un proyecto de naciÓn o revanchismo polÍtico. estudio
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UN PROYECTO DE NACIÓN O REVANCHISMO POLÍTICO. ESTUDIO SOBRE LAS
RELACIONES DEL ESTADO Y LA IGLESIA EN EL SIGLO XIX Y TRAS EL PERIODO ELECTORAL
DE 1994-1998
PRESENTADO POR
Daniel Cardozo Contreras
Edgar Hernán Lozano Rodríguez
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
BOGOTÁ
2013
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UN PROYECTO DE NACIÓN O REVANCHISMO POLÍTICO. ESTUDIO SOBRE LAS
RELACIONES DEL ESTADO Y LA IGLESIA EN EL SIGLO XIX Y TRAS EL PERIODO ELECTORAL
DE 1994-1998
PRESENTADO POR:
Daniel Cardozo Contreras
Edgar Hernán Lozano Rodríguez
DIRECTOR:
Orlando Moreno Martínez
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
BOGOTÁ
2013
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A mi familia,
Especialmente a mi Madre que dio tanto para este logro.
Agradezco muy especialmente a la maestra Nayive Castellanos V.
Quien me brindo fortaleza, Compañía y esperanza en momentos de dificultad.
Edgar.
A Diosito, a Jesús, las principales fuentes de fortaleza de mi vida, sin su amor y piedad no lo habría
logrado…
A mis Padres y Hermanos, pilares de mi carrera, gracias por brindarme siempre su apoyo
incondicional…
Mi abuelita Verónica, tíos(as), primos y demás familiares que estuvieron dándome sus palabras de
apoyo y aliento…
Mis amigos saben la amistad es de los sentimientos más hermosos que hay, muy difícil de cultivar
y el que más valoro, por ende a cada uno les agradezco y los quiero de corazón…
A cada uno de los profesores que conocí,
sus enseñanzas y consejos me sirvieron para seguir este camino de la educación…
A la memoria de mis abuelos Miguel, Hernando, Gabriela y mi Tío Joselito.
Daniel…
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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: FOR020GIB Versión: 01
Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 1 de 4
1. Información General
Tipo de documento Trabajo de Grado
Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Titulo del documento
Un proyecto de nación o revanchismo político. Estudio sobre las relaciones
del Estado y la Iglesia en el siglo XIX y tras el periodo electoral de 1994-
1998
Autor(es) Edgar Hernán Lozano Rodríguez – Daniel Cardozo Contreras
Director Orlando Moreno Martínez
Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. 2013, 128 pág.
Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional.
Palabras Claves
Iglesia, Estado, Narcotráfico, Nación, Partido Liberal, Partido Conservador,
Clero, Secularización, Proceso 8000, Narcocasetes, Instituciones, Moral,
Cristiandad, Corrupción, Doble Moral, Conflicto Iglesia-Estado.
2. Descripción
El documento que se muestra a continuación tiene como temática central el abordaje de las disputas que se dieron entre la
Iglesia y el Estado, específicamente tras las elecciones presidenciales del año 1994. Para este análisis se plantea el estudio
del conflicto que se dio con el triunfo de Ernesto Samper del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de este año y
cómo el narcotráfico se presentó como un nuevo actor que hizo de este evento y de toda su presidencia un constante
choque entre ambas instituciones junto al Partido Conservador.. Se toman como punto de referencia algunos de los
sucesos más relevantes del siglo XIX y partiendo de ellos se demuestra cómo las disputas que se originaron tras el origen
de la república se han mantenido vigentes hasta nuestros días.
3. Fuentes
Libros: Arciniegas, Germán. (1995); Bergquist, Ch. (1981); Betancourt, D y García, M. (1994); González, F. (1977);
López, M. (1991); Orjuela, L. (2010); Valderrama, C. (1986). Fuentes de prensa El Catolicismo (1994 – 1995); El
Nuevo Siglo (1994 – 1995). El espectador (1994); El Tiempo (1994-1997). Revistas: Estrategia (1996); Cambio 16
(1996); Semana (1996-1997).
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4. Contenidos
En el primer capítulo llamado La Iglesia y el Estado en Colombia. Origen y balance de la discordia se analizan los
diferentes conceptos que se manejan dentro del trabajo y se abordan algunas de las obras que se han hecho con respecto a
los conflictos entre la Iglesia y el Estado. Por otra parte se hace un enfoque de la cuestión de las elecciones y cómo estas
estuvieron marcadas por la intervención de los dineros de los grupos del narcotráfico sirviendo además para potenciar los
históricos conflictos entre política y religión.
El segundo capítulo, “Rescate de los valores” y reivindicación de la moral cristiana. La lógica de la Iglesia y su
proceder en el marco del proceso 8000, se muestra cómo las acciones de las diferentes campañas, especialmente la del
Partido Liberal, estuvieron marcadas por una desmesurada falta a la moral, pues tanto el desprestigio entre candidatos
como las alianzas de políticos con el narcotráfico mostraban el alto grado de corruptibilidad al que se había llegado y
cómo estas mismas acciones desprestigiaban a las mismas instituciones. Este capítulo se enfoca en mostrar la opinión de
la Iglesia y la prensa conservadora frente a los cuestionamientos que se hacían al presidente.
El tercer capítulo denominado La lucha contra el desprestigio. Defensa del presidente Samper en su búsqueda por el
buen nombre, se analizan algunos elementos que intentaron mostrar al presidente como alguien inocente pero ingenuo,
como una persona que fue víctima de los largos brazos de la delincuencia y de los dudosos contactos de sus
colaboradores. Aquí se muestra también como el Estado no estaba unido y en cambio se veía débil por las luchas entre
poderes y por la influencia del narcotráfico, el cual ya lo había penetrado en muchos de sus ámbitos. Por último se da
cuenta de las alianzas del clero con el narcotráfico y de la doble moral que manejó en ese momento, pues fue muy hábil
condenando a Samper pero para nada correcto cuando de cuestionar las acciones de sus representantes se trató.
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5. Metodología
Los elementos que guían este trabajo se relacionan directamente con el paradigma histórico hermenéutico dadas las
posibilidades para involucrarnos con cuestiones relativas a las acciones de los sujetos, sus implicaciones en aspectos tan
cotidianos como los axiológicos y por ende, lograr de nuestra parte un análisis y una apuesta por cuestiones que van más
allá de la mera descripción de factores institucionales que suelen dejar de lado aspectos subjetivos de los actores
involucrados, y que pueden decir mucho acerca de los procesos que son objeto de nuestro estudio.
6. Conclusiones
A través de este trabajo se lograron evidenciar varios elementos que han configurado las dinámicas del conflicto entre el
Estado y la Iglesia y cómo estos desembocaron en las disputas del bipartidismo colombiano, el cual se enfrascó en
diferentes momentos de la historia en disputas de índole religioso, siendo un punto importante la forma en que el Estado
se levantó como institución pasando por sobre la Iglesia en los inicios de la república. De otra parte se muestra cómo el
Estado no era fuerte y estaba tan disperso en sus apreciaciones que enfrentó de forma directa a los diferentes poderes que
le componen. Lo anterior da cuenta de la forma en que la viabilidad del Estado estaba afectada tanto por las confusiones
al interior como por la dislocación de las instituciones por acción de la corrupción.
La evidencia de la doble moral de la Iglesia también es algo que se logra demostrar, específicamente por la relación del
padre Rafael García Herreros con Pablo Escobar. Esto se toma como prueba de su intransigencia frente a sus propias
faltas y deja claro que no tiene la misma apreciación de cuando se trató del juzgamiento y los ataques al presidente. El
nivel de degradación había permeado todas las instituciones del Estado, pero queda claro que lo mismo sucedió con la
Iglesia, la institución de mayor prestigio social y la llamada a defender al país en cuestiones morales
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Elaborado por: Edgar Hernán Lozano Rodríguez – Daniel Cardozo Contreras
Revisado por: Orlando Moreno Martínez
Fecha de elaboración del Resumen: 29 10 2013
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TABLA DE CONTENIDO
Introducción……………………………………………………………………………………………………………..
10
Capítulo I
La Iglesia y el Estado en Colombia. Origen y balance de la discordia
Acercamiento preliminar………………………………………………………..............................
17
Las disputas a través del tiempo. Relaciones marcadas por el poder………………..
19
El marco electoral de 1994……………………………………………………………………………………
24
Conclusiones………………………………………………………………………………………………………….
29
Imágenes………………………………………………………………………………………………………….. 31
Capítulo II
“Rescate de los valores” y reivindicación de la moral cristiana
La lógica de la Iglesia y su proceder en el marco del proceso 8000……………….
33
El verdadero mensaje…………………………………………………………..............................
43
Conclusiones……………………………………………………………………………………………………….
55
Imágenes………………………………………………………………………………………………………….. 56
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Capitulo III
La lucha contra el desprestigio. Defensa del presidente Samper en su búsqueda por
el buen nombre
¿Falta de sintonía?................................................................................................
58
La figura del presidente Samper ante las acusaciones……………………….............
61
¿Guerra religiosa?................................................................................................
66
La poderosa fuerza de la religión. Encuentros y desencuentros de sus propias
acciones………………………………………………………………...
69
64
La absolución………………………………………………………………….....................................
77
Conclusiones……………………………………………………………………………………………………….
80
Imágenes………………………………………………………………………………………………………….. 81
Conclusiones finales…………………………………………………………………………………………..
85
Bibliografía…………………………………………………………………….. 88
Anexos…………………………………………………………………………. 95
10
INTRODUCCIÓN
Al emprender una indagación preliminar de la realidad de nuestro país y gracias a las
diferentes etapas de la historia nacional que hemos estudiado, nos vimos motivados a
entender cómo las disputas entre el Estado y la Iglesia se mantenían vigentes a finales del
siglo XX en el marco de las elecciones presidenciales de 1994, periodo que en apariencia
mostraba superadas las viejas rencillas entre un Estado “secular y laico” que pretendían los
próceres de la patria, y una Iglesia tendiente a mantener su preponderancia y legitimidad en
los diferentes ámbitos de la vida nacional. A la luz de esta coyuntura, intentamos mostrar
las divergencias y desencuentros entre la Iglesia y el Estado y cómo estas obedecen a una
constante histórica en la que los partidos Liberal y Conservador se han enfrentado en
diferentes momentos en los que la población y la vida política del país ha sido atravesada
por la religión como factor movilizador de las luchas por el poder.
La evidente carrera moralizadora de la Iglesia con el correr de los años y el proyecto
modernizador del liberalismo se verán enfrentados en un nuevo momento en el que el
legado de la independencia ya se había apaciguado, pero, las diferencias entre unos y otros
ya no en el campo económico, sino en el netamente ideológico, los pondría una vez más
como rivales. Los cuestionamientos a los liberales por parte de la Iglesia y de los
conservadores serían elemento necesario para describir el periodo de transición entre el
gobierno que dejaría su poder en 1994 y quienes lo asumirían. El liberalismo y el
conservatismo, contendientes históricos y representantes supremos de la polarización
llevada en varias ocasiones a la violencia, tomarían cada uno desde su orilla a la religión
como un factor importante en el quehacer político nacional, como ente legitimador de unas
acciones y proyectos, o como uno de los más importantes críticos de las ideas contrarías a
sus apreciaciones.
El desarrollo de la disputa histórica entre liberales y conservadores mostraría la
degradación de la vida de los colombianos, del atraso económico y de la poca identidad
nacional. Las divisiones ideológicas entre colombianos serían más profundas desde el
púlpito de la Iglesia, lugar en el que el Partido Conservador sacara una gran ventaja en el
terreno político. La asociación entre religión y política que ha usado siempre este partido
pondría a los liberales en una situación de constante reproche por las acusaciones de
anticlericalismo, de falta de fe y de ser promotores de una moral contraría a la voluntad de
la religión de Dios. Acusaciones que servirían como instrumento legitimador de
persecución y estigmatización. De esta clase de discordias impulsadas por la religión, de su
uso como instrumento político y como medio de cohesión a través de la identificación del
enemigo espiritual con el contrario político, de la demonización de una parte de la
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población, alimentaría los odios que se mantendrían por mucho tiempo, más allá del
periodo en el que se gestara todo esto y con repercusiones directas en la actualidad.
El control del Estado, trofeo político para la clase que siempre ha gobernado
independientemente de la bandera a la que le rinda culto, es y ha sido el fin que se justifica
más allá de la forma en que se logre su control. En los gobiernos liberales también han
sufrido los conservadores, la trampa, el terror y el miedo han sido instrumentos nada
descartables, es más, demasiado usados en la tradición política de este país. La persecución
del otro, su eliminación física y la degradación de la condición humana también se ha
hecho en diferentes momentos de la historia de Colombia en nombre de la causa de Dios.
Sean cuales sean las circunstancias, la coyuntura específica y las diferencias en el tiempo,
esta clase de cosas siguen estando presentes en el diario vivir. La política ha estado
asociada siempre a elementos que no precisamente exaltan lo mejor de la condición
humana y de sus representantes. La democracia como instrumento en el que se apoya la
institucionalidad del Estado poco ha servido a las realizaciones de la población a la que se
dice servir. Estas palabras nos sirven para asociar el fenómeno que estudiamos
paralelamente al contexto general de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.
En la década de los noventa, un nuevo actor aparecerá en la escena política nacional y
estará en medio de la lucha entre el Partido Liberal y el Conservador, aliado y unido
históricamente a la Iglesia Católica. Este opacará la vida en el país con la influencia del
terror y del dinero, elementos que van de la mano para generar toda su influencia viciosa en
todos los ámbitos del país. La política llamada siempre a mostrar lo mejor de la sociedad,
pero tristemente célebre por exponer lo contrario, se verá imbuida en una profunda crisis
que deja muy visible la endeblez institucional. Es el narcotráfico ese nuevo actor que será
instrumento que albergue, promueva y legitime para si todas las prácticas enunciadas atrás,
y que, a través de mecanismos faltos a cualquier principio de honestidad y transparencia,
permeará al Estado llevándolo incluso a mimetizarse con él.
Este contexto especial para el análisis de las relaciones entre el Estado y la Iglesia es la
parte que cruza nuestra investigación de forma contundente para explicar dichas relaciones.
Es la disputa entre ambas instituciones, atravesada por el delito del narcotráfico y su
poderosa influencia en todo el ámbito estatal lo que nos trae a la actualidad para mostrar la
vigencia de esos viejos odios políticos que nacieron con la república misma, más allá de lo
especial que pueda parecer la eventual coyuntura. Aunque en apariencia el narcotráfico
llegó para quedarse, es este un fenómeno que se fraguó mucho antes producto de la poca
funcionalidad del Estado, de las fisuras del mismo y en última instancia, por ser solamente
el botín del bipartidismo, de ese de la clase dirigente más no de las personas que guidas por
sus pasiones “le pusieron el pecho a la bala”.
El narcotráfico reemplazó al Estado, o al menos, le dejó en un segundo plano al ejercer
mayor control en diferentes lugares del país y tras corromper las instituciones que
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representan a la sociedad, así como a otras formas de manifestación legítima de
organización del pueblo que no encontró y al parecer no encontrará fácilmente debido a
estas causas y otras tantas que le impiden a la población hallar viabilidad y reconocimiento
de sus propios procesos. Esta aseveración que puede sonar demasiado vehemente, es
preciso contextualizarla. Opera para quienes encontraron en los grandes señores del
narcotráfico un apoyo que jamás hubiesen recibido del Estado, ni de su partido, ni de la
caridad de la Iglesia. La Iglesia como referente moral del país, ha sido bastante despótica
con la realidad vivida, realidad a la que ha contribuido activamente en momentos en lo que
se fusionara con la política del Partido Conservador. Los políticos colombianos desde la
aparición de este flagelo han encontrado un medio efectivo para crecer en la carrera
política, han encontrado en el narcotráfico un poderoso aliado que a través de su poder
conferido por la violencia, se ha puesto por encima de las instituciones y en más de una
ocasión y como ejemplo repetido, con las piezas que representa la clase dirigente.
La disputa entre la Iglesia y el Estado se acelerará en las elecciones de 1994, servirá para
entender algo que no se superó, más allá de la supuesta división entre ambas instituciones
enunciada en más de una oportunidad y ratificada en la constitución política proclamada en
1991, en donde la libertad de culto se garantizaría. La secularización del Estado sobre el
papel no pudo acabar con el legado y la fuerza de la tradición, situación que dejó a la
Iglesia como la institución poderosa que ha sido siempre.
El escándalo de la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper
Pizano del Partido Liberal, es de nuestro total interés y es precisamente este estudio
específico con el que pretendemos dar cuenta de la vigencia de las disputas del Estado y la
Iglesia, de la contienda entre liberales y conservadores en momentos que se pensaba que el
uso de la religión como instrumento para sacar ventajas políticas, como factor
desestabilizador y como detonante de odios se había terminado o al menos apaciguado. La
Iglesia Católica es y ha sido a través de la historia de nuestro país un actor fundamental
para los políticos de turno, bien como institución que legitimó las acciones de los gobiernos
que fueron de sus afectos o bien como ente desestabilizador, como fuerza detractora de las
iniciativas que atentaron contra sus intereses y designios. La fuerza que le otorgaba antes y
aun hoy se hace latente gracias a la legitimidad social que se ajusta a las doctrinas
moralistas de la población colombiana, algo que en cuestiones políticas ha sido bastante
fructífero para el Partido Conservador principalmente y que ha redundado en ganancia para
la Iglesia, a pesar del actuar tan nocivo en muchos casos por parte de políticos que aliados
con el clero han trastocado la democracia y la destruyen aplicando la violencia, el chantaje
y el clientelismo.
De todo lo anterior se desprende el interés que surge por encontrar referentes históricos
cercanos acerca del porqué de un país enmarcado en una contienda que ha trascendido por
muchas generaciones. Este interés parte además de la necesidad de entender cómo se daban
en forma temprana grandes diferencias ideológicas que polarizaron a la naciente república y
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que han sido fuertemente marcadas, razón por la cual se hacen evidentes en la violencia e
intolerancia política que ha caracterizado al país. En este trabajo se encontrarán elementos
importantes que han servido para analizar el conflicto entre el Estado y la Iglesia y que
hemos tomado para beneficio propio de nuestra investigación. Nuestro objetivo será
mostrar las características de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el siglo XIX y en
el siglo XX enfatizaremos en el contexto electoral de 1994-1998. Este periodo indica
precisamente la manera en que un nuevo actor que es el narcotráfico va a tomar
importancia en los asuntos y dirección del Estado, situación que será aprovechada no
solamente por los primeros sino además por la Iglesia.
Dentro de las características esenciales de este trabajo se pretende a su vez demostrar las
diferentes posiciones que se encuentran dentro de las conflictivas relaciones entre la
institución eclesiástica y el Estado. Esta pretensión radica fundamentalmente en la
posibilidad de encontrar elementos que indiquen cuáles fueron las motivaciones,
intensiones y ambiciones de cada una de las partes, especialmente las de la Iglesia Católica,
la cual creemos se embarcó en una disputa con el gobierno presidido por Ernesto Samper y
que empezó antes cuando se mostraba como candidato para la presidencia de la república.
Consideramos que esta disputa que se dio, y las críticas que se hicieron desde la Iglesia
frente a los vínculos de Samper con el narcotráfico, se hacían en momentos en los que
sobre el clero colombiano reposaban sospechas por sus posibles vínculos con los negocios
ilegales de esta actividad. Este sería el caso de los vínculos del padre Rafael García
Herreros con Pablo Escobar, relación de tipo comercial y que enlodó el nombre tanto del
sacerdote como de la Iglesia colombiana en su conjunto. Lo anterior es razón suficiente
para embarcarnos a reconocer elementos que le puedan sugerir al lector y porque no,
asegurar que dichas relaciones entre el clero y el narcotráfico se dieron a pesar de la
autoridad que se auto conferían para juzgar el actuar del Estado, más allá de que las
acusaciones sobre este fueran ciertas o no.
La separación del Estado y la Iglesia, proceso que se pensó desde los inicios de la república
pero que no se presentó concretamente en una sociedad altamente religiosa, evidenció con
el tiempo como esta última salió beneficiada de dicha pretensión, mientras que el Estado
siempre ha dependido de la institución religiosa al momento de operar. Para la Iglesia
Católica también era esencial tener claro cómo se tratarían los asuntos de la nación entre
Iglesia y Estado; aunque se tilde algunas veces de negativa la separación entre los dos
poderes, en sí era lo que deseaba la Iglesia ya que con ello esta podría en parte volver a
tener la autonomía que antes poseía, y al estar relegada a lo que disponían los gobiernos,
encontraban impedimento para su profesión de la fe; como establece Fernán González “la
religión pasa del absolutismo y el autoritarismo de una sociedad de cooperación obligatoria
a la religión individual y privada de una sociedad de cooperación voluntaria”1. Es claro que
a partir de la separación de Iglesia-Estado, la religión empezaría a regirse como un 1 Fernán E. González, Partidos Políticos y poder Eclesiástico, CINEP, Bogotá, 1977, p. 1
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organismo privado que tendría bajo su tutela la potestad sobre las almas de los pobladores
de la república.
Lo anterior es esencial para ubicar los orígenes de las disputas entre estas dos instituciones
y como las mismas, enmarcadas bajo una lucha de poderes por la legitimidad moral, social
y hasta económica, evidenciaba un crecimiento en momentos en los que un régimen liberal
se alzaba con la potestad de la nación, algo que ya en el pasado dejaba clara la diferencia
entre el Estado liberal y las pretensiones de la Iglesia. Diferente cuando los conservadores
estaban al mando del Estado puesto que el clero se beneficiaba de la protección de los
gobiernos que profesaban la ideología de dicho partido. El narcotráfico toma buena parte
del protagonismo en la década de los 90 y se involucra directamente con el Estado, pero la
Iglesia también y más sutilmente se erige no solo como un referente moral sino que además
deja abierta la posibilidad de ser asociada con este negocio ilegal. A pesar de lo anterior, las
disputas se mantienen y se hacen evidentes en el momento mismo en que Ernesto Samper
está vinculado con los dineros ilícitos respondiendo a una constante histórica que si bien se
ha menguado, sigue latente y sirve como elemento muy funcional para generar resquemores
y sobresaltos en la ya convulsionada realidad nacional Las diferencias estarán presentes
más allá de las circunstancias que lleven a los desencuentros entre el Estado y la Iglesia.
Esto está ligado al proceder de los sujetos que representan cada uno de los bandos y se hace
más impactante cuando son sus máximos líderes los que sirven como ejemplo del nivel de
corrupción al que han llegado y las formas en que se atacan unos a otros reconociendo las
faltas del enemigo pero nunca las propias.
Los elementos que guían este trabajo se relacionan directamente con el paradigma histórico
hermenéutico dadas las posibilidades para involucrarnos con cuestiones relativas a las
acciones de los sujetos, sus implicaciones en aspectos tan cotidianos como los axiológicos
y por ende, lograr de nuestra parte un análisis y una apuesta por cuestiones que van más allá
de la mera descripción de factores institucionales que suelen dejar de lado aspectos
subjetivos de los actores involucrados como por ejemplo cuando se hace referencia a
asuntos como los inicios de la República y procesos como el Congreso de Cúcuta no se
pueden dejar de lado personajes como Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander sin
los cuales tal hecho hubiera sido relevante, del mismo modo hablar de proceso 8000 y de lo
que ello acarreo se torna cuando entran en juego personajes como Samper, Pastrana, los
Rodríguez Orejuela y demás; y que pueden decir mucho acerca de los procesos que son
objeto de nuestro estudio. La pertinencia al tomar como referente este paradigma surge
precisamente de la necesidad de comprender las estructuras sociales que se han arraigado
en nuestro país, el cual no deja de lado aunque sea de forma enunciativa la exaltación de la
moral y las “buenas costumbres”, aun cuando estas mismas han sido tan mal manejadas en
lo relativo al actuar de los diferentes líderes políticos y religiosos de nuestro país. Las
estructuras sociales por tanto han de ser estudiadas desde una posición que deje abierta la
posibilidad de explicar desde las motivaciones mismas de los sujetos las posturas que
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pueden cubrir toda la lógica institucional de los actores involucrados, en nuestro caso y de
forma predominante la Iglesia y el Estado, sin desvincular el narcotráfico mismo como una
forma paralela de poder, que ejerce control y maneja sus propios códigos.
Los capítulos que manejamos se encuentran divididos de la siguiente manera: como
primera medida nos enfocamos en tomar los referentes teóricos que han abordado el tema
de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y del proceso 8000 como aspecto más
particular y directamente relacionado con el periodo histórico que manejamos en nuestra
investigación. Junto a lo anterior, también realizamos una conceptualización de las
categorías de análisis que nos resultan más pertinentes para orientar nuestro trabajo y nos
brindan la oportunidad de enfocar más adecuadamente el mismo, presentando así una
apuesta que esté sujeta a los alcances reales que este proyecto en verdad nos permita, sin
adentrarnos en posturas apresuradas ni limitar nuestra capacidad de proponer y argumentar
nuestras opiniones sobre un tema tan complejo pero apasionante. Estos aspectos estarán
expuestos en nuestro primer capítulo, La Iglesia y el Estado en Colombia. Origen y
balance de la discordia y servirán como herramienta inicial para una mejor comprensión de
nuestra apuesta teórica.
De forma seguida y como segundo capítulo, “Rescate de los valores” y reivindicación de
la moral cristiana. La lógica de la Iglesia y su proceder en el marco del proceso 8000, les
mostraremos la postura de la Iglesia en el marco de las elecciones de 1994, tomando
además referencias históricas que nos sirven de apoyo para indicar las continuidades y
posibles cambios que se han presentado con el pasar del tiempo, desde el origen de la
república hasta las elecciones que ya mencionamos. En nuestro tercer capítulo, La lucha
contra el desprestigio. Defensa del presidente Samper en su búsqueda por el buen
nombre nos enfocamos en el estudio de la prensa liberal y de sus apreciaciones frente a los
cuestionamientos que emanaban de la Iglesia en contra del Estado presidido por los
liberales. Nos resulta muy pertinente además de interesante enfocar ambos puntos de vista
para enriquecer este análisis en el que salta a la vista una verdadera lucha ideológica que
dejaría muy mal parado al Estado y le heredaría grandes réditos políticos a los
conservadores y a la Iglesia misma.
Esperamos encontrar a través de esta investigación elementos suficientes para entender
mejor los cambios y transformaciones que hemos sufrido en la actualidad, eso sí revisando
el pasado que aun y siempre tiene mucho que develarnos. También esperamos servir en
forma alguna a personas o grupos que realicen estudios posteriores que se adelanten sobre
el tema y que necesiten de análisis más profundos que los que nosotros podamos realizar a
lo largo de nuestro trabajo, el cual se hace con la pretensión de conocer más acerca de
aspectos tan importantes en la vida política de nuestro país, y que han influido bastante en
cuestiones sociales que han configurado diversas anomalías que nos han afectado mucho en
los últimos años.
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A todos aquellos que se acerquen a esta investigación les recordamos que los eventos
analizados se enmarcan en un periodo de convulsiones a nivel político, económico y social
y que es partiendo de estos tres aspectos y su análisis que pretendemos poner a prueba
nuestras ideas iníciales sobre el Estado y sus relaciones con la Iglesia, de las disputas que se
han mantenido y profundizado a lo largo de la historia, de las gravísimas consecuencias del
narcotráfico, de la corrupción y de la degradación del Estado y de la indiferencia que ha
sido la constante por parte de nuestros dirigentes frente a las ideas y concepciones políticas
e ideológicas de todos quienes hacemos parte de este país tan particular.
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Capítulo I
La Iglesia y el Estado en Colombia. Origen y balance de la discordia
Acercamiento preliminar
Las referencias históricas de los conflictos entre el Estado y la Iglesia aluden formalmente a
tiempos coloniales para el caso de nuestro país. Las relaciones de dominación del mundo
occidental europeo sobre diferentes territorios del globo se extendían y con ellas también
toda la imposición cultural que reflejaría posteriormente la multiplicación de las formas de
control social, siendo la religión una de ellas. A través del tiempo y en nuestro caso
particular la Iglesia Católica como un remanente del legado imperial español se levantó por
sobre otras formas institucionales, tanto del antiguo régimen, como del republicano tras el
proceso de independencia. Este fenómeno ligado a la tradición y que involucra la
reproducción social de los valores de un país en constantes conflictos está estrechamente
ligado con la configuración de una sociedad altamente religiosa y que, por cuestiones que
describiremos más adelante, no se desprenderá en ningún momento de la historia más allá
de mostrar un aparente periodo de calma tras el triunfo de los conservadores en la Guerra
de los Mil Días. Para empezar realizaremos un ejercicio preliminar donde
conceptualizaremos algunos elementos de gran trascendencia en nuestro análisis.
La Iglesia, del término griego EKKLESIA se usó para designar al pueblo con camino del
desierto. En principio encontramos a la Iglesia como una definición que asocia a los
hombres con un camino divino en la búsqueda de Dios. Es la Iglesia la base que sostiene la
fé de los creyentes y la que les proporciona la fuerza espiritual y de unidad social2. La
Iglesia como el pueblo de Dios que constitutivamente es cuerpo de Cristo; ésta se
complementa con la comunión, la cual es esencialmente la comunicación de Dios con los
hombres en cristo y, por tanto, de los hombres entre sí; de ella forman parte los hombres de
todos los lugares y de todos los tiempos, cuyo corazón, esperado y amado, tiende hacia
cristo3.
De otra parte, el Estado es entendido como en conjunto de instituciones regidas por el
control burocrático-administrativo que opera desde el poder político4. Para Max Weber el
Estado además de operar como ente administrativo también es el que posee el monopolio
2 Iglesia Católica, conferencia episcopal de Colombia, La Iglesia en Colombia, Editorial cra 7ª, 1986, Bogotá, p.3 3 F. OCÁRIZ, LA IGLESIA, SACRAMENTUM SALUTIS SEGÚN JOSEPH RATZINGER, De: http://www.collationes.org/attachments/097_FO_Iglesia_Sacramentum_salutis.pdf
4 Luis Orjuela, El Estado en Colombia, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas –CESO, Ediciones UniAndes, Bogotá, 2010, p. 20
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legítimo de las armas y principal mediador de los conflictos sociales5. Desde la perspectiva
de Hobbes, es el Estado fruto y producto de las relaciones sociales que se han configurado
por la incapacidad natural de los individuos de regirse en sociedad, es por ello que el
Estado aparece como una forma negociada de control social que deja explicita y clara la
autoridad del mismo por encima de los designios individuales6.
Un fenómeno de gran interés para nuestro análisis es la secularización, que es entendida
como el proceso que resulta del control del mundo del hombre, de la extensión de las
relaciones sociales, de aquella condición autosuficiente que le dan la técnica y la
racionalidad, lo que lleva consigo la definición no religiosa de las relaciones sociales a
nivel de los valores y la eventual independencia de las instituciones sociales al nivel de la
estructura. La secularización es la transformación de la estructura social como una
referencia explícita y específica a las realidades de la sociedad terrestre y al mundo de la
ciencia y de la técnica, por oposición a todo lo que expresa una relación directa con la
divinidad7. También es entendida como un fenómeno consistente de la “desintegración” de
las tradiciones religiosas en la modernidad a la que se vincula la “pérdida de sentido”,
incluido en él tanto el llamado “ateísmo” de las masas como la emancipación de la moral,
la política, la ciencia, la economía y el arte respecto de la esfera de la influencia de la
religión8.
Frente al liberalismo es de especial atención estudiar las ideas que podemos tomar del
mismo y su relación con el Estado. El Estado configura y encierra las relaciones de diversa
índole, en son de los aspectos políticos que son el principio de otras relaciones, en este caso
económicas para designar otra faceta del liberalismo como concepto. Desde el aspecto
político, se entiende que el liberalismo es el principio garante de la libertad económica9 y
por ende de su expresión estatal en asuntos de este carácter. El liberalismo parte del
principio político, y es el económico el resultado de las decisiones de este tipo. El
liberalismo es entonces una categoría política que se basa en la moral y se mantiene de
acuerdo a la aplicación que de este se dé, y es de ahí que se desprenden sus elementos
constitutivos en aspectos propios como los de la economía10
.
De otra parte el término narcotráfico se acuñó en 1982 por el entonces presidente de los
Estados Unidos Ronald Reagan. Este declaró abiertamente una lucha contra las drogas ya
que esto era un asunto de seguridad nacional. Este término logró instaurarse en el
imaginario colectivo de los estadounidenses, de sus políticos y de las demás personas del
continente que acoplaron para sí la idea de combatir las drogas y a sus productores y
5 Max Weber, Economia y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva tomo I, Ed FCE, Bogotá. 1977, p. 1057 6 Thomas Hobbes, Del ciudadano y Leviatán, Ed. Tecnos, Madrid, 1987, p. 147 7 Jaime Rodríguez F, Educación Católica y Secularización en Colombia, Talleres editores de la librería Stella, 1970, Bogotá- Colombia, p.47 8 Héctor Solsona Q. La Tesis de la Secularización , De: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/secular.pdf 9 Victoriano Martín M. El Liberalismo Económico, la génesis de las ideas liberales desde San Agustín hasta Adam Smith, Ed. Síntesis, Madrid, 2002, p. 13 10 Ronald Dworkin, Liberalismo, Constitución y Democracia, Ed. La Isla de la Luna, Buenos Aires, 2003, p. 15
19
distribuidores, razón por la cual el narcotráfico evolucionó hasta hacer alusión
principalmente al tráfico de cocaína. Lamentablemente el uso y generalización del término
ha recaído y de forma indiscriminada sobre los países productores llevando a la
criminalización de todo aquel que haga parte del proceso más allá de su vínculo directo o
no con esta actividad, haciendo que las razones culturales del uso de la coca por parte de los
indígenas sea visto como una pieza más en la maquinaria ilícita de la cocaína.11
Las disputas a través del tiempo entre el Estado y la Iglesia. Relaciones marcadas por el
poder
Sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia colombiana se han escrito diferentes
trabajos en los que se resalta como algo muy característico el conflicto y la lucha de poder
por lograr reproducir un proyecto de nación, que en buena parte del siglo XIX era muy
diferente. Charles Bergquist en su libro “Café y Conflicto en Colombia 1886-1910: La
guerra de los Mil Días: sus antecedentes y sus consecuencias”, retrata la situación vivida
por el conflicto entre las fuerzas del Estado frente a las clericales. En este se da cuenta de
las reformas adelantadas por el vicepresidente Francisco de Paula Santander y como
estaban dirigidas a limitar el poder de la Iglesia Católica tanto a nivel político como
económico.12
En principio, las disputas se dan entre las facciones que irían a ser las que dieran las bases
del bipartidismo colombiano y que se mantendrían durante todo el siglo XIX. A pesar del
choque ideológico que se dio entre los pioneros de los partidos Liberal y Conservador,
encontramos que no es del todo acertado pensar que aquellos adeptos del primer grupo
profesaban una doctrina completamente anticlerical. Carlos Jaramillo sostiene que la Iglesia
asimilaba a los Liberales con el agnosticismo, el ateísmo, la masonería, la herejía y el
socialismo. Los Liberales, en cambio, algunas veces solicitaban capellanes y recomendaban
a sus seguidores respetar las iglesias y practicar los deberes religiosos.13
Jaime Jaramillo opta por tomar una posición que enfrenta en parte lo expuesto por Carlos
Jaramillo, pues afirma que el partido Liberal tenía una fuerte posición anticlerical más no
antireligiosa, ya que estaba de acuerdo con la libertad de cultos pero entendía que se hacía
necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado.14
Es por estas razones que la primera
mitad del siglo XIX marcó claramente las disputas que se dieron durante todo el siglo y que
terminarían sobre el papel a principios del siglo XX. A finales de la primera mitad del siglo
11 Darío Betancourt y Martha Luz García, contrabandistas, marimberos y mafiosos, historia social de la mafia colombiana (1965-1962), tercer mundo editores, Bogotá, 1994, p. 37 12 Charles Bergquist, Café y Conflicto en Colombia 1886-1910: La guerra de los Mil Días: sus antecedentes y sus consecuencias, Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES, Medellín, 1981, p. 12 13 Carlos Jaramillo, El poder de la Iglesia, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 37 N° 54, 2000, p. 61 14 Jaime Jaramillo U, La Personalidad Histórica de Colombia y Otros Ensayos, Ed. El Angora editores. Bogotá, 1994, p. 167
20
XIX se daría inicio al periodo de mayores tensiones y de más incidencia política para el
país, dado que se llevaría al plano armado a gran escala la enemistad que se forjó tras la
separación de España. Es por la influencia de los primeros conservadores que en el año
1849 se desmontan las reformas adoptadas años antes y se le da a la Iglesia Católica mayor
poder a nivel administrativo en el ámbito local y nacional.
