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Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social
Curso: Práctica IV
Docente: Carmen Marín
Informe consolidado
Estudiantes:
Karina Odio Lagos
Yurguen T. Chavarría
II Ciclo, 2019
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Índice
Categorías de Análisis 2
Presentación 3
1) Marco Jurídico y Normativo 5
2) Acciones del Estado Costarricense en materia de Participación Ciudadana 6
3) Política de Participación Ciudadana 9
4) Origen y desarrollo del Programa de Participación Ciudadana 10
5) Atribuciones profesionales del equipo de trabajo 13
6) Mediaciones 17
7) Logros, limitaciones y desafíos del Trabajo Profesional en la atención de
necesidades y demandas de las poblaciones 25
Conclusiones 31
Bibliografía 38
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Categorías de Análisis
Proceso de trabajo, es una categoría de análisis crítica, el cual analiza la
producción de valores de uso por la actividad humana, bajo una organización
específica. En este proceso, el cual consiste en una actividad racional humana, se
transforman objetos en productos, bienes o servicios para satisfacer alguna
necesidad humana.
Por tanto, un análisis desde esta categoría implica analizar los medios, fines,
objetos los cuales se disponen en una organización determinada para la
concreción de la actividad humana, en trabajo. Así como las racionalidades que
organizan esta actividad, en los cuales se identifican diferentes actores sociales.
En el caso particular de Conamaj, la actividad racional humana tiene como fin la
producción de un servicio social: la transformación de la administración de la
justicia al servicio de las personas, para satisfacer el acceso a la justicia, y
diferentes garantías a derechos universales y fundamentales.
Las mediaciones No son condiciones o factores, en apariencia externos o
problemas internos o individuales que impiden el cumplimiento de sus funciones
metas, sino determinantes constitutivos del funcionamiento y el
nacimiento del espacio de intervención.
Mediación, es una categoría de análisis crítica, el cual reconstruye el espacio de
intervención como un campo particular, que se estructura sobre
determinaciones histórico-sociales, que configuran los procesos de trabajo, su
continuidad e incidencia, en este caso, en la transformación de la administración
de la justicia.
Esta reconstrucción del campo de intervención, como un campo de mediaciones,
es un análisis que articula y devela la interferencia de fuerzas y leyes sociales,
tales como: relaciones sociales de producción, modelo de producción capitalista,
relación Estado-Sociedad, políticas de dominación, políticas económicas,
políticas sociales que son fenómenos universales; con aquellos hechos que en lo
inmediato, aparentan ser singulares, como los problemas individuales,
organizacionales y/o operativos, entre otros.
¿Qué entendemos por proceso de trabajo?
¿Qué es una mediación?
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Presentación
El presente documento tiene por objetivo identificar los procesos de trabajo en los que se
insertan los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Karina Odio y Yurguen
Chavarría, como parte de su práctica profesional supervisada en el Programa de Participación
Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia
(CONAMAJ) del Poder Judicial.
En el marco de la Práctica de IV año “Gestión de Servicios Sociales I y II” este informe
constituye además un ejercicio reflexivo para comprender las condiciones socio-históricas en las
que surge y se desarrolla el trabajo profesional en el Programa de Participación Ciudadana, sus
límites y sus posibilidades en el ámbito de la política social como respuesta a las expresiones de las
desigualdades sociales desde el sector de la Administración de la Justicia.
Para reconstruir las demandas y discursos en las cuales se inserta el trabajo profesional en
este centro de práctica, no apenas como espacio de inserción de práctica de los estudiantes, sino,
sobre todo, en cuanto campo de mediaciones, se partirá desde el método dialéctico y el uso del
trinomio categorial de lo singular, universal y particular.
Similarmente, el siguiente documento está estructurado de lo general a lo singular, desde
una visión macro de la normativa que sustenta el trabajo profesional a las mediaciones que la
configuran. Para este efecto, el documento se subdivide en siete apartados:
En un primer momento, se describe el marco jurídico y normativo a nivel nacional e
internacional que le da sustento al surgimiento y configuración de Conamaj y consecuentemente, al
Programa de Participación Ciudadana.
En el segundo apartado, titulado Acciones del Estado costarricense en materia de
participación ciudadana ahondamos sobre los compromisos a nivel país que de manera longitudinal
han introducido la participación ciudadana en la institucionalidad pública, el cual nos refiere a como
esta constituye un tema país y no solamente una iniciativa de un poder de la república.
En un tercer momento, titulado Problema de la Política de Participación Ciudadana, se
identifica brevemente a qué pretende dar respuesta la Política de Participación Ciudadana del Poder
Judicial a través del plan de acción y los ejes de trabajo que orientan el trabajo profesional.
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Un cuarto apartado, titulado Origen y desarrollo del Programa de Participación Ciudadana
de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia del Poder
Judicial, sintetiza los principales hitos, la visión, misión y funciones de Conamaj así como la
creación del PPC.
El quinto apartado, analiza las atribuciones profesionales del equipo de trabajo, su
composición y funcionamiento, esto con el propósito de identificar la dinámica y la división del
trabajo. Así como los principales referentes teóricos, metodológicos y técnico-operativos a partir del
cual ejecutan su actividad profesional.
En el sexto apartado, tomando en consideración los aspectos anteriores, analiza las
principales mediaciones en el que se inserta el equipo de trabajo de CONAMAJ, de este modo se
pretende plasmar las sinergias y sus procesos de trabajo específicos, vislumbrando las
particularidades propias de la comisión.
El séptimo y último apartado, identifica los principales logros, limitaciones y desafíos del
trabajo profesional, según lo expresado por los funcionarios y funcionarias de la Comisión,
obtenidos mediante formularios en línea y entrevistas abiertas. A partir de ello, se entrevé la
posibilidad de definir líneas de acción para mejorar la incidencia y/o continuidad del trabajo
profesional, específicamente, en la atención de necesidades y demandas de la sociedad civil.
Por último, se pretende generar una síntesis analítica a partir de las cuestiones descritas en
los apartados anteriores, con el fin de orientar los procesos de trabajo en CONAMAJ hacia un
proyecto socio-profesional congruente con la visión y misión expresa en la Política de Participación
Ciudadana, de una Democracia Participativa en pro de la exigibilidad y defensa de los derechos
fundamentales y universales.
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1) Marco Jurídico y Normativo
El marco jurídico y normativo que da sustento al quehacer profesional deriva del
reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho constitucional a raíz de la reforma
constitucional 8364 del 1 de julio de 2003, donde se incluyó en el artículo 9 de la Constitución que
el Gobierno de la República además de ser popular y representativo, es “participativo, alternativo y
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí”. (Subrayado
propio).
La Sala Constitucional reafirmó esta reforma mediante la Sentencia N°3003-92 donde se
considera que el principio participativo “adquiere rango y fuerza de un derecho constitucional de
carácter fundamental, cuya violación es amparable.”
Adicionalmente, en los artículos 26, 27, 29 y 30 de la Constitución se garantizan los
derechos a la asociación, comunicación de intereses, derecho de petición y pronta resolución, y el
derecho al acceso a la información pública, fundamentales para la democracia participativa y
transparencia de los actos de la administración pública del Estado.
En esta misma línea, el art. 11 de la Constitución Política, la Ley General de Control Interno
y la Ley de Contralorías de Servicios establecen una cultura de control y fiscalización de la
prestación de servicios sometida a la rendición de cuentas y la transparencia para garantizar la
función pública.
Por otra parte, el artículo 1 de la Ley 5525 de Planificación Nacional señala como uno de los
objetivos y funciones del Sistema Nacional de Planificación (SNP) “Propiciar una participación
cada vez mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales”.
Según el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, la participación
ciudadana se define como “un conjunto de medios tendientes a favorecer la incorporación de las y
los habitantes y las organizaciones privadas en los procesos públicos de toma de decisiones y
rendición de cuentas.”
En el ámbito del derecho internacional cabe destacar que la Convención Americana de
Derechos Humanos en el art. 13 sobre Libertad de Pensamiento y Expresión resguarda el derecho a
buscar, recibir y difundir informaciones. Asimismo, en el art. 23 se comprende como Derechos
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Políticos el derecho y oportunidad de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en la dirección
de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Así se dispone en el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art.
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el artículo 27 de dicha
Convención rectifica el derecho a la participación y el acceso e igualdad de los ciudadanos en las
funciones públicas de su país.
Producto de todo lo anterior, surgen en el país varias iniciativas y reformas para ampliar las
vías de participación ciudadana en la gestión pública, el acceso a la información y la justicia, dentro
de los cuales destaca la creación de la figura del Referéndum e Iniciativa Popular, y un incremento
del uso de audiencias públicas y consulta ciudadana en la creación de las políticas, la creación de
Contralorías de Servicios, co-creación de presupuestos participativos, y representación civil en
órganos directivos de instituciones públicas.
Previo a estos mecanismos, se considera como antecedentes la reforma del Código
Municipal en 1998, el cual crea a nivel local la figura del plebiscito, el referendo, el cabildo, las
audiencias públicas y los Consejos Municipales de Distrito los cuales permiten trascender la
participación ciudadana más allá de la emisión de voto cada cuatro años, hacia una democracia
participativa.
2) Acciones del Estado Costarricense en materia de Participación Ciudadana
Costa Rica forma parte del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo el
cual ha impulsado en América Latina gobiernos más abiertos y transparentes por medio de cartas y
códigos tales como: la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), el Código
Iberoamericano de Buen Gobierno (2006), la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico
(2007) y la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública (2008).
