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UNIVERSIDAD METROPOLITANA FACULTAD DE ESTUDIOS JURIDICOS Y POLITICOS
ESCUELA DE DERECHO
CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA DENUNCIA DEL
ACUERDO DE CARTAGENA
RAFAEL GARCIA MULLER
TUTOR ACADEMICO: ANGELINA JAFFE
CARACAS 25 DE ENERO DE 2008
FACULTAD DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS ESCUELA DE DERECHO TRABAJO FINAL DE DERECHO
Yo, RAFAEL GARCIA MULLER, con número de carnet 2010440, estudiante
de la Escuela de Derecho, solicito ante su Dirección la evaluación del
presente Proyecto de Trabajo Final.
Firma del estudiante __________________
En Caracas, a los 25 días del mes de Enero de 2008.
APROBACIÓN DEL TUTOR
Considero que el Trabajo Final titulado
CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA DENUNCIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA
Elaborado por el Ciudadano
RAFAEL GARCIA MULLER
Para optar al Título de
Abogado
Reúne los requisitos exigidos por la Escuela de Derecho de la Universidad
Metropolitana, y tiene méritos suficientes como para ser sometido a la
presentación y evaluación exhaustiva por parte del jurado examinador que se
designe.
En la ciudad de Caracas, a los ___ días del mes de ___ del año 2008.
____________________
Tutor
ACTA DE VEREDICTO
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quisiera agradecer a Dios por situarme en una
posición tan afortunada en la vida, por haberme brindado a los padres y
familiares quienes siempre me han apoyado en el transcurso de la carrera y
que mediante su sacrificio, me han dado la oportunidad de llegar a culminar
esta etapa de educación superior. Asimismo, a todos los docentes que tuve
en este período de mi vida quienes, se dieron la tarea de guiarme y compartir
sus nociones y conocimientos en el transcurso de los años. A la Profesora
Angelina Jaffe, por aceptar la tarea de ser mi tutora en el desarrollo de este
proyecto así como al Profesor Juan Carlos Sainz Borgo, quien sin su ayuda,
el presente trabajo no hubiera sido posible.
Nosotros, los abajo firmantes, constituidos como jurado examinador, y
reunidos en Caracas el día _______________________, con el propósito de
evaluar el Trabajo Final titulado
CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA DENUNCIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA
Presentado por los ciudadanos:
RAFAEL GARCIA MULLER
Para optar al título de
ABOGADO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Emitimos el siguiente veredicto
Reprobado Aprobado Notable Sobresaliente
Observaciones_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Jurado Jurado Jurado
DERECHO DE AUTOR
Quien suscribe, en condición de autor del trabajo titulado “Vigencia de
las normas de la Comunidad Andina en Venezuela luego de la denuncia del
Tratado”, declaran que: cede a título gratuito, y en forma pura y simple,
ilimitada e irrevocable a la Universidad Metropolitana, los derechos de autor
de contenido patrimonial que nos corresponden sobre el presente trabajo.
Conforme a lo anterior, esta cesión patrimonial sólo corresponderá el
derecho para la Universidad de comunicar públicamente la obra, divulgarla,
publicarla o reproducirla en la oportunidad que ella así lo estime conveniente,
así como, la de salvaguardar nuestros intereses y derechos que nos
corresponden como autores de la obra antes señalada. La Universidad en
todo momento deberá indicar que la autoría o creación del trabajo
corresponde a nuestra persona, salvo los créditos que se deban hacer al
tutor o a cualquier tercero que haya colaborado o fuere hecho posible la
realización de la presente obra.
Autores: ______________________
C.I.: ______________________
En la ciudad de Caracas, a los ___ días del mes ___ del año 2008.
ÍNDICE
RESUMEN.................................................................................................................... 8 INTRODUCCION ...................................................................................................... 11 CAPITULO I............................................................................................................... 13 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA ........................................................................ 13
1.1 Planteamiento Del Problema............................................................................. 13 1.2 DELIMITACIÓN.............................................................................................. 16 1.3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 18 1.4 MARCO METODOLOGICO........................................................................... 19
CAPITULO II ............................................................................................................. 21 DENUNCIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA................................................... 21
2.1 Proceso de denuncia del Acuerdo de Cartagena. .............................................. 22 2.1 Efectos de la Denuncia del Acuerdo de Cartagena. .......................................... 27
CAPITULO III ............................................................................................................ 32 LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA Y SU EFECTO SOBRE EL DERECHO INTERNO VENEZOLANO. .................................................................. 32
3.1 Estructura Normativa de la Comunidad Andina ............................................... 32 3.2 Aplicación Directa y Preferente del Derecho Comunitario frente al Derecho interno. .................................................................................................................... 37 3.3 Artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ... 42
CAPITULO IV............................................................................................................ 46 DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NORMAS COMUNITARIAS EN VENEZUELA. ............................................................................................................ 46
4.1 Normas vigentes de la CAN en Venezuela. ...................................................... 47 4.2 Otros Planteamientos. ....................................................................................... 52
CONCLUSION........................................................................................................... 55 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 57
RESUMEN
El 22 de abril de 2007 Venezuela comunico su intención de denunciar el
Acuerdo de Cartagena a la Comisión de la Comunidad Andina. A partir de
esa fecha, Venezuela dejo de ser parte de la Comunidad Andina,
convirtiéndose así en un tercero frente a esta organización.
De conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Acuerdo de
Cartagena, la denuncia del Acuerdo por parte de uno de los Países
Miembros hace que cesen para el todos los derechos y obligaciones que se
derivaban de su condición como país miembro, con excepción de aquellas
ventajas que hallan sido otorgadas y recibidas en virtud del Programa de
Liberación de la Subregión.
Ahora bien, la denuncia del Acuerdo de Cartagena es un proceso largo
que comprende varias etapas, las cuales todavía no se han cumplido. La
denuncia del Acuerdo de Cartagena todavía se esta negociando por parte de
Venezuela y la CAN a los fines de llegar a un entendimiento sobre aquellas
normas que deben quedar vigentes y las formas para cumplir con ellas.
Una de las consecuencias que a tenido lugar gracias a la denuncia del
Acuerdo de Cartagena es la conformación de Grupos de Trabajo, mediante
los cuales se pretende llegar a un “Acuerdo” o “Protocolo de Salida” para
Venezuela, y los términos bajo los cuales esto se llevara a cabo.
Es importante hacer seguimiento a este proceso a los fines de conocer a
mayor profundidad las consecuencias legales derivadas de la denuncia.
Otra problemática que se plantea con la denuncia del Acuerdo, es que a
partir de esta fecha surge una incertidumbre jurídica en el plano interno legal
venezolano. Desde su ingreso en la CAN Venezuela había infiltrado en su
ordenamiento jurídico una cantidad de normas, emanadas de esta
organización, las cuales regulaban situaciones jurídicas y disciplinas
concretas en materias que le corresponde regular al Estado.
Esas normas que fueron ingresadas al ordenamiento jurídico venezolano
se siguieron aplicando en la mayoría de los casos, sin modificaciones o
excepciones algunas. Sin embargo, alrededor de esta situación se
plantearon una variedad de tesis, sobre la vigencia o no de estas normas, las
cuales dibujan consecuencias opuestas, y que se hace necesario revisar.
El presente trabajo analiza ciertos factores que son necesarios para los
fundamentos de estas teorías y persigue dar una conclusión de los analizas
realizados.
Entre los factores que se analizan se encuentran: i) el principio de
aplicación directa y preferente del derecho comunitario sobre el derecho
interno; y ii) la cesión de competencias que tomo lugar en virtud del artículo
153 de la Constitución de 1999.
En virtud de ello, todas aquellas normas que fueron sancionadas o
dictadas por órganos de la Comunidad Andina se convertían inmediatamente
en normas de derecho interno, formando parte integrante del ordenamiento
jurídico de Venezuela.
Es por ello que las normas de la Comunidad Andina se siguen aplicando,
y se deberían seguir aplicando hasta que no se deroguen o se sancionen
nuevas disposiciones legales.
En Venezuela están vigentes todas las normas de la Comunidad Andina,
y lo seguirán estando, hasta tanto el Estado no se pronuncie al respecto
mediante un acto formal.
