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E l sistema universitario, sin du- das, fue el nivel educativo que más se desarrolló a lo largo de estos treinta años de democra- cia. Más allá de las diferencias entre los distintos gobiernos y sus respec- tivas políticas, ni la cantidad de estudian- tes, ni el número de sedes dejaron de cre- cer desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Si en 1983 Argentina contaba con 400.000 estudiantes universitarios, en la actualidad existen 1.700.000. Y si por entonces había poco más de dos decenas de universidades nacionales, hoy existen cuarenta y siete, más del doble. Además, dentro del siste- ma funcionan siete institutos superiores y una red de universidades provinciales, en- tre las que se encuentra la Universidad Pe- dagógica (UNIPE), destinada a darles for- mación superior a docentes y autoridades educativas. No se trata de una mera cues- tión cuantitativa, sino también de distribu- ción del conocimiento: actualmente existe al menos una universidad nacional en cada provincia. La migración a los grandes cen- tros urbanos ya no es una condición sine qua non para los jóvenes que quieran obte- ner un título profesional. El sector universitario había sido uno de los más castigados por el terrorismo de Estado. La política de la dictadura se ba- só en la represión, el control ideológico y el achicamiento institucional. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desapa- rición de Personas (CONADEP) concluyó que el 21% de los desaparecidos eran estu- diantes. También desaparecieron docen- tes e, incluso, autoridades universitarias, como las de la Universidad de San Luis. Muchos profesores, para sobrevivir, mar- charon al exilio. Además, la dictadura fijó cupos y aranceló carreras para restringir el ingreso. Hubo casas de estudios que fueron cerradas, como la Universidad de Luján, y algunas carreras se suprimieron. Psicolo- gía, por ejemplo, fue eliminada de las uni- versidades de La Plata, Tucumán y Mar del Plata, donde también cerró Antropología. En la Universidad del Sur ocurrió lo mis- mo con Humanidades, Matemática, Física y Química. Además, el régimen obstaculi- zó la libertad de cátedra, cesanteó discre- cionalmente a docentes y autoridades y los reemplazó con amigos civiles y militares que sintonizaban con la cruzada represiva. A Raúl Alfonsín le tocó la tarea de re- construir una universidad arrasada. Las expectativas, en ese sentido, eran muchas y se reflejaron en la explosión de la matrí- cula: aumentó un 95%, una tasa muy su- perior a la de las dos décadas siguientes, que ya de por sí fue muy alta: un 58%. El radicalismo, además, dio el puntapié ini- cial a la expansión del sistema, creando y reabriendo carreras, recuperando la Uni- versidad Nacional de Luján y fundando la Universidad Nacional de Formosa. El gobierno de la UCR se propuso, co- mo principal objetivo en el área, norma- lizar la universidad, restablecer su auto- nomía, la autarquía presupuestaria, el co- gobierno de los claustros, la libertad de cátedra y la apertura del sistema a nuevos sectores sociales. Una de las primeras me- didas fue la puesta en vigencia de los es- tatutos que estaban suspendidos desde el golpe militar de Juan Carlos Onganía, en 1966. El alfonsinismo, además, reincorpo- ró a los docentes cesanteados, anuló de- signaciones directas realizadas durante la dictadura e impugnó aquellos concursos viciados por discriminaciones políticas e ideológicas. Además, para recuperar el gobierno tripartito, fue necesario recono- cer a los Centros de Estudiantes. A la hora de encaminar los procesos electivos y de nombrar a las nuevas auto- ridades, primó una matriz que recorrió las tres décadas posteriores: el predomi- nio de la política de partidos como parte del gobierno universitario. La mayoría de los actores del sistema consideran a la vi- da política institucional como una parte importante de la formación. No obstante, la tensión entre la legitimidad partidaria y la académica fue una de las que recorrió –muchas veces sin encontrar una síntesis entre ambas variables– las universidades argentinas de la democracia. La dirigencia de los 80 privilegió el in- greso irrestricto a la universidad, a pe- sar de la falta de infraestructura y de do- centes para hacerse cargo del desafío. La política de puertas abiertas tampoco estuvo en consonancia con las decisio- nes económicas: mientras los inscriptos crecían exponencialmente, disminuía el presupuesto por alumno. Y la necesidad de nuevos edificios y sus consecuentes gastos de mantenimiento recayó sobre la pauperización de los salarios docentes. En 1985 se inauguró un período de alta conflictividad, y dos años después la CO- NADU –el gremio docente– llamó a un paro de dos meses: denunció que los sala- rios de sus afiliados apenas equivalían al 35% de lo que percibían en 1983. “Las matrículas tendían a inflarse, no sólo por las generaciones a las que les to- caba ingresar, sino también porque había un stock de personas que no habían po- dido estudiar en la dictadura. Eso generó una eclosión sobre las instituciones, cuyos presupuestos eran cercanos a la penuria”, recuerda Adolfo Stubrin, ex secretario de Educación de los ministros de Educación radicales Jorge Sabato y Julio Rajnieri (1). Con el objetivo de subsanar aquel cre- cimiento sin planificación, el Ministe- rio de Educación propuso la creación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un ámbito de encuentro de los rec- tores para la coordinación de políticas co- munes. No obstante, el creciente despres- tigio del Estado y sus instituciones, en me- dio de la creciente crisis socioeconómica que vivía el país, fue el caldo de cultivo ideal para las reformas neoliberales que se introdujeron en el sistema en los 90. Como en el resto de las áreas, el gobier- no de Carlos Menem rápidamente instaló el debate sobre cuál era el rol del Estado en la universidad. Sobre todo, en lo referente al financiamiento. Según escribieron Pa- blo Buchbinder y Mónica Marquina en su libro Masividad, heterogeneidad y fragmen- tación: El sistema universitario argentino 1983-2008 (2), el por entonces secretario de Coordinación Educativa, Científica y Cul- tural del Ministerio de Educación y Justi- cia, Enrique Bulit Goñi, propuso el arancel universitario en una carta dirigida a los rec- tores en 1989. El menemismo también su- girió la obtención de recursos a través de la venta de servicios a empresas privadas y al propio Estado. La política generó resis- tencias en toda la comunidad universitaria. Esta línea de acción fue acompañada por otra que facilitó la apertura de tantas uni- versidades privadas como las que se habían habilitado entre 1958 y 1993. “Creamos 23, entre ellas la Universidad del Siglo XXI y la del Cine”, se ufana Jorge Rodríguez, segun- do ministro de Educación de Menem (3). Fue en este momento cuando se diseñó el Programa de Incentivos a Docentes In- vestigadores, un instrumento que retribuía con más dinero a aquellos profesores que permitieran que su trabajo fuese evaluado según criterios de productividad académi- ca. Rápidamente, entonces, comenzó a de- sarrollarse una cultura universitaria que premia la publicación de papers con refe- rato por sobre la función primaria de la en- señanza en el aula; una tensión que se man- tiene hasta estos días. “Algunos estudios oficiales sobre los efectos del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores re- conocen que, además de beneficios tales como el aumento de la producción cien- tífica, la tendencia a consolidar grupos de investigación y el mejoramiento salarial, se han generado efectos no deseados, como el desarrollo de una apariencia de investiga- ción de bajo impacto real, exceso de com- petitividad entre colegas y falta de estabili- dad en los logros salariales obtenidos”, se- ñalaron Buchbinder y Marquina. La educación en debate Suplemento #17 La universidad en democracia por Diego Rosemberg* d Esta publicación integra la serie de Cuadernos de Discusión que edita la Universidad Pedagógica (UNIPE) www.unipe.edu.ar Creció la oferta hacia territorios ubicados, geográfica y socialmente, muy lejos de los estudios superiores.

