán someterse a lo prescrito en el artículo 24, sin
perjuicio de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
Las diferencias que se presenten a
propósito de los convenios señalados en el inciso
precedente podrán someterse al conocimiento de un juez
árbitro que tendrá el carácter de arbitrador de
conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de
Tribunales.
Artículo 26.- Autorización de los
sistemas de gestión. Los sistemas de gestión serán
autorizados por el Ministerio, para lo cual deberán
presentar, a través del Registro de Emisiones y
27
Transferencias de Contaminantes, un plan de gestión que
contenga, al menos, lo siguiente:
a) La identificación del o los
productores, de su o sus representantes e información
de contacto.
b) La identificación de la persona
jurídica, copia de sus estatutos e identificación de
los asociados, en el caso de un sistema colectivo de
gestión.
c) Las reglas y procedimientos, en el
caso de un sistema colectivo de gestión, para la
incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del
sistema, que garanticen el respeto a las normas para la
defensa de la libre competencia.
Para garantizar el cumplimiento de lo
anterior, será necesario acompañar un informe del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare
que en las reglas y procedimientos, para la
incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del
sistema colectivo de gestión, no existen hechos, actos
o convenciones que puedan impedir, restringir o
entorpecer la libre competencia.
d) La estimación anual de los
productos prioritarios a ser comercializados en el
país, promedio de su vida útil y estimación de los
residuos a generar en igual período.
e) La estrategia para lograr el
cumplimiento de las metas y demás obligaciones
asociadas en todo el territorio nacional.
28
f) El mecanismo de financiamiento de
las operaciones de gestión y copia de la garantía
constituida, si corresponde.
g) Los procedimientos de licitación,
en el caso de un sistema colectivo de gestión.
h) Los mecanismos de seguimiento y
control de funcionamiento de los servicios contratados
para el manejo de residuos.
i) Los procedimientos para la
recolección y entrega de información al Ministerio.
j) Los sistemas de verificación de
cumplimiento del plan.
Dicho plan tendrá por objeto dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta
ley y tendrá una vigencia de cinco años. El Ministerio
autorizará aquellos planes que garanticen de forma
razonable su eficacia para alcanzar dicho objeto.
El reglamento respectivo de la
presente ley establecerá el procedimiento, los
requisitos y criterios para la autorización de los
sistemas de gestión, así como los requisitos de
idoneidad de los auditores externos.
Los sistemas que sean autorizados
serán incorporados por el Ministerio en el registro a
que se refiere el artículo 37.
Artículo 27.- Renovación de la
autorización. La solicitud de renovación de la
autorización del sistema de gestión deberá presentarse
29
ante el Ministerio, a través del Registro de Emisiones
y Transferencias de Contaminantes, con al menos seis
meses de antelación al vencimiento del respectivo plan
de gestión. En lo demás se regirá por lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 28.- Actualización del plan
de gestión. Toda modificación del plan de gestión
deberá ser informada al Ministerio, a través del
Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes, en el plazo de tres días hábiles.
Las modificaciones significativas que
recaigan sobre los contenidos referidos en las letras
b), c), e), f) y g) del artículo 26 requerirán la
autorización del Ministerio, en los términos
establecidos en el reglamento.
TITULO IV
MECANISMOS DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL
PRODUCTOR
Artículo 29.- Educación ambiental. El
Ministerio diseñará e implementará programas de
educación ambiental, formal e informal, destinados a
transmitir conocimientos y crear conciencia en la
comunidad sobre la prevención en la generación de
residuos y su valorización, con pertinencia al
territorio donde se aplique el programa, cuando
corresponda.
Los recicladores de base y otro tipo
de gestores, así como los productores de productos
prioritarios, podrán colaborar en la implementación de
tales programas.