Es en el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez que se logran grandes triunfos para el
Partido Conservador. Se le dio a la Iglesia Católica potestad para ser la institución que
dirigiera la educación, se trató de invisibilizar la ideología Liberal y se impidió enseñar los
principios del Benthamismo que le dieron las bases al pensamiento que se quiso impulsar
con las reformas liberales a principios de siglo.15
Durante el tercer mandato de Tomás
Cipriano de Mosquera, el autor Eugenio Gutiérrez describe la situación vivida en la
segunda mitad del siglo y describe como se establecieron nuevas reformas de un hombre
ligado al conservatismo pero unido a sus actos y disposiciones con el liberalismo. Una de
las disposiciones tomadas por Mosquera fue la de evitar cobros de impuestos y diezmos a la
población campesina ya que se hacían de forma corrupta y bajo la amenaza de recibir
castigos espirituales.16
A finales del siglo XIX, las relaciones siempre convulsionadas entre la Iglesia y el Estado
colombiano se ubicaron en un terreno de disputa política y militar que llevó al segundo a
una profunda crisis institucional. La Guerra de los Mil Días fue el suceso de mayor
importancia durante el siglo XIX en lo concerniente a la lucha entre estos dos poderes y sus
representantes, tanto del Partido Liberal como del Conservador asociado históricamente
con la Iglesia Católica, tal como se expone a continuación:
A partir del reconocimiento de los dos partidos de la vinculación
del país a la economía mundial, las diferencias se daban
alrededor de cuestiones relacionadas con el papel del Estado y la
Iglesia en la sociedad Colombiana. Mientras los liberales
buscaban la transformación de la estructura social, sus ideas y
sus valores, en concordancia con la filosofía política y
económica, abiertamente ligada el mercado mundial desde el
punto de vista económico, y universalista desde el punto de vista
ideológico, los conservadores se preocupaban por mantener esa
estructura social, en la cual la Iglesia ira a desempeñar una
función central.17
De esta forma se configuraron las relaciones que se dieron entre el poder de la Iglesia
Católica, el partido Conservador y el liberalismo específicamente durante todo el siglo
XIX. Hacia el año de 1843 se decretó una ley en la cual el presidente la República Pedro
15 Charles Bergquist, op cit, p. 12 16 Eugenio Gutiérrez, “Tomas Cipriano de Mosquera, un tratado secreto y tres delitos administrativos menores”, En: Credencial Historia, Julio, 1991. 17Renán Vega Cantor, “Un Clásico. Café y conflicto en Colombia (1886-1910) Charles Bergquist”,. En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango, Vol. XLI Núm. 66.2004, Ed Banco de la Republica, 2005, p. 169
21
Alcántara Herrán permitió contratar sacerdotes misioneros de Europa, los cuales estarían
destinados a catequizar las tribus salvajes de los territorios de Casanare, San Martín y el
Caquetá. El gobierno del presidente Herrán, que estuvo en su momento apoyado por
Mariano Ospina, dio la instrucción para que vinieran sacerdotes de la Compañía de Jesús, y
estos se encargarían de ejercer sus ministerio desde las principales ciudades de la época
entre las que se encontraban Bogotá, Popayán y Medellín respectivamente; ciudades en las
cuales la enseñanza quedaría a cargo de los respectivos religiosos18
.
La anterior medida dio paso a una oposición violenta tanto de los Liberales como de
algunos Conservadores, ya que aquellas personas a las que los sacerdotes pretendían
catequizar no eran los salvajes de los bosques como anunciaban sino que se dirigieron a las
poblaciones de las ciudades, en las cuales infundirán opiniones contrarias a la república que
eran tomadas de los programas contra “las ideas liberales que empezaban a propagarse por
Europa a principios del siglo XVI por el célebre soldado, después fraile, Ignacio de
Loyola”19
. Como consecuencia de ello se pasó en 1844 a la Cámara de Representantes un
proyecto de expulsión de tales sacerdotes, a los cuales se les argüía de estar provocando la
discordia entre los partidos. Entre 1849 y 1885 fueron desterrados, encarcelados o
confinados del país una gran cantidad de miembros de la Iglesia Católica. A la vez que se
realizaban estas medidas de destierro, el Estado iba realizando despojo de gran parte de los
bienes de la misma. En este momento se inicia un nuevo periodo para la Iglesia y el Estado
marcado por grandes contrastes que afectaron tanto al uno como al otro.
Durante el gobierno de José Hilario López (1849-1853) se dictaron varias medidas que
tocan negativamente a la Iglesia, entre ellas se encuentran la abolición del diezmo,
impuesto que recaudaba el gobierno para sostener a la Iglesia Católica; aquel impuesto se le
cobraba a los agricultores y ganaderos. En 1851 se le dio potestad a las provincias para que
eliminaran aquel gravamen. De igual manera se facultó a cada una de las cámaras de las
provincias para que administraran los dineros que recibían los centros religiosos. Otra de
las medidas que se tomaron durante el gobierno de José Hilario López tuvo que ver con la
supresión del fuero eclesiástico, elemento que durante muchos años mantuvo blindada a la
Iglesia Católica ya que el fuero no permitía que el gobierno interviniera en los asuntos de la
Iglesia y establecía que el único poder que los podía juzgar era el papal. Cuando se decretó
la eliminación del fuero, los clérigos empezaron a regirse y a ser juzgados por las leyes
civiles y no por las eclesiásticas20
, que muchas veces lo que hacían era mantener los
desmanes religiosos en la impunidad.
Hacia 1850 se ordena nuevamente la expulsión de los Jesuitas, dictaminándose un plazo
máximo de 48 horas para que salieran del país, la mayoría de los religiosos se exiliaron en
18Salvador Camacho Roldan, Memorias de Salvador Camacho Roldan. Ed. Bedout. Bogotá edición de 1923. Pág. 187. 19 Ibíd. p 187 20Martha H. López Rodríguez y Patricia Pinto Quintero, La Iglesia Católica y el Estado en Colombia, Tesis Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, feb 1991, p. 244
22
Ecuador y Jamaica. Aquella orden es tomada ya que el gobierno de Hilario López considera
que hasta la fecha permanecía vigente la orden de Carlos III, la cual se estableció en 1767 y
estipulaba que la Compañía de Jesús o Jesuitas debían abandonar los territorios controlados
por la Corona.
Los Jesuitas eran considerados más como un instrumento de partido político que como
miembros del sacerdocio cristiano, por su origen y por el objeto de su institución, la
comunidad de los Jesuitas no es, propiamente hablando, un establecimiento religioso sino
uno de propaganda política; en predicación de las ideas reaccionarias dominantes en España
en los tiempos de Felipe II, en pocas palabras aquella comunidad es una sociedad política
de carácter permanente, que tiende a ir en contra de los gobiernos libres y de ideas de
renovación social 21
. Cabe resaltar que no todas las miradas hacia la compañía de Jesús eran
negativas pues posteriores miradas de la misma, consideraban que los Jesuitas tenían una
misión reformadora eclesiástica al intentar armonizar con el espíritu investigador y
científico del mundo moderno y se consideraba que la presencia de los mismos en los
diferentes países influía en la sociedad y en el clero. “Ella enseña el Evangelio, y enseña a
enseñarlo”22
.
Aquellas medidas iban vislumbrando las nuevas tendencias de los gobernantes de la
república, tendencias que claramente mostraban que para la formación de la misma se
necesitaba y se requería explícitamente dejar en claro cómo se debían manejar las
relaciones entre la Iglesia y el Estado; las nuevas tendencias y el nuevo orden que se estaba
estableciendo en el mundo occidental daba cuenta de que el poder que ha ejercido la Iglesia
sobre los diferentes pueblos es impresionante, por lo cual si se desea configurar una nación,
lo primero que deben hacer los gobiernos es clarificar bajo que tutelas se van a regir y sobre
cuales regirán cada uno de los dos poderes. Ello era lo que al parecer se proponían los
gobiernos. Puede ser que en un principio las medidas se vieron o percibieron como un
ataque frontal a la religión, y específicamente a la Católica preponderante de la época, y
puede ser que en un sentido si se dio así, pues diferentes gobernantes veían en ella su más
acérrimo enemigo, por ende tomaron medidas como la expulsión, destierro y hasta
persecución, pero otros lo que deseaban era clarificar sobre cuales asuntos tenían potestad
cada uno de ellos.
Para la Iglesia Católica era de especial interés conocer y ubicar la forma en que ambas
instituciones estarían involucradas y hasta qué punto en los asuntos de la nación, algo que
en última instancia sería benéfico para la Iglesia, esto dado que limitaría el control de parte
del Estado sobre sus funciones y consideraciones. Solo en 1886 cuando se firma una nueva
constitución se deshacen las barreras que separaban a la Iglesia y el Estado. En esta nueva
constitución se reconoce la soberanía de la Iglesia y se da por iniciada una nueva era en la
21 Salvador Camacho Roldan, Memorias, Medellín, Ed Bedout, s.f., p 189 22 Carlos Valderrama Andrade, Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno, Un capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá 1986, p 90
23
política colombiana. Aspectos que se ratifican en algunos de sus artículos como el
siguiente:
“Art 38. La religión católica, apostólica y romana es la de la nación: los poderes públicos la
protegerán y la harán que sea respetada, como especial elemento del orden social se
entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial y conservara su independencia”.23
Con
este nuevo orden democrático las relaciones entre la Iglesia y el Estado inician un proceso
de reconciliación; esto se hace evidente cuando Joaquín Fernando Vélez a nombre del
presidente Núñez, y el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro como representante del
papa León XIII, firmaron el 31 de diciembre de 1887 en Roma un concordato que rigió las
relaciones amistosas entre los dos poderes hasta 1973. Luego que el vicepresidente Caro
restableció las relaciones con la Iglesia, los miembros del clero expulsado en otros periodos
restablecieron sus proyectos misionales en el territorio. Entre las primeras rutas misionales
que restauraron fue la obra misionera en el Casanare, fechada para el 10 de Abril cuando
los agustinos recoletos establecen el vicariato apostólico de Casanare. El Beato Ezequiel
asume la empresa de restaurar la provincia de la Candelaria. Se continuó con la prefectura
apostólica del Caquetá a cargo de los padres capuchinos, prefectura que incluía los
vicariatos de Sibundó y Florencia. Los padres franciscanos también iniciaron procesos
misionales en el vicariato de Buenaventura.
Los enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia no eran de poca monta para la primera
institución. Se debía tener y procurar la preservación de unas relaciones cordiales entre
estos dos entes pues era innegable e indiscutible que el poder de la Iglesia Católica ya hacía
parte fundamental del imaginario de los pueblos y de sus gentes, y por lo tanto, era una
institución con la que se debía entrar a discutir más que a imponer las leyes. Consolidar y
legitimar a la naciente república era una tarea que debía realizarse desde diferentes frentes,
especialmente desde el diplomático y particularmente en el Vaticano.24
La carrera de parte
del Estado en los momentos en que este se encontraba desligado de la religión, (al menos
en aspectos de fondo), era contradictoria. Se mantenía una política anticlerical hacia dentro
pero se pretendía contar con el beneplácito de la institucionalidad religiosa desde fuera. La
cuestión es que se debía legitimar cada vez más al Estado independiente en sus inicios y en
lo posible no ir exageradamente en contra de la religión Católica, la cual era profesada y
aceptada por la mayor parte de la población. De no hacerse así el descontento con el Estado
se manifestaría como en efecto ocurrió, con levantamientos y guerras civiles que dividieron
al país y que lo dejaron así hasta nuestros días. Por lo anterior es que se hace evidente la
poca concordia entre los gobiernos liberales y la Iglesia, y la de los conservadores luego de
su formación y posterior llegada al poder frente a sus opositores.
23 docencia.udea.edu.co/.../CONSTITUCION%20POLITICA%20DE%20C
24 Germán Arciniegas, Bolívar y Santander, vidas paralelas, Ed. Planeta, Bogotá, 1995, p. 204
24
Como un suceso más y de gran relevancia, está el referido a los acontecimientos de la
Guerra de los Mil Días, que se dio entre 1899 y 1902, conflicto en el que se enfrentaron los
partidos Liberal y Conservador. Como antecedentes de tal suceso se encuentra el golpe de
Estado que el vicepresidente José Manuel Marroquín dio al presidente constitucional
Manuel Antonio Sanclemente el 31 de julio de 1900. Aspecto que es justificado por
Marroquín al enunciar que no era conveniente para el país que estaba en ese momento
sumido en grandes conflictos, que estuviera bajo el mando de un presidente que se
encontraba en mal estado de salud. Suceso que trajo consigo reacciones por parte del orden
diplomático – eclesial, donde algunos de los jerarcas de la Iglesia colombiana como Rafael
Celedón, obispo de Santa Marta, quien apoyó al nuevo presidente desde su instauración.
Igualmente otros prelados de la Iglesia como, Nicolás Casas vicario apostólico de Casanare
quien en una carta firmada el 27 de febrero de 1901, da apoyo al depuesto presidente
Sanclemente.
Lo anterior da cuenta de un proceso de tensiones y posteriores reajustes entre la Iglesia y el
Estado, específicamente en momentos que las circunstancias lo permitían y esto era más
que nada cuando la Iglesia podía obtener mayores beneficios. Por su parte no era propicio
para el Estado adentrarse en disputas internas cuando las mismas sobraban y cuando el
rezago de la destrucción ocasionada por todas las guerras civiles aún se hacía sentir. Las
consecuencias de la Guerra de los Mil Días dejarían claro que nuevas luchas ubicarían al
Estado en una situación que lo pondría al borde del colapso y que un enfrentamiento directo
en el que el aparato movilizador fuera la ideología religiosa lo llevaría de entrada a
enfrascarse en una lucha que sin empezar estaría perdiendo. A pesar de lo anterior las
discrepancias se seguirían presentando y como un ejemplo diciente se presentarían los
sucesos entre la Iglesia y el Estado después de 1994.
El marco electoral de 1994
La historia deja entrever las relaciones dilatadas entre la institución eclesial y el Estado a
través de los años, más aún cuando el manejo del mismo se encuentra principalmente en
las manos de los liberales. Las rencillas políticas, las constantes guerras que desembocaron
producto de las viejas e indolentes disputas por el poder y por el control social, por el ideal
de nación truncado siempre por odios en los que la población sufrió de la mezquindad de
los dirigentes y por lo que pareciera un desaforado moralismo en un Estado liberal en sus
aspectos económicos, pero distante de los principios políticos que garantizan las libertades
individuales, usadas siempre de forma oportunista y que se han enunciado desde las
posiciones encontradas de los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador. Las
consignas de ambas partes mueven a la población en la fiesta electoral, fiesta en la que el
más importante invitado se engalana para recibir por ocasión única las atenciones que le
serán ajenas cuando se termine el sonido de la orquesta. Una vez esta termina vuelve a su
25
lugar de olvido para ser nuevamente importante cuando los dirigentes y su aparato
burocrático necesitan aferrarse al poder, el cual es legitimado por el electorado, invitado
ocasional en las decisiones políticas en un país de tradición “democrática” (ver imagen 1).
En el siglo XX y tras una serie de enfrentamientos en el siglo anterior la situación va a
mostrar una relativa calma desde el púlpito de la Iglesia, dejando al conservatismo como el
bastión político que recogería los intereses de esta institución y tomando distancia, aunque
en apariencia, de los asuntos relativos al Estado. Cabe aclarar que las críticas de la Iglesia
se hacían más evidentes en momentos en que el liberalismo ostentaba el poder y control del
aparto institucional. Este sería el caso del denominado proceso 8000, escándalo político que
salpicó a Ernesto Samper Pizano tanto en su época de candidato a la presidencia de la
república para el año 1994, como en el ejercicio del poder. En el libro Opinión pública:
encuestas y medios de comunicación. El caso del proceso 800025
, se manifiesta
precisamente cómo el gobierno de Samper se vio envuelto en relaciones con los
narcotraficantes del cartel de Cali. Este escándalo tendría muchísima resonancia y un
impacto mediático de gran magnitud lo que permitiría reflejar las tensiones entre las
posturas ideológicas del bipartidismo y de la Iglesia católica, lo que a la postre haría posible
un nuevo contexto de disputa entre la Iglesia y el Estado.
Las relaciones entre ambas instituciones en este contexto llegarían a un nuevo punto de
tensión en la historia de nuestro país, debido a la coyuntura que se erigía como pretexto
para rememorar las antiguas luchas que no se habían cerrado por completo. La Iglesia como
un actor fundamental dentro del imaginario colectivo de la sociedad colombiana reclamaba
desde su autoridad moral, conferida por la población en gran número, la potestad y el
derecho a emitir juicios acerca de los asuntos en los que el Estado actuase por fuera de los
valores que le deberían regir (ver Imagen 2). Es claro que estos valores que aluden a los
principios de la democracia y a la dignidad y buen ejemplo que deberían provenir desde los
dignatarios de la nación se ha visto trastocada por Liberales y Conservadores por igual,
pero, este derecho a opinar por parte de la Iglesia se veía restringido a los momentos en que
el liberalismo y las nuevas fuerzas políticas le resultaban incómodas para sus propios
intereses. En muy pocos momentos se vio tal movilización y rechazo del actuar de los
mandatarios cuando estos se apegaban a los principios que emanaban del clero, a pesar de
los errores cometidos por los mismos. Los conservadores fueron menos cuestionados
debido a la histórica relación que ha mantenido con la Iglesia.
La obra Poder, justicia e indignidad realizada por la comisión ciudadana de seguimiento,
órgano creado alternativamente para cuestionar el actuar del presidente Samper y como
acción adelantada por entes no gubernamentales avalados por la constitución, analiza y
juzga lo que a su parecer fue “el conocimiento que tuvo el Presidente sobre la ocurrencia de
25 Omar Rincón, Jaime Bermúdez, María Eugenia García, Germán Rey, Luis Alberto Restrepo, Mónica de Greiff, Martha Ruiz, Oscar Jiménez, Carlos Lemoine, Juan Fernando Cristo, Jesús Ortiz, Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del proceso 8000, Centro de estudios de periodismo Universidad de los Andes CEPER, Bogotá, 1997.
26
las infracciones penales […] y por lo tanto su participación y autoría”26
. Las evidencias
surgidas durante el proceso y las circunstancias que suscitaron grandes sobresaltos en la
vida política del país permitieron un considerable tratamiento del tema, dando cabida así a
un debate público que engendró las más fuertes opiniones en contra de Ernesto Samper y
del Estado mismo al verse envuelto en cuestiones relativas a la ilegalidad, asunto
naturalmente mal visto y cuestionable, pero que necesita y demanda de un análisis profundo
de estas mismas opiniones, su intencionalidad, sus alcances y repercusiones. El tratamiento
del tema justificó de una parte el actuar del presidente mostrándolo como una víctima de un
complot gestado desde sus opositores y de otra, un constante reproche y señalamiento al
presidente por acciones que si bien no pueden justificarse, también deberían involucrar a
todos los actores que se vieron relacionados con el narcotráfico, factor que permeó todos
los ámbitos e instituciones del país, incluidas las religiosas.
Las luchas internas por el poder entre el liberalismo y el conservatismo fueron en su
momento el resultado de un error por parte del Estado, el cual demandaba el
reconocimiento de si por parte de la Iglesia como ente superior, aunque estaba de acuerdo
con la autonomía del clero frente a las cuestiones netamente espirituales, pero en aspectos
más mundanos, las discrepancias entre estas dos instituciones se hacían bastante notorias.
Frente a esos asuntos, el Estado percibía que la influencia del clero en la sociedad iba más
allá de las simpatías que generara en el común de la gente, razón por la cual veía con recelo
las posesiones eclesiásticas y su procedencia.27
Mientras la Iglesia se levantaba como el
principal referente cultural y social en la Nueva Granada, el Estado por su parte aparecía
como un ente desconocido que generaba más dudas e incluso indiferencia entre la
población, cuestión que limitaba la cohesión y unidad social.
El haber descuidado o peor aún, el hecho de subestimar e intentar doblegar a la Iglesia por
parte del Estado significó posteriormente una ruptura entre las dos instituciones, una con el
suficiente poder para mantenerse a través de la historia y otra que constantemente está
sujeta a reinterpretaciones, críticas, desajustes y contradicciones como es el Estado. Estas
circunstancias albergan buena parte de su contenido inicial en el momento mismo de las
elecciones presidenciales de 1994. La Iglesia siempre crítica frente a asuntos que en
algunos casos se escapan a su control y valoraciones, pero con “autoridad” suficiente para
hablar sobre cualquier tema, se encontró en un contexto especial para realizar juicios de
gran resonancia dado su carácter totalizante y movilizador desde el terreno espiritual. Las
declaraciones de esta institución dejaban muy claro que los asuntos del Estado eran
susceptibles a las críticas y cuestionamientos del clero. Este concentró buena parte de su
tiempo y proyectó sus ambiciones gracias a los sucesos en que se encontraba el país, el cual
se hallaba atravesado por el narcotráfico en las diferentes escalas sociales.
26 Comisión Ciudadana de Seguimiento, Poder, justicia e indignidad. El juicio al presidente de la república Ernesto Samper Pizano, Utópica ediciones, Bogotá, 1997, p. 80 27 Jorge Villegas, Colombia: enfrentamiento Iglesia-Estado.1819-1887, Centro de investigaciones económicas C.I.E., Universidad de Antioquia, Medellín, 1997, p. 2-A.
27
Si bien los ánimos se logran apaciguar durante el siglo XX (al menos comparativamente
con el siglo anterior), las formas en que se enfrentan el Estado y la Iglesia van a estar
atravesadas por diferentes aspectos determinados cada uno por la coyuntura específica en la
que se enmarque la relación entre ambas partes, entre la sociedad y el mundo en general. La
influencia en la vida de los colombianos de la religión Católica es algo que no puede
objetarse más allá de las proclamas de grupos minoritarios y de la consigna constitucional
de 1991 que garantiza la libertad de culto. La mezcla de religión y política ha llegado a
instaurase a tal punto, que las decisiones políticas en la actualidad y que van en contravía
de los principios morales del catolicismo son de gran revuelo y controversia precisamente
por el poder que goza la Iglesia como referente cultural y como lugar de decisión política
(ver imagen 3).
Para 1994, el ambiente político en el país mostraba la tendencia siempre marcada en la
contienda electoral, esta es, la lucha entre un representante del Partido Liberal y uno del
Partido Conservador. Andrés Pastrana Arango, político conservador y de trayectoria
periodística levantaba la bandera de su partido para enfrentar al liberal Ernesto Samper
Pizano (ver imagen 4). Este último formado desde muy joven en la tradición política del
liberalismo llegaba a las elecciones con su nombre salpicado por una serie de acusaciones
que lo asociaban con el narcotráfico, tanto en su campaña como antes de la misma. Los
largos brazos de la delincuencia súper organizada que representaba el narcotráfico habían
socavado las ya débiles bases de la institucionalidad estatal, evidenciando que la política
independientemente del gobernante de turno había sido absolutamente permeada en sus
diferentes expresiones. El control territorial que el Estado ejercía era más de carácter
nominal que verdadero, pues las guerrillas y los diferentes grupos armados controlaban
vastas zonas del territorio nacional.
A nivel regional, los grandes señores de la droga controlaban el país. Antioquia sería el
fenómeno más evidente de dicho control, el cual se ejercía con el poder del dinero y a
través de la violencia como medio persuasivo de gran utilidad. Por otra parte, el cartel de
Cali manejaba los hilos “comerciales” y políticos del sur occidente del país. Es
precisamente por este grupo que las elecciones presidenciales de 1994 se verían seriamente
cuestionadas debido a las denuncias de la participación de dineros ilícitos de los Rodríguez
Orejuela en la campaña de Ernesto Samper. La facción conservadora fue la que denunció
dicha participación al entregar a la Fiscalía general de la Nación los denominados narco-
casetes, en los cuales se asociaba al candidato Samper como el destinatario de las ayudas
electorales que le beneficiarían de forma concreta en la segunda vuelta electoral. El vínculo
de Ernesto Samper con el cartel de Cali sería objeto de grandes disputas, sospechas y
crímenes que le perjudicaban directamente al implicado.
La Iglesia encontraría elementos suficientes para dudar con respecto al proceder de Samper.
Un país en estado crítico y con un evidente pero nada probado flagelo corruptible del
narcotráfico en las más altas esferas de la dirigencia política dejaba un sin sabor, este
28
porque la justicia no llegaba ante unos hechos que dejaban claro que los delincuentes de
cuello blanco escapaban impunes y seguían ejerciendo su oscura influencia en un país
necesitado de la verdad. Evidentemente eso era mucho pedir, pero más allá de todo esto, la
Iglesia empezaría a cuestionar con mayor contundencia a Ernesto Samper. La “guerra
religiosa” fue el elemento que hizo de estas elecciones, enmarcadas por un ambiente de
corrupción, un importante detonante de las pasiones partidistas históricas que llevaron a lo
largo de los años al enfrentamiento fratricida entre colombianos que se identificaban con un
color determinado. Las acusaciones que reposaban sobre Ernesto Samper están
documentadas en diferentes trabajos que enuncian buena parte del proceso y las
indagatorias que se adelantaron en contra del presidente. Una de ellas y que rescata la
figura del mandatario es la de Luis Guillermo Nieto Roa, abogado de Samper durante el
proceso 8000. A través de su posición argumenta que “el doctor Ernesto Samper Pizano, si
bien tuvo la condición de Candidato y jefe de la campaña presidencial, fue víctima de actos
de otras personas en relación con el presunto ingreso de dineros de ilícita procedencia a la
campaña”28
.
El periodista Enrique Santos Calderón, columnista del diario El Tiempo durante el periodo
presidencial de Ernesto Samper describe que la situación política y social del país se debió
en buena parte a la indiferencia social que los hechos mismos suscitaron. La falta de control
político no fue solamente producto de la inoperancia de los representantes de la nación, fue
además y gracias a la naturalización de hechos que fácilmente hubieran acabado con la
muerte política del presidente y hasta la prisión.29
Estos hechos también los describe como
el resultado natural de la influencia del narcotráfico en todos los ámbitos de la sociedad
hasta el punto de generar tolerancia y empatía, algo de lo que no fueron ajenos los políticos
cercanos al presidente como lo fuera su ministro de defensa Enrique Botero Zea.30
El
sociólogo Francisco Leal Buitrago, académico formado en la Universidad Nacional de
Colombia y profesor durante algunos años de la misma universidad y de la Universidad de
los Andes, reconoce en su libro Las huellas de la crisis política que:
Las sumas fabulosas utilizadas para la financiación de las
campañas electorales y la participación en ellas de los
conglomerados económicos legales e ilegales, forman parte del
deterioro de los valores cívicos en las actividades públicas. Este
deterioro fue alimentado de manera sistemática por la tolerancia
cómplice que por largo tiempo tuvo la sociedad, en general, y los
dirigentes políticos, en particular, con las fortunas sospechosas que
despertaron admiración. Esa ausencia de ética política se encontró
con la campaña presidencial de 1994, que por circunstancias
28 Luis Guillermo Nieto Roa, La verdad para la historia. Defensa del presidente Ernesto Samper Pizano ante el congreso, ediciones Monte verde, 1996, p. 10. 29 Enrique Santos Calderón, Un presidente en contraescape, editorial Planeta, Bogotá, 1997, p. 14 30 Ibíd. p. 14
29
especiales puso en entredicho un sistema de financiación electoral
inflacionario penetrado por el narcotráfico.31
Esta apreciación es coincidente con otras que al respecto aseguraron que las dificultades
del momento eran de tal magnitud que llegaron a aceptarse como válidas las prácticas tanto
políticas como sociales que iban en contravía de una verdadera moral que correspondiera
con un sistema democrático que gozara de unos mínimos de organización y coherencia.
Esta situación fue la que permitió que la Iglesia se sintiera llamada a convocar a sus fieles
y a sus ministros para emprender una campaña que condenara los lamentables
acontecimientos que golpeaban a las instituciones y dejaban un legado muy negativo en el
imaginario social, el cual se reproducía rápidamente con los ídolos narcos y su dinero (ver
imagen 5).
Por último en la tesis de doctorado de Elvia Elena Acevedo Moreno, estudiante de la
Universidad de Sao Paulo se expresa que la filtración de los dineros del narcotráfico era
una cuestión de esperar pues “Cada político asume su campaña como un proyecto
individual, para el que debe conseguir los recursos económicos necesarios, promover su
imagen y montar su propio equipo de asesores; […] Las elecciones presidenciales de 1994
sirven de ejemplo: la administración financiera de las campañas no fue realizada por las
tesorerías de los partidos, (se hizo) por fundaciones creadas para tal cometido.32
Los
asesores serían los encargados de percibir recursos para las campañas y así fue como el ex
ministro Botero Zea logró lo necesario para su jefe político Ernesto Samper, más allá del
conocimiento o desconocimiento de este último.
Conclusiones
Gracias a los elementos de análisis que se presentaron en este capítulo fue posible
acercarse conceptualmente a las categorías que hacen parte de esta investigación. Entender
cuáles son los actores involucrados en la problemática que le dio cabida a las disputas que
surgieron con la república, se puede observar por ejemplo que durante aquella época en la
que la Iglesia pudo ser ese elemento de cohesión de la nación, lo que realizaron los
primeros gobiernos fue ir en contra de la misma y de tratar de destruir lo que ella había
logrado, en lugar de negociar se le declaro la guerra directa.
31 Francisco Leal Buitrago, Las huellas de la crisis política, tercer mundo editores, Colombia, 1996, p. 27
32 Elvia Elena Acevedo Moreno, A presença do narcotráfico na campanha presidencial colombiana de 1994: cobertura feita pela revista
“Semana” e pelos jornais “El Tiempo” e “El Espectador” da Colombia, Tese apresentada como exigencia do grau de Doutor em Ciencias
da Comunicacao, Área de Concentracao em Journalismo, no Programa de Pos-Graducao ê da Escola de Comunicacoes e Artes da
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2002, Pp. 32-33 Traducción nuestra.
30
Luego de pasar por el este siglo XIX que dio tanto de que hablar, nos daremos cuenta que
el siguiente siglo no se quedó atrás y al enfrascarnos en éste llegando a las
transformaciones que se dieron en él por la influencia del narcotráfico, que hizo parte
fundamental del reconocimiento de las dinámicas que han acompañado al país y le han
heredado tantos problemas por la falta de cohesión en cuestiones políticas, las cuales y a la
postre desencadenarían un vacío en el que logró incursionar la ilegalidad supliendo así
buena parte de las responsabilidades del Estado, llegando incluso a controlar varios
espacios del mismo. Por su parte, la Iglesia en actitud inquisidora llega a condenar las
acciones del Estado y de su máximo líder, el presidente de la república Ernesto Samper
Pizano, con lo cual se sientan las bases de un nuevo momento en las históricas y
conflictivas relaciones entre el Estado y la Iglesia, pero sumado a las mismas el problema
de los dineros ilegales y la disputa constante por el poder entre liberales y conservadores.
31
IMÁGENES CAPITULO I
IMAGEN N°:1 IMAGEN N°:2
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 29-Mayo-1994 TOMADA DE: El Catolicismo 5-Feb-1995
IMAGEN N°:3 IMAGEN N°:4
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 8-Junio-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 12- Mayo-1994
32
IMAGEN N°:5
TOMADA DE: El Catolicismo 28-Jul-1996
33
Capítulo II
“Rescate de los valores” y reivindicación de la moral cristiana. La lógica de la Iglesia y
su proceder en el marco del proceso 8000
El proceso adelantado en contra del presidente de la república demandaba de diferentes
sectores de la sociedad un constante examen en relación a las prácticas políticas, sus
notorias implicaciones y los desafíos inherentes a una sociedad carcomida por el fenómeno
de la corrupción y el clientelismo. El proceso 8000, nombre que se le dio al caso tras
encontrar en la fiscalía de Cali un expediente con ese número que vinculaba al contador de
los Rodríguez Orejuela con asuntos políticos y de forma directa, los dineros de estos en las
campañas electorales, iría a ser el elemento que constituiría todo el revuelo político del
momento. El ejercicio del poder era objeto de críticas, y las diferentes opiniones que no
celebraban la situación del momento se hacían manifiestas, muy profundas e implacables
en muchos casos frente al gobierno, por ello todo se encontraba bajo una tensión que no
permitía encausar las políticas de Estado planteadas por Ernesto Samper. Las dificultades
para gobernar emanaban del seno mismo de la campaña electoral que le dio el triunfo frente
a Andrés Pastrana, la victoria sería entonces el comienzo del escándalo político de mayor
trascendencia a mediados de la década de los noventa.
Con el proceso 8000 se presentaron varios elementos que hicieron de Ernesto Samper
alguien que generaba las más profundas dudas tanto en su proceder político como en sus
acciones por fuera de este mismo ámbito. Primero es necesario enunciar que las
acusaciones en contra de Ernesto Samper se hicieron una vez logró el triunfo sobre Andrés
Pastrana. Estas acusaciones le vinculaban directamente con el narcotráfico pues las
investigaciones del entonces fiscal Alfonso Valdivieso demostraron que diferentes
personalidades de la política, así como representantes del ejército y la policía, empresarios
y hasta personalidades de la farándula estuvieron ligadas con los dineros ilícitos.33
Sumado
a lo anterior, el proceso 8000 suscitó los más fuertes calificativos en contra de Samper y del
mismos Estado que no provenían solamente de la Iglesia y de sus opositores políticos. “El
29 de septiembre de 1994 […] el noticiero QAP presentó una entrevista con el jefe de la
DEA en Colombia, Joe Toft, funcionario norteamericano que estaba dimitiendo del cargo
para volver a su país. En la entrevista Toft afirmó que Colombia era una
“narcodemocracia”, que la campaña Ernesto Samper había recibido dinero del narcotráfico
en insinuó que Samper debía conocer los detalles (ver imagen 6).”34
33 Elvia Elena Acevedo Moreno, Op cit, p. 54 34 Ibíd. p. 54 Traducción nuestra
34
Fue en 1995 que este proceso se abrió y fue a partir de ese momento que el escándalo
surgido una vez culminó la contienda electoral tomó tales dimensiones. Era algo que se
rumoraba y con lo que ya se había tratado de deslegitimar a Samper, pues gracias a la
denuncia realizada por su contendor Andrés Pastrana Arango del Partido Conservador se
conoció sobre la influencia de los Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali en la
campaña samperista. Esto tomó vuelo cuando se publicaron las cintas que contenían
presuntamente la voz del presidente cuando estaba en campaña con la esposa de su edecán,
la señora Elizabeth Montoya de Sarria y quien fuese conocida como la “monita retrechera”
debido a la forma en que el mismo Samper la llamase en tales pruebas conocidas también
como los narcocassetes. La “monita retrechera” era conocida por ser muy cercana a los
grandes empresarios del Valle, dentro de los cuales sobresalían los hermanos Rodríguez
Orejuela. Ella al parecer tuvo que ver con la recaudación de fondos para la campaña de
Samper, así como en reuniones sociales que le permitieran realizar actividades
proselitistas.35
El revuelo se presentaba debido a las actividades de Elizabeth Montoya que eran conocidas
por las autoridades de los Estados Unidos. Estas no dejaban dudas acerca de su relación
con el narcotráfico y con los negocios que de esta actividad se desprendían. Esto era
elemento contundente para incriminar o cuando menos dudar de las relaciones del
presidente, las cuales le acercaban más a los negocios ilícitos. Su relación parecía muy
cercana y prueba de ello serían conversaciones como la siguiente: “Ernesto Samper: Mona,
pero cómo hago para volarme si tengo un programa de televisión acá? Le hice un campito a
las doce y media. Venga, no sea así de retrechera. Elizabeth Montoya: No, Ernestico, por
favor. Por favor, no me vayas a hacer quedar mal. Yo que tanto te quiero, no me vayas a
hacer quedar mal. Son diez minutos.”36
Con esta situación a los ojos de todos es que la Iglesia asume un papel activo frente al
cuestionamiento del Estado. Las acciones que se le atribuían al presidente estaban en contra
de los valores que se intentaban rescatar de la práctica política, los mismos que en la mayor
parte de la historia se han encontrado ausentes. Las faltas a la moral pública y más grave
aún, las faltas que atentan contra el bienestar común ligadas al presidente no eran cuestión
menor, de ello que las circunstancias evidentes e inocultables tuvieran el impacto que logró,
llevando así a las institución eclesiástica a levantarse como el referente moral de las y los
colombianos en una actitud de denuncia y recriminación relacionada con el proceder de los
políticos de turno y del presidente mismo por las acusaciones que se posaban sobre él. Con
la influencia del narcotráfico asomando en la ventana de la Casa de Nariño, si es que para
35 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-fantasma-de-la-monita/31996-3, 31 de marzo de 1997 36 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-275158, Publicación el tiempo.com, Sección Otros, Fecha de publicación, 28 de
abril de 1996, Autor, UNIDAD INVESTIGATIVA
35
ser más precisos el mismo no habitaba allí, el presidente tuvo que hacerle frente a todos los
llamados y recriminaciones que se hacían en su contra por el posible delito de narcotráfico.
La situación de gobernabilidad del Estado estaba limitada por el juicio político contra el
presidente y por el afán del mismo por mostrarse ajeno a los delitos que se le atribuían, los
cuales no solo iban desde los estrictamente imputable a nivel legal, sino además a lo
concerniente a sus faltas disciplinarias, las cuales y en muchos casos no acarrean gravedad
penal sino sanciones estrictas que impiden el ejercicio público pero que no envían a
prisión. El ámbito político del país se encontraba consternado por evidenciar el alto grado
de corruptibilidad al que se había llegado, la magnitud y el inmenso poder que emanaba de
la ilegalidad y la forma como este mismo encerraba a las instituciones y a la sociedad bajo
las dinámicas mafiosas que le son propias(ver imagen 7). El Estado representaba de forma
nada despreciable los intereses de estos grupos debido a la forma impune en que operaban,
pues su dinero se movía libremente sujetando incluso a los que debían perseguirle y así
salvaguardar los intereses de la nación. Aquellos que no estaban de acuerdo con la situación
se limitaban a observar la degradación constante del país, de su clase dirigente, de las
instituciones y de las personas mismas que sostienen al Estado.
A pesar de algo tan evidente ante la sociedad, ante los medios y ante la opinión
internacional, lo que resultaba difícil de demostrar era la culpabilidad de Ernesto Samper en
los asuntos que sobre él se cernían. Como producto de la casualidad, como un difícil
fenómeno a contener como en apariencia es el narcotráfico, o como la responsabilidad
directa del primer mandatario, lo cierto es que las manos oscuras de la delincuencia súper
organizada por los mafiosos habían ingresado en la campaña electoral del presidente.
Buscar prontas respuestas sobre lo sucedido era una tarea que debía realizarse con premura
para evitar que la mala imagen del Estado se siguiera propagando, mostrándolo cada vez
más como un ente menos legítimo ante la sociedad en su conjunto.
