trabajo los desafios de la politica ambiental en mendoza guillermo hernandez
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Breve descripción de los principales problemas que la Política Ambiental debe encarar y resolver en la Provincia de Mendoza, Argentina.TRANSCRIPT
LOS DESAFIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL EN MENDOZA
I – INTRODUCCION:
La Política Ambiental, entendida como el conjunto de decisiones del
Estado atinente al modelo de país o provincia que desde el punto de vista
ambiental se pretende o desea, implica conocer los objetivos y metas que se
deben cumplir en tal sentido. Dice al respecto Mathus Escorihuela “…
Entendemos a la Política Ambiental como un conjunto sistemático de fines y
objetivos fundamentales, establecidos por la autoridad, con normas de
organización y gestión complementarias que determinan la propiedad, el uso, la
preservación y la recuperación del ambiente en un ambiente geográfico y
político determinado…” (Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales –
Mathus Escorihuela (Director), edición propia, pag. 42).
En decir, el Estado como autoridad pública ambiental debe tener una
noción precisa y acabada de cuál es el estado de situación de los recursos
ambientales existentes en su territorio, un diagnóstico detallado de las
amenazas que pesan sobre los mismos (contaminación, degradación,
desertificación, pérdida de biomasa, etc.), con un inventario más o menos
actualizado de los recursos naturales renovables o no con que cuenta, para de
esa manera poder elaborar las metas políticas correspondientes.
Por otra parte, la autoridad pública, conforme a los lineamientos políticos
que establezca, deberá proponer la legislación correspondiente, organizar la
administración pública que sea competente e idónea, elaborar la planificación y
los programas necesarios y ordenar la gestión, a fin de que la misma sea lo
más eficaz y eficiente posible.
Sin embargo para que el Estado funcione tal como se describe, debe
lógicamente estar acorde a las circunstancias, lo que lamentablemente para el
caso de la Argentina, en términos generales, y de la provincia de Mendoza, en
particular, no ocurre. Es por todos conocidos que el aparato estatal no funciona
como corresponde ni cumple con las necesidades de la población,
encontrándose totalmente sobredimensionado con relación a los objetivos
establecidos, con mala distribución de competencias, pésima política salarial, y
ante la inexistencia de una verdadera carrera administrativa, pues el Estado es
considerado por los políticos como un verdadero botín de guerra.
Esta realidad es percibida con toda claridad por la sociedad, quien tiene
una animadversión casi patológica con respecto a lo público, aun cuando es
consciente de que lo necesita y que demanda cotidianamente sus servicios.
II – HACIA UN VERDADERA POLITICA PUBLICA:
Reconociendo que estamos ante una verdadera “emergencia” en lo
público, cualquier acción que se encare respecto a las políticas ambientales,
necesariamente está condenada al fracaso. Sólo se podrán lograr,
eventualmente, algunos éxitos parciales, completamente descolgados, sin
entidad suficiente como para poder transformar la realidad que nos rodea.
Es imprescindible, entonces, que las autoridades públicas encaren una
verdadera Reforma del Estado, siempre tan anunciada pero a la vez
vapuleada, dado que nunca se pudo ni siquiera esbozar. El Estado debe
apuntar a una democratización de su estructura burocrática, con una
profesionalización de la función pública, que implemente mecanismo de acceso
a la información y procesos de participación en la toma de decisiones
trascendentales, que organice procesos de contralor reales en donde la
sociedad civil pueda a su vez fiscalizar y monitorear. También debe lograr la
mayor transparencia posible en los mecanismos de contratación pública,
implementando oficinas anticorrupción totalmente independientes del poder
político, debiendo modernizar e implementar seriamente sistemas de
información públicas.
Para ello, al decir de Kliksberg, el estado local debe formular una nueva
agenda respecto a la transformación de la administración pública y del Estado
en general, asumiendo el compromiso serio y responsable de llevarla adelante.
Debería encarar y plantearse los siguientes objetivos de política de
transformación publica: 1- Proponer una reforma de la constitución provincial, a
fin de adecuarla a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual, tan
disímil de la existente en 1916, última reforma importante de la Constitución de
Mendoza; 2- Propender a una reforma de los partidos políticos, aun cuando ello
sea también resorte del gobierno nacional, a fin de contribuir a una verdadera
democratización interna de los mismos, y estableciendo una ley de
transparencia del financiamiento de los partidos o, por lo menos, de las
campañas electorales; 3- Iniciar el proceso de transformación de la
Administración Pública, tanto provincial como municipal, sobre la base de los
siguientes objetivos: a- Mejoramiento del proceso de toma de decisiones; b-
Establecimiento de una política orgánica de personal, modificando el Estatuto
del Empleado Público, creando la Carrera de Administración, con sistemas
estrictos de ingreso y ascenso; c- Formación profesional del personal superior;
d- Rearticulación y reorganización de las empresas públicas; e-
Implementación y diseño de modelos de descentralización; f- Instalación de
mecanismos integrales de Control de Gestión, asegurando el monitoreo de
ONGs locales; g- Creación e implementación de polos de desarrollo científicos
y tecnológicos, mejorando en forma sustancial la relación Estado-Universidad-
Centros de Investigación; h- Incorporación de procesos de participación
ciudadana, asegurando el derecho a la Información y a la Participación Pública,
a fin de democratizar el funcionamiento de la administración pública; i-
Fortalecimiento de la capacidad institucional, económica y de gestión de la
sociedad civil, en particular de los entes intermedios (ONGs, Uniones
vecinales, clubes, etc.); j- Promoción de los mecanismos de integración, en el
accionar del Estado, con el resto de la sociedad civil y entes intermedios (Ver
Kliksberg, Bernardo - ¿Cómo transformar el Estado? – Fondo de Cultura
Económica – pags. 91/97).
