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Unidad 1 2015-16. IES BÁRBARA DE BRAGANZA

“LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII Y EL REFORMISMO BORBÓNICO”

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Fechas: 1700, 1707-1716 y 1713.

Personajes: Felipe V, Carlos III, Godoy, Jovellanos.

Términos: Antiguo Régimen, Decretos de Nueva Planta, Desamortización, Ilustración y Mayorazgo.

Cuestiones (asociadas a los textos 1 y 2):

• Centralización y reformas administrativas en el siglo XVIII. España y América. • Política exterior de los Borbones: de Felipe V a Carlos III. • La provincia de Extremadura en el Antiguo Régimen. Aspectos políticos y

administrativos. • Características demográficas y sociales del siglo XVIII. • El reformismo económico de los Borbones. • Extremadura en el siglo XVIII. Aspectos económicos, demográficos y sociales.

El siglo XVIII ofrece la singularidad de constituir la zona de transición entre el Antiguo Régimen y el inicio de las revoluciones que impusieron una nueva organización social, económica y política, conocida como liberalismo burgués. Es éste, por tanto, un siglo en el que convivieron lo viejo y lo nuevo, iniciándose una serie de reformas que pretendían mejorar la anquilosada sociedad tradicional.

La llegada de los Borbones al trono español significó la implantación del absolutismo. Con Carlos III, los ilustrados encontraron a un convencido defensor de la necesidad de reformas, eso sí, sin poner nunca en duda el poder y autoridad reales. La experiencia de dicha colaboración dio lugar a lo que conocemos como reformismo borbónico. Finalmente los hechos internacionales (Revolución Francesa e Imperio napoleónico) alterarán profundamente el reinado de Carlos IV, iniciándose la crisis del Antiguo Régimen.

1.- UNA NUEVA DINASTÍA: LOS BORBONES La dinastía borbónica implantará en España el absolutismo, la última fórmula del poder

político del Antiguo Régimen. Apareció en Francia en el siglo XVII, como resultado de la evolución de la monarquía autoritaria de los siglos XV-XVII, que en España encarnaron los Austrias. La llegada al trono español de la dinastía francesa de los Borbones significó la implantación de dicha fórmula política en nuestro país.

1.1. La Guerra de Sucesión y sus consecuencias: Paz de Utrecht

En 1700, el último monarca de la casa de Austria, Carlos II, murió sin descendencia directa. Los candidatos a ocupar el trono, por sus vínculos familiares, eran fundamentalmente Felipe d’Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de la princesa española María Teresa de Austria, y el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. El testamento del rey Carlos II designaba como su sucesor al candidato Borbón, que fue proclamado rey en 1701, bajo el título de Felipe V.



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Su acceso al trono español fortalecía el poder de los Borbones en Europa y, rápidamente, Gran Bretaña, Holanda y Portugal declararon su apoyo al candidato austríaco y entraron en guerra contra Francia y España. De manera que la sucesión al trono español pasó de ser un conflicto interno a un grave problema de política internacional.

Sucesión al trono español

En España la cuestión sucesoria también había dividido a los territorios peninsulares. Castilla

se mostró fiel a Felipe, a excepción de parte de la gran nobleza, temerosa de perder poder e influencia ante el absolutismo borbónico. En cambio, en la Corona de Aragón, especialmente en Valencia y Cataluña, no sólo las clases populares, sino también las instituciones respaldaron al candidato austríaco. Diversos eran los motivos de este apoyo: el mal recuerdo dejado por las tropas francesas en Cataluña durante el levantamiento de 1640 y el temor de las instituciones a perder su poder ante las tendencias centralizadoras y uniformizadoras de la nueva monarquía. El hecho es que el enfrentamiento entre los dos candidatos al trono derivó en una guerra civil, que se desarrolló durante casi una década.

Los ejércitos de Felipe V controlaron la mayoría del territorio y, a excepción de algunas contraofensivas austríacas, sólo una parte de Cataluña resistió a la ocupación después de 1707. En cambio, en el plano internacional, las fuerzas estuvieron bastante equilibradas y los Borbones eran incapaces de derrotar a las fuerzas aliadas que apoyaban a Carlos de Habsburgo. Pero, en 1711, un hecho cambió el curso de los acontecimientos: a la muerte del emperador de Austria, José I, el título imperial recayó en el archiduque Carlos. Ahora el peligro para el equilibrio europeo lo constituía un Habsburgo en el trono de ambos reinos. Los ingleses y los holandeses manifestaron su interés en acabar la guerra y reconocer a Felipe V como monarca español.

En el Tratado de Utrecht (1713), se firmó la paz a cambio de importantes concesiones a Austria, que se quedó con el Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña, y a Gran Bretaña, que recibió Gibraltar y Menorca como compensación, junto a privilegios comerciales con la América española.