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  • El sistema universitario, sin du-das, fue el nivel educativo que ms se desarroll a lo largo de estos treinta aos de democra-cia. Ms all de las diferencias

    entre los distintos gobiernos y sus respec-tivas polticas, ni la cantidad de estudian-tes, ni el nmero de sedes dejaron de cre-cer desde el gobierno de Ral Alfonsn. Si en 1983 Argentina contaba con 400.000 estudiantes universitarios, en la actualidad existen 1.700.000. Y si por entonces haba poco ms de dos decenas de universidades nacionales, hoy existen cuarenta y siete, ms del doble. Adems, dentro del siste-ma funcionan siete institutos superiores y una red de universidades provinciales, en-tre las que se encuentra la Universidad Pe-daggica (UNIPE), destinada a darles for-macin superior a docentes y autoridades educativas. No se trata de una mera cues-tin cuantitativa, sino tambin de distribu-cin del conocimiento: actualmente existe al menos una universidad nacional en cada provincia. La migracin a los grandes cen-tros urbanos ya no es una condicin sine qua non para los jvenes que quieran obte-ner un ttulo profesional.

    El sector universitario haba sido uno de los ms castigados por el terrorismo de Estado. La poltica de la dictadura se ba-s en la represin, el control ideolgico y el achicamiento institucional. El informe de la Comisin Nacional sobre la Desapa-ricin de Personas (CONADEP) concluy que el 21% de los desaparecidos eran estu-diantes. Tambin desaparecieron docen-tes e, incluso, autoridades universitarias, como las de la Universidad de San Luis. Muchos profesores, para sobrevivir, mar-charon al exilio. Adems, la dictadura fij

    cupos y arancel carreras para restringir el ingreso. Hubo casas de estudios que fueron cerradas, como la Universidad de Lujn, y algunas carreras se suprimieron. Psicolo-ga, por ejemplo, fue eliminada de las uni-versidades de La Plata, Tucumn y Mar del Plata, donde tambin cerr Antropologa. En la Universidad del Sur ocurri lo mis-mo con Humanidades, Matemtica, Fsica y Qumica. Adems, el rgimen obstaculi-z la libertad de ctedra, cesante discre-cionalmente a docentes y autoridades y los reemplaz con amigos civiles y militares que sintonizaban con la cruzada represiva.

    A Ral Alfonsn le toc la tarea de re-construir una universidad arrasada. Las expectativas, en ese sentido, eran muchas y se reflejaron en la explosin de la matr-cula: aument un 95%, una tasa muy su-perior a la de las dos dcadas siguientes, que ya de por s fue muy alta: un 58%. El radicalismo, adems, dio el puntapi ini-cial a la expansin del sistema, creando y reabriendo carreras, recuperando la Uni-versidad Nacional de Lujn y fundando la Universidad Nacional de Formosa.

    El gobierno de la UCR se propuso, co-mo principal objetivo en el rea, norma-lizar la universidad, restablecer su auto-noma, la autarqua presupuestaria, el co-gobierno de los claustros, la libertad de ctedra y la apertura del sistema a nuevos sectores sociales. Una de las primeras me-didas fue la puesta en vigencia de los es-tatutos que estaban suspendidos desde el golpe militar de Juan Carlos Ongana, en 1966. El alfonsinismo, adems, reincorpo-r a los docentes cesanteados, anul de-signaciones directas realizadas durante la dictadura e impugn aquellos concursos viciados por discriminaciones polticas e ideolgicas. Adems, para recuperar el gobierno tripartito, fue necesario recono-cer a los Centros de Estudiantes.