III – LOS DESAFIOS ACTUALES:Como se puede observar, los desafíos que tiene por delante la Política
Ambiental en la actualidad son diversos y de difícil resolución, a los que hay
que agregarle los que son de índole específicamente ecológica, que no son
menores.
Entendemos que los desafíos y conflictos que debe encarar y tratar de
solucionar las autoridades provinciales, los debemos distinguir en dos facetas:
Por un lado, los vinculados a la estructura estatal ambiental actual, que se ha
demostrado bastante obsoleta e ineficiente, por lo que se debe encarar una
reforma administrativa que le permita dotar al Estado de una organización
pública eficaz e eficiente, responsable, con la suficiente capacidad técnica-
política para instrumentar las urgentes soluciones que requiere nuestra
provincia para enfrentar los conflictos y problemas ambientales existentes, y
por venir. Por el otro, precisamente, es asumir una fuerte decisión política al
respecto y disponerse a solucionar los principales problemas y desafíos, que a
nuestro juicio tiene la provincia por delante, que luego describiremos.
1) Reforma estatal para la administración ambiental: Sin perjuicio de que
entendemos que una reforma de la administración ambiental, sin existir una
profunda reforma del Estado como explicamos ut supra, será sólo un parche y
que poco servirá en términos de éxitos de gestión, por lo menos se debe
intentar dar los primeros pasos en tal sentido. La gestión ambiental, por su
especificidad y tecnicidad, es un buen campo de acción para poder iniciar la
transformación del Estado, amén de la obvia y necesaria, hasta imperiosa,
urgencia de dotar a la provincia de un órgano público que se encuentre a la
altura de la actuales circunstancias.
La gestión y administración ambiental moderna en Mendoza se da con la
creación del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda por Ley nº
5.487 a finales del año 1.989. Dicha creación fue realmente revolucionaria para
esos tiempos, y si bien el ministerio tuvo un claro sesgo urbanista, luego fue
evolucionando hacia una gestión más integral del ambiente y los recursos
naturales, al incorporar a la entonces Dirección de Parques y Bosques, que
estaba en manos del Ministerio de Economía. Posteriormente por Ley 6.366,
del año 1996, se toma la decisión política de unificar en una sola cartera los
entonces ministerios de obras y servicios públicos y de medio ambiente,
urbanismo y vivienda, conformándose el Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas. La idea primigenia fue la de coordinar la gestión ambiental, a través
de la Secretaría de Medio Ambiente, con la gestión pública de las obras de
infraestructura que se venían proyectando, a lo que había que agregarle la
transformación del sector de los servicios públicos, como fue como la
privatización de Obras Sanitarias Mendoza S.E. (Ley 6.044) y de Energía
Mendoza S.E. (Ley 6.497). En un comienzo, la gestión ambiental fue bastante
preponderante dentro de ese nuevo esquema ministerial, destacándose la
sanción del decreto acuerdo nº 1.939/96, un verdadero Plan de Acción de
Desarrollo Sustentable. Con posterioridad, por distintas razones, el rol de la
Secretaría de Medio Ambiente, se fue diluyendo, perdiendo el protagonismo
político de sus inicios, a expensas del sector de obras y servicios públicos. Este
ministerio existió desde el año 1.996, hasta el año 2008.
En la actualidad, de acuerdo a la nueva ley de ministerios nº 7.826, el
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas se desguazó, disponiéndose que el
sector de obras y servicios públicos se pase a denominar Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, y el área de gestión ambiental, se
transformó en una Secretaría de Medio Ambiente, dependiendo directamente
del Sr. Gobernador de turno. Tan es así, que el art. 30 de la ley de ministerios
establece que le corresponde a la secretaría de medio ambiente asistir al
gobernador en la elaboración de las políticas destinadas a preservar, proteger y
mejorar el ambiente del territorio provincial, promover, orientar, coordinar y
fomentar el desarrollo sustentable y mejoramiento continuo de la calidad de
vida de sus habitantes. Esta secretaría es una verdadera incógnita, pues si
bien es plausible el hecho de que la Política Ambiental se encuentre en el
máximo nivel de decisión, también se va a encontrar atada a la maraña
burocrática de la gobernación, y si la secretaría no tiene o no encuentra el
suficiente respaldo institucional, seguramente va a quedar relegada a un
segundo plano, tal como viene ocurriendo desde hace tiempo.