INTRODUCCION
La integración económica es un fenómeno que ha estado presente en las
relaciones internacionales desde hace más de seis décadas. La integración
económica pretende fortalecer el comercio y las relaciones entre los Estados,
con el fin primordial de beneficiar a los pueblos.
Una definición clásica referida al tema, según comenta el profesor Juan
Carlos Sainz (1996), expresa lo siguiente:
Nos proponemos definir la integración económica como un proceso y como una situación de las actividades económicas. Considerada como u proceso, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones; vista como una situación de los negocios la integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales. Para interpretar nuestra definición, debemos distinguir netamente entre integración y cooperación; esta diferencia es tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Mientras que la cooperación involucra acciones encaminadas a disminuir la discriminación, el proceso de integración implica medidas encaminadas a suprimir algunas formas de discriminación. (p.11)
Siguiendo este patrón de integración, la región suramericano encamino
varios procesos integracionistas a principio de los años 1950. Siendo uno de
los primeros pasos en los procesos de integración la creación de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) constituido como “el gran centro de
pensamiento económico de la región.” Juan Carlos Sainz (1996, p.13)
Posteriormente, y gracias a la conformación de esta comisión, surgen la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, el
Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960 y el Acuerdo
Subregional Andino en el año 1969.
El Acuerdo Subregional Andino o Comunidad Andina (CAN) como se le
conoce actualmente es uno de los procesos que mas avances ha tenido en
la Subregión Latinoamericana.
Ha sido este proceso el que ha reflejado el mejor avance en la integración
de los Estados Latinoamericanos siendo sus crisis, retrocesos y avances
parte de nuestra historia y cultura.
El presente trabajo pretende estudiar y analizar uno de los últimos
retrocesos que ha sufrido la Comunidad Andina. El retiro de Venezuela de la
CAN.
Este análisis se hará en base a las consecuencias sufridas por Venezuela
en virtud de la denuncia del Acuerdo, así como el estado actual de la causa.
Es decir, cuales han sido las consecuencias jurídicas de la denuncia del
Acuerdo para Venezuela y en que etapa del proceso de denuncia del
Acuerdo se encuentra actualmente.
CAPITULO I
APROXIMACIÓN AL PROBLEMA
1.1 Planteamiento Del Problema
La integración latinoamericana es una idea que ha estado presente ya
desde épocas de la independencia de América Latina. El propio Simón
Bolívar, en la Carta de Jamaica, concebía la idea de la integración:
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vinculo que ligue sus partes entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederarse los diferentes estados que hayan de formarse: mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen la América.
Este proceso de integración económico que tomo lugar en América Latina
estuvo caracterizado por avances y retrocesos que matizaron la esencia
misma de la integración, y mucho o poco logro concretar dentro de las metas
y objetivos planteados.
Uno de estos procesos que mayor avance logró, y sigue logrando
alcanzar en la sub-región de América Latina es la Comunidad Andina (CAN).
La CAN es uno de los procesos de integración más desarrollados y
tradicionales de América Latina, que tienen sus orígenes en el Acuerdo de
Cartagena en el año 1966.
Ahora bien, como todo proceso de integración que ha tomado lugar en
América Latina, este también ha tenido sus avances y retrocesos. Ejemplos
de estos retrocesos los encontramos en hechos tales como el retiro de Chile
de esta organización y mas recientemente la denuncia del tratado por parte
de uno de sus Estados miembros. Venezuela.
Conforme a lo que expresa el Profesor Sainz (2007):
La participación de Venezuela en el proceso de integración andina concluyó el 19 de abril del año 2006, en La Asunción del Paraguay en el medio de una reunión multilateral con los Jefes de Estado de Paraguay, Uruguay y Bolivia, en la cual el Presidente de la República pronosticó el fin de la Comunidad Andina. (p.1)
El 22 de abril de 2006 Venezuela denuncia formalmente este Acuerdo
haciéndole llegar la notificación de su voluntad de retirarse del proceso de
integración a la Comisión de la Comunidad Andina y a partir de ese momento
cesaron para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de
País Miembro.
Ahora bien, todas las obligaciones y derechos que Venezuela tenía por su
calidad de miembro de la CAN cesan desde el momento de la notificación de
la denuncia del tratado, conforme a lo establecido en el artículo 135 del
Acuerdo de Cartagena, con la excepción de aquellos beneficios que hallan
sido otorgados a otros Estados, relacionados con la liberación arancelaria de
la región, los cuales tienen una vigencia de cinco años a partir de la
denuncia.
Este artículo 135 no regula la forma en que se debe denunciar el Acuerdo
ni las consecuencias jurídicas del mismo, salvo establecer que cesan sus
derechos y obligaciones como País Miembro. Sin embargo, la CAN no posee
ningún instrumento jurídico que regule de manera inmediata la salida de un
País Miembro del Acuerdo.
Por lo tanto, y como ha sido puesto en practica por la Comunidad Andina
con la salida de Chile, la denuncia del Acuerdo de Cartagena no finaliza con
la simple notificación de la denuncia del Acuerdo. Es mas bien un proceso
complejo que requiere un mayor estudio.
En este sentido, explica Juan Carlos Sainz (2007), lo siguiente:
En este caso, el Acuerdo de Cartagena prevé expresamente en el artículo 135 la posibilidad de la denuncia. La práctica de la Comunidad Andina en la instrumentación de la misma se ha dado a través de la conformación de una comisión que establezca un “protocolo de salida” o acuerdo que norme las relaciones entre el Estado saliente y el resto de los socios andinos. La denuncia chilena durante el gobierno del General Augusto Pinochet, se ejecutó siguiendo este procedimiento. (p.6)
Es por ello que vale especial interés estudiar el proceso de denuncia que
se ha llevado a cabo por Venezuela y la Comunidad Andina en el presente
caso y cuales serian las consecuencias jurídicas que deberían surgir a partir
de la misma.
Otro de los problemas que se han planteado en la actualidad jurídica con
relación a la denuncia de Venezuela del Acuerdo de Cartagena, es la validez
de las normas secundarias de la Comunidad Andina en el ordenamiento
jurídico venezolano.
Durante la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina se
dictaron una compleja serie de normas que fueron incorporadas al
ordenamiento jurídico interno venezolano, en virtud de la aplicación directa y
preferente del derecho comunitario sobre el derecho interno, y de la cesión
de competencias que dio Venezuela a los órganos de la Comunidad Andina
en virtud del artículo 153 de la Constitución.
Por ello, hoy en día se presentan diferentes tesis sobre la validez de las
normas comunitarias en Venezuela, tema este que es de especial interés en
el desarrollo del presente trabajo.
Tal como expresa la firma de abogados venezolana De Sola, Pate &
Brown (2005), en un artículo de ellos publicado en su pagina web:
En este sentido, cabe destacar que a la fecha existen en Venezuela dos tesis cuyas conclusiones se contradicen entre sí y difieren estructuralmente sobre los efectos que produce el anunciado retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Las tesis en cuestión son las siguientes: 1.- Primera tesis: Quienes propugnan esta tesis, señalan que con la denuncia cesan para Venezuela todos los derechos y las obligaciones derivados de su condición de país miembro de la Comunidad de conformidad con el artículo 135 de la Codificación del Acuerdo de Cartagena Decisión 406. Por lo tanto, de aplicarse esta tesis cesarían todas las Decisiones emanadas de la Comisión con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas con el programa de intercambio de mercancías y preferencias arancelarías para los países de la Subregión. 2.- Mientras que la segunda tesis, la cual ha sido sostenida por nuestro Despacho, señala que las Decisiones emanadas de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se mantienen vigentes en tanto y en cuanto no sean derogadas expresamente por una ley posterior emanada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
El presente trabajo tendrá que resolver sobre todos estos
cuestionamientos, basando sus premisas en estudios normativos y
doctrinarios relevantes al tema.
1.2 Delimitación
A la luz de estos planteamientos, este trabajo pretende estudiar y analizar
dos problemáticas que surgen a raíz de la denuncia del Tratado de la
Comunidad Andina:
i) ¿Cuál es el proceso de denuncia del Acuerdo de Cartagena y cuales son sus consecuencias jurídicas?
Como se explico anteriormente la denuncia de un Tratado es un proceso
mas complejo que como se ha querido demostrar.
