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UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
“LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO PENAL
GUATEMALTECO”
TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO
POR
JOSÉ RODERICO MÉNDEZ GARCÍA:
Previo a optar al Grado Académico de
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2014
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AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD: LIC. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO
SECRETARIO DE LA FACULTAD: LIC. OMAR ABEL MORALES LURSSEN
ASESORA: LICDA. JILDA ANABELLA MARTÍNEZ RUANO
REVISOR: LIC. CESAR AUGUSTO POLANCO ARANA
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REGLAMENTO DE TESIS
Artículo 8º: RESPONSABILIDAD
Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 01
CAPÍTULO I
PROCESO PENAL GUATEMALTECO
1.1 Antecedentes. 04
1.2 Antecedentes de la investigación criminal. 09
1.2.1 Investigación criminal y dictaduras militares. 12
1.2.2 Reforma Procesal Penal en Guatemala. 14
1.3 Definición. 16
1.4 Naturaleza jurídica. 17
1.5 Fines. 18
CAPÍTULO II
TESTIMONIO Y SU IMPORTANCIA
2.1 Antecedentes. 20
2.2 Definiciones: 26
2.2.1 Del testimonio. 27
2.2.2 Del testigo. 27
2.3 Peritos: 28
2.3.1. Impedimentos de los peritos. 29
2.4 Clasificación de la experticia. 30
2.5 Admisión e incorporación. 33
2.6 El Anticipo de Prueba. 34
2.7 La experticia como búsqueda de la verdad. 37
2.8 Procedimiento probatorio: 39
2.8.1 Ofrecimiento. 41
2.8.2 Diligenciamiento. 42
2.8.3 Valoración. 43
2.8.3.1 Prueba legal o tasada. 44
ix
2.8.3.2. Libre convicción. 46
2.8.3.3 Sana crítica razonada. 47
2.9 La víctima del delito como objeto de la criminología: 49
2.9.1 Clases de víctimas. 51
2.10 Factores desestimulantes para la víctima. 52
CAPÍTULO III
EL TESTIGO Y LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO
3.1 Antecedentes. 54
3.2 Definición. 60
3.3 Principios. 61
3.4 El valor probatorio de la pericia psiquiátrica en Guatemala. 63
CAPÍTULO IV
DISTINTOS SISTEMAS PROCESALES, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y
PROCESALES Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL JUEZ EN EL PROCESO
PENAL GUATEMALTECO.
4.1 Sistemas Procesales en Guatemala. 71
4.1.1 El sistema acusatorio. 71
4.1.2 El sistema inquisitivo. 72
4.1.3 el sistema procesal mixto. 73
4.2 Principios básicos del Código Procesal Penal guatemalteco. 75
4.2.1 Principio de legalidad. 75
4.2.2 Principio de oficialidad. 75
4.2.3 Principio de juicio previo. 76
4.2.4 Principio de igualdad. 76
4.2.5 Principio de inmediación. 76
4.2.6 Principio de Independencia del poder judicial. 77
4.2.7 Principio de coercibilidad de las resoluciones judiciales y el derecho
A impugnarlas. 77
4.2.8 Principio de justicia penal obligatoria e irrenunciable, gratuita
x
Y público. 77
4.2.9 Principio de presunción de inocencia y la forma de interpretar la
ley Procesal. 77
4.2.10 Principio del derecho a no declarar contra sí mismo. 78
4.2.11 Principio del respeto a los derechos humanos. 78
4.2.12 Principio de derecho de defensa. 78
4.2.13 Principio de la garantía de única persecución por el mismo
hecho. 79
4.2.14 Principio de la garantía de cosa juzgada. 79
4.3 La función jurisdiccional en el proceso penal guatemalteco. 79
4.4 Tribunales competentes en el orden penal. 80
CAPÍTULO V
LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO EN EL PROCESO
PENAL GUATEMALTECO
5.1 Análisis sobre los principales roles que desempeñas el psicólogo y
la psiquiatría forense. 82
5.2 Análisis sobre el psiquiatra forense en el campo penal. 83
5.3 La aplicación de las garantías y principios constitucionales y procesales
en el tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el
ambiente. 84
5.4 La función jurisdiccional del juez en el tribunal de sentencia penal,
narcoactividad y delitos contra el ambiente. 86
5.5 La observancia de las funciones de las partes en el proceso penal
guatemalteco. 86
5.6 El manejo de los órganos de prueba en el tribunal de sentencia penal,
narcoactividad y delitos contra el ambiente. 87
5.7 Sujeción del tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el
Ambiente en las formas sacramentales del juicio oral y público. 88
5.8 Valoración Constitucionalidad del uso de la facultad del artículo 378 del
xi
Código Procesal Penal en tribunal de sentencia penal, narcoactividad y
delitos contra el Ambiente. 88
5.9 Medios de defensa ante el uso de la facultad del artículo 378 del Código
Procesal Penal Vigente en Guatemala durante la etapa de juicio oral. 89
5.10 El psicólogo forense como un perito. 92
5.11 El psicólogo forense como perito del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses. 94
5.12 El psicólogo forense como perito del Ministerio Público. 95
5.13 El psicólogo forense como perito del Instituto de la Defensa Pública
Penal. 98
CONCLUSIONES. 101
RECOMENDACIONES 102
BIBLIOGRAFÍA 103
1
INTRODUCCIÓN
El problema de la psicología en la realidad dentro de Proceso Penal
guatemalteco es de suma importancia, debido que constantemente se realizan
debates sobre la culpabilidad o inocencia de algún sindicado, y esto se ha
desvirtuado por diferentes razones. El problema radica en los delitos de alto impacto
cuando en ocasiones se absuelven a personas que son verdaderos delincuentes y
en otras ocasiones se condenan a personas que son inocentes, en la gran mayoría
de casos derivado de declaraciones testimoniales, que tienen interés particular en
perjudicar o ayudar, según sea el caso, a las personas que están sometidas a un
proceso penal, alejándose con esto de la verdad objetiva que los testigos bajo
juramento expresan.
Por ello el presente trabajo de graduación se funda en el tema “La Psicología
del Testimonio y su Importancia en el Proceso Penal Guatemalteco” el cual es de
interés para poder ahondar en cuanto a la necesidad de que existan peritos
especializados en psicología y psiquiatría forense, que presten acompañamiento
psicológico o psiquiátrico, tanto a testigos, sean víctimas agraviadas o no, no solo
para tratamiento post-traumático, sino para prepararlos psicológicamente para poder
enfrentar a un Tribunal de Sentencia con todas sus formalidades e incidencias; así
como servir a las instituciones encargadas de administrar justicia, como lo son los
Jueces Sentenciadores, el Ministerio Público y El Instituto De La Defensa Pública
Penal; así como otras que sirven como auxiliares de estos en la búsqueda de la
verdad, como lo es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses todo con el único
propósito de darle o no valor probatorio al testimonio de estas personas.
El presente Trabajo de Graduación se desarrolla del punto de vista legal, por
la importancia dentro del proceso penal guatemalteco.
En el presente Trabajo de Gradación se planteó la siguiente hipótesis: ¿El
1
2
Estado de Guatemala no tienen programas ni planes para aplicar la psicología del
testimonio en los procesos penales, no previendo los casos donde se presentan
testigos a los tribunales, coaccionados, amenazados o con trastornos de la
personalidad temporales, transitorios o permanentes? Una posible solución al
problema planteado es la aplicación de sistemas de psicología del testimonio por
parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Para el presente Trabajo de Graduación se utilizaron varios métodos: entre
ellos el analítico que sirvió para sacar conclusiones de la información obtenida de
libros y leyes aplicables al caso sobre la realidad que se viven las personas que
sirven como testigos en un proceso penal; el método deductivo al analizar las normas
jurídicas y concluir que efectivamente no se está brindando el apoyo necesario a
estas personas que de alguna manera forman parte de un proceso penal en
Guatemala; y el método inductivo donde se obtuvieron las conclusiones generales a
partir de las premisas particulares, donde se observaron todos los hechos; y se
determinó que efectivamente no se les ha brindado apoyo a estas personas que de
alguna manera sufren la intimidación a favor o en contra en el proceso penal del cual
forman parte.
Para una mayor comprensión el presente trabajo se ha dividido en cinco
capítulos: El capítulo I: sobre el proceso penal guatemalteco antecedentes del
mismo, la investigación criminal y sobre las reformas al proceso penal guatemalteco.
El capítulo II: sobre el Testimonio y su importancia, haciendo énfasis sobre los
antecedentes, su definición, los peritos y sus impedimentos, sobre la experiencia y
búsqueda de la verdad en el procedimiento probatorio. El capítulo III: El Testigo y la
Psicología del Testimonio; relacionándose este con sus antecedentes, definición,
principios y los principales roles que desempeñan el psicólogo y la psiquiatría
forense. El capítulo IV: Distintos sistemas procesales, principios constitucionales y
procesales y la función jurisdiccional del juez en el proceso penal guatemalteco;
3
haciendo una observancia del sistema acusatorio en Guatemala, la aplicación de las
garantías y principios constitucionales y procesales en el Tribunal de Sentencia
Penal. Y el capítulo V: LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO
EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO; haciendo un análisis sobre el
psicólogo forense como un perito tanto forense como del Ministerio Público o como
perito del Instituto de la Defensa Pública Penal .
4
CAPÍTULO I
PROCESO PENAL GUATEMALTECO
1.1. Antecedentes:
Para tener un panorama de los antecedentes históricos o los datos del
surgimiento del proceso penal como se encuentra actualmente, se hace necesario
ubicarse en las formas o sistemas imperantes y cuál es el que ha adoptado el Estado
de Guatemala. Es necesario, además, definir su concepto, sus características y los
principios que actualmente lo rigen;
“Los antecedentes del proceso penal guatemalteco se circunscriben al tiempo
de la colonia, ya que el mismo se encontraba bajo el imperio de las leyes de Indias,
puestas en vigor por la Corona Española desde 1680, reconociéndose en aquellos
cuerpos legales los derechos de los indígenas con un propósito humanitario. Según
cita Gladis Yolanda Albeño Ovando al decir: “Dichas Leyes constaban de nueve
libros haciendo un total de 10,000 Leyes, entre las que se estructuraban el Consejo
Real, las Audiencias, los Oidores, los Visitadores, los Juzgados de los bienes de los
difuntos, así como la organización judicial”.1
“Aunque en las leyes descritas a pesar de ser una innovación para las
posesiones hispánicas en América, el procedimiento penal estaba regido por los
principios del sistema inquisitivo, al ser un proceso escrito, formal, y burocrático, que
estuvo en vigencia aún después de 1821, época de nuestra Independencia de
España”. 2
“Código de Lívingston: No es sino hasta el año de 1837, durante el gobierno
de Mariano Gálvez, 1831-1838, que a través del Código de Lívingston, se introduce
en Guatemala en materia procesal penal, el sistema acusatorio, predominando los
1 Albeño Ovando, Gladis Yolanda. “Derecho Procesal Penal, Implantación del Juicio Oral al Proceso Penal Guatemalteco”.
Editorial Llerena, Guatemala, 1994 pág. 2. 2 Ibid. pág. 2
4
5
principios de oralidad y publicidad, estableciéndose como novedad el sistema de
jurados, pero que desafortunadamente no rindieron los frutos que se esperaban,
principalmente por el escaso grado de cultura de las personas llamadas a integrar
dichos jurados. Otro de los fuertes obstáculos a dicho procedimiento fue el
derrocamiento del gobierno de Gálvez, aprovechado por sus opositores quienes al
llegar al poder ponen en vigor un Código Procesal Penal con fuertes influencias del
sistema inquisitivo, el que a través de su vigencia incurrió en varias reformas,
principalmente en el año de 1877 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios”.3
“El 7 de enero de 1898 entra en vigor en Guatemala el Código de
Procedimientos Penales, Decreto Número 551 del Presidente de la República
General José María Reyna Barrios, inspirado en el procedimiento escrito de España
de 1879, aunque para la Península Ibérica en 1882 la Ley de Enjuiciamiento Criminal
ya estaba acorde a la Ley de Bases, que contemplaba los principios del sistema
acusatorio, los que desafortunadamente en nuestro país no se tomaron en cuenta,
dando lugar a la continuación del sistema inquisitivo porque el proceso penal se
desarrolló en una sola instancia en el cual se estableció que un solo juez conoce de
todo el proceso, hasta dictar sentencia, tenía conocimiento del juicio sumario, abría a
juicio, recibía la prueba la que tenía que valorar conforme el sistema tasado o legal
vigente y por último dictaba sentencia. Durante los 75 años que estuvo en vigencia
en Guatemala, al Código de Procedimientos Criminales se le hicieron varias reformas
de acuerdo a la realidad cultural, social y política de cada época, pero que en poco
se ajustaban a los postulados establecidos, por ejemplo, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como otras convenciones, convenios y
tratados internacionales. Por esta razón surge en el medio forense guatemalteco, en
más de una oportunidad, la inquietud de que se adaptara el ordenamiento jurídico en
3 Ibid. pág. 2
6
materia procesal penal a aquellos convenios internacionales, presentando
anteproyectos de ley ante el organismo legislativo, para cambiar el sistema en la
administración de justicia penal, pero los intentos fueron infructuosos ya que los
anteproyectos fueron desestimados por los legisladores de la época”.4
“No es sino hasta el 5 de julio de 1973, durante el gobierno del Coronel Carlos
Manuel Arana Osorio que entra en vigor el Decreto Número 52-73 del Congreso de la
República, Código Procesal Penal, siendo autor del anteproyecto del anterior cuerpo
legal el Licenciado Hernán Hurtado Aguilar quien vio que los lineamientos fijados en
el anteproyecto del nuevo código, no fueron tomados en cuenta por el Organismo
Legislativo, porque en el Proceso Penal Guatemalteco no existe un verdadero
contradictorio, el procedimiento es lento y escrito, continúa la secretividad en gran
parte del mismo, la actividad procesal sigue concentrada en un solo Juez y la
ausencia de una verdadera inmediación, permite la continuación del sistema
inquisitivo. El Proceso Penal entonces se desarrolla en dos etapas, el sumario o
instrucción y el juicio”.5
“El 1 de julio de l994 entra en vigor el Decreto Número 51-92 del Congreso de
la República de Guatemala, Código Procesal Penal, inspirado en los principios del
sistema acusatorio, cambiando en Guatemala todo un sistema de administración de
justicia en el área penal. Dicho cuerpo legal está inspirado en los Convenios,
Convenciones y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que se
fundamentan en principios y garantías que deben observarse en todo procedimiento
penal que se siga contra cualquier persona sindicada de uno o más ilícitos penales.
Al haberse dado esta transformación del Proceso Penal, ha sido menester el cambiar
el proceder de los operadores de la justicia penal, entre quienes se mencionan los
Jueces, Magistrados y Fiscales del Ministerio Público, aunque resulta difícil cambiar
4 Ibid. pág. 3
5 Ibid. pág. 3
7
una mentalidad inquisitiva heredada desde tiempos de la Colonia”.6
“Dentro de la doctrina se conocen por lo menos tres sistemas procesales
penales, dentro de ellos se cita el sistema procesal acusatorio, mixto e inquisitivo. En
cada uno de ellos, existen divergencias y congruencias, sin embargo, para efectos de
este trabajo, conviene establecer que con anterioridad el proceso penal se
encontraba regido por un sistema inquisitivo y conforme éste, las características
principales, son las siguientes:
Se encontraba basado fundamentalmente en la escritura;
El que juzgaba era también el que investigaba, es decir, el juez;
No existía la figura del juez natural;
No se observaban garantías como las actuales, como la trascendencia que
tiene el derecho de defensa, la presunción de inocencia;
El principio libertad no existía, ya que la regla general era la encarcelación y la
excepción era el otorgamiento de una de las medidas sustitutivas que se
regulaban;
No era obligatorio para el juez escuchar al procesado, y regularmente, por
diversidad de circunstancias, como por ejemplo, el volumen de trabajo, etc., el
juez no escuchaba al procesado, sino procedía a dictar la sentencia de
conformidad con lo que analizaba en el expediente de mérito;
Respecto a los testigos, era muy común, que éstos fueran falsos o pagados.
Ante tales circunstancias, que a juicio de quien escribe, totalmente violatorias
a los principios rectores que debe proteger el Estado a favor de cualquier ciudadano
que se encuentre sometido a un proceso penal, influyó para su reforma, el hecho del
avance que se observaba a nivel internacional en materia de Derechos Humanos”.7
“Así también, el hecho de que países centroamericanos ya estaban
6 Ibid. pág. 3
7 Ibid. pág. 4
8
propiciando cambios en sus legislaciones penales, enfocándolo especialmente a lo
que representaban los instrumentos jurídicos internacionales, de los cuales
Guatemala era parte y que por lo tanto, tenía determinadas obligaciones que cumplir,
y que era evidente que en el caso del proceso penal, tales circunstancias eran
consideradas totalmente violatorias a esos principios y regulaciones, por lo que tuvo
que empezar a tratar el tema de las reformas.
Es así, que independientemente de las personas que se buscaron para la
realización del proyecto, siendo estas extranjeras en su mayoría, se realizó el mismo
que fue presentado al Congreso de la República para su aprobación y el mismo no
salía de allí, pues era objeto de una serie de impedimentos de los diputados o de
alguna otra persona para atrasarlo, prueba de ello, es que el Decreto Legislativo
Número 51-92, que lógicamente se proyectó en el año 1992, resultó siendo aprobado
el 1 de julio 1994.
Este proyecto conlleva una serie de innovaciones que efectivamente son
congruentes con la realidad jurídica social en materia de derechos humanos,
lógicamente era necesario aceptarlo en aquel momento histórico y de suma
importancia que entrara en vigencia y que se creara la infraestructura necesaria. Se
inició con la problemática de la defensa, porque está aún en ese Código, continuaba
adscrita prácticamente al Organismo Judicial, situación que no podía ser posible, ya
que como se regulaba al inicio, en el Artículo 529 del Código Procesal Penal, Decreto
Número 51-92 del Congreso de la República, se establecía textualmente: “LA
DEFENSA PENAL. Organización. La Corte Suprema de Justicia garantizará la
eficiencia del Servicio Público de Defensa Penal y lo organizará de la siguiente
manera: 1) La Dirección General del Servicio Público de Defensa Penal; 2) Las
secciones necesarias, para lo cual tendrá como mínimo una oficina central por cada
departamento. La Corte Suprema de Justicia designará al Director General de la
oficina y al personal técnico administrativo que lo asistirá”. Podrá contratar abogados
por una remuneración fija, escogidos de la lista que el Colegio de Abogados
9
proporcionará anualmente para este efecto”.8
Como se puede observar en la actualidad el sistema inquisitivo en el proceso
Penal a traído un gran avance por su oralidad y su sencillez; por lo que este se
caracteriza por la facultad de juzgar únicamente es encomendada a los jueces,
siendo que existe un juez de primera instancia que se denomina contralor de la
investigación, quien interviene en la fase preparatoria e intermedia, y que en calidad
de contralor, es el encargado de velar porque en el procedimiento no se violenten las
garantías constitucionales, especialmente al procesado. Que independientemente de
la intervención que tiene el juez contralor de la investigación, en la fase del juicio oral,
intervienen distintos jueces, que se conforman en Tribunal de Sentencia, quienes son
los designados a dictar la misma, en el debate es en donde se produce la prueba,
puesto que en la fase de investigación, el Ministerio Público, como ente encargado
de la persecución penal, es el que aporta para fundamentar su requerimiento en la
fase intermedia de los elementos de investigación. Que existe un procedimiento
común, el cual se encuentra comprendido en fases como: la fase preparatoria, fase
intermedia, fase del juicio. Además de una fase de impugnaciones además de
procedimientos específicos. Contempla, como una innovación, que no sucedía en el
proceso penal anterior, medidas desjudicializadoras, la introducción del principio
desjudicializador y los procedimientos de conciliación y mediación en aquellos delitos
que no son de impacto social.
1.2. Antecedentes de la investigación criminal:
“La investigación criminal en Guatemala ha evolucionado de acuerdo al
modelo procesal penal vigente, se puede afirmar que a partir de su conformación
como república, han existido dos modelos procesales en Guatemala:
El modelo Inquisitivo, implementado durante la colonia y que, con algunas
8 Ibid. pág. 5
10
variantes persistió hasta el año 1994.
El modelo Acusatorio, implementado en 1994, con la entrada en vigencia del
Código Procesal Penal Oral, Decreto Número 51-92 del Congreso de la
República.
Para entender el modelo normativo actual de la investigación criminal, es
necesario explicar a grandes rasgos, las características principales de un proceso de
carácter inquisitivo, que estuvo vigente por más de 500 años, y que, pese a que hace
muchos años que fue derogado, sigue influyendo en las prácticas de los operadores
de justicia”.9
“El último Código Procesal Penal acorde al modelo inquisitivo, fue el Decreto
Número 52-73 del Congreso de la República, el cual establecía las características del
proceso y por ende de la investigación criminal, las cuales eran la secretividad y la
escritura en la totalidad de las diligencias:
“Artículo 14. Naturaleza del Sumario.- El período de investigación o de instrucción,
hasta el auto de apertura del juicio, inclusive, es reservado y secreto en la forma que
señala este código”.
“Artículo 52. Solicitudes escritas.- Durante el juicio no se admitirán peticiones
verbales”.
Pero sin lugar a dudas, la principal característica del modelo de investigación
criminal inquisitivo, consistía en la concentración de las funciones de investigación y
juzgamiento, en la figura del juez de instrucción, quien era el encargado de promover
y diligenciar las investigaciones penales, y a su vez, de juzgar los delitos; el Decreto
citado establecía:
“Artículo 19. Conducencia.- La actuación del juez tenderá, necesariamente, a la
investigación de los elementos de tipicidad del hecho pesquisado y sus
circunstancias. Cuidará de practicar las diligencias que conduzcan a dichos fines”.
9 Castillo Monterroso Javier. “Investigación Criminal”. Edición. Yvonne Aguilar. Guatemala 2007 pág. 18
11
“Artículo 616. De la apertura.- Si el juez considera agotada la investigación, o hubiere
transcurrido el término máximo que este código señala para la conclusión del
sumario, hará un estudio detenido del proceso, y, si encontrare motivos bastantes
para abrir el juicio penal dictará el auto respectivo”.
En cuanto a la figura del Ministerio Público, aunque el código le asignaba la
acción penal pública, y, en materia de investigación, incluso la conducción de la
Policía Judicial, en la práctica únicamente tenía funciones de acompañamiento del
proceso, pues las diligencias de investigación las realizaba el juez de instrucción.
“Artículo 16. Ministerio Público.- Es obligada la intervención del Ministerio Público en
todos los trámites del proceso de acción pública.... Será notificado desde el inicio y
está obligado a promover la investigación, la ejecución de las resoluciones judiciales
y, en general la pronta y cumplida administración de justicia”.
A su vez, el juez de instrucción, y el Ministerio Público, contaban con el auxilio
de la Policía Nacional, por medio de la sección de la Policía Judicial, encargada de
realizar las diligencias de investigación:
“Artículo 120. Policía Judicial.- “Dentro de la organización de la policía nacional
queda establecida la sección de la Policía Judicial, con el número de elementos y
atribuciones que fijará el reglamento que para el efecto se emita y que elabore el
Ministerio Público”.