Entre las cuales destaca la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana (2009) el cual
afirma que la Participación Ciudadana constituye además de una responsabilidad cívica de los
ciudadanos y ciudadanas, un derecho activo exigible a los poderes públicos. En esta se define la
Participación Ciudadana como:
El proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general
de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales,
culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que
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se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas. (CLAD 2009, pp. 3-4)
En el 2012, el Gobierno de Costa Rica se incorporó a la iniciativa multilateral Alianza para
el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP). Parte de los compromisos incluye el
desarrollo de planes de acción nacionales a través de un proceso multisectorial y con la
participación activa de los ciudadanos y sociedad civil, por lo que el país se compromete a seguir
los Estándares de Participación y Cocreación de la OGP.
En cumplimiento con este compromiso durante la Administración Solís Rivera (2014 -
2018) se elaboró la Estrategia Nacional por un Gobierno Abierto el cual incluye tres ejes: 1)
Transparencia y Acceso a la Información, 2) Lucha contra la corrupción y 3) Participación
Ciudadana. Este último se compromete a desarrollar procesos de formación y divulgación de los
derechos ciudadanos, la formación y capacitación en atención ciudadana para funcionarios públicos,
la creación de un protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones, la difusión de la Política de
Participación Ciudadana del Poder Judicial y el fortalecimiento de herramientas y mecanismos para
la promoción de la participación ciudadana. Esta estrategia se implementó a través del Primer y
Segundo Plan de Acción para el seguimiento de compromisos.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018 “Alberto Cañas Escalante” se menciona que
los mecanismos y espacios para ejercer la voz por parte de los y las habitantes es necesario dentro
de la esfera pública, “tanto en el ámbito de la información, la opinión y la toma de decisiones, es
decir, a niveles que trascienden los mecanismos formales como es la participación en los procesos
electorales” (p. 43). La participación ciudadana en el PND 2015 - 2018 se considera como
sustantiva para el desarrollo y el fortalecimiento de un Estado transparente, así la ciudadanía está
llamada a ejercer funciones de control y vigilancia de las acciones públicas. En este plan se afirma
que le corresponde al Sistema Nacional de Planificación generar iniciativas y afinar los mecanismos
e instrumentos para promover la participación organizada en los diferentes espacios públicos.
Durante la administración Solís Rivera destaca además la iniciativa Tejiendo Desarrollo el
cual estableció mediante Decreto Ejecutivo (38536-MP-PLAN) la creación de la Red de
Coordinación del Desarrollo Territorial y la Participación Ciudadana, como una estrategia para
propiciar la participación en la formulación de las políticas públicas, programas y proyectos, para
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que estos respondan a las necesidades y prioridades definidas por los actores sociales y políticos de
las regiones, territorios, cantones y comunidades.
En el 2015, los tres poderes de la república y el Tribunal Supremo de Elecciones firmaron la
Declaración “Por la construcción de un Estado Abierto”, donde el Estado se compromete a
promover una política de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. A partir de
la firma de esta y los compromisos asumidos por la Estrategia Nacional por Gobierno Abierto se
crea con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el
“Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica entre el Poder
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Elecciones” el cual define los
compromisos de cada uno de los poderes de la República. El Convenio tiene por objetivo:
Fomentar un Estado transparente, eficiente y efectivo, que promueva la lucha contra la
corrupción, y garantice la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto,
que fortalezca la confianza de la ciudadanía y cumpla con el derecho humano de acceso a la
información pública y la participación ciudadana. (Subrayado propio).
En este mismo año se crea la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto (CNGA)
mediante el decreto N° 38994-MP-PLAN-MICITT el cual tiene por objeto fomentar en la
Administración Pública los principios de Gobierno Abierto dentro de los cuales destaca la
promoción y facilitación de la participación ciudadana y la generación de espacios de trabajo
colaborativo interinstitucional y ciudadano mediante las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs).
En la nueva administración Alvarado Quesada, se renuevan los compromisos con la
suscripción del país al III Plan de Acción de Costa Rica 2017-2019 para la Alianza para un
Gobierno Abierto y la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario
4.0.
En la creación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario
2019-2022 se incluye por primera vez la Participación Ciudadana por medio de la consulta pública
en la definición de acciones de acuerdo a las necesidades de la población. Además del proceso de
creación del PND, la participación ciudadana se asume como un eje transversal en el quehacer
público a partir del principio de Transparencia y el Gobierno Abierto, el cual busca una relación
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entre el Gobierno y la sociedad en busca de la transparencia y la participación ciudadana en la toma
de decisiones.
Para el 2019 está pendiente la aprobación de la reforma parcial al decreto N° 38994-MP-
PLAN-MICITT, por parte del grupo de apoyo jurídico de casa presidencial. La reforma además de
variar los miembros integrantes de la Comisión, cambia el nombre del decreto a “Fomento del
Estado Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional por un Estado
Abierto” el cual revela la iniciativa del Estado y particularmente de la Ministra de Comunicación de
la Presidencia, Nancy Marín Espinoza, quien lidera este proceso, en promover una política de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en toda la administración pública así
como la difusión de buenas prácticas y los compromisos de los tres poderes.
3) Política de Participación Ciudadana
Desde la perspectiva crítica, las políticas sociales se plantean como respuestas a las
expresiones de las desigualdades sociales. Por otra parte, desde un enfoque derechos humanos,
según Sandoval (2011), las políticas públicas se consideran como un instrumento idóneo para la
realización de los derechos humanos, ya que, “estas son acciones de gobierno que tienen por
objetivo, dar respuesta a las diversas demandas y necesidades de la sociedad.” (p.110)
En términos de la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, esta se orienta a
resolver el siguiente problema: “El impedimento de la ciudadanía a ejercer el derecho constitucional
a la participación ciudadana, lo que se expresa en una participación ciudadana insuficiente como
deber y derecho ante la gestión del Poder Judicial.” (Poder Judicial. CONAMAJ 2015, p. 10)
Conamaj como la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la política de
participación ciudadana tiene como principal tarea dentro de sus procesos de trabajo desarrollar
acciones para resolver este problema, cuyas causas se atribuyen a: i) factores externos como poca
conciencia de la importancia del ejercicio de la participación ciudadana, escasa educación cívica,
desconocimiento del funcionamiento del Poder Judicial y los derechos de las personas usuarias y, ii)
factores internos relacionados a la existencia de una estructura jerárquica, centralizada y compleja,
el prevalecimiento de una cultura organizacional centrada en el poder, prevalencia de una
interpretación desvirtuada de independencia judicial y el principio de autonomía como
desvinculación del sistema judicial de la sociedad y por último, temor a ser fiscalizados y
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controlados por la ciudadanía respecto a su función y servicio público. (Poder Judicial, Conamaj,
2015, p. 12 - 13)
Varias de los funcionarios y funcionarias de Conamaj coinciden que la política y por tanto,
sus acciones están dirigidas a dar respuestas a esta situación, sin embargo, algunas personas
destacan también como problema la pérdida de legitimidad de la institución pública debido a casos
de corrupción, el descontento de la ciudadanía ante el exceso de trámites, la burocracia y la falta de
acceso a una justicia pronta y cumplida, así como la centralización del Poder Judicial en San José,
falta de habilidades y conocimientos de la ciudadanía para ejercer funciones de fiscalización y
control, la predominancia en los medios de comunicación y en la ciudadanía de las funciones
punitivas y de control de la institución, el desconocimiento por parte de los funcionarios y
funcionarias en altas jerarquías de las necesidades y demandas locales, la desmotivación, el control
y la precariedad de las condiciones y derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en el
Poder Judicial el cual incide en la atención de usuarios/as y coarta las posibilidades de imaginar e
innovar en la gestión pública. (Encuesta de proceso de trabajo de Conamaj, 2019)
4) Origen y desarrollo del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia del Poder Judicial
Aunque, la práctica profesional se inserta en el Programa de Participación Ciudadana, es
importante reconocer que esta forma parte de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Administración de la Justicia (Conamaj).
Conamaj fue creada en 1987 mediante el Decreto Ejecutivo N°16445-J, actualmente el
Decreto Ejecutivo del 2008, N°34798-J rige las funciones e integrantes de la Comisión.
De acuerdo al art. 5 la Comisión está integrada por nueve Instituciones miembro
representado por la presencia de las y los jerarcas de las siguientes instituciones: Poder Judicial,
Ministerio de Justicia y Paz, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados y
Abogadas de Costa Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Defensoría de
Habitantes, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Cabe destacar que la estructura organizativa de la Comisión está integrada por un ente
coordinador, conformado por los representantes de cada Institución Miembro, y otro ente ejecutor,
constituido por la Dirección Ejecutiva y el personal técnico - administrativo.
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La Comisión además cuenta con varias redes, alianzas y convenios con organizaciones del
sector privado como público así como entidades internacionales interesadas en el tema de justicia y
gobierno abierto, la participación democrática de los y las habitantes y la formación de
profesionales en derecho, siendo así la Comisión la única instancia que reúne a todos los
representantes del sector justicia.
