universidad regional autÓnoma de los andesdspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/769/1/... ·...
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
DERECHO
PROYECTO DE EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE ABOGADO(A) DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA
TEMA:
LAS OBLIGACIONES EJECUTIVAS DE INFIMA CUANTIA, EL PRINCIPIO DE
CELERIDAD Y LOS DERECHOS DEL ACREEDOR
AUTOR (A): LCDO. NEGRETE COSTALES LUIS HUMBERTO
TUTOR: AB. FERNANDO CAICEDO BANDERAS MG.
AMBATO - ECUADOR
EXTENSIÓN RIOBAMBA
2015
CONSTANCIA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL TUTOR
Ab. Fernando Caicedo Banderas. Mg, en calidad de Asesor de Proyecto de Examen
Complexivo, designado por disposición de Cancillería de la Universidad Autónoma de los
Andes UNIANDES, certifica que el Sr. Lcdo. Luis Humberto Negrete Costales, alumno de la
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CARRERA DE DERECHO, ha culminado su
Proyecto de Examen Complexivo, previo a la obtención del título académico de ABOGADO
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, con el tema: “LAS OBLIGACIONES
EJECUTIVAS DE INFIMA CUANTIA, EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y LOS
DERECHOS DEL ACREEDOR”, quien ha cumplido con todos los requerimientos exigidos
por lo que se aprueba la misma.
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, facultando a los interesados hacer el uso de
la presente, así como también se autoriza la presentación para la evaluación por parte del
Tribunal respectivo.
Atentamente,
RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA DE LA TESIS
Quien suscribe LCDO. LUIS HUMBERTO NEGRETE COSTALES, portador de la cédula de
ciudadanía No. 060225143-1, declaro que los resultados obtenidos en la investigación que
presento como informe final, previo a la obtención del título académico de ABOGADO DE
LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y de
mi autoría; que el presente trabajo no ha sido previamente presentado para ningún grado
profesional o académico; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen
en este documento.
En tal virtud, expreso que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y académicos
que se desprenden del presente trabajo es de exclusiva responsabilidad del autor.
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a Humberto y Carlota, padres
honorables y que siempre se han preocupado por
guiarme y apoyarme en mi vida personal y profesional; a
mi adorada esposa, Wendy, quién día a día estuvo
siempre a mi lado en los buenos y malos momentos; y de
manera muy especial, a las dos razones por las que
quiero seguir adelante en mi vida personal y profesional,
mis hijas Carla y Katherine.
AGRADECIMIENTO
Agradezco de manera especial al Doctor Fernando
Caicedo Banderas, Director de Estudio Complexivo,
quien me apoyo y dirigió en el desarrollo de este trabajo,
convirtiéndose en un elemento fundamental para la
consecución de la presente investigación.
También agradezco a todas aquellas personas que día a
día me apoyaron y brindaron su colaboración para que
pueda realizar este proyecto. A todos ustedes, Gracias.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
EJECUTIVE SUMMARY
A) TEMA 1
B) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR 1
C) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD, E IMPORTANCIA DEL
TEMA
1
D) LINEA DE INVESTIGACIÓN 3
E) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 4
F) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA Y
ELEMENTOS QUE MOTIVARON A ELEGIR EL TEMA
5
1. GENERALIDADES DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA Y EL DEBIDO
PROCESO
5
1.1. JUICIO.- CONCEPTO 6
1.2 LA ACCIÓN EJECUTIVA 6
1.3. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN EJECUTIVA 7
1.4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA 8
1.5 TÍTULO EJECUTIVO 9
1.5.1 Requisitos del Título Ejecutivo 11
1.5.2 La obligación ejecutiva 12
1.5.3 Clasificación de los Títulos Ejecutivos 15
1.5.3.1 La Letra de Cambio 16
1.5.3.2 El Pagare a la orden 19
1.5.3.3 El Cheque 20
1.5.3.4 Instrumentos que las leyes especiales otorga esta calidad de Títulos Ejecutivos 22
1.6 DEBERES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 25
1.6.1 Principio de Economía Procesal 25
1.6.2 El principio de la celeridad 26
1.6.3 El Debido Proceso 26
1.6.4 El derecho de tutela judicial 27
1.6.5 La Seguridad Jurídica 27
2. ANÁLISIS PROCESAL DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA 28
2.1. JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA 30
2.2 ANÁLISIS DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA (CASO PRÁCTICO) 34
G) METODOLOGÍA 41
H) PROPUESTA - DISEÑO DE ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, QUE MODIFIQUE EL TRÁMITE DE LOS
JUICIOS EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA
42
I) CONCLUSIONES 46
J) BIBLIOGRAFÍA 47
RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación, pretende diseñar un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código
de Procedimiento Civil, que permita modificar el trámite de los Juicios Ejecutivos de Ínfima
Cuantía, efectivizando su ejecución y para evitar la vulneración de principios constitucionales
como la celeridad y el ahorro procesal y de igual manera proteger los derechos de los
acreedores de una inadecuada y mal aplicada acción procesal.
En primer lugar, se explicara brevemente sobre el juicio ejecutivo y las generalidades del
proceso civil ecuatoriano, analizando los principios constitucionales y los derechos del
acreedor que son vulnerados en estos procesos especiales.
A continuación, se pretende realizar un análisis de un caso procesal donde se evidenciará la
demora e ineficacia de este proceso en el sistema procesal ecuatoriano, donde se vulnera el
principio de celeridad, con base a interpretaciones doctrinales y normas legales.
Finalmente, se elabora un el diseño de anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de
Procedimiento Civil, que modifique el trámite de los Juicios Ejecutivos de Ínfima Cuantía,
para evitar la vulneración del principio de celeridad y los derechos del acreedor, en base al
cumplimiento de los principios constitucionales de celeridad, debido proceso y ahorro
procesal en nuestro país.
EJECUTIVE SUMMARY
This research aims to design a draft Law Amending the Code of Civil Procedure, which
would modify the processing of the Executive Trials smallest amount, making effective
implementation and to prevent the violation of constitutional principles as the speed and
procedural savings and Similarly protect the rights of creditors of inadequate and poorly
enforced procedural action.
First, briefly explain about the executive judgment and an overview of the Ecuadorian civil
process, analyzing the constitutional principles and the creditor's rights are violated in these
special processes.
Here it is to conduct an analysis of a procedural case where the delay and inefficiency of this
process in the Ecuadorian judicial system, where the principle of speed is violated, based on
doctrinal interpretations and legal standards will emerge.
Finally, the design produces a draft Law Amending the Code of Civil Procedure, to modify
the processing of the Executive Trials smallest amount in order to avoid infringement of the
principle of speed and creditor rights, based on compliance with constitutional principles of
speed, due process and procedural savings in our country.
1
A) TEMA:
LAS OBLIGACIONES EJECUTIVAS DE INFIMA CUANTIA, EL PRINCIPIO DE
CELERIDAD Y LOS DERECHOS DEL ACREEDOR
B) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR
¿La demora en las Obligaciones Ejecutivas de Ínfima Cuantía, vulnera el principio de
celeridad y los derechos del acreedor?
C) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E
IMPORTANCIA DEL TEMA
Los aciertos y desaciertos del Código de Procedimiento Civil, han ocasionado un sistema
procesal lento, largo y costoso para las partes en un litigio. En la actualidad, hay principios
constitucionales como: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, que se encuentran consagrados en el Art. 169 de nuestra Carta Magna, que
garantizaran un sistema procesal ecuatoriano más efectivo para la culminación de un proceso
y reconocimiento de un derecho.
Proponer normativas que estén acorde a las leyes existentes, permitirá realizar procesos más
eficientes, eficaces y rápidos, en base a los principios constitucionales del debido proceso, a
través de criterios de uniformidad, simplificación y oralidad en los procesos no penales y
constitucionales.
2
Diseñar un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil, para que la
solución de las controversias sea confiada al Estado sin temores, con la seguridad de que se
cumplirán los principios de la administración de justicia y se garantice los derechos de las
partes.
La multiplicidad de normas procesales, crea una gran dificultad en la administración de
justicia, a causa de una disposición interpretativa muchas veces contradictoria que es causa de
inseguridad jurídica, y en forma directa o indirecta afecta a los intereses de las personas, por
lo que es necesario emplear normas que viabilicen la exigencia de la celeridad procesal.
Un procedimiento con estructuras básicas, que sea flexible, adaptable y racional, como es el
que se propone aplicar en los procesos sumarios y ejecutivo con una audiencia única,
permitirá acortar tiempos en la ejecución de las sentencia y a la vez, facilita a la partes una
ágil petición y una resolución inmediata.
Es importante resaltar que en relación a la prueba, la obligación de acompañar a la demanda y
a la contestación de la demanda, no debe permitir prueba sorpresiva, en atención al principio
de buena fe y lealtad procesal, señalado en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función
Judicial; lo novedoso es que la jueza o juez en la sentencia debe tener el convencimiento para
dictar la resolución correspondiente, ya no la certeza, lo cual implica un estudio serio sobre
los principios de sana crítica e íntima convicción del juez, principios fundamentales para
valorar la prueba al momento de dictar la resolución.
