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MÁSTER EN GESTIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICA EN EL SECTOR ELÉCTRICO TESIS DE MÁSTER PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA Autor: ÁLVARO RYAN MURUA Madrid, 13 de enero de 2003 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

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MÁSTER EN GESTIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICA EN EL SECTOR ELÉCTRICO

TESIS DE MÁSTER

PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA

Autor: ÁLVARO RYAN MURUA

Madrid, 13 de enero de 2003

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLASESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

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Autorizada la entrega de la tesis de master del alumno/a:

ÁLVARO RYAN MURÚA

EL DIRECTOR

LUIS DE LA POZA CUADRADO

Fdo.: …………………… Fecha: ……/ ……/ ……

EL TUTOR

TOMÁS GÓMEZ SAN ROMÁN

Fdo.: …………………… Fecha: ……/ ……/ ……

Vº Bº del Coordinador de Proyectos

TOMÁS GÓMEZ SAN ROMÁN

Fdo.: …………………… Fecha: ……/ ……/ ……

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MÁSTER EN GESTIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICA EN EL SECTOR ELÉCTRICO

TESIS DE MÁSTER

PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA

Autor: ÁLVARO RYAN MURÚA

Madrid, 13 de enero de 2003

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLASESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

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RESUMEN

Actualmente, la metodología de retribución de la distribución en España no se rige

por unos principios regulatorios adecuados, ya que ni remunera a las empresas de

forma que rentabilicen sus costes "prudentemente" incurridos ni posee

mecanismos de eficiencia que fomenten el ahorro de costes, de manera que se

beneficien tanto los consumidores como las empresas prestadoras del servicio.

Por ello, es necesaria una nueva metodología de retribución que sirva por un lado

para retribuir justamente a la empresas en función de sus inductores reales de

coste y por otro introducir mecanismos que fomenten el que presten el servicio al

menor coste posible, cumpliendo unos requisitos técnicos y de calidad mínimos.

Una etapa fundamental para lograr este cometido es el análisis de los costes de la

actividad: los costes de inversión, los costes de explotación y los costes no

gestionables. Sólo en base al conocimiento preciso de los inductores de coste de

los mismos, se puede establecer una metodología que los considere según su

naturaleza. Así, se hallará que no se puede dar el mismo tratamiento a los costes

de inversión que tienen origen financiero, a los costes de explotación que son

gestionables y a los costes cuyo control no recae en las distribuidoras.

Se propone un método de regulación por incentivos que desacople los ingresos y

los costes de las empresas durante periodos regulatorios, el cual considera cada

coste en función de sus características y fija mecanismos que fomentan la

eficiencia. Así, por un lado se orientará a que las empresas desarrollen una red

óptima, y por otro se fomentará el ahorro de costes allá donde sea posible, de

forma que se abarate el servicio y las empresas puedan retener un beneficio.

En el nuevo modelo propuesto, destaca el gran papel que desarrollará el regulador

como supervisor de todo el proceso, ayudado por dos herramientas que sin duda

marcarán el futuro de la regulación de distribución en España: los modelos de

cobertura y el uso de un sistema de contabilidad regulatoria.

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INDICE DEL DOCUMENTO

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO..................................................................1

1.1 El nuevo entorno regulatorio ............................................................................1

1.2 La retribución de la distribución en España actualmente ............................3

1.3 Puntos débiles del sistema de retribución......................................................5

1.4 Situación actual de las empresas distribuidoras en España.....................10

1.5 Motivación y objetivos de la tesis ..................................................................11

1.6 Planteamiento ...................................................................................................13

2. REGULACIÓN DE MONOPOLIOS........................................................................15

2.1 Objetivos de la regulación...............................................................................15

2.2 Nociones de gestión empresarial ..................................................................18

2.2.1 Esquema de una cuenta de resultados ........................................ 18

2.2.2 Método de valoración de empresas/inversiones......................... 20

2.3 Principios de retribución..................................................................................22

2.3.1 Base Regulatoria de Activos .......................................................... 22

2.3.2 La retribución del capital................................................................. 24

2.3.3 Retribución por explotación............................................................ 27

3. LOS COSTES DE INVERSIÓN ..............................................................................30

3.1 Generalidades ..................................................................................................30

3.2 Análisis de los inductores de coste ...............................................................33

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3.2.1 Consideraciones teóricas................................................................ 33

3.2.2 Economías de escala en la actividad de distribución................. 40

3.2.3 Tratamiento de los resultados del modelo ................................... 43

3.2.4 Coherencia de la fórmula de retribución....................................... 46

3.3 Cálculo de la Base Regulatoria de Activos ..................................................48

3.3.1 Contabilidad ...................................................................................... 48

3.3.2 Método del RAB implícito................................................................ 51

3.4 Cálculo del inmovilizado bruto .......................................................................53

3.4.1 Inventario físico / Modelos explicativos ........................................ 54

3.4.2 Modelos de cobertura...................................................................... 55

4. LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN........................................................................59

4.1 Costes de mantenimiento ...............................................................................59

4.1.1 Mantenimiento preventivo ............................................................... 59

4.1.2 Mantenimiento correctivo ................................................................ 61

4.2 Costes de operación........................................................................................62

4.3 Costes de los servicios técnicos....................................................................64

4.4 Costes de gestión comercial ..........................................................................66

4.5 Costes de estructura........................................................................................66

5. OTROS COSTES......................................................................................................68

5.1 Tributos ..............................................................................................................68

5.2 Impuestos ..........................................................................................................69

5.3 Obligaciones regulatorias ...............................................................................70

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5.4 Pérdidas de energía.........................................................................................71

5.5 Penalizaciones por calidad de servicio.........................................................73

5.6 Equipos de medida ..........................................................................................74

6. SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN....................................75

6.1 Remuneración por "Coste del Servicio" .......................................................75

6.2 Remuneración por "Costes Estándares"......................................................76

6.3 Remuneración por "Incentivos"......................................................................77

6.4 Remuneración por "Benchmarking" ..............................................................80

7. MÉTODO DE RETRIBUCIÓN PROPUESTO......................................................82

7.1 Elección de metodología .................................................................................82

7.1.1 Aspectos generales ......................................................................... 82

7.1.2 Papel del regulador.......................................................................... 85

7.1.3 Retribución del capital ..................................................................... 88

7.1.4 Retribución por explotación............................................................ 91

7.1.5 Retribución de los costes no gestionables................................... 94

7.1.6 Ajustes anuales ................................................................................ 94

7.2 Punto de partida ...............................................................................................95

7.2.1 Premisas previas.............................................................................. 95

7.2.2 Posibles soluciones ......................................................................... 96

7.3 Evolución anual ................................................................................................99

7.3.1 Término CAPni .................................................................................. 99

7.3.2 Término OPEXni .............................................................................102

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7.3.3 Término OBLGni..............................................................................103

7.3.4 Término Yni ......................................................................................103

7.4 Revisión al final del periodo ........................................................................ 103

8. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................... 106

9. ANEXO.................................................................................................................... 108

9.1 Tratamiento de resultados del modelo de cobertura............................... 108

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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

1.1 El nuevo entorno regulatorio

El sector eléctrico español ha sufrido en los últimos años una de las mayores

transformaciones de su historia como consecuencia de la introducción de la

competencia en el mismo, a raíz de la aprobación por parte de las Cortes de la

Ley 54/97 del Sector Eléctrico [BOE,1997a]. En dicha ley se sientan las bases del

nuevo modelo de funcionamiento del sector, cuyo hito más destacable es la

introducción de competencia en algunas de las actividades necesarias para

prestar el servicio eléctrico. La ley redefine el servicio eléctrico como un servicio

esencial, abandonando la tradicional consideración del mismo como un servicio

público, todo ello manteniendo y garantizando la protección de los consumidores.

Los tres pilares fundamentales en los que se basa dicha ley son la garantía del

suministro, la calidad del mismo y la protección del medio ambiente, todo ello

realizado al mínimo coste.

Mediante la introducción de la competencia se persigue el aumento de la

eficiencia, de la cual se beneficiarán tanto las empresas prestadoras del servicio

como los consumidores, debido a que la competencia produce ahorros de costes

que se trasladan finalmente al consumidor. Para ello, se liberalizan las dos

actividades del sector que pueden desarrollarse en un entorno de libre mercado: la

generación de electricidad y la comercialización de energía. Ello se logra

decretándose el libre establecimiento de nuevos grupos generadores y la creación

de un mercado mayorista de electricidad, en el cual a partir del 1 de enero de 1998

los generadores en régimen ordinario deben competir mediante un sistema de

ofertas regido por precedencia económica. La competencia en la actividad de

comercialización se plasma con la definición de un calendario de elegibilidad cuyo

punto culminante es la libertad de elección de suministrador de energía eléctrica

que tienen todos los clientes en España desde el 1 de enero de 2003.

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Por el contrario, las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica

permanecen como actividades reguladas, debido a que su característica de

monopolio natural hace inviable que pueda tener sentido económico la

introducción de la competencia en las mismas, aunque no por ello, el hecho de

que sean actividades reguladas no se puedan introducir mecanismos que

fomenten la eficiencia, mediante por ejemplo la regulación por incentivos y la

inclusión de factores de productividad en su retribución. Este punto es de vital

importancia, ya que la regulación de las actividades de transporte y distribución,

debe estar enfocada plenamente a la búsqueda de la eficiencia de la que se

beneficiarán tanto las empresas como los clientes.

La influencia que tiene el organismo regulador sobre estas actividades es crucial,

ya que mediante la normativa que aprueba la Administración se establecen las

obligaciones de los sujetos que desarrollan estas actividades, así como sus

derechos, de entre los que destaca el derecho a percibir una retribución adecuada.

Por ello, juega un papel fundamental el regulador, que es quién pone las normas y

legisla, que no es otro en España que el Gobierno, y más en concreto el

Ministerio de Economía. La Administración tiene como órgano asesor a la

Comisión Nacional de Energía (CNE), que entre otras funciones, se encarga de

asesorar, opinar, inspeccionar e informar sobre el funcionamiento del sector

eléctrico.

Las actividades de transporte y distribución se “liberalizan” parcialmente mediante

el acceso de terceros a las redes, lo cual implica que el hecho de tener la

propiedad de las redes no implica su uso exclusivo. De esta forma se evitan

abusos derivados de las posibles posiciones de dominio debidas a la existencia de

una única red. Todos los agentes del sector tienen derecho al acceso a las redes,

satisfaciendo eso sí, unos peajes de acceso que fija la Administración.

La otra actividad que liberaliza la ley del sector eléctrico es la comercialización de

energía eléctrica, que es una actividad que consiste en la venta de energía

eléctrica a los consumidores cualificados (tienen poder de elección) u a otros

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sujetos del sistema. Para lograr que exista competencia en dicha actividad, es

necesario tanto el establecimiento del acceso de terceros a las redes, como la

creación de un mercado mayorista de electricidad, y lo que es más importante, la

posibilidad de elección de suministrador de los consumidores.

La ley del sector eléctrico crea además, dos nuevas instituciones en el sector, el

Operador del Sistema y el Operador del Mercado. La primera, cuya

responsabilidad recae en Red Eléctrica de España S.A. tiene como función

principal llevar a cabo la gestión técnica del sistema, cuyo objetivo último es

garantizar la seguridad de suministro. La segunda institución se crea bajo el

nombre de Operador del Mercado Español de Electricidad S.A., y su objetivo es

velar por la gestión económica del sistema, consistente básicamente en

supervisar, desarrollar e implementar el funcionamiento del Mercado Mayorista de

Electricidad.

1.2 La retribución de la distribución en España actualmente

Como se ha comentado anteriormente, la actividad de distribución eléctrica es una

actividad regulada, lo cual implica que sus ingresos o lo que comúnmente se

denomina su retribución, son fijados administrativamente por el Gobierno.

Concretamente, y según el artículo 20 del Real Decreto 2819/1998 [BOE,1998c]

por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía

eléctrica, la retribución global de la actividad de distribución para el año n se

calculará mediante la siguiente fórmula:

R n = R n-1 * ( 1 + (IPC-1)/100) * ( 1 + Fe * ∆D) (1)

Donde:

R n = Retribución global de distribución para el año n

R n-1 = Retribución global de distribución para el año n-1

∆ D = Incremento de la demanda previsto entre los años n y n-1

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Fe = Factor de eficiencia (se usa 0,3 generalmente)

IPC = IPC previsto para el año n

Esta fórmula de evolución de la retribución global de la actividad, podría

clasificarse como perteneciente a los métodos retributivos1 de regulación por

incentivos, concretamente al modelo denominado limitación de ingresos o

“revenue cap”. Estos modelos consisten básicamente en limitar el crecimiento de

la retribución de la actividad en función de unos parámetros, estableciendo “de

facto” un límite de crecimiento de la misma.

La aplicación de la fórmula (1) suele realizarse a finales de cada año, con

anterioridad a la publicación del real decreto de tarifas correspondiente al año

siguiente, por lo que los parámetros IPC y crecimiento de la demanda son los

previstos en dicha fecha.

El reparto de esta cantidad global entre todas las empresas distribuidoras

(exceptuando las pequeñas distribuidoras acogidas a la Tarifa D que se rigen por

normativa específica) se fijó en la Orden Ministerial del 14 de junio de 1999

[BOE,1999a]. En dicha orden se establece una metodología de reparto de la

retribución global de distribución que abarca 16 años, aunque en la práctica

únicamente se ha seguido dicha metodología en los años 1998 y 1999.

Básicamente dicha metodología consistía en repartir una parte de la retribución

global de la distribución según los porcentajes de reparto de la retribución de la

actividad bajo el anterior sistema retributivo, el Marco Legal Estable, y el resto de

la retribución según los resultados de un modelo de red de referencia. La idea

original consistía en que la cuantía a repartir según el anterior sistema regulatorio

fuera decreciendo año a año a un ritmo de un dieciseisavo del importe por dicho

concepto el primer año, por lo que la cuantía a asignar según los resultados del

1 En el capítulo 6 se abordarán con mayor detalle estos modelos.

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modelo de red de referencia iría creciendo gradualmente hasta que representase

la totalidad de la retribución global de la actividad.

En los años 2000 y 2001 se congeló la cuantía a repartir según el Marco Legal

Estable, por lo que no se siguió la senda descendente de dicha cantidad, y el resto

de retribución hasta la cifra reconocida anual publicada en el Real Decreto de

Tarifas se asignó según los resultados del modelo de red de referencia.

Para el año 2002, el Real Decreto 1483/2001 fijó directamente la retribución de la

distribución para las empresas distribuidoras, calculada de forma similar al año

2001 e introduciendo un ajuste arbitrario entre empresas del que no se dio ningún

tipo de justificación.

Y por último en 2003, se aplicó la fórmula (1) manteniendo constantes los

porcentajes de reparto de las empresas distribuidoras de 2002.

1.3 Puntos débiles del sistema de retribución

Por lo tanto, se puede ver que a pesar de que existe una metodología para la

asignación de la retribución de la distribución, ésta no se aplica,

fundamentalmente por falta de voluntad por parte de la Administración. Ello

perjudica claramente a algunas empresas distribuidoras y por lo tanto beneficia a

otras (se trata de repartir según porcentajes), especialmente aquellas a las que el

modelo de red de referencia les asigna un porcentaje de reparto mayor que el que

se obtenía del sistema vigente del Marco Legal Estable. Esto es debido a que al

no aplicarse la metodología, sigue existiendo una cuantía importante del monto

total de la retribución anual que se reparte según los porcentajes del Marco Legal

Estable, cuando en realidad y siguiendo la senda marcada por la Orden Ministerial

del 14 de junio de 1999 [BOE,1999a], ésta tenía que ir reduciéndose

progresivamente hasta cero, y al no ser así, se benefician económicamente

aquellas empresas distribuidoras que tenían porcentajes de reparto mayores en el

Marco Legal Estable y perjudica a las empresas cuyos porcentajes de reparto

según el modelo de red de referencia son mayores.

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Otro aspecto a destacar acerca del sistema retributivo nacional, es que los

parámetros usados para el crecimiento de la demanda y el Índice de Precios al

Consumo (IPC) son valores previstos, que después no se actualizan

retroactivamente según los valores reales de los mismos. Dado que la

Administración suele ser bastante cauta y moderada en lo que a previsiones

económicas se refiere, la experiencia demuestra que los valores usados como

previsión, siempre resultan inferiores a los valores reales de dichos parámetros,

por lo que el perjuicio económico que sufren el conjunto de las empresas

distribuidoras en España es importante.

Véase en el siguiente ejemplo, si se considera un IPC previsto de 2% y un

crecimiento de la demanda esperado del 3,5%, la retribución del sector en el año n

ascendería según la fórmula (1) a:

R n = R n-1 * ( 1 + (2-1) /100) * ( 1 + 0,3 * 3,5% ) = R n-1* 1,020605

Y si en realidad ocurre después que el IPC resulta ser del 3% y el crecimiento de

la demanda asciende realmente al 5%, la retribución de la actividad de distribución

tendría que haber sido de:

R n = R n-1 * ( 1 + (3-1) /100) * ( 1 + 0,3 * 5% ) = R n-1* 1,0353

Es decir, las empresas en la práctica ven su retribución anual incrementada en un

2,06%, cuando “lo justo” hubiese sido que su retribución hubiera crecido un 3,53%,

que no es ni más ni menos que un 1,47% más sobre el monto total o un 71% más

sobre el incremento del mismo. Este hecho sin lugar a dudas muestra que un buen

sistema retributivo basado en parámetros tan fácilmente contrastables como el

crecimiento de la demanda o el IPC, debe admitir por pura coherencia que se

puedan usar datos reales del los mismos cuando se disponga de ellos para reflejar

fielmente en términos retributivos el incremento de costes.

Existen precedentes muy cercanos sobre la actualización de costes reconocidos al

conocerse los datos definitivos de variables exógenas o parámetros

macroeconómicos. Sin ir más lejos, la retribución de las nuevas instalaciones de

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transporte en España se calcula según el IPC y las tasas monetarias previstas

para recalcularse ésta una vez de que se disponga de valores definitivos de dichos

parámetros.

Siguiendo con el análisis de la fórmula (1), se ve que existe un factor que

multiplica al crecimiento previsto de la demanda denominado “factor de eficiencia”,

el cual según se cita en el Real Decreto 2819/1998 [BOE,1998c] no podrá ser

superior a 0,4, sin añadir justificación alguna del porqué de este hecho. La primera

conclusión que se podría extraer viendo la fórmula (1), es que el “factor de

eficiencia” atenúa el incremento anual de la retribución de la distribución debido al

incremento de demanda. Es decir, que si de un año para otro la demanda de

energía crece un 4%, la retribución global de la actividad de distribución lo hará en

menor medida, por ejemplo en un 1,2%.

Este factor (Fe), quizás erróneamente llamado “factor de eficiencia”, intenta

plasmar que la actividad de distribución eléctrica es una actividad sujeta a

economía de escala: a medida que aumenta el número de kWh que han de ser

distribuidos en un área, el coste unitario de la distribución disminuye. Por lo tanto,

debe quedar claro que el llamado “factor de eficiencia” es un artificio que permite

actualizar la retribución de la distribución anualmente y a su vez reflejar su

condición de economía de escala, y que siendo estrictos debiera denominarse

“factor de economía de escala”. Este fenómeno es propio de los elementos

productivos donde predominan los costes fijos sobre los variables.

No ha de confundirse pues, con el factor que es denominado como “factor de

eficiencia o de productividad” cuando se habla de la retribución de actividades

reguladas, que suele venir representado por la letra X, y se suele formular

sustrayendo de la inflación, con factores del tipo (1+IPC-X). Este factor X

normalmente puede tener dos propósitos:

a) Reflejar la mejora de la productividad de la actividad de distribución

respecto al del resto de la economía, que se suelen traducir en ganancias

de eficiencia genéricas debido a mejoras tecnológicas y operativas.

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b) Plasmar las ganancias de eficiencia adicionales que los organismos

reguladores o la Administración exigen a las empresas por circunstancias

especiales. Esta exigencia se suele dar en casos de cambio de sistema de

retribución en los que aparentemente los costes reales de las empresas son

excesivos y el regulador pretende reducirlos.

Así, un factor X elevado con un valor de por ejemplo un 3%, impondría que la

retribución de las empresas2 entre otros factores si los hubiere, evolucionaría

según el IPC-3%, lo cual no es sino un acicate considerable para que los gestores

de la empresa busquen en el ahorro de costes la compensación a la atenuación

de ingresos. Obsérvese que en la fórmula (1) el regulador eligió para el factor X un

valor igual al 1%, lo cual se traduce en la práctica en un incentivo claro de

productividad, aunque éste podría ser mejorable.

Por un lado lo lógico sería tal y como ocurre en los modelos de retribución por

incentivos, que el regulador recalculase el factor de productividad X cada 4 ó 5

años, algo que no está previsto actualmente en España, donde se aplica la

fórmula (1) de forma indefinida.

Por otro, la aplicación de dicho factor de productividad sólo debería afectar a los

costes controlables de las empresas, y no al total de su retribución, ya que como

se verá más adelante, existen costes en el desarrollo de la actividad de

distribución que no son gestionables y no sería ni justo ni coherente exigir a las

empresas ganancias de eficiencia en los mismos.

Retomando el mal llamado “factor de eficiencia” (Fe), se ve que sus implicaciones

económicas son enormes, véase si no con un ejemplo, la diferencia de retribución

según este factor valga 0,3 o valga 0,7. Usando el ejemplo anterior, que

consideraba un IPC previsto de 2% y un crecimiento de la demanda esperado del

2 También es habitual que el factor X afecte a los precios unitarios reconocidos a las empresas

distribuidoras, tal y como se verá en el capítulo 6.

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3,5%, la retribución del sector en el año n ascendería según la fórmula (1) con un

“factor de eficiencia” de 0,3 a:

R n = R n-1 * ( 1 + (2-1) /100) * ( 1 + 0,3 * 3,5% ) = R n-1* 1,020605

Si en realidad el valor del “factor de eficiencia” resulta que debiera ser de 0,7 en

vez de 0,3, la retribución de la actividad de distribución tenía que haber sido de:

R n = R n-1 * ( 1 + (2-1) /100) * ( 1 + 0,7 * 3,5% ) = R n-1* 1,034745

Es decir, las empresas en la práctica ven su retribución anual incrementada en un

2,06%, cuando “lo justo” hubiese sido que su retribución hubiera crecido un 3,47%,

que no es ni más ni menos que un 1,41% más sobre el monto total o un 68% más

sobre el incremento del mismo.