Dicha sección contará con los departamentos de investigación y con los
archivos, registros, laboratorios y dependencias que fueren necesarios. El jefe de la
sección y los jefes de departamento serán abogados colegiados, preferencialmente
especializados, y la sección adscrita a la Dirección General de la Policía Nacional,
dependerá directamente del Ministerio Público”.
“Artículo 121. Funciones.- Las funciones de la sección judicial de la Policía Nacional,
son, exclusivamente las relativas a la investigación y comprobación de los hechos
punibles y de descubrimiento de los responsables de ellos. Actuará de oficio, por
instrucciones del Ministerio Público o a petición de los jueces. El personal de la
sección judicial de la Policía Nacional será nombrado por el Presidente de la
12
República a propuesta del Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio
Público”.
Se puede afirmar que hasta 1994, el modelo de la investigación criminal en
Guatemala era un sistema inquisitivo, caracterizado por la concentración de
funciones de investigación y juzgamiento en la figura del juez de instrucción, la
secretividad de la investigación, y el formalismo en todos los procedimientos”10.
A pesar de que en Guatemala se han firmado los acuerdos de paz, este no ha
sido garantía para que la ola de criminalidad sea menor, sino a lo contrario, el crimen
organizado siempre sigue haciendo de las suyas, a raíz de que el Estado de
Guatemala no cuenta con políticas eficaces como poder erradicar la violencia que
cada día se multiplica y los índices de la misma son cada día más violentas, todo
esto radica que la criminalidad trae su evolución desde los años remotos y como
consecuencia trae una inestabilidad social al país.
1.2.1. Investigación criminal y dictaduras militares:
“A pesar de que el modelo inquisitivo, estuvo vigente en Guatemala desde la
época de la colonia, se puede afirmar que fue hasta en los años veinte, bajo la
dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), y la creación de la
Policía Judicial, cuando nace la función de investigación criminal en Guatemala, sin
embargo, ya desde su nacimiento comienza a atrofiarse la naturaleza de la
investigación, pues esta fuerza policial tuvo características de policía política,
utilizada para sostener al régimen de turno, lo que sería una de las principales
características de las fuerzas de seguridad nacionales”.11
“De hecho, la investigación criminal nunca fue una política muy utilizada por
los gobiernos, quienes preferían la utilización de otro tipo de prácticas, menos sujetas
10
Ibid. pág. 19 11 Palmieri, Gustavo. “Investigación criminal”. Editorial WOLA, Washington D.C., Estados Unidos de América. 1998 pág.4
13
al control judicial, privilegiando la utilización de mecanismos propios de la inteligencia
para la investigación de los delitos, situación que se reproducía en la mayoría de
países latinoamericanos, este fenómeno es calificado por Gustavo Palmieri como la
disfuncionalidad y atrofia de la investigación criminal: “Ahora bien, como instrumento
de la política de seguridad, la investigación criminal no ha sido una herramienta
privilegiada en América Latina”. En diferentes países y períodos, un mosaico de
prácticas represivas irregulares ha sido utilizadas donde la teoría suponía y las leyes
establecían que debía confiarse en la investigación criminal y el poder judicial. Un
ejemplo cercano lo constituyen las últimas dictaduras, las políticas de seguridad
continentales basadas en la doctrina del enemigo ideológico interno y el consecuente
desarrollo de un aparato de seguridad pública más coherente con la lógica militar que
la policial. Así, se provocó una confusión entre las categorías de delincuente común,
guerrillero, subversivo, opositor político, sectores marginales, organizaciones
laborales, etc., cuyos efectos se conservan hasta el presente. La investigación
criminal ha resultado disfuncional con Estados que no necesitan ni quieren mayores
pruebas para matar a los enemigos, ni evidencia que revele las atrocidades e
ilegalidades de sus amigos”.12
“En efecto, las políticas de seguridad de los diferentes gobiernos, militares en
su mayoría, que gobernaron Guatemala durante el siglo pasado, se inclinaban más
por la eliminación física de sospechosos, que por probar su culpabilidad en un juicio,
incorporando mecanismos de control interno en la población, llegando incluso
durante la dictadura de Jorge Ubico (1931-1944), a la aplicación de la ejecución
extrajudicial o ley fuga, o la figura del informante infiltrado en la sociedad, conocido
popularmente por el oreja”.13
“Esta situación se agravó durante el conflicto armado interno, (1960-1996),
12
Ibid. 13 Ibid.
14
época durante la cual, los órganos de investigación policial se mezclaron con los de
inteligencia, convirtiéndose así, en un mecanismo más de la lucha contrainsurgente,
con todos los problemas de índole legal que esto conllevaba: “El departamento de
investigaciones Criminológicas (DIC) es el órgano de inteligencia de la Policía
Nacional civil. En los últimos tiempos ha recibido varios nombres, pero sus funciones
básicas de persecución política y no de seguridad ciudadana, han permanecido
desde su creación...” “En la capital, el cuarto cuerpo de la policía fue el más activo en
las operaciones ilegales, en coordinación con el cuerpo de detectives; a ambos se
les responsabilizó de promover operaciones de limpieza social”.14
Guatemala es un país que tiene apenas quince millos cuatrocientos mil
aproximadamente de habitantes pero hay más de 6.500 muertes violentas cada año,
la violencia que aún impera en Guatemala es una consecuencia de 30 años de
guerra civil y de la gran cantidad de armas de fuego que no fueron destruidas; otro es
que la actual Policía Nacional Civil deficiencia en cuanto a la cantidad y calidad de
sus miembros así como falta del material adecuado para luchar contra la impunidad.
Ministerio Público; El objetivo principal de la entidad es promover la persecución
penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública, así corno velar por el
estricto cumplimiento de las leyes del país. El Ministerio Público (MP) es una de las
entidades más criticadas. Se le señala de ser un ente politizado, porque el
Organismo Ejecutivo puede ejercer cierta influencia en su dirección. Adicionalmente
no se contempla en la legislación existente la fiscalización del MP en el cumplimiento
de sus tareas y, según usuarios y personal del mismo, la entidad carece de suficiente
recursos financieros, técnicos y humanos para realizar satisfactoriamente las tareas
de investigación.
14
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. “Guatemala: Nunca más, informe del proyecto interdiocesano, recuperación de la memoria histórica”.1998 pág. 157.
15
1.2.2. Reforma Procesal Penal en Guatemala:
“La transformación integral del sistema de investigación criminal, comienza
con la promulgación de la Constitución Política de la República en 1985, la cual
establece explícitamente un sistema de garantías procesales fundamentales; las
cuales incluyen la detención legal (Artículo 6); el interrogatorio a detenidos o presos
(artículo 9); el derecho de defensa (Artículo 12); la presunción de inocencia (Artículo
14); la publicidad del proceso; entre otros”.15
“En 1991, se inicia un proceso de reforma judicial, basado en el Código
Procesal Penal tipo para América Latina, el cual es impulsado en Guatemala por el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Edmundo Vásquez Martínez,
quien solicita a los juristas argentinos Eduardo Maier y Alberto Binder, la redacción
del Código Procesal Penal de Guatemala, el cual es aprobado el 28 de septiembre
de 1992, y que entró en vigencia hasta el 01 de julio de 1994”.16
“Con la promulgación del Decreto Número 51-92, del Congreso de la
República, Código Procesal Penal, se inicia un proceso de transformación del
sistema de justicia penal, de un sistema inquisitivo, caracterizado por la secretividad,
la escritura y la concentración de funciones; hacia un modelo acusatorio,
caracterizado por la publicidad, la oralidad y la separación de funciones de
investigación y juzgamiento.
Este proceso, se consagró a nivel constitucional con las reformas de 1993,
dentro de las cuales se dividen las funciones de la Procuraduría General de la
Nación y del Ministerio Público, otorgándole a este último, el monopolio de la
persecución penal pública. Así mismo, los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 y que
pusieron fin a 36 años de enfrentamiento armado; y específicamente el Acuerdo
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
15
Op. Cit,. Castillo Monterroso Javier. Pág. 22 16
Ibid. pág. 22
16
Democrática, en sus numerales 8, 9 y 10, señalan el proceso de reforma de la
justicia, como un eje fundamental para el proceso democrático, por lo que proponen
su seguimiento y fortalecimiento. En cuanto a la investigación criminal, el numeral 30
del acuerdo citado expresa: Se fortalecerán, en particular, las capacidades de la
policía en materia de información y de investigación criminal, a fin de poder colaborar
eficazmente en la lucha contra el delito y una pronta y eficaz administración de
justicia, con énfasis en la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional
Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial; Finalmente, con la promulgación
de las leyes Orgánicas del Ministerio Público, Decreto Número 40-94, Policía
Nacional Civil, Decreto 11-97; Instituto de Defensa Pública Penal, Decreto Número
129-97; y recientemente, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses, Decreto Número 32-2006; se completa el marco normativo de la
investigación criminal en Guatemala”.17
Con la actual reforma al Proceso Penal Guatemalteco, los avances en cuanto
a los procesos que han llegado a sentencia han aumentado, pues la acumulación de
proceso se ha descongestionado, y se ha logrado la aplicación de la leyes en materia
penal como uno de los objetivos del derecho penal, prevenir, castigar y rehabilitar al
delincuente a lo mas breve posible, pues el anterior sistema congestionaba los
diferentes juzgado y esto ocasionaba perdidas económicas al Estado.
1.3. Definición:
Para Vincenzo Manzini el Proceso Penal es: “El conjunto de actos concretos,
regulados en abstracto por el Derecho Procesal Penal para obtener del órgano
jurisdiccional la confirmación de la pretensión punitiva, deducida por el órgano
ejecutivo y eventualmente para realizarla en forma coactiva, lo que constituye la
17
Ibid. pág. 22
17
actividad judicial compleja y progresiva denominado Proceso Penal”.18
Rafael De Pina Vara define el Proceso Penal como el “Conjunto de actos
regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del
derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el
caso concreto mediante la decisión del juez competente”.19
Para facilitar su entendimiento el Derecho Procesal Penal es el conjunto de
normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, por la aplicación de las
leyes de fondo y su estudio comprende la organización del poder judicial, la
determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación
del juez y las partes en la sustanciación del proceso.
Para Alberto Herrarte el Derecho Procesal Penal es: “La rama del Derecho
Procesal que estudia las normas que regulan el proceso penal.”20
1.4. Naturaleza jurídica:
“El proceso tiene una función de carácter público y los intereses que persigue
son también de carácter público. De hecho, las teorías de trascendencia del Derecho
Penal, son las de Derecho Público. Entre las principales teorías que explican la
naturaleza jurídica del Proceso Penal, están:
1. Teoría de la Relación Jurídica: “Esta teoría sostiene que el proceso se
desarrolla a través de una actividad por el Juez y por las partes regulada por
la ley, teniendo cada una sus propias pretensiones y deberes que dan lugar a
18 Manzini, Vincenzo. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. Traducción Santiago Sentís Melendo, Editorial Jurídica Europa-
América, Buenos Aires, Argentina.1996 pág. 20 19 De Pina Vara, Rafael. “Diccionario de Derecho”. Edición, Editorial Porrúa, México D.F., México. 2003 pág.403 20 Herrarte, Alberto. “Derecho procesal penal”. 3ª. reimpresión, 1ª. edición, Editorial Centro Editorial Vile, Guatemala.
1993. pág. 82.
18
una relación de derecho público”.21
“Esta teoría establece los presupuestos Procesales, que son requisito
indispensable en el proceso penal; y no es más que la existencia de un órgano
jurisdiccional competente, las partes que intervienen en el proceso penal; y
por último la comisión y el establecimiento de un hecho antijurídico”.22
“La Teoría de la Relación Jurídica, toma al imputado como verdadero sujeto
de relación procesal, con deberes y derechos, como toda persona, lo que
efectivamente es en el Sistema Acusatorio; en cambio, en el sistema Inquisitivo el
imputado era tomado como un objeto del proceso.
2. Teoría de la Situación Jurídica: “Se ha objetado que esta teoría pierde
panorama del conjunto, estudiando el proceso no como lo que debe ser, sino
lo que es corrientemente; no estudia el proceso en una forma científica, ya
que de conformidad con esta teoría, el final de litigio está determinado por la
destreza de las partes, lo cual constituye un fenómeno extrajudicial, al negar la
relación jurídica procesal y los presupuestos procesales, como una condición
de existencia de la misma, afirmando que son las partes las que inician y dan
por concluido el proceso penal y que la decisión del Juez no cuenta, ya que su
obligación de administrar justicia, no se desprende de relación procesal
alguna, sino se basa en el derecho público que impone al Estado la obligación
por medio del Juez”.23
1.5. Fines:
Para De Pina Vara, la finalidad del Proceso Penal: “Es alcanzar la aplicación
judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés elemental
21
Albeño Ovando, Gladis Yolanda. “El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco”. Editorial Llerena, Guatemala 2001 Pág. 8 22
Ibid. .pág. 8 23
Ibid.. pág 8
19
tutelado en el caso concreto, mediante la decisión del juez competente”.24
“Los fines del proceso se dividen en generales y específicos, a su vez los
generales los subdivide en mediatos e inmediatos y los específicos en investigación
de la verdad e individualización de la personalidad del justiciable. El fin general
mediato: consiste en alcanzar los fines mismos del Derecho Penal, es decir,
prevención y represión del delito; mientras que el fin general inmediato: persigue la
aplicación de la norma material del Derecho Penal al caso concreto, investigando a
través del Proceso Penal, si el hecho que se considera como delito ha sido
efectivamente cometido por persona determinada, el grado de participación del
sindicado y establecer si el caso denunciado constituye delito; y, luego en caso de
que así sea, declarar la responsabilidad del sindicado y determinar la pena o medida
de seguridad derivadas del mismo y establecidas en la ley penal. En cuanto a los
fines específicos, al referirse a la ordenación y desenvolvimiento del proceso y la
subdivisión de la verdad histórica o material en contraposición de la verdad formal y
la individualización de la personalidad del justiciable. La verdad material o histórica,
que es una verdad de hecho, se averigua en el proceso penal, tomando en cuenta
que la investigación de los hechos tipificados como delitos, está encomendada al
Estado a través de sus instituciones preestablecidas”.25
Los fines del proceso penal tienen como meta, al igual que los fines generales
del Derecho: alcanzar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica aplicando la
ley penal al caso concreto.
24
De Pina Vara. Ob. Cit. Pág. 405. 25
Ramírez, Esvin. “Temario de Derecho Procesal Penal” 2013 pág. 2
20
CAPÍTULO II
TESTIMONIO Y SU IMPORTANCIA
2.1. Antecedentes:
“La prueba testimonial ha sido contemplada desde siempre, como uno de los
medios de prueba a través del cual se puede producir la convicción del juez sobre los
hechos que se someten a su conocimiento. Desde que el ser humano empezó a vivir
en comunidad la prueba testimonial ha sido la clave para lograr solucionar conflictos
jurídicos y cotidianos. En ese sentido se puede decir que; la prueba por testigos es
tan antigua como los más antiguos ordenamientos positivos humanos. Nació a la
vida del derecho como el derecho mismo. En consecuencia la prueba testimonial es
tan remota como la humanidad y junto con la confesión, la más antigua. La
confesión y la prueba testimonial en la edad media y gran parte de la edad moderna
fueron consideradas como los principales medios probatorios para administrar
justicia. Durante muchos siglos se acepto como verdad innegable y como suficiente
prueba el testimonio, esto se debía a que las pruebas mediante documentos, peritos,
reconocimiento judiciales no se habían desarrollado”.26
Por ello Bentham, citado por Hoyo Sierra, sostenía que: “Los testigos son los
ojos y oídos de la justicia.”27
“En los pueblos primitivos, cuando el acusado no confesaba el hecho que se le
atribuía se recurría en primer término a los testigos; ya que se consideraba la palabra
un medio suficiente de convicción, y el principal medio de expresión entre las
personas en la recreación o representación de los hechos sucedidos. A través del
testigo, el juzgador conocía los relatos o narraciones, sobre lo sucedido”.28
26
Kielmanovich, Jorge L. “Medios de Prueba”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina.1993 pág. 19. 27
Bentham, Jeremy. “Tratado de las Pruebas Judiciales”. 2011 pág. 117. 28
De Santo, Víctor. “El Proceso Civil: Prueba de Testigos, Nociones Generales, Procedimiento Probatorio”. 2ª. edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina. 1986 pág. 3
20
21
Es por ello que el origen de la prueba testimonial se remonta a: “Los tiempos
de la antigüedad, el cual tenía un gran valor probatorio, siendo el único medio con el
cual contaban los hombres para hacer constar los actos jurídicos que se celebraban
o los hechos de los cuales se derivaban sus derechos”.29
“Es así como las declaraciones de terceros terminaron por ser admitidas para
la reconstrucción de aquellos hechos llamados a constituirse un objeto de la prueba
en los procesos judiciales, debido fundamentalmente a la credibilidad en la palabra
del hombre y al desconocimiento de la escritura que todavía no estaba desarrollada y
que era un beneficio que unos pocos tenían. Sin embargo cuando la práctica de la
escritura se extendió no tardó en superar en importancia probatoria a la prueba
testimonial, porque traía sobre esta la ventaja, de la permanencia en sus
enunciaciones, sin los peligros de aquella y por otro parte, la progresiva declinación
del sentimiento religioso. Con la transformación de las costumbres se había
debilitado considerablemente la fe en el testimonio. Según Alsina: “A medida que el
uso del documento se fue generalizando, se fue limitando el uso del testimonio
respecto de las cuestiones de mayor relevancia económica, familiar o social. Además
establece el antiguo lema “testigos vencen escritos” lo sustituyó al de “escritos
vencen Testigos”. Pero es importante mencionar que mientras este medio de prueba
no se aplicaba, la prueba testimonial se considero como uno de los principales
medios probatorios, para la administración de justicia”.30
“Con la implementación del uso de la prueba documental, a partir del
movimiento codificador iniciando por la revolución Francesa en el siglo XIX se limito
el uso de la prueba por testigos. Sobre la prueba de testigos pueden hallarse normas
expresas, en el; antiquísimo código de Manu, La Biblia (antiguo Testamento), las
constituciones Griegas. En las postrimerías de la edad media la obra civilizadora de
29
Kielmanovich, Jorge L. “Medios de Prueba”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina.1993 pág. 19. 30
Alsina, Hugo. “Fundamentos de Derecho Procesal”. Editorial Jurídica Universitaria, México D.F., México. Pág. 91.
22
este último en la justicia, contribuyo decididamente a su desarrollo como prueba
principal tanto en el proceso inquisitorio como en el acusatorio. El testimonio durante
las pruebas bárbaras en la edad media paso a segundo término”.31
Florián acierta al considerar: “La generalización del empleo del testimonio
como importante avance en la evolución de las pruebas judiciales. A si mismo
sucedió en Francia, Alemania y España desde el siglo XIII”.32
“Las primeras restricciones a la prueba de testigos aparecieron en Italia, en el
estatuto de Bolonia de 1454 y en Milán en 1498, en el cual prohibían dicha prueba en
ciertos casos, sobre todo en las pruebas de las obligaciones de determinado valor.
Este criterio restrictivo, prohibía en ciertos casos la prueba de testigos y exigiendo la
prueba escrita como condición del acto mismo. Más tarde la ordenanza francesa de
Carlos IX, promulgada en Moulins en 1566, estableció la necesidad de la escritura en
contrato que exceda de cien libras”.33
El código civil Francés en el artículo 1341 establecía: “debe extenderse acta
ante escribano público o bajo forma privada de todas las cosas que excedan la suma
o el valor de ciento cincuenta francos, aun los depósitos voluntarios; y no se admitirá
prueba de testigos contra o fuera del contenido de esos documentos, ni sobre los
que se alegase haberse dicho antes, durante o después de su otorgamiento, aunque
se trate de una suma o valor menor de ciento cincuenta francos, este criterio
restrictivo prohibía en ciertos casos la prueba de testigos”.34
“Por otra parte se encuentra a los testigos en el mismo proceso judicial, así
por ejemplo: “En la etapa denominada In Ius Vocatio”. Por la que comenzaba el
31
Ibid. pág. 91 32
Florián, Eugene y Leonardo Prieto Castro. “Elementos del Derecho Procesal Penal”. Editorial Jurídica Universitaria, México D.F., México. 2001 pág. 73. 33
Ibid. pág. 73 34
De Santo. Op. Cit. pág. 5.
23
proceso regulado por las XII tablas. Empleados ya que inicialmente como fuentes o
medios para la acreditación de haberse dirigido por el actor, la citación al demandado
a objeto de que este contribuyera con el juicio. Frente a cuya incomparecencia habría
de traérselo por la fuerza (si in Ius Vocat, ito. Ni it antestaminor; igitur em capito)”.35
“Con la declaración de los testigos para la demostración de los hechos o
afirmaciones deducidos en el proceso como presupuestos de las acciones y
defensas esgrimidas, era entonces la manera de probar en el viejo derecho Egipcio,
Babilónico, Hindú, y Hebreo, entre otros, y que habría de perdurar en el Derecho
Romano Clásico hasta llegar a nuestros días con una variable eficacia. “La prueba
testimonial, era la declaración que personas distintas de las partes procesales hacían
a cerca de los hechos que interesaban a la litis, fundamentalmente en el periodo de
las Legis Acciones”. “Reinaría también en todo lo largo del proceso formulario
caracterizado por un amplísima libertad probatoria, tanto a favor de las interesados
como del mismo juez”.36
“No existía por ello, al menos en el periodo formulario, ninguna regla de
exclusión, en torno al número de testigos que las partes podían proponer, era el juez
quien habría de valorar la eficacia de la declaración. Los testigos en esa época se
pesaban, no se contaban; o es lo mismo interesaba más la sustancia del testimonio
que el número o la singularidad del testigo se valoraba mas el contenido de la
declaración en si misma que su eventual coincidencia con el de otras personas que
pudieran deponer en igual sentido”.37
“Es necesario mencionar que la importancia que se le reconocía a este medio
de prueba, era relevante y la incomparecencia de los testigos se les sometía a
infamia. La comparecencia del testigo se establecía como: “Un deber generalizado,
35
Ibid. pág. 5 36
Kielmanovich. Op,. Cit. págs. 21-22. 37
Ibid. Pág. 22.
24
del cual solo aparecerían exceptuados los ilustres, estos es lo más alto dignatarios
del estado, además se excusaban incluso a los obispos por un cierto tiempo al tener
que rendir testimonio. Los testigos debían de presentar juramento. Antes de declarar,
tal cual ocurría en el periodo formulario, y tenían que asistir a la sede del tribunal,
salvo si su domicilio estaba a una larga distancia. Ante este supuesto se autorizaba
la producción de la prueba ante el magistrado de su domicilio”.38
Las partes podían cuestionar la credibilidad de los testigos y ofrecer a su
turno, otros testigos en contraposición a los propuestos por la contraria, pudiendo
dirigirles preguntas y solicitándose declaraciones, sin que la ausencia de aquella
impidiese la práctica de la prueba. Se levantaban actas con las respuestas dadas
que hacían fe pública y copias que se les entregaban a las partes para su defensa.