El establecer medios alternativos para solucionar los conflictos, tales como la conciliación, la
mediación y el arbitraje, el empleo del principio de oralidad (Art. 168 No. 6 CRE) en todos
3
los juicios, permitirá facilitar, integrar y optimizar otros principios procesales, y
especialmente el de celeridad, que garantizara los derechos de las partes procesales; a través
de la implementación de medios idóneos que permitan la reducción de trámites procesales
escritos, tiempos procesales y la carga judicial; sin dejar de lado una adecuada organización
en relación a la gestiones de ingreso, audiencias, notificaciones y archivo en los juzgados,
tomando en consideración el principio de economía procesal señalado en los Arts. 168 No. 4 y
175 de las Constitución de la República, como lo expreso Gustavo Jalkh, presidente del
Consejo de la Judicatura: “la aplicación del COGP significará una modernización de la
justicia ecuatoriana… vamos a salir del sistema procesal escrito obsoleto, lleno de trampas,
costoso que nos exige una gran cantidad de uso del papel…”.
Por lo expuesto, proponer un nuevo procedimiento ejecutivo para evitar la dilatación en las
obligaciones ejecutivas de ínfima cuantía, permitirá agilitar y acelerar la ejecución de los
mismos, para reconocer en menor tiempo el derecho del acreedor, como una garantía
fundamental de las personas, en base al derecho a la celeridad procesal y tutela judicial
efectiva.
D) LINEA DE INVESTIGACION
Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en Ecuador
4
E) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
Diseñar un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil, que
modifique el trámite de los Juicios Ejecutivos de Ínfima Cuantía, para evitar la
vulneración del principio de celeridad y los derechos del acreedor.
Objetivos particulares y específicos
1. Explicar las obligaciones ejecutivas de ínfima cuantía y el principio de celeridad, como
garantías de los derechos del acreedor.
2. Analizar el sistema procesal ecuatoriano frente al principio de celeridad en el ámbito legal
– procesal, en base a interpretaciones doctrinales y normas legales.
3. Elaborar los elementos necesarios para el diseño del anteproyecto de Ley Reformatoria al
Código de Procedimiento Civil, que modifique el trámite de los Juicios Ejecutivos de Ínfima
Cuantía, para evitar la vulneración del principio de celeridad y los derechos del acreedor.
5
F) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA
PROPUESTA Y ELEMENTOS QUE MOTIVARON A ELEGIR EL
TEMA
1) GENERALIDADES DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA Y EL
DEBIDO PROCESO
En la legislación procesal civil ecuatoriana, en el parágrafo segundo de la sección segunda del
Título II, nos habla sobre la sustanciación de los Juicios, previó a iniciar está investigación, es
necesario entender algunas definiciones que serán base a la presente propuesta.
El juicio ejecutivo en materia procesal civil, es un juicio de ejecución, que parece ser ágil,
rápida y oportuna; pero la realidad práctica resulta lo contrario, porque resultan ser largos y
engorrosos, ocasionando na demora procesal injusta que afecta los derechos del acreedor y
ocasiona un gasto procesal infructuoso, contraviniendo los principios constitucionales de la
celeridad procesal y el debido proceso; a consecuencia de la dilatación que realizan los
abogados o por el exceso o acumulación de procesos en los juzgados, afectando la ejecución
mediata de la acción por medio de medidas de apremio para recuperar sus créditos por parte
del acreedor.
Establecer nuevos mecanismos judiciales que permitan la agilidad o celeridad de este tipo de
procesos, puede llevar a satisfacer la necesidad de justicia, que muchas personas buscan
cuando plantean su demanda acudiendo a los órganos judiciales.
6
1.1. JUICIO.- CONCEPTO
En el Art. 57 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “Juicio es la contienda legal
sometida a la resolución de los jueces”; entendiendo que juicio es una controversia jurídica, la
misma que debe ser debatida con argumentos sólidos y en base a pruebas debidamente
aportadas dentro del proceso, para que el Juez, en base a su experiencia y su sana crítica,
resuelva la misma a través de su resolución.
1.2. LA ACCIÓN EJECUTIVA
La acción ejecutiva, es un proceso de ejecución que se presenta ante un órgano competente,
cuando el deudor se niega a cumplir una determinada obligación (pago) y esta se ha hecho
exigible por el ministerio de la ley; la misma que lleva inmersa una serie de actos o
actuaciones judiciales, hasta llegar a efectivizar su cobro.
Cabanellas, manifiesta que la acción ejecutiva es: “Expedito procedimiento judicial de pago
que buscada la conversión en dinero de los bienes del deudor reacio, mediante el previo
embargo de bienes bastantes”; entendiendo que es un proceso jurídico, donde se busca
convertir en dinero los bienes del deudor que quiere cumplir con su obligación (pagar);
cumpliendo dos condiciones: que sus bienes sean embargados y que por lo menos cubran todo
el valor de la obligación que se reclama.
Por lo expuesto, podemos entender que vía ejecutiva, es el camino a seguir, cuando tenemos
una obligación que reclamar, como decía Justiniano “cuando existe el vínculo que nos
7
apremia o constriñe a pagar a otro alguna cosa”; pero este algo debe estar o constar inserto en
un documento para poder ejecutarlo o reclamarlo.
Puedo concluir que la vía ejecutiva es una acción procesal que busca la ejecución o
cumplimiento de una obligación que debe ser clara, determinada, líquida, pura y de plazo
vencido, la misa que debe estar fundamentada en un documento que tenga la calidad de título
ejecutivo conforme lo dispone la Ley. Este proceso de ejecución, es desarrollado por el
órgano judicial, a instancia del acreedor y para el cumplimiento de la obligación declarada en
una sentencia de condena , o contenida en un título ejecutivo, siempre que el vencido o
deudor no satisfaga voluntariamente esa obligación. Este proceso a diferencia del ordinario y
verbal sumario, tiene la particularidad que previo a iniciarse, con la presentación de la
demanda, el actor puede interponer medidas cautelares de carácter real como: el secuestro, la
retención y la prohibición de enajenar de los bienes del demandado, que garanticen el
cumplimiento de la obligación.
1.3. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN EJECUTIVA
Para que proceda la acción ejecutiva, debe cumplirse con dos requisitos sine qua non, que
deben preexistir o concurrir para que proceda un juicio ejecutivo, estos son:
a. La existencia del título ejecutivo; y,
b. La obligación contenida en ese título también sea ejecutiva.
Lo expuesto, obedece a la existencia del principio establecido en el Derecho Romano “Nulla
Executio Sine Titulo” - No hay ejecución sin título; ya que el juicio ejecutivo no tiene por
8
objeto declarar derechos dudosos, pues su fin es efectivizar el derecho que se encentra
reconocido en instrumentos públicos o privados a los que la Ley les ha dado la calidad de
títulos ejecutivos, documentos que al haber sido elevados a la categoría de verdades jurídicas
conllevan una presunción de legitimidad, por consiguiente, pueden ser ejecutables.
1.4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA
La prescripción, es un modo de adquirir derechos y extinguir obligaciones por la acción o
decurso del tiempo; de conformidad con el Art. 417 de las Codificación del Código de
Procedimiento Civil, determina que: “Habrá lugar a la vía ejecutiva dentro de los cinco años
que dura la acción de este nombre; pero, en los casos en que la ordinaria prescribe por Ley en
menor tiempo, pasado éste, no habrá lugar a dicha vía”.
Por lo expuesto, debemos entender que si no se ejerce la vía ejecutiva dentro de los cinco
años, opera la prescripción extintiva de la misma y por consecuencia la acción ejecutiva se
convierte en acción ordinaria por el lapso de cinco años, como se observa en lo dispuesto en
el Art. 2415 de la Codificación del Código Civil, que dice: “Tiempo para la prescripción
extintiva.- Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez
para las ordinarias.
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida en
ordinaria, durará solamente otros cinco”.
La prescripción la que hace referencia este artículo, es relativa a la acción ejecutiva, ya que
no debemos confundir con la prescripción de la acción comercial que se deriva del documento
9
formal como por ejemplo la letra de cambio o el pagaré a la orden; ya que en estos casos,
debemos observar lo dispuesto en el Art. 479 de la Codificación del Código de Comercio, que
dice: “Prescripción de la acción cambiaria. Todas las acciones que de la letra de cambio
resulta contra el aceptante, prescriben en tres años contados desde la fecha del vencimiento” .
Las acciones del portador contra los endosantes y contra el girador prescriben en un año, a
partir de la fecha del protesto levantado en tiempo útil o de la fecha del vencimiento en caso
de cláusula de devolución sin costas.
La prescripción o extinción de la acción ejecutiva se cumple por haber transcurrido cinco años
contados desde la fecha en que la obligación se hizo exigible; mientras que la acción
comercial o cambiaria prescribe en tres años conforme a la disposición del Art. 479 de la
Codificación del Código de Comercio, como es el caso de la letra de cambio.