Dadas las importantísimas consecuencias económicas que la existencia de este

llamado “factor de eficiencia” (realmente es un factor de economía de escala),

habría que preguntarse: ¿Cuánto debiera valer realmente el citado factor? ¿Está

justificado el límite máximo del mismo en 0,40? ¿De qué parámetros depende

dicho factor?

Finalmente, cabe destacar que lo que más puede sorprender quizás de la fórmula

(1) es que no refleje de ninguna manera el coste del capital, bien sea referenciado

a algún índice oficial de coste del dinero o a la tasa de coste de capital ponderado

(WACC). Ello es particularmente notorio en una actividad como la de distribución

de energía eléctrica que es muy intensiva en capital y que está regulada

administrativamente.

¿Qué culpa tienen las empresas distribuidoras de que suba o baje el coste del

dinero y aumenten o disminuyan según el caso sus costes financieros? Está claro

que ninguna, por lo que de alguna manera, este hecho debe reflejarse de alguna

forma en su formula de retribución, ya que este factor exógeno inductor de coste

puede tener más influencia que muchos otros que a primera vista parecen obvios,

como por ejemplo la energía distribuida o la potencia punta demandada.

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1.4 Situación actual de las empresas distribuidoras en España

Ante esta situación, en la cual la retribución de la distribución parece no

evolucionar según los inductores reales de coste, hace que las empresas de

distribución puedan adoptar una posición defensiva, caracterizada por una

reducción significativa de las inversiones en las redes. La justificación de este

hecho es muy sencilla, sin un marco regulatorio claro, que permita recuperar con

seguridad y con una tasa de rentabilidad razonable las inversiones en activos de

red, las empresas distribuidoras se verían abocadas a retrasar en el tiempo las

inversiones no prioritarias.

Quizás el impacto a corto plazo de esta estrategia empresarial sería pequeño,

pero a largo plazo sus consecuencias pueden ser devastadoras, ya que es de

consenso generalizado el hecho de que las redes de distribución no se hacen de

un año para otro, sino que son fruto de una serie de determinadas inversiones

llevadas a cabo en el tiempo, y si durante un periodo el nivel inversor se reduce

por motivos de incertidumbre de ingresos, el aluvión de inversiones que pueden

ser necesarias llevar a cabo en un momento dado puede ahogar financieramente

a las empresas distribuidoras.

Otro impacto negativo de esta política de reducción de inversiones puede ser el

originado por la pérdida de valor de la empresa, como consecuencia que los

inversores sobrevaloren el riesgo regulatorio al que se ven sujetas las empresas y

ello conlleve la caída del valor de la compañía en los mercados de capitales.

Además, el hecho de que una empresa tenga sobre sí misma incertidumbres

regulatorias puede provocar que las agencias de calificación minusvaloren el

riesgo de la misma, por lo que sus expectativas en la concesión de créditos se

verían disminuidas, lo que provocaría un encarecimiento de la financiación ajena

con la consiguiente pérdida de rentabilidad.

Los clientes como consumidores finales también se ven afectados por la reducción

de inversiones en la red, sobretodo en lo que a calidad de suministro se refiere. Al

no invertir las empresas distribuidoras en mayor capacidad de red, los apoyos que

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se pueden prestar mutuamente entre instalaciones y en general la potencia de

socorro disminuyen drásticamente, por lo que con el tiempo lo lógico es que los

índices de calidad de suministro tiendan a empeorar.

Por todo ello, las empresas distribuidoras en España necesitan urgentemente un

mejor sistema retributivo, que esté basado en inductores de coste que relacionen

año a año costes e ingresos reconocidos, de forma que puedan abordar sus

inversiones con la certeza de que obtendrán una tasa de rentabilidad razonable,

sin olvidar claro está, los incentivos a la mejora de la eficiencia.

1.5 Motivación y objetivos de la tesis

He aquí pues la motivación de esta tesis, la necesidad de un análisis exhaustivo

de los factores inductores de coste de la actividad de distribución y la propuesta de

una nueva metodología de retribución de la actividad. Las implicaciones

económicas de esta tesis para las empresas distribuidoras son vitales, ya que de

seguir persistiendo el modelo de retribución actual con sus parámetros asociados,

existe el riesgo de que se perjudique gravemente a las empresas y ello redunde

en el servicio que éstas prestan al consumidor.

Quizás este tema no ha sido estudiado con anterioridad en profundidad, pero

merece la pena el esfuerzo de indagar en los costes de las empresas

distribuidoras, descifrar y analizar de qué dependen, y proponer un método de

retribución que a la vez refleje lo mejor posible los inductores de coste e

introduzca mecanismos de eficiencia.

Se han identificado principalmente cuatro objetivos de esta tesis:

1. Análisis de los costes de la actividad

Este objetivo es fruto del paso que hay que dar en este trabajo, el cual nos

conduce ineludiblemente por el camino del análisis de costes. Ello ayudará a

tener una percepción clara y concisa de los costes necesarios para el

desarrollo de la actividad, con lo cual debe considerarse como un objetivo de

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esta tesis el poder cuantificar, identificar y analizar los costes de la actividad de

distribución. Como se verá, los principales costes incurridos en el ejercicio de

la actividad de distribución son los costes de inversión y los de explotación.

2. Identificar los inductores de coste

Una vez analizados los costes el siguiente paso consiste en ver de qué

dependen, es decir, analizar los factores inductores de coste. Hay que analizar

cómo influyen en los costes de la actividad parámetros como la demanda de

energía, la potencia demandada, el coste del capital, el IPC, la dispersión y

densidad de cargas, etc.

3. Proponer una nueva metodología de retribución de la actividad

Es necesario proponer alternativas al actual método retributivo, de manera que

mejoren los incentivos a la búsqueda de la eficiencia y se adecue la fórmula de

evolución de la retribución a sus factores inductores de coste de la mejor forma

posible, de tal manera que se obtenga un equilibrio entre la simplicidad de la

misma y su nivel de plasmación de los costes de la actividad.

4. Respaldo ante los Organismos Reguladores

Un problema habitual de los reguladores y/o legisladores estriba en la

inexistencia de precedentes o experiencias en la regulación o formas de

regulación de las actividades que se pretenden regular administrativamente.

Concretamente para el caso de la distribución eléctrica, el único “background”

existente en España en materia regulatoria es el Marco Legal Estable, el cual

se basaba en el cálculo de la retribución de los distribuidores basándose en

costes estándares unitarios. Por lo tanto, esta tesis debe servir para como

argumento y soporte académico, para cuantas propuestas se hagan al

regulador en materia de retribución de la distribución.

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1.6 Planteamiento

Por ello, para llevar a cabo dichos objetivos, se han definido seis etapas, las

cuales se desarrollan en los correspondientes seis capítulos siguientes:

1) Regulación de Monopolios

Se introducirán conceptos relativos a su regulación, así como nociones

básicas de los estados financieros de la contabilidad.

2) Costes de Inversión

Análisis de los costes de inversión, identificación de los inductores de coste

y alternativas para el cálculo de la base regulatoria de activos.

3) Costes de Explotación

Análisis de los costes de operación, mantenimiento, estructura y servicios

técnicos, y analizando la aplicación de la regulación por incentivos a los

mismos.

4) Otros Costes

Otros costes objeto de análisis como por ejemplo: impuestos, tributos,

obligaciones regulatorias, etc.

5) Sistemas de retribución de la distribución

Repaso de los métodos retributivos existentes, identificando ventajas e

inconvenientes, a partir de los cuales se seleccionará el propuesto para

aplicar en España.

6) Método retributivo propuesto

A modo de conclusión final, se propondrá una nueva metodología de

retribución de la distribución, a partir de los resultados obtenidos en los

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capítulos anteriores, que satisfaga plenamente todas las deficiencias

observadas en la metodología vigente de la actividad hoy en día, y cumpla

los principios regulatorios definidos.

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2. REGULACIÓN DE MONOPOLIOS

Antes de empezar a analizar los costes a los que deben hacer frente las empresas

distribuidoras, se hará un repaso sencillo a ciertos aspectos acerca de la

regulación de monopolios y sobre aspectos contables de manera que más

adelante se clarifiquen los conceptos y términos empleados.

2.1 Objetivos de la regulación

Muchos sectores industriales se han regulado como monopolios a lo largo de la

historia de España, entre ellos se podrían citar el sector de hidrocarburos, el

eléctrico, las telecomunicaciones, el gas, el agua, y un largo etc. El origen de esta

intervención del Estado en dichos sectores se justificaba por el proteccionismo

económico y porque muchas de las empresas que empiezan a desarrollar dichas

actividades eran de capital público.

En los últimos años, la corriente liberalizadora mundial a la que España se ha

adherido, ha supuesto que muchos de estos sectores se hayan privatizado y

ciertas actividades de los mismos se hayan abierto a la competencia siempre y

cuando sus características intrínsecas lo hicieran viable económicamente. De esta

forma, se ha demostrado que sectores o actividades que antes se regían en

ausencia de mecanismos de mercado, ahora se pueden desarrollar en

competencia.

Como se ha comentado en la introducción, de las actividades del sector eléctrico

se liberalizan la generación y la comercialización de electricidad manteniendo el

transporte y la distribución como actividades reguladas. En el caso concreto de la

distribución, dicha decisión se justifica porque la distribución de energía eléctrica

tiene naturaleza de monopolio natural, de manera que es una evidencia

económica que la introducción de la competencia en la misma es ineficiente. Por

ello, el mejor esquema de funcionamiento de dicha actividad es el monopolio

regulado, que consiste básicamente en que la Administración fija los ingresos y las

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reglas de funcionamiento de la misma, y las empresas intentan maximizar su

beneficio mejorando su eficiencia mediante la reducción costes.

Otras actividades de sectores cercanos también mantienen la condición de

monopolios regulados, como por ejemplo el transporte, la distribución y

almacenamiento del gas natural, el bucle telefónico local, el refino de

hidrocarburos, etc. El modelo económico de estas actividades, es similar al que

tienen otras actividades que se rigen por licencias o concesiones tales como las

autopistas, la distribución y depuración de aguas, limpieza urbana, etc.

La remuneración de las mismas suele estar basada en modelos cuyo objetivo

consiste en retribuir a los ejercientes de dichas actividades por los costes

incurridos en el ejercicio de las mismas, vía la aplicación a los usuarios de unas

tarifas reguladas.

La distribución de energía eléctrica no es una excepción, y hasta el año 1997

estuvo regulada por el Marco Legal Estable, que era un sistema que básicamente

reconocía unos costes estándares de inversión y explotación a las empresas

distribuidoras que cobraban vía las tarifas eléctricas.

El papel del organismo regulador a la hora de establecer modelos de retribución

para este tipo de actividades no es fácil, ya que ha de alinear el objetivo de las

empresas, que no es otro que maximizar su beneficio y obtener una rentabilidad

adecuada y justa por sus inversiones, con el de los consumidores, que es el de

recibir un servicio con la calidad adecuada, al mínimo coste, y a un precio justo,

transparente y no discriminatorio.

Por ello, los modelos de retribución tienen que garantizar la suficiencia de ingresos

para la empresa prestadora de servicios, manteniendo la rentabilidad de su

negocio en márgenes razonables asociados al riesgo de su actividad, y a su vez

exigirle el cumplimiento de determinadas obligaciones, e incentivar la reducción de

costes mediante los mecanismos oportunos.

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El consumidor ha de percibir que el precio que paga por su servicio es sensato y

transparente, fiel reflejo de los costes que incurre y acorde a una calidad de

servicio mínima garantizada. La definición de las tarifas o precios regulados es un

aspecto crucial, ya que debe realizarse de forma eficiente, evitando subvenciones

cruzadas entre consumidores y que proporcione las señales óptimas al consumo

para que el coste del mismo disminuya.

Es lícito que si una empresa regulada realiza una inversión con el fin de prestar un

servicio a los usuarios, reciba una retribución justa por el capital invertido, y que si

es necesario que además incurra en costes de gestión o de explotación de la

misma, éstos más el correspondiente beneficio por gestión, le sean reconocidos

de alguna manera. Teniendo en cuenta claro está, que la rentabilidad de este tipo

de actividades debe ser acorde a su riesgo, del que no está exenta la distribución

de electricidad: pago de indemnizaciones, consumo ilegal, endurecimiento

legislativo, desarrollo tecnológico, etc.

La base conceptual de remunerar a las empresas prestadoras de servicios según

costes es correcta siempre y cuando dichos costes se correspondan con los

costes "prudentemente" incurridos, ya que de lo contrario se estaría fomentando el

exceso de inversión, se producirían ineficiencias de gestión, el coste para el

usuario sería elevado y quizás el beneficio obtenido por las empresas fuese

excesivo. El problema radica en quién y cómo se establecen los costes

“prudentemente” incurridos, algo que en lo que se refiere a la distribución de

electricidad no hay consenso, como se verá en los sucesivos capítulos.

Otro aspecto vital que debe tener un buen modelo retributivo es que introduzca

mecanismos de eficiencia, que fomenten la reducción de costes, la cual sea

compartida por las empresas y los consumidores, con la consiguiente ganancia de

ambos, ya que si la Administración competente se limita a trasladar los costes

reales de las empresas a los consumidores, éstas nunca tendrán motivación

alguna para reducirlos y ganar en eficiencia, ya que se asentarían cómodamente

en un nivel de rentabilidad determinado.

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En el capítulo 6 se examinarán los métodos de retributivos que comúnmente se

aplican en el ámbito de la distribución eléctrica, los cuales perfectamente podrían

incluirse en este apartado, pero no se ha hecho con objeto de que previamente el

lector tenga conocimiento de los costes de la actividad.

Por lo tanto y a modo de conclusión, es obvio que se deben reconocer los costes

del servicio a quienes los presten, pero de forma prudente aunque ello sea difícil, a

la vez que se introducen mecanismos de eficiencia ahí donde sea posible

enfocados a la reducción de costes.

2.2 Nociones de gestión empresarial

2.2.1 Esquema de una cuenta de resultados

Es necesario ahondar un poco en los estados financieros de una empresa

distribuidora con el fin de descubrir conceptos que a veces parecen obviarse

cuando se habla de empresas reguladas, ya que da la impresión de que

únicamente existen los ingresos permitidos y los costes permitidos, cuando la

realidad demuestra que existen otros conceptos a tener en cuenta. Dicho esto, se

muestra a continuación un esquema muy simplificado de una cuenta de resultados

de una empresa distribuidora (aunque también valdría para muchos otros tipos de

empresa) podría ser el siguiente:

Ingresos Reconocidos

(-) Gastos Explotación

(-) Tributos

EBITDA

(-) Amortizaciones

BAII

(-) Gastos Financieros

BAI

(-) Impuesto Sociedades

Beneficio Neto

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Los términos que la componen se explican a continuación:

• Ingresos Reconocidos: También denominados “retribución”, son aquellos que la

Administración establece a la empresa para poder desarrollar su actividad y que

ésta suele obtener vía la aplicación de precios tarifados.

• Gastos de Explotación: Todo el conjunto de costes o gastos necesarios para

poder desarrollar su actividad, y como se verá son muy diversos:

mantenimiento, operación, estructura, personal, etc.

• Tributos: En el caso de las empresas distribuidoras esta partida adquiere

especial relevancia al incluirse en ella la tasa municipal y otros impuestos

municipales.

• EBITDA: Se denomina bajo este acrónimo inglés al beneficio antes de

impuestos, intereses y amortizaciones.

• Amortizaciones: Cantidad del inmovilizado neto que se amortiza anualmente

para reflejar la depreciación del mismo. La vida útil considerada para las

instalaciones eléctricas suele ser de 40 años para líneas y subestaciones y 14

años para los despachos de maniobra y centros de control.

• BAII: Acrónimo de beneficio antes de impuestos e intereses, también

denominado a veces beneficio de explotación.

• Gastos Financieros: Intereses y otros gastos asociados a la deuda financiera de

la empresa que puede clasificarse según el plazo de la misma (largo/corto) o

según el tipo de interés al que está sujeta (fijo/variable).

• BAI: Acrónimo de beneficio antes de impuestos.

• Impuesto de sociedades: Cantidad destinada a satisfacer el impuesto de

sociedades, cuya tasa impositiva suele estar normalmente comprendida entre

un 30 y un 35% del BAI.

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• Beneficio Neto : Ganancia neta de la sociedad en un ejercicio determinado, la

cual debe ir destinada en parte a reservas y otra parte puede ser distribuido

entre los accionistas por medio del dividendo.

2.2.2 Método de valoración de empresas/inversiones

A continuación se va a describir brevemente un método de valoración

comúnmente utilizado en la teoría económica para valorar tanto empresas como

proyectos de inversión. Dicho método se denomina el método de flujos de caja

libres (Free Cash Flow en inglés) y consiste en esencia en examinar los flujos de

caja que entran/salen durante un determinado periodo y retrotraerlos al presente

con una determinada tasa de descuento. Para calcular el flujo de caja libre de un

año determinado se emplea el siguiente esquema, muy parecido a la cuenta de

resultados:

Ingresos Reconocidos

(-) Gastos Explotación

(-) Tributos

EBITDA

(-) Amortizaciones

BAII

(-) Gastos Financieros

BAI

(-) Impuesto Sociedades

Beneficio Neto

(+) Amortizaciones

Flujo de Caja

(-) Inversión

Flujo de Caja libre

Para obtener el flujo de caja hay que sumar las amortizaciones al beneficio neto,

debido a que las amortizaciones son un gasto contable pero no representan en sí

mismas un flujo de tesorería. Es decir, en la cuenta de resultados aparecen para

reflejar en el resultado anual la pérdida de valor de un bien, que a todos los

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efectos es un gasto diferido a lo largo de la vida útil de dicho bien, pero el hecho

de amortizar un activo no implica una salida de fondos de caja, por lo que ha de

sumarse ésta con objeto de reflejar fehacientemente los movimientos de tesorería.

El flujo de caja libre se obtiene sustrayendo al flujo de caja las inversiones, ya que

éstas sí que representan un flujo monetario negativo que realmente se produce y

no se contabilizan en ningún apartado de la cuenta de resultados.

La valoración económica de una empresa o de una inversión concreta consiste en

calcular el flujo de caja libre para la misma durante un periodo de tiempo

determinado, lo cual daría como resultado una serie de flujos futuros que

representarían las entradas/salidas netas de caja. A modo de ejemplo, la

valoración de un proyecto de inversión podría determinar que el invertir 100

millones de €, podría dar lugar a un flujo de caja libre durante los próximos 20

años de 10 millones de €. Para saber si este proyecto es rentable, habría que

retrotraer los flujos futuros al presente y ver si equivalen a más o a menos de 100

millones de €. Si dichos flujos se retrotraen con una tasa de descuento del 6%, el

valor de los mismos a día de hoy ascendería a 114,7 millones de €, cifra superior a

la cantidad invertida (100 M€), por lo que dicho proyecto podría considerarse

rentable con un beneficio neto de 14,7 M€.

El descuento de flujos se suele llevar a cabo con el WACC que es el acrónimo en

inglés de Coste Medio de Capital ponderado, cuya fórmula es:

WACC = Ke x E/(E+D) + Kd x D/(E+D) x (1-t)

Donde: Ke: coste de los recursos propios.

E: recursos propios.

Kd: coste de la deuda.

D: deuda.

t: tasa impositiva.

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Este parámetro suele tomar valores comprendidos entre el 6% y el 8% para las

empresas eléctricas, y representa en la práctica el coste de capital, incluyendo

tanto el coste de los recursos ajenos (deuda financiera), como el coste de los

recursos propios, que refleja el compromiso de pago a los accionistas de la

sociedad.

2.3 Principios de retribución

2.3.1 Base Regulatoria de Activos

Una cuestión muy difícil de solucionar es el determinar cual es nivel de inversiones

necesario para ejercer la actividad de distribución de forma eficiente, es decir,

cuales son las inversiones “prudentemente” incurridas. Este aspecto es

importante, ya que idealmente debiera retribuirse a la empresa distribuidora por

las inversiones necesarias o prudentemente incurridas, ya que de otro modo

podrían cometerse ineficiencias causadas por inversiones innecesarias que a la

larga incrementan el coste del servicio para el usuario.

En el caso de la distribución, podría considerarse como red “prudente”, aquella

que cumpliendo con los requisitos técnicos y los niveles de calidad de servicio

exigibles, se ha desarrollado a un coste razonable a criterio del regulador. Es

decir, se aproxima suficientemente a juicio del regulador, a la red óptima o ideal,

que es aquella que cumple los requisitos anteriormente expuestos y cuyo coste es

mínimo.

Esta aseveración que resulta sencilla y cuya justificación está fuera de toda duda,

es difícil de desarrollar en la práctica, ya que se plantea el dilema de quién tiene la

responsabilidad de establecer cuales son las inversiones “prudentemente”

incurridas. En el caso de la actividad de transporte, la Administración es quién

aprueba las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del sector

eléctrico, asesorado por el regulador y con la participación de las empresas

transportistas y de las Comunidades Autónomas. La diferencia que concierne en

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este caso entre el transporte y la distribución, es que por volumen de instalaciones

no se podría realizar una planificación centralizada de esta última.

Además, el desarrollo de las redes de distribución es complejo, y en él intervienen

multitud de factores difícilmente predecibles con certeza, como son el crecimiento

del mercado, la actuación de la Administración y la evolución de la legislación. Ha

de tenerse en cuenta que interviene la historia, que la red se desarrolla sobre la ya

existente, y que los errores de planificación (por ejemplo, desarrollos urbanísticos

no realizados) cuando ocurren se consolidan, y no es fácil echar marcha atrás.