Según el art. 2 del Decreto Ejecutivo N°34798-J, los objetivos generales de la Comisión serán:
a. Establecer, recomendar o procurar los medios, las actividades y procedimientos para que los
organismos relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y
programas.
b. Concienciar y coordinar los esfuerzos destinados al mejoramiento de ese sector justicia, a
fin de optimizar el empleo de los recursos puestos a disposición de ellos.
c. Propiciar un desarrollo racional y armonioso del sector justicia.
d. Procurar la participación de las entidades del sector justicia con el fin de obtener un
desarrollo armonioso y ordenado del Estado Social de Derecho en el sector justicia.
e. Promover la cooperación internacional en el campo del sector justicia.
f. Propiciar cursos y otros proyectos de capacitación, para funcionarios públicos y abogados,
con el fin de mejorar la administración de justicia.
g. Promover la formación y la participación ciudadana de los y las habitantes en materias
atinentes a la justicia.
Es así, como la Comisión tiene entre sus principales funciones la coordinación, supervisión,
promoción y formulación junto con las entidades del sector proyectos y planes de acción que
contribuyan al mejoramiento de la administración de la justicia.
La misión de la Comisión es:
Impulsar el fortalecimiento del sistema de la administración de la justicia costarricense
mediante la coordinación entre las entidades públicas que la conforman para la posterior
ejecución de proyectos que faciliten el acceso de la ciudadanía a la justicia y procuren un
desarrollo armonioso y ordenado del sector. (CONAMAJ, 2017)
Y su visión es:
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Trabajar diariamente para ser una comisión moderna, ágil, eficiente y efectiva que sea
reconocida por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción del
cambio social en el sector justicia a través de proyectos innovadores. (CONAMAJ, 2017).
Estos principios éticos, rigen el desarrollo laboral de las personas funcionarias de la
Comisión quienes, desde una perspectiva de derechos y administración de la justicia, inciden en el
planteamiento de metas, objetivos y concreta acciones dirigidas a cumplir con lo establecido.
Según la “Memoria del Proyecto Piloto Participación Ciudadana en el Poder Judicial, Huetar
Norte” CONAMAJ dedicó por primera vez en el 2002 su agenda de trabajo a la participación
ciudadana. Sin embargo, no fue sino hasta julio del 2007 cuando se presentan los resultados del
estudio “Participación Ciudadana en el Sistema de Administración de Justicia en Costa Rica” de los
investigadores Max Esquivel y Carlos León que Conamaj se propone promover y coordinar el
funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana en el Poder Judicial, y como resultado
directo se plantea la creación de un proyecto piloto en la zona Huetar Norte.
Anterior a ello, en el 2006 el tema de participación ciudadana se coloca en agenda del Poder
Judicial mediante la aprobación y creación de comités de personas usuarias. Sin embargo, como se
indica en la sistematización de experiencias elaborada por CONAMAJ (2012), no fue sino hasta la
presentación de los resultados y avances del proyecto piloto “Proyecto Incidencia Ciudadana por la
Justicia” frente a Corte Plena y Consejo Superior, que la participación ciudadana se fue integrando
a la agenda judicial.
El Programa de Participación Ciudadana (PPC) se consolida finalmente en el año 2010 y
tiene por objeto en sus inicios la democratización de la gestión judicial, así como i) Fortalecer el
vínculo Poder Judicial - Ciudadanía, ii) Optimizar la gestión judicial, iii) Conocer las necesidades y
posibilidades de la ciudadanía, en relación al Poder Judicial, para mejorar la respuesta del sistema
judicial a las necesidades locales. (Poder Judicial. Conamaj, 2012).
Su consolidación es respaldado formalmente por varios acuerdos tomados por Corte Plena y
Consejo Superior, dentro de los cuales destaca: la validación del “Modelo de Participación
Ciudadana” por el Consejo Superior del Poder Judicial en el 2012. La declaración de la
participación ciudadana como interés institucional por Corte Plena en el año 2013 y sucesivamente,
su incorporación como eje transversal del Plan Estratégico 2013-2018.
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Finalmente, en estos acuerdos se define a Conamaj como la entidad encargada de darle
seguimiento a la Política de Participación Ciudadana en el Poder Judicial aprobada por Corte Plena
en el 2015, así como colaborar con las oficinas judiciales para orientar y aplicar los mecanismos de
Participación Ciudadana.
Cabe destacar que en el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2019 - 2022, la
participación ciudadana es asumida como un principio más dentro del eje transversal de Justicia
Abierta, en concordancia con el interés del Estado costarricense en la temática de Estado Abierto y
la Política de Justicia Abierta (2018). En ella se define Justicia Abierta como:
Una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia que
redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en los
principios de transparencia, participación y colaboración, con los fines de garantizar el
Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
En ese sentido, aunque Conamaj ha asumido con más fuerza el tema de Justicia Abierta en
consonancia con la coyuntura internacional, esta continuará asumiendo sus funciones dentro de las
áreas de trabajo establecidas anteriormente, generando acciones y prácticas más inclusivas para la
ciudadanía y hacia el cambio de la cultura institucional en el Poder Judicial.
5) Atribuciones profesionales del equipo de trabajo
Conamaj es un centro de práctica que tiene la particularidad de no contar, con un profesional
en Trabajo Social. Su ente ejecutor está compuesto, en su mayoría, por profesionales de Ciencias
Sociales, en donde destacan ramas como Derecho, Sociología, Historia, etc. Además también cuenta
con el apoyo de otras ramas profesionales, como Administración Pública y Filología. Bajo esta
lógica este apartado se centra en las atribuciones profesionales del equipo de trabajo de la Comisión.
Como se mencionó anteriormente la Comisión está conformada por un ente coordinador, y a
su vez por un ente ejecutor, constituido por la Dirección Ejecutiva y el personal técnico-
administrativo.
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Las principales áreas de trabajo de la Comisión son el Servicio Nacional de Facilitadores y
Facilitadoras Judiciales, Acceso a la Justicia, Círculos de Paz, Participación Ciudadana y Justicia
Abierta.
Adicionalmente existe el eje de trabajo de Círculos de Paz, basado en los principios de
Justicia Restaurativa, se procura brindar capacitaciones en esta materia con apoyo de la Dirección
de Gestión Humana del Poder Judicial.
El Programa de Participación Ciudadana tiene a cargo el Servicio Nacional de Facilitadores
y Facilitadores Judiciales, el cual cuenta con el apoyo de una persona profesional encargada de la
coordinación del Programa y además cuenta con el apoyo de tres personas profesionales de distintas
áreas académicas para atender los diferentes circuitos judiciales a nivel nacional en donde se cuenta
con el Servicio.
Según el Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana, además de las labores de
monitoreo y evaluación de la Política, el programa tiene la responsabilidad de:
● Elaborar material informativo-comunicativo-educativo sobre temas de participación
ciudadana y acceso a los servicios del Poder Judicial
● Ejecutar capacitaciones dirigidas a sociedad civil para el ejercicio de la ciudadanía
● Promover la incorporación de la Política en los programas de estudio y capacitación de la
Escuela Judicial
● Orientar las oficinas judiciales en la implementación de acciones de participación
ciudadana, y
● Promover mecanismos de participación ciudadana en sus diferentes niveles: información,
sensibilización, consulta e interacción, control y fiscalización e incidencia ciudadana, en
conjunto con otras instituciones del Poder Judicial, Comisiones de Personas Usuarias,
Contraloría de Servicios y en los diferentes circuitos judiciales.
Es importante agregar que la Conamaj realiza labores en el área de migración y refugio, esto
en razón de que integra la Sub-comisión de Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial, la
cual da seguimiento a la política institucional de acceso a justicia para la población migrante y
refugiada.
Por otro lado, el trabajo en la Comisión es distribuido según las áreas mencionadas y de
acuerdo al plan anual operativo. Sin embargo, como señaló el personal de CONAMAJ, las tareas,
iniciativas y proyectos adicionales que surgen en el transcurso del año son distribuidas entre el
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equipo profesional de acuerdo con las cargas de trabajo y afinidad con el tema; así como la
consideración de capacidades técnicas y operativas, más allá de la especialidad o profesión del
personal.
No obstante, como apuntan algunas de las personas entrevistadas, aun cuando alguna
persona profesional asume un proyecto específico el trabajo suele ser supervisado por la
coordinación del programa y puede contar con el apoyo logístico del resto del equipo.
Cabe señalar que una de las fortalezas de esta Comisión es su equipo multidisciplinario,
pues está constituida por profesionales pertenecientes a las áreas de ciencias políticas, sociología,
derechos humanos, filología y educación no formal, historia, administración pública y proyectos.
Sumado a ello, la oficina facilita el diálogo ya que todos y todas comparten un mismo
espacio donde pueden plantear sus consultas de manera informal e intercambiar abiertamente sus
criterios y opiniones sobre el trabajo que están llevando a cabo.
En lo que respecta a aspectos técnico-operativos se citan como ejemplo la ejecución de
talleres participativos, grupos focales, análisis para la toma de decisiones, elaboración de
diagnósticos de necesidades, sistematización de experiencias, mapeo de actores sociales,
evaluaciones de riesgos, encuestas; así como técnicas de participación ciudadana que han ido
implementando como las mesas de diálogo, rendición de cuentas, consultas ciudadanas y otras
técnicas descritas en la Guía práctica para incorporar la participación ciudadana en el Poder Judicial
(2015).
Con respecto a referentes Teóricos, los funcionarios y funcionarias coincidieron en que se
basan en la definición elaborada por las políticas de participación ciudadana y justicia abierta.