    A la hora de encaminar los procesos electivos y de nombrar a las nuevas auto-ridades, prim una matriz que recorri las tres dcadas posteriores: el predomi-nio de la poltica de partidos como parte

    del gobierno universitario. La mayora de los actores del sistema consideran a la vi-da poltica institucional como una parte importante de la formacin. No obstante, la tensin entre la legitimidad partidaria y la acadmica fue una de las que recorri muchas veces sin encontrar una sntesis entre ambas variables las universidades

    argentinas de la democracia.La dirigencia de los 80 privilegi el in-

    greso irrestricto a la universidad, a pe-sar de la falta de infraestructura y de do-centes para hacerse cargo del desafo. La poltica de puertas abiertas tampoco estuvo en consonancia con las decisio-nes econmicas: mientras los inscriptos crecan exponencialmente, disminua el presupuesto por alumno. Y la necesidad de nuevos edificios y sus consecuentes gastos de mantenimiento recay sobre la pauperizacin de los salarios docentes. En 1985 se inaugur un perodo de alta conflictividad, y dos aos despus la CO-NADU el gremio docente llam a un paro de dos meses: denunci que los sala-rios de sus afiliados apenas equivalan al 35% de lo que perciban en 1983.

    Las matrculas tendan a inflarse, no slo por las generaciones a las que les to-caba ingresar, sino tambin porque haba un stock de personas que no haban po-dido estudiar en la dictadura. Eso gener una eclosin sobre las instituciones, cuyos

    presupuestos eran cercanos a la penuria, recuerda Adolfo Stubrin, ex secretario de Educacin de los ministros de Educacin radicales Jorge Sabato y Julio Rajnieri (1).

    Con el objetivo de subsanar aquel cre-cimiento sin planificacin, el Ministe-rio de Educacin propuso la creacin del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un mbito de encuentro de los rec-tores para la coordinacin de polticas co-munes. No obstante, el creciente despres-tigio del Estado y sus instituciones, en me-dio de la creciente crisis socioeconmica que viva el pas, fue el caldo de cultivo ideal para las reformas neoliberales que se introdujeron en el sistema en los 90.

    Como en el resto de las reas, el gobier-no de Carlos Menem rpidamente instal el debate sobre cul era el rol del Estado en la universidad. Sobre todo, en lo referente al financiamiento. Segn escribieron Pa-blo Buchbinder y Mnica Marquina en su libro Masividad, heterogeneidad y fragmen-tacin: El sistema universitario argentino 1983-2008 (2), el por entonces secretario de Coordinacin Educativa, Cientfica y Cul-tural del Ministerio de Educacin y Justi-cia, Enrique Bulit Goi, propuso el arancel universitario en una carta dirigida a los rec-tores en 1989. El menemismo tambin su-giri la obtencin de recursos a travs de la venta de servicios a empresas privadas y al propio Estado. La poltica gener resis-tencias en toda la comunidad universitaria. Esta lnea de accin fue acompaada por otra que facilit la apertura de tantas uni-versidades privadas como las que se haban habilitado entre 1958 y 1993. Creamos 23, entre ellas la Universidad del Siglo XXI y la del Cine, se ufana Jorge Rodrguez, segun-do ministro de Educacin de Menem (3).

    Fue en este momento cuando se dise el Programa de Incentivos a Docentes In-vestigadores, un instrumento que retribua con ms dinero a aquellos profesores que permitieran que su trabajo fuese evaluado segn criterios de productividad acadmi-ca. Rpidamente, entonces, comenz a de-sarrollarse una cultura universitaria que premia la publicacin de papers con refe-rato por sobre la funcin primaria de la en-seanza en el aula; una tensin que se man-tiene hasta estos das. Algunos estudios oficiales sobre los efectos del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores re-conocen que, adems de beneficios tales como el aumento de la produccin cien-tfica, la tendencia a consolidar grupos de investigacin y el mejoramiento salarial, se han generado efectos no deseados, como el desarrollo de una apariencia de investiga-cin de bajo impacto real, exceso de com-petitividad entre colegas y falta de estabili-dad en los logros salariales obtenidos, se-alaron Buchbinder y Marquina.

    La educacin en debate

    Suplemento#17

    La universidad en democraciapor Diego Rosemberg*

    d

    Esta publicacin integra la serie de

    Cuadernos de Discusin que edita la

    Universidad Pedaggica (UNIPE)

    www.unipe.edu.ar

    Creci la oferta hacia territorios ubicados, geogrfica y socialmente, muy lejos de los estudios superiores.

  • sociales medios bajos y bajos, que tenan simblica y materialmente vedado el es-tudio superior. Por ejemplo, en la Univer-sidad de Villa Mara, Crdoba, el 93% de los graduados pertenece a la primera ge-neracin de universitarios de su familia.

    La novedosa masividad trajo aparejado otro problema: la desercin. Ni las insti-tuciones ni los docentes acostumbrados a trabajar con las lites estaban prepa-rados para atender la nueva demanda. A principios de los 90, por ejemplo, apenas el 19% de los estudiantes que ingresaban a una carrera se graduaba a trmino. En los ltimos diez aos anunci reciente-mente la presidenta Cristina Kirchner, la tasa de egreso aument un 66%. Pero an falta bastante. Por un lado, hay que dilu-cidar si efectivamente se cumple el dere-cho a una educacin superior, cuando el sistema permite el ingreso universal pero es expulsivo en sus pliegues. Otro deba-te clave que se instal con las posiciones que defienden la restriccin del ingreso es si para el pas, su economa y su mercado de trabajo, es valioso tener personas for-madas aunque sea con uno o dos aos de estudios universitarios, seala Leandro Bottinelli, investigador de la UNIPE.

