uruguay - la crisis de la pesca

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URUGUAY Y LA CRISIS URUGUAY Y LA CRISIS URUGUAY Y LA CRISIS URUGUAY Y LA CRISIS

DE LA PESCADE LA PESCADE LA PESCADE LA PESCA

La ignorada “revolución azul”

En la pesca, a escala mundial, estamos en plena etapa predatoria. A pesar de ello, el consumo mundial de pescado se ha duplicado en menos de un siglo gracias a la acuicultura (cultivo artificial), que ha pasado de proporcionar en 1980 el 9% de los recursos pesqueros al 51 % en la actualidad. Uruguay no valora la riqueza que posee en esta área y necesita imperiosamente una estrategia.

Por Juan Santini

“Los charrúas vivían de la caza y de la pesca” (Libro de lectura escolar)

La afirmación del acápite es casi un mito. Este mito lleva a la idea de que actualmente los habitantes de este país podrían alimentarse de la inmensa riqueza pesquera inexplorada, y algunos consideran que solo con voluntad, con el solo instrumento de crear una flota pesquera estatal, se podría obtener una gran captura de esos presuntos peces y vender el producto muy barato. Tema, éste, discutido en el último Congreso del Frente Amplio (FA) y parte de la plataforma del PIT-CNT en el último paro general.

También se dice que Uruguay vive de espaldas al mar. En general esta aseveración está unida a lo anterior, o sea que no tenemos en cuenta las “cuantiosas” riquezas marinas. El concepto es válido en cuanto a que vivimos “de espaldas al mar”, pero lo esencial es que no tenemos conocimiento de esas “cuantiosas riquezas”, no tenemos pienso, no tenemos política, no tenemos medidas y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) pareciera arrumbada en un rincón del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), casi como para que no moleste. El “país productivo” no se enteró que existe una producción pesquera.

SE CULTIVA MÁS DE LO QUE SE PESCA

En el trabajo publicado por la Revista Science 03/10/2008 (Study offers solution to global fisheries collapse) se pronostica que para el año 2050 las especies de moluscos y peces para consumo humano desaparecerán de los océanos. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) puso su enorme staff de técnicos a estudiar el problema y concluyó que “no es tan así” (no


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sea cosa que esa enorme y cara burocracia internacional quede sin trabajo por falta de pescados). FAO maneja cifras proporcionadas por los diferentes gobiernos y deja de lado lo que es un porcentaje muy importante de capturas a través de la pesca ilegal. Para algunos expertos ese porcentaje ronda el 30% de las capturas totales, que desde hace más de diez años –según las cifras oficiales– están estancadas en 100.000 millones de toneladas anuales, lo que significaría 30.000 millones de toneladas más de capturas por pesca furtiva.

¿Cómo se ha podido cubrir en estas últimas décadas la demanda del más saludable alimento para la humanidad? Con la producción del cultivo artificial (acuicultura), que este año superó los 100.000 millones de toneladas a escala mundial con un crecimiento anual de 15% en los últimos años. Se cultiva más de lo que se pesca.

Uruguay, siendo un productor esencialmente de alimentos, no se enteró de esta “revolución azul”, pese a las excelentes condiciones para procesarla que existen en el país, ya que no se ha tomado la más mínima medida al respecto y, por el contrario, se han desestimulado varios proyectos

La escasez de alimentos debida a la explotación predatoria determinó una de las revoluciones más importantes de la humanidad: pasar de los cazadores recolectores a la domesticación y cría de animales, a la agricultura y, con ello, al sedentarismo. En la pesca, a escala mundial, estamos en plena etapa predatoria. Se proclama una pesca responsable y sostenible. Pero la experiencia muestra que es imposible luchar contra la pesca furtiva. Pese a los avances tecnológicos no es posible que la represión pueda asegurar el cumplimiento de los convenios referidos a cuotas de pesca suscritos por los países, ni la prohibición de pesca en las zonas de exclusión de las 200 millas por terceros países. Además esa represión, para que fuera consistente, supondría una erogación imposible de realizar. Pensemos en el gasto militar que tienen las principales potencias para evitar la piratería en el Océano Indico y los pocos resultados que obtienen; proyectémoslo a la persecución de la pesca furtiva en todo el planeta. Solo para el caso del atún rojo se denuncia un mercado negro de 4000 millones de dólares (http://www.thefishsite.com 09/11/2010; http://www.seafoodsource.com 10/11/2010).

En este punto, es obligada una referencia al apoyo público que recibe la pesca extractiva en forma de subvenciones. Si, como vimos, la salud biológica del recurso no es buena, tampoco lo es la salud económica del sector extractivo. Esto es debido, en gran medida, a que en lugar de aplicar políticas encaminadas a mejorar la eficacia económica, de reducción de costos y de valorización y mejora de la calidad del producto, ha prevalecido el concepto de “pesca olímpica” (la carrera en pos de la máxima captura posible), no importa en qué condiciones de calidad, obtenida rápidamente y sin preocuparse de la sostenibilidad a medio y a largo plazo.