1.5 TÍTULO EJECUTIVO
El Art. 413 del C.P.C. dispone a. “ Son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con
juramento ante juez competente; la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; la copia y
la compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos ante
juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas
judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados,
según el caso; las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer
alguna cosa como letras de cambio, cheques; y los demás instrumentos a los que las leyes
especiales dan el carácter de títulos ejecutivos”.
10
El título ejecutivo es la declaración solemne, a la cual la Ley le obliga, y es la fuerza
indispensable para ser el antecedente inmediato de una ejecución, por lo que es la Ley quien
crea los Títulos Ejecutivos, porque está de por medio el interés público, de las personas que
confían en la administración de justicia, que es su patrimonio. Al hablar título, existen
diferentes acepciones, pero en sí, debemos entender que título es el fundamento de un derecho
u obligación o el documento que prueba una relación jurídica o la demostración auténtica del
derecho con que se posee o el documento que acredita una deuda o un valor mercantil. Cando
hablamos del título ejecutivo como documento, constituye prueba legal del derecho, pero
cuando hablamos como un acto, nos referimos a la acción incorporada en el documento.
Estos documentos, constituyen la escritura o instrumento con que se prueba o confirma alguna
cosa, y en el caso que nos ocupa, aquel que trae aparejada una obligación, que faculta al
acreedor para acceder a la justicia en busca de su tutela y hacer efectivo el cobro; pueden ser
un documento público, que es aquel que se da con las formalidades de ley, en presencia de un
notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público, a efectos de acreditar un
hecho; o, puede ser un documento privado, aquel que se redacta por cualquier persona
interesada, sin las formalidades de Ley y sin la intervención de notario o funcionario público,
que da fe de su existencia, validez o contenido.
Por esta razón se afirma que el proceso ejecutivo es autónomo y constituye un medio de
realización del derecho, en forma definitiva en las sentencias y en forma provisional en los
Títulos Ejecutivos. Por otro lado, es necesario que la obligación contenida en el Título
Ejecutivo sea cierta, expresa y exigible.
11
Guillermo Cabanellas, define al Título Ejecutivo, como: “el que trae aparejada ejecución, o
sea, aquel en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del
deudor moroso, a fin de satisfacer el capital principal debido más los interese y costas”; por lo
que debemos entender que el título ejecutivo no es declarativo de derechos, no tiene que
declarar el juez el derecho, porque este está inmerso en el documento; sino que sirve para
ejecutar el cobro de una obligación, va directamente al apremio de los bienes del deudor
moroso, para cubrir no solo la deuda que se reclama, sino los intereses y las costas del
proceso, calculados de conformidad con la Ley, que cubren el tiempo que ha debido esperar el
acreedor y los gastos para recuperar la obligación.
1.5.1 Requisitos del Título Ejecutivo
En los títulos ejecutivos, existen dos requisitos; uno sustancial que está constituido por la
declaración sobre la existencia de la obligación y otro que es formal, que es por el documento
mismo que contiene la obligación.
Para que un título sea ejecutivo se requiere que cumpla los siguientes requisitos:
a. Que haga prueba por sí mismo, sin necesidad de completarlo con algún
reconocimiento, cotejo o autenticación; y,
b. Que mediante él se pruebe la existencia, en contra de la persona que va a ser
demandada, de una obligación laboral, patrimonial o no, exigible en el momento en
que instaura la demanda. Tratándose del proceso ejecutivo, los títulos ejecutivos tienen
valor de sentencia provisional, se ejecutan por el mérito que les confiere la Ley, y
posteriormente hay conocimiento brevísimo (contradicción).
12
En el Juicio Ejecutivo, presupone la existencia de un documento, el mismo que debe cumplir
los siguientes requisitos:
a) Debe ser auténtico, ya sea porque la Ley así lo determina, o porque ha sido
autenticado posteriormente mediante algún acto preparatorio; como por ejemplo el
reconocimiento, lo que le da el carácter de legalidad, incluso cuando no existe el
reconocimiento como en el caso de la letra de cambio;
b) Debe contener la prueba de una obligación, que puede ser de dar, hacer o no hacer
una cosa; además, esta obligación debe ser clara, determinada, líquida, pura y de plazo
vencido;
c) Debe ser incondicional sujeto ni a plazo ni a condición de ninguna naturaleza, de lo
contrario se detiene la ejecución; no olvidemos que por principio general, solo las
obligaciones de plazo vencido son exigibles ante la Ley, en consecuencia, el plazo
deberá encontrarse vencido o la condición cumplida; y,
d) El título debe cumplir con las formalidades que la ley exige para cada caso, caso
contrario pierde su calidad de título ejecutivo, ejemplo: si una Letra de cambio no
reúne los requisitos de los artículos 410 y 411 de la Codificación del Código de
Comercio, deja de ser una Letra de Cambio y por lo tanto la calidad de Título
Ejecutivo y se convierte en un simple recibo, que debe ser accionada por vía
Ordinaria.
1.5.2 La obligación ejecutiva
Larrea Holguín (Quito, 2006), manifiesta que: “Obligación es todo deber, lo que la conciencia
impera que se debe cumplir”. No debemos olvidar que para la procedencia de un juicio
13
ejecutivo, a más del título ejecutivo, la obligación contenida en ese título también debe ser
ejecutiva, es decir, que debe reunir todas las condiciones de ejecutividad contempladas en el
Art. 415 de la C.P.C., ya que solo el instrumento que reúna estos requisitos, trae aparejada
ejecución; ósea, deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo
haya.
Una obligación es clara, cuando se determina un crédito, o el compromiso de pagar una suma
determinada de dinero o entregar una especie o cuerpo cierto, es decir, cuando contiene la
obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa con claridad y precisión, esto en relación a su
objeto. En lo que respecta a los sujetos deberá constar en el documento quien es el acreedor y
quien es el deudor, caso contrario se entenderá que no es clara, por ejemplo: si en una letra de
cambio no se determina en números y en letras la cantidad que debe pagarse o si no tiene la
firma del aceptante simplemente no es letra y por lo tanto no es título ejecutivo, en
consecuencia, el documento cuyo contenido es ambiguo, dudoso, no entendible, no presta
mérito ejecutivo.
Se puede hablar de obligaciones determinadas, cuando la obligación debe ser expresa, que se
encuentre debidamente especificada y patente; en consecuencia, esta determinación de la
obligación solamente es posible hacerse por escrito, ya que sólo así las partes podrán saber
qué es lo que se debe cumplir, entonces el deudor podrá satisfacer la obligación precisamente
del objeto señalado y no de otro.
La obligación es líquidas o liquidables, condición de ejecutabilidad; es cuando se halle
perfectamente determinada en su especie, género y cantidad; ósea, cuando la cantidad o
monto se conoce o puede determinarse de manera precisa; por ejemplo: una deuda de cinco
14
mil dólares con un interés del 20% anual durante dos años, sin duda es una obligación líquida
ya que con una simple operación aritmética podemos determinar su monto total, haciendo el
cálculo correspondiente.
Un caso especial, es cuando la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida; en este caso,
prestará mérito ejecutivo solo la parte líquida y la parte ilíquida deberá resolverse en trámite
ordinario o verbal sumario según el caso (sobre la parte ilíquida no se puede proceder
ejecutivamente), pero da derecho al acreedor para que reclame ésta parte por la vía ordinaria o
verbal sumaria, en concordancia con el Art. 415 inciso tercero de la Codificación del Código
de Procedimiento Civil.
Son obligaciones puras, aquellas que no están sujetas a plazo, modo o condición de ninguna
naturaleza, de tal forma que es ejecutable únicamente la obligación pura y simple; o, que
habiendo estado sujeta a plazo o condición suspensiva se haya vencido dicho plazo o
cumplida la condición.
Y para finalizar, previo a explicar las obligaciones de plazo, debemos decir que plazo es un
hecho futuro y cierto, es la época que se fija para el nacimiento o extinción de un derecho o de
una obligación, y puede ser legal, judicial y convencional y condición es un hecho futuro e
incierto, del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho; por lo que resulte evidente
que para exigir ejecutivamente el cumplimiento de una obligación, ésta nunca puede estar
sujeta a plazo o condición, ya que el plazo debe estar vencido o la condición cumplida, es
decir, que la condición se ha verificado y por ende da lugar al nacimiento o a la extinción de
un derecho; entonces, si la obligación está pendiente o es fallida porque no se ha cumplido ni
15
hay posibilidad alguna de que se cumpla, será inútil demandar ejecutivamente; y, si se lo
hace, el juez deberá rechazar la demanda por falta de obligación ejecutiva.