Aunado a ello, algunas personas destacaron la filosofía política de Oscar Oszlak sobre Gobierno
Abierto y el concepto de participación ciudadana desarrollado por Chantal Mouffe. Se mencionan
además elementos teóricos inspirados en la Educación Popular y la propuesta de Óscar Jara.
Respecto a aspectos metodológicos el personal menciona que procuran que todas sus
dinámicas sean participativas, “especialmente en los procesos relacionados a capacitaciones a
funcionarios judiciales dirigidas a un contacto directo con la ciudadanía, cuentan también con una
metodología democrática en la adjudicación de tareas y construcción de conocimiento de manera
grupal”. (Guevara, comunicado personal, 2019)
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Según la Encuesta sobre el proceso de trabajo de Conamaj (2019), aplicada en la oficina, los
funcionarios y funcionarias caracterizan el trabajo en equipo como: a) Un trabajo articulado por
varias disciplinas para concurrir a una solución; b) la integración de distintas disciplinas para
realizar una tarea concreta en común; c) la integración de conocimientos para generar acciones en
común; d) la interacción e intercambio de aportes entre los miembros del equipo para el logro de
objetivos comunes.
Teniendo en cuenta las características identificadas se concluye que el modelo de trabajo
predominante es multidisciplinario con algunos rasgos del modelo interdisciplinario.
Entendiendo la multidisciplinariedad, según Valverde, Ayala, Pascua & Fandiño (2012)
como un grupo de trabajo constituido por representantes de diferentes disciplinas, en la cual cada
uno de los miembros constituyen el grupo y, por lo tanto, son responsables del trabajo que se lleva a
cabo en su área profesional o técnica, pero requieren del aporte del resto de los miembros del
equipo para la planificación, ejecución y evaluación de tareas que conducen al logro de objetivos
comunes.
Por su parte la Interdisciplinariedad se entiende como un equipo con “una visión detallada,
profunda y de totalidad de un problema; permitiendo así el avance científico, pero ahora con una
visión más integral de la realidad abordada.” (Valverde, Ayala, Pascua & Fandiño, 2012, pp. 4-5)
Esta visión integral sobre los temas que se abordan en la comisión se logra gracias a la
comunicación entre los profesionales y el apoyo recíproco que se da a nivel teórico, metodológico y
técnico entre todas las partes.
6) Mediaciones que configuran los procesos de trabajo en el que se inserta el equipo
interprofesional de CONAMAJ
La Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de la Justicia, es la única
instancia en el país que reúne a las instituciones del sector justicia. No obstante, desde 1996, con el
retiro del financiamiento otorgado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) para la creación de comisiones judiciales en Centroamérica, la Corte Plena
decide no cerrar este ente; por tanto, el Poder Judicial, ha asumido la dotación ininterrumpida de su
contenido presupuestario y la contratación de los y las profesionales. (S. Castillo, comunicación
personal, 25 de junio de 2019).
17
Por consiguiente, es este ente quien organiza sus actividades, provee de los medios y
recursos para su realización, establece prioridades, y define papeles y funciones que componen el
quehacer cotidiano del trabajo institucional. Es decir, organiza el proceso de trabajo del equipo.
El equipo interprofesional en Conamaj no hace un libre ejercicio de sus profesiones, más
bien se insertan en el Poder Judicial para la concreción de sus actividades. La fuerza de trabajo
especializada de este equipo es accionada conjuntamente para la realización de los fines de la
institución definidos en el Plan Estratégico Institucional Poder Judicial 2019 - 2024, en el Decreto
Ejecutivo Nº 34798-J, el plan de acción de la Política de Participación Ciudadana en el Poder
Judicial (2015), las iniciativas de la Política de Justicia Abierta, así como en los lineamientos
específicos de la Corte Plena y otros compromisos del Estado Costarricense, descritos
anteriormente.
Conamaj, a diferencia de las demás comisiones en el Poder Judicial, se le asigna un mayor
presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto 2020 de la Comisión de Acceso de la Justicia es de
₡1.108.228 millón, en contraste con Conamaj, al cual se le asignó ₡64.938.537 millones. En los
últimos años este ha crecido significativamente (Ver Gráfico 1); no obstante se advierte un
estancamiento dado al ajuste del presupuesto del Poder Judicial con la regla fiscal emitida por el
Ministerio de Hacienda en sus oficios DM-0466-2019 y DM-0615–2019, fundamentados en la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N°9635).
Además, el presupuesto de la institución, en los últimos tres años no registra crecimiento. En
el 2019, mantuvo el mismo monto aprobado en el 2018 de ₡474 mil millones; para el 2020, el Poder
Judicial contará con ¢470 mil millones el cual representa un 0,56 % menos, absorbiendo además el
aumento de precios y servicios, sumado al impuesto del valor agregado del cual no está exonerado,
y con cero crecimiento en plazas. Al mismo tiempo que, se le impone nuevas legislaciones
aprobadas por la Asamblea Legislativa sin contenido presupuestario. (Pérez, K; junio 6 de 2019)
Sin embargo, la afectación de la ley N° 9635 no es únicamente sobre la institución, este
tiene un impacto directo en las condiciones laborales de las personas trabajadoras y
consecuentemente en la calidad de la atención de las personas usuarias.
18
Gráfico 1
Presupuesto de la CONAMAJ 2016 - 2019
Fuente: Elaboración propia según información de Dirección de Planificación, Poder Judicial - CR
Sumado a la ley 9544, el cual reformó en mayo 2018 el régimen de jubilaciones y pensiones
del Poder Judicial y trasladó el déficit del fondo a las personas trabajadoras. Esta reforma incluyó
un aumento en la cuota de los trabajadores de 11% a 13%. Además, se subió la edad de retiro de 62
a 65 años, y se elevó el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20
años. (La Nación, 16 de marzo de 2019). Esto significó un aceleramiento de jubilaciones, casi 200
personas se jubilaron por vejez el año pasado, 7% más frente al 2017. (La Nación, 8 de abril de
2019).
De acuerdo con una de las personas entrevistadas (2019), ambas leyes han conllevado una
gran desmotivación y afectación de la moral de la población, además de un impacto directo sobre el
empleo público, generando inequidades salariales para quienes entraron después del 4 de diciembre
e inseguridad laboral para quienes están en condición de interinos. Así como, una fuga significativa
de personal por la baja competitividad salarial.
19
Desde la perspectiva neoliberal, la crisis económica y, en particular, el déficit fiscal es
asociado a la crisis del Estado de Bienestar, por tanto, junto con los ajustes estructurales de
organismos internacionales esto ha incitado un proceso de reforma del Estado costarricense; en esta
coyuntura se identifica que las leyes no están dirigidas a la búsqueda de evasores, sino a la
contención del gasto público y una reestructuración de los procesos de trabajo, en el control y
gestión de la fuerza de trabajo.
Simultáneamente, la institución pública exige a los funcionarios y funcionarias un uso
eficiente de recursos y la producción de mayores niveles de eficiencia y calidad, empleando así,
sistemas de evaluación de desempeño y control periódico para verificar y cuantificar el rendimiento
y los resultados de los trabajadores, especialmente a aquellas personas sujetas a renovaciones de
contratos temporales; en concordancia con los planteamientos consecuentes del nuevo patrón de
producción toyotista-onista, que en el neoliberalismo se instaura como “una propuesta de tipo
gerencial” (Esquivel 2004, pp. 123).
En suma, está en aparente situación externa y/o coyuntural constituye en una primera gran
determinación del proceso de trabajo de Conamaj que en la singularidad se ha expresado en
preocupaciones reales (ver Gráfico 2, Gráfico 3), pero también concretamente en leyes que
deterioran sus condiciones laborales, además de una afectación directa a los incentivos por carrera
profesional y por anualidad de los funcionarios/as. Otra consecuencia ha sido la disminución de
actividades de capacitación.
Gráfico 2
20
Fuente: Encuesta sobre el proceso de trabajo en Conamaj, 2019.
Gráfico 3
Fuente: Encuesta sobre el proceso de trabajo en Conamaj, 2019
En la Encuesta sobre el proceso de trabajo en Conamaj (2019) los funcionarios y
funcionarias consideran que la reforma fiscal tendrá impacto sobre el Poder Judicial en dos ámbitos
principalmente: presupuestario y en las condiciones laborales (Ver Tabla 1).
Tabla 1
Análisis de Contenido - Pregunta # 22
Categoría Subcategoría Frecuencia
Presupuesto Recortes a partidas específicas 2
Recortes a servicios y programas 1
IVA sobre servicios y contrataciones 1
Condiciones laborales Desmotivación 2
Empobrecimiento 1
Disminución de oportunidades de ascenso 1
Incentivos 1
Salarios 2
Total 11
Fuente: Elaboración propia, Encuesta sobre procesos de trabajo en Conamaj, 2019.
21
Pese este panorama, una singularidad que distingue a Conamaj es la ampliación de sus
programas en el territorio nacional, en particular, del Servicio Nacional de Facilitadores y
Facilitadoras Judiciales (SNFJ).