El agente que mejor conocimiento tiene de la red de distribución y sus

necesidades es el distribuidor, por lo que debe ser él quién tome la iniciativa

inversora. El papel del regulador y de la Administración debe consistir en controlar

su actividad mediante las herramientas adecuadas, con objeto de identificar

comportamientos poco eficientes y no considerarlos como inversiones

prudentemente incurridas.

Existen varias alternativas regulatorias para establecer (o aproximarse según el

caso) cuales son las “inversiones prudentemente incurridas”, las cuales se

analizarán con detalle en el siguiente capítulo, de entre las que se podrían

enumerar las siguientes:

1. Contabilidad

2. Modelos de red de referencia o cobertura

3. Modelos explicativos

4. Método del RAB implícito

Normalmente, a la cantidad de inmovilizado neto que es considerada a la hora de

retribuir el capital “prudentemente invertido” se le denomina Base Regulatoria de

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Activos (RAB3) o stock de capital. Esta cantidad va cambiando anualmente en

función de las amortizaciones y las inversiones reconocidas cada año como

prudentemente incurridas.

2.3.2 La retribución del capital

El hecho de que la actividad de distribución eléctrica sea una actividad muy

intensiva en capital, hace que la retribución del mismo sea una parte esencial de la

retribución de la actividad. En definitiva, una empresa distribuidora invierte en

activos de red con la esperanza de obtener una rentabilidad razonable, no muy

elevada, pero al menos que le supongan algún tipo de aliciente respecto a los

mercados de capitales de renta fija o equivalentes.

En un caso irreal, en el que no hubiera que operar y mantener las instalaciones

eléctricas y la única función de la empresa distribuidora fuera invertir en activos

que no se averiasen, la actividad de distribución en la práctica ser transformaría en

algo análogo a una inversión financiera en renta fija: la empresa invierte y la

Administración le reconoce su inversión con un coste del dinero asociado al

mismo, convirtiéndose en la práctica en un producto similar a los bonos o las

obligaciones. Pero a pesar de no ser así, y de que la gestión de las instalaciones

suponga una parte del negocio del que se pueden (y deben) obtener beneficios,

los costes de inversión tienen que ser justamente retribuidos, si es que claro está,

se han incurrido de forma prudente.

Como es de sobra conocido, las instalaciones de distribución (excepto los

despachos y equipos auxiliares) tienen una vida útil muy larga, de unos 40 años

aproximadamente. Ello hace que los periodos de recuperación de inversiones

sean muy largos, y se han de articular los mecanismos en la retribución de la

distribución para que al final de tan largo periodo los costes de inversión

3 Acrónimo de Regulatory Asset Base.

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reconocidos hayan sido los justos, proporcionando la rentabilidad razonable al

inversor, que en este caso es la empresa distribuidora.

Como ya se ha comentado en capítulo primero, este no es caso de la retribución

actual en España, donde en ningún lugar de la fórmula de retribución aparecen

parámetros que podrían ligarse a la retribución del inmovilizado, como por ejemplo

la tasa monetaria, los años de vida útil de las instalaciones o volumen de

inmovilizado neto.

Aunque ya se verá esto con más detalle en los capítulos siguientes, la retribución

del capital básicamente debiera constar de dos términos; uno de retribución

propiamente dicha y otro término de amortización. Así y a modo de ejemplo, una

instalación cuyo coste de inversión ascendiese a 400.000 €, con una vida útil de

40 años y suponiendo una tasa de retribución del capital del 7%, tendría el primer

año la siguiente retribución:

Retribución por capital: 400.000 € * 7% = 28.000 €

Amortización: 400.000 € / 40 = 10.000 €

Total Retribución: 38.000 €

Cada año habría que ir actualizando el activo neto o RAB, reduciéndolo al menos

en una cuantía igual a la amortización anual, por lo que la cantidad a retribuir por

retribución de la inversión sería decreciente y tendente a cero. La cantidad a

amortizar cada año dependerá del método de amortización usado, aunque lo

normal es que se use la amortización lineal o constante según la cual cada año se

amortiza el valor de inversión del activo dividido entre los años de su vida útil. En

la siguiente tabla se puede ver cómo evolucionaría año a año el valor de RAB, la

amortización y la retribución:

(Datos en k€) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ….. Año 38 Año 39 Año 40RAB 400 390 380 370 360 ….. 20 10 0Amortizacion 10 10 10 10 ….. 10 10 10Capital 28,0 27,3 26,6 25,9 ….. 2,1 1,4 0,7Total Retribución 38,0 37,3 36,6 35,9 ….. 12,1 11,4 10,7

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Un aspecto importante a resaltar, es que los costes de inversión una vez

incurridos no son gestionables4, ya la evolución de la amortización y el coste del

capital están prefijados. Por ello, una vez reconocidos estos costes, no se les

puede exigir eficiencia mediante la aplicación de un factor de productividad a los

mismos. Sería absurdo que alguien que ha invertido en un negocio seguro y

rentable financiándose en parte de recursos ajenos, tuviera la obligación de

reducir éstos y la amortización (es intocable) con un factor del tipo IPC-X. Esto

ocurre en España hoy en día, dado que el factor de productividad aplicado (1+IPC-

1%) afecta a toda la retribución, incluida la retribución del capital invertido.

La búsqueda de eficiencia en una inversión, se acaba en el momento en el que

regulador la acepta como prudente, ya que en ese momento y por pura coherencia

metodológica, pasa a ser un capital prudentemente invertido que debe tener su

rentabilidad garantizada. Ello no exime claro está, que el regulador sea exigente y

riguroso, y analice a fondo las inversiones y costes declarados como prudentes

por las empresas, y rechace aquellos cuya justificación sea dudosa.

El regulador debe ser exigente y escrupuloso a la hora de reconocer costes

prudentes, ya que si estos difirieren de los reales (tanto en un sentido como en

otro) las consecuencias son importantes, como se ve en el siguiente ejemplo:

Concepto Caso A Caso B Caso CCapital Reconocido 100 100 100Capital Invertido Real 100 90 110Coste Equity 10% 10% 10%Coste Deuda 6% 6% 6%WACC (50%/50%) 8% 8% 8%TIR Equity (40 años) 10% 13,3% 7,8%

Caso A: Refleja la situación correcta, se reconoce lo que se invierte y tasa

de rentabilidad obtenida del capital propio (equity) es la esperada.

4 A excepción claro está de la gestión de gastos financieros, aunque el margen de gestión esta

última es muy estrecho.

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Caso B: Se invierten 90 unidades de capital y se reconocen 100 (un 11%

más), la rentabilidad real del equity es del 13,3% (33% más de lo previsto).

Caso C: Se invierten 110 unidades de capital y se reconocen 100 (un 10%

menos), la rentabilidad real del equity es del 7,8% (22% menos de lo

previsto).

Se ve que puede existir un apalancamiento en ambos sentidos de la rentabilidad

real del capital invertido, lo cual es incompatible con la premisa ya citada de que la

rentabilidad de esta actividad debiera ser justa y razonable.

2.3.3 Retribución por explotación

El otro gran concepto de coste a retribuir por el prestador de un servicio regulado

es el de la retribución por la explotación del mismo, concepto que incluye todos los

gastos necesarios para su desarrollo que no se puedan clasificar como una

inversión.

En el otro extremo al ejemplo descrito anteriormente sobre un servicio que

requiriese únicamente de costes de inversión por lo que equivaldría a una

inversión en renta fija, podría situarse el caso de una actividad regulada

monopolística cuyo coste del servicio consistiese únicamente gastos de

explotación y el nivel de inversión fuera casi mínimo.

Un caso así podría ser el de las concesiones de ciertos servicios públicos, como

los de limpieza urbana o gestión de depuradoras, en los cuales el adjudicatario

únicamente explota un negocio cuyos activos no le pertenecen y percibe una

retribución por ello. En estos casos el prestador del servicio también obtiene un

beneficio por realizar la gestión, ya que no sólo es lo justo, sino que en caso

contrario nadie querría ejercer la actividad.

El negocio de distribución eléctrica implica ambas funciones, la de inversión y la

de explotación, pero ello no exime el que a ambas haya de aplicárseles las

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mismas reglas que hubieran aplicado si sólo le hubiese correspondido una única

función.

Los gastos de explotación de los monopolios o actividades sujetas a licencias o

concesiones deben clasificarse en dos tipos según si éstos son gestionables o no,

ya que éste hecho diferencia significativamente su tratamiento.

Los gastos no controlables son aquellos que el prestador del servicio no tiene

ninguna capacidad de gestión, tales como impuestos de actividad, tasas, tarifas, o

costes legalmente reconocidos como tal. Los mismos han de ser reconocidos al

mismo en su cuantía exacta y tenidos en cuenta en su retribución, y si su gestión

origina otros costes al prestador aunque sean controlables (reclamaciones,

cobros, comisiones) éstos también le han de ser reconocidos, aunque siéndoles

de aplicación las mismas condiciones que a los costes controlables.

Los gastos controlables son aquellos cuya gestión recae íntegramente en el

prestador, pudiendo influir éste en su naturaleza e importe. Estos costes han de

recibir asociada una retribución que permita un doble objetivo: por un lado

disminuirlos con objeto de abaratar el servicio al usuario y por otro permitir un

beneficio razonable al prestador que mantenga vivo su interés por realizar su

función.

Una alternativa para retribuir los costes de explotación gestionables es la

regulación por incentivos en su variante de limitación de precios, según la cual se

establece para un periodo de 4 ó 5 años una senda de evolución de la retribución

unitaria (o total según el caso) por la prestación del servicio en función de un factor

del tipo (1+IPC-X). Si durante dicho periodo los costes del prestador son inferiores

al coste unitario reconocido éste obtiene un beneficio, por lo que su incentivo a

reducir costes es evidente.

Al final del periodo considerado se pueden revisar tanto la retribución unitaria

inicial como la senda de evolución, pero permitiendo al prestador que consolide

parte del ahorro de costes generado. De no ser así, y tras las revisiones periódicas

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se igualasen ingresos unitarios al coste unitario del último periodo, llegaría un

momento que el prestador perdería todo interés en seguir ejerciendo su actividad.

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3. LOS COSTES DE INVERSIÓN

3.1 Generalidades

La primera y la más importante función de la actividad de distribución es la de

construir, mantener y operar las redes eléctricas, que en este caso son aquellas

necesarias para unir eléctricamente la red de transporte con los centros de

consumo. Esta función dará lugar a los costes de inversión y explotación que se

verán respectivamente en este capítulo y en el siguiente.

Los costes de inversión tienen su origen en las instalaciones que se construyen o

se renuevan con objeto de atender el incremento de la demanda, mejorar la

calidad del suministro y/o reducir las pérdidas de la red. Suelen ser inversiones

que se acometen en plazos relativamente cortos5, normalmente no superiores al

año, y suelen estar tanto coordinadas entre sí, como con las inversiones en la red

de transporte.

Las instalaciones que conforman las redes eléctricas son aquellas de tensión de

funcionamiento inferior a 220 kV, y están formadas principalmente por:

• Líneas aéreas y subterráneas de diversas tensiones: BT, MT, AT, MAT

• Subestaciones de Transformación (MAT/AT)

• Subestaciones de Reparto (AT/MT o MAT/MT)

• Centros de Transformación (MT/BT)

• Equipamiento auxiliar: equipos de comunicaciones, interruptores,

seccionadores, medida, protecciones, etc.

5 Las instalaciones de 132 kV tienen un plazo de desarrollo bastante mayor.

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31

• Despachos de Maniobra y Centros de Control

La política que siguen habitualmente las empresas distribuidoras es la de una

política constante de inversiones acorde al crecimiento de la demanda, salvo como

ya se ha comentado, que exista un entorno regulatorio que desincentive las

inversiones en la red, hecho preocupante ya que la política de inversiones influye

de forma directa a largo plazo en la calidad de servicio proporcionada al cliente.

Para decidir qué inversiones han de llevarse a cabo intervienen multitud de

factores, entre los que destacan los estudios de planificación, los desarrollos

urbanísticos y la propia evolución geográfica del consumo. Las inversiones en

distribución se pueden clasificar fundamentalmente en tres grandes grupos:

1) Nuevos Suministros y Aumento de Consumo

Es un hecho obvio que a medida que crece la demanda eléctrica se

necesita disponer de más activos para poder suministrarla, por lo que habrá

que realizar inversiones en instalaciones destinadas a satisfacer los nuevos

suministros que surgen y al incremento del consumo de los clientes ya

existentes.

Debido a la condición de la distribución como una actividad sujeta a

economía de escala, los activos necesarios para subsanar este hecho no se

incrementan según el incremento de la demanda, sino que lo hacen

aminorados por el factor de economía de escala cuyo valor se calculará en

este capítulo.

2) Mantenimiento y Reposición

Los elementos constituyentes de las instalaciones de distribución tienen

una vida útil media de aproximadamente 40 años, por lo que es necesario

llevar a cabo su reposición periódica cuando éstos llegan al final de su vida

útil.

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32

El mantenimiento preventivo (se tratará en el apartado 4.1) es una

herramienta de gestión que optimiza la vida útil de los elementos, pero no

evita la reposición final de los mismos.

3) Inversiones de Mejora

En el desarrollo de la actividad de distribución existen situaciones en las

cuales se puede mejorar substancialmente la eficiencia de la actividad de

distribución. Ello da lugar a inversiones cuyo fin es mejorar aspectos como

la calidad de servicio en ciertas zonas (tanto continuidad de suministro y

como calidad de onda), la reducción de costes y el ahorro de pérdidas de

red.

Normalmente las inversiones de red encajan en más de uno de los grupos vistos

anteriormente, dado las nuevas instalaciones (originadas tanto por crecimiento del

mercado como por reposición) suelen mejorar indirectamente los niveles de

pérdidas, calidad de servicio y energía no suministrada. Véanse gráficamente los

distintos tipos de inversión en los activos de distribución:

ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN

∆∆ DEMANDA

Nuevas Instalaciones

REPOSICIÓN

Instalaciones Existentes

MEJORA

Calidad / Pérdidas

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Visto lo anterior, puede pensarse que el nivel mínimo de inversiones "prudentes"

debe ser suficiente al menos para compensar la reposición de elementos y el

crecimiento de la demanda.

Esta afirmación aunque parezca obvia tiene sus consecuencias, ya que dado que

la vida útil media de los elementos que componen las redes de distribución es de

40 años, implica que de media, cada año se debería reponer la cuarentava parte

del inmovilizado existente hace cuarenta años. Otra forma de verlo es que cada 40

años se han debido de reponer una vez de media todos los elementos de la red de

distribución.

3.2 Análisis de los inductores de coste

El análisis de los inductores de coste de los costes de inversión en las redes de

distribución se llevará a cabo en dos etapas, una teórica, en la que se analizarán

sobre el papel los inductores de coste, y otra práctica, que consistirá en analizar

los resultados obtenidos por el conjunto de las empresas distribuidores al

aplicárseles un modelo de red de referencia.

3.2.1 Consideraciones teóricas

Cualquier ingeniero eléctrico, ante la posibilidad de tener que diseñar o planificar

las redes de distribución eléctrica de una zona determinada, podría pensar

intuitivamente, que el coste de la misma dependerá en mayor o menor medida

según el caso de:

1. La potencia a suministrar

2. La superficie de la zona

3. La dispersión de las cargas en la zona

4. El tipo de red: aérea o subterránea

5. La calidad. de servicio mínima que se quiera prestar

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A continuación, se analizarán uno a uno estos factores, potencialmente candidatos

a ser inductores de coste.

1) La potencia a suministrar

La potencia a suministrar tiene especial relevancia en el diseño de las redes de

distribución debido a que normalmente ésta influye decisivamente en el diseño de

la red. En el ámbito de las redes de distribución se identifican cuatro tipos de

potencia distintos, que son:

a) Potencia instalada: la admisible técnicamente por la instalación.

b) Potencia(s) contratada(s): las que figuran en la póliza de suministro del cliente

c) Potencia demandada: la que lee el maxímetro en el caso de una instalación de

cliente o en un vatímetro en una instalación de distribución

d) Potencia demandada “punta”: la máxima potencia demandada en una

instalación o zona de distribución durante un determinado periodo.

e) Potencia facturada: la que paga el cliente tras aplicar las reglas de facturación

vigentes.

La potencia demandada en punta constituye uno de los inductores de coste más

importantes de las redes de distribución, ya que las redes se diseñan para que al

menos, sean capaces de aguantar la punta de demanda en una instalación

concreta o zona determinada. Este hecho es intrínseco a la naturaleza de las

redes de distribución, ya que éstas alimentan un conjunto amplio cargas cuyo

consumo no es simultáneo en el tiempo. Así, dentro de una zona de distribución

podría hablarse de una punta de demanda global de la misma y de puntas

zonales, las cuales no tienen porqué coincidir en el tiempo con la punta global.

De esta forma, es conocido que la demanda máxima a la que están sometidas las

empresas distribuidoras en España se suele dar en invierno, hecho que no evita

que en las zonas veraniegas de la costa la punta local de demanda se produzca

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en la época estival. Este desglose entre una punta local y una punta global se

puede aplicar en ámbitos más reducidos, ya que si por ejemplo en una provincia

se comparase la punta de demanda máxima provincial con las puntas máximas

individuales de cada subestación, se observaría que no son coincidentes en el

tiempo, por lo que la suma de las mismas sería superior a la punta provincial.

Por consiguiente, el planificador de la red de distribución, debe conocer la punta

de demanda real y prevista en el futuro en cada zona, subestación e incluso

cabeceras de línea, ya que constituye un parámetro vital a la hora de diseñar las

redes.

La magnitud física que normalmente determina la tensión de suministro de un

consumidor es la potencia contratada. Esto es así porque cada nivel de tensión

dispone de elementos tipo (cables, transformadores) con un rango de capacidad

limitado, que hace que para un cierto nivel de tensión, la potencia que se pueda

suministrar tenga un límite máximo fijado por condicionantes técnicos. De esta

forma, los suministros de potencia inferior a 50 kW suelen alimentarse en baja

tensión, los de entre 50 kW y 5 MW en media tensión, y a partir de esta cantidad

de potencia contratada se suele recurrir a las redes de alta y muy alta tensión.

En el proceso habitual de contratación de suministro, los clientes solicitan a la

empresa distribuidora la necesidad de conexión de una determinada capacidad de

potencia máxima a la red (con independencia de que después de contraten

diferentes potencias en los respectivos periodos horarios). El distribuidor,

comunica al solicitante el punto de conexión de la red de distribución y el nivel de

tensión en el que puede conectarse dicho cliente a la red, debiendo satisfacer los

derechos de acometida que están establecidos según la normativa vigente. Dichos

derechos quedan asociados a la instalación como potencia máxima admitida en

ese punto de red, y en caso de que en el futuro el cliente solicitase un aumento de

potencia deberá satisfacer los derechos de acometida que le correspondan.

Por lo tanto, se desprende de lo visto anteriormente que cada cliente puede llegar

a demandar en su punto de conexión a la red una potencia equivalente a su

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potencia contratada máxima, que salvo excepciones es idéntica a la potencia por

la que ha satisfecho los derechos de acometida. Generalmente los clientes

(excepto los de la tarifa doméstica 2.0) suelen contratar varias potencias,

diferentes según los periodos horarios6 en los que se discrimine su consumo,

según las tarifas vigentes.

Muy ligada a la potencia contratada está la energía consumida, dado que el

cociente de ambas proporciona el parámetro de horas de utilización de la

potencia. El número de horas de utilización varía mucho de unos clientes a otros,

así, mientras que los clientes domésticos suelen tener un número anual de horas

de utilización bajo (1000-2000 horas), los clientes industriales optimizan el uso de

su potencia contratada llegando a horas de utilización muy elevadas (más de 6000

horas). Ni individualmente ni por sectores es equivalente el hablar de energía

consumida y de potencia contratada, aunque al abarcar conjuntos de clientes

amplios, como pueden ser las zonas de distribución de las empresas

distribuidoras, hablar de potencia contratada y de energía es muy similar.

Por ello, a sabiendas de que realmente el parámetro inductor del coste en las

redes de distribución es la potencia demandada, ya que ésta es la base del

dimensionamiento de las instalaciones de distribución, su carácter amplio (local,

zonal, provincial) y la no simultaneidad de la misma, hacen que sea recomendable

el sustituir ésta por la energía demandada o la potencia contratada, ya que ambos

son parámetros más fáciles de medir y de analizar su evolución en el tiempo.

2) La superficie de la zona

La superficie de las zonas de distribución incide significativamente en el coste de

las redes necesarias para su suministro, véase para ello el siguiente ejemplo: si se

han de electrificar dos zonas de distribución con las mismas cargas y el resto de

inductores de coste iguales, pero una zona con una superficie doble que la otra,

6 Generalmente en tarifa integral son punta, llano y valle.

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está claro que el coste de las redes necesarias en cada caso no puede ser el

mismo. Si se supone un mismo grado de dispersión de cargas (por ejemplo un

sembrado aleatorio) las distancias entre las cargas serían más grandes en la zona

de mayor superficie, por lo que las longitudes de las líneas que las conectan

también lo serían.

La superficie del área a distribuir suele dar lugar a un parámetro denominado

densidad de carga, el cual es el cociente entre energía o potencia entre superficie,

y suele medirse en kW/km² o en MWh/ km². De esta forma en el ejemplo anterior,

el área pequeña tendría una densidad de carga igual al doble de la del área

grande. Este parámetro es útil ya que recoge de la influencia de la superficie y

cuanto mayor es éste, mayor es el coste unitario de red por unidad de superficie.

En el siguiente apartado en el que se estudiará la naturaleza de economía de

escala de la actividad de distribución se apreciará como al aumentar la densidad

de carga aumenta el coste unitario de la red necesaria para satisfacer la demanda

en la zona pero en menor proporción que ésta, lo que demuestra que la actividad

de distribución eléctrica tiene características de economías de escala.

3) La dispersión de las cargas en la zona

Otro inductor de coste es la dispersión de cargas, que refleja el grado de

concentración o dispersión de las cargas de suministro en un área determinada.

Cuanto más dispersas sean las cargas, para una misma superficie y densidad de

carga, más elevado será el coste de la red de distribución de la zona considerada.