Los requisitos señalados en el Art. 415 C.P.C., deben estar íntimamente ligados los unos a los
otros, ya que el título deberá llevar aparejados todos los requisitos necesarios para que tenga
fuerza ejecutiva, porque si faltare uno sólo de estos requisitos perderá la calidad de título
ejecutivo, porque ese es un privilegio que da la ley a ciertos documentos que naturalmente
deberán cumplir con todas las formalidades que ella misma exige.
1.5.3 Clasificación de los Títulos Ejecutivos
El título ejecutivo puede clasificarse en público (auténtico) y privado, según quien haya
intervenido en su otorgamiento.
a. Títulos ejecutivos públicos, son aquellos en cuyo otorgamiento interviene un
funcionario público con las formalidades prescritas por la Ley, y en el ejercicio de sus
atribuciones, como la confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente y
la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y la copia y la compulsa auténticas
de las escrituras públicas; y,
b. Títulos ejecutivos privados, son aquellos que se extienden por los particulares sin las
formalidades legales, y que adquieren carácter ejecutivo por reconocimiento efectuado
por la justicia; tales como: los documentos privados reconocidos ante juez o notario
público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas
judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente
protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan
16
obligaciones de dar o hacer alguna cosa como letras de cambio, cheques; y los demás
instrumentos a los que las leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos
1.5.3.1 La Letra de Cambio
La letra de cambio, es un título valor de contenido crediticio, el mismo que tiene el valor legal
y de prueba plena; que envía una persona llamada emisor, librador o girador, a otra llamada
librado, girado o aceptante, que lleva insertada una orden incondicional de pagar una
determinada cantidad de dinero a su vencimiento y en un lugar concreto, para que se pague a
una tercera persona llamada tenedor, tomador o beneficiario.
De lo expuesto, podemos decir que en su emisión, intervienen tres partes:
a) Emisor, librador o girador;
b) Librado, girado o aceptante; y,
c) Beneficiario, tenedor o tomador.
Además, pueden existir diversas formas para su emisión como por ejemplo: que intervengan 3
personas, es decir, que la letra de cambio puede girarse por cuenta de un tercero, que sería el
librador; que el emisor puede ser también aceptante; en este caso confluyen en una misma
persona las dos calidades (girador y aceptante); y, que el emisor puede ser también
beneficiario, por lo tanto el mismo girador será el primer tenedor del documento,
consecuentemente la letra no pierde su validez, ya que el mismo girador puede ser el
beneficiario.
17
La letra de cambio, lleva consigo serie de requisitos de fondo y de forma; los primeros que
son intrínsecos y son:
La capacidad, (Ref. Art. 6 de la Codificación del Código de Comercio);
El consentimiento, (acuerdo de voluntades con el fin de crear un vínculo jurídico), en
materia de títulos valores se produce a través de la firma, la misma que debe estar libre
de vicios: error, fuerza y dolo, caso contrario el documento es nulo; y,
El objeto lícito, (Ref. Art. 1454 de la Codificación del Código Civil - prestaciones de
dar, hacer o no hacer algo); en la letra de cambio, estamos frente a una obligación de
dar dinero.
Los requisitos de forma o relativos al documento mismo, los podemos encontrar en el Art.
410 de la Codificación del Código de Comercio, donde se establece los requisitos esenciales
para que un documento sea considerado como una letra de cambio, como: “…la
denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el
idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de cambio que no llevaren la
referida denominación serán, sin embargo, válidas, si contuvieren la indicación expresa de ser
a la orden; 2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 3. El nombre de la
persona que debe pagar (librado o girado); 4. la indicación del vencimiento; 5. la del lugar
donde debe efectuarse el pago; 6. el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe
efectuarse el pago; 7. la indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y, 8. la firma
de la persona que la emita (librador o girador)”. Concordancia con el Art. 411 de la
Codificación del Código de Comercio.
18
De lo expuesto, podemos decir que: hay requisitos de forma que pueden ser esenciales o
necesarios, como aquellos que no pueden faltar ya que su ausencia invalida la calidad de letra
de cambio; ejemplo, la firma del girador; y, requisitos naturales, que son aquellos que se
presume existen o que se pueden deducir de los ya existentes; ejemplo, si falta la indicación
del vencimiento, la letra de cambio será considerada como pagadera a la vista.
Algunas características que debemos referirnos en el presente trabajo, son:
Del Art. 429 hasta el Art. 437 del Código de Comercio, manifiestan sobre la
aceptación, que constituye al acto mediante el cual el girado con su firma acepta la
orden de pago emitida contra él por el girador, consentimiento que debe estar libre de
vicios (error, fuerza y dolo), ya que lo contrario implica la nulidad de la letra de
cambio.
El Art. 419 del Código de Comercio, dispone otra forma legal de trasferir el título
valor es el endoso, que es una forma natural y propia de transferir un título valor,
mediante este acto el tenedor legítimo de la letra de cambio, transfiere el título a un
tercero, a través de una simple nota escrita en el mismo documento o mediante una
hoja adherida. La persona que endosa o transfiere el título se llama endosante y la
persona en cuyo favor se ejecuta se llama endosatario. En el endoso firma el legítimo
tenedor del documento; el que endosa se convierte en endosante y por lo tanto en
codeudor solidario de la obligación, y la obligación se extingue solo cuando el deudor
principal paga. Sólo los títulos valores se endosan, en los demás casos puede haber
cesión de derechos.
El Aval, que es una garantía eminentemente cambiaria que tiene por objeto responder
por el pago de una obligación de una manera distinta y personal que la de su avalado o
19
garantizado, es en otras palabras el codeudor o el garante como se llama comúnmente;
este es solidariamente responsable en el pago de la obligación con el deudor principal.
El vencimiento, que es la llegada del día en que debe cumplirse la obligación y en
caso de no ser cumplida puede ser exigida legalmente, como: a día fijo, a cierto plazo
de fecha, a la vista y a cierto plazo de vista. Ref. Art 441 del Código de Comercio.
El pago es un modo de extinguir las obligaciones y consiste por lo tanto en el
cumplimiento efectivo de la obligación. El tenedor legítimo de la letra tiene la
obligación de exhibir el documento a cualquiera de los deudores para que le paguen el
día de su vencimiento o cuando más dentro de los dos días hábiles posteriores.
1.5.3.2 El Pagare a la orden
Es un título valor de contenido crediticio, por el cual una persona llamada suscriptor, promete
incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero, a otra persona llamada
beneficiario.
A continuación, veremos algunas características del pagaré, y son:
Es una promesa de pago, porque si no es promesa no es pagaré;
Las partes que interviene son el suscriptor o emisor y el tomador o beneficiario;
En el caso del pagaré existe la institución del visto bueno, especialmente en los
pagarés a cierto plazo de vista; y,
En el pagaré no hay la posibilidad de pluralidad de ejemplares como ocurre en la letra
de cambio, donde si es posible.
20
1.5.3.3 El Cheque
Constituye otro de los títulos ejecutivos más utilizados en nuestra legislación, que es
considerado como un título bancario de pago inmediato. Es un título formal, parcialmente
abstracto que permite a su titular exigir al girado la efectivización incondicional de la orden
de pago emitida por el girador a favor del beneficiario, en tal virtud su capacidad cambiaria
será siempre el dinero y su efectivo jurídico tiende a extinguir la obligación cuando se
efectiviza.
Las personas que interviene en el Cheque son:
a. El Girador, que es la persona natural o jurídica que emite la orden incondicional de
pagar una suma determinada de dinero. Es el titular de la cuenta corriente y por lo
tanto el responsable del pago;
b. El Girado, que es el banco o la institución financiera autorizada para recibir depósitos
monetarios, cuya obligación principal es pagar el importe del cheque o prestarlo por
causas legales; y,
c. El Beneficiario.- Es el tenedor del billete bancario, es la persona en cuyo favor debe
efectuarse el pago.
El Art. 1 de la Ley de Cheques, establece los requisitos expresos que debe contener el Cheque
y son:
a. La denominación de cheque inserta en el texto mismo del documento y expresada en
el idioma empleado para su redacción: constituye un distintivo que nos permite
diferenciarlo de otros documentos;
21
b. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero: el cheque por su
esencia no puede estar por ningún concepto sujeto a plazo o condición de ninguna
naturaleza, porque es considerado como un cuasi billete; entonces la orden de pago
será siempre incondicional y de cumplimiento inmediato;
c. El nombre de quien debe pagar o girado: el girado es el banco, en consecuencia, es
quien tiene la obligación de pagarlo o protestarlo;
d. La indicación del lugar de pago: este no es un requisito esencial, pues la misma Ley
suple su omisión;
e. La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque: este es un requisito
importante para establecer la caducidad o prescripción del cheque, ya que la ley ha
establecido plazos tanto para la presentación como para el pago;
f. La firma del girador: este constituye un requisito esencial, ya que el girador se obliga
con su firma, por lo tanto si no hay la firma simplemente no hay girador y peor
cheque.