Es precisamente lo anterior lo que más se daba puesto que el nivel de institucionalidad era
precario, debido en gran medida a los avances de la delincuencia en todas sus formas. Los
recursos del Estado se mezclaban con los recursos de la ilegalidad, cuando no pasaban a las
manos de estos últimos completamente, sumando así el detrimento patrimonial que ha
estado presente en todo momento para el país. El poder del dinero se alzaba sobre los
poderes del Estado siendo este parte de una actividad delincuencial de índole privado,
agrandando las diferencias sociales entre los ricos y los más ricos frente a la inmensa
mayoría de pobres. Esta situación que se reproducía en toda esfera pública y privada
mostraba que el poder, el verdadero poder no estaba en manos del gobierno y que este
último solo terminaba siendo una expresión de la suma de intereses de los grupos
económicos imperantes tanto legales como ilegales. Esta aseveración si bien no indica un
gran descubrimiento sí sugiere concretamente la expresión exponencial en que el fenómeno
mismo se reproducía.
36
Los hechos terminarían indicando cuan desprestigiada se hallaba la reputación del Estado
en ese momento y como sus críticos alimentaban sus propios intereses aprovechando la
coyuntura. El Estado y su control como botín político no impedía que en nombre de las
instituciones las mismas fueran usadas, atropelladas en diversas formas por quienes
pretendían de igual forma hacerse con el control de este. La lucha bipartidista continuaba
presente y los conservadores apelaban a los canales políticos de los que hacían parte para
cuestionar la legitimidad del ámbito al que ellos mismo pertenecían. La suma de todos estos
aspectos hacía inevitable un cúmulo de opiniones a favor y en contra del Estado, aunque las
más resonantes serían las que con mirada inquisidora pudieran afectar al gobierno (ver
imagen 8). Es claro que la Iglesia estaba del lado de los críticos poderosos y también que
sus apreciaciones no estaban cargadas únicamente de buenos deseos para el país. Sus
cuestionamientos obedecían entre otros a lo que es el reflejo de las antiguas disputas entre
la institucionalidad religiosa y la del Estado, más allá de su legítimo derecho a emitir
juicios que escapan a su fuero.
Como institución, la Iglesia gozaba del reconocimiento y el respeto de una gran parte de la
sociedad, algo que en forma contraía le sucedía al Estado. El proceso 8000 indicaría un
fuerte pulso entre el Estado y su legitimidad en decadencia y la opinión de diversos sectores
dentro de los cuales la Iglesia resonaba y trastocaba las ya débiles bases del gobierno
Samper en el terreno político. Iglesia y Estado enfrentados una vez más por disputas que
recogían al narcotráfico como elemento nuevo, como punto de partida en el que las
responsabilidades morales y la reproducción social de los valores religiosos y republicanos
dependían del grado de autoridad efectiva de quien emanaban. La autoridad del Estado
estaba disputada los narcotraficantes que se mimetizaban entre políticos y comerciantes. La
tremenda falta de control territorial era suplida más por la Iglesia, la cual se hallaba en
lugares en los que el Estado operaba estacionalmente, por lo demás eran esas fuerzas
exógenas pero endémicas a su vez representadas por el poder de los caciques locales las
que ejercían el verdadero control.
Estos graves problemas no nacieron con el gobierno Samper y tampoco eran únicamente la
expresión de la falta de institucionalidad del momento, eran males que venían de antes pero
que encontraron un punto de quiebre en su presidencia. Responsable o no de los hechos que
le indicaban como actor principal, lo cierto es que no podía dejarse de lado la latente
inoperancia de los organismo de control para enfrentar este terrible mal que es el
narcotráfico. El que hayan ingresado estos dineros a la campaña de Ernesto Samper y que el
gobierno antecesor no hubiese hecho lo suficiente para controlarlo e impedirlo en cierta
forma le hace corresponsable. Por otra parte, el que el presidente en ejercicio haya tenido
que reconocer que tales cuestiones sí se presentaron indica una pésima labor al momento de
trabajar en sus fines políticos y deja abierta la posibilidad para pensar acerca de quién o
quiénes controlaban sus aspiraciones en realidad. Lo anterior lo planteamos en un escenario
37
hipotético en el que su responsabilidad directa no fuese comprobada y que en verdad haya
sido todo producto de su ingenuidad.
En este punto se hace preciso hacer hincapié en el papel de la Iglesia. Actor fundamental de
nuestra historia y responsable de nuestras construcciones sociales en aspectos axiológicos;
la Iglesia va a ser también muy importante en el momento político del país tras las
elecciones de 1994. Su voz era reconocida y ya no podía ser objeto de censura como en los
primeros años de la república. La constitución de 1991 le reconocía así como a otras
denominaciones, pero, para efectos de su propia esencia, esta constitución dejaba a esta
institución como ente que debía ser respetado y entendido en igualdad de condiciones con
el poder del Estado. Su independencia estaba garantizada y sus opiniones, las cuales para
este momento fueron bastante diplomáticas, no fueron menos agudas y sugestivas que las
que emanaban del terreno político propiamente dicho. Su actuar puede ubicarse en el
campo de lucha por el monopolio de la moral entre la cultura de lo político y lo religioso,
terrenos ambos que se encuentran en algún punto pero en el que la Iglesia va a ser amplia
vencedora cuando de legitimidad y reconocimiento se trata. El papel como elemento de
cohesión social ya podría entenderse mejor y el mismo Estado así lo comprendía. La
religión como bastión fundamental del entendimiento como nación estaba por sobre
cualquier otro similar que pudiera surgir del Estado. Esto quedaría reflejado en el momento
mismo de la coyuntura política pos electoral, que dejaría como vencedor a Ernesto Samper
para asumir el papel de presidente de la república (ver imagen 9).
Toda la institucionalidad estaba bastante lánguida, ningún campo que fuere de su control
escapaba a los vicios de la corrupción que emanaban del poder del dinero, tanto así que la
Iglesia en sus declaraciones muy generales dejaba implícita la posibilidad que cualquier
partido político y cualquier institución del Estado se hallaba en franca decadencia. “Es
consciente la opinión pública colombiana de que los partidos políticos comparten con sus
representantes en el Congreso de la República la realidad de su desprestigio. Esta carencia
de idoneidad en algunos destaca la urgencia de que los valores morales tengan la debida
vigencia, tanto en las personas como en las colectividades”.37
La realidad del Estado
evidenciaba la profundidad de la crisis, la cual no era ni estaba constituida únicamente por
el gobierno de turno. Tanto el liberalismo como el conservatismo se veían envueltos en la
dinámica que se levantaba desde la ilegalidad y el estado de cosas impuestas por el influjo
del narcotráfico. La Iglesia demandaba un examen de conciencia de parte de toda la
sociedad y más aún de los políticos.
Este examen implicaba un ajuste a las formas de proceder de nuestra clase política, un
ejercicio constante y muy fuerte en el que se combinara la voluntad de los sujetos con la
voluntad política de los gobernantes que debería corresponder con el sentir y el deseo del
37 El Catolicismo, 20 de agosto de 1995, p.2 Sección editorial
38
pueblo y no de sus ambiciones particulares o de clase. Si bien esto implicaría la
reestructuración de todo el Estado, de toda su historia y un replanteamiento de sus propios
objetivos, los cuales parecieran ser siempre los de unos pocos por sobre el resto, la Iglesia
consideraba más que un propósito una obligación este cometido, y por ello se ajustaba a sus
opiniones este noble propósito, el cual también era usado por los políticos más de forma
demagógica que de manera consciente y comprometida con los mismos postulados. Las
terribles circunstancias en que se encontraba la política nacional debilitaban tales tareas y
por ende la Iglesia misma no dejaba a la profesión de la fe la necesidad y la posibilidad de
cambios urgentes que necesitaba el país, por ello se levantaba a través de sus representantes
para emitir lo que a bien tenía con respecto al Estado.
La pertinencia o no del actuar de la Iglesia sería algo a describir en el momento mismo que
personajes del Estado, que van desde el presidente hasta representantes de otros poderes del
mismo, se pronunciaran con tono de reproche sobre lo que la institución eclesiástica
considerara y difundiera sobre el poder central. Lo propio haría la prensa liberal que
cargada de apelativos y consideraciones sobre el clero, respondía a los cuestionamientos
que se hacen sobre el presidente. Mientras llegamos a ese punto en lo corrido de este
trabajo, observemos parte de los postulados de la Iglesia con respecto a la situación
particular del país.
“Nuevamente atrajo la atención de los obispos, la situación política del país originada en las
investigaciones penales por presencia de dineros del narcotráfico en las campañas
electorales”.38
No cabía duda alguna acerca de la influencia de los dineros ilícitos en los
procesos de campaña para la presidencia de la república de 1994. La convicción de la
Iglesia era evidente frente a tales aspectos y no dudaría en emitir su concepto relacionando
la culpabilidad, o cuando menos, la pasividad del presidente para hacerle frente al posible
crimen que cometió según la Iglesia y buena parte de la opinión pública. La Iglesia intentó
mantenerse al margen entre tanto las altas cortes no se pronunciaran sobre los mismo
hechos que asociaban a Samper con el narcotráfico. A pesar de lo anterior, sus juicios con
respecto a lo sucedido en la campaña electoral dejaban la puerta abierta para ligar al
presidente con lo que se le estaba imputando. La picota pública ya se levantaba en buena
parte en contra del presidente y esta cuestión no hacía más que relacionarlo y hundirlo a
pesar de mantenerse todo su periodo en el ejercicio del poder.
La asociación entre política y narcotráfico que opacó todo el mandato del presidente
Samper es solo uno de los momentos trágicos de la inoperancia de los dirigentes. Si bien el
objetivo de este trabajo no es condenar al ex presidente, tampoco se puede caer en la
inocencia y dejar de lado los “errores” cometidos por el mandatario mucho antes de hacerse
38 Andrés Bernardo Arango, El Catolicismo, 19 de noviembre de 1995, p.8
39
con el poder. La cuota política de sus acciones llevó al Partido Liberal al desprestigio y con
ello a la pérdida del control del Estado en 1998, época en la que su contendiente Andrés
Pastrana logrará asumir el poder en nombre de su partido. Las limitaciones del gobernante
Ernesto Samper inician cuando se mencionan sus peligrosas relaciones donde se erigía
como candidato del liberalismo. Los vínculos con el narcotráfico fueron en su momento el
mayor escándalo al que se veía enfrentado todo el ámbito político nacional.
Su desgracia no se escondería ni con el triunfo en las urnas y la victoria electoral se hacía
menos onerosa con el paso del tiempo. Las consecuencias para Ernesto Samper lo llevarían
a perder credibilidad y prestigio no solo en el país sino en el ámbito internacional (ver
imagen 10). La personificación del hombre que representa la voluntad de todo un pueblo se
quedó bastante corta, o al menos, muy insuficiente para quienes depositaran sus esperanzas
en las urnas. No es posible tapar el sol con un dedo ni esconder un elefante en la casa del
perro. Esta analogía de Monseñor Pedro Rubiano que parafraseamos, y a la que haremos
mención más adelante, intenta clarificar el nivel mismo del escándalo político que
consumía al país.
El control del Estado y la proyección de este hacia una visión de futuro que garantizara el
triunfo de los hombres libres dejaba de lado la realidad histórica de exclusión a la que las
mayorías se han visto arrojadas. Esta exclusión se ratifica cuando las vías legales para
acceder al poder se vuelven instrumento de las fuerzas de la ilegalidad, siendo el
narcotráfico el flagelo más considerable en las últimas décadas en todos los terrenos,
tomando el político precisamente como el más contaminado por este fenómeno. El acceso
al poder terminaría siendo garantizado por los patrocinadores de las campañas, los grupos
empresariales y los grupos de empresarios del narcotráfico, ambos compartiendo en común
grandes fortunas con las que compran a voluntad su propio futuro, limitando así el acceso a
quienes por vía legal intentan asumir el poder y quienes no poseen las riquezas de estos
poderosos hombres para controlar los hilos del mismo. Esta clase de situaciones ubicaba a
la Iglesia por potestad inferida por la población, y por el legado propio construido a través
de los años, apoyado en la fortaleza e influencia de la religión desde El Vaticano, como un
referente autorizado más que nadie para hablar sobre el estado de las prácticas políticas y su
impacto en aspectos morales de la nación.
Este aspecto es de gran preocupación para la Iglesia y por ello considera que “Después de
años en que el narcotráfico, con el incalculable poder de su dinero, logró establecer entre
nosotros una cultura del soborno y de la corrupción, ya es tiempo de que sacudamos, de una
vez por todas, la anestesia moral en que nuestra sociedad se ha visto cada vez más
postrada”.39
Este comentario se hace a propósito de las malas e indignas formas que
acentúan el grave estado de la política nacional. El mal manejo de los asuntos de gobierno
39 El Catolicismo, 13 de agosto de 1995, p.2 Sección editorial
40
muestra el reflejo de una sociedad que está cada vez más sujeta a los azotes de la
corrupción en todas sus formas y que alimenta los intereses de unos cuantos por encima del
bien común. La Iglesia no está en ningún momento alejada de la política, pues las mismas
cuestiones que en este terreno se presentaran le afectaría también a los representantes del
clero.
Política y religión se encontraban y la relación de ambas dejaría un conflicto que
involucraba al narcotráfico como ganador en la lucha por las almas y también en la
contienda electoral. La degradación social a través de la política daba cuenta de un fuerte
retroceso en cuestiones relativas a los valores, tanto los emanados del seno de la política y
que deberían reflejar buenos ciudadanos, obedientes y respetuosos de la ley, como en lo
relativo a cuestiones espirituales que distaban mucho de los propósitos de la Iglesia. La
misión evangelizadora estaba sufriendo, la suma de creyentes en gran número no respondía
a la necesidad de buenos cristianos y es precisamente esto lo que hizo que la Iglesia,
sumado a otros intereses que enunciaremos en nuestro próximo capítulo, se levantara en
contra de la política, del gobierno y del Estado mismo. Esto es de destacar puesto que al
realizar cuestionamientos que estaba en todo su derecho de hacer, retumbaba en la
conciencia de las personas agravando así la situación del Estado y del gobierno Samper.
Con las condiciones del país, con la constante y creciente crisis de moralidad se hacía
preciso rescatar los antiguos valores que demandaba una nación comprometida con la causa
de Cristo. La Iglesia emprende así un llamado constante a realizar una misión bajo la
potestad de la fe cristiana en procura de mejorar el lamentable estado en que se hallaba el
país. Este llamado de atención se hacía en diferentes aspectos y el rescate que se propendía
tendría que dar cuenta de las viejas estructuras institucionales que imperaron en tiempos
pasados. La Iglesia ya no contaba como la única interpretación válida de la Biblia ni
tampoco gozaba de la única perspectiva frente a las escrituras. Esta condición la llevaba a
emprender una lucha moralizadora desde la legalidad, protegida por la constitución y
abalada en última instancia por la sociedad. La libertad de culto a pesar de todo no impedía
que la Iglesia Católica declinara en sus ambiciones, las cuales se encontraban fuertemente
ligadas a los fieles.
Los simpatizantes de la Iglesia encontraban en la misma su referente máximo, la lucha de la
institución radicaba en avalar más su poder y encontrar más adeptos para incorporarlos a
sus filas a nivel espiritual y más seguidores en la causa político-moral, todo con el ánimo de
combatir el pecado de la corrupción. El rescate de los valores empieza a tomar fortaleza
cuando el mismo Estado, o al menos una parte, indica que la Iglesia cumple un papel
fundamental en la sociedad colombiana. Sobre este aspecto se pronunciaría el
vicepresidente Humberto de la Calle en solidaridad con una demanda impuesta en contra de
la Iglesia. “Coincido plenamente con que se trata de una acción que atenta contra la libertad
41
religiosa y contra la dignidad de los miembros de la Iglesia”.40
La venta de imágenes, así
como las prácticas religiosas como el bautismo de los niños fueron el motivo de tal tutela.
“La demanda ante la Corte Suprema de Justicia, asegura que la imagen, venerada por miles
de personas, es una estafa que afecta principalmente a las personas de escaso nivel
intelectual y que su adoración representa un enriquecimiento para la curia y los jerarcas de
la iglesia.”41
Entre tanto el vicepresidente De la Calle en representación del Estado da
claras muestras de mantener unas relaciones cordiales y un respeto mutuo entre ambos
poderes buscando así una forma de aclarar los asuntos institucionales del Estado con
respecto a los asuntos de la religión. Este apoyo representaba un interés por no abrir más
terrenos de disputa y por ganar la empatía de una institución tan crítica como la Iglesia.
Menguar las críticas y ataques de los enemigos del gobierno contrastaba con las disputas
que se daban entre copartidarios como lo mostrara la posición del fiscal Alfonso
Valdivieso tras su posesión en 1994. Este último era uno de los más acérrimos
contradictores del gobierno Samper e incluso se alió con Andrés Pastrana a pesar de ser del
Partido Liberal. La situación de fondo frente a este pronunciamiento se encuentra cuando
el vicepresidente indica que “al Estado no le es dado pronunciarse sobre materias de la fe o
la disciplina eclesiástica”.42
Esta declaración delimita un aspecto fundamental de las
antiguas discrepancias en las que el Estado por decreto influía en las prácticas religiosas y
limitaba el culto con decisiones como ilegalizar el diezmo. El terreno político ya había dado
independencia a cuestiones propias del dominio eclesiástico y era deber proteger las
libertades propias de la fe que profesaran los ciudadanos. A pesar de ello y como algo que
ha suscitado controversias, los cuestionamientos que provenían del Estado frente a los
asuntos del clero indicaban un desbalance en el que la Iglesia tenía la ventaja. Un Estado
que no mostraba cohesión, unas instituciones que no rodeaban al gobierno y una carencia
de legitimidad social contrastaba con la fortaleza institucional del clero y su gran acogida
por buena parte de la población.
Continuando con la endeblez a nivel institucional, el vicepresidente ratifica su apoyo a la
causa religiosa y denota la necesidad de separar los asuntos inherentes de cada una de las
instituciones (ver imagen 11). “Entre tanto, acompaño a usted en la defensa plena de la
libertad religiosa y en la necesidad de enmarcar claramente los linderos entre lo público y
lo religioso”.43
El Estado tendría que limitarse a respetar y no extralimitarse en asuntos que
no eran de su propia competencia, pero dadas las condiciones que atravesaba el país, el
clero si lograba, así como la mayor parte de la opinión nacional, pronunciarse sobre los
40 El Catolicismo, 5 de febrero de 1995, p.15 41 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-301449, Publicación eltiempo.com, Bogotá, Fecha de publicación, 25 de enero
de 1995, Autor, NULLVALUE
42 Ibíd. p. 15 43 Ibíd. p. 15
42
asuntos que ponían al Estado en condición de debilidad. La Iglesia estaba en condición de
exigir al Estado respeto sobre sus apreciaciones y por lo tanto, este tendría que sujetarse a
los principios que garantizaban la libertad de expresión y el derecho a manifestar
desacuerdo frente al proceder del gobierno. El desbalance se daba cuando era el Estado el
que pretendía y en forma efectiva, opinaba sobre cuestiones que emanaban de la religión,
siendo los temas políticos los que más exaltaban los ánimos y sobre los que también se
quería ubicar frontera alguna entre unos y otros. Lo complicado de todo esto es que el
Estado como institución pública está sujeto a la vigilancia y control de los diferentes
actores sociales, no está eximido de cuestionamientos ni debería operar de forma autoritaria
frente a sus contradictores. Esto, aunque en muchísimos casos se presenta mostrando al
Estado como un ente absoluto que persigue y atenta contra sus detractores, es más difícil de
lograr cuando de una institución tan poderosa como la Iglesia se trata.
Por su parte, la Iglesia como institución privada de gran interés público era imprescindible,
o al menos, siempre presente en todos los asuntos relacionados con la política y que
desencadenarán desestabilidad. La actuación de la Iglesia en el contexto de las
investigaciones realizadas en contra del presidente, si bien revistieron una diplomacia
inteligente, no limitaron su alcance y poder desestabilizador. Las exigencias constantes de
justicia y el lenguaje usado para suscitar un debate público que propendiera por la verdad,
llevaba consigo la profundidad de los mensajes que se acercaban más a un cuestionamiento
directo que a un llamado persuasivo que pretendiera tocar el moralismo político del
presidente y de sus posibles nexos en los delitos relacionados con el narcotráfico. La
actuación de la Iglesia sería entonces acorde a los llamados de calma y unión frente a tal
situación, pero por otro lado mostraba también cómo sus opiniones eran verdaderos ataques
disimulados tras una retórica blanda y en apariencia desprovista de cualquier interés que no
fuera el bien mismo de la república. En una especie de juego en el que se apostaba por tener
cerca al contrincante para poder conocerle y atacarle, el cual estaba siendo dirigido por la
Iglesia, se había convertido todo el contexto del proceso 8000.
Las declaraciones pasivas estaban luego más cerca de proposiciones cargadas de sutil
veneno que enfermaba aún más la débil imagen del Estado y del gobierno que le tutelaba.
“Es verdad que la denuncia de infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña
electoral que llevó al doctor Samper a la Presidencia es algo sumamente grave […] Pero no
es menos verdadero que el manejo político que se ha hecho de dicha denuncia, no sólo ha
torpedeado el camino de la justicia y de la verdad, sino que ha herido mortalmente la
credibilidad de las instituciones”.44
Condenar disimuladamente el ejercicio del poder del
presidente era pues la manera de llevar “tranquilamente” al terreno de la disputa los
intereses de la Iglesia, los cuales estaban ligados como en otros tiempos al campo del poder
político y no solamente al terreno espiritual. La causa religiosa era entonces una cuestión
44 El Catolicismo, 3 de septiembre de 1995, p.2 Sección editorial
43
impugnable para el Estado, más aun cuando se pretendía la incorporación de los ciudadanos
y hombres de la república a la causa del gobierno que estaba muy dirigida a limpiar su
nombre. La Iglesia por su parte no pretendía negociar la fe del pueblo, la cual se hacía del
lado del catolicismo a ultranza y por ello era preciso alejar a los ciudadanos del aberrante
poder de un Estado corrupto. Si bien es condenable el hecho de actuar de la mano del
narcotráfico para obtener éxito político como sucediese con el presidente, o al menos como
se planteara desde algunos sectores de la sociedad que criticaron tales acciones, la realidad
es que la misma Iglesia como institución critica del presidente reconoce que las denuncias
se hicieron no sólo por evidenciar la degradación del poder del ejecutivo, se hicieron
también para ganar espacios y reconocimiento por parte de los sectores aislados del poder
central, en este caso el poder político que deseaba el Partido Conservador.
Los inconvenientes para ejercer la democracia estaban presentes en todas las formas
institucionales, siendo los partidos políticos tradicionales los responsables de tal grado de
sumisión de la política al poder dañino del narcotráfico. La Iglesia se presentó como un
actor importante en momentos de decadencia del Estado, decadencia que se manifestaba en
las investigaciones en contra de Ernesto Samper. Su papel enmarcado por lo tenue de sus
acusaciones era más significativo que lo que un análisis superficial pudiera arrojar en
primera instancia. El poder del clero sacudió las instituciones del Estado y más al ejecutivo
debido a las incidencias ocurridas en la campaña electoral.
El verdadero mensaje
A pesar de los calificativos que utilizaba la Iglesia y refiriéndose de manera muy general a
los acontecimientos relacionados tras la contienda política de 1994, su objetivo iba más
lejos de lo que su buen uso del lenguaje pudiera mostrar. Las razones de fondo de sus
declaraciones irían apareciendo paulatinamente y ganando un tono más fehaciente y
directo, evidenciando así su postura real frente a los eventos que involucraron al presidente
con los narcotraficantes del cartel del valle. La política nacional enlodada hasta más no
poder, hacía que el escenario nacional en el que la opinión de diferentes sectores emanaba
con más fuerza se viera llevada a mostrar constantemente su indignación. Existía una clara
división entre los intereses de partido, aunque el liberalismo se hallaba en un momento de
franco retroceso por el escándalo de corrupción previo al gobierno de Ernesto Samper en su
tiempo de candidato, y durante el periodo de ejecución de su mandato. Era muy difícil no
hablar de tal escándalo, el cual se hacía mayor con el acontecer de eventos posteriores que
irían a salir a flote tiempo después de la posesión de Samper, y que serían la causa del
juicio político en su contra. El proceso 8000 sería el camino tortuoso para el gobierno y el
causante de la legitimidad en picada del Estado, especialmente del ejecutivo.
44
Esto evidenciaría un panorama difícil para el gobierno y una oportunidad para que sus
detractores intentaran sacar provecho de la situación. Mientras eso podía darse, la Iglesia
mostraba su mejor repertorio de críticas y ponía de manifiesto su opinión, la más concreta y
verdadera frente a sus consideraciones con respecto al Estado en general, y al gobierno en
particular. “En el caos actual en que se encuentra el país muchos son los clamores que,
desde diversos sectores, reclaman que “el gobierno gobierne”, que “el Estado funcione” que
“la ley se cumpla” y que haya mano dura contra los autores de este descuadre nacional. Y
es que cada vez más se percibe con evidencia palpable un desgobierno total y a todos los
niveles”.45
Las reservas frente al funcionamiento del Estado quedan expresadas en la
opinión de la Iglesia. Esta asegura sin mencionar directamente al primer mandatario que el
gobierno es corrupto y lo responsabiliza del alto grado de descomposición de las
instituciones, las cuales deberían ser totalmente transparentes y elevar al máximo el sentir
de la sociedad fundamentado en una amplísima responsabilidad moral.
La avalancha de cuestionamientos oscurecía las voces de aliento que pudieran llegar a favor
del presidente y su gabinete, el cual no era ajeno ni a la situación de ingobernabilidad ni a
las denuncias mismas que se hacían a través del proceso que terminaría llevando a la cárcel
a Fernando Botero Zea, su ministro de defensa e importante pieza que impulsó su campaña.
Los más altos cargos del Estado se hallaban confundidos entre la institucionalidad que
proviene de las leyes y la que impone el dinero de los poderosos señores del narcotráfico.
Las lamentables circunstancias que asocia la Iglesia a un desgobierno y a una ignominia
originada de la pasiva y endeble actitud del Estado frente a la delincuencia se hacían
manifiestas con hechos como el del ministro Botero. La forma paralela de ejercer control
por medio de los títeres oficiales era absolutamente funcional a los intereses del
narcotráfico, y terminaba poniendo en el mismo lugar a políticos representantes de la
democracia y de las instituciones con los delincuentes que patrocinaban la decadencia
social en la amplia gama de formas que suele operar. El control estaba en manos de muchos
y por escabroso que parezca, esos mismos que en número indicaran mayoría estaban
operando por fuera de la legalidad con el aval de miembros del Estado aumentando los
índices de corrupción y degradación de toda esfera pública que representase a la sociedad.
Como actor obligatorio de tal puesta en escena, el narcotráfico se mostraba en forma
secundaria a pesar de ser el principal elemento que hacía que todo el acto tomara algún
sentido. De no ser por la participación de este fenómeno delictivo en la política y en general
en todo aspecto social, este proceso no sería objeto de enunciación alguna ni la razón de ser
de este trabajo. Es precisamente la negativa importancia que adquiere este elemento en la
vida nacional lo que hace que sea tan evidente y necesario tomarle en cuenta, pues su
participación implica un nuevo y diferente capitulo para estudiar las relaciones entre el
45 El Catolicismo, 5 de Noviembre, 1995, p.2 Sección editorial
45
Estado y la Iglesia, esta vez a los ojos del narcotráfico que se erige como un factor que
adquirió tanta validez entre los políticos y la sociedad como las instituciones religiosas y
democráticas representadas por la Iglesia Católica y el Estado. Esto sencillamente pondría
las cosas en un estado de mayor tensión y reflejaría las diferencias que se ampliaban entre
los miembros del clero y los representantes del Estado tan dispersos ideológicamente entre
sí. Era inobjetable la pesada carga que soportaba el Estado, lo que demostraba que era la
corrupción la manera en que se aseguraba el camino hacia el poder y la impunidad en casos
como estos la prueba más evidente de la falta de gobernabilidad.46
De todo lo enunciado de la política nacional hasta ahora se han mencionado algunos
elementos que configuraron el ambiente electoral del momento. La constante: el
narcotráfico. La corrupción de las entidades públicas y de la democracia en su conjunto no
era algo que se pudiera ocultar fácilmente; la tarea era entonces resultar lo menos
involucrado posible frente a la dimensión del problema. Escapar del mar de denuncias y de
hechos efectivos que dejaban clara la participación de personajes públicos en actividades
ilícitas parecía algo factible siempre y cuando se gozara de la influencia necesaria, de los
amigos indicados y de la inmunidad con que se suele cobijar la clase dirigente cuando de
responderle al país por sus agravios se trata. El revuelo no era menor y las posibilidades de
justicia se dilataban. Justicia era la proclama porque era evidente que delito si había. ¿De
dónde provenía? ¿De quiénes? Aunque el dedo apuntaba directamente a Ernesto Samper, lo
cierto es que la política en su conjunto e independientemente del color al que estuviera
asociada estaba manchada con los denominados “dineros calientes” del narcotráfico. La
justicia como parte fundamental del Estado también recibió los azotes de la Iglesia, la cual
veía a esta como un ente inoperante en momentos que se hacía necesario esclarecer tantos
hechos que no dejaban cabida a la tranquilidad y menos un posible acercamiento a la
verdad. “Si el poder judicial no es capaz de aplicar rigurosa justicia ante toda clase de
delitos y crímenes, no es digno de llamarse “Poder”, ni mucho menos de ser responsable
del orden jurídico que asegura la paz de una nación”.47
Este comentario se hace a propósito de las malas e indignas formas que acentúan el grave
estado de la política nacional. El mal manejo de los asuntos de gobierno muestra el reflejo
de una sociedad que está cada vez más sujeta a los azotes de la corrupción en todas sus
formas y que alimenta los intereses de unos cuantos por encima del bien común. El Estado
como institución suprema debe dar cuenta de una justicia que haga honor a semejante
responsabilidad. El poder judicial como ente supremo perteneciente al Estado se ve
maniatado para solventar las terribles incongruencias de su actuar frente a una sociedad y
su expresión política permeada e incluso manejada por el narcotráfico. La justicia era la
expresión misma del Estado, confundida, atravesada por la corrupción y manejada en gran
medida por el poder del narcotráfico. No se encontraba muestra alguna que indicara la 46 Ibíd. p.2 47 El catolicismo, 17 de marzo de 1996, p. 2 Sección editorial
46
posibilidad de una verdadera justicia frente a los hechos que engalanaban a la delincuencia
y humillaba a las instituciones públicas de la nación. El inminente ataque al Estado se
acentuaría con el tono que adquirían las denuncias de la Iglesia, la cual se había
caracterizado por calificativos poco directos pero muy sugerentes.
La Iglesia opinaba que “si los dirigentes y los legisladores no se distinguen por su
prestancia ética se amplía el paso a la corrupción que ennegrece el panorama patrio”.48
El
derrumbe institucional ratificaba la poca credibilidad del gobierno, su maniobrabilidad era
limitada y el escándalo político se hacía más grande que los logros que alcanzaba. Esto
ahondaba lo que la Iglesia denominó el desgobierno o para nosotros, el gobierno de la
corrupción y el poder de la ilegalidad que se acentuaba en cada uno de los pilares que
sostenía al Estado. Atravesada la realidad colombiana por una inagotable fuente de
desgracias, el narcotráfico y sus consecuencias le han dejado al país una huella de violencia
y muerte que no desaparece aún hoy, y que, dadas las continuidades históricas que en forma
de tradiciones politiqueras y asociaciones macabras se legitiman a la fuerza, no se han
podido arrancar de nuestra vida. Esto pareciera imprimirse como un sello que no se puede
quitar de nuestras mentes, pues ninguno de nosotros ha conocido un país sin violencia y sin
las lamentables prácticas políticas que imitan modelos democráticos solo en su forma, pero
que nada tienen que ver con la realidad y el contexto nacional, con sus dificultades y retos
propios.
Esa falta de visión y proyección, de conocimiento o de irresponsabilidad en el actuar
político, en el ejercicio de servidores públicos y representantes de la población, es lo que ha
hecho que la decadencia sea ese incómodo elemento que se ha llevado a lo largo de los
años, pero que ha caracterizado esta tarea que debería ser el más importante de los trabajos
a realizar por cualquiera que se incline a tal labor. Insuficientes han resultado las gestiones
de nuestros mandatarios, mientras que los enemigos del país, delincuentes de todo tipo y
disfrazados de grandes dignatarios han llevado al caos este territorio que espera ser
rescatado del declive que parece no acabar. Esta clase de sucesos lamentables llevaron a
buena parte de la sociedad a manifestar su rechazo por lo que en evidencia merece ser
condenado. El Partido Conservador como parte de las expresiones de los ciudadanos, como
elemento de la política y como factor esencial en la historia de nuestro país en el campo
político, también se haría presente en la contienda, no dejaría pasar el momento para
realizar sus ataques al gobierno poniendo aún más en vilo al Estado, el cual estaba al borde
del colapso en todas las formas sociales, políticas y económicas.
Los templos católicos serían lugares para emprender la lucha contra la corrupción, lugares
donde se impulsaba a los fieles a ir de frente y rechazar a los dirigentes que ponían al país
al servicio de la delincuencia. El llamamiento se daría en varios pronunciamientos, unos
48 El Catolicismo, 20 de agosto de 1995, Op cit. p. 2
47
indirectos pero sugerentes, otros guiados por la mesura pero que no dejaban duda a quienes
apuntaba, otros directos y totalmente comprometidos en la lucha contra la corrupción, la
cual en varios casos asociaban directamente con Ernesto Samper. Estas declaraciones y más
allá del tono coincidían en muchas cosas, pues representaban no solamente la posición
personal de algún sacerdote que distaba de la prudencia y sobriedad del clero, más bien,
daba cuenta de la postura de la Iglesia en su conjunto. Sobre este aspecto vale la pena
recoger y analizar algunas de ellas. Para empezar el Padre Rodrigo Jesús Maya de
Quibdó, Chocó pedía abiertamente lo siguiente:
"La retirada del Presidente es la luz que necesitamos para curar el virus que está infectando
el país."49
Con esta declaración que no fue rechazada ni corregida por la Iglesia se muestra
el sentir de la institución religiosa. Al pedir la renuncia del primer mandatario se condenaba
implícitamente antes de cualquier juicio en su contra, antes de cualquier dictamen
definitivo que pudiera darse de cualquier juez y antes de que lograra infructuosamente
limpiar su nombre. Así como el sacerdote en mención, desde diferentes rincones del país
las críticas se hicieron sentir y con ellas su mensaje que proclamaba los verdaderos cambios
que deseaba la Iglesia. El padre Guillermo Viana de San Andrés decía: “El país no aguanta
dos años más de este sin control que estamos viviendo. La solución para salir de la actual
crisis debe ser pronta y se tiene que fundamentar en la verdad cueste lo que cueste.”50
Costara lo que costara sería la cabeza del presidente lo que iría a verse a los pies de sus
enemigos, algo que la Iglesia no veía con malos ojos pues por encima estaba salvaguardar a
la nación, su moral y sus valores patrios por sobre un hombre, un solo hombre que a pesar
de su altísima dignidad sería un precio justo a pagar si lo que estaba en juego era la
viabilidad del Estado y la protección de las instituciones. A pesar de lo anterior es claro que
más allá de tan nobles propósitos eran las motivaciones de tipo ideológico las que invitaban
a la movilización y al estado de crítica constante frente al gobierno, pues la tendencia laica
de presidente y su tolerancia a otros grupos religiosos era algo que no hacía parte de lo que
la Iglesia Católica estaba dispuesta a pasar por alto. Esta línea de pensamiento sobre la
continuidad o no del presidente era tan coincidente que ya era claro que esos
pronunciamientos no eran solamente resultado de la subjetividad del sacerdote. En esta
misma dirección iba el padre Carlos Oswaldo Gómez, sacerdote de Maicao en la Guajira
cuando decía: “La cruzada debe ser contra la corrupción pero no contra Samper. Si la
verdad se encuentre tumbando al Presidente, pues que lo tumben. Si se encuentra
defendiéndolo, pues que lo defiendan."51
Había quienes de manera directa desconocían la legitimidad del Estado por considerar que
era inobjetable la realidad de los dineros calientes en la campaña presidencial de Ernesto
Samper. Este sería el caso del obispo de Garzón-Huila, monseñor Libardo Ramírez quien
49 http://www.semana.com/nacion/articulo/sotanas-que-conspiran/28295-3,08 abril 1996 50 Ibíd. 51 Ibíd.
48
consideraba que no había duda para él de la culpabilidad de Samper, cuando menos, de la
real infiltración de los dineros del narcotráfico en su campaña. Su posición era única pues
reconocía directamente que el presidente no gozaba de plena legitimidad lo que le haría
merecedor de un proceso civil de excomunión.52
En esta lucha tomaría parte el Partido
Conservador, mayor contendiente político del liberalismo y durísimo rival en cuestiones
religiosas y morales.
Históricamente el conservatismo ha mantenido una lucha con el Partido Liberal y en
muchos momentos se ha aliado con la Iglesia, siendo uno con tal institución para
enfrentarse con el enemigo ideológico común para ambos. Expresamente la Iglesia no hizo
referencia alguna para condenar a dirigentes de este partido de forma directa aun cuando se
sabía que también estaban salpicados por hechos de corrupción y alianzas con el
narcotráfico. Seguramente resultaría incomodo hablar de quienes les protegieron en
momentos difíciles en los primeros años de la independencia tras las reformas liberales que
afectaban directamente a la Iglesia, lo que en última instancia evidenciaría una lealtad
implícita en el manejo de las relaciones entre estos dos referentes sociales. El
reconocimiento histórico de la causa religiosa por parte del conservatismo hace que “entre
bomberos no se pisen las mangueras” lo que de todas maneras no hace inevitable que se
deba condenar a políticos del partido que se han desviado o, de igual forma, que políticos
del conservatismo no cuestionaran a la Iglesia en uno u otro momento de la historia
nacional. Más allá de esta aclaración es preciso indagar sobre el actuar del Partido
Conservador en este contexto específico.
