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Seminario sobre ciencia, diplomacia y el TPCEN: Latinoamérica como líder en la no-proliferación y el desarme

Septiembre 2019 Los desafíos que enfrenta América Latina en el actual escenario global para el desarrollo de su liderazgo en la no proliferación y desarme nuclear

Manuela Celi Directora académica

Escuela de Relaciones Internacionales Universidad Internacional del Ecuador

América Latina ha asumido un rol proactivo en el desarme y la no proliferación de armas nucleares. Su posición refleja una adecuada comprensión del problema puesto que, a pesar de no ser una de las principales amenazas para la región, sus Estados han tenido el acierto de concebir que las armas nucleares son un asunto de orden transnacional, en la medida en que su impacto es de carácter global.

Un evento de estas características nos permite poner este asunto nuevamente sobre la mesa no solo para destacar buenas prácticas y reiterar compromisos. Se trata de una oportunidad también para repensar el tema en el marco de nuevos escenarios en el sistema político internacional posguerra fría, con significativos desafíos para las relaciones internacionales y la diplomacia, sobre todo en temas de la seguridad global.

Han pasado más de veinte años desde la firma del Tratado para la prohibición completa de ensayos nucleares y esto nos demanda una reflexión en torno a la situación hoy y la capacidad de América Latina de aportar al futuro del tratado, considerando que quedan por firmar 8 de los 44 países listados en 1996 por su


capacidad nuclear: China, la República Popular Democrática de Corea, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos. RDPC, India y Pakistán.

En esta perspectiva, el objetivo central que se impone a mediano plazo es la puesta en vigencia del tratado, de manera integral, y su posterior universalización. Bajo esa premisa quisiera plantear algunas temáticas vinculantes en nuestra región, como tablero de acción para el Ecuador, que debemos enfrentar para fortalecer la voluntad política de los Estados en el rol de Latinoamérica en la lucha contra la proliferación de las armas nucleares.

Buena parte de América Latina se encuentra en un periodo particular de su historia, marcado por la transición política. Esto tiene varias implicaciones, pero la más significativa, en función del tema que nos convoca, es la situación actual de sus instancias y mecanismos de integración.

Asistimos a un profundo debilitamiento de los nexos al interior de la región y la priorización de relaciones bilaterales, en ausencia de instancias de encuentro más amplias e incluyentes. Todo esto, producto de desafortunados modelos de integración impulsados durante los últimos años como frágiles plataformas políticas que hoy tambalean, en un contexto en el que buena parte de los países de la región actúa de manera autónoma, priorizando asuntos puertas adentro y relacionándose con el entorno global desde una posición más de reacción que de planificación estratégica.

La condición de integración es requisito fundamental para el desarrollo económico de nuestros países, para superar desventajas en su inserción a los procesos de globalización y para resolver conflictos que trasciendan lo nacional. La situación de Venezuela, y los efectos del masivo y precario proceso de desplazamiento de su población, han sido un espejo para observar nuestros límites y debilidades al momento de diseñar acciones coordinadas. Es una alarma frente a la cual debemos pensar en un rediseño del trabajo conjunto, a corto plazo, para poder responder a este y otros obstáculos que irán surgiendo en el nuevo ordenamiento del sistema internacional.


Tal es el caso de las armas nucleares que, como problema de seguridad global, demanda respuestas comunes. Esto quiere decir que a nivel regional se

requieren consensos no solo en la praxis -para poder implementar efectivamente los compromisos adquiridos- sino también en las concepciones de aquello que se identifica como una amenaza y del rol que queremos tener como región en la coyuntura mundial.

Ese rol está determinado por los vínculos que establecemos. Cabe recordar que el debate en torno al uso de energía nuclear encuentra un nuevo aliento en América Latina en el año 2016 cuando países como Rusia y China muestran interés en ampliar sus redes de relación e influencia en varias áreas estratégicas entre las que se encuentra la energía nuclear.

Para algunos países latinoamericanos, cuyo principal limitante al momento de pensar en un desarrollo de tecnología nuclear ha sido su condición económica, el poder acceder a socios internacionales, genera una ventana de posibilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la planta Angra 3 en Brasil para la cual China se plantea como una de las opciones de asociación comercial o el plan del gobierno de Bolivia de construir la central nuclear más alta del mundo con el apoyo de Rusia.