En caso de que faltaré al Cheque alguno de los requisitos anteriores, dejará de ser cheque,
salvo en los siguientes casos:
a. A falta de indicación especial, el lugar designado a lado del nombre del girado se
entenderá ser el lugar del pago; y,
b. Si están designados varios lugares, el cheque será pagadero en el primer lugar
mencionado; y a falta de estas indicaciones o de cualquiera otra, el cheque deberá
pagarse en el lugar en el que ha sido emitido, y si en él no tiene el girado ningún
establecimiento, en el lugar donde el girado tenga el establecimiento principal.
22
1.5.3.4 Instrumentos que las leyes especiales otorga esta calidad de Títulos Ejecutivos
Un aspecto importante del Art. 413 es lo relativo a su inciso final, donde reconoce que son
títulos ejecutivos “los instrumentos a los que las leyes especiales les den tal calidad”, los
mismos que analizaremos en forma mediata, ya que existen Leyes Especiales que contemplan
o que le dan el carácter de títulos ejecutivos, a diferentes normativas, que conllevan
obligaciones; es así que tenemos las siguientes:
1. El Art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, le otorga carácter de ejecutivo a
diferentes normas como: “… la copia del acta de la sesión de la asamblea, celebrada
en conformidad al reglamento interno de copropiedad, en que se acuerden expensas
comunes, tendrá mérito ejecutivo para el cobro de las mismas”.
De igual manera, se observa en el Art. 15 numerales 1 y 2 que manifiestan que: cada
propietario tiene la obligación de reparar los bienes comunes con una suma de dinero
proporcional a los derechos que sobre ello tenga; dicha cuota será exigible ejecutivamente.
2. El Art. 57 de la Ley de Cheques, manifiesta que: “El cheque protestado por
insuficiencia de fondos dentro del plazo de presentación, constituye título ejecutivo”;
el mismo caso opera en el Art. 29 inciso tercero, manifiesta que el comprobante
otorgado por el girado en caso de pago parcial constituye título ejecutivo.
Por lo expuesto, podemos entender que el cheque por sí solo no tiene validez jurídica, sino
que su emisión presupone la existencia de una relación económica civil o mercantil entre el
librador y la persona que lo recibe como medio de pago; circunstancia que le confiere su
23
naturaleza jurídica de constituir solamente un instrumento mercantil de pago, sustitutivo del
dinero tanto para el emisor como para el receptor; en tanto que para el banco girado,
constituye una orden incondicional de pagarlo a su presentación, al tenedor legítimo.
3. En los Arts. 218 y 219 de la Ley de Compañías, cuando dispone que: el accionista es
personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que haya suscrito y en
caso de no haberse efectuado la aportación, podrá proceder ejecutivamente contra los
bienes del accionista”. Como vemos se trata de un título ejecutivo, que se puede hacer
efectivo, al momento del pago íntegro de las acciones, cuando no se han pagado las
aportaciones.
4. En el Art. 52 de la Ley de Seguros, dispone que: tiene el carácter de título ejecutivo
cuando habla de los sobregiros contratados dentro de las operaciones de crédito en
cuenta corriente, los cuales se constituyen en título ejecutivo, verificándose lo
enunciado en líneas anteriores.
Además, en el Art. 9 de está Ley, dice: “Los seguros de vida dotales y los valores de rescate
de los seguros de vida, constituyen títulos ejecutivos”.
5. Las obligaciones contraídas a favor del IESS, como pago de aportes, primas, fondos
de reserva, préstamos, inclusive instrumentos privados otorgados a favor del IESS,
constituyen títulos ejecutivos, así está contemplado en el Art. 221. De la Ley de
Seguro Social Obligatorio.
24
6. El Art. 75 de la Ley Orgánica de Adunas, dispone que los instrumentos sean públicos
o privados otorgados como garantías aduaneras, prestan mérito ejecutivo.
7. El Art. 160 literales a y b de la Ley de Mercado de Valores textualmente dice: “a. Las
compañías anónimas y las de responsabilidad limitada tienen la facultad legal de
emitir obligaciones que pueden estar representadas en títulos o en certificados de las
cuentas, los que tendrán la calidad de ejecutivos; y, b. Los valores como acciones,
obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de
negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta,
valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de
titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores, constituyen
títulos ejecutivos”.
8. El Art. 22 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, dice: “La resolución del
juez condenando al agresor a reponer los bienes perdidos o destruidos, presta mérito
ejecutivo”.
9. El Art. 12 de la Ley de Cámaras de Comercio, nos habla de que el pago de las cuotas
no satisfechas por los afiliados a las Cámaras de Comercio, podrán ser demandados
ejecutivamente.
10. El Art. 1 de Ley que regula la emisión de Cédulas Hipotecarias, menciona que las
cédulas hipotecarias constituyen títulos ejecutivos, porque contienen un derecho
económico que consiste en la percepción de una renta periódica fija o reajustable, y el
derecho al reembolso del capital determinado en la misma, en el plazo estipulado para
25
el pago de los préstamos a que correspondan, por sorteos semestrales, o por orden
cronológico.
11. En el Art. 42 d la Ley de Concurso Preventivo, manifiesta que: “Si uno o más
acreedores no cumplieren el concordato, la compañía deudora puede demandar
ejecutivamente su cumplimiento”.
12. Quien hubiere pagado una de las garantías establecidas en lo literales b) y c) del
artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, podrá ejercer el
derecho de repetición en contra del garantizado, mediante juicio ejecutivo.
Concordancia Art. 105 IBIDEM.
1.6 DEBERES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
A continuación, veremos algunos principios y garantías constitucionales, que son vulneradas
por la inadecuada aplicación del Art. 480 del Código Civil, las mismas que afectan al derecho
y patrimonio del acreedor.
1.6.1 Principio de Economía Procesal
Para ECHANDÍA DEVIS (1970) la economía procesal comprende las previsiones que tienden
a la abreviación y simplificación del proceso evitando que su irrazonable prolongación haga
inoperante la tutela de los derechos e intereses comprendidos en él; por lo que debemos
entender que éste principio, trata de obtener el mejor resultado posible, con el mínimo de
actividad jurisdiccional y de gastos para las partes.
26
Comprende las previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso evitando
que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses
comprendidos en él.
1.6.2 El principio de la celeridad
El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “El sistema procesal
es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la
sola omisión de formalidades”
En esta norma se establece la celeridad procesal, que implica en forma principal que las
juezas y los jueces debe sentenciar lo más pronto posible no se requiere ni siquiera petición de
parte, menos aún se requeriría de normas legales, lo que se debe aplicar es la Constitución en
forma directa.
1.6.3 El Debido Proceso
En el Art. 75 y 76 de la Constitución Política de la República, se recoge algunos artículos que
hacen referencia a los derechos de protección, los mismos que comprenden el marco
constitucional del debido proceso en nuestro país.
De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder de manera gratuita a la
justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
27
intereses, para lo cual deben observarse los principios de inmediación y celeridad y en ningún
caso permitir que quede en estado de indefensión y su incumplimiento será sancionado de
conformidad con la Ley.
1.6.4 El derecho de tutela judicial
No se encuentra establecido en forma expresa en la Constitución, pero lo encontramos dentro
del numeral 9 del Art. 11 de la Carta Magna, que hace referencia al deber del Estado de
respetar los derechos de las personas y es éste quien debe ser responsable ante la falta de
garantía o cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva.
1.6.5 La Seguridad Jurídica
En el Art. 82 de la Constitución Política del Ecuador, dispone que: “El derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
METLICH DE LA PEÑA (2008), considera que la seguridad jurídica, constituye la
convicción que tiene el individuo de que su situación jurídica no será alterada, salvo el caso
de procedimientos establecidos previamente; resulta evidente que está garantía de seguridad
provenga del Estado, la misma que para mantener el orden jurídico, creará normativas que
observen la actuación de las autoridades con apego a las leyes, y las formalidades deben
observarse antes de que a una persona se le prive de sus propiedades o su libertad.
28
La seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el principio de legalidad, en
tal forma que si no existe uno es imposible la existencia del otro.
2. ANÁLISIS PROCESAL DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA
Todo juicio ejecutivo, inicia con la presentación de la demanda, la misma que debe estar
acompañada obligatoriamente de un título que reúna las condiciones de ejecutivo, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 419 del Código de Procedimiento Civil.
El Art. 66 del C.P.C. dispone que: “Demanda es el acto en que el demandante deduce su
acción o formula su solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”. En la
demanda, la parte actora, debe plantea una serie de reclamaciones al Juez, con el objeto de
que el demandado reconozca o reponga un derecho, sean estas pretensiones verdaderas o
falsas, estableciendo de esta manera el objeto del juicio.
En el juicio ejecutivo, este reclamo debe ser presentado junto con el título ejecutivo o que este
reúna las condiciones de ejecutivo (que lleve consigo una obligación), que ésta se encuentre
vencida y que sea cierta, expresa y exigible.