Se reguló por ley las causas que afectaban la eficacia de las declaraciones: las
derivadas del parentesco entre las partes y testigos; del patrono; el de amistad o
enemistad y el de la existencia de litigios pendientes entre ellos. Las declaraciones
podría recibirse para un proceso futuro, para ello debía de citarse previamente a la
parte contra la cual iría a servir la misma prueba, esto se hacía constar en acta. Sin
embargo en el derecho Justiniano, la prueba testimonial: “Comenzaría a sufrir
profundas trasformaciones derivadas de la fragilidad que empezaba a insinuarse en
las creencias religiosas y en las costumbres que antes le habían inspirado y
asegurando su eficacia, sumando a ello la presencia de verdaderas sociedades de
personas siempre dispuestas a testificar en todo caso”.39
“La famosa constitución de Constantino (l.9 Cód. De Testibus, 4. 20)
“ordenaba que los testigos antes de que dieran el testimonio se atasen con la religión
del juramento y que se diera fe preferentemente a los testigos más honestos; así
como sancionar de igual modo que ninguno de los jueces se propasará al admitir
38
Ibid. Pág. 23. 39
Kielmanovich. Op. Cit. pág.184.
25
fácilmente en cualquier causa que fuere el testimonio de uno solo, y se sancionaba
abiertamente que no se oiga de modo alguno la deposición de un solo testigo, por
más que se destaque por el honor de la esclarecida curia. De esta ley se extrae la
máxima unus testis nullus testis, a partir del cual la declaración de un solo testigo no
tendría valor o eficacia y que había de perdurar hasta épocas recientes”.40
Por otra parte: “La tendencia de la prueba testimonial se ve reforzada
mediante la incorporación de una ley Griega, en virtud de la cual se establecía
mediante el latinismo contra scriptum testimonium non scriptum testimonium haud
profertur, prohibición que habría de introducirse en la mayoría de los ordenamientos
sustanciales para permanecer hasta nuestros días”.41
“En la constitución de Justiniano la novela XC de Testibus ya se extraen
limitaciones en torno a la valoración de la prueba testimonial, en la cual el juzgador
debía atender a la clase social a la que pertenecía el testigo, y determinar si este era
una persona acaudalada o pobre, esto se hacía con el fin de evitar la corrupción en
la sociedad romana de esos tiempos. La desconfianza de la prueba testimonial se
agudizo en el derecho canónico y en el proceso común Europeo, al establecerse
restricciones cuantitativas y cualitativas, en la admisibilidad y eficacia en las
declaraciones rendidas. Otro problema era que las mujeres no podían dar testimonio
ni por un solo hombre era necesario el testimonio de ocho o dieciséis hombres de
buena fama para hacer plena prueba contra las declaraciones de un conde o de un
barón, o el testigo concordante de dos o tres testigos hacía plena prueba. En el fuero
de castilla el número de testigos dependía del litigio sobre el que versara fueren
cosas muebles o inmuebles. El fuero real de España excluía por regla general el
testimonio de la mujer salvo para declarar acerca de hechos escuchados, o
realizados en baño, horno, molino, río, hilados, tejidos, partos, y no en otra cosa.
40
Ibid. pág. 184 41
Ibid. pág. 185
26
Es con la revolución Francesa y la magnífica codificación Napoleónica en la cual se
establecieron: “La libre valoración de la prueba testimonial y su admisibilidad de
personas, que antes se excluían por razón de sexo, religión, parentesco, posición o
interés en la causa entre otros aspectos que ha contribuido a darle a dicho medio su
fisonomía actual, y la aplicación de los principios generales referentes a este medio
de prueba”.42
“Luego de señalar las constantes y graves deficiencias y las severas críticas
de que ha sido objeto por parte de los juristas y el surgimiento de nuevos medios de
prueba más eficaz, para establecer la verdad legal. No obstante los riesgos implica la
prueba de testigos no se puede prescindir de ella. Podría resultar indispensable
cuando las circunstancias no permitan la obtención de otra prueba, principalmente en
materia de hecho. Basta recordar que la mayor parte de las nociones y verdaderas
que guían nuestra conducta tienen como origen la creencia en el testimonio. Es por
ello que todo conocimiento, humano, científico e histórico tiene su fundamento en el
testimonio de los hombres. Por tanto para establecer la fe en el testimonio judicial
hay que darle el lugar que le corresponde en la vida misma, colocando al testigo bajo
el control del público, atribuyéndole al juez amplias facultades para su examen y
castigando al falsario”.43
El testimonio en el proceso penal es de suma importancia, debido a que de
coadyuvan a esclarecer la culpabilidad o inocencia de un sindicado, por lo que su
función, le permite al juzgador pueda determinar la valoración del mismo.
2.2. Definiciones:
El testimonio es un medio de prueba que debe estudiarse desde una
concepción objetiva y subjetiva, esto es desde el contexto de la previsión de la ley
42
Ibid. pág. 187. 43
De Santo. Op. Cit. pág. 12.
27
procesal penal, porque la aducción, admisión y valoración del testimonio son actos
del proceso que deben cumplir un procedimiento previamente establecido, pero
también desde una consideración subjetiva, por cuanto el testimonio es rendido por
una persona natural, por lo que hay que estudiar y entender a la persona humana en
cuanto es testigo.
2.2.1. Del testimonio:
Testimonio penal; “es la declaración de la persona natural, rendida en el curso
del proceso penal y ante autoridad competente, sobre lo que conoce, sabe o le
consta, por percepción de sus sentidos, en relación al objeto y fines del proceso, con
el propósito de contribuir a la reconstrucción judicial del hecho con la finalidad de
producir certeza”.44
Agustín Blanquez Fraile, dice que: “Testimonium, testimonio, viene de testis
que significa testimonio, deposición, declaración de testigo”.45
El testimonio es una declaración de algo que le consta a determinada persona
se a favor o en contra de algo. El cual le sirve al juez en el proceso penal para
determinar acerca de la culpabilidad o inocencia de un sindicado.
2.2.2. Del testigo:
Siguiendo a Cabanellas: “La palabra testigo podemos deducirla del latín
testado, declaración o explicación según su mente”.46
No obstante, consultando el Diccionario Manual de Latín de Agustín Blánquez
Fraile se puede ver que también testigo se deriva de testis: “Testis in aliqua re, de
44
Blánquez Fraile, Agustín. “Diccionario manual Latino-Español y Español-Latino”. Editorial Ramón Sopena, Barcelona, España 1978 pág. 498. 45
Ibid. pag. 498. 46
Cabanellas, Guillermo.“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomos I al V, 25ª. edición, Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2003 pág. 768.
28
aliqua re, alicuyus rei: (en versión de Marco Tulio Cicerón) testigo de alguna cosa; o
testes proferre adhibere o citare aliquam rem: (también en versión de Marco Tulio
Cicerón) traer, presentar, citar testigos para alguna cosa”.47
Cabanellas, lo define como: “La persona que debe concurrir a la celebración
de ciertos actos jurídicos, en los casos así separados por la ley o requeridos por los
particulares, para solemnidad de los mismos, poder dar fe y servir de prueba”.48
En el Derecho Penal testigo de una manera amplia es la persona que declara
su testimonio en el proceso penal de lo que le consta en determinado suceso.
2.3. Peritos:
“En sentido forense; el que poseyendo, especiales conocimientos teóricos o
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se
relacionan con su especial saber o experiencia”. 49
Los peritos son aquellos expertos en el arte, técnica o ciencia, que son
totalmente ajenos a la competencia del juez, que haya sido asignado a través del
fiscal, tribunal o juez con el objetivo de que la prueba pericial sea practicada.
Al respecto, el Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso
de la República de Guatemala, en el Artículo 225 indica que: “El Ministerio Público o
el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para
obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente
poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.
47
Blánquez Fraile. Op. Cit. pág. 498. 48
Cabanellas. Op. Cit. pág. 876. 49
Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas 27ª ed. Buenos Aires Argentina Heliasta 200
pág 744
29
No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o
circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la
autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que
posea. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial. También, la citada
norma, en lo relacionado a los requisitos con los cuales deben contar los peritos,
indica en el Artículo 226 que: “Los peritos deberán ser titulados en la materia a que
pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte
o técnica estén reglamentados. Si, por obstáculo insuperable no se pudiera constar
en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de
idoneidad manifiesta.
2.3.1. Impedimentos de los peritos:
A continuación, se exponen los impedimentos para poder ser perito en la sociedad
guatemalteca, siendo los mismos los que a continuación se indican:
Las personas que no gocen de sus facultades mentales o volitivas.
Quienes deban o puedan abstenerse a prestar declaración como testigos, tal y
como lo indica el Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso
de la República de Guatemala al indicar en el Artículo 212 que: “No están
obligados a prestar declaración:
1) Los parientes cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus
familiares, dentro de los grados de ley; los adoptantes y adoptados, los
tutores y pupilos recíprocamente, en los mismos casos. Sin embargo,
podrán declarar, previa advertencia de la exención, cuando lo desearen.
2) El defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los
hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en
reserva por secreto profesional.
3) Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo
garantía de confidencialidad legalmente prescrita.
30
4) Los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por
razón de oficio, bajo secreto, salvo que hubieren sido autorizados por sus
superiores”.50
También de laguna manera existen casos donde as personas que hubieren sido
testigos del hecho objeto del procedimiento, o personas que se encuentren
inhabilitados en el arte, técnica o ciencia de la cual se refiera. Dicha inhabilitación
puede ser el resultado de aplicar medidas de orden disciplinario que provienen de
autoridades de orden público, de un fallo judicial o de colegios profesionales, o
también quienes se les hayan designado como consultores técnicos dentro del
mismo procedimiento o en algún otro similar.
2.4. Clasificación de la experticia:
Devis Echandía clasifica la experticia así: “La clasificación de las peritaciones
y de los peritos depende del punto de vista que se adopte para considerarlos.”51
En una primera clasificación, Devis Echandía distingue entre el perito
percipiendi y el perito deducendi, y señala:
“a) Hay peritaciones para verificar la existencia o las características de los hechos
técnicos, científicos o artísticos, de que hablan Lessona, Carnelutti, Florian,
Mittermaier, Franchi, Mallard, Alsina, Scardaccione, Denti, Andrioli, Silva
Melero, Guasp, Sicard.”52
Se puede considerar que esta clase de dictamen es, indudablemente, un
medio para la comprobación de hechos. Los autores que le niegan a la peritación el
carácter de medio de prueba, olvidan que esta clase de dictamen es quizás el más
frecuente, lo mismo en los procesos civiles que en los penales y laborales.
“b) Otras peritaciones tienen por finalidad aplicar las reglas técnicas, artísticas o
50
Artículo 212 Código Procesal Penal Decreto Número 51-92 del Congreso de la República 51
Devis Echandía, Hernando “Teoría General de la Prueba Judicial”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia. 2002 pág. 879. 52
Ibid. pág. 879
31
científicas de la experiencia especializada de los expertos, a los hechos
verificados en el proceso, por cualquier medio de prueba, para deducir de ellos
las consecuencias, las causas o las calidades o valores que se investigan. Los
peritos hacen las dos operaciones, de enunciar las reglas de la experiencia
técnica pertinente y de aplicarlas a los hechos probados en el proceso, para
formular las deducciones concretas que corresponden. A esta clase de
peritación corresponde el llamado perito deducendi”.53
En esta clase de peritación se verifican o prueban hechos, los que constituyen
la causa o el efecto, el perjuicio, por ejemplo, de los otros hechos probados por
medios distintos, o aspectos concretos de tales hechos, que equivalen a una prueba
pericial de los mismos, como el valor económico de un objeto o un daño, la calidad
artística de una obra de arte, la buena o mala calidad de una mercancía.
“Aceptan expresamente esta clase de peritaciones, entre otros, Carnelutti,
Mittermaier, Mallard, Guasp, Aguirre, Alsina. Quienes admiten este medio para
establecer la existencia o el valor de los perjuicios ya causados o que puedan
ocasionarse en el futuro, en virtud de hechos debidamente probados, en ese
proceso, o la causa de un hecho también probado allí, implícitamente aceptan esta
segunda clase de peritaciones”.54
“c) Teóricamente puede suceder que los peritos reciban el encargo de enunciar
simplemente las reglas de la experiencia técnica que los califica, para que el
juez proceda a aplicarla a los hechos comprobados en el proceso y a obtener
las conclusiones.”55
En ese caso el dictamen sería un simple instrumento para la integración del
53
Ibid. pág. 879 54
Ibid. pág. 879 55
Ibid. pág. 880
32
juicio lógico del juez, una simple regla de experiencia para la apreciación de
las pruebas. En la práctica es muy raro que se presente esta tercera clase de
peritación, pues por lo general contiene la verificación total o parcial de
hechos, que existe en las dos primeras clases que hemos explicado.
También se puede distinguir entre: “Peritaciones forzosas y potestativas o
discrecionales, según que la ley exija o no su práctica para el caso”.56
También se distinguen las peritaciones judiciales de las peritaciones
prejudiciales, según que ocurran en el curso de un proceso o en diligencia procesal
previa. Las últimas están autorizadas en muchas legislaciones como la colombiana,
la salvadoreña, la argentina, etc.
“Con un sentido similar al de la anterior clasificación, se habla de peritaciones
de presente y peritaciones de futuro, entendiendo por aquellas las que se practican
en el curso de los procesos, para que surtan de inmediato sus efectos probatorios, y
por las últimas las que se producen anticipadamente, para futura memoria, en vista
de un litigio eventual, en diligencia judicial previa al proceso en donde se aducirán
como prueba”.57
Puede hablarse también de peritaciones oficiosas o por iniciativa de las partes,
según que medie o no este impulso del interesado.
Por último, señala Devis Echandía: “Si se admite la peritación para establecer
la ley extranjera y la costumbre nacional o extranjera, lo mismo que para interpretar
la ley que utiliza expresiones técnicas o científicas, pueden distinguirse las
peritaciones sobre hechos y sobre el derecho, o en lenguaje carneluttiano, las
56
Lessona, Carlos. “Teoría General de la Prueba”. Editorial Reus, Madrid, España. 1964 Pág. 557. 57
Lessona, Carlos Op. Cit,. pág. 424.
33
técnicas y las jurídicas”.58
“En cuanto a las distintas clases de peritos, además de los mencionados
percipiendi y deducendi, puede hablarse de esporádicos o accidentales, cuando
adquieren esa condición para el caso concreto y en virtud del nombramiento especial
del juez y de continuos o permanentes, si desempeñan un cargo cuya función
consiste en emitir dictámenes, para cierta clase de procesos, como por ejemplo los
médicos legistas o forenses que deben dictaminar sobre las causas y el momento de
la muerte o sobre las consecuencias de las heridas, en los procesos penales. Lo
cual: “Se acepta que los últimos no estén sujetos al requisito del juramento previo a
cada dictamen, en razón de haberlo prestado, para todas sus actuaciones futuras, al
tomar posesión del cargo”.59
Como se observa la importancia de las pruebas periciales, para el
esclarecimiento de un hecho, más en los casos de asesinatos, y violaciones, en
donde el juzgador tienen la responsabilidad de hacer uso de las pruebas científicas
que en estos días son de gran avance de la tecnología que si ayuda como
herramienta para el esclarecimiento de la verdad en un proceso penal.
2.5. Admisión e incorporación:
El Artículo 343 el Código Procesal Penal vigente establece: “Al tercer día de
declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba
ante el Juez de Primera Instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le
concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba,
individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y
documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados
en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente,
indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende
58
Davis Echandía. Op. Cit. pág. 882. 59
Gómez Lara, Cipriano. “Teoría General del Proceso”. 10ª. edición, Editorial Oxford University Press, México D.F., México. 2004 pág. 73.
34
probar.
Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos
procesales para que se manifiesten al respecto.
De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros
sujetos procesales. El Juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente
y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal”.60
Como la norma estable todo medio de prueba deberá ser ofrecida en el
momento procesal oportuno, puesto que la prueba pericial tiene incidencia dentro de
un proceso penal, en el cual debe ser corroborado y rectificado por el experto emisor
en donde el juzgador debe agudizar la atención por tratarse de cuestiones técnicas o
científicas requiere una mayor apreciación.
2.6. El anticipo de prueba:
El proceso penal se realiza en diferentes etapas, es en la etapa preparatoria
en donde corresponde la realización de todos aquellos medios de investigación que
son necesarios practicar para poder determinar la forma en que pudo haber sucedido
un hecho ilícito, y principalmente la participación de alguna persona como
responsable del mismo. De acuerdo al caso concreto, el encargado el Ministerio
Público, o en su defecto la persona interesada, deberán estudiar las posibles
diligencias que puedan llevarse a cabo y que sean útiles a la investigación, dentro de
las cuales habrán diligencias que por su naturaleza o características deben ser
considerados como actos definitivos, así también aquellos órganos de prueba que
por algún obstáculo difícil de superar no podrán realizarse durante el juicio, en estos
casos los distintos sujetos procesales tienen la facultad y legitimación para solicitar al
Juez se realice la diligencia requerida. El juez al examinar lo referente a la
admisibilidad de la petición que se realiza, debe percatarse que cumpla con las
características de prueba anticipada, y una vez aceptada, debe citar a todos los
60
Código Procesal Penal. Decreto Número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala
35
sujetos procesales para su realización. Cada uno de los sujetos tienen el derecho de
actuar durante la audiencia respectiva, con los mismos derechos y facultades que les
otorga la ley durante el juicio, por ejemplo si se trata de una declaración testimonial,
los testigos deben ser juramentados, y los que tiene la facultad de abstenerse a
declarar, podrán ejercer su derecho, en igual forma que durante el juicio. Una vez
realizada la diligencia de prueba anticipada, al igual que los otros medios de prueba,
debe ser ofrecida e incorporada en la forma y modos que indica la ley, de lo contrario
se corre el riesgo que no podrá ser valorada por el Tribunal de Sentencia. La prueba
anticipada también se puede solicitar y realizar durante la preparación del juicio,
vencido el plazo de la etapa de investigación, la cual se realizará durante el plazo
que el tribunal concede a los sujetos procesales para que ofrezcan la prueba que se
incorporará al juicio. Esta diligencia en este momento procesal, la puede realizar el
mismo tribunal de oficio, o a petición de parte, por ejemplo, la declaración de testigos
o peritos que por algún obstáculo difícil de superar se presume que no podrá estar en
el juicio, o anticipar alguna pericia que sea necesaria, actos que sean difíciles de
poder cumplir en la audiencia. Para el desarrollo de la diligencia, en la etapa de
preparación del juicio, el tribunal de sentencia debe designar al juez o jueces que
presidirán la audiencia respectiva, en la cual rigen las mismas reglas del debate y
facultades para las partes”.61
En el Código Procesal Penal Decreto Número 51-92 del Congreso de la –
República establece “Artículo 317 Cuando sea necesario practicar un
reconocimiento, construcción, pericia o inspección que por su naturaleza y
características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser
reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo
difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio o
cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice.
61
Catalán Franco, Conrado Alejandro. “Estudio Jurídico Doctrinario del Anticipo de Prueba en el Proceso
Penal Guatemalteco” Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2006 pág. 52
36
El juez practicará el acto, si lo considera admisible formalmente citando a todas las
partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho de asistir con las
facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que
estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiere intervenir
personalmente…”62
Por lo que el anticipo de prueba, en la realización de un medio probatorio que
cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar ante el juez, por el temor de que
el acto pueda perderse por cualquier motivo, que no se pueda presentar durante el
desarrollo del juicio y surte sus efectos como prueba anticipada en el momento que
se presente en la audiencia oral y pública. Durante la etapa preparatoria no es
necesario realizar ninguna protesta solemne para efectuar un medio de investigación,
sin embargo el Ministerio Público como el ente encargado de la persecución penal
puede requerirle al juez que se proceda a la protesta de ley en aquellos casos en que
se deba desarrollar prueba anticipada. También los sujetos procesales pueden
solicitar la realización de aquellos actos que se consideren definitivos con el objeto
de colaborar y coadyuvar en la investigación, tal es el caso del querellante
debidamente admitido como sujeto procesal, podrá solicitar al Ministerio Público ya
sea en forma verbal o por escrito la práctica y recepción de pruebas anticipadas así
como también cualquier otra diligencia que esté prevista de conformidad con el
Código Procesal Penal. Asimismo el Ministerio Público cuando lo considere
pertinente, también podrá solicitar al Juez o al Tribunal la realización y práctica de
pruebas anticipadas. En todos estos casos cuando se reciba como prueba anticipada
actos que versen sobre peritajes, el juez, el Ministerio Público, el querellante y el
tribunal de sentencia podrán intervenir con el objeto de determinar el número de
peritos que deban participar e intervenir en la realización del acto solicitado como
prueba anticipada, designándose a los peritos, según la importancia del caso y lo
complejo de las cuestiones que se pretenden probar, en las cuales se puede atender
a las sugerencias de las partes. Durante el desarrollo de la etapa preparatoria
62
Código Procesal Penal Decreto Número 51-92 del congreso de la República Artículo 317
37
deberán presenciar el acto como anticipo de prueba el defensor del imputado, el
Ministerio Público, el querellante y el Juez, con el objeto de que dicho acto se realice
de conformidad con la ley, según lo dispuesto para la prueba anticipada y así poder
incorporarlo al juicio. También la prueba anticipada se podrá solicitar al Ministerio
Público, con el objeto de que éste lo solicite al Juez, también se podrá pedirse
directamente a dicho juez.
En virtud de lo anterior el Código Procesal Penal en el Artículo 317 establece
todos aquellos actos que se consideran como definitivos tales como la práctica de un
reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y
características no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de
prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo
durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez
que lo realice. En tal caso al realizarse el acto el Juez si lo considera formalmente
admisible citará a todas las partes quienes tienen el pleno derecho de asistir con
todas las facultades previstas en la ley respecto de su intervención en el debate. Así
también el imputado si estuviere detenido será representado por su defensor en la
realización de dicha prueba, salvo que el imputado pidiere intervenir personalmente.
De igual forma, en el mismo artículo establece que por si la naturaleza del acto a
realizar la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el
juez practicará la citación de todas las partes a manera de evitar este peligro, y
procurará no afectar las facultades atribuidas a ellas.