Es importante tener presente que, desde mediados del siglo pasado, una de las grandes amenazas que ha marcado la política internacional fue el riesgo de una carrera nuclear entre potencias. Hoy, en un escenario mundial inédito en el que Estados Unidos va perdiendo centralidad frente al crecimiento –en términos de protagonismo geopolítico- de países como Rusia, China e India, la preocupación por la proliferación armamentista tiene fundamentos y se encuentra vigente, considerando que se trata de actores que no han firmado el TPCEN.

Entre 1998 y 2016 se han realizado alrededor de una decena de pruebas con armamento nuclear. India, Pakistán y la República Democrática Popular de Corea han sido los responsables. Además, en agosto del presente año, Estados Unidos dió por terminado el tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, regente desde 1988. El gobierno del presidente Trump no ha descartado la posibilidad de un nuevo pacto, en medio de constantes tensiones y veladas


amenazas; sin embargo, ha manifestado ya la importancia de incluir a China, uno de los Estados con mayor crecimiento militar actualmente.

Bajo estas condiciones, es un imperativo para la región latinoamericana el revisar sus lineamientos de política exterior y plantearse condiciones de interacción que coadyuven a promover tanto la preservación de la paz y la cooperación en temas de seguridad internacional, como la promoción y protección de los derechos humanos en todos los ámbitos.

Las decisiones de carácter económico son también decisiones políticas y este criterio debe estar presente al actuar en un contexto internacional en el que nuevos y remozados actores miden fuerzas en América Latina como escenario de disputa de poder.

Nuestras estrategias comerciales deben sopesarse con una adecuada valoración de amenazas compuestas a las que nos enfrentamos hoy, que combinan lo doméstico con lo externo. Asimismo, deben ser producto de una profunda reflexión respecto de cómo queremos insertarnos en la comunidad internacional, definiendo un nuevo marco de intereses regionales. América Latina no debería solo adaptarse a las condiciones dadas, el necesario constituirse también como rule makers.

Una institucionalidad regional fuerte permitiría una mejor proyección del papel de América Latina en problemáticas fundamentales como la proliferación de armas nucleares. Una integración orgánica es menos susceptible a derivas autoritarias y/o voluntades particulares que dependen de la volátil política que varios de nuestros países experimentan.

Considero sustancial destacar que un nuevo proceso de integración debería asumir la condición de Centro América como región hermana. Cabe recordar aquí el importante papel que jugó, en su momento, la CELAC con un significativo impacto en el apoyo al Tratado para la prohibición de armas nucleares; y la importante proyección que en este, y en otros campos de integración económica y política pudo haber tenido UNASUR, hoy en proceso de desaparición.


Por otro lado, es importante tener presente que el tema de los ensayos y las armas nucleares contrapone dos formas de concebir las relaciones

globales: una armamentista que exacerba la violencia e interactúa desde la amenaza y la voluntad de expansionismo, frente a una perspectiva que prioriza las relaciones de cooperación y, por lo tanto, el fortalecimiento de la confianza entre Estados.

Todos los procesos e iniciativas impulsadas desde la esfera de lo público requieren de una contraparte ciudadana sensibilizada y en esto juegan un papel primordial los distintos actores del sistema político y social que influyen en la construcción de la opinión pública. Tal es el caso de los gobiernos, los medios de comunicación, la milicia y la academia.

Líderes globales que representan posturas son capaces de moldear la predisposición social a determinadas actitudes. En países en los que sus referentes políticos son abiertamente xenófobos y/o nacionalistas, las expresiones sociales de discriminación cuentan con un aval y van creciendo. De allí la importancia de que una cultura de paz se promueva desde quienes gobiernan, a través de una institucionalidad democrática comprometida con procesos de formación ciudadana.

Es necesario consolidar y trasmitir una posicion y un discurso latinoamericano sobre nuestra forma de concebir las relaciones globales. Esto no solo tiene que ver con posicionar ideas en torno al tema nuclear. Sin duda es importante, pero debe venir acompañado de otros asuntos que cimienten una cultura de paz y cooperación en nuestra región.