Presentada la demanda ante el Juez o Jueza, procederá a calificarla y si esta no reúne los
requisitos establecidos en el Art. 69 del C.P.C., la manda a aclarar y/o completar en el término
de 3 días, transcurridos los cuales si no lo hace, se abstendrá el Juzgado de tramitarla, y de
este auto solo puede apelar la parte actora, por la razón, que aún no existe otra parte, puesto
que no se ha iniciado ningún proceso en contra de otra persona.
29
Una vez calificada la demanda y aceptada a trámite, una de las particularidades que posee el
juicio ejecutivo, es que se pueden dictar medidas precautelatorias o medidas cautelares con el
propósito de asegurar el cumplimento de la obligación, así teneos: el embargo en el caso de
una hipoteca, la prohibición de enajenar, el secuestro y la retención. Esta medias, pueden ser
solicitadas en el escrito de la demanda; y de ser ese el caso, se procederá a la citación, en
donde se le da a la parte demandada la posibilidad de contestar la demanda y proponer
excepciones en el término de tres días; debiendo indicar que si se cumple a cabalidad lo
dispuesto en la Ley, ya estaríamos en un término de 6 días entre la calificación de la demanda
y la contestación de la demanda.
El demandado o ejecutado, podrá oponerse a las medidas cautelares, en el caso que este haya
consignado en dinero la cantidad suficiente para cubrir la deuda, con más un 10%; ya que en
el caso o efecto que se produce en la prohibición de enajenar, es que los bienes enajenados no
pueden ser vendidos, hipotecados, ni sujetos a gravamen alguno que limite el dominio o su
goce.
Las excepciones que se planteen en el juicio ejecutivo, sean dilatorias o perentorias, se
propondrán conjuntamente y dentro de los tres días posteriores a la citación; sin embargo si no
paga o no propone excepciones dentro de este terminó concedido, el Juez tiene la obligación
de dictar sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes, mandando que el deudor
cumpla inmediatamente la obligación; causando la sentencia ejecutoria.
Otro caso que causa ejecutoria de la sentencia, es cuando se propone solamente la excepción
de pago total o parcial, siempre que no se hubiere presentado prueba de tal excepción; es
30
decir, si contesto que la obligación está cancelada y no adjunto a esa contestación la prueba
del pago, el Juez dicta sentencia.
Por otro lado, si el ejecutado propone excepciones solo de puro derecho, en el mismo día se
corre traslado al ejecutante, por el término de tres días, para que conteste; si contesta o en
rebeldía, el Juez pronunciará sentencia.
Pero si las excepciones versan sobre hechos que deban ser justificados, se concederá el
término de seis días para la prueba, para que las partes presenten todos los justificativos, de
los cuales se crean asistidos; vencido este término, se concederá así mismo el término de
cuatro días para que las partes presenten sus alegatos o manifiestos en derecho, para
posteriormente pedir autos y dictar sentencia.
En los juicios ejecutivos, el actor o ejecutante, podrá interponer los recursos que concede el
Código de Procedimiento Civil para los juicios ordinarios; pero el demandado o ejecutado
solo podrá interponer el Recurso de Apelación, ósea, que no pude solicitar otros recursos ni
incluso el de recurso de hecho. Y en segunda instancia, solo se resolverá por el mérito de lo
actuado por el inferior y su resolución causa ejecutoria.
2.1. JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA
De conformidad con el Art. 480 del C.P.C., dice: “Si el juicio ejecutivo versare sobre una
obligación que no exceda de veinte dólares de los Estados Unidos de América, se observará lo
prescrito en los artículos anteriores, procediendo para las actuaciones, en la forma prescrita en
el Art. 407”.
31
El Art. 407 del C.P.C. dice: “Si se trata de demandas cuya cuantía no pasa de cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América, se presentará ante la jueza o juez de lo civil
respectivo, acompañado de la prueba de que disponga el actor o anuncie la que deba actuarse
en la audiencia de conciliación y juzgamiento.
Por lo expuesto podemos indicar que la jueza o el juez mandará a citar al demandado, quien
en el término de ocho días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que
acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en la audiencia de
conciliación y juzgamiento.
Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el juez fijará fecha para la
audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se realizará no antes de tres días ni después de
ocho días de la fecha de señalamiento.
Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, la jueza o el juez dará
por concluido el proceso, y dispondrá su archivo, al igual que si inasiste la parte demandante.
Si inasiste el demandado, la jueza o el juez declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a
practicar la prueba solicitada por el actor y dictará su fallo.
Si asisten las dos partes, la jueza o juez promoverá la conciliación entre ellas. Si esta alcanza
la totalidad de litigio, la jueza o juez dictará sentencia aprobándola, de no contravenir a
derecho. Si no hay acuerdo o si éste es parcial o es homologado por ser contrario a derecho, la
jueza o juez dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido solicitadas
por las partes.
32
En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución de posiciones y la
declaración de los peritos, así como se examinarán los documentos y objetos que se hayan
adjuntado; inmediatamente se concederá la palabra a las partes para que se aleguen,
comenzando por el actor.
Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá para continuarla el
día siguiente y así hasta concluirla. No podrá interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza
mayor.
Escuchados los alegatos, la jueza o el juez, dictará en el mismo acto sentencia, la que será
reducida a escrito y debidamente fundamentada en el término de cuarenta y ocho horas y se
notificará a las partes en las veinticuatro horas siguientes.
Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la sentencia que dicte la
corte provincial no cabrá recurso de casación ni de hecho. La corte provincial resolverá por el
mérito de los autos, dentro del término de cinco días de recibido el proceso.
El incumplimiento de los términos para sustanciar el procedimiento, será sancionado de
conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial.”
Es evidente, que está disposición constituye una letra muerta en la práctica, por los siguientes
efectos que debemos considerar:
a. Ninguna persona va a iniciar un juicio ni por veinte dólares o peor aún ni por una
cantidad menor a está, ya que los costos judiciales son superiores a la cuantía
demanda;
33
b. El procedimiento especial que dispone el Art. 407 del C.P.C., no es eficaz en
relación al verdadero proceso del juicio de ínfima cuantía; por que el valor que se
demanda es irrisorio, debiendo considerar un valor igual o superior a un sueldo o
salario mínimo unificado para justificar el accionar del miso; y,
c. Estos procedimientos, deben ser más giles y efectivos, lo que permitirá garantizar
el derecho del acreedor por medio de los principios de celeridad y ahorro procesal,
obteniendo un proceso más simplificado y oportuno.
Por lo expuesto, es necesario determinar nuevas alternativas bajo los principios de celeridad
procesal y tutela judicial efectiva, para superar las falencias del juicio ejecutivo de ínfima
cuantía, permitiendo a los interesados, acceder a una justicia ágil y oportuna y de está forma
evitando incluso abuso por parte de los acreedores.
Resulta evidente que lo dispuesto en el Art. 480 del C.P.C. determina un valor específico
sobre la cuantía por la que se puede proponer los juicios un juicio ejecutivo de ínfima cuantía,
cuantía que en nuestro país resulta irrisoria como para iniciar un proceso cuyos valores
superan lo demandado y que en el peor de los casos esta norma permite la recuperación de
estos valores ínfimos, dado que por tratarse exclusivamente de valores pequeños, el costo que
representa su recuperación, los hace incobrables y se pierde el concepto de justicia oportuna,
ágil y eficaz.
La cuantía fijada en estos juicios ejecutivos, crea una inseguridad jurídica a consecuencia de
su inejecutabilidad, que da como resultado un procedimiento que no está plenamente definido,
toda vez que algunos juzgados en la ciudad de Riobamba, no admiten el procedimiento
determinado en el Artículo 407 del Procedimiento Civil, en base a que esta norma legal hace
34
referencia soló para los juicios ordinarios; y si buscamos la vía de los juicios ejecutivos para
resolverlos, este consta de dos instancias que además de ser largas, resultan onerosas para las
partes.
En la vida cotidiana, se ha visto el caso de personas que hacen firmar pagares o documentos
en blanco, para salvaguardar sus bienes, dejando en blanco el valor de los mismos, para
posteriormente, poder cobrarlos en caso de incumplimiento o no pago, cobrando valores muy
superiores a los que en realidad se establecen para los juicios de ínfima cuantía, justificando
está acción por las costas judiciales, honorarios profesionales, etc; lo que da como resultado
mayores conflictos que atentan contra los principios fundamentales del derecho social y crean
situaciones dolosas por la mala fe que impera, recordando que la letra o el pagare, constituyen
prueba plena en un proceso y por lo general son inobjetables.
Los abusos y arbitrariedades que se observan día a día en nuestra sociedad por parte de
personas inescrupulosas y que abusan de su posición como acreedores, perjudica también a
otras personas en su patrimonio por la falta de un proceso más clra y preciso para resolver este
tipo de juicios ejecutivos de ínfima cuantía.
2.2 ANÁLISIS DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA (CASO
PRACTICO)
El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el suplemento de Registro Oficial
No. 544, del 09 de marzo de 2009, en las disposiciones reformatorias y derogatorias, en el No.