La dispersión de cargas se puede medir de diversas maneras, siendo una de ellas

el uso de las zonas de distribución a efectos de cálculo de los índices de calidad

de servicio del RD 1955/2000 [BOE,2000a], que clasifica los municipios en cuatro

tipos de zona distintos (urbana, semiurbana, rural concentrado y rural dispersa) en

función del número de suministros de los mismos.

Otro parámetro comúnmente usado para la determinación de las dispersión de

cargas es el producto potencia por distancia aplicado a cada carga, siendo la

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distancia a contabilizar la existente entre el cliente y el centro de transformación en

baja tensión y la correspondiente entre el cliente y la subestación en media

tensión.

Es difícil implementar parámetros y fórmulas sencillas que definan o cuantifiquen

la dispersión de cargas de una zona de distribución. En cambio, los modelos de

red de referencia sí que la tienen en cuenta al tener como parámetros de entrada

de los mismos las coordenadas georreferenciadas de los clientes. De esta forma,

la dispersión real de cargas queda implícita en los resultados obtenidos con los

modelos de red de referencia ya que como han de tejer la red ideal que suministre

a todos los clientes ésta se ve afectada en coste por su dispersión geográfica. Ello

originará que las zonas más dispersas obtengan un coste de inmovilizado de

referencia mayor que las zonas en las que las cargas están concentradas

geográficamente.

4) El tipo de red: aérea o subterránea

La diferencia en coste entre construir instalaciones de red aéreas o hacerlo

subterránea es tan grande que obliga a que un factor inductor de coste sea el

grado de soterramiento de una red de distribución.

A modo de ejemplo, un kilómetro de línea aérea de media tensión puede suponer

una inversión de 30.000 €, mientras que si tal línea fuese subterránea el coste

ascendería a unos 130.000 €. Asimismo, el coste de las subestaciones blindadas

es del orden de dos veces más que el coste de la misma subestación

convencional.

En los últimos tiempos, y a raíz del presunto impacto medioambiental de las líneas

eléctricas de alta tensión, la sociedad en general reclama cada vez con más

ahínco el soterramiento de cables y la compactación de las subestaciones,

especialmente en zonas urbanas. Dicho fenómeno que representa un sobrecoste

para las empresas de distribución que debe reconocerse a las mismas mediante

su inclusión en los mecanismos de cálculo de la retribución.

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5) La calidad de servicio mínima que se quiera prestar

Otro de los inductores de coste mas relevantes en el diseño de redes de

distribución es el nivel de continuidad de servicio objetivo que se persigue,

pudiéndose medir éste por los índices habituales de TIEPI7 y NIEPI8.

Si se diseña una red de distribución con los criterios habituales de construir en

mallado las redes urbanas aunque su explotación sea radial y construir en radial

las redes típicamente rurales, se obtiene una red de distribución con unos

determinados niveles de continuidad de suministro.

Si se quisiesen mejorar tales niveles, habría que acometer una serie de

inversiones como por ejemplo el mallar circuitos radiales o aumentar la potencia

garantizada de las subestaciones añadiendo mayor capacidad de transformación.

En caso de que se buscase un nivel de continuidad excepcional, podrían

sustituirse los tramos aéreos por tramos subterráneos y se podrían construir

alimentaciones alternativas para los suministros. El coste de estas medidas sería

muy elevado.

Un planificador de red llegaría a la conclusión que para que diferentes zonas de

distribución alcanzasen niveles de calidad homogéneos, la inversión necesaria en

cada una de ellas por unidad de potencia o de energía varía considerablemente.

Así, si se intentase que una red rural tuviera la misma calidad de servicio que una

red urbana, el coste necesario sería enorme, lo que indica que dar el mismo nivel

de continuidad de suministro en las diferentes zonas de distribución tiene un coste

muy diferente.

7 TIEPI: Tiempo de Interrupción Equivalente sobre la Potencia Instalada.

8 NIEPI: Número de Interrupciones Equivalentes sobre Potencia Instalada.

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Esto es debido a la diferente topología de las redes, que en el caso se urbanas

son redes generalmente subterráneas que han de satisfacer zonas con altas

densidades de carga en distancias cortas, mientras que las redes rurales se

caracterizan por abastecer mercados dispersos, de baja densidad de carga y tener

que construir las líneas aéreas largas en configuración radial.

Por tanto, dado que el coste de la calidad de servicio varía según el mercado

abastecido, cabría preguntarse qué costes habría que imputar a los clientes

conectados a las redes. En principio existen dos alternativas claras, la primera

consistiría en dar el mismo nivel de continuidad a todos los clientes por lo que el

coste a imputarles debiera ser distinto; mientras que la segunda consistiría en

imputar el mismo coste de red a los consumidores pero que el nivel de calidad que

recibiesen fuera distinto.

En España está vigente esta segunda opción, según la cual todos los

consumidores pagan idénticas tarifas integrales o tarifas de acceso pero los

niveles de continuidad de suministro a los que tienen derecho difieren en función

de la zona en la que se sitúen dichos consumidores.

En definitiva, el coste de la red de distribución influye decisivamente en función del

nivel de continuidad de suministro que se quiera prestar, y tal diferencia no es

homogénea en todas las zonas de distribución. Por ello, debe adecuarse la

retribución de las empresas distribuidoras al nivel de calidad de suministro que

prestan, ya que éste determina tanto el coste de inversión como el de explotación.

Los modelos de red de referencia son una herramienta muy útil que permiten

obtener relativamente rápido la relación relativa entre calidad prestada y coste de

la red necesaria para prestarla, por lo que deben ser un instrumento válido para

regular en temas de calidad de servicio.

3.2.2 Economías de escala en la actividad de distribución

Se podría definir una economía de escala como aquella actividad cuyo coste

unitario de producción disminuye al aumentar el número de unidades producidas.

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Obviamente para una actividad que esté sujeta a la economía de escala el coste

marginal del producto será siempre menor que el coste medio.

¿Es la actividad de distribución un ejemplo de economía de escala? Ciertamente

lo es, a medida que aumenta el número de kWh que han de ser distribuidos el

coste unitario de su distribución disminuye. Así por ejemplo, si a una empresa

distribuidora le cuesta 18 M€ distribuir 1.000 GWh en un área geográfica, a un

precio unitario de 1,8 c€/kWh, si la demanda crece y pasa a distribuir 1100 GWh

en la misma área geográfica, sus costes aumentarán por ejemplo hasta los 19 M€.

En este caso, el coste unitario nuevo sería de 1,727 c€/kWh.

La existencia de una economía de escala en distribución se intuye claramente en

el coste de los activos: si se examinan costes de elementos de distribución, se ve

rápidamente que un transformador de 20 MVA vale menos que dos

transformadores de 10 MVA, que un kilómetro de línea con capacidad 30 MVA

vale sólo un poco más caro que otro de 20 MVA de capacidad, etc. Si se mira en

el ámbito de zona de distribución, se puede demostrar que normalmente

suministrar un mercado de 200 MW, cuesta menos del doble que uno de 100 MW

en el mismo territorio.

Para reflejar el comportamiento de la actividad de distribución como actividad

sujeta a la economía de escala, en la fórmula de retribución de la distribución se

introdujo un factor llamado “factor de eficiencia”, que como se vio en el capítulo 1

más bien su cometido era reflejar que la distribución tiene economías de escala,

ya que el factor de eficiencia o de productividad propiamente dicho debiera ser el

factor X.

La formulación de dicho “factor de eficiencia”, se puede extraer de la fórmula (1)

de la retribución que era:

Rn = R n-1 * ( 1 + (IPC-1)/100 ) * ( 1 + Fe * ∆ D )

Si se sustituye el incremento de demanda ∆ D por (D n - D n-1 ) / D n-1 y obviando el

termino relativo al IPC la fórmula queda:

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R n = R n-1 * ( 1 + Fe * (D n - D n-1 ) / D n-1 )

Despejando:

1

1

1-n

n*Fe1

RR

−−=−

n

nn

DDD

Operando:

1

1

1

1

1

1

=−

=

n

n

n

nn

n

nn

DD

RR

DDD

RRR

Fe

No sería erróneo suponer que la retribución (R) es conceptualmente proporcional

al coste de reposición especialmente si se trata de retribución por inversión, por lo

tanto se puede sustituir Rn-1 por k * C n-1 y ∆ R por k * ∆C:

1

1

1

1

1

1**

− ∆∆

=∆

=∆

=

n

n

n

n

n

n

DC

DC

DD

CC

DD

CkCk

Fe (2)

Donde C n-1 es el coste de reposición y D n-1 la demanda en el año n-1.

Esta formula quizás se habría podido deducir por otras vías, ya que examinándola,

se llega a la conclusión de que el llamado “factor de eficiencia” (realmente el factor

de economía de escala) no es más que el cociente entre el incremento porcentual

de costes entre el incremento porcentual de su inductor de coste, en este caso la

demanda. Estableciendo este valor en un 0,3, la Administración da a entender que

si la demanda crece un 10%, los costes de la actividad únicamente debieran

crecer un 3%, aunque esto como se verá más adelante no es cierto, sino que

crecen mucho más, debido a que el valor de dicho factor debiera ser más elevado.

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Dado que la ecuación (2) es genérica se puede aplicar tanto a escala nacional

como a escala provincial o regional, poniéndola en modo diferencial:

1

1

−=

in

in

i

i

i

DCdDdC

Fe(3)

Representando i en este caso como una red parcial de distribución.

3.2.3 Tratamiento de los resultados del modelo

Un camino para calcular el valor del cociente ∆C / ∆D sería ejecutar un modelo de

red de referencia varias veces, para distintos niveles de carga obteniéndose

distintos valores de inmovilizado de reposición. Así se obtendría una relación entre

el coste de reposición del sistema eléctrico peninsular y la demanda que satisface.

Como el ámbito de esta tesis de master es limitado, y más aún lo es la

disponibilidad real de modelos de red de referencia operativos, no se pueden

realizar estos cálculos por lo que el análisis se centrará en obtener la relación

entre costes y demanda a partir de los datos de salida provinciales disponibles.

Con objeto de profundizar en el entendimiento de los inductores de coste de los

costes de inversión de red, en el punto 9.1 del Anexo se han analizado los

resultados del modelo de red de referencia Bulnes que se obtuvieron en 1998 para

el conjunto de provincias españolas. Las principales conclusiones obtenidas

pueden resumirse en las siguientes consideraciones:

• Existe una correlación evidente entre el coste unitario de inmovilizado de

reposición por unidad de superficie y la carga unitaria provincial, esta última

medida como densidad de energía o densidad de potencia contratada.

• De todas las regresiones estadísticas estudiadas, las que mejor valor de

coeficiente de correlación (R2) han sido la regresión lineal y especialmente

la regresión potencial.

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• Hay una correlación clara entre la potencia contratada provincial y la

demanda de energía provincial, pero a pesar de ello, las correlaciones entre

coste y potencia dan mejor resultado que las correlaciones entre coste y

energía.

• El coste de inmovilizado provincial por unidad de superficie (ci) podría

modelarse de la siguiente manera:

==

i

iP

i

iP

i

ii

SDA

SPcA

SCc ** (4)

Siendo A y P constantes obtenidas en el análisis de regresión, Pci la potencia

contratada en cada provincia y S i la superficie provincial. En lugar de Pci también

se obtendría un resultado aceptable usando Di, la demanda de energía en cada

provincia.

Si en la ecuación (4) se despeja Ci:

PPP

DiSiASiSiDi

ACi **** 1−=

= (5)

Calculando la derivada para Si constante 9 y sustituyendo en la ecuación (3)

queda:

P

DiDiSiA

DiPSiA

DCdDdC

Fe PP

PP

in

in

i

i

i === −

−−

− *****

1

11

1

1

9 Se trata de hallar el factor de economía de escala de un territorio dado cuya superficie no varía.

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Por lo tanto y según este análisis, si los costes de inmovilizado unitarios por

unidad de superficie dependen potencialmente de la carga unitaria superficial, el

factor de economía de escala es el exponente de dicha dependencia potencial.

Si a los gráficos analizados en el punto 9.1 del Anexo se aplican estas fórmulas,

se obtienen los siguientes factores de economía de escala, que dependen de si la

regresión de hace con la potencia contratada o con la energía demandada:

Nivel de Tensión Energía Potencia

Baja Tensión 0,86 0,92

Media Tensión 0,63 0,69

Alta Tensión 0,44 0,52

Global 0,63 0,74

La conclusión inmediata que se puede establecer mirando la tabla anterior es que

el factor de economía de escala hallado es considerablemente más alto que el

usado normalmente por el regulador (0,3), y supera holgadamente el límite

máximo (0,4) que se recoge en el Real Decreto 2819/1998.

Utilizando datos de salida del modelo de red de referencia, que es una

herramienta de cálculo para la retribución de la actividad aceptada tanto por la

Administración como por la CNE, se demuestra que los costes de inversión siguen

una tendencia potencial, y que el valor del llamado “factor de eficiencia” (realmente

el factor de economía de escala) de distribución debiera valer entre 0,63 -0,74, y

es distinto para cada nivel de tensión.

Ha de quedar claro que el facto de economía de escala calculado es por unidad de

superficie, por lo que refleja la economía de escala que se produce en un área

determinada (zona, provincia, etc.) al aumentar la densidad de carga.

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3.2.4 Coherencia de la fórmula de retribución

Recordando la fórmula (5) del apartado 3.2.3:

PPP

DiSiASiSiDiACi **** 1−=

=

que como se ha visto relaciona los costes de inmovilizado de reposición de cada

provincia con la demanda de la misma, se puede hallar el coste total si se suman

todas las provincias:

PP

DkSiSiDi

ACiC *** =

== ∑∑ (6)

Siendo D la demanda total peninsular y k una constante.

Una vez visto que la ecuación de coste de reposición tiene forma potencial tal y

como se ve en la fórmula (6) cabría preguntarse si el factor ( 1 + Fe * ∆ D ) que

afecta a la retribución en la fórmula (1) es coherente o no con el mismo.

Como se ha establecido en el apartado 2.3, el objeto de la remuneración del

capital es de retribuir los costes prudentemente incurridos, los cuales se

representan normalmente por la cantidad de inmovilizado neto denominada Base

Regulatoria de Activos (RAB) o stock de capital. Obviamente el valor del

inmovilizado neto es igual al bruto menos la amortización acumulada:

AcumuladaónAmortizaciBrutodoInmovilizaRAB −= (7)

El inmovilizado bruto se ha visto que se rige por una fórmula potencial (6),

mientras que la amortización acumulada debe representar la suma de todas las

amortizaciones de capital de los activos existentes en un momento dado.

Si se considera que la vida útil de las instalaciones de distribución es de cuarenta

años, y que se ha empleado un método de amortización lineal, cabría esperar que

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la amortización acumulada sería igual a la suma de las inversiones efectuadas en

los últimos cuarenta años dividida por cuarenta. Ni qué decir tiene que obtener una

expresión analítica fiable de este término es casi imposible.

El RAB debiera ir cambiando anualmente en función de las amortizaciones y las

inversiones reconocidas cada año como prudentemente incurridas, por lo que se

podría escribir las siguiente ecuación:

RABni = RABn-1 i - DEPn-1 i + ∆ RABn-1 i (8)

Donde:

RABni = Base Regulatoria de Activos de la empresa i en el año n

RABn-1 i = Base Regulatoria de Activos de la empresa i en el año n-1

DEPn-1 i = Depreciación (o amortización) de la empresa i en el año n-1

∆ RABn-1 i = Incremento anual reconocido del RAB de la empresa i en el año n-1

Como se verá más adelante, las inversiones incurridas por aumento de mercado sí

que se podrían estimar con herramientas del tipo de un modelo de cobertura, pero

no las inversiones de reposición, las cuales tienen cierta componente aleatoria

dado que no todos los activos tienen una vida útil de cuarenta años, a pesar de

que esa es su vida media.

Por lo tanto, un problema de semejante magnitud como calcular el RAB, no se

puede simplificar y sustituir éste con el empleo de un factor ( 1 + Fe * ∆ D ) que a

lo sumo intenta reflejar de una forma excesivamente simple que la distribución es

una actividad sujeta a economías de escala. Por ello no se considera oportuno el

empleo de dicho factor, ya que no considera conceptos tan importantes como la

depreciación de los activos ni su necesidad de renovación.

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La retribución del capital básicamente debiera constar de dos términos; uno de

retribución propiamente dicha calculado aplicando una tasa de remuneración al

RAB y otro término de amortización.

3.3 Cálculo de la Base Regulatoria de Activos

Tal y como se vio en el capítulo 2, una cuestión muy difícil de solucionar es el

determinar cual es nivel de inversiones necesario para ejercer la actividad de

distribución de forma eficiente, ya que idealmente debiera retribuirse a la empresa

distribuidora por las inversiones prudentemente incurridas. A la cantidad de

inmovilizado neto que es considerada a la hora de retribuir el capital se suele

denominar Base Regulatoria de Activos (RAB10) o stock de capital, la cual va

cambiando anualmente en función de las amortizaciones y las inversiones

reconocidas como prudentemente incurridas.

Para el caso de España, se proponen en esta tesis dos sistemas diferentes para

calcular el RAB: la contabilidad y el método del RAB implícito, los cuales se

desarrollan en los siguientes apartados.

3.3.1 Contabilidad

La primera alternativa para calcular el RAB se base en la contabilidad financiera

de las empresas, en la cual debiera figurar la información contable del

inmovilizado de distribución, tanto el bruto como el neto, una vez descontada la

amortización acumulada. Esta información es de fácil acceso en su conjunto, ya

que en la memoria anual de actividades de cualquier sociedad aparecen en el

activo del balance las cuantías de inmovilizado bruto y la amortización acumulada,

siendo el inmovilizado neto la diferencia entre ambos conceptos anteriores.

10 Acrónimo de Regulatory Asset Base.

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A pesar de la facilidad que supone recopilar dicha información, la utilización de la

contabilidad de las empresas como base de cálculo, no representa

fehacientemente el valor de la inversión a remunerar por los siguientes motivos:

1. El valor regulatoriamente reconocido de la inversión no tiene porqué ser

necesariamente igual al inmovilizado material bruto contable. Aceptar como

stock de capital el valor contable implica reconocer como prudentes los

valores contables de los activos y, por tanto, remunerar eventuales

actuaciones ineficientes del pasado (mayores costes de inversión) y, por el

contrario, penalizar actuaciones eficientes (menores costes de inversión).

Además, las diferencias en los criterios de capitalización de gastos pueden

haber dado lugar a diferencias entre los inmovilizados contables de las

empresas. Por tanto, el inmovilizado material bruto de una empresa no es

comparable al del resto en la medida en que no sean iguales sus

correspondientes criterios de capitalización. Esto podría dar lugar a

tratamientos discriminatorios entre empresas, ya que las empresas que en

el pasado hayan aplicado unos criterios de capitalización más agresivos

recibirán con el nuevo modelo propuesto una mayor retribución que las que

hayan aplicado unos criterios de capitalización más prudentes.

2. El valor ya recuperado de los activos a través de las remuneraciones

recibidas hasta la fecha no tiene porqué ser necesariamente igual a la

depreciación contable acumulada. No existe ninguna razón que justifique

que la retribución por amortización implícita en las remuneraciones pasadas

(es decir, la parte de la inversión recuperada) sea igual a las amortizaciones

contabilizadas por las empresas. Adicionalmente, la vida útil aplicada por

cada empresa a las diferentes categorías de activos puede diferir. De esta

forma, las depreciaciones acumuladas pueden ser diferentes para dos

activos idénticos de dos empresas distintas. Esto conllevaría que la

remuneración asociada a cada activo fuera diferente, a pesar de que las

empresas hubieran recibido los mismos ingresos en el pasado para la

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recuperación de los costes de esos activos, lo cual es difícilmente

justificable.

3. Actualizaciones: En ningún caso la revalorización de activos debe originar

una variación en la remuneración de dichos activos dado que dicha

retribución ha de basarse en los costes prudentes realmente incurridos.

Adicionalmente, se observan diferencias importantes en la actualización

realizada por cada empresa, con lo que podría darse el caso de que activos

idénticos con igual fecha de alta tengan valoraciones contables diferentes,

lo cual no se justificaría desde un punto de vista regulatorio.

4. Subvenciones y cesiones de capital: La remuneración de la distribución

debe cubrir únicamente aquella parte de los activos financiada por las

empresas. Las subvenciones y cesiones de capital representan activos

financiados por terceros y que por tanto no deberían pasar a formar parte

del stock de capital. Adicionalmente, se observan diferencias importantes

en el peso relativo de las subvenciones y cesiones en el inmovilizado neto

de las empresas. Esto haría que su consideración en el stock de capital

diera lugar a un tratamiento asimétrico entre las empresas.

5. Activación de gastos financieros en los trabajos para el inmovilizado: Parte

de los activos de las empresas son construidos por ellas mismas, por lo que

capitalizan los costes incurridos en dicha labor. Uno de los costes

capitalizados son los gastos financieros. Los gastos financieros medios

anuales de las empresas difieren históricamente de unas a otras de forma

significativa. Asumiendo que el coste de la deuda asignada a la obra en

curso es similar al coste medio de la deuda, un mismo activo tendrá un

valor contable diferente según la empresa que lo realice. Esta diferencia en

el coste puede no ser aceptable desde el punto de vista regulatorio,

favoreciendo a aquellas empresas que han tenido un coste de la deuda

más elevado en el pasado.

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6. Ritmo de amortización: Las empresas pueden considerar en su contabilidad

vidas útiles diferentes para activos idénticos. Esto implica que, de utilizar

como stock de capital el inmovilizado neto contable, aquellas empresas que

hayan aplicado criterios de depreciación menos agresivos recibirán una

mayor remuneración, lo cual es difícilmente justificable desde el punto de

vista regulatorio.

3.3.2 Método del RAB implícito

Este método surge debido a que una de las alternativas de cambio del sistema de

retribución de la distribución vigente en España podría ser el de mantener el nivel

de retribución de cada empresa distribuidora. El mismo tiene como objetivo el

hallar el valor RAB implícito en la retribución que percibe cada empresa

distribuidora en un momento dado, y a partir de ahí individualizar su evolución

cambiando el método de retribución. Ello hace necesario analizar o desglosar la

retribución de las mismas para hallar la retribución por inversión, que conduce al

RAB implícito su la retribución.