    En la dcada del 90 tambin explo-taron los posgrados. Pasaron de 800 en 1994 a 1.900 ocho aos ms tarde, segn relevaron Buchbinder y Marquina. El crecimiento, sin planificacin, se debi en parte a que muchas universidades encontraron en ellos una forma de finan-ciamiento. Contribuyeron, adems, a lo que los especialistas llaman devaluacin de los crditos educativos: el mercado laboral exige cada vez ms titulaciones para acceder a un puesto de trabajo.

    tener los conflictos gremiales, e inici una recuperacin salarial de los docentes que se sostuvo en trminos constantes durante toda su gestin y en los primeros aos de la de Cristina Kirchner. Para eso, result sus-tancial el aumento del presupuesto univer-sitario que pas de 2.168 millones en 2004 a 21.700 en 2012. En trminos de PBI, el in-cremento fue de 0,48% a 1%.

    En paralelo, la CONEAU comenz a morigerar su discurso y a hablar de eva-luaciones institucionales como procesos de mejoramiento continuo. A la vez, se convirti en un dique que paraliz la crea-cin de universidades privadas.

    En su gestin, Cristina Kirchner ofreci seales para vincular la universidad con el sistema productivo y con la sociedad, a par-tir, por ejemplo, de programas de volunta-riado. Se lanz un plan estratgico para la formacin de ingenieros y el Programa Na-cional de Becas Bicentenario dirigidas a alumnos de carreras consideradas priori-tarias para el desarrollo nacional. Adems, desde 2007 se crearon nueve universida-des nacionales y una trama de universida-des provinciales entre las que se encuen-tra la UNIPE, generando una redistribu-cin de la oferta y una insercin capilar en territorios que se encontraban muy distan-tes, geogrfica y socialmente, del acceso a los estudios superiores.

    Durante el kirchnerismo hubo una serie de resoluciones ministeriales que intenta-ron morigerar la Ley de Educacin Supe-rior. Sin embargo, a pesar de que la batera legislativa reorient la poltica educativa (Ley Nacional de Educacin, Ley de Fi-nanciamiento, Ley de Garanta del Salario Docente, Ley de Educacin Tcnico-Pro-fesional, Ley de Educacin Sexual Inte-gral, etc.) no hubo hasta ahora una inicia-tiva para institucionalizar las nuevas reso-luciones del mbito universitario. El nico cambio legislativo, que no es menor, fue la redefinicin de la educacin superior co-mo un derecho, en vez de su caracteriza-cin como un servicio, tal como lo haca la normativa noventista. El secretario de Po-lticas Universitarias, Martn Gill, asegura que la nueva norma est latente. g

    1. Entrevista realizada por Julin Mnaco para la UNIPE, julio de 2013.2. Pablo Buchbinder y Mnica Marquina, Masividad, heterogeneidad y fragmentacin: El sistema universitario argentino 1983-2008, Biblioteca Nacional y Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2008.3. Entrevista realizada por Diego Herrera para la UNIPE, julio de 2013.4. Entrevista realizada por Diego Herrera para la UNIPE, julio de 2013.

    *Periodista, editor de la revista Tema (uno) de la UNIPE, docente de la Universidad de Buenos Aires.

    Hacia 1994, para avanzar sobre la autonoma universitaria, el menemismo dispuso un juego de pinzas. Por un lado, recort del presupuesto cien millones de pesos. Por el otro, cre un fondo de subsidios para fines especficos que ad-ministraba la recientemente creada Se-cretara de Polticas Universitarias. Fue un mecanismo opinaron Buchbinder y Marquina ideado para que las universi-dades acepten las iniciativas del gobier-no: once casas de estudios asintieron las polticas de evaluacin que impulsaba el Ministerio de Evaluacin a cambio de di-nero fresco.

    El gobierno de entonces dise tam-bin la Ley de Educacin Superior, vigente hasta hoy. Casi toda la comunidad univer-sitaria se resisti a ella. La aprobacin de la norma se constituy en una condicin ine-ludible para la liberalizacin de un crdito de 165 millones de dlares otorgado por el Banco Mundial, destinados al Programa de Mejoras de la Educacin Superior.

    La Ley estableci que en las universi-dades con ms de 50.000 estudiantes, ca-da facultad poda resolver discrecional-mente el rgimen de admisin, por lo que se pona en cuestin el ingreso irrestricto.

    La nueva normativa tambin posibili-taba arancelar los ciclos de grado. Lo ha-ca con argumentos propalados por orga-nismos de financiamiento internacional, que aseguraban que la universidad gratui-ta generaba inequidad en el sistema edu-cativo dado que buena parte de los estu-diantes del nivel superior pertenecan a familias con ingresos medios y altos. Este argumento, de fcil impacto en la opinin pblica, pretenda ejercer un principio de justicia distributiva en el interior del siste-ma, destinando ms inversin a niveles b-sicos, a los que accedera mayor cantidad de personas en situacin de pobreza, ana-lizaron Buchbinder y Marquina.

    El ltimo ministro de Educacin mene-mista, Manuel Garca Sol, lo dice de for-ma explcita: Soy partidario del ingreso restricto a la universidad, tiene que formar a las lites. Creo frreamente en los siste-mas de examen de ingreso con becas para no dejar afuera a ningn talento. No creo en el igualitarismo, creo en la igualdad, que son dos cosas absolutamente distintas (4).