2.7. La experticia como búsqueda de la verdad:
“La experticia cobra relevancia en la tarea apreciativa del juez y el valor que le
asigne al peritaje, apreciación que debe contener dos puntos esenciales. El primero
de ellos, es que el juez debe examinar el aspecto formal del dictamen, es decir, si el
perito era capaz, idóneo y profesional en la materia de la cual debe resolver las
interrogantes planteadas, así como también si esa prueba se adujo en el término
38
respectivo, si cumple las formalidades ope legis y si se ha cumplido el procedimiento
respecto a la juramentación del perito y su presentación, a lo cual el juez debe
responder con las normas del procedimiento patrio que son el referente para
establecer si convergen y se han cumplido esas solemnidades, sin olvidar los
deberes que tiene como director del proceso en materia de pruebas. El segundo
punto que señalábamos se refiere a que el juzgador debe examinar el contenido del
dictamen, así como llevar a fin la comprobación de la coordinación lógica y científica
de las razones que esgrime el perito en su informe”.63
“El juez debe valorar lo que se expresa en el peritaje y si estima que las
conclusiones son ambiguas o insuficientes puede, de oficio, siempre que sea
conveniente, ordenar una aclaración o ampliación del peritaje. Aquí la ley no es clara,
pero debe aplicarse el principio de la libertad del juez en el uso que le dé al dictamen,
ya que puede tratarse de un dictamen formalmente perfecto y en principio bien
fundamentado, pero generador de dudas a lo cual el juez debe no prestarle crédito.
El principio de la libertad en la apreciación de la prueba, se destaca y no
significa que el proceso penal y las pruebas a éste llevadas serán regidas por el
imperio de la arbitrariedad y el reino del capricho, pues el juez, imparcial ante todo,
debe verificar y analizar cada una de las pruebas por separado y luego integrarlas a
una comunidad probatoria (Principio de Comunidad de la Prueba), a fin de arribar a
una decisión racional, que guarde relación estrecha con el objeto del proceso y no
hundir el discurso de la sentencia en el mar de las cavilaciones”.64
“Lo anterior es sin perjuicio del poder discrecional en la interpretación de las
evidencias, lo cual debe hacer de acuerdo a los principios de la prueba judicial, tanto
defendidos por la doctrina, que podemos resumir en los siguientes: Principio de
63
Couture, Eduardo. “Estudios de Derecho Procesal Civil”. 13ª. edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 1989 pág. 138 64
Ibid. pág. 138
39
Contradicción, Principio de concentración de la Prueba, Principio de Comunidad de la
Prueba, Principio de Inmediación, Principio de Libre Apreciación, Principio de
Publicidad, Principio de Irrenunciabilidad de la Prueba, Principio de Legalidad de la
Prueba, etc.
Es obligante puntualizar, que al valorar la peritación, todos estos principios son
referentes que posee el juez para que su apreciación sea rigurosamente jurídica, con
fundamento en la ley, así pues: “Como el fin del proceso es la realización del`
derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas
constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada
importa quién las haya pedido y aportado; desde el momento que ellas producen la
convicción o certeza necesaria, la función del juez se limita a aplicar la norma
reguladora de esa situación de hecho”.65
La experticia es un medio vital para el esclarecimiento de la verdad en el proceso
penal, más en los casos de violaciones cuando se necesita determinar si realmente
el presunto agresor fue la persona que participo el ilícito, en nuestro país gracias a
Dios ya existe un avance tecnológico par el esclarecimiento de muchos hechos.
2.8. Procedimiento Probatorio:
El procedimiento probatorio comprende las actividades procesales que se
despliegan para la práctica de la prueba, su recepción y los requisitos que deben
llenar dichas actividades y que tienen por objeto constituir la prueba: ofrecimiento,
diligenciamiento y valoración de la misma. La valoración definitiva no constituye parte
de la instrucción probatoria, sino propia del pronunciamiento de la sentencia. Con
relación a lo anterior, Maier, señala que: “…luego de recibida la prueba, solo resta
valorarla. Para el acusador y el imputado ello significa la posibilidad de indicarle al
tribunal el sentido que debe tener su decisión, desde el punto de vista fáctico. En el
65
Ibid. pág. 138
40
cumplimiento de esta labor puede advertirse también, el paralelismo entre las
facultades acordadas al acusador y al acusado”.66
“Para llegar a esa certeza del valor probatorio se han utilizado medios
legítimos con el fin que tanto la acusación, como el imputado se encuentran en
igualdad de condiciones; los derechos fundamentales se constituyen en las reglas
básicas del juego, proporcionan la garantía de igualdad de condiciones y legitimidad
del procedimiento en la obtención de los medios de prueba que dan origen a la
certeza del mismo.
El ordenamiento procesal penal regula el procedimiento para obtener y aportar
el material probatorio, con un doble objetivo:
a. La persecución y castigo del responsable penalmente, y
b. Como garantía de la observancia del debido proceso.
De aquí que la legalidad en la obtención de los medios de prueba constituya
en un punto, en la valoración de la prueba. La ley es clara al declarar “inadmisibles,
en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido,…” Artículo
183 Código Procesal Penal Decreto Número 51-92 del Congreso de la República;
disposición ésta que se complementa con lo dispuesto en el Artículo 283 del mismo
cuerpo legal, que dispone que constituyen defectos absolutos en el procedimiento los
“concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los
casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y
garantía previstos por la Constitución política de la República de Guatemala y por los
tratados ratificados por el Estado”.67
“De lo anterior se desprende que la regulación que nos ocupa tiene como
66
Maier, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal Argentino”. Editorial Ad-Hoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 2002 pág. 321.
67 Ibid. pág. 138
41
meta no sólo la observancia de la legalidad en la actividad probatoria, sino que,
además, dicha regulación está establecida como una defensa de la Constitución y de
la inviolabilidad de los derechos fundamentales que ella reconoce. La prueba que se
adquiere vulnerando los derechos fundamentales, viola, en primer lugar, el derecho a
un proceso con todas las garantías, (Artículo 12 Constitución Política de la
República) y el derecho a la igualdad procesal (Artículo 21 Código Procesal Penal);
en segundo lugar y, concretamente, el derecho fundamental transgredido, al obtener
la prueba concreta. Por lo tanto, no se puede permitir la ilegalidad en la obtención de
la prueba, porque ello sería convertir en un derecho no positivo la Constitución
Política de la República.
Lo más importante es que en el desarrollo del juicio penal no puede ser
obtenida con violación de los derechos fundamentales, ya que si no se observa el
procedimiento de obtención e incorporación de la prueba, esa prueba no puede surtir
efecto, no puede probar nada porque está viciada desde su origen. Este
procedimiento requiere que la prueba sea ofrecida, diligenciada y valorada ésta de
acuerdo a la sana crítica razonada”.68
Para efecto de coadyuvar a mejor entendimiento del presente tema, es
necesario diferenciar cada una de las etapas o fases del procedimiento probatorio,
por lo que esta constituida por todas las actuaciones que se realizan dentro del
proceso con el fin de establecer con exactitud de los hechos objetos del proceso.
2.8.1. Ofrecimiento:
De acuerdo al tratadista argentino, José I. Cafferata Nores: “En el juicio, el
Ministerio Público y los sujetos privados tienen el derecho de ofrecer pruebas, a la
cual corresponde el deber del tribunal de recibirlas (si fueran oportunamente
ofrecidas), con la única excepción de que aquellas fueran evidentemente
68
Ibid. pág. 138
42
impertinentes o superabundantes. Durante el juicio, el tribunal deberá limitarse a
recibir solo las pruebas oportunamente ofrecidas por el Ministerio Público y las
partes, en virtud de la vigencia preponderante del acusatorio formal en la segunda
etapa del proceso”.69
El Código Procesal Penal, vigente en Guatemala como se refiere
anteriormente regula el ofrecimiento de prueba en el Artículo 343. “Al tercer día de
declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba
ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le
prueba, individualmente cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y
documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados
en el debate. En caso de otro medios de prueba, se identificaran adecuadamente,
indicando la forma de diligenciamiento y el hacho o circunstancia que se pretenda
probar…”
El Proceso Penal Guatemalteco es importante para el buen desarrollo del
proceso que todas las diligencias se lleven dentro del momento procesal oportuno
par no tener conflictos fuera del proceso.
2.8.2. Diligenciamiento:
Según Maier: “No cabe la menor duda de que la mejor forma de presentar el
conflicto social para conocerlo y comprenderlo, es producirlo al tenor de los rastros
que él ha dejado (testigos, peritos, documentos, señas materiales, víctima, imputado,
etc.), en una audiencia a la que asistan todos los interesados en su solución
(inmediación) y en la que los sujetos procesales y las personas que proporcionan
datos e informaciones se comuniquen a través de la palabra hablada (oralidad)”.70
69
Cafferata Nores, José I. “La Prueba en el Proceso Penal”. 5ª. edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 2003 pág. 226. 70
Maier. Op. Cit. Pág. 731.
43
José Cafferata Nores, indica que: “Durante la instrucción, el Juez debe realizar
de oficio o a proposición del Ministerio Público y de las partes las diligencias
probatorias conducentes al descubrimiento de la verdad, que se hará constar en
actas y que servirán para dar base a la acusación. Si se les quisiera utilizar para
fundamentar la sentencia deberán ser diligenciadas en el debate”.71
La legislación procesal penal guatemalteca estipula el procedimiento a seguir
en cada caso para su obtención y el diligenciamiento de la misma, lo contempla en
los Artículos 375 al 380, del proceso Penal Vigente en Guatemala lo cual se da en la
etapa del debate. Así también se refiere al diligenciamiento de la prueba, en casos
excepcionales, fuera del debate, como lo es el anticipo de prueba, regulado en los
Artículos 317 y 348 del mismo cuerpo legal..
2.8.3. Valoración:
“La valoración es una operación intelectual que realiza el juzgador según las pruebas
que haya recibido, de las mismas con el objeto de valuarlas y decidir en base su
veredicto en cuanto aquello que se dilucide dentro del proceso. Ésta valoración
tiende a determinar cuál es su real utilidad a los fines de la reconstrucción del
acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso.
Como bien se sabe ésta es una tarea de los órganos jurisdiccionales (y que se
exterioriza en la motivación de las distintas resoluciones dictadas durante el
proceso), pero no solo a éstos órganos se restringe dicha tarea, también
corresponde a las partes involucradas dentro del proceso que se está dilucidando.
Durante el juicio, se valorarán las pruebas recibidas, intentando evidenciar su
eficacia para provocar la certeza necesaria para condenar, o bien que carecen de
idoneidad, o que las pretensiones deducidas tienen o les falta fundamento (según el
interés de quien formule el alegato)”.72
71
Cafferata Nores. Op. Cit. Pág. 228. 72
Cafferata Nores, José y Julio Maier y otros. “Valoración de la prueba”. Pág.53.
44
“La apreciación o valoración de las pruebas es la operación que realiza él
juzgador con el objeto de determinar la fuerza probatoria de cada uno de los medios
practicados en el proceso. Se trata de la operación por la cual el juez decide el valor
de cada uno de los medios de prueba desahogados. Esta operación la exterioriza el
juez en la sentencia, en la parte denominada “considerandos”. Con toda razón se ha
escrito que en "la valoración radica la mayor dificultad del problema que plantea la
prueba, constituyendo la operación más delicada a realizar por el juzgador”.73
“Existen múltiples sistemas de valoración de la prueba en los procesos,
funcionando o haciéndose valer según la interpretación expresamente definida en la
doctrina que hace el juez para que puedan aplicarse. Dichos sistemas son métodos
que nos guían para apreciar los resultados que queremos o que nos fije la ley. Tres
son los principales sistemas de valoración de la prueba que se conocen: el de la
prueba legal, el de la íntima convicción y el de la libre convicción o sana crítica
racional”.74
Es importante la valoración de las pruebas que fueron aportadas en el momento
procesal oportuno, como también descartar las pruebas que fueron aportadas fuera
de tiempo para cumplimiento del proceso penal y no incurrir en anomalías
procesales.
2.8.3.1 Prueba legal o tasada:
Éste sistema se caracteriza porque lo da la ley, expresa lo que el legislador
dijo y escribió de la misma. Se dice que el juez no aprecia la prueba, sino que por
anticipado se le tiene señalado el camino que debe tomar. El legislador razona antes
que el juez y le da su razonamiento servido como imposición legal para que el juez
73
Fenech, Miguel. Derecho procesal penal. Pág.557. 74
Op. Cit. Cafferata Nores, José y Julio Maier pág. 54
45
se limite a comprobar, en el caso, si las pruebas rendidas contienen recaudos que el
legislador ha impuesto como suficientes para tener por acreditados los hechos. Este
sistema es aplicable a pruebas plenas, donde la certeza es segura y el juez tiene que
sujetar su decisión a lo probado, es el caso de la confesión lisa y llana y la prueba
documental. Podemos definir este sistema diciendo que es aquel en que la
convicción del juez no se forma espontáneamente por la apreciación de las
diligencias probatorias practicadas dentro del proceso, sino que su eficacia depende
de la estimación que la ley hace previamente de cada uno de los medios que
integran el derecho probatorio. En él la prueba tiene un valor inalterable y constante
independiente del criterio del juez”.75
“Como ya se estableció en este sistema es la ley la que prefija, de modo
general, la eficacia de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez debe
darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia (aunque
íntimamente no lo esté) y, a la inversa, señalando los casos en que no puede darse
por convencido (aunque íntimamente lo esté)”. 76
“Este sistema, propio del proceso de tipo inquisitivo, rigió principalmente en
épocas de escasa libertad política (constituyendo un fenómeno correspondiente la
falta de libertad judicial). Como un curioso intento de garantía para el Imputado, en el
momento de la sentencia definitiva, frente a los extraordinarios poderes otorgados a
los Jueces”.77
“Indudablemente, este sistema, ante el propósito de descubrir la verdad real,
no se evidencia como el más apropiado para ello, pues bien puede suceder que la
realidad de lo acontecido pueda ser probada de modo diferente del previsto por la
ley. Por eso se halla, hoy en día abandonado, aunque sus reglas no deben ser
75
Alsina, Hugo. “Comentarios de Derecho Procesal”. Tomo I pág. 18 76
Cafferata Nores, José; Julio Maier y otros. Ob. Cit. Pág.55. 77
Ibid. pág. 55
46
descuidadas a la hora de la libre valoración del juez”. 78
2.8.3.2 Libre convicción:
“El punto de partida de la libre convicción se remonta desde el tribunal supremo
alemán, pues dadas las limitaciones de la mente humana puede decirse que siempre
existe la posibilidad de un error abstracto. Por lo tanto no se esperaba que el juez
basara su sentencia en una fórmula matemática que lo eximiera de tales errores.
Partiendo de este punto el tribunal superior alemán dispuso que el juez debía
contentarse con un grado de credibilidad tan alto como le fuera posible, y ésta
credibilidad sería la que la ley exigiría. A diferencia de la época actual que exige una
certidumbre subjetiva, ausencia de dudas, como el elemento decisivo para la
convicción del juez”.79
“En cuanto a la libre convicción debe entenderse por tal aquel modo de
razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez,
ni en medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes. Este sistema
es lo Contrario de la prueba tasada, el juzgador no se sujeta a ninguna regla
específica establecida con anterioridad, sino que por medio de análisis determina su
valor, sujetándose de los medios de prueba presentados, que le al final provocarán
su convencimiento. Este sistema otorga al juez una absoluta libertad en la estimación
de las pruebas. El sistema de la prueba libre no sólo concede al juez el poder de
apreciarla sin traba legal de ninguna especie, sino que esta potestad se extiende
igualmente a la libertad de selección de las máximas de experiencia que sirven para
su valorización”.80
“La libre convicción, no se apoya en hechos probados: puede basarse en
78
Ibid. pág. 55 79
Gerhard Walter “Libre Apreciación de la Prueba”. Traducida Tomás Banzhaf Tubingen. Alemania. Edición
Temis, S:A: 1985 pág. 413 80
De Pina, Rafael; José Castillo Larrañaga. “Instituciones de derecho procesal civil”. 13ª ed. Revisada en México. Edición Porrúa 1979 Pág.27
47
acontecimientos que le consten al juez aún de forma privada; no es necesario, que la
construcción lógica sea perfecta y susceptible de ser controlada posteriormente,
basta con que el juez afirme que tiene convicción personal de que los hechos han
ocurrido de tal manera, sin que se vea en la necesidad de desarrollar lógicamente las
razones que le conducen a la conclusión establecida.
La legislación procesal civil no regula este sistema de valoración probatoria,
pues en éste sistema el juez al dictar su fallo lo efectuaría de acuerdo a su criterio el
cual sería un criterio subjetivo, situación que en países como los nuestros no es
adecuado por la evidente corrupción existente que muchas veces no estarla de
acuerdo a la ley, por lo que no se adecua al régimen de sociedad existente; aunque
Carnelutti en su obra La prueba civil; página 37, reconoce que la libre apreciación de
la prueba es, sin duda, al menos cuando la haga un buen juez, el medio mejor para
alcanzar la verdad; pero agrega que, no obstante, tiene sus inconvenientes. El
inconveniente principal, en opinión del autor citado, consiste en que esta libertad es
un grave obstáculo para prever el resultado del proceso; si esta libertad, dice, se
limita o se suprime, conociendo por la eficacia legal de la prueba el resultado
probable del proceso, surge una condición favorable a la composición de la litis. Esta
es, añade, la razón lógica de las limitaciones al principio de la prueba libre.
El sistema de la libre apreciación de la prueba es, pues, aquel en que la convicción
del juez no está ligada a un criterio preestablecido legal, formándose, por tanto,
respecto de la eficacia de la misma, según una valoración personal, racional, de
conciencia, sin impedimento alguno de carácter positivo”.81
2.8.3.3 Sana crítica razonada:
“La sana crítica es el arte de juzgar de la bondad y verdad de las cosas sin
vicio ni error: constituye un modo correcto de razonar, de reflexionar y pensar acerca
81
Ibid. pág. 27
48
de una cosa; en el caso acerca de la prueba producida en el proceso”.82
“Como la ciencia que expone las leyes, modos y formas del razonamiento, es
la lógica, sana crítica es el sistema que concede al juez la facultad de apreciar
libremente la prueba pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de
experiencia. Es criterio más afianzado, especialmente en América, en materia de
apreciación de la prueba, es el de que debe hacerse de conformidad con las reglas
de la sana crítica, sistema que ha desplazado a los de pruebas legales y de pruebas
libres o de libre convicción. El sistema de la libre convicción o sana critica racional,
establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a
diferencia de lo que ocurre en aquél, que las conclusiones a que se llegue sean el
fruto racional de las pruebas en que se las apoye, y a pesar de su uso, ninguna ley
indica cuáles son las reglas de la sana crítica. Partiendo del significado literal”.83
En la legislación Guatemalteca, no había un precepto expreso que recogiera
este criterio de apreciación de la prueba.
La valoración de la prueba es la operación intelectual destinada a establecer la
eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a determinar cuál
es su real utilidad a los fines de la reconstrucción del acontecimiento histórico cuya
afirmación dio origen al proceso; si bien es una tarea principalmente a cargo de los
órganos jurisdiccionales, también corresponde a las partes civiles, al querellante, al
Ministerio Público, al defensor del imputado, al sindicado y al defensor de éste.
Durante la etapa intermedia, los sujetos mencionados, tendrán la oportunidad
de meritar los elementos de prueba reunidos para tratar de demostrar que son
suficientes para la elección de la causa a juicio, o por el contrario que no lo son y se
debe dictar el sobreseimiento. Durante el juicio todos ellos valorarán las pruebas
82
Arazi, Roland. “La prueba en el proceso Civil” Buenos Aires, Argentina. Edición la Roca. 1986 pág. 344 83
Cafferata Nores, José; Julio Maier y otros. Ob. Cit. Pág.55.
49
recibidas en el debate, intentando evidenciar su eficacia para provocar la certeza
necesaria para condenar o absolver, o bien que carecen de tal idoneidad o que las
pretensiones civiles deducidas tienen o les falta fundamento (según el interés de
quien formule el alegato). El Código Procesal Penal guatemalteco se refiere a la
valoración de la prueba en forma limitada en el primer párrafo del Artículo 186, y en
el segundo párrafo exige que la prueba obtenida e incorporada legalmente al proceso
deba ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica razonada.
2.8.4. Criterio respecto a los principios de objetividad y libertad probatoria de la
prueba:
El principio de objetividad establece que mediante la aplicación de la ley debe
averiguarse la verdad en la comisión de un hecho delictivo a través de los órganos
de justicia, encargados de establecer la verdad mediante los medios de prueba
permitidos legalmente y el principio de libertad probatoria indica que todos los hechos
y circunstancias de interés para la correcta solución de un caso puede ser objeto de
prueba, salvo las limitaciones a que se refiere el estado civil de las personas. La
máxima de la libertad probatoria se define expresando que en materia penal, todo
hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del procedimiento y, por
tanto, importante para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por
cualquier medio de prueba.
El principio de objetividad de la prueba tiene estrecha relación con el de
libertad probatoria, porque a juicio del ponente estos se complementan e
interrelacionan entre sí, mismos que debe observar el juzgador para la correcta
aplicación de la ley, siendo el momento de la actividad probatoria y su valoración, el
hecho de relacionarlas con los derechos fundamentales siguientes:
a. Sana crítica razonada: Para la deliberación y votación el tribunal apreciará la
prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría
de votos.
50
b. La carga de la prueba: esta corresponde a quien acusa; quien acusa tiene la
obligación de probar y producir en el ánimo de juzgador la certeza
indispensable para que éste dicte la resolución de condena.
c. Formulación de la acusación: La formulación de la acusación representa el
primer paso del contradictorio, característica esencial del juicio oral, la cual
deberá ser explicativa, rica en datos y contar con apoyo probatorio. El papel
de la defensa material o técnica consiste en discutir y refutar dicha acusación.
El deber del juez consistirá en cuidar que la acusación sea formulada explícita
y pormenorizadamente y por supuesto con el apoyo del procedimiento
probatorio.
d. El derecho de defensa del Imputado: El procesado tiene garantizado
constitucionalmente el derecho a defenderse de la imputación o acusación
que se le formule, como lo establece el Artículo 12 de la Constitución Política
de la República de Guatemala y el Artículo 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y ello implica que tiene el derecho a utilizar la lengua
materna, asistencia a un traductor o intérprete, a tener un defensor
proporcionado por el Estado gratuitamente que controle la investigación, a no
ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes, a declarar
voluntariamente o a ser considerado como inocente.
e. Publicidad: que no es más que administrar justicia frente a la vista de todos,
que puede ser que cualquiera de las partes y no partes procesales
involucradas, pueden tener acceso a saber cómo se administra justicia a
través de la participación, mediante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley y de las actuaciones en que necesariamente debe
haber participación del imputado y su defensor.
f. Oralidad: este constituye un principio fundamental en que todo sistema
procesal debe ser oral, el debate será oral. En esa forma se pronunciarán las
declaraciones del acusado, los órganos de prueba y las intervenciones de
todas las personas que participan en el caso.
51
g. Motivación: El Artículo 11 bis del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-
92 del Congreso de la República de Guatemala, establece como una
obligación inexcusable la expresión de los motivos de hecho y de derecho en
que se basa la decisión y que su ausencia constituye un defecto absoluto de
forma, el Artículo 389 numeral 4º del mismo cuerpo legal, establece que la
sentencia debe contener “los razonamientos que inducen al tribunal a absolver
o condenar.”