Encontramos como no deseable el modelo institucional elegido por las
actuales autoridades, pues no se vislumbra que la secretaría se convierta en un
verdadero organismo de gestión y administración ambiental, ejecutor de las
políticas ambientales que establezcan las leyes nacionales de presupuestos
mínimos, como las normas ambientales locales. La reforma de la
administración ambiental la debemos buscar en la conformación de un
organismo público del más alto nivel técnico científico, pero también con una
muy fuerte presencia política, desprendida de los vaivenes diarios y que
mantenga un perfil de suficiente independencia frente a las presiones
sectoriales, sean políticas o corporativas. También sería deseable que
mantuviese una estabilidad suficiente para garantizar la continuidad de las
políticas públicas ambientales, pues son políticas de estado. Podría, por
ejemplo, ser designado con acuerdo del Senado, previo haber pasado por los
filtros de idoneidad científica, técnica y moral que les imponga la ley.
Es decir debemos apuntar a un organismo descentralizado, creado por
ley, buscando semejanza en la administración hídrica, como lo es el caso del
Departamento General de Irrigación. Una posibilidad es crear la Administración
Provincial del Ambiente, como ente público descentralizado, dirigida por una
persona que cumpla serios y rigurosos requisitos científicos y técnicos, y
designado con acuerdo del Senado. Otra posibilidad es reflotar la propuesta de
crear la Agencia de Protección Ambiental, siguiendo el criterio de la Provincia
de Córdoba, tal como lo expresa los arts. 34 y 35 del Decreto Acuerdo nº
1.939/96, cuyo objetivo fue la de alcanzar con la agencia “… un alto grado de
eficiencia técnica, de sistematización de tareas y funciones y de cumplimiento
voluntario y aplicación coactiva de la ley ambiental…” El decreto establecía la
obligación de elevar a la Honorable Legislatura en 60 días, a partir de la
apertura de las sesiones ordinarias, del proyecto de ley de creación de la
agencia de referencia, pero por razones que se desconocen nunca el proyecto
fue elevado.
En resumen, la administración ambiental actual, a nuestro juicio, no ha
cumplido con las expectativas que tiene la población respecto de la gestión
pública del entorno, y en el cual se evidencia que existen serios problemas
institucionales y administrativos para poder cumplir, mínimamente, con las
exigencias que ordenan las actuales leyes en vigencia. Existen problemas de
índole estructural, que son insalvables, además de la falta de compromiso y de
capacidad, que pueden solucionarse con un cambio en la política de
designación de funcionarios. Sin embargo, apuntamos a un modelo distinto y
alternativo de gestión ambiental, como el que se propone en el presente
trabajo, que puede significar un giro copernicano al sistema actualmente
vigente.
2) Los principales desafíos ambientales a enfrentar: Nuestra provincia
enfrenta en la actualidad una serie de conflictos y problemas ambientales que
son de una seriedad mayúscula y que merecen la máxima atención por parte
de las autoridades públicas. Obviamente ante tanto desorden en el sistema de
administración ambiental, sea en la órbita provincial, como en la municipal, los
conflictos y problemas se multiplican por doquier, por lo que, por más buena
voluntad que se vuelque al trabajo por algún funcionario, éstos los desbordan
sin piedad. Por ello, sería de buena práctica de Política Ambiental, determinar y
enumerar en un orden de prelación, los principales conflictos ambientales a
enfrentar, cómo atacarlos y cuáles son los instrumentos y herramientas legales
y financieros con que se cuentan. Además deberá prever cómo se va a
implementar el Plan Ambiental (art. 6, Ley 5.961), cómo se van armar e integrar
los proyectos y programas que surjan del Plan, cómo va a actuar la
administración pública ambiental (provincial y municipal) y cómo va a coordinar
con el resto de los organismos públicos y demás jurisdicciones (nacional, por
ejemplo).
Va de suyo, que es imprescindible que de una vez por todas el Gobierno
Provincial confeccione y apruebe el Plan Ambiental y eleve el Informe
Ambiental a la Honorable Legislatura, tal como lo ordena la ley 5.961 desde el
año 1.992. Otra medida colateral importante a tal fin, sería remozar el Decreto
Acuerdo nº 1.939/96, y adecuarlo a los tiempos actuales, a fin de, con una
verdadera voluntad política, encauzar los conflictos ambientales tal como se
explicó.
Tanto el Plan Ambiental (con su Informe), como el Decreto Acuerdo,
considerado como un plan de acción o agenda de trabajo, debe tener como
finalidad ordenar la Política Ambiental, encarrilarla y llenarla de contenido. Se
deben fijar plazos, programas, resultados, controles y auditorías, mecanismos
de participación, financiación, nombre y apellido de responsables,
procedimientos de coordinación y de consulta, etc.
Dentro de este esquema jurídico y administrativo, el Gobierno debe
plantearse entonces cuáles son sus principales problemas y conflictos
ambientales a enfrentar, debiendo en todos los casos consultar a la sociedad
civil y a la comunidad científica, para acordarlos.