Cabe advertir, que el neoliberalismo y la crisis del modo de producción basado en el
Keynesianismo, ha inducido no sólo un cambio hacia la flexibilización y precarización de las
condiciones laborales así como la reducción de los programas sociales, como se demuestra en los
gráficos anteriores, si no que ha significado la focalización y fragmentación de la intervención del
Estado sobre lo social; su reducción se ha propiciado a partir de una estrategia de reestructuración
del Estado y su desconcentración local, en el que sus obligaciones se depositan en las
organizaciones no gubernamentales, mientras a las comunidades se les aplaude la autogestión de
sus necesidades, que son en verdad responsabilidad del Estado Social de Derecho. En ese sentido,
resulta necesario profundizar sobre el trabajo voluntario que realizan las personas facilitadoras
judiciales y lo que significa la ampliación de un servicio/programa de voluntariado a nivel nacional
en estos tiempos.
Por ahora, cabe destacar, que la ampliación del SNFJ produce en Conamaj una
intensificación del trabajo y una multiplicación de tareas entre las y los trabajadores, a menor costo:
sin alteración o incluso en reducción de salarios, específicamente, ante la imposibilidad de crear
nuevas plazas de acuerdo a la regla fiscal.
Aunado a ello, si bien es cierto que los temas de Conamaj, como participación ciudadana,
coinciden y encuentran un apoyo sustancial en los compromisos del Estado costarricense,
particularmente en la administración Alvarado Quesada, con la incorporación de estrategias de
Gobierno Abierto que ha transitando a incluir toda la administración pública (Estado Abierto)
incluyendo a la institucionalidad judicial (Justicia Abierta); también ha significado cambios en el
proceso de trabajo, tales como la incorporación de nuevas tareas y temas que deben asumir de
forma paralela, derivados del eje de Transparencia y Colaboración, por ejemplo, Datos Abiertos.
Asimismo, este año se duplicaron dos plazas temporales de técnicos profesionales para
Conamaj, específicamente para la implementación de la Política de Justicia Abierta (PJA), esto ha
presionado los recursos aún más, por ejemplo, en la disponibilidad de vehículos para giras a
circuitos judiciales.
Por tanto, la implementación de la PJA entrevé una reestructuración de la división de tareas
y funciones, el cual trasciende la división programática y geográfica inicial de los técnicos
22
profesionales en el Programa de Participación Ciudadana (PPC); cuya labor ya de por sí se asume
como parte del principio de participación ciudadana de Justicia Abierta aunque formalmente no se ha
estipulado como tal. En el caso de la coordinación del PPC, por ejemplo, se le ha recargado además
la coordinación y supervisión del nuevo recurso humano de la PJA.
En cuanto al trabajo del equipo interprofesional, es preciso reconocer que esta se inserta en
la prestación de servicios sociales que aunque, como señala Iamamoto (2003), no está sometida a la
razón del capital, a la búsqueda del lucro, sí lo está “a la razón del Estado, que es sociopolítica” (p.
126).
En ese sentido, Justicia Abierta, no es únicamente una política institucional, sino que
introduce un modelo de gestión judicial. Por tanto, una mediación importante para el cumplimento
del trabajo en Conamaj constituye las relaciones de poder.
Por ejemplo, desde las instancias de la toma de decisiones se han frenado iniciativas como la
integración de representación ciudadana en los Consejos de Administración de los circuitos
judiciales. Esto se debe a que las comisiones son dependencias subordinadas a Corte Plena, sus
actividades están sujetas a las decisiones de los magistrados/as y al Consejo Superior; estos no
constituyen espacios neutros, desprovistos de intereses y concepciones acerca la gestión judicial, el
Estado y la administración de justicia.
Una de las personas entrevistadas reconoce (2019), por ejemplo, que a lo interno del
Consejo Superior predominan diferentes visiones de la gestión judicial, por una parte, una
institución que tiene como fin solventar la conflictividad social y por otra, garante de derechos. Así,
al referirse a la tensión en el seno del Consejo Superior, admite que la visión que lucha por ser
dominante es aquella que entiende la administración de justicia, como “hecho puro y simple de
dictar sentencias (...) preocupada por los indicadores de los despachos”.
Esta coincide con la percepción histórica del Poder Judicial, el cual es reconocido a nivel
civil como un ente de control, es decir, únicamente desde su función jurisdiccional penal. Esta
imagen proyecta, además una institución sumamente vertical, cerrada y de carácter burocrático,
guiado únicamente por la capacidad de realizar tareas en una cadena vertical de manejo y control en
la administración de justicia, centrado en dictar sentencias, uso de mecanismos de detención
“preventivas” y otras medidas de control social que ha incitado una judicialización de la política.
23
Una visión reducida de la justicia como punitiva, ciertamente no desde concepción como justicia
social, abierta o restaurativa frente a la desigualdad y la violencia que viven las grandes mayorías.
Otro ejemplo, es que aunque los principios de Justicia Abierta se integraron al Plan
Estratégico Institucional (PEI) como ejes transversales a la función judicial, se revela que los temas
de Justicia Abierta hasta el momento no ha generado un replanteamiento de la gestión judicial a lo
interno del Consejo Superior si no que más bien las políticas, se proyectan, se le asigna presupuesto,
en cumplimiento de las metas e indicadores tal cual está estipulado en el PEI y los Planes Anuales
Operativos (PAOs) pero no atraviesan todos los espacios de toma de decisión ni a todas las personas
funcionarias o autoridades (2019).
En contraste, para algunas de las personas entrevistadas, la función principal del Poder
Judicial es facilitar el acceso a la justicia a todos y todas, el cual necesariamente pasa por otra
concepción de la gestión y la administración judicial.
Estos actores, constituyen una mediación importante, ya que configuran las actividades de la
Comisión, en la definición de sus fines, medios y objetos de trabajo. Una consideración importante
es que Conamaj, en particular, tiene aliados importantes en el seno de estas instancias de toma de
decisiones. Entre los comentarios de las personas entrevistadas trasciende que:
“dentro de mis posibilidades, de colaborar y dar apoyo desde aquí. Por ejemplo, yo abogo para que
se les dé desde la administración de recursos que aquí se hace (...) porque pienso que el trabajo que
Conamaj hace es muy valioso para la institución y se hace con muy poco, no es un trabajo
reconocido por todo el mundo” (2019).
Similarmente, la comisión cuenta con apoyo de la jefatura presidida por el magistrado Don
Román Solís, a quién le corresponde la gestión política de alto nivel en la Corte, máxima instancia
administrativa donde se percibe que “hay todo un segmento técnico de jefatura que tiene muchísimo
poder, quien decide si tienes presupuesto, si se aumentan las plazas o si te prestan un vehículo o no”
(2019).
Otro actor importante, es la dirección ejecutiva de la Comisión, esta persona debe asumir
dos roles fundamentales, entre las que sobresalen: i) el rol interlocutor para la unión de fuerzas
interinstitucionales el cual implica moderar, gestionar, incentivar, planificar, convocar e introducir
temáticas como secretaria técnica de un órgano de alto nivel que reúne a los altas jerarcas y que
tiene un impacto sectorial externo al poder judicial; y ii) la gestión del recurso humano,
24
administrativo y financiero para la realización de programas, políticas y proyectos (2019).
Por tanto, las funciones descritas en el art. 11 del Decreto Ejecutivo Nº 34798-J no son
meramente administrativas, sino que implica una importante labor política, la cual tampoco se agota
en el ámbito de coordinación interinstitucional. La dirección ejecutiva implica una labor de gestión
y visión estratégica de la parte operativa, necesariamente política. Este rol, supone además una
relación estrecha con la coordinación del programa pero especialmente, una buena comunicación
con la jefatura.
En ese mismo sentido, en otro de los comentarios destacados se señala que la dirección
ejecutiva debe “asistir a la presidencia de la Comisión en sus funciones y alimentarlo para que
pudiera representar los intereses nuestros en esa esfera. Así, tener una jefatura fuerte, comprometida
e informada que pueda dar la lucha cuando ya hay que darla en Corte” (2019). Es importante
agregar además, que se percibe la necesidad de que la dirección ejecutiva de esta Comisión tenga
conocimiento minucioso de las puertas y trabas institucionales para maximizar, comprometer y
asegurar recursos.
Otra consideración importante, es que Conamaj, al “tratarse de un ente intersectorial,
Conamaj está conformado por representantes de diferentes instituciones del sector justicia, quienes
son las personas encargadas de tomar decisiones en materia de planeamiento y áreas estratégicas de
trabajo.” (CONAMAJ, 2017) En ese sentido, hay que identificar la diversidad en grados de
compromiso e influencia que tienen los actores que la conforman, sin perder de vista que lo social
ha sido sumamente fragmentado y que la articulación intersectorial exige una gestión política
importante y no sólo una invitación abierta, sujeta a la iniciativa y voluntades individuales.
A grandes rasgos, esta consiste en una primera aproximación a las determinantes
económicas-financieras, ético-político-legales e ideológico-culturales que median el proceso de
trabajo en el que se insertan el equipo interprofesional de Conamaj, en el cual se interseca la
coyuntura política, los compromisos de Estado y las singularidades.
Cabe destacar que un ejercicio más profundo implicaría además develar en este particular
momento histórico este campo de mediaciones, según Lorena Molina (s.f), como “expresión de
lucha-conquista concesión-negociación, reforma o contrarreformas en la arena de los actores
político estatales, actores y movimientos sociales-políticos de la sociedad civil.” (Molina s.f, pp. 21
- 22). En otras palabras, desentrañar las relaciones de poder y las contradicciones, por ejemplo, de
concepciones y visiones que se enfrentan y median los procesos de trabajo, sea a lo interno de la
25
oficina, en las instancias institucionales o demandas sociales.