En materia penal, todo hecho o circunstancia contenido en el objeto del
procedimiento y por lo tanto, importante para la decisión final puede ser probado por
cualquier medio de prueba. Existe pues, libertad de prueba tanto en el objeto como
en el medio. Así lo establece el Artículo 181 y 182 del Código Procesal Penal
vigente. Pese a la libertad probatoria establecida legalmente, ésta no es absoluta,
existiendo las siguientes limitaciones:
En cuanto al objeto:
a. Limitación genérica. Existen pocos hechos que, por expresa limitación legal,
no pueden ser objeto de prueba, Artículo 162 del Código Penal vigente:
Veracidad de la injuria. Tampoco podrá ser objeto de prueba el contenido de
una conversación sometida a reserva, ante un abogado y su cliente sin la
autorización de este último. Artículo 104 y 212 del Código Procesal Penal
vigente.
b. Limitación específica. No podrán ser objeto de prueba, hechos o
circunstancias que no estén relacionadas con la hipótesis que originó el
proceso.
En cuanto a los medios:
No serán admitidos como medios de prueba los que vulneren garantías procesales y
constitucionales por ejemplo: Un allanamiento ilegal o confesión prestada mediante
52
torturas.
2.9. La víctima del delito como objeto de la Criminología:
Para la victimología: “Víctima es el ser humano que padece daño en los
bienes jurídicamente protegidos por la normativa penal: vida, salud, propiedad,
honor, honestidad, etc., por el hecho de otro, por accidentes debidos a factores
humanos, mecánicos o naturales”.84
Una visión más amplia: “Es la que sostiene la victimología crítica, que lleva a
asimilar el concepto de víctima a todas aquellas personas que se vieran afectadas en
sus derechos, estén o no jurídicamente protegidos por el Estado”.85
Mendelsohn citado por Eliacheff y Laviére, señala que: “Un delincuente tiene
un sólo camino que se le abre, el de infringir la ley”.86 Sin embargo una víctima tiene
por lo menos cinco posibilidades:
“Se puede ser víctima de:
1. Un criminal.
2. De sí mismo, por deficiencias o inclinación instintiva, impulso psíquico o
decisión conciente.
3. Del comportamiento antisocial, individual o colectivo.
4. De la tecnología.
5. De energía no controlada.
La Organización de las Naciones Unidas, en la declaración de los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder entiende
por víctimas a las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños,
84
Rodríguez manzanera, Luis. “Victimología: Estudio de la Víctima”. 10ª. edición, Editorial Porrúa, S.A., México D.F., México 2007 pág. 243. 85
Ebert, Carlos. “Manual Básico de Criminología”. 2ª edición, Editorial Eudeba, Buenos Aires, Argentina. 2001 pág. 35. 86
Eliacheff, Carolina y Daniel Soulez Lariviére. “El Tiempo de las Víctimas”. Editorial Akal, Madrid, España 2009 pág. 45.
53
incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en un país determinado,
incluyendo el abuso de poder”.87
Neuman indica que: “El concepto del vocablo víctima apela a dos variedades
vincire, animales que se sacrifican a los dioses y deidades o bien, vincere que
representa al sujeto vencido. Indica que víctima es el ser humano que padece daño
en los bienes jurídicamente protegidos: la vida, salud, propiedad, honor, honestidad,
etc. Por el hecho de otro que incluso por accidentes debidos a factores humanos,
mecánicos o naturales, como ocurre en los accidentes de trabajo”.88
El diccionario de la lengua española dice que: “Es la persona o animal
sacrificado o destinado al sacrificio; persona que se expone u ofrece aún grave
riesgo en obsequio de otra; persona que padece daño o culpa ajena o por causa
fortuita”.89
Puede también considerarse a esta como una persona que se identifique,
aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre perpetrador y el ofendido. En la expresión víctima se incluye además,
en su caso a los familiares o dependientes inmediatos de ésta directa a las personas
que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima, en peligro o para
prevenir la victimización.
2.9.1. Clases de victimas:
Neuman, citando a Mendelshon, distingue entre la culpa del criminal y la culpa
de su víctima. “En la correlación de culpabilidad entre la ésta y el delincuente es el
87 Maier, Julio B.J. “La Víctima y el Sistema Penal”. Editorial Ad-Hoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 1992 pág. 185. 88
Neuman, Elías. “Victimología: el Rol de la Víctima en los Delitos Convencionales y no Convencionales”. Editorial Ad-Hoc S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 2001 pág. 18. 89
Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. 22ª. edición, Editorial Real Academia Española, Madrid, España. 2007 pág. 1854.
54
punto céntrico alrededor del cual él reunió sus tipos de víctimas.”90 “Las categorías
agrupadas por Medelshon, de acuerdo con su grado de culpable contribución al
crimen, son las suficientes clasificadas en tres grupos”.91
El primer grupo se refiere a la víctima inocente: “No hay provocación ni forma
de participación en el delito más que la puramente victimal, debe aplicarse penal
integral al delincuente”.92
Segundo grupo la víctima provocadora, la víctima imprudencial, voluntaria, por
ignorancia: “En estos casos la víctima colabora en mayor o menor grado en
ocasiones intencionalmente, por tanto, debe disminuírsele la pena criminal en el
grado en que ésta participo en el delito”.93
El tercer grupo la víctima agresora: “Ésta comete el hecho delictuoso o existe,
por lo que el inculpable debe ser absuelto”.94
Nuvolone, citado por Neuman, las clasifica de la siguiente manera:
“Víctima por imprudencia: Es la victima por irresponsabilidad o imprevisión
resultan lesionadas o muertas; como en el accidente de tránsito, cuando no se
controla el funcionamiento del vehículo por ejemplo.
Víctimas alternativas: Se presentan en aquellas situaciones en que del
resultado de la acción se deduce quien es víctima y quien es agente por
ejemplo el duelo.
Víctimas provocativas: Como el caso de la legítima defensa”.95
Las víctimas del proceso penal son las que sufren un daño en sus derechos
90
Neuman. Op. Cit. Pág. 167. 91
Ibid. 92
Malváez Contreras, Jorge. “La Reparación del Daño al Ofendido o Víctima del Delito”. Editorial Porrúa, México D.F., México 2008 pág. 140. 93
Ibid. 94
Ibid. pág. 141. 95
Neuman, Op. Cit. pág. 180.
55
fundamentales, en su propia dignidad humana y en consecución de la justicia,
debido a la inoperancia del sistema penal. Por lo cual mencionaremos las
siguientes clases:
“Víctimas de la Policía: Son aquellas personas que debido a su origen y
posición, los cuerpos de policía no respetan sus derechos fundamentales del
proceso penal, realizando procedimientos policiales brutales e injustos.
Víctimas del Ministerio Público: Son aquellas personas que siendo sujeto de
investigación penal, los agentes del Ministerio Público violan sus derechos
dentro del debido proceso; impidiéndoles gestionar adecuadamente en
cualquier calidad que actúen.
Víctimas del Organismo Judicial: Se refiere a aquellas personas que sujetas a
un proceso penal, están bajo la jurisdicción de un juez y por falta de
cumplimiento del principio de inmediación procesal, en la práctica, también
dependen de los criterios de secretarios, oficiales y comisarios de los
tribunales, quienes como burócratas de la justicia lesionan los derechos de
quienes concurren a estos organismos en cualquier calidad”.96
Cuando no referimos a victima de manera general claramente se entiende que
es la persona que ha sufrido agravio a sus derechos.
2.10. Factores desestimulantes para la víctima:
Factores endógenos y factores exógenos:
Factores endógenos son aquellos que se encuentran dentro del individuo. Se pueden
mencionar a:
“a. Factores biológicos: tales como el estado físico de la víctima (personas
enfermas, minusválidas, hambrientas, etc.).
b. La edad: en cuanto a la edad del inicio victimal, de las personas que
recuerdan su primer victimización.
96
Reyes Calderón, José Adolfo y Rosario León-Dell. “Victimología”. Editorial CAUDAL, Guatemala. 1997 pág. 2001.
56
c. El sexo: existen delitos de víctimas típicamente femeninas (violación,
agresión sexual, etc.) aunque también se verificó una mayor proporción de
mujeres victimizadas por delitos tales como los robos, e injurias. Entre los
hombres predominan las lesiones.
d. Factores psicológicos: tales como los procesos cognoscitivos, las esferas
afectiva y volitiva, la personalidad y los instintos. Lamentablemente la
psicología y la psiquiatría criminológica se ha dedicado, casi
exclusivamente, al análisis de la personalidad del criminal, y ha
contemplado a la víctima como un producto de la conducta antisocial”.97
1. Factores exógenos son aquellos que se encuentran fuera del individuo. Entre
ellos se encuentran:
a. El estado civil: determinante en cierto tipo de delitos como el matrimonio
ilegal, ocultación de impedimento, simulación, etc. delitos que están
incluidos en el Código Penal Guatemalteco.
b. Escolaridad: la escuela en sí puede ser victimizante y puede ser también
un medio victimógeno.
c. Procedencia: de las víctimas, principalmente en lo referente de extranjeros.
d. La familia: también determinante en ciertos tipos de delitos (violencia
contra la mujer, etc.).
e. La profesión: existen profesiones que conllevan situaciones de peligro.
(ocupaciones victimógenas)”.98
97
Ferreiro Baamonde. Xulio. “La Víctima en el Proceso Penal”. 1ª. edición, Editorial La Ley-Actualidad, S.A., Madrid, España. 2005 pág. 136. 98
Ibid.
57
CAPÍTULO III
EL TESTIGO Y LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO
3.1. Antecedentes:
Los antecedentes de la psicología del testimonio se remontan al origen del
derecho. Así, por ejemplo, se pueden encontrar referentes a la importancia de los
testimonios, el procedimiento para su obtención y su papel en la indagación de la
verdad en textos griegos y romanos.
Más recientemente, se pueden encontrar interesantes textos sobre aspectos
básicos de los testimonios: “exactitud y certeza, procedimientos, credibilidad, tipos de
testigos... en los procedimientos arbitrados por la Inquisición. Un ejemplo de ello son
las directrices en torno al interrogatorio de los testigos que Nicolás Eymeric,
Inquisidor General de Aragón en el siglo XIV, propuso en el manual del inquisidor
Directorium Inquisitorum publicado en 1376”.99
Varios siglos después, el italiano Cesare Bonnesana, Marqués de Beccaria,
publicó el libro de los delitos y las penas (1764), que incluye un capítulo específico
sobre los testigos y otro sobre interrogaciones sugestivas, y deposiciones
(declaraciones).
Más allá de los antecedentes citados, no podemos hablar propiamente de
Psicología del Testimonio hasta el siglo XIX. Uno de los primeros escritos que
específicamente habló de la Psicología del Testimonio fue: “El del francés A. Motet
(1887) sobre los testimonios infantiles falsos, donde comentó casos reales desde el
punto de vista de los problemas de sugestibilidad y distinción entre imaginación y
realidad en los niños. Sin embargo, el hito más relevante en Europa fue la
publicación de libro Kriminalpsychologie del austriaco H. Gross (1897), en gran parte
99
Diges, Margarita y José Joaquín Mira. “Psicología del Testimonio un Problema Metodológico”. Editorial Revista de Psicología General y Aplicada, Madrid, España. 1984 pág. 83.
57
58
dedicado al testimonio: exactitud, percepción, imaginación, memoria, y toma de
declaración fueron algunos de los temas tratados”.100
En Estados Unidos: “Cattell (1893) figura como el primero en investigar sobre
la exactitud de las declaraciones de los testigos. Especialmente interesante resulta el
artículo publicado por Colegrove (1899) en The American Journal of Psychology, con
el título de Individual memories, donde recoge la que quizá podría considerarse
primera investigación sobre memorias vividas, acerca del asesinato del presidente de
los Estados Unidos Abraham Lincoln, en 1865. The American Journal of Psychology,
ya desde sus primeros números, nos habla de la memoria de los testigos”.101
Desde un punto de vista aplicado: “Marbe, discípulo de Wundt, figura como el
primero, en 1892, del que se tiene constancia que intervino en un juicio, como testigo
experto, para informar acerca del tiempo de reacción en un caso de accidente de
tren”.102
Ya en el siglo XX, se encuentran tres figuras fundamentales en el nacimiento
de la Psicología del Testimonio desde un punto de vista experimental y aplicado al
campo forense: “Alfred Binet, Hugo Münsterberg y William Stern. Junto a Gross, los
cuatro han sido considerados los co-fundadores de la especialidad”.103
“El francés A. Binet, publicó el libro La suggestibilité (1900) y poco después La
science du témoignage (1905). Además, editó junto a Beaunis, Henry y Ribot la
revista L'Année Psychologique, donde se publicaron interesantes trabajos aplicados
a la Psicología del Testimonio desde sus primeros números; como el de Claparède
(1905), titulado La psychologie judiciaire, que resumía la actualidad de la Psicología
100
Ibid. pág. 35. 101
Ovejero Bernal, Anastasio. “Fundamentos de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”. 1ª. edición, Editorial Universidad de Salamanca, Salamanca, España. 2009 pág. 22. 102
Sahakian, William S. “Historia y Sistemas de la Psicología”.. Editorial Tecnos, Madrid, España 1982 pág. 24. 103
Ibid. pág. 25.
59
del Testimonio de entonces en Europa”.104
No obstante: “En Alemania donde más investigadores se dedicaron a trabajar
sobre la memoria de los testigos. Del 18 al 21 de abril de 1904 se celebró el I
Congreso Alemán de Psicología Experimental, donde se presentaron ponencias bajo
el título de la Psicología del Testimonio. Entre los investigadores participantes
destacaron W. Stern y M. Borst según las crónicas publicadas por Spearman (1904),
quien calificó a la disciplina de la “joven ciencia experimental del testimonio. Por
entonces, Stern (1902) ya había realizado diferentes estudios experimentales sobre
la exactitud de los testimonios”.105
Por otro lado: “Münsterberg fue autor del primer manual específico sobre
Psicología del Testimonio en 1908, titulado On the Witness Stand. El discípulo de
Ebbinghaus, W. Stern, editó la primera revista especializada en el área titula da
Beitrage zur Psychologie der Aussage, en los años 1903 a 1908, donde se pueden
encontrar experimentos en Psicología del Testimonio de autores como Borst en
1905, Jaffa en 1903, Kosog en 1905, Lipmann y Wendriner en 1905 o el propio Stern
en 1904”.106
“Además en otros países europeos se interesarían por esta disciplina. En
Italia, por ejemplo, Lombroso fue el primero en publicar un estudio sobre la
Psicología del Testimonio y el proceso penal; al que siguieron los trabajos de Berardi
y Bianchi y de Dattino. Allí Ferrari fue uno de los más firmes defensores de la
creación de una especialidad en Psicología que tratara estos temas.
Esta nueva disciplina que se creaba y en la que trabajarían algunos de los
investigadores más relevantes en la Psicología experimental del momento, sin
104
Rezk, Mario y Rubén Ardila. “Cien años de Psicología”. Editorial Trillas; México D.F., México. 1979 pág. 14. 105
Ibid. pág. 15. 106
Díaz, Manuel Clemente. “Psicología social: Métodos y técnicas de investigación”. Editorial Eudema, Madrid, España 1992 pág. 43.
60
embargo no fue todo lo bien aceptada que cabía esperar por el mundo del derecho.
Más allá de ser considerada una ciencia auxiliar del derecho que podría facilitar la
obtención y valoración de la prueba testifical, la Psicología del Testimonio fue tenida
por una entrometida.
Así, ya en su nacimiento, y hasta hoy, las relaciones entre Psicología y ley
serian tormentosas. A este respecto resulta muy esclarecedora la recensión crítica
que: “Winter en 1909 dedicó a Moore en The American Journal of Psychology, donde
muestra lo que ya entonces era la Psicología del Testimonio. Moore en 1908 había
publicado un voluminoso trabajo en parte como réplica al artículo de Münsterberg
titulado Nothing but the Truth. En su trabajo Moore niega la utilidad de la Psicología
(de la memoria, la percepción, la atención...) y afirma que se trata sólo de la ciencia
del sentido común, al tiempo que recoge cientos de sentencias que tratarían sobre la
Psicología del Testimonio. No obstante, destaca en el volumen II el capítulo dedicado
específicamente a la memoria, con el título Physical Conditions Affecting Memory y el
capítulo sobre credibilidad de los testigos, Credibility of Witnesses in General. El
trabajo de Moore fue alabado por el mundo de la justicia”.107
“En cualquier caso, las dificultades iniciales se superaron gracias al interés y la
dedicación de cada vez más investigadores, así como a la progresiva aceptación por
parte del mundo judicial. No en vano la Psicología clínica forense, de la mano de la
psiquiatría forense, ya formaba parte del día a día de la administración de justicia. Un
claro ejemplo se encuentra en España donde: “Francisco Santamaría realizó el
primer trabajo experimental en español sobre la exactitud de la memoria de los
testigos, en 1909. Se trató de su tesis doctoral, dirigida por Luis Simarro (1851-1921),
primer catedrático de Psicología Experimental en la universidad española.
Santamaría se encontró con el campo ya abonado desde un punto de vista
internacional, pero también nacional. Los Psicólogos Forenses españoles
comenzaron su andadura con la Ley de Sanidad de 1885 que creó el cuerpo de
107
Ibid.
61
Facultativos Forenses, donde se encontraba la Sección de Toxicología y Psicología,
y Rafael Salillas, había creado la Escuela de Criminología en 1903. Santamaría fue
auxiliar de la cátedra de Psicología Experimental y profesor de la Escuela de
Criminología”.108
“Mientras, en el resto de Europa se consolida la Psicología del Testimonio con
más investigaciones específicas y la publicación de artículos y manuales. Así, por
ejemplo: “El francés Dupré (1910) publicó el trabajo titulado Le témoignage. Marbe
(1913) publicó el libro Grundzüge der Forensischen Psychologie (Principios de
Psicología Forense). En Bélgica, Varendonck (1914) realizó varios experimentos
sobre la sugestibilidad de las preguntas mientras participaba como perito en un caso
de abusos sexuales, en 1911, publicando los resultados en un libro titulado La
psychologie du témoignage. En Luxemburgo, Braunshausen (1915) recogió en su
manual de Introducción a la Psicología Experimental, algunos de los experimentos
más importantes realizados en los primeros años del siglo XX, señalando la
importancia del área en esta época tan temprana. En Alemania, Stöhr (1911) publicó
un manual específico con el título de la disciplina, Psychologie der Aussage”.109
En Estado Unidos: “Whipple recopiló y tradujo al inglés los principales trabajos
sobre Psicología del Testimonio europeos en la revista Psychological Bulletin, y
como resultado de la National Conference on Criminal Law and Criminology
celebrada en 1909 y presidida por Henry Wigmore, figura destacada en el impulso de
la criminología en su país, se publicó el primer número de la revista Journal of the
American Institute of Criminal Law and Criminology, que con un carácter
internacional fue clave para el desarrollo de la Psicología del Testimonio”.110
108
Gutiérrez, Amelia y Helio Carpintero. “La Psicología del Testimonio”. Editorial Revista de Historia de la Psicología, Madrid, España. 2004 pág. 28. 109
Rezk y Ardila. Op. Cit. pág. 24. 110
Guetiérrez y Carpintero. Op. Cit. pág. 31.
62
“Tras la I Guerra Mundial, ya en los años veinte, la detección de la mentira y
los procedimientos de identificación fueron los principales temas de interés, al igual
que ocurrió después de la segunda Gran Guerra. Con este objetivo, se comenzaron
a aplicar los primeros polígrafos diseñados para el diagnóstico médico al campo
forense de Larson en 1922. “El mismo interés llevó a Goldstein y English a proponer
la medida del tiempo de reacción para detectar la mentira. En la década de los
treinta, Luria se interesabá por la mentira y la revista Journal of Criminal Law and
Criminology, publicaba toda una serie de trabajos entre los que destacaron los de
Inbau, Keeler y Trovillo”.111
“Sobre las identificaciones realizadas por testigos destacaría un trabajo donde
se analizaban algunos de los principales factores de las ruedas de reconocimiento,
publicado por Gorphe en francés, y que sería poco después traducido y publicado en
inglés. Desde un punto de vista experimental resultan especialmente significativos
los experimentos de Varendonck con testigos simulados. En cualquier caso, durante
los años veinte y treinta: “El área siguió creciendo en Europa y Estado Unidos.
Gorphe (1924) presenta y publica su tesis doctoral titulada La critique du témoignage.
Stern (1926) publicó un manual sobre los testigos juveniles en casos de abusos
sexuales. Musatti (1931) publicaba el trabajo titulado Elementi di psicologia della
testimonianza. Se editaba el Manual de Psicología Jurídica del español Mira (1932).
Lipmann (1935) publicaba póstumamente un trabajo sobre métodos de evaluación de
la exactitud de las declaraciones de los testigos. Kerdaniel (1936) publicaba el
trabajo titulado Témoignages. La psychologie du témoin”.112
Además en Estados Unidos: “Cady (1924) publicó el artículo titulado On the
psychology of testimony sobre los procedimientos de toma de declaración. Marston
(1924) publicaba un trabajo sobre la Psicología del Testimonio en la revista Journal
111
Sahakian. Op. Cit. pág. 36. 112
Rezk y Ardila. Op. Cit. pág. 29.
63
of Criminal Law and Criminology. Moore (1935) publicó un interesante trabajo en el
Journal of Applied Psychology sobre los errores en los testimonios y Howells (1938)
realizó un interesante estudio sobre la capacidad para la identificación de personas.
Además, en esta década fueron especialmente relevantes las propuestas de F.C.
Bartlett que justificaban la investigación en Psicología de la Memoria con material
significativo y complejo, en la línea de lo que habían trabajado los autores anteriores
sobre la memoria de los testigos. La obra de Bartlett (1932), Remembering, resultó
ser uno de los referentes ineludibles para todos los investigadores del área a partir
de los años setenta”.113
Este espectacular crecimiento de la Psicología del Testimonio durante estas
primeras décadas del siglo XX, que había dado lugar a la publicación de numerosas
monografías y revistas especializadas y a la participación de especialistas como
testigos expertos y peritos forenses, fue decayendo según finalizan los años treinta
hasta los setenta.
El desarrollo de la psicología experimental y el avance en derechos sociales e
individuales durante estos años habían sido los principales aliados de la Psicología
del Testimonio. Como ya se menciono, la mayoría de los manuales sobre psicología
experimental y los manuales de memoria de la época incluyeron un apartado
específico sobre el tema, profundizando en cuestiones como la detección de la
mentira y la exactitud de la memoria de los testigos.
3.2. Definición:
Por psicología del testimonio se entiende: “El conjunto de conocimientos que
basados en los resultados de las investigaciones de los campos de la psicología
experimental y la psicología social, intentan determinar la calidad (exactitud y
credibilidad) de los testimonios que sobre los delitos, accidentes o sucesos
113
Ibid. pág. 30.