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Firmada la paz, sólo Barcelona y algunas otras ciudades de Cataluña se oponían a la ocupación borbónica. Las Cortes, reunidas en Barcelona, decidieron resistir y se inició un sitio de catorce meses a la ciudad. El 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V tomaron Barcelona, y en 1715 ocuparon Mallorca

1.2. Centralización y reformas administrativas en el siglo XVIII. España y América

En la fórmula política del absolutismo, el monarca absoluto constituía la encarnación misma del Estado: de él era el territorio y de él emanaban las instituciones. Su poder resultaba prácticamente ilimitado, era fuente de ley, autoridad máxima de gobierno y cabeza de la justicia.

Instalados a principios del siglo XVIII en el trono español, los Borbones impusieron, con las lógicas diferencias, el modelo de absolutismo monárquico implantado en Francia en el siglo XVII con Luis XIV. Con esta nueva concepción, asumieron la tarea de unificar y reorganizar, a su criterio, los diferentes reinos peninsulares. Ello significó la pérdida de la soberanía, esencialmente, de los territorios de la Corona de Aragón, que pasó a ser integrada en un modelo uniformizador y centralista.

Felipe V, mediante los Decretos llamados de Nueva Planta (Valencia y Aragón, 17071; Mallorca, 1715, y Cataluña 1716) impuso la organización político-administrativa de Castilla a los territorios de la antigua Corona de Aragón. Así, con la excepción de Navarra y el País Vasco que mantuvieron sus fueros por haber permanecido fieles a Felipe V, todo el territorio constituyó una única estructura de carácter uniforme. Es cierto que los decretos de Nueva Planta respondieron en parte a motivos de represalia por la oposición que presentaron los reinos de la Corona de Aragón. Pero lo más probable es que se hubieran aprobado de todas formas.

En la administración central, la Nueva Planta abolió las Cortes de los diferentes reinos de la Corona de Aragón, integrándolas en las de Castilla, que de hecho se convirtieron en las Cortes de España. Consideradas incompatibles con la autoridad del monarca, las Cortes sólo se reunían a petición del rey y para jurar al heredero. El Consejo de Aragón fue abolido y el Consejo de Castilla se constituyó como el órgano esencial de gobierno del país, que ejercía funciones consultivas, tenía facultades legislativas y judiciales y actuaba como Tribunal Supremo de justicia. Ahora bien, por encima del Consejo de Castilla y de las propias Cortes se situaba el poder del monarca, que intervenía y decidía en todos los asuntos del Estado. Su labor era auxiliada por las Secretarías, sustitutas de los antiguos Consejos, parecidas a los actuales ministerios. Los secretarios eran nombrados y destituidos por el rey.

Los Borbones intentaron, asimismo, organizar de forma uniforme para todo el territorio la administración territorial y para ello se eliminó los antiguos virreinatos (con excepción de los de tierras americanas) y crearon demarcaciones provinciales. Al frente de cada una nombraron a un capitán general con atribuciones principalmente militares y que ejercía como gobernador, mientras que la justicia recaía en las Audiencias, que también fueron reformadas. También se suprimieron las fronteras que separaban los reinos entre sí y se impuso el castellano como lengua oficial.

La Nueva Planta incidió también en la administración local al suprimir las autonomías municipales; se extendió a todo el territorio la figura del corregidor, representante de la autoridad real para el control de las principales ciudades y los regidores. Desaparecieron el Consell de Cent de Barcelona, el Consell de Mallorca y los consejos municipales de Valencia y Zaragoza.

La mayoría de las reformas consistieron en extender instituciones castellanas al resto del Estado, pero los Borbones implantaron una nueva figura, de inspiración francesa: los intendentes. Estos funcionarios dependían directamente del rey, gozaban de amplios poderes, y tenían como misión la recaudación de impuestos y la dinamización económica del país: controlar a las autoridades locales, cuidar de las Reales Fábricas, impulsar el desarrollo de la agricultura y la ganadería, las obras públicas, la justicia y el orden público. 1 Texto 1 de la Selectividad 2 Texto 2 de la selección de las pruebas de acceso a la universidad.



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Otro aspecto en el que el gobierno borbónico insistió especialmente fue la reivindicación de la autoridad de la Corona sobre la Iglesia española (Regalismo), que se manifestaba en el derecho del rey a elegir a los prelados, a cobrar las rentas de las sedes obispales vacantes, a limitar la jurisdicción de la Iglesia en determinados temas y en disminuir la presencia de las órdenes religiosas.

En cuanto a administración de la América española, tras la pérdida del control del comercio con América en el siglo XVII, los Borbones racionalizaron la administración de América, fomentaron un desarrollo económico diversificado, más allá que la explotación de metales preciosos y respetaron parte de administración de los Austrias (virreinatos, audiencias, corregimientos) aunque la perfeccionaron. Así, aumentaron de dos a cuatro el número de virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y El Río de la Plata). Sin embargo, eliminaron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. A partir de 1764 se extendieron las intendencias a América. La reforma administrativa de América permitió un control más estrecho de este territorio.