Dentro de los principales desafíos a enfrentar, consideramos como los
más importantes los siguientes:
1 – Cambio Climático: Ya es un hecho comprobado la existencia del cambio
climático, que se presenta como el principal desafío de la humanidad en el siglo
XXI. La alteración acelerada de las condiciones climáticas del mundo,
obviamente está afectando a nuestra provincia. El problema es que no tenemos
certeza de adónde vamos y en cuánto tiempo, pues si bien hay indicios, no hay
ningún tipo de certeza en el diagnóstico. Creemos que este problema es central
y crucial, y que dependiendo de las medidas que se tomen en el presente, va a
ser el resultado en el futuro. Las predicciones sobre posibles temperaturas, por
ejemplo, y su impacto en los glaciares y cantidad de nevadas, realmente
atemorizan, pues de cumplirse, el modo de vida que conocemos en el presente
va a desaparecer para siempre de nuestra provincia. Está claro que Mendoza,
ni la misma Argentina puede hacer mucho al respecto y que todo va a
depender de lo que se realice en escala global, pero sí podemos estudiar la
situación, formular un posible diagnóstico y elaborar las propuestas para
enfrentarlo. Lo que no podemos hacer, es quedarnos de brazos cruzados y
esperando que la realidad nos lleve por delante. La enunciación de la creación
de la Agencia Mendocina de Cambio Climático, por la Ley nº 7.826, que se
relacionará funcionalmente con la Secretaria de Medio Ambiente, es un paso
positivo e importante en tal sentido. Pero lo que dispone el art. 31 de la ley
citada, es sólo un simple enunciado, sin más, por lo que no alcanza en
absoluto. Ahora queda que se remita el proyecto de ley de creación, con su
conformación, autoridades, financiamiento, funciones, mecanismos de
coordinación, etc., esperando que esta vez no desaprovechen, una vez más, la
oportunidad de crear un ente serio, de verdadera categoría científica destinado
a cumplir con el objetivo de implementar las políticas y acciones para enfrentar
el cambio climático. Es demasiado importante para desaprovecharla.
2 – Calidad de vida: Los mendocinos en general, nos hemos vistos afectados
en nuestra calidad de vida por diversas causas, muchas ellas de origen
ambiental. La proliferación de basura por todos lados, de ruidos
ensordecedores en la vía pública, de construcciones que avanzan sobre los
espacios públicos, el caos vehicular y la ausencia de servicios públicos de
calidad, han hecho de la vida de los ciudadanos comunes de Mendoza, en
particular de aquellos que viven en el Gran Mendoza, un verdadero suplicio.
Las autoridades públicas, principalmente las municipales, deben dar inicio a
una campaña tendiente a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, que se
reduce sencillamente a dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas vigentes.
Los municipios deben darse cuenta de que deben gobernar y administrar para
sus habitantes, y que para ello tienen que poner en ejercicio el poder de policía
que por diversas leyes tienen conferido. Es verdad que muchas veces salir a
poner multas, clausurar locales, desactivar actividades ilegales, poner orden,
etc., no es muy simpático para las autoridades municipales, pues creen que no
es “político”. La notoria y pública inacción de las comunas es pasmosa y hasta
vergonzante. Por ello, sería una buena decisión política, comenzar a hacer
cumplir las leyes con el simple objetivo de tratar mejorar la calidad de vida de
los contribuyentes. Debe haber una clara decisión política al respecto, a través
de los órganos de ejecución y contralor existentes, con una fuerte presencia de
la sociedad civil, a través las organizaciones intermedias.
3 - Descentralización del Gran Mendoza – Fortalecimiento de los centros intermedios y de los Oasis Centro y Sur: Es público y notorio que el Gran
Mendoza se está convirtiendo en una gran urbe, de más de un millón
habitantes, que la va tornando inmanejable. La políticas públicas (o su
ausencia) de los gobiernos provinciales han provocado que en los últimos
veinte años se haya producido una enorme concentración de inversiones, tanto
públicas y privadas, en el ámbito del denominado Gran Mendoza, en
detrimento del resto de la provincia. Es un círculo vicioso, pues ante la
demanda que requiere la cada vez mayor población que se instala en la región
metropolitana, implica mayores inversiones en vivienda, servicios e
infraestructura, que a su vez genera mayor atracción para radicación de
personas e inversiones, y así sucesivamente. Esta tendencia ha significado un
abandono sucesivo y permanente de los históricos centros intermedios,
ubicados en la periferia del Gran Mendoza, y en particular de los oasis centro y
sur de la provincia. Ese abandono se nota en la ausencia de políticas de
crecimiento y fortalecimiento de tales áreas por falta de inversiones, con la
consecuencia lógica de despoblamiento, inseguridad, deterioro del medio
ambiente y calidad de vida, obligando a sus habitantes a buscar otros
horizontes, precisamente en el área urbana del Gran Mendoza o en provincias
vecinas. El resultado no puede ser peor: el Gran Mendoza se convierte en una
gran urbe, ciertamente ingobernable, con un interior vacío y abandonado. Ello
trae aparejado que los servicios se tornen escasos y de mala calidad, con un
crecimiento descontrolado de la marginalidad y por ende de la inseguridad,
produciéndose un avance sobre las zonas aptas para cultivos y de
amortiguación del crecimiento urbano, y ante la certeza de que en un tiempo
más, el agua se va a tornar en un bien escaso para todos. Para ello, es
imprescindible que las autoridades públicas produzcan un cambio rotundo en
tal sentido, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento económico e
institucional de los centros intermedios y de los oasis centro y sur, facilitando la
instalación de inversiones y de servicios públicos de calidad, que van a
promover sin duda el arraigo de la población. Estas políticas deben apuntar a
que los otros centros poblaciones crezcan en forma equilibrada con respecto al
área metropolitana, como polos reales de crecimiento con calidad de vida.