La denuncia del Acuerdo de Cartagena no escapa de esta realidad. En la
actualidad Venezuela sigue negociando su salida de la Comunidad Andina y
los acuerdos a los cuales se lleguen mediante estas negociaciones tendrán
una implicación inmediata en aspectos jurídicos nacionales.
Uno de los temas que lleva mayor importancia en los acuerdos a los que
se deba llegar es la solución de controversias por un posible incumplimiento
de las normas de la Comunidad Andina que siguen vigentes para Venezuela,
en virtud del artículo 135 del Acuerdo de Cartagena.
ii) ¿Las normas de la Comunidad Andina seguirán vigentes en Venezuela?.
Como se puede observar del artículo 135 del Acuerdo de Integración
Subregional Andino todos los derechos y obligaciones derivados de la
condición de Miembro se pierden con la denuncia del tratado, con excepción
de aquellas ventajas recibidas y otorgadas en virtud del programa de
liberación arancelaria de la subregión.
Sin embargo, el artículo 153 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela señala que “Las normas que se adopten en el
marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante
del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la
legislación interna.”
Por lo tanto, ¿estará vigente en Venezuela las normas promulgadas por
los órganos de la CAN en el marco de este artículo?. Igualmente, aquellas
normas que hayan sido sancionadas por la Asamblea Nacional, provenientes
del ordenamiento comunitario, se encontrarán vigentes.
1.3 Objetivos Objetivo General.
Analizar desde el punto de vista legal y doctrinario la denuncia del
Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela, sus consecuencias y la
vigencia de la normativa comunitaria en el ordenamiento jurídico interno
venezolano.
Objetivos Específicos.
Entre los objetivos específicos están:
1) Estudiar y analizar conceptualmente la denuncia de los Tratados y en
especial la denuncia del Acuerdo de Cartagena.
2) Estudiar y analizar el alcance y contenido del artículo 153 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3) Analizar y resolver sobre la vigencia de la normas secundarias de la
Comunidad Andina en el ordenamiento jurídico venezolano y los
mecanismos para su desincorporación.
1.4 Marco Metodológico
El presente es un trabajo de investigación documental, donde se
estudiará el problema planteado con el propósito de profundizar los
conocimientos en esta área y llegar a una conclusión a partir del análisis
crítico del problema.
Es Documental, ya que toda la información y conocimiento que se
pretende emplear en la investigación viene dada por una revisión
bibliográfica, apoyado por medios impresos, audiovisuales o electrónicos que
son pertinentes a la misma.
Esta revisión bibliográfica será mayormente normativa y doctrinal.
Normativa porque se analizara el Acuerdo de Cartagena, la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, así como otros textos legales y
doctrinal porque se estudiará y analizará lo que han dicho los autores, tanto
nacionales como internacionales, al respecto.
Igualmente será de carácter jurídico descriptiva pues pretende estudiar y
analizar las el proceso de denuncia del Acuerdo de Cartagena, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de este acto..
En consecuencia, este trabajo de investigación se circunscribe a la
realización de una investigación documental y descriptiva mediante la cual se
pretende estudiar y analizar la denuncia del Acuerdo de Cartagena y sus
consecuencias mediante las fuentes bibliográficas antes descritas y poder
brindar una conclusión a partir del análisis realizado.
CAPITULO II
DENUNCIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA
La denuncia de los Tratados es uno de los temas menos estudiados en el
Derecho Internacional Publico. Juan Carlos Sainz Borgo (2007, p.5). Es poca
la doctrina que se ha dedicado a este tema, y en este sentido son muchas
las interpretaciones y opiniones que pueden surgir a raíz de la denuncia de
un Acuerdo.
Tal como comenta el autor Ian Brownlie (1998):
Un borrador provisional de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, definía al Tratado como: Cualquier Acuerdo Internacional concluido por escrito, bien sea que conste en un instrumento único o en dos o mas instrumentos relacionados y cualquiera sea su designación (tratado, convención, protocolo, estatuto, acto, declaración, cambio de notas, memorandas de entendimiento, o cualquier otra denominación) concluida entre dos o mas Estados u otros sujetos de derecho internacional gobernado por el derecho internacional. (p.608)
Los Tratados constituyen una materia de estudio muy compleja, razón por
la cual en 1969, a petición de la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas, se celebra la Convención de Viena, la cual reguló el
“derecho de los Tratados”. Esta Convención regula los Tratados de manera
muy amplia, siendo la misma una compilación de los usos y costumbres que
aplicaban los Estados en la elaboración de Tratados.
El artículo 2.a de la Convención de Viena define a los Tratados como “un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”
En estos términos el Acuerdo de Cartagena constituye un Tratado, ya que
el mismo fue un Acuerdo suscrito, originalmente, entre Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú mediante un instrumento escrito que establecía
obligaciones y derechos entre los Estados suscriptores.
2.1 Proceso de denuncia del Acuerdo de Cartagena.
En virtud que el Acuerdo de Cartagena es considerado por el Derecho
Internacional como un Tratado su procedimiento para denunciarlo debe
seguir los lineamientos generales para la denuncia de los Tratados.
La denuncia del Tratado es “el procedimiento por el cual un estado
soberano notifica la decisión de no cumplir o dar por terminadas ciertas
obligaciones internacionales”. Juan Carlos Sainz (2007, p.5). La denuncia es
la manifestación unilateral de voluntad de dar por terminadas las
obligaciones que se habían pactado en virtud de un Acuerdo.
Esta denuncia puede estar prevista en el propio Tratado como lo puede
no estar. Ahora bien, comenta Charles Rousseau (1966), que para que:
La denuncia de los tratados tenga valor jurídico, es necesario que se produzca en virtud de una disposición convencional preexistente, pues sin ella la denuncia no seria mas que un procedimiento de hecho susceptible de engendrar la responsabilidad internacional del Estado infractor. (p.61)
En el caso de estudio, el Gobierno Venezolano declaro unilateralmente su
voluntad de dar por terminado el Acuerdo de Cartagena para Venezuela,
basándose en lo establecido en el artículo 135 del Acuerdo, el cual establece
la posibilidad de la denuncia en los siguientes términos:
El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesaran para el los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.
En virtud del artículo 135 del Acuerdo de Cartagena se establece la
posibilidad de denunciar el Tratado, en concordancia con lo establecido por
el artículo 54 de la Convención de Viena, el cual establece:
La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar: a) conforme a las disposiciones del tratado, o b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes.
Es en vista de las propias disposiciones del Acuerdo de Cartagena que la
denuncia del Tratado tiene su efecto y validez.
Sin embargo, dentro del Acuerdo de Cartagena no existe ninguna
previsión legal que desarrolle los parámetros necesarios para llevar a cabo
esta denuncia del Acuerdo, ni cual deberá ser el procedimiento para el
mismo. Únicamente permite la posibilidad de denunciarlo mediante la
comunicación de la voluntad del Estado a la Comisión.
Es importante tomar en consideración que la denuncia de un Tratado es
un proceso y que la simple manifestación unilateral de terminarlo no concluye
en pleno las relaciones u obligaciones del Tratado.
Al respecto comenta el Profesor Juan Carlos Sainz (2007), que:
La denuncia es un acto complejo, que se compone de varias etapas para cumplir su objetivo. Estas etapas las podemos enumerar como:
notificación, aceptación y ejecución de la misma en el contexto del acuerdo a que se refiere y la propia Convención de Viena. (p.8)
Por considerarse normas consuetudinarias de Derecho Internacional
Público, ya que se derivan de la costumbre de los Estados, se debe acudir a
las soluciones que presenta la Convención de Viena que al respecto regula
la denuncia y terminación de los Tratados, así como las consecuencias
jurídicas derivadas de tal acto.
Al respecto comenta Ian Brownlie (1998) lo siguiente:
Las previsiones de la Convención (de Viena) son normalmente observadas como fuente directa: como por ejemplo, en la audiencia oral ante la Corte Internacional de Justicia, en la caso de Namibia. En su opinión legal en el caso la Corte observo: “las reglas establecidas en la Convención de Viena … relativas a la terminación de un Tratado por incumplimiento de una de las partes puede, en muchos casos, ser considerado como una codificación de la costumbre existente en la materia.(p.608)
En tal sentido es de observar que la denuncia del Acuerdo hecha por
Venezuela se debe a una disposición legal contenida en el propio Acuerdo
de Cartagena, estando así en concordancia con el Acuerdo y con la
Convención de Viena.
