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LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN 2015

BARÓMETRO 2015 DE REPORTEROS SIN FRONTERAS

63 6 19 155 14 162

Periodistas muertos

Colaboradores muertos

Internautas y periodistas ciudadanos

muertos

Periodistas

encarcelados

Colaboradores encarcelados

Internautas y

periodistas ciudadanos encarcelados

Todos los datos de este informe proceden de la información elaborada por Reporteros Sin Fronteras en sus notas de prensa, informes, y visitas sobre el terreno a diferentes países.

Los datos estadís�cos rela�vos a países (superficie y población) proceden del Banco Mundial y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

© Reporteros Sin Fronteras 2014 | Todos los derechos reservados

INFORME ANUAL 2015 | www.informeanualrsf.es

Elaborado por la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras, el Informe Anual analiza la evolución de la libertad de información durante el año 2015 en más de un centenar de países y señala los principales acontecimientos que han influido en el avance o retroceso: cambios legales, asesinatos de informadores, encarcelamientos, agresiones a periodistas, ataques a medios, casos de censura y represión, así como las represalias, detenciones y procesos judiciales contra periodistas, profesionales o ciudadanos.

El Informe Anual de la Sección Española completa otros documentos de referencia de Reporteros Sin Fronteras, como la Clasificación Mundial o el Balance Anual, disponibles en la web de Reporteros Sin Fronteras España, www.rsf-es.org

Redacción:

Lucía Campoamor, Macu de la Cruz,

Sol Fuertes, Anthony Oruña-Gorianoff,

Rafael Panadero y María Jesús Vigo

Documentación:

Valentina Valverde

Con la colaboración de:

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Un año marcado por la barbarie del ISIS

Introducción general, por Malén Aznárez, presidenta de

RSF-España

4

Sudán del Sur 39 Corea del Sur 76 Francia 110 Togo 40 Filipinas 77 Hungría 112

Yibuti 41 India 78 Italia 113 Zambia 42 Indonesia 79 Kosovo 114

Zimbabue 43 Malasia 80 Letonia 115 Maldivas 81 Luxemburgo 116

ÁFRICA Aumentan los asesinatos de

periodistas y los apagones informativos

7

AMÉRICA Más violencia y violaciones del

derecho internacional en materia de prensa

44

Nauru 82 Macedonia 117 Pakistán 83 Montenegro 118 Sri Lanka 85 Portugal 119 Tailandia 86 Reino Unido 120

Vietnam 88 Rusia 121 Angola 9 Bolivia 46 Turquía 123

Burkina Faso 10 Brasil 48 ASIA CENTRAL El periodismo independiente,

una profesión demasiado arriesgada

95

Ucrania 125 Burundi 11 Canadá 49

Camerún 13 Chile 50 ORIENTE MEDIO Y MAGREB La violencia extrema yihadista protagoniza un año desolador

para los periodistas

128

Chad 14 Colombia 51 Congo 15 Cuba 53

Costa de Marfil 16 Ecuador 54 Kazajistán 90 Eritrea 17 El Salvador 55 Tayikistán 92 Etiopía 19 Estados Unidos 56 Turkmenistán 93 Arabia Saudí 131 Gabón 20 Guatemala 57 Uzbekistán 94 Argelia 133

Gambia 21 Honduras 59 Bahréin 135 Guinea Conakry 22 México 61 EUROPA

El terrorismo islamista golpea Europa

95

Catar 137 Guinea Ecuatorial 23 Nicaragua 63 Egipto 138

Kenia 24 Paraguay 64 Emiratos Árabes Unidos 140 Madagascar 25 República Dominicana 65 Irak 141 Mauritania 26 Venezuela 67 Alemania 97 Irán 144

Mozambique 27 Armenia 99 Israel 148 Níger 28 ASIA

Internet se consolida como medio de escape y blanco de la

censura

69

Azerbaiyán 100 Kuwait 149 Nigeria 29 Bielorrusia 101 Líbano 150

República Centroafricana 30 Bosnia 102 Libia 151 Rep. Democrática del Congo 31 Bulgaria 103 Marruecos 153

Ruanda 33 Croacia 104 Omán 156 Senegal 34 Afganistán 71 Chipre 105 T. Palestinos 157 Somalia 35 Australia 72 Dinamarca 106 Siria 159

Suazilandia 37 Bangladesh 73 Eslovenia 107 Túnez 163 Sudán 38 China 74 España 108 Yemen 165

ÍNDICE

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El año comenzó con la matanza de ocho conocidos periodistas y dibujantes del semanario satírico Charlie Hebdo, en París, cuando dos terroristas encapuchados y fuertemente armados quisieron vengar el honor del profeta Mahoma por las caricaturas que el semanario había publicado. Una masacre, reivindicada por Al-Qaeda de la Península Arábiga, que conmocionó a Europa y contribuyó a invertir la tendencia de que los periodistas asesinados en el mundo lo fueran mayoritariamente en zonas de guerra. En 2015, dos tercios del más del centenar de periodistas asesinados lo fueron en países sin conflictos o “en paz”.

La idea, mantenida por la maquinaria de propaganda del terrorismo yihadista, de que los informadores independientes son “soldados enemigos” y “objetivos a apresar o matar”, junto con su creciente actividad internacional han convertido la libertad e independencia de la información en un verdadero desafío global. La masacre de París simbolizó, lamentablemente, la gran conexión del ejercicio de la profesión periodística con el contexto histórico en el que vive. Pocas veces en la historia el periodismo ha sido protagonista de la realidad internacional como en 2015, un año marcado por la barbarie del ISIS que ha copado las portadas, las calles y, por desgracia, las redacciones de medio mundo.

Si desde 2005, al menos 787 periodistas fueron asesinados debido a su profesión, este año se ha

probado la muerte de 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio del periodismo, pero más de 40 han sido igualmente asesinados sin que se conozca todavía el motivo de su muerte; a los que hay que añadir 19 periodistas ciudadanos y 6 colaboradores de medios. Y el 64% lo fueron en zonas que no estaban en conflicto. Como bien recordaba el director de Charlie Hebdo, Riss, -seudónimo de Laurent Sourisseau-, “prácticamente nunca enviamos a periodistas a zonas de guerra, (…) el 7 de enero, fue la guerra la que vino a nosotros”. Los dibujantes Charb, Cabu, Tignous, Wolinski, Honoré, y los periodistas Elsa Cayat, Mustapha Ourad y Bernard Maris, fueron víctimas de esa guerra.

La presión religiosa radical no es nueva para aquellos que hacen de la libre expresión e información su trabajo y su derecho, pero este año ha alcanzado cuotas sin precedentes y no sólo en Oriente Medio o Europa. Asia ha visto progresar el auge del fundamentalismo islamista que arrasa sedes de medios de comunicación a su paso y que exige, incluso, como en Blangladesh, redacciones sin mujeres y que los medios se abstengan de difundir imágenes de mujeres sin burka. Y África, donde cada día es más difícil informar, ha sufrido auténticos “apagones informativos” en amplias zonas de su territorio, caso de Nigeria, con Boko Haran, o de Somalia con las milicias de Al Shabab.

Un año marcado por

la barbarie del ISIS

Malén Aznárez

Presidenta de Reporteros Sin Fronteras - España

INTRODUCCIÓN GENERAL

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Una presión a toda disidencia de “lo religiosamente correcto” que el radicalismo religioso también intenta imponer en países democráticos, con amenazas de muerte o censuras legales sobre todo lo que pueda suponer una “amenaza” para los “sentimientos religiosos”.

Pero los asesinatos de informadores no fueron el único objetivo de este radicalismo islamista. Los secuestros, encarcelamientos, torturas, amenazas y exilios de periodistas y los ataques con bombas a medios de comunicación fueron una constante en el año. El encarcelamiento y exilio de periodistas, en Irán y Arabia Saudí, demuestran la dolorosa realidad para quienes se atreven a levantar la voz contra el régimen o defender posturas laicas en países donde todavía se castigan con latigazos o incluso pena de muerte. Latigazos como los recibidos, en enero, por el bloguero saudí Raif Badawi, todavía en prisión pese a las presiones internacionales. Y encarcelamientos, en condiciones inhumanas, como los que padecen los 18 periodistas y 20 internautas encerrados tras barrotes en Irán, convertido en una de las mayores prisiones del mundo para informadores. Y si hablamos del horror implantado en ciertos países por el terrorismo yihadista, sin duda Irak y Siria son los casos más evidentes de una situación brutal y caótica en la que el periodismo libre se ha convertido prácticamente en inexistente.

Las guerras de Irak y Siria con su violencia extrema protagonizaron un balance desolador. Ambos países siguen siendo los más mortíferos y

peligrosos del mundo para los profesionales de la información. De los 28 informadores asesinados en la región, 17 lo fueron en Siria y 11 en Irak. La ciudad de Alepo, en el noroeste de Siria, se ha convertido en un campo minado para los reporteros atrapados entre los fuegos cruzados de las fuerzas gubernamentales de Bachar el Assad y las restantes milicias involucradas en el conflicto. Por no citar la terrible situación de Raqqa, donde los periodistas que han intentado informar de las decapitaciones, torturas, crucifixiones, defenestraciones o desmembramientos de civiles, han sido asesinados o tenido que huir. En Mosul (Iraq), el ISIS ha sido responsable, en el último año y medio, de 48 secuestros de informadores y de la ejecución de otros trece. Y de los 54 periodistas que permanecían como rehenes al terminar el año, en manos de organizaciones como Daesh, Al-Nusra y Al-Qaeda, 26 lo estaban en Siria y10 en Irak. La mayoría, conviene recordarlo, son víctimas locales.

Los secuestros de periodistas extranjeros se han convertido en estos países, al igual que en Libia y Yemen, en un objetivo para los diferentes grupos radicales armados que los utilizan con distintos fines: como forma de obtener rescates; para ejercer presión y sembrar el terror por las ciudades que pasan y controlan; y como elemento de propaganda. Entre los secuestrados en 2015 se encuentran los periodistas freelance españoles, Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López, capturados en julio, en Alepo, y

supuestamente en manos de la organización terrorista Al-Nusra.

La propaganda de una ideología medieval, envuelta en las más modernas tecnologías de la información y perfectamente diseñada, siguió utilizando fotografías, vídeos, textos, televisiones y radios, y ocupando las redes sociales y miles de cuentas en Internet, dos de sus principales medios de difusión. Al finalizar enero, unos días después de la masacre de Charlie Hebdo, el asesinato del reportero freelance japonés, Kenji Goto, en Siria, con una macabra puesta en escena ante las cámaras, fue una muestra más de la siniestra propaganda del ISIS.

Al panorama de Siria e Irak, se sumó el recrudecimiento de la violencia en Yemen desde que las milicias hutíes -chiitas de la rama de los zaidíes- tomaron la capital, Saná, sembrando el pánico- cinco periodistas y tres colaboradores fueron asesinados y al menos otros 15 están desaparecidos, supuestamente en manos de los hutíes; y el caos político y social de Libia, con dos gobiernos, uno apoyado por las milicias islamistas y otro por la comunidad internacional. País en el que siete periodistas continuaban desaparecidos al terminar el año.

Pero el terrorismo fue también una perfecta coartada para limitar la libertad de información en países teóricamente sin conflictos. Es el caso de Egipto que, con 22 periodistas en prisión, se ha convertido bajo el gobierno de Al Sissi en la

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segunda mayor cárcel del mundo para los informadores -solo superada por China- y dónde éstos no pueden discrepar de las informaciones oficiales a riesgo de ser acusados de pertenecer a los Hermanos Musulmanes -considerado un grupo terrorista por Al Sissi- y acabar en prisión. O de Turquía, país que inició un retroceso evidente en la libertad de prensa y se ganó el record de haber encarcelado al mayor número de periodistas en el año: nueve. Entre ellos director del diario Cumhuriyet, Can Dündar, y su representante en Ankara, Erden Güll, acusados de pertenecer a “una organización terrorista” y divulgación de secretos de Estado.

Y puestos a destacar reincidencias negativas hay dos países, Somalia y México que siguen, un año más, en el cuadro del deshonor de la libertad de información. Asesinatos salvajes, secuestros, censuras, exilios, ataques con bombas…

En Africa, Somalia continúa siendo el país más peligroso del continente para los informadores. Entre sus dos periodistas asesinados en 2015 se cuenta Hindia Mohamed, una de las dos asesinadas en el mundo. La periodista, presentadora de la televisión y radio nacionales, murió a consecuencia de las heridas que sufrió en un atentado con un coche bomba que llevaba el sello de las milicias islamistas de Al Shabab. Su asesinato se sumaba al de su esposo, el periodista Liban Ali Nur, que también fue víctima mortal de un atentado reivindicado por el mismo grupo terrorista, en 2012. Tenían tres hijos.

Y México, a su vez, siguió ostentando el mismo siniestro privilegio: ser el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Ocho informadores fueron asesinados -cinco todavía sin conocerse las causas-, la mayoría en Veracruz y Oaxaca, los estados más peligrosos para los reporteros convertidos en blanco de las mafias y de los políticos locales cuando denuncian casos de corrupción. Pero sin duda el caso del periodista Rubén Espinosa, encontrado muerto en México DF, con huellas de tortura y junto a cuatro mujeres también asesinadas, fue un acto tan brutal que despertó una nueva ola de indignación en el país, además de una toma de conciencia sobre la falta de protección de los profesionales de la información. El periodista había huido de Veracruz donde trabajaba, tras haber recibido amenazas de muerte, y se refugió en la capital donde se creía a salvo. Unos días después, el 10 de agosto, entró en vigor la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal que llevaba gestándose varios años.

En resumen, un año brutal marcado por la barbarie del terrorismo yidahista que tuvo otra dolorosa secuela: la ola de cientos de miles de refugiados procedentes de Oriente Medio que intentaban entrar en Europa. Los reporteros que cubrían este drama humano sufrieron, al igual que los refugiados, los abusos policiales en países como Hungría o Croacia, hasta el punto de que la OSCE llamó la atención al gobierno húngaro para

que protegiera el trabajo de los periodistas dentro de sus fronteras. Pero las vejaciones y malos tratos a los refugiados no sólo vinieron de las fuerzas de seguridad. ¿Quién no recuerda la vergonzosa imagen de la zancadilla de una periodista húngara a un refugiado sirio que corría con su hijo en brazos mientras escapaban de la policía?

El refugiado, Osama Abdul Mohsen, es uno de los contadísimos que ha terminado acogido en España, con su hijo Zaid. La periodista se llama Petra Laszlo, y fue despedida de la cadena de televisión privada N1TV.

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Aumentan los asesinatos de periodistas y los apagones informativos Trece periodistas perdieron la vida en el continente africano, en 2015, por ejercer su profesión, lo que significa un aumento de más del 60% en relación con el año anterior, cuando hubo ocho asesinatos. Siete de ellos se protagonizaron en el país más joven del mundo, Sudán del Sur, que en sus primeros cuatro años de vida jamás ha conocido, ni permitido, la libertad de información. En Somalia, que sigue siendo el país más peligroso de África para los periodistas, fueron asesinados otros tres informadores. Una de las víctimas fue la periodista Hindia Mohamed, presentadora de la televisión nacional. La milicia islamista Al Shabaab, que tres años antes había asesinado a su marido, también periodista, le puso una bomba en su coche. Kenia, Mozambique y la República Democrática del Congo fueron los escenarios de los tres restantes. En ninguno de estos casos se emprendieron investigaciones serias sobre los crímenes.

ÁFRICA | Introducción

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Pero con ser muy llamativo, no es el notable aumento de periodistas asesinados lo que marcó el empeoramiento para la libertad de información en África, en 2015. El peor síntoma fue el oscurecimiento progresivo de la información, más que oscurecimiento habría que hablar de auténticos apagones, que afectan cada día a más países africanos convirtiéndoles en terrenos vedados para los informadores. La opacidad, que es patente desde hace años en lugares como Eritrea, Somalia, Sudán del Sur o Guinea Ecuatorial, se va haciendo dueña de la situación y aumentando en otros países donde empieza a identificarse como normalidad que no se publique nada que pueda considerarse informativo y, menos aún, que suponga la más mínima crítica al poder establecido, caso de Etiopía, Kenia, Nigeria o Burundi, país éste último en donde el intento de golpe de Estado se desarrolló directamente atacando y saqueando los medios de comunicación y no quedó ni un solo medio privado sin destruir.

Los gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse y que no se conozcan sus prácticas corruptas son los primeros responsables de este silencio informativo. Para ello utilizan "herramientas" como los cierres de medios, definitivos o temporales, los apagones en Internet, las detenciones de periodistas (frecuentísimas en, además de en los países ya mencionados, Camerún, Chad, Congo, República Democrática del Congo o Yibuti), el acoso judicial

contra los directores de medios y reporteros, las amenazas y las multas desmesuradas. Los periodistas que pretendan informar libremente en África se exponen con mucha probabilidad a ser acusados de espías, terroristas o traidores.

El terrorismo islamista, por otra parte, se ha convertido en una nueva excusa utilizada por algunos gobiernos para imponer el silencio informativo, prohibiendo cubrir determinados territorios o tratar ciertas temáticas. A su vez, los grupos violentos inmersos en este terrorismo, como Boko Haran en Nigeria, o las milicias de Al Shabaab en Somalia, no permiten la información allá donde se han impuesto, territorios que se convierten en auténticos “agujeros negros” informativos.

Como resultado de esta política de opacidad informativa y del dramático cierre de medios, son cientos los periodistas que han tenido que exiliarse de sus países (el caso más dramático este año ha sido Burundi), o resignarse a la autocensura o el cambio de profesión.

Es de lamentar que Senegal, uno de los países hasta ahora con más libertad de información en África, en este año hiciera patentes nuevas restricciones para la prensa por la amenaza del terrorismo islamista. Como contrapartida, hay que destacar positivamente que, en Burkina Faso, donde se libró un intento de golpe de Estado cerrando y atacando los medios de comunicación, los ciudadanos salieron a la calle masivamente

reclamando su derecho a la información y usaron profusamente las redes sociales para suplir la falta de información de los medios silenciados.

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Superficie: 1.246.700 km² Población: 24.230.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: José Eduardo

dos Santos

Puesto

123 De 180 países

en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la

Libertad de Prensa de RSF

BARÓMETRO 2015

0 Periodistas asesinados

0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados

0 Colaboradores asesinados

0 Periodistas encarcelados

0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados

0 Colaboradores encarcelados

La libertad de información no está garantizada en Angola, donde se persigue judicialmente, a conveniencia del Gobierno y los estamentos militares y económicos, la información que denuncia sus abusos.

En mayo, fue condenado a seis meses de prisión el periodista Rafael Marques de Morais por difamación a pesar de que una semana antes el propio tribunal había retirado todos los cargos contra él. La condena incluyó la retirada de Internet de su libro Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola y la prohibición de publicarlo o traducirlo a cualquier lengua. En este libro, publicado en Portugal en 2011, se documentan 100 asesinatos y 500 casos de tortura por parte de 7 generales del Ejército y un grupo de empresas privadas implicados en el negocio del tráfico de diamantes.

En Portugal las autoridades se negaron a abrir un proceso judicial contra el periodista, pero en Angola fue acusado de 24 delitos de difamación y el fiscal pedía 14 años de prisión para Marques. La condena final de 6 meses de prisión queda en suspenso si en dos años el periodista no comete ninguna falta, lo que le condena en la práctica al silencio. Hasta 50 organizaciones de derechos humanos han pedido en Naciones Unidas el fin de la persecución judicial contra Marques, y al presidente de Angola, dos Santos, la rehabilitación del periodista y el respeto para la libertad de información en Angola.

Desde junio la web de RSF da acceso en PDF, en inglés y portugués, al libro de Marques de Morais, Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola.

En julio, la policía rodeó la emisora Radio Despertar en Luanda y detuvo durante varias horas a uno de sus redactores, que había cubierto los preparativos de una protesta ciudadana contra las detenciones arbitrarias y la persecución política.

ANGOLA

ÁFRICA

Página | 10

Superficie: 274.500 km² Población: 17.590.000 habitantes Jefe del Estado: Roch Marc Kabore [desde

29.11.2015] Presidente del Gobierno: Yacouba Zida Isaac

Puesto

46 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Un intento de golpe de Estado, el 17 de septiembre, amenazó seriamente la libertad de información en el país, ya amenazada desde antes, durante la transición iniciada el año anterior, y provocó una serie de incidentes y ataques a medios y periodistas que finalmente se apaciguaron antes de que comenzara el proceso de las elecciones, previstas en principio para octubre y finalmente celebradas al final del año. Hay que destacar que amplios sectores de la sociedad de Burkina Faso tomaron las calles e Internet durante la semana del golpe en una defensa firme y decidida de sus libertades y en especial de la libertad de información, usando profusamente las redes sociales cuando el acceso a los medios quedaba interrumpido.

En mayo, el Gobierno de transición del presidente Kafando prohibió a todas las emisoras de radio y televisión trasmitir en directo ningún contenido informativo durante tres meses. Los programas de entretenimiento quedaron fuera de la prohibición siempre que se ciñeran a su temática, pero los contenidos informativos tenían que ser pregrabados y vigilados "para no dañar la cohesión social".

En junio, la Corte africana para los Derechos Humanos ordenó a las autoridades de Burkina Faso reabrir la investigación por el asesinato, en 1998, del periodista Norbert Zongo, que permanece impune desde entonces, y también a indemnizar a sus hijos y padres. El periodista Zongo fue asesinado cuando investigaba la

implicación del hermano del presidente Campaoré en el asesinato de su chofer y el cierre del caso sin condenas, en 2006, se convirtió en un escándalo que se arrastra hasta ahora.

En septiembre, el Ejército tomó el control de la cadena pública de Televisión nada más iniciarse un golpe de Estado con la detención del presidente y otros miembros del Gobierno a manos de la guardia pretoriana del presidente anterior Campaoré. La mayor parte de las emisoras privadas del país fueron cerradas de inmediato y aunque el golpe fracasó a la semana de iniciarse, se produjeron muchos incidentes: Fueron incendiados y saqueados los equipos, ordenadores y medios de transporte de emisoras como Radio Omega FM, Savane FM, o Radio Laafi; hubo ataques y tiroteos en las emisoras de Mogtedo y Goudri y en la televisión de Uagadugú; periodistas y fotógrafos de la RTV de Burkina Faso y los diarios digitales Lefaso.net y Burkina 24.com fueron agredidos brutalmente y sus cámaras destrozadas. Y hubo también disparos, agresiones, amenazas e intimidaciones contra periodistas de diversos medios.

BURKINA FASO

ÁFRICA

Página | 11

Superficie: 27.830 km² Población: 10.820.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Pierre

Nkurunziza

Puesto

145 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El estallido de violencia y el intento de golpe de Estado de abril y las elecciones de julio, celebradas sin fiabilidad, los solventó el Gobierno cerrando y destruyendo la mayor parte de los medios de comunicación. Decenas de periodistas han abandonado el país a lo largo del año y las detenciones e interrogatorios de periodistas son la forma habitual de relacionarse con los medios que tiene el Gobierno.

En enero, fue detenido Bob Rugurika, director de la emisora Radio Públique Africaine, una de las más populares del país, debido a la cobertura que hizo la emisora sobre el asesinato de tres monjas, en el otoño de 2014, en la que se implicaba en el crimen a funcionarios de Inteligencia y se entrevistó a una persona que confesó ser uno de los autores. La policía entonces acusó al periodista de complicidad en el triple asesinato para presionarle a que revelara sus fuentes, por lo que fue detenido y encarcelado. Un mes después, el juez decidió mantener la prisión para el periodista y mantener las acusaciones de complicidad, un delito penado hasta con 20 años de prisión.

En marzo, la Asamblea Nacional aprobó la nueva ley de medios de comunicación que anuló algunos artículos polémicos de la ley anterior referidos a la confidencialidad de las fuentes, la composición del Consejo Nacional de Comunicación y las multas desmesuradas para los delitos de prensa, aunque la nueva ley tenía que ser ratificada por el Senado y los acontecimientos del país lo impidieron.

El anuncio, en abril, de la candidatura del presidente Nkurunziza para un tercer mandato provocó un estallido de violencia en el país que las autoridades pretendieron controlar bloqueando los medios de comunicación, imponiendo cierres de emisoras y "apagando" las redes sociales. La crisis fue in crescendo, con manifestaciones continuas violentamente reprimidas en las que murieron varias personas, hasta que el 13 de mayo se produjo un intento de golpe de Estado y el consiguiente enfrentamiento con las fuerzas leales al Gobierno que se libró directa y físicamente en los medios de comunicación. Las fuerzas del Gobierno atacaron, saquearon e incendiaron prácticamente todas las emisoras privadas, entre ellas Radio Publique Africaine, que había sido reabierta este día por los golpistas para difundir sus mensajes. La sede de la Radio y Televisión Nacional también fue atacada con armas pesadas por ambos bandos y las emisiones se suspendieron. Y en la principal cadena de televisión privada, RTV Renaissance, un empleado resultó herido en el ataque.

Los medios privados, saqueados, incendiados y dañados en un 80 por ciento, quedaron silenciados. Sólo la Radio Television Nacional pudo emitir de nuevo música. El Gobierno acusó a los medios de haber apoyado el intento de golpe, por emitir sus comunicados, y poco después prohibió que las emisoras destruidas pudieran utilizar las instalaciones de la Casa de la Prensa. Este centro, cerrado también en abril, pudo reabrir en junio,

BURUNDI

ÁFRICA

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pero el director fue advertido de que sólo podría acceder Radio Rema, que apoya al Gobierno. Incluso el director de la emisora estatal Radio Nacional fue despedido y muchos periodistas purgados y trasladados a departamentos no informativos, por entrevistar a miembros de la oposición y haber cubierto las manifestaciones de protesta.

Docenas de periodistas amenazados abandonaron el país. Un grupo de ellos empezó a difundir información desde Ruanda con la ayuda de emisoras ruandesas que pueden escucharse en Burundi, mientras los periodistas que se quedaron comenzaron a sufrir amenazas e intimidaciones. El Gobierno acusa desde entonces a directores de medios y periodistas de apoyar el intentó el golpe de Estado sin presentar nunca cargos concretos, pero atosigando con estos interrogatorios, que son la excusa para mantener clausurados los medios, lo que impide que se pueda informar sobre el clima de terror generalizado que se vive y las detenciones masivas y continuas que practica la policía. La policía impide que los periodistas se acerquen a determinados barrios lanzando disparos al aire.

En junio, se registraron agresiones y amenazas concretas: la corresponsal de Voice of América, Diane Nininahazwe, fue atacada con el lanzamiento de una granada a su casa después de recibir amenazas de muerte por seguir informando. Dos reporteros de medios internacionales fueron agredidos por la policía en

la región de Bubanza cuando intentaban entrevistar a los familiares de personas que habían sido secuestradas durante la noche. Y a dos reporteros de France 24 y de la BBC se les retiró la acreditación por lo que tuvieron que abandonar el país.

En julio, después de unas elecciones celebradas en medio de un apagón informativo y sin fiabilidad, las emisoras y medios privados continuaron clausurados. El Gobierno mantuvo el cierre con el pretexto de proteger las pruebas de la investigación abierta por el intento de golpe en el que pretende implicar a los medios.

Al menos 90 periodistas siguen huidos en el extranjero en condiciones muy precarias, y los que siguen en el país no tienen ingresos económicos. Un grupo de periodistas en el exilio lanzó una emisora en Internet, Inzamba, que emite dos horas de noticias cada noche, aunque sufre ataques informáticos y el plagio de su logotipo con otro sitio similar que manipula la información.

En septiembre, el Gobierno intensificó su control sobre el único medio que aún publica información independiente en Burundi, el semanario Iwacu, al que el asesor de prensa presidencial insulta y amenaza continuamente.

En octubre, fueron detenidos en la vecina República Democrática del Congo, dos periodistas y un técnico de Radio le Messager du Peuple por

emitir programas de información política producidos por la Radio Pública Africana, una de las emisoras prohibidas en Burundi.

En noviembre, seis meses después del intento de golpe, continuaron los interrogatorios al director del semanario Iwacu, al que el Gobierno pretende implicar en los sucesos, lo mismo que a los demás directores de medios que sufren interrogatorios desde julio.