4 – Administración del Gran Mendoza: En concordancia con lo expuesto en
el punto anterior, está claro que el manejo que se está realizando en la
actualidad del área metropolitana no puede ser peor. Históricamente, el Gran
Mendoza ha sido administrada por los distintos municipios que lo integran,
quienes lógicamente lo hacen sin coordinación e integración alguna, máxime
cuando son de signos políticos contrarios. Este desmanejo, en complicidad con
el gobierno provincial, ha provocado enormes daños a su ambiente, tanto
urbano como rural, pues no existe una política de consenso y coordinación en
la administración y gestión de los recursos y problemas comunes. Los
conflictos son conocidos e innumerables: basurales, asentamientos inestables,
destrucción de los suelos y áreas de cultivos, caos vehicular, inexistencia de
buenos accesos, avance descontrolado sobre el pedemonte, ineficacia del
transporte público, escasez de buenos servicios públicos, mala asignación de
las inversiones, etc. Ante la imposibilidad de unificar toda la administración en
un solo municipio, como lo es Córdoba o Rosario, debe inexorablemente
apuntarse a la concreción de políticas comunes entre todos los municipios que
integran el Gran Mendoza, en acuerdo con el gobierno provincial. Para ello es
necesario una dosis de grandeza política por parte de los jefes comunales, en
el cual se dejen de lado sus apetencias personales o partidarias, y acuerden
metas comunes para el Gran Mendoza. Una propuesta de solución para ello,
sería la firma de un acuerdo político y programático entre todos los municipios
del área metropolitana con el Gobierno Provincial, ratificado y homologado por
ley de la Honorable Legislatura, por el cual se deberá establecer la necesidad
de realizar políticas y planes comunes de trabajo para el Gran Mendoza, con
proyectos y financiamientos acordes, con ayuda de la Provincia, quien a su vez
pueda ser garante de financiamientos externos tanto nacionales como
internacionales.
5 - Ordenamiento territorial: Va de suyo que los conflictos y desafíos que
plantean los puntos anteriores provienen de un problema macro, como es la
inexistencia de un régimen jurídico-administrativo de Ordenamiento Territorial
(Ambiental) y de Usos de Suelos, para la provincia de Mendoza. La ausencia
de un régimen legal vinculado al manejo de los recursos ambientales,
conforme al territorio de la provincia, como así también a la asignación de
prioridades para el uso del suelo ha significado para Mendoza, un enorme
deterioro del ambiente y sus recursos, que ha redundado en beneficio de unos
pocos, con un saldo deudor que afecta a la mayoría de la población. Si bien la
sanción de la ley no va a ser la panacea que solucione todos nuestros males,
por lo menos será un avance muy importante en el manejo y gestión de los
recursos existentes, de por sí escasos en Mendoza. Es notable al respecto la
falta de vocación política por parte de la clase dirigente toda, en obtener la
sanción de la ley de referencia. Desde el año 1.993 existe en la Legislatura
Provincial un proyecto de ley de ordenamiento territorial, que ha ido variando
con el tiempo sin que haya sido siquiera tratada como corresponde. Por el
contrario, recientemente obtuvo media sanción, un proyecto relacionado con
los emprendimientos inmobiliarios privados que llegaba al absurdo de modificar
el régimen constitucional de las aguas. Este hecho provocó un escándalo
político, que llevó a la revisión total del proyecto, convocándose a una comisión
de trabajo liderada por la Universidad Nacional de Cuyo, para elaborar un texto
alternativo, que ya fue remitido a la legislatura para su tratamiento. Es de
esperar que este proyecto sea pronta y debidamente tratado y sancionado por
parte de nuestros legisladores.
6 – Agua: Entendemos que junto al Cambio Climático, este es el gran desafío
que tiene por delante las autoridades públicas, pues es el Problema del siglo
XXI. La escasez de agua dulce es de por sí un problema mundial, que va a
acarrear impensables consecuencias para la Humanidad. Nuestra provincia no
escapa a dicha realidad, fundada básicamente en cuestiones geográficas
ambientales, agravada por la incertidumbre del cambio climático. La
administración y gestión del agua en Mendoza merece una revisión total, que
implique hacer un balance del estado actual de la misma, a fin de determinar
qué es lo que está bien y se debe conservar, y qué es lo que se debe cambiar.
Esto significa también revisar la actuación del Departamento General de
Irrigación como órgano rector de la política y gestión hídrica provincial, a fin de
adecuarlo a los tiempos futuros. También sería deseable readecuar la
legislación actual, en particular la Ley General de Aguas de 1.884, verdadero
monumento jurídico y artífice del modelo de provincia que actualmente vivimos.
Entendemos que habrá que explorar nuevas instituciones jurídicas y
administrativas, tales como el concepto de eficiencia en el uso, el mercado
acotado de aguas, el manejo integrado de cuencas, la revisión de las
prioridades en el uso, etc. Finalmente, también habrá que culminar el Plan
Hídrico para la Provincia, como herramienta fundamental para el desarrollo
sustentable de Mendoza.