Los países del primer mundo subsidian la actividad pesquera. En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) los subsidios a la pesca se estiman en más de 600.000 millones de dólares, subvención que supone 17% del valor de la captura puesta en el mercado.


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Un informe de la FAO denuncia que en la actualidad 74% de las 600 especies de valor comercial están plenamente explotadas, 17% sobreexplotadas, 7% agotadas y sólo 1% se está recuperando. A pesar de ello, el consumo mundial de pescado se ha duplicado en menos de un siglo gracias a la acuicultura, que ha pasado de proporcionar en 1980 el 9% de los recursos pesqueros al 51 % en la actualidad. ;

URUGUAY Y LA CRISIS DE LA PESCA

Esta crisis de la pesca se manifiesta en Uruguay. Según el informe de la DINARA en el Anuario 2007 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), la crisis se debe a la sobreexplotación de las principales especies de merluza, corvina y pescadilla desde los años ochenta, cuando se alcanzó el máximo histórico de 147.000 toneladas desembarcadas en el país. Esto provocó que en la siguiente década se diversificaran las capturas hacia el calamar, la raya, el pargo blanco, el cangrejo rojo, entre otras especies antes descartadas. Algunos de estos pescados también alcanzaron el máximo de explotación permisible. Hoy apenas se logran 100.000 toneladas de capturas anuales de todas las especies.

Un poco de historia. En 1945, el gobierno del presidente Juan José de Amézaga creó por la Ley Nº 10.653 el Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP), servicio descentralizado que se ocupó de la explotación de los recursos pesqueros, su industrialización, su comercialización, la política pesquera, etcétera. Se compró una flota importante, se construyó un frigorífico pesquero, y con los años naufragó.

La dictadura y en especial su Armada se plantearon como objetivo reflotar el viejo SOYP para salvarlo de la corrupción que lo había llevado al desastre. Con ese motivo, dictaron el Decreto-Ley Nº 14.484 y le cambiaron el nombre al servicio, que pasó a llamarse Instituto Nacional de Pesca (INAPE). Entre otros objetivos, habilitaba la participación del sector privado: “Proponer, en colaboración con los organismos competentes, el financiamiento del desarrollo pesquero, mediante la concesión de líneas de crédito interno o externo, y prestar apoyo a las entidades oficiales, practicando la valuación técnico-económica de las solicitudes que planteen los particulares”.

Con solo presentar un proyecto ante INAPE y tener la bendición de la Armada, se otorgaron cuantiosos créditos sin ninguna garantía. Por supuesto, se abalanzaron sobre ese financiamiento todo tipo de empresarios. Los que tuvieron suerte fueron muchos oficiales y ex oficiales de la Armada y matarifes clandestinos de carne, a quienes la dictadura compensó por haberles liquidado el negocio del “contrabando de carne a Montevideo”.

Los créditos de inversión fueron proporcionados por el Banco República (BROU): U$S 43 millones para compra de buques y U$S 110 millones para plantas, de los cuales U$S 65 millones fueron utilizados. La relación capital propio/deuda era de alrededor de 1 a 10. Un préstamo adicional de U$S 45 millones fue proporcionado por la banca privada.


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A junio de 1990, la deuda impaga de este plan fue estimada en U$S 206 millones: U$S 60 millones por concepto de capital, adeudados al Banco República, y U$S 146 millones por intereses impagos adeudados al Banco República y al Banco Central. Así comenzó a funcionar ese Instituto, que dejó uno de los mayores “bucos” de la dictadura: la deuda de las empresas pesqueras con el BROU.

La ya referida cifra record de captura de 147.000 toneladas que se obtuvo ya en democracia, en la década del ochenta, fue paulatinamente afectada por los problemas mundiales de la pesca y por nuestras propias deficiencias, en particular el desinterés gubernamental de todas las administraciones.

En 2009 se desembarcaron 81.342 toneladas (comparémoslo con las 147.000 toneladas de 1987) y se exportó por valor FOB U$S 180.504.000. Casi el 70% correspondió a la venta de corvina, merluza, pescadilla y cazón-tiburón.

ENCONTRAR EL RUMBO

El principal postulado del Frente Amplio relativo al desarrollo de la industria pesquera fue aumentar el valor agregado de los productos a exportar. Si hablamos de kilos exportados en 1984, el pescado entero representó el 10% contra el 90% del que tenía algún grado de elaboración. En 1989 la participación del entero aumentó al 29%, y en 1994 trepó al 38%.