Página | 13

Superficie: 475.440 km² Población: 22.770.000 habitantes Jefe del Estado: Paul Biya Presidente del Gobierno: Philemon Yang

Puesto

133 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Son frecuentes las detenciones e interrogatorios a periodistas en Camerún cada vez que publican artículos o cubren acontecimientos de los que pudiera desprenderse alguna crítica al Gobierno. Los informadores sufren amenazas e intimidaciones, y muchos de ellos pasan meses detenidos sin acusación o acaban enfrentándose a abusivos procesos judiciales.

El corresponsal de Radio France Internationale, Ahmed Abba, fue detenido, en julio, mientras trabajaba en Moroua. La policía lo retuvo durante quince días y posteriormente estuvo incomunicado varias semanas en Yaundé sin que se presentaran cargos ni acusaciones, ni fuera presentado ante un juez. También en julio, fue detenido y sometido a un largo interrogatorio el director del diario Mutations, Xavier Messe, por un artículo publicado en el que se relataban los enfrentamientos políticos entre miembros del partido del presidente, Paul Biya, que no admite ninguna crítica.

En septiembre, la policía detuvo y encarceló durante varios días al periodista freelance, Simon Ateba, al que acusó de espionaje en el campo de refugiados nigerianos de Minawao, donde elaboraba un reportaje. Y el mismo mes fue detenido el reportero de Génération Libre, François Fogno Fotso, por tomar fotos de los enfrentamientos con la policía durante un evento organizado por una ONG que el Gobierno considera ilegal. Un tribunal de Yaundé ha

acusado al reportero de rebelión y desobediencia a la policía.

Y se arrastran casos pendientes del año anterior como los de Félix Cyriaque Ebole Bola, del periódico Mutations y Rodrigue Tongue, de Le Messager. Ambos siguen a la espera de juicio ante un tribunal militar por supuesta negligencia en informar a la policía de asuntos que afectan a la seguridad. La acusación contra ellos fue ratificada en diciembre. Por su parte Zacharie Ndiomo, editor de Le Zénith, sufrirá un segundo juicio por la denuncia por calumnias que presentó en su contra un miembro del Gobierno.

CAMERÚN

ÁFRICA

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Superficie: 1.284.000 km² Población: 13.590.000 habitantes Jefe del Estado: Idriss Deby Itno Presidente del Gobierno: Kalzeube Payimi

Deubet

Puesto

135 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En Chad se suceden los procesos judiciales contra periodistas y las detenciones y expulsiones arbitrarias son el sello del Gobierno del Presidente Idriss Déby para imponer la censura sobre cualquier crítica.

En mayo, dos periodistas de una radio comunitaria en Sahr fueron amenazados por el jefe local de Seguridad por informar sobre un posible desvío de carburantes en la región.

En junio, se registraron varios incidentes: La policía agredió brutalmente y detuvo durante un día al director del periódico Al-Widha, Mahamat Ramadane, por cubrir una operación policial. El enviado especial de Radio France, Laurent Correau, mientras cenaba en su hotel, fue detenido y trasladado violentamente por la policía al aeropuerto y expulsado del país. El periodista se había acreditado para cubrir el juicio contra un antiguo líder político de Chad. Y el jefe de redacción del periódico Le Haut-Parleur, Mbayrabé Ouaye, fue detenido por la denuncia por difamación que presentó el hermano del Presidente, Salaye Deby. Más tarde, en octubre, Mbaïrabé Ouaye, fue detenido y golpeado brutalmente, esposado y con los ojos vendados, para que revelara las fuentes de un artículo, publicado la semana anterior, en el que aportaba datos y acusaba de ladrones al presidente y a su hermano, director de aduanas.

En julio, un juez ordenó el cierre del semanario Abba Garde y la incautación de la última edición por una denuncia de la oficina del presidente por la publicación del artículo "Idriss Déby, el Hitler de los tiempos modernos", a pesar de que la ley obliga a escuchar a las partes en un tribunal antes de tomar esa medida. El director del semanario, De la Tchiré, que pasó cuatro meses detenido hace dos años, huyó al extranjero unas semanas antes por la amenaza policial de detenerle.

CHAD

ÁFRICA

Página | 15

Superficie: 342.000 km² Población: 4.559.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno:

Denis Sassou-Nguesso

Puesto

107 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El cierre de medios y la detención de periodistas ha seguido siendo el estilo del Gobierno del presidente Sassou-Nguesso para enfrentarse a las críticas, como viene siendo habitual en los últimos años.

En julio, fueron suspendidos los periódicos Polele-Polele y La Voix du peuple por dos artículos sobre la familia del presidente y sobre el ministro de correos, respectivamente, que claramente violaban la ética periodística, aunque RSF considera exagerada la medida de la suspensión sine die de las publicaciones, ya que la difamación puede ser denunciada ante los tribunales para que los responsables puedan ser castigados.

No es la primera vez que el Gobierno corta por lo sano con este tipo de medidas, a lo largo de 2014 varios medios (el periódico Talassa y el diario La Griffe y la emisora Radio Foro de Derechos Humanos) fueron suspendidos siempre en relación con publicaciones sobre el Gobierno o sobre el Presidente.

En octubre, aumentaron las amenazas y el clima de intimidación contra los periodistas: Las amenazas sobre el freelance Christian Perrin arreciaron por parte del alcalde Ponte-Noire y la policía del lugar por la cobertura que hizo de las manifestaciones que acababan de celebrarse, en las que la policía abrió fuego contra los manifestantes. Perrín había logrado escapar de un intento de secuestro unas semanas antes.

También en octubre, el periodista del diario online Brazza News Ghys Fortuné Bemba Dombe fue detenido después de escribir en un artículo que el presidente de la república utiliza a mercenarios para atacar a sus opositores.

CONGO

ÁFRICA

Página | 16

Superficie: 322.460 km² Población: 22.160.000 habitantes Jefe del Estado: Alassane Dramane Ouattara Presidente del Gobierno: Daniel Kablan

Duncan

Puesto

86 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Durante 2015 continuó prácticamente en punto muerto la investigación sobre la desaparición, hace once años, del periodista francés Guy-André Kieffer mientras investigaba el proceso de producción y venta de cacao en Costa de Marfil, líder mundial en la producción de cacao, a pesar de que en 2014 las presidencias de Francia y de Costa de Marfil se comprometieron a impulsar la investigación.

En julio, fue detenido y encarcelado el periodista y editor del diario Hoy, José Gnanhoua Titi, acusado de insultar al jefe del Estado y de falsedad, por un artículo en el que se atribuían a fuentes de la Seguridad francesa la información de que el presidente Alassane Ouattara desviaba en su beneficio los fondos de ayuda al desarrollo.

COSTA DE MARFIL

ÁFRICA

Página | 17

Superficie: 117.600 km² Población: 5.110.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Issaias Afworki

Puesto

180 De 180 países



BARÓMETRO 2015







No hubo noticias durante 2015 de nuevas muertes, ataques o nuevos encarcelamientos de periodistas en Eritrea, nada extraño si se considera la falta de libertad de prensa que impera en el país, donde únicamente los medios oficiales pueden publicar. Se sigue sin saber nada de los al menos 16 periodistas que aún permanecen encarcelados desde hace varios años. Sí se conoció que los periodistas que lograron huir a la vecina Uganda y a Sudán continuaron durante el año siendo perseguidos por agentes del Gobierno de Eritrea. Asimismo los exiliados eritreos en Suecia e Italia fueron amenazados e incluso agredidos por partidarios del gobierno eritreo por criticar al régimen. Eritrea lleva ocho años en el último lugar en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF.

El año comenzó con una noticia esperanzadora: Yirgalen Fisseha, apadrinada por la sección española de RSF, y otros cinco periodistas encarcelados desde febrero de 2009 consiguieron la libertad bajo fianza. La redada que sufrió Radio Bana, una pequeña emisora con sede en la capital que difundía programas educativos, fue quizás la incursión más dramática de aquel año. Todo su equipo, compuesto de unos 50 periodistas, fue detenido y trasladado al centro de detención de Dobozito, a las afueras de la capital, sin ninguna explicación.

En abril de 2015, RSF solicitó a la Unión Europea que condicionase la ayuda aprobada para Eritrea (que se triplicó este año) a que se demostrasen avances en el respeto a los derechos humanos en ese país, donde no existe ningún medio de comunicación independiente desde 2001, cuando fueron cerrados todos los medios y desaparecieron once periodistas, al menos siete de los cuales han muerto a lo largo de estos 14 años, encarcelados en condiciones infames, sin que se formularan acusaciones contra ellos ni se les juzgara.

El 8 de junio, se publicó el informe de Naciones Unidas en el que se detallan las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen del Presidente Isaías Afeworki, incluidas las detenciones arbitrarias de periodistas. Pese a que se prohibió a la comisión visitar el país, el informe retrata las sistemáticas violaciones de los derechos humanos a través de más de 500 entrevistas con eritreos en el exilio y 160 aportaciones por escrito, incluidas las de RSF. En sus conclusiones, el informe de Naciones Unidas, pide al Gobierno que ponga inmediatamente en libertad a las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los periodistas, que inicie un mecanismo para conocer la situación de los desaparecidos y que establezca las medidas para que se pongan en marcha medios de comunicación independientes en Eritrea.

ERITREA

ÁFRICA

Página | 18

Precisamente en junio, se cumplieron 5.000 días de cárcel para Dawit Isaak, periodista con doble nacionalidad sueca y eritrea, fundador del periódico independiente Setit, en Asmara, que nunca ha sido acusado ni condenado por cargo alguno y que está apadrinado por la sección española de RSF.

En septiembre, RSF pidió al Gobierno de Eritrea que demostrara con pruebas que los periodistas Dawit Habtemichael, Mattewos Habteab y Wedi Itay seguían vivos, después de que la embajadora eritrea en Francia cuestionara ante la UNESCO la información de que ellos tres, así como otros cuatro más, hubiesen muerto en prisión.

Página | 19

Superficie: 1.104.300 km² Población: 96.960.000 habitantes Jefe del Estado: Mulatu Teshone Wirtu Presidente del Gobierno: Hailemariam

Desalegn

Puesto

142 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Etiopía sufre una dramática disminución del número de medios de comunicación. Muchos reporteros y editores de prensa privada huyeron del país en 2014, después de haber sido acosados, perseguidos y amenazados por las autoridades. Los periodistas en Etiopía sufren persecución constante bajo la ley antiterrorista de 2009, que prevé largas penas de prisión y convierte en delito terrorista cualquier información que no le guste al gobierno.

En julio, quedó en libertad la periodista Reyot Alemu, coincidiendo con la celebración de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo en Addis Abeba. La periodista, que está en la lista “100 héroes de la libertad de información” de RSF, fue condenada, en 2011, a 14 años de cárcel, luego reducidos a cinco, acusada de terrorismo por sus publicaciones. Su abogado reclamó este año que ya había cumplido dos tercios de la sentencia. Con Alemu fueron condenados otros dos periodistas, y uno de ellos, el antiguo editor del Awramba Times, Woubeshet Taye, siguió encarcelado.

En diferentes fechas fueron quedando también en libertad todos los blogueros de Zone9, detenidos en abril de 2014. Dos de ellos fueron liberados, en julio, por orden del ministro de Justicia sin que se diera ninguna explicación de su puesta en libertad ni de su detención. Otros cuatro fueron absueltos de todos los cargos de terrorismo y quedaron en libertad, en octubre, cuando finalmente se celebró un juicio que se había aplazado 38 veces.

También fue absuelta la cofundadora del grupo Zone9, Soleyana Gebremichael, que abandonó el país y vive en Estados Unidos. No obstante las absoluciones, en noviembre, cuando uno de los blogueros absueltos se disponía a viajar a París para recoger el premio RSF a la Libertad de Prensa en nombre del colectivo, le fue confiscado el pasaporte y los agentes de inmigración le impidieron salir del país.

Todos ellos habían sido acusados, bajo la ley antiterrorista, de colaborar con organizaciones extranjeras de derechos humanos y de incitar a la violencia. Zona 9 se creó en 2012 como "un grupo informal de jóvenes blogueros que trabajan juntos para crear una narración independiente alternativa sobre las condiciones socio-políticas en Etiopía". Su nombre alude a las zonas de detención en la famosa prisión de Kality, en Addis Abeba, donde se encarcela a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas. Las autoridades bloquearon el blog desde su creación, pero siguió accesible en Internet desde el extranjero hasta que suspendió su actividad unos meses. Cuando anunciaron la reapertura es cuando fueron detenidos los blogueros, en abril de 2014.

ETIOPÍA

ÁFRICA

Página | 20

Superficie: 267.667 km² Población: 1.672.000 habitantes Jefe del Estado: Ali Bongo Ondimba Presidente del Gobierno: Daniel Ona Ondo

Puesto

95 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las amenazas del Gobierno a periodistas y medios se producen en cuanto se publica alguna información que moleste a las autoridades.

En enero, continuaron las amenazas de muerte al periodista de investigación Jonás Moulenda, que se ha tenido que refugiar en Camerún tras denunciar haber sido secuestrado y amenazado por un miembro del gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, después de publicar una serie de artículos en el periódico Echos du Nord. Cuando Moulenda presentó la denuncia en Gabón, en lugar de investigar los hechos, la policía le interrogó a él sobre las cartas al director que se recibían en su periódico criticando al Gobierno. La policía de Camerún trasladó al periodista a un lugar seguro.

En mayo, fue detenido ilegalmente y conducido a dependencias militares el director de Ezombolo, Jean de Dieu Ndoutoum-Evi, supuestamente por un artículo publicado la semana anterior en el que se informaba de una reunión secreta entre el presidente Ali Bongo y tres generales.

GABÓN

ÁFRICA

Página | 21

Superficie: 11.300 km² Población: 1.849.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Yahya Jammeh

Puesto

151 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La tónica sostenida desde hace años por el Gobierno del Presidente Jammeh de acosar a periodistas y medios si no le gustan sus contenidos se ha mantenido durante 2015.

Radio Teranga volvió a ser clausurada un año más (también fue cerrada varios meses en 2011 y 2013) y en septiembre se retiró la acreditación que tenía para informar al equipo de Al Jazeera. Aunque el caso más llamativo este año fue el del periodista Alagie Sisay, director de radio Teranga, que, acusado de sedición, fue detenido ilegalmente durante 28 días, en julio, después puesto en libertad, y de nuevo detenido en agosto. El 4 de ese mes comenzó un juicio contra él que se ha convocado y pospuesto desde entonces en once ocasiones. La acusación de sedición se refiere a que envió desde su móvil un "meme" político con un fotomontaje en el que el presidente Yaya Jammeh era apuntado con un arma.

GAMBIA

ÁFRICA

Página | 22

Superficie: 245.860 km² Población: 12.040.000 habitantes Jefe del Estado: Alpha Condé Presidente del Gobierno: Mohamed Said

Fofana

Puesto

102 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Cinco meses antes de las elecciones de octubre, el Gobierno, a través de las autoridades del departamento de comunicación, prohibió a todos los medios publicar editoriales, comentarios o crónicas de opinión hasta el comienzo de la campaña oficial.

Ante las protestas generalizadas, el Gobierno rectificó y se limitó a exigir profesionalidad y responsabilidad en el uso de los géneros periodísticos de opinión, pero mantuvo la prohibición para las trasmisiones en directo y para cualquier información, comentario o caricatura que pusiera en peligro la seguridad nacional o el orden público.

GUINEA CONAKRY

ÁFRICA

Página | 23

Superficie: 28.051 km² Población: 820.900 habitantes Jefe del Estado: Teodoro Obiang Presidente del Gobierno: Vicente Ehate Tomi

Puesto

167 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La censura en Guinea Ecuatorial es la norma. Todos los medios, públicos y privados, están controlados por el Gobierno y sólo se publica lo que interesa al clan del presidente Obiang Nguema.

En marzo, fue detenido durante varias horas el periodista independiente, corresponsal de varias agencias internacionales, entre ellas France Press, Samuel Obiang Mbana, mientras cubría una de las protestas estudiantiles de Malabo de las que nunca se informa en los medios guineanos. La policía le incautó el teléfono, la cámara y su documentación, que le devolvieron al día siguiente, salvo el teléfono, que desapareció. Mbana, que ha sido represaliado en varias ocasiones en los últimos años, recibe constantes amenazas y es excluido sistemáticamente de cualquier acontecimiento para los que se le niega siempre la acreditación.

GUINEA ECUATORIAL

ÁFRICA

Página | 24

Superficie: 569.259 km² Población: 44.350.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Uhuru Muigai

Kenyatta

Puesto

100 De 180 países



BARÓMETRO 2015

1 Periodista asesinado






John Kituyi, colaborador del semanario The Mirror, fue golpeado, el 30 de abril, por dos individuos cuando volvía a su casa y murió en el hospital aquella misma noche. Los atacantes se llevaron su teléfono, pero no le robaron la cartera. Kituyi recibía amenazas desde que se publicaron en el semanario sus informaciones sobre el juicio en el Tribunal Penal Internacional contra el vicepresidente Willian Ruto, por los casos de violencia que tuvieron lugar en 2007 tras las elecciones. En las informaciones de Kituyi se relataban las interferencias de las autoridades sobre los testigos previstos.

Dos meses antes, en febrero, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales varias disposiciones de la polémica Ley de Seguridad, entre ellas dos que limitan la libertad de prensa ya que penalizan hasta con tres años de prisión las coberturas mediáticas que pudieran causar alarma pública o perturbar las operaciones de seguridad de la policía o las fuerzas armadas. También fue declarado inconstitucional el apartado que impone cuotas de refugiados, lo que afecta directamente a los periodistas etíopes y somalíes refugiados en Kenia. Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión del Supremo por lo que todos los artículos de la ley siguieron en vigor.

KENIA

ÁFRICA

Página | 25

Superficie: 587.041 km² Población: 23.570.000 habitantes Jefe del Estado: Hery Martial

Rajaonarinampianina Presidente del Gobierno: Jean Ravelonarivo

[desde enero de 2015]

Puesto

64 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La fuerte polarización política del país y la corrupción generalizada enrarecen y dificultan las posibilidades de que haya libertad de información, ya que la violencia contra periodistas y medios obligan a la autocensura y al silencio. Este estado de cosas se ha agudizado desde la llegada al poder del presidente Héry Rajaonarimampianina, en enero de 2014.

En agosto, fueron asaltados los locales de la radiotelevisión Viva en el distrito de Fianarantsoa por dos individuos que destruyeron la mesa de mezclas, las cámaras y los equipos técnicos de producción y emisión. El ataque se produjo poco después de las elecciones municipales del 31 de julio, en las que se vivió una guerra mediática entre rivales políticos y cuyos resultados fueron criticados en esta emisora. La cadena de radio y televisión Viva es propiedad del líder del partido de oposición Mapar, que fue presidente del país durante la transición.

MADAGASCAR

ÁFRICA

Página | 26

Superficie: 1.030.700 km² Población: 3.984.000 habitantes Jefe del Estado: Mohamed Ould Abdelaziz Presidente del Gobierno: Yahya Ould

Hademine

Puesto

55 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En marzo, 23 organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, entre ellas RSF, pidieron en una declaración conjunta internacional la puesta en libertad del bloguero Mohamed Cheikh ould Mohamed Mkhaïtir, que fue condenado a muerte en la Nochebuena de 2014 por una entrada en su blog, un año antes, en la que criticaba a los que usan la religión para discriminar a las personas según el sistema de castas que rige en la República Islámica de Mauritania. El bloguero fue juzgado y condenado a muerte, acusado de apostasía, ya que las autoridades consideraron que en el texto, que fue inmediatamente retirado por el propio bloguero, se vertían blasfemias contra Mahoma. Mohamed Cheikh ould Mohamed Mkhaïtir sigue en prisión desde hace ya dos años y no hay noticias sobre el recurso de apelación contra su condena a muerte que presentaron los abogados de oficio que lo defendieron.

MAURITANIA

ÁFRICA

Página | 27

Superficie: 799.380 km² Población: 27.220.000 habitantes Jefe del Estado: Filipe Jacinto Nyusi Presidente del Gobierno: Carlos Agostinho do

Rosario

Puesto

85 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Un periodista asesinado a tiros en la calle y varios más perseguidos en los tribunales, siempre por casos de presunta difamación contra miembros del gobierno, resumen el estado de la libertad de prensa en Mozambique durante el año.

En agosto, fue asesinado el periodista Paulo Machava, editor del digital Diario de Noticias y colaborador de otros medios como la revista Savana o la Radio estatal. Machava salía de su casa en Maputo para hacer jogin antes de ir al periódico cuando le dispararon desde un coche. Recientemente había sostenido que se estaba violando la ley de Amnistía de 2014 en un caso de difamación contra periodistas.

Antes, en junio, el periodista de Expresso Moz, Nelson Mucandze, y su editor, Anselmo Sengo, fueron condenados a una desmesurada multa de 250.000 euros, por la denuncia de difamación que puso contra ellos el antiguo secretario general del partido político Frelimo, Filipe Paunde.

MOZAMBIQUE

ÁFRICA

Página | 28

Superficie: 1.267.000 km² Población: 19.110.000 habitantes Jefe del Estado: Issoufou Presidente del Gobierno: Brigi Ra ni

Puesto

47 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La situación de la libertad de información en Níger, tras lograr considerables avances en los últimos años, es descrita como desastrosa por los periodistas del país, no solo por la violencia y las detenciones que sufren bajo el mandato del Presidente Issoufou, sino también por el proceso de control de los grandes medios desde el poder, que está teniendo consecuencias desastrosas. La oficina del Presidente está financiando periódicos y canales de televisión para que difundan sus comunicados y silencien lo que no interesa al poder.

En enero, la policía irrumpió en la sede de cuatro medios de comunicación y atacó directamente al menos a 8 periodistas mientras se desarrollaba en Niamey, la capital, la manifestación de rechazo por los atentados contra la revista Charlie Hebdo organizada por la oposición. Sólo una semana antes, el Presidente Mahamadou Issoufou había asistido en París a la manifestación en la que se condenó la violencia contra los periodistas. El día de la manifestación la policía irrumpió en la sede de Radio Télévision Ténéré y cortó las emisiones agrediendo a su personal. Una redada similar se realizó en el grupo de medios Dounia y en la sede de Bonférey, un grupo de medios crítico con el Gobierno, donde la policía agredió a un productor y un reportero y les detuvo varias horas. Durante la manifestación la policía agredió a periodistas de varios canales privados de radio y televisión.

En noviembre, cinco periodistas fueron detenidos, algunos durante varios días, otros durante algunas horas, todos ellos en relación con la cobertura de informaciones sobre la oposición. Souleymane Salha, editor del semanario Le Courrier, estuvo varios días detenido en dependencias policiales por la publicación de un artículo sobre la detención del líder de la oposición unos días antes. Los otros cuatro periodistas detenidos, todos de canales privados de televisión, sólo intentaban cubrir las manifestaciones de apoyo al líder opositor detenido. La policía les confiscó sus teléfonos y equipos de trabajo.

NÍGER

ÁFRICA

Página | 29

Superficie: 923.770 km² Población: 177.500.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Muhammadu

Buhari [desde 29.5.2015]

Puesto

111 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El clima de violencia y tensión política se extremó a principios de año en Nigeria coincidiendo con las elecciones presidenciales, desarrolladas en medio de un agujero negro informativo. Se ha vuelto tan difícil ejercer el periodismo en Nigeria que en la práctica ya es una tarea imposible.

El Ejército confiscó a principios de año varios números de periódicos alegando motivos de seguridad y los periodistas tienen prohibido por el Gobierno y el Ejército no sólo acceder a grandes zonas del país sino incluso cubrir los juicios a los miembros de Boko Haram en la capital. Las matanzas que lleva a cabo ese grupo radical islamista, que se ha declarado como integrante del Daesh, apenas pueden ser documentadas y los únicos datos que se conocen son los que pueden aportar las víctimas que logran huir, las imágenes de los satélites que muestran grandes zonas con pueblos enteros destruidos y los cálculos que efectúan las organizaciones humanitarias del número de víctimas en cada matanza, que siempre son miles.

Boko Haram ha destruido totalmente todos los medios y emisoras que existían en las amplias zonas del norte del país que ahora controla el grupo islamista. Ante esta situación el Gobierno practica el total hermetismo frente a la prensa y no concede visados ni permisos a periodistas extranjeros, una táctica igual de nefasta que la del año anterior, cuando Ejército y Gobierno anunciaron en mayo la puesta en libertad de las niñas secuestradas por Boko Haram en Chibok, y

en septiembre aseguraron que su líder, Abubakar Shekau, estaba muerto. Ambas informaciones eran falsas.

NIGERIA

ÁFRICA

Página | 30

Superficie: 622.980 km² Población: 4.616.000 habitantes Jefe del Estado: Catherine Samba Panza Presidente del Gobierno: Mahamat Kamoun

Puesto

110 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Un informe de RSF sobre la libertad de información en la República Centroafricana elaborado en 2015 detalla que medios y periodistas siguen atrapados entre varios frentes hostiles en un contexto de guerra civil. Grupos como Seleka o los anti-Balaka interfieren, cuando no atacan, continuamente a los medios que mantienen sus publicaciones en los lugares bajo su control. El informe concluyó que la prensa escrita, mediatizada y presionada, acaba publicando más propaganda que información o informaciones plagadas de excesos. Pero en cambio las radios comunitarias, de alcance local, intentan y consiguen en su mayoría mantener su línea de información neutral, al margen de la tensión y las frecuentes interferencias.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

ÁFRICA

Página | 31

Superficie: 2.344.860 km² Población: 74.880.000 habitantes Jefe del Estado: Joseph Kabila Presidente del Gobierno: Augustin Matata

Ponyo

Puesto

150 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Docenas de periodistas son agredidos o reciben amenazas de todo tipo en cuanto publican cualquier información que moleste a las autoridades locales, estatales o gremiales, a un jefe de policía o a un hacendado de cualquier región de la República Democrática del Congo. El Gobierno practica la censura con profusión y el clima de impunidad sobre la violencia que se practica sobre los periodistas propicia el aumento de la misma sin que se tomen medidas que les protejan. Este año fue asesinado un periodista mientras continúan impunes los de otros dos, realizados en años anteriores.

En abril, fue asesinado brutalmente el periodista Soleil Balanga, de Radio Monkoto, en la provincia de Equateur. El atacante, hijo del supervisor del Hospital General de Monkoto, degolló al periodista cuando volvía a su casa, después de haber escuchado en la radio la información de que su padre había sido sustituido por otro médico. Matar al mensajero en la República Democrática del Congo, o amenazarle, se ha convertido en una costumbre prácticamente tolerada ya que los delitos violentos contra los periodistas no se investigan ni se persiguen, ni por los jueces ni por la policía.

En noviembre, también resultó herido por disparos de la policía el reportero de Radio Sauti ya M'kaaji, Mussa Kabala, cuando cubría una manifestación en Maniema en protesta por la gestión de la sanidad en la región. La policía dispersó a tiros a los manifestantes y el periodista

resultó herido en el brazo. Otro periodista de radio Mendeleo fue detenido en la misma manifestación.

En enero, el Gobierno apagó Internet en Kinshasa tras las manifestaciones de protesta por la nueva ley electoral en las que murieron varias personas. Durante las manifestaciones, un cámara de Télé Kin fue agredido por la policía mientras grababa cómo ésta disparaba munición real para dispersar a los manifestantes. También fueron cortadas varios días las señales de Télé Kin y de la Radio Televisión Católica Elikya.

En marzo, fue detenido durante varios días el reportero de Antenne A Erick Izami por agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia, mientas cubría una rueda de prensa en Kinshasa, en la que también fueron detenidos un fotógrafo de France-Presse, dos periodistas de la BBC y una reportera de la cadena belga RTBF, aunque éstos fueron puestos en libertad horas después, y varios de los convocantes. La rueda de prensa fue convocada por activistas de derechos humanos de Senegal y Burkina Faso reconocidos como protagonistas en la transición democrática de esos países, pero a los que el portavoz del gobierno congoleño señaló como instructores militares de insurrecciones.