30
Artículo 30.- Municipalidades. A fin
de colaborar con el adecuado cumplimiento del objeto de
esta ley, las municipalidades:
a) Podrán, de manera individual o
asociada, celebrar convenios con sistemas de gestión.
b) Podrán celebrar convenios con
recicladores de base.
c) Se pronunciarán fundadamente sobre
las solicitudes de los sistemas de gestión respecto a
permisos para el establecimiento y,u operación de
instalaciones de recepción y almacenamiento en los
bienes nacionales de uso público bajo su
administración, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 23, y en conformidad a lo señalado en el
artículo 65, letra c), de la ley orgánica
constitucional de Municipalidades, si correspondiere.
d) Deberán incorporar en sus
ordenanzas municipales la obligación de separar los
residuos en origen y fomentar el reciclaje, cuando así
lo determine el decreto supremo que establezca metas y
otras obligaciones asociadas.
e) Promoverán la educación ambiental
de la población sobre la prevención en la generación de
residuos y su valorización.
f) Podrán diseñar e implementar
estrategias de comunicación y sensibilización.
g) Podrán diseñar e implementar
medidas de prevención en la generación de residuos.
31
La función privativa de aseo y ornato
de las municipalidades no podrá ser invocada para
impedir el manejo de los residuos de productos
prioritarios por parte de los sistemas de gestión.
Artículo 31.- Del fondo para el
reciclaje. El Ministerio contará con un fondo destinado
a financiar proyectos, programas y acciones para
prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización,
ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas.
Este fondo estará integrado por:
a) Los recursos que el Estado reciba
por concepto de asistencia técnica o cooperación
internacional.
b) Las donaciones, herencias y
legados que reciba, las que estarán exentas del trámite
de insinuación prescrito en el artículo 1401 del Código
Civil y de toda contribución o impuesto.
c) Las transferencias que conforme a
su presupuesto realicen los gobiernos regionales.
d) Los recursos que para este objeto
consulte anualmente la ley de Presupuestos del Sector
Público.
e) Los recursos que le asignen otras
leyes.
f) En general, cualquier otro aporte
proveniente de entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, a cualquier título.
32
El reglamento deberá contener, a lo
menos, las siguientes materias:
a) Criterios de evaluación y
selección de los proyectos, programas y acciones, entre
ellos, la inclusión de los recicladores de base, la
localización o disponibilidad presupuestaria de los
municipios y la celebración o ejecución de convenios
con sistemas de gestión.
b) Derechos y obligaciones de los
proponentes seleccionados.
c) Entrega de los recursos y
procedimientos de control.
Artículo 32.- Recicladores de base.
Los recicladores de base registrados en conformidad al
artículo 37 podrán participar de la gestión de residuos
para el cumplimiento de las metas.
Para registrarse, deberán estar
debidamente certificados en el marco del Sistema
Nacional de Certificación de Competencias Laborales
establecido en la ley N°20.267.
Artículo 33.- De las obligaciones de
los distribuidores y comercializadores. Los decretos
supremos que establezcan metas y otras obligaciones
asociadas podrán disponer que los distribuidores o
comercializadores de productos prioritarios cuyas
instalaciones tengan una determinada superficie,
estarán obligados a:
33
1.- Convenir con un sistema de
gestión el establecimiento y operación de una
instalación de recepción y almacenamiento, de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto supremo. La operación de
dicha instalación será de cargo del sistema de gestión.
2.- Aceptar sin costo la entrega de
los residuos de productos prioritarios que comercialice
de parte de los consumidores. La obligación de aceptar
la entrega no podrá supeditarse a la venta de un nuevo
producto.
3.- Entregar a título gratuito, al
respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos
recibidos de los consumidores.
Las instalaciones de recepción y
almacenamiento destinadas a tal efecto no requerirán de
una autorización sanitaria adicional a la del mismo
establecimiento.
Asimismo, se prohíbe a todo
distribuidor y comercializador la enajenación de
productos prioritarios cuyo productor no se encuentre
adscrito a un sistema de gestión, cuando esté en riesgo
la salubridad pública o la conservación del patrimonio
ambiental.