En la notificación enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el
mismo “...expresó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena de
conformidad con el artículo 135 del referido instrumento.”
Esta comunicación solicitando la denuncia del Acuerdo representa el
primer paso en el proceso de denuncia. Es por ello que la primera etapa para
la denuncia del Acuerdo de la Comunidad Andina fue formalmente
presentada y culminada dándose inicio al resto de los actos que se derivan
de la denuncia.
La segunda etapa de este acto la compone la aceptación. Como se
explicó anteriormente, existe un antecedente muy importante en relación a la
denuncia del Acuerdo de Cartagena, que lo representa el caso chileno.
Cuando Chile denuncio el Acuerdo de Cartagena se formo una comisión
la cual estableció un “Protocolo de Salida” cuyo fin era negociar la situación
bajo las cuales Chile se salía del Acuerdo y proteger aquellos derechos y
obligaciones que quedaban vigentes en virtud de lo establecido en el
Acuerdo de Cartagena.
Ahora bien, esta practica que ha tomado la Comunidad Andina sobre la
formación de Comisiones que desarrollen “Protocolos de Entendimiento” o de
“Salida”, se deriva de la propia Convención de Viena.
Como lo explica Juan Carlos Sainz (2007):
En vista de esta ausencia de normativa expresa, se debe aplicar de manera subsidiaria el artículo 54 de la Convención de Viena, que fija pautas generales para tomar decisiones no previstas expresamente en los siguientes términos: “...por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes. (p.21)
En este sentido, en la actualidad se han llevado a cabo tres rondas de
trabajo para determinar el proceso de salida de Venezuela y llegar a un
Acuerdo que le permita a los Estados proteger aquellos derechos que siguen
vigentes aun luego de la denuncia del Acuerdo así como resolver las
controversias derivadas de los mismos.
La Secretaria General de la Comunidad Andina publico un Documento de
Trabajo titulado “Resumen Aspectos jurídicos Derivados de la Denuncia del
Acuerdo de Cartagena por Parte de Venezuela” (SG, dt. 356) mediante el
cual se establecen los lineamientos que se deberían seguir para dar
cabalidad a la denuncia del Acuerdo en virtud del artículo 135.
De acuerdo a las recomendaciones dadas por la Secretaria General se
debería suscribir un protocolo de “Entendimiento que corrobore y precise los
alcances normativos de la aplicación del artículo 135 del Acuerdo de
Cartagena entre los Países Miembros de la Comunidad Andina y la
República Bolivariana de Venezuela” asi como “suscribir un Protocolo que
contenga un mecanismo de solución de controversias provisional entre los
Países Miembros de la Comunidad Andina y la República Bolivariana de
Venezuela, para solucionar las diferencias que surjan por la interpretación,
aplicación o incumplimiento del Programa de Liberación previsto en los
Capítulos VI y XII del Acuerdo de Cartagena.”
La ejecución es la tercera etapa en el proceso de denuncia del Tratado y
estaría constituida por el desarrollo de los Acuerdos de Entendimiento
logrados entre las partes.
Precisamente bajo las recomendaciones dadas por la Secretaria General
las rondas de negociación han sentado sus bases y gracias a ello se logro
concretar el Acuerdo de Entendimiento el 9 de agosto de 2006.
En dicho Acuerdo los Estados deciden dar plena aplicación a las ventajas
otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación Arancelario y la
creación de un Grupo de Trabajo que se encargue de determinar “las normas
transitorias aplicables al programa de liberación de bienes, en materia de
medidas de salvaguardia, solución de controversias, medidas sanitarias y
fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio (…)” (Decisión 641 de la
Comisión de la Comunidad Andina)
Las rondas de negociación siguen trabajando para dar una solución a los
temas de la denuncia que revisten importancia por permanecer vigentes y
por considerarse beneficioso tanto para Venezuela como para la Comunidad
Andina.
Hasta los momentos las rondas de trabajo han dado resultado, ya que
existe una disposición de trabajar por parte del Gobierno Venezolano y por
parte de la CAN.
En palabras del profesor Sainz (2007):
Estos lineamientos de política internacional de la administración Chávez tienen dos niveles básicos: políticos y económicos. En el primero, parecen señalar la voluntad indeclinable del Presidente de la República de no regresar a la Comunidad Andina en el corto plazo, pero tampoco cerrar de manera definitiva la cooperación con la misma. En el segundo nivel, estas instrucciones aseguran la participación de Venezuela en el proceso andino de integración económica, permitiendo a los empresarios y exportadores aprovechar al mediano plazo un marco normativo estable. (p.34)
2.2 Efectos de la Denuncia del Acuerdo de Cartagena.
El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena establece dos consecuencias
primordiales derivadas de la denuncia del Acuerdo: i) el cese de los derechos
y obligaciones del Estado en su condición de País Miembro, y ii) la
permanencia en vigencia de las ventajas recibidas y otorgadas de
conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión.
i) Cese de los derechos y obligaciones del Estado en su condición de País
Miembro.
A partir de la denuncia del Acuerdo Venezuela paso a ser un tercero en
las relaciones con la Comunidad Andina. Todas las obligaciones y derechos
que mantenía en su condición de País Miembro dejan de surtir efecto y
recupera nuevamente la plena competencia de sus poderes.
Tal como lo expreso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
proceso 25-AI-1999:
En el marco del artículo trascrito, la Republica Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia del Tratado, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del Tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la Integración Andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 trascrito, es decir, el derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho Programa por espacio de cinco años (…) Que conforme a lo anterior, es evidente que, igualmente, desde el momento de la denuncia del Tratado cesa la condición de País Justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano, este no tiene competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el parragafo segundo del artículo 42 del Tratado de Creación del Tribunal. A la Republica Bolivariana de Venezuela, a partir de la fecha en que denunció el Acuerdo Subregional Andino, ya no le alcanza la aplicación de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal ya que no habría mecanismos para imponer el acatamiento del fallo judicial.
En el presente caso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo
que Venezuela no era un País justiciable por los órganos de la CAN,
afirmando que para el mismo se habían extinguido de pleno todas aquellas
obligaciones y derechos que mantenía con la Comunidad Andina, con
excepción de lo establecido en el artículo 135, a partir de la denuncia del
Acuerdo.
Este es uno de los efectos inmediatos de la denuncia del Acuerdo de
Cartagena el cual tiene su origen en virtud del precitado artículo. Si bien no
se desarrollan las formas y procedimientos que se deben llevar a cabo para
la denuncia del Acuerdo, si se establecen estas consecuencias inmediatas
que deben ser tomadas en consideración.
Al haberse denunciado el Acuerdo de Cartagena se deja sin efecto los
vínculos que existían entre este Acuerdo y sus órganos con Venezuela. Por
lo tanto no puede pretenderse que órganos que componen el Acuerdo
afecten de alguna manera las competencias de Venezuela como Estado,
cuyo ejercicio recogió con plenitud, al momento de denunciarse el Acuerdo.
Las “Rondas de Trabajo” representan este hecho. Al haberse denunciado
el Acuerdo y finalizado los vínculos con la Comunidad Andina se debió
buscar un solución alternativa para proteger aquellos derechos que conforme
a la normativa andina seguían vigentes en Venezuela.
Para ello se hacia obligatorio firmar un “Entendimiento” con Venezuela
como tercer Estado, el cual a través de negociaciones se compondría un
documento con fuerza de Tratado el cual debe ser acatado por loe Estados.
ii) Permanencia en vigencia de las ventajas recibidas y otorgadas de
conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión.
El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena establece que la denuncia
finaliza las obligaciones y derechos que se derivan de la condición de País
Miembro “con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de
conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales
permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la
denuncia.”
Como mencionamos anteriormente estas obligaciones que permanecen
vigentes conforme a la normativa andina, son objeto de negociación
mediante el cual se establecerán los términos bajo los cuales se llevara a
cabo este proceso.