También en marzo, fue desmantelada en Goma la cadena privada de televisión Mishapi Voice TV, por orden de las autoridades de telecomunicación que dijeron que sus emisiones perturbaban el tráfico aéreo sin que se hubiera formulado

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

ÁFRICA

Página | 32

ninguna denuncia, ni investigación judicial ni se asignara a la cadena otras frecuencias. El propietario de Mishapi Voice TV mantiene una batalla legal con funcionarios provinciales sobre otra empresa que dirigía, por lo que considera que el cierre de la cadena es una represalia, ya que la Agencia de Telecomunicaciones le exigió después 25.000 dólares por otra frecuencia.

En junio, al cumplirse el aniversario del asesinato del reportero de radio Okapi, Serge Maheshe, los periodistas de la región de Sud-Kivu organizaron una marcha para pedir protección a las autoridades y denunciar el elevado nivel de violencia al que están expuestos. Los periodistas denunciaron las amenazas que sufren continuamente y la impunidad sobre los asesinatos de informadores, sin investigaciones ni tutela judicial efectiva tanto en el caso de Serge Maheshe, asesinado el año anterior, como en el de Didace Namujimbo, también de radio Okapi, que fue asesinado en 2009. Los autores del asesinato escaparon de la prisión y jamás han sido juzgados.

Página | 33

Superficie: 26.340 km² Población: 11.340.000 habitantes Jefe del Estado: Paul Kagame Presidente del Gobierno: Anastase Murekezi

Puesto

161 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El gobierno ruandés del Presidente Kagame sigue cubriendo con un manto de oscuridad y tergiversación todo lo relacionado con el genocidio que asoló el país 26 años atrás y utilizando la acusación de "negar el genocidio" o buscar "la división entre ruandeses" como un comodín capaz de silenciar las críticas o informaciones que no le convengan. Cualquier mención étnica en referencia a los sucesos del genocidio de 1994 es considerada en Ruanda como un delito.

En febrero, fue condenado a 25 años de cárcel el periodista Cassien Ntamuhanga, que dirige la emisora religiosa Amazing Grace. La condena la dictó un tribunal de Kigali, que le declaró culpable de conspiración contra el Gobierno, de pertenecer a una banda criminal y ser cómplice de actos terroristas. En el mismo juicio fueron condenadas otras dos personas. Hasta su detención, en abril de 2014, Ntamuhanga nunca había tenido problemas con las autoridades. El periodista denunció durante el juicio haber sido detenido ilegalmente y haber confesado bajo tortura.

Y durante todo el año continuó el enfrentamiento del Gobierno con la BBC, cuyas emisiones se prohíben de forma intermitente, a raíz del documental de la cadena británica titulado "Ruanda: la historia no contada". Una comisión de investigación acusó en marzo a la BBC de negar el genocidio de 1994, incitar al odio y la división entre ruandeses y abusar de la libertad de prensa después de conocer el documental, elaborado el

año anterior con motivo de los 25 años del genocidio. La comisión recomendó al Gobierno prohibir su emisión y demandar a la cadena. Las autoridades ruandesas ya suspendieron en octubre del 2014 las emisiones de la BBC en Kinyarwanda y la emisora teme que se ponga fin también a sus emisiones en swahili y en inglés.

RUANDA

ÁFRICA

Página | 34

Superficie: 197.161 km² Población: 14.550.000 habitantes Jefe del Estado: Macky Sall Presidente del Gobierno: Mahammed Dione

Puesto

71 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La amenaza del terrorismo islamista que se extiende por la mitad norte de África ha inclinado a las autoridades senegalesas a sacrificar y reducir las cotas de libertad de información, que hasta ahora eran de las más altas de África, con la excusa de aumentar la seguridad, de lo que se han resentido todas las informaciones referidas a actividades militares. Incluso el Parlamento ha retrasado la adopción de la nueva ley de prensa en la que se iba a despenalizar la difamación.

El director y un reportero de L'Observateur fueron acusados, en julio, de violar secretos de defensa por las informaciones del periódico sobre la supuesta participación de tropas senegalesas en las operaciones militares de Arabia Saudí en Yemen. Ambos periodistas fueron interrogados durante varias horas y finalmente imputados. Un redactor del periódico Enquête fue detenido el mismo día por la misma causa.

Y en diciembre fueron detenidos e interrogados por la policía un directivo, un reportero y un presentador del grupo D-Média por los comentarios que hicieron en un programa sobre una información que publicaba Le Monde sobre sobornos deportivos que fueron empleados para financiar las campañas de la oposición en las elecciones de 2009.

SENEGAL

ÁFRICA

Página | 35

Superficie: 637.660 km² Población: 10.500.000 habitantes Jefe del Estado: Hassan Sheik Mohamud Presidente del Gobierno: Omar Abdirashid Ali

Sharmarke

Puesto

172 De 180 países



BARÓMETRO 2015




1 Periodista encarcelado



Medios y periodistas siguen atrapados en Somalia en la oscuridad de los asesinatos de periodistas y el cierre de medios sin que se observe ninguna mejoría para la libertad de información en el país más peligroso de África para ejercer el periodismo y donde la milicia islamista de Al Sahabab sigue ejercitando su violencia. El Gobierno ha seguido practicando el cierre de los medios de comunicación que le resultan molestos, la detención de los periodistas que se empeñan en seguir informando y la indiferencia absoluta sobre los asesinatos de periodistas que siguen practicándose en el país, 37 en los últimos 5 años, tres este año, aunque en uno de los casos aún no está acreditado oficialmente que fuera debido a su profesión.

En marzo, fue asesinado Daud Ali Omar, de Radio Baidoa. En septiembre, el periodista Abdullahi Ali Hussein fue asesinado a tiros en Mogadiscio por hombres armados que lo siguieron cuando salía de una mezquita. Hussein, director de la edición en inglés del digital Waagasucub, frecuentemente amenazado por su cobertura sobre el terrorismo y la corrupción, estaba recibiendo amenazas telefónicas desde la semana anterior. Y en diciembre fue asesinada la periodista de la radiotelevisión nacional somalí Hindia Mohamed. Una bomba colocada en su coche le provocó heridas de gravedad y murió horas más tarde en el hospital Madina de Mogadiscio. El marido de Mohamed, Liban Ali Nur, que también trabajó para la televisión nacional, fue asesinado en un

atentado suicida hace tres años, en septiembre de 2012, en un restaurante de Mogadiscio frecuentado por trabajadores de los medios. De todos los asesinatos es sospechoso el grupo islámico Al Shabaab, aunque no se conoce que se haya abierto ninguna investigación.

En enero, fueron detenidos tres periodistas de Radio Risaala, que fue cerrada, por emitir una entrevista en la que se habló de un posible caso de ébola. Un día más tarde, otros dos periodistas de Radio Goobjoog, también fueron detenidos por informar sobre un ataque suicida en Mogadiscio en el que murieron cinco personas.

En marzo, tres periodistas de Radio Shabelle, varias veces cerrada a lo largo del año, fueron condenados a penas de prisión y elevadas multas. Un tribunal de Benadir les consideró culpables de publicar información falsa, exagerada o tendenciosa. Los periodistas estaban en prisión preventiva desde agosto de 2014, y la pena se da por cumplida, a falta de pagar las multas. La más abultada se impuso al propietario de la emisora (más de 9.000 euros), que también estuvo tres meses en prisión preventiva, aunque en el juicio fue absuelto de instigar a la delincuencia. Sin embargo, el editor de Radio Shabelle, Mohamed Bashir Hashi, continúa en prisión, desde septiembre de 2014, acusado de “alta traición” y de “insurrección armada contra los poderes del Estado”, delitos penados con la muerte. Hashi ya fue condenado a seis meses de cárcel, en 2013, por entrevistar a una mujer periodista que, a su

SOMALIA

ÁFRICA

Página | 36

vez, fue condenada a seis meses por difamación por denunciar haber sido violada.

En abril, fueron cerradas de nuevo Radio Shabelle y Sky FM, y hubo nuevas detenciones de periodistas, después de que la emisora emitiera la grabación del portavoz del grupo islamista Al-Shabaab en la que reivindicaban la matanza de estudiantes en la universidad Garissa, en Kenia. El gobierno somalí prohibió verbalmente el año anterior difundir declaraciones de Al-Shabaab, aunque nunca ha ratificado esa prohibición en una orden por escrito.

En octubre, fueron cerrados por orden del gobierno los estudios en Mogadiscio de Universal TV, que tiene su sede en Londres, y dos de sus periodistas detenidos durante una semana, después de la emisión de un programa, muy popular en el país, en el que dos parlamentarios comentaron las posibilidades de una moción de censura contra el Gobierno y la presencia de tropas etíopes en Somalia. Los estudios siguen cerrados.

Página | 37

Superficie: 238.391 km² Población: 1.250.000 habitantes Jefe del Estado: Mswati III Presidente del Gobierno: Barnabas Sibusiso

Dlamini

Puesto

155 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Un caso de abuso judicial contra un periodista que supuso un escándalo el año anterior se resolvió finalmente de acuerdo con los principios constitucionales del país de respetar la libertad de información.

En julio, después de un año y medio de cárcel, fue puesto en libertad Bheki Makhubu, director de la revista The Nation, que había sido condenado por desacato, a dos años de prisión en julio de 2014, por criticar en un artículo el sistema judicial y los abusos de algunos jueces. El juicio, que presidió precisamente uno de los jueces criticados en los artículos de Makhubu, estuvo plagado de irregularidades, abusos y humillaciones incalificables y el juez llegó a condenar junto al periodista a su abogado. La propia Corte Suprema de Suazilandia que anuló la sentencia dictaminó un año después que el periodista había sido injustamente condenado y que la sentencia carecía de base.

SUAZILANDIA

ÁFRICA

Página | 38

Superficie: 1.882.000 km² Población: 39.350.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Field Marshall

Omer Hassan Ahmed Al Bashir

Puesto

174 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La situación de la libertad de información en Sudán es extremadamente opresiva. En 2015 incluso aumentó la censura por la exigencia de la Agencia de Inteligencia de verificar previamente el contenido de las publicaciones de los medios de comunicación, lo que provoca continuas confiscaciones de periódicos y cierres arbitrarios. Además, se producen decenas de casos de periodistas acosados, detenidos e interrogados durante horas o días antes de ser puestos en libertad sin ninguna explicación. Todo ello al amparo legal de la Ley Nacional de Seguridad que otorga al Gobierno total impunidad para estos abusos.

En enero, la redactora jefe del periódico Al-Midan, Madeeha Abdella, fue acusada por los servicios de Inteligencia de crímenes contra el estado, delito castigado con la pena de muerte, por la entrevista que le hizo a un comandante separatista de Kurdufan del Norte. También acusaron de difamación el editor del periódico y un reportero. El periódico Al-Midan ha sufrido varias órdenes de cierre, seis en los últimos meses, y en esta ocasión se suspendió su publicación en papel.

En febrero, en el plazo de tres días, fueron confiscados 19 periódicos por los Servicios de Inteligencia, entre ellos la mayoría de los periódicos de la capital. No se especificaron los motivos de estas confiscaciones, que se produjeron dos meses antes de las elecciones generales, por lo que todos los medios sospecharon que el Gobierno evitaba así que se produjera cualquier tipo de debate político. El procedimiento empleado siempre es el mismo: esperar a que los periódicos estén impresos para

confiscar todas las copias e impedir su venta, lo que supone, además de una eficaz censura, la asfixia económica de los medios.

En julio, el periodista sudanés Walid Eldoud Elmakki Elhussein, residente en Arabia Saudí desde 2000, fue detenido sin cargos a petición de las autoridades de Sudan, que solicitaron su extradición. La noticia se conoció en septiembre a través de su familia que denunció que lo que persiguen las autoridades sudanesas es silenciar la web que edita Eldoud, en la que recoge información sobre Sudán.

En septiembre, fue detenida en Jartún la reportera de Al Jarreda, Eiman Mustafa, que durante cuatro días sufrió largos interrogatorios en las dependencias de los servicios de Inteligencia, por un artículo publicado unos días antes relacionado con el conflicto que mantienen algunos políticos sobre la legislación agrícola y por sus conexiones con movimientos juveniles de protesta. También fue detenida unos días más tarde la reportera de Al Sudani, Hiba Abedazeem, e interrogada por un artículo sobre la contaminación en Jartún.

En diciembre, la Agencia de Inteligencia, cerró el periódico Al-Tayar, en el que un editorial había pedido la dimisión del ministro de finanzas que había anunciado la restricción de los subsidios al combustible, la electricidad y el trigo. Desde principios de año este periódico ha sido confiscado en ocho ocasiones y sufrió un cierre de dos años entre 2012 y 2014.

SUDÁN

ÁFRICA

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Superficie: 644.329 km² Población: 11.910.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Salva Kiir

Mayardit

Puesto

125 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Hasta siete periodistas han sido asesinados este año en el país más joven de África, Sudán del Sur, donde la situación para la libertad de información siempre ha sido desastrosa desde su independencia, en 2011, y no ha hecho sino empeorar de año en año. En 2014 ya fueron cerrados muchos medios por el Gobierno y la autocensura es la única seguridad con la que pueden contar los periodistas. No hay medios extranjeros en el país, que podría describirse como un estado en apagón informativo.

En enero, la UNESCO informó del asesinato de cinco periodistas de varios medios en Sudán del Sur y urgió al Gobierno de ese país a tomar medidas para mejorar la seguridad de todos los trabajadores de los medios de comunicación. Los cinco periodistas asesinados eran Musa Mohammed Dahiyah, Butrus Martin Khamis, Dalia Marko, Randa George Adam y Adam Juma Adam, que viajaban en un convoy con oficiales locales en el estado de Bahr el Ghazal cuando fueron atacados por individuos armados no identificados. En el asalto, cometido el 25 de enero, murieron además otras seis personas.

En mayo, fue asesinado el periodista de radio Tamazuj James Raeth, un crimen que ni está resuelto ni siquiera se investiga, por lo que no se ha contabilizado en el barómetro de RSF.

Y en agosto, finalmente, fue asesinado en Juba, la capital, el reportero Peter Moi, colaborador de las revistas New Nation y The Cooperate Newspaper, por disparos de hombres armados que le esperaban a la salida de su trabajo. Sólo tres días antes el Presidente del país, Salva Kiir, había amenazado de muerte a todos aquellos periodistas que "se empeñen en trabajan contra el país", describiendo de esa forma cualquier publicación crítica con su Gobierno.

SUDÁN DEL SUR

ÁFRICA

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Superficie: 56.785 km² Población: 7.115.000 habitantes Jefe del Estado: Faure Essozimna Gnassingbé Presidente del Gobierno: Komi Klassou

Puesto

80 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Gobierno ha suspendido varios medios independientes a lo largo del año, y en particular, desde las elecciones presidenciales de abril, cuyos resultados fueron cuestionados, ha redoblado la presión sobre los medios de información independientes.

Entre los medios suspendidos o bloqueados se encuentra la web de noticias iciLome.com, conocida por informar sobre las actividades de la oposición, aunque el caso más grave fue la detención en mayo del director de La Nouvelle, Bonéro Lawson-Betum, cuyo domicilio fue registrado, por haber publicado en Facebook críticas hacia el ministro de Seguridad. La Nouvelle, conocida por sus críticas al gobierno, ha sido suspendida en otras ocasiones en el pasado.

TOGO

ÁFRICA

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Superficie: 23.200 km² Población: 876.200 habitantes Jefe del Estado: Ismail Omar Guelleh Presidente del Gobierno: Abdoulkader Kamil

Mohamed

Puesto

170 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Pocos medios se atreven en Yibuti a ejercer un periodismo independiente, y los contados periodistas que se atreven sufren enseguida acoso, persecución y detenciones.

En mayo, fue detenido de nuevo Maydaneh Abdallah Okieh, editor de la web de La Voix de Djibouti, la primera emisora independiente de la historia reciente del país. El periodista fue acusado, juzgado y condenado por difamación contra la policía hace dos años, por publicar imágenes de los agentes mientras dispersaban una manifestación pacífica. Entonces fue condenado a 45 días de cárcel, aunque en realidad pasó siete meses en prisión, en la que denunció torturas, condiciones inhumanas y negación de asistencia médica. La excusa para detenerle en 2015 fue que aun debía la multa que le fue impuesta de más de 10.000 euros, y que si no paga le llevará de nuevo a prisión.

YIBUTI

ÁFRICA

Página | 42

Superficie: 752.618 km² Población: 15.720.000 habitantes Jefe del Estado: Edgar Lungu Presidente del Gobierno: Inonge Wina

Puesto

113 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Los medios en Zambia están contagiados de la polarización y los enfrentamientos políticos que vive el país, por lo que es difícil para los periodistas trabajar en libertad, una situación que llegó a su extremo durante el periodo electoral de principio de año.

En enero, durante la campaña electoral, la radiotelevisión pública fue acusada de parcialidad por el principal partido de la oposición. Pocas semanas antes, en la precampaña, un ministro y otros altos cargos del Gobierno, del Frente Patriótico, irrumpieron en la sede de la corporación pública amenazando con el despido inmediato a quienes difundieran información sobre los partidos de oposición, lo que fue rechazado por el director de informativos que tuvo el apoyo del ministro de Información.

Pero los abusos, que habían empezado meses antes, continuaron en otros ámbitos. Varios activistas del Frente Patriótico, ocuparon y amenazaron en enero a la radio comunitaria Lukulu FM, asegurando que se saldarían cuentas tras las elecciones, después de que se hubiera emitido desde allí la campaña publicitaria del partido de la oposición. El Gobierno condenó estos y otros abusos y los frecuentes actos de intimidación de sus militantes, pero nunca se investigó, ni se acusó, ni se castigó a los responsables. Radio Walamo, con sede en Mpulungu, también denunció las amenazas de un parlamentario del Frente Patriótico que aseguró que cerraría la emisora y

despediría a toda su plantilla si no dejaba de cubrir las actividades de los partidos de la oposición en la región.

ZAMBIA

ÁFRICA

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Superficie: 390.760 km² Población: 15.250.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Robert Mugabe

Puesto

131 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El panorama sigue siendo sombrío en Zimbabue para la libertad de información. Los pocos medios y periodistas independientes son acosados hasta la asfixia. El Presidente Robert Mugabe, que además del país preside también la Unión Africana, es el dirigente africano que lleva más años en la lista de depredadores de la información.

En junio, fue condenado a un año de prisión el periodista freelance Patrick Chitongo, acusado de haber impreso una publicación sin licencia de la Comisión de Medios, a pesar de que el periodista explicó que las impresiones que realizó eran precisamente para solicitar la licencia.

A finales del mismo mes, la policía de Masvingo registró la emisora comunitaria Wezhira, que recibe constantes amenazas de cierre, y uno de los responsables de sus programas, Wilson Mapoa, cuya licencia está en trámite, fue interrogado varias veces durante varios días.

ZIMBABUE

ÁFRICA

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Más violencia y violaciones del derecho internacional en materia de prensa Cuatro países latinoamericanos siguen estando, desgraciadamente, a la cabeza entre los más sanguinarios del continente para el ejercicio del periodismo: México, Brasil, Honduras y Guatemala. Entre los cuatro sumaron 21 periodistas asesinados, a los que se añaden numerosos ataques violentos y amenazas de todo tipo contra la libertad informativa. Los dos primeros siguieron la misma tónica del año anterior: el narcotráfico, aliado en muchas ocasiones con el poder político, fueron las principales causas del trágico balance de víctimas.

En México, país donde los carteles de la droga actúan con total impunidad y la corrupción es algo asumido en la vida cotidiana, fueron ocho los periodistas asesinados. En Brasil, se contabilizaron siete, en algunos casos por informar de cuestiones como la prostitución infantil o la connivencia entre poder político y el narcotráfico. En Honduras, donde la impunidad es la regla, cuatro profesionales perdieron la vida a manos de

AMÉRICA | Introducción

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asesinos a sueldo; y en Guatemala el balance mortal fue de dos informadores.

Por otra parte, en 2015 aumentaron las constantes violaciones del derecho internacional en materia de libertad de información llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Honduras, México, Colombia y Cuba. Diferentes países adheridos al Pacto de San José, han venido ignorado desde hace años las recomendaciones y advertencias de la Organización de Estados Americanos. Estas violaciones se unen al paulatino deterioro de la situación de la prensa en América Latina y son una muestra del poco crédito que se da a la profesión de periodista.

En este sentido, y durante 2015, de las 17 medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado venezolano, sólo dos fueron tenidas en cuenta. Por su parte la Corte Suprema de Justicia de Honduras, también decidió ignorar las directivas de la CIDH que protegen el derecho del periodista Julio Ernesto Alvarado, que enfrenta un proceso por difamación, a seguir ejerciendo su profesión. México desoyó el alarmante informe de una delegación de la CIDH, que visitó el país tras la escalada de violencia allí registrada en los últimos meses de 2015, alegando que “no reflejaba la situación del país”, cuando sólo, en 2014, la CIDH recibió más de 500 denuncias por violación a los derechos humanos en México. Por último, tanto el gobierno colombiano, como el

cubano, hicieron oídos sordos a los requerimientos de esta organización. En el primer caso cuando le recordó la obligación de realizar una investigación sobre el asesinato del periodista y defensor de los derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, hallado muerto en Gachancipá. Y en el caso cubano, cuando le solicitó medidas de protección para el escritor y bloguero Angel Santisteban Prats, encarcelado en 2013, y que había sido víctima de malos tratos y tortura.

Otro aspecto a destacar en 2015, fue el comportamiento de numerosos jefes de Estado latinoamericanos que no dudaron en señalar con el dedo a los medios de comunicación y en denigrar la labor periodística en sus discursos públicos. Los presidentes Maduro, Correa o Hernández, no hicieron sino contribuir con sus declaraciones a un peligroso clima de censura, autocensura e impunidad en sus respectivos países.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no perdió la ocasión de acusar, en sus discursos, a los medios de comunicación extranjeros -como CNN en español y Miami Herald- de emprender una “campaña internacional” contra Venezuela. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa utilizó la misma fórmula, valiéndose de la prensa y vídeos oficiales transmitidos a través de “Enlace ciudadano". Y el presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, se refirió a los “pseudoperiodistas [que] ocultan,

tergiversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país”, respondiendo así a la acusación de que el Partido Nacional estaría implicado en una malversación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mientras que el presidente de El Salvador, Sánchez Cerén, reprochó a los medios de comunicación participar en una campaña de “terror psicológico” sobre el tema de la seguridad, por haber publicado estadísticas sobre la violencia.

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Superficie: 1.098 580 km² Población: 10.670.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Juan Evo

Morales Ayma

Puesto

94 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las amenazas a periodistas, detenciones y presiones por parte del Gobierno, en ocasiones después de denunciar corrupciones policiales o realizar investigaciones críticas con el Ejecutivo, así como los despidos y procesos judiciales a informadores, tuvieron un protagonismo destacado en 2015. En sólo unos días del mes de abril, dos periodistas del canal ATB fueron víctimas de diversas amenazas. Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación por el poco avance de las investigaciones y por la impunidad, favorecida por la lentitud de la justicia boliviana.

Escarley Pacheco Pardo del canal regional ATB Cochabamba recibió, en abril, en su casa una carta manchada de sangre en la que la amenazaban de muerte y una bala con el mensaje: "tiene el presio (sic) de tu cabeza". Una semana antes su colega José Miguel Manzaneda había recibido en su domicilio un mensaje ensangrentado, enigmático y a la vez explícito: “Cuídate J.M.”.

ATB-Cochabamba realiza investigaciones sobre la corrupción de la policía y ha revelado varios casos de presuntas irregularidades y agresiones cometidas por policías en ejercicio de sus funciones. Entre éstas se encuentra la violación a una mujer por siete policías, así como la presencia de agentes en prostíbulos en sus horas de trabajo.

Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales, de inmediato pidió que se abriera una investigación y el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo a ATB que ofrecía “todas las garantías a los periodistas para que realicen su trabajo”, la investigación judicial no ha avanzado.

En marzo, Carlos Quisberth, del periódico El Diario, fue detenido cuando investigaba el caso de la muerte de un bebé en un hogar estatal de protección a menores de La Paz. Estuvo detenido cuatro días por "obstrucción de la justicia".

El 29 de julio, después de siete días de encarcelamiento, Juan Carlos Paco Veramendi fue puesto en libertad. El periodista había sido detenido tras haber cubierto una manifestación regional, en La Paz. Profesional de Radio Líder, fue delegado por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí para realizar la cobertura periodística de esta movilización.

Una serie de renuncias de periodistas habían alertado ya a la opinión pública sobre la posible existencia de presiones gubernamentales entre bastidores, en distintos medios. El 31 de julio, el canal Cadena A finiquitó el contrato del presentador del programa "A todo pulmón", John Arandia, negando la existencia de presiones gubernamentales.

BOLIVIA

AMÉRICA

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El periodista había mantenido una posición muy crítica con el Gobierno durante el conflicto social en la región de Potosí. El mismo día, Amalia Pando anunció su renuncia voluntaria de Radio Erbol, emisora en la que dirigía el popular programa matinal “En directo”. El 22 de mayo, Enrique Salazar se enteró de la cancelación de su programa diario en Red Uno, dos días después de una dura entrevista con la ministra de Comunicación, Marianela Paco. Según el periodista, la decisión venía directamente de la dirección de la televisión y no del Gobierno.

El Gobierno anunció, el 10 de agosto, que los medios de comunicación que llevaran a cabo una labor "política" (sic) se verían privados de recursos financieros ligados a la publicidad gubernamental. El Ejecutivo esgrimió el Decreto 181, en vigor desde 2009, que permite a las autoridades distribuir publicidad oficial a la prensa.

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Superficie: 8.547.400 km² Población: 206.100.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Dilma Rousseff

Puesto

99 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En lo que va de siglo Brasil se ha convertido en uno de los países del continente americano más mortífero para los periodistas, con decenas de informadores asesinados por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión. El balance de 2015 es de siete informadores asesinados. Tras el recrudecimiento de la violencia contra la prensa en las manifestaciones de 2014, con más de 200 ataques a informadores, RSF pidió a la Presidenta Dilma Roussef más medidas para protegerles, pero las autoridades todavía no han dado el impulso definitivo a las propuestas de creación de un Observatorio especial en colaboración con la UNESCO, ni elevado a la jurisprudencia federal las investigaciones de los crímenes contra periodistas.

Además de las agresiones en manifestaciones, los informadores continúan extraordinariamente expuestos cuando investigan temas sensibles, como el narcotráfico, su relación con autoridades locales, la corrupción política, la prostitución infantil, etc. Especialmente peligrosa resulta, un año más, la frontera con Paraguay, donde narcotraficantes y políticos locales amenazan a los periodistas que intentan investigar sus relaciones.

Gerardo Servian Coronel se convirtió, en marzo, en el 17 informador asesinado en la zona en los últimos 20 años. El periodista paraguayo, fue acribillado a balazos por dos individuos en el territorio fronterizo de Ponta Porã.

Dos meses después, en mayo, el periodista y fundador del blog Coruja do Vale, Evany José Metzker fue hallado muerto, decapitado, en el estado de Minas Gerais. Estaba realizando investigaciones centradas en el tráfico de droga y prostitución infantil, y había denunciado en varias ocasiones la corrupción de funcionarios locales.

Djalma Santos da Conceição, de la emisora RCA FM, fue raptado y asesinado, ese mismo mes, en el estado de Bahía. Su cadáver presentaba señales de tortura, y, según fuentes locales, había estado investigando el asesinato de un adolescente a manos de traficantes.

El asesinato del periodista de radio Gleydson Carvalho, en agosto, puso de manifiesto la impunidad con la que viven los autores de estos crímenes. Dos individuos irrumpieron en los estudios de Rádio Liberdade FM, en el estado de Ceará, y dispararon al periodista antes de darse a la fuga. Carvalho también era conocido por sus críticas a las autoridades y denunciaba regularmente la corrupción de la clase política brasileña.

Un denominador común, la impunidad, también presente en los asesinatos de tres informadores, efectuados en noviembre: Israel Gonçalves Silva, periodista de la Rádio Comunitária Itaenga FM, ejecutado en el estado de Pernambuco después de haber recibido varias amenazas de muerte; el bloguero independiente Ítalo Eduardo Diniz Barros, hallado muerto en el estado de Maranhão, uno de los más violentos del país; y el del bloguero Orislandio Timóteo de Araújo, también asesinado en el mismo Estado.