Artículo 34.- De las obligaciones de
los consumidores. Todo consumidor estará obligado a
entregar el residuo de un producto prioritario al
respectivo sistema de gestión, bajo las condiciones
básicas establecidas por éstos e informadas a todos los
involucrados.
34
Sin perjuicio de lo anterior, los
consumidores industriales podrán valorizar, por sí
mismos o a través de gestores autorizados y
registrados, los residuos de productos prioritarios que
generen. En este caso, deberán informar al Ministerio,
a través del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes, sobre la valorización efectuada.
Los consumidores industriales que
generen una cantidad de residuos superior a la señalada
en el decreto supremo que establezca las metas y otras
obligaciones asociadas y no den cumplimiento a lo
dispuesto en los incisos anteriores serán sancionados
en conformidad a la presente ley.
Artículo 35.- Autorización Sanitaria.
Un reglamento establecerá la regulación específica de
un procedimiento simplificado, los plazos, las
condiciones y los requisitos para la autorización
sanitaria de las labores de recolección y las
instalaciones de recepción y almacenamiento de
residuos, peligrosos y no peligrosos, de productos
prioritarios, desarrolladas por un gestor autorizado y
registrado acorde a la presente ley.
Las instalaciones de pretratamiento
de residuos no peligrosos se someterán a lo dispuesto
en el inciso precedente.
Artículo 36.- Permiso de Edificación.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
regulará un procedimiento simplificado para la
obtención de permisos de edificación respecto de
aquellas instalaciones de recepción y almacenamiento de
35
residuos de productos prioritarios sujetos a la
presente ley, que lo requieran.
TÍTULO V
SISTEMA DE INFORMACION
Artículo 37.- Registro. El Registro
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a que se
refiere el artículo 70, letra p), de la ley N°19.300,
contendrá y permitirá gestionar información sobre:
a) Los productores de productos
prioritarios.
b) Los sistemas de gestión autorizados
y sus integrantes.
c) Los distribuidores o comercializadores
de productos prioritarios, cuando corresponda.
d) Las instalaciones de recepción y
almacenamiento.
e) Los gestores autorizados,
incluyendo a las municipalidades y asociaciones de
municipalidades que tuvieren convenios vigentes con un
sistema de gestión, relativos al manejo de residuos de
productos prioritarios, y a los recicladores de base,
de conformidad con el artículo 32.
f) El cumplimiento de metas de
recolección y valorización.
g) Toda otra información que
establezca el respectivo reglamento.
36
El reglamento establecerá el
contenido y funcionamiento del Registro, el que deberá
asegurar la confidencialidad comercial e industrial.
El Ministerio procurará que la
información contenida en el registro sea difundida en
un lenguaje de fácil comprensión a través de su sitio
electrónico.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Artículo 38.- Fiscalización y
seguimiento. Corresponderá a la Superintendencia la
fiscalización del cumplimiento de las metas de
recolección y valorización de residuos de cada producto
prioritario y de las obligaciones asociadas, contenidas
en el decreto respectivo, como asimismo, del
funcionamiento del sistema de gestión, el cumplimiento
de los deberes de información y otras obligaciones
establecidas en la presente ley.
Cuando el Ministerio cuente con
antecedentes que permitan presumir una infracción,
deberá remitirlos a la Superintendencia y solicitar el
inicio de un procedimiento sancionatorio.
Con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
ley, la Superintendencia podrá requerir información a
gestores de residuos, a sistemas de gestión, a
distribuidores o comercializadores, al Ministerio de
37
Salud, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de
Impuestos Internos, a municipalidades, entre otros.
Artículo 39.- Infracciones. Corresponderá
a la Superintendencia sancionar las siguientes
infracciones, de conformidad a lo establecido en el
Párrafo 3° del Título III de su ley orgánica.
Constituirán infracciones gravísimas:
a) No inscribirse en el registro
establecido en el artículo 37.
b) No contar con un sistema de
gestión autorizado.
c) Celebrar convenios con gestores en
contravención a lo dispuesto en el artículo 24.
d) Entregar información falsa a la
Superintendencia o al Ministerio.
e) No entregar el informe final de
cumplimiento de la meta de recolección y valorización
de residuos de productos prioritarios, dentro del plazo
establecido en el decreto respectivo.
f) Entregar residuos de productos
prioritarios a gestores no registrados ante el
Ministerio.