7) Logros, limitaciones y desafíos del Trabajo Profesional en la atención de necesidades
y demandas de las poblaciones así como en la promoción y exigibilidad de sus
derechos.
En primer lugar, debemos partir de una comprensión de a quienes nos referimos con
poblaciones y la relación de estás con los derechos consagrados en la constitución e instrumentos
internacionales; para analizar de manera preliminar algunos logros, limitaciones y desafíos del
trabajo profesional en la atención de sus necesidades y demandas.
Una forma concreta consiste en analizar a quiénes está dirigido la Política de Participación
Ciudadana y la Política de Justicia Abierta, como población meta de la acción profesional.
En la Política de Participación Ciudadana (2015) se refiere de manera heterogénea a la
población meta como ciudadanía costarricense, ciudadanía usuaria, la ciudadanía, el Pueblo,
Pueblo Soberano, personas usuarias, persona humana, ciudadanía usuaria-organizada; pero
también advierte que es necesario construir relaciones con la sociedad civil, las organizaciones
civiles y comunitarias, así como definir políticas orientadas a los sectores en condición de
vulnerabilidad y sensibilizar y humanizar a las personas operadoras de justicia y autoridades.
En el caso de la Política de Justicia Abierta, creada tres años después, de manera precisa se
admite que:
Se habla de sociedad en general porque esta incluye tanto ciudadanos y ciudadanas, así
como otro tipos de actores sociales que se relacionan o asocian entre sí, ya sea por afinidad o
por las funciones que realizan; como es el caso de instituciones, organismos, organizaciones
o empresas que tengan interés en participar, colaborar o exigir transparencia ante la gestión
del sistema de administración de justicia. (Poder Judicial 2018, p. 24)
Este se ve reflejado en la variedad de actores a las cuales está dirigida las veintidós
iniciativas de Justicia Abierta entre las cuales cabe citar: población habitante o fuera del país;
personas usuarias de la defensa pública; personas consumidoras de datos; personas usuarias de
juzgados judiciales; fiscalías, comunidades y organizaciones; representantes de instituciones;
instituciones del sector justicia; usuarios del sistema disciplinario del Poder Judicial; poderes
judiciales e instituciones internacionales; y personas facilitadoras judiciales, personal judicial y
administradores. (Sitio Web de Justicia Abierta, 2019)
26
Para resumir, en palabras de los técnicos-profesionales que implementan estas políticas (Ver
Tabla 2) la Política de Participación Ciudadana está dirigida a las personas usuarias, la cual se
categoriza como externa e interna. Mientras que, la Política de Justicia Abierta está dirigida a las y
los actores de la sociedad en general. No obstante, como destaca una de las personas entrevistadas
pareciera que no todos han interiorizado está diferencia por completo.
Tabla 2
¿Quién es el sujeto de la Política?
Política Definición de sujeto
Política de
Participación
Ciudadana (PPC)
“Ciudadano y ciudadana es restrictivo, ni habitante del país porque puede ser un
extranjero (...) el eje central es la persona usuaria.”
“El objetivo interno es promover espacios a lo interno, cambio cultural (...) está
dirigido a funcionarios y funcionarias” “A lo externo, ciudadanía organizada
como ONGs, espacios organizados o asociaciones que nos pueden colaborar en
llegarles a las personas”
“PPC estaba muy dirigida a usuarios externos e internos”
Política de Justicia
Abierta (PJA)
“Múltiples actores de toda la sociedad”
“Dentro de la sociedad interactúan muchos actores y actantes que trascienden el
relacionamiento humano incluso (...) estamos hablando de sociedad en general:
instituciones, empresas, organismos, etc.”
“Siento que la PPC está muy enfocada en la persona ciudadana, pero la PJA se
abre un poco más a promover espacios e instancias como empresas, organismos y
organizaciones. Sin embargo, no sé si nosotros hemos interiorizado eso por
completo”
“Ciudadanía”
27
Fuente: Elaboración propia según entrevista de funcionarios y funcionarias de Conamaj, 2019
Ambas categorías introducen una concepción diferente del sujeto de atención profesional,
mientras que las personas usuarias sitúa a este circunscrito a los servicios y a la acción de la
institución; el término de actores recupera que la participación de las personas no siempre es
individual, ni únicamente por vías formales o canales institucionales, reconoce que se da con base a
intereses sociales-políticos e ideológicos y en determinados momentos históricos o inclusive
temporales.
Cabe destacar que aunque las personas entrevistadas coinciden en que el término de
ciudadanía es restrictivo y que la Política de Justicia Abierta se plantea desde un enfoque más
integral, ninguna persona mencionó que los sujetos de las políticas era sujetos de derechos, sea
fundamentales o universales.
De forma similar, en la PPC los derechos tanto de la ciudadanía como de las personas
operantes de la Justicia se plantean formalmente como sustento jurídico para fundamentar la
implementación de la política en la institucionalidad, así como su acatamiento obligatorio como
deber y responsabilidad.
Por tanto, un primer desafío consiste en comprender a las personas sujetas de atención,
como sujetos políticos, capaces de transformar su realidad, exigir, demandar y plantear sus
necesidades. Desde la perspectiva de derechos humanos, la participación se comprende como un
derecho político de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en la dirección de la cosa
pública. Esta no se restringe a su participación formal en el ciclo de la política pública en función
de la institucionalidad para mejorar la calidad y acceso a su servicio, sino que en una democracia
participativa deviene en una condición necesaria para ampliar, defender y exigir derechos
individuales así como otros derechos sociales, culturales, económicos el cual se expresa en
demandas y necesidades que la institución debe canalizar y atender.
Este conlleva a un segundo desafío, que consiste en conceptualizar la categoría de
participación, desde una perspectiva de derechos humanos que sea capaz además de entrever la
diversidad de sus expresiones, sin que la valoración del impacto y resultados de la PPC se agote en
la sostenibilidad de mecanismos, para penetrar, como apunta Molina (2004), en la diversidad de
tipos, niveles, roles, dimensiones, motivaciones, estrategias afines y dimensiones del ejercicio de la
ciudadanía (p. 50) Donde los derechos no sean un mero instrumento de la demanda institucional,
sino posibilidad de subjetivación política de las personas en un ejercicio activo de sus derechos y
28
deberes, en fin, de su ciudadanía y que por tanto, supera la creación de mecanismos e implica
generar estrategias para valorar la intensa labor socioeducativa, promocional y comunitaria del
programa de participación ciudadana.
Otro desafío en esta misma línea, consiste pues en la articulación e integración del trabajo
que realiza el equipo de trabajo, para asegurar que sea congruente con la visión y misión de
Conamaj, superando así la visión fragmentada de las funciones y tareas en cumplimiento con las
metas e indicadores operativos. Este desafío conlleva generar espacios de intercambio e interacción
de aportes a lo interno del equipo, así como de promoción. En esta nota, una de las personas
entrevistadas indica que es necesario que Conamaj fortalezca la gestión de difusión y promoción
política de lo que se hace, con lo que cual no se refería a cápsulas, sino en la incidencia política a
niveles técnicos (2019).
Este tercer desafío, guarda relación con lo planteado por las personas encuestadas en la
pregunta con respecto a qué se podría mejorar en el equipo de trabajo, quienes señalaron que se
debe mejorar además de la comunicación, lo siguiente: “más espacios de interacción”, “retomar más
acciones de trabajo en conjunto, reuniones de coordinación y seguimiento”, “mejorar el
compromiso y la comunicación”, “nuevas acciones y metodologías” “mejorar los canales de
comunicación y colaboración, el compromiso que tenemos frente a las actividades y acciones que
lideramos como Conamaj”. Así como, “establecer roles claros y cargas de trabajo, evaluación de
desempeño”. (Entrevista a funcionarios y funcionarias de Conamaj, 2019)
Aunque estos desafíos se refieren al proceso de trabajo, al igual que las mediaciones
anteriormente descritas, estás inciden en las posibilidades de generar los resultados esperados así
como de comprometer los recursos necesarios para que los servicios y programas sociales tengan un
mayor alcance en transformar la gestión judicial y de democratizar la administración de justicia, al
servicio de las personas, cuya finalidad sea efectivamente la garantía de derechos y no únicamente
la del control del orden social.
Los principales desafíos y limitaciones para contribuir al ejercicio de ciudadanía, y la
atención de necesidades y demandas de la población desde la Conamaj y en la institución del Poder
Judicial, pueden resumirse en las respuestas de aquellas personas que realizan acciones en pro de la
misma. (ver Tabla 3)
29
Tabla 3
Logros, desafíos y limitaciones de la implementación de la
Política de Participación Ciudadana y la Política de Justicia Abierta
Logros ● Trabajo colaborativo con otras oficinas, como la Secretaría Técnica de Género para
capacitar funcionarios/as de circuitos judiciales para compartir recursos y realizar
campañas de sensibilización de manera conjunta.
● Inclusión de participación ciudadana en diferentes instancias de toma de decisiones.
● Co-creación de las políticas y planes institucionales con participación y consulta
ciudadana.
● Sensibilización e integración de estos temas a la labor y funciones de la nueva
generación de jueces y juezas, mediante capacitaciones y talleres en la Escuela
Judicial.
● Manejo teórico metodológico y experiencia práctica del equipo técnico en el
abordaje de temas como participación ciudadana, gobierno y justicia abierta, círculos
de paz, etc.