La firma del “Entendimiento” y la decisión 461 representan los primero
pasos para asegurar la vigencia de las ventajas recibidas y otorgadas en
virtud del Programa de Liberación de la Subregión.
La misma Convención de Viena, regula las consecuencias derivadas de la
denuncia de los Tratados, y al respecto establece en su artículo 70 que:
1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente Convención: b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación.
Esta es la regla general seguida por el Acuerdo de Cartagena y que se
aplica en la actualidad con la situación venezolana. En estos momentos se
esta llevando a cabo las “Rondas de Trabajo” para buscar una solución al
problema planteado y garantizar el goce de los beneficios obtenidos por la
Liberación Arancelaria de la Subregión.
Determinar cual será el resultado es cuestión de tiempo, ya que hasta
tanto no formalicen un “Protocolo de Salida” las negociaciones a las que
puedan llegar son variadas. Lo importante en todo caso del presente asunto,
es dejar en claro que el proceso de denuncia no ha culminado, y que se debe
hacer un seguimiento al mismo para determinar los resultados que se deriven
del este proceso.
CAPITULO III
LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA Y SU EFECTO SOBRE EL DERECHO INTERNO VENEZOLANO.
Como pudimos observar del capitulo anterior, la denuncia del Acuerdo es
un proceso que comprende varias etapas, las cuales no han culminado hasta
los momentos del presente trabajo y que las consecuencias de ese acto se
verán al momento de firmado el “Protocolo de Salida”.
Sin embargo, otra de las problemáticas que se derivan de la denuncia del
Acuerdo de Cartagena es la vigencia de aquellas normas que en virtud de los
principios integracionistas y del artículo 153 de la Constitución de la
Republica ingresaron al ordenamiento interno venezolano adquiriendo plena
vigencia como norma interna.
Para realizar un debido análisis de este tema, se debe empezar por
determinar cuales son estas normas, y bajo que preceptos las mismas
ingresaron en el ordenamiento interno.
3.1 Estructura Normativa de la Comunidad Andina
Desde el año 1969, muchos han sido los Acuerdos, Convenios y Tratados
que se han firmado en virtud del proceso de integración, bien entre los
miembros de la Comunidad Andina entre sí o entre la Comunidad Andina y
otros bloques políticos o Estados.
Igualmente, dentro de las propias Instituciones de la CAN, se han dictado
numerosas normas y resoluciones con el fin primordial de armonizar las
legislaciones de los Estados miembros de la organización.
Los principales documentos que forman parte de la normativa
comunitaria, y que regulan la actividad entre los miembros de la CAN, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia Andino, son:
a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina;
y e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten
los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de integración Subregional andina.
Ahora bien, de conformidad con la doctrina y con la jurisprudencia, esta
normativa andina se encuentra jerarquizada en “normas primarias” y “normas
derivadas”, según se desprende del mismo artículo 1 del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
Según lo expresado por Felipe Paolillo (1999) c.p. Marcel Tangerife
(2001):
Tal principio de jerarquización se desprende del propio artículo primero del Tratado de Creación de este Tribunal, del cual es fácil deducir una relación de subordinación entre el “derecho originario” constituido por el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos Adicionales y el Tratado del Tribunal, frente al “derecho derivado” contenido en las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta. (p.159)
En tal sentido expone una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que:
De esta enumeración, y aunque la norma no lo diga en forma explícita, puede deducirse que dicho ordenamiento está integrado por normas “primarias”, “institucionales”, “constitucionales”, “básicas” u “originarias”, que se encuentran plasmadas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado del Tribunal de Justicia, con sus respectivos protocolos modificatorios. Las otras normas, que emergen de lo órganos comunitarios –Comisión, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y antigua Junta, hoy Secretaría General- constituyen el denominado “derecho derivado” o “secundario” , en virtud de la propia competencia de regulación que ha sido conferida por el Tratado marco del Acuerdo de Cartagena. Tanto las unas como las otras, tienen como características comunes que prevalecen sobre el derecho interno de cada uno de los Países Miembros (principio de preeminencia) y son de aplicación directa en los mismos, según se desprende de la doctrina jurisprudencial de este Organismo y del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal. (1-AN-97)
La clasificación de las normas de la Comunidad Andina tienen vital
importancia para el desarrollo del presente trabajo, ya que, mas adelante se
deberá hacer una distinción entre estas normas y determinar la vigencia de
ellas dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
Asimismo podemos observar conforme a la jurisprudencia citada que la
clasificación de las normas de la Comunidad Andina tiene su base de
conformidad con la fuente de donde emanan las mismas: i) Tratados o
Convenios suscritos por cada uno de los Estados Miembros; y ii) Decisiones
o Resoluciones que emanan de las Instituciones de la Comunidad Andina.
Entre el primer grupo de normas se sitúan aquellas que la jurisprudencia
ha denominado “derecho originario”, que estaría conformado por el Acuerdo
de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y los demás Acuerdos y Tratados firmados y ratificados
por los Estados. En el segundo grupo de normas se sitúan aquellas
consideradas por la jurisprudencia como “derecho derivado” constituido por
las decisiones de la Comisión y las resoluciones de la Secretaría General de
la CAN.
Por lo tanto, las normas consideradas como “primarias”, “institucionales” u
“originarias” son aquellas que desarrollan y crean los órganos de la CAN y
las que le confieren competencia a estos mismos órganos.
Es en virtud de las normas de “derecho originario” que los órganos de la
Comunidad Andina tiene la potestad de actuar en la esfera de las
competencias que les fue conferida. Es decir, son ellas las que regulan la
competencia de cada una de las instituciones, dándoles potestad para actuar
en el marco del Acuerdo de la CAN.
En fin, el bloque de normas de la Comunidad Andina, y el que más nos
interesa para el presente trabajo, son aquellas que emanan de las
instituciones de la organización. Aquellas clasificadas como de “derecho
derivado”; ya que las otras normas reflejan la voluntad directa de los
Estados, pues son elaborados y ratificados por estos.
El “derecho originario” de la Comunidad Andina, está compuesto por un
conjunto de normas que se encuentran plasmadas en Tratados y Convenios,
elaborados por los Estados miembros y ratificadas por estos. Sin embrago,
de la misma manera como estas normas originarias han sido elaboradas por
los Estados, existen mecanismos para denunciar estos tratados, y quitarles
validez dentro del Estado denunciante, tal como fue analizado en al capitulo
anterior.
Ahora bien, aquellas normas que provienen del llamado “derecho
derivado”; que tienen validez gracias al “derecho originario”; ya que es éste
quien otorga la competencia para que se creen este conjunto de normas,
tienen igual validez dentro del derecho interno de los Estados; y se presenta
un gran conflicto; y es que a diferencia de las normas de “derecho originario”
que se pueden desvincular de los Estados con la denuncia del Acuerdo de
Cartagena; las normas de “derecho derivado” se encuentran consagradas en
el ordenamiento interno de los Estados. Bien por que han sido sancionadas y
ratificadas por los órganos deliberantes de los Estados a través de
mecanismos tales como leyes aprobatorias; o bien por que se les ha dado
carácter supranacional, mediante las constituciones de cada uno de ellos.
Recordemos que los órganos de la Comunidad Andina tienen la potestad
de dictar normas porque los Estados han cedido competencia a estos
órganos para que regulen ciertas materias. Es en virtud de esta cesión de
competencias que se ha hecho a través de las normas de “derecho
originario” que los órganos de la CAN tienen potestad para actuar.
Este “derecho derivado” de la Comunidad Andina, se encuentra plasmado
en el Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se le atribuyen competencias
normativas a los Órganos antes citados, a saber:
1) Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante el
artículo 16, y el 17 que establece que el mencionado Consejo se exprese “…
mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Estas última
forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.; 2) La
Comisión, mediante los artículos 22 y 25, en el cual se establece que “La
Comisión expresara su voluntad mediante Decisiones” y que tendrá dentro
de sus atribuciones “considerar normas para hacer posible la coordinación de
los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de los
Países Miembros”.; y 3) La Secretaría General, la cual tiene ciertas
competencias normativas, en virtud del artículo 30, las cuales se expresan
mediante resoluciones.
La problemática del presente trabajo se sitúa precisamente en la validez
legal que tendrán estas normas de “derecho derivado” dentro del
ordenamiento interno del Estado Venezolano.