Una sinergia entre la gestión pública y la academia puede aportar con elementos tanto técnicos como analíticos, desde una visión multidisciplinar. Las Universidad deben actuar como un espacio de legitimidad y validación de argumentos generando conocimientos y, sobre todo, evidencias y análisis sobre lo que las pruebas nucleares significan para nuestras economías, el medio ambiente, las relaciones internacionales, la salud y la seguridad global.


Asimismo, América Latina debe posicionarse como una región modelo en el cumplimiento de los compromisos que supone un acuerdo en el marco

del derecho internacional. Tratados como el de la prohibición completa de ensayos nucleares requieren de una respuesta regional que se sostenga tanto en sanciones de estigmatización, como en acciones concretas cuyas consecuencias incidan en nuestras estrategias de comercio internacional y las relaciones entre los países. Solo así se puede impulsar procesos de desincentivo en los que la normativa global adquiera mayor capacidad de incidencia.

La posibilidad de mantener un liderazgo y una vocería sobre la no proliferación de armas nucleares descansa también en nuestra posición como continente en temas de seguridad y defensa, desde una lógica de construcción de medidas de confianza y de una comunidad de seguridad. Esto supone el enfocarnos en generar las condiciones para prevenir situaciones de conflicto y ser un referente de la defensa del diálogo permanente y la negociación, descartando el uso de la fuerza o la amenaza entre Estados. La convivencia armoniosa es condición sine qua none del desarrollo de las naciones.

Si bien América Latina es un territorio en el que no enfrentamos guerras actualmente, existen conflictos y tensiones latentes que no se pueden descuidar y que debemos afrontar desde el objetivo prioritario de construir una región política, económica y socialmente. Esto implica cuidar, por ejemplo, los incrementos en el gasto militar, los procesos de diversificación de alianzas comerciales proveedoras de armamento o la remilitarización de aspectos de seguridad interna de los Estados. Requieren de una especial atención -así como de eventuales acción concertada y mancomunada- potenciales conflictos concentrados en zonas como Venezuela, Colombia, Brasil y Centro América.

Cabe recordar aquí, como Brasil y Argentina gestionaron sus relaciones a finales de los años setenta y durante los ochenta, cuando ambos parecían iniciar una carrera nuclear en un contexto de gobierno militares en la región. Un minucioso trabajo conjunto fue liberando tensiones, a partir de la modificación de sus doctrinas nacionales de seguridad, para dejar de posicionar al país vecino como


una amenaza. Además, a través de la cooperación sur-sur entre ambos, y sin la necesidad de mediaciones externas significativas, fueron

fortaleciendo lazos para el intercambio técnico. Los dos países se enfocaron en la construcción de relaciones de confianza, transparentando su política nuclear, abriendo las puertas de sus instalaciones y generando instancias binacionales de control e inspección mutua. La lógica detrás de un acuerdo espontáneo de estas características tiene que ver también con una conciencia respecto de los costos que supone una carrera nuclear y, más aun, un contexto de tensión entre naciones.

El establecimiento de medidas de confianza supone al menos tres elementos fundamentales: transparencia militar y transparencia respecto de nuestros intereses estratégicos, reglas claras que permitan estabilidad regional y condiciones para establecer y cumplir compromisos mutuos. En el marco de una nueva correlación de fuerzas en América Latina es importante una reflexión conjunta sobre nuestras tensiones para poder enfrentarlas. De igual manera, es necesaria una conciencia colectiva respecto de las asimétricas relaciones que establecemos con las grandes potencias mundiales y sus efectos.

Finalmente, cabe destacar que, aunque la región no sea parte de la carrera armamentista nuclear, existen países que miran con interés la posibilidad de fomentar la producción de energía nuclear en sus territorios desde el argumento de su funcionalidad no bélica. Bajo dichas condiciones, sería importante que la región asuma también una vocería responsable en la promoción de otras alternativas menos riesgosas que se encuentran dentro de lo que se denomina la canasta energética de los países; energías libres de riesgo que no suponen un posicionamiento en el marco de uno de los grandes temas relacionados con la medición geopolítica de fuerzas.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares no solo es un instrumento para frenar la carrera armamentista, sino que además es lo que Naciones Unidas denomina una barrera normativa para el potencial interés de nuevos Estados.