Además, Brasil continúa sin despenalizar los delitos de prensa, motivo por el cual el periodista José Cristian Góes fue condenado, en 2013, a siete meses de cárcel por injurias, y seguía pendiente de la resolución de su caso en el Tribunal Supremo.

BRASIL

AMÉRICA

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Superficie: 9.984.670 km² Población: 35.540.000 habitantes Jefe del Estado: Isabel II de Inglaterra Presidente del Gobierno: Justin Pierre James

Trudeau

Puesto

8 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Pese a la buena posición que ocupa Canadá en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, entre los diez primeros países del mundo, la libertad de información y el acceso a la misma han sufrido un serio retroceso en los nueve últimos años. Las limitaciones sistemáticas a la libertad de movimiento de los fotógrafos y la dificultad de entrevistar al primer ministro, incluso en ruedas de prensa, han sido constantes en la filosofía del partido conservador del primer ministro Stephen Harper.

A esta política de puertas cerradas se suma la legislación antiterrorista, aprobada en junio de 2015, que amenaza seriamente la libertad de prensa y expresión. En concreto la Ley C-51 incluye penas de hasta 5 años de cárcel por “defender” o “promocionar” el terrorismo en general, incluidas las declaraciones “irresponsables”. Además, otorga a las autoridades la posibilidad de bloquear contenidos en Internet que sean considerados “propaganda terrorista”.

Los profesionales de los medios de comunicación se han sentido hostigados por el gobierno conservador de Harper, que perdió las elecciones en octubre, dando paso a un nuevo presidente. “Cada vez que fotografías a Stephen Harper pareces su enemigo”, aseguró Amber Bracken, fotoperiodista y presidente de la News Photographers Association of Canada.

“Utiliza la seguridad como pretexto para proteger su imagen”, añadió. Una situación ratificada por Justin Ling, de Vice, que lleva años cubriendo actos políticos en Canadá quien aseguraba que el acceso de los medios a estos eventos “ha pasado de ser muy bueno a un auténtico desastre en los últimos años”. Para este periodista, la información está cada vez más limitada.

CANADÁ

AMÉRICA

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Superficie: 756.102 km² Población: 17.760.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Michelle

Bachelet

Puesto

43 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La justicia militar de Chile pidió a periodistas y responsables de la redacción del semanario chileno The Clinic que dieran a conocer sus fuentes informativas en un caso de fraude en el que estaban involucrados oficiales del Ejército, un gran escándalo revelado por la publicación.

Desde principios de octubre la IV Fiscalía Militar citó a varios miembros de la redacción de la revista política The Clinic para intentar descubrir las fuentes que les proporcionaron información sobre un caso de corrupción y desvío de recursos públicos en el que están implicados numerosos oficiales del ejército chileno, un escándalo conocido como el ‘Milicogate’.

El periodista y autor de los reportajes, publicados en agosto, Mauricio Weibel Barahona; el propietario y representante legal de The Clinic, Pablo Dittborn; el director de la publicación, Patricio Fernández, y la editora Andrea Moletto, fueron citados por el juez militar Rodrigo Acevedo, encargado de investigar la filtración de información.

Sin embargo, desde 2011, en Chile la justicia militar no tiene facultades para investigar casos de civiles y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados directamente con el Ejército. Según la versión oficial, estas cuatro personas fueron citadas a comparecer como testigos, pero en realidad fueron convocadas para que revelaran sus fuentes.

Los reportajes de Wibel, conocidos como “el Milicogate”, revelaron que existía una gran operación de desvío de fondos públicos, llevada a cabo por oficiales y miembros del ejército de chileno entre 2010 y 2014.

CHILE

AMÉRICA

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Superficie: 1.138.910 km² Población: 47.790.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Juan Manuel

Santos Calderón

Puesto

128 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Informar sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia, en especial si se investigan temas como la corrupción, el crimen organizado o las violaciones de los derechos humanos. Con al menos 56 periodistas asesinados desde el año 2000 (en relación evidente o posible con su ejercicio profesional), es el segundo país más mortífero para los informadores en este continente. En 2015 fueron tres los periodistas asesinados.

Poco después de comenzar el año, dos informadores de radio perdían la vida. El 14 de febrero era asesinado, en su domicilio, Luis Carlos Peralta Cuéllar, director de Radio Linda, en El Doncello (Caquetá). Y quince días más tarde, el periodista Edgar Quintero, de la emisora local Radio Luna, en Palmira.

Peralta Cuellar, propietario y director de la emisora, abordaba con frecuencia en sus programas casos de corrupción. El 3 de marzo la policía detuvo a un sospechoso, pero lo dejó en libertad por fallos en el procedimiento. RSF manifestó su preocupación por la seguridad de su colega Geovanny Canacué Pajoy, a quien Peralta Cuéllar había confiado ser víctima de amenazas una semana antes de su asesinato. Éste periodista ha padecido numerosas intimidaciones en los últimos seis años y varias veces se ha visto obligado a marcharse de su ciudad.

Edgar Quintero fue asesinado en las inmediaciones de la radio. La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), señaló que hace diez años el periodista había dado a conocer las amenazas del ex alcalde de Palmira, Miguel Motoa Kuri, por haber denunciado casos de corrupción.

La tercera víctima fue la periodista Flor Alba Núñez, asesinada el 10 de septiembre, cuando entraba en las instalaciones de la radio La Preferida FM. Dos hombres que circulaban en motocicleta dispararon a sangre fría a la locutora, de 25 años. Núñez, presentaba el programa ‘La preferida Stereo’ y era corresponsal de Canal 6, TV5 y Canal Nación TV. Asimismo, realizaba estudios en Humanidades en la Universidad de Magdalena.

Tras una batalla procesal de siete años, el 11 de marzo la justicia colombiana declaró inocente al periodista de Telesur William Parra, quien estaba acusado de tener nexos con las FARC. Frente a estas acusaciones infundadas, el periodista se vio obligado a exiliarse en Venezuela, donde reside desde 2007.

En mayo, Reporteros sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) daban a conocer un informe sobre la libertad de información en el Valle del Cauca.

COLOMBIA

AMÉRICA

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Una constante se impone: los periodistas trabajan allí entre terror, la autocensura y presiones económicas. Además de la violencia, la libertad de información se ve seriamente limitada por el condicionamiento de la publicidad del Gobierno. Las autoridades locales continúan valiéndose de este medio para favorecer o sancionar a los medios de comunicación por su línea editorial.

El 4 de junio, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anuló la decisión tomada por la fiscalía de poner en libertad a Alejandro Cárdenas Orozco, ex paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2011 este hombre confesó que había participado en el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya, ocurrido en el año 2000; después se retractó. En menos de una semana, la justicia cambió en tres oportunidades sus decisiones en el caso Bedoya. Finalmente, el 4 de junio el Fiscal General reanudó la orden de captura de Cárdenas e inició la investigación del fiscal del caso. Pero el ex paramilitar seguía libre en esas fechas.

Por otra parte, continuaron las obstrucciones judiciales en el proceso contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –el antiguo servicio de inteligencia de Colombia–, acusados de torturar psicológicamente a la periodista Claudia Julieta Duque. La audiencia, que debía realizarse el 24 de junio, en el marco del proceso en el que el ex subdirector del DAS,

José Miguel Narváez, y otros dos directores de este organismo están acusados de haber torturado a Duque, fue aplazada por ausencia de los acusados. Duque se encuentra en la lista de “Cien héroes de la libertad de información” de RSF.

A 15 años de la creación del Programa de Protección a periodistas en Colombia, se evidencian deficiencias que exigen reformular el modelo. Deficiencias que se recogen en los informes realizados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y en el de la alianza RSF-América Latina y Federación Colombiana de periodistas (FECOLPER). Para la FLIP, aunque el número de periodistas asesinados ha disminuido considerablemente, el panorama sigue siendo desalentador. En estos 15 años, el Estado ha optado por orientar la protección hacia la custodia de los periodistas, escoltándolos, pero dejando de lado la justicia, la prevención y la eliminación del riesgo. Las agresiones contra la prensa no disminuyen, y de las 338 amenazas contra periodistas que la Fiscalía General de la Nación tenía registradas en agosto de 2014, sólo en una se condenaron a los responsables.

El informe de FECOLPER y RSF Colombia: “Actividad periodística en riesgo", recoge la percepción y testimonio de 104 periodistas vinculados al Programa de Protección; establece datos sobre el funcionamiento y las medidas

otorgadas, y denuncia los riesgos y vivencias que enfrentan estos periodistas amenazados.

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Superficie: 110.860 km² Población: 11.270.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Raúl Castro Ruz

Puesto

169 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, visitó Cuba, en agosto, para consolidar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas desde 1945. RSF le recordó por este motivo, en una carta abierta, que “Cuba se encuentra en el lugar 169, entre 180 países, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa”. Días antes, con motivo de la visita del Papa Francisco a Cuba, el Gobierno anunció que indultaría a 3.522 prisioneros. Entre ellos no se encontraban los dos periodistas que permanecían encarcelados. El gobierno cubano sigue manteniendo el monopolio de la información y no tolera que exista ninguna voz independiente. Cuba es uno de los países que cuentan con un menor acceso a Internet en el mundo.

Además de la censura oficial a los medios de comunicación, en el país existe un largo historial de actos de violencia y de hostigamiento contra los periodistas. En julio, numerosos activistas y periodistas fueron detenidos durante las manifestaciones organizadas por el movimiento opositor Las Damas de Blanco. Este control también lo padecen los periodistas extranjeros. Las acreditaciones de prensa se otorgan de forma selectiva, y si el régimen considera que el enfoque de las noticias difundidas por un periodista extranjero es “demasiado negativo”, lo expulsa del país.

A lo largo del año varios periodistas fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión simplemente por haber hecho su trabajo. El escritor y bloguero Angel Santisteban Prats detenido, en 2013, y sentenciado a 5 años de cárcel por “violación de domicilio y lesiones”, fue puesto en libertad condicional, en julio, tras haber pasado más de dos años en prisión. Según el editor de su sitio web, fue víctima de malos tratos y de tortura en la cárcel.

Por su parte, Yoeni de Jesús Guerra García, bloguero independiente de la agencia Yayabo Press, condenado a 7 años de cárcel, en marzo de 2014, por ‘sacrificio ilegal de ganado’, y José Antonio Torres, ex corresponsal de Granma, sentenciado a 14 años de cárcel en 2012, por el delito de espionaje, continuaron en prisión y no figuraron entre los presos indultados por la visita del Papa. El primero, ha sido víctima de actos de violencia y tortura infligidos por el personal de la prisión en repetidas ocasiones.

Durante la visita del Papa Francisco, realizada entre el 18 y 22 de septiembre, la policía secreta pidió a periodistas y blogueros críticos con el Gobierno que se quedaran en casa, so pena de ser encarcelados.

CUBA

AMÉRICA

Página | 54

Superficie: 283.560 km² Población: 15.740.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Rafael Correa

Delgado

Puesto

108 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó, el 15 de agosto, el decreto 755, que declaraba el "estado de excepción en todo el país" y prohibía informar libremente sobre la actividad del volcán Cotopaxi, resurgida un día antes tras permanecer 73 años inactivo. Dicho decreto anunciaba la "censura previa" de cualquier información referente a la actividad del volcán, incluidas las noticias que circulaban en las redes sociales, siempre de que no fueran los boletines oficiales. La medida se inscribía en un degradado contexto de libertad de prensa en la que el Presidente Correa mantiene una actitud muy beligerante contra los medios independientes a los que no duda en atacar, lo mismo que sus periodistas, en sus discursos oficiales.

La semana del 13 de agosto, una veintena de manifestantes fueron detenidos con violencia y encarcelados durante una serie de manifestaciones contra la política del presidente Correa. Entre ellos, un fotógrafo del diario El Comercio y la periodista franco-brasileña Manuela Picq, quienes fueron liberados más tarde.

ECUADOR

AMÉRICA

Página | 55

Superficie: 21.040 km² Población: 6.340.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Salvador

Sánchez Cerén

Puesto

45 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En el último año, El Salvador descendió siete lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF. En junio, cuando se cumplía un año de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, la organización denunció las restricciones que imponen las autoridades a los periodistas en el acceso a la información.

Desde su elección, el presidente Sánchez Cerén mantiene relaciones distantes con los periodistas y se muestra poco dispuesto a responder a sus preguntas. Incluso se comporta con ellos de forma hostil. El 15 de abril, acusó a los medios de comunicación que habían publicado estadísticas sobre la violencia, de participar en una campaña de “terror psicológico” contra el Gobierno. Esto en un país en el que, según datos de la policía, se cometieron 481 homicidios en marzo, un promedio de 16 al día, lo que le convertía en uno de los más mortíferos de la última década.

Como denunciaron diversas organizaciones, entre ellas el Grupo Promotor, ciertas cifras económicas, como el costo de la publicidad del Estado o de los viajes oficiales, se considera información confidencial, por lo que se prohíbe el acceso público a ellas por largos periodos. Esto, pese a que el artículo 10 de la LAIP, precisa que la información relativa al gasto público debe ser puesta a disposición de la población.

EL SALVADOR

AMÉRICA

Página | 56

Superficie: 9.826.675 km² Población: 318.900.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Barack Obama

Puesto

49 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En Estados Unidos dos periodistas fueron asesinados, tiroteados en plena calle mientras transmitían en directo para sus canales televisivos, aunque al parecer los crímenes no fueron debidos a su labor profesional. Por otra parte, finalmente concluyó la larga batalla judicial, que ha enfrentado durante siete años a la justicia estadounidense y el periodista James Risen, que se negaba a revelar sus fuentes.

La periodista Alison Parker y el cámara de televisión Adam Ward, del canal WDBJ7, filial de CBS en Virginia, fueron asesinados el 26 de agosto mientras transmitían en directo. Un ex compañero de la cadena los tiroteó en plena calle. Según los primeros elementos de la investigación, parece que los reporteros fueron asesinados debido a una venganza y no a su labor periodística. Aunque será la investigación la que finalmente determine el motivo del crimen.

El 12 de enero, el Departamento de Justicia anunció que no citaría a James Risen, del The New York Times, a declarar como testigo en el juicio de Jeffrey Sterling. Con esta decisión concluía una larga batalla judicial, que ha durado siete años, en la que se enfrentaron la justicia estadounidense y el periodista, que se negaba a revelar sus fuentes.

Desde que el presidente Barack Obama asumió su cargo, ocho informantes, entre ellos Edward Snowden, ex informático de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), y el soldado Bradley Manning, se han

enfrentado a procesos legales basados en la Espionage Act. Los gobiernos anteriores habían usado dicha ley –adoptada el 15 de junio de 1917– por casos de filtración de información sólo en tres ocasiones.

RSF condenó la penosa situación de indefensión en la que se vio sumido el periodista español Manuel Martorell, a quien se le negó el visado para entrar en EEUU, al ser clasificado por el Departamento de Estado como participante en “actividades terroristas”. En mayo, Manuel Martorell, veterano periodista español de información internacional, especializado en la cuestión kurda, solicitó la autorización electrónica para viajar con su familia a EEUU y ésta le fue denegada. Tres meses después de su petición, recibió una respuesta del Consulado de EEUU en Madrid, en la que le afirmaban que el visado era denegado por considerar que había participado en “actividades terroristas”. Esta gravísima acusación dejaba al periodista en una lamentable situación de indefensión, dado el riesgo creado por el terrorismo internacional, momento en que estar incluido en un listado de “actividades terroristas”, supone un peligroso marchamo que le impide viajar con libertad y que puede tener consecuencias muy graves.

ESTADOS UNIDOS

AMÉRICA

Página | 57

Superficie: 108.890 km² Población: 16.020.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Alejandro

Maldonado Aguirre [desde 3.9.2015]

Puesto

124 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Los asesinatos a profesionales de la información volvieron a repetirse este año en Guatemala, un país que sigue siendo muy peligroso y en el que los ataques a periodistas se han incrementado desde 2014. Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, en Mazatenango (Suchitepéquez), fueron dos nuevas víctimas. En este departamento, especialmente violento con los periodistas, se han registrado los actos más graves contra los informadores en los últimos años. Desde 2013 ya son tres los periodistas asesinados, a los que hay que añadir dos intentos más de asesinato. Por otra parte, antes de las elecciones generales de septiembre, los periodistas sufrieron la presión de las autoridades en el poder y de los propios candidatos. En un contexto político y social extremadamente tenso, el presidente Otto Perez Molina presentó su dimisión el 3 de septiembre, la víspera de la audiencia de un caso de corrupción en el que podría estar involucrado.

Los asesinatos, agresiones, presiones, amenazas y hostigamiento a periodistas y colaboradores de los medios de comunicación, se realizan en el país en un clima de impunidad casi total que genera una autocensura nefasta. Numerosos periodistas limitan sus investigaciones sobre temas delicados, como el crimen organizado o la corrupción de los agentes públicos, por miedo a represalias violentas.

El 10 de marzo dos sujetos que se desplazaban en motocicleta asesinaron a Danilo López y a Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, en Mazatenango. Los hechos ocurrieron a sólo 20 metros de una comisaría. Otro periodista, Marvin Túnchez, fue herido durante el ataque. Danilo López había sido objeto de intimidaciones por parte de distintas autoridades del departamento debido a sus artículos críticos –en particular sobre la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos–. López había ratificado una denuncia contra el alcalde de San Lorenzo por amenazas a muerte. El director de Radio Nuevo Mundo, Marvin Robledo, dijo que no sabía de ninguna amenaza contra su colega.

El municipio de Santa Eulalia (Huehuetenango), impidió de forma violenta la reapertura de la radio comunitaria Snuq Jolom Konob. RSF se mostró alarmada por la represión que padecen los medios de comunicación comunitarios en el país.

Las radios comunitarias llevan a cabo un trabajo informativo muy importante en Guatemala, sobre todo en las regiones rurales o de población autóctona, pues difunden una información accesible anclada en los problemas locales. Sin embargo, la legislación en vigor no favorece a los medios de comunicación asociativos, en particular tras la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, en 2012.

GUATEMALA

AMÉRICA

Página | 58

La ley permitió a los medios que ya poseían una concesión de frecuencia obtener su renovación de forma casi automática por un plazo de veinte años, y omitió regularizar la situación de los medios comunitarios. De esta manera las radios comunitarias, consideradas por las autoridades y las redes de telecomunicación como “piratas”, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y corren el riesgo de ser cerradas en cualquier momento.

Antes de las elecciones generales, celebradas el 6 de septiembre, los periodistas sufrieron todo tipo de presiones de las autoridades en el poder y de los propios candidatos. Intimidar a la prensa es un arma cotidiana en manos de todos y cada uno de los escalafones políticos, desde el Gobierno hasta las autoridades locales guatemaltecas. El 23 de julio, Edwin Pitán, redactor de Prensa Libre, fue agredido por el personal de seguridad del candidato vicepresidencial Edgar Barquín. Tres días después, la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango denunció a José Yac, candidato a la alcaldía de Cantel, por amenazar de muerte al reportero Jaime Soc.

Además, diversos medios de comunicación, entre ellos Prensa Libre, Emisoras Unidas y Publinews, fueron acusados por las autoridades y candidatos de malversar la información política. Estos polémicos discursos contra la prensa desembocaron en actos vandálicos contra la sede de Prensa Libre.

El 6 de agosto, Enrique Maldonado, aspirante a diputado por el PP cortó los canales Optimo 23 y ATV 24, emisoras vinculadas a la empresa Servicable, propiedad del político. Maldonado sancionó a las redacciones de ambos medios por difundir información sobre sus adversarios políticos.

A la presión y amenazas directas por parte de los políticos se suma el hostigamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). El 26 de agosto, la PNC agredió físicamente a los reporteros que esperaban en las puertas de los tribunales el segundo día de la audiencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, acusada de asociación ilícita, cohecho y defraudación aduanera.

Página | 59

Superficie: 112.090 km² Población: 8.098.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Juan Orlando

Hernández

Puesto

132 De 180 países



BARÓMETRO 2015



1 Colaborador asesinado




Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información siguió degradándose para los periodistas. Entre febrero y julio, cuatro profesionales perdieron la vida en una nación donde la impunidad es la regla. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, el 96% sigue impune. Además, Julio Ernesto Alvarado, presentador de un programa en Globo TV, fue privado del derecho a ejercer como periodista. Es la primera vez que en Honduras se prohíbe de manera oficial a un informador ejercer su profesión.

El 25 de junio, Jacobo Montoya Ramírez, periodista de radio y televisión en Copán (Ruinas), fue asesinado por sicarios. Según los testigos, los homicidas llegaron a su casa, dispararon al periodista primero desde la puerta y luego lo persiguieron hasta dentro de la viviendapara matarlo. Su madre presenció el crimen. Dos días antes, encontraron asesinado, por arma blanca, en su casa, a Juan Carlos Cruz Andara, periodista del canal Teleport, en Puerto Cortés. La víctima también realizaba actividades para promover el turismo en su ciudad y era conocido como activista de la comunidad LGBTI (lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual).

El 3 de julio sicarios asesinaron a Joel Aquiles Torres, propietario del Canal 67 y accionista de una compañía de televisión por cable en Taulabé

(Comayagua), cuando conducía su automóvil. Según la policía, su vehículo recibió al menos 29 impactos de bala.

La impunidad de estos crímenes es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, operador de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.

Por si fuera poco, el hostigamiento gubernamental a periodistas críticos con la política oficial, con amenazas y retirada de acreditaciones para cubrir actos de interés general se ha convertido en un auténtico problema.

El jefe de la seguridad del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó, el 26 de enero, al periodista César Silva diciéndole que terminaría "lanzado en una zanja"; éste también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El mismo mes, Marvin Ponce, asesor del Presidente de la República, insultó y golpeó en la cara al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberlo amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el director de la policía,

HONDURAS

AMÉRICA

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Héctor Iván Mejía Velásquez. A Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, el 26 de febrero. Y los periodistas César Silva, y la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, han sido declarados personas non gratas.

Por otra parte, las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques gubernamentales, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. El 22 de enero, la policía intentó allanar la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (Lempira).

El director de Radio Globo, David Romero, denunció, el 14 de mayo, que había recibido amenazas de muerte tras informar sobre un escándalo de malversación de fondos en el que estaría implicado el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. RSF denunció estas presiones y pidió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) que garantice la seguridad de los colaboradores de Radio Globo. Romero afirmó, en un programa en directo, que tenía en sus manos un vídeo que mostraba una reunión del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso, con gerentes y dueños de 30 empresas falsas creadas para desviar fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Radio Globo ya había denunciado otro

escándalo del IHSS. Romero señaló que había recibido amenazas de muerte. Desde 2011, cinco de sus colaboradores han sido asesinados.

Con ocasión del Día del Periodista en Honduras, el 25 de mayo, RSF publicó un informe sobre Radio Globo, uno de los medios de comunicación independientes más escuchados del país. En él se denunciaba las presiones que padece dicha emisora, en el punto de mira de las autoridades hondureñas desde el golpe de Estado de 2009. El informe también muestra la política represiva del Estado hondureño contra los medios de comunicación independientes.

A la violencia física se suma el hostigamiento judicial que padecen algunos periodistas. RSF ha expresado en repetidas ocasiones su rechazo a las sanciones legales impuesta a Julio Ernesto Alvarado, a quien, tras un largo proceso se le prohibió ejercer, durante 16 meses, cualquier actividad relacionada con la difusión de información. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones, en diciembre de 2014, pese a que semanas antes la CIDH había otorgado medidas cautelares al periodista. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.

Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido, en 2006, en su programa "Mi Nación", de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios).

El 8 de mayo, el gobierno presentó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública - aprobada por el Congreso Nacional el 13 de enero de 2014-, como un supuesto avance en la libertad de expresión. El objetivo de la ley fue denunciado por RSF como un obstáculo más para la libertad de información en el país, ya que adjudica al Gobierno la facultad de determinar, justificar y clasificar datos de interés público -los funcionarios podrán imponer el secreto de información de interés público-.

A esto se suma la situación de monopolio que ejercen los grandes grupos de medios de comunicación, y la práctica conocida como “la prensa tarifada”, que significa que cualquiera que tenga los recursos necesarios puede “pagarse un periodista” para difundir información que sirva a sus intereses personales, lo que limita gravemente la difusión de información independiente y crítica.

Página | 61

Superficie: 1.958.200 km² Población: 125.400.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Enrique Peña

Nieto

Puesto

148 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Aunque México no sea escenario de un conflicto armado en los últimos años se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para realizar información, ocupando el primer puesto a la cabeza de Latinoamérica en este sentido. Ocho fueron los periodistas asesinados en 2015- en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte- de ellos, tres en Veracruz y Oaxaca, que, junto con Guerrero, se encuentran entre los estados más mortíferos para los informadores. El nivel de inseguridad es muy alto debido a la presencia de numerosos cárteles y a la corrupción de funcionarios locales. Pero la violencia no se limita a estos Estados, y, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 89% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. Numerosos informadores fueron secuestrados o tuvieron que exiliarse del país por amenazas de muerte.

El 2 de enero, desapareció Moisés Sánchez Cerezo, director del diario La Unión de Medellín, secuestrado por un grupo armado y cuyo asesinato se confirmó, el 5 de febrero, con pruebas de ADN. Abel Manuel Bautista Raymundo, director y fundador de Radio Spacio 96.1, de FM, y fundador de la Asociacion de Radios Comunitarias “Vara 7”, fue asesinado, el 14 de abril, tras salir de la emisora. Su automóvil fue asaltado por tres individuos no identificados quienes lo asesinaron. El 4 de mayo fue asesinado Armando Saldaña Morales, corresponsal de la radio La Ke Buena 100.9 FM (Veracruz) y presentador del programa político “La Grilla Punto y Debate”. Su cuerpo fue encontrado con señales de tortura en San José Cosolapa (Oaxaca).

La semana del 26 de junio al 6 de julio, se produjeron otros tres asesinatos de periodistas. El 26 de junio, fue encontraron degollado, en Comofort (Guanajuato), el cadáver de Gerardo Nieto Álvarez, director de la publicación local El Tábano. La justicia descartó de inmediato que el crimen estuviera relacionado con su profesión, lo que rechazaron personas cercanas al mismo; Filadelfo Sánchez Sarmiento fue asesinado por dos hombres, el 2 de julio, cuando salía de la emisora La Favorita 103.3 FM en Miahuatlán (Oaxaca), donde dirigía un informativo. Al parecer, ya había recibido varias amenazas de muerte por gente cercana al alcalde de la ciudad. El mismo día, encontraron el cuerpo de Juan Mendoza Delgado en una morgue de Veracruz; supuestamente un automóvil lo había arrollado. El periodista dirigía una web informativa en Medellín de Bravo y había desaparecido el día anterior. Su muerte ocurrió días después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hiciera duras críticas, acusaciones y advertencias a los periodistas. Acusó a los informadores de tener vínculos con el crimen organizado, los amenazó y les aconsejo que “se portaran bien”.

Sin duda uno de los crímenes que provocó mayor conmoción, fue el de Rubén Espinosa Becerril, asesinado en México DF. El fotoperiodista, que había recibido amenazas de muerte en Veracruz, huyó de esta ciudad, a inicios de junio, para refugiarse en la capital mexicana. Fotorreportero de AVC Noticias de Veracruz, de la revista de investigación Proceso y de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro, desapareció el 31 de julio. El 2 de agosto, la policía encontró su cuerpo junto con el de cuatro mujeres en un apartamento

MÉXICO

AMÉRICA

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de DF. El fotoperiodista había sido torturado antes de morir.

Por otra parte, Bernardo Javier Cano Torres, conductor del programa “Hora Cero” de ABC Radio 93.9FM, en Iguala (Guerrero), fue secuestrado, el 7 de mayo, junto con otras personas. Cano Torres desapareció en la carretera Teloloapan-Iguala cuando regresaba a su casa. Las autoridades de Guerrero confirmaron su secuestro. El periodista fue liberado, mediante rescate, 19 días después.