Para el momento histórico que empezó con la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990)
hasta el momento de la presidencia de Samper, los liberales y conservadores gobernaban en
cuestiones de índole económico bajo el mismo paradigma del neoliberalismo(ver imagen
12), pero se mantenían sus diferencias en otros aspectos relacionados con la moral y la fe.
Tras la denuncia formal hecha por Andrés Pastrana del Partido Conservador y con la que
intentó demostrar la culpabilidad del presidente en el delito de narcotráfico mediante los
denominados “narcocasetes”, se exaltaba la dimensión del conflicto político por el control
del Estado. “Lo que se dice en la cinta magnetofónica que fue entregada al Presidente de la
República y a su Ministro de Defensa […] puede ser comprobable o refutable, pero causa
un daño muy grande a las instituciones colombianas desde el punto de vista moral”.53
La
prensa conservadora agitaba sus banderas en contra del presidente, condenaba su presunta
culpabilidad y rechazaba el mal manejo que se estaba dando al país, el poco control
institucional y las malas condiciones en que se encontraba el Estado. Nada de lo que el
gobierno hiciera pareciera favorecerle y la desproporcionada información que circulaba en
forma de acusación contra el gobierno sencillamente hacia más profundas las grietas que
52 Cambio 16, del 19 al 26 de febrero, 1996 No 140, p. 25 53 El Nuevo Siglo, jueves 23 de junio de 1994, p.3-A
49
dejaban ver lo poco que había de control institucional. La legitimidad del triunfo de Samper
generaba muchas dudas, las cuales se evidenciaban en todo ámbito de la opinión y de las
cortes, los jueces y los encargados en general de impartir justicia. Estas mismas dudas se
mantendrían por parte del derrotado Andrés Pastrana, quien no vaciló en debatir la
legitimidad del triunfo de Samper. El candidato derrotado instó al presidente a emprender
las acciones necesarias con las cuales pudiese demostrar la limpieza de su triunfo, la no
participación de dineros procedentes del narcotráfico en su campaña y dar claridad al país
sobre lo acontecido durante la contienda, específicamente en la segunda vuelta electoral.54
Los cuestionamientos también se posaban sobre sus ministros Rafael Pardo y Horacio
Serpa Uribe, quien se desempeñó como ministro del interior para la época de los
acontecimientos.
Ernesto Samper y como era evidente, emprendió su defensa a través de todos los medios
que le fueron posibles. Siempre intentó mantener una postura que le alejara de las
acusaciones, llegando incluso a asegurar al término de su mandato que había sido él quien
había acabado con los grandes señores del narcotráfico. Tal vez insuficiente para lograr una
verdadera absolución histórica, el presidente Samper propuso que lo que se decía en los
narcocasetes no hacía alusión directa a su persona y que en cambio, cualquiera de los dos
rivales enfrascados en la lucha por el poder podría ser el mencionado en dichos elementos
probatorios. Así lo hizo saber en su momento: “yo rechazo esa afirmación y rechazo las
insinuaciones que están contenidas en un casete en el cual se trata de dos personas que
sostienen un diálogo independientemente de cualquiera de las dos campañas y que termina
finalmente afectando a los dos principales candidatos en la contienda pasada”.55
Andrés
Pastrana y a pesar de la declaración anterior no sufrió de las graves acusaciones que si
enlodaron Samper. Esta situación la aprovechó para hacer una fuerte oposición al gobierno
Samper hasta lograr la dignidad de primer mandatario tras derrotar al gran aliado y
escudero de su enemigo, Horacio Serpa.
La verdad de las cosas es que la institucionalidad estaba arrodillada y al servicio del poder
del dinero, legal e ilegal, aunque sea bastante difuso encontrar el límite exacto entre uno y
otro. Mandaba quien tuviera el poder suficiente y los recursos necesarios, contralaba el que
estuviera lo suficientemente bien posicionado ante los poderosos como para estar en el
medio de todos y sacar provecho, no solo económico, sino evidentemente político. Los
réditos por jugar con los orificios del Estado no eran pocos. Estos cada vez más amplios
para el delito hacían insoportable el grado de descaro con el que se gobernaba en los
diferentes niveles de control público. Es en este punto que la Iglesia, referente moral de los
colombianos por excelencia, empezaría a ocupar un rol cada vez más importante en el
debate político del país. De los altos jerarcas de la Iglesia Católica emanaban las críticas
más agudas a Ernesto Samper. El partido Conservador aprovechaba la situación e
54 Ibíd. p. 7-A 55 El Nuevo Siglo, Miércoles 22 de Junio de 1994, p. 19A
50
impulsaba una forma bastante particular de hacer política, una caracterizada por el ejercicio
de la fe como prueba del amor a Dios y por añadidura, beneficio electoral para esta
colectividad. Por su parte, la lucha política de Ernesto Samper por salvaguardarse de las
críticas de diferentes sectores involucró directamente al clero. Este cuestionó al presidente
electo y por lo tanto es considerado como un ente desestabilizador de su mandato.
La campaña de desprestigio mutuo entre ambos partidos representados por sus candidatos y
que dejó como ganador al presidente Samper, también le legó el peso que debiera llevar
durante todo su mandato y que lo dejó como el más salpicado con los “dineros calientes”
que salieron en busca de sus respectivas cuotas políticas, en las que buscarán amparo para
la prolongación de su actividad delictiva en nombre de una democracia y una
institucionalidad lánguida. El Partido Conservador agitó el panorama nacional empleando
la denuncia en contra del presidente, la Iglesia empleo todo lo que tenía, su prestigio, su
legitimidad y su amplia resonancia en todo el ámbito nacional. La política y la religión
unidas se sirvieron demasiado una a otra como plataforma en la que se levantaban para
fortalecer su posición y cuestionar al Estado que se alejaba de sus ideales mediante el
delito, la corrupción y las decisiones políticas que no atendían la voluntad divina. La
realización de cuanto deseaba el Estado se lograría con la absolución del primer
mandatario, pero ello no sería garantía aun cuando así sucediera.
Con el pedido constante de parte de la Iglesia de esclarecer los hechos que relacionaron las
campañas a la presidencia con el dinero proveniente del narcotráfico se realizaban los
ataques al Estado y se ponía en entre dicho su estabilidad.56
El presidente era objeto de las
críticas, la causa del descontento del clero y la manifestación máxima del grado de
descomposición de la política nacional. Esto ampliaba la ventaja que la Iglesia le tomaba al
Estado en cuanto a representación social se refiere. Si bien los políticos asumen la
condición de dignatarios que recogen el sentir del pueblo, es a través de sus actos que la
credibilidad de las instituciones se pone en contra de las mismas aceleradamente, mientras
que la fe como sentimiento propio de la religión es el refugio bien aprovechado por la
Iglesia para acrecentar su poder y asumirse como actor imprescindible de todo cuanto atañe
a los asuntos de la nación. La política es tema obligado para el clero debido a la influencia
negativa que ejerce sobre la población cristiana y en general sobre toda independientemente
de sus creencias. La sospecha era total, era más un indicador, una evidencia de la
culpabilidad del presidente en los crímenes que le asocian al narcotráfico.
La Iglesia iba asumiendo mayor vuelo con sus declaraciones e implícitamente acusaban al
presidente. Se pedía constantemente claridad, pero más que ello, pareciera que desearan la
ratificación del hecho que le declarara culpable. “Nadie puede prejuzgar y a toda persona se
le debe considerar inocente mientras no se pruebe lo contrario. […] Pero, cuando se
presentan indicios que invaden con una sombra de duda a todo un país, hay que despejarla
56 El Catolicismo, 20 de agosto de 1995, Ibíd. p. 2
51
cuanto antes, sea en el sentido que sea y con los medios provistos por la ley”.57
El pulso
entre ambos poderes estaba entrando a su mayor apogeo. Las dos fuerzas se encontraban y
evidenciaban un choque tan fuerte que fácilmente ponía a tambalear a todo el país. Los
lugares de decisión habrían paso al ambiente de opinión que reclamaba tanto que terminaba
siendo el más influyente mecanismo de presión.
La exaltación del patriotismo terminaba siendo una forma en que el gobierno intentaba
mover las masas y un pretexto para aplacar las malas condiciones en que se encontraba,
esta estrategia también hacía parte del repertorio de la Iglesia, la cual ya había usado en
muchos otros momentos en los que se encontraba en disputa con el Estado. Apelar a tal
sentimiento le sirvió a la Iglesia para sobrellevar mejor las condiciones adversas tal como
sucedería en tiempos del vicepresidente Santander, figura que fue exaltada por los mismos
jerarcas de la época58
logrando apaciguar el conflicto frente a una persona que tomaba
distancia de la religión, llegando a afectarla con sus reformas. A pesar de lo anterior, lo
común era una Iglesia distanciada del Estado más allá de los designios del mismo. Una
muestra de la exaltación del patriotismo religioso se daba cuando declaraban que “No
escuchar el clamor del país y callar en este momento por miedo a la incomprensión o a las
recriminaciones sería traicionar nuestra (su) misión y dar la espalda a los intereses de la
patria”.59
Le valía un importante apoyo de parte de muchos sectores políticos donde
militaban también liberales. Tal muestra de amor y respeto al país representaba un acierto
de parte de parte del clero y uno de los muchos golpes que recibiría el Estado.
La Iglesia le pedía de frente al presidente que agilizara el proceso que se abrió en su contra
y que no lo sujetara exclusivamente a la defensa de su propia persona limitando así la
acción de la justicia.60
Esta crítica la acentuaba recordándole que él era objeto de
investigación por poner a las instituciones democráticas al servicio del narcotráfico tras
recibir dineros sucios en su campaña electoral.61
El presidente resultaba una figura que
levanta muchas sospechas y dudas, dejando abiertas las puertas para múltiples
interpretaciones de sus acciones siendo la Iglesia la que dejaba entrever una crítica de gran
aceptación entre la población y de gran influencia en la vida política nacional. Se le muestra
como alguien que debe dar cuenta de su inocencia, pero al parecer su afán es algo que
resulta ante los ojos de la Iglesia naturalmente sospechoso. La Iglesia reclamaba justicia y
prontitud en el proceso adelantado contra el presidente (ver imagen 13). Las razones de
fondo para ello radicaban en la dignidad que ostentaba el primer mandatario y por ende,
necesitaban ser esclarecidas para ratificar las denuncias como pruebas de hechos concretos
o dirimir definitivamente la lucha existente entre el gobierno y sus críticos. Las
57 El Catolicismo, 20 de agosto de 1995, Ibíd. p. 2 58 Julio Hoenigsberh, Santander, el clero y Bentham, editorial ABC, Bogotá, 1940, p. 265 59 Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Bogotá y Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Popayán, El Catolicismo, 25 de febrero de 1995, p.2 60 El Catolicismo, 25 de febrero de 1996, Ibíd. p.15 61 Ibíd. p. 15
52
apreciaciones del clero mostraban que: “El presidente Samper, urgido de mostrar acciones
que lo presenten como enemigo decidido del narcotráfico habla con frecuencia de los capos
encarcelados y de las miles de hectáreas de coca destruidas”.62
Ya estaba dicho y muy
entendido el verdadero propósito de las declaraciones que emanaban desde la Iglesia
Católica. Si la verdad era su propósito, no era menos importante en la búsqueda de la
misma cuestionar al “enemigo” que trastocaba las bases de la cristiandad al actuar
contrariamente con los preceptos de la Iglesia, esto por sus nexos con el delito, la maldad
en sí misma que mostraba su peor rostro con miles de muertos y actos violentos que en
nada aportaban a la paz del país.
El negocio del narcotráfico había manchado a tal grado al Estado que las bases del mismo
también estaban a punto de colapsar, por ello el clero expresaba además que: “La denuncia
de la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña que culminó con la elección del
Dr. Ernesto Samper Pizano como Presidente de la República, tiene al país sumido en la
confusión y en la duda. Las informaciones presentadas a la opinión pública […] han herido
gravemente la credibilidad, han dañado la imagen internacional del país y han producido
efectos nocivos en la moral de los colombianos”.63
El llamado a la recuperación de las
instituciones por parte de la Iglesia condenaba a su vez la lamentable situación en la que se
encontraban las mismas. A la vez, las críticas del clero reconocían la influencia del
narcotráfico y de su poder destructivo. El llamado que hacía iba dirigido a “la autoridad
legítima la que debe ponerse de parte de la verdad, sin componendas y sin miedos. Este es
el único camino para saber quién ha puesto en la mayoría de las instituciones públicas en la
bancarrota, quien ha venido gobernando de verdad al país y con qué mecanismos, […] o
quién se ha ganado la legitimación del poder por las vías del fariseísmo moral”.64
El
cuestionamiento es evidente en razón de su proceder y su intencionalidad. La afrenta al
gobierno deja de manifiesto ya no una posibilidad de culpabilidad sino una acusación
directa sobre quienes ostentan el mando en tiempos de graves convulsiones, en este caso
sobre el presidente más que en cualquier otra persona.
La estabilidad institucional era solo una mención a tiempos nunca vistos en nuestro país, el
control real por parte de los mandatarios y un apoyo concreto a las ambiciones y sueños de
la sociedad, una utopía cada vez más lejana. En este contexto ni los deseos inmediatos del
gobierno se veían realizados, al menos de momento y estos eran sacar adelante la cuestión
de la inocencia de Ernesto Samper. La Iglesia y sus demás aliados directos o indirectos
llevaban sobre si la necesidad de rescatar la verdad del extenso pantano lleno de mentiras y
corrupción. La constante en tal búsqueda seguiría siendo la acusación al Estado por su falta
de legitimidad y control de sus propias instituciones. Estaba fragmentada toda forma de
coherencia entre las formas institucionales de gobierno y de justicia, o eso era lo que
62 Ibíd. p. 15 63 Ibíd. p. 15 64 El Catolicismo, Abril 30 de 1995 p.2 Sección editorial
53
parecía hasta ese punto. Independientemente de las apariencias, lo concreto seguía siendo la
realidad vivida y sufrida por culpa del poder ejercido parcialmente por el Estado, el cual
permitía dócilmente el establecimiento de formas de control ajenas a su control y que
indicaban la obtención del poder y el ejercicio de control a través de la fuerza.
No cabía duda de tales situaciones que dejaban al Estado a la deriva. Era necesario un
ambiente de crítica y debate que posibilitara el esclarecimiento de tales hechos que no
necesariamente arreglarían los terribles problemas del país, pero al menos devolverían un
poco la confianza en el Estado, lo que podría haber generado un leve pero necesario
reconocimiento a la buena labor de las instituciones. Como eso no se presentaba, la Iglesia
y demás críticos continuaban realizando su buena labor desestabilizadora. “propuestas
formuladas por algunos representantes a la Cámara, y quienes al parecer también como
representantes de alguno de los carteles de narcos, han pedido la creación de una Sala
especial de juzgamiento y algunos otros fueros favorables para los capos y sus secuaces”.65
La influencia del narcotráfico evidenciaba que sus alcances habían superado y por mucho a
la propia institucionalidad, la cuestión es que la legitimidad de los representantes del
Estado, del gobierno vigente y en buena parte del propio mandatario no podía estar basada
en juicios especiales realizados más con el ánimo de ocultar hechos que esclarecer
verdades.
Ya no era preciso hablar de dudas, era más adecuado hablar de denuncias de hechos
concretos sobre los que ya no cabía la sospecha. Legisladores, jueces y el presidente
completaban el hundimiento de la democracia mientras que se mantenían a flote las
estructuras de poder que habían posibilitado que todo cuanto fuese dañino para el país
siguiera presente. Lamentablemente para la sociedad, estos sucesos hacían que no pudiera
lograr más que las migajas que dejaba la asociación entre políticos y delincuentes. Los
recursos del Estado eran el botín de los cuatreros que controlaban por medio de una
democracia elaborada por ellos mismos todo cuanto podían, y podían demasiado debido a
la forma en que se encontraba el país, totalmente desdibujado y sin un rumbo aparente que
le permitiera reencontrar el camino, o elaborar uno que jamás había existido el cual estaría
caracterizado por la justicia y la transparencia.
La Iglesia y el Estado enfrentados mientras el narcotráfico contaminaba toda forma de
representación social. Los fines de una y otra institución precisamente estaban ligados a la
trascendencia que pudieran lograr en las personas que representaban, pero en este juego de
legitimidades, de representaciones y de responsabilidades, era el Estado el menos adecuado
en ese momento para intentar reproducir socialmente los valores que emanan del seno de
los postulados democráticos y constitucionales. La Iglesia desde sus propios fines lograba
captar e influenciar a las personas en su cruzada moralizadora, la cual le ubicaba por
65 El Catolicismo, 26 de marzo de 1995, p.2 Sección editorial
54
encima del Estado tal como se había dado en otros momentos y como consideramos ha sido
siempre. El Estado no ha logrado establecerse como un ente verdaderamente legítimo y las
graves actuaciones de quienes han ostentado el poder así lo ratifican. Debido a todo lo
anterior, a pesar de las constantes pugnas que se dieron a través de este proceso, al Estado,
al presidente encargado de manejar los hilos del poder, le correspondió manifestarse
reconociendo que la Iglesia es necesaria para que su propio ejercicio pueda realizarse.
“El doctor Ernesto Samper Pizano hizo un planteamiento de la situación del país y recordó
la gran credibilidad que la mayoría de los colombianos tienen en la Iglesia Católica”.66
De
esta manera se daba una muestra de la necesidad de mantener los ánimos de los detractores
del gobierno lo más calmos que se pudiera, también un indicador del papel principal en la
vida nacional a través de la historia que ha sustentado la Iglesia. No se podían dejar de lado
las malas experiencias que antaño dejaran los conflictos entre ambas instituciones un
lamentable resultado para el Estado. Era deber y una actitud de prudencia de parte del poder
institucional reconocer al clero y no subestimarlo ni alejarlo de los asuntos políticos y
públicos de la nación. La Iglesia ya se había manifestado de manera concreta frente a este
mismo planteamiento. Se puede pensar que en Colombia, cuando se pide a los pastores que
“guarden su lengua” o se les acusa de intervencionismo en lo que nos los compete, se deja
entrever una cierta envidia a la fuerza de credibilidad de su palabra y un enorme miedo a la
autoridad moral de sus denuncias. Por suerte han pasado ya las épocas de bárbaras naciones
en la que predominaba el enfrentamiento Estado-Iglesia”.67
Orientación y diagnóstico del parecer liberal que no está de acuerdo con la injerencia de la
Iglesia en los asuntos relacionados con la política, al menos es lo que la anterior declaración
de parte de la Iglesia pareciera indicar. La Iglesia apunta a expresar que los conflictos entre
la Iglesia y el Estado en apariencia eran cosa del pasado y que gracias a la constitución de
1991 la autonomía de hecho y de opinión estaba garantizada para esta institución. Esto a
nuestro parecer no es más que una opinión de parte del clero un tanto acelerada, pues este
conflicto en el contexto electoral y pos electoral que llevó a Ernesto Samper a la
presidencia es una clara evidencia que para ese momento aún era muy fuerte la
confrontación.
“Si a uno le meten un elefante a la casa tiene que verlo”.68
Palabras de Monseñor Pedro
Rubiano, una de las figuras más prominentes de la curia colombiana y crítico del gobierno
Samper. En estas cortas pero significativas palabras intenta sentar posición no solo en
nombre propio; daba cuenta de una posición institucional debido a su alta dignidad en las
filas de la Iglesia. De esta manera es que la Iglesia demostraba la verdad implícita tras sus
declaraciones en apariencia sobrias. El Estado era objeto de los ataques de esta institución y
66 El Catolicismo, , 16 de Julio de 1995, Portada 67 El Catolicismo, 10 de Marzo de 1996, p.2 Sección editorial 68 Fernando Londoño Hoyos, La parábola del elefante, Planeta Colombiana editorial S.A, 1996, p. 85
55
lograba someterlo por medio de la opinión en los medios y le condenaba gracias a su poder
e influencia en todos los campos de la sociedad. Esta es pues la realidad evidente tras la
forma tranquila en que se suele expresar el clero.
Conclusiones
La postura de la Iglesia que siempre intentó mantenerse resguardada tras la tranquila
retórica de buena parte de sus ministros no representaba fielmente su verdadero sentir. Es
claro que Samper, el liberalismo que profesaba y en última instancia, las circunstancias de
corrupción, llevaron a la Iglesia a manifestarse en contra de los sucesos que afectaron
gravemente al país. De cualquier manera se logró desestabilizar al gobierno y gracias a la
movilización de los fieles y a la campaña moralizadora en la Iglesia, los templos pasaron de
lugares de exaltación espiritual a verdaderos bastiones políticos que sostenían los
postulados e intereses de la Iglesia Católica. En este contexto el Partido Conservador
llevaría momentáneamente cierta ventaja, pero por encima de lo político sería la causa
religiosa la que representara serias complicaciones para el gobierno Samper, debido a su
amplia legitimidad.
El Estado se veía maniatado y con evidentes problemas que no superaría mientras Samper
se mantenía como presidente. Tanto el desprestigio moral así como la mala imagen a nivel
internacional harían de Colombia un país bastante contradictorio al evidenciar la falta de
institucionalidad creciente y el aumento de la influencia del narcotráfico en todas sus
expresiones. Todo esto daba cuenta de la disputa no terminada entre el Estado y la Iglesia y
de la forma en que esta misma continuaba sosteniéndose en aspectos puramente ideológicos
más allá de sus alcances políticos y hasta económicos. Por último, la situación del clero era
bastante cómoda ya que todo cuanto podía hacer para deslegitimar al gobierno era
realizado, mientras que sutilmente escondía sus intereses bajo el discurso moralista que no
le dejaba ver sus propios pecados.
56
IMÁGENES CAPITULO II
IMAGEN N°:6 IMAGEN N°:7
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 23-Jun-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 27-Jun-1994
IMAGEN N°:8 IMAGEN N°:9
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 29-Abril- 1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 21-Junio-1994
57
IMÁGENES CAPITULO II
IMAGEN N°:10 IMAGEN N°:11
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 22-Jun-1994 TOMADA DE: El Catolicismo 5-Feb-1995
IMAGEN N°:12 IMAGEN N°:13
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 29-May-1994 TOMADA DE: El Catolicismo 3-Marzo-1996
58
Capitulo III
La lucha contra el desprestigio. Defensa del presidente Samper en su búsqueda por el
buen nombre.
¿Falta de sintonía?
En momentos de dificultad para el gobierno se hacía indispensable que las instituciones le
brindaran la mano, le cercaran y protegieran contra los ataques de las diferentes fuerzas
desestabilizadoras que amenazaban al Estado y hacían verdaderamente ingobernable al
país. A pesar de dicha necesidad, la ayuda llegaba en muchos casos de lugares diferentes al
mismo Estado, o al menos, no específicamente directos pero sí muy importantes como
lugar de decisión, cuyas opiniones se reproducían para justificar y proteger las acciones del
gobierno, o para responder a los ataques y cuestionamientos que se levantaban en contra de
Ernesto Samper y su ideología liberal. No se presentaba cohesión al interior de las
instituciones, es claro que para ejercer un buen mandato no se puede gobernar con el
enemigo, pero, debido a la lógica en que está sustentado el Estado, las discrepancias al
interior del mismo impidieron que el consenso frente al mandato y frente a los propósitos
que se consideraran propicios para gobernar pudieran funcionar correctamente. Esto mismo
sería lo que le ocurriría al gobierno mientras intentaba sortear las inmensas dificultades que
tuvo que atravesar para poder mantenerse todo el periodo que le correspondía.
Muestra de lo anterior serían las declaraciones del fiscal en las que aseguraba que la Iglesia
era imprescindible para lograr una verdadera reconstrucción del país en momentos tan
críticos para el mismo.69
Una parte del Estado no duda en exaltar la labor del clero y le
reconoce como un elemento importante en la consolidación de proyectos nacionales de
trascendencia y por ello era preciso consultarle y apoyarse en este. Las consideraciones de
Alfonso Valdivieso, fiscal y detractor de Ernesto Samper, surgido de las huestes liberales y
profundo enemigo de la corrupción según sus propias luchas al frente de esta institución,
daban cuenta de esa falta de coherencia del Estado. La apertura del proceso 8000 fue
realizada por petición expresa de este hombre y fue gracias a él que las instituciones
comenzaron a enfrentarse en torno a la cuestión de la infiltración de dineros del
narcotráfico en la campaña “Samper Presidente”. No había unión dentro del Estado. El
manejo del mismo se dejaba en manos de los intereses que hicieron posible el triunfo de
Samper y por lo tanto, estaba repartido entre personas y grupos que no necesariamente se
identificaban con las políticas de gobierno propuestas por el presidente, lo que hacía que las
instituciones se vieran manejadas más por los intereses particulares de quien las dirigía que
69 El Catolicismo, 26 de febrero de 1995, p.7
59
por las necesidades del pueblo. La representación en nombre de los intereses de la nación
era una cuestión secundaria y por ello la falta de coordinación entre los diferentes poderes.
Mientras el debate interno de nunca acabar se mantenía gracias a la situación presente, y
que hacía que la opinión de algunos sectores fuera la confusión de la mayoría, la
gobernabilidad era cada vez menor y el control del Estado estaba más legitimado por
quienes tuvieran mayor resonancia en ese momento de algarabía política. La presencia del
Estado se hacía más notoria a través del escándalo divulgado por los diferentes medios de
comunicación y en el púlpito de las diferentes iglesias que estaban bajo las directrices del
clero católico colombiano. Era pues urgente responder enérgicamente a los
cuestionamientos y ataques que se hacían en contra del gobierno, pues en muchos casos eso
también era cuestión de identidad y apoyo con el Partido Liberal. El alboroto producido por
el narcotráfico había llegado muy lejos y el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia no
era cuestión alejada de dicho espectáculo tan particular para nuestro país. Lo anterior
obedece a una mezcla de religión y política que ha llegado a instaurase a tal punto, que las
decisiones políticas que van en contravía de los principios morales del catolicismo son de
gran revuelo y controversia precisamente por el poder que goza la Iglesia como referente
cultural y como lugar de decisión en diferentes ámbitos.
Entre tanto, en ese ambiente de lucha que enfrentaba al Estado y a la Iglesia y a otros
sectores que reclamaban justicia y rectitud por los actos de los políticos de nuestro país, la
disputa al interior del aparato oficial no era de poca monta. El proceder del fiscal era
considerado como algo que había “envilecido y asolado el legítimo ejercicio de una acción
penal marcado por la más pulcra imparcialidad”70
que afectaba los interés de la nación y
una buena administración de la justicia. Qué era condenable todo lo ocurrido en las
campañas políticas por el poder en 1994, es algo en que muchos estamos de acuerdo, pero
lo llamativo de este asunto es que se diera a tan alto nivel del Estado un conflicto que no
hacía más que ponerlo en un papel nada cómodo, en el que la sociedad por ajena que
pareciera a los asuntos políticos, siempre se mostraría permeada por las diferentes posturas
que sobre este evento emanaban. Era indispensable poner ante la opinión nacional todo
aquello que sirviera como prueba para demostrar la poca legitimidad del Estado y a los
directos culpables de semejante situación, siendo los implicados principales el presidente y
su gabinete. Lo propio haría el gobierno y la prensa a su favor, la cual no dudó en mostrar a
sus detractores como sujetos dignos de crítica y no menos culpables del declive nacional.
La disparidad entre ricos y pobres, la crisis institucional y de los partidos tradicionales, la
falta de reconocimiento político por fuera de las huestes de estos mismos y el evidente
fracaso de la democracia, dejaron a su suerte a las personas que encontrarían en la Iglesia la
fuente y refugio de los males que asolaran al país en momentos que se hacía más
importante la farándula politiquera que el ejercicio mismo de gobierno. Conservadores y
liberales por igual deslegitimaron la política y cedieron este espacio tanto a la delincuencia 70 Gustavo Salazar P., La satanización del proceso 8000, Editora Jurídica de Colombia, Medellín, 1995, p. 18
60
como a la misma Iglesia, así como a otras denominaciones religiosas pues ya era evidente
en el país la influencia de otros grupos diferentes al catolicismo. No concordaba ni siquiera
el partido en el poder por culpa de los problemas que se daban entre el presidente y el
fiscal, mucho menos iría a ser el Estado un ejemplo de unidad que al pasar el tiempo
también se diluiría en las manos del gobierno, de los que en principio se mostraran como
colaboradores y copartidarios de un mismo proyecto. La sociedad era lamentablemente el
resultado de las instituciones corruptas y desposeídas de cualquier sentido, pero en ese
ambiente es que el papel de la religión retomará importancia frente a más y más personas,
lo cual no es elemento indicativo de que antes no fuera de esa manera. Lo particular de la
situación era la pobre cara del Estado que no podía ocultarse ni con los discursos
presidenciales que apelaban al triunfalismo, ni con los resultados de las políticas
institucionales que no respondían al sentir de la gente por culpa también de la campaña de
deslegitimación en contra de la acción del gobierno. Continuando con la falta de sintonía
que mostraba el Estado, es necesario reconocer que el apresurado papel del fiscal
Valdivieso para pre juzgar las acciones del presidente y sus colaboradores dio muestras de
parcialidad en contra de Samper, pues su afán fue evidente para reabrir el caso y hablar de
culpables antes de demostrarlo, lo cual no exime de responsabilidad alguna a que allá
tenido lugar el actuar de presidente.
Con respecto al manejo de las instituciones de forma particularista queda como evidencia la
forma en que el fiscal asume la investigación del proceso 8000. Es indicativo que “La
Fiscalía General de Colombia también ha excedido indudablemente su tarea acusadora
convirtiéndose en un ente incriminador de hechos que moralmente pueden perfectamente
deslindarse de lo penal.”71
La fiscalía actuaría entonces como un representante de la
institucionalidad del Estado que levantaba juicios en contra del gobierno apelando más a
cuestiones de simpatías o apatías personales del fiscal que a cuestiones netamente jurídicas.
Lo moral permanecía como algo que era preciso revisar, para ello la religión no podía
dejarse de lado y la Iglesia Católica era propicia para tal cometido. Sus apreciaciones serían
objeto de atención, de apoyo o rechazo y generarían con el tiempo una lucha mediática que
llevaría al mismo presidente a expresarse sobre cuestiones religiosas a pesar de la supuesta
superación de las discrepancias entre la Iglesia y el Estado. Quedaba entonces un manto de
duda acerca de las intenciones sobre la investigación en contra del presidente, si esta
obedecía a intereses políticos y seudomorales más que a un hecho concreto de
narcocorrupción.72
Los vaivenes de la justicia indicarían qué tan cerca o que tan lejos se estaba de ser culpable
o inocente, pero para mejor comprensión de este fenómeno, sería importante rescatar de
qué lado se estaba, si del lado del partido de gobierno, o de la oposición representada en ese
momento por la tradicional alianza entre la Iglesia y el Partido Conservador. Impresiones
71 Ibíd. p. 35 72 Ibíd. p. 35
61
de otros sectores también se harían presentes, pero en muchos casos coincidían en condenar
al presidente por los actos que sobre él recaían y le vinculaban con el narcotráfico. La
disputa por la imagen del presidente remplazaba la búsqueda de la verdad ya que en todo un
espectáculo mediático se había convertido la acusación en contra del primer mandatario. En
defensa del mismo se emitirían apreciaciones de índole jurídico que le intentaban mostrar
cómo alguien tal vez negligente, pero no un criminal. Apreciaciones como esta son bastante
ilustrativas: “A nuestro juicio el Presidente Ernesto Samper es absolutamente inocente
desde un punto de vista estrictamente jurídico penal. La responsabilidad política o moral
que pueda derivarse de la infiltración de dineros llamados calientes en su campaña no
compete a la justicia criminal ni es objeto de análisis por parte de nosotros los abogados
penalistas”.73
(ver imagen 14). Una vez más se levanta el argumento en defensa de Samper,
el cual referencia un límite entre las responsabilidades que implicaran un delito punible y
otras relacionadas con hechos disciplinarios que involucraran más la integridad moral y
ética del mismo. Estos hechos condenables a nivel social y totalmente nocivos para el país
no dejan de ser importantes bajo la lupa de una u otra responsabilidad, pero en las
circunstancias del momento se buscaba por parte de los detractores del gobierno más la
demostración del delito y su gravedad, que una simple sanción que le evitara ejercer cargos
públicos.
La figura del presidente Samper ante las acusaciones
Ernesto Samper y muy a pesar de las acusaciones que sobre él se levantaran ganó en la
segunda vuelta electoral sobre su rival Andrés Pastrana Arango. Su triunfo no lo absolvió
de las acusaciones y en su cargo como primer mandatario, estas se multiplicaron a tal punto
que debió realizar varias diligencias judiciales con tal de aclarar su situación. Un hecho
bastante particular sobre este respecto sucede de sus mismas declaraciones. El presidente
Samper gobernaba con un legislativo de mayoría liberal y es precisamente este hecho el que
va a permitir que sobre su figura se levanten amplias sospechas sobre su rectitud y su forma
de haber llegado al poder. El presidente aseguraba que si él tenía que ser juzgado por
cualquiera de sus actuaciones pasadas y presentes ya no era de competencia de la justicia
ordinaria levantarle investigación alguna. Consideraba también que la Corte Suprema de
Justicia no tenía jurisdicción para juzgarlo, por el contrario, era el Senado el que estaba en
capacidad de levantar cargos en su contra (ver imagen 15).
Es de indagar si la competencia que habría de juzgar al presidente Samper era el Congreso
o no, no con el ánimo de extraer la interpretación meramente constitucional sino para
entrever si su actuación estuvo dirigida a desviar los sucesos que le fueron propios con los
dineros del narcotráfico. Al respecto “Tratándose de delitos comunes, no es el Congreso el
juez competente del Primer Mandatario, sino la Corte Suprema de Justicia”.74
¿Habría
73 Ibíd. p. 54 74 Fernando Londoño Hoyos, La parábola del elefante, Planeta Colombiana editorial S.A, 1996, p.8
62
acaso una mala interpretación de la constitución por parte del presidente con el ánimo de
evitar el control de la justicia? ¿Era esta intencionada o solo daba cuenta de un
desafortunado desconocimiento de la misma del máximo representante del Estado? Sea
cual sea la interpretación que sobre este evento se pueda hacer, es claro que el debate de
control político en primera instancia se encontraba bastante viciado y se prestaba a
interpretaciones que solo dejaban al primer mandatario en una posición cada vez menos
provechosa.
La Iglesia también se pronunciaría sobre este asunto, condenando la actitud del Senado y
denunciando su inoperancia frente al escándalo que se cernía sobre el presidente. Las
reformas que pretendía el Senado de mayoría liberal, frente a los procesos e investigaciones
judiciales que se debieran emprender con personas vinculadas al narcotráfico fueron
cuestionadas por el clero. De lo anterior no escapaba ni el presidente Samper, pues este
buscó amparo en el Senado al citarlo como la única institución legitima en levantar
acusación alguna en su contra. Los pronunciamientos no dejaron de ser profundos a pesar
del lenguaje mesurado que esta institución pretendió tener siempre. “Es verdad que en
nuestro país no resulta difícil acomodar las leyes al capricho del que las viola. Puede
parecer también fácil tallar la justicia a la medida del que la pisotea. Casos se han visto de
instituciones públicas moldeadas según los intereses personales de quienes las dirigen o
explotan sin ningún miramiento al bien común”75
(ver imagen 16).
Sobre este aspecto apelamos a retomar la constitución para entender mejor el asunto
tratado:
“ARTICULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: NUMERAL 2:
Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces […], por cualquier hecho
punible”.76
Observando la Constitución, es de competencia de la Corte Suprema de Justicia
imputar cargos penales y no políticos a la figura del presidente. Las acusaciones por la
actuación del presidente investigadas por el Senado solo pueden llegar hasta el juzgamiento
político de sus acciones, de ello que el castigo por sus delitos no acarrearía pena judicial.
Las dificultades políticas le acompañaron durante todo su mandato y no se liberó de la
mancha del narcotráfico que sobre él se levantó en ningún momento al frente del Estado.
Las circunstancias de su campaña y de su mandato no estuvieron en ningún momento
alejadas de las miradas acusadoras de la sociedad, o al menos, de su contraparte política, el
conservatismo. El tema de las conversaciones de Ernesto Samper en los narcocasetes le
traería una lucha que debió enfrentar con los conservadores y la Iglesia, siendo por esta
última que más se vería afectada su imagen como primer mandatario de los colombianos.
75 El Catolicismo., 26 de Marzo de 1995, Op cit. p.2
76 http://web.presidencia.gov.co /constitucion/index.pdf (constitución política de Colombia 1991)
63
El continuo problema en su contra no dejaba nada al azar, es por ello que tanto sus
actuaciones como aquellas que adelantara su partido estaban siempre bajo observación de
sus detractores. La investigación en su contra y como una jugada política que le atribuían al
presidente, estaba en apariencia bastante amañada dado que el senado estaba controlado por
los liberales, lo cual no era garantía para que su juicio fuera precisamente imparcial. A
pesar de ello el debate se acrecentó por ese motivo, sumando así otra fisura por la que
ingresaban diferentes críticas y señalamientos que envilecían más la función del Estado.
¿Qué competencia tendría la responsabilidad de llevar a cabo la investigación sobre lo
acontecido en el proceso 8000? Si no es de acarrear consecuencias legales, un
acontecimiento como este es difícil comprender, pues los fundamentos jurídicos en que se
basa la implementación de justicia estarían en evidente contradicción. Si es exclusivamente
moral, ¿a quién le corresponde? Aparentemente es algo que a todos concierne en cierto
grado, pero era a la Iglesia a quien más competía dicha valoración en ese momento por
razones que vale la pena volver a enunciar, estas son precisamente la legitimidad social que
estaba por sobre otras instituciones y por el poder y resonancia que tenían sus apreciaciones
por la misma autoridad que le confería gran parte de la población altamente católica.