Sin embargo, para que estas normas tengan efecto en los ordenamientos
jurídicos de los Estados se deben dar varias condiciones. La primera de ellas
es los procesos integracionistas prevean el principio de aplicación directa y
preferente del derecho comunitario sobre el derecho interno, y la segunda de
ellas es que la Constitución permita la permeabilidad de las normas en el
ordenamiento jurídico.
3.2 Aplicación Directa y Preferente del Derecho Comunitario frente al Derecho interno.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
dispone en su artículo 2 que: “Las decisiones obligan a los países miembros
desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Relaciones
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.”; y en su artículo 3,
que:
Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que la misma señale una fecha posterior.
Según lo expresan algunos autores
Al aplicarse el derecho de la integración en el territorio de los Estados, se
plantean problemas acerca del modo de incorporación de las normas
comunitarias en el derecho interno de los Estados. Estos actos son resultado
de la aplicación de procedimientos no convencionales de creación normativa
y se basan en las competencias y poderes conferidos por los tratados
constitutivos de los ordenamientos de integración. Jorge Luis Suárez (2005,
p. 126)
Es por ello que en el caso de la Comunidad Andina, se dispone que las
Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, las
Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General son
“directamente aplicables desde la fecha de su publicación”.
La aplicación directa y preferente del derecho comunitario sobre el
derecho interno, es un principio del Derecho Comunitario que persigue dar
mayor importancia a las competencias de las instituciones de integración,
dotándolas de autonomía y gozando de una característica muy discutida hoy
en día, conocida como supranacionalidad.
En fin, lo que se persigue mediante la consagración de principios como la
aplicación directa y preferente del derecho comunitario, es vincular más a los
Estados Miembros al proceso de integración, dotando de mayores poderes y
autonomía a los órganos de integración limitando la voluntad de los Estados
a un fin mayor. La Comunidad.
Ahora bien, con respecto a este principio podemos afirmar que las
Decisiones tomadas por la Comisión de la Comunidad Andina y las
Resoluciones tomadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, se aplican directamente en los ordenamientos internos de los
Estados, sin previa necesidad de una ley aprobatoria, o de formalidad alguna
para su validez.
Por ende, todas aquellas decisiones que hayan sido emitidas por la
Comisión o Resoluciones que hayan sido tomadas por el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, son normas de carácter interno que
deben ser cumplidas por cada Estado
Incidiendo directamente en la esfera jurídica de los Estados miembros de la comunidad y sobre todo en la de sus ciudadanos en una forma tal que no requiere de la participación de los órganos del poder Público Nacional para lograrse que ello se consiga. Jorge Luis Suárez (2005, p.210)
Con respecto a esto se ha pronunciado en varias oportunidades el
Tribunal Andino de Justicia. La primera sentencia que emite el Tribunal
Andino de Justicia, con relación a la aplicación directa y preferente del
Derecho Comunitario, es de fecha 10 de junio de 1987, y la misma expresa:
En función del precedente análisis ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino. (1-IP-87)
Ahora bien, tomando en cuenta la clasificación de la normativa
comunitaria, desarrollada en el punto previo, podemos afirmar que esta
sentencia hace referencia a aquellas normas que llamamos de “derecho
derivado”. Ello, porque de ser normas de “derecho originario”, deben ser
obligatoriamente firmadas y ratificadas por los respectivos gobiernos de los
Países miembros.
Mientras que aquellas normas que no han sido ratificadas o firmadas por
los Gobiernos de los Países miembros, pueden verse más vulnerables a
infracciones; pues no emanan de la voluntad directa de los Estados, sino de
la voluntad de los Órganos Comunitarios.
Mas aun, en sentencias más reciente, el Tribunal Andino de Justicia se ha
pronunciado de la siguiente manera:
Estos (se refiere a los Estados Miembros) frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos "a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación” como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal. Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un País Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración. 2-IP-88
De modo que los Estados, en su carácter de miembros de la Comunidad
Andina, están en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y
tendientes a proteger a la normativa comunitaria y aplicar directamente con
preeminencia al derecho interno de los Estados.
En conclusión, todas aquellas decisiones adoptadas por la Comisión, y
todas aquellas resoluciones dictadas por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, son de aplicación directa frente al Derecho Interno de
los Estados, sin necesidad de que medie una acción positiva por parte de los
órganos del poder público de cada Estado, para que ello sea posible.
En este sentido, todas aquellas decisiones y resoluciones tomadas por los
órganos comunitarios antes citados, durante la vigencia del Acuerdo de
Cartagena para Venezuela son de carácter vinculante y de aplicación directa.
Es decir, son derecho interno del Estado Venezolano.
Ahora bien, la Comisión, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, y la Secretaría General han dictado mas de seis sientas
decisiones, durante la Membresía de Venezuela en la CAN, que regulan
ciertas materias importantes, tales como transporte, propiedad intelectual,
inversión extranjera, certificados de origen, entre otras, cuyas normas son
consideradas de Derecho Interno y cuya validez actual linda entre las dos
tesis descritas en el Planteamiento del Problema.
Con respecto a la precitada jurisprudencia, podemos observar, que el
Estado tiene dos obligaciones con respecto a la norma comunitaria. Una
obligación de no hacer; que se refiere a no sancionar ninguna norma o
medida que obstaculice la aplicación de la norma comunitaria, y otra
obligación de hacer; referida a las medidas que debe tomar cada Estado
para garantizar la aplicación del Derecho Comunitario dentro de su esfera
jurídica.
Es precisamente esta obligación de hacer, la que se encuentra
consagrada en el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999.
3.3 Artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, reza textualmente:
La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. (subrayado propio)
Vale especial interés analizar la frase del precitado artículo, que dice que
“las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración
serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente”.
Es de considerar que mediante esta norma de rango constitucional, se
establece que las normas provenientes de los acuerdos de integración, en
nuestro caso de la Comunidad Andina, son consideradas como normas de
derecho interno y que no requieren de ninguna formalidad adicional, para
que esto ocurra.
La Constitución de 1961 no preveía esta delegación de competencias ni la
atribución de supra-constitucionalidad con los procesos de integración. En
este sentido, este ha significado un avance desde el punto de vista político y
legal para los procesos integracionistas, especialmente la Comunidad
Andina, de la cual formaba parte Venezuela.
Como comenta Juan Carlos Sainz (2006):
Por primera vez se reconoce en nuestro país la existencia de un ente con capacidad legislativa derivada, que puede legislar en las áreas de competencia otorgadas por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, llamado Comisión, integrado por los representantes nacionales, cuyas decisiones son de aplicación directa y preferente a la legislación nacional, con el rango supra-costitucional. (p.83)
Como se puede evidenciar de la exposición de motivos de la Constitución
de 1999 y del propio artículo 153, la intención del legislador era comprometer
mas las relaciones internacionales de Venezuela en materia de integración
latinoamericana.
Mediante este artículo se da el carácter de supranacional a los órganos
de la Comunidad Andina, admitiendo la cesión de competencia a favor de
estos órganos y ajustándose a los principios de aplicación directa y
preferente del ordenamiento jurídico comunitario.
Al respecto, Sainz (2007) comenta:
Esta multiplicidad es mucho mayor en el caso del derecho comunitario andino, cuando en virtud de un tratado y de la delegación de competencias soberanas, las normas secundarias aprobadas por los Estados se han convertido en normas de rango legal que regulan la articulación de la economía y el comercio internacionales, sin necesidad de actos de aprobación posterior. (p.11)
Posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, no existían
mecanismos de supranacionalidad ni de delegación de competencias
parecidos a los que existen hoy en día. Inclusive, cuando se dio ingreso a
Venezuela a la CAN, la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena, dictada
por el Congreso de la Republica en fecha 26 de septiembre de 1973,
estableció en su ultimo aparte que “las normas dictadas por los organismos
del Acuerdo de Cartagena que modifiquen la Legislación venezolana o
versen sobre materias de reserva legal, solo podrán ser aprobadas mediante
una ley formal.”
Esto constituía una clara violación a los principios perseguidos por el
proceso de integración Subregional andino.