Suponiendo que para el año 2002 la remuneración para una cierta empresa fuera

R2002, sería posible plantear la siguiente ecuación:

R2002 = WACC * RAB0 + OPEX2002 + D2002 (9)

donde:

RAB0 : es el RAB implícito en los ingresos reconocidos en el año 2002

OPEX2002 : es el coste operativo prudente reconocido en 2002

D2002 : es la depreciación implícita del año 2002

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Partiendo del supuesto de que existe una relación entre el RAB inicial y el valor

contable homogéneo11 (VCH2001) de los activos de la empresa al final del año

2001:

RAB0 = (1 + k) * VCH2001

Así, esta equivalencia se podría aplicar también a la depreciación contable

homogénea (DCH2002):

D2002 = (1 + k) * DCH2002

Con las fórmulas descritas anteriormente puede derivarse una expresión para k si

se sustituyen en la fórmula (9):

20022001

20022002

DCHVCHWACC*OPEXR

1k+

−−=

De esta forma, el RAB implícito (o RAB0) puede calcularse como:

2001

2002

200220020

VCH

DCHWACC

OPEXRRAB

+

−=

Si se prefiere no utilizar la depreciación en libros, puede plantearse una fórmula

alternativa que se obtiene a partir de un razonamiento muy similar. Dado que la

retribución del RAB resultante corresponde a la amortización de los activos más

los costes de financiación, puede calcularse el RAB implícito en la retribución de

forma simplificada, resolviendo la ecuación siguiente:

Retribución del RAB2002 = R2002 – OPEX2002= (RAB0 / n) + (RAB0 * WACC)

11 El valor contable homogéneo de cada empresa es el que resultaría de aplicar a su contabilidad

financiera criterios contables comunes para todas las empresas y relativos al ritmo de depreciación

de los activos, a la contabilización de las subvenciones a inversión, a la activación de los gastos en

relación con los trabajos para el propio inmovilizado, a la revalorización de los activos, etc.

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Donde n es la vida media de los activos de la empresa en años.

Las ventajas de este método serían las siguientes:

1. Fácil de implantar

2. No cambia la retribución de las empresas en un momento dado

3. Permite iniciar una nueva etapa de control estricto sin establecer cambios

bruscos.

Y sus inconvenientes:

1. No tiene mucho rigor teórico

2. El RAB obtenido así como la vida restante del mismo es “artificial”

3.4 Cálculo del inmovilizado bruto

Existen dos métodos para estimar calcular el inmovilizado bruto a coste de

reposición necesario para desarrollar la actividad de distribución en un territorio,

que son el uso del inventario físico y los modelos de cobertura.

Estos métodos pueden servir entre otras muchas cosas para ayudar en el cálculo

del RAB, ya que como se ha definido en la fórmula (7), el RAB se podría obtener a

partir del inmovilizado bruto restándole la amortización acumulada si se conoce

ésta o con algún otro artificio, como por ejemplo la definición de un número de

años restantes de vida útil de las instalaciones.

También pueden ser muy útiles estos modelos para calcular o estimar el volumen

de inversiones necesarias debido a incrementos de mercado, para lo que bastaría

aplicarlos sucesivamente bajo escenarios de demanda distintos.

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3.4.1 Inventario físico / Modelos explicativos

Los modelos explicativos tienen como objetivo el caracterizar las instalaciones

existentes de distribución en función de los parámetros del mercado al que

suministran con el fin de estimar las instalaciones necesarias para desarrollar la

actividad en una zona.

Obviamente si únicamente se toman como datos de entrada los de una empresa

distribuidora, las instalaciones necesarias resultantes serían muy similares a las

instalaciones reales, por lo que la validez de este tipo de modelos estriba en

aplicarlos a un conjunto amplio de empresas y zonas de suministro con el fin

realizar una comparación o benchmarking entre empresas.

Los pasos a seguir en la aplicación de estos modelos son los siguientes:

1. Se toma como punto de partida las instalaciones de las empresas

diferenciadas por provincias.

2. Se identifican las variables de mercado que mejor explican la estructura de

instalaciones existente (nº de viviendas, potencia contratada, nº de núcleos

por tipo de zona, etc.) cuantificadas por unidad de superficie.

3. Se aplican modelos de regresión cuyo fin es identificar de cada variable

explicada de qué variables explicativas dependen.

4. Se obtiene un patrón medio de comportamiento, del cual se excluyen los

datos correspondientes a las provincias que no se ajusten al modelo.

5. Se valida estadísticamente el modelo.

6. Se calculan unos coeficientes que afectan a las variables de mercado que

ajustan los costes a la retribución de la distribución.

Los modelos explicativos tienen las siguientes ventajas:

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1. Los modelos de regresión obtenidos tienen una interpretación física directa

gracias a la selección inicial de variables explicativas.

2. Permiten identificar las provincias cuyas declaraciones no se ajustan al

patrón de comportamiento global.

3. El grado de ajuste suele ser elevado.

4. Se seleccionan de forma automática las variables de mercado que mejor

explican las instalaciones existentes.

Y los siguientes inconvenientes:

1. Únicamente pueden detectar ineficiencias relativas entre empresas

2. Se basan en modelos de regresión lineal, cuando la relación entre costes y

sus inductores puede ser más compleja.

3. No tienen en cuenta la calidad de servicio que prestan las empresas en

cada zona.

4. Queda pendiente el buscar una solución a las provincias rechazadas por no

ajustarse al patrón medio de comportamiento.

5. No consideran la realidad física de la distribución: tipos de zonas, etc.

3.4.2 Modelos de cobertura

Se denominan así a los modelos cuyo objetivo fundamental es el definir una

determinada red que alimente a un conjunto de clientes prefijado y que cumpla

una serie de requisitos tanto técnicos como económicos. También se suelen

denominar como “modelos de red de referencia” dado que la red resultante de los

mismos suele calificarse como la red de referencia.

Su aparición es relativamente reciente y en parte es debido a que la liberalización

de sector eléctrico llevada a cabo en muchos países del mundo ha originado que

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se replantee el tema del establecimiento o mejora de los métodos retributivos de la

actividad de distribución. Con estos modelos se pretende contribuir a establecer la

retribución de distribución, bien sea como herramienta de reparto o ponderación

de retribuciones existentes o como estimador del volumen de inversiones o de

inmovilizado necesarios para el desarrollo de la actividad.

En España se han desarrollado varios modelos de cobertura, de entre los que

destacan el modelo Bulnes desarrollado por Hidrocantábrico Distribución S.A., el

modelo PECO, desarrollado en el Instituto de Investigación Tecnológica de la

Universidad Pontificia de Comillas, y el modelo MILETO realizado por Unión

Fenosa Distribución S.A.

Como se ha mencionado, el objetivo de los modelos de cobertura es determinar la

red ideal o teórica necesaria para dar el suministro eléctrico a un conjunto

predeterminado de clientes que cumpla unos condicionantes técnicos y

económicos. Los datos de entrada comúnmente usados en los modelos son los

siguientes:

a) Información relativa a clientes: coordenadas, potencia y nivel de tensión.

b) Información relativa a los nudos de enlace con la red de transporte

(únicamente coordenadas ya que suelen suponerse de potencia infinita).

c) Datos geográficos: mapas digitalizados que incluyan accidentes geográficos,

zonas de paso prohibido, etc…

d) Costes unitarios de los elementos que componen las redes de distribución

Tras la entrada de datos, los módulos de planificación de los modelos calculan la

red óptima que cumpla los siguientes requisitos técnicos y económicos:

1) Minimización del coste total: suma de los costes de inversión, coste de las

pérdidas de energía y el coste de la energía no suministrada.

2) Optimización conjunta de la red entre los diferentes niveles de tensión.

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3) Cumplimiento de las restricciones de caídas de tensión y capacidad de los

elementos que componen las redes.

4) Cumplimiento de los niveles mínimos de calidad de servicio reglamentaria.

5) Resolución de las restricciones geográficas (ríos, montañas, zonas de paso

prohibido, etc.)

La red óptima que se obtiene con estos modelos informáticos, se puede visualizar

con los visores gráficos adecuados y comparar con el trazado de la red real de las

empresas distribuidoras.

Al conjunto de instalaciones que forma la información de salida de los modelos

(longitudes de red de los distintos tipos, capacidad instalada en subestaciones y

centros de transformación, etc.) se les aplican los costes unitarios de inversión

prefijados obteniéndose el coste de inversión de la red de referencia. Este coste

de inversión se puede o bien utilizar como parámetro de reparto de partidas de

retribución de la distribución entre las diferentes empresas distribuidoras o bien

como para el propio cálculo de la retribución base.

Generalmente, también se aplican a las unidades de inmovilizado resultantes de

la ejecución del modelo costes de operación y mantenimiento unitarios, por lo que

se obtienen los costes de operación y mantenimiento teóricos o de referencia de

una red de distribución. Esto es factible porque tal y como se verá en el capítulo

siguiente, los costes de operación y mantenimiento dependen linealmente de las

unidades físicas.

Hay que subrayar que la red que calculan estos modelos es la óptima o ideal que

cumple unos requisitos determinados y su coste es mínimo, mientras que la red

real fruto de la planificación que puede haber sido desarrollada con los mismos

criterios, a lo sumo podrá aspirar a parecerse a ella. El planificador puede

cometer errores (mala previsión de demanda) o que estos le sean provocados por

terceros (desarrollo urbanísticos no ejecutados), o simplemente en ciertos casos

puede no adoptar la mejor solución debido a su decisión o a condicionantes

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externos derivados de la complejidad de la realidad. Por lo tanto, tal y como se vio

en el apartado 2.3, podría considerarse como red “prudente”, aquella que

cumpliendo con unos requisitos técnicos y económicos, se aproxima

suficientemente a juicio del regulador a la red óptima o ideal.

Las ventajas comúnmente aceptadas de los modelos de red de referencia son las

siguientes:

1) Son modelos totalmente imparciales y auditables, cuyos cálculos podrían

reproducirse con facilidad.

2) Su ámbito trasciende del regulatorio, ya que pueden usarse como

herramienta de planificación, de mejora de la calidad de servicio, ahorro de

pérdidas, etc.

3) Reflejan la realidad de la mejor forma posible a nivel teórico

4) Con el tiempo pueden ampliarse y mejorarse para añadir nuevos criterios

técnicos y económicos.

Por el contrario, las desventajas de los mismos serían las siguientes:

1) No tienen en cuenta la historia

2) Nunca podrán ser perfectos, siempre habrá aspectos de la realidad que

quedarán fuera de su tratamiento.

3) Necesitan un gran volumen de información de entrada con su respectivo

tratamiento.

4) Los tiempos de ejecución actuales son grandes.

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4. LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

Los costes de explotación se pueden clasificar en costes de mantenimiento,

costes de operación, costes de servicios técnicos, costes de gestión comercial y

costes de estructura, los cuales se desarrollan a continuación en sus apartados

respectivos.

4.1 Costes de mantenimiento

Se define el mantenimiento como el conjunto de actividades realizadas sobre las

instalaciones y equipos para garantizar su correcto funcionamiento en cualquier

situación, así como la atención a las incidencias y la reparación de averías. Por

ello, dentro de los costes de mantenimiento hay que distinguir entre los referidos a

mantenimiento preventivo y los referidos a mantenimiento correctivo.

Se considera como mantenimiento preventivo todas las actuaciones encaminadas

al cumplimiento de la legislación vigente, así como el conjunto de inspecciones e

intervenciones periódicas que se realizan sobre los equipos con el fin de minimizar

la probabilidad de avería y/o de indisponibilidad, verificando que sus variables más

significativas se encuentran dentro de los márgenes normales de funcionamiento.

Se define como mantenimiento correctivo al conjunto de acciones que se realizan

sobre determinados equipos como consecuencia de anomalías en su

funcionamiento detectadas en revisiones preventivas, inspecciones reglamentarias

o averías surgidas de forma intempestiva. Consiste en esencia en la recepción e

identificación de incidentes, la clasificación de los mismos, y el desarrollo de

actuaciones encaminadas a subsanarlos y reponer el servicio.

4.1.1 Mantenimiento preventivo

Se había visto en su definición que era aquel conjunto de tareas reglamentarias

orientadas a adelantarse para evitar las averías o la degradación acelerada de los

equipos. Estas tareas suelen consistir en revisiones encaminadas a encontrar

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defectos o fallos presentes en las instalaciones, equipos o componentes para su

posterior corrección en caso de detección de anomalías.

En el mantenimiento cobran especial relevancia las gamas de mantenimiento, que

son unos protocolos de acciones que hay que llevar a cabo en cada revisión de

instalaciones, que definen qué acciones hay que realizar y en qué fechas. A

continuación se muestra un cuadro en el que se enumeran las principales gamas

de mantenimiento preventivo, se describen brevemente y se definen las unidades

de coste de las mismas:

Tipo de Elemento Descripción Unidades Coste

Línea Aérea AT y MT• Inspección visual y termográfica.• Tala y limpieza de calle € / km

Línea Aérea BT • Inspección visual € / km

Línea Subterránea MT• Inspección visual canalización• Inspección radar € / km

Línea Subterránea BT • Inspección visual canalización € / km

CT Caseta

Revisiones y acciones sobre:• Cabinas• Interruptores• Transformador• Cuadro BT• Local

€ / CT

CT IntemperieRevisiones y acciones sobre:

• Seccionador Fusible• Transformador• Cuadro BT• Autoválvulas

€ / CT

Subestaciones

Acciones sobre los equipos:• Seccionadores e Interruptores• Transformadores de Tensión• Transformadores de Intensidad• Relés• Rectificadores y Baterías• Transformadores de Potencia• Baterías de Condensadores• Pararrayos

€ / ST

(según el tipo MAT/AT oAT/MT tiene diferente

coste)

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Por lo tanto, se puede concluir que los inductores de coste del mantenimiento

preventivo son las longitudes de las líneas y el número de centros de

transformación y subestaciones, con la particularidad de que influye los niveles de

tensión correspondientes y la naturaleza de los centros de transformación.

Hay que hacer constar pues, que el coste del mantenimiento preventivo es

gestionable y depende proporcionalmente del inmovilizado físico real, y que éste

puede diferir del derivado de los modelos de red de referencia o de algún otro

método que determine el inmovilizado "prudentemente invertido".

4.1.2 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo es aquel conjunto de actuaciones enfocadas a reparar

las incidencias o anomalías detectadas en los equipos, instalaciones o elementos

que guardan relación con el nivel de fiabilidad de suministro eléctrico. Por ello, sus

costes son perfectamente conocidos "ex post" aunque también se pueden estimar

"ex ante", estimando las tasas de fallo de cada tipo de elemento o instalación y el

coste medio de la reparación de las averías más frecuentes. Así, para un tipo de

equipo o instalación, el coste de su mantenimiento correctivo durante un año

podría estimarse de la siguiente manera:

Coste Mto Correctivo = Tasa Fallos * Coste Avería * Nº de Equipos

De manera descriptiva, se muestra a continuación un cuadro en el que se

describen cuales son las averías más frecuentes de los elementos que componen

las redes de distribución así como las tasas de fallo habituales de los mismos:

Tipo de Elemento Averías Comunes Tasa de Fallos

Línea Aérea AT y MT• Sustitución de vano y las

cadenas de aisladores 0,1 / km y año

Línea Aérea BT• Caída de árbol sobre la línea• Cambio apoyo• Desprendimiento de fachada

0,2 a 0,4 / km y año

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Línea Subterránea MT • Falta Aislamiento de una fase 0,1 / km y año

Línea Subterránea BT • Falta Aislamiento de una fase 0,4 / km y año

Centros de

Transformación

Para caseta e intemperie:• Fallo de Máquina 0,01 / CT y año

Subestaciones

No hay averías tipo, pero se estimaque el mantenimiento correctivo decada actuación en un ST es delorden del 10% del coste delmantenimiento preventivo de lamisma.

0,005 / ST y año

La conclusión del mantenimiento correctivo es similar a la del preventivo, depende

de las unidades de inmovilizado, aunque no estrictamente de su valor, ya que

como se ha visto el coste de averías para líneas de idéntica tensión o de centros

de transformación es casi idéntico independientemente de su potencia.

También en este caso, el coste del mantenimiento correctivo es gestionable y

depende linealmente del inmovilizado físico real, y que éste puede diferir del

derivado de los modelos de red de referencia o de algún otro método que

determine el inmovilizado "prudentemente invertido".

4.2 Costes de operación

Se entiende por operación de las redes eléctricas a aquellas actuaciones

encaminadas a monitorizar, explotar y reponer el servicio en las redes de

distribución de energía eléctrica, manteniendo los valores de los parámetros de

tensión y frecuencia dentro de los márgenes tolerables de funcionamiento.

Dichas actuaciones se llevan a cabo desde los despachos de maniobra o centros

de control, que son aquellos centros desde los que se controla, monitoriza, y

gestionan los recursos tanto humanos como de equipos de control, con el objeto

de prestar el mejor servicio posible. En los despachos y centros de control son de

especial relevancia las herramientas informáticas usadas para planificar y ejecutar

operaciones, que facilitan información sobre los incidentes en curso (programado

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o imprevisto), avisos de averías, inventario físico de red y equipos humanos

disponibles para solucionar las anomalías de red.

Apoyando al personal de operación de los despachos están las brigadas de

operación de red, que son aquellos equipos humanos distribuidos

geográficamente cuyo cometido es realizar las maniobras de red (descargos,

localización de averías, etc.) necesarias para garantizar la continuidad del

suministro. Suelen estar formadas por unidades móviles en permanente

comunicación con el despacho de operación.

Por ello, hay que distinguir principalmente dos conceptos de coste diferentes en

los costes de operación: el coste de los despachos de maniobra y centros de

control y el coste de las brigadas de operación:

1. El coste de los despachos de maniobra tiene dos partes claramente

diferenciadas, por una parte el coste de equipos informáticos, software y

sistemas de comunicaciones, el cual se puede considerar como un coste

puramente de inversión, y el coste salarial del personal que lo opera.

Para tener una idea aproximada del coste de ambos, la inversión necesaria

para el establecimiento de un despacho de maniobra de ámbito regional es del

orden de 25 millones de euros y el coste de un centro de control zonal es de

unos 5 millones de euros. Por otra parte, dado que se necesitan al menos 3

puestos que cubrir las 24 horas del día, ello obliga a disponer de una plantilla

de 14 técnicos de operación, cuyo coste salarial unitario podría ascender a

unos 50.000 euros año.

Como el coste de la inversión necesaria podría considerarse dentro del

capítulo de los costes de inversión, con la particularidad de que su vida útil es

mucho más corta que la del resto de activos de distribución (suele considerarse

unos 14 años), básicamente el coste de operación relativo a los despachos y

los centros de control puede considerarse como gastos de personal.

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2. Con respecto al coste de las brigadas de operación, el número necesario de

éstas depende fundamentalmente de cuatro parámetros:

a) El área de influencia

b) La velocidad de desplazamiento

c) La dispersión del mercado

d) Número de incidencias en baja tensión

Estos parámetros determinan el número de brigadas necesarias, las cuales

para atender a turnos a su zona de influencia necesitan al menos 10 o 12

personas, entre los turnos y retenes. Un parámetro que refleja bien el número

de brigadas necesarias es el número de clientes en baja tensión, ya que éste

es proporcional al número de incidencias y afecta notoriamente a la longitud de

la red en dicho nivel de tensión.

En definitiva, los costes de operación son gestionables, y dependen del

inmovilizado físico real aunque su dependencia sea tan clara como en el caso de

los costes de mantenimiento. Dichos costes afectan a los costes de operación, ya

que hay una relación inversa entre ellos, a mayor gasto en mantenimiento mayor

fiabilidad por lo que los gastos de operación disminuyen. Y viceversa, si se

descuida el mantenimiento los costes de operación aumentan.

4.3 Costes de los servicios técnicos

Existen una serie de servicios técnicos necesarios para la explotación de las redes

de distribución, los cuales suelen estar centralizados en sus respectivos

departamentos de las empresas distribuidoras y prestan sus servicios en todo el

ámbito geográfico de las zonas de distribución de cada empresa. Los principales

servicios técnicos son:

• Asistencia Técnica a Clientes

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• Calidad de Onda

• Protecciones

• Normalización

• Planificación de redes

• Estudios Especiales de red

• Aplicaciones de Explotación

• Gestión de Energía

Básicamente el coste de los mismos consiste en gastos de personal y de las

herramientas informáticas necesarias de apoyo que se requiere. Son costes

claramente controlables por las empresas, de eso no hay duda, ya que en la

práctica los servicios técnicos suelen estar agrupados en una serie de

departamentos dentro del organigrama de las empresas, aunque existe mucha

variedad en las empresas sobre las funciones y tamaño de los mismos.

Algunos de ellos, están sujetos además a economías de escala, ya que por

ejemplo el personal necesario para un departamento de gestión de energía o de

normalización es prácticamente independiente del tamaño de la empresa

distribuidora de la que se trate.

En otros casos de funciones puramente técnicas como por ejemplo los estudios de

red o de planificación, el tamaño óptimo de las mismas no es fácil de saber, si es

que se puede conocer realmente. Así, si dos empresas de igual tamaño dedican

diferente número de personas a estas funciones, ello no implica que la alguna esté

cometiendo ineficiencias (tanto por exceso como por defecto), simplemente puede

ocurrir que los responsables de las mismas pueden tener diferente percepción

sobre la importancia de distintas funciones dentro de su negocio.

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Funciones como la asistencia técnica a clientes o de control de calidad de onda

pueden depender generalmente del número de clientes o del tamaño de la red

(medido como volumen de inmovilizado), aunque recordando los matices descritos

en el párrafo anterior sobre distintas estrategias empresariales en la practica la

realidad no tiene porqué ser así.

4.4 Costes de gestión comercial

También es obligación de las empresas distribuidoras según la Ley 54/97 del

Sector Eléctrico [BOE,1997a] el realizar la comercialización de los clientes que

permanecen a tarifa integral y realizar la facturación de las tarifas de acceso a

aquellos clientes que hubieran ejercido su condición de cualificados. Esta función

se suele conocer habitualmente con el nombre de “gestión comercial” y

básicamente consiste en leer, facturar, cobrar a los clientes, así como asesorarles

y atender sus reclamaciones.