1.3. La evolución política: los primeros Borbones: Felipe V y Fernando VI.

El reinado de Felipe V estuvo marcado por su carácter enfermizo e inestable, estando dominado desde el principio por quienes le rodeaban. Durante la Guerra de Sucesión, fueron los administradores franceses los que llevaron la política, apartando a la aristocracia española. En su lugar promocionaron a burócratas profesionales. En 1714, tras la muerte de su primera esposa, se acordó el matrimonio con Isabel de Farnesio, de fuerte carácter y quien impulsaría un giro radical. Subordinó los intereses españoles a una política encaminada a recuperar los dominios en Italia. Con Isabel llegaron los consejeros italianos, el principal de los cuales fue el cardenal Alberoni.

En enero de 1724 comenzó el brevísimo reinado de Luis I, cuando Felipe V, tras una profunda depresión abdicó y entregó la corona a su primogénito. Pero la muerte temprana de Luis provocó el regreso al trono de Felipe. Poco después se convirtió en el principal secretario José Patiño, quien con colaboradores eficaces impulsó un programa de rearme que permitiría la conquista de territorios en Italia.

En 1746 comienza el reinado de Fernando VI, protagonizado por la figura del Marqués de la Ensenada, quien acumuló en su persona casi todas las secretarías. Su programa político se encaminaba a reforzar el estado absoluto, pero con una política más avanzada. Había que conseguir el crecimiento económico que permitiera modernizar el país y potenciar y proteger el imperio colonial, reforzando la Armada. Entre sus proyectos también destacó la reforma fiscal. Esta reforma pretendía sustituir el complicado sistema impositivo por una única contribución: el catastro, que incluiría a los estamentos privilegiados. Pero la oposición de éstos últimos llevaría a abandonar el proyecto. No obstante se consiguió aumentos los ingresos y se liberalizo el comercio colonial y el de granos en el interior. El balance final del reinado era positivo: la situación interna era más prospera y el potencial militar de España en el exterior se había incrementado.

2. LA POLÍTICA EXTERIOR

El reinado de los Borbones se inició con una importante pérdida de poder e influencia de la Corona española en el contexto internacional. Tras el final de la Guerra de Sucesión, el Tratado de Utrecht (1713) permitió a Felipe V salvar el trono, pero a cambio de ceder todas las posesiones en Europa. La pérdida de peso en el conjunto europeo libró, sin embargo, a la monarquía de la pesada carga militar y financiera que había supuesto en los siglos XVI y XVII el mantenimiento de las posesiones europeas. Los Borbones pudieron volver sus ojos al interior del país y concentrar sus energías en mejorar la situación de España. Los principales objetivos de la política exterior se concentraron en la recuperación de Gibraltar y Menorca y en la defensa del imperio colonial. En ambos objetivos, el enemigo era Inglaterra, y la aliada natural, Francia, unida además por lazos familiares.

Aunque fue un siglo de relativa paz y estabilidad, no faltaron acontecimientos bélicos en los que España se vio implicada. Los principales enfrentamientos se produjeron por defender los



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intereses españoles en Italia, debido al empeño de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, quien buscaba garantizar territorios como Nápoles, Parma y Módena para sus hijos. Inicialmente, la política belicista liderada por Alberoni se saldó con derrotas que obligaron a su sustitución y a la búsqueda de aliados en el panorama internacional. Esencialmente, los intereses españoles en Italia conllevaban el enfrentamiento con Austria. En busca de aliados, Felipe V firmó una serie de pactos con Francia (Pactos de Familia) que ligaron a lo largo del siglo XVIII los intereses de ambas monarquías. En 1733 se firmó el primer pacto durante la guerra de sucesión al trono de Polonia. Este conflicto permitió a España ocupar Nápoles y Sicilia, entregados al príncipe Carlos. En 1743 se firma el segundo pacto con Francia que lleva a España a combatir en la guerra de sucesión austríaca; la paz firmada en Aquisgrán concedió los ducados de Parma y Piacenza.

La llegada al trono de Fernando VI, inauguró una época de neutralidad en la política exterior española. Sus esfuerzos se dirigieron a la reestructuración del ejército, a la reconstrucción de la flota y a mejorar la administración de las colonias americanas. En esta empresa, el monarca contó con eficaces colaboradores como el marqués de la Ensenada.

La rivalidad atlántica con Inglaterra presidió la política exterior durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Se puso fin a la neutralidad anterior y se firmó el Tercer Pacto de Familia que arrastra a España a participar en nuevas guerras. Así, España intervino en la Guerra de los Siete Años junto a Francia. La derrota supuso la entrega a Inglaterra de Florida y zonas de México, mientras la Luisiana francesa pasaba a España. Más tarde, cuando estalla la guerra de Independencia de Estados Unidos, España y Francia apoyan a los colonos americanos. Por el tratado de Versalles (1783) España recuperó Florida, los territorios de México y Menorca pero no se logró Gibraltar.