64
cotidianos, prestan los testigos presenciales”.114
Como fácilmente puede comprenderse, el testimonio de los testigos se basa,
principalmente, en la capacidad de su memoria. “La memoria humana, no obstante,
hemos de tener presente que no funciona como un vídeo doméstico que graba (es
decir, codifica) y muestra imágenes y sonidos (decodifica) con exactitud y tantas
veces como se desee. La memoria humana es activa y codifica y decodifica
información en función de su relevancia, del material que ya contiene, de
experiencias pasadas, se vale de estereotipos, es maleable, y, en definitiva, se ve
afectada por el paso del tiempo”.115
“Todo esto conduce a que cuando se habla de la calidad de los testimonios de
los testigos, se deba referir a dos aspectos íntimamente relacionados: “La exactitud
de testigos y testimonios, y la credibilidad de testigos y testimonios”.116
Más aún, si bien se atribuye una exactitud del cien por ciento para reproducir
lo sucedido a una grabación en vídeo, sólo erróneamente se puede afirmar que esto
ocurre así en el caso del testimonio de testigos. Efectivamente, aún cuando hay
personas que piensan que si un testigo presencial no declara sobre lo sucedido es
porque no tiene voluntad de hacerlo, o si declara erróneamente es por su intención
de engañar; es muy cierto que los testigos habitualmente y actuando de buena fe
cometen errores de omisión y de comisión.
3.3. Principios:
“Como es ya conocido, en 1953 se publica el Código Ético de la Asociación
Psicológica Americana (APA), siendo la primera normativa ética publicada por los
114
Aristizábal Diazgranados, Edith y José Amar Amar. “Psicología Forense: Estudio de la Mente Criminal”. Editorial Uninorte, Barranquilla, Colombia 2010 pág. 22. 115
Ruiz-Vargas, José María. “Psicología Cognitiva de la Memoria”. Editorial Anthropos, Barcelona, España. 2000 pág. 27. 116
Ovejero Bernal. Op. Cit. pág. 103.
65
profesionales de la psicología a nivel mundial. Al respecto el preámbulo del Código
Ético de la APA establece: “Los psiquiatras deben respetar la dignidad y… la
preservación y protección de los derechos humanos fundamentales. Están obligados
a incrementar el conocimiento de la conducta humana y al conocimiento de las
propias personas y de los demás, así como en la utilización de dichos conocimientos
para la promoción del bienestar humano. Mientras se persigan estos objetivos, deben
desarrollarse todos los esfuerzos posibles para promover el bienestar de aquellos
que buscan sus servicios así como de aquellas personas participantes como sujetos
de investigación y que son su objeto de estudio. Los psiquiatras utilizarán sus
habilidades sólo con propuestas consistentes con estos valores…en el objetivo de
lograr estos ideales, los psiquiatras suscriben los principios inherentes en las
siguientes áreas: 1. Responsabilidad, 2. Competencia, 3. Estándares morales y
legales, 4. Principios públicos, 5. Confidencialidad, 6. Bienestar del cliente, 7.
Relación profesional, 8. Técnicas evaluativos, 9. Investigación con participantes
humanos, 10. Cuidado y utilización de animales”.117
“Sin embargo, al principio de la década de los noventa, específicamente 1992,
que se toma en cuenta la figura del psiquiatra forense hasta tal punto, que se publica
una guía ética específica en el ámbito forense. En relación a las actividades
forenses, la APA, establece seis normas específicas, por las que se deben regir los
psiquiatras forenses:
Profesionalismo: los psiquiatras deben basar su trabajo forense en un
apropiado conocimiento y competencia en las áreas científicas que le sirven
de base.
Evaluación forense: la evaluación forense, los informes elaborados y las
recomendaciones judiciales deben basarse en información y técnicas
científicamente validadas.
Clarificación del rol: el psiquiatra debe evitar un conflicto potencial de roles que
117
Asociación Psicológica Americana. Código Ético. 1999 pág. 12.
66
suele derivarse de complementar más de uno de ellos.
Honestidad: el psiquiatra forense además de emitir un informe consistente con
los procedimientos legales, deberá ser absolutamente honesto en sus
informes y testimonio.
Relaciones previas: cuando éstas se hayan producido el psiquiatra pierde su
imparcialidad y debe abstenerse de testificar como perito.
Cumplimientos con las leyes y las reglas: el psiquiatra debe estar familiarizado
con las reglas legales”.118
Como si bien los principios son las directrices para el mejor desarrollo de la
psiquiatría forense pues este coadyuva a que las actividades se realicen en un
mejor control.
3.4. El valor probatorio de la pericia psiquiátrica en Guatemala:
“La clínica psiquiátrica, despojada de su pasado metafísico, después de la
evolución de sus últimos tiempos, ha sido la disciplina médica que más ha
contribuido a solucionar fundamentales problemas de legislación, especialmente los
vinculados a la capacidad civil y la imputabilidad criminal. Ella ha encontrado la
explicación y al mismo tiempo la terapéutica de muchos actos que antes eran
juzgados erróneamente. Muchos casos anormales, que dejaban perplejos a los
encargados de administrar justicia, han sido comprendidos y resueltos mediante
certeros diagnósticos psiquiátricos. ¡Cuántos errores judiciales han podido ser
reparados! ¡Cuántos alienados condenados a presidio han debido cambiar la cárcel
por el manicomio! ¡Cuántos irresponsables libertados, han debido segregarse
definitivamente de la vida social por su índice médico-psicológico de peligrosidad!”.119
118
Ibid. pág. 119
Ferri, Enrico. “Derecho Penal”. Editorial Madariaga, Valencia, España 1976 pág. 44.
67
“La pericia psiquiátrica tiene una importancia decisiva para la justicia en
Guatemala, pero únicamente la tiene, cuando expresa valores científicos positivos;
es decir, los que sólo pueden darle peritos auténticos, especializados, capaces e
imparciales. Sí hay un juicio clínico que muchas veces es difícil, es el juicio clínico
sobre la alienación mental. El diagnóstico de la personalidad físico-psíquica del
presunto alienado, no solamente requiere conocimientos profundos de patología
médica, sino estudios especializados en psicopatología, que sólo pueden ser
fecundos si se realizan en un hospital psiquiátrico, viviendo durante años en contacto
activo e inteligente con enfermos mentales. Por eso los médicos generales, que
únicamente han seguido un breve curso de clínica psiquiátrica, en su paso por la
facultad de medicina que es el caso que se presenta en el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses, tienen un concepto vago sobre las diversas formas de alienación
mental y no se encuentran en condiciones de resolver acertadamente la multiplicidad
de cuestiones que se plantean en las pericias psiquiátricas. Los conflictos que se
producen entre el magistrado y la psiquiatría, tienen su origen en los dictámenes de
peritos sin pericia, que desprestigian la medicina legal, siembran la duda y el
desconcierto y confunden a la justicia en vez de ilustrarla”.120
“Se sostiene, categóricamente, la insuficiente preparación de los médicos
generales para abordar con éxito los juicios de insania, sostenemos igualmente la
incapacidad de los magistrados para rechazar las conclusiones periciales, cuando la
unanimidad de los peritos se expide en uno u otro sentido, y cuando esos peritos
tienen títulos de idoneidad indiscutibles. Es una tesis fácil de defender, frente a la
doctrina sentada por los tribunales de una cámara penal en un juicio, en que no
obstante la opinión unánime de los peritos que declaraban alienado peligroso a un
sujeto, resuelve rechazar la sentencia de primera instancia. La doctrina adoptada por
la cámara por lo general es la siguiente: Los jueces no están obligados a aceptar las
conclusiones de las pericias médicas sobre la capacidad, y así, no procede declarar
120
Ibid. pág. 44.
68
la insania de quien a juicio de los magistrados es capaz, aun cuando los médicos
opinen lo contrario”.121
“Hay dos posiciones antagónicas que son igualmente falsas y peligrosas. Una
de ellas sostiene la libertad absoluta del juez, en todos los casos, para admitir o
rechazar las conclusiones de las pericias médicas. Es la doctrina que se podría
calificar de tiranía jurídica. La otra quiere hacer imperativas las conclusiones de todas
las pericias médicas. Es la tiranía médica. Pero así como no existe la tiranía jurídica
cuando el juez se aparta de conclusiones divergentes o dubitativas, tampoco existe
tiranía médica cuando se pide la aceptación de conclusiones claras y precisas, en
que coinciden todos los peritos”.122
Los peritos no han conocido los hechos e informan en cambio sobre el fondo
de ellos, y mediante observaciones y experiencias de variado valor técnico y
científico, demuestran la existencia, naturaleza, modalidad, coordinación y duración
de tales hechos.
Los que califican a los peritos como auxiliares de la justicia, en el sentido de
que ilustran al juez, están en lo cierto, pero es necesario agregar que en
determinados casos, la fuerza probatoria de las pericias es tal que lleva involucradas,
implícitamente, las sentencias y el auxiliar se convierte, indirectamente, en juez. No
se les puede considerar, entonces, como auxiliares judiciales en el sentido legal de la
frase, por dos razones: 1°. porque proceden con independencia en sus
informaciones, 2°. porque no hay relación de superior a inferior en sus relaciones con
el juez.
Finalmente, y éstos están en la razón, se considera a los peritos como
121
Ibid. pág. 45 122
Alimena, Bernardino. “Notas Filosóficas de un Criminalista”. Editorial Garuda, Santiago, Chile. 1975 pág. 22.
69
verdaderos jueces de los hechos; sus dictámenes tienen el carácter de
exclusivamente técnicos, y sólo los hombres que han hecho estudios específicos
pueden opinar con ciencia y conciencia sobre la naturaleza de determinados hechos.
No puede entonces considerarse la prueba pericial como una mera declaración
testifical. Estableciendo que los peritos son jueces de hechos y que si se recurre a
ellos es porque los magistrados no pueden estar versados en todas las ciencias y
letras, veamos qué valor probatorio y legal deben tener las pericias médico-legales y
especialmente las psiquiátricas.
Sostiene el eminente penalista italiano Alimena, que al decir: “Que el juez es el
perito de los peritos”.123 Se quiere establecer el predominio de una fórmula vacía,
sobre la realidad de las cosas, porque, en el fondo, lo que viene a afirmarse es lo
siguiente: el juez tiene derecho para proclamar un error. Carrara, en su monumental
programa, refiriéndose especialmente a los casos de alienación mental dice que: “El
juez tiene que diferir al juicio de los peritos médicos, si no quiere que se le tache de
presuntuosos y de poner en peligro la justicia”.124
Por último quiero citar la opinión de Ferri: “El voto de los peritos –afirma– debe
ser obligatorio para los jueces, a lo menos en sus partes técnicas y esenciales, pero
quedando reservada a éstos el derecho de pedir explicaciones y demostraciones
ulteriores. De esta manera se evitarán los escándalos de ver que hay jueces
profanos en la ciencia psiquiátrica, los cuales, mientras suscriben en silencio el
parecer de peritos calígrafos o químicos, creen que sólo el sentido común pueden
juzgar acerca de las oscuras formas de alienación mental”.125
“Los argumentos de los que postulan la libertad absoluta del juez, en la
apreciación de las conclusiones de las pericias médico-legales, podemos clasificarlos
123
Alimena, Bernardino. Op. Cit,. pág. 22. 124
Carrara, Francesco. “La Justicia Penal”. Editorial Parra, Barcelona, España. 2001 pág. 59. 125
Ferri, Enrico. “Derecho Penal”. Editorial Madariaga, Valencia, España 1976 pág. 44.
70
en la siguiente forma: un argumento legalista y formal, otro argumento sobre
valoración científica y el último sobre valoración de capacidades técnicas. El
argumento legal es el siguiente: el dictamen pericial obligatorio desvaloriza al jurado
y la magistratura. Éstos no tendrían otra función que aplicar mecánicamente la
sanción”.126
El argumento de valoración científica pertenece a Mittermaier, el cual opina
que: “La fuerza probatoria del examen pericial es el resultado de presunciones
encadenadas entre sí. Por efecto de una presunción reconocemos en los peritos los
conocimientos especiales necesarios; por otro le atribuimos el deseo leal de
encontrar la verdad como único término de su investigación. Sucede a menudo que
los peritos se ven obligados a tomar por regla leyes científicas que algunas veces
han sido fuertemente debatidas y por punto de partida experimentos en que
fácilmente se incurre en error”.127
El argumento que hace, “cuando dice que la fuerza probatoria del examen
pericial es el resultado de presunciones encadenadas entre sí, es inaceptable como
proceso normal y regular en el diagnóstico que lleva involucrada una pericia
psiquiátrica. En la pericia psiquiátrica, no se funde el diagnóstico en un
encadenamiento de conjeturas o de indicios, porque el diagnóstico clínico no es un
cálculo de probabilidades. No es posible aplicar arbitrariamente la teoría de las
pruebas en las ciencias médicas. Si es cierto que en muchas enfermedades pueden
existir signos de presunción, ellos no llevan al diagnóstico. Este último se funda en
los signos de certidumbre. Lo que da fuerza probatoria a una pericia médico-legal, no
es, entonces, una opinión que con un criterio estrictamente lógico significa una
afirmación que se considera insuficiente, tanto subjetiva como objetivamente; ni
tampoco una creencia, suficiente subjetivamente a la par que insuficiente
126
Ibid. pág. 44 127
Mittermaier, Carl Joseph Anton. “Investigación Penal”. Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 1999 pág. 186.
71
objetivamente; lo que da fuerza probatoria es la afirmación científica: válida subjetiva
y objetivamente”.128
Y nos queda el último argumento: la capacidad técnica de los peritos. Si se
eligiesen a los graduados que han seguido especialidades de médicos legistas en
lugar de médicos generales la capacidad técnica existiría siempre. Sucedería
entonces lo que vaticinaba el gran Legrand Du Saulle: “Las disertaciones filosóficas
caducarán, la psicología metafísica desaparecerá, el abogado callará, el jurado
escuchará, el Ministerio Público procurará ilustrarse y el médico alienista se
impondrá”.129
La solución consiste en reglamentar la forma de nombramiento de los peritos,
para evitar la designación de profanos en cuestiones médico-legales. En Francia, en
Italia, en España, se forman todos los años las listas de peritos médicos legales
dentro de los cuales deben hacerse las designaciones. Estas listas están integradas
por médicos que han seguido estudios especiales de medicina legal y obtenido el
título correspondiente; asimismo, por los profesores de la Facultad de Medicina
dedicados a dichas materias (medicina legal, criminología, toxicología, traumatología,
tanatología, etc.). Pueden integrar esta lista algunos profesionales que, sin
pertenecer a estas dos categorías, se hayan distinguido por su dedicación y estudio
de las disciplinas.
Como síntesis de esta exposición, creo que la buena doctrina no está ni en la
tiranía jurídica ni en la tiranía médica y consiste en hacer obligatoria las conclusiones
de las pericias psiquiátricas, únicamente en el caso que reúnan estas dos
condiciones: 1°. que los peritos sean médicos legistas o psiquiatras, es decir que
sean peritos auténticos; 2°. que exista unanimidad de opiniones respecto a las
128 Du Saulle, Legrand. “Tratado de Medicina Legal”. Editorial Zeus, Madrid, España. 2005 pág. 154. 129
Ibid. pág. 154.
72
conclusiones de dichas pericias.
Propone el jurisconsulto italiano, el profesor Pugliese: “Nosotros, decía, que
hemos sostenido siempre no ser razonable que se someta al juicio del sentido común
el dictamen médico-legal, ni al jurado el informe de un perito, no podemos tener
dificultad alguna en proclamar que ya es tiempo de proscribir la antigua máxima: No;
esta máxima puede lisonjear la vanidad del juez, pero no responde a la verdad. Cada
uno en su puesto: he aquí la verdad. Cuando se presenta una cuestión de medicina
legal, el juez de ella debe ser el médico legista.”130
En primer término, antes de estudiar el asunto de fondo, es necesario precisar
el carácter que invisten los peritos. En la mayoría de los Códigos de Procedimientos,
los peritos están englobados bajo una misma denominación genérica: medios de
prueba.
Existe una prueba documental, una prueba de testigos, una prueba de peritos.
Quien ha de valorarlas, aceptarlas o rechazarlas, es el juez. Pero sobre el carácter
de los peritos se han sostenido diversas opiniones, que van desde la que los
considera como simples testigos técnicos hasta los que los admiten como
verdaderos jueces, cuyos dictámenes, en determinados casos, deben ser
imperativos.
Las distintas tesis se clasifican en la siguiente forma: 1°. los peritos son
testigos técnicos, 2°. los peritos son simples auxiliares de la justicia, 3°. los peritos
son verdaderos jueces de los hechos.
Los que sostienen que son testigos y agregan a este significativo el de
racionales, como si los testigos no lo fueran, opinan que son tales porque dan la
razón de sus afirmaciones y de los conocimientos que utilizan. Esta opinión de
considerar a los peritos como simples testigos carece de lógica: un perito no puede
ser considerado como un testigo, porque estos son los que han visto realizar los
130
Pugliese, Antoine. “Medicina Legal”. Editorial Durand, Madrid, España 1998 pág. 52.
73
hechos y relatan lo que sus sentidos han percibido directamente. Si los peritos son
los ojos del juez, que el juez sepa elegirlos para que vean con claridad y no elija
miopes o ciegos. Y cuando esos ojos bien abiertos y sin nubes le tramitan la realidad
bella o dolorosa de los hechos, que el juez sepa admitirla como la visión más exacta,
justa y precisa. El argumento sobre la valoración de capacidades técnicas se refiere
a la falta de preparación y a la ignorancia de muchos peritos que engendran
dictámenes insuficientes, obscuros o contradictorios.
Al analizar el valor de estos argumentos. No es creíble que la función de los
jueces y de los jurados se reduzca siempre a la aplicación mecánica de la ley, desde
que es necesario encadenar las pruebas periciales con otras pruebas para llegar a
las conclusiones que impone la sanción. Por otra parte, la órbita de investigación de
los peritos la trazan imperativamente los jueces. Ella puede reducirse a límites
estrechos, y en ese caso, sus resultados son simples elementos integrantes para un
juicio final. En otros casos, la naturaleza misma del asunto amplía de tal modo la
órbita de investigación que cae dentro de ella la solución total del asunto. Si en estos
problemas, la función del magistrado, se reduce a la aplicación mecánica de la ley,
en buena hora así sea, si es en holocausto de la verdad y de la justicia
74
CAPÍTULO IV
DISTINTOS SISTEMAS PROCESALES, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y
PROCESALES Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL JUEZ EN EL PROCESO
PENAL GUATEMALTECO
4.1 Sistemas Procesales en Guatemala:
“A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido tres sistemas procesales: El
Acusatorio, el Inquisitivo y El Mixto. La configuración de los principios, normas y
filosofía que cada uno de ellos comprende, se refleja en dos etapas esenciales
comunes a cualquiera de estos tres modelos, la etapa preparatoria (Investigación o
sumaria) y la del juicio (plenario o debate) Existen tres funciones fundamentales que
se realizan en el proceso, éstas son: la función de acusar, la función de defensa y la
función de decisión. Si se imputa a una persona la comisión de un delito, alguien
tiene que hace la imputación, por otra parte. Es preciso concederle al acusado la
oportunidad de defenderse y debatir la imputación que se le hace. Por último, debe
resolverse la situación del imputado, debe juzgársele, e imponérsele una pena si es
culpable, o absolvérsele si es inocente”.131
4.1.1El sistema acusatorio:
Se dice que los antiguos pueblos germanos, son el único ejemplo de un sistema
acusatorio cien por ciento puro, un debate caracterizado por la prevalencia de la
oralidad y la publicidad. En Grecia, ya con un sistema acusatorio popular, la justicia
se ejercía de cara al pueblo mediante tribunales integrados por ciudadanos
honorables y promitentes de la localidad, avances que se trasplantaría a la República
Romana.
Este sistema se determina de la siguiente forma:
a) El debate se caracterizó por la prevalencia de la oralidad y la publicidad.
b) Los tribunales se integraban por ciudadanos honorables y promitentes de la
131
Jáuregui, Hugo Roberto. El Debate en el Proceso Penal Guatemalteco” Maga Terra, Editores Guatemala 2003
pág. 15
74
75
localidad.
c) Se consideró que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes:
una que llevara la acusaci8on y otra que llevara la defensa.
d) El juez, asamblea o jurado popular, debía encontrarse como un sujeto supra-
ordenados con el máximo de imparcialidad para poder examinar las contrapuestas
posiciones de las partes.
e) Se busca la igualdad de las partes.
f) El juez no debe tener iniciativa en la investigación.
g) Debía de existir acusación en los delitos públicos; acción popular y en los delitos
privados debía de ser el perjudicado u o ofendido.
h) en relación con los principios de procedimiento debía ser: proceso oral, público,
contradictorio y continuo.
i) La prueba se valora según la íntima convicción.
j) La sentencia produce eficacia de cosa juzgada.
k) Por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado, es la
regla general”.132
4.1.2 Sistema Inquisitivo:
“Se puede extraer en forma inmediata como características del sistema
inquisitivo, sin pretender agotarla, las siguientes:
a) Es un sistema que nace con la caída del imperio romano y el fortalecimiento de
la Iglesia Católica; (Derecho Canónico).
b) Se establece la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y
como medio para obtenerla, la confesión que se sitúa como la reina de las
pruebas, al lado de los documentos públicos que hacen plena prueba.
c) Se configuran reglas de apreciación obligatorias para todos los funcionarios
judiciales, señalándose qué hace y qué no hace prueba. Es decir, que la
132
Herrarte, Alberto. “Derecho Procesal Penal, el Proceso Penal Guatemalteco”. Centro Editorial Vile.
Guatemala 1991 pág. 37
76
prueba se valora conforme a un sistema legal y la ley da el valor que debe
asignársele.
d) Se privilegia la fase de investigación o sumario y el debate queda relegado a
un mero acto formal, el pronunciamiento de la sentencia.
e) El juez debía de ser magistrado o juez permanente, procedía de oficio a la
averiguación de un delito y que este funcionario lleva a cabo la instrucción y
subsiguiente acusación.
f) Los principios del proceso son: secretividad, escritura, y no contradictorio.
g) Se considera al inculpado como la mejor fuente de conocimiento de los
hechos, e incluso se le puede obligar a declarar, aun usando medios
coactivos.
h) El juez formulara la decisión definitiva, condenando o absoviendo al inculpado.
i) En relación a la sentencia, no hay cosa juzgada.
j) Y en relación con las medidas cautelares, el estado de prisión es el criterio
general”.133
4.1.3 El sistema procesal mixto:
“Este sistema se relata que fue adoptado por los países hispanoamericanos, y
en este, se combinan las características del Acusatorio y del Inquisitivo.
Las características mínimas que pueden señalarse son las siguientes:
a) Se tiene función dividida, una entidad que acusa, una que define y una que
juzga.
b) Se tiene una fase escrita en general (preparatoria).
c) Se tiene una fase oral (debate).
d) El sistema de valoración de la prueba, es la íntima convicción.
e) El juez tiene aún iniciativa en la investigación.
f) Existe acusación en los delitos públicos; y en los delitos privados debía de ser
el perjudicado u ofendido.
133
Ibid. pág. 37
77
g) En relación con los principios de procedimiento existe la oralidad, publicidad y
contradictorio.
h) La sentencia produce eficacia de cosa juzgada.
i) Por último en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado, es la
regla general.
j) El juez debe ser magistrado o juez permanente.
k) En cuanto a los principios del proceso, algunas partes se mantienen en
secretividad, y por escrito”.134
En cuanto a estos procesos el que más se ajusta a protección de los derechos
fundamentales de las personas es el Sistema Inquisitivo, pues trata siempre de velar
porque las garantías constituciones sea aplicadas en cada caso al proceso penal.