En medio de esta tensa situación otros informadores fueron víctimas de amenazas. El 29 de enero, El Heraldo de Córdoba fue atacado con bombas molotov. Y Patricia Iveth Morales Ortiz, fotógrafa de la Agencia Imagen del Golfo y Verónica Huerta, colaboradora de AVC Noticias, de Veracruz, fueron amenazadas por teléfono por el crimen organizado. Algunos periodistas se vieron obligados a exiliarse con sus familias. Es el caso de Enrique Juárez, jefe de redacción del diario El Mañana, en Matamoros, quien fue secuestrado y agredido por un grupo armado durante varias horas, el 4 de febrero. El periodista radiofónico Moisés Villeda Rodríguez, también huyó de Ciudad Juárez y pidió asilo en Estados Unidos. Villeda Rodríguez, colaborador del diario El Mexicano, había sido nominado por el Foro de Periodistas de Chihuahua al premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2014, por su reportaje “Infame pobreza contra la ofensiva opulencia”, en el que denunciaba la corrupción en la que se encuentran implicados diversos grupos de poder, el Gobierno y narcotraficantes.

Las autoridades confiscaron, en abril, el equipo de transmisión de diversas radios comunitarias. Estas

radios a menudo carecen de una frecuencia legal en el país y padecen constantemente presiones de las autoridades. Natividad Ambrosio, conductora del programa “Hora Cero”, denunció que durante la campaña electoral por la presidencia del Estado, el programa se había visto obligado a pasar de la transmisión en directo a la difusión por Internet. Ambrosio había recibido amenazas por parte de un hermano de de José Luis Abarca –exalcalde de Iguala, quien se encuentra en el centro del escándalo por la desaparición de 43 estudiantes– por haber tomado fotos cuando realizaba una investigación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tras cerca de nueve meses en prisión, el periodista y activista maya, Pedro Canché, fue puesto en libertad. El 28 de mayo un tribunal de Cancún declaró la ausencia de pruebas contra Canché y afirmó que su detención violaba sus derechos. Canché fue detenido, el 30 de agosto de 2014, por “presunto sabotaje”. Pedro Canché estaba apadrinado por la sección española de Reporteros Sin Fronteras.

Los comicios del 7 de junio en México, en los que se eligieron diputados federales y autoridades, así como autoridades locales, estuvieron marcados por actos de violencia. RSF exhortó a las autoridades mexicanas a investigar estos hechos para que los ataques no permanezcan impunes. La organización Article 19 registró en la red #RompeElMiedo, 27 agresiones contra periodistas durante la jornada electoral.

Un corresponsal del diario Reforma, de México DF, que pidió permanecer en el anonimato, relató a RSF que, la noche del 29 de mayo, le agredieron miembros del equipo de campaña del candidato a

presidente municipal de Huixquilucan (estado de México) por el PAN. Le golpearon, le exigieron que borrara las fotos del candidato y robaron sus teléfonos. El 30 de mayo, una periodista fue víctima de abuso sexual en Veracruz, después de que cubriera un evento de cierre de campaña del candidato Erick Lagos. Una semana antes otra periodista de Veracruz había sido amenazada debido a la información que había publicado sobre un candidato del PRI. La reportera dejó de publicar sobre el tema para no ponerse en peligro.

El 4 de junio, en Colima, un grupo del Partido Acción Nacional (PAN) agredió a las periodistas Elizabeth Ibal Rocha, del diario El Occidental, y Fabiola Rosales, del periódico El Sol de México, e intentó apoderarse de su equipo. Las reporteras explicaron que intentaban obtener testimonios sobre la circulación de motocicletas con propaganda política; también el 7 de junio, el portal digital de Radiover denunció que dos de sus periodistas fueron agredidos en Xalapa (Veracruz). Ese medio relató que Elena Arnell y José Francisco García Reyes, estaban documentando cómo miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compraban votos, cuando fueron atacados.

El Distrito Federal promulgó, el 10 de agosto, una Ley destinada a la protección de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. La ley estuvo motivada por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, junto con otras tres personas en la ciudad de México.

Página | 63

Superficie: 130.373 km² Población: 6.080.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Daniel Ortega

Puesto

74 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Con ocasión del Día del Periodista, Reporteros Sin Fronteras analizó el estado de la libertad de información en este país. En Nicaragua los profesionales de la información críticos del Gobierno a menudo se ven limitados en el acceso a la información. Desde que Daniel Ortega llegara a la presidencia, en 2007, no se ha registrado ningún caso de asesinato de periodistas que estuviera relacionado con su profesión. No obstante, este hecho no debe ocultar el malestar del gremio periodístico frente a la estigmatización, las intimidaciones y agresiones que sufren sus miembros.

El ejercicio de la libertad de información se ve limitado por el artículo 52 de la Constitución, que restringe las críticas al hecho de que sean “constructivas”. Esta disposición instaura la noción de “información autorizada”, así como el control de la misma por parte del Estado, pues éste se reserva el derecho exclusivo de determinar el carácter “constructivo” de las críticas.

Por otra parte, la falta de una reglamentación y de equidad en la atribución de la publicidad gubernamental sigue siendo un problema para los medios de comunicación. Las autoridades nicaragüenses continúan utilizándola discriminatoriamente para favorecer a los medios de comunicación, según su línea editorial.

NICARAGUA

AMÉRICA

Página | 64

Superficie: 406.752 km² Población: 6.802.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Horacio

Manuel Cartes

Puesto

109 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El eje fronterizo del norte de Paraguay, en el que se encuentra el departamento de Amambay, se ha convertido en una plataforma del tráfico de droga con destino al Cono Sur. La zona sigue siendo muy peligrosa para los periodistas que padecen de lleno las repercusiones de la violencia de los narcotraficantes y de las autoridades locales corruptas. El periodista Gerardo Servian Coronel, fue asesinado en la frontera brasileña en 2015. Según organizaciones de defensa de los periodistas paraguayos, es el número 17 de los asesinados en el país en los últimos veinte años.

Gerardo Servian Coronel, periodista paraguayo de la radio Ciudad Nueva de Zanja Pytá, departamento de Amambay (cerca de la frontera brasileña), fue asesinado en Ponta Porã (Brasil), el 4 de marzo, por dos hombres que circulaban en motocicleta. Un nuevo asesinato que recuerda la alarmante situación de los informadores en la zona, donde abundan las represalias contra aquellos que realizan investigaciones sobre los nexos entre las operaciones del crimen organizado y las actividades políticas.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) señaló que el periodista era “crítico con la administración pública en su ciudad”. El propietario de la radio Ciudad Nueva, Miguel Orlando, dijo desconocer si el periodista había recibido amenazas. Su hermano, Gerardo Servian Coronel, también periodista, recibió amenazas de muerte después de trabajar con Santiago Leguizamón, director de la radio

Mburucuyá (Amambay), asesinado en abril de 1991. El crimen sigue impune.

PARAGUAY

AMÉRICA

Página | 65

Superficie: 48.730 km² Población: 10.400.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Danilo Medina

Sánchez

Puesto

63 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Un asesinato, agresiones, en ocasiones procedentes de fuerzas gubernamentales, amenazas, procesos legales… El primer semestre de 2015 fue duro para los periodistas en República Dominicana. Los graves ataques a la libertad de información se vieron debilitados por una impunidad persistente y una fuerte concentración de los medios de comunicación, causa, para el Colegio Dominicano de Periodistas, de la inseguridad laboral y autocensura.

El 13 de abril, al norte de la capital, Santo Domingo, encontraron muerto al periodista Blas Olivo, director de prensa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Desde entonces, la investigación avanza lentamente. El 18 de mayo, los familiares, amigos y colegas del periodista organizaron una manifestación para exigir que se resolviera el caso. El jefe de la policía nacional aseguró que no tardarían en detener a los principales sospechosos. El 3 de junio, la policía anunció que el periodista había sido asesinado por miembros del grupo “Latin King”, por órdenes de José Miguel Rodríguez Almonte, quien se encontraba encarcelado y a quien se le atribuían más de cien homicidios. El 12 de junio, Rodríguez Almonte fue asesinado en un supuesto forcejeo con policías en su celda. Éste era un testigo clave para confirmar la hipótesis formulada y seguir la pista de los autores intelectuales del crimen.

RSF registró dos agresiones a periodistas mientras realizaban su trabajo en 2015, cometidas por las Fuerzas del Orden y del Ejército. El 27 de marzo, Fausto García fue agredido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando intentaba filmar una maniobra de este organismo en Navarrete (Santiago). El 14 de enero, el cámara Eduard González, de Telefuturo Canal 23, fue atacado por miembros del Ejército, en la zona de Trianitos, cuando filmaba los incidentes frente a una oficina de la Comisión Electoral.

Por otra parte, los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada denunciaron, el 2 de febrero, que existía una “campaña de odio” contra ellos por haber expresado su apoyo a los haitianos que residen en el país, un tema delicado desde que se adopto, en mayo de 2014, la ley 169/14 sobre la atribución de la nacionalidad dominicana.

En octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta legislación iba en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los periodistas presentaron una denuncia por las amenazas y humillaciones públicas que padecieron en enero y febrero, que según ellos, fueron organizadas por miembros del Movimiento Patriótico Independiente.

REPÚBLICA DOMINICANA

AMÉRICA

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El periodista Salvador Holguín denunció que había recibido amenazas de muerte y que existía una campaña en las redes sociales para desacreditarlo. Estas presiones comenzaron después de difundir por televisión una entrevista con el exnarcotraficante y excapitán del Ejército, Quirino Paulino Castillo, quien afirmó que había prestado 200 millones de pesos al expresidente Leonel Fernández. El Colegio Dominicano de Periodistas reveló, en abril, que el canal TeleRadioAmerica Canal 45 había prohibido al periodista difundir la grabación de esta entrevista en su programa.

Los actos de violencia contra periodistas son aún más preocupantes debido a la impunidad en que permanecen estos crímenes y amenazas. No obstante, RSF constató que los órganos judiciales han tomado fuertes posiciones a favor de los informadores. El 18 de febrero, la Corte Suprema rechazó los cargos presentados contra los periodistas Héctor Tineo, Guillermo Tejeda y Héctor Herrera Cabral por difamación e injurias; y el 9 de abril, un tribunal dominicano invalidó el recurso de amparo constitucional –que permite a todo individuo reclamar el respeto de sus derechos constitucionales cuando se consideran violados– de un alto funcionario contra un periodista de televisión. Un recurso considerado abusivo, ya que permite obtener el derecho de réplica tras las críticas del periodista.

Sin embargo, los periodistas siguen corriendo el riesgo de enfrentar penas de prisión y elevadas multas si son condenados por delitos de prensa. La despenalización se realiza poco a poco desde hace algunos años, pero aún es incompleta. No obstante, la protección de las fuentes está garantizada después de la reforma constitucional de 2009.

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Superficie: 912.050 km² Población: 30.410.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Nicolás Maduro

Moros

Puesto

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BARÓMETRO 2015







Las autoridades venezolanas aumentaron, en 2015, la presión que ejercen sobre los pocos medios de comunicación independientes del país, apoyándose en el sistema judicial y controlando el acceso al papel de periódico necesario para los diarios. Por otra parte, se prohibió salir del país a 22 directivos y representantes de medios de comunicación independientes por orden judicial. Y, además, el Ministerio de Comunicación obligó a firmar una “carta de buena conducta” a los corresponsales extranjeros que cubrían las elecciones parlamentarias, celebradas el 6 de diciembre. Les hizo comprometerse a respetar ciertas consignas que, de no cumplirse, supondrían la retirada la acreditación de prensa.

El 5 de mayo la jueza María Eugenia Núñez prohibió a 22 directivos y representantes de los medios de comunicación independientes Tal Cual, El Nacional y La Patilla que salieran del país, y los conminó a presentarse una vez a la semana ante el tribunal. Estas medidas se deben a la demanda, interpuesta, en abril, por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, contra estos tres medios de comunicación por “difamación agravada continuada”. Los tres difundieron información publicada originalmente por el diario español ABC, en la que se acusaba a Cabello de liderar el Cartel de los Soles. Entre los directivos de los medios de comunicación afectados se encontraba Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, en posesión del premio periodístico español Ortega y Gasset por la defensa de las

libertades, la independencia y el rigor periodístico. Petkoff ya había enfrentado otro proceso legal, emprendido por Diosdado Cabello, por difamación.

A estos ataques judiciales contra los medios de comunicación y los periodistas se suman los numerosos intentos de intimidación que perjudican la libertad de información. Desde enero, algunos medios han padecido amenazas y acusaciones en total impunidad, ya que provienen principalmente de funcionarios del Estado, incluso del mismo Presidente. El 3 de marzo el Presidente Nicolás Maduro acusó al canal privado Televen y a CNN en Español de estar involucrados en un golpe de Estado. Estas amenazas son aún más preocupantes dado que en ocasiones van acompañadas de agresiones físicas. Según la ONG venezolana Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), desde el inicio del año al menos un periodista fue agredido y otros tres detenidos arbitrariamente.

El Gobierno también se vale de la asfixia económica, controlando el acceso del papel a los medios de comunicación independientes. El 10 de mayo, el histórico diario El Impulso denunció que de nuevo era víctima del sistema nacional que suministra papel a la prensa escrita: la Corporación Editorial Maneiro, responsable de comprar el papel para luego venderlo a los periódicos. Según el diario, la escasez de papel –por la que ya se habían visto afectados en 2014– les obligó a reducir el número de páginas del periódico de 16 a 8. El Impulso, creado en 1904, es

VENEZUELA

AMÉRICA

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el diario más antiguo de Venezuela y uno de los principales medios de comunicación independientes del país. A principios de mayo, las redacciones de El Siglo y Última Hora también dieron señales de alarma respecto a su stock de papel.

El 30 de noviembre, los corresponsales extranjeros encargados de cubrir las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 6 de diciembre, se vieron obligados a firmar una extraña “carta de compromiso” elaborada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Minci). En ésta se pedía a los corresponsales que se comprometieran “a no manipular imágenes, audios o textos, para cambiar su sentido, origen o conceptos”, “a transmitir información veraz y oportuna a los usuarios del medio […] y a respetar en todo momento el proceso democrático y de paz”. Formulaciones vagas que, en opinión de RSF, podrían constituir una medida de presión y de censura en este periodo electoral.

La carta también establecía que “en caso de incumplir con todo ello”, el firmante aceptaba que se retirara la acreditación otorgada por las autoridades competentes. Un hecho sin precedentes, según señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, que denunció inmediatamente la maniobra del Minci. Esta medida no respeta los estándares internacionales de libertad de expresión ni el proceso oficial de acreditación de

corresponsales de medios de comunicación extranjeros de Venezuela.

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Internet se consolida como medio de escape y blanco de la censura Un año más el continente asiático presenta un amplio abanico de amenazas a la libertad de información, que van desde los más crueles asesinatos de periodistas e internautas, al recrudecimiento de las iniciativas legislativas que cohartan la libertad de prensa, con especial mención a la actividad reguladora de Internet, un medio cada vez mas consolidado en el continente como herramienta de comunicación y de intento de evasión de la censura.

Países como Bangladesh, Pakistán, Filipinas o India continúan registrando, año tras año, elevados índices de violencia hacia la prensa, con asesinatos de informadores tan crueles como, la mayoría de las veces, impunes. Reporteros Sin Fronteras lleva años reclamando a las autoridades indias un plan de protección para periodistas, perseguidos por radicales religiosos o grupos de poder que ven en los informadores una amenaza directa a sus intereses.

ASIA | Introducción

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Cinco periodistas asesinados en 2015 hacen de la India el país más peligroso del continente este año para la prensa, junto a Bangladesh, donde los profesionales de la información sufren mutilaciones y son asesinados a machetazos por defender posturas laicas. El radicalismo islámista en este país ha llegado incluso a solicitar por escrito a los medios de comunicación que se abstengan de difundir imágenes de mujeres sin burka, y mucho menos de tenerlas en las plantillas de sus redacciones.

China y Vietnam vuelven a encabezar las cifras de informadores encarcelados en el continente y en el mundo. Contadas excepciones -como la puesta en libertad de la vietnamita Ta Phong Tan, o la reducción de la condena a la china Gao Yu- hacen entrever una cierta permeabilidad de las autoridades de ambos países a la presión internacional. Pero lo cierto es que las prisiones se nutren anualmente de nuevos encarcelados entre los informadores que cuestionan, informan o matizan la línea del partido comunista de ambos países, en su gran mayoría a través de Internet.

Especial mención merece Tailandia, donde el gobierno de la junta militar, en el poder tras el golpe de Estado de 2014, ha endurecido férreamente el control a la prensa. Su Presidente practica un desprecio tal hacia los profesionales de la información que les amenaza en directo a través de un programa televisado que emite todas las semanas.

Afganistán y Sri Lanka han experimentado cambios de gobierno esperanzadores para la prensa, si bien los nuevos Ejecutivos tienen todavía muchos retos pendientes. En Afganistán, el gobierno formado a principios de año incluía a varios defensores de los derechos humanos y de la libertad de información, aunque sigue pendiente el desarrollo de una nueva ley de prensa y medidas que ayuden a la protección de los periodistas, amenazados por numerosos frentes. Mientras, en Sri Lanka, las promesas electorales del nuevo Presidente Maithripala Sirisena con respecto a la libertad de información están todavía lejos de conseguirse, tras la abolición inicial y la restauración meses depués del Consejo de Prensa, conocido órgano de control y censura creado en 1973.

Indonesia ha protagonizado este año un acontecimiento histórico: el levantamiento de la prohibición a los periodistas extranjeros de viajar a Papúa Occidental, 52 años después de la anexión de la región. Tendencia contraria a la practicada por las autoridades de Nauru, que intentaron bloquear el acceso a la isla a la prensa extranjera que pretendía informar sobre los conflictivos centros de detención de refugiados, donde, según diversas fuentes, se han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos. Y es que Australia, país responsable de la gestión de los centros, mantiene un año más su política de ocultación de lo que sucede en ellos. Este año ha aprobado una nueva legislación que pasa a

considerarlos lugares “protegidos por motivos de seguridad nacional” y ha impedido a los médicos y demás personal que trabaja en ellos que hablen de las condiciones de los refugiados.

También en nombre de la seguridad nacional, el Presidente de Maldivas decretó en noviembre el estado de emergencia y advirtió a los medios de comunicación que les retiraría las licencias si publicaban contenidos que dañasen la seguridad nacional.

El arsenal legislativo para perseguir a periodistas crece en el continente de manera generalizada, ya sea por la creación de nuevas leyes, ya mediante la aplicación de otras sin revisar desde hace décadas. Así, Malasia continúa recurriendo a la ley de Sedición de 1948, y a la de Comunicaciones de 1998, para hacer redadas en medios de comunicación o dar una vuelta de tuerca más en su acoso al caricaturista Zunar, este año acusado de sedición.

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Superficie: 652.090 km² Población: 31.280.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Ashraf Ghani

Ahmadzai

Puesto

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BARÓMETRO 2015







El Gobierno de unidad nacional, formado en enero, incluía en sus filas a varios defensores de los derechos humanos y de la libertad de información. Un inicio de año prometedor que daba continuidad a las medidas impulsadas por el nuevo Presidente Ashraf Ghani Ahmadzai en materia de libertad de prensa, como eliminar la Comisión de Ofensas de los Medios de Comunicación e impulsar la creación de una nueva ley de prensa y un organismo regulador de los medios.

Sin embargo los periodistas afganos siguen sometidos a numerosas amenazas. A la violencia de los talibanes se suman las detenciones y los abusos de las fuerzas oficiales. Sólo en 2014 se contabilizaron 55 ataques o amenazas a informadores y cinco secuestros, dos de ellos a profesionales extranjeros.

Entre los retos del nuevo Gobierno se encontraba también el fin de la impunidad de los crímenes contra periodistas. La orden dada a la fiscalía, en noviembre de 2014, de reabrir todos los casos de asesinatos de periodistas no había supuesto notables avances ocho meses después, cuando, en mayo de 2015, Reporteros Sin Fronteras reclamaba a las autoridades afganas información sobre los avances de dichas investigaciones.

En agosto, nueve periodistas fueron interrogados por el Departamento de Seguridad Nacional sobre su vinculación con la página de Facebook, Kabul Taxi, una web anónima que detallaba las

actividades de varios ministros y asesores de seguridad.

El ataque talibán a la ciudad de Kunduz, en septiembre, puso de nuevo de manifiesto el riesgo que supone ejercer el periodismo en Afganistán. Los talibanes ocuparon las sedes de la mayoría de los medios de comunicación destrozando sus equipos y provocando un bloqueo total en la zona. Según fuentes locales, la mayoría del centenar de periodistas que trabajaban en la provincia dejaron de hacerlo, y muchos optaron por abandonarla. Semanas después los talibanes declararon “objetivo militar” a todos los profesionales de dos canales de televisión por su cobertura de la ocupación de Kunduz.

A la violencia de los talibanes se sumó a finales de año la del ISIS que detonó dos bombas en la fachada de la sede de dos emisoras de Jalalabad. Según fuentes locales, el ISIS había empezado a presionar a los periodistas de la región para que cubrieran sus actividades.

AFGANISTÁN

ASIA

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Superficie: 7.692.024 km² Población: 23.180.000 habitantes Jefe del Estado: Isabel II Presidente del Gobierno: Malcolm Turnbull

[desde 15.9.2015]

Puesto

25 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El 30 de junio, entró en vigor una legislación sobre las actuaciones en la frontera que limitaba la cobertura del trato que reciben los refugiados en los centros de detención australianos, que, a partir de dicha ley, pasaron a considerarse lugares “protegidos” por motivos de seguridad nacional.

Las autoridades australianas impulsaron con esta nueva legislación medidas directamente restrictivas de la libertad de información, impidiendo a cualquier trabajador de los centros de detención -médicos y otros profesionales- hablar de las condiciones en las que estaban recluidos los solicitantes de asilo sin un permiso previo del Departamento para la Inmigración y Protección de Fronteras.

No es la primera vez que Australia adopta medidas similares. En 2011 las autoridades ya restringieron el acceso a centros de detención de refugiados tras conocerse la muerte de algunos internos.

La nueva ley no solo provocó la reacción del gremio periodístico, también la de los responsables sanitarios que encabezaron varias manifestaciones en distintas ciudades para protestar por lo que consideraban una violación de uno de sus derechos y obligaciones: informar de las violaciones a los derechos humanos.

Una denuncia también formulada por el Relator Especial para la Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, que manifestó, en un informe

publicado en marzo, su preocupación por la violación en Australia del Convenio contra la Tortura y otros tratos Crueles en su gestión de los refugiados, incluidos niños, en los centros de detención de Papúa Nueva Guinea y Nauru.

AUSTRALIA

ASIA

Página | 73

Superficie: 144.000 km² Población: 159.100.000 habitantes Jefe del Estado: Abdul Hamid Presidente del Gobierno: Sheikh Hasina Wajed

Puesto

146 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El islamismo radical es, desde hace años, un grave problema en Bangladesh, donde se han producido algunos de los asesinatos de periodistas más crueles del planeta. 2015 se ha caracterizado por el ensañamiento con los blogueros que defienden posturas laicas en sus actividades en Internet. El grupo islamista Ansarullah Bangla Team, que ha reivindicado varios de estos asesinatos de blogueros, ha llegado a amenazar por escrito a medios de comunicación, a quienes ha instado a despedir a todas las mujeres de la plantilla y a abstenerse de publicar informaciones con mujeres que no lleven burka.

En febrero, se produjo la primera víctima del año a manos de los radicales. El bloguero Avijit Roy fue asesinado a machetazos en una calle de Dhaka. El grupo Ansar al Islam reivindicó la autoría del asesinato y lo justificó en la doble ciudadanía de Roy (de Bangladesh y Estados Unidos) alegando: “América había martirizado a dos de nuestros hermanos”.

En marzo, el bloguero Washiqur Rahman murió de la misma forma, asesinado a machetazos, en un distrito industrial de Dhaka, poniendo de nuevo de manifiesto el riesgo máximo al que se exponen los periodistas y blogueros que se atreven a denunciar el fundamentalismo religioso y a defender la libertad de pensamiento y la tolerancia.

Ananta Bijoy Das, conocido defensor del laicismo, fue asesinado el 12 de mayo, también a machetazos, tras haber tomado el relevo en la web creada por Avijit Roy -Mukto-Mona (Libre Pensamiento)- asesinado tres meses antes.

En agosto, el bloguero Niloy Neel fue atacado en su propio domicilio por individuos armados con machetes que le cortaron la cabeza y las manos. Su “delito” fue criticar todo tipo de fundamentalismos en sus blog, no sólo el islámico, también el hindú y el budista.

Pero, al igual que en otras partes del mundo, los informadores no sólo sufren las consecuencias de desagradar a los radicales, sino también a las autoridades que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, los censuran y llevan ante los tribunales.

En febrero, la Primera Ministra Sheikh Hasina acusó directamente al diario en lengua inglesa Saily Star de apoyar al grupo radical islamista Hizb-ut-Tahrir por publicar una información sobre una de sus campañas que pedía una insurrección en el seno del Ejército. Varios de sus periodistas fueron denunciados ante la justicia.

BANGLADESH

ASIA

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Superficie: 9.598.050 km² Población: 1.364.000.000 habitantes Jefe del Estado: Xi Jingping Presidente del Gobierno: Li Keqiang

Puesto

176 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El juicio a puerta cerrada a la periodista Wu Youming, en enero, acusada de extorsión y chantaje, dio el pistoletazo de salida a un año marcado de nuevo por el acoso a la disidencia de unas autoridades que continúan haciendo de China la mayor cárcel del mundo de informadores, mientras intentan ocultar sus niveles de censura e incluso defienden su respeto por los derechos humanos.

Ajenas a la presión internacional y a las numerosas campañas que piden la puesta en libertad de los disidentes –entre la que destaca la defensora de la periodista Gao Yu, también juzgada por un tribunal de apelación a puerta cerrada, en noviembre, que le redujo su condena a cinco años- las autoridades, no sólo mantienen su nivel de censura, sino que emprenden ambiciosos eventos internacionales para lavar su imagen, como la Conferencia Mundial de Internet en 2014, La Conferencia de Internet Móvil de 2015, o los Juegos Olímpicos de invierno 2022.

Beijing celebró, en abril, la Conferencia Mundial de Internet Móvil (GMIC en sus siglas en inglés) sin ninguna mención a la censura en la red en el país que es a la vez el mayor mercado del mundo de telefonía móvil y el autor de una de las mayores infraestructuras de vigilancia y censura de contenidos, conocido como la “Gran Muralla China”.

Semejante contradicción entre el crecimiento económico chino y la realidad paralela que el Partido Comunista intenta ocultar, pone de manifiesto una actitud, ratificada meses después, cuando el Gobierno chino publicó su balance sobre la situación de los derechos humanos del curso anterior. Según la Oficina de Información del Consejo de Estado, “los enormes avances en materia de derechos humanos en China demuestran plenamente que se está tomando el camino correcto…”

El informe ignoró el centenar de informadores encarcelados en el país y la censura masiva de contenidos, destacando la “mayor protección de la libertad de expresión” basada en datos cuantitativos: “46,5 billones de copias de periódicos, 8,4 de libros, 650 millones de internautas…” Pero lo cierto es que la regulación en materia de libertad de prensa que llevan a cabo las autoridades contiene constantes prohibiciones a la “crítica no autorizada”, mientras las cárceles chinas se llenan anualmente de periodistas y defensores de los derechos humanos.

En 2015 destacaron los asociados a la página web 64Tianwang, conocida plataforma de publicación de temas sociales, cuyos colaboradores languidecen en prisión o son perseguidos e interrogados.

CHINA

ASIA

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En marzo fue detenido Lian Huanli y condenado a un año de cárcel, acusado de practicar la prostitución, pese a ser conocido por su defensa de los derechos de los afectados por el terremoto de Sichuan de 2013. En abril fue encarcelada Zhang Jixin, acusada de “alteración del orden público” y de “provocación”, y Yang Dongying fue detenida en junio, tras denunciar los interrogatorios a su hijo de 13 años (que terminó hospitalizado) para obtener información sobre su posible vinculación con miembros de la web 64Tianwang.