En conjunto, la política exterior española antes de 1790 tuvo resultados dudosos. Durante muchos años se centró en Italia, que nada tenía que ver con los intereses españoles. Después los Pactos de Familia permitieron un papel activo pero arrastró al país a conflictos de los que no se sacó un gran provecho. Pese a todo, el objetivo esencial, el mantenimiento del imperio español, pudo alcanzarse. Sin embargo, el endeudamiento de la última guerra influirá decisivamente en las décadas siguientes.

El panorama se transformará durante el reinado de Carlos IV. Las tensiones internacionales marcadas por los sucesos revolucionarios de Francia involucrarán a España en una serie de conflictos que arruinarán el esfuerzo de reinados precedentes. Esta etapa estará marcada al principio por las luchas contra la Francia revolucionaria (1793-95), para después iniciarse una alianza francoespañola frente a Inglaterra (Tratados de San Ildefonso), que llevará a enfrentamientos con Inglaterra y Portugal (“Guerra de las Naranjas”) que culminarán con la derrota de Trafalgar (1805). No obstante la alianza con la Francia napoleónica se mantendría hasta el inicio de la Guerra de Independencia en 1808.

3.-SOCIEDAD Y ECONOMÍA: LA PERVIVENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN La España del siglo XVIII se caracteriza, como el conjunto de Europa, por la pervivencia de

un sistema económico y social que los historiadores han llamado Antiguo Régimen, término acuñado tras la Revolución Francesa de 1789.

3.1. Características demográficas y sociales del siglo XVIII

El siglo XVIII es un período de crecimiento demográfico (de 7 a casi 11 millones). Ahora bien, no fue un crecimiento uniforme, más alto en la periferia que en el interior. El país mantuvo la estructura de población propia del ciclo demográfico antiguo: altas tasas de natalidad y mortalidad. Se produjo una disminución parcial de las mortandades catastróficas, gracias a la desaparición de la peste, la ausencia de guerras internas y la adopción de algunas medidas sanitarias. Sólo en la última década comenzaría anotarse un estancamiento demográfico. Las guerras contras Francia e Inglaterra y la subida de precios con sus consiguientes hambrunas, detendrían el incremento poblacional.



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La sociedad del XVIII permanecía en sus líneas esenciales como la de siglos pasados. Seguía

dividida en tres órdenes o estamentos, marcados por la desigualdad jurídica y el inmovilismo. Sus privilegios económicos, jurídicos, políticos y sociales permanecen intactos.

Sin embargo empiezan a percibirse ciertas transformaciones. En líneas generales, los Borbones desarrollaron una política social encaminada a la conversión de la nobleza en instrumento al servicio del Estado, a la protección de la reducida burguesía y, en la medida de lo posible, de los labradores, así como a la rehabilitación del artesanado (reacción contra la ”deshonra legal” del trabajo).

La nobleza y el clero, estamentos privilegiados, mantenían como fuente de poder sus vastas extensiones territoriales (dos tercios del total de la propiedad de la tierra). Para no alterar esa situación, durante el siglo se mantiene la institución del mayorazgo y la amortización de la propiedad, son los “bienes de manos muertas”. El poder económico de la aristocracia y su papel político seguían siendo considerables. No obstante, existían diferencias notables en su seno, que no afectaban a la condición jurídica del individuo, pero sí eran distintas sus condiciones de vida, aunque comienza a reducir su número (en apenas medio siglo pasa del 7’2% al 3’8%). Este descenso afecto sobre todo a los simples hidalgos.

A finales de siglo la población eclesiástica representaba el 1’6% pero su importancia era mucho mayor: Sus riquezas eran cuantiosas, especialmente en propiedades agrarias. También es preciso distinguir entre el alto clero, de origen nobiliar y al frente de los principales cargos, del bajo clero, monjes y curas de extracción humilde y de condiciones de vida más precarias.

En cuanto al estado llano, constituía el 90% de los habitantes. La población rural era el núcleo más importante, pudiendo distinguir entre labradores, arrendatarios y jornaleros. Siendo más importante la presencia de éstos últimos en el sur peninsular, donde estaban sujetos a unas durísimas condiciones de vida. El endeudamiento, muy frecuente, podía llevar a labradores y arrendatarios a engrosar las filas de los jornaleros. La población urbana la formaban funcionarios, rentistas, comerciantes, artesanos, servicios doméstico y un número de difícil cuantificación de gentes sin oficio. De este sector urbano comenzará a conformarse una incipiente clase media (burócratas, militares, industriales y comerciantes y algunas profesiones liberales) de lo que será la futura sociedad de clases, por lo menos, en algunas ciudades como Barcelona, Cádiz y Valencia.