Constituirán infracciones graves:
a) No cumplir con las metas de
recolección y valorización de residuos de productos
prioritarios.
38
b) No contar con la fianza, seguro u
otra garantía, según lo dispuesto en el artículo 22,
letra a).
c) No declarar información conforme
al artículo 6°.
d) No cumplir con lo dispuesto en el
artículo 8°.
e) No cumplir con las obligaciones
asociadas establecidas en el decreto supremo que
establezca metas de recolección y valorización de
residuos de productos prioritarios.
f) No cumplir con el requerimiento de
información efectuado por la Superintendencia.
g) No renovar la autorización del
sistema de gestión.
h) Efectuar cambios al plan de
gestión sin previa autorización, cuando ésta sea
requerida en conformidad al artículo 28.
i) No entregar los informes de avance
de cumplimiento de las metas de recolección y
valorización de residuos de productos prioritarios,
dentro del plazo establecido en el decreto respectivo.
j) No declarar oportunamente, a
través del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes, la información exigida por la presente
ley.
39
k) No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 33.
l) No cumplir con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 34.
Constituirán infracciones leves:
a) No proporcionar al Ministerio
información adicional requerida.
b) No informar las modificaciones del
plan de gestión en los plazos establecidos por la ley,
en los casos que no requiera de autorización expresa.
c) No cumplir con la obligación de
informar establecida en el artículo 11.
d) No cumplir con la obligación de
informar establecida en el artículo segundo
transitorio.
Artículo 40.- Sanciones. Las infracciones
a esta ley podrán ser objeto de las siguientes
sanciones:
a) Amonestación por escrito.
b) Multa de hasta diez mil unidades
tributarias anuales.
La sanción que corresponda aplicar a
cada infracción se determinará, según su gravedad,
dentro de los siguientes rangos:
40
a) Las infracciones gravísimas podrán
ser objeto de multa de hasta diez mil unidades
tributarias anuales.
b) Las infracciones graves podrán ser
objeto de multa de hasta cinco mil unidades tributarias
anuales.
c) Las infracciones leves podrán ser
objeto de amonestación por escrito o multa de hasta mil
unidades tributarias anuales.
Artículo 41.- Circunstancias para la
determinación de la sanción. Para la determinación de
las sanciones específicas que en cada caso corresponda
aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:
a) Beneficio económico del infractor.
b) Conducta del infractor.
c) Capacidad económica del infractor,
excepto en el caso del sistema de gestión colectivo.
Artículo 42.- Recursos. En contra de
la resolución de la Superintendencia que aplique una
sanción, procederán los recursos a que se refiere el
Párrafo 4° del Título III de su ley orgánica.
Artículo 43.- Responsabilidad civil.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas
establecidas en la ley, el que cause daños ocasionados
por el manejo de residuos peligrosos responderá
civilmente de manera objetiva por ellos.
41
Artículo 44.- Responsabilidad penal
por tráfico de residuos peligrosos. El que exporte,
importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin
contar con las autorizaciones para ello será sancionado
con la pena de presidio menor en su grado mínimo a
medio.
Si además la actividad ha generado
algún tipo de impacto ambiental se aplicará la pena
aumentada en un grado.
TÍTULO VII
MODIFICACIONES DE OTROS CUERPOS NORMATIVOS
Artículo 45.- Agrégase en la letra h)
del artículo 105 del decreto con fuerza de ley Nº 458,
de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba la ley General de Urbanismo y Construcciones, a
continuación de la palabra “sanitarios”, la siguiente
frase: “, de reciclaje o separación de residuos en
origen”.