7 – Resolución de los conflictos entre la producción y la preservación:
Otro desafío importante a resolver por la provincia, son los conflictos que se
vienen sucediendo, de alto impacto social (y emocional) entre la producción, en
especial de la minería y petróleo y la preservación del ambiente y de los modos
históricos de vida. Nuestra provincia se encuentra inserta en una región con
enormes potenciales mineros y con una importante producción petrolera y
gasífera, que ante la demanda mundial de recursos minerales y energéticos,
los operadores económicos van ejerciendo una notable presión sobre los
poderes públicos a fin de poder obtener las pertinentes autorizaciones para
funcionar. Por un lado, no podemos de dejar de señalar la importancia que
tiene para la economía de un país y de una provincia la minería de escala,
como la producción de hidrocarburos. Por el otro, tampoco podemos dejar de
señalar el altísimo impacto que tiene en el ambiente, como en los usos
tradicionales de los recursos naturales de la provincia. La minería a cielo
abierto, por ejemplo, si bien significa enormes inversiones a largo plazo, no es
menos cierto que entra en franca y directa competencia con otros usos de los
recursos económicos (agua, suelos, paisajes) que afectan a otras economías
como la agricultura y el turismo. Sin contar obviamente, la degradación y
destrucción del medio ambiente, con daños irreparables. Tienen un enorme
desafío las autoridades públicas el intentar conciliar y compatibilizar en la
medida de lo posible estos emprendimientos, con la preservación del ambiente
y del modelo productivo imperante en Mendoza, y tienen la empresas el deber
inexcusable de mostrar a la sociedad en forma absolutamente transparente y
sincera cuáles son los alcances de sus proyectos, sus beneficios y también sus
inconvenientes.
8 - Areas Naturales Protegidas y Biodiversidad: Está claro que nuestra
provincia, al igual que Argentina, todavía tiene un déficit importante en cuanto a
la cantidad de áreas naturales protegidas, superficie bajo protección y
representatividad de ecorregiones a preservar. Si bien se ha avanzado
bastante en ello, todavía existen cuestiones pendientes de resolver. A modo de
ejemplo, faltan reservas en algunas partes representativas, tales como Cordón
del Plata, Precordillera y Pedemonte, Altas Cuencas Hidrogeográficas, áreas
desérticas, zonas altamente modificadas pero de importante valor turístico,
histórico, paisajístico, etc. También se debe avanzar en la reglamentación de la
Ley 6.045, por ejemplo en la categorización de la A.N.P., en los Planes de
Manejo, y la gestión de las propiedades privadas dentro de las reservas y
parques. Es fundamental mejorar la infraestructura y el servicio de
Guardaparques, dotándolo del equipamiento necesario. En cuanto a la
protección de la biodiversidad, la provincia tiene un saldo negativo, salvo el
trabajo que realiza silenciosamente los científicos y técnicos de los institutos y
universidades. La provincia desconoce a ciencia cierta cuáles son sus recursos
faunísticos y florísticos, pues no existe un inventario básico ni se tiene idea de
cuál es la situación poblacional, estado de vulnerabilidad, etc. Tampoco es
buena la situación de la autoridad de aplicación (Dirección de Recursos
Naturales Renovables), pues tiene escaso personal de control y vigilancia,
poco presupuesto y una infraestructura poco acorde al territorio que tiene que
administrar.
9 - Contaminación ambiental: Es destacable el grado de contaminación
existente en determinadas zonas de la provincia, principalmente en las áreas
urbanas y rurales cercanas a los centros urbanos. Las causales de tal
contaminación son variadas, pues están vinculadas a los distintos recursos
naturales involucrados. La contaminación atmosférica en el microcentro de la
ciudad de Mendoza, llega en ocasiones a un estado alarmante principalmente
en invierno (inversión de la capa térmica), provocada mayormente por el
tránsito vehicular (caótico y en mal estado de mantenimiento). La
contaminación de los suelos y paisajes por la basura, está en una situación
límite, por el descontrol absoluto que existe en la materia. Pero tal vez el caso
más complejo y que requiere la máxima voluntad política es la contaminación
de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. El origen de tal
contaminación es muy variable, lo que torna difícil su solución. En algunos
casos, la contaminación es de origen industrial, es decir la provocada por el
vuelco de efluentes por parte de empresas a los cauces de riego, ya sean
clandestinos o mal tratados o controlados. En otros, la provocada por los
efluentes cloacales, que en ocasiones se descontrolan o directamente no
tienen un sistema de tratamientos. Finalmente, tenemos la contaminación
provocada por determinadas industrias o actividades productivas, como pueden
ser la petrolera, la minera o la agrícola, con el vertido de determinados y
concretos residuos líquidos, tales como aguas de purgas, coladas mineras o
agroquímicos.