3.2. La situación económica en el siglo XVIII

La economía de este siglo siguió marcada por el atraso técnico. En la agricultura española, casi toda la tierra se destinaba a secano (cereales, vid y olivo), con aperos y técnicas rudimentarios y de autoconsumo ante la escasez de excedentes. En estas circunstancias eran frecuentes las crisis de subsistencias. Como en toda sociedad agraria, la posesión de la tierra otorgaba rentas y poder, y por ello los grupos que disfrutaban de ella velaban para que permaneciese en sus manos. Así, en la estructura de la propiedad agraria la mayor parte de la tierra en la España del XVIII estaba amortizada, no se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba de “manos muertas”. Así sucedía con las propiedades de la Iglesia, de los Ayuntamientos o de los nobles. La institución del mayorazgo ejemplifica muy bien ese espíritu. En resumen, cerca del 80% de la tierra cultivable estaba fuera del mercado, y la mayoría de la población no podía acceder a la propiedad. Ello impedía la



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movilidad económica, dado que la principal fuente de riqueza, la tierra, estaba inmovilizada en unas pocas manos.

El resto de los sectores económicos eran, en el Antiguo Régimen, dependientes y subsidiarios

del mundo agrario. La industria tradicional, talleres artesanos, continuaba organizada de forma gremial, con un estricto control sobre la producción y la creación de nuevos talleres. La escasez de la demanda y el poder de las jerarquías gremiales mantenían intacta esta forma proteccionista de producción. La única región en la que apareció un foco industrializador fue Cataluña, donde a fines del siglo se desarrolló las fábricas de indianas (telas de algodón).

Actividades industriales en la España del siglo XVIII

Respecto al comercio, el mercado interior era débil y escaso, limitado en su mayoría a los

intercambios de tipo local o comarcal. La red de caminos también era insuficiente, insegura y estaba mal conservada, además, había una gran cantidad de peajes. Todo ello encarecía el traslado de mercancías. Mucho más importante era el comercio exterior con las colonias, mejorado bajo la



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administración de los Borbones. No sólo porque allí se vendían mercancías españolas, sin también porque los productos coloniales eran reexportados a Europa. Estaba en manos de un reducido grupo de empresarios concentrados en Cádiz y desde finales de siglo también en Barcelona.

4. EL REFORMISMO BORBÓNICO

4.1. El Despotismo Ilustrado: Carlos III

Carlos III accedió al trono español al morir su hermano Fernando VI sin descendencia directa. Su reinado (1759-1788) constituyó la etapa más interesante del siglo XVIII español. Carlos III ya había reinado en Nápoles desde 1739 y había entrado en contacto con las ideas ilustradas. Como otros monarcas absolutos europeos, se mostró partidario de seguir algunas de las ideas de progreso y racionalización, siempre que no atentaran contra el poder de la monarquía absoluta. Esta experiencia será conocida como Despotismo Ilustrado. Partía del concepto de Estado absoluto y de la soberanía real exclusiva, pero hacia hincapié en el papel del gobernante como benefactor de su pueblo y como impulsor de las reformas necesarias para el progreso.

Retrato de Carlos III, Goya

La Ilustración tuvo su origen esencialmente en Francia, pero se expandió rápidamente por

toda Europa. Pero la introducción y difusión de las nuevas ideas ilustradas en España fue lenta y difícil. A partir de 1750-1760, encontramos una generación de pensadores españoles que en sus escritos reflejan las preocupaciones ilustradas y empiezan a criticar el modelo social imperante en la España del XVIII. Son Feijóo, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide, etc. Aislados entre la indiferencia de la aristocracia y del clero y la ignorancia de las clases populares, los ilustrados españoles hicieron de la educación el objetivo prioritario, convencidos de que sólo la mejora del nivel cultural podría sacar al país de su atraso y defendieron la necesidad de imponer una enseñanza útil y práctica, obligatoria para todos en los primeros niveles, común a los dos sexos e impregnada de los nuevos conocimientos y relacionada con el extranjero. Entre las iniciativas más importantes para el futuro hay que mencionar la creación de las Sociedades Económicas y la fundación de instituciones de carácter científico y de las Academias como las de la Lengua o la de la Historia. Las expediciones científicas también fueron impulsadas por el patronazgo real. No obstante, las letras y las artes se mantuvieron en el contexto de una cultura de élites.

Carlos III se enfrentó, al inicio de su reinado, con una fuerte oposición de los grupos privilegiados a su programa de reformas. De entre estas revueltas destaca el motín de Esquilache (1766), una revuelta compleja en la que se unieron el malestar de la población por la carestía y el precio de los alimentos (fruto de una mala cosecha y de la paralela liberalización del comercio del trigo), la oposición al excesivo poder de los altos cargos extranjeros (Esquilache...) y la resistencia de los privilegiados que veían menguados, con las reformas, su poder e influencia. Todo ello confluyó en una revuelta popular en Madrid contra las medidas de saneamiento y orden público tomadas por el



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ministro Esquilache: limpieza urbana, alumbrado, prohibición de juegos de azar y uso de armas, así como de utilizar sombreros chambergos y capas largas.