Como líderes y voceros, debemos actuar en consecuencia. En este contexto, me parece de gran relevancia el reflexionar en torno a la idea de

desarrollo que subyace a la apuesta por la energía nuclear y los costos que esto supone. La voluntad de desarrollar energía nuclear debería enfrentarnos al debate en torno a lo que significaría, en términos climáticos, un agresivo proceso de industrialización en países como Bolivia o Brasil.

En definitiva, América Latina debe apuntar a la consolidación de mecanismos de gobernanza colectiva que le permitan acciones coordinadas en diversos temas, desde la exaltación de la importancia del multilateralismo y el concepto de COMUNIDAD internacional. Concepto que fortalece la importancia y el rol de Naciones Unidas.

Latinoamérica siempre ha sido reconocida por su aporte y compromiso con la erradicación de las armas nucleares, incluso previo al TPCEN, cuando se creó la primera zona libre de armas nucleares a través del Tratado de Tlatelolco. Lo mismo se aplica para Ecuador en donde incluso funciona, desde hace varios años una estación de monitoreo en Galápagos.

Es una tarea pendiente y emergente para nuestro país y sus lineamientos de política exterior, coadyuvar a propiciar un escenario de presión y exigencia para las grandes potencias, con significativa capacidad nuclear, a comprometerse más allá de sus disputas. Esto solo es posible a través del fortalecimiento de una respuesta multilateral que incluya mayor severidad en la lucha contra el desarme, así como sanciones contundentes y equitativas.

Asimismo, en la medida en que la energía nuclear es una realidad en buena parte del planeta, es preciso generar espacios de cooperación internacional para una asistencia técnica que fomente sus usos pacíficos así como las buenas prácticas y el know how en gestión de riesgo. América Latina podría involucrarse a partir de la experiencia de varios de sus países donde hay antecedentes de otros usos de la energía nuclear, como es el caso de Chile, Colombia y Argentina.


Por otro lado, resulta fundamental como siguiente paso y en miras a incrementar el alcance de los compromisos, una revisión de la normativa y los

mecanismos de control sobre el uso bélico de energía nuclear y la proliferación armamentista hacia una estructura internacional con capacidad jurídica vinculante. Quienes se encuentren desarrollando este tipo de tecnologías deberían someterse a procesos de control y seguimiento constante bajo estándares internacionales.

Sin embargo, nada de esto podrá ser posible si los Estados no fortalecen su legitimidad y actúan en función de la generación de confianzas mutuas que involucren a la mayor cantidad de naciones y regiones. Esto supone la construcción de visiones comunes en torno al sentido de las relaciones internacionales, en franca contraposición a la exaltación del conflicto.

Cualquier escenario de tensión tácita, debería rechazarse en miras a la construcción de medidas de confianza y redes de cooperación, libres de una percepción de potencial amenaza que es la que permite justificar la carrera armamentista.

La discusión es todavía extensa y existen varios desafíos por enfrentar. Desde la academia, reitero la importancia de que la Universidad nacional, en coordinación con grupos ciudadanos y organizaciones sociales, aporte a la consolidación de una política exterior ecuatoriana que le apueste a la convivencia pacífica y la promoción de valores para la integración y la cooperación global.


Cabe recordar aquí, como Brasil y Argentina gestionaron sus relaciones a finales de los 70 y durante los 80, cuando ambos parecían iniciar una carrera nuclear en un contexto de gobiernos militares en la región. Un extenso trabajo fue liberando tensiones a través de modificaciones en sus doctrinas nacionales de seguridad para dejar de posicionar al país vecino como una amenaza y, además, a través de la cooperación sur-sur en asuntos técnicos que incluía visitas a sus respectivas plantas. Sin mediaciones externas significativas, ambos países se enfocaron en la construcción de relaciones de confianza transparentando su política su nuclear, abriendo las puertas de sus instalaciones y generando instancias binacionales de inspección y control mutua.

La lógica detrás de un acuerdo espontáneo de estas características tiene que ver también con una conciencia respecto de los costos que supone el entrar en una carrera nuclear y, más aun, el establecer relaciones de tensión y amenaza con otras naciones.

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