    Tambin fue una fuente de debate la creacin de la Comisin Nacional de Eva-luacin y Acreditacin Universitaria (CO-NEAU), un organismo descentralizado y autnomo que buscaba fijar estndares sobre la calidad de las instituciones, lo que implicaba en los hechos una forma de regulacin estatal de la autonoma uni-versitaria. La creacin de este organismo y la poltica de asignacin de recursos de acuerdo a metas y resultados instal en la educacin superior una nueva tensin que estuvo presente a lo largo de esa dca-da: lo tcnico versus lo poltico.

    Aunque parezca paradjico, el gobier-no de Menem cre el Instituto Universi-tario Nacional de Artes y once nuevas uni-versidades nacionales, seis de ellas en el conurbano bonaerense. Las grandes ins-tituciones dominadas polticamente por el radicalismo se opusieron a esta pol-tica, que fue vista como un intento de li-cuar su matrcula y su espacio de poder, sobre todo dentro del Consejo Interuni-versitario Nacional (CIN). Argumenta-ban, tambin, que esas nuevas casas de estudio sobre todo las creadas en terri-torio bonaerense tenan ms que ver con intercambios de favores polticos que con la planificacin educativa.

    No obstante, las nuevas universidades, en trminos generales, no disputaron las matrculas de las ms antiguas, sino que permitieron la incorporacin de sectores

    Hacia el final de su mandato, Menem in-tent aplicar un recorte presupuestario de 1.300 millones de pesos, de los cuales 280 correspondan al rea de Educacin, prin-cipalmente en el nivel superior. La reac-cin del sistema universitario determin la renuncia de la ministra Susana Decibe. La medida finalmente no se implement, aunque pocos meses despus, el ministro de Economa del gobierno de la Alianza, Ricardo Lpez Murphy, volvi a la carga y anunci una poda de 361 millones de dla-res, el equivalente al 20% del presupuesto universitario del ao 2001. La medida es-ta vez no slo eyect al ministro de Educa-cin, Hugo Juri, sino tambin al de Econo-ma. Lpez Murphy fue reemplazado por Domingo Cavallo, quien logr instaurar un ajuste en todas las reas del Estado inclui-da la universidad de un 13%.

    La crisis de representatividad poltica que estall en el 2001 tambin hizo trizas el modelo de partidos que se haba instala-do en las universidades. Al igual que en to-da la sociedad, hubo un alto grado de con-flictividad. En la UBA, por ejemplo, el ac-tual rector, Ruben Hall, debi asumir en el Congreso Nacional, luego de ocho me-ses de acefala, tras varias asambleas frus-tradas por el activismo de los estudiantes en la sede del Rectorado. Los viejos esta-tutos universitarios comenzaron a ser cuestionados, producto tambin del creci-miento no planificado. Muchos docentes auxiliares, por ejemplo, eran interinos y ad honorem, razones por las cuales estaban marginados de los actos electorales. En al-gunas instituciones comenz a escucharse la consiga una persona, un voto.

    Para el presidente Nstor Kirchner, una de las principales preocupaciones fue con-

    II | La educacin en debate La universidad en democracia

    Wilfredo Lam, sin ttulo, 1939 (Gentileza Christies)

    d

    Errata En el nmero de agosto de La educacin en debate se ha deslizado un error en el artculo Pensarse como agente estatal, de Sebastin Abad. En donde aparece la palabra autoritariamente debi decir autoritativamente. As, entonces, quedara ese tramo de la nota: Si estamos de acuerdo en que el Estado es una instancia legtima y crucial en la construccin del lazo social, pero tambin en que la ciudadana y la pertenencia a la comunidad poltica se juegan intensamente en la escuela, seguramente podremos imaginar hasta qu punto es importante que los docentes nos pensemos como agentes del Estado. Este pensamiento no es una ideologa, una utopa o un cdigo profesional, sino en lo que a la escuela se refiere un conjunto de despliegues terico-prcticos enmarcados en una institucin estatal estructurada autoritativamente.

  • La nueva Ley est latente

    La educacin en debate | III

    Un derecho ciudadano

    Actual candidato a diputado de la Nacin, el ex rector de la Universidad de Villa Ma-ra repasa las ltimas tres d-

    cadas de la vida universitaria y define cules son sus polticas de accin des-de el Ministerio de Educacin.

    Qu tensiones vivi la universidad en estas tres dcadas?La universidad de la democracia no estuvo separada de los modelos de na-cin de cada etapa. El objetivo central de Alfonsn fue la normalizacin, re-cuperar la democracia universitaria a travs del cogobierno, encauzar la militancia estudiantil. Pero no hubo debates profundos, ms all del creci-miento de la matrcula al revertirse la poltica de ingreso restrictiva del go-bierno militar.

    Y en los 90 hubo debates fuertes?S, se construy un modelo de univer-sidad vinculado al Consenso de Wash-ington. En el pas, la economa ocupa-ba el centro de la poltica, la salud, la educacin. En la universidad se ex-pres en la Ley de Educacin Supe-rior, cuyos objetivos implcitos, como la limitacin de la autonoma, despus en la prctica no se aplicaron. La Ley transformaba a la universidad en un servicio en vez de un derecho. Hubo incipientes arancelamientos, se ensa-yaron alternativas de financiamiento para que no recayera sobre el Estado. No se promocion la enseanza tc-nica, aparecieron ofertas acadmicas vinculadas a los servicios: el marke-ting, la comercializacin. Surgieron conceptos relacionados con los man-datos del FMI y el Banco Mundial: acreditacin, evaluacin. No obstan-te, continu la expansin. Parece una paradoja, pero no se detuvo una mar-ca de todos los gobiernos peronistas: la creacin de nuevas universidades.