4.2 Principios Básicos del Código Procesal Penal Guatemalteco:
4.2.1 Principio de Legalidad
“Este principio antiguamente se le conocía como nullum crimen nulla poena
sine lege, esto significa que no hay crimen ni pena sin ley anterior. Este es un
principio básico del derecho penal, debido a que el mismo, establece que únicamente
pu3den ser objeto de sanciones aplicadas por el Estado, las conductas prohibidas
que han sido establecidas en la ley. Este principio busca que no se pueda variar las
conductas que están prohibidas más que por la misma ley, de lo anterior se señala
que: la exigencia de que la punibilidad de un hecho solo puede ser establecida por
una ley anterior a su comisión, obedece a la idea política de reservarla a los
individuos, como zona exenta de castigo”135.
4.2.2 Principio de oficialidad:
“Este es el principio el cual establece que el estado en el ejercicio del ius
134
Ibid. pág. 38 135
Londoño Jiménez, Hernando. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. Tomo I pág. 5
78
puniendi delega el ejercicio de la acción penal, a un ente, que es responsable de
investigar de oficio los posibles hechos delictivos que comenten. En Guatemala se le
conoce como el Ministerio Público, institución que es reconocida por la Constitución
Política de la República, como un órgano con funciones autónomas y es el único
facultado para ejercer la persecución penal, en la cual se preparara las acusaciones
n el proceso penal guatemalteco”.136
4.2.3 Principio de Juicio Previo:
“Este principio de juicio previo, es muy importante para el Derecho Procesal
Penal, ya que, busca proteger y desarrollar las garantías constitucionales que está
regulada en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
para que se pueda condenar a un sindicado, debe haber existido un juicio previo
llevado a cabo ante quien la ley haya asignado el poder de juzgar y motivado en la
existencia de un ley penal vigente, que necesariamente tiene que existir antes del
hecho imputado”.137
4.2.4 Principio de igualdad:
“Respecto a este principio se establece: “igualdad ante la ley, trato igual en
circunstancias iguales, que significa la prohibición de toda decisión o norma de
carácter discriminatorio por parte de los órganos estatales. La igualdad ante la ley se
ha dicho es un caso de razonabilidad de las leyes que representen una garantía
constitucional y una valoración vigente en todos los países constituidos sobre
ideología demo liberal. La expresión: igualdad ante la ley, debe ser entendida en
sentido de, igualdad ante el derecho”.138
136
Ibid. pág. 6 137
Maza Benito “Curso del Derecho Procesal Penal Guatemalteco”. Guatemala primera Edición Serviprensa
S.A. 2005. pág. 21 138
De Pina Vara, Rafael. “Diccionario de Derecho” México Primera edición editorial Porrúa 1983 pág. 297
79
4.2.5 Principio de inmediación:
“Este Principio tiene que ver con el ´rgano jurisdiccional, esto es debido a que
este actúa en contacto directo con las partes, es decir, con todos los que intervengan
dentro de un proceso penal, querellante, defensa, acusado, ministerio público,
testigo, etc., sin olvidar a los medios de prueba, ya sea, en la etapa preparatoria,
intermedia o un tribunal de sentencia en la etapa de juicio”.139
4.2.6 Independencia del Poder Judicial:
“Es una premisa necesaria par poder ser objetivo o imparcial, y excluye el
conocimiento de las causas penales de otros órganos que no sean los judiciales; así
mismo reitera el principio del “juez natural” que busca que ningún ciudadano se
juzgado por comisiones o tribunales especiales o sea llevado ante jueces distintos a
los llamados por la ley a conocer, antes de l hecho que motiva el proceso”. 140
4.2.7 Coercibilidad de las resoluciones judiciales y el derecho a impugnarlas:
“El Artículo 11 del Código Procesal Penal vigente en Guatemala establece que
las resoluciones judiciales deben de acatarse y cumplirse, pero a la vez otorga el
derecho a recurrirlas si no se esta de acuerdo con ellas, pero utilizando solamente
los medios de impugnación establecidos en la ley procesal penal para cada una de
las etapas y en la forma establecidas para hacerlos”.141
4.2.8 Justicia penal obligatorio e irrenunciable, gratuito y público:
“La función de los tribunales penales es obligatoria, irrenunciable e
indelegable. La gratuidad responde al hecho de ser un servidor esencial del Estado;
en cuanto a la publicidad, es un derecho a que la población pueda libremente
139
Londoño Jiménez, Hernando Op. Cit,. Pág. 22 140
Cetina, Gustavo. “Manual de Derecho Procesal Penal” Editorial Serviprensa. Guatemala pág. 15 141
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo “El Proceso Penal Guatemalteco” tomo I edición Magna Terra editores
Guatemala 2011 pág. 47
80
observar los actos del proceso”.142
4.2.9 La presunción de inocencia y la forma de interpretar la ley procesal penal:
“En el Artículo 14 del Código Procesal Penal vigente en Guatemala tiene
relación directa con los Artículos 14 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Artículo 8 numeral e del pacto de San José. El derecho de
presunción de inocencia, consiste en que la persona que esté siendo procesada,
debe contar con la garantía por parte del estado, de que pueda defenderse con todos
los medios legales que la ley le otorga, a fin que al final del proceso, la persona haya
tenido a su alcance todos los medios de defensa válidos y legales”.143
4.2.10 El derecho a no declarar contra sí mismo:
“Este principio Constitucional regulado en el Artículo 16 de la Constitución
Política de la República, establece: que no se puede obligar a una persona a declarar
en contra de sí mismo, ni declararse culpable juntamente el el Artículo 15 del Código
Procesal Penal Vigente”.144
4.2.11 Respeto a los derechos humanos:
“En el Artículo 16 del Código Penal Vigente establece el cumplimiento
obligatorio de los derechos humanos, por parte de los tribunales y autoridades
inmersos en el proceso penal, ya sea que estos estén contemplados tanto en
legislación interna como internacionales ratificadas por Guatemala lo que encuentra
respaldo en los Artículos 44 y 46 de la Constitución Política y los Artículos 9 de la Ley
del Organismo Judicial Decreto Número 2-89 y los Artículos 144 de la Ley de
Ampara, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.145
142
Ibid. pág. 50 143
Ibid. pág. 51 144
Ibid. pág. 53 145
Ibid. pág. 53
81
4.2.12 El derecho de defensa:
“En el Artículo 20 del Código Procesal Penal vigente en Guatemala, reitera el
principio constitucional del artículo 12 juntamente con los Artículos 7 y 8 del Pacto de
San José; 16 de la Ley del Organismo Judicial y 4 de la Ley de Amparo, en cuyos
contenido ha dicho la Corte de Constitucionalidad “involucra el principio jurídico del
debido proceso, es decir el proceso es el vehículo del derecho de Defensa”…146
4.2.13 La garantía de única persecución por el mismo hecho:
“Según lo establece el Artículo 17 de Código Procesal Penal vigente, el
principio de no perseguir a una persona penalmente más de una vez por un mismo
hecho”.147
4.2.14 La garantía de cosa juzgada:
“Según lo establece el Artículo 18 del Código Procesal Penal vigente; un
principio fundamental en Derecho Penal y Procesal Penal, al que e ha denominado
“Cosa juzgada”, este determina que si un proceso ha sido resuelto y la resolución se
encuentra firme, no podrá ser abierto de nuevo en contra de la persona que fue
procesada; dejando a salvo el recurso de revisión, que permite reabrir un proceso
incluso en fase de ejecución de la sentencia, siempre y cuando le favorezca al
condenado”.148
4.3 La Función Jurisdiccional en el Proceso Penal Guatemalteco:
“La jurisdicción: es el poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución la
leyes, o para aplicarlas en juicio”.149
“Según el Artículo 203 dela Constitución Política de la República de
146
Figueroa Sarti, Raúl “Anotaciones de Jurisprudencia Constitucional en Código Procesal Penal”. FyG
editores Guatemala pág. 10 147
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo Op. Cit pág. 53 148
Ibid. pág. 55 149
Diccionario de la Lengua Española. Tomo I Vigésima edición España, Madrid, 1984 pág. 778
82
Guatemala Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover
la ejecución de lo juzgado. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad
absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los de más tribunales que la ley
establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia…
En el Artículo 37 del Código Procesal Penal vigente establece “Jurisdicción penal.
Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los
tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos
penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones”.150
Todos estos principios procesales penales y constitucionales son las directrices para
que los procesos penales se lleven de conformidad con las normas establecidos,
para que no exista un desligamiento dentro del proceso como cumplimiento de las
garantías constitucionales y procesales.
4.4 Tribunales competentes en el orden penal:
1. “Los Jueces de Paz
2. Los jueces de Primera Instancia
Son unipersonales actualmente:
-Jueces de primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el Ambiente en
todo el territorio nacional.
- Jueces de primera Instancia penal de Delitos de Femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer.
3. Los Jueces unipersonales de sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el
Ambiente.
4. Los tribunales de sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente.
5 Los Jueces unipersonales de primera Instancia penal, narcoactividad y delitos
contra el ambiente por procesos de mayor riesgo.
6. Los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por
150
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo Op. Cit,. Pág 79
83
procesos de mayor riesgo.
7. Los jueces de ejecución. (que son también de primera instancia)
8. Las salas de la Corte de Apelaciones, del ramo penal, narcoactividad y delitos
contra el ambiente. (que son ya de segunda Instancia).
9. La Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia. (también considerada segunda
instancia)”.151
La jurisdicción de los jueces en Guatemala esta distribuida por un orden lógico de
menor a mayor, distribuyéndose la competencia en las diferentes materias, todo en
relación a un control y desligamiento de los diferentes procesos que en Guatemala
se realiza para evitar el acumulamiento de proceso.
151
Ibid. pág. 83
84
CAPITULO V
LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO EN
EL PROCESO PENAL GUATEMALTE
5.1 Principales roles que desempeñan el Psicólogo y Psiquiatra Forense:
Para ejercer la psiquiatría forense se tiene que ser psiquiatra clínico y poseer
un conocimiento jurídico de lo que la ley exige del psiquiatra y de cómo puede
transformar sus conocimientos médicos y psicológicos en aplicaciones jurídicas. El
psiquiatra clínico realiza una anamnesis, una exploración minuciosa, emite un
diagnóstico, elabora un pronóstico y establece un tratamiento, mientras que el
psiquiatra forense tiene la misión después del diagnóstico y el pronóstico, de indicar
lo que es más importante desde el punto de vista legal, es decir, cómo la alteración
psíquica influye sobre la facultad de conocimiento de la penalidad del hecho y sobre
la capacidad de actuar de acuerdo con este conocimiento.
Lo cual no siempre está en simple relación con el diagnóstico de salud o
enfermedad; ya que por ejemplo, en casos leves de psicosis-enfermedad mental
propiamente dicha puede ser discutible alguna vez la existencia o no de
imputabilidad, mientras que, por otro lado, en casos intensos de trastorno de
personalidad que en estricto criterio psiquiátrico no son enfermedades mentales
pueden existir dudas sobre la imputabilidad de la persona. La psiquiatría se halla en
la encrucijada entre biología, psicología y sociología, de hecho la moderna psiquiatría
está impregnada de espíritu sociológico: la curación de un enfermo mental exige, a
menudo, manejar adecuadamente los factores ambientales.
¿Es un psiquiatra forense la misma cosa que un psicólogo forense? No. Los o
las psiquiatras son médicos con un entrenamiento especial en el entendimiento,
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Esto incluye evaluaciones y
tratamientos biológicos, psicoterapia, y problemática social y familiar. Los psicólogos
a nivel de doctorado son profesionales en su propia rama y pueden hacer pericias
especiales en tópicos usualmente no estudiados en detalle por los psiquiatras (como
84
85
las pruebas psicológicas).
5.2 El Psiquiatra Forense en el campo penal:
La petición de intervención como perito en el campo penal, puede llegar al
psicólogo desde cualquiera de los órganos jurisdiccionales competentes: juzgados de
instrucción, de lo penal, audiencias provinciales, etc. En derecho penal se pueden
distinguir dos grupos sobre los que puede versar la pericia:
El primero, es el grupo de los imputados o infractores.
El segundo grupo, progresivamente importante, es el de víctimas del supuesto
delito.
En el primero, se puede demandar de forma simplista un examen psicológico o
bien de forma más elaborada un perfil de personalidad, si existe psicopatología en su
psiquismo, deterioro mental, toxicomanía y afectación de su personalidad, y en caso
de imputados la pregunta siempre va a ir dirigida a ¿se encuentran afectadas las
bases psicológicas de su imputabilidad, es decir conoce la realidad y es libre para
actuar conforme a ese conocimiento?
En cuanto a las víctimas de delitos, se suele pedir que se valore su estado
emocional actual en relación con el supuesto delito, secuelas que hayan podido
quedarle en el orden emocional y pronóstico en la evolución de estas secuelas. En
los casos de menores involucrados en abusos sexuales, se suele solicitar al perito
psicólogo su capacidad para testificar, la credibilidad de su testimonio y las secuelas
psicosociales derivadas del delito. Acercándonos al concepto de responsabilidad
penal: noción de imputabilidad: Imputabilidad es el vocablo que el derecho utiliza
como concepto de responsabilidad, y del que se desprende la ejecución de un acto
delictivo llevado a cabo por el agente con intención, discernimiento y libertad. Está
86
dada por la capacidad de delinquir que tiene una persona, por su facultad de obrar
normalmente, y que conforma todo el conjunto de condiciones que desde el punto de
vista psicológico debe reunir para que se le pueda atribuir la comisión de un delito.
Si bien, el principio científico que inspira la ley penal es el de imputabilidad, el
Código Penal de la Republica de Guatemala enuncia la no imputabilidad o
inimputabilidad y para establecerla, adopta un criterio mixto, resolviendo la cuestión
con criterio moderno y dejando de lado los problemas exclusivos de la psicología.
Genéricamente, establece que el autor de un delito debe ser penado, pero la ley
debe determinar las excepciones a tal principio. Con igual criterio sustituyó el término
responsabilidad por el de imputabilidad, adecuándolo a la evolución jurídica del tema.
El criterio biológico sólo se utiliza para establecer el límite mínimo de edad.
5.3 La observancia del Sistema Acusatorio en Guatemala:
La cantidad de actividades humanas, encuentran finitud en la capacidad
cultural e intelectual del hombre, sin embargo, tal diversidad en el devenir social,
presenta una simple relación causal de acción y resultado; el Derecho entiende esta
relación y la abstrae acumulando las relaciones que tengan relevancia en los
supuestos y consecuencias que regula la ley, creando así sistemas normativos como
el guatemalteco, que puede clasificarse dentro de la familia jurídica del derecho
romano-germánico, que se encuentra presente en la mayoría de países de América
latina.
Como parte de este escenario jurídico se encuentra al Derecho Penal que
impone consecuencias negativas, denominadas penas, a los hombres y mujeres que
incurren en alguna acción u omisión que la ley, taxativa, previa y cierta considera
como delitos o faltas y más especialmente el sistema adjetivo penal a que responde
Guatemala dependiendo de la vigencia y aplicación de los diversos principios y
garantías dentro del proceso penal, se encuentran variaciones en los sistemas de
87
enjuiciamiento, que van desde los sistemas aplicados en la inquisición, hasta los
sistemas acusatorios inspirados en la contradicción, igualdad de derechos entre las
partes y división de funciones. Guatemala enfrentó una aplicación del sistema
inquisitivo relativamente reciente y a partir del segundo semestre del año 1994, sufre
un cambio radical de régimen por medio de la instauración del sistema acusatorio, a
través del Decreto Número 51-92 que contiene el Código Procesal Penal vigente
hasta la fecha. Sin embargo, tal renovación lejos de crear un sistema acusatorio puro
devino en una mixtura procesal de instituciones inquisitivas y acusatorias, que hacen
clasificar el proceso penal guatemalteco de forma: inquisitiva subyugada, acusatoria
mermada, pro-acusatoria u otras más dependiendo de la perspectiva que cada jurista
pretenda brindarle.
Entre los institutos jurídicos que separan a Guatemala de la adecuación pura
al sistema inquisitivo se encuentran la orden de acusación que puede emitir el juez
contralor de la investigación (Artículo 326, Código Procesal Penal), la orden de
lectura de declaraciones anteriores del acusado, ante la negativa de éste a declarar
en el debate (Artículo 370, Código Procesal Penal) y la facultad que tienen los
miembros del tribunal de sentencia de interrogar a peritos y a testigos (Artículo 378,
Código Procesal Penal vigente).
5.4 La aplicación de las garantías y principios constitucionales y procesales en
el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente:
La Constitución regula preceptos normativos distintos de las leyes ordinarias,
estableciendo principios generales que deben respetarse dentro de todo el
ordenamiento jurídico guatemalteco y garantías que aseguran el cumplimiento de los
primeros. Por la supremacía constitucional y la gradación normativa de la legislación
en Guatemala, la Constitución pasa componer el punto de partida común de toda la
ley y sus disposiciones deben sobresalir a todas las demás normas jurídicas de
aplicación general que se encuentren vigentes. No obstante como lo indica la
88
doctrina, el Derecho no debe dejar su aplicación a la simple voluntad de los hombres,
sino asegurar su vigencia a través de diversos medios, función que cumplen las
garantías constitucionales y procesales aplicables al proceso penal guatemalteco.
Del estudio de expedientes judiciales y entrevistas con funcionarios
jurisdiccionales, se establece que en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente sucede lo siguiente:
a. Se respeta legalidad, puesto que el tribunal solamente realiza aquellos actos
para los cuales se encuentra expresamente facultado por la ley, así como las
garantías de juez natural, prohibición de doble o múltiple persecución, la
prohibición de declarar contra sí o contra parientes, que siempre se hace valer
como consta en las actas de audiencias, la retroactividad, concordia, sencillez,
oralidad, inmediación y publicidad.
b. No se respetó en algunas de las causas analizadas la supremacía
constitucional, pues al hacer uso de la facultad analizada, contenida en el
Artículo 378 del Código Procesal Penal, se tergiversa el límite que la
Constitución establece a la función jurisdiccional.
c. Se violenta además la presunción de inocencia pues, el juez cuando tiene
dudas bajo el pretexto de realizar preguntas declarativas, perfecciona el
interrogatorio desarrollado por las partes, llegando al extremo de ubicar los
hallazgos encontrados por un perito que no fueron expuestos por el fiscal del
Ministerio Público.
d. El juez pierde su imparcialidad e independencia judicial pues se desequilibran
las fuerzas entre acusadores y defensa, constituyéndose el juez en un ente
más de la persecución penal que investiga para alcanzar una sentencia
89
condenatoria, esto como resultado de que las exigencias sociales de justicia
colocan al juez en una posición vulnerable ante la sociedad que le exige el
condenar en los casos de más impacto.
e. Favor libertatis: al preguntar los jueces no favorecen el principio de la duda
favor rei, sino al contrario benefician la coacción del imputado, quien se ve
superado por los de investigación y acusación penal.
f. Oficialidad de la investigación: La acción pública penal debe ser ejercida por el
Ministerio Público, como parte de tal potestad corresponde a este órgano
investigador la carga probatoria, pero si el juez pregunta a los testigos o
peritos, releva de su función al fiscal, constituyendo no solo una violación a la
acción penal (Artículo 251, Constitución Política de la República de
Guatemala) sino también al derecho de defensa (Artículo 12, Constitución
Política de la República de Guatemala) y potestad jurisdiccional (artículo 203,
Constitución Política de la República de Guatemala).
5.5 La función jurisdiccional del Juez en el Tribunal de Sentencia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente:
La potestad de administrar justicia, debe atender en primer lugar a los límites y
alcances fijados por la norma constitucional que la limita a juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado, pero como se establece en el cuadro de cotejo y en la
enumeración y confrontación de principios que se hizo en el numeral anterior, la
norma ordinaria adjetiva penal, se separa del modelo acusatorio al integrar en el
plexo normativo facultades que vulneran la Constitución Política de la República de
Guatemala, así los jueces aunque atienden a las funciones que establece la ley
ordinaria, dejan de ejercer el control difuso de la constitución que exige de ellos que
dejen de aplicar aquellas normas que a la luz de la ley y la razón son
inconstitucionales.
90
5.6 La observancia de las funciones de las partes en el Proceso Penal
guatemalteco:
Debido a la depuración normativa que se ha desarrollado de las disposiciones
del Código Procesal Penal vigente, elaborada a través de las reformas legislativas al
Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, se han ido definiendo
cada día más las funciones y roles que juegan las partes en el proceso penal
guatemalteco, clasificando sus gestiones de acuerdo a los intereses que representan
y los objetivos que inspiran su actuación.
Así se diferencia los órganos acusadores, las partes civiles, los sujetos sometidos a
proceso penal (acusados) y su defensa técnica. Además con las recientes reformas
contenidas en el Decreto Número 18-2010 del Congreso de la República, se
revitaliza la figura de la víctima más que como un simple órgano de prueba dentro del
proceso, si no se constituía como querellante adhesivo, reconociéndole el carácter
de parte dentro del proceso penal guatemalteco (Artículo 117, Código Procesal
Penal).
5.7 El manejo de los órganos de prueba en el Tribunal de Sentencia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente:
Los órganos de prueba más comunes en los procesos penales llevados ante
el tribunal de sentencia penal, son los peritos entre los que se cuentan profesionales
en balística, dactiloscopia, médicos forenses, ingenieros civiles y otros tantos como
técnicas o profesiones existen y testigos. Del análisis de los datos recabados cabe
resaltar que en la mayoría de casos se demuestra la preparación de los testigos de
las partes para su presentación en los debates. El diligenciamiento que hace el
tribunal de sentencia penal de la prueba testimonial y de peritos, es claro, sencillo y
se adecúa al nivel cultural de las personas presentadas, con tal de que entiendan la
importancia y efectos provenientes de su participación.
La técnica de interrogatorios que utilizan las partes durante el diligenciamiento
91
de la prueba testimonial o de peritos, en algunas ocasiones deja entrever algunas
carencias argumentativas o faltas de técnica o fallas en el método utilizado para
hacer llegar la información al tribunal, evidenciando la falta de rumbo en el
interrogatorio o la imposibilidad para obtener la información que se espera del perito
o testigo.
5.8 Sujeción del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente a las formas sacramentales del Juicio Oral y Público:
Sobre este aspecto se llegó a determinar que se respetan las formas básicas
del debate, en cuanto a la preparación, desarrollo y finalización del juicio oral,
prevaleciendo la oralidad en el mismo y la inmediación ininterrumpida de las partes y
los jueces llamados a dictar sentencia durante el progreso del mismo, sin embargo,
se identifican aspectos como la interrupción mayor a diez días del debate o el
conocimiento “intercalado” de por lo menos dos causas durante un período de
tiempo. Situaciones que deben ser analizadas bajo los principios de continuidad
concentración del juicio oral. Toda vez que aún bajo el acuerdo de fiscales y
defensores técnicos se debe garantizar la no suspensión del debate bajo el perjuicio
de que sea contaminado o confundido el conocimiento del juez en cuanto a las
pruebas diligenciadas entre una audiencia y otra.