● Relación de trabajo horizontal y democrático entre el ente ejecutor y la coordinación
del Programa de Participación Ciudadana.
● Expansión de los servicios y programas de la Comisión a nuevas zonas del país.
Desafíos ● Manejar el temor respecto al eje de Transparencia, por parte de los funcionarios/as.
● Resistencia al trabajo colaborativo entre las demás oficinas del Poder Judicial.
● Mejorar el conocimiento acerca los temas.
● Divulgación externa: publicitar y pautar en medios radiofónicos.
● Manejar la presión que genera estos temas de innovación y más bien apoyar la
integración de estos como transversal a la gestión y el quehacer cotidiano de los/as
funcionarios/as; no como una carga laboral o un proyecto más.
● Trabajar con funcionarios/as desmotivados, ya sea, debido a la propia cultura
burocrática en la institución o con respecto al deterioro de sus condiciones laborales.
● Sensibilizar y cambiar la cultura organizacional que ha predominado en la
institución hacia un nuevo paradigma.
● Planificar una estrategia de divulgación a nivel nacional y regional de la labor de
Conamaj.
● Consolidar el interés interinstitucional y sectorial de Conamaj, más allá de ser una
instancia propia del Poder Judicial.
● Asegurar una representación democrática de grupos vulnerables en las Comisiones y
espacios de participación ciudadana.
● Trascender la percepción predominante en los medios de comunicación acerca la
labor y las funciones del Poder Judicial en las comunidades, dar a conocer los
programas y servicios sociales.
● Realizar lobby y gestión política para formalizar los mecanismos de participación
ciudadana (elección democrática, representatividad), así como para que estos
mecanismos exista y queden formalmente establecidos dentro de la estructura de la
institución.
● Incertidumbre respecto al presupuesto y la afectación de la reforma fiscal sobre el
programa, recurso humano y plazas temporales.
● Fortalecer el marco y los principios teóricos del equipo de trabajo, así como su
apropiación de los conceptos, por ejemplo, respecto al papel del Estado y la
autonomía de la ciudadanía en la conformación de espacios de participación
ciudadana.
● Plantear una estrategia y/o el plan de acción orientado a la transformación de la
cultura organizacional.
30
● Generar una ruptura en la relación histórica y distante que mantuvo la institución con
la sociedad.
● Crear sinergias y alianzas con instituciones y actores en el espacio local que tienen
mayor poder de convocatoria y que trabajan con las comunidades.
● Renovar los espacios de participación ciudadana, impulsar a otras personas o buscar
otros líderes y lideresas que se involucren en los procesos.
● Dar a conocer la Comisión y sus funciones.
● Sostenibilidad de los mecanismos de participación ciudadana
Limitaciones ● Lineamientos éticos que limitan el trabajo ad honorem en el ámbito jurisdiccional de
los defensores públicos y funcionarios/as judiciales con las comunidades, en
particular el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales; en razón de una
comprensión limitada de independencia judicial.
● Faltante de recursos de las oficinas para cumplir con los indicadores establecidos en
los PAOs y el PEI respecto a estos ejes transversales.
● Recargas laborales ante carencia de recurso humano para velar por las iniciativas de
Justicia Abierta.
● Carencia de recurso financiero para coordinar con los/as responsables de las demás
iniciativas de Justicia Abierta.
● Cultura burocrática institucional y ambiente de control que coarta las posibilidades
de innovar, la creatividad e iniciativa de los funcionarios/as públicos, sin respaldo
normativo. Temor a la Inspección Judicial.
● Educación cívica, legal y judicial pobre que impide el ejercicio activo de la
ciudadanía.
● A diferencia de la Política de Participación Ciudadana, el plan de acción de la
Política de Justicia Abierta se concibió como proyectos y por tanto, no se definió una
ruta estratégica de las acciones, como un proceso gradual de sensibilización para
fomentar su adopción.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a funcionarios y funcionarias de Conamaj
Aunque, a partir del cuadro anterior se puede profundizar e incluso elaborar un estrategia
para enfrentar estos desafíos y limitaciones, a grandes rasgos, resulta evidente que existe una
necesidad de recuperar y valorar los resultados e incidencia de la labor de Conamaj, especialmente
de sus logros, por ejemplo, para su divulgación estratégica o para compartir buenas prácticas. Este
proceso necesariamente deberá integrar la percepción y efectos de la misma población a la cual se
dirige el trabajo profesional.
31
Conclusiones
A modo de análisis y síntesis de la situación encontrada es importante profundizar en
algunas de las temáticas expuestas; además de analizar cómo en una oficina, como lo es la
Conamaj, en la cual el trabajo profesional de los y las Trabajadoras Sociales es nula, esta profesión
podría tener o no, inherencia en los procesos que se llevan a cabo en la misma.
Desde la normativa jurídica vigente, la participación ciudadana es un derecho fundamental
respaldada por la Constitución Política. En el ámbito internacional está adquiere el rango de un
derecho humano que consagra la participación de la personas en la dirección, ejecución, evaluación
y en la toma de decisiones sobre la gestión pública y las políticas públicas, cuya realización efectiva
es indivisible al derecho al acceso a la información.
Por tanto, la participación no es meramente un mecanismo o el medio para transparentar la
gestión pública o para dar respuesta a los problemas que enfrenta una institución, sino que es un fin
en sí mismo, ya que constituye un derecho humano de todas las personas, sin distinción de
nacionalidad, sexo, raza o de cualquier otra índole acceder al mismo. Desde un enfoque de derechos
humanos, es importante no sólo generar espacios de incidencia ciudadana dentro de una institución
sino fomentar la participación, desde el acceso a información básica para la exigibilidad de sus
derechos y el acceso a la justicia pronta y cumplida, como también los procesos de trabajos que
buscan sensibilizar, capacitar y dar herramientas a las personas para el ejercicio de su derecho a la
participación.
En los últimos 20 años es explícito un interés por parte del Estado costarricense en el avance
hacia una democracia participativa. Sin embargo, es importante cuestionarse a qué se debe este
interés así como los discursos que perviven detrás de la noción de participación, en el marco de las
transformaciones del Estado costarricense y la política social, en el contexto neoliberal y de fuertes
cuestionamientos acerca la administración de recursos, la eficiencia y eficacia de la
institucionalidad pública a raíz de la crisis fiscal y los casos de corrupción.
En relación a los mecanismos de participación ciudadana que se han ido incorporando en las
instituciones de manera formal, es importante valorar su sostenibilidad, alcances políticos,
composición y representación interna. Además de tomar en cuenta la percepción y necesidades de la
población para considerar si constituyen espacios verdaderamente democráticos para canalizar, dar
respuesta o ampliar los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las
32
personas, conforme lo establecido en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana y desde
un enfoque de defensa y promoción de derechos humanos.
Aunque en un principio la iniciativa en torno al tema de participación ciudadana fue
asumida por el Poder Judicial, en los últimos años esta discusión se ha incorporado a un tema que lo
engloba como un principio más junto al eje de rendición de cuentas y transparencia, dentro de la
Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. En la nueva administración Alvarado Quesada se ha
puesto en boga el concepto de Estado Abierto el cual apunta hacia la incorporación de estos
principios en toda la administración pública del Estado. En este proceso es necesario que se
desarrollen experiencias de intercambio de experiencias y mesas de trabajo intersectoriales o
convenios para compartir buenas prácticas, ya que ciertas instituciones ya tienen más camino
recorrido en estos temas.
De la misma manera, resulta indispensable que el ente coordinador de la Comisión como la
única instancia que reúne las instituciones del sector Justicia se sume a compartir experiencias,
recursos y herramientas metodológicas al menos a nivel regional, cantonal o local.
Introducir los principios de Estado Abierto en toda la administración pública conlleva a la
promoción de una nueva concepción sobre la relación entre Estado y Sociedad, una redefinición de
la persona sujeta de atención como un actor activo en la gestión de la cosa pública que trasciende la
noción de usuarios/as y beneficiario/as. La promoción de estos principios ubica a la persona como
eje central de la actuación en los programas y servicios públicos.
Por otra parte, el concepto de Estado Abierto también conlleva la introducción de una
cultura de fiscalización, transparencia y control de la función pública el cual genera miedo en los
funcionarios y funcionarias sobre su labor, debido a su inexperiencia con el trabajo directo con
sociedad civil, en procesos de fortalecimiento judicial, por tanto, es necesario brindar contención a
medida que se introducen los cambios en la cultura organizacional.
De alguna u otra forma, el Poder Judicial ha dado grandes pasos hacia un servicio más
inclusivo en donde se protegen los derechos de la ciudadanía y el cual ha servido para dar a conocer
otras funciones que tiene este poder, además de las relacionadas a los procesos judiciales, que es lo
que más se reproduce en el imaginario colectivo cuando se hace referencia a esta institución.
33
Sobre el equipo y el modelo de trabajo, todas las partes concuerdan en que se complementan
y se enriquecen de la variedad de experiencias, capacidad técnica, teórica y práctica. Ninguna de las
personas entrevistadas expresó que esta forma de trabajo es un obstáculo o supone un desafío para
el ejercicio de sus procesos de trabajo. Para el trabajo con comunidades y sociedad civil organizada,
algunos comentaron que su formación no le dotó de las habilidades necesarias sino fue su
experiencia en organizaciones sociales como sindicatos y pertenencia a grupos lo que les ha
posibilitado acercarse y relacionarse con las personas.