23, reemplaza el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, e implementa una nueva forma
de tramitación de los Juicios Ordinarios de Menor Cuantía, estipulando que se entiende como
35
de menor cuantía los asuntos que no pasen de cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América.
A continuación, analizaremos la causa N°. 1060-2012 del Juzgado 25 de lo Civil de
Pichincha, la misma que es recibida el 13 de Agosto de 2012, donde DORIS PLATA
ARDILLA y en calidad de acreedora, amparada en el Art. 407 del C.P.C. demanda en juicio
Ordinario el pago del capital adeudado, los intereses legales vencidos hasta la fecha de la
cancelación, costas judiciales y honorarios de su defensor; a FRANCISCO MARCELO
RIVADENEIRA Serrano como demandado; causa que se tramita de la siguiente manera:
Se presenta en la oficina de sorteos la demanda acompañada como prueba una Letra de
Cambio por el valor de CUATRO MIL DÓLARES ($4000USA); el Titulo Ejecutivo
constituye prueba para justificar la acción el actor.
Mediante providencia de 23 de agosto del 2012, las 10H03 el Juez Vigésimo Quinto de lo
Civil de Pichincha avoca conocimiento de la causa calificando la demanda como clara,
precisa, completa por reunir los requisitos establecidos en la Ley; dispone se dé el trámite
Ordinario y la citación del demandado, a fin de que en el término de ocho días proponga
excepciones de conformidad con lo que dispone la Art. 407 del C.P.C. inciso segundo,
reformado y publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 544 de fecha 9 de marzo del
2009.
En la calificación a la demanda, el Juez debe constatar, si la demanda, reúne o no los
requisitos del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, de lo contrario, manda a aclarar o
ampliar, dándole el término de tres días.
36
Una vez citado el demandado, este tiene el término de ocho días para contestar la demanda y
proponer excepciones; en la contestación a la demanda, el demandado debe acompañar la
prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en la Audiencia de Conciliación y
Juzgamiento. Debiendo recordar que Excepción es toda defensa que el demandado opone a la
pretensión jurídica del actor, de tal manera que la forma que tiene el demandado para
defenderse es oponiendo las excepciones legales, que es el medio legal de impedir o frustrar
la acción propuesta por el demandante; y de este modo se cumple con el principio de
contradicción que es fundamental en un juicio de esta naturaleza.
La parte demandada, en este juicio, presenta la excepción de ilegitimidad de personería, ya
que la actora comparece por sus propios derechos sin que se demuestre incapacidad procesal,
la misma que no es aceptada por el Juez; y, la excepción de incompatibilidad de acciones, lo
que en este tipo de procesos no es admisible; olvidándose de plantear como excepción la
prescripción de la acción, dicho argumento no fue introducido en la contestación, sino
introducido posteriormente en el escrito de Apelación.
Hay que recordar que existen tres clases de excepciones: las dilatorias, perentorias y de puro
derecho.
Transcurrido el término de 8 días, con la contestación del demandado, el juez fija fecha para
la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento. La actuación del Juez, al anunciar lo que debe
actuarse en la Audiencia de conciliación y juzgamiento, da cumplimiento al principio de
buena fe y lealtad procesal, señalado en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función
Judicial. De igual manera debo resaltar que la Audiencia, se debe realizar no antes de tres
37
días, ni después de ocho días de la fecha de señalamiento, observando las siguientes
situaciones:
Si inasisten actor y demandado a la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento, el juez
dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo;
Si no asiste a esta diligencia la parte demandante o actora el juez dará por concluido el
proceso y dispondrá su archivo; y,
Si inasiste el demandado, el juez declarará su rebeldía y mandará en el mismo acto a
practicar la prueba solicitada por el actor, e inmediatamente dictará su fallo.
En el presente juicio, las partes a pesar que el Juez promovió la Conciliación entre ellos sin
llegar a un cuerdo conforme a derecho, por lo que el Juez dispone que se practiquen las
pruebas que fueron solicitadas por las partes, como las declaraciones testimoniales y la
absolución de las posiciones. Después de que cada parte toma palabra para presentar sus
alegatos (la intervención inicia el actor y luego el demandado).
Escuchados los alegatos presentados por las partes, el Juez, dicta en el mismo acto Sentencia,
de viva voz, esto es aceptando la demanda y posteriormente, en el término de cuarenta y ocho
horas la reduce a escrito y debidamente fundamentada, la misma que es notifica a las partes en
las veinte y cuatro horas siguientes.
Mediante sentencia dictada el 1 de febrero del 2013, las 12H43 el Juez Vigésimo Quinto de lo
Civil de Pichincha acepta la demanda y dispone que el demandado pague a la actora el valor
constante en la Letra de Cambio, esto es por CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, más el interés legal desde el 17 de abril del 2012 hasta la total
38
cancelación de la obligación. Con costas en cincuenta dólares regula los honorarios del
abogado de la parte actora, debiendo descontarse el porcentaje establecido en la Ley de
Federación de Abogados.
La parte demanda, al sentirse perjudicada con la sentencia dictada por el Juez, pide el Recurso
de Apelación, proceso que pasa a la Corte Provincial de Pichincha, Segunda Sala de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales, vía sorteo; la misma que resuelve por el mérito
de los autos, dentro del término de cinco días de recibido el proceso
LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUNDA SALA DE LO CIVIL,
MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES en sentencia dictada el 27 de
junio del 2013, a las 08H33, ante el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado
deshecha el Recurso de Apelación y confirma en lo principal la sentencia venida en grado y se
la reforma únicamente cuando esta sala dispone que el demandado pague el interés calculado
a la tasa legal a partir de la citación con la demanda. Sin costas de la instancia. Al valorar las
pruebas el juez de segunda instancia inadmite la excepción de ilegitimidad de personería ya
que la actora comparece por sus propios derechos sin que se demuestre incapacidad procesal.
El demandado no planteó como excepción la prescripción de la acción, dicho argumento fue
introducido en el escrito de apelación por tanto no es considerado por la Sala. Se rechaza la
excepción de la incompatibilidad de acciones porque no se da en este proceso. Es necesario
recordar que de esta sentencia que dicta la Corte Provincial, no existe Recurso de Casación ni
de Hecho, pero la parte demanda, pide este recurso y LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA. SALA DE CONJUECES DE LO CIVIL Y MERCANTIL el 14 de febrero del
2014, a las 10H00 al no encontrarse presentes en forma concurrente y simultánea los
39
requisitos previstos por el Art. 6 de La Ley Casación RECHAZA el recurso de casación
propuesto por el demandado.
Si observamos lo dispuesto en el Art. 407 del C.P.P. manifiesta que: “Trámite para las
demandas de cuantía menor a veinte dólares.- Las demandas si se trata de juicios cuya
cuantía, no pase de veinte dólares de los Estados Unidos de América, se presentarán ante el
Juez de lo Civil respectivo quien mandará citar al demandado para que conste dentro del
segundo día. Si el demandado propusiere excepciones que deban probarse, o la demanda se
fundare en hemos justificables, se concederá el término probatorio de tres días. Vencido este
término, se pronunciará sentencia. De la sentencia se concederá recurso de apelación para ante
el Superior, quien fallará por el mérito de los autos. Su decisión causará ejecutoria”.
En los juicios de que trata este artículo, exceptuando el juicio de tercería, no se admitirá ni
tramitará incidente alguno que tienda a impedir, detener o alterar el curso del juicio, y el
quebrantamiento de esta prohibición será castigado en la forma que prescribe el Art. 293.
En concordancia con el Art. 407, el Art. 60 del C.P.C. dice: “Forma de fijar la cuantía.- El
juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor.
Para fijar la cuantía de la causa se tomarán los intereses líquidos del capital, los que estuvieren
pactados en el documento con que se proponga la demanda, y los frutos que se hubieren
liquidado antes de proponerla.”
El presente caso, se fundamenta su demanda en base a lo dispuesto en el Art. 407 del C.P.C.,
y fue calificada aceptándola a trámite, sin embargo de que textualmente este artículo se refiere
al trámite para las demandas de cuantía de menor a veinte dólares”. Y la letra de cambio es
40
por el valor de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, se la aceptó a trámite en juicio ordinario hasta concluir con las sentencias
en las instancias correspondientes y con el pronunciamiento emitido por la Corte Nacional de
Justicia en el recurso de casación, en favor de la parte actora.
Como se puede observar, este trámite para Juicios de Ínfima Cuantía, tuvo una duración de
casi dos años, por lo que afecta los derechos del acreedor, por esta razón, se debe hacer una
reforma en esta disposición en lo que corresponde a la cuantía que es muy ínfima menor a
veinte dólares que para involucrarse en un juicio por veinte dólares, sujetándose tal y cual
como está escrito en la Ley es muy poco, no obstante la demanda fue aceptada a trámite.