La propaganda del Partido intenta además controlar cualquier suceso que pueda trascender nacional e internacionalmente. En agosto, las autoridades intentaron reducir la información sobre las explosiones químicas en la localidad de Taijin limitando la cobertura de los hechos a la publicada por la agencia nacional Xinhua y prohibiendo la publicación de videos en directo y comentarios u opiniones personales en el resto de medios. El Departamento de Propaganda de Tianjin prohibió además a todos los trabajadores de canales de televisión, emisoras de radios, periódicos y blogs publicar informaciones en las redes sociales. También la prensa internacional vio obstaculizado su trabajo: el corresponsal de la CNN, Will Ripley, no pudo informar desde un hospital que recibía a las víctimas de las explosiones, y el reportero de la CBS, Seth Doane, fue interceptado por la policía para impedirle grabar en directo.

Los casos de corrupción o cualquier información económica están cuidadosamente blindados, ya sea bajo la fórmula de proteger secretos de Estado o secretos financieros. En junio el periodista Wang Xiaolu, de la revista económica Caijing, fue detenido por las autoridades tras publicar informaciones sobre las políticas de mercado de la Comisión Reguladora de Seguridad China, un organismo encargado de vigilar el mercado de valores chino. En octubre fue el turno del periodista Liu Wei, acusado de revelar secretos de Estado por sus investigaciones sobre un caso de corrupción que involucraba a un maestro de qigong (un sistema tradicional de ejercicio y meditación), miembros del Partido Comunista, empresarios y celebridades.

Además, las ambiciones de control de la información de las autoridades chinas van más allá de sus fronteras, pidiendo la colaboración a países extranjeros en extraditar a disidentes -como ocurrió con el caricaturista chino Jiang Yefei, extraditado desde Tailandia a finales de octubre- u orquestando campañas de difamación contra periodistas extranjeros, como la emprendida contra la francesa Ursula Gauthier, en noviembre, por escribir un artículo sobre la política china con respecto a la comunidad uigur de la provincia occidental de Xinjiang, que culminó con el anuncio de la no renovación de su visado, en diciembre.

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Superficie: 99.678 km² Población: 50.220.000 habitantes Jefe del Estado: Park Geun-hye Presidente del Gobierno: Hwang Kyo-ahn

[desde 18.6.2015]

Puesto

60 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Cuestionar a la Presidenta Park Geun-hye o a su familia ha demostrado ser una actividad arriesgada en Corea del Sur en 2015, donde varios periodistas se han visto enfrentados a procesos judiciales por hacerlo.

Los periodistas independientes Kim Ou-joon y Choo Chin-woo, fueron acusados de difamación por el hermano de la Presidenta Park Geun-hye, Park Ji-man. Ou-joon y Chin-woo publicaron una información, en abril de 2011, sobre las irregularidades e inconsistencias en la investigación del asesinato de un primo de Park Ji-man, Park Yongchul. Según Park Ji-man, los periodistas insinuaban en la investigación su participación en la muerte de su primo, hecho por el que les llevó ante los tribunales, que no obstante les absolvieron en 2014. Pero la fiscalía recurrió y a principios de 2015 todavía se enfrentaban a una posible condena, en un proceso judicial largo, destinado a disuadir a los periodistas de hacer informaciones sensibles de interés general.

Meses después, en noviembre, el antiguo redactor jefe del periódico Sankei Shimbun, Tatsuya Kato, se enfrentaba a otro proceso judicial que le pedía año y medio de cárcel con cargos de difamar a la Presidenta Park Geun-hye en una información, publicada en 2014, sobre la actuación de ésta en la crisis del hundimiento del ferry de Sewol en el que murieron más de 300 personas.

COREA DEL SUR

ASIA

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Superficie: 300.000 km² Población: 99.140.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Benigno Aquino

Puesto

141 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Reporteros Sin Fronteras ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de tomar medidas que garanticen la seguridad de los periodistas en Filipinas, que año tras año son asesinados sin grandes avances en la persecución de este tipo de crímenes. Seis años después de la masacre de Maguindanao, donde fueron asesinados 32 informadores, el proceso judicial contra los que se cree responsables de los hechos todavía no ha producido ninguna condena.

En 2015 fueron asesinados, en tan sólo dos semanas del mes de agosto, tres periodistas: Cosme Diez Maestrado, de la radio local dxOC de OZamiz; Teodoro “Tio Todoy” Escanilla, presentador del programa “Pamana ng Lahi” de la DZMS; y Gregorio “Loloy” Ybañez, editor del semanario Kabuhayan News Services.

Pese a que la policía había detenido a varios sospechosos del asesinato de Maestrado, que según las investigaciones habían sido contratados a sueldo, meses después todavía no se había tomado ninguna otra medida al respecto. Maestrado era conocido por sus críticas y comentarios sobre la corrupción de oficiales locales, y había sobrevivido a otro intento de asesinato en 2011.

Teodoro Escanilla además de periodista era también portavoz de una ONG de defensa de los derechos humanos en la provincia de Sorsogon, y representante del partido político Anakpawis, que defiende los derechos de los agricultores.

Gregorio “Loloy” Ybañez también tenía otras actividades relacionadas con la información y la denuncia, además de su trabajo en el semanario Kabuhayan News Services. Era el presiente del club de prensa y radiotelevisión de Davao.

FILIPINAS

ASIA

Página | 78

Superficie: 3.287.260 km² Población: 1.252.000.000 habitantes Jefe del Estado: Pranab Mukherjee Presidente del Gobierno: Narendra Modi

Puesto

136 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Cubrir temas sensibles, ya sean religiosos, políticos, relacionados con el crimen organizado o la corrupción, sigue constituyendo un grave riesgo para el ejercicio del periodismo en la India, país en el que desde hace años resulta peligroso criticar al Islam o investigar las actividades de los gobernantes o mafias locales. Diversos grupos amenazan y llegan incluso a atacar a periodistas y blogueros con la connivencia de las autoridades, cuya inactividad al respecto alienta este tipo de ataques. Reporteros Sin Fronteras lleva tiempo reclamando un plan de protección a periodistas.

En junio, el periodista Jagendra Singh murió como consecuencia de las quemaduras en más de un 60% de su cuerpo producidas durante una redada policial en su casa de Shahjahanpur, del estado de Uttar Pradesh. El periodista acusó a la policía antes de morir en el hospital, de prenderle fuego deliberadamente durante la redada, una versión confirmada por sus familiares y otros testigos. Jagendra Singh, acusó al gobernador del Estado, Ram Murti Verma, de someterle a él y a su familia al “reino del terror” por sus investigaciones y comentarios sobre él.

Ese mismo mes Sandeep Kothari fue secuestrado en una carretera del estado de Madhya Pradesh y hallado muerto al día siguiente, quemado, en el distrito de Wardha. Según fuentes locales, el periodista investigaba mafias de extracción ilegal de magnesio y arena en la región.

Raghavendra Dube, propietario y editor del semanario Khushboo Ujala, fue hallado muerto, en julio, en las inmediaciones de una comisaría a la que había acudido para ayudar a la policía en la investigación del ataque a dos periodistas: el

reportero de Mumbai Headlines, Santosh Mishra, y el reportero de Dabang Khabr, Shashi Sharma.

En noviembre, fueron asesinados, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, los periodistas Hafeez Ur Rehman y Muhammad Zaman Mehsud. Ambos fueron disparados por individuos sin identificar que se dieron a la fuga.

Además, las autoridades indias decidieron aplicar la censura informativa en los enfrentamientos entre las comunidades hindúes y musulmanas en la región de Kashmir. En abril prohibieron durante varios días las emisiones de la cadena Al-Jazeera en represalia por haber publicado mapas, a su modo de ver, incorrectos de la frontera que el estado indio de Kashmir tiene con Pakistán. No era la primera vez que ocurría. En 2011 las autoridades indias forzaron a la revista The Economist a modificar 28.000 copias de una edición que contenía un mapa de un territorio reclamado por India y Pakistán.

Meses más tarde, en septiembre, el gobierno indio ordenó la desconexión total de Internet durante tres días en los estados de Jammu y Kashmir para evitar la tensión entre las comunidades musulmanes e hindúes los días previos a la celebración del festival musulmán de Eid al-Adha, en el que se sacrifican vacas, animal sagrado para la comunidad hindú. La suspensión de Internet obligó a paralizar el trabajo de periodistas y medios de comunicación, especialmente digitales, privando a la población de su derecho al acceso a la información.

INDIA

ASIA

Página | 79

Superficie: 1.904.570 km² 2 Población: 254.500.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Joko Widodo

[desde 20.10.2014]

Puesto

138 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Desde la anexión de la región de Papúa Occidental, en 1963, las autoridades indonesias han restringido el acceso a la información a la prensa internacional para impedirle la cobertura de las protestas de civiles contra el Gobierno y las actividades de los grupos separatistas que operan en la zona. En una campaña sin precedentes, varias organizaciones internacionales, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, reclamaron el fin de esta prohibición que afectaba, tanto a periodistas, como a observadores internacionales. 22 ciudades del mundo fueron testigo de diversas manifestaciones que reclamaban al Gobierno indonesio una modificación de su política hacia Papúa Occidental.

El Presidente Joko “Jokowi” Widodo, anterior gobernador de Jakarta, inauguró su presidencia, en 2014, ordenando la puesta en libertad de los periodistas franceses Valentine Bourrat y Thomas Dandois, que habían sido condenados a dos años de cárcel por entrar al país con visados de turistas, y levantó finalmente la prohibición a los periodistas extranjeros de viajar a Papúa Occidental. “No hay nada que ocultar”, afirmó.

La medida permitió la publicación de un informe histórico, el primero en más de 50 años, elaborado por la televisión Maori TV sobre la comunidad étnica de Papúa. Pero la oposición de la fuerzas del orden en la zona a la presencia de informadores seguía latente. En octubre, dos colaboradores locales de periodistas franceses fueron detenidos e interrogados por la policía. Y el

reportero de la web TabloidJubi.com, Abeth You, fue atacado por los agentes cuando cubría una manifestación en Jayapura, la ciudad más grande de Papúa Occidental.

Además, en noviembre, los periodistas británicos Rebecca Prosser y Neil Bonner fueron condenados a dos meses y medio de cárcel por entrar a Indonesia con un visado de turista. Habían sido detenidos en mayo por la armada mientras pretendían filmar un documental financiado por National Geographic sobre la piratería en el estrecho de Malaca. De nuevo la legislación migratoria, que había condenado a los franceses Valentine Bourrat y Thomas Dandois, servía para condenar a dos periodistas extranjeros por el ejercicio de su profesión en Indonesia.

INDONESIA

ASIA

Página | 80

Superficie: 329.750 km² Población: 29.720.000 habitantes Jefe del Estado: Tuanku Abdul Halim

Muadzam Shah Presidente del Gobierno: Najib Razak

Puesto

147 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El caricaturista Zunar mantiene desde hace años una lucha sin tregua con las autoridades de Malasia, que han terminado juzgándole en 2015 por sedición y enfrentándole a una posible sentencia de 43 años de cárcel. Pero el caricaturista no es el único objetivo en esta política de acoso gubernamental a periodistas que discrepan de las posturas oficiales.

Zunar, que ya ha estado detenido en dos ocasiones por la Ley de Sedición -tres días en 2010 y dos días, en febrero de 2015, tras la publicación de su libro “Cartoon-o-phobia”- sufre las continuas prohibiciones de las autoridades a toda su obra. Las redadas en su propio domicilio y confiscaciones de sus libros se amparan en acusarle de hacer un trabajo “en detrimento del orden público”. El último libro contiene nueve caricaturas críticas con la corrupción del Gobierno del primer Ministro Najib Abdul Razak y el juicio al político de la oposición Anwar Ibrahim.

Pero no es el único, tanto el periodismo local como el extranjero se ve perseguido por las autoridades al amparo de la ley de Sedición de 1948 y la de Comunicaciones de 1998. En marzo, una redada de la policía en la sede del periódico Malaysian Insider y la web de noticias TMI detuvo a cinco periodistas para interrogarles sobre sus informaciones “imprecisas y confusas”. Según la web TMI, las detenciones estaban relacionadas con una información sobre una posible enmienda a la ley federal que regula

la utilización de los castigos basados en la ley islámica en el estado de Kelantan.

Cuatro meses después, en julio, las autoridades bloquearon el acceso a la web creada por la periodista británica Clare Rewcastle Brown, Sarawak Report, y emitieron una orden de arresto contra ella por cargos de “actividades en detrimento de la democracia”. La actividad en cuestión consistía en informar de una investigación de la fiscalía general del Estado sobre supuestos desvíos de capitales de un fondo de desarrollo, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), a la cuenta personal del Primer Ministro Najib Razak. El ministerio del Interior suspendió por el mismo motivo a los periódicos The Edge Weekly y The Edge Financial Daily durante tres meses, acusándoles de publicar contenidos “perjudiciales para el público y el interés nacional”.

MALASIA

ASIA

Página | 81

Superficie: 298 km² Población: 357.000 habitantes Jefe del Estado: Abdulla Yameen Abdul

Gayoom

Puesto

112 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Presidente Abdulla Yameen decretó, en noviembre, el estado de emergencia tras varios meses de tensión política en el país y un intento de atentado en la capital, Male. La corporación de Radiodifusión de Maldivas advirtió a los medios de comunicación que les retiraría las licencias si publicaban contenidos que “dañaran la seguridad nacional”, y los días previos al anuncio del Presidente varios periodistas fueron detenidos y fueron objeto de intimidaciones y ataques informáticos.

La policía suspendió las emisiones de la cadena Sangu TV y confiscó todos sus ordenadores en una redada en su sede, a principios de noviembre. Las autoridades acusaron a la televisión de haber publicado un vídeo en el que se veía un logo del ISIS y tres individuos armados que amenazaban de muerte al Presidente Yameen. Los directivos de la cadena, sin embargo, insistieron en no tener nada que ver con el vídeo.

También Hussain Fiyaz Moosa, jefe de operaciones de Raajje TV, y los reporteros Mohamed Wisam y Leevan Ali Naseer estuvieron un día retenidos en dependencias policiales por haber cubierto la operación policial que desactivó un coche bomba frente al palacio presidencial. Les acusaron de “obstruir a la justicia” y “poner en peligro a la sociedad”. Según Raajje TV fueron gravemente agredidos durante su estancia en comisaría.

Además, varias webs de noticias denunciaron interrupciones en Internet. Haveeru y Sun Online estuvieron inaccesibles durante la mañana del 4 de noviembre y sufrieron ataques informáticos del tipo DDoS.

MALDIVAS

ASIA

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Superficie: 21 km² Población: 9.540 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Baron Waqa

BARÓMETRO 2015







El Gobierno de la isla Nauru impuso, en octubre, un bloqueo mediático tras las informaciones publicadas de supuestas violaciones de los derechos humanos en los centros de detención de refugiados en Australia. Nauru, independiente de Australia desde 1968, acogió un centro de refugiados en 2001 a cambio de ayuda económica australiana, nación encargada de supervisar dichas instalaciones.

La cadena Al Jazeera denunció haber recibido un correo electrónico en su sede de Sydney, el 9 de octubre, en el que se advertía que el Gobierno de Nauru les denegaba su visado de prensa y haría lo mismo con todos los medios de comunicación que lo solicitaran.

La isla de Nauru carece de medios independientes y se nutre de la información que los internacionales llevan a la zona y elaboran desde ella. Pero el acceso de la prensa es cada vez más difícil. Ya en enero de 2014 se había elevado el precio de los visados de prensa a 5.000 euros.

NAURU

ASIA

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Superficie: 796.100 km² Población: 185.000.000 habitantes Jefe del Estado: Mamnoon Hussain Presidente del Gobierno: Nawaf Sharif

Puesto

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BARÓMETRO 2015


1 Internauta o periodista ciudadano asesinado





La violencia que sufren los informadores en Pakistán lleva cada año a muchos de ellos al exilio. Otros, por desgracia, mueren asesinados, en crímenes la mayoría de las veces sin resolver y sin juzgar. Cinco informadores asesinados en 2015 son una palpable muestra de ello. Por si fuera poco, durante el año ha sido aprobada una controvertida ley sobre delitos informáticos, que permite al Gobierno censurar cualquier contenido sin orden judicial, criminalizar las actividades de los internautas, y acceder a sus datos sin control ni supervisión de la justicia.

El profesor de periodismo Syed Wahidur Rahman, fue asesinado, en abril, en las inmediaciones de la Universidad de Karachi, cuatro días antes del asesinato del activista de la libertad de prensa y los derechos humanos Sabeen Mahmud, que había organizado una mesa de debate sobre la violencia en la región de Baluchistán.

Sus crímenes seguían sin resolver meses después cuando, en junio, fue asesinado el periodista de Balochistán, Zafarullah Jatak. Y en septiembre, el periodista Aftab Alam, antiguo trabajador para Geo TV, retirado por motivos de salud, fue asesinado, en Karachi, por dos individuos que le dispararon desde una motocicleta. La misma técnica empleada horas antes para matar a Arshad Ali Jaffari, ingeniero de Geo TV, en una oleada de violencia contra los profesionales de dicha cadena, amenazados desde hace tiempo por el Gobierno, las agencias de Inteligencia y los talibanes.

En noviembre los talibanes reclamaron la autoría del asesinato del periodista Muhammad Zaman Mehsud, de los diarios Nai Baat y Daily Ummat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Hafeez Ur Rehman murió ese mismo mes también tiroteado desde una motocicleta, después de 12 años trabajando para Neo TV.

Los ataques a la prensa continuaron a finales de año con el lanzamiento de bombas caseras contra la sedes de Express News y Din News en la provincia de Punjab, Gawahi Television, en Karachi, o Dunya News en la ciudad de Faisalabad.

Pero la violencia no es la única amenaza para el ejercicio del periodismo en Pakistán. El Parlamento paquistaní aprobó en abril una nueva legislación sobre delitos informáticos que permitía al Gobierno censurar cualquier contenido sin orden judicial, criminalizar las actividades de los internautas, y acceder a sus datos sin control ni supervisión de la justicia.

Uno de sus artículos más controvertidos permitía al Gobierno el bloqueo de contenidos si ello era considerado “necesario para el interés de la gloria del Islam o la integridad, seguridad y defensa de Pakistan o alguna de sus partes, así como para las relaciones de amistad con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moral”.

El nuevo texto legal criminalizaba también la sátira en Internet con penas de hasta tres años de cárcel. Así mismo, emplear un sistema de

PAKISTÁN

ASIA

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encriptado de contenidos -que muchos internautas utilizan para evadir la censura en Youtube y otras webs- podría ser también considerado ilegal.

No es la primera vez que Pakistán emprende acciones contra los contenidos en la red. Ya en 2012 el ministerio de Tecnologías de la Información invitó a varias empresas a elaborar un sistema nacional de filtrado y bloqueo de contenidos en Internet basado en la censura china conocida como “la gran muralla”.

Además de crear una nueva ley de delitos informáticos, las autoridades elaboraron, en agosto, un código de conducta para radios y televisiones diseñado para institucionalizar la autocensura en los profesionales de información. La Autoridad Reguladora de los Medios Electrónicos de Pakistán publicó su Código de Conducta de Medios Electrónicos 2015 pretendiendo limitar, entre otros, los comentarios sobre el Islam, las autoridades judiciales y las fuerzas armadas.

Pero no sólo el Gobierno se permite la licencia de regular los contenidos periodísticos. Otros grupos también lo hacen, además de los talibanes, como el paramilitar Assam Rifles, que escribió a varios medios de comunicación del estado de Nagaland ordenándoles no reproducir las declaraciones de un grupo separatista ilegalizado. Assam Rifles advertía a las redacciones de los periódicos Eastern Mirror, Nagaland

Page, Morung Express, Nagalang Post y Capi Daily, que estaban prestando “apoyo a una organización ilegalizada” y serían sancionados por la Ley de (Prevención de) Actividades Ilegales de 1967 si continuaban publicando declaraciones del Consejo Nacional Socialista de Nagaland - Khaplang (NSCN-K).

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Superficie: 65.610 km² Población: 20.480.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Maithripala

Sirisena [desde 9.1.2015]

Puesto

165 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La elección del Presidente Maithripala Sirisena, en enero de 2015, puso fin al Gobierno de los hermanos Rajapaksa -el Presidente Mahinda Rajapaksa y su hermano, el ministro de Defensa, Gotabhaya Rajapaksa- conocidos depredadores de la libertad de información, cuya dureza hacia la prensa se intensificó desde su reelección, en 2010, y el fin -oficial- de la guerra civil.

Pero el acoso del Gobierno de los hermanos Rajapaksa a los periodistas tamiles en años anteriores está lejos de llegar a su fin. En abril se volvieron a producir nuevos interrogatorios por parte de la policía, como el de James Joseph Fernando, cuestionado por sus artículos publicados en 2009 críticos con el Gobierno, o la detención de N. Logathayalan, tras denunciar en un artículo un caso de violencia policial en Jaffna.

Los 100 días de Gobierno del Presidente Sirisena terminaron sin notables avances en materia de libertad de prensa. Las promesas electorales del nuevo Presidente sobre el respeto a la libertad de información se tradujeron más bien en temores confirmados de continuidad en las prácticas del Gobierno anterior.

En julio, el Presidente Sirisena decidió reanudar las actividades del Consejo de Prensa, conocido órgano de control y censura creado en 1973, ampliamente utilizado durante la presidencia de Mahinda Rajapaksa, y que el propio Maithripala Sirisena había clausurado tras su victoria electoral.

SRI LANKA

ASIA

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Superficie: 513.120 km² Población: 67.730.000 habitantes Jefe del Estado: Bhumibol Adulyadej Presidente del Gobierno: Prayuth Chan-ocha

Puesto

134 De 180 países



BARÓMETRO 2015





1 Internauta o periodista ciudadano encarcelado


La libertad de información en Tailandia se ha deteriorado de forma dramática desde el golpe de Estado de mayo de 2014. Los interrogatorios a los periodistas y las redadas en los medios de comunicación se han convertido en prácticas habituales de las nuevas autoridades, cuyo Primer Ministro, Prayut Chan-o-cha, se permite libertades como la de afirmar que “probablemente ejecutará” a los periodistas que se salgan de la línea oficial.

Semejante afirmación, proferida el 5 de marzo, Día de los Reporteros en Tailandia, se suma a las constantes acusaciones que vierte sobre la prensa en su programa semanal “Devolver la felicidad a Tailandia”. Prayut Chan-o-cha explica en él las políticas del Gobierno, critica la cobertura que hacen los medios de comunicación de los distintos sucesos del país, y acusa a los periodistas de no prestarle suficiente atención y de no tener una actitud más “colaboradora”.

Especialmente preocupado por controlar Internet, el Gobierno estudiaba a principios de año una nueva legislación sobre delitos informáticos que permite a las autoridades la vigilancia legal de contenidos en la red e incluso el poder de bloquear contenidos online sin orden judicial. La nueva legislación contempla también la posibilidad de pedir a los proveedores de Internet la colaboración necesaria para vigilar las actividades en la red instalando programas de vigilancia y espionaje de contenidos.

Precisamente por sus actividades en Internet, fue detenido a principios de año el abogado de derechos humanos Anon Numpa, conocido defensor de acusados por delitos de Lesa Majestad, uno de los más habituales en el país para perseguir a periodistas.

Meses después, en julio, el editor de la web Phuketwan, Alan Morison, de nacionalidad australiana, y una de sus reporteras, Chutima Sidasathian, fueron acusados formalmente de difamar a la Armada Real Tailandesa por un artículo, publicado en 2013, sobre el acoso a los refugiados de la comunidad Rohingya y la posible implicación de mafias tailandesas en el tráfico de personas. Morison y Sidasathian sugerían la complicidad de la Armada en dicho tráfico de personas, ignorando deliberadamente las actividades de los traficantes, sin llegar a acusarla directamente de participar en él. Sin embargo la Armada se personó en la acusación de un juicio que terminó con la absolución de los periodistas, en septiembre.

El arsenal legislativo para perseguir a la prensa permite a las autoridades, además de iniciar procesos de Lesa Majestad, difamación, o violación de la ley de delitos informáticos, utilizar una inusual herramienta: La ley de Control de Armas de 1987, que considera a los cascos y chalecos antibalas equipamiento controlado por el Ejército, y obliga a todo el que quiera llevarlos a tener un permiso del ministerio de Defensa.

TAILANDIA

ASIA

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Pese a que esta normativa no suele utilizarse contra los profesionales que cubren las numerosas manifestaciones que se realizan en Tailandia, lo cierto es que por ese motivo, en agosto, el fotoperiodista “Anthony” Kwan fue detenido en el aeropuerto de Bangkok. Kwan llevaba entre sus pertenencias un chaleco antibalas y se enfrentaba a una posible sentencia de un tribunal militar de cinco años de cárcel o una multa de 1.230 euros.

En septiembre, el periodista Pravit Rojanaphruk, del diario Thai daily The Nation, fue citado por las autoridades militares para lo que ellas mismas denominan un “ajuste de actitud”. Rojanaphruk se desplazó voluntariamente a las dependencias del Ejército en Bangkok, donde fue detenido y trasladado a otra base militar no detallada por las autoridades.

Pero la prensa local no es la única que sufre la arbitrariedad del régimen y de un sistema judicial al servicio de las autoridades políticas. También en septiembre, el defensor de derechos humanos británico Andy Hall fue acusado por los tribunales tailandeses por haber expuesto, en una entrevista en la cadena Al Jazeera, en abril de 2013, sus investigaciones sobre las condiciones de los trabajadores birmanos de una planta de la empresa nacional de fruta en el sur de Tailandia.

Especialmente preocupadas por la imagen del país, las autoridades persiguen y censuran toda información sensible que ponga en entredicho el

Gobierno de la junta militar. El 1 de diciembre, la edición internacional de New York Times, apareció con espacios en blanco por la negativa de las imprentas locales a imprimir un artículo sobre las dificultades de la junta militar para reactivar la economía del país.

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Superficie: 331.690 km² Población: 90.730.000 habitantes Jefe del Estado: Truong Tan Sang Presidente del Gobierno: Nguyen Tan Dung

Puesto

175 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Vietnam, una de las mayores cárceles de internautas del mundo, comenzó 2015 nutriendo sus prisiones con nuevos informadores, una vez más al amparo de una legislación represiva que castiga penalmente el “abuso de las libertades democráticas”. La puesta en libertad de la bloguera Ta Phong Tan, en septiembre, no atenúa la realidad de los más de 20 informadores que continúan presos en el país asiático.

Los blogueros Le Thi Phuong Anh, Do Nam Trung y Pham Minh Vu fueron condenados, en febrero, a penas de 12 a 18 meses de cárcel por sus comentarios en la red social Facebook sobre las manifestaciones contra China y lo que se consideró una invasión de aguas territoriales vietnamitas por parte de sus vecinos.

El Partido Comunista de Vietnam sigue de cerca a todo lo que considera un riesgo para su propio prestigio, lo que le lleva a iniciar procesos judiciales contra periodistas y blogueros por “insultar al Estado y al Partido Comunista”, u orquestar auténticas campañas de represión y censura cuando se aproximan fechas significativas. Fue el caso, en abril, del acoso a numerosos informadores ante la inminente celebración del 40 aniversario de Partido Comunista. Las autoridades vigilaron de cerca a muchos de ellos, llegando a registrarse casos de intimidación y agresiones. Entre otros, destacó el caso del periodista independiente Pham Chi Dung, que había publicado una carta abierta al secretario del partido Comunista en Ho Chin Minh

y al jefe de la policía de la ciudad, y que vio su casa rodeada de policías a finales del mes de abril.

En agosto, las autoridades hicieron todo lo posible por evitar el desarrollo de un seminario organizado por Reporteros Sin Fronteras y la organización Defender a los Defensores (DTD) sobre seguridad digital. El hotel Cat Ba Island, a 160 km de Hanoi, donde se celebró el seminario, estuvo constantemente rodeado de individuos uniformados que intentaron interrumpirlo en varias ocasiones.

En septiembre, la bloguera Ta Phong Tan, apadrinada por la sección española de Reporteros Sin Fronteras, fue puesta en libertad tras cumplir tres años de la condena a 10 años de prisión por cargos de “propaganda antigubernamental”, impuesta en 2012. Su inmediato exilio a los Estados Unidos puso de manifiesto el nulo espacio que tienen las voces críticas en Vietnam, como se comprobó, semanas después, en diciembre, con la agresión y nueva detención del internauta Nguyen Van Dai.