Con respecto a los aportes que desde Trabajo Social se podrían brindar a un espacio de
trabajo como el descrito, se puede apuntar al reforzamiento de la base teórico-metodológica de la
participación ciudadana como un Derecho Humano.
De acuerdo con las entrevistas que se llevaron a cabo con la participación de los
funcionarios y funcionarias de Conamaj es posible identificar que la participación ciudadana no se
entiende como un derecho político, sino como un medio y un deber de la ciudadanía para incidir en
la gestión del Poder Judicial, sea para su mejoramiento o fiscalización.
Esta únicamente se reconoce como un derecho fundamental para justificar la
implementación de estrategias de participación o mecanismos, no para la exigibilidad de demandas
y expansión de derechos de la sociedad civil. Excluir a una persona del proceso de toma de
decisiones, puede ser tan desigual como excluirla de un programa de asistencia social, ya que es por
medio de la participación e incidencia de la ciudadanía que se pueden poner en la mesa política los
intereses y necesidades reales de la sociedad, si solo un sector de la sociedad participara en estos
procesos, el direccionar del Estado se vería dirigido hacia los intereses de ese sector, creando de
esta forma una sociedad desigual.
Esta perspectiva coincide con la definición establecida en la Política Institucional, en la que
explícitamente se agrega que “la participación ciudadana no debe considerarse como un fin, sino
como un medio para incidir en la gestión y en el acciones del Poder Judicial como servicio
público.” (CONAMAJ 2015, p. 10). Asimismo, la Política señala que la participación de sectores
diversos en espacios abiertos por el Poder Judicial servirán “como forma de ejercicio del control
social y la transparencia de la función judicial” (CONAMAJ 2015, p.9), en otras palabras, para los
fines del Poder Judicial. Por ello, varias de las acciones de la política están dirigidas hacia la
creación, ampliación y formalización de espacios y mecanismos por parte de la institución.
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Este enfoque diverge de la definición de la Carta Iberoamericana de Participación
Ciudadana en la que se establece como el proceso de construcción social para canalizar, dar
respuesta o ampliar los derechos de las personas. Desde la visión anterior se anteponen las
demandas y fines institucionales de transparencia, control y fiscalización de las funciones y
servicios judiciales sobre la posibilidad para la exigibilidad de derechos, demandas y necesidades de
la sociedad civil.
En ese sentido, resulta vital revisar nuevamente las aspiraciones de la política en la cual
perviven ambas nociones, la importancia de la participación ciudadana “para elevar la eficacia y
eficiencia en la gestión pública” “que contribuya a la legitimación y confianza del Poder Judicial”
como también la “vigencia y ampliación de los derechos de la ciudadanía (...) la calidad de la
prestación pública” y para “favorecer el acceso a la justicia de la ciudadanía”. (p.15-16).
Sin embargo, a diferencia de otras instituciones en las cuales existe una relación cotidiana
entre el servicio público y las personas para la atención de necesidades particulares, a partir del cual
se reconoce su valor como institución pública, el Poder Judicial no es objeto de ese mismo
reconocimiento. Esto se debe a que las funciones del Poder Judicial en la percepción de la sociedad
se reduce al control y el cumplimiento de la ley amparado de una potestad punitiva en vez de un
servicio dedicado al acceso a la justicia, garante de derechos. Por ello, es necesario divulgar los
diferentes servicios del Poder Judicial para empoderar a las personas en el acceso a la justicia, sus
derechos y demandas. Similarmente, es importante reconocer que la participación de las personas
no es desprovista de intereses, así mismo está no es motivada únicamente desde un sentido deber
cívico de velar por la institucionalidad pública.
Para comprender, las demandas y determinantes del trabajo profesional donde sea que esta
se encuentra, independientemente del sector, resulta fundamental reconocer el ejercicio como
trabajo inserto en la división socio-técnica del trabajo, consecuentemente en el modo de producción
capitalista, pero ¿con qué propósito? Para determinar aquellas fuerzas y mediaciones que
configuran y organizan el proceso de trabajo: sus medios, fines, funciones, roles y objeto de
atención / intervención.
35
Esta comprensión, nos permite ahondar además en nuestras condiciones laborales y aquellas
mediaciones, en apariencia externos, como constitutivos del quehacer cotidiano, pero también para
reconocernos no sólo como servidores públicos, sino como sujetos de derechos y ciudadanos/as, al
igual que los sujetos de nuestra atención.
Así, podemos comprender el impacto que puede generar, por ejemplo, políticas económicas
en la población y en los servicios pero también en nuestras condiciones laborales, al pertenecer a
una misma clase, de modo tal que podamos inscribir el ejercicio profesional en un proyecto de
sociedad, con direccionalidad, donde la co-creación, colaboración y participación sean transversales
al ejercicio, en tanto ésta no signifique una imposición de relaciones ajenas y burocráticas o aún
más preocupante, de un proceso de tercerización de la implementación de servicios sociales y/o
transferencia de las funciones del Estado a la sociedad civil.
Desde la categoría procesos de trabajo y mediación, el o la profesional es capaz de
reconocer esto así como entrever su autonomía relativa y en ese sistema de mediaciones, dice
Esquivel (2002), de no actuar meramente como mediador/a ante las demandas sociales e
institucionales, pero como articulador y potencializador (p. 183).
Asumir este rol, supone varios aspectos: Primero, partir desde una perspectiva crítica del
Estado y las políticas sociales, como una relación social, expresión contradictoria de intereses y de
correlación de fuerzas sociales. En ese sentido, las políticas sociales no son meros instrumentos
para el bien común o un medio para cumplir con un mandato constitucional de un Estado
supraclasista. Desde esta perspectiva, señala Meoño (2007), “las políticas sociales son articuladas a
determinantes estructurales, o sea su estudio se inscribe en el contexto económico – político más
amplio: la sociedad capitalista.” (pp. 7).
Segundo, implica asumir la gerencia de los programas y servicios como una dimensión del
trabajo profesional, una gerencia crítica, claro está, el cual potencie una visión estratégica para
advertir oportunidades, amenazas y desafíos como los planteados por los funcionarios y
funcionarias de Conamaj. Lorena Molina (s.f) plantea que está “implica conducir la direccionalidad
de la misma en la tensión de los intereses en conflicto.” (p. 3).
Tercero, esta tarea, de construcción de una democracia participativa y de ciudadanía
ampliada, pasa como sintetiza Molina (2004) por la deconstrucción del autoritarismo y el esquema
patriarcal, (...) develar las relaciones de dominio existentes y deconstruir las subordinaciones
interiorizadas en los distintos ámbitos sociales, e identificar estrategias, los caminos y los tiempos
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de su transformación. (p. 59)
El análisis expuesto en este informe, permite vislumbrar la complejidad de la realidad en la
que está inserto el sujeto, la sociedad y la institucionalidad, el abordaje dialéctico a estas
comprensiones abren el panorama a la reflexión y análisis de la correlación de fuerzas e influencia
que tienen los aspectos singulares, los fenómenos sociales, que muchas veces son invisibilizadas o
peor, normalizadas como problemas sociales, naturales, como si hubiesen estado presentes en todas
las sociedades, y a lo largo de la historia de la humanidad.
Comprender estas mediaciones, significa entender que toda acción está mediada por
intereses, no por el bien común, si no de unos poco sujetos con poder, en las esferas de toma de
decisiones.
Programas como el Justicia Abierta y el Participación Ciudadana se han dirigido a crear
espacios en la institución de participación en la gestión judicial, encaminada a la atención de las
necesidades reales de la población. No obstante, resulta importante advertir que la construcción de
un nuevo poder, de una democracia participativa, deberá transitar hacia la configuración de nuevas
expresiones y formas de vivir la participación política, y la relación del Estado y sociedad civil, sin
que este se vea limitado o reducido a la asistencia de algunos/as en representación de otros/as en
espacios formales.
Por otra parte, es esencial prestar atención a lo que ha podido recuperar en torno a los
desafíos, limitaciones y logros de la comisión, ya que evidencia cuestiones estructurales, que se
expresa como problemas educativos, cívicos y políticos que atraviesa el país y muestra que todavía
hay muchos campos en lo que se puede trabajar para mejorar la administración de la justicia, y una
transformación en la relación entre funcionarios/as públicas y personas usuarias.
Estos aspectos, sin embargo, no desprestigian el gran alcance que ha tenido la comisión al
trabajar e impulsar temas innovadores, así como la incidencia que ha tenido en el servicio público
del sector justicia.
Para finalizar, retomamos las palabras de Iamamoto (2003) quien desde una perspectiva
crítica y de derechos humanos precisa la importancia de la participación ciudadana, como derecho
para atender las necesidades y demandas de la población pero también su relevancia para los
programas y servicios sociales:
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Democracia implica lucha para ampliar la ciudadanía, buscando efectivizar los derechos
civiles, políticos y sociales de todos los ciudadanos. Una ciudadanía para todos, extensiva
al conjunto de los trabajadores en toda su heterogeneidad. También se refiere a una
ciudadanía que impulse nuevos derechos, que contribuya con la lucha para ampliar la
legalidad institucional (...) La lucha para mantener el carácter universalizante de las
políticas sociales públicas (...) La lucha para consolidar la democracia y la ciudadanía es
inseparable de la ampliación progresiva de la esfera pública. (p. 171)
38
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