10 - Basurales y Residuos en general: Este es uno de los conflictos más
complejos a resolver, a la vez más visible de todos. Este problema tiene
profundas raíces culturales y sociológicas, amén de la notable inacción por
parte de los poderes públicos. La profunda crisis socio-económica que ha
sacudido a nuestra sociedad, ha provocado cambios notables en su forma de
interactuar con el ambiente y con los demás, alterando las reglas básicas de la
convivencia social. Un clarísimo ejemplo de ello, es la brutal anomia que se
percibe en la sociedad argentina, con las tremendas consecuencias que ha
producido en el país: inseguridad, corrupción, evasión impositiva, accidentes de
tránsito que supera los límites imaginables, etc. El tema de la basura,
entendemos, es también producto del desquicio social que sufre el país. La
sociedad, en términos generales, ha perdido el respeto por el derecho de los
demás, siendo la cuestión residuos un hecho palpable. Sólo hay que observar
lo que ocurre alrededor nuestro, sea en el micro centro, en el barrio, en las
rutas, en los caminos rurales. Cualquiera tira la basura en cualquier lado y en
donde le resulte más cómodo, sin importar el daño que causa. Los basurales
clandestinos y los vaciaderos abiertos, se reproducen por todos lados como
hongos. A ello hay que sumarle el problema de los carreteleros o recolectores
informales, que disponen de la basura sin ningún tipo de control, con graves
problemas sanitarios y sociales, pues intervienen normalmente mujeres y
niños. Está claro que la resolución de este problema es de largo aliento,
vinculado a una campaña educativa y de concientización para la sociedad toda,
que incluye disponer de una vez por todas la erradicación e inclusión social de
los recolectores marginales e iniciar una modificación total de los sistemas
municipales de recolección, transporte y disposición final de los residuos
domiciliarios, comenzando con una fuerte tarea social vinculada a la
generación en origen de los residuos. Respecto a los residuos peligrosos y
patogénicos, si bien la provincia se encuentra avanzada al respecto, todavía
queda mucho por hacer, pues faltan tareas de contralor y fiscalización tanto de
los generadores como de los operadores de residuos peligrosos (Ley 24.051)
como de residuos industriales y actividades de servicio (Ley 25.612), como falta
la instalación de plantas de tratamientos de estos residuos especiales, con alta
tecnología para la eliminación y disposición de los mismos.
11 - Mapa de los Riesgos Tecnológicos: La provincia debe contar
necesariamente con un mapa de los riesgos tecnológicos a fin de tener un
panorama preciso de cuáles son las principales fuentes de riesgos vinculados a
la industria y servicios. De ese modo de podrá determinar e identificar las
principales fuentes de riesgos, alcances e impacto ambiental, posible
contaminación y modo de combatirla, mecanismos de prevención, planes de
contingencia, nómina de propietarios, correlación con desastres naturales, etc.
Este mapa deberá ser administrado por la autoridad ambiental provincial,
conjuntamente con los municipios y demás organismos relacionados con la
prevención y lucha contra contigencias, tales como bomberos, Defensa Civil,
programa provincial de lucha contra el fuego, etc.
12 – Desertificación y erosión: La lucha contra la desertificación y erosión de
los suelos debe ser iniciada sin más trámite por el gobierno provincial, pues
muy poco es lo que se está haciendo hasta el momento. El avance del desierto,
con la destrucción de suelos productivos, como así también los procesos de
erosión, salinización y revenimiento, tienen un altísimo costo económico y
ambiental y se encuentra vinculado al mal manejo que desde antaño se hace
del territorio. El origen de tales efectos destructivo es múltiple, y se relaciona
con la destrucción del bosque nativo (algarrobales, principalmente) y del estrato
arbustivo que cubre el paisaje mendocino (jarillales), el mal uso de las técnicas
de riego, los procesos de contaminación de aguas y suelos (efluentes
industriales y cloacales), el denominado efecto “aguas claras” en los oasis de
riego, los procesos de explotación mineras y extracción de canteras, el
sobrepastoreo con ganado caprino u ovino, siendo en general el resultado de
actividades humanas que no han tenido el correlato de la prevención y
remediación. Sin lugar a dudas que el costo para lograr la remediación de los
suelos es incalculable y fuera del alcance de cualquier presupuesto provincial,
pero es indispensable comenzar en forma inmediata con un plan de trabajo y
lucha contra la desertificación y otras formas de destrucción de los suelos. En
nuestra provincia existen científicos y centros de investigación de excelencia
que conocen a la perfección esta problemática, que le permitirán al gobierno
provincial establecer bases serias y certeras para la elaboración de un plan de
lucha, control y mitigación. Está claro que la ley de ordenamiento territorial y
usos de suelos tiene mucho que ver con el conocimiento del estado del
territorio provincial y que si la misma hubiese sido sancionada hace tiempo,
como era de preverse para el año 1995, distinto sería el panorama actual y del
futuro. Sin perjuicio de ello, es menester avanzar en el diseño de los
instrumentos legales, técnicos y administrativos que se consideren
imprescindibles para luchar contra este proceso, lento pero inexorable de
destrucción de los suelos.