Desde el lugar que se le daba al mandatario por parte de sus seguidores era importante
rescatar a esa figura benevolente y simpática que le caracterizaba. Un personaje que
despertaba simpatías y de quien era difícil creer tales acusaciones que le vinculaban con el
más grande de los problemas de las últimas décadas en el país, el que había desatado una
ola de violencia que no tenía comparación con ningún otro momento de la historia nacional
y el que había puesto muy enfermo al Estado; el narcotráfico era ese mal del que la política
debía librarse y el cual debía combatirse a toda costa, por lo tanto era deber del presidente y
de todas las instituciones luchar en contra del responsable del nivel de corruptibilidad al
que se había llegado en todos los aspectos sociales. “más que culpable el Presidente Samper
ha sido ingenuo en el manejo de su situación jurídica, hecho que confirma aún más su
inocencia porque, […] los inocentes suelen presentar a la justicia coartadas torpes e
ingenuas lo que de suyo demuestra más a favor del reo que en su contra”.77
Si la torpeza es
un indicador de inocencia serían muchos los que aludirían a esta condición si con ello
lograran demostrarse no culpables. La influencia del narcotráfico en mayor o menor medida
ya era un hecho aceptado por el gobierno y tras este en apariencia es que se presentaba la
confusión y hasta incoherencia a la hora de elaborar la defensa.
La denuncia hecha por Andrés Pastrana a través de los narcocasetes dejaba al presidente en
el ojo del huracán debido a la gravedad de lo que se decía en estas cintas que le vinculaban
mucho más con lo que tanto esmero intentó evitar. El político conservador asumió tras su
derrota la más férrea oposición al gobierno de Samper y tomó constantemente la bandera de
lucha en su contra, siendo así el principal enemigo del gobierno y una de las figuras más
prominentes que atacó desde el terreno político al presidente. La mala fortuna para Ernesto 77 Gustavo Salazar P., La satanización del proceso 8000, Op cit. p. 56
64
Samper no pararía con la evidencia de los narcocasetes, sino que además involucraría el
asesinato de una de las personas que se dijo más cercana al cartel de Cali y de quien se
supone fue el nexo entre el futuro presidente y los Rodríguez Orejuela. Estos hermanos
giraron grandes cantidades de dinero en busca de amparo político y dividendos
comerciales, eso es de suponer más allá de los resultados de la investigación sobre Samper.
Su relación con el cartel de Cali quedaba más fortalecida con lo expresado en la primera
grabación. Esto que se exponía en la cinta no era más que la voz del ya en ejercicio
presidente Samper y la “Monita retrechera”, apodo con el que se hiciera célebre Elizabeth
Montoya de Sarria, mujer que fuese el puente entre el presidente y los Rodríguez Orejuela,
esposa de su edecán una vez posesionado como jefe de Estado y quien fuera asesinada en
1996 mientras se adelantaban las investigaciones correspondientes sobre las alianzas del
presidente. Se veía con cautela el hecho de la financiación de la campaña presidencial de
Ernesto Samper, puesto que de la misma se desprendían graves acusaciones que asociaban
al mismo con el cartel de Cali, bien sea de forma directa o indirecta (ver imagen 17).
Al cuestionarse la moralidad de la democracia se intenta plasmar el hecho indebido en la
vida política del país, que se ve afectado por la corrupción institucional que ha de
promulgar los valores republicanos de los buenos ciudadanos y creyentes. Contradicción
gigantesca a la que se ve sometido el Estado por la incapacidad de generar verdaderos
gobiernos que puedan hacer respetar las instituciones y dirigir desde las mismas los hilos
del poder popular. No había forma de darle nuevo rumbo al Estado como actor efectivo
para los ciudadanos, estaba en picada su propia legitimidad, aunque esta aseveración puede
sonar bastante radical para muchos. No había forma de esconder la influencia de los narcos
en la vida pública, en la política y en el palacio de gobierno. La cantidad creciente de
sospechas y acusaciones sobre la figura del presidente hacía inevitable que se le condenara
socialmente por su falta de control o por su participación directa en actividades ilícitas.
Conservadores y sacerdotes, junto a otros sectores que legítimamente denunciaban y
reprobaban la situación política y social del país, condenaban al presidente antes de que se
emitiera juicio alguno frente a su inocencia o culpabilidad. Sus enemigos y principalmente
la Iglesia no eran ajenas a la influencia destructora del narcotráfico, lo que de una u otra
forma mostraba el inmenso poder envolvente de la delincuencia, más allá de cualquier
principio moral que se alzara como fin último de esta y otras instituciones que pregonan
valores que son perfectamente comercializables. “Nos acostumbramos al renombre de
aquellos magnates pródigos en caridades y hábiles en el robo de la simpatía popular. Pablo
Escobar regalaba barrios enteros a los pobres y la alta clerecía lo acompañaba a la
bendición del campo de fútbol en la comuna recién nacida”.78
Este es un pequeño pero muy
diciente indicio de la permeabilidad de las instituciones, algo que no se puede ocultar, pero
es de atraer la manera en que la Iglesia Católica ha sabido encargarse de aquellas cosas que
sobre sí misma recaen y que la ligan al plano terrenal, en el que el pecado no le es ajeno ni
78 Fernando Londoño Hoyos, La parábola del elefante, Op cit. p. 2
65
al más dedicado cristiano. Muy lejos había llegado la corrupción y esto planteaba nuevos
retos tanto para los Estados como para la religión. Al respecto se considera que la
corrupción es en América Latina un fenómeno que invierte los principios ético-morales a
cuestiones totalmente instrumentalistas donde se genera una nueva cultura, una cultura
corrupta avalada por las acciones de los sujetos y que es preciso acabar con el ejercicio de
la evangelización.79
Es llamativo que este fenómeno de la corrupción y que ha sido tan
atacado por el clero haya tocado tan directamente a su puerta, pues los nexos de una figura
tan importante como el padre Rafael García Herreros con Pablo Escobar dicen no solo la
clase de contactos de este jerarca, sino además, el grado de admiración que sentía por este
hombre. Al respecto reconoce recibió una finca de “Don” Pablo Escobar, pero que este
hecho constituía la voluntad de Dios no debía ser interpretado como un acto de
corrupción.80
Sobre estos acontecimientos hablaremos más adelante.
Entre tanto, el contexto del país y el marco electoral no eran distantes el uno del otro; el
reflejo de la realidad se daba en las más altas huestes políticas y por paradójico que pueda
parecer, la religión Católica estaba también salpicada de aquello que no demoraba en
condenar. Las actuaciones de los sujetos en nombre propio pueden entenderse como un
hecho particular que puede sacar a toda la colectividad de las culpas que sobre el mismo
recaigan, pero tanto para políticos como para sacerdotes, son sus acciones el resultado de
una larga tradición de corrupción en la que la mea culpa va más allá de sus mismas razones.
Para el caso de los segundos y como más adelante lo evidenciaremos, el actuar de los
individuos a nombre propio está sujeto a reinterpretación y crítica, pues son los más altos
representantes de la institucionalidad eclesiástica los que brindan sus opiniones frente a
hechos bastante espinosos y que por tanto involucran a toda la entidad en el país.
De esta forma queda expresada una relación manifiesta pero desconocida concretamente a
la luz de todos. Como un ejemplo de doble moral, La Iglesia también se hizo partícipe de la
“caridad” de los grandes señores del narcotráfico. Este acontecimiento descrito obedece a
hechos que tácitamente ocurrían en el diario vivir mientras Pablo Escobar dominaba el
negocio de la droga más allá de sus potenciales y reales competidores. Por ahora definamos
un poco más la particularidad del mandatario de las y los colombianos después de 1994.
Hasta sus movimientos más simples como el lugar de hospedaje en momentos que
adelantaba su ejercicio de proselitismo en busca de la presidencia fue objeto de
controversia y denuncia. Cuando adelantaba su campaña por la presidencia se alojó en el
Hotel Intercontinental de Cali que era propiedad de los Rodríguez Orejuela. Estas
atenciones fueron gracias a la gestión de la monita retrechera y se supone que en este lugar
se hospedó en más de una ocasión.81
Esto no indicaría claramente un acto delictivo, por lo
tanto se cuestiona “la postura jurídica según la cual ¡un político se enriqueció ilícitamente
79 Miguel Ángel Velasco, Seréis mis testigos, Entrevista al cardenal Darío Castrillón Hoyos, Ed Plaza y Janés Editores, S.A. España 2002, p. 152 80En: http://www.youtube.com/watch?v=PJvo7SB9TZY 81 Gustavo Salazar P., La satanización del proceso 8000, Op cit. p. 43
66
porque se le pagó una noche en un hotel en Cali con dineros de dudosa procedencia! Si
hasta los más desprevenidos juristas en lo criminal saben que el enriquecimiento se le
define como el aumento desmesurado o considerable en el patrimonio de una persona.”82
Todo cuanto sirviera para condenar al presidente era válido, hasta sus acciones más simples
así fueran objeto de duda. Con tantas actividades que eran del control de los narcos resulta
algo posible verse involucrado así sea de forma indirecta con sus actividades. De antemano
no resulta productivo juzgar estos sucesos como acciones criminales directas, pero si sirven
como indicio para suponer lo que en efecto se reconoció y fue la infiltración del
narcotráfico en la campaña de Samper. Los vínculos con el narcotráfico no debían limitarse
solo a cuestiones en apariencia nimias como la anterior, pero cualquiera fuera la estrategia
usada para enlodar y desprestigiar al presidente parecía válida para quienes deseaban
desestabilizar al gobierno. Más allá de lo anterior el crimen era algo concreto, pues las
campañas y la política en general estaban influenciadas en cierto grado por el narcotráfico.
Acusar al presidente de enriquecimiento ilícito no tenía fundamento basados solamente en
el hospedaje en un cuarto de hotel hacían falta pruebas más contundentes y las mismas
terminarían siendo reconocidas por él mismo.
¿Guerra religiosa?
En contra de muchos, las voces a favor de Samper también se hacían escuchar. Muestra de ello
sería la concurrida noche del 10 de junio de 1994 en la que se dio una gran manifestación de apoyo
al presidente y en la cual tuvo la oportunidad de rechazar la “guerra religiosa” que había
emprendido Andrés Pastrana en conjunto con la Iglesia Católica.83
Desde la orilla del Partido
Conservador se pregonó el necesario impulso de una “guerra” en procura de mantener la
moral política. Andrés Pastrana intentó percibir los votos de los sectores religiosos
encabezando la oposición a Samper, vinculando adeptos y defensores de la cristiandad en
contra de su oponente. “El candidato liberal Ernesto Samper y su fórmula a vicepresidente,
Humberto de la Calle Lombana, rechazaron lo que denominaron guerra sucia por parte de
la campaña de Andrés Pastrana a quien acusaron de querer propiciar una confrontación
religiosa en el país”.84
La religión como vehículo impulsor de tradicionales odios políticos
se manifestaba a portas de una nueva elección presidencial. El botín político lo valía. La
estrategia de Andrés Pastrana logró socavar la campaña adversaria pero no logró evitar un
nuevo triunfo Liberal tan enlodado como el de Ernesto Samper. El temor por una
confrontación en la que la religión fuera demasiado activa es indudablemente motivo de
riesgo para los liberales. Históricamente la capacidad de movilización de la Iglesia Católica
en favor del Partido Conservador lo ha mostrado.
82 Gustavo Salazar P., La satanización del proceso 8000, Op cit. p. 43 83 http://www.eltiempo. com/archivo/ documento/MAM-148544, Sección Otros, Fecha de publicación, 11 de junio de 1994, Autor NULLVALUE.
84 Ibíd.
67
La inconformidad del clero por la definición de guerra religiosa en la disputa por el poder
entre Pastrana y Samper no dejó del todo clara su posición frente al mandatario, antes
candidato, el cual se enfrentaba a una institución que de lejos estaba mejor posicionada que
el mismo. La Iglesia encontraría elementos suficientes para dudar con respecto al proceder
de Samper. Un país en estado crítico y con un evidente pero nada probado flagelo
corruptible del narcotráfico en las más altas esferas de la dirigencia política dejaba un sin
sabor, este porque la justicia no llegaba ante unos hechos que dejaban claro que los
delincuentes de cuello blanco escapaban impunes y seguían ejerciendo su oscura influencia
en un país necesitado de la verdad. Evidentemente eso era mucho pedir, pero más allá de
todo esto, la Iglesia empezaría a cuestionar con mayor contundencia a Ernesto Samper. La
guerra religiosa fue el elemento que hizo de estas elecciones, enmarcadas por un ambiente
de corrupción, un importante detonante de las pasiones partidistas históricas que llevaron a
lo largo de los años al enfrentamiento fratricida entre colombianos que se identificaban con
un color determinado (ver imagen 18). Esta lucha de Samper contra la Iglesia fue una tarea
que le resultaría difícil terminar en condición favorable; fue más fácil para el ganar las
elecciones a Pastrana que limpiar su nombre, su imagen tan objetable también para los
sacerdotes de alta jerarquía. El elefante, denominación del impresionante escándalo que se
encontraba en el palacio presidencial y que, debido a su insoportable peso y gran tamaño,
ya resultaba imposible ocultar.
Si bien es condenable lo acontecido en la campaña electoral que sacudió al país en la
contienda de 1994, es preciso indicar que la posición de la misma Iglesia ha de responder a
viejas rencillas políticas que no se habían superado, todo claro está, en el marco electoral
del que los partidos tradicionales se han beneficiado. Samper en la presidencia era sujeto de
críticas en el contexto del proceso en su contra. Ya no podía evadirlas ni era inteligente
hacerlo debido a tan alta dignidad como la de ser el presidente de la república. Su conocida
frase de “todo ocurrió a mis espaldas” le haría célebre, bien por su abnegado empeño por
defender una causa perdida como lo fuera su inocencia absoluta, o bien, por creer que un
país entero podía asumir que en su propia casa no ocurría nada relacionado con el
narcotráfico. La Iglesia se mostraba inconforme por el lugar que le asignó Ernesto Samper
a esta institución cuando afirmaba lo relacionado a la guerra religiosa. Los asociaba con el
enemigo moral ligado al Partido Conservador para enrostrarle errores que posiblemente se
hubiesen presentado en la obtención y administración de los recursos de su campaña, los
cuales recordemos, sucedieron a sus “espaldas”.
La Iglesia en actitud conciliadora llegó a plantear en algún momento y a través de sus
representantes la necesidad de sacar a la religión de la lucha por el poder. Los Obispos
declararon que mezclar religión y política era bastante peligroso y que de no detener la
connotación religiosa sería algo que haría más daño al país (ver imagen 19). ¿Cómo
entender la posición de la Iglesia que demandaba alejar las posiciones políticas y las
apreciaciones partidistas del ejercicio moral y cristiano que les era propio? Esta pregunta es
68
necesaria cuando es conocido que la Iglesia ha sido un ente que ha promovido en varios
momentos la movilización de la gente en asociación con su partido, en contra de las
políticas liberales. Estas rencillas que se fraguaron en el pasado reclamaban en aquel
entonces la decidida participación de la Iglesia para evitar la desviación de su ejercicio
moral, este cada vez una herramienta política en la coyuntura de 1994 en el periodo de las
elecciones y un arma decisiva para atacar al gobierno posicionado.
La Iglesia asumía que la opinión de unos cuantos representantes no era por tanto la opinión
de la Iglesia en su totalidad. A pesar de lo anterior, resultaban interesante los
pronunciamientos de ciertos jerarcas de la Iglesia que avivaban las llamas de los viejos
odios partidistas en los que el clero también tenía mucho que ver.”85
Vale recordar las
palabras de Monseñor Pedro Rubiano cuando se preguntaba acerca de las dificultades de
ocultar un elefante en la casa, pues no es asunto menor que sea tan alto dignatario del
catolicismo colombiano el que haga tal cuestionamiento y por ende, sus apreciaciones
distan de ser inocentes ubicándose más bien en el terreno abierto de la disputa, mostrando
así que la actitud de la Iglesia en apariencia prudente podría contrastar con sus verdaderas
apreciaciones sobre el gobierno de Ernesto Samper.
Tal vez se entiende que la política era un poco más secular que en sus tiempos de gloria, el
llamado a la concordia parecía un buen camino para levantarse como ese referente de
cordura, mesura y humildad que el país reclamaba de su Iglesia. Para el discurso más
explosivo, pero el que en última instancia recogía sus verdaderas opiniones se encontraba el
Partido Conservador. Este no bajaba los brazos en procura de la verdad, o al menos de la
verdad que a ellos les servía en ese momento, pues es bien sabido que el narcotráfico no
tiene escrúpulos y que no discrimina color alguno. ¿Reclamo histórico? ¿Despertar de odios
inherentes a los dirigentes políticos que desembocan en la violencia social impulsada por
aspectos ligados a la tradición? La posición de la Iglesia frente a los posibles errores de un
presidente no han sido igualmente condenados en otros momentos en los que se hacía
evidente el abuso del Estado manejado por personas de su agrado, o peor aún, cuando los
altos jerarcas se pasearan con delincuentes para realizar actividades religiosas, o
proselitistas, o criminales justificadas por la influencia social de la Religión Católica y sus
mecenas narcos. El caso del padre García Herreros resulta importante pues su actitud pasiva
frente a su benefactor criminal da clara muestra de la doble moral con que se manejan sus
propios asuntos. Sus declaraciones así lo sustentan: “ha habido trocitos de días bellos,
cuando abracé a Pablo fue una gran felicidad para mí, felicidad, mezcla como de, de ganas
de llorar y él estaba en las mismas.”86
85 Ibíd. p. 16 86 Entrevista de Darío Arizmendi al Padre García Herreros en: http://www.youtube.com/watch?v=gFvPswuYfds
69
La poderosa fuerza de la religión. Encuentros y desencuentros de sus propias acciones
Se puede asociar la compra de votos como la compra de conciencias. Esta relación podría
ser emanada de un sacerdote que está comprometido con las instituciones del país, o uno
que siendo crítico se limita al ejercicio contemplativo de cuanto acontece en su entorno, o
de uno, que estando claro en sus posiciones políticas, en el horizonte próximo de sus
ambiciones es capaz de denunciar lo que de otra manera no hubiera hecho, es decir, de
apelar al discurso moralista cuando es conveniente a sus propios intereses. Las denuncias
de la Iglesia en relación a la procedencia de los dineros para la campaña política de Ernesto
Samper fueron en muchos casos tácitas. Sin mencionarlo, hacían alusión a sus
patrocinadores legales, y de fondo dejaban abierta la posibilidad y la sospecha de la entrega
de apoyos del narcotráfico. El dinero emanaba a torrentes como es costumbre en nuestro
país cuando de elecciones se trata, más aún cuando estas enfrentan a la maquinaria histórica
y poderosa del bipartidismo colombiano.
Sobre este evidentísimo y constante fenómeno es que los pronunciamientos de la Iglesia
van a girar. El poder del dinero compra cuanto desee, es más, aparentemente y para nuestro
caso es capaz de comprar países; el nuestro tan atado por las sumas crecientes de divisas
que se acrecentaron producto del narcotráfico en tiempos en los que los dólares ilegales
inundaron al país. La impotencia del Estado era resultado de la actitud pasiva con la que se
manejaba el asunto de la corrupción. La solución no aparecía a la vista porque la indolencia
e indiferencia de quienes detentaban el poder no dejaba campo alguno en el que de forma
efectiva se pudiera trazar un nuevo rumbo, uno en el que se pudiera desarrollar una política
de Estado acorde con las necesidades de sus ciudadanos. El control de las instituciones por
parte del dinero y de sus dueños se manifestaba en el ámbito político con gran efectividad.
La Iglesia Católica y ante un panorama tan desalentador, tuvo que manifestarse por la
forma en que las campañas a la presidencia se estaban llevando.
La campaña de Ernesto Samper fue totalmente cuestionada por la Iglesia. Las grandes
sumas que se invirtieron en la propaganda política levantaron voces de rechazo por los
evidentes excesos en los máximos permitidos para tal fin. Ya no era solo la cuestión de
obtener dineros ilegales sino recibirlos, vinieren de donde vinieren, para ser invertidos en
publicidad y dádivas a quienes participaran y promovieran la actividad proselitista del
candidato a la presidencia. El poder detrás de la figura de Samper emanaba no precisamente
del genio político de sus asesores, sino de los extensos brazos de la riqueza de grupos
empresariales que tenían interés político con un posible gobierno de quien ganara
efectivamente. A nivel económico era preciso tener en el poder una figura que garantizara
los privilegios, la posición ventajosa en el mercado de quienes con su influencia habían
logrado el control del aparato productivo nacional, eso sin contar con la participación de
70
capitales cuya procedencia se ajustaba a la medida de actividades ilegales relacionadas con
el narcotráfico.
Es lo anterior lo que hace que difícilmente se pueda enunciar en nuestro presente y con
elementos tan contundentes una situación similar a la que se dio durante el periodo
presidencial de Ernesto Samper. Lo cierto es que los mismos sectores que intentaron de
muchas formas hacerlo ver como una figura casi demoniaca lejos estaban de estar exentos
de “pecado”. Ni la Iglesia ni el Partido Conservador se distanciaron lo suficiente del
narcotráfico como para no verse involucrados con tal delito y con las dificultades del país,
siendo más claro que el campo político del conservatismo era el más sacudido por las
consecuencias directas del actuar de sus representantes. En esos momentos de gran
desconfianza en las instituciones ganó suficiente terreno la Iglesia Católica y permitió ver
que de ella hay que cuidarse tanto como los diferentes contendientes y detractores que haya
sumado el primer mandatario. Las implicaciones de los sucesos que salpicaron al presidente
lo ubicaban directamente en una lucha con la poderosa fuerza de la religión, la cual estaba
demasiado consolidada y muy por encima del mismo Estado, lo que hacía que sus pilares
sostenidos por el gobierno tambalearan lo suficiente como para derrumbar partes de su
estructura.
El camino a seguir sería entonces ir de frente e intentar mantenerse en pie ante los ataques
que golpeaban con dureza al gobierno. Su aparente debilidad llevó incluso a plantear un
cambio en el liderazgo del país, bien fuera a través de la dimisión del poder por parte del
presidente o a través de la fuerza como algunos rumores hicieran pensar a través del “Ruido
de sables” del general Harold Bedoya y otros militares inconformes por la mala situación
de las milicias y por la decisión de adelantar diálogos con las FARC.87
Nuevas voces de
protesta se sumarían en contra de los intereses del Estado siendo las Fuerza Militares ese
nuevo foco tanto de críticas como de desprestigio estatal. La institución encargada de velar
por los intereses del Estado se mostraba contrario al mismo y ahondaba su crisis de
legitimidad. Al final no hubo golpe de Estado pero la credibilidad era tan escaza y más aún
por los índices de violencia tan altos que se presentaban en el país y que coincidían con las
capturas de los grandes capos del narcotráfico.
El enfrentamiento por salvaguardar su imagen y la de su gobierno lo llevaría a verse
siempre involucrado con los medios de comunicación, los cuales fueron un importante
ventilador de las desafortunadas relaciones del presidente. En estos se evidenciaba también
y por fuera de la prensa católica, el inconformismo de la Iglesia y su importancia como
actor social desestabilizador de las políticas del gobierno. En entrevista concedida a los
periodistas Jorge Lesmes y Edgar Téllez de la Revista Semana se aseguraba y cuestionaba
que: “Hay factores de poder muy importantes que creen que se requiere su renuncia para
87 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-617382 ,Sección Otros, Fecha de publicación 25 de julio de 1997, Autor
NULLVALUE
71
volver a la normalidad. Por ejemplo, los gremios, la mitad de la prensa, la Iglesia. ¿Usted
cree que estos sectores podrían cambiar de opinión?88
El cambio de opinión era ya muy
difícil de lograr, más aún cuando detrás de los cuestionamientos al gobierno aparecían
también los intereses de quienes buscaban condenar más que las faltas morales del
presidente. Atacarlo servía también para ganar terreno en aspectos políticos y la Iglesia no
era ajena a todo ello. Con las decisiones de abrir paso a las nuevas denominaciones
religiosas y utilizando estas como elemento político es que la Iglesia se ve más motivada a
proceder. Mientras tanto el presidente actúa con optimismo al resaltar que lo mejor para el
país es no condenarlo a su linchamiento moral y pide la reflexión de todos los sectores que
le atacan, los cuales deberían cambiar una vez se demostrara su inocencia89
(ver imagen 20).
Se reconoce que a pesar del tono apacible con el que la Iglesia presenta su desacuerdo con
el gobierno de Ernesto Samper, ésta en realidad quiere su renuncia al cargo de primer
mandatario. El linchamiento moral es entonces la estrategia reconocida por el mismo
presidente, estrategia que evidentemente tiene que ver con las potestades de la Iglesia y sus
adeptos y simpatizantes. Fuente inagotable de rechazo parecía ser Ernesto Samper, realidad
que tendría que darse siempre que intentaba defenderse, pero más difícil sería cuando del
clero se trataba pues el mismo no conocía enemigo con el que no pudiera enfrentarse. Ya
antes había enfrentado al Estado y en muchos casos sus triunfos fueron evidentes. El solo
hecho de ser una voz tan importante ya lo volvía un poderoso enemigo y una institución
que condenaba más al desprestigio al presidente y en general al Estado por ser este
precisamente el que le había permitido llegar al poder a una persona tan cuestionada.
Siendo tal el ambiente del país era preciso que la defensa del presidente actuara para
favorecerle a pesar de los muchos fallidos intentos acumulados. El reconocimiento del
enemigo representado en el clero católico hacía que este se viera mucho más grande y por
ende, muy difícil de derrotar en la carrera por la recuperación de la imagen de las entidades
públicas. Esto llevó “a perder la confianza en el Estado y en casi todas las demás
instituciones que representan a la sociedad. Con excepción de la Iglesia, que aún (para el
momento) conserva(ba) un 57 por ciento de credibilidad.”90
La Iglesia enfrentaría entonces una respuesta de los sectores identificados con el
liberalismo, y con poderosas expresiones reconocían que sus luchas estaban marcadas por
un moralismo bastante cuestionable, pues en momentos de revuelo nacional y que afectaron
negativamente al país se dedicaron a refugiarse en sus iglesias sin emitir voz de protesta
alguna. Era claro que “la Iglesia está(ba) en plan de pelea. Y […] Samper andaría
preocupado, pues no se conoce que el clero colombiano se haya metido en una pelea cuyo
desenlace no conozca de antemano.”91
Esta aseveración del periodista y abogado Roberto
88 http://www.semana.com/nacion/articulo/samper-habla-con-semana/27989-3,04 marzo 1996. 89 Ibíd. 90 http://www.semana.com/nacion/articulo/pesimismo/30941-3, 02 diciembre 1996 91 http://www.semana.com/opinion/articulo/con-la-iglesia-nos-topamos/28605-3, 06 mayo 1996
72
Pombo muestra que una poderosa institución como la Iglesia Católica no había conocido en
nuestro país una derrota significativa, pero a pesar de ello si había dejado como legado el
reconocimiento en la historia de su intransigencia y despotismo. Como ejemplo de ello
indica que:
Frente a sus ojos han pasado episodios vergonzosos de
injusticia social, de abusos en el poder del Estado, de violencia
sin límites, de infiltración de los pecados derivados del
narcotráfico y su riqueza y, por supuesto, de corrupción. Pero
sólo hasta ahora se escucha la voz tronadora que produce Dios
cuando le sacan la piedra. ¿Qué pasaba antes? Una de dos: o
antes se hacían los de la vista gorda, o ahora han mejorado sus
sistemas de comunicación con el Altísimo. Por todo lo anterior,
los baculazos de los últimos días sobre el presidente Samper y
la clase política provocan en el colombiano raso una mueca de
incredulidad.92
El enfrentamiento estaba marcado por las acusaciones al clero católico y no sólo por las
continuas manifestaciones de rechazo en contra del actuar del gobierno. La Iglesia era
objeto de críticas que no le dejaban por fuera del ámbito del narcotráfico. Su proceder
doble moralista era exaltado por la prensa liberal y le mostraba como institución que se
jactaba de condenar las malas actuaciones del gobierno y de buena parte del Estado siendo
ella misma beneficiaría directa de la delincuencia, a pesar de ser tan enaltecido referente
moral. No quedaba por fuera del poder del narcotráfico la exaltación de la fe. Como
institución que denunciaba la situación del país y el actuar de sus representantes quedaba
claro que sus propias acciones y declaraciones estaban cargadas de falacias que ocultaban
buena parte de sus mismos errores. Se demostraba así que:
el hecho real es que le apareció a Samper la verdadera
oposición. Hasta la fecha, sus máximos opositores habían sido
los columnistas de prensa, con un impacto sólido en las clases
dirigentes pero con mucho menos fuerza en las masas
populares. Aparte de ellos, la oposición se había limitado a uno
que otro dirigente político sin demasiados seguidores y a varios
dirigentes gremiales, con mucho menos arraigo popular. Pero
con la Iglesia la cosa cambia. Los obispos y sacerdotes le
sacaron todo el jugo al Domingo de Ramos en materia de
agitación política. […] La Iglesia es, hoy por hoy, la única
organización sólida, popular y jerarquizada entre todas las que
se han metido en la discusión sobre la actualidad nacional. En
92 Ibíd.
73
términos políticos, esto equivale a decir que es el sector que
está en capacidad de hacerle un daño mayor al presidente
Samper y a su gobierno.93
De las profundas raíces del descontento nacional se evidenciaba que la Iglesia estaba en
mayor capacidad que otro ente de representación social en generar un verdadero revuelo
desde las bases sociales menos ilustradas y que se mantenían involucradas en el debate
político a través de lo que opinaban los medios de comunicación. La Iglesia como
institución representativa de la sociedad colombiana ganaba más espacios y cuestionaba
duramente al gobierno Samper, pero queda de manifiesto la evidencia del mal actuar de
esta institución en otros momentos en que el mal estaba al frente y no era igualmente
cuestionado. El grado de consenso dentro de la Iglesia daba cuenta de una directriz
institucional por parte del clero. No se trataba solo de las manifestaciones de sacerdotes a
título personal, se trataba de un clamor fraguado de manera consciente de parte de la Iglesia
para valerse de su prestigio e incursionar como agente desestabilizador del gobierno,
especialmente del presidente de la república.
Las posiciones de cada bando daban cuenta del enfrentamiento ideológico que se había
fraguado muchas décadas atrás. La lucha entre el Estado y la Iglesia en el contexto electoral
de 1994 mostraba la vigencia de tales enfrentamientos y cómo los mismos se incorporaban
en momentos de gran importancia con la contienda electoral. Para los partidos políticos
tradicionales la disputa por el poder es esencial y por ello es que el narcotráfico toma tal
importancia en el contexto analizado. Las acusaciones de los posibles nexos de la Iglesia
Católica con el narcotráfico serán un factor nuevo e importante que le atribuye unas
características nada despreciables a la situación. Este fenómeno es de gran interés debido a
las dificultades para evidenciar tales vínculos, pero queda claro que los mismos han
existido y por ello no deja de llamar la atención la manera en que la Iglesia operó en contra
de Ernesto Samper. Su actitud suave para las denuncias en los medios contrasta con la
actividad religiosa que se adelantó como una verdadera campaña de desprestigio utilizando
su poder. En la misma nunca se aludió directamente a las culpas de sus representantes
frente a los vínculos con delito alguno relacionado con el narcotráfico, pero sí se condenó al
presidente en ejercicio y antes de hacerse con el poder cuando actuaba como candidato.
La manera en que la orientación se dio estaba sujeta a los favoritismos políticos que el clero
intentaba ocultar pero que se hacían evidentes con la condena progresiva a Ernesto Samper.
Queda claro que la Iglesia si tomaba posición y que su partido seguía siendo el
Conservador como en otros momentos de la historia se había evidenciado. Como elemento
indicativo de la importancia de la religión en la disputa por la presidencia en 1994 se
denunció por parte de los evangélicos colombianos, que pese a que las personas
93 Ibíd.
74
congregadas bajo sus creencias pertenecían a todos los partidos y grupos políticos en el
país, estaban preocupados por el rumbo religioso que la campaña presidencial había
tomado.94
La campaña de Ernesto Samper buscó en las iglesias de diferentes
denominaciones el respaldo que le llevara al poder, esto evidentemente contravenía los
intereses del catolicismo al dejar manifiesta su latente intolerancia religiosa cuando
decididamente respaldaba a Andrés Pastrana. Sobre este aspecto es que la preocupación de
diversos sectores religiosos se va a notar cuando denuncian que, “resulta más irresponsable
que algunos prelados de la Iglesia Católica hayan dicho que hay que apoyar a Pastrana”95
según palabras de la entonces representante a la Cámara Viviane Morales y quien ejerció el
cargo de Fiscal General de la Nación en 2011, siendo la primera mujer en ocupar dicho
cargo.
Religión Católica y política conservadora unidas por una causa común, esta era la de llevar
al desprestigio nacional al candidato que no era de sus preferencias; como no lograron
evitar su ascenso al poder, dedicaron buena parte de sus energías a condenarlo una vez
asumió el mismo. En esta lucha se encontraban muchos elementos que sirvieron para
afectar a Samper, pero de otra parte se llegó a aludir como argumento de su defensa todo un
plan orquestado desde sus enemigos políticos para asestarle golpes que atentaran contra su
dignidad y de esa forma acusarlo irresponsablemente de hechos que en última instancia si
tocaron a su puerta muy directamente. Entre estas acusaciones se había:
estructurado la teoría del encubrimiento, consistente en haber
adoptado desde su posesión una política de no persecución
contra el narcotráfico; de dar equivocas instrucciones; de
restarle apoyo a las Fuerza Armadas; de despresidencializar la
lucha contra la droga; de no preocuparse por la captura de los
miembros del cartel de Cali. De ese modo se podría argumentar
que si no hay pruebas específicas y claras de conducta dolosa
del Presidente durante la campaña, su comportamiento
posterior como gobernante demostraría la existencia de un
pacto secreto, sólo imaginable como resultado de las
componendas para obtener la financiación ilícita.96
Se considera que la conducta del primer mandatario es producto de un excepcional montaje
de parte de sus detractores, los cuales al no haber podido demostrar en el acto investigativo
94 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150968, Sección Otros Fecha de publicación 15 de junio de 1994 Autor NULLVALUE 95 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-147694, Sección Otros Fecha de publicación 10 de junio de 1994 Autor NULLVALUE 96 Luis Guillermo Nieto Roa, La verdad para la historia. Defensa del presidente Ernesto Samper Pizano ante el congreso, Op cit. p. 32
75
en su contra los delitos que se le imputaron a nivel penal y disciplinario apelaron a una
campaña de desprestigio que se mantuvo durante todo su gobierno (ver imagen 21). Este
elemento probatorio a favor del presidente es bastante ambiguo ya que los hechos en que el
país se vio envuelto en momentos de su mandato, indicaron que en efecto el nivel de
gobernabilidad y de institucionalidad cayó bastante, no solo por el narcotráfico mismo, sino
por el conflicto interno que de igual forma se sostiene gracias al poder del dinero ilícito de
las drogas. Por otra parte, también se le condenaba como enemigo del catolicismo, algo que
denunció como una estrategia del Pastranismo para hacerlo ver como alguien en contra de
la Iglesia cuando en realidad era católico de corazón.97
De diferentes lugares el
conservatismo y la Iglesia atacaron con contundencia, pero al final de todos los sucesos fue
difícil derrotar a Ernesto Samper.
Entre tanto y como factor importante, la Iglesia estaba bastante molesta con las acusaciones
que sobre ella se posaban desde el lado del liberalismo. Acusaciones que le relacionaban
con el narcotráfico pusieron su prestigio en entre dicho, dejando relucir sus herramientas
para defenderse de dichas acusaciones. Estas estaban fundamentadas en la complicidad
social que le ha acompañado para no responder por cuestiones que también le han tocado
directamente pero que, al contrario del Estado, no le pusieron en igual situación por las
dinámicas sociales que engloban su nombre hasta el punto de no legarle responsabilidad en
acciones ilícitas, más aún, en acciones de gran envergadura como lo es el narcotráfico.
A pesar de ello, la prensa liberal advirtió que el narcotraficante Carlos Lehder sostuvo
relaciones cercanas con altos jerarcas de la Iglesia en actos públicos que se adelantaron en
diversas regiones y en donde coincidieron tanto el renombrado delincuente como Monseñor
Darío Castrillón. En apariencia se acusa al jerarca de aparecer en una fotografía con Lehder
(ver imagen 22), a lo cual el clero respondió que una fotografía no es elemento probatorio
de delito alguno.98
De las posibles conexiones de la labor ministerial de tan alto jerarca de
la Iglesia con el narcotráfico queda cuando menos la sospecha, sospecha que sale a
desmentir para limpiar su nombre de tales comentarios lesivos contra su persona. Este
mismo sacerdote pidió abiertamente no votar por Ernesto Samper dejando clara posición de
su apatía por el líder político. Las distancias tomadas con el Estado dependían de los
afectos con el representante de turno y sus posibles beneficios, por ello su petición al
mostrarse en desacuerdo con temas como el divorcio y la tolerancia religiosa con otras
denominaciones religiosas.
Frente al proceder de la Iglesia es interesante ver como la misma manejó la situación
particular como institución crítica frente al gobierno y cómo actuó con relación a los
97 El espectador, 6 de junio de 1994, p. 5-A
98 http://www.semana.com/cartas/articulo/de-monseor-dario-castrillon/28938-3, 03 junio 1996
76
ataques que se hicieron en su contra desde la prensa liberal. Es importante resaltar que las
acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio, al menos las que se hicieran en
contra de Monseñor Darío Castrillón. Por otra parte son muy poco conocidos y divulgados
los vínculos del clero que actividades relacionadas con el narcotráfico a pesar de las
sospechas que sobre este organismo se levantan. La manera en que esta institución está
altamente jerarquizada y estructurada, haciendo que sus actuaciones en diferentes ámbitos
puedan ser catalogadas de sobrias y mesuradas, evidencian la manera como logran
protegerse del medio externo, asumiendo siempre una actitud que les confiere un alto
grado de inmunidad y control cuando de asuntos que revisten gravedad se trata. El Estado
por su parte carece de tal fortaleza y los acontecimientos que se dieron en la contienda
electoral de 1994 y la posterior presidencia de Ernesto Samper así lo mostrarían.