No se han divulgado estadísticas de DINARA de los últimos años respecto del volumen de pescado procesado. Los únicos datos se refieren a valor de exportación: se indica que en 2004 se procesaba lo que correspondía el 35,54 % del valor de las exportaciones de pescados y en 2008 se alcanzó solo 27,10% del total del valor exportado.

Uno de los hechos más relevantes de anteriores gobiernos fue cambiarle el nombre al Ministerio de Ganadería y Agricultura por el de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y posteriormente cambiar el nombre de INAPE por el de DINARA. En democracia todos los directores dependieron de la política fijada por el ministro y se puede decir que ha sido una relación casi siempre conflictiva porque los ministros de turno no han tenido la más mínima idea de la pesca y, por ejemplo, en el campo jurídico –que es extremadamente complejo, pues está basado en el Derecho Internacional–, los abogados del Ministerio trancaron los asuntos de INAPE-DINARA por ignorancia o cometían gruesos errores.

El 95% de los desembarques son pescados en la Zona Común de Pesca que tenemos con la República Argentina (ver mapa) y se negocian las cuotas de pesca en la Comisión Mixta del Frente Marítimo. Pero no solo se negocian las cuotas sino que se trazan políticas pesqueras como la de decretar las vedas de pesca para la merluza, la corvina, el calamar, etcétera. Hasta la última administración uno de la delegados del gobierno de Uruguay era el director de INAPE o DINARA. En la presente delegación no hay nadie de DINARA ni alguien que sepa de pesca, salvo que se considere que el experto es el ex diputado colorado Daniel García Pintos.


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ZONA COMÚN DE PESCA

Además de la pesca en la Zona Común con Argentina, los técnicos de INAPE-DINARA han logrado en los diferentes organismos que regulan la pesca del atún (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna – CCSBT; Indian Ocean Tuna Commission – IOTC; Interim Scientific Committee for Tuna and Tuna-like Species in the North Pacific Ocean – ISC; International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT; Inter-American Tropical Tuna Commission – IATTC; Secretariat of the Pacific Community – SPC) hacer pesar la pesca de dicha especie que se realiza en nuestra costa atlántica. El atún es un pez migratorio que recorre grandes distancias. Por ese motivo se ha consensuado otorgar cuotas de pesca en cualquier sitio a los países en cuyas costas la especie se pesca. Por ello tenemos cuotas de pesca de atún en el Océano Indico y en el Pacífico.

Uruguay también ha logrado permisos de pesca cerca de la Antártida y en el Atlántico Sur, principalmente para merluza negra, calamar y krill antártico

LA LEY Nº 18.498: UN TIRO POR LA CULATA

Hasta 2008 operaban en el puerto de Montevideo alrededor de 90 buques pesqueros de varias nacionalidades. La flota nacional de buques factorías y congeladores era de 33 embarcaciones. El 30 de junio de 2009 –luego de una gran


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movilización del SUTMA (Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines), que reclamaba que el 100% de la tripulación de los barcos pesqueros fuera uruguaya– se promulgó la Ley Nº 18.498 por la que se subió de 50% a 90 % el porcentaje de tripulantes uruguayos.

Pero como consecuencia de esa ley, en 2008 se pescaron 1.585 toneladas de calamar, cuando en 2006 se habían pescado 16.000; la anchoita bajó de 12.000 a 5 toneladas y lo más grave, el atún rojo de 61 toneladas, prácticamente a cero. Como dijimos, la flota que operaba en el puerto pasó de 90 a 33 barcos. Hubo 35 barcos, que representan un tercio de la flota, que abandonaron la bandera uruguaya.

¿Qué es mejor: el 50% de algo o nada del 90%? El técnico en relaciones laborales Ruben Villaverde planteó en una entrevista realizada en el programa En Perspectiva de El Espectador (29/10/2010) su preocupación por la metodología de ciertos conflictos sindicales: “Empieza a emerger un nuevo sindicalismo, que hay que ver si se confirma, que toma como modelo ciertos reflejos que considera exitosos del sector público, prácticas de relaciones laborales que a muchos resultan inexplicables, como las que se producen en la Intendencia de Montevideo, que es algo así como un sindicalismo de resultados”. Y posteriormente expresó: “para un dirigente sindical una cosa es negociar el salario cuando no intervienen empresas del exterior y se está ante un fenómeno estrictamente local –eso te da una cierta capacidad de negociación–, y otra muy diferente es cuando tus productos están en competencia con productos de otros países”.

Las citas precedentes vienen al caso porque el encare equivocado de una movilización –que no tuvo en cuenta los intereses y factores que podían operar– llevó, mediante la Ley Nº 18.498, a que se pierdan fuentes de trabajo, el Estado no cobra los permisos de pesca y se corre otro serio riesgo: al no ser utilizadas las cuotas asignadas a Uruguay (caso del atún y la merluza negra), dichas cuotas también pueden perderse.