VIETNAM

ASIA

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El periodismo independiente, una profesión demasiado arriesgada Ejercer el periodismo independiente en Asia Central supone un riesgo que cada vez menos informadores pueden tolerar. Las autoridades no dudan en encarcelar a los periodistas utilizando topo tipo de acusaciones como chantajes, extorsiones, tráfico de drogas o, como ha ocurrido este año, incitar a menores a cometer crímenes. Los procesos judiciales son tan rápidos como contundentes con elevadas condenas de cárcel, como la que sufren los nueve informadores presos en Uzbekistán. El país tiene a a algunos de los informadores encarcelados desde hace más tiempo en el mundo. Y cuando cumplen sus condenas, como Muhammad Bekjanov, las autoridades les vuelven a condenar, en su caso a cuatro años más de cárcel por desobedecer a los guardias de la prisión. En Turkmenistán, Osmankuly Hallyev dejó la profesión tras las amenazas y los ataques a su persona y su familia, cuyos miembros perdieron su trabajo como represalia de las autoridades al periodista.

La mayoría de los medios son estatales y los pocos independientes luchan por sobrevivir a multas y procesos judiciales. Es el caso del ADAM Bol, en Kazajistán suspendido y multado hasta la asfixia económica.

Los procesos electorales son especialmente arriesgados para la prensa. En Tayikistán varios periodistas denunciaron presiones los meses previos a las elecciones generales, mientras Uzbekistan ha vuelto a reelegir a Islam Karimov, pese a que la Constitución del país prohibía su tercer mandato. El gobierno de Karimov es conocido por sus ataques a la prensa entre los que se incluyen detenciones, torturas o encarcelamientos en hospitales psiquiátricos.

ASIA CENTRAL | Introducción

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Superficie: 2.724.900 km² Población: 17.040.000 habitantes Jefe del Estado: Nursultan Nazarbayev Presidente del Gobierno: Karim Masimov

Puesto

160 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Gobierno recrudeció la persecución de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en Kazajistán. Así, el periódico semanal perteneciente a la oposición, ADAM bol, tuvo que apelar a sus lectores para pagar una multa de más de 20.000 euros a la cual no podía hacer frente pues había suspendido su publicación durante un mes, mientras que su dueño estaba siendo amenazado con un proceso legal si no pagaba. Por otra parte, la editora de dicha publicación fue detenida e interrogada por la policía cuando se dirigía hacia una manifestación, y un juzgado decretó el cierre definitivo del medio. Casi inmediatamente después, ADAM fue lanzado al mercado, aunque las autoridades lo suspendieron durante tres meses por escribir dos artículos en lengua no kazaja, sumándose así a la larga lista de publicaciones lanzadas por la conocida periodista de la oposición, Guljan Yergaliyeva, que acabaron cerrándose.

En enero, un agente judicial se presentó en las oficinas del semanario de la oposición kazaja, ADAM bol, a recoger la multa impuesta a la revista, en noviembre de 2014. Dado que el medio había cerrado, tras haberse suspendido su publicación durante un mes, no pudo pagar los cinco millones de tengues (unos 22.000 euros) y apeló a los lectores para que hicieran una donación. Ayan Sharipbayev, dueño del medio, fue amenazado con un proceso penal si no pagaba la multa. El 24 del mismo mes, Guljan Yergaliyeva, editora de ADAM bol, que fue condenado

judicialmente al cierre en diciembre 2014, fue detenida e interrogada por la policía durante dos horas, junto con la activista pro derechos humanos y miembro del comité de apoyo a la publicación, Rozlana Taoukina, cuando ambas se dirigían junto con un grupo de personas afines a una manifestación de apoyo al medio en Almaty. En marzo, un juzgado confirmó el cierre del semanario ADAM bol, que finalmente fue cerrado en febrero.

A principios de septiembre, y a los seis meses de su lanzamiento, el periódico de la oposición, ADAM, fue suspendido por un periodo de tres meses. El medio fue lanzado el 13 de marzo, casi inmediatamente después de que su predecesor, ADAM bol, fuera cerrado a finales de febrero. La empresa que imprime ADAM notificó que le era imposible imprimir el último número por ‘razones técnicas’. Los representantes del gobierno regional de Almaty se personaron en la sede del periódico e hicieron entrega de una orden de cierre por haber publicado artículos escritos en una lengua que no era la kazaja y había así violado sus estatutos. Dos horas más tarde, un juzgado administrativo en Almaty emitió una orden suspendiendo el periódico durante tres meses y obligándole a pagar una multa de 200.000 tengues (unos 750 euros). El medio debe su creación a la conocida periodista de la oposición, Guljan Yergaliyeva, y se suma a la lista de publicaciones creadas por ella que han acabado siendo suprimidas.

KAZAJISTÁN

ASIA CENTRAL

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A mediados de mes, las autoridades de la provincia de Pavlodar decidieron mantener en detención preventiva a Yaroslav Golyshkin, detenido en mayo. El director del periódico local Versya, en un principio interrogado como testigo en relación con un caso de violación en el que estaba implicado el hijo del gobernador regional, fue finalmente condenado en octubre a ocho años de cárcel. Tras haberse negado a hacer una declaración falsa que implicaría al vicegobernador de la región al que las autoridades querían implicar, Golyshkin fue acusado de chantaje, extorsión y de incitar a un menor a cometer un crimen. Finalmente fue condenado por cargos de intento de extorsión al gobernador regional.

Y en diciembre, las autoridades encarcelaron a dos periodistas de Nakanune, Rafael Balgin y Guzal Baidalinova.

Página | 92

Superficie: 143.100 km² Población: 8.208.000 habitantes Jefe del Estado: Emomali Rahmon Presidente del Gobierno: Qohir Rasulzoda

Puesto

116 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El gobierno de Tayikistán socavó el pluralismo mediático, en 2015, hasta el punto de que las autoridades controlan casi todos los medios de radiodifusión siendo el grupo mediático Asia Plus –que mantiene un periódico semanal, una estación de radio, un estudio de televisión y una web de noticias–, uno de los pocos medios independientes que todavía existen en el país. Igualmente el país fue acusado de suspender el acceso a Internet aleatoriamente al igual que el servicio de mensajería telemática.

En las elecciones generales, celebradas en marzo, varios periodistas se quejaron de haber recibido amenazas por parte de los servicios de seguridad nacionales en las semanas previas al plebiscito. Muchos de ellos dijeron haber recibido correos electrónicos y mensajes al móvil en los que se les decía: “deja de escribir historias críticas”. De lo contrario sus vidas privadas serían expuestas al público. Otros periodistas independientes también fueron blanco de campañas de desprestigio por parte de los medios oficiales y en las redes sociales, en las que a menudo se utilizaron elementos de sus vidas privadas. Un reportaje de la cadena de televisión estatal, TVT, acusó a algunas organizaciones de noticias independientes de apoyar al alcalde de Dushanbe a cambio de pisos o tierras.

TAYIKISTÁN

ASIA CENTRAL

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Superficie: 488.100 km² Población: 5.307.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Gurbanguly

Berdymujamédov

Puesto

178 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La presión para ejercer el periodismo es tal en Turkmenistán, que este año un periodista ha sido interrogado y amenazado de tal manera que se ha visto obligado a abandonar el ejercicio de la profesión. Las autoridades continúan además utilizando cargos como la posesión ilegal de drogras para acosar a los infomadores, a quienes detienen e incomunican con frecuencia.

En junio, el periodista Osmankuly Hallyev, que ha trabajado para el servicio turcomano de RFE/RL durante muchos años, tuvo que dejar de hacerlo después de ser interrogado y amenazado y cuando varios miembros de su familia perdieron sus puestos de trabajo por causa del informador.

El 7 de julio, el periodista autónomo Saparmamed Nepeskuliev que ha trabajado para el servicio turcomano de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y la web de noticias Alternative Turkmenistan News (ATN), basada en Holanda, desapareció cerca de la ciudad de Turkmenbashi. El 29 de ese mismo mes se supo que se encontraba recluido en régimen de incomunicación por las autoridades, acusado de estar en posesión de drogas.

El periodista cubre normalmente temas de índole social y de infraestructuras en la zona de Turkmenbashi y su pueblo natal, Balkanabat, incluyendo la calidad del agua, el estado de las carreteras y el acceso a la sanidad.

En mayo, había publicado un fotorreportaje para RFE/RL acerca de un complejo residencial de lujo para altos funcionarios. Desde que fue detenido los medios gubernamentales libraron una campaña de desprestigio en su contra, dando crédito a los cargos de posesión de drogas y presionando a sus familiares quienes no tienen contacto con él desde su detención, no conocen su ubicación ni tampoco saben a ciencia cierta si ha sido condenado a tres años de prisión o no, pues su abogado tampoco tiene permiso de contactar con él.

TURKMENISTÁN

ASIA CENTRAL

Página | 94

Superficie: 447.400 km² Población: 30.760.000 habitantes Jefe del Estado: Islam Karimov Presidente del Gobierno: Shavkat Mirziyoev

Puesto

166 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El país organizó unas elecciones generales en las que Islam Karimov, elegido presidente en 1989, fue reelegido, a pesar de que la Constitución, que no ha sido reformada, prohíbe la reelección de una persona para un tercer mandato presidencial. Karimov es bien conocido por sus ataques a la prensa, entre los que se encuentran los encarcelamientos arbitrarios, las detenciones en hospitales psiquiátricos, y el uso de la tortura. El país cuenta con, al menos, nueve periodistas que siguen encarcelados en condiciones deplorables, además de prohibir y bloquear las webs independientes y aquellas de la oposición. Para ellos ha creado también una nueva entidad para monitorizar las comunicaciones, bloqueando las herramientas que eluden la censura digital.

Uzbekistán cumplió este año el 16º aniversario del encarcelamiento del periodista Muhammad Bekjanov, convirtiéndose en uno de los informadores que más tiempo llevan privados de libertad del mundo. El antiguo editor de Erk, el principal periódico de la oposición uzbeca, que tiene ya 60 años - casado y con tres hijos- fue juzgado, en 1999, tras manifestarse contra los bombardeos de Tashkent. Su primera sentencia fue reducida, en 2003, pero unos días antes de ser liberado, en 2012, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses más de cárcel por desobedecer a los guardias de la prisión, en aplicación del código criminal.

De los nueve informadores presos destaca también el periodista Yusuf Ruzimuradov, que fue detenido a la vez que Bekjanov, y sigue encarcelado. El Servicio de Seguridad Nacional ha puesto a Bekjanov en una lista negra que no permite que se sepa nada de él y actualmente ni su familia ni su abogada han recibido copias de las decisiones judiciales tomadas en su contra.

UZBEKISTÁN

ASIA CENTRAL

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El terrorismo islamista golpea Europa La libertad de prensa en Europa sufrió graves ataques durante 2015, empezando por el del terrorismo radical islamista que se hizo sentir de una manera brutal cuando atentó, nada más comenzar el año, contra la revista satírica Charlie Hebdo, en Paris. Una masacre en la que perdieron la vida ocho periodistas y dibujantes y que aumentó de forma alarmante la cifra total de periodistas asesinados en el continente: doce. Las secuelas del atentado se llegaron a sentir en ciudades como Copenhague, que padeció dos atentados y varias exhibiciones de violencia por parte de grupos radicales, cuando se organizó una reunión de apoyo al semanario francés, o en Hamburgo, donde las oficinas del Hamburger Morgenpost fueron atacadas tras la publicación de varias viñetas sobre Mahoma solidarias con Charlie Hebdo. Por otra parte, el terrorismo yihadista siguió amenazando y secuestrando a corresponsales europeos, como ocurrió con tres periodistas españoles secuestrados en Siria por el Frente Al-Nusra.

Otros informadores fueron víctimas de ataques, encarcelación o agresiones por parte de diferentes gobiernos, como ocurrió en Turquía, con tres periodistas extranjeros, dos británicos y una holandesa, detenidos los dos primeros en

EUROPA | Introducción

Página | 96

Diyarkabir, y la periodista holandesa por “viajar por una zona prohibida” de mayoría kurda, enfrentándose a una condena de más de 7 años de prisión. A lo que se sumó las actuaciones de acoso de los gobiernos ruso y ucranio.

El conflicto latente entre Rusia y Ucrania afectó, aunque en menor medida que el año precedente, a la libertad de prensa en ambos países que organizaron acciones de represalia dirigidos tanto a periodistas como a medios de comunicación. Ucrania anunció que los periodistas que trabajaban para algunos medios rusos serían despojados temporalmente de su acreditación con las entidades estatales, y publicó una lista en la que había 110 medios que incluía a las agencias de noticias Itar TASS y Ria Novosti. Rusia por su parte, canceló la licencia de emisión a medios no afines al presidente Putin y no dudo en utilizar fuerzas de élite para doblegar al canal ATR, de Crimea, además de seguir acosando y deteniendo a informadores dentro de su territorio, utilizando su sistema judicial para extender condenas y amenazar con cerrar el acceso a webs como Wikipedia.

Pero la libertad de información no solo se vio amenazada en países escasamente democráticos, sino también en otros con democracias consolidadas. En Francia, el Consejo Constitucional validó la mayor parte de una polémica Ley de Inteligencia que permitirá a las agencias de inteligencia del país hackear, sin una orden judicial, ordenadores y otros dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con alguien bajo sospecha, permitiendo interceptar mensajes y correos electrónicos entre periodistas y sus fuentes. Por ejemplo, si están señaladas dentro de la lucha

contra el terrorismo. En Alemania, el fiscal general público consideró, por primera vez en 50 años, acusar de ‘traición’ a dos periodistas; y en Reino Unido, los servicios secretos tildaron a los periodistas de “amenaza en potencia”.

Varios países europeos, entre ellos Alemania e Italia, vivieron la intimidación, amenazas, agresiones y violencia dirigidas a informadores por parte de grupos xenófobos o el crimen organizado, que atacaron a los periodistas que cubrían sus manifestaciones y los amenazaron de muerte. En algunas ocasiones fueron los propios gobiernos los encargados de difamar a los informadores que se negaron a seguir sus instrucciones tildándoles de terroristas, como ocurrió en Azerbaiyán o Turquía. La impunidad en que se mueven estos ataques en países como Rusia o Croacia, que no investigan oficialmente las agresiones, son altamente preocupantes.

Por otra parte, la ola de refugiados procedentes de Oriente Medio provocó abusos policiales hacia los informadores que cubrían este drama humano en lugares como Hungría o Croacia, llegando al punto de que la OSCE tuvo que alertar al gobierno húngaro acerca de la protección de los periodistas que trabajaban dentro de sus fronteras.

Las legislaciones represivas extremas, en aumento, fueron otra herramienta de acoso a la libertad de prensa, y los medios independientes se defendieron como pudieron de los ataques a los que fueron sometidos por diferentes tipo de gobiernos, tanto autoritarios como democráticos. El retroceso legislativo se saldó con el despido de numerosos periodistas; la aprobación de leyes que exigen que los medios se tengan que registrar en distintos ministerios, y la obligación de publicar

o retirar contenidos que el Gobierno de turno considere conveniente o “ilegales”.

En España, por ejemplo, quedó aprobada definitivamente la nueva ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", que legaliza una serie de imperativos que obstruyen la libertad de información, expresión y manifestación con graves multas tanto para periodistas como para los ciudadanos. España también puso en vigor la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que impide tomar imágenes -fotografías o vídeos- de los detenidos durante su arresto o en los traslados que se produzcan. En Ucrania, se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que incorpora muchas de las provisiones ya existentes en el código criminal y la ley antiterrorismo, prohibiendo “la difusión de la ideología terrorista en todas sus formas” e imponiendo penas de cárcel, de hasta cinco años, junto con la incautación de bienes y una prohibición temporal de ejercer una profesión. En el caso de Turquía, Ankara inició el trámite de una ley para controlar la información en Internet, que permite a las autoridades cerrar sitios web sin necesidad de una orden judicial y que había sido ya rechazada el año anterior por el Tribunal Constitucional.

Por si fuera poco, en algunos países, como Alemania, Armenia, Bielorusia o Bulgaria el derecho a la confidencialidad entre un periodista y sus fuentes peligró gracias a las presiones judiciales. Reporteros Sin Fronteras demandó a la Agencia Nacional de Inteligencia alemana, por haber violado la confidencialidad de las telecomunicaciones de la organización.

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Superficie: 357.022 km² Población: 80.620.000 habitantes Jefe del Estado: Joachim Gauck Presidente del Gobierno: Angela Merkel

Puesto

12 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Los ataques del terrorismo islamista a la prensa en Francia tuvieron una repercusión directa en Alemania cuando las oficinas del Hamburger Morgentpost fueron atacadas, tras publicar varias viñetas sobre Mahoma como tributo a las víctimas del Charlie Hebdo. El periodismo se vio acosado e intimidado a lo largo del año por grupos xenófobos, particularmente por el movimiento de extrema derecha Pegida, teniendo que llegar los medios inclusive a pedir protección policial para poder cubrir sus actos públicos y manifestaciones, como por ejemplo en Leipzig, Braunschweig o Dresde. Estos grupos también amenazaron de muerte a periodistas, publicando falsas actas de defunción en algunos casos, con el nombre de algunos informadores.

Por otra parte, RSF demandó al BND, la agencia alemana de Inteligencia extranjera, por haber violado la confidencialidad de las telecomunicaciones de la organización. Y el Fiscal General público consideró, por primera vez en 50 años, acusar de ‘traición’ a dos periodistas alemanes que habían publicado papeles secretos en un blog.

En enero, las oficinas del periódico Hamburger Morgenpost fueron víctimas de un ataque incendiario que causó daños pero no víctimas, después de haber publicado varias viñetas sobre Mahoma como tributo a los periodistas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, asesinados en Francia una semana antes.

En el mismo mes, varios periodistas fueron atacados mientras cubrían las manifestaciones del movimiento xenófobo Pegida (acrónimo alemán de ‘Europeos Patriotas Contra la Islamización de Occidente’) en la ciudad de Leipzig. Y un equipo de televisión de la cadena pública WDR tuvo que cubrir la manifestación de Pegida, en Duisburg, bajo protección policial. Poco antes, algunos extremistas publicaron por Internet partidas de defunción falsas lamentando irónicamente la supuesta ‘muerte’ de algunos periodistas regionales que suelen cubrir críticamente las actividades de este grupo neonazi en la zona.

Los ataques por parte de Pegida continuaron, en febrero, cuando varios periodistas fueron atacados mientras cubrían las manifestaciones del movimiento, en Braunschweig.

En julio, RSF Alemania demandó al Bundesnachrichtendienst (BND), la agencia alemana de Inteligencia extranjera, por haber violado la confidencialidad de las telecomunicaciones de la organización, acusando al BND de espiar los correos electrónicos de RSF con periodistas, socios extranjeros y otros, como parte de la vigilancia de las señales de Inteligencia.

En agosto, el fiscal general público de Alemania consideró acusar de ‘traición’ a los dos periodistas alemanes que se encargan del blog netzpolitik.org.

ALEMANIA

EUROPA

Página | 98

Es la primera vez en 50 años que esto ocurría en el país. Los cargos contra Markus Beckedahl y André Meister fueron presentados por el jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, uno de los servicios secretos de Alemania y se basan en los documentos secretos propios de la Oficina que el blog publicó, a principios de 2015, y que trataban sobre los planes para incrementar enormemente las capacidades de vigilancia por Internet. Las investigaciones por ‘traición’ también incluyen a los presuntos denunciantes. En agosto, finalmente se cerró la investigación contra los periodistas sin cargos, aunque el gobierno alemán sigue investigando para encontrar a la persona que pasó la información a los periodistas.

En septiembre y octubre, miembros de Pegida atacaron nuevamente a diversos periodistas en manifestaciones celebradas por el movimiento de extrema derecha, en Dresde. Un manifestante pateó a un miembro del ente público MDR, mientras que otro periodista del periódico local Dresdner Neueste Nachrichten, fue golpeado en la cara, en septiembre. En ambos casos los asaltantes se mezclaron con la multitud y desaparecieron antes de que llegara la policía.

En octubre, al menos tres periodistas fueron atacados durante las manifestaciones organizadas para conmemorar el primer aniversario de Pegida, por miembros de esta agrupación. Mientras que un miembro de Deutschlandradio fue asaltado por un participante de la contra-manifestación que le

acusaba de promover a Pegida, Jaafar Abdul Karim, periodista de la cadena Deutsche Welle TV y su equipo de televisión fueron rodeados por los manifestantes, quienes los insultaron y obstruyeron su labor. Y Jose Sequeira, cámara de la agencia de video rusa Ruptly, fue atacado al grabar a simpatizantes del movimiento. Un fotógrafo denunció a la policía haber sido agarrado y golpeado por varias personas mientras hacía fotos del evento, quienes además le quitaron la cámara y escaparon.

Página | 99

Superficie: 29.800 km² Población: 3.006.000 habitantes Jefe del Estado: Serzh Sargsyan Presidente del Gobierno: Hovik Abrahmyan

Puesto

78 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En las manifestaciones organizadas en la capital, Yerevan, contra la subida de los precios de la electricidad, que comenzaron el 19 de junio, la policía usó la fuerza para dispersar a los manifestantes y periodistas que cubrían la información. Al menos 10 informadores fueron atacados y vieron como su material de trabajo era requisado, mientras que como mínimo otros 11 fueron detenidos brevemente.

En julio, la editora del sitio web Ilur.am fue procesada por negarse a revelar el nombre de su fuente en un reportaje sobre un caso de abuso policial, publicado el mes anterior. Según la legislación vigente, bajo esta acusación se enfrenta a penas que pueden llegar a dos años de prisión. Es la primera vez que ocurre algo así en Armenia, lo que sienta un peligroso precedente ya que la confidencialidad de las fuentes es condición esencial para garantizar la libertad de prensa.

ARMENIA

EUROPA

Página | 100

Superficie: 86.600 km² Población: 9.417.000 habitantes Jefe del Estado: Ilham Aliyev Presidente del Gobierno: Artur Rasizade

Puesto

162 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El periodista Rasim Aliyev murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la paliza propinada por un grupo de desconocidos. Según RSF, su asesinato fue “producto de la cultura de intolerancia e impunidad que se ha estado fomentado durante años” en Azerbaiyan. Aliyev es el cuarto periodista asesinado en los últimos 10 años en un país que ha caído de forma abrupta hasta el puesto 162, en la lista de 180, del índice de libertad de prensa de RSF.

Prácticamente todos los medios independientes han sido silenciados, mientras 12 periodistas y blogueros permanecen encarcelados, entre ellos la conocida periodista de investigación Khadija Ismayilova, especializada en asuntos de corrupción, condenada a siete años y medio de prisión. Por otra parte, las perspectivas para el futuro inmediato de la libertad de información siguen siendo preocupantes, en especial tras la promulgación de un paquete de leyes que permiten al Ejecutivo cerrar un medio de comunicación si recibe financiación del extranjero o si se le considera culpable de un delito de difamación dos veces en el periodo de un año.

En enero, Seymour Khazi, uno de los reporteros de mayor prestigio en el periódico opositor Azadlig y presentador de un programa de televisión crítico con el Gobierno, que se emite desde fuera del país, fue condenado a cinco años de prisión. Khazi había sido detenido, en agosto de 2014, acusado de "hooliganismo" tras repeler la agresión que sufrió por parte de un completo desconocido. A su agresor sólo le fueron impuestos seis meses de reclusión.

En agosto, murió el periodista freelance Rasim Aliyev, como consecuencia de las heridas sufridas durante la paliza que un grupo de desconocidos le

propinó el día anterior. Antes de quedar inconsciente declaró haber sido engañado por alguien que se identificó como primo del futbolista local Javid Huseynov, a quien antes había criticado en las redes sociales. Según RSF, su asesinato fue “producto de la cultura de intolerancia e impunidad que se ha estado fomentado durante años” en este país. Aliyev era miembro del comité ejecutivo de la ONG Institute for Reporters´s Freedom and Safety (IRFS), organización socia de RSF, forzada a cerrar en agosto de 2014.

En septiembre, la reconocida periodista de investigación, especializada en temas de corrupción al más alto nivel, Khadija Ismayilova, fue condenada a siete años y medio de prisión. Ismayilova, una de las periodistas más fiables del país, había sido detenida en diciembre de 2014. La inconsistente acusación inicial que motivó su detención, inducir al suicidio a un compañero, fue después complementada con las de evasión fiscal, abuso de autoridad, actividad comercial ilegal y malversación, por su relación con la emisora, en Baku, de Radio Free Europe/Radio Liberty, de la que hace años fue directora. Ismayilova está apadrinada por la sección española de RSF.

Las perspectivas para el futuro inmediato de la libertad de información en el país siguen siendo preocupantes, en especial tras la promulgación, en febrero, de un paquete de leyes que permiten al Ejecutivo cerrar un medio de comunicación si recibe financiación del extranjero o si se le considera culpable de un delito de difamación dos veces en el periodo de un año.

AZERBAIYÁN

EUROPA

Página | 101

Superficie: 207.600 km² Población: 9.466.000 habitantes Jefe del Estado: Alexandr Lukashenko Presidente del Gobierno: Andrei Kobyakov

Puesto

157 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El cerco a los medios de comunicación se estrechó un poco más a lo largo de 2015. Una nueva ley de prensa autorizó la monitorización por el Ministerio de Información de webs de noticias, blogs y otros sitios similares como si fuesen un medio tradicional. Estos serán advertidos de haber publicado contenidos informativos considerados ilegales por el gobierno -por ejemplo, informaciones que apoyen la guerra, o contenidos de naturaleza pornográfica o violenta-, y forzados a retirar dicho contenido en 24 horas. La normativa también obliga a los medios a publicar las ‘correcciones’ que el gobierno crea necesarias. Por otra parte, para minimizar la influencia del exterior, la participación extranjera en cualquier medio fue disminuida por ley del 30 al 20%. El Ministerio de Información ordenó a los distribuidores de contenidos mediáticos registrarse de manera obligatoria para seguir operando, además de tener que notificar con dos días de antelación cualquier cambio a su programación. Por último, la agencia nacional de telecomunicaciones reveló su intención de adquirir altas tecnologías que le permitirían suprimir la libertad de información en Internet, además de recoger y guardar datos de los usuarios y el bloqueo de páginas web.

En enero, entró en vigor la nueva ley de prensa que trata a las webs de noticias, blogs y otros sitios similares como si fuesen un medio tradicional, no teniendo que registrarse como tal, pero que pasan a poder estar monitorizadas por el Ministerio de Información. De esta manera, el ministerio podrá mandar avisos oficiales a todas las webs accesibles en el país si publican contenido informativo tildado de ilegal. Los sitios

tendrán 24 horas para quitar el contenido y publicar cualquier corrección que se les pida. El ministerio también podrá restringir el acceso de aquellas web que hayan recibido dos avisos, o más, en un año. La lista de contenidos prohibidos ha sido extendida e incluye información que apoye ‘la guerra y el extremismo’, los contenidos de naturaleza ‘pornográfica, violenta o cruel’ y aquellos que puedan ‘dañar los intereses de la nación bielorrusa’. Igualmente la nueva ley reduce la participación extranjera en cualquier medio del 30 al 20%.

En abril, el Ministerio de Información ordenó a todos los distribuidores de contenido mediático (impreso y audiovisual) -incluyendo los dueños de web que publiquen o retransmitan información-, registrarse de manera obligatoria para seguir operando a partir de julio; de no hacerlo no existirían legalmente. Una vez registrados podrán perder sus derechos de ‘distribuidor’ si reciben dos avisos por parte del Ministerio en un año. Aquellos que distribuyan contenido audiovisual tendrán que notificar al Ministerio cualquier cambio en la programación con dos días de antelación.

El 15 de mayo, Beltelekom, la agencia nacional de telecomunicaciones, reveló en su página web la intención de adquirir equipos de alta tecnología que le permitirían suprimir la libertad de información en Internet, “recogiendo y guardando datos de los usuarios” y “bloqueando páginas web”, de acuerdo con la legislación que restringe las libertades digitales que entró en vigor en enero.