    Desde el progresismo se acus al go-bierno menemista de crearlas para debilitar a la UBA, un bastin del ra-dicalismo.Hubo apreciaciones que el tiempo transform en ancdotas. La UBA no perdi su matrcula y se incorporaron miles de universitarios que no hubie-ran podido hacerlo de otra manera. Hubo recontextualizaciones por las resistencias del sistema universitario que, por ejemplo, se opuso a la crea-cin de la Comisin Nacional de Eva-luacin y Acreditacin Universitaria (CONEAU). Pero si hoy se debatiera una nueva ley, las universidades pe-diran un organismo de evaluacin y acreditacin.

    Como la CONEAU?La CONEAU reconceptualiz su exis-tencia; evit la ola privatista que vivi el resto de Amrica Latina. De ms de cien proyectos de universidades pri-vadas, aprob menos de una decena. Tambin permite compensar un sis-

    Filsofo y politlogo, gradua-do de la Universidad de Ro-sario, recordado docente de la Facultad de Ciencias Socia-

    les de la UBA y rector desde 2010 de la Universidad Nacional de General Sar-miento, Eduardo Rinesi tiene una vas-ta trayectoria como intelectual com-prometido con la universidad como espacio estratgico desde el cual forta-lecer el desarrollo del pas y el desplie-gue de la democracia. Desde su punto de vista, en los ltimos 30 aos se ha profundizado una transformacin en el sistema universitario que redefini el sentido de la educacin superior, ya no como privilegio de las lites, sino como un derecho ciudadano.

    En los ltimos 30 aos se produje-ron dos de las tres grandes olas expan-sivas de la universidad argentina co-menta. La primera haba sido a fines de los 60, con el llamado Plan Taquini. Las otras dos fueron: una a comienzos de los 90, bajo el menemismo, y otra en los lti-mos diez aos, cuando se crearon nueve universidades. Fueron tres momentos ideolgicos y polticos muy diferentes: desarrollista-modernizador uno, neo-liberal otro, populista-democrtico el tercero. Los tres, vistos en conjunto, produjeron una gran transformacin en el sistema universitario, que pas de ser un sistema chico hecho de univer-sidades grandes, a ser uno muy grande, de cerca de medio centenar de univer-sidades y con amplia extensin geogr-fica. Segn Rinesi, esta mutacin tiene muchas consecuencias. Entre ellas, una clave: No hay ningn joven argentino con inters en estudiar que no tenga una universidad pblica, gratuita y buena a una distancia razonable de su casa.

    Esto significa que se ampla el nme-ro de jvenes que pueden imaginar para s un destino universitario, algo que pa-reca vedado para muchos de ellos has-ta hace poco. Se suma a esto otra cosa agrega, que es la obligatoriedad de la educacin secundaria por una ley na-cional. Por supuesto que una ley no hace que la gente pueda cumplir con ella ip-so facto, pero en la medida en que haya polticas pblicas que ayuden a que esa obligatoriedad sea efectiva, podrn con-currir a la universidad.

    Aqu se vislumbra, para Rinesi, el n-cleo duro de este cambio: La posibili-dad de representarnos por primera vez la educacin universitaria como un de-recho ciudadano. En efecto, la univer-sidad siempre se concibi a s misma, en todo el mundo, como una institucin encargada de producir lites. Ahora es posible imaginarla de otro modo tal como qued plasmado en 2008, en una declaracin durante la Conferencia Re-

    tema federal de profundas asimetras. Cuando la CONEAU establece estn-dares de acreditaciones, el Estado me-diante polticas de asistencia econmi-ca posibilita que las universidades que estn por debajo de ellos reciban ayuda para alcanzarlos.

    Cul es el proyecto universitario del kirchnerismo?La Alianza someti a las universida-des a un ajuste; era una de las variables para que cerrara la economa. Nstor Kirchner comenz a revertirlo. Pasa-mos de un presupuesto universitario que equivala al 0,52 del PIB, al 1,02. Se modific la Ley de Educacin Supe-rior: ya no se habla de un servicio sino de un derecho a garantizar por el Es-tado. Se crearon nueve universidades, para que cada provincia pudiera tener al menos una, y para completar la ma-lla del conurbano. Son una herramien-ta de desarrollo y movilidad social for-midable: en la de Villa Mara, el 93% de los graduados es primera genera-cin de universitarios. El sistema tiene 500.000 nuevos estudiantes, la matr-cula creci un 31%. Hay 71.000 cargos nuevos de docentes y no docentes.

    Aument la matrcula, pero el desgra-namiento de los estudiantes contina.Inclusin no es slo acceder, sino per-manecer y graduarse. Por eso imple-mentamos programas que incremen-taron en un 80% la tasa de graduacin en una dcada. Resta muchsimo; pero en un plan estratgico los cambios no se dan en meses. Trabajamos con herra-mientas interesantes: la territorialidad permite mejorar la retencin; la vin-culacin con el sector productivo y los cambios de las currculas evitan tensio-nes entre el mundo del trabajo y la aca-demia por ver quin se queda con el es-tudiante. Respondimos a las demandas: abrimos Ingeniera en Pesca y en Bio-tecnologa, reabriremos Ingeniera Fe-rroviaria y otras carreras vinculadas al desarrollo de YPF. La universidad debe plantearse qu hacer para el desarrollo del pas, cmo vincularse con el terri-torio y contribuir al crecimiento de las economas regionales.