A pesar de las sutilezas con que trataron el tema de los nexos del Padre García Herreros
con Pablo Escobar y del contraste para denunciar los nexos de los Rodríguez Orejuela con
Ernesto Samper, vale la pena realizar una comparación entre uno y otro haciendo énfasis
en sus acciones y apreciaciones frente al narcotráfico. Ya hemos hablado bastante de la
forma en que el presidente negó categóricamente tener vínculos de cualquier tipo con
narcotraficantes o personas cercanas a ellos (ver imagen 23) , situación que
lamentablemente para él iría en su contra al ver como su ministro de defensa tuvo que ir a
prisión siendo un personaje tan cercano a nivel personal. Lo mismo le sucedería a otras
personas que sirvieron como asesores y que participaron de su gobierno. Del lado de la
Iglesia no se oyeron voces en contra del actuar del sacerdote en mención, es más, las que
se levantaron lo hicieron para avalar sus nexos y cómo a través de los mismos se lograban
grandes obras para los más necesitados.
Abiertamente y ante los medios de comunicación el padre García Herreros hablaba de las
bondades de “Don Pablo”, de cómo su inmensa generosidad colmaba de alegría los barrios
pobres de Medellín y cómo sus cuantiosos aportes ayudaron a la fundación Minuto de
Dios.99
Etas cualidades le hacían merecedor de nuevas oportunidades de corregir sus
errores pues solamente Dios era el ser facultado para juzgar el corazón y las acciones de
los hombres, por lo tanto el cambio de Pablo era cuestión de Dios solamente y de ser de los
hombres, bastaría con dos o tres años de reclusión en un lugar adecuado para una persona
como él.100
Seguramente el lugar indicado para Pablo era La Catedral, reclusorio que
construyó el mismo y en el que recibía las visitas de sus amigos y familiares cercanos, pero
también un lugar en el que su prontuario delictivo no acabaría.
Su relación con Pablo Escobar tendría que haber sido igualmente condenada por la Iglesia
como institución tal como lo hicieran con el presidente Samper, pero se ve claramente que
la forma en que la doble moral se aplica no podría ser muy distante de lo que ellos mismo
99 Entrevista de Darío Arizmendi al Padre García Herreros, Op cit. 100 Ibíd.
77
condenaban. Pedían la renuncia de Samper pero no sucedía lo mismo con este caso tan
importante y que involucraba a tan alta personalidad de la Iglesia colombiana. Si así
sucedió con este caso vale la pena cuestionarse cómo podría haber sido con sacerdotes
menos reconocidos, pero igualmente importantes ante su púlpito. Tal vez muchas de las
obras de los buenos samaritanos narcos han hecho de la Iglesia una institución tan corrupta
como el Estado pero que goza del silencio de sus representantes y de la protección de la
sociedad y por qué no, de los mismos delincuentes.
La tarde del 8 de Mayo de 1991, en una casa campestre recostada en
la loma, cerca a Sabaneta, en Antioquia, a dos horas de camino en
automóvil de Medellín hacia el Sur, se reunió Escobar a puerta cerrada
con el sacerdote de 84 años de edad. Durante años el sacerdote de
cabellos blancos, siempre vestido con sotana y una ruana, habia
convocado al Banquete del Millón. [...] Con ese dinero García
Herreros construyó viviendas para mucha gente humilde en mas de 20
ciudades y pueblos. […] Al final de este encuentro, que fue
acompañado de un wisky en las rocas y un ambiente de gran
cordialidad y mutuos afectos, Escobar pidió al sacerdote su bendición
y se hincó de rodillas, junto a sus hombres, para recibirla. Tomo su
cristo de oro y pidió al padre que lo bendijera. Lo mismo hicieron los
seis hombres que lo rodeaban y que habían estado presentes durante la
conversación.101
(ver imagen 24)
La absolución
De la difícil situación que tuvo que vivir el país en la segunda mitad de la década de los
noventa por causa del narcotráfico es poco claro que fue lo que sucedió en realidad frente a
los sucesos que enmarcaron al presidente Samper en asuntos propios de las actividades
ilegales relacionadas con el narcotráfico. Si bien quedó a la luz pública la figura de la
preclusión del proceso adelantado en su contra, son aún materia de indagación los nexos de
este político, si en realidad él fue actor directo de las malas circunstancias que envolvieron
su campaña por la presidencia y su mandato y cómo no pudo ser demostrable ante el país
ni su culpabilidad ni su inocencia de forma concreta. Más allá de la gran cantidad de voces
y sectores que cuestionaron la manera como logró llegar al poder, de lo que ante muchos
fue la degradación absoluta de las instituciones por la influencia del dinero y peor aún, de
la poca credibilidad de la sociedad en sus representantes, lo que evidenciaba un Estado sin
bases y por lo tanto, inviable, la verdad queda aún como elemento de búsqueda frente a lo
acontecido por aquel tiempo. A pesar del resultado es preciso enunciar cómo y por qué se
dio la absolución del presidente ante las graves denuncias en su contra. En 1996 ya se
dejaba todo listo para adelantar el juicio en contra del presidente, pero este mismo juicio
101 Luis M Cañón. El Patrón. Ed Planeta, Santa Fe de Bogotá, 1994, Pp. 287, 288, 290.
78
sería objeto de duda y llevaría a los detractores del gobierno a aumentar las acusaciones en
su contra, esta vez por ligar la investigación con un congreso liberal, evitando así que fuera
la Corte Suprema de justicia la que lo investigara. Esto indicaba que sus amigos políticos
harían las veces de jueces imparciales y que de todo ello no quedaría más que la omisión
de los delitos por encima de la necesidad de justicia.
Con todo esto y a pesar de lo acontecido, en el país se llegó a vivir un ambiente en el que
un posible escenario de renuncia o condena del presidente le llevara a dirimir del cargo.
Pero el primer escenario no se creía tan cercano, algo que dejaba abiertas las puertas para
una condena por sus acciones que lo llevara por vías legales a dejar su cargo de primer
mandatario, lo que se consideraba una verdadera necesidad por parte de sus detractores
pues la gobernabilidad con él a la cabeza era imposible.102
La apuesta por su cabeza daba
la esperanza a sus enemigos y con ello se abría la posibilidad de un marco de
ingobernabilidad mayor con el que el desprestigio ya no recayera únicamente sobre la
persona de Samper, sino además sobre todo el Partido Liberal, dejando así el camino
abierto para los intereses del conservatismo y al lado, para los intereses de la Iglesia. El
llamado estaba listo y la tensión política iba en aumento con el correr de los días para
determinar el futuro del presidente. Ante ello continuaban las voces de rechazo en contra
del juez que le correspondía al primer mandatario, el cual configuró una Comisión de
Acusaciones sobre la cual puso “su ojo de lince para adivinar la debilidad ajena, en lo que
es experto, divisó segura la absolución unánime”.103
Tanto Cámara y Senado estudiaron los sucesos que llevaron a Samper a tan difícil
situación, pero las características propias del juicio aparentemente sin garantías para la
parte acusatoria se verían notoriamente afectados con la intervención de Horacio Serpa,
ministro del interior y persona bastante cercana al presidente y quien aprovechando su
cargo e influencia puso la balanza a favor de los liberales. A través de la acción e influencia
que logró sobre los senadores, este hombre puso a los jueces del presidente a indagar acerca
de que era lo mejor para el país y de qué manera se podía llevar a cabo semejante tarea muy
pocas veces vista en el ámbito político nacional. Recordemos que la bancada legislativa
estaba compuesta por una mayoría Liberal, razón de peso en cuestiones propias de la
disciplina de partido pero bastante cuestionable desde el punto de vista ético si lo que
hicieron fue ocultar, pasar por alto o sencillamente no atender las graves acusaciones que
sobre el primer mandatario se cernían. El 6 de julio de 1996 y tras una serie de indagatorias
que impidieron la acción de la Corte Suprema de Justicia el presidente sería absuelto de los
cargos por la preclusión del proceso en su contra tras una votación en la que ganó
ampliamente por sobre quienes pedían ampliar la investigación e indagar con mayor
profundidad sobre el caso. Al no ser declarado culpable pero al no demostrar su inocencia,
el presidente Samper continúa siendo aún hoy objeto de críticas, pero en el enmarañado
102 Estrategia, febrero 15 de 1996, p. 15 103 Fernando Londoño Hoyos, La parábola del elefante, Op cit. p.460
79
contexto político los clamores por la verdad han sido abandonados por el inmediatismo con
que se viven hoy en día sucesos tan despreciables como los que le correspondió al país en
el marco electoral de 1994 y tras el mismo.
El ostensible rol de la Iglesia como actor fundamental en la vida política y social del país
deja claro que ya no es objeto de censura como lo fuera en momentos en el que el
liberalismo dominó a sus anchas, aunque sólo en lo político porque en el terreno social y
moral, la Iglesia difícilmente habrá perdido campo. La Iglesia y el Estado, instituciones
enfrentadas desde el nacimiento mismo de la República, mostraron en el contexto del
escándalo del presidente Liberal Ernesto Samper una pugna que no ha sido totalmente
superada. Los odios bipartidistas se mantienen y la Iglesia Católica sigue firme muy a pesar
de los cambios que han ocurrido a partir de la constitución de 1991, año en el que la
religión de “todos los colombianos” ya no era el catolicismo. Frente al papel de la Iglesia
cabe recordar que como ente acusador logró bastante resonancia, pero el clero mismo ha de
reflexionar sobre sus propias actuaciones si no desea perder el lugar privilegiado que le
corresponde en el ámbito nacional.
Para diferentes actores sociales no es desconocido el papel despótico que ha asumido la
Iglesia en diferentes momentos. No lo es para ella misma pues es claro que sus
responsabilidades morales deben ajustarse a las implicaciones que tan alta dignidad reviste
como la de ser icono reconocible y respetado por buena parte de la población colombiana.
Esto lleva a plantear que la Iglesia está sujeta a críticas tal como sucediera con el presidente
Samper, pero las mismas y más cuando se trata del actuar de sus representantes no llega de
igual manera para rechazar aquellas cosas que atentan contra la moral de todos, y que no
revelan angustia alguna como sucediera desde el seno del clero en tiempos del gobierno
Samper. Sobre este aspecto puede decirse que “la Iglesia debe reconocer también que tiene
un elefante en su sala. Parece que la misma figura que monseñor Rubiano creó hace
algunos años puede aplicarse a la posición asumida actualmente por la Iglesia en relación
con los casos de abuso sexual que involucran a sus sacerdotes.”104
Es muy necesario un ejercicio reflexivo frente a las prácticas morales y éticas de nuestros
dirigentes tanto políticos como religiosos. En ese manto de aparente inmunidad que reviste
a los mismos se esconden innumerables acciones que atentan contra el país en aspectos
ligados con la criminalidad como aquellos propios del terreno axiológico. El actuar político
debe tener un desligable aspecto moral, pero aun aquellos mismo que se atreven a
denunciar las faltas de unos y otros también deberían ajustar su dedo para señalar las malas
acciones que le corresponden, esto indudablemente está relacionado con el actuar de la
Iglesia.
104 Daniel Bonilla, El elefante y la Iglesia, en http://www.semana.com/opinion/articulo/el-elefante-iglesia/87402-3
80
Conclusiones
A lo largo de este capítulo se presentaron varios elementos que sirven como evidencia y
como referente de los sucesos que atravesaron tanto la Iglesia como el Estado. Estos
mismos constituyen una muestra importante que valida las reflexiones relacionadas al
quehacer de la Iglesia como institución protectora de la moral y como crítico implacable de
un Estado que no encontraba maneras adecuadas para protegerse de las acusaciones que se
posaban sobre si, esto implicaría que tanto a nivel político como social las diversas
instituciones se vieran permeadas por el narcotráfico y la corrupción. A pesar de lo anterior,
el rol de la Iglesia estaba sujeto a juicios que le hacían una fuerte institución que se
mostraba intolerante con cualquier forma de corrupción, pero cuando se presentaron hechos
que asociaban a sus ministros y como agravante, a los más prestantes e influyentes dentro
de la institución como el padre García Herreros, esta misma actitud radical que usaron para
referirse a Ernesto Samper no se hizo presente.
Las relaciones de este prelado con Pablo Escobar estuvieron abaladas por la
institucionalidad de la Iglesia. No hubo reproches por parte de ningún sacerdote ni tampoco
del Estado, actitud que sorprende ya que tanto Samper como García Herreros estaban
asociados con la influencia del narcotráfico. La doble moral que se presentaba por parte de
la Iglesia deja claro que lo único que le hacía diferente del Estado era su legitimidad social,
la cual omitía condena alguna a las acciones de la Iglesia. De otra parte, al Estado le fue
muy difícil consolidar su poder cuando era dirigido por el gobierno Samper, pues las
discrepancias dentro de las mismas instituciones de este, así como el desprestigio constante
al que estaba condenado por acción de la Iglesia y de varios medios de comunicación le
impedían ejercer un control efectivo y consolidar los planes de gobierno que casualmente y
en buena medida, estuvieron dirigidos a combatir el narcotráfico.
Si la cercanía de sacerdotes como el padre García Herreros a los grandes capos del
narcotráfico no constituía en sí mismo un delito, debería serlo y de la misma manera que
ocurriera con Samper, recibir apoyos expresados en dineros que se obtenían de actividades
ilegales que reposaban en la sangre de muchas personas que habían sufrido las
consecuencias de esta actividad. Si esta era la causa de la condena moral a Ernesto Samper,
esta misma debería haberse realizado en contra de todos aquellos que desde el púlpito de la
Iglesia se hubiesen enriquecido y favorecido en cualquier forma de los favores de los capos
de la mafia.
81
IMÁGENES CAPITULO III
IMAGEN N°:14 IMAGEN N°:15
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 23-Jun-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 8-Ago-1994
IMAGEN N°:16 IMAGEN N°:17
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 21-Jun-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 22- Feb- 1994
82
IMÁGENES CAPITULO III
IMAGEN N°:18 IMAGEN N°:19
TOMADA DE: El Catolicismo 17 Jul-1994 TOMADA DE: El Catolicismo 4-Ago-1996
IMAGEN N°:20 IMAGEN N°:21
TOMADA DE: El Catolicismo 13-Oct-1996 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 9-Julio-1994
83
IMAGEN N°:22 IMAGEN N°:23
TOMADA DE: http://equinoxio.org/estancias/carta-abierta-a-monsenor-dario-castrillon-733/
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 23-Julio-1994
84
IMAGEN N°:24
TOMADA DE: http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=17360
85
CONCLUSIONES FINALES
Desde los inicios de la república el conflicto y las disputas por el poder han estado
presentes, y con estas dinámicas negativas se configuró un país que no ha conocido la paz
ni la cohesión social. Si bien esto ha sido esquivo desde hace tanto tiempo, las
responsabilidades de los diferentes grupos que han tomado parte en las contiendas se hacen
vigentes aun hoy, llevando los odios gestados en el seno del bipartidismo a las generaciones
posteriores junto con la impronta ideológica que han reproducido social e históricamente y
que posibilitó desde el siglo XIX que la identidad nacional fuera solo una ambición. Lo
importante para los grupos en disputa sería lograr controlar los recursos necesarios para
poner en marcha todo su proyecto y con él, sentar las bases que guiarían posteriormente los
destinos del territorio que se deseaba manejar.
El ascenso al poder por parte del ejército libertador representaría también el deseo de lograr
consolidar un Estado fuerte que se guiaría sobre las bases ideológicas del liberalismo dentro
del cual se instaurara una política que le permitiera al naciente país ubicarse en el plano
mundial como una potencia en desarrollo, pero las contradicciones se harían presentes y
con ellas, el estancamiento de dicho sueño. El antiguo legado colonial estaba arraigado
profundamente en la sociedad y las formas institucionales imperantes distaban mucho de
ser modernas. El sometimiento a los designios del Estado era una cuestión que los
habitantes de la Nueva Granada independiente no comprendían totalmente y en muchos
casos, desconocían que un nuevo administrador estaba a cargo del Estado. Por su parte la
Iglesia era la institución más importante pero al ser parte del legado imperial y cómo
representante de las viejas instituciones, el Estado liberal no estaba dispuesto a compartir su
poder y legitimidad con un símbolo del atraso y la dominación.
Todo lo anterior llevaría a que el Estado se levantara como un ente que determinaba cómo
debían ser los habitantes de su territorio, cuáles sus propósitos al procurar terminar con las
arcaicas formas de explotación de los recursos y generar así una protoburguesía, y qué
designios eran los que verdaderamente se debían atender sin distinción alguna. Esto llevó al
Estado a enfrascarse en una lucha con la Iglesia que terminaría perdiendo, pues como un
punto muy importante dentro de este conflicto se debe reconocer que la constitución del
Estado estuvo completamente marcada en sus inicios por la indiferencia de los próceres de
la patria, quienes a partir de sus concepciones ligadas a la ideología del liberalismo se
pusieron en contra del mayor referente social que era la Iglesia. Al ir en su contra iba en
contravía de uno de los pilares de la sociedad haciendo que su posición ante la misma fuera
de entrada, objeto de críticas. Esto hizo que la Iglesia perdurara y gozara de la gran
legitimidad social que mantiene en nuestros días.
86
A raíz de todo lo anterior y a pesar de los ataques que la Iglesia tuvo que soportar, esta
institución ha sido históricamente tan poderosa como el mismo Estado, pues mantenerse en
pie cuando fue víctima de la persecución de diferentes gobiernos y de un detrimento
patrimonial que se gestó desde el mismo momento de la independencia, no era tarea fácil.
Logró mantenerse y en momentos de crisis política, aumentó su influencia en las diferentes
capas de la sociedad, lo que evidenciaba una mayor capacidad de maniobra a través de la
tarea moralizadora, mientras que su rival el Estado, no lograba abarcar tanto terreno y se
erigía como institución por medio de las imposiciones y no del acercamiento directo al
pueblo como lo hiciera la Iglesia.
Cuando el Partido Conservador se asocia a los intereses de la Iglesia, esta institución logra
hacerse más poderosa puesto que contaba con el apoyo político de un partido que se
identificaba con la salvaguarda de las tradiciones, y con un estricto moralismo que le
imprimía más ese sello de defensor de la causa religiosa. Es precisamente esta alianza la
que haría con el paso del tiempo que las disputas bipartidistas se tornaran más crueles ya
que la capacidad de movilización de la religión llevaba al fanatismo y bajo un manto de
seudocruzadas se atentaba y perseguía al enemigo de la Iglesia representado en el
liberalismo y sus ideas “pecaminosas”. La legitimidad socialmente construida sería la que
le daría la potestad para cuestionar las acciones de los diferentes gobiernos y la que le
proporcionaría la fuerza suficiente para levantarse a la par del Estado en conjunto con el
Partido Conservador.
Este legado de fortalezas haría que la Iglesia pudiera desestabilizar de manera muy
contundente al gobierno de Ernesto Samper. Gracias al hecho nada despreciable de contar
con una muy significativa cantidad de fieles y de tener credibilidad por encima de otras
instituciones, principalmente sobre las del Estado, la Iglesia logró socavar los pilares de la
moralidad política de Ernesto Samper y con ello, evidenciar la situación real en que se
encontraban tanto los políticos como el Estado y la sociedad misma. Esta situación permite
interpretar que la incorporación del narcotráfico en la disputa entre la Iglesia y el Estado
haría que la lucha se acrecentara pero no que girara en torno de forma exclusiva con estos
sucesos, pues Ernesto Samper iba en dirección contraria a los intereses del clero al asumir
una posición tolerante con otras facciones religiosas y promulgar la laicización del país. El
narcotráfico sería el vehículo a través del cual los ataques fuertemente marcados por la
cuestión ideológica se movilizaban.
Por otra parte, la falta de coherencia en las instituciones del Estado ayudaría a deteriorar
aún más su imagen permitiendo así que sus detractores ganaran terreno y le impidieran
ejercer un verdadero ejercicio de poder que garantizara su preeminencia y ratificara a través
de las leyes el acuerdo común de los ciudadanos que se rigen por las mismas. Es a la postre
un hecho evidente que la violación de las normas sería una constante ya que hasta los
mismos representantes del Estado las quebrantaban reproduciendo así las costumbres
clientelistas y corruptas por las que se ha caracterizado la clase política nacional. Los
87
desencuentros entre los diferentes poderes del Estado y el manejo personalista y
parcializado de las ramas del poder han desencadenado una despreciable ola de indiferencia
y desconfianza en las instituciones, lo que menoscaba la credibilidad en las diferentes
instancias de poder que se dan desde arriba hasta los más pequeños pero muy importantes
grupos de base. La cuestión de la representación quedó en manos de los intereses
particulares de los individuos que detentan el poder y con ello se fragmentó la convergencia
y el diálogo entre las diferentes instituciones.
Por último, es la Iglesia Católica un ente que no se ajusta a sus propios modelos de
moralidad ya que solo se sirve de ellos para hacerle frente a sus enemigos, tal como
sucediera en diferentes momentos de la historia y como en efecto se evidencia en este
trabajo. Esta institución utilizó el púlpito como una contundente arma en contra del
liberalismo y potenció un nuevo episodio de disputa entre esta y el Estado. La supuesta
superación de las discrepancias entre lo político y lo religioso solo aguardan un momento
en el que las condiciones enfrentes una vez más los asuntos de la moral con las decisiones
políticas, ambos terrenos que no son ni de dominio exclusivo de los sacerdotes o los
representantes del ámbito público del Estado. Sigue abierto el terreno de lucha a la espera
de que las llamas del odio, de la intolerancia y de los radicalismos vuelva a levantarse como
un elemento de obligatorio tránsito en la vida nacional, siendo un tema que ocupe las
primeras páginas de los diarios y que suscite una coyuntura de gran envergadura como
ocurriese con el gobierno Samper. La doble moral de la Iglesia impide que la exaltación de
los valores que profesa puedan ser en verdad parte de las practicas colectivas del país, pues
es una institución poco tolerante y muy aferrada a la tradición, anclada en postulados que
cada vez más pierden vigencia y que se aprovecha de su poder hasta el punto de ser juez de
otros sin reconocerse a sí misma como institución que ha cometido graves y muy notorios
errores.
88
Bibliografía:
Documentos oficiales, periódicos y revistas
Archivo General de la nación, Gaceta de Colombia N° LXIV TRIM V, Bogotá. Domingo
5 de Enero de 1823
Archivo General de la Nación, Gaceta de Colombia N° LXXVI TRIM VI, Bogotá.
Domingo 30 de Marzo de 1823.
Archivo General de la Nación, Gaceta de Colombia N° LXXXX TRIM VII, Bogotá.
Domingo 6 de Julio de 1823.
Correo de Bogotá, 26 de Diciembre de 1823, en:
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ blabr179832_n_001.pdf
Directorio Nacional Conservador, “Los programas conservadores: 1849-1878-1879-1881-
1931-1937-1939-1948-1949”, Ed Voto Nacional, Bogotá 1952.
El Atalaya, en:http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/blabr286754_n_012.pdf.
1El Atalaya No 12, 1 de enero de 1824,
en:http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/blabr286754_n_012.pdf.
EL CATOLICISMO 1995 – 1996
El catolicismo, 5 de febrero de 1995
El Catolicismo, 26 de febrero de 1995
El Catolicismo, Abril 30 de 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 26 de marzo de 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 16 de Julio de 1995, Portada
El Catolicismo, 13 de agosto de 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 20 de agosto de 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 3 de septiembre de 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 5 de Noviembre, 1995, Sección editorial
El Catolicismo, 19 de noviembre de 1995, Andrés Bernardo Arango
89
El Catolicismo, 25 de febrero de 1996
El Catolicismo, 10 de Marzo de 1996, Sección editorial
El catolicismo, 17 de marzo de 1996, Sección editorial
EL NUEVO SIGLO 1994 – 1995
El Nuevo Siglo, miércoles 22 de junio de 1994
El Nuevo Siglo, jueves 23 de junio de 1994
Gazeta de Colombia, en: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files
Gazeta de Colombia, 13 de Septiembre de 1822, en:
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ blabr1142013_n_003.pdf
EL ESPECTADOR 1994
El espectador, 6 de junio de 1994
ESTRATEGIA 1996
Estrategia, febrero 15 de 1996
CAMBIO 16
Cambio 16, del 19 al 26 de febrero, 1996 No 140
http://www.eltiempo. com/archivo/ documento/MAM-148544, 1994, Autor NULLVALUE.
http://www.eltiempo. com/archivo/ documento/MAM-148213, 1994, Autor,
DARTAGNAN.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150968, 1994 Autor NULLVALUE
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-147694 1994 Autor NULLVALUE
http://www.eltiempo. com/archivo/ documento/MAM-148544, Sección Otros, Fecha de
publicación, 11 de junio de 1994, Autor NULLVALUE.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150968, Sección Otros Fecha de
publicación 15 de junio de 1994 Autor NULLVALUE
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-147694, Sección Otros Fecha de
publicación 10 de junio de 1994 Autor NULLVALUE
90
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-275158, Publicación el tiempo.com,
Sección Otros, Fecha de publicación, 28 de abril de 1996, Autor, UNIDAD
INVESTIGATIVA
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-301449, Publicación eltiempo.com,
Bogotá, Fecha de publicación, 25 de enero de 1995, Autor, NULLVALUE
http://www.semana.com/nacion/articulo/samper-habla-con-semana/27989-3,04 marzo
1996.
http://www.semana.com/nacion/articulo/sotanas-que-conspiran/28295-3, 08 abril 1996
http://www.semana.com/cartas/articulo/de-monseor-dario-castrillon/28938-3, 03 junio 1996
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-617382 ,Sección Otros, Fecha de
publicación 25 de julio de 1997, Autor NULLVALUE
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-fantasma-de-la-monita/31996-3, 31 de marzo de
1997
http://www.semana.com/nacion/articulo/pesimismo/30941-3,
http://www.semana.com/opinion/articulo/con-la-iglesia-nos-topamos/28605-3,
http://www.semana.com/opinion/articulo/el-elefante-iglesia/87402-3 Daniel Bonilla, El
elefante y la Iglesia.
Libros
AAVV Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del proceso 8000,
Centro de estudios de periodismo Universidad de los Andes CEPER, Bogotá, 1997.
ACEVEDO Moreno Elvia Elena, A presença do narcotráfico na campanha presidencial
colombiana de 1994: cobertura feita pela revista “Semana” e pelos jornais “El Tiempo” e
“El Espectador” da Colombia, Tese apresentada como exigencia do grau de Doutor em
Ciencias da Comunicacao, Área de Concentracao em Journalismo, no Programa de Pos-
Graducao ê da Escola de Comunicacoes e Artes da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo,
2002.
91
Acta capitular de 2 de mayo de 1823, véase el nº 26. José M Groot, Historia de la Gran
Colombia 1819-1830, historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, Vol. III, Ed
Cooperativa de Artes Gráficas, Caracas 1941
ARCINIEGAS Germán, Bolívar y Santander, vidas paralelas, Ed. Planeta, Bogotá, 1995.
ARIZMENDI P Ignacio, Gobernantes Colombianos 1819-1980, Ed. Albón S.A. Medellín,
1980.
BERGQUIST Charles, Café y Conflicto en Colombia 1886-1910: La guerra de los Mil
Días: sus antecedentes y sus consecuencias, Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES,
Medellín, 1981.
BETANCOURT Darío y GARCÍA Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos,
historia social de la mafia colombiana (1965-1962), tercer mundo editores, Bogotá, 1994.
BUSHNELL David. El régimen de Santander en la gran Colombia. Ediciones Tercer
Mundo y Facultad de Sociología, Bogotá, 1966.
BUSHNELL, David. Colombia, una nación a pesar de sí misma: De los tiempos
precolombinos a nuestros días, Planeta Editores, Bogotá, 1996.
CAMACHO R. Salvador, Memorias de Salvador Camacho Roldan. Ed. Bedout. Bogotá
edición de 1923.
CAMBI Franco Las pedagogías del siglo XX. Ed Popular, España, 2005.
CALAF M. Roser Didáctica de las Ciencias Sociales: Didáctica de la Historia. Ed Oikos-
tau, Barcelona España, 1994.
CLARK Meri L. Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación
colombiana durante las décadas de 1820 y 1830, en revista Historia crítica, Número 34,
Julio-Diciembre 2007, Bogotá, Colombia.
DE ALCACER Fray Antonio, La Capuchina, Iglesia y Convento de Capuchinos en Santa
Fe de Bogotá, Ed. Sucre, Bogotá, 1959.
92
DÍAZ Díaz Fernando, Estado, Iglesia y desamortización, en Manual de Historia de
Colombia, Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura, 1979.
DWORKIN Ronald, Liberalismo, Constitución y Democracia, Ed. La Isla de la Luna,
Buenos Aires, 2003.
ESCAMILLA Amparo Unidades Didácticas: Una propuesta de trabajo de aula. Ed Luis
Vives, Zaragoza, 1993.
GÓMEZ Hoyos Rafael. La Independencia de Colombia, Ed Mafre, Madrid, 1992.
GONZÁLEZ Fernán, Partidos Políticos y Poder Eclesiástico, CINEP, Bogotá, 1977.
GONZÁLEZ G Fernán. Poderes Enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, CIN
GUTIÉRREZ Eugenio, Tomas Cipriano de Mosquera, un tratado secreto y tres delitos
administrativos menores, En: Credencial Historia, Julio, 1991.
GROOT José María Historia eclesiástica y civil de La Nueva Granada, Biblioteca de
autores Colombianos, Ed A B C, Bogotá 1953.EP, 1997.
HOENIGSBERH Julio, Santander, el clero y Bentham, editorial ABC, Bogotá, 1940.
IBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia. Diseño y Unidades
Didácticas. Ed Graó, Barcelona, 1995.
JARAMILLO Carlos, El poder de la Iglesia, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 37
N° 54, 2000.
JARAMILLO U Jaime, La Personalidad Histórica de Colombia y Otros Ensayos, Ed. El
Angora editores. Bogotá, 1994.
LEAL Buitrago Francisco, Las huellas de la crisis política, tercer mundo editores,
Colombia, 1996.
LONDOÑO Hoyos Fernando, La parábola del elefante, Planeta Colombiana editorial S.A,
1996.
LÓPEZ R. Martha y PINTO Quintero Patricia, La Iglesia Católica y el Estado en
Colombia, Tesis Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, feb 1991.
93
MARTÍN M Victoriano. El Liberalismo Económico, la génesis de las ideas liberales desde
San Agustín hasta Adam Smith, Ed. Síntesis, Madrid, 2002.
MOLINA Gerardo las ideas Liberales en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Ed
tercer mundo, Bogotá, 1970-1977.
NIETO R. Luis Guillermo, La verdad para la historia. Defensa del presidente Ernesto
Samper Pizano ante el congreso, ediciones Monte verde, 1996.
ORJUELA Luis. El Estado en Colombia, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias
Sociales, Departamento de Ciencias Políticas –CESO, Ediciones UniAndes, Bogotá, 2010.
RESTREPO Juan Pablo, La iglesia y el Estado en Colombia, Tomo I, Biblioteca Banco
popular, Volumen 132, Bogotá, Colombia, 1987.
RODRÍGUEZ F Jaime, Educación Católica y Secularización en Colombia, Talleres
editores de la librería Stella, 1970, Bogotá- Colombia.
RENÁN V. Cantor Renán, Un Clásico. Café y conflicto en Colombia (1886-1910) Charles
Bergquist. Banco de la Republica/ El Ancora, Editores. 2da ed., Bogotá, 1999, 403 pág. En:
Boletín Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango, Vol. XLI Núm. 66.2004,
Ed Banco de la Republica, 2005.
SALAZAR P Gustavo, La satanización del proceso 8000, Editora Jurídica de Colombia,
Medellín, 1995.
SANTOS Calderón Enrique, Un presidente en contraescape, editorial Planeta, Bogotá,
1997.
SHAW Carey, la Iglesia y el Estado en Colombia en el siglo XIX vistos por diplomáticos
norteamericanos, editorial incunables, Bogotá, 1984.
SOLSONA Q Héctor, La Tesis de la Secularización, De:
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/secular.pdf
TIRADO MEJÍA Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, en Manual de historia de
Colombia Tomo II, Instituto colombiano de cultura, Bogotá, 1979.
TIRADO Mejía Álvaro, El estado y la política en el siglo XIX, El Áncora Editores, Bogotá,
2001.
94
VALDERRAMA A Carlos, Miguel Antonio Caro, Ezequiel Moreno. Un capítulo de las
relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia, Publicaciones del Instituto Caro y
Cuervo, Bogotá 1986.
VELASCO Miguel Ángel, Seréis mis testigos, Entrevista al cardenal Darío Castrillón
Hoyos, Ed Plaza y Janés Editores, S.A. España 2002
VILLEGAS Jorge, Colombia: enfrentamiento Iglesia-Estado.1819-1887, Centro de
investigaciones económicas C.I.E., Universidad de Antioquia, Medellín, 1997.
Otras fuentes
http://web.presidencia.gov.co /constitucion/index.pdf (constitución política de Colombia
1991)
Iglesia Católica, conferencia episcopal de Colombia, La Iglesia en Colombia, Editorial cra
7ª, 1986, Bogotá.
F. OCÁRIZ,La iglesia, sacramentum salutis según joseph ratzinger, De:
http://www.collationes.org/attachments/097_FO_Iglesia_Sacramentum_salutis.pdf
Entrevista de Darío Arizmendi al Padre García Herreros en:
http://www.youtube.com/watch?v=gFvPswuYfds
Comisión ciudadana de seguimiento, Poder, justicia e indignidad. El juicio al presidente
de la república Ernesto Samper Pizano, Utópica ediciones, Bogotá, 1997.
http://www.youtube.com/watch?v=PJvo7SB9TZY
http://www.youtube.com/watch?v=gFvPswuYfds
http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=17360
http://equinoxio.org/estancias/carta-abierta-a-monsenor-dario-castrillon-733/
http://www.bdigital.unal.edu.co/21/4/340_-_3_Capi_3.pdf. Fuente secundaria.
Véase en http://www.capuchinoscolombia.com/
www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/docpais/cierre.doc
95
ANEXOS
Anexo 1:
Archivo Fotográfico
IMAGEN N°:1 IMAGEN N°:2
TOMADA DE: El Catolicismo 1-Ago-1993 TOMADA DE: El Catolicismo 13-Feb-1994
IMAGEN N°:3 IMAGEN N°:4
TOMADA DE: El Catolicismo 9-Jul-1995 TOMADA DE: El Catolicismo 9-Julio-1995
96
IMAGEN N°:5 IMAGEN N°:6
TOMADA DE: El Catolicismo 26- Feb-1995 TOMADA DE: El Catolicismo 3-Sep-1995
IMAGEN N°:7 IMAGEN N°:8
TOMADA DE: El Catolicismo 19-Nov-1995 TOMADA DE: El Catolicismo 11-Feb-1996
97
IMAGEN N°:9 IMAGEN N°:10
TOMADA DE: El Catolicismo 30 Jun-1996 TOMADA DE: El Catolicismo 29-Sep-1996
IMAGEN N°:11 IMAGEN N°:12
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 2-Ene-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 6-Ene-1994
98
IMAGEN N°:13 IMAGEN N°:14
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 30- May-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 16-Jun-1994
IMAGEN N°:15 IMAGEN N°:16
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 22-Jun-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 22-Jun-1994
99
IMAGEN N°:17 IMAGEN N°:18
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 23 Jun-1994 TOMADA DE: El Catolicismo 23-Jun-1994
IMAGEN N°:19 IMAGEN N°:20
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 25-Jun-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 26-Jun-1994
100
IMAGEN N°:21 IMAGEN N°:22
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 5 Jul-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 10-Jul-1994
IMAGEN N°:23 IMAGEN N°:24
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 14-Jul-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 15-Jul-1994
101
IMAGEN N°:25 IMAGEN N°:26
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 15 Jul-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 23-Jul-1994
IMAGEN N°:27 IMAGEN N°:28
TOMADA DE: El Nuevo Siglo 24-Jul-1994 TOMADA DE: El Nuevo Siglo 17-Ago-1994
102
Anexo II:
A raíz del tema central del presente escrito que se basa en los conflictos dados entre el
Estado y la Iglesia; desde el proceso de la independencia, los inicios de la República, el
origen del partido liberal y conservador, las diferentes órdenes constitucionales
establecidas, las guerras civiles que abrumaron todo el siglo y demás hechos acontecidos en
el siglo XIX; a raíz de la importancia que tiene este siglo para comprender los orígenes de
tales confrontaciones, nos vemos en la necesidad de hacer un análisis de los principales
acontecimientos que enmarcaron este periodo histórico de la República de Colombia.
Algunas de las disputas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX
En los años posteriores a 1825 se amplía el estudio sobre las relaciones de cordialidad y
discordia que había entre la Iglesia y el Estado. Se puede encontrar por ejemplo que un
decreto del 24 de Agosto de 1828 exigía la protección oficial del Catolicismo ya que ésta
era la religión de los colombianos. Lo anterior podría verse como una medida esperada
debido en gran parte a la tradición católica arraigada en el imaginario de las poblaciones
que habían sido dominadas por el Imperio Español, debido al proceso colonizador que
expandió por los territorios conquistados, llevando consigo la religión católica y el idioma
español.
La configuración de un Estado independiente que rompiera con los viejos esquemas de
dominación ejercida por el imperio español no fue tarea fácil para los padres de la patria, es
más, es preciso asegurar que esa ruptura fue en muchos casos solo parte de un discurso que
sufrió grandes trabas y resistencias. Las disposiciones del Congreso de Cúcuta de 1821
muestran las proyecciones del gobierno posesionado y que, teniendo a la cabeza al
libertador Simón Bolívar, no pudieron completar los ambiciosos planes de los dirigentes.