Ahora bien, el nuevo texto legal de la Constitución de 1999 subsanó ese
conflicto de leyes y dio plena vigencia a las decisiones y resoluciones de los
órganos de la comunidad Andina, haciendo tácito el principio de aplicación
directa y preferente del derecho comunitario sobre el derecho interno de los
Estados.
A partir de la publicación de la Constitución de 1999, Venezuela le dio un
estatus de supranacionalidad a los organismos de la Comunidad Andina,
haciendo por consiguiente, que todas aquellas Decisiones y Resoluciones
emanadas de los mismos tuvieran plena vigencia en el ordenamiento jurídico
interno del Estado.
Ahora bien, previa reforma de la Constitución del 61, existía la indudable
incertidumbre de la validez de las normas emanadas de la Comunidad
Andina en el ordenamiento interno venezolano. Es así, que cuando la Ley
Aprobatoria del Acuerdo e Cartagena sale publicada en Gaceta Oficial, se
interpuso un recurso de inconstitucionalidad, en contra de la disposición de
esta Ley que condicionaba la vigencia de las normas emanadas de la
Comunidad Andina, la cual luego de unos años declara sin lugar el recurso
interpuesto.
Sin embargo, y en virtud que las normas provenientes de la Comunidad
Andina se habían venido aplicando en Venezuela de manera directa y sin la
necesidad de previa ley aprobatoria que les diera vigencia en virtud del
propio Acuerdo de Cartagena, se considera que al salir el nuevo texto
constitucional se subsana la duda que había existido, haciendo vigente todas
aquellas decisiones y resoluciones que habían tomado los organismo de la
Comunidad Andina antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Como se ha mencionado con anterioridad, el artículo 153 de la
Constitución de 1999, toma en consideración uno de los principios básicos
de los procesos de integración, que es la aplicación directa y preferente del
derecho comunitario frente al derecho interno.
Como se explicó en el punto anterior, el Acuerdo de Cartagena establece
en sus artículos 3 y 4 fundamentos de la aplicación directa y preferente del
Derecho Comunitario frente al Derecho Interno de los Estados, y la nueva
constitución del 99 le dio plena vigencia a estos principios, haciendo propias
las normas comunitarias sometiéndose así a su jurisdicción.
CAPITULO IV
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NORMAS COMUNITARIAS EN VENEZUELA.
En el capitulo anterior analizamos las normas de la Comunidad Andina y
su clasificación, el principio de aplicación directa y preferente de la misma en
el ordenamiento interno de los Estados y el rango supranacional que otorga
el artículo 153 a los órganos de la CAN.
En el presente capitulo se analizara la aplicación de estos conceptos por
parte del Estado Venezolano en el proceso de integración andino con el fin
de determinar si en virtud de ellos, las normas de la Comunidad Andina
siguen vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano.
Como hemos podido observar la denuncia del Acuerdo es un proceso que
comprende varias etapas, las cuales no se han consumado para los
momentos del presente trabajo y que en la actualidad se están negociando
las formas como se aplicaran las preferencias arancelarias entre Venezuela y
el resto de los Estados de la Comunidad Andina todo ello de conformidad
con dar cumplimiento al artículo 135 del Acuerdo.
Con respecto a este tema ya hemos expuesto que para determinar los
resultados será necesario esperar a que se finalicen las “Rondas de Trabajo”
y que se llegue a un Acuerdo. Por los momentos, las consecuencias de la
aplicación de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el
Programa de Liberación de la Subregión las podemos observar en el
“Entendimiento” suscrito entre las partes y la decisión 641 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
4.1 Normas vigentes de la CAN en Venezuela.
Tal como fue analizado en el capitulo anterior las normas de “derecho
originario” de la Comunidad Andina han perdido vigencia dentro del
ordenamiento jurídico venezolano como efectos de la denuncia del Acuerdo.
Sin embargo, ¿qué ocurre aquellas normas consideradas de “derecho
secundario”?
En la actualidad existen diversas teorías sobre la vigencia de estas
normas en Venezuela.
Tal como explica Hildegard Rondon (2007) en su exposición
“consecuencias del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina en la
Legislación”:
La tesis mas elemental explicaría que, eliminada la fuente de la norma y la razón de su emanación, que en el caso presente era en forma exclusiva la de establecer “normas comunes” a los países de la Comunidad, para operar en una disciplina especifica, por ejemplo en el campo de la propiedad industrial, todo lo que de ello derivaba tienen que extinguirse. (…) Otro criterio al respecto, es el de que la norma comunitaria creadora de derechos y deberes, es decir, configurada como una disposición estatuyente, cuya vida y eficacia no depende de los países que continúan formando la Comunidad Andina, al penetrarse en el ordenamiento jurídico interno, se transforma en ley nacional, en razón de lo cual, la única forma de eliminar su eficacia, es mediante los mecanismos existentes para la derogatoria de las leyes nacionales. (p.11)
Como podemos observar, la primera de las tesis plantea que las normas
de la Comunidad Andina no están vigentes en el ordenamiento jurídico
venezolano, ya que como consecuencia de la denuncia del Acuerdo de
Cartagena, se deja sin competencia a los órganos de la Comunidad, razón
por la cual todas aquellas Decisiones y Resoluciones emanadas de estos
órganos se extinguieron en el derecho venezolano.
La segunda tesis plantea lo contrario. Por formar parte integrante del
ordenamiento jurídico interno, las normas de la Comunidad Andina deben
estar vigentes en Venezuela, hasta que no se dicten normas nueves que
regulen las mismas materias, o hasta que las mismas sean derogadas.
A la luz de los conceptos estudiados en el capitulo anterior se analizara la
situación actual de las normas de “derecho secundario” en el ordenamiento
jurídico venezolano.
i) No previsión de la situación en el Acuerdo de Cartagena.
El Acuerdo de Cartagena no prevé de manera expresa las consecuencias
que se derivan de la denuncia del Tratado con las normas creadores de
situaciones jurídicas subjetivas. Es decir, las normas de “derecho
secundario”.
En tal sentido y en virtud de la Convención de Viena, artículo 70, la
denuncia del Acuerdo de Cartagena no afecta a ningún derecho, obligación o
situación jurídica creada por la ejecución del Tratado antes de su
terminación.
Por lo tanto, todas aquellas normas emanadas de órganos de la
Comunidad Andina, que creen derechos y situaciones jurídicas debidamente
reguladas y que no comprometan o regulen las relaciones entre Estados, o
entre Estados y órganos de la CAN, seguirán en vigencia aun después de la
denuncia del Tratado.
ii) Aplicación Directa y Preferente del Derecho Comunitario sobre el
Derecho Interno de los Estados.
En cuanto al principio de aplicación directa y preferente del derecho
comunitario sobre el derecho interno, el cual se encuentra regulado en el
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el
mismo se ha aplicado con el proceso de integración andino incluso antes de
la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
En cuanto a este principio, explica el Dr. Victor Rico Frontura (2001), lo
siguiente:
Hay dos principios fundamentales (en el derecho comunitario), el principio de aplicación directa y el principio de preeminencia del ordenamiento jurídico. El primer principio se entiende como la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir de los tribunales nacionales, es decir genera los derechos y obligaciones que la propia norma establece y a través de la cual los ciudadanos de nuestros países pueden exigir su cumplimiento. El segundo principio de la preeminencia del ordenamiento jurídico, conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trata de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento comunitario con prevalencia sobre el derecho interno, llámese ley, reglamento o decreto. (p.74)
Considerando que la norma comunitaria tiene preeminencia sobre el
ordenamiento jurídico interno de los Estados, y que este principio se ha
aplicado en Venezuela en virtud de la Comunidad Andina, se puede concluir
que las normas que emanaron de los órganos de la CAN, durante la
membresía de Venezuela en este proceso, se aplicaron de manera
preferente sobre a legislación nacional suspendiendo los efectos de las
normas Venezolanas que regularan sobre las mismas materias.
En este sentido habría que analizar si la denuncia del Acuerdo suspende
estos efectos para aquellas normas que se venían aplicando con preferencia
en el ordenamiento jurídico venezolano.
Es decir, debería ser materia de estudio analizar si la denuncia del
Acuerdo de Cartagena deja sin efecto los principios de aplicación directa y
preferente de la norma comunitaria, en aquellas normas que ya habrían sido
ingresadas en el ordenamiento jurídico interno como consecuencia de la
aplicación de estos principios.