Tampoco debemos olvidar que en la última parte del Art. 407 del Código de Procedimiento
Civil reformado, manifiesta que “El incumplimiento de los términos para sustanciar el
procedimiento, será sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de
la Función Judicial”, por lo que mi propuesta es presentar un propio procedimiento para este
clase de juicios, donde se respete los principios de celeridad procesal y que no perjudique los
interés o derechos de la parte actora, contraviniendo de esta manera las garantías y principios
constitucionales en el Ecuador.
41
G) METODOLOGÍA
El presente trabajo investigativo se elaborará en base a la recopilación y análisis de
información jurídica-procesal, desde una perspectiva descriptiva, evaluativa, explicativa y
propositiva, ya que además de suministrar un análisis sobre la vulneración del principio de
celeridad y los derechos del acreedor en las obligaciones ejecutivas de ínfima cuantía.
En la presente investigación, se va a utilizar las siguientes metodologías:
1. Histórico - Lógico.- El elemento central de la presente investigación es el principio de
celeridad frente a las obligaciones ejecutivas de ínfima cuantía, por lo que es necesario
analizar le evolución de la normativa y de los procesos, que por la demora en los
términos de ejecución, afectan a los derechos del acreedor.
2. Analítico – Sintético.- Analizar los aciertos y desaciertos del sistema procesal que ha
obligado a proponer nuevas normativas para el cumplimiento del principio de
celeridad en los procesos, lo que permitirá mejorar el sistema procesal ecuatoriano; y
además, sintetizar la aceptación y ejecución de estos procesos en el cumplimento de
las obligaciones ejecutivas.
3. Deductivo – Inductivo.- Tener una idea más elemental y básica sobre el sistema
procesal actual en relación al derecho que tiene el acreedor frente al deudor de una
obligación ejecutiva de ínfima cuantía, la misma que se ve afectada por la demora en
la ejecución de términos durante los juicios ejecutivos.
42
H) PROPUESTA
DISEÑO DE ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, QUE MODIFIQUE EL TRÁMITE DE LOS JUICIOS
EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
C O N S I D E R A N D O:
QUE, todas las personas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 75 de la Constitución, se
encuentran garantizadas por el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación
y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones
judiciales será sancionado por la ley.
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 82 dispone que: “El derecho a
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
QUE, el sistema de procesos en el Ecuador, deben contener preceptos que garanticen el
derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener la tutela jurídica.
QUE, el Estado Ecuatoriano, debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones y
principios consagrados en la Constitución, tales como: proteger, tutelar, elaborar o ejecutar
43
políticas que garanticen el goce pleno de los derechos y garantías constitucionales de las
personas.
QUE, la aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el Código
Orgánico de la Función Judicial, contraviene a lo dispuesto en el Art. 82 de la Constitución
Política, porque no brinda la seguridad jurídica a los ecuatorianos.
En el ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 134, numeral 5to, de la Constitución
de la República del Ecuador, expide la siguiente:
E X P I D E:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN LO
REALTIVO AL TRÁMITE DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA
Art. 1.- Sustitúyase el texto del Art. 480 del Título II, Parágrafo 3º del Código de
Procedimiento Civil, por el siguiente: “Art. 480.- Si el juicio ejecutivo versare sobre una
obligación que no exceda de un sueldo o salario básico unificado, se observará lo prescrito en
los artículos anteriores”.
Art. 2.- Art. Innumerado.- Cuando la cuantía de la demanda, no exceda el valor que dispone
el Art. 480 del C.P.C., está, se presentará ante la jueza o el juez de lo civil respectivo,
anunciando la prueba en la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento
definitiva.
44
La jueza o el juez, mandará a citar al demandado, quien en el término de dos días podrá
contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que acompañara la prueba que deba
actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento definitivo.
Transcurrido este término, con o sin contestación, la jueza o el juez, fijará fecha para la
audiencia de conciliación y juzgamiento definitivo, la que se realizará no antes de tres días ni
después de seis días de la fecha de señalamiento.
La audiencia podrá diferirse hasta por una sola vez, dentro de los tres días posteriores al
último señalamiento; si inasiste el demandado, la jueza o el juez declarará su rebeldía,
mandará en el mismo acto a practicar la prueba solicitada por el actor, y dictará su fallo.
Si asisten las dos partes, la jueza o el juez, promoverá la conciliación entre ellas, dentro de la
misma audiencia, de llegar a un acuerdo la jueza o el juez dictará sentencia aprobándola.
De no llegar a un acuerdo entre las partes en la audiencia, se procederá a evacuar la prueba
solicitada por las dos partes como: las declaraciones testimoniales, la absolución de
posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los documentos y objetos
que se hayan adjuntado, si el caso lo amerita; inmediatamente se concederá la palabra a las
partes para que aleguen, comenzando por el actor. Escuchados los alegatos, la jueza o el juez,
podrá dictar sentencia en la misma audiencia y se notificará a las partes en las veinticuatro
horas siguientes.
Art. 3.- Art. Innumerado.- Soló se podrá apelar a la sentencia en efecto devolutivo. De la
sentencia que dicte la corte provincial no se podrá interponer recurso de casación. La corte
45
provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del término de cinco días de recibido el
proceso.
Art. 4.- Art. Innumerado.- Si se incumplieren los términos para sustanciar el procedimiento,
se sancionara de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Art. 5.- Art. Innumerado.- Si el juicio ejecutivo versare sobre una obligación que exceda
de un sueldo o salario básico unificado hasta los cinco mil dólares de los Estados Unidos, se
procederá para su actuación, en la forma prescrita por el Art. 407.
Art. 6.- Art. Innumerado.- Deróguese todas las normas legales que se opongan a la presente
reforma.
Disposición Final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de Quito en la Sala de sesiones del
Plenario de las Comisiones Legislativas de la H. Comisión Legislativa, ….
PRESIDENTE SECRETARIO
H. COMISIÓN LEGISLATIVA
46
I) CONCLUSIONES
El Art. 480 del Código de Procedimiento Civil, determina una cuantía ínfima o
mínima, que afecta el derecho del demandante a proteger su patrimonio, frente a los
altos costos de honorarios profesionales y costas judiciales, ya que el proceso para
resolver estos juicios en base a lo dispuesto en el Art. 407 del Código Adjetivo Civil,
nos propone un proceso ordinario, que por la demora y tiempo de resolución, afecta al
Debido Proceso, que busca hacer efectivo los principios y garantías consagradas en la
Constitución Política del Ecuador.
La necesidad de establecer nuevas normativas que regulen la cuantía y el proceso de
esta clase de Juicios; resulta urgente y necesaria, permitiendo de esta manera, que se
cumpla con el principio de Celeridad Procesal que se encuentra consagrado en nuestra
actual Constitución Política.
La reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, al Art. 407 del Código de
Procedimiento Civil, resulta seguir siendo lento en la resolución de estas causas, un
ejemplo más de proponer un propio proceso especial o sumarísimo para no atentar
contra el derecho del demandante.
La conciliación, la mediación y el arbitraje, serían otros medios alternativos para
solucionar esta clase de juicios de ínfima cuantía, permitiendo la ejecución de
principios como el de la oralidad, principio de celeridad, el principio de economía
procesal, protegiendo de esta manera los derechos del demandante.
47
J) BIBLIOGRAFÍA
BOSSANO, Guillermo. Evolución del Derecho Constitucional. 1988
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, (2003) “Diccionario Jurídico elemental”,
Editorial Heliasta, Duodécima Edición, Buenos Aires.
DE LA CADENA, Lauro, Práctica Procesal Civil – El Juicio Ejecutivo, 2010
ECHANDÍA DEVIS, Hernando. NOCIONES GENERALES DE DERECHO
PROCESAL CIVIL. Bogotá 1970, pp. 156.
LOPEZ AREVALO William. (2007) “El Juicio Ejecutivo”, Editorial Jurídica del
Ecuador, Primera Edición, Quito.
MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho Procesal Civil Práctico. 2007.
METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los
Procesados, Edit. Civitas, México D.F., 2008.
PEREZ GUERRERO, Alfredo, (1982) “Temas Jurídicos”, Tomo 21, Volumen I,
Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca.
RUIZ PARRAGUEZ, Luís, (1981) “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial
Gráficas Mediavilla, Quito.
SOLAR CLARO, Luis, Derecho Civil Chileno y Comparado.
VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. 1994
VELASCO CELLERI Emilio. (1994) “Sistema de Practica Procesal Civil”, Editorial
S.A. Pudeleco, Primera Edición, Tomo III, Quito.
48
LEGISLACIÓN
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. (2011), Corporación de Estudios y
Publicaciones, Quito.
CÓDIGO DE COMERCIO. (2008), Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008).
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (2009), Corporación de
Estudios y Publicaciones, Quito.
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS (2015)
FUENTES DE CONSULTA INFORMÁTICA
http://www.derechoecuador.com
http://www.bibliojuridica.org
http://es.wikipedia.org
http://www.estuderecho.com
http://www.buenosearch.com
http://www.slideshare.net/boblen/cdigo-orgnico-general-de-procesos-31003273
http://www.derechoecuador.com
http://www.ripj.com