Ante la extensión de la revuelta, Carlos III destituyó a Esquilache, frenó algunas de las reformas y bajó el precio de los productos de primera necesidad. Los motines cesaron rápidamente y al cabo de un tiempo Carlos III continuó, ahora con ministros españoles, su programa de reformas, que pretendía la puesta en práctica de una serie de medidas legales cuyo objetivo era abolir algunos de los privilegios propios de la sociedad del Antiguo Régimen.

Pero fue en el terreno religioso donde mayor énfasis puso el monarca, decididamente regalista, es decir, defensor de la autoridad y las prerrogativas del rey frente a la Iglesia. Carlos III reclamó el derecho a nombrar los cargos eclesiásticos, a controlar la Inquisición y combatió tenazmente el intento de la Iglesia de constituir un poder dentro del Estado. En ese contexto hay que entender la expulsión de los jesuitas en 1766, una orden de enorme poder, de directa obediencia al papado y probable instigadora de los motines contra Esquilache.

4.2. El reformismo económico

Junto con la educación, la otra preocupación básica de los ilustrados españoles fue la cuestión económica, constituyéndose en uno de los campos de mayor dedicación de los gobiernos de Carlos III. Convencidos de la necesidad de acabar con las trabas que inmovilizaban la propiedad, que entorpecían la libre circulación y amordazaban los mercados. Sus actuaciones más destacadas fueron:

a) El Reformismo agrario, el cual se enmarca dentro del desarrollo de la fisiocracia (la tierra es la principal fuente de riqueza nacional), pasando la agricultura a centrar las preocupaciones de los ilustrados. Esta circunstancia se plasmaría en decisiones como limitar los privilegios de la Mesta (se permitió a los agricultores el cierre de sus propiedades), apoyar la propuesta de Olavide de colonización de nuevas tierras (Sierra Morena), potenciar el regadío con la mejora de la acequia real del Júcar y la construcción del Canal de Castilla y el Canal Imperial de Aragón e impulsar los proyectos de reforma agraria para aumentar el número de propietarios y arrendatarios.

Gobierno e ilustrados, especialmente las Sociedades Económicas, estaban de acuerdo en considerar la agricultura como el mayor problema de la economía española. Veían las trabas que impedían disponer de la propiedad (amortización, manos muertas, señoríos) como un obstáculo cuya eliminación era indispensable. En consecuencia, criticaron sistemáticamente el régimen señorial, las formas de propiedad de la Iglesia, los mayorazgos o la propiedad comunal. Jovellanos fue el encargado de informar sobre el Expediente de Ley Agraria2 formado por orden del Consejo de Castilla. El Expediente recoge una certera visión de los problemas de la agricultura española del XVIII y una propuesta de soluciones, pero que apenas se pusieron en práctica. El peso de la nobleza y de la Iglesia hizo imposible la reforma y, además, el propio Carlos III no estaba tampoco dispuesto a recortar los privilegios. En resumen, el panorama de cultivos no sufre cambios y si aumentó la producción fue por la ampliación de la superficie trabajada, ya que se mantuvieron unos sistemas agrícolas arcaicos y se dejan extensas zonas en barbecho.

b) Fomento de la actividad comercial, tanto en el interior de España con la mejora de las infraestructuras de transporte y la libre circulación de mercancías (Ley de Libre Circulación de Granos, 1765), como en el comercio colonial al establecer la liberalización del comercio americano con el fin del monopolio del puerto de Cádiz, la libertad de todos los puertos para comerciar con América, decretado en 1778. También la Corona patrocinó la fundación de Compañías comerciales. Las reformas en América facilitaron el desarrollo de la economía colonial, especialmente en lo que se refiere a la agricultura. Ciertos cultivos coloniales se fomentaron al tiempo que se concedían las Compañías Privilegiadas (por ejemplo, el cacao de Venezuela). América no sólo proveyó a España de materias primas baratas, sino que fue un importante mercado para el hierro y textiles españoles (a pesar del creciente contrabando británico). La liberalización del comercio con América también favoreció estas actividades. 2 Texto 2 de la selección de las pruebas de acceso a la universidad.



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c) Apoyo a la actividad industrial, liberalizando gradualmente el proceso de fabricación en contra de los gremios y fomentando la creación de manufacturas privadas o estatales, éstas últimas destinadas a la fabricación de armas, la construcción naval y de productos de lujo como tapices, porcelanas, cristales, etcétera, elaborados en las Reales Fábricas. Al mismo tiempo, se establecieron aranceles (arancel de 1782) y se firmaron tratados comerciales para defender la industria nacional de la competencia exterior.

d) La preocupación por los problemas económicos se evidenció en los intentos de reorganización de la Hacienda durante el reinado de Felipe V, con la creación del catastro, pero las fuertes reticencias de los privilegiados impidieron una aplicación práctica y total. Más tarde se conseguirá la estabilización de la política impositiva con el objetivo de fomentar la producción asociada a la estabilidad del gasto público. En relación con las preocupaciones hacendísticas se encuentra también la creación del Banco Nacional de San Carlos, en tiempos de Carlos III.