Dado de que actualmente existe una partida específica para esta actividad en la

tarifa eléctrica que aprueba el gobierno cada año, el coste reconocido de dicha

función no está incluido en la retribución de la distribución objeto de estudio en

esta tesis, por lo que sus costes no se tendrán en cuenta al tener su tratamiento

específico independiente.

4.5 Costes de estructura

Existen una serie de costes necesarios para poder desarrollar el negocio de

distribución denominados costes de estructura, los cuales se pueden desglosar a

su vez en costes de infraestructura y costes de administración.

Los costes de administración engloban principalmente todos aquellos conceptos

de coste asociados a procesos de administración, gestión, control, y

representación. Podrían citarse entre otros:

• Administración de Personal

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67

• Planificación y Control de Gestión

• Relaciones Externas con Organismos Oficiales

• Regulación de distribución

• Seguros Médicos, Mutuas y otros beneficios sociales

• Centro de Documentación

• Management Fee

Los costes de infraestructura son los derivados de las necesidades materiales de

el desarrollo en el día a día de la actividad, pudiéndose citar entre otros:

• Oficinas y Agencias

• Almacenes de materiales, Laboratorios y Talleres

• Sistemas y Aplicaciones Informáticas

• Gestión Medioambiental

• Flota de vehículos

• Telecomunicaciones y Correo

• Seguridad

Al igual que los costes de servicios técnicos los costes de estructura son costes

controlables, y en algunos casos están sujetos a economías de escala. Dependen

de alguna manera del "volumen de la empresa", especialmente los costes de

infraestructura, los cuales podrían considerarse dependientes del inmovilizado

físico real.

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5. OTROS COSTES

Se describen a continuación una serie de costes que deben hacer frente las

empresas distribuidoras y que no encajarían dentro de la clasificación de costes

de explotación vistos en el capítulo anterior.

5.1 Tributos

Los tributos a los que deben hacer frente las empresas de distribución engloban

un conjunto de impuestos municipales como la tasa municipal, el impuesto sobre

bienes inmuebles (IBI), las cuotas de las cámaras de comercio, el impuesto de

actividades económicas y otras tasas de índole local. De todos, es la tasa

municipal la que supone la cuantía más elevada con mucha diferencia respecto a

las demás.

La tasa municipal es un tributo al que tienen que hacer frente las empresas

distribuidoras y se corresponde con el precio público como consideración a las

contraprestaciones pecuniarias satisfechas por la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público local constituido en el suelo,

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

La cuantía de los precios públicos por prestación de servicios o realización de

actividades está fijada según la Ley 39/1998 de Haciendas Locales [BOE,1998b]

en el uno y medio por ciento (1,5%) de los ingresos brutos procedentes de la

facturación que obtengan anualmente las empresas en cada término municipal. La

facturación a considerar es la debida tanto a las tarifa integrales como a las tarifas

de acceso, incluyendo además el importe por el alquiler de los equipos de medida.

Aunque parezca una cuantía muy pequeña no lo es tanto, ya si por ejemplo la

facturación bruta por tarifas de acceso e integrales en España en el 2002 alcanza

la cifra de 12.000 millones de euros, el 1,5% de dicha cantidad asciende a 180

millones de euros. Si se tiene en cuenta que la retribución global de la distribución

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en España en 2002 fue de 2.702 M€, la tasa municipal representa de media un

coste equivalente a casi el 7% de la retribución de las empresas distribuidoras.

Respecto al IBI, la cuantía del mismo es proporcional al valor catastral de todos

los terrenos, fincas, solares y edificios de las empresas distribuidoras, variando el

coste unitario del mismo según el municipio considerado.

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se rige también según la ley 39/88

de Haciendas Locales y su pago se desglosa en una cuota provincial y otra

nacional, en función de parámetros del tipo de: número de centros de

transformación, energía distribuida, etc.

En resumen, los tributos suponen un coste a las empresas distribuidoras en

España equivalente al 8% de su retribución, el cual no es controlable bajo ningún

concepto, ya que obedecen a la legislación tributaria vigente. Por lo tanto, debe

ser reconocido a las empresas distribuidoras como tal a la hora de calcular su

retribución.

5.2 Impuestos

Como se ha visto en el apartado 2.2.1, los impuestos son un coste que afecta

directamente al flujo libre de fondos de las empresas distribuidoras. Tal es así, que

pueden llegar a ser un elemento crucial que puede decidir la viabilidad o no de un

proyecto de inversión, ya que representan entre un 30% y un 35% del beneficio

antes de impuestos.

Los impuestos son un coste de naturaleza no controlable que grava a las

empresas y que debe considerarse a la hora de calcular su retribución. A modo de

ejemplo ilustrativo de la magnitud de este concepto de coste, siendo la tasa

impositiva habitual en España del 35%, se da la circunstancia que de cada 2 € de

beneficio neto obtenido, se ha destinado previamente 1 € como pago tributario

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Ya que los impuestos que las empresas han de pagar son un coste prudente, que

por tanto debe ser remunerado. Existen básicamente dos formas de considerarlos

en la fórmula de remuneración, equivalentes en términos de ingresos permitidos:

a) Explícitamente, incorporando un término específico a la fórmula de

remuneración. En este caso, la tasa de retribución del capital ha de representar

una rentabilidad después de impuestos

b) Implícitamente, sin incorporar un término específico en la fórmula de

remuneración, pero con la tasa de retribución del capital representando una

rentabilidad antes de impuestos.

Ambas son equivalentes económicamente, por lo que debieran obtener los

mismos resultados, por lo que quizás, la razón para decantarse por una de ellas

sea la simplicidad de su aplicación.

Por ello, es más sencillo tener la tasa impositiva internalizada en el WACC que

obligar al regulador a examinar la cuenta de resultados y tener que reproducir el

cálculo del pago impositivo, el cual no tiene porqué ser tan sencillo como en un

principio se podría pensarse, ya que puede haber partidas contables como

ingresos extraordinarios, plusvalías, subvenciones u otros conceptos que afecten

al cálculo del mismo.

5.3 Obligaciones regulatorias

La liberalización del sector eléctrico iniciada en 1998 ha supuesto una nueva serie

de costes para las empresas distribuidoras, los cuales son motivados por las

mayores exigencias de información e intercambios de la misma entre los agentes

del sector que implica la apertura de los mercados. A fecha actual, ni siquiera

están claramente definidas aún las nuevas exigencias a las empresas

distribuidoras, pero en vista de la legislación aprobada y según se desprende de

los borradores de la que está en trámites de aprobación, dichas obligaciones

podrían resumirse en los siguientes conceptos:

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a) Instalación de un concentrador secundario y sus equipos de

comunicaciones asociados para gestionar, almacenar e intercambiar

medidas eléctricas entre los agentes.

b) Implantar sistemas informáticos para la administración contratos, gestión

de los cambios de comercializador y atención de reclamaciones.

c) Desarrollar las herramientas necesarias para el cálculo de las curvas de

carga de clientes y aplicación de perfiles de carga a los consumidores sin

contador horario.

d) Creación y gestión de un registro de puntos de suministro, en el que se

almacene la información mínima requerida de los clientes conectados a las

redes de cada distribuidor.

Los costes o gastos que generan las obligaciones anteriores podrían fácilmente

desglosarse entre costes de inversión y explotación para pasar a formar parte de

los apartados vistos en capítulos anteriores. Si no se ha hecho es el porque

todavía éstos no está completamente definidos ni son definitivos, ni hay garantía

aún de que los mismos se consoliden como costes inherentes de la actividad de

distribución, ya que el éxito de la liberalización del sector eléctrico está aún por

demostrarse.

Por ello y transitoriamente, se han clasificado estos costes en un capítulo aparte y

específico, dándoles la categoría provisional de costes no controlables, ya que a

día de hoy las empresas distribuidoras son meras hacedoras en este campo de los

requisitos y exigencias que les imponen los organismos reguladores y los

Operadores del Mercado y del Sistema.

5.4 Pérdidas de energía

El coste anual de las pérdidas de energía en las redes eléctricas en España

asciende a una cantidad del orden de 720 millones de €. Esta cifra se obtiene

valorando las pérdidas de energía que ascienden a unos 20.000 GWh a un precio

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medio de producción de 3,60 c€/kWh. Esta cifra incluye el coste de las pérdidas de

transporte y distribución, y se calcula de forma simple como diferencia entre la

energía vertida por los generadores en barras de central y la energía medida en

contador de cliente final, y representa aproximadamente el 10% de la energía

producida en nuestro país.

Respecto a las redes de distribución en su conjunto, podría establecerse que el

porcentaje de pérdidas de las mismas se situaría entorno a un 8-9% de la energía

circulada por las mismas, variando este porcentaje en algunas zonas de

distribución debido a particularidades de las mismas (tipo de red, factor de cargas,

etc.). Esto indica, que el coste de las pérdidas en las redes de distribución es

cuantitativamente elevado, aunque como veremos a continuación, no por ello

significa que sea un coste determinante en las cuentas de resultados de las

empresas distribuidoras.

Según se establece en el RD 2017/97 de Liquidaciones [BOE,1997b], las

empresas distribuidoras de electricidad están sujetas a un mecanismo de gestión

de pérdidas que fomenta la reducción de las mismas. Básicamente consiste en

definir unas pérdidas estándares que son reconocidas económicamente a las

distribuidoras, y según sean éstas respecto a las pérdidas de distribución reales,

las empresas distribuidoras ganan o pierden dinero en la gestión de las mismas.

En cualquiera de los dos casos, el incentivo a la reducción de pérdidas es grande,

ya que las empresas siempre ganarán (o dejaran de perder) el coste de las

pérdidas técnicas o administrativas que consigan aminorar.

Por este motivo, dado que existe un mecanismo de gestión de pérdidas asociado

al proceso de liquidación de costes de las actividades reguladas al margen de la

retribución de la distribución, no se analizará dicho concepto de coste en esta

tesis, a pesar de que representa un coste muy elevado que es sufragado por todos

los consumidores.

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5.5 Penalizaciones por calidad de servicio

El Real Decreto 1955/2000 [BOE,2000a] establece en su título V acerca de la

calidad de servicio que se exigirán unos requisitos mínimos a las empresas

distribuidoras en cuanto a continuidad de suministro tanto a nivel individual como a

nivel zonal.

De estas exigencias se pueden derivar descuentos en la facturación de los

clientes cuya continuidad de suministro haya sido inferior a unos límites fijados

tanto en número como duración de interrupciones durante cada año natural.

También se exige a las empresas distribuidoras que cumplan unos requisitos

mínimos de continuidad de suministro en el ámbito zonal, traducido en que el

TIEPI12 provincial de cada tipo de zona de distribución (urbana, semiurbana, rural

concentrada y rural dispersa) deba ser inferior al establecido reglamentariamente.

En caso contrario, las empresas distribuidoras deberán sufragar a su costa unos

planes de inversiones enfocados a la mejora de la calidad en las zonas de calidad

deficiente.

Suponiendo que se parte de la base de que el nivel de retribución de las

distribuidoras está acorde al nivel de calidad de servicio exigido tanto a nivel de

clientes individuales como de las zonas de distribución, las penalizaciones por

mala calidad no se debieran considerar como costes incurridos prudentemente, ya

que son debidas a un incumplimiento de unos índices implícitos en la retribución

de las empresas. Las penalizaciones por mala calidad pueden considerarse a la

hora de calcular la prima de riesgo al estimar los costes de inversión y al estimar

los costes de explotación permitidos.

Dichas penalizaciones por mala calidad, deben ser un acicate para que los

distribuidores que presten una calidad deficiente inviertan en instalaciones que

12 Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada.

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mejoren la misma, por lo que no se tendrá en cuenta este concepto de coste en el

estudio de esta tesis.

5.6 Equipos de medida

Otra tarea de las empresas distribuidoras es la gestión de los equipos de medida

de los clientes, consistente en instalar, precintar, mantener y verificar los equipos

de medida que la empresa distribuidora cede en régimen de alquiler a los

clientes13.

Debido a que por este servicio la empresa distribuidora cobra a los clientes unos

precios regulados que ya recogen todos sus costes incurridos, y que no forman

parte de los costes reconocidos a la actividad de distribución, ni están sujetos al

procedimiento de liquidaciones establecido en el RD 2017/97 [BOE,1997b],

tampoco se tendrán en cuenta en este estudio.

13 Legalmente la obligación de alquilar equipos únicamente abarca a la baja tensión, pudiendo en

todos los casos el cliente adquirir uno propio, pudiendo contratar su mantenimiento.

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6. SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

A continuación se van a repasar algunos de los métodos de remuneración

existentes para la distribución, indicando sus ventajas e inconvenientes.

6.1 Remuneración por "Coste del Servicio"

Se denominan así a los métodos cuyo objetivo es remunerar a las compañías por

sus costes reales en la prestación del servicio más una tasa de retorno razonable

por las inversiones que han incurrido. Su retribución de podría reflejar

esquemáticamente de la siguiente forma:

Remuneración = Gastos + Tasa * Inversiones

Cada año la empresa y el ente regulador negociarían las cuantías que conforman

las partidas anteriores en base a la información contable auditada, así como el

valor de la tasa de retorno.

Este método tiene las siguientes ventajas:

1. La evolución de las tarifas se mantiene estable y controlada año a año por

el regulador.

2. Proporciona seguridad y estabilidad en términos financieros a las

empresas.

Y los siguientes inconvenientes:

1. Se incentiva la inversión en exceso en instalaciones innecesarias cuando la

tasa de retorno es elevada

2. No hay incentivos a la reducción de costes

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6.2 Remuneración por "Costes Estándares"

Esta metodología se aplicaba en España hasta 1997 para las instalaciones de

tensión de funcionamiento superior a 36 kV según el Marco Legal Estable y se

aplica en la actualidad para las instalaciones de la red de transporte. Consiste

básicamente en considerar las instalaciones individualmente y asignarles

anualmente unos costes estándares por inversión y otros por explotación.

Obviamente dichas cantidades dependían del tipo de activo (línea, posición,

transformador, etc.) y de su tensión.

Los costes estándares suelen evolucionar con un factor del tipo (1+IPC-X) donde

X es un factor de productividad cuyo fin es reflejar las ganancias de eficiencia del

sector eléctrico respecto a las del resto de la economía. (Podría aplicarse en este

caso, el segundo objetivo de este factor visto en el apartado 1.3 referido a

exigencias adicionales del regulador en caso de que considerase que los costes

estándares fuesen elevados, pero en la práctica nunca se lleva a cabo).

Este método tenía las siguientes ventajas:

1. Permite conocer a priori la retribución de un activo, y por lo tanto su

rentabilidad.

2. La aplicación del mismo es sencilla e inmediata.

Y los siguientes inconvenientes:

1. Se incentiva la inversión en exceso, especialmente de los activos más

rentables

2. No hay incentivos a la reducción de costes

3. No es fácil determinar la cuantía justa de los costes estándares

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6.3 Remuneración por "Incentivos"

Se denominan así a los métodos consistentes en desacoplar durante un periodo la

trayectoria de ingresos y costes con objeto de incentivar la reducción estos

últimos. Durante cada periodo regulatorio (de unos 4 ó 5 años generalmente) se

establece una fórmula de limitación de precios o ingresos mediante la cual el

prestador del servicio cobra su retribución reconocida, incurriendo en sus costes

reales de prestación de servicio, por lo que toda ganancia de eficiencia obtenida

representará un beneficio para el mismo.

Transcurrido dicho periodo, el regulador establece un nuevo nivel de ingresos y el

mecanismo de su evolución futura a partir de la información de costes de las

empresas, lo que permite que parte de la eficiencia obtenida en la reducción de

costes se pueda traspasar al consumidor mediante una reducción de la retribución

de la actividad, como se ve en el siguiente gráfico:

Como se en el gráfico, la empresa durante el periodo 1 tiene un claro incentivo a la

reducción de costes, ya que mientras dure dicho periodo, ganará anualmente la

Periodo 2Periodo 1

Retribución

Costes Empresa

Ganancia Consumidor

Retención Beneficios

B

A

C

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diferencia entre ingresos y costes. El punto culminante de este incentivo se

produce durante el último año del periodo 1, en el que la empresa gana la

diferencia entre ingresos (punto C) y costes (punto A).

Transcurrido el periodo 1, el regulador en vista de lo acaecido vuelve a establecer

un nuevo nivel de ingresos (punto B) y su evolución durante el periodo 2. La razón

de que el nuevo nivel retributivo se establezca en B y no en A (costes tras el final

del periodo 1) estriba en que es justo que el prestador del servicio consolide parte

de la eficiencia obtenida. De no ser así, podría verse tentado a “descuidar” sus

costes en los últimos años del periodo regulatorio con objeto de que su retribución

no se reduzca en exceso.

Además, siempre ha de permitirse un cierto beneficio a las empresas prestadoras

de servicios, ya que nadie tiene interés en serle retribuido únicamente por sus

costes reales. Supóngase sino, el caso ideal en el que el nivel de costes A fuese el

óptimo alcanzable técnicamente, entonces, si la retribución se fijase en ese nivel,

la empresa no tendría beneficios en dicho punto, por lo que perdería el interés

empresarial por desarrollar su actividad.

Los consumidores obtienen una bajada del coste del servicio (del punto C al B) por

lo que se ven beneficiados, ya que sus tarifas probablemente se abaraten para

reflejar tal hecho.

Existen dos esquemas básicos dentro de la regulación por incentivos, que son el

de limitación de ingresos (“revenue cap”) y el de limitación de precios (“price cap”).

El método de limitación de ingresos establece mediante una fórmula la retribución

máxima en cada año del periodo, en función generalmente del IPC, de algún factor

que refleje los inductores de costes (demanda de energía, clientes, etc.) y del

factor de productividad X. Es el sistema vigente en España tal y como se vio en el

capítulo 1, aunque también está vigente en otros países como Australia y

Noruega.

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El método de limitación de precios consiste en establecer mediante una fórmula el

ingreso unitario que percibirá la empresa distribuidora cada año. Normalmente

suelen aplicarse fórmulas que del tipo:

rni = rn i-1 * (1 + IPC - X)

Donde rni y rn i-1 son los ingresos unitarios permitidos para la empresa i en los años

n y n-1 respectivamente y X el factor de productividad. Este esquema es utilizado

por el regulador en Inglaterra, Gales y Brasil.

En ambas variantes de la remuneración por incentivos (revenue cap y price cap)

interviene un factor del tipo (1+IPC-X) que actualiza la retribución global o el

ingreso unitario según el caso, siendo X el factor de eficiencia o de productividad.

Para calcular dicho factor, el regulador estima los costes de la empresa en el

periodo regulatorio incluyendo unas mejoras de eficiencia que considere

razonables (tanto genéricas como adicionales si es el caso14) obteniendo el valor

de X que hace que el beneficio (o rentabilidad) de la empresa en dicho periodo

sea el adecuado. Para ello, estima los costes previstos (incluyendo un beneficio

adecuado, claro está) y la senda de ingresos de la empresa en el periodo, y

calcula el valor de X que hace que el valor actual neto de los mismos coincida.

En definitiva, el regulador estima la cuenta de resultados de la empresa durante un

periodo y le permite un beneficio razonable, incentivando a la empresa a que

reduzca sus costes más allá de un nivel de eficiencia fijado a priori.

Las ventajas de la remuneración por incentivos son las siguientes:

1. Se produce una mejora de la eficiencia por el ahorro de costes de las

compañías, de la cual se beneficia el consumidor.

2. Facilita el control del regulador.

14 Véase el apartado 1.3 sobre los objetivos del factor de productividad X.

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En cambio tiene los siguientes inconvenientes:

1. El proceso de revisión y negociación entre periodos regulatorios es

costoso.

2. Existe una tendencia a degradar la calidad de suministro, si no se

introducen incentivos especiales.

3. Ámbito de costes para su aplicación pequeño, ya que la eficiencia en

costes sólo debería afectar a los costes gestionables.

4. No asegura el desarrollo óptimo de la red.

6.4 Remuneración por "Benchmarking"

El método retributivo de benchmarking (o también llamado de yardstick

competition) está basado en establecer la retribución o ingresos permitidos de las

empresas distribuidoras en base a los resultados de comparaciones realizadas

entre un grupo amplio de empresas, tras el cual se obtienen los costes eficientes

necesarios para cada distribuidora.

Tiene las siguientes ventajas:

1. Da incentivos a la reducción de costes dado que la retribución establecida

para una empresa no depende sus costes sino de las del grupo.

2. Se apoya en técnicas estadísticas

3. Sirve en sectores incipientes

Y los siguientes inconvenientes:

1. Necesita una muestra amplia de empresas homogéneas para que sus

resultados sean fiables.

2. No detecta las ineficiencias comunes a todas las empresas.

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3. Se basa en costes, no en la realidad física de la actividad de distribución.

4. Como las distribuidoras son difícilmente comparables los reguladores tienen

propensión a realizar benchmarkings parciales de cada uno de los aspectos

obteniendo empresas “ideales” conformadas por suma de las medias de los

distintos aspectos. La realidad es que la media de las sumas (las

empresas) es muy distinta de la suma de las medias.

Su aplicación es común en Estados Unidos.

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7. MÉTODO DE RETRIBUCIÓN PROPUESTO

A modo de conclusión y tras lo visto en capítulos anteriores, en los cuales se han

identificado los costes de la actividad de distribución y se han analizado los

sistemas de retribución existentes, se está en condiciones de proponer una

metodología de retribución de la distribución que sustituya a la actualmente

vigente en España, tal y como se describe a continuación.

7.1 Elección de metodología

7.1.1 Aspectos generales

Recordando lo visto en el capítulo 2 sobre los objetivos de la regulación, estos se

pueden resumir en las dos siguientes ideas que han de servir como criterio a la

hora de elegir el método de retribución propuesto:

a) Hay que remunerar a las empresas por sus costes "prudentemente" incurridos

tanto en inversión como en la explotación de sus negocios de manera que las

empresas obtengan una rentabilidad adecuada, orientándolas al desarrollo óptimo

de la red.

b) Deben existir mecanismos de eficiencia que fomenten el ahorro de costes de

manera que se beneficien tanto los consumidores como las empresas prestadoras

del servicio.