13 – Energías Alternativas: La provincia, como el país y el mundo entero,
tiene déficit energético. Las fuentes tradicionales de emisión de energía, como
la hidroeléctrica y la térmica, tienen serias observaciones acerca de su
desempeño ambiental, tanto en la construcción de las fuentes, en especial las
centrales hidroeléctricas, como en el desempeño posterior, por su impacto en
el ambiente (especialmente las térmicas). Es por ello importante que Mendoza
avance hacia el diseño de políticas de energías alternativas y de bajo impacto
ambiental, y que las mismas sean verdaderas políticas de estado. Nuestra
provincia cuenta con numerosas normas vinculadas a la temática, pero es
evidente que no es una cuestión importante para la agenda gubernamental,
pues no se ha avanzado prácticamente nada en este campo. Para ello,
entendemos, se debe diseñar un plan de energías alternativas, tales como la
eólica, microturbinas hidroeléctricas, energía solar, bioenergías, biodiesel, u
otras, conforme a las normas vigentes en el país y en la provincia. También
entendemos como imprescindible la creación de un Centro de Investigaciones y
Desarrollo de Energías Alternativas, que podría estar conformada por el Estado
Provincial, las universidades y centros de investigación y las principales
empresas vinculadas a la energía, con asistencia de gobiernos extranjeros,
concebido como un centro de estudios e investigaciones de las energías
sustentables con aplicación, no sólo en la provincia, sino que para todo el país.
Un modelo interesante a estudiar es el caso del INVAP, en la provincia de Río
Negro. Otra alternativa a tener en cuenta es lo que fue el Instituto de Política
Energética de Mendoza, que funcionó durante los años noventa, cuyo principal
función fue la de implementar políticas vinculadas a la energía, aunque
principalmente a las clásicas.
14 - Transporte Público: El transporte público, en especial el de pasajeros,
pese a todos los intentos de reforma y transformación que vienen sucediendo
en los últimos veinte años, sigue siendo de mala calidad, ineficiente,
contaminante y caro, en términos comparativos. El problema se detecta
principalmente en el Gran Mendoza, pues debe atender a una urbe de un
millón de habitantes, con recorridos de diversas longitudes y distintos tipos de
vías. El transporte en Mendoza es de jurisdicción provincial, a diferencia de
otras provincias como Córdoba o Santa Fe, que es municipal, por lo que es
competencia exclusiva del ministerio a cargo (por ley nº 7.826, es el Ministerio
de Infraestructura, Vivienda y Transporte) su diseño, programación, control e
implementación. Ahora bien, es claro que no existe una visión ambiental y
urbanística del asunto, y que sólo las autoridades públicas se han limitado a
regular el servicio público de acuerdo a las necesidades del pasajero y a los
costos de las empresas prestatarias del servicio. No han tenido en cuenta el
notable impacto que tiene en el diseño y crecimiento de una ciudad, en el
entorno y paisajes urbanos, y en la calidad de vida de sus habitantes. Tampoco
han apuntado a un servicio que sea limpio, no contaminante ni ruidoso, y que
por supuesto provoque la menor cantidad de accidentes posibles. Entendemos
que el Gran Mendoza se merece un Sistema de Transporte Multiple e
Integrado, donde intervengan distintos tipos de transportes (trenes, troles,
ómnibus), en el cual se priorice la calidad y en donde las políticas urbanísticas
y ambientales sean de la máxima prioridad.
IV - CONCLUSION:
Como se observa, la provincia de Mendoza enfrenta una serie de
desafíos y conflictos ambientales que son de envergadura y de enorme
importancia, tanto para las generaciones actuales, como para las venideras. El
problema radica en que no se vislumbra una verdadera Política Ambiental,
como política de estado, sino que se observa que el gobierno sólo se limita a
dejar los asuntos ambientales en manos del órgano público del momento para
su gestión. Queremos decir, que la política ambiental, así como la de seguridad
o de salud, es demasiado importante para que recaiga su responsabilidad
sobre un funcionario de segunda línea, como ha venido ocurriendo en los
últimos diez años, sino que es responsabilidad de todo el equipo de gobierno,
empezando claramente por el Gobernador, quien es el que se debe poner a la
cabeza de los problemas.
Entendemos que Mendoza cuenta con una buena legislación y con una
administración que puede ser mejorada, tal como se plantea en el presente
trabajo, y que se ha avanzado mucho en los últimos veinte años, pero creemos
que hemos perdido mucho tiempo. Los conflictos ambientales, sino se tratan ni
se encaran en su solución, se profundizan y se perpetúan, por lo que el
transcurso del tiempo, juega en contra nuestra. Además, cuanto más complejos
son, más difícil y costosa es la solución. Por otra parte, los costos ambientales,
en la mayoría de los casos, son externalizados, y por ende, los paga la
sociedad en su conjunto. Nadie se hace cargo de la remediación o reparación
de los daños causados, sea el Estado o los particulares, como expresa el art.
41 de la Constitución Nacional. Menos aun, tampoco nadie se hace cargo de
los costos de la prevención, que siempre es mucho más económica que la
recomposición.
En fin, propendemos a que, de una vez por todas, las autoridades
públicas, así como la sociedad en pleno, asuma el hecho de que la Política
Ambiental, es una política en serio, y que va a demandar el esfuerzo y las
energías de toda una generación, para poder avisorar un futuro mejor para
nuestra posteridad.
VICTOR GUILLERMO HERNANDEZ
D.N.I. 14.628.441