5.9 Valoración constitucionalidad del uso de la facultad del artículo 378 del
Código Procesal Penal en Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente:
La facultad que atribuye el Artículo 378 del Código Procesal Penal vigente en
Guatemala , no respeta la definición que la Constitución establece para los órganos
jurisdiccionales, el ministerio público y el derecho de defensa, puesto que de su uso,
aún con la más pura intención, surge la posibilidad de caer en arbitrariedades, que
pueden llevar al juez desde identificar que para el testigo cerca son no más de diez
92
centímetros, hasta la sustitución completa del interrogatorio de las partes, como es el
caso de preguntar al perito ¿cuáles fueron sus hallazgos? Función que como quedó
establecido corresponde al Ministerio Público como encargado de la carga probatoria
así como a la defensa si ha propuesto pruebas de descargo.
5.10 Medios de defensa ante el uso de la facultad del Artículo 378 del Código
Procesal Penal Vigente en Guatemala durante la etapa de Juicio Oral:
Oportunamente se escribió que una sentencia que diera valor probatorio y se
fundamentara de las preguntas que fuesen dirigidas a los órganos de prueba por los
miembros del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente, al constituir una contradicción al diseño constitucional del rol que juegan
los órganos jurisdiccionales, es nula ipso jure, y ante la pasividad del tribunal para
aplicar el control preventivo difuso de la Constitución, evitando la aplicación de una
norma que contraviene la Constitución, la persona agraviada puede recurrir en
Apelación Especial, por motivos de fondo ante la sala de apelaciones competente,
según el artículo 415 y sub-siguientes del Código Procesal Penal. Esto con el
objetivo de buscar un control reparador de la situación.
No obstante las situaciones descritas, es loable la actitud de los jueces de
abstenerse a utilizar esta facultad por los motivos expuestos, pero no todos los
funcionarios jurisdiccionales comparten este criterio, encontrándose las partes
algunas veces, sorprendidas ante la actitud de uno o varios de los miembros del
Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de
interrogar a los testigos.
Dado el caso que durante el desarrollo del debate en la etapa de
diligenciamiento de la prueba de peritos o testigos, alguno de los miembros del
Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente,
pretendiesen ejercer la facultad cuyo análisis nos ocupa, es deber de las partes, en
93
pro de la defensa constitucional y la calidad de objetivo que se aspira pueda tener el
procedimiento desarrollado al diligenciar la prueba, que se ataque tal situación en el
mismo momento de su comisión, esto con el fin de garantizar la prevalencia de la
norma constitucional sobre la ordinaria y evitar la posterior necesidad de recurrir una
sentencia por el agravio ocasionado por solo este motivo.
Los antecedentes de la presente investigación, arrojan poca o escasa
información respecto de la aplicación de la psicología en la prueba testimonial
alrededor del mundo, sin embargo muchos tratadistas son puntuales al señalar que
es evidente la necesidad de la aplicación de esta ciencia por parte de profesionales
especialistas tanto en psicología como en psiquiatría forense. De esa cuenta
tratadistas como Bentham, Carrara, Ferri, Lombroso y otros han dejado legados
respecto de la necesidad de la aplicación de estas ciencias, lo cual el investigador
considera que en las legislaciones modernas sería importante legislar sobre esta
materia.
En cualquier investigación, ya sea de orden social, político, o de cualquier tipo,
se suele hablar de testigos presenciales o referenciales, cuando se refieren a
personas que pueden dar alguna información acerca de cualquier acontecimiento del
cual se han enterado por sus sentidos o por cualquier otro medio o persona.
A través historia se le ha dado vital importancia a la prueba testimonial, al
mismo tiempo que a la documental y pericial o científica, sin embargo muchas veces
se adolece dentro del proceso penal de una prueba documental, pericial o científica y
es menester utilizar únicamente la prueba testimonial para tratar de probar uno
varios hechos delictivos sujetos a proceso, a la cual el Juez de la causa deberá darle
o no un valor probatorio o credibilidad de conformidad con la sana critica razonada, la
cual se basa en la psicología, el sentido común, la lógica y la experiencia. En ese
orden de ideas, es menester que también el Juez sentenciador tenga conocimientos
94
de psicología para no verse sorprendido por declaraciones persuasivas de testigos
que puedan falsear la verdad o que pretendan sorprender al Juzgador para que dicte
una sentencia con base a declaraciones inexactas o inventadas.
En realidad las ciencias psicológicas han tenido aportes significativos para
poder escudriñar en la conciencia humana, respecto del testimonio, ya que se ha
podido establecer a través de estas ciencias todos los factores que pueden influir en
el sujeto que ha estado presente y ha percibido un acontecimiento y oportunamente
tiene que transmitirlo al Juez, a través de su testimonio.
Todo el desarrollo de nuestra sociedad, demanda el avance, desenvolvimiento
y aplicación de las ciencias psicológicas en los procesos penales, especialmente en
la prueba testimonial.
Se debe tener en cuenta que muchas veces los responsables de prestar su
testimonio dentro de un proceso penal, son personas que no tienen valores éticos y
morales y que además pueden estar siendo influenciados por personas que tienen
interés en el proceso y de esta manera su testimonio se verá viciado, cambiado o
falseado.
Como se dijo anteriormente el testimonio o declaración testimonial, desde
siempre y en todo el devenir de los pueblos se ha considerado como una prueba de
vital importancia para el esclarecimiento de la verdad histórica y objetiva de un hecho
que se ha considerado como un delito, por lo tanto hay algunos autores que
consideran que el derecho no podría subsistir sin ella, ya que es de vital importancia
para poder ejercer los derechos de una persona, ya sea considerado como
agraviado, víctima o sindicado.
Dentro de un proceso penal, dentro de la etapa del juicio, específicamente en
95
el debate propiamente dicho, se da la posibilidad de que las partes procesales
puedan emitir sus conclusiones o alegaciones, a través de las cuales tratarán de
convencer al Juez respecto de sus pretensiones, sin embargo, la prueba testimonial
le dará al Juez de Sentencia, el convencimiento necesario para tomar una decisión
en uno u otro sentido respecto del litigio.
Por otro lado se puede indicar que existen testigos que prestan su declaración
testimonial, respecto de hechos o actos que conoce por diferentes circunstancias, de
esa cuenta se puede decir que hay testigos que han presenciado el hecho o acto a
través de sus sentidos; otros que han recibido la información a través de terceras
personas o medios; otros que exclusivamente rinden su testimonio respecto de la
honestidad, responsabilidad, comportamiento, conducta o reputación de la persona
que ha sido sindicada de haber cometido un delito.
Para poder tomar en cuenta la veracidad o falsedad de la declaración
testimonial de una persona que ha sido propuesta por alguna de las partes como
testigo dentro de un proceso penal, es importante también poner cuidado a las
diferencias individuales de cada persona.
La importancia de la psicología del testimonio dentro del proceso penal en
Guatemala inicia aproximadamente en la década de los ochenta a causa de la
creación de Comisiones y delegaciones para hacer necesario la participación de los
psicólogos, tomándoles como un cuerpo científico y profesional que formaba parte
del proceso; hay que hacer la acotación, de que en ese tiempo se buscaba evaluar
más aspectos de criminología y de esa cuenta se buscaba encontrar a través de
procedimientos científicos los aspectos personales o ambientales, sociales,
culturales, étnicos, etc. Que pudieron influir en el delincuente para realizar el hecho
delictivo.
96
5.11 El Psicólogo Forense como un perito:
La función del Psicólogo Forense, es la evaluación y diagnóstico de las
personas que se encuentran implicadas en los procesos penales, debe dar
asesoramiento a Jueces de los Tribunales, al Ministerio Público, la Defensa Pública
Penal e incluso al Sistema Penitenciario, ejerciendo funciones multidisciplinarias.
La función por medio de la evaluación, es diagnosticar las personalidades de
los presuntos delincuentes, así como las víctimas. En ésta labor se concretarán a
emitir informes para los Jueces y el Ministerio Público, para coadyuvar a la
averiguación de la verdad en casos concretos.
En la sección cuarta del Código Procesal Penal guatemalteco se establece el
término PERITACION, que en su artículo 225 regula: “Procedencia. El Ministerio
Público o el Tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando
para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o
conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u
oficio. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o
circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la
autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que
posea. En este caso rigen las reglas de la prueba testimonial”
Con respecto al tema que nos ocupa, se puede indicar que el trabajo del
psicólogo forense como experto asesor en los procesos legales, realiza un trabajo
clínico y diagnóstico, en el que emite su juicio profesional, acerca del estado mental
de las personas implicadas de alguna manera en el proceso penal.
El informe pericial elaborado por el Psicólogo Forense, constituye un
documento escrito en el que el perito expone sus consideraciones y conclusiones
sobre los hechos que han sido objeto de pericia. En algunos casos, los peritos
97
deberán ratificarlo verbalmente en presencia judicial y someterse a las preguntas y
aclaraciones de las partes, así como hacer las ampliaciones o correcciones que el
perito considere pertinentes.
Con respecto a lo que establece el artículo del Código Procesal Penal pre-
citado, en cuanto a que no rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare
sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido
requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes
especiales que posea. En este caso rigen las reglas de la prueba testimonial, se
puede establecer que no obstante ser un psicólogo profesional en su ramo, no se le
considerará un perito, cuando no haya sido requerido por parte de las personas o
instituciones que la ley autoriza para poder solicitar evaluaciones periciales en un
momento determinado, porque bien lo establece la ley, conoció del asunto
espontáneamente.
5.12 El psicólogo forense como perito del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses:
En Guatemala generalmente las evaluaciones psicológicas o psiquiátricas son
solicitadas por el Ministerio Público en la mayoría de los casos, debido a que es el
Ministerio Público como ente destinado al ejercicio de la acción penal pública, el que
tiene la carga de probar los hechos por los cuales se le acusa a una persona.
También los Jueces hacen eventualmente las respectivas solicitudes, muchas veces
para poder establecer el estado de salud mental de las personas, con el fin de poder
establecer si estas están en la capacidad para asistir a un juicio oral y público en
calidad tanto de sindicado como de testigo, según sea el caso.
Con respecto a los peritos que realizan las evaluaciones y emiten sus
conclusiones al respecto, se puede indicar que en Guatemala la institución por
excelencia designada por la ley para realizar las pericias en todos los procesos
98
penales es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual tiene su
origen a través del decreto número 32-2006 del Congreso de la República de
Guatemala, justificando la creación de esta institución, el mismo cuerpo legal en sus
considerandos, en los cuales se indica: “ …Que la función jurisdiccional necesita
medios de prueba válidos y fehacientes y en consecuencia es indispensable la
cooperación de los expertos y peritos en ciencias forenses, que apliquen los avances
tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y criminalística como
elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra naturaleza….”
“…Que el servicio médico forense que forma parte del Organismo Judicial, no
responde, en la actualidad a los requerimientos judiciales ni a la necesaria
separación que debe existir entre la investigación criminalística y la administración de
justicia, ni mucho menos al ente responsable de la persecución penal, razones que
determinan la necesidad de crear un ente independiente que se responsabilice en la
ocurrencia de hechos de todo lo relativo a la investigación técnica y científica,
especialmente en la ocurrencia de hechos delictivos…”
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) fue creado como un
auxiliar de la administración de justicia, con la finalidad de emitir dictámenes técnico-
científicos, en forma independiente, poniendo de manifiesto los principios de
objetividad, profesionalismo, respeto a la dignidad humana, transparencia, gratuidad,
entre otros.
Es importante indicar al respecto que, el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), por ser una institución independiente de cualquier otra, no da
ningún acompañamiento para poder preparar psicológicamente a los testigos, sean
agraviados o no, ni a los acusados, en el momento o durante todo el proceso penal,
para que estos presten su declaración ante un Tribunal competente, sino que se
concretan a emitir dictámenes periciales respeto de solicitudes que reciben de parte
de las instituciones encargadas de administrar justicia, lo cual el investigador
99
considera que es una limitante para poder obtener una declaración objetiva y real y
verídica del testimonio prestado.
5.13 El psicólogo forense como perito del Ministerio Público:
Por otro lado es importante indicar que el Ministerio Público tiene estrecha
relación con el INACIF, para la realización de las evaluaciones periciales forenses.
El Ministerio Público, de conformidad con la ley, está facultado para solicitar
informes periciales en todas las áreas profesionales del INACIF, pero especialmente
para preparar los indicios o pruebas pertinentes y necesarias para presentarlas ante
un tribunal competente y así formar el contradictorio dentro de un debate oral y
público, que culminará con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria para el
acusado.
Para prestar la atención debida, el Ministerio Público cuenta con la Oficina de
Atención a la Víctima (OAV), que es la entidad encargada de brindar atención
urgente y necesaria a víctimas directas o colaterales del delito. Así mismo se
complementa la labor del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que los
psicólogos de la Oficina de Atención a la Víctima, también pueden emitir peritajes
psicológicos, válidos dentro de un juicio penal.
En Guatemala, dentro de la Oficina de Atención a la Víctima, se encuentran
profesionales en psicología, cuyas funciones y la regularización de su funcionamiento
fueron normadas a través del acuerdo número 74-2004, en donde en su artículo tres
se establece que deberán “brindar atención urgente y necesaria a víctimas directas y
colaterales del delito”. En el mismo se dictamina que la organización de la Oficina de
Atención a la Víctima (OAV) estará integrada por: área psicológica, área social y
área médica; su dependencia jerárquica es directamente con el Fiscal Distrital o
Fiscal Municipal, según sea el caso; sus actividades son coordinadas por la
100
Secretaría de Política Criminal, a través de la Dirección de Atención a víctimas del
Delito.
Entre las funciones del área Psicológica, principalmente se encuentran:
La de dar apoyo en crisis, a través de técnicas Rápidas y efectivas que
contribuyen a estabilizar el efecto negativo del hecho delictivo sufrido, así como
informar y referir a las víctimas del delito a otras instituciones para que les presten la
ayuda adecuada y con esto procurar que sufran alguna secuela postraumática.
Dar acompañamiento a las víctimas del delito, para evitar que estas se re
victimicen, así como realizan coordinaciones efectivas con los fiscales de cada caso
para que el trato que se les dé a estas personas sea el más adecuado y además de
obtener la mejor información, tratar de evitar el estrés postraumático que pueda
haberle causado el daño sufrido.
Preparar y fortalecer emocionalmente a la víctima para el Juicio Oral. En
coordinación con los fiscales del caso se le explica como es el procedimiento del
debate oral y público, las partes involucradas, la forma en que van a declarar y al
mismo tiempo como van a ser interrogados, empleando técnicas para bajar su nivel
de nerviosismo, ansiedad, miedo o cualquier otro factor que pueda perjudicarles.
Emitir informes o dictámenes psicológicos de las víctimas del delito, los cuales
van encaminados a demostrar el daño psicológico causado en su persona o en la
persona de algún familiar o allegado.
Participar en Juicio Oral y Público cuando así se requiera, dando
acompañamiento a las víctimas, especialmente si son menores de edad, asimismo
comparecer a ratificar, modificar o ampliar los dictámenes emitidos y responder a las
101
preguntas que se les hagan.
Apoyar en el fortalecimiento de las Redes de Derivación Nacional o local.
Proponer planes de trabajo con equipos multidisciplinarios, para dar una mejor
atención a las víctimas y evitar la revictimización… entre otras.
En cuanto a la función que desempeña el psicólogo forense del Ministerio
Público, como ya se indicó anteriormente, se circunscribe casi exclusivamente a
darle atención a las víctimas de los delitos, las cuales regularmente se convierten en
testigos, sin embargo en la práctica por ser muy pocos los profesionales que prestan
este servicio casi siempre se da un acompañamiento previo al debate o sea en el
momento que la víctima se presenta a denunciar el hecho delictivo y a la hora de
llegado el momento en que tiene que prestar su testimonio ya no se da dicho
acompañamiento; por otro lado a los otros testigos propuestos para el efecto no se
les prepara psicológicamente para presentarse al debate, lo cual pone en riesgo que
el testimonio este viciado por diversos factores internos y externos de los cuales se
hablo anteriormente.
5.14 El psicólogo forense como perito del Instituto de la Defensa Pública Penal:
El Instituto Nacional de La Defensa Publica Penal, nace a través del decreto
129-97 del Congreso de la República, inicialmente adscrito al Organismo Judicial,
volviéndose autónomo e independiente a partir del año de 1,999, su fin primordial es
el de prestar el servicio de defensoría pública penal a aquellas personas que carecen
de recursos económicos y están sindicados de haber cometido algún delito, bajo el
fundamento del principio de Derecho de Defensa consagrado en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 14 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos.
102
Los psicólogos forenses como peritos especializados en psicología se
ocupan del origen, las manifestaciones, motivaciones y los tratamientos de los
desórdenes y funcionamiento indeseables de la personalidad que perturban la vida
subjetiva del individuo, sus relaciones con otras personas y con la sociedad en
general.
El psicólogo forense de la Defensa Pública Penal, debe orientar su estudio a
la construcción de una interpretación adecuada a la situación presentada, con el afán
de conciliar la defensa del sindicado o imputado con respecto a sus derechos
humanos y así hacerlo válido ante el órgano jurisdiccional en el cual se ventila el
caso.
El conocimiento respecto al proceso penal por parte del psicólogo, por no
estar tan desarrolladas las especializaciones de la psicología forense en el país y por
otro lado el escaso conocimiento psicológico en el campo de lo jurídico por parte de
los Abogados defensores, Jueces y Fiscales, provocan la importancia de la
participación del psicólogo en el proceso penal, sin embargo, la intervención del
psicólogo es tan solo en determinados casos y fases del proceso, desaprovechando
el potencial aporte que posee.
En conclusión se puede afirmar que el psicólogo forense como perito de la
Defensa Pública Penal, interviene casi exclusivamente para poder hacer una defensa
efectiva del sindicado, procurando aplicar las evaluaciones y dictámenes psicológicos
para presentarlos como fundamento para determinar la inimputabilidad del sindicado,
como lo establece el Código Penal en su artículo 23 numeral 2o. Que indica “que se
exime de responsabilidad penal a la persona que en el momento de la comisión del
delito padecía de alguna enfermedad permanente o transitoria…” o la atenuación de
la pena por alguna alteración psíquica, como lo sería por ejemplo, el delito de
homicidio cometido en estado de emoción violenta. Además se estableció que no se
103
puede dar un acompañamiento en todos los casos, por diversas causas, como lo son
el poco personal y la gran cantidad de casos de los que tienen que ocuparse.
Después de haber hecho un análisis respecto de los psicólogos como peritos
forenses, dentro de cada una de las instituciones encargadas de administrar justicia y
auxiliares de éstas, se puede llegar a la conclusión que únicamente el Ministerio
Público le da cierto acompañamiento únicamente a las víctimas de un delito y en
casos muy especiales solamente a la hora de prestar su testimonio en un debate oral
y público; por lo demás se concretan a hacer evaluaciones psicológicas, las cuales
se plasman en dictámenes escritos, que luego se presentan a ratificar, modificar o
ampliar al debate respectivo, los cuales versan generalmente sobre la credibilidad del
relato y las secuelas que quedan a las víctimas, generalmente de delitos sexuales y
de Violencia Contra la Mujer, así como de niños víctimas.
Por lo anteriormente manifestado se establece la importancia y necesidad de
que las personas que prestan una declaración testimonial sean acompañadas por un
psicólogo, para que dicho testimonio sea prestado sin la contaminación de todos los
factores que puedan influir o hacer variar la decisión de los jueces al dictar una
sentencia.
Comprobándose así la hipótesis: que El Estado de Guatemala no tienen
programas ni planes para aplicar la psicología del testimonio en los procesos
penales, no previendo los casos donde se presentan testigos a los tribunales,
coaccionados, amenazados o con trastornos de la personalidad temporales,
transitorios o permanentes por lo que es necesario una solución al problema
planteado y es la aplicación de sistemas de psicología del testimonio por parte del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que muchos de los procesos que en
algunos casos no se llega a determinar con claridad su culpabilidad y son absueltos
quizá siendo culpables pero por la falta de un testigo que por temor a represalias o
por no estar capacitado no se presenta a los tribunales a dar su testimonio o en otros
casos no argumenta una correcta declaración que muchas veces los jueces por no
104
estar bien sustentadas no les dan valor probatorio. .
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CONCLUSIONES
El proceso penal guatemalteco tiende a la necesidad de interpretar las normas
a su real saber y entender, para llevar un proceso penal de conformidad con
las garantías constitucionales.
Se demostró en la investigación planteada, la necesidad de regular lo relativo
a la psicología del testimonio, ya que en el Código Procesal penal no se
establece el dar fuerza probatoria a pericias que tengan las características de
objetividad de testimonios.
El Instituto Nacional De Ciencias Forenses de Guatemala no posee un
departamento que vele específicamente sobre la psicología del testimonio,
dando así un vacio investigativo a declaraciones realizadas por coacción o
amenaza o por susceptibilidad cognoscitiva.
El impacto que se produce en Guatemala por declaraciones no verídicas es
extenso no solo al validar la positividad de la declaración, sino también para
delimitar si el testigo no presta declaración por coacción o amenaza, siendo
estos puntos muy importantes para una conclusión exitosa en procesos
penales realizados en Guatemala.
El testimonio prestado por personas que estuvieron presentes en la comisión
de un hecho delictivo, puede variar, dependiendo de muchos factores, tanto
externos, como el ambiente, la costumbre, la cultura, nivel académico e
internos, como miedo, ansiedad, nerviosismo. Por lo que es de suma
importancia el acompañamiento psicológico para poder obtener un testimonio
lo más apegado a la verdad objetiva y de esta manera alcanzar
verdaderamente los fines del proceso penal.
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RECOMENDACIONES
Que el Estado de Guatemala regule lo relativo a la psicología del testimonio,
ya que en el Código Procesal penal no se establece el dar fuerza probatoria a
pericias que tengan las características de objetividad de testimonios.
Que el Instituto Nacional De Ciencias Forenses de Guatemala, incluya dentro
de su organización un departamento que vele específicamente sobre la
psicología del testimonio, para evitar que las declaraciones realizadas sean
viciadas por factores internos y externos.
Incluir En procesos penales por las instituciones correspondientes en
Guatemala, la importancia al uso de la psicología forense, tomando en cuenta
la importancia, de un análisis forense en testimonios, testigos, logrando así un
análisis, hacia la declaración de testigos involucrados en el proceso penal.
Demostrar que el análisis psicológico testimonial es parte importante dentro
del proceso penal Guatemalteco, su importancia radica en la carga de la
prueba y la veracidad y autenticidad de la misma puesto que se limita la
importancia a la oratoria más que al análisis clínico del testigo para aceptar su
admisibilidad.
Lograr que las autoridades responsables de procesos penales integren como
necesidad básica que un experto examine las declaraciones que prestan los
testigos durante el proceso penal, para que se especifique la veracidad de los
hechos y un aporte objetivo a las presunciones que se establecen en este
caso al proceso penal guatemalteco.
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