Por lo tanto, habría que descartar los métodos de retribución vistos en el capítulo

anterior denominados "Coste del Servicio" y "Costes Estándares" ya que ambos

no cumplen ninguno de los dos objetivos anteriores, ya que como se vio, no

retribuyen las inversiones prudentes sino que fomentan la inversión en exceso y

no tienen mecanismos que incentiven la reducción de costes.

El método de "Benchmarking" fomentaba parcialmente la reducción de costes por

debajo de la media de las empresas, pero aparte de sus dificultades de aplicación

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para el caso español en el que el número de empresas distribuidoras es de cinco,

ni detecta las ineficiencias comunes ni orienta a las empresas hacia los costes que

debieran ser los prudentemente incurridos.

Por último y como se vio en el capítulo 6 el método de "Remuneración por

incentivos" cumple con la segunda de las premisas anteriores, la del incentivo a la

reducción de costes, pero no cumple la primera, ya que no da señales para el

desarrollo de la red óptima basada en costes prudentes. En este método el

regulador estimaba los costes de la empresa en el periodo regulatorio incluyendo

unas mejoras de eficiencia que consideraba razonables y calculaba el valor de X

tal que el valor actual neto de los costes e ingresos coincidiese.

Realmente al calcular el factor X de esta manera se desvirtúa su significado

original transformándose en la práctica en un factor matemático que linealiza la

evolución de ingresos totales de la empresa una vez que se establece la senda de

evolución de los mismos. Por ejemplo, supóngase que el regulador estima que los

costes de inversión y los no controlables se mantienen constantes para el periodo

regulatorio y exige a los costes de explotación una reducción anual de un 10%;

entonces, si se calcula X tal que la retribución global evolucione según el (1+IPC-

X) y se mantenga el equilibrio entre costes e ingresos, el factor X obtenido sería

por ejemplo del 5%. En este caso el 5% tendría un mero significado matemático,

es decir, es el valor tal que se igualan los costes e ingresos permitidos, pero no

refleja la exigencia de eficiencia, que es del 10% en los costes de explotación.

Otra consecuencia derivada del cálculo del factor X de esta manera sería que el

valor obtenido para cada empresa sería distinto, y a pesar de que implícitamente

las exigencias de eficiencia para todas las empresas fuesen las mismas (por

ejemplo reducir costes de explotación en un 10% anual), resultaría incomprensible

que su retribución evolucionase de forma diferente.

Por ello, se considera más oportuno aplicar únicamente el factor (1+IPC-X) a los

costes gestionables, que son los únicos a los que se puede exigir eficiencia, y no

preocuparse por intentar linealizar una evolución de costes e ingresos permitidos

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que puede derivar en confundir a los agentes y usuarios sobre cómo evolucionan

los costes del sector. Por pura coherencia, el factor de productividad no debería

abarcar a los costes no controlables y los costes de inversión. Estos últimos no

son controlables una vez que se decide invertir en una instalación determinada, ya

que como se vio en el capítulo 3 constan de una remuneración financiera y de una

amortización cuya senda está establecida.

Además, habría que dotar al método de "Remuneración por incentivos" de las

herramientas necesarias que orienten el desarrollo de red hacia la red óptima y

que permitan al regulador evaluar los costes de inversión incurridos por las

empresas para ver si son "prudentes" o no. Estas herramientas pueden ser la

contabilidad regulatoria y el modelo de cobertura o de red de referencia, las cuales

se tratarán con mayor detalle en el sub-apartado siguiente.

En el caso de los costes no gestionables (diferentes a los costes de inversión) que

como se vio en el capítulo 5 básicamente consisten en tributos y los costes

derivados de las obligaciones regulatorias, no es necesario buscar herramientas

para su tratamiento dada su naturaleza, por lo que simplemente han de tenerse en

cuenta como un coste real a incluir en la retribución reconocida.

En definitiva, se propone como método retributivo para el caso de España un

sistema de remuneración por incentivos con tratamiento particular de cada tipo de

coste, sin proceder al final a linealizar la evolución de la retribución y aplicando el

factor de productividad únicamente a los costes gestionables. Dicho sistema se

aplicaría por periodos regulatorios de 4 ó 5 años de duración (el primer periodo

podría durar menos), durante los cuales se establecerá la senda de evolución de

ingresos de la actividad.

En este tipo de métodos, es de vital importancia definir el punto de partida, la

evolución anual y la revisión al final del periodo regulatorio, los cuales se

abordarán en los sucesivos apartados de este capítulo.

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El sistema propuesto será individual para cada empresa, lo que supone una

diferencia respecto al método vigente hoy en día, según el cual únicamente se

establece el monto total de la retribución del sector y posteriormente se hace un

reparto del mismo de forma no muy rigurosa. El establecimiento de una fórmula

individualizada de retribución, tiene las siguientes ventajas:

a) Evita la realización de un reparto posterior, como se hace actualmente

en España, lo que ahorra posibles enfrentamientos entre las empresas,

generalmente propiciados porque alguna empresa considere que sus

costes han aumentado más que los del resto de compañías y eso ha de

traducirse en un incremento de la cuota de reparto de la retribución

global.

b) Usando idénticos inductores de coste, asigna a cada empresa el valor

que le corresponde de cada uno de ellos. Así por ejemplo, en lugar de

usar un crecimiento de demanda global que podría reflejar el crecimiento

medio de la misma, según la fórmula propuesta se usará un crecimiento

de demanda individualizado, que refleje exacta y justamente el

crecimiento de cada empresa. De esta forma no se coartaría el

crecimiento de las empresas tal y como se deriva del uso de un

crecimiento medio, ya que en tal caso, ninguna aspiraría a crecer más

que la media y no obtener retribución por ello.

7.1.2 Papel del regulador

En la metodología de remuneración por incentivos el regulador juega un papel

fundamental ya que su participación en todas las fases de la misma es muy activa,

a diferencia del sistema actual, que reduce la intervención del organismo regulador

a la mínima expresión.

Su papel consistirá en analizar la información presentada por las empresas y ver

su coherencia y justificación, con el fin de validarla o no según corresponda. Este

aspecto es crucial, dado que debe ser el regulador quien autorice o desautorice

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los costes incurridos en función de unos criterios establecidos, de cuyo

cumplimiento él es garante. Para que no se produzcan situaciones de

discrecionalidad, los principios que adopte el regulador deben ser tales que

aseguren que no se tomarán medidas arbitrarias, serán transparentes y los

conozcan todos los agentes involucrados.

Respecto a las inversiones, el regulador debe ser exigente y riguroso, analizar a

fondo los planes de inversión y los costes declarados como prudentes por las

empresas, y rechazar aquellos cuya justificación sea dudosa, con el fin último de

búsqueda de la eficiencia.

El regulador ha de disponer de dos herramientas que serán muy útiles para

controlar, comparar y validar las actuaciones de las empresas distribuidoras: la

contabilidad regulatoria y un modelo de cobertura o de red de referencia.

La contabilidad regulatoria consiste en establecer un sistema contable común,

homogéneo y transparente para las distribuidoras, que permita al regulador y a la

Administración poder clasificar, comparar y analizar los costes efectivos del

desarrollo de la actividad de distribución. Posibilitará la unificación de criterios y

prácticas contables, y permitirá que las comparaciones y análisis efectuados entre

los datos de las empresas sean plenamente factibles. Asimismo, permitirá que el

regulador o la Administración pueda tener en última instancia una visión certera de

los estados financieros de las empresas, evitando prácticas contables que

pudieran enmascarar los mismos.

La contabilidad regulatoria será de útil aplicación en cada revisión del modelo

entre periodos, y su ámbito abarcará todos los costes descritos en los capítulos

anteriores: costes de inversión, costes de explotación y los costes no gestionables.

La otra herramienta a considerar es la utilización de un modelo de cobertura o de

red de referencia, que será a la postre una herramienta valiosa que permitirá al

regulador poder tener modelada de la mejor forma posible la realidad física de las

redes de distribución con todas sus complejidades.

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Ha de tenerse en cuenta que estos modelos proporcionan la red óptima, ideal o de

referencia la cual es inalcanzable en el desarrollo de la actividad, por lo que es

fundamental que el regulador defina qué grado de aproximación a la misma va a

exigir a las distribuidoras, es decir, en cuánto considera que la red "prudente" ha

de aproximarse a la teórica. A modo de ejemplo, el regulador podría establecer

como red "prudente" aquella cuyo inmovilizado es hasta un 15% mayor que el

inmovilizado ideal o de referencia.

El uso del modelo de cobertura podrá ser muy útil para el cálculo del inmovilizado

bruto de referencia (IBR), que podrá ser de gran ayuda para calcular tanto

inmovilizados globales "prudentes" como para estimar los incrementos de

inmovilizado "prudente" que debiera haber entre el momento inicial y final de un

periodo regulatorio. También puede aplicarse para el cálculo de los costes

"prudentes" de operación y mantenimiento, realizando el ajuste correspondiente a

partir de los costes de operación y mantenimiento ideales o teóricos.

Además, se vio en el capítulo 3 que los modelos de referencia también son

herramientas muy aptas para el reparto entre empresas tanto de cantidades de

inmovilizado (tanto bruto como neto), como de partidas de retribución que

dependan del inmovilizado físico: retribución de inversión, operación y

mantenimiento.

Debido a que actualmente su tiempo de ejecución y recopilación de información de

entrada para los mismos es grande, en principio únicamente será una herramienta

que usará el regulador en el punto de partida y al final de cada periodo regulatorio.

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7.1.3 Retribución del capital

La retribución del capital es un asunto complejo y delicado que debe ser tratado

con rigurosidad, ya que recordando lo visto en el punto 2.3.2, las consecuencias

de cometer errores en la definición de los costes invertidos prudentemente puede

acarrear consecuencias negativas, tanto para las empresas como para los

consumidores.

Por ello, no se puede abordar mediante la aplicación de fórmulas sencillas sino

que se debe enfocar al cálculo y evolución del RAB (o stock de capital), que

representa el capital prudentemente invertido que debe ser justamente retribuido.

La retribución anual del capital se ha de calcular a partir del RAB y ha de constar

de dos términos: uno de retribución del capital invertido fruto de aplicar una tasa

de rentabilidad al RAB y otro término de amortización que refleje la depreciación

de los activos prudentes. Por consiguiente, es fundamental definir correctamente

tanto la tasa de retribución del capital como la base regulatoria de activos (RAB)

sobre la que se aplica ésta.

El RAB o stock de capital a retribuir, ha de representar de la mejor forma posible

los costes de inversión "prudentemente" incurridos que no han sido amortizados

aún, por lo que será una cantidad viva que se actualizará anualmente, sujeta a

incrementos derivados de las inversiones reconocidas y reducciones debido a la

amortización del mismo.

Obviamente para implementar esta metodología de retribución en España hay que

definir un RABo inicial que sirva de punto de partida para la retribución del capital.

Como se verá en el apartado 7.2 se trata de un problema complejo y crucial, ya

que hay diversas formas de hacerlo y sus consecuencias pueden afectar los

intereses de algunas empresas, lo que dificulta enormemente el proceso.

Como se vio en la fórmula (7) del punto 3.2.4, el RAB de un año se actualiza

anualmente restándole las amortizaciones y sumándole las inversiones

reconocidas del año anterior. Las amortizaciones son fácilmente calculables, ya

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que dependen de las inversiones y de la vida útil considerada de los activos, pero

en cambio la definición de las inversiones reconocidas requiere sin duda la

intervención del regulador.

Los tres tipos de inversiones existentes (apartado 3.1): por crecimiento del

mercado, por reposición de instalaciones y por inversiones de mejora, han de

tener un tratamiento diferente a la hora de establecer si han sido o no

prudentemente incurridas:

a) Las inversiones por crecimiento de mercado han de validarse mediante

el uso del modelo de cobertura, ya que con éste se puede obtener la

diferencia de inmovilizado de referencia entre dos escenarios diferentes.

Dada la operatividad actual de los modelos de referencia, esto

únicamente se realizará al final de cada periodo regulatorio, por lo que

habrá que buscar un artificio que cubra los años de dicho periodo. La

solución propuesta se basa en simular la evolución del inmovilizado

bruto de referencia al inicio del periodo (IBRo) con el crecimiento de la

demanda y el factor real de economía de escala. Además, se ha de

recordar que las inversiones validadas como "prudentes" pueden ser

dentro de un margen a establecer por el regulador, superiores a las

inversiones óptimas o de referencia. Para recabar cuales han sido las

inversiones incurridas realmente habrá que utilizar la contabilidad

regulatoria.

b) Las inversiones por reposición únicamente pueden validarse mediante el

uso de la contabilidad regulatoria, ya que es imposible modelar algo tan

complejo y aleatorio como es la vida útil de los elementos. Una forma de

hacerlo sería que las empresas presentasen el conjunto de elementos

repuestos y su coste, y el regulador los aceptaría si tras analizar dicha

información no encontrara ineficiencias ni el volumen total de dicha

partida fuese a su juicio excesivamente elevado.

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c) Las inversiones de mejora no tendrían que ser reconocidas como

prudentes ya que o bien se justifican solas (ahorro de pérdidas o

penalizaciones) o son debidas a situaciones irregulares (mala calidad de

servicio). Por ello, en caso de que el regulador detectase alguna de

éstas no la debería contabilizar como un incremento de RAB. Es

previsible que las empresas distribuidoras intentarían enmascarar este

tipo de inversiones en los tipos a) y b), por lo que al regulador no le

quedaría más remedio que analizar con detalle las inversiones

sospechosas de ser "de mejora" y en caso de que encuentre alguna no

reconocerla o hacerlo parcialmente en el grado que considere oportuno.

De esta forma cada año se actualizaría el RAB, sumando inversiones reconocidas

y restando amortizaciones. Al final del periodo regulatorio, el regulador procede a

validar definitivamente su incremento durante el mismo (∆ RABPER i ). Una vez que

el que regulador valida y acepta como prudentes unas inversiones, en ese

momento y por pura coherencia metodológica, pasan a ser un capital

prudentemente invertido que debe tener su rentabilidad garantizada. El revisar la

cifra global de RAB al final de cada periodo introduciría inestabilidad y riesgo en

una actividad que aparentemente no tendría que tenerlos, pudiendo introducir

arbitrariedades en el proceso.

Respecto a la tasa de retribución, se considera oportuno usar como referencia

retributiva el WACC, que representa en la práctica el coste de capital, incluyendo

tanto el coste de la deuda (recursos ajenos) como el coste de los recursos propios

(refleja el compromiso de pago a los accionistas de la sociedad). Hay que destacar

que el WACC de cada año será el mismo para todas las empresas,

independientemente de su tamaño o de su estructura de pasivo.

Es probable que las empresas de distribución "pequeñas" tengan un coste de

capital mayor que el de las grandes debido simplemente a una mayor dificultad de

acceso a las fuentes de financiación (valores poco líquidos que por tanto exigen

una prima, costes de intermediación proporcionalmente mayores, sin volumen

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necesario para acceder a ciertos tipos de productos financieros, etc). Pero sería

difícilmente justificable desde el punto de vista regulatorio el reconocimiento de

unos costes de capital mayores para estas empresas debido a una falta de escala.

Por tanto, el hecho de reconocer un único coste de capital para todas las

empresas estaría en línea con el principio de reconocimiento de coste "prudente",

ya que no existe motivo para que los consumidores finales paguen una tarifa más

elevada simplemente porque existen operadores que desean mantener un nivel de

escala inadecuado para el acceso a fuentes de financiación, lo que ratifica una vez

más la condición de actividad sujeta a características de economía de escala.

Otra ventaja derivada del uso de un WACC común, estriba en que se incentiva a

que las empresas disminuyan sus costes financieros, de forma que aquellos que

logren reducirlos respecto al coste de la deuda implícito en el WACC se beneficien

de ello y viceversa. Tal circunstancia no se daría en caso de establecer costes de

capital individualizados por empresas.

Por último y recordando lo visto en el apartado 5.2, es más sencillo tener la tasa

impositiva internalizada en el WACC que obligar al regulador a examinar la cuenta

de resultados y tener que reproducir el cálculo del pago impositivo, por lo que ésta

debe formar parte de la metodología que establezca el regulador para la fijación

de este parámetro.

7.1.4 Retribución por explotación

Se ha visto en el capítulo 4 que los costes de operación y mantenimiento son unos

costes gestionables por las empresas que dependen linealmente del inmovilizado

físico; concretamente son proporcionales a la longitud de las líneas, al número de

centros de transformación y al número de subestaciones.

Por otro lado, también los costes de servicios técnicos y los costes de estructura

son costes controlables, que en algunos casos están sujetos a economías de

escala y su determinación objetiva no es nada fácil, aunque se intuye que

dependen de alguna manera del "volumen de la empresa", especialmente los

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costes de infraestructura, los cuales podrían considerarse como dependientes del

inmovilizado físico real. A pesar de que buscar sus inductores de coste no es tarea

fácil, sí que se podrían clasificar según su origen sea debido al inmovilizado

(costes de inversión) o la explotación (costes de operación y mantenimiento), o a

ambos. Por ejemplo:

a) Los costes de planificación, normalización o estudios de red son

claramente debidos a la existencia de activos, por lo que su coste debiera

formar parte de ellos, en calidad de TREI (Trabajo Realizado En

Inmovilizado), es decir, dichos costes son en la práctica costes de inversión.

Equivaldría a imputar a los activos una serie de costes que han sido

necesarios para llegar a invertir en ellos.

b) Los costes de protecciones, vehículos, almacenes, gestión de energía,

etc. son claramente gastos derivados de la operación y mantenimiento, por

lo que debieran computarse como tal.

c) Otros muchos costes son originados tanto por los activos como por su

explotación, como por ejemplo: administración, comunicaciones, servicios

médicos, etc, por lo que estas partidas habrán de dividirse de alguna

manera lógica entre costes de inversión y costes de explotación.

Por ello se propone que el regulador mediante la contabilidad regulatoria, divida

los costes de estructura y servicios técnicos entre costes de inversión y costes de

explotación propiamente dichos, con el criterio que crea más conveniente, el cual

será único para todas las empresas, algo que se garantizará con la contabilidad

regulatoria. Una vez repartidos los costes, se les aplicará lo establecido para cada

caso: los costes imputados como inversión formarán parte del RAB y los

imputados como costes de explotación estarán sujetos a lo dispuesto para los

mismos.

Visto entonces que los costes de explotación son básicamente los de operación,

mantenimiento y una parte de los de estructura y servicios técnicos, se propone

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que se retribuyan de la siguiente forma para cumplir los dos objetivos de

regulación establecidos en el punto 7.1.1:

1) Con el modelo de red de referencia se obtienen los costes de referencia de

operación y mantenimiento de cada empresa, de forma que dicho cálculo incluya

implícitamente todas las particularidades de cada una de ellas (tipo de zonas,

mercado, economías de escala, etc.).

2) El regulador a partir de dichos resultados y teniendo en cuenta:

a) Que hay una parte de los costes de estructura y servicios técnicos que

realmente son costes de explotación y deben ser imputados como tal.

b) Su exigencia de aproximación entre la "red prudente" y la red de

referencia.

c) Que debe existir una "prima" o beneficio por gestión que mantenga vivo

el interés de las empresas por realizar la explotación.

d) El análisis mediante la contabilidad regulatoria de los ingresos y costes

de explotación de periodos anteriores.

establece con criterios ecuánimes y no discriminatorios el volumen de costes de

explotación "prudentes" de cada empresa. Por ejemplo, podría llegar a la

conclusión que una retribución por explotación "prudente" podría obtenerse como

suma del incremento de los costes operación y mantenimiento "de referencia" en

un 15% más los costes de estructura y servicios técnicos imputados del ejercicio

anterior.

3) Estos "costes prudentes" se dividen entre la demanda de energía prevista de

cada empresa en el primer año del periodo, dando como resultado el ingreso

unitario permitido por explotación para cada empresa.

4) Este ingreso unitario evolucionará durante el periodo regulatorio en función del

factor (1+IPC-X), donde el factor de eficiencia X reflejará las ganancias de

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eficiencia genéricas y adicionales exigidas durante dicho periodo. Lógicamente, el

factor X será común a todas las empresas distribuidoras, ya que la exigencias de

mejora deben ser iguales para todos.

5) Al final del periodo y mediante la contabilidad regulatoria se analizan los

resultados obtenidos, teniéndose en cuenta éstos para la próxima vez que

establezca la retribución "prudente" y para establecer un nuevo factor X. Una

manera posible de hacerlo es comparar para el conjunto de empresas la

retribución total por explotación con los costes reales, para ver la ganancia media

de las empresas al desarrollar estas funciones.

Este sistema propuesto, hace que una vez establecida la senda del ingreso

unitario permitido para cada empresa, las mismas tengan como acicate la

reducción de costes de explotación durante el periodo regulatorio, ya que podrán

ganar la diferencia entre sus ingresos permitidos y sus costes reales. La eficiencia

obtenida durante el periodo regulatorio se repartirá en parte entre los

consumidores (mediante una bajada el coste del servicio) y las empresas

(permitiendo a éstas beneficiarse de eficiencias logradas).

7.1.5 Retribución de los costes no gestionables

Dado que los impuestos se internalizan en la tasa de retribución del capital,

quedan como costes no gestionables por las empresas y que deben ser

reconocidos a las mismas por su importe real, los tributos y las obligaciones

derivadas de la introducción de la competencia en 2003. La mejor forma de

hacerlo es establecer una previsión anual de los mismos, la cual se ajustará en

base a los costes realmente incurridos en la retribución del año siguiente.

7.1.6 Ajustes anuales

Debe existir un término que permita actualizar la retribución de las empresas en

caso de que los valores de los parámetros previstos a la hora de calcular su

retribución difieran de los reales. Así, este término de ajuste corregirá cuando se

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disponga de valores definitivos, las desviaciones producidas en el cálculo de la

retribución de la distribución por desviaciones en el IPC, el crecimiento de la

demanda, el WACC y otros parámetros que se prevean.