En todos estos esfuerzos destacarán las Sociedades Económicas de Amigos del País en muchas provincias. Estas sociedades tenían por objeto estudiar y determinar la situación de cada una de ellas, fomentar la agricultura, el comercio y la industria, traducir publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las ideas fisiócratas y liberales.

A manera de balance podemos considerar que el Despotismo Ilustrado, representado en España por Carlos III, presenta en su conjunto un balance positivo. Se limitó el nepotismo y la corrupción en la Administración, se impulsaron reformas de tipo económico, se apoyaron proyectos para el progreso de la instrucción pública, para el saneamiento de las ciudades o para la mejora de la red de carreteras. También se defendieron las prerrogativas del Estado frente a la Iglesia y se animó a los súbditos a desarrollar las actividades comerciales, agrícolas o industriales, rompiendo con el viejo prejuicio de que era deshonroso su ejercicio.

Ahora bien, los intentos de reforma agraria implicaban trastocar profundamente el poder de los privilegiados, y por ello apenas pasaron de la fase de estudio. Enfrentarse decididamente con la nobleza significaba, en el fondo, destruir la base de desigualdad civil sobre la que se asentaba la propia monarquía absoluta. Reformar tenía como límite el poder del monarca y mantener el esqueleto del orden del Antiguo Régimen. Cuando los vientos de la Revolución Francesa anunciaron el fin del viejo orden, el nuevo monarca Carlos IV y gran parte de sus colaboradores fueron los primeros en mirar con espanto los efectos que las ideas ilustradas habían provocado en la vecina Francia.

5.-EXTREMADURA EN EL SIGLO XVIII 5.1. Aspectos políticos y administrativos:

En el siglo XVIII Extremadura forma parte de la Corona de Castilla. En el transcurso de la Guerra de Sucesión, Portugal tras un breve periodo de neutralidad, apoyó las aspiraciones del archiduque Carlos a cambio de la promesa de cesión de los territorios de la Baja Extremadura. En 1704 Felipe V declaró la guerra a Portugal y Extremadura se convirtió en unos de los principales centros de operaciones, con la ocupación por parte de las tropas portuguesas de Valencia de Alcántara, Alburquerque, Jerez de los Caballeros y otras poblaciones, aunque no de Badajoz que resistió dos asedios en 1705. Tras la derrota portuguesa y sus aliados ingleses en la batalla de La Gudiña (1709), en las proximidades de Badajoz, y los tratados de 1713-1714, que pusieron fin a la guerra, Portugal devolvió las plazas ocupadas, a cambio de la colonia americana de Sacramento (Uruguay). Las reformas de los Borbones afectaron en buena medida al territorio extremeño. Lo más destacable fue la nueva situación creada en Extremadura al ser considerada una intendencia (1720), que incluía las provincias de Cáceres y Badajoz. La capitalidad de la intendencia la ostentaba Badajoz y al frente de la misma aparecerán distintos intendentes, pero el más destacable fue Pablo de Olavide. En este contexto reformista, desde la intendencia de Badajoz se intentó llevar a cabo proyectos de reforma agraria para Extremadura. Se trataba de roturar nuevas tierras, ya que grandes extensiones de posibles campos de cultivo estaban destinadas a pastos para el ganado



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trashumante. La idea era crear una clase de campesinos entre los numerosos trabajadores sin tierras, objetivo también incluido en el proyecto más amplio de colonización de la Sierra Morena andaluza. De esta forma, los consejos municipales de las localidades extremeñas eran los encargados de realizar estas reformas. Compuestos por los grandes propietarios de la zona, pusieron múltiples cortapisas hasta que consiguieron detener las reformas propuestas por Olavide. El proyecto perdió toda esperanza cuando Olavide fue encausado por la Inquisición.

Otras instituciones creadas fueron una capitanía general. La misión del capitán general era ostentar el mando militar de las tropas de Extremadura, el gobierno y vigilancia de la provincia y la inspección de los corregidores y alcaldes. Asimismo se creó la Real Audiencia de Extremadura (1791), ubicada en Cáceres. A partir de este momento la justicia extremeña dejaba de depender de Valladolid y Granada y se hacía autónoma. A partir de este momento contaron con un instrumento capaz de hacer llegar hasta las autoridades del gobierno los múltiples y complejos problemas de los extremeños, evitando los largos y penosos desplazamientos a otras regiones.

A fines del siglo XVIII sólo el 28 % del territorio extremeño estaba sujeto a la jurisdicción realenga. El realengo se articulaba fundamentalmente en torno a cuatro lugares: Trujillo, Cáceres, Badajoz y Plasencia, siendo este último el más extenso y rico tanto en número de pueblos como de habitantes. Un número importante de localidades eran dependientes de señoríos, bien por concesiones reales o por enajenaciones de núcleos de realengo.