Las circunstancias del momento, enmarcadas en una serie de problemas administrativos, y
la necesidad de hacer viable al nuevo Estado de corte liberal hicieron que la consolidación
de un proyecto nacional se hiciera una tarea verdaderamente difícil y en muchos casos,
tortuosa.
Uno de los mayores inconvenientes para el naciente Estado fue sin duda la cuestión fiscal.
Las luchas emprendidas en los países que serían independientes significaron una fuerte
inversión para la Nueva Granada, pues dos años antes del Congreso de Cúcuta el Estado
aún se encontraba en campaña armada para evitar la reconquista por parte de los españoles,
lo que significó un considerable gasto de los recursos limitados que se tenían. Esa
necesidad de dinero, sumada al ambiente político y al deseo de cambio, hizo posible el
contexto para que se dieran las disputas en el territorio, disputas que tendrían como un actor
fundamental a la Iglesia Católica. La institución religiosa tuvo que luchar en contra de las
leyes dictadas por el gobierno, en este caso por el vicepresidente Francisco de Paula
103
Santander, quien se caracterizó por la elaboración de las mismas buscando reformar al
Estado y a la sociedad en general.
En principio, las nuevas leyes demandaban el reconocimiento del Estado por parte de la
Iglesia como ente superior, aunque estaba de acuerdo con la autonomía del clero frente a las
cuestiones netamente espirituales, pero en aspectos más mundanos, las discrepancias entre
estas dos instituciones se hacían bastante notorias. Frente a esos asuntos, el Estado percibía
que la influencia del clero en la sociedad iba más allá de las simpatías que generara en el
común de la gente, razón por la cual veía con recelo las posesiones eclesiásticas y su
procedencia.105
El poder de la Iglesia era bastante y en muchos casos, superior al del Estado
pues el clero tenía una considerable representación en el ámbito político. A pesar de lo
anterior, aquel clero no poseía la suficiente preparación para luchar contra la gran cantidad
de libros de filósofos Volterianos, Jansenistas y protestantes, de donde sacaban los políticos
su erudición; los sacerdotes no estaban acostumbrados a tales embates con enemigos de
armas tan afiladas, con talante sagaz y traidor como lo afirmara el escritor y político
conservador José María Groot.106
Mientras la Iglesia se levantaba como el principal referente cultural y social en la Nueva
Granada, el Estado por su parte aparecía como un ente desconocido que generaba más
dudas e incluso indiferencia entre la población, cuestión que limitaba la cohesión y unidad
social, ambos planes primordiales dentro de las previsiones del Estado en su ideal de
nación. Los bienes eclesiásticos eran inalienables y por tanto, ni el Estado ni los
particulares podrían tomar estos por motivo alguno, pero con el Congreso de Cúcuta estos
bienes entregados en muchos casos por los fieles dejarían de estar exentos de alienación.107
El descontento del clero tras la amenaza a sus propiedades no se hizo esperar y las
manifestaciones en contra del Estado fueron el resultado común al verse en esa situación
tan poco venturosa.
La situación del clero se hacía más difícil con las reformas y su posterior aplicación, lo cual
implicaba la necesaria protección por diversos medios de sus propiedades y de su posición
frente a la sociedad, aunque esta última no se resintió en gran medida a pesar de las
reformas. La Iglesia gozó de gran aceptación e incluso de protección de diversos sectores
sociales y en buena parte, de mayor popularidad que el Estado. Un medio por el cual la
Iglesia Católica pudo realizar un ejercicio de divulgación fue a través de la prensa escrita.
Mediante esta defendió su postura frente a las disposiciones del Estado y logró llevar un
mensaje a la sociedad para que se procurara su defensa como institución. En Enero de 1824
el periódico El Atalaya, de postura netamente religiosa, referenciaba los sucesos que
agitaban al país con respecto al tema de la expropiación de monasterios. A través de este
105 Jorge Villegas, Colombia: enfrentamiento Iglesia-Estado.1819-1887, Centro de investigaciones económicas C.I.E., Universidad de Antioquia, Medellín, 1997, p. 2-A. 106José María Groot, “Historia eclesiástica y civil de La Nueva Granada”, Biblioteca de autores Colombianos, Ed A B C, Bogotá 1953, p 350 107 Jorge Villegas, Op. Cit., p. 2-A
104
medio se expuso la situación de los sacerdotes y como estos eran tratados de forma
“injusta”.108
Desde su lógica así era el trato que recibían por parte del gobierno, pues
consideraban que este no tenía potestad para limitar sus riquezas ni mucho menos
expropiarlas. Sus ingresos eran producto de su relación con los fieles y le herencia del
gobierno imperial y no obra del Estado.
El Estado por su parte, ávido de recursos y de unidad, se dispuso de lleno a sacar adelante
los proyectos que le eran propios. Para tales efectos no fue tan sutil y pasó por encima de
las autoridades religiosas y de la normatividad que le regía más allá de los límites del país
que se intentaba construir. Los conflictos generados con la transición de poderes dejarían
como resultado una contradicción entre un Estado con poder administrativo débil, pero
suficiente para erigirse como la mayor autoridad entre las personas, y una Iglesia rica y con
gran influencia en la sociedad, pero limitada por la situación política en ese mismo periodo
de transición y cambio. De la suma de acontecimientos es preciso analizar el que originó las
disputas entre la Iglesia Católica y el Estado, este es por supuesto la adopción de las
disposiciones del Congreso de Cúcuta que iban dirigidas directamente a afectar las
propiedades eclesiásticas.
En 1821 en la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta se proclamó la unificación
de Venezuela y Cundinamarca bajo una sola república, la cual recibiría el nombre de La
Gran Colombia. Esta tendría como presidente a Simón Bolívar y como vicepresidente a
Francisco de Paula Santander. Tal unificación se ratificó con la firma de la constitución de
Cúcuta la cual le daba una organización y estructura a la naciente república. Este congreso
igualmente sirvió para que se le pusiera fin al problema entre el orden federalista y
centralista que impedía la unificación; por tal motivo se estableció y acordó que la
naciente república tendría un orden centralista y que estaría bajo el mando del libertador
Simón Bolívar.
En el artículo 19 de la ley del 6 de agosto de 1821, el Estado decretaba que a partir de la
fecha: “Se suprimen todos los conventos de regulares que el día de la sanción de esta ley no
tengan por lo menos ocho religiosos de misa, exceptuando solamente los hospitalarios”.109
Tras este primer momento, los edificios que no cumplieran con este requisito deberían ser
adoptados bajo la administración del Estado, posteriormente lo mismo ocurriría con tierras
y otros bienes. El hecho absoluto no radica en la alienación de los bienes, más bien se
complementa con el desconocimiento de la autoridad eclesiástica y la forma en que sus
bienes fueron paulatinamente atacados entre 1821 y 1825, periodo en el que se centra esta
investigación. Si se quiere, el Estado operó según sus nuevas directrices y actuando de
108El Atalaya No 12, 1 de enero de 1824, p. 230, en:http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/blabr286754_n_012.pdf. Biblioteca Luis ángel Arango. En adelante otras fuentes similares referenciadas del mismo modo. 109http://www.bdigital.unal.edu.co/21/4/340_-_3_Capi_3.pdf. Fuente secundaria.
105
forma consecuente bajo la ideología liberal, pero también desconoció la libertad de
propiedad a la que se apega esta misma ideología, algo en lo que los representantes del
clero se fijaron y usaron a su favor, pero a pesar de eso la ley entró en vigor y con ella las
expropiaciones y la pérdida de autonomía en cuestiones económicas.
El contexto hostil en el que se movían ambas partes degeneró el ideal de unidad al que le
apuntaba el Estado, es más, logró apartar a los ciudadanos que se pretendían educar en una
nueva concepción de gobierno y de sociedad. El legado monárquico y la permanencia de
sus instituciones (en este caso la Iglesia), así como las costumbres tan arraigadas y la
preeminencia cultural del antiguo régimen fueron los inconvenientes inmediatos a superar
por parte de los gobernantes. El costo de las acciones emprendidas para secularizar a la
población y en la medida de las posibilidades al clero mismo hizo más daño que los
beneficios que se pudieran obtener, pues enfrentarse con la tradición, con las costumbres y
con la autoridad moral de la población representaba un riesgo muy alto para el Estado ya
que eso suponía ir en contra de la institución de más prestigio a nivel social. Siendo la
Iglesia en su momento un ente unificador, las diferencias con el Estado menguaron la
posibilidad de consolidar un proyecto medianamente concertado en el que se visibilizara
una nación con bases que se pudieran sostener con el paso del tiempo.
Las circunstancias económicas que hicieron necesarias las reformas están asociadas a otra
contradicción por parte del Estado. Este pretendió embarcarse en una empresa bastante
difícil dadas sus posibilidades reales, esta es, la de convertirse en un Estado capitalista de
facto, con una ideología liberal como norte político y económico en un territorio con una
infraestructura mal dotada y una economía poco próspera. La amenaza a los bienes de la
Iglesia era bastante apoyada entre los sectores liberales que eran mayoría política, estos se
valían de su influencia parar proponer toda clase de proyectos encaminados a limitar el
poder del clero y de ese modo buscar recursos para impulsar tales ambiciones. Encontramos
que las disputas se acrecentaban en la división del poder político y el religioso y que se
manifestaba en el control económico de la tierra y otras propiedades que hacían parte del
clero.
La cuestión de la no enajenación de los bienes del clero representaba un impedimento por
parte del Estado para darle dinamismo a la economía, pues al no poder incorporar al
mercado las riquezas de un sector con capitales tan significativos como los que había
adquirido el clero por la celebración de misas y otros rituales que eran pagados con
terrenos, joyas u otros bienes, sus objetivos dispuestos al servicio de las reformas liberales
y a la libre circulación de riqueza se veían muy afectados. Por otra parte, el Estado como
rector de la economía en la nueva república no concebía como algo digno de sus principios
el hecho de no poner en juego bienes necesarios para financiar las guerras en las que se
había embarcado tanto en Perú como en Ecuador. Durante el proceso de independencia,
Bolívar en su campaña por la liberación del sur, organizó tropas que marcharan hacia Pasto
106
y a Quito, dándose la batalla de Bombona donde es derrotado el coronel español Basilio
García, aspecto que permitiría que el General Sucre, comandante de las tropas libertadoras,
llegara a Pichincha el 24 de mayo de 1822 y lograra liberar el Reino de Quito del yugo
español. Ya despejada la república de enemigos, el General Francisco de Paula Santander
pudo enviar tropas, provisiones y dinero para que Bolívar liberara al Virreinato del Perú.110
Estas guerras dejaban cada vez más a la naciente república en crisis, por ende no se
permitiría, que una institución que era legado de la opresión española se negara a los
preceptos de la nueva forma económica que imperaba en el mundo libre e independiente.
Un ejemplo de estos inconvenientes se dio con el derecho de patronato que el Estado
asumió desconociendo a la autoridad eclesiástica ya que se le dio jurisprudencia a los
tribunales del distrito sobre los prelados y visitadores eclesiásticos para otorgar recursos de
fuerza a los mismos tribunales en contra de las provisiones de jueces eclesiásticos. Algunas
autoridades de tinte liberal comentaban que se debía volver al cristianismo primitivo, el
cual concebía al culto religioso como un aspecto puramente espiritual, estableciendo así
que Cristo no había dado ningún poder material a la Iglesia, por ende tales poderes
tangibles podrían ser revocados por el poder civil.111
Si se pretendía acabar con el antiguo régimen, el Estado asumió un derecho que solo poseía
la monarquía el cual contaba con el beneplácito del papado, esto representaba una
contradicción a la hora de acabar con las viejas instituciones, pues queda claro que no
importó mucho mantener parte de la vieja administración ligada a los intereses de España.
El derecho venía dictado con bula papal y el Estado lo asumió como propio para favorecer
sus intereses, y con ello se acrecentó el conflicto.112
Todas esas disposiciones del Estado
podrían ir en contra de las masas, algo que de seguro le traería problemas a la
administración, para evitarlos, se hizo necesario ajustar las medidas a proyectos que fueran
casusa común de la población y sus gobernantes, o al menos, que gozaran de alguna
aceptación. “Las propiedades embargadas a los monasterios fueron destinadas a dotar las
escuelas secundarias de todo el país. Después de todo, la educación era también una causa
popular”.113
El 6 de Octubre de 1820 se dicta un decreto por el cual se ordenaba la erección
de escuelas públicas en ciudades y villarios, el pago de maestros por autoridades locales, la
fundación de escuelas en los conventos del país y en los pueblos de blancos; pagados por
vecinos114
A raíz de lo anterior, el gobierno encabezado por el vicepresidente Santander se
dispuso a la tarea de convertir a las masas en ciudadanos libres y útiles que mostraran
respeto por el Estado y apoyo a través de la iniciativa y el emprendimiento.
110
Rafael, Gómez Hoyos, La Independencia de Colombia, Ed Mafre, Madrid, 1992, p. 246-247 111
Gonzales G, Fernan, , Partidos Políticos y Poder Eclesiástico, CINEP, Bogotá, 1977. pp. 141-146 112 Jorge Villegas, Op cit. P. 4-A 113Ibíd. p. 87 114
Arizmendi P Ignacio, Gobernantes Colombianos 1819-1980, Diciembre 1980, Ed Albón S.A , p 24
107
El rumbo de los acontecimientos permitió que el Estado manejara los hilos del poder a
costa de las demandas de la Iglesia, claro está que esta última logró a través de diferentes
instrumentos jurídicos soportar los embates del gobierno. En esta disputa sobresale la
figura del vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien por medio de su lucha legal
intentó con éxito durante un buen tiempo poner a raya a los clérigos. A través de un juego
bastante conveniente para el gobierno presidido por Santander, el Estado logró mantener en
buena parte la estructura del antiguo régimen y fue adoptando una figura más sofisticada de
acuerdo al contexto y a la realidad específica en la que se hiciera preciso asumir el papel de
país moderno que se buscaba. Es así que, “Como heredero del Estado colonial español, el
Estado republicano conservó durante los primeros decenios varios de sus rasgos e
instituciones”.115
Un Estado de tinte conservador por conveniencia en el manejo de las instituciones, y liberal
como fin último de los nuevos administradores, era el rostro de un país que se sumergía en
profundas contradicciones que se multiplicaban en todo plano, pasando del político al
económico y desembocando en última instancia en la vida de los ciudadanos del común.
Mantener por ejemplo el derecho de patronato era una clara muestra de lo conveniente que
le resultaba continuar sosteniendo partes de la política fiscal del antiguo régimen. Si bien el
Estado no hacia presencia en el vasto territorio que tenía que controlar, lo cierto es que su
influjo ya hacia parte de una realidad histórica que se instauraría en todos los rincones del
país, en unos casos de forma más directa como en los grandes centros urbanos y en otros
más tardíamente y con menor impacto, como en la zona rural y selvática.
La figura de vicepresidente con poderes especiales ostentada por Santander era
indudablemente poderosa e influyente, tanto así que a través de sus reformas liberales no
solamente llegaba a afectar y modificar las instituciones del antiguo régimen, (siendo la
Iglesia Católica la más notoria), sino que además modificaba al mismo Estado según sus
propósitos.116
La maquinaria operaba bajo sus preceptos y llegó elaborar un aparato
burocrático con relativa fortaleza, algo que era un logro en el ámbito político en una nación
tan joven, como débil. Santander era un estratega en el ejercicio de la administración
pública y llevó a cabo varios proyectos que se convirtieron en ley, lo que le mereció el
reconocimiento como “el hombre de las leyes”. Hombre de leyes o no, a Santander le
fueron aprobadas varias de sus iniciativas debido a la aceptación de las mismas en el
congreso de mayorías ideológicamente identificadas con los principios del liberalismo, de
ese modo, la imperiosa necesidad de sentar las bases para el desarrollo económico del país
era un propósito que arrancaba sobre el papel con facilidad.
La relación entre la sociedad, la Iglesia y el Estado permitía darse cuenta que los primeros
se encontraban en medio de la disputa por el poder, en este caso específico, el poder
115 Álvaro Tirado Mejía, El estado y la Política en el siglo XIX, El Áncora Editores, Bogotá, 2001. p. 12 116David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma: De los tiempos precolombinos a nuestros días, Bogotá, 1996. P. 86
108
económico y político al que la Iglesia no le era ajeno. Los bienes y propiedades del clero así
como su influencia en la política no eran algo menor. La Iglesia había acumulado riqueza y
el legado colonial le hacía una institución que se mostraba en muchos aspectos superior a
cualquier forma administrativa. La sociedad por su parte, el grueso de la sociedad, se
encontraba en las dinámicas que había heredado y la transición de poder no afectó la vida
de las personas hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX. El legado imperial se
mantuvo más allá de la época de independencia.117
Las personas desarrollaban sus vidas sumidas en el influjo religioso y el republicano. A
pesar de estos dos discursos opuestos para aquel momento, la vida cotidiana de las personas
no se vio realmente afectada, excepto en los grandes centros urbanos ya que era en esos
lugares en donde las disputas se hacían más notorias. La Iglesia en las zonas apartadas tenía
más impacto que el Estado, lo que le daba mayor autoridad y en consecuencia, mayor peso
e influencia social.118
La realidad del mundo en medio de los dos frentes ideológicamente
encontrados parecía estática si se toman en cuenta los anteriores datos. La lucha se dio en
las esferas más altas de la sociedad representadas por los dirigentes del gobierno así como
por el alto clero. La sociedad era más un botín para unos o para otros según el número de
simpatizantes al que se pudieran hacer cada uno de los frentes, pero es preciso decir que en
ese aspecto la Iglesia fue más efectiva que el Estado. La gente le pagaba impuestos al
segundo como norma, pero a la primera, el diezmo y otros tributos se le hacían en muchos
casos de forma voluntaria. Es de esa forma que el clero también obtuvo buena parte de sus
riquezas.
Con respecto al diezmo, el legado imperial hacía que sobre las actividades económicas se
grabara un impuesto dirigido a la Iglesia. Ese impuesto tenía que ser directamente atacado
por parte de los republicanos, pues solamente ellos y su modelo administrativo liberal
deberían encargarse de las cuestiones fiscales de la nación. Abolir el diezmo sobre las
actividades económicas del país y pasarlo como un impuesto dirigido a las arcas del Estado
era causa común entre los dirigentes. Atacar los bienes del clero era una cosa, pero entrar a
participar de las riquezas a las que tenían “derecho” gracias al beneplácito de la corona era
otra. Sobre este aspecto y teniendo en cuenta la configuración social de la joven república,
los comerciantes se asociaban a la clase “burguesa”, y por lo tanto al liberalismo, por esa
razón, el impuesto era bastante impopular entre las personas que se dedicaban a las
actividades comerciales o agrícolas.
Es claro que la mayor parte de las personas era ajena a actividades tan lucrativas, razón por
la cual la eliminación del diezmo sobre el comercio era asunto de unos pocos que tenían el
conocimiento y la influencia como para adentrarse en los asuntos económicos del país. En
tanto se era de una clase social o de otra, así mismo sería la proporción de personas a las
117 Álvaro Tirado Mejía, Op cit. P. 13 118 Juan Pablo Restrepo, La iglesia y el Estado en Colombia, Tomo I, Biblioteca Banco popular, Volumen 132, Bogotá, Colombia, 1987, p. 17
109
que las reformas libelarles les tocarían directamente y el nivel de afectación al que se verían
expuestas. El alcance del choque entre la Iglesia y el Estado fue en principio asunto de las
clases privilegiadas que posteriormente necesitarían de las masas para legitimar su posición
y hacerle frente a su contraparte. La mayoría de las personas solo sirvieron como títeres a
los intereses de estos y se vieron tocados por el resultado del choque ideológico cuando las
decisiones de fondo se tomaron en otro momento, por otras personas y en circunstancias
que en apariencia no les afectarían.
La conversión de los ciudadanos en buenos cristianos era asunto de la religión, pero la
formación cristiana no era lo único en que se pensaba para aquel entonces. Para formar
buenos y verdaderos ciudadanos era indispensable constituir los valores republicanos
ligados a los intereses del nuevo Estado. Es sobre este punto en donde la Iglesia y el Estado
se encuentran para darle rumbo al ideal del nuevo hombre influenciado por el aparataje
ideológico de la ilustración, tal como sucedió en Europa. Con la expropiación de los
monasterios, los edificios se dedicaron a la labor educativa bajo supervisión del Estado pero
con el control y la potestad directa de la Iglesia. Los clérigos fueron los encargados de
impartir las lecciones necesarias para enseñar y educar a la población, pero quedaba el
inconveniente de qué tipo de educación debería darse, aquella dirigida a la consolidación de
los valores tradicionales ligados a la religión y sus instituciones, o una que exaltara la
dignidad de la nación y del Estado como entes supremos, rectores de las leyes y las normas
civiles que procuraran la emancipación social mediada por la libertad y el respeto a los
individuos y sus bienes. Otra vez y en medio de esos asuntos quedaba la población, que en
última instancia sería la “beneficiaría” de la noble causa educativa en la que se embarcaba
la república. Todo esto abriría aún más el debate y las disputas entre el Estado y la Iglesia.
La tensión generada por los bienes de la Iglesia no disminuyó, pero valga decir que no todo
el clero estaba en contra de la causa patriota ni que todos los reformistas estaban en contra
de la religión. Hubo sacerdotes que se declararon abiertamente simpatizantes de la nueva
administración, el Estado por su parte y varios de sus funcionarios veían en la Iglesia un
fuerte aliado. La educación fue muy importante, en la década de 1820, especialmente tras
el Congreso de Cúcuta, el tema educativo tal y como estaba planteado mostraba grandes
fallas. A pesar de la unión que se dio entre el Estado y la Iglesia en el tema educativo y a
pesar de que en algunos puntos unos cuantos representantes de cada institución estaban de
acuerdo, la realidad fue otra. La adopción de modelos educativos copiados de Europa y que
iban en contra de los preceptos religiosos llevaron a la educación a ser otro factor de lucha.
La sociedad no logró consolidar un sistema educativo formal ni sustentable y en muchos
casos tuvo que abandonarse esa iniciativa. La cuestión de la financiación tan precaria
también influyó amplia y negativamente.119
119Meri L. Clark, Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830, en revista Historia crítica, Número 34, Julio-Diciembre 2007, Uniandes, Bogotá, Colombia, p. 39
110
El tema ideológico, sumado al problema de la poca financiación desde el Estado central y
las administraciones locales, hizo que el objetivo socialmente válido e impulsado
principalmente por el gobierno se estancara. Los fracasos se sumaban al proyecto nacional
que se volvía más y más difuso, ahora sumado el tema educativo. La sociedad en general
sufrió y sufriría las consecuencias de las discrepancias entre los dos principales poderes que
se levantaban en el territorio neogranadino. Problemas de diversa índole ponían en medio
del choque entre el Estado y la Iglesia a la población, razón por la cual el establecimiento
de un verdadero Estado nacional se escapaba ante la mirada impotente de quienes fueron
manipulados por los intereses de quienes tenían el poder y la influencia suficiente para
gobernar los destinos de todo un pueblo.
El tema educativo entonces ponía de manifiesto la importancia que tenía tanto para el
Estado como para la Iglesia, ya que combatir el analfabetismo era algo que beneficiaría a
las dos partes. A la Iglesia para que los cristianos se pudieran acercar a las escrituras de la
Biblia y así llevar de manera más acorde la doctrina religiosa y la fe católica, y al Estado
para que los verdaderos ciudadanos entendieran los principios republicanos con los que
llegarían a ser hombres formados en derechos y deberes.120
Lamentablemente no se pudo
encontrar ese punto central en el que ambas partes convergieran en ideas, en un proyecto
unificado que estuviera verdaderamente al servicio de la sociedad y no de los intereses de
cada una de las instituciones que se debatieron en disputas ideológicas y posteriormente en
guerras.
El impacto social de estas disputas no sería visto de forma inmediata, pero queda claro que
la incidencia de los acontecimientos transformaría gradualmente a los colombianos. El
debate entre una sociedad laica y una religiosa daría como resultado el poco entendimiento
y la intolerancia política que han caracterizado al país. La falta de acuerdos llevó a un
empelo cada vez más explosivo y violento del lenguaje de un lado y otro. Muestra de ello
es la siguiente publicación tomada del periódico El Correo de Bogotá:
Que prediquen estos despreciables (1) egoístas que la relijion está en
peligro por que no se pagan responsos, ni se hacen al sacerdote las
ofrendas que antes se acostumbraban; que el culto camina a su
destrucción, por que las procesiones no son tan concurridas, como lo era
en los años anteriores: que el dogma se corrompe por que hay
extranjeros en Colombia: y que el gobierno deja de protejer a los
ministros, por que ya los curas empiezan a no ser alcaldes, pagan alguna
contribución, y los conventos menores han sido suprimidos: nada
importa todo esto: por una u otra beata, un viejo septuajenario, o un
joven que todavía no ha visto la luz, que escuchan conmovidos sus
120Gazeta de Colombia, 13 de Septiembre de 1822, p. 10, en: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ blabr1142013_n_003.pdf
111
lamentaciones y plegarias todos los demás quedan escandalizados de
su atrevimiento y compadecen su obsecación.121
El llamado a combatir a la institución más retardataria que todavía se mantenía en la nueva
república hacía eco en las personas. Más allá del problema del analfabetismo que era
endémico en Latinoamérica para aquellos tiempos, los ciudadanos se enteraban de las
noticias que se imprimían en los periódicos y se voceaban en las calles. Esta obstinación
por parte del Estado para llevar a cabo sus propósitos desconoció que al manifestarse en esa
forma del principal referente cultural de la sociedad generaría mayores problemas y
aumentaría el nivel del conflicto. El Estado cuestionaba fuertemente las posesiones de la
Iglesia e incluso lanzaba juicios morales sobre la pertinencia o no de que el clero ostentara
tantas riquezas. Estos juicios hacían referencia a que tan noble y propio de la fe cristiana
era tener posesiones terrenales cuando la humildad material y espiritual eran valores que
exaltaba la misma Iglesia.122
Una de las causas de por qué el Estado le quitó privilegios al
clero es que se basaba en una economía parasitaría, que no le permitía a la agricultura
progresar, ya que muchas de las tierras que poseía la Iglesia eran destinadas a darle en vida
a los sacerdotes y clérigos las comodidades y satisfacciones que promulgaban propias de la
otra vida. La Iglesia era dueña de varios créditos que se les pagaba por tierras
improductivas y sus jerarcas gozaban con exceso de lo que les daba la gente por obras pías
y donaciones.
La intolerancia al estilo de vida de los clérigos por parte del Estado se hacía cada vez
mayor, pues la labor de estos últimos ya no era solamente la consagración de los valores de
Jesucristo sino labores ajenas a su función primaria. Con las cosas así, las acusaciones y
señalamientos a la Iglesia no daban tregua y se les veía como una institución que había
dejado a un lado su razón de ser por la corrupción que el dinero y las riquezas ejercen sobre
los hombres. La causa religiosa era entonces una cuestión impugnable para el Estado, más
aun cuando se pretendía la laicización de los nuevos ciudadanos y hombres de la república.
La Iglesia por su parte no pretendía negociar la fe del pueblo, la cual se hacía del lado del
catolicismo a ultranza.
Aquella intolerancia a las prerrogativas del clero se debía en gran medida también a que el
poder que el mismo había ido construyendo a través de los años, ya que como se ha escrito
en los libros de historia colonial con la llegada de los primeros colonos europeos
desembarcaron varios religiosos, los cuales al toparse con las comunidades nativas y al ver
que profesaban rituales “paganos”, tales comunidades religiosas decidieron inculcar por los
medios que fuera la fe cristiana. Este aspecto significaba que los administradores de los
121 Correo de Bogotá, 26 de Diciembre de 1823, p. 3, en: : http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ blabr179832_n_001.pdf 122David Bushnell. El Régimen de Santander en la Gran Colombia. Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, p. 239
112
nacientes estados poscoloniales debían enfrentarse a un contrincante con bastante
experiencia. A pesar de ello los líderes de aquellas naciones no dieron su brazo a torcer en
la lucha por establecer un nuevo orden político, económico y social que mostrara un
camino alterno y viable, como contraparte al construido por las diferentes órdenes
religiosas.
Para llevar a cabo este gran proyecto se debían tomar medidas sobre las bases del poder
clerical, que se basaban en el control que éstos tenían con respecto al monopolio de la
educación por un lado y por el otro a la gran cantidad de tierras que habían ido acumulando.
En lo que respecta a la educación durante la vicepresidencia de Francisco de Paula
Santander se dieron a conocer y se impartieron conocimientos sobre el pensamiento político
de Jeremias Bentham y Destutt de Tracy, el cual proponía un sistema de enseñanza dirigido
hacia la investigación de la naturaleza y la observación de los hechos, el racionalismo
jurídico y una ética típicamente burguesa, también se planteaba la posibilidad de crear un
sistema de normas jurídicas claras que reemplazara la caucásica y el particularismo de la
legislación indiana.123
La respuesta que ofreció la Iglesia a estos nuevos saberes inculcados en las escuelas y
universidades, fue catalogarla como una enseñanza que inculcaba el materialismo lo cual
destruía los fundamentos de la religión cristiana, apostólica y romana. Según los voceros
religiosos tales doctrinas enseñadas por orden constitucional en los establecimientos
educativos, socavaban los cimientos del orden social, ya que se obligaba hasta a los que
emprendían la carrera eclesiástica a presentar un certificado de clases sobre la filosofía
materialista de Destutt de Tracy. Inclusive algunos padres decidieron sacar a sus hijos de
los claustros educativos, prefiriendo de algún modo dejarlos en la ignorancia de las letras,
en lugar de pervertirlos con ese tipo de pensamientos.124
Los problemas sociales en los que se encontraba enfrascada la república abarcaban también
a los extranjeros que vivían en el país o que llegaban al mismo por cuestiones de negocios.
La iglesia veía con malos ojos a esos extranjeros y los acusaba de incidir negativamente en
los temas religiosos, pues estos traían consigo los preceptos del protestantismo. Así lo
señalaba el diplomático extranjero Carey Shaw: “El clero pretendió al punto intensa alarma
por la causa de la Iglesia, y publicó una inflamada arenga en la que se denunciaba
acremente la tolerancia hacia cualquier otra religión, y se señalaba a todos los extranjeros
como perturbadores de la paz de la nación”.125
Estas medidas ilustran de una manera los
inconvenientes que tenía la Iglesia frente al mundo moderno y a las perspectivas de la
ilustración, cuyos valores positivos no acababan de entender y aceptar.126
Si bien el Estado
123
Álvaro Tirado Mejía, Op cit. P 24 124
José María Groot, Op cit pp. 173-176 125 Carey Shaw, La Iglesia y el Estado en Colombia en el siglo XIX vistos por diplomáticos norteamericanos, Editorial Incunables, Bogotá, 1984, p. 8 126
González G, Fernán, Op.cit, p 124. , P 141
113
no fue muy cordial con la iglesia al poner en práctica las reformas liberales, la Iglesia
tampoco lo fue frente a la cuestión de la libertad de culto y frente a las expresiones
ideológicas diferentes a sus preceptos.
Este fue un tema bastante difícil de abordar para el Estado pues tenía en medio la cuestión
esencial de la libertad. Sea esta un ideal más que un hecho concreto, lo cierto es que se
debía garantizar algo que era la expresión máxima de las revoluciones burguesas que se
habían dado en el continente hacía unos años, en conformidad con los sucesos que ya se
habían presentado en Europa. La actuación de los próceres de la patria se dio bajo la
influencia ideológica del viejo continente, o para gusto nuestro, como un modelo imitativo
que trajo paradigmas que se implementaron en estas tierras desconociendo el contexto y la
realidad de los habitantes de esta parte del mundo. La puesta en marcha de los proyectos
foráneos en la Nueva Granada, harían posible el encuentro entre dos corrientes que ya se
habían chocado en los países que iniciaron con los ideales de libertad e igualdad como
bandera de lucha que legitimaba el cambio, y que continuarían de forma tardía
expresándose en los Estados de América mostrando resultados desastrosos para los países
que se hicieron a la ideología liberal sin estar preparados para semejante tarea. Sin las
condiciones necesarias para emprender el camino que tomó Europa, los resultados se vieron
en una serie de desaciertos y errores que se han multiplicado a través de nuestra historia.
Como se mencionó anteriormente, los resultados de tan particular experimento social se
evidencian constantemente y sobresalen como una característica de las profundas
contradicciones que se dan al interior de este país. A pesar de ello y como un elemento que
consideramos pudo ayudar a una consolidación de un Estado más coherente, la posibilidad
de concertar las ideas de un lado y otro se dio en el momento que el Estado y la Iglesia
abandonaron su radicalismo. La Iglesia asimilaba a los Liberales con el agnosticismo, el
ateísmo, la masonería, la herejía y el socialismo. Los Liberales, en cambio, algunas veces
solicitaban capellanes y recomendaban a sus seguidores respetar las iglesias y practicar los
deberes religiosos.127
No todo fue siempre persecución y señalamientos pero si fue de
mayor peso la inagotable fuente de diferencias que emanaban del seno de cada una de las
instituciones.
Las discrepancias de los dos frentes marcaron los sucesos posteriores que conformaron una
nación desfigurada por los conflictos internos y envueltos siempre en problemáticas
constantes, relacionadas con la herencia que dejó el Congreso de Cúcuta y los elementos
que reposaron a raíz de este. Las leyes y reformas para darle cuerpo a un Estado secular se
encontraron con un contexto poco favorable, que sumado a la inoperancia de los dirigentes
desatarían la lucha ideológica siempre ligada a los intereses políticos y económicos. El
legado de todo esto lo tomarían posteriormente los partidos Liberal y Conservador, siendo
127Carlos Jaramillo, El poder de la Iglesia, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 37 N° 54, 2000, p. 61
114
la cuestión religiosa el límite entre ambas corrientes.128
Sobre este respecto es preciso
analizar la incidencia del choque en años posteriores al congreso de Cúcuta.
La lucha existente por la cuestión de los conventos menores y el ataque del Estado a los
demás bienes y posesiones del clero nace con el Congreso de Cúcuta y tiene como
trasfondo asuntos económicos e ideológicos. El poder que las riquezas le asigna a cualquier
individuo o institución era motivo suficiente como para emprender la lucha necesaria con
tal de mantener los beneficios que hasta ese momento había tenido la Iglesia, o para ser
percibidos luego por parte del Estado y asignados, manejados y repartidos por los dirigentes
del gobierno. Sobre el patronato y el derecho que la Iglesia tenía para captar los recursos de
ese impuesto es preciso hablar, más si se quiere explicar cómo ese asunto sería el que
ocasionara las más fuertes disputas tanto en el periodo que estudiamos, como
posteriormente. A manera de esbozo analizaremos a continuación la cuestión del patronato
y como la injerencia del Estado en sus inicios tendría tanta incidencia años después.
Las formas de entender la cuestión del patronato varían si se expresan para ser explicadas
desde una postura religiosa o una apegada a los principios republicanos. Desde ese punto de
vista es preciso indicar que el patronato como derecho arrebatado por el Estado fue
cuestionado fuertemente. No solo en el periodo mismo en el que se dictaron las reformas
sino muchos años después; esa medida fue bastante impopular, y no únicamente entre los
sectores religiosos sino también entre otros que cuestionan el accionar del Estado más allá
de que tuviese razón o no frente al tema. Los religiosos y sus seguidores a posteriori
coinciden en afirmar que el clero no era una institución del todo rica y poderosa, es más,
que sufría como cualquiera las vicisitudes de la pobreza y la carencia de recursos. También
se indica que los ataques a sus propiedades empezaron al mismo tiempo en que se dio el
triunfo de los patriotas sobre los españoles. 129
El patronato era un impuesto que se le entregaba a la corona española y que era pagado por
la Iglesia gracias a los recursos que esta generaba. Con las reformas liberales, este impuesto
pasa de ser percibido por la corona y se vuelve un gravamen que llegaría a las arcas del
Estado. Como obvia respuesta, el clero se levanta contra esta medida y no duda en
desconocer la potestad del Estado frente al derecho que se dio a si mismo sobre el
patronato. “si el gobierno de Colombia hubiese tenido realmente derecho de ejercer el
patronato concedido a los reyes de España, habría podido fundar y dotar conventos, pero no
suprimirlos y arrebatarles sus bienes”. 130
La postura de la Iglesia era pues la de defender
sus recursos por encima de una autoridad ilegitima que se abalanzaba sobre los mismos y
que pretendía poner a la institución religiosa en una posición de subordinación frente al
Estado.
128Juan Pablo Restrepo, Op Cit. p. 21 129Ibíd. P 497 130Ibíd. P. 498
115
Las riquezas del clero se fundamentaban en su relación directa con la sociedad y esta no
veía en ninguna forma a la religión como un ente que fuera en contra de los ideales de la
gente. Socialmente y como algo importante de rescatar, la imagen que el Estado pretendía
proyectar acerca de la Iglesia católica no fue adoptada por las masas y en cambio, la Iglesia
pudo tener el apoyo de las personas en la cuestión específica del patronato. Los problemas
para el Estado frente a esa cuestión llegaron incluso a afectar sus relaciones diplomáticas.
En 1824 el Vaticano llegó a plantear la posibilidad de no reconocer al nuevo Estado por los
ataques al patrimonio clerical, que a pesar de ser territorialmente ubicado en la Nueva
granada, afectaban de todas formas la institucionalidad misma de la Iglesia en su conjunto. 131
Todo lo anterior es clara referencia de las tensiones vividas por cuestiones que a pesar de
tener una connotación ideológica fuerte, muestran y evidencian que los temas de fondo se
ubican en el plano político e indudablemente en el económico. Estas tensiones que
surgieron con la expropiación de los monasterios y conventos menores, que pasaron por la
injerencia del Estado sobre los créditos de la Iglesia y sobre bienes diferentes a la tierra y
que cayeron incluso a la usurpación de sus propiedades más personales, denotan las
características de un conflicto que trascendería y que evidentemente trascendió por más
tiempo y que se hizo demasiado notorio durante todo el siglo XIX. De estos eventos se
desprenderían las paulatinas disputas que tendrían a la Iglesia como un actor social
primordial en los destinos de la república.