7.2 Punto de partida

7.2.1 Premisas previas

Todo cambio de sistema retributivo es complejo y difícil, a pesar de que con el

mismo y a juicio de sus promotores, se persiga la mejora de la eficiencia, la

rentabilidad de las empresas y la defensa de los intereses de los consumidores.

Todas las partes implicadas quieren intervenir y defender de forma legítima sus

intereses: consumidores, regulador, empresas, Administración y otros agentes

implicados.

Ello implica que el proceso de cambio deba ser transparente y democrático, de

manera que si la iniciativa la lleva el regulador, éste haga participe de sus

propuestas previas a todos los agentes implicados con el objetivo de recabar

opiniones y puntos de vista, los cuales han de tenerse en cuenta en la medida en

que estén justificados.

La experiencia demuestra que aparte de los debates teóricos sobre aspectos de la

regulación y su aplicación, en la que en ciertas ocasiones ninguna de las partes es

poseedora de la verdad única porque ésta no existe, cobran especial relevancia

las negociaciones entre los agentes, a través de las cuales se acercan posiciones

entre las partes con vistas a obtener un consenso más o menos uniforme.

Por ello, intentar establecer en esta tesis cual será el punto de partida en caso de

que la distribución se rija por la metodología aquí expuesta es prácticamente

imposible. A pesar de ello, en el siguiente apartado se describen algunas

soluciones para arrancar la aplicación de esta metodología.

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7.2.2 Posibles soluciones

Una opción plausible y poco traumática sería la de suponer como punto de partida

la retribución global de las empresas distribuidoras en 2003, repartida según la

metodología vigente, es decir, según la aplicación de la Orden Ministerial del 14 de

junio de 1999 [BOE,1999a].

A partir de aquí habría que dividir la retribución inicial de cada empresa (Roi) en los

tres conceptos de retribución vistos anteriormente:

Curiosamente, la partida más sencilla de establecer en este reparto sería la de los

costes no gestionables (OBLGoi), ya que podría obtenerse a partir de los datos

contables de las empresas en 2002 y realizar la mejor estimación posible para

2003. Queda pues el resto de la retribución de 2003 a repartir entre la retribución

del capital y la de explotación, de tal manera que si se establece una la otra se

obtendría por diferencia. Este hecho complica aún más las cosas, dado que hay

que decidir qué partida hay que definir primero y cual se obtiene por diferencia.

Alternativas para el cálculo de la retribución inicial por inversión (CAPoi)

Intentar calcular la retribución inicial por inversión o capital (CAPoi) equivale a

calcular el valor inicial del RAB de cada empresa (RABoi), ya que la retribución del

Retribución 2003

de la empresa i

(Roi)

Retribución inicialno gestionables

(OBLGoi)

Retribución inicialExplotación

(OPEXoi)

Retribución inicial

Capital (CAPoi)

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capital se obtiene aplicando a éste una tasa de rentabilidad determinada (WACC).

Este tema ya se abordó en el capítulo 3 en el que se sugirieron varios métodos

para ello:

1. Contabilidad: Es un método rápido pero con muchos inconvenientes al no estar

vigente una contabilidad regulatoria rigurosa, por lo que no es fiable para

calcular el RAB inicial.

2. Modelos explicativos: Sirven para calcular el inmovilizado bruto a partir del cual

habría que estimar el RAB (inmovilizado neto), pero no tienen en cuenta la

realidad física de la distribución, por lo que no son aconsejables si existen

mejores herramientas sustitutivas como los modelos de cobertura.

3. Modelos de red de referencia: Son herramientas válidas tanto para calcular el

inmovilizado bruto de referencia (IBR) como para repartir el RAB inicial si éste

se calcula de forma global por otro método. A partir del inmovilizado bruto de

referencia, habría que calcular el inmovilizado bruto "prudente"15 y a partir de

éste último el RAB inicial. Una forma de hacerlo sería partir del inmovilizado

bruto de referencia inicial (IBRo) correspondiente a una vida de los activos de

cuarenta años, y suponer una vida útil restante para los activos reales común

para todas las empresas, que permitiría calcular el RABo el cual tendría una

senda de amortización preestablecida durante sus años de vida útil restantes.

4. Método del RAB implícito: Ofrece varias alternativas, las cuales tienen en

común que es necesario definir una vida útil restante del mismo común a las

empresas para proceder a su amortización:

a) Calcular el RABo implícito en la retribución actual del conjunto de empresas

y repartirlo entre las mismas según los porcentajes de reparto obtenidos por

un modelo de red de referencia.

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b) Calcular el RABoi implícito en la retribución actual de cada empresa

c) Si se fija la retribución por explotación (OPEXoi) por diferencia se obtiene el

(CAPoi), por lo que se puede calcular el RABoi implícito de cada empresa.

Alternativas para el cálculo de la retribución inicial por explotación (OPEXoi)

Para el cálculo de la retribución inicial por explotación (OPEXoi) de cada empresa

podrían citarse las siguientes alternativas:

1. Aplicar el método propuesto en el apartado 7.1.4 (sin poder aplicar la

contabilidad regulatoria).

2. Tomar como punto de partida los costes de explotación que aparecen en las

cuentas de resultados de 2002 (no es muy fiable sin contabilidad regulatoria).

3. Obtenerlos como diferencia en caso de que se fije la retribución de inversión de

cada empresa (CAPoi)

Las alternativas anteriores para el cálculo del (CAPoi) y del (OPEXoi) se pueden

combinar, dándoles diferentes pesos con el fin de ajustar la suma de ambos a la

diferencia entre la retribución de inicial de la empresa (Roi) y sus costes no

gestionables (OBLGoi), por lo que en la práctica las variantes existentes son

numerosas.

Incluso se podrían plantear alternativas originales como la de permitir a cada

empresa que sea ella misma la que reparta a su criterio su retribución inicial (Roi)

descontados los (OBLGoi), entre (CAPoi) y (OPEX oi) cumpliendo algún requisito

de reparto, como por ejemplo que ninguna cuantía ascienda a más del 70% del

total o similar. Aunque parezca lo contrario no estaría claro a priori qué estrategia

de reparto convendría a cada empresa en tal caso.

15 Recuérdese que el inmovilizado prudente o real siempre será superior al teórico de referencia

debido a errores de planificación, externalidades, etc.

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7.3 Evolución anual

Suponiendo que el objetivo del apartado anterior está resuelto, y en el año inicial

(año 0) la retribución de cada empresa se descompone en la suma de los tres

términos descritos (OBLGoi, CAPoi y OPEX oi), se propone la siguiente fórmula

para el cálculo de su evolución anual:

Rni = CAPni + OPEXni + OBLGni+ Yni (10)

Donde:

Rni = Retribución total de la empresa i en el año n

CAPni = Retribución por costes de inversión de la empresa i en el año n

OPEXni = Retribución por costes de explotación de la empresa i en el año n

OBLGni = Retribución por costes no gestionables de la empresa i en el año n

Yni = Término de ajuste de la retribución de la empresa i en el año n

A continuación se describen en los sucesivos apartados estos términos con mayor

nivel de detalle.

7.3.1 Término CAPni

Este término refleja la retribución por costes de inversión de la empresa i en el año

n, motivados por su capital invertido neto en el inmovilizado, siendo su expresión

analítica la siguiente:

CAP ni = WACCn * RABni + DEPni (11)

Donde:

WACCn: Tasa de retribución para todas las empresas en el año n

RABni: Base Regulatoria de Activos de la empresa i en el año n

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DEPni: Depreciación de la empresa i en el año n

El término RABni es un término "vivo" que se va actualizando cada año, de la

siguiente manera:

RABni = RABn-1 i - DEPn-1 i + ∆ RABn-1 i

Donde:

RABni = Base Regulatoria de Activos de la empresa i en el año n

RABn-1 i = Base Regulatoria de Activos de la empresa i en el año n-1

DEPn-1 i = Depreciación de la empresa i en el año n-1

∆ RABn-1 i = Incremento anual reconocido del RAB de la empresa i en el año n-1

Como se ve, el valor del RABni reconocido cada año será el del año anterior

(RABn-1 i) minorado con la depreciación del mismo (DEPn-1 i ), y habiéndole sumado

el incremento debido al incremento de actividad (∆ RABn-1 i ). Este último termino

engloba las nuevas inversiones realizadas en el año n-1, que como se vio se

podían clasificar en tres tipos según fueran de crecimiento de mercado, por

reposición o de mejora, siendo únicamente retribuidas las dos primeras. Su

expresión sería:

∆ RABn-1 i = ∆ MERn-1 i + REPn-1 i (12)

Donde

∆ MERn-1 i = Inversiones reconocidas por incremento de mercado de la empresa i

en el año n-1

REPn-1 i = Inversiones reconocidas por reposición de la empresa i en el año n-1

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Este último término (REPn-1 i) representa las inversiones en reposición de la

empresa i en el año n-1 y se puede obtener de forma fiable aunque provisional a

partir de la contabilidad regulatoria.

Para calcular los incrementos anuales de stock de capital debido al crecimiento del

mercado (∆ MERn-1 i) se aproximará éste por el incremento del inmovilizado bruto

de referencia entre los años n-1 y n-2:

∆ MERn-1 i = IBR n-1 i - IBR n-2 i (13)

El inmovilizado bruto de referencia IBR n-2 i se obtiene a partir del inmovilizado

bruto de referencia para la empresa i al inicio del periodo retributivo (IBRoi)

actualizado al año n-2 con el factor de economía de escala y los crecimientos de

demanda reales desde el año 0 hasta el año n-2:

Feia

na

oa

oin DIBRIBR )1(*2

2 ∆+= ∏−=

=

− (14)

Este artificio de ir simulando el IBR con el crecimiento de la demanda y el factor de

economía de escala es necesario mientras la operatividad de los modelos de

cobertura sea limitada. Así, si se ejecuta el modelo en el año 0 y se obtiene el

IBRoi de cada empresa, y en coherencia con la dependencia potencial del

inmovilizado respecto a la demanda reflejada por el factor de economía de escala

vista en el capítulo 3, se puede concluir que la fórmula (14) refleja fielmente el

crecimiento del IBR. Análogamente:

( )Feininin DIBRIBR 121 1* −−− ∆+=

Por lo que

( )[ ]11* 121 −∆+=∆ −−−Fe

ininin DIBRMER (15)

Siendo:

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Fe = Factor de economía de escala obtenido en el apartado 3.2.3 cuyo valor es

aproximadamente 0,7.

∆ Dn-1 i = Incremento de demanda de energía de la empresa i en el año n-1

IBR n-2 i = Inmovilizado bruto de referencia de la empresa i en el año n-2

Ejemplo: Si se está en el año cuarto del periodo (n=4), para calcular el RAB4i es

necesario conocer el incremento de actividad del año 3 (∆ RAB3i) cuya parte

correspondiente a crecimiento de mercado ∆ MER3i se calcula a partir del

crecimiento de demanda en dicho año (∆ D3i ), el factor de economía de escala y el

inmovilizado bruto de referencia del año anterior (n=2) IBR 2 i .

7.3.2 Término OPEXni

Este término representa la retribución por los costes de explotación de la empresa

i en el año n, y su expresión analítica es la siguiente:

OPEXni = rni * Dni

Siendo:

OPEXni = Retribución por explotación en el año n para la empresa i

Dni = Energía distribuida en el año n por la empresa i

rni = Ingreso unitario permitido para la empresa i en el año n, que se obtiene a

partir de:

rni = rn-1 i * (1 + IPCn - X)

Donde:

rn-1i = Ingreso unitario permitido para la empresa i en el año n-1

IPCn = Índice de Precios al Consumo previsto para el año n

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103

X = Factor de productividad o eficiencia para el periodo regulatorio y común a

todas las empresas.

7.3.3 Término OBLGni

Término que representa la retribución por costes no gestionables de la empresa i

en el año n, y consiste en la mejor previsión posible para el año n de los tributos y

las obligaciones regulatorias derivadas de la liberalización 2003.

7.3.4 Término Yni

Término de ajuste de la retribución de la empresa i en el año n fruto de la revisión

del IPC, el WACC, crecimientos de energía, y todos aquellos parámetros o costes

cuya revisión pueda afectar al nivel retributivo de las empresas y existe diferencia

entre el valor previsto y el valor real.

7.4 Revisión al final del periodo

En cada revisión del modelo tras finalizar un periodo regulatorio, se inicia un arduo

trabajo del regulador con el fin de cerrar el mismo en cuanto a retribución se

refiere y poder definir las condiciones de inicio del siguiente periodo. Los objetivos

del mismo son: comparar las previsiones con la realidad, validar y/o desautorizar

costes, ajustar las retribuciones percibidas y establecer el punto de partida del

siguiente periodo.

Respecto a la base regulatoria de activos (RAB), ésta por coherencia no se

establece de nuevo, sino que se procede a validar definitivamente su incremento

durante el periodo pasado (∆ RABPER i ), ya que una vez que el que regulador

valida y acepta como prudentes unas inversiones, en ese momento y por pura

coherencia metodológica, pasan a ser un capital prudentemente invertido que

debe tener su rentabilidad garantizada. El revisar la cifra global de RAB al final de

cada periodo introduciría inestabilidad y riesgo en una actividad que

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aparentemente no tendría que tenerlos, pudiendo introducir arbitrariedades en el

proceso.

Mediante la contabilidad regulatoria se pueden analizar las inversiones realizadas

por la empresa en el periodo regulatorio pasado, tanto las debidas a crecimiento

de mercado como las provocadas por la reposición. Estas últimas se aceptarán si

el regulador estima que su volumen es razonable y si según la contabilidad

regulatoria son las que realmente ha habido y están plenamente justificadas.

Para validar las inversiones de mercado, es necesario el uso del modelo de red de

referencia, el cual se "sustituyó" durante el periodo regulatorio por la aplicación de

las fórmulas (14) y (15), que establecen el incremento de RAB por crecimiento del

mercado basándose en la aplicación del factor de economía de escala, el

crecimiento de la demanda y el inmovilizado bruto de referencia (IBR). Estas

fórmulas han podido introducir errores a pesar de ser una buena aproximación, por

lo que hay que correr el modelo para ajustar posibles diferencias.

Una vez obtenido el incremento de RAB por crecimiento de mercado que da el

modelo de cobertura, habría que aceptar como "prudente" aquel nivel de

inversiones reales de este tipo llevadas a cabo, que no supere al nivel de

inversiones de referencia en más de un determinado porcentaje a fijar por el

regulador.

Respecto a los costes de explotación, el regulador vía la contabilidad regulatoria

podrá analizar y comparar para el conjunto de empresas la retribución total por

explotación con los costes reales, para ver la ganancia media de las empresas al

desarrollar estas funciones. En función de lo razonable o inadecuado que le

parezcan los resultados obtenidos establecerá el ingreso medio para cada

empresa en el año inicial del siguiente periodo regulatorio y el valor del factor de

eficiencia X.

Por ejemplo, si el regulador considera razonables los resultados obtenidos por las

empresas podrá establecer que el ingreso unitario permitido en el primer año del

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siguiente periodo sea igual al del último año del periodo anterior. O si por el

contrario, cree que este debiera crecer o decrecer, podrá aplicar a todas las

empresas una misma corrección al ingreso unitario permitido en último año del

periodo anterior.

El seguimiento de los costes no gestionables se llevará a cabo mediante la

contabilidad regulatoria, y los únicos controles a realizar son el comprobar que los

costes imputados en esta partidas son los reales y que se han de corregir las

previsiones realizadas de los mismos.

Una vez analizadas todas las partidas retributivas al detalle y actualizados los

valores de los parámetros previstos a su valores reales, puede ocurrir que sea

necesario realizar un ajuste "a posteriori" de la retribución de las empresas en los

años pasados del periodo regulatorio. En tal caso y a efectos financieros, se

considerará el WACC de cada año como la tasa monetaria a aplicar para

actualizar dichos importes en el tiempo.

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8. BIBLIOGRAFÍA

[BOE,1997a] Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

[BOE,1997b] Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se

organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes

de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los

costes permanentes del sistema, y de los costes de

diversificación y seguridad de abastecimiento.

[BOE,1997c] Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los

Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.

[BOE,1998a] Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

[BOE,1998b] Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas

Locales.

[BOE,1998c] Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se

regulan las actividades de transporte y distribución de energía

eléctrica.

[BOE,1999a] Orden de 14 de junio de 1999 por la que se establece la

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

[BOE,1999b] Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes

de Liberalización e Incremento de la Competencia.

[BOE,2000a] Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se

regulan las actividades de transporte, distribución,

comercialización, suministro y procedimientos de autorización

de instalaciones de energía eléctrica.

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[BOE,2000b] Real Decreto-Ley 6/2000, de Medidas Urgentes de

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y

Servicios.

[BOE,2001a] Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se

establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y

distribución de energía eléctrica.

[BOE,2001b] Real Decreto 1483/2001, de 27 de diciembre por el que se

establece la tarifa eléctrica para el 2002.

[BOE,2001c] Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se

modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados

artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la

Competencia.

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9. ANEXO

9.1 Tratamiento de resultados del modelo de cobertura

Con objeto de profundizar en el entendimiento de los inductores de coste de los

costes de inversión de red, en este capítulo se van a analizar los resultados del

modelo de red de referencia Bulnes que se obtuvieron en 1998 para el conjunto de

provincias españolas. Se ha decido usar los resultados de dicho modelo a pesar

de que existen versiones más recientes y mejores del mismo debido a que es del

único del que se dispone de información de salida de todas las provincias

españolas.

Debido a que dichos resultados no son públicos sino que únicamente los tienen

las empresas distribuidoras, el MINECO, la asociación de empresas eléctricas

UNESA y la CNE, en este documento de tesis no se presentará ninguna

información que permita asociar las cantidades de inmovilizado fruto de la pasada

de dicho modelo con sus provincias o empresas correspondientes. Por ello, en los

siguientes gráficos en los que se representarán los valores obtenidos por las

diferentes provincias, en ningún caso se mostrará los nombres de las provincias a

las que pertenecen.

Los resultados usados de dicho modelo de red de referencia consisten

básicamente en datos de valor de inmovilizado a coste de reposición para cada

una de las provincias de la península16, desagregados por nivel de tensión

(BT/MT/AT). Para su tratamiento se han dividido por la superficie respectiva de

cada provincia por lo que al final se obtiene el coste de inmovilizado de reposición

por unidad de superficie (MPTA/km²).

16 No se tienen en cuenta las 3 provincias insulares: Tenerife, Las Palmas y Baleares.

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También se han usado en las regresiones datos de consumo provincial de energía

y potencia contratada, obtenidas del informe “Estadística de la Industria de

Energía Eléctrica” del MINECO del año 1997. Además, se han calculado la

densidad de carga provincial, tanto en GWh/km² como MW/km² con vistas a

buscar regresiones de dichos parámetros con los costes unitarios de inmovilizado

de la red de referencia.

Por último se han extraído datos de potencia instalada en media tensión del

informe de calidad de suministro de UNESA de 1999, obteniéndose análogamente

la densidad de potencia instalada por unidad de superficie (MW/km²).

Se han buscado regresiones entre costes unitarios provinciales y carga unitaria

provincial y se han obtenido los gráficos que se muestran en las siguientes hojas y

cuyos resultados fundamentales se resumen en la siguiente hoja.

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Resumen de los resultados de las regresiones de los gráficos

Gráfico Y X R² Lineal R² Potencial

1 Coste BT Energía BT 0,82 0,89

2 Coste MT Energía BT 0,91 0,91

3 Coste MT Energía MT 0,89 0,86

4 Coste MT Energía MT+BT 0,94 0,92

5 Coste MT+BT Energía MT+BT 0,90 0,91

6 Coste AT Energía Total 0,95 0,84

7 Coste Total Energía Total 0,89 0,90

8 Coste BT P Contratada BT 0,85 0,89

9 Coste MT P Contratada BT 0,92 0,92

10 Coste MT P Instalada MT 0,87 0,89

11 Coste AT P Contr. Total 0,92 0,86

12 Coste Total P Contr. Total 0,93 0,94

13 P Contr. Total Energía Total 0,91 0,94

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GRÁFICO 1: COSTE BT / DEMANDA BT

y = 15,75x0,86

R2 = 0,89

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 2: COSTE MT / DEMANDA BT

y = 12,79x0,64

R2 = 0,91

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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G R Á F I C O 3 : C O S T E M T / D E M A N D A M T

y = 15,17x + 1,75

R2 = 0,89

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 4: COSTE MT / DEMANDA BT+MT

y = 6,83x + 1,59

R2 = 0,94

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 5: COSTE MT+BT / DEMANDA BT+MT

y = 18,10x0,70

R2 = 0,91

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 6: COSTE AT / DEMANDA TOTAL

y = 1,40x + 0,58

R2 = 0,95

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 7: COSTE TOTAL / DEMANDA TOTAL

y = 16,24x0,63

R2 = 0,90

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 8: COSTE BT / POTENCIA CONTRATADA BT

y = 12,75x0,92

R2 = 0,89

DENSIDAD DE POTENCIA CONTRATADA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 9: COSTE MT / POTENCIA CONTRATADA BT

y = 10,93x0,69

R2 = 0,92

DENSIDAD DE POTENCIA CONTRATADA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 10: COSTE MT / POTENCIA INSTALADA MT

y = 11,79x0,63

R2 = 0,89

DENSIDAD DE POTENCIA INSTALADA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 11: COSTE AT / POTENCIA CONTRATADA TOTAL

y = 2,01x + 0,55

R2 = 0,92

DENSIDAD DE POTENCIA CONTRATADA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 12: COSTE TOTAL / POTENCIA CONTRATADA TOTAL

y = 21,84x0,74

R2 = 0,94

DENSIDAD DE POTENCIA CONTRATADA

DE

NS

IDA

D D

E C

OS

TE

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GRÁFICO 13: POTENCIA CONTRATADA TOTAL / DEMANDA TOTAL

y = 0,66x0,84

R2 = 0,94

DENSIDAD DE DEMANDA

DE

NS

IDA

D P

OTE

NC

IA C

ON

TRA

TAD

A

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