Pero la conclusión no puede ser el debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores. Al contrario, deben fortalecerse, para lo cual hay que evitar metodologías equivocadas. La empresa procesadora y exportadora más importante de Uruguay es FRIPUR. Ni en sus barcos ni en las plantas hay organización sindical, lo que no ha beneficiado a los trabajadores ni al país. La empresa destina una importante cifra a la seguridad, para detectar cualquier nucleamiento sindical, amén de gastar cifras importantes en “relaciones públicas”, en especial con los gobierno de turno (desde pagarles a las monjitas para bordar la banda presidencial hasta el préstamo del jet privado al primer mandatario). También es llamativo que se le condone por arte de magia la multa impuesta por DINARA por las faltas técnicas que derivó en la suspensión de la compra de pescado por parte de la Unión Europea.

La pesca no es una changa o un rebusque para desocupados, es una profesión: Hay que ser marinero y saber que una marea puede durar hasta tres meses. Hay que tener capacitación en el manejo de las artes de pesca y hay que poseer disciplina para afrontar la dureza del trabajo. Los países pesqueros tienen años de


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generaciones en este oficio y han forjado una tradición. Los pescadores uruguayos no están considerados como trabajadores calificados. Y esto también debería ser motivo de preocupación de las autoridades y de los sindicalistas.

PRECIOS ALTOS Y BAJO CONSUMO

El desarrollo pesquero choca con el bajo consumo per cápita de los uruguayos: según cifras del INE (Instituto Nacional de Estadística) ronda en los 6 kg por año y por habitante (9 kg en Montevideo; 4,5 en el interior). La comercialización está monopolizada por la empresa VALYMAR y los supermercados que venden pescado. Por kilogramo de pescado entero desviado de la exportación hacia el mercado interno, además de los beneficios sobre la salud de la población, se verifica un incremento del valor generado (VBP). A modo de ejemplo, en 2007, por un kilogramo de filete, se cobró en promedio U$S 0,82 más en el mercado interno que en la exportación; en el caso de la corvina entera la diferencia de precio a favor del mercado interno fue de U$S 0,85 por kilogramo (el precio interno superó al de exportación en 84,3%).

Corresponde reconocer que en el último período DINARA cambió el proceso de otorgamiento de los permisos de pesca, haciéndolo más transparente y tratando de evitar los grandes negociados que se realizaban con ellos. El Poder Ejecutivo ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley referido a la regulación de las actividades de la pesca y acuicultura. Pero no se propone ninguna medida conducente a superar los problemas más agudos. Hay una sola vaga referencia a estimular la actividad de la pesca y acuicultura creando un presunto fondo de inversión.

APUNTANDO A UNA ESTRATEGIA

¿Qué estrategia tendría que tener la pesca?

Primero: Asumir que la actual pesca desaparecerá en un futuro más o menos cercano y, por lo tanto, es necesario invertir en investigación para que ese proceso no se precipite rápidamente.

Segundo: Que DINARA tenga independencia de políticas y de gestión para tomar medidas que permitan que ese inexorable proceso llegue lo más tarde posible. Tendría que ser un servicio descentralizado, no para tener barcos ni actuar en la comercialización, sino para sacarse el lastre de ser una Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para establecer una relación fluida con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, y tener el peso correspondiente en la Delegación de la Comisión Mixta del Frente Marítimo, donde se negocia el 95% de lo que se pesca.

Tercero: Que la acuicultura se desarrolle para ir sustituyendo el descenso inexorable de las capturas. Tema éste que ameritaría un artículo específico.


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Cuarto: Hacer conciencia en el sindicato de trabajadores que la ley del 90% de tripulación uruguaya ocasionó más perjuicios que beneficios a los pescadores por la pérdida de fuentes de trabajo. Asimismo tener una política de capacitación para esos trabajadores. No se puede seguir pescando con redes de arrastre que causan terribles perjuicios a las diferentes poblaciones de peces; es enorme la cantidad de pescado que se tira luego de cada lance, porque son especies acompañantes que aunque no tienen valor comercial, son el alimento para los peces que se trata de pescar. Hay nuevas técnicas que realizan una pesca más selectiva, pero para eso hay que capacitar a los trabajadores.

Quinto: Promocionar la comercialización para romper el monopolio del mercado interno, creando un mercado en serio de productos de mar para que los pescadores artesanales no tengan que vender sus capturas a la mafia de intermediarios, y estimular el consumo interno.

Sexto: Financiar a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) el desarrollo de técnicas que sustituyan la pesca de arrastre.

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