Subsiguiente a estos inconvenientes durante los gobiernos de los presidentes Márquez
(1837-1841) y Herrán (1841-1845) se estableció una ley en la cual se le daba el poder al
gobierno para divulgar bulas o rescriptos papales y en el año de 1841 se le da la orden a los
jefes de la policía que vigilen a los prelados y curas impidiendo así que estos últimos
introduzcan novedades en la disciplina exterior de la Iglesia; también se le encargaba a la
fuerza policial cuidar que no se usurpara el patronato, la soberanía y las prerrogativas de la
república ni de la autoridad del poder civil.132
Las tensiones se multiplicaron en una
seguidilla de desacuerdos entre los antiguos líderes de la patria. Simón Bolívar y Francisco
de Paula Santander, antes compañeros de lucha y visionarios de la nueva nación terminaron
en una disputa personal tras el regreso de Bolívar de los campos de batalla. Varias de las
disposiciones de Santander fueron revocadas por Bolívar y lo que antaño fuera una amistad
patriota, terminó siendo una antipatía mutua. La cuestión religiosa también se hizo presente
en esta separación, pues Bolívar derogó algunas de las leyes que había implantado
Santander referentes a las cuestiones religiosas.
La aparición de los dos partidos políticos tradicionales tiene que ver con la enemistad
surgida años atrás entre el Estado y la Iglesia. A mediados de siglo el partido Conservador
con el programa elaborado por Ezequiel Rojas y que fue la base de la candidatura de José
131Jorge Villegas, Op cit. P 3-A 132Gerardo Molina, las ideas Liberales en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Ed Tercer Mundo, Bogotá, 1970-1977, pp. 17-18.
116
Hilario López en 1848, se plasmaba en aquellos documentos que el partido Liberal no
deseaba adoptar la religión como el medio por el cual se debía gobernar, sino que el Estado
y la Iglesia deberán ser independientes el uno del otro. Por este y otros motivos los
Liberales se oponen a que la educación esté en manos de los Jesuitas ya que aquellas
acciones equivaldrían a la conservatización de la Juventud: “permitir a los Jesuitas en la
república, es abdicar la soberanía nacional en la compañía de Jesús”.133
La contraparte a las ideas Liberales las propondrían los programas Conservadores liderado
en su momento por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro; los cuales en las
proclamas de su programa establecían: “El partido Conservador es el que reconoce y
sostiene la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras, contra la inmoralidad y las
doctrinas corruptoras del materialismo y el ateísmo, la tolerancia real y efectiva contra el
exclusivismo y la repercusión, sea de católico contra el protestante y el deísta, o del ateísta
contra el Jesuita o Fraile”.134
La evolución histórica de los acontecimientos retratados da
cuenta de las dificultades asociadas a las discrepancias surgidas luego del Congreso de
Cúcuta y en donde las dos partes involucradas arremetieron una contra la otra, cada una
atacando desde donde se hacía más fuerte pero colocando siempre a la población en medio
de las disputas. El resultado de todo ello desembocó en la división ideológica de marcada
profundidad y que se mantendría por mucho tiempo, modificándose en la medida en que se
cambiaban las leyes y los gobiernos. A pesar de esos cambios la cuestión siempre se
mantuvo de fondo y no se transformó más que en apariencia.
Las disposiciones del gobierno de Santander apuntaban a viabilizar al Estado a través del
reordenamiento fiscal del país, por ello era preciso obtener ingresos y en la medida de las
posibilidades, en mayor cuantía y de forma rápida. Los inconvenientes para realizar dicha
tarea eran bastantes y los representantes del clero no se quedarían serenos mientras veían
como el capital logrado gracias a la empatía de los fieles se les escapaba de las manos y era
amenazado por el Estado. La defensa de las riquezas de la Iglesia, así como el
mantenimiento de su prestigio y posición ante la sociedad, eran causa común entre la mayor
parte del clero tradicionalista, el cual era por omisión o por convicción, la gran mayoría. Lo
anterior hacía parte del contexto que se imponía sobre la vida de los clérigos, los cuales
tuvieron en tiempos coloniales grandes prebendas y mucha protección por parte de la
España imperial. El resultado natural de las reformas liberales terminaría afectando los
intereses de la Iglesia y es por ello que se hacía inminente el enfrentamiento entre ambas
instituciones.
Con el cambio en las relaciones entre el Estado y la Iglesia tendrían que negociarse, en el
mejor de los casos, las formas en que esta última operaba en cuestiones económicas,
además y para efectos de viabilidad o compatibilidad ideológica, también se discutieron
133Ibid, P.p 20-23 134 Directorio Nacional Conservador, Los programas conservadores: 1849-1878-1879-1881-1931-1937-1939-1948-1949, Ed Voto Nacional, Bogotá 1952, pp. 120-121
117
temas relacionados con el quehacer espiritual de la institución eclesiástica. No solamente
entraba a supervisarse y controlarse la actuación de la Iglesia en asuntos financieros sino
que además se dio vía libre a la circulación de material bibliográfico que hasta ese
momento era prohibido por los altos jerarcas religiosos, tanto en las tierras ocupadas por los
españoles como en la misma Europa. La libertad de imprenta entraba a maniobrar como un
ataque directo a los preceptos de la institucionalidad nada secular e impuesta por el legado
cultural de la ortodoxia religiosa. Se abrió el camino para intentar construir una nueva
sociedad que fuera capaz de “regir sus destinos” dejando de lado el atraso y la superstición,
ambas características heredadas del antiguo régimen.
Con la libertad de imprenta circularon los textos prohibidos y se permitió que estos fueran
la base para la educación que debería recibir la población. En una sociedad en la que los
altos dirigentes se especializaban en jurisprudencia era indispensable tener a la mano las
tesis que llegaban de Europa sobre la materia. El entendimiento de un nuevo Estado era
tarea fundamental por parte de los nuevos administradores, por lo tanto, educar a la
población bajo la lógica de la eficiencia, la obediencia y el emprendimiento era una labor a
ejecutarse de inmediato. Los textos de Jeremías Bentham ocuparon un lugar predominante
en la formación de los pocos que tendrían instrucción alguna. A través de ellos se le rendía
culto al Estado y se atacaba la ineficiencia e inoperancia de los regímenes monárquicos que
gobernaron a sus anchas bajo la lógica del despotismo y siempre procurando el monopolio
de las riquezas impidiendo cualquier iniciativa privada. Para desgracia de la Iglesia, estos
textos apuntaban el dedo a su institucionalidad y le juzgaban por su estrechez con el legado
monárquico y por ello, se identificaba con el enemigo opresor que fuese el imperio español.
La justificación del accionar del Estado se apoyaba en los eventos que cambiaron a Europa
décadas antes y con los que se levantó el modelo capitalista a través del liberalismo. La
tradición señorial de la Iglesia con la que tanto se benefició, estaba limitada por el nuevo
agente rector de los destinos de un país atomizado y segregado por cuestiones geográficas,
distanciado en muchos casos de las disposiciones del poder central y apegado a la única
forma de gobierno que había conocido, este es por cierto el gobierno colonial que había
establecido las reglas por las cuales se regía la vida de los habitantes.
Encontramos a dos poderes enfrentados que se levantaron por encima de las personas y que
intentaban legitimar su poder, su influencia, su control y por ende, llevar tan lejos como las
circunstancias lo permitieran, su propio proyecto de sociedad. Este enfrentamiento tuvo en
principio a la Iglesia Católica como el rival más golpeado en esa lucha, un rival que tuvo
que rendirle tributo al Estado sin recibir a cambio los favores acostumbrados bajo el
antiguo régimen. Después de 1821, la Iglesia debería entrar junto con sus bienes al libre
juego del mercado y por lo tanto, su institucionalidad y autonomía en asuntos económicos
también entraban a hacer parte del dominio público ejercido por el Estado. Debido a lo
anterior se dejaba enmarcado el contexto en el que ambos poderes empezarían una lucha
que se extendió durante la mayor parte del siglo XIX y que engendraría la discordia y la
118
intolerancia entre ambas facciones, siendo la Iglesia Católica la que mayor poder iría
adquiriendo con el paso del tiempo a través del Partido Conservador, el cual aparecería a
mediados de siglo.
Mariano Ospina Rodríguez sienta las bases del ideario político del partido Conservador en
el año de 1849, un año después de que el partido Liberal hiciera lo propio. Este partido se
identificaba con el mantenimiento de ciertas prácticas a nivel económico dentro de las
cuales se destacan la esclavitud como medio por el que se lograra la extracción de riqueza,
especialmente al sur occidente del país, y el desconocimiento del libre cambio pues
afectaba a la clase terrateniente que se había beneficiado históricamente del sistema
colonial. En virtud de lo anterior es en ese ámbito que se encontraban las mayores
diferencias, pues en los aspectos políticos de administración del Estado tales como el
reconocimiento de las instituciones y el establecimiento de una democracia había cierto
grado de acuerdo en ambas facciones.135
La cuestión religiosa seguía siendo uno de los
temas más complejos dadas las reformas liberales y que se potenciaron con el sustento
ideológico del partido Liberal.
Con las disposiciones del Congreso de Cúcuta vendrían posteriormente las expropiaciones
que se deberían hacer a los monasterios que contaran con menos de ocho ocupantes. Los
edificios que se sumaban al control estatal se dedicarían a la educación y de esa manera se
ejecutaron las intervenciones sobre los bienes eclesiásticos. En el año de 1823 y tras una
nueva disposición por parte del Estado se ordenó la ocupación del que era el edificio de los
capuchinos136
. Con esa toma, que se caracterizó por ser una extralimitación del poder del
Estado, empezaría a llevarse a la práctica y de manera agresiva lo dispuesto por el
gobierno. La causa educativa y el deseo de formar a los ciudadanos en valores
republicanos, llevó al Estado a actuar de forma tal que los odios y las discrepancias entre la
institución eclesiástica y los entes gubernamentales trascenderían más allá de cualquier
gobierno, llevando consigo la carga inútil que se posaría sobre la población, la que en
última instancia sería el objeto de disputa entre ambas partes.
La cuestión educativa era el pretexto para realizar la intervención a los bienes de dicha
comunidad religiosa, pero además, también se intervino sobre las pertenecías particulares
de los religiosos como sus joyas y objetos personales que representaran algún valor. Los
libros de la comunidad también fueron objeto del ataque del Estado.137
El legado del
congreso de Cúcuta se hacía presente y servía como el sustento legal para emprender las
acciones necesarias en favor del nuevo régimen. Hacía 1821 ya se habían ejecutado
acciones similares y con ellas, las diferencias entre la Iglesia y el Estado se iban
alimentando. En ese año se dictaba lo siguiente:
135 Álvaro Tirado Mejía, El Estado y la política en el siglo XIX en Manual de historia de Colombia Tomo II, Instituto colombiano de cultura, Bogotá, 1979, p. 335-340 136 Juan Pablo Restrepo, La iglesia y el Estado en Colombia, Tomo I, Biblioteca Banco popular, Volumen 132, Bogotá, Colombia, 1987, p.500 137 Ibíd. p. 500
119
Francisco de Paula Santander jeneral de la división de los
ejércitos de Colombia, vicepresidente de la republica,
encargado del poder ejecutivo. Hallándose destinados para la
educación publica los fondos y bienes, y edificios de los
conventos suprimidos por la ley del 28 de julio de 1821, he
venido a decretar los siguiente.
ART 1 se establece en la ciudad de Mariquita una escuela de
primeras letras por el método lancasteriano y una catedra de
gramática española, latina, y principios de retorica.138
La instrucción pública se convertía en objetivo primordial del Estado y para poder
acercarse a sus propósitos, vio como algo necesario someter a sus mandatos a la institución
más fuerte que quedaba luego del derrocamiento de España. La Iglesia tenía por delante el
reto de permanecer y prevalecer ante las circunstancias adversas que el contexto le
presentaba y eso supuso el inminente enfrentamiento con el Estado, con sus representantes
e instituciones. El clero se apoyó en la simpatía de las personas y en su capacidad de
maniobra política, la cual no era nada despreciable ya que los religiosos gozaban de una
aceptable representación frente al nuevo administrador, es por ello que el campo de lucha
entre ambos poderes abarcaba más de lo que el mismo gobierno pudo haber pensado, pues
era claro que los medios de defensa de las riquezas y del prestigio de la Iglesia alcanzaban
más terreno que el que ocupaban físicamente en sus capellanías y demás terrenos, sino que
se lograba extender fuertemente en el plano ideológico.
El Estado ejecutaba sus acciones tendientes a modernizase y ponerse al tanto de la
vanguardia europea, la cual incluía poner en cintura a las comunidades religiosas que se
habían vuelto muy poderosas bajo la autoridad de los regímenes monárquicos. Al enfrentar
el remanente institucional del despotismo imperial se lograría (o al menos era lo que se
pretendía) acabar por completo con las viejas y tradicionales formas de vida que reflejaban
varios siglos de subyugación e inconformismo frente a las imposiciones reales, frente al
control ideológico que evidentemente ejercía la Iglesia y frente al modelo político que
limitaba el accionar de los ciudadanos.
Estos nobles ideales que adoptaron los representantes del nuevo Estado alimentaron el
imaginario colectivo de las clases sociales privilegiadas que tenían relación alguna con esa
vanguardia. El control del Estado y la proyección de este hacia una visión de futuro que
138Archivo General de la nación, Gaceta de Colombia N° LXIV TRIM V, Bogotá, Domingo 5 de Enero de 1823.
120
garantizara el triunfo de los hombres libres dejaba de lado la realidad histórica de exclusión
a la que las mayorías se han visto arrojadas. No es nuevo y por ello es de resaltar la manera
en que el gobierno precedido por el Vicepresidente Francisco de Paula Santander era un
gobierno oligárquico, dominado por la minorías ilustradas que encontraron su contraparte
en los clérigos, los cuales eran poderosos debido a la gran cantidad de recursos con los que
contaba, sin desestimar la influencia que tenía en el común de la gente.
El plano económico era un terreno de discrepancias que en última instancia evidenciaba lo
divergente de los proyectos políticos de ambas instituciones. El Estado utilizó el pretexto
fiscal para abalanzarse sobre los terrenos de la Iglesia, pretexto en tanto los recursos
percibidos por el derecho de patronato que se adjudicó el primero, pasando por encima de
la autoridad religiosa, así como la intervención sobre los diezmos y las mismas
expropiaciones no representaron una suma demasiado importante para solucionar sus
graves problemas financieros. Cabe peguntarse cuál era entonces la intención de fondo del
Estado al entrar en choque con la Iglesia. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones
es prudente asegurar que el plano ideológico marca y representa un aspecto demasiado
significativo en la lucha que se daba entre los dos poderes más importantes por aquel
entonces. Si la educación era algo tan trascendente es precisamente porque ésta es en última
instancia la que va a reflejar los destinos que asuma la sociedad, y claramente el modelo
educativo de corte laico frente a un modelo tradicional con tendencias escolásticas no
comulgaban mutuamente.
La circulación de ciertos libros y la prohibición de otros es una clara muestra de la
importancia del factor ideológico como un campo de disputa. Las constantes acusaciones
de parte del Estado en contra de la Iglesia al asociarla con el antiguo régimen y de ser
promotora de una retoma del poder por parte de los enemigos del nuevo Estado eran algo
real. Por su parte, la Iglesia acusaba a los gobernantes liberales de ir en contra de los
preceptos divinos, de ser ateos y hasta herejes y de ser enemigos directos de la causa
religiosa tal y como sucediera con los más enardecidos ilustrados en Europa. Ciudadanos
libres o fieles abnegados, secularización de la sociedad o preeminencia de los valores
tradicionales, campos que se cruzaban y sobre los que se enmarcaban las disputas que a
pesar de todo, tenían como elemento fuerte la cuestión económica, pues es evidente que de
la cantidad de recursos con los que se dispone es más fácil emprender una tarea misional
para “salvar almas” o para poner en marcha la construcción de un nuevo Estado, con
centros educativos y con empresas pujantes para procurar así el desarrollo en un sistema
económico con características liberales.
Las leyes eran un hecho y con ellas se daba vía libre a las reformas liberales que instauró el
vicepresidente Santander. Así procedió en la ciudad de Cali:
Decreto del gobierno
121
Francisco de Paula Santander jeneral de la división de los
ejércitos de Colombia, vicepresidente de la republica,
encargado del poder ejecutivo.
En cumplimiento de la ley del 28 de Julio del año 11 sobre
establecimientos de Colejios en cada una de las provincias,
y de la que proviene el ART 3° de la supresión de
conventos menores, he venido a decretar lo siguiente.
ART 1° Habrá en la ciudad de Cali provincia de Popayán,
un colejio que se denominara la Santa -Librada en
conmemoración del día en que hizo su revolución la antigua
Nueva Granada, destinándose para su establecimiento el
convento suprimido de San Agustin con todas sus
anexidades.
[…] 1- De todos los bienes, edificios, alhojas, censos,
derechos y acciones que correspondan a los conventos de
San Agustín, Santo Domingo y la Merced suprimidos en
Cali.139
A pesar de lo ocurrido en Bogotá con el edificio de los capuchinos, se dieron acciones
similares como la que sucedió en Cali. La enajenación de los bienes de los clérigos retratan
la situación de estos últimos ya que no solamente fueron expropiados los edificios y las
tierras, también tomó el Estado para sí sus pertenecías privadas. Cabe la duda sobre qué tan
útiles serían los recursos individuales de los curas y capellanes, que tan bien se vería ante
los ojos de la sociedad una actitud saqueadora y hasta delincuente del Estado al tomar las
pertenecías de los sujetos tal y como lo hicieran los recaudadores de impuestos de los
monarcas. Si bien la situación del Estado tras su enajenación de España no era la mejor,
difícilmente sus problemas se solucionarían asaltando a los representantes de la
institucionalidad religiosa.
El Estado alimentaba el germen de la discordia con decisiones contradictorias, le daba en
buena parte a la Iglesia razones suficientes para mostrase en una posición de debilidad y
por ende, ganarse la piedad de los fieles ante su situación. El apoyo a la religión en vez de
disminuir aumentaba al mostrarse perseguida, pero en realidad no estaba débil y se estaba
asegurando hábilmente y para el futuro todo un potencial de simpatizantes que le darían la
suficiente fuerza política para competir de igual a igual con los gobernantes identificados
con la ideología liberal. La Iglesia se vio afectada por las reformas liberales de Santander,
es cierto, pero su fuerza se mantuvo al ocupar un lugar privilegiado en todas las esferas
sociales, al ser el mayor referente de las personas y al gozar de mayor legitimidad y hasta
139 Archivo General de la Nación, Gaceta de Colombia N° LXXVI TRIM VI, Bogotá, Domingo 30 de Marzo de 1823.
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autoridad que el Estado. Sobre la expropiación del edificio de los Capuchinos y en relación
al ataque a los bienes de la Iglesia se expresaba lo siguiente:
Congreso
El senado y la cámara de representantes de la republica de
Colombia, reunidas en el congreso.
Decretan:
ART 1° Habra en esta capital un colejio de ordenandos
ART 2° Se aplican al espresado establecimiento el edificio que
ocupaban los padres capuchinos, sus halojas y parámetros y los
libros de su biblioteca, que juzgare útiles el poder ejecutivo,
oído el informe del discreto provisor, agregándose los restantes
a la biblioteca nacional.
ART 4° También se aplican para la susistencia de este Colejio
los réditos de algunas capellanías eclesiásticas de jere devolute
fincadas en esta provincia de Bogotá y el uno por ciento de las
cofradías de esta diócesis.140
La estructura fiscal en torno a las ganancias que el Estado habría de percibir por concepto
de impuestos sobre la renta de los monasterios expropiados, apuntaba a que estos últimos
ingresaran como cualquier otra institución o empresa a tributarle, a reconocerle como
autoridad suprema del territorio y a apoyarle en su causa. Era muy prematuro hablar de un
sistema político consolidado, pero hablar de oposición al gobierno ya era una realidad,
realidad que se apoyaba en la Iglesia Católica y que habría de mantenerse por el tiempo
suficiente mientras el partido Conservador, consolidado como tal, se hiciera con el poder
central. Los ingresos y propiedades del clero deberían ser grabados con impuestos, sus
tierras dispuestas para potenciar actividades agrícolas y sus riquezas puestas al mercado y
no acumuladas sin un movimiento aparente, lo que aportaría al patrimonio del Estado pero
más que eso, daría un ejemplo importante a toda institución, grupo o individuo sobre sus
responsabilidades como agente social dentro de la nueva concepción de nación que se
pretendía construir.
Más allá de los resultados fiscales que hubiese obtenido el Estado lo que se dio
concretamente fue la injerencia de este en los asuntos de la Iglesia. En lo económico fue
indudable ya que entró a administrar los bienes del clero, pero además prescribió los
estatutos mediante los que se debía impartir educación en los centros que habían sido
tomados. La educación de los particulares y de los mismos curas ya era un asunto sobre el
que la voluntad del Estado era soberana, dejando de lado la autonomía a la que tuviere
lugar la Iglesia. Esto mismo aconteció con la expropiación del edificio de los capuchinos en
140 Archivo General de la Nación, Gaceta de Colombia N° LXXXX TRIM VII, Bogotá, Domingo 6 de Julio de 1823.
123
1823.141
El afán de disponer del edificio de ordenandos y la necesidad de poner en
funcionamiento los bienes de la Iglesia, llevó a pensar a los representantes del gobierno en
ocupar este mismo edificio como sitio de reclusión para los curas que cometieran delitos o
para cumplir una doble función, la de cárcel y la de centro de enseñanza para los mismos
ordenandos.142
Entró en funcionamiento la ley que se había discutido en el Congreso y que fue avalada por
el vicepresidente en perjuicio de los clérigos. Con la misma se daba clara muestra del poder
alcanzado por el Estado y de su capacidad de maniobra en diferentes asuntos y con diversos
rivales internos. La participación política de los curas obtenida gracias a la colaboración de
una parte de sus representantes en la lucha de independencia, no fue herramienta suficiente
para evitar que la ley con la que se expropiaba el edificio de los capuchinos fuera una
realidad. El ataque se daba por razones claras, la mayor de ellas por los excesos del clero en
cuestiones relacionadas a sus posesiones y riquezas nada despreciables, las cuales se
obtenían por labores que distaban mucho del ejercicio productivo asociado a labores
comerciales o empresariales.143
La solemnidad del ejercicio espiritual de buena parte del clero contrastaba con las
acusaciones, muchas de ellas realmente fundamentadas de parte del sector político que
controlaba el Estado. Grandes propiedades e ingresos eran percibidos por sacerdotes que se
identificaban más con el poder colonial y de ellos provenían los más grandes coletazos en
contra del Estado. Este era el caso del obispo de Popayán el cual devengaba un oneroso
sueldo.144
Para alguien que vivía de exaltar la humildad como uno de los mayores valores y
más aún, para alguien que se dedicaba a ejercer labores relacionadas con la fe y las
creencias más profundas de las personas, estaba mal visto que ostentara recursos tan
grandes. De cualquier modo, tanto el Estado como la Iglesia controlaban los escenarios más
importantes en todo ámbito. A nivel económico queda claro que a pesar de los ataques del
Estado a la Iglesia, esta última pudo mantenerse como una gran propietaria de bienes, a
nivel político el Estado era superior en número y tenía garantizado su lugar gracias a la
exaltación que hacía de la gesta de independencia, pero a nivel social era bastante superior
la Iglesia lo que la colocaba en un lugar privilegiado frente a su contendiente principal.
Los capuchinos en Colombia
141 Acta capitular de 2 de mayo de 1823, véase el nº 26. José M Groot, Historia de la Gran Colombia 1819-1830, historia eclesiástica y
civil de la Nueva Granada, Vol. III, Ed Cooperativa de Artes Gráficas, Caracas 1941, p. 217
142 Ibíd. P. 217 143 Fernando Díaz Díaz, Estado, Iglesia y desamortización, en Manual de Historia de Colombia, Tomo II, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, p. 429-430.
144 Ibíd. P. 430
124
Las primeras misiones Capuchinas que se conocieron llegaron en el año de 1649 a los
territorios de la Nueva Granada, iniciando su misión apostólica en la Provincia de Santa
Marta y el Urabá, pero fue hacia 1649 cuando se emprenden las campañas de
evangelización de algunas tribus y se empiezan a fundar poblados. Llegado el año de 1774
se le concede una licencia a los Capuchinos Valencianos, para que dirigieran misiones
evangelizadoras en Riohacha y Santa Marta, campaña que estuvo dirigida por el padre
Miguel de Pamplona, reconocido misionero Capuchino, fundador entre algunas de sus
obras, del convento de los Capuchinos en Santa Fe de Bogotá145
.
Realizados los procesos misionales en Santa Marta y Riohacha, los Capuchinos se dieron
cuenta que tales procesos no eran nada fáciles y para poder llevar a cabalidad los procesos
deseados se necesitaba de un cumplimiento de las reales disposiciones, motivo por el cual
llegado el año de 1776 el Padre Miguel de Pamplona decide hacer una visita a Santa Fe de
Bogotá. La llegada de los Capuchinos causó gran conmoción entre los pobladores, pues no
recordaban la última vez que habían visto a personajes vestidos de forma tan particular, con
un toque similar al de San Francisco de Asís. En Bogotá los recibió el Virrey don Miguel
Antonio de Flórez. Durante la conversación sostenida con el Virrey se llegó a la conclusión
que los proyectos misionales que acontecieron desde la crisis que pasaron los Jesuitas, se
necesitaba reactivar los anteriores iniciados por dicha comunidad.
Luego de las conversaciones realizadas entre el Capuchino y el Virrey, éste les ofreció el
hospicio de San Felipe, el cual no se encontraba en las mejores condiciones, pero aquello
les permitiría a los Capuchinos avanzar en su proyecto de expansión territorial y misional.
Luego de los respectivos tramites que se requerían para hacer oficial la instalación de la
orden Capuchina, esta se hizo oficial con la llegada de 18 religiosos al hospicio, el 24 de
octubre de 1778. Hacia finales de 1780 la comunidad recibe una donación, la cual incluía
unos solares, casas de tapia y tejas bajas en la parroquia de San Victorino. El 18 de mayo de
1783 se coloca la primera piedra de lo que seria el templo del Señor San José de
Capuchinos Con estas donaciones empieza en Santa Fe de Bogotá, el proceso de expansión
Capuchina.146
Esta comunidad religiosa va a encontrarse en una situación de desventaja con respecto al
Estado debido a lo ordenado en las leyes que debían entrar en vigencia de forma inmediata.
Lo impuesto por el gobierno presidido por el Vicepresidente Santander recaía sobre los
religiosos y eran ellos por pretensión del Estado una extensión administrativa más que se
acoplaba al nuevo sistema. Obviamente esto no se dio como lo quisiera el Estado pero lo
cierto es que no tuvieron más remedio que acceder a los designios que se erigían desde el
poder central si no querían correr la misma suerte que corrieran en Europa, esta es la
expulsión y el destierro del país. A todas luces se mostraba la inevitable confrontación que
tendría lugar durante todo el siglo XIX y en la que ambas facciones ideológicamente
145 Fray Antonio de Alcacer, La Capuchina, Iglesia y Convento de Capuchinos en Santa Fe de Bogotá, Ed. Sucre, Bogotá, 1959, p. 9-10 146 Ibíd.p. 20-31
125
contrarías le imprimirían su sello de división y desencuentros constantes en los que se
agudizaba más la precariedad social, en momentos en que se dividía el poder entre rivales
que no mostrarían supremacía total hasta finales de siglo.
En la actualidad la congregación de los hermanos capuchinos le ha hecho entrega al
Vaticano de los terrenos que le habían pertenecido en sus zonas de influencia, siendo
importante el vicariato de Valledupar que se ha elevado a la categoría de Diócesis.147
Las
posesiones de la Iglesia y de este grupo en especial evidencian lo que fuera en otro
momento la causa del conflicto frente al Estado y que hoy han dejado de ser objeto de
controversia entre ambas instituciones dados los procesos que ha sufrido el país dentro de
los cuales queda claro el triunfo de la Iglesia. La influencia de esta comunidad y su
importancia se ligan directamente al ejercicio misional que desarrollaron desde sus llegada
en las zonas más alejadas del país, llevando consigo los elementos culturales que le
brindaron a las poblaciones en las que su ejercicio no se hizo tan tortuoso. Con ello la
religión católica se expandió más eficazmente que los principios de obediencia al Estado,
razón por la cual la religión estuvo por delante desde los primeros momentos en que se
establecía la república.
Alcances y limitaciones de las reformas liberales
Es de entender que todo cambio genera resistencias y el desarrollado en el proceso de
transición de la época colonial a la republicana en Colombia significó un momento en el
que los procesos se acoplaron con diferentes grados de aceptación o imposición, según el
lado del que se encontrase determinado grupo; ostentando el poder con el que se podía
ejercer el control sobre la sociedad, o ejecutando a regaña dientes lo que se dictaminaba
desde las clases privilegiadas que gobernaban. Sea cual sea el caso, las reformas liberales
adelantadas por el Vicepresidente Francisco de Paula Santander atravesaron diferentes
ámbitos y dieron cuenta de los aciertos y fracasos de su gobierno, en el cual es actor
fundamental la Iglesia Católica. Por un lado, los proyectos adelantados por este iban
dirigidos a afianzar un modelo ideológico con el que se identificaban los reformadores y
con el que se pretendía modernizar al Estado, cambiar las viejas formas administrativas y
darle paso a una economía en donde las iniciativas individuales fueran respetadas bajo la
igualdad jurídica, garantizando que el libre juego del mercado permitiera potenciar los
diferentes focos de desarrollo.
De otra parte, el viejo modelo económico heredado de la época colonial permitía a los
hacendados mantener el statu quo y de esa forma abastecer su aparato productivo de mano
de obra esclava, limitar el accionar de los indígenas en cuanto a derechos de propiedad se
refiere, (esto para no tener que ver como iguales en derechos a personas que históricamente
147 Véase en http://www.capuchinoscolombia.com/
126
consideraron inferiores) y sostener un estilo de vida en el que se aseguraban la tenencia de
tierras para especular y enriquecerse sin hacerlas productivas. Esta característica es
fundamental para asociar a la Iglesia con los hacendados puesto que las propiedades de la
Iglesia eran cuantiosas, los ingresos de los sacerdotes muy considerables partiendo de la
labor que ejercían y además, no es nada despreciable el hecho de que fueron bastantes los
representantes del clero que se opusieron al gobierno y sus reformas, las cuales
transformaron las relaciones productivas en las que la institucionalidad religiosa se vio
bastante afectada.
Las consecuencias inmediatas de las reformas y de los procesos de expropiación de los
monasterios tal y como ocurrió con el edificio de los capuchinos son difíciles de estimar,
pues es más evidente la posición del Estado con su aparato propagandístico a través de los
diarios oficiales en el periodo que va desde 1821 a 1825, pues a pesar de las voces de
indignación y protesta de los clérigos, estos debieron aceptar la realidad y obedecer al
Estado aun cuando este operó en contra de ellos, de sus principios y de su misma
institucionalidad. La forma en que se adelantaron las reformas no precisamente se
caracterizó por ser consensuada y en el caso del colegio de ordenandos, mesurada. Tomar
posesión de los bienes ajenos incluyendo aquellos que son de dominio particular de
cualquier individuo en nada llegó a trascender en los asuntos fiscales que quiso solucionar
el gobierno. Esta clase de hechos trastornó las relaciones entre Iglesia y Estado, limitó la
capacidad de concertación frente a las políticas sociales de dominio público, pues esta no
fue una característica del gobierno de Santander, pero además, agudizó un la mala imagen
que la curia tradicional tenía del gobierno desde el mismo proceso de independencia. El
Estado actuó intentado cambiar una relación en la que la Iglesia era bastante privilegiada,
poderosa e influyente, pero su gran falla fue pretender la secularización inmediata de una
institución tan arraigada en la vida de las personas, intentado cambiar siglos de tradición
por un ente bastante desconocido y novedoso.
La forma en que se entendían estos dos poderes influyó en los sucesos posteriores, sucesos
que le dieron a la Iglesia el poder político necesario para hacerle frente al Estado y mandar
atrás varias de las reformas adelantadas tras el Congreso de Cúcuta. Lo que es cierto es que
estas reformas tuvieron un impacto suficiente como para generar un sobresalto tan grande
que marcaría el periodo de disputas de todo el siglo XIX. Se transformaron las instituciones
políticas, se dictaron nuevas pautas económicas con las que se liberó a productos tan
importantes como el tabaco de las cargas impositivas del antiguo régimen y se adelantaron
proyectos de infraestructura bajo la supervisión del Imperio Británico. Se dictaron leyes de
manumisión y libertad de esclavos, se le otorgó a la población, aunque nominalmente,
libertad e igualdad jurídica y se sentaron las bases de un pobre sistema productivo que
siguió sumido en las relaciones señoriales tradicionales muy a pesar de las reformas.
El Estado no pudo controlar su territorio, no logró sustentar su proyecto social ni tampoco
mantener los principios fundamentales con los que se le dio marcha al nuevo proyecto de
127
nación tras la caída del Imperio Español. La sociedad en su mayor parte no conoció ni
necesitó de forma inmediata del Estado para continuar su marcha, ¿a dónde?, tal vez una en
la que se mantuviera el reconocimiento y la estructura social heredada de los siglos de
dominación imperial, pero dadas las circunstancias y la aceptación de un Estado bajo las
lógicas liberales en asuntos económicos, era solo cuestión de tiempo para que se
presentaran transformaciones en aquellas zonas que se mantenían al margen de la influencia
del Estado. Con los partidos políticos tradicionales y pasada la primera mitad de siglo, esta
influencia del Estado se hizo presente en zonas de tradicional influencia de las diferentes
comunidades religiosas, tal y como sucediera en el Darién, territorio de influencia de los
capuchinos. La Guerra de los Supremos representó esa lucha que se desencadenaría por
asuntos religiosos en la parte sur occidental del país y con la cual se dividía más y más la
sociedad.
Estas reformas se repetirían a lo largo de la historia del siglo XIX y sin mucha diferencia de
tiempo. Las disputas seguirían manteniendo el tinte religioso, siendo lo político, la
supremacía en ese aspecto, la ostentación del poder y el control de las formas productivas
lo que sería característica común en los diferentes momentos de lucha. En el gobierno de
Tomás Cipriano de Mosquera ocurría algo similar:
(1861)
DECRETO
“SOBRE EXTINCIÓN DE COMUNIDADES RELIGIOSAS”
T. C. de Mosquera, Presidente provisorio de los Estados Unidos de
Colombia, etc., etc.,
CONSIDERANDO:
1o. Que las comunidades religiosas resisten la ejecución del decreto de 9 de
septiembre del corriente año, sobre “desmortización de bienes de manos
muertas,” bajo el pretexto de que no pueden obedecerlo hasta que no reciban
órdenes e instrucciones de sus superiores, residentes en el extranjero, los
cuales no tienen porqué intervenir en asuntos que son peculiares del Gobierno
y régimen interior de los Estados Unidos de Colombia;
2o. Que esta resistencia injustificable coloca a los miembros de dichas
comunidades en rebelión contra el Gobierno de la Unión, puesto que así le
niegan la obediencia debida, a la que están sujetos los colombianos;
3o. Que según los datos que ha recogido el Poder Ejecutivo, se pretende
trastornar el orden público, bajo el pretexto de que el mencionado decreto
conculca los derechos de la iglesia, cuando por lo dispuesto en él en nada
quedan vulnerados;
4o. Que el Gobierno no puede ni debe mirar con indiferencia el
desobedecimiento de sus providencias, que indudablemente tienden al
mejoramiento y progreso de la Unión;
5o. Que se ha ofrecido a dichas comunidades lo necesario para el
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sostenimiento del culto en sus respectivas iglesias y capillas, y para la
subsistencia de sus miembros, y no obstante esto, se esfuerzan en hacer creer
que se les ha privado de los medios de sostener el culto y de los de
subsistencia individual, con el objeto de excitar las pasiones y subvertir el
orden público, y
[...]
DECRETO:
Artículo 1°. Se extinguen en el distrito federal y en el estado de Boyacá
todos los conventos, monasterios o casas de religiosos de uno y otro sexo.
Artículo 2°. En los demás estados en que los individuos de las comunidades
religiosas resistan o entorpezcan de cualquiera manera el decreto sobre
“desamortización de bienes de manos muertas,” se extinguirán igualmente
dichas comunidades, a juicio del Poder148
De esta manera, las consecuencias y alcances de las reformas liberales que se dieron con el
Congreso de Cúcuta y que se pusieron en ejecución con el gobierno precedido por el
Vicepresidente Francisco de Paula Santander tuvieron una incidencia más allá de lo
inmediato, convirtiéndose así en un problemas que debe analizarse de forma estructural y
que sería evidente en los diferentes momentos en que los Liberales ya como movimiento
político estuvieran a cargo del poder. Por su parte los Conservadores con el gran apoyo de
la Iglesia Católica dejaron en toda la sociedad un legado cultural que se mantiene en
nuestros días y con el que se confunden causas espirituales para legitimar acción es
políticas que sólo benefician al reducido grupo de privilegiados que han sabido aprovechar
la influencia social de una institución que, a pesar de sus desaciertos tal y como los tuvo el
gobierno de Santander y otros, se ha mantenido más fuerte que cualquier partido y con más
fuerza en diversos momentos que cualquier movimiento político.
148 www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/docpais/cierre.doc