Artículo 46.- Modificaciones a la ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Modifícase la
ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
en el siguiente sentido:
a) Agrégase el siguiente párrafo 6°
bis, a continuación del artículo 48 bis:
“Párrafo 6° bis
De la certificación, rotulación y etiquetado
Artículo 48 ter.- Corresponderá al
Ministerio del Medio Ambiente otorgar certificados,
42
rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas
públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos,
productos, bienes, servicios o actividades, que sean
voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios
de sustentabilidad y contribución a la protección del
patrimonio ambiental del país, de acuerdo a los
requisitos que establezca el reglamento.
Asimismo, el reglamento deberá
determinar el procedimiento al cual se sujetará el
otorgamiento de los certificados, rótulos y etiquetas.
El Ministerio podrá encomendar a entidades técnicas la
verificación del cumplimiento de los requisitos que
señale el reglamento. La acreditación, autorización y
control de dichas entidades se regirá por lo dispuesto
en el reglamento a que hace referencia el artículo 3°,
letra c), de la ley orgánica de la Superintendencia del
Medio Ambiente.
Dicha Superintendencia será la
encargada de fiscalizar el debido cumplimiento de las
disposiciones de que trata este artículo.
La infracción de esta normativa será
sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título
III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio
Ambiente, encontrándose ésta facultada, además, para
revocar el certificado, rótulo o etiqueta como sanción.
Sin perjuicio de lo anterior, la falsificación o
utilización maliciosa de los certificados, rótulos o
etiquetas será sancionada según lo establecido en los
artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código
Penal.”.
43
b) Introdúcese la siguiente letra t
bis) al artículo 70:
“t bis) Otorgar certificados, rótulos
o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o
privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos,
bienes, servicios o actividades, que cumplan con los
criterios de sustentabilidad y contribución a la
protección del patrimonio ambiental del país, en
conformidad a la ley.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- Certificación de
recicladores de base. Durante los primeros cinco años
de vigencia de esta ley, los recicladores de base
podrán registrarse sin contar con la certificación
exigida en el artículo 32. Transcurrido dicho plazo sin
haber acreditado este requisito ante el Ministerio,
caducará su inscripción.
El Ministerio impulsará la creación
de un proyecto de competencias laborales destinado a
que los recicladores de base adquieran las aptitudes,
conocimientos y destrezas necesarias para gestionar los
residuos de acuerdo a la normativa vigente y
permitirles obtener la certificación exigida en el
artículo 32.
Artículo segundo.- Obligación de
informar. Mientras no entren en vigencia los decretos
supremos que establezcan las metas y otras obligaciones
asociadas de cada producto prioritario, el Ministerio
podrá requerir a los productores de productos
prioritarios señalados en el artículo 10, informar
44
anualmente, a través del Registro de Emisiones y
Transferencias de Contaminantes, lo siguiente:
a) Cantidad de productos prioritarios
comercializados en el país durante el año
inmediatamente anterior.
b) Actividades de recolección, valorización
y eliminación realizadas en igual período, y su costo.
c) Cantidad de residuos recolectados,
valorizados y eliminados en dicho lapso.
d) Indicación de si la gestión para
las actividades de recolección y valorización es
individual o colectiva.
Dicha información deberá ser
entregada por primera vez en un plazo máximo de doce
meses contado desde la publicación de la presente ley.
Artículo tercero.- Plazo para dictar
reglamentos. Los reglamentos referidos en esta ley
deberán dictarse o actualizarse, según corresponda,
dentro del plazo de un año contado desde la publicación
de la presente ley.
Artículo cuarto.- Gasto fiscal. El
mayor gasto fiscal que represente la aplicación esta
ley durante el año presupuestario de su entrada en
vigencia, se financiará con cargo a la partida
presupuestaria del Ministerio del Medio Ambiente. No
obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la
partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá
45
suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que
no se pudiere financiar con esos recursos.
En los años siguientes se financiará
con cargo a los recursos que se establezcan en las
respectivas leyes de presupuestos del Sector
Público.”.”.
Dios guarde a V. E.
OSVALDO ANDRADE LARA Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKIĆSecretario General de la Cámara de Diputados
46