Sin embargo, aun cuando se concluyera que estos principios pierden su
efecto en virtud de la denuncia del Acuerdo y por lo tanto las normas
comunitarias ya no se aplicarían de manera preferente, el artículo 153 de la
Constitución Venezolana de 1999 logro que mediante estos principios, las
normas comunitarias se consideraran como “parte integrante del
ordenamiento legal vigente” venezolano.
iii) Artículo 153 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela de 1999.
El tercer punto de análisis lo constituye el rango supra-constitucional que
otorgo el artículo 153 de la Constitución de 1999 a las normas provenientes
de la Comunidad Andina.
Tal como fue analizado en el capitulo anterior, la Constitución de 1999
permitió una mejor articulación en el proceso de integración andino
permitiendo que las normas provenientes de este proceso de integración
ingresaran en el ordenamiento jurídico venezolano sin previa formalidad por
parte de los órganos del poder publico nacional.
Tal como lo comenta el profesor Juan Carlos Sainz (2006):
Además de este órgano supranacional, en el artículo antes mencionado se hace expresa mención a dos elementos: aplicación directa y preferente de la legislación andina, que no son mas que los elementos que integran el concepto al que hace referencia el artículo 153, cuando habla de “organizaciones supranacionales” y cuya trascendencia ha sido claramente expresada en el texto del Tratado que creo el Tribunal Andino de Justicia. (p.84)
A partir de la publicación de la Constitución de 1999 se dio plena vigencia
a las normas de la Comunidad Andina en el ordenamiento jurídico
venezolano, haciendo las normas comunitarias parte integrante de la
legislación vigente venezolana.
Como conclusión, todas aquellas normas de carácter subjetivo creadoras
de situaciones jurídicas destinadas a regir la conducta de los individuos
emanadas de los órganos de la Comunidad Andina, tienen plena vigencia en
el ordenamiento jurídico interno Venezolano y forman parte integrante de
este.
Quisiera hacer énfasis en que todas aquellas normas emanadas de las
Decisiones de la Comisión o de las Resoluciones de la Secretaria General de
la Comunidad Andina que creen situaciones jurídicas subjetivas reguladoras
de situaciones entre los individuos y los individuos y el Estado Venezolano se
encuentran vigentes en Venezuela y son susceptibles de aplicación y
resguardo por los órganos jurisdiccionales venezolanos, todo ello en virtud
del artículo 153 de la Constitución.
4.2 Otros Planteamientos.
La existencia de estas dos teorías en el pensamiento jurídico venezolano
ha creado una gran incertidumbre. El hecho que se planteen dos tesis
diferentes sobre la vigencia o no de las normas de la Comunidad Andina
cuyas consecuencias son opuestas crea una inseguridad jurídica tanto para
quienes cumplen las normas (ciudadanos) como para quienes las hacen
cumplir (órganos jurisdiccionales).
Es por ello que es menester buscar una solución al problema planteado.
En la actualidad hemos visto como en la práctica se siguen aplicando las
normas de la Comunidad Andina, pero que en la mayoría de los casos se
trata, por la inexistencia de otras normas que regulen la materia.
Hasta tanto no exista un pronunciamiento formal por parte de los órganos
del Estado, la validez de las normas de la Comunidad Andina linda en estas
dos tesis.
Actualmente existe en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia un recurso de interpretación del artículo 153 de la Constitución,
interpuesto por la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), mediante
la cual se pretende conseguir un pronunciamiento por parte de este órgano
que aclare un poco más el panorama con respecto a la situación planteada.
En palabras de Juan Carlos Sainz (2007):
El Tribunal Supremo de Justicia tiene en esta ocasión una oportunidad única para continuar con el desarrollo de sus argumentaciones jurídicas en la materia y aportar luces sobre un tema poco trabajado en la doctrina y tradicionalmente descuidado por nuestros órganos jurisdiccionales. (p.16)
En cuanto a las solicitudes que hace AVEX del recurso de interpretación,
podemos mencionar como alguna de ellas las siguientes:
• solicitamos de esa Sala que establezca que ese concepto (el de supranacionalidad establecido en el artículo 153) solo abarca a las organizaciones internacionales a las cuales los Estados, en virtud de tratados internacionales, han atribuido competencias para la realización de las actividades necesarias para el logro de los fines de integración previstos en esos tratados, competencias en virtud de las cuales esas organizaciones pueden dictar normas o sentencias en las materias respecto de las cuales se ha producido esa atribución de competencias, con la característica que esas normas son de aplicación directa y primaria sobre el ordenamiento interno y, en el caso de las sentencias, las interpretaciones allí establecidas son obligatorias para los jueces nacionales.
• que las Decisiones y Resoluciones pasaron a ser parte integrante
del ordenamiento legal vigente en Venezuela, por tratarse de normas adoptadas en el marco de un acuerdo de integración en el que hubo una atribución supranacional, como lo es la Comunidad Andina, y así solicitamos sea declarado por esa Sala.
• Solicita igualmente que la Sala declara que en virtud del artículo 153
de la Constitución, las Decisiones y Resoluciones emanadas de los órganos de la Comunidad Andina son de aplicación directa y preferente, respecto de la legislación interna.
• que por virtud de esa denuncia Venezuela deja sin efecto la
atribución de competencias efectuadas a la Comunidad Andina, y por consiguiente, retoma el ejercicio pleno de sus competencias para dictar normas sobre las materias en las cuales se había producido la referida atribución de competencias a la Comunidad Andina.” Y “que las Decisiones y Resoluciones que estaban en vigencia en la Comunidad Andina para el momento de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela, son parte del ordenamiento interno venezolano y, como tal, se mantienen en vigencia.
Como se puede observar este recurso procura dar un pronunciamiento
formal por parte del Estado con relación a la aplicación de la norma
comunitaria en el ordenamiento jurídico venezolano.
Igualmente procura esclarecer ciertos conceptos que son necesarios para
la interpretación de este artículo y que a la final tendrán gran importancia
para determinar si en efecto, las normas de la Comunidad Andina siguen
vigentes en Venezuela o no.
CONCLUSION
La denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela es un
proceso que aun no finaliza. En la actualidad se siguen negociando las
formas bajo las cuales Venezuela dejara de formar parte de la Comunidad
Andina, así como los preceptos que se deben mantener para garantizar la
vigencia de las ventajas otorgadas y recibidas de conformidad con el
programa de liberación arancelario.
El acuerdo que se alcance a raíz de estas negociaciones deberá asegurar
el cumplimientos de las ventajas arancelarias por un periodo de cinco años ,
así como establecer el mecanismo mediante el cual se solucionaran las
controversias surgidas por el cumplimiento de estas normas.
Es por ello que es de vital importancia hacer seguimiento al proceso de
denuncia del Acuerdo de Cartagena y a las rondas de trabajo que en la
actualidad tienen la responsabilidad de aportar una solución al problema
planteado.
Igual importancia acarrea la inseguridad jurídica que existe en la
actualidad con relación a la vigencia de las normas de la Comunidad Andina
en Venezuela.
Como pudimos observar, existen diversas teorías sobre si las normas de
la Comunidad Andina se encuentran todavía vigentes en el ordenamiento
jurídico interno. Esta diversidad de teorías, así como las consecuencias
derivadas de ellas, hacen necesario una revisión legal del asunto, así como
la búsqueda de una solución.
De acuerdo con los argumentos planteados por el presente trabajo,
considero que las normas de la Comunidad Andina aun se encuentran
vigentes en Venezuela. El cumplimiento del principio de aplicación directa y
preferente de la norma comunitaria sobre la norma interna y la cesión de
competencia que se dio a los órganos de la Comunidad Andina en virtud del
artículo 153 de la Constitución hacen que las normas provenientes de la
Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico interno del
Estado.
En este sentido, las mismas se encuentran vigentes hasta tanto se
sancionen leyes nuevas que regulen sobre la materia o hasta que se
deroguen mediante un acto formal del poder legislativo.
Sin embargo, esta incertidumbre continuara en el ámbito legal hasta tanto
lo órganos del poder publico, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia,
no se pronuncien al respecto y puedan aportar una respuesta a las tesis
planteadas.
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