5.2. Aspectos económicos, demográficos y sociales.

Frente al importante crecimiento demográfico español de la segunda mitad del siglo XVIII, Extremadura presentó un débil crecimiento vegetativo y su densidad de población fue una de las más bajas del país. En la Extremadura de esta época la vida era muy difícil y sobrevivir en el campo poco menos que milagroso, sin olvidar las frecuentes hambrunas o el agotamiento por las largas jornadas de trabajo, etc. Las condiciones sanitarias aún dejaban mucho que desear. A todo ello, hay que añadir el hecho de ser una región fronteriza, y el aún existente conflicto de fronteras con Portugal. La tasa de natalidad oscilaba entre los 35 y los 45 por mil, pero la tasa de mortalidad contrarrestó esta alta natalidad. Aun así, Extremadura conforme avanzó el siglo logró doblar su población.

Doc. La población extremeña en el siglo XVIII 1716 :VECINDARIO CAMPOFLORIDO: 241.752 habitantes 1752: CENSO ENSENADA: 373.022 “ 1787: CENSO FLORIDABLANCA: 412.041 “ 1797: CENSO GODOY: 428.493 “ La densidad de población se situaba en torno a los 10 hab/km², siendo ligeramente superior en Cáceres que en Badajoz. Las zonas más pobladas seguían siendo los valles de Plasencia, las vegas del Guadiana y la Tierra de Barros. La despoblación del campo extremeño se trató de solucionar con iniciativas de tipo ilustrado, sobre todo en el norte de Cáceres, mediante la creación, a finales de siglo, de núcleos como Villarreal de San Carlos.

En cuanto a la economía, la extremeña era eminentemente agraria, con predominio del sector ganadero, lo cual perjudicaba a la agricultura, ya que las grandes extensiones de tierra dedicadas a pastos no podían ponerse en cultivo (pese a los intentos reformistas) por los intereses de los ganaderos de la Mesta y de los concejos municipales. Como consecuencia de ello, la superficie cultivada no aumentó e, incluso, se redujo en algunas ocasiones. El plan de repoblación de Sierra Morena, por tanto, resultó un fracaso.

La gran propiedad, el absentismo y la preponderancia de la ganadería impidieron el progreso de Extremadura. El gran problema seguía siendo el predominio de la ganadería trashumante sobre la agricultura, lo que limitaba un crecimiento económico sostenido. En general, los campesinos se quejaban de que el ganado entraba en las parcelas y arruinaba las siembras. La



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Mesta, que movía dos veces al año grandes piaras de ganado ovino trashumante que pasaba obligatoriamente por las tierras de labor de Extremadura, era la responsable de esta situación.

En la agricultura persistía el utillaje y las técnicas de cultivo tradicionales con empleo del barbecho, en rotaciones bienales o trienales, como forma de recuperar la fertilidad de los suelos ante la escasez de uso de abonos. La agricultura se caracterizaba por ser de autoconsumo, produciendo para tener un poco de todo y evitar recurrir a las compras fuera de la economía familiar. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV se tomaron medidas encaminadas a mejorar la situación mediante informes, como el del extremeño Vicente Payno, en favor de la agricultura y en contra de los privilegios ganaderos. Se dictaron disposiciones para el reparto de las tierras baldías y concejiles entre los vecinos más necesitados, se autorizó el cercamiento de los campos, se abolió la tasa de los pastos, etc. En 1793 GODOY emitió un decreto para aumentar las cosechas con el cultivo de terrenos que hasta entonces sólo habían sido utilizados por los ganados de la Mesta. En resumen, las medidas ilustradas fueron encaminadas a incrementar las superficies cultivadas en detrimento de la ganadería y de forma intensiva mediante el uso más habitual de fertilizantes. Como resultado, en la segunda mitad del siglo XVIII fueron continuos los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos por el uso de la tierra.

La baja productividad agrícola y ganadera junto con una deficiente estructura artesanal incidían en una actividad comercial muy poco desarrollada. Existían pequeñas manufacturas, textiles y alfareras básicamente, que abastecían al mercado local desde las ferias, entre las que destacaban las de Cáceres, Trujillo y Zafra.

La sociedad extremeña en el siglo XVIII se organiza de acuerdo a un modelo estamental que no se adaptaba a las necesidades sociales de la época, aunque se trataba de una sociedad en transición, con una mayor movilidad que en los siglos anteriores.

El 75% de la población eran jornaleros, campesinos sin tierras que aspiraban a tener una parcela propia pero se veían obligados a depender del trabajo de sus brazos (braceros). El resto de la población del campo, siempre minoritaria, eran los campesinos medios que poseían su parcela labrada por medios tradicionales y los aparceros que tenían arrendadas tierras a los grandes propietarios. Los nobles de alta condición y la Iglesia, que representaban un mínimo porcentaje del campo extremeño, poseían latifundios o propiedades de grandes dimensiones. Muchas estaban sin cultivar, dedicadas a dehesas de ganado, y otras las cultivaban aparceros o arrendatarios por el pago de una renta.

unidad 1. la españa del siglo...

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