    Por qu el Gobierno no impuls una nueva Ley de Educacin Superior? En esta dcada el sistema universitario trabaj sobre consensos. Creo que en un tiempo puede haber una nueva ley. El Gobierno tiene latente una norma que d rango legislativo a las disposiciones ministeriales que se tomaron para rein-terpretar la Ley de los 90. La nueva ley debera eliminar todo vestigio de aran-celamiento y avanzar en la poltica de becas y de calidad. Eliminara la posibi-lidad de que agencias privadas puedan acreditar y evaluar. Tambin tendra que reconocer al voluntariado universitario e impulsar lo que es el espacio latinoa-mericano del conocimiento. g

    D.R.

    gional de Educacin Superior (CRES) en Cartagena de Indias, segn la cual la educacin superior es un bien pblico y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados.

    Rinesi reconoce que sigue habiendo cierta dificultad de los docentes univer-sitarios para imaginar su tarea en estos nuevos trminos. Uno puede pensar, frente a la enseanza y frente a los es-tudiantes, cosas muy diferentes: Lle-gan llenos de carencias, traen enormes problemas de la secundaria, este mu-chacho va a tener que hacer un enorme esfuerzo, si no, no va a poder terminar, etctera. Pero si uno se concibe a s mis-mo como el agente pblico pagado, y no mal, por el Estado para garantizarle a ese muchacho el ejercicio exitoso de su derecho a la educacin superior, cambia totalmente la representacin sobre uno mismo y sobre la tarea a realizar. Rine-si est convencido de que la universidad no puede seguir justificando su fracaso escudndose en los errores de otros. Por supuesto que hay que mejorar la escuela secundaria y la primaria. Pero si nos re-presentamos la educacin, toda ella, co-mo un derecho, el sistema educativo en su conjunto debe hacerse cargo de los ciudadanos que tiene frente a s.

    La tarea central de la universidad es, para l, la docencia. Si entendemos que la universidad es la agencia pblica en-cargada de garantizar el ejercicio de un derecho, el de aprender, pues entonces hay que ensear aade. Por supues-to hay que hacer todo lo dems: inves-tigar, publicar. Pero no cumplimos bien nuestra tarea si un porcentaje alto de nuestros estudiantes no termina sus ca-rreras, asegura el autor de Cmo te lo puedo decir, un reciente estudio sobre la obra de Oscar Landi. Y esto implica prestigiar mucho la tarea de los docen-tes y de la enseanza.

    En los 90, explica Rinesi, hubo un movimiento opuesto, con dos grandes lneas. Por un lado, el programa de in-centivos materiales y simblicos pa-ra los investigadores-docentes como se los empez a llamar que prestigi la investigacin por sobre la docencia. Por el otro, el inicio de una carrera loca por titulaciones de posgrado: no digo por estudios, porque eso es algo muy bue-no. Me refiero al negocio pblico y pri-vado de las titulaciones, que supuso una degradacin de las exigencias para una tesis de posgrado y una carrera hacia el abismo, con vidas acadmicas sin senti-do pero llenas de ttulos. g

    *Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicacin (UBA).

    por Agustn Scarpelli*

    Martn Gill, seCretario de PoltiCas Universitarias edUardo rinesi, reCtor de la Universidad naCional de General sarMiento

    ResponsabilidadLos estudiantes tienen derecho a estar en la universidad y cursar sus estudios superiores. Las nuevas uni-versidades pblicas del conurba-no tienen la fuerte responsabilidad, en consonancia con las polticas na-cionales, de incorporar a sectores excluidos histricamente de los es-tudios superiores. Con el tiempo va-mos a tener que dar cuenta de esa responsabilidad con respecto al in-greso, y evaluar si los programas fueron adecuados y permitieron graduarse a tiempo. (Nancy Ganz, vicerrectora de la Universidad Na-cional de Avellaneda)

  • Ms concursos, menos corsets

    Usina de pensamiento crtico

    Alberto Kornblihtt es un desta-cado bilogo y doctor en Qu-mica que se desempea como profesor titular plenario en la

    Facultad de Ciencias Exactas y Natura-les de la Universidad de Buenos Aires. Adems, es investigador superior del CONICET y recibi numerosos pre-mios y distinciones por su labor cien-tfica. En esta entrevista, se detiene a analizar algunos aspectos centrales de estos treinta aos de democracia en la universidad.

    Cmo evala el recorrido de la univer-sidad durante los ltimos treinta aos?Con altibajos y contradicciones, se ha recuperado plenamente una democra-cia cuyos baluartes estn en el cogo-bierno de los claustros y en la apertu-ra de los concursos docentes. En la Fa-cultad de Ciencias Exactas hoy en da no se puede acceder a ningn cargo si no es por concurso. Cuando se trata de cargos interinos, si bien no hay un con-curso autorizado por la universidad, se hace una seleccin interina autoriza-da por la Facultad que tambin implica oposicin y evaluacin de anteceden-tes. Y en esta Facultad en particular no se acepta la docencia ad honorem.

    Qu dificultades afront la universi-dad pblica durante la democracia?Hubo un gran ataque a la universidad pblica por parte del gobierno de Car-los Menem y medidas que pretendie-ron disciplinarla para ajustar el presu-puesto. Se busc encarrilarla hacia una mayor privatizacin del conocimiento y hacia una educacin con enseanza de grado de baja calidad y gratuita pa-ra, supuestamente, favorecer un pos-grado pago donde la calidad fuera ms alta. El discurso pblico, difundido a travs de los agentes mediticos, pre-tenda descalificar a la universidad p-blica, y esto vena acompaado de una propaganda a favor de las universida-des privadas.

    Emilio Cornaglia es estudian-te de Derecho en la Univer-sidad Nacional de Crdoba y desde junio de 2012 es el pre-

    sidente de la FUA (Federacin Uni-versitaria Argentina), la histrica fe-deracin estudiantil que naci junto con la reforma universitaria de 1918. La universidad reflexiona debe hacer un esfuerzo ms grande del que ha hecho por salirse del ensimisma-miento y pasar a ser un factor deter-minante en la proyeccin como pas. Para eso hace falta que se respete a la universidad como usina crtica de pensamiento.

    El presidente de la FUA reconoce tres etapas de la universidad en los l-timos treinta aos: la normalizacin democrtica; los intentos de reformas neoliberales durante los 90, y una l-tima dcada marcada por las polticas kirchneristas. El aumento del PIB para la educacin superior, si bien es bueno y verificable, esconde algunas cosas explica. No es el sistema uni-versitario el que decide cmo admi-nistra sus fondos, sino que el gobier-

    Actualmente, qu rol cumple la Comi-sin Nacional de Evaluacin y Acredita-cin Universitaria (CONEAU)?Hay algunos que piensan que el papel de la CONEAU depende de la calidad de sus miembros, y que si sus miembros son per-sonas razonables y calificadas entonces no deberamos oponernos a que fiscali-cen la calidad de las carreras de grado y posgrado. Mientras que un mismo instru-mento se ocupe de las universidades p-blicas y de las privadas, yo estoy en contra. A la educacin privada hay que controlar-le la calidad y no meterles corsets a las uni-versidades pblicas. No se puede preten-der que una misma carrera se curse del mismo modo en distintas universidades. El carcter universitario es de ebullicin de conocimiento, de diversidad de cono-cimiento, de discusin constante.

    Qu ha cambiado en la universidad du-rante la ltima dcada?A nivel CONICET y universidad hubo una jerarquizacin de los salarios que ahora se achat un poco. Tambin ha au-mentado el presupuesto de las universi-dades, en particular en la proporcin co-rrespondiente a los rubros que tienen que ver con el funcionamiento institucional.

    Cmo podra ser ms inclusiva la uni-versidad?Hay que mejorar la escuela secundaria estatal para que haya un mayor ingreso de sectores populares. Adems, hay que pro-pagandizar la existencia de carreras que se salen de lo clsico. Hay que entender que el pas necesita gelogos e ingenie-ros, hay que desmitificar que la matem-tica, la qumica y la fsica son difciles. En el nivel universitario hay que ofrecer ms y mejores becas para que en aquellas ca-rreras que tienen una carga horaria muy grande el alumno no tenga que trabajar, y hay que aumentar la oferta de turnos no-che para el alumno que trabaja. g

    *Licenciado en Ciencias de la Comunicacin (UBA) y docente; colabora con el equipo editorial de UNIPE.

    no de turno elige a quin y para qu otorga esos fondos. Cornaglia tam-bin considera positiva la creacin de nuevas universidades pblicas pero sostiene que la comunidad univer-sitaria debe recuperar el control de esos espacios y correr a quienes hoy los estn manejando como estructu-ras polticas territoriales.

    El movimiento estudiantil fue, se-gn el actual presidente de la FUA, un protagonista clave en la recupe-racin de la democracia universitaria durante los 80, y en los 90 pudo re-sistir una visin ms mercantil de la educacin a partir de la sancin de la Ley de Educacin Superior. Aun-que desde el 2001, la crisis de repre-sentacin poltica afect tambin la legitimidad de la FUA, Cornaglia piensa que esa tendencia comenz a revertirse: El mejor indicador de la recuperacin de un movimiento es-tudiantil crtico y con capacidad de construir y articular con sectores po-pulares es que el kirchnerismo haya intentado crear una Federacin para-lela en 2012.

    Con respecto a la calidad de la de-mocracia universitaria, Cornaglia defiende el actual sistema de cogo-bierno, aunque lamenta que muchos vicios de la poltica territorial hayan entrado a la universidad y lo desnatu-ralicen. Y concluye: El mayor dfi-cit del sistema universitario est en la cultura poltica y no en el sistema en s mismo. g

    D.H.

    Staff UNIPE: Universidad Pedaggica

    rector Adrin CannellottovicerrectorDaniel Malcolm

    Editorial Universitariadirectora editorial Flavia Costaeditor de Cuadernos de discusinDiego RosembergredactoresDiego HerreraAgustn Scarpelli

    IV | La educacin en debate La universidad en democracia

    alberto Kornblihtt, doCente e investiGador eMilio CornaGlia, Presidente de la FUa

    Estatutos y representatividad El estatuto universitario de 1958, que en algn momento pudo haber sido progresi-vo, hoy no responde a una posibilidad democrtica en la universidad. Ese carcter an-tidemocrtico se expresa en la forma en que se designa a los representantes de cada uno de los claustros. El claustro de profesores solamente representa a un porcentaje mnimo de los docentes de la Universidad de Buenos Aires porque lo integran aque-llos que estn concursados y tienen cargo de titular, asociado o adjunto, pero la gran mayora son docentes auxiliares y no estn concursados. Sin embargo, este claustro tiene la mitad de la representacin del Consejo Superior y de los Consejos Directivos en cada Facultad. Adems, los estudiantes deberan tener mayor representacin y los no docentes deberan estar representados. Otro problema es la supervivencia del claustro de graduados porque ellos, en general, no tienen ninguna vida en la Facultad y vienen a votar por medio de mquinas electorales. (Santiago Gndara, secretario general de la Asociacin Gremial Docente)

    por Diego Herrera*