BIELORRUSIA

EUROPA

Página | 102

Superficie: 51.197 km² Población: 3.818.000 habitantes Jefe del Estado: Dragan Covic Presidente del Gobierno: Denis Zvizdic

Puesto

66 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Parlamento de la República Srpska, Bosnia, aprobó, en febrero, una nueva Ley de Orden Público en la que se considera delito colgar contenidos en las redes sociales que puedan “alterar el orden social”, lo que incluye textos, símbolos, imágenes o viñetas que puedan resultar obscenas u ofensivas, que se estimen hirientes o insultantes, o que inciten a comportamientos insolentes o groseros. No cumplir con esta nueva ley puede suponer multas de unos 150 euros, que llegarían hasta los 400 y la posibilidad de 30 días de prisión, en el caso de incluir insultos o amenazas contra personas.

El texto aprobado llega tras meses de acoso contra nuevos medios, incluyendo el sitio web Klix.ba, cuyas instalaciones fueron registradas, a finales de 2014, con el objetivo de identificar la fuente de una grabación en la que el presidente de la República admitía haber comprado votos en las últimas elecciones. La nueva ley puede aumentar el clima de autocensura entre usuarios de las redes sociales y sienta un mal precedente en la región.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

EUROPA

Página | 103

Superficie: 110.993 km² Población: 7.265.000 habitantes Jefe del Estado: Rosen Plevneliev Presidente del Gobierno: Plamen Oresharski

Puesto

106 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria impuso, en enero, multas de hasta 80.000€ a varios diarios por publicar información relacionada con el sector bancario, en un intento de silenciar esos medios de comunicación. Nunca antes las sanciones impuestas por esa comisión habían alcanzado tales cantidades. Algunos de los medios afectados, entre ellos el semanal Capital y el diario Dnevnik pertenecientes al grupo Economedia, fueron también multados por negarse a revelar sus fuentes. Las informaciones hacían referencia a los problemas del First Investment Bank (Fibank) y a la compañía farmacéutica Sophorama.

El 26 de junio, la Fiscalía abrió una investigación contra el periodista Atanas Chobanov, editor de Bivol.bg, por la acusación de libelo lanzada contra él por un ex alto cargo del Gobierno. El caso se remonta a 2004 y 2005, cuando el exministro de Planificación e Inversiones, Ivan Danov, estuvo cobrando en Francia, de manera irregular, una ayuda mensual de 1.800 euros, según la información que Chobanov publicó originalmente, en junio de 2013. RSF exigió a las autoridades judiciales que abandonaran dicha investigación al considerar que estaba motivada por intereses políticos. En octubre, Chobanov fue también blanco de una campaña de calumnias por las informaciones publicadas sobre supuestos casos de corrupción que afectarían al oligarca y magnate de los medios Delyan Peevski.

BULGARIA

EUROPA

Página | 104

Superficie: 56.594 km² Población: 4.236.000 habitantes Jefe del Estado: Kolinda Grabar-Kitarovic Presidente del Gobierno: Zoran Milanovic

Puesto

58 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En general, la libertad de prensa en Croacia ha venido mejorando en los últimos años. Sin embargo, se observa un preocupante aumento de las amenazas y los ataques puntuales contra periodistas que quedan sin castigo alguno.

El 17 de febrero, un busto del periodista croata Ante Tomic fue quemado durante la celebración del carnaval en su localidad natal, Prolozac. En los meses posteriores la policía ni detuvo ni interrogó a nadie al respecto.

El 28 de mayo, el periodista freelance de investigación Zeljko Peratovic, corresponsal de RSF, fue asaltado por tres hombres que primero pararon su coche a la entrada de su casa y después le golpearon en el interior de la vivienda, en la ciudad de Karlovac. Peratovic cree que el incidente puede estar relacionado con una serie de artículos que ha publicado sobre un caso de corrupción, en 2010, que podría salpicar al actual alcalde de Karlovac.

El 20 de octubre, Andrej Isakovic, fotógrafo de la agencia AFP y un camarógrafo de Reuters fueron golpeados por la policía croata en la frontera con Serbia, mientras cubrían la crisis de los refugiados. Los agentes destrozaron también parte de su equipo de trabajo y les hicieron perder material que tenían ya almacenado. Según denunció RSF era ya la segunda vez, en sólo dos meses, que los policías habían atacado físicamente a periodistas extranjeros que estaban cubriendo la crisis de los

refugiados y les habían impedido hacer su trabajo con normalidad.

CROACIA

EUROPA

Página | 105

Superficie: 9.251 km² Población: 1.154.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Nicos

Anastasiades

Puesto

76 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las autoridades chipriotas detuvieron, en julio, al periodista ruso Andrey Nekrasov, en el aeropuerto de Larnaca, a petición de Rusia. De ser extraditado a su país de origen, el periodista se enfrentaría a una sentencia de 15 años de cárcel en relación con la defensa que hizo, en 2013, de los trabajadores de una fábrica en Izhmash y por la que el presidente de la misma le acusó de extorsión y chantaje.

Nekrasov huyó de su ciudad natal en los Urales, donde ha sido perseguido y acosado por el FSB (Servicio Federal de Seguridad) para escapar de la prisión por causa de su blog y activismo. En febrero, Nekrasov fue multado con unos 450 euros acusado de difamación criminal por enlazar a un oficial local del partido en el poder –Rusia Unida–, con una persona del mismo nombre con activos en EEUU.

El periodista fue transferido a la cárcel de Nicosia, donde inició, el 22 de julio, una huelga de hambre. Finalmente Chipre denegó la extradición de Nekrasov a Rusia y dejó que el periodista saliera para Lituania país que le había concedido asilo político.

CHIPRE

EUROPA

Página | 106

Superficie: 43.094 km² Población: 5.640.000 habitantes Jefe del Estado: Margarita II de Dinamarca Presidente del Gobierno: Lars Lokke

Rasmussen

Puesto

3 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El país escandinavo se vio afectado directamente por las secuelas del ataque terrorista a Charlie Hebdo en París, en enero. Su capital sufrió dos atentados y vivió varias exhibiciones de violencia por parte de grupos radicales al organizarse una reunión de apoyo al semanario francés.

El 14 de febrero, Copenhague, sufrió, el 14 de enero, dos atentados contra una conferencia organizada en homenaje al semanario francés, además de padecer exhibiciones de violencia por parte de grupos radicales aparecidos en oposición al movimiento "Je suis Charlie".

Por otra parte, varios dibujantes daneses han vivido bajo la amenaza de represalias por parte de grupos radicales islamistas -que los acusan de blasfemos-, desde que el periódico Jylland Posten publicó unas viñetas de Mahoma, en 2005.

DINAMARCA

EUROPA

Página | 107

Superficie: 20.273 km² Población: 2.062.000 habitantes Jefe del Estado: Borut Pahor Presidente del Gobierno: Miro Cerar

Puesto

35 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El Partido Democrático de Eslovenia aprobó, en 2008, un nuevo código penal que eliminaba la autorización que existía hasta ese momento, por la cual se podía publicar información clasificada si era de interés público y el objetivo era denunciar irregularidades, lo que en la práctica se traducía en un considerable nivel de protección para los informadores. Siete años después, en 2015, varios periodistas están siendo procesados por sacar a la luz documentos públicos, pese a ser considerados de interés general.

Asimismo, el 28 de enero, el Fiscal interrogó al periodista Erik Valencic de la televisión pública eslovena. Se le acusaba de haber divulgado informaciones clasificadas, cuando, en enero de 2014, publicó en un documental televisivo un informe de Sova sobre la extrema derecha eslovena. Y la periodista Anuska Delic, del diario Delo, también fue investigada en relación con el Sova. Delic había revelado, durante la campaña de las elecciones parlamentarias de 2011, la existencia de un vínculo entre el Partido Demócrata Esloveno (SDS), dirigido por Janez Jansa, y el grupo de extrema derecha Sangre y Honor. La periodista está acusada de haber obtenido ilegalmente informaciones secretas y haberlas publicado. El fiscal alegó que, por la publicación de estos documentos, la Agencia de Información y Seguridad no había podido continuar recopilando informaciones sobre la extrema derecha eslovena y había tenido que parar los registros de ciertas conversaciones

telefónicas. Y, por si fuera poco, gracias al artículo, ciertos blancos de los servicios secretos habían sido advertidos de que estaban siendo vigilados.

Además de las trabas legales, en Eslovenia las conexiones entre los magnates de los medios de comunicación y los servicios de Inteligencia suponen un serio obstáculo para el periodismo de investigación. Como prueba de ello, en marzo, Blaz Zgaga, un reportero freelance esloveno, presente en la lista de héroes de la información elaborada por Reporteros Sin Fronteras, publicó un documento resumiendo su extensa carrera, dando algunos detalles significativos de determinadas investigaciones y explicando por qué hoy los principales diarios de su país se niegan a publicar su trabajo. Durante año, Zgaga ha estado recibiendo amenazas de muerte y ha sido perseguido por los servicios de Inteligencia y acosado también por muchos de sus colegas en Eslovenia.

ESLOVENIA

EUROPA

Página | 108

Superficie: 505.990 km² Población: 46.650.000 habitantes Jefe del Estado: Felipe VI Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy

Puesto

33 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La violencia que el terrorismo yihadista mantiene contra la libertad de información en el mundo, también marcó la actualidad de 2015 en España, con el secuestro, en Siria, de tres reporteros freelance españoles, que continuaban como rehenes al finalizar el año. Además, varias reformas legislativas, restrictivas con la libertad de información, apoyadas sólo por el partido gobernante, fueron objeto de protesta por parte de los periodistas, medios, y otros sectores sociales.

En marzo, quedó aprobada definitivamente la nueva ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza" por sus disposiciones restrictivas para la libertad de información, expresión y manifestación. El texto de la ley, aprobado con los únicos votos del Partido Popular en el gobierno, sanciona la toma y difusión de imágenes en la calle de agentes de las fuerzas de seguridad, con multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros, tanto para periodistas y medios de comunicación como para ciudadanos que capturen y/o publiquen “imágenes no autorizadas de las fuerzas de seguridad que puedan comprometer la seguridad personal o poner en riesgo el éxito de una operación". Hasta la aprobación de esta ley, que todos los partidos políticos se han comprometido a derogar caso de llegar al gobierno, este tipo de consideraciones eran competencia de un juez.

También en marzo, se publicó el informe "El estado de la libertad de prensa en España", elaborado por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) con la colaboración de diferentes asociaciones profesionales, entre ellas RSF, y basado en las conclusiones de una misión en España desarrollada a finales de 2014. El informe concluye que la libertad de prensa en España es "comparable a la que disfrutan sus vecinos europeos", pero considera esencial reforzar y garantizar al máximo la libertad de información debido a algunas alertas detectadas, como la amenaza que se mantiene por parte del partido gobernante sobre la independencia de la Radiotelevisión pública; la falta de un regulador independiente en la radiodifusión a nivel nacional; y la necesidad de una mayor transparencia en la asignación de la publicidad institucional. El informe destacó las restricciones que plantea la nueva ley de seguridad ciudadana, y la legislación sobre transparencia que queda lejos de los estándares internacionales.

En un año de repetidas elecciones -municipales, autonómicas en Cataluña y elecciones generales legislativas-, RSF volvió a pedir, sin éxito, la erradicación de pautas electorales que coartan el normal acceso a la información profesional. España es el único país europeo que restringe la información electoral a través de un órgano político, la Junta Electoral Central, que controla la información en radios y televisiones públicas

ESPAÑA

EUROPA

Página | 109

aplicando rígidos criterios formales que condicionan una información profesional.

En junio, se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atenta contra el derecho a la libertad de prensa al impedir tomar imágenes -fotografías o vídeos- de los detenidos durante su arresto o en los traslados que se produzcan, un material considerado esencial a la hora de informar. RSF incidió en lo sospechoso y preocupante de estas decisión del Gobierno precisamente cuando los casos de corrupción estaban afectando directamente a muchos miembros de su partido.

En el mismo mes, el juez que investigaba el caso de José Couso (el reportero de Tele 5, asesinado en Irak por las fuerzas estadounidenses, en 2003) tuvo que dar carpetazo a la investigación y cerrar el caso, ya que la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (marzo de 2014), que afectaba a la aplicación de la “justicia universal” imposibilita perseguir un crimen de guerra contra un español en cualquier país extranjero, aunque los tratados internacionales ratificados por España como las Convenciones de Ginebra obligan a los Estados a perseguir los crímenes de guerra. El propio juez señaló la desprotección en la que esta reforma deja a los reporteros españoles en el extranjero.

En julio, se hizo público, en un comunicado conjunto de sus familias, la desaparición en Alepo, Siria, de los periodistas españoles, Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López. Los

tres periodistas freelance son experimentados reporteros en zonas de conflicto, y socios de RSF. En diciembre, se cumplieron seis meses del secuestro y permanecían como rehenes del Frente Al-Nusra.

Antonio Pampliega ha trabajado como freelance cubriendo numerosos conflictos, entre ellos Irak, Pakistán, Egipto, Afganistán y Siria, guerra que ha cubierto para los principales medios de comunicación españoles e internacionales, desde 2011. Ángel Sastre, trabajó como corresponsal de CNN+ y Cuatro TV, durante seis años. También hizo reportajes sobre Siria y Palestina para el Canal Cuatro y los diarios La Razón y El Confidencial. José Manuel López, fotoperiodista especializado en cobertura de guerras, formó parte del equipo de La Crónica de León durante 11 años, y luego trabajó como independiente, cubriendo conflictos en Afganistán, Irak, Palestina, Irán y Venezuela, entre otros lugares. Su trabajo se ha publicado en The New York Times. Es colaborador habitual de la Agencia France Press con coberturas en siria, Sudán del Sur y Somalia.

El acoso policial sobre los reporteros que trabajan en la calle siguió en la misma tónica que años precedentes. El videorreportero Jaime Alekos, del periódico digital Periodismohumano.com, fue detenido, en febrero, durante varias horas, mientras cubría para el canal de televisión Cuatro un desahucio en Madrid.

En noviembre, el juez rechazó la demanda del empresario marroquí Ahmed Charai contra el periodista Ignacio Cembrero y el diario El Mundo. Cembrero había publicado en varios documentos y correos que Charai era un estrecho colaborador del servicio secreto de Marruecos. El juez consideró solvente la información publicada por el periodista. Charai ya había sido condenado en España años atrás por difamación. Previamente, el cónsul general de España en París, Javier Conde, se negó a firmar el acta de declaración de un periodista francés, Jean Pierre Tuquoi, que había acudido al consulado para declarar como testigo en la causa a favor de Cembrero.

En diciembre, RSF informó de la penosa situación de indefensión que venía sufriendo desde hacía meses el periodista Manuel Martorell, clasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como participante en “actividades terroristas”, tras haber solicitado un visado para viajar a EEUU. Un error de gravísimas consecuencias para el reportero e historiador, especializado en la cuestión kurda sobre la que ha publicado varios libros. Varias instituciones y asociaciones españolas, incluida RSF, hicieron gestiones ante las autoridades españolas y estadounidenses para que se rectificara este error, dado el riesgo que supone en unos momentos de activo terrorismo internacional estar incluido en un listado de “actividades terroristas”.

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Superficie: 545.630 km² Población: 66.030.000 habitantes Jefe del Estado: François Hollande Presidente del Gobierno: Manuel Valls

Puesto

38 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Francia fue fuertemente sacudida por el terrorismo islamista nada más comenzar el año, con el atentado al semanario satírico Charlie Hebdo, dejo tras de si ocho periodistas y dibujantes asesinados. Sin embargo, la amenaza a la libertad de prensa en Francia no solo vino de fuera. El Ministerio de Justicia anunció varias medidas destinadas a "reforzar" la lucha contra "el racismo y antisemitismo" que modificarían la ley de 1881 referente a la libertad de prensa. El gobierno francés también presentó un proyecto por el cual se instauraría el secreto de empresa, creando un arsenal legal dentro de la ley Macron que podría ocultar información relacionada con el interés general y afectaría a los periodistas ya que no podrían acceder a esta. Igualmente, el Consejo Constitucional validó la mayor parte de la polémica Ley de Inteligencia bajo la cual las agencias de inteligencia francesas podrán hackear ordenadores y otros dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con alguien que esté bajo sospecha, aunque sea de manera incidental, sin una orden judicial, vulnerando así el secreto entre periodistas y sus fuentes.

El 7 de enero, un grupo de hombres enmascarados y armados con armas automáticas y un lanzagranadas atacaron las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París. Al menos 12 personas fallecieron en el ataque y otras cuatro quedaron heridas de gravedad. Los periodistas y dibujantes Stéphane Charbonnier

(Charb), caricaturista y director de la revista Charlie Hebdo, Jean Cabut (Cabu), caricaturista, Georges Wolinski (Wolinski), caricaturista, Bernard Verlhac (Tignous), caricaturista, Philippe Honoré (Honoré), caricaturista, Mustapha Ourrad – corrector, Elsa Cayat, columnista, y Bernard Maris, columnista, fueron asesinados en el brutal ataque, reivindicado por Al-Qaeda en la Península Arábiga para vengar las viñetas del profeta Mahoma publicadas por el semanario. La revista estaba bajo vigilancia policial desde 2011 cuando fue atacada con bombas incendiaras tras publicar unas viñetas de Mahoma.

También a principios de año el Ministerio de Justicia anunció una serie de medidas destinadas a ‘reforzar’ la lucha contra ‘el racismo y antisemitismo’. Dos de las disposiciones previstas por el Gobierno modificarán la ley de 1881 referente a la libertad de prensa. Según el proyecto, la difamación y la injuria que tengan un carácter racista, homófobo o antisemita, serán retiradas del ámbito de aplicación de dicha ley. El régimen protector en materia de prensa será abandonado para este tipo de delitos que podrán ser perseguidos según el proceso de derecho común –como es el caso de la apología del terrorismo-. Ahora el fiscal podrá recurrir a la comparecencia inmediata cuando estime, con razón o sin ella, que se han cometido este tipo de delitos. Estos cambios prevén que el plazo de

FRANCIA

EUROPA

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prescripción de estos delitos se ampliará a tres años, en contra de los tres meses actuales.

A finales de enero, el presidente francés François Hollande, declaró que no era “ni apropiado ni sabio” incluir las disposiciones sobre el secreto de empresas en la ley Macron. Esta legislación corre el riesgo de crear un arsenal legal para las empresas que deseen ocultar información relacionada con el interés general, y afectaría especialmente a los periodistas que verían restringido su acceso a estas informaciones. Aunque los medios franceses han hecho causa común contra las enmiendas de la ley Macron - con el fin de evitar cualquier ambigüedad sobre los derechos de los periodistas y denunciantes- el proyecto de instaurar un secreto de empresa no ha sido abandonado.

En mayo, RSF acusó al gobierno francés de no hacer nada respecto al estudiante Louis Pasquieur, de 17 años, director del periódico escolar del liceo Marcelin Berthelot, La Mouette Bâillonée, quien estaba amenazado de muerte, desde enero, tras publicar, el 21 de ese mes, un número especial en solidaridad con las víctimas de la masacre del Charlie Hebdo. El joven había recibido siete amenazas de muerte en su hogar y en su casillero del colegio.

En julio, el Consejo Constitucional validó la mayor parte de la polémica ley de Inteligencia. Bajo esta normativa las agencias de Inteligencia del país podrán, sin una orden judicial, hackear

ordenadores y otros dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con alguien que esté bajo sospecha, aunque sea de manera incidental. La ley permitirá interceptar mensajes y correos electrónicos entre periodistas y sus fuentes, por ejemplo si ésta está señalada dentro de la lucha contra el terrorismo. Igualmente permitirá imponer a los proveedores y servicios de alojamiento de Internet la instalación de un dispositivo destinado a “detectar una amenaza terrorista”. El texto también establece que, una vez que un comportamiento sospechoso es identificado, la conexión de datos anónimos pueden ser mantenida y seguida durante cinco años. Así, los servicios de Inteligencia podrán obtener y conservar el histórico de la navegación de cualquier periodista durante los próximos cinco años.

La ley también permitirá que las agencias de Inteligencia puedan utilizar "sensores de proximidad" (geolocalizadores) durante la vigilancia de campo para conocer la ubicación y permitir la identificación de personas, sean sospechosas o no, de haber cometido algún crimen. RSF pidió al Consejo Constitucional que declarase esta medida inconstitucional, por contravenir la protección del secreto de las fuentes de los periodistas consagrada dentro de la Corte Europea de los Derechos Humanos.

En septiembre, miembros del colectivo "Informar no es un delito" y RSF, pidieron al órgano regulador del país, el Consejo Superior de lo

Audiovisual (CSA), que interpelara a Vincent Bolloré, principal accionista del Grupo Canal +, al que acusaban de haber censurado un documental sobre el banco Crédit Mutuel, uno de los más grandes del país y reprogramado un documental inédito acerca de François Hollande y Nicolas Sarkozy sin motivo, emitiendo en su lugar una película ya difundida con antelación.

En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la ley de 1955 que regula los estados de excepción y que elimina todas las provisiones de censura en el país. La enmienda fue adoptada tras aprobarse una extensión de tres meses al estado de excepción decretado por el Presidente François Hollande tras los ataques terroristas del 13 de noviembre en París. Además de imponer controles a los medios, la ley permite a la policía registrar las oficinas de periodistas, jueces y oficiales electos sin tener que pedir permiso a un juez. El artículo 11 de la ley de 1955 permitía a las autoridades “tomar cualquier medida para asegurar el control de la prensa y cualquier tipo de publicación, además de las emisiones radiofónicas, las proyecciones de cine y las representaciones teatrales”.

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Superficie: 93.028 km² Población: 9.904.000 habitantes Jefe del Estado: János Áder Presidente del Gobierno: Viktor Orbán

Puesto

65 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El país se vio desbordado por la ola de refugiados provenientes en su mayoría de Siria y Oriente Medio, y la policía húngara fue acusada de haber utilizado la fuerza contra los medios y periodistas extranjeros que cubrían la crisis, sobre todo en la frontera con Serbia. El uso indebido de la fuerza es ya demasiado común en el país desde que el gobierno del presidente Viktor Orban adoptara, en 2010, unas leyes de medios draconianas que han sido condenadas tanto por la sociedad civil húngara como por varias organizaciones internacionales e intergubernamentales.

En septiembre, la policía húngara fue acusada, al menos en tres ocasiones, de obstruir y maltratar a la prensa extranjera que cubría la crisis de refugiados en la frontera con Serbia. La policía húngara detuvo, el 16 de septiembre, a un equipo de la Radiotelevisión serbia compuesta por el cámara Vladan Hadzi, la periodista Jovana Djurovié, que fue herida en la mano, y el especialista de sonido Miroslav Djurasinovic, identificados como periodistas. La situación, condenada internacionalmente, llevó a la OSCE a pedir primer ministro húngaro, Viktor Orban, que asegurara la seguridad de los periodistas extranjeros que estaban en el país.

Igualmente Jacek Tacik, periodista de la cadena de televisión pública polaca TVP, fue golpeado por la policía y, tras ser atendido por médicos, fue detenido brevemente por cruzar ilegalmente la frontera y presuntamente atacar a un oficial de policía. También Luca Muzi, cámara de Associated

Press, dijo haber sido detenido brevemente por la policía en la localidad fronteriza de Roszke y obligado a borrar las imágenes que había tomado de un perro policía amenazando a un refugiado sirio.

HUNGRÍA

EUROPA

Página | 113

Superficie: 302.073 km² Población: 61.340.000 habitantes Jefe del Estado: Sergio Mattarella [3.2.2015] Presidente del Gobierno: Matteo Renzi

Puesto

73 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Italia cayó 24 puestos, entre 2014 y 2015 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras, un descenso al que no fue ajena la violencia endémica contra los informadores como ha denunciado la ONG Ossigeno per l’Informazione. Dos periodistas fueron amenazados por la mafia y tuvieron que pedir más protección a las autoridades italianas, y otros dos fueron investigados por las autoridades de la Ciudad del Vaticano por el escándalo de ‘VatiLeaks’.

A principios de junio, Nello Trocchia esperaba recibir protección policial desde que la policía grabó una conversación en una cárcel, entre un jefe de la camorra y su hermano, en la que amenazaba la vida del periodista. Trocchia ha escrito varios artículos acerca de estos individuos para periódicos como Fatto Quotidiano y Espresso.

En julio, Mimmo Carrieri, periodista que trabaja para el periódico digital Viv@voce y conocido por cubrir temas medioambientales, fue atacado e insultado durante más de una hora por un grupo de campistas mientras hacía un fotorreportaje. Carrieri vive bajo protección policial desde 2013, ya que ha sido amenazado varias veces por carta y su coche ha sido incendiado. Actualmente la policía pasa delante de su casa y de su oficina varias veces al día, pero él afirma ser un blanco móvil y pide mayor protección a las autoridades italianas.

En noviembre, Gianluigi Nuzzi, uno de los dos periodistas envueltos en el escándalo ‘VatiLeaks” -así fue bautizada la filtración de documentos confidenciales del Vaticano que informaban de la mala administración de las finanzas vaticanas y forman parte de una investigación pedida por el Papa Francisco, en 2013- se negó a ser interrogado por el sistema judicial del Vaticano que investiga la filtración de varios documentos confidenciales, citando su derecho a la libertad de expresión. La Santa Sede investiga también a Emiliano Fittipaldi bajo el amparo de una ley, de julio de 2013, que mantiene que “el que ilícitamente obtenga o revele información o documentos cuya publicación está prohibida podrá ser castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión o una multa de entre 1.000 a 5.000 euros”.

Por su parte Fittipaldi sí se presentó a la citación del fiscal del Vaticano, aunque no respondió a las preguntas “por motivos de secreto profesional", protegido por la ley. Según el Código Penal vaticano, el crimen del que se acusa a ambos periodistas está penado, tanto dentro como fuera de la Ciudad del Vaticano, ya sea el autor un ciudadano de la ciudad-estado regida por el papa, o no.

ITALIA

EUROPA

Página | 114

Superficie: 10.887 km² Población: 1.819.000 habitantes Jefe del Estado: Atifete Jahjaga Presidente del Gobierno: Isa Mustafa

Puesto

87 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Dos periodistas de RTK, la radiotelevisión nacional kosovar, fueron despedidos por ser una “amenaza” para la cadena y causar un “daño grave” a su imagen, después de que Arsim Halili, director de la redacción, y Fadil Hoxha, presidente del sindicato, denunciaran en nombre del sindicato de RTK casos de censura y otras irregularidades en la cadena. En los meses previos habían pedido que el ente estatal volviera a ser “del público” y dejara de seguir la agenda política. Los despidos se anunciaron el mismo día que el parlamento nacional iba a debatir la situación en la cadena y los problemas de gestión a los que ha aludido el sindicato.

KOSOVO

EUROPA

Página | 115

Superficie: 64.589 km² Población: 1.990.000 habitantes Jefe del Estado: Raimonds Vejonis [desde

8.7.2015] Presidente del Gobierno: vacante

Puesto

28 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Letonia, que está entre los primeros treinta países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras vio, en 2015, como aumentaban las detenciones y los ataques a periodistas con curiosas acusaciones, como la de “tirar basura” cuando a un periodista se le cayó un panfleto, crítico con Putin, que había recogido del suelo durante una manifestación.

En enero, el cámara de TV3 Latvija, Sergejs Medvedevs, fue detenido durante tres horas durante una manifestación cerca de la embajada rusa, en Riga, acusado de haber tirado basura. La policía le acusó de tirar basura cuando se agachó a recoger unos panfletos críticos con el presidente Putin para grabarlo y uno de ellos cayó de su bolsillo.

En mayo, el cuerpo especial de la policía letona, el Drošības Policija, interrogó a dos periodistas de la web de noticias con sede en Riga, Pietiek, por haber publicado información clasificada: Agnese Margēviča, conocida periodista de investigación, interrogada durante dos horas por un artículo publicado en el periódico Diena, el 7 de abril, referente a la privatización fraudulenta del un banco; y Lato Lapsa, detenido varias horas como sospechoso de un caso de corrupción que se remonta por lo menos dos años atrás, cuando publicó documentos que le fueron entregados por un ejecutivo erróneamente acusado de corrupción por el KNAB, el Buró para la prevención y lucha contra la corrupción.

LETONIA

EUROPA

Página | 116

Superficie: 2.586 km² Población: 556.000 habitantes Jefe del Estado: Gran Duque Henri Presidente del Gobierno: Xavier Bettel

Puesto

19 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En abril, las autoridades judiciales inculparon al periodista francés, Edouard Perrin, miembro de la empresa de medios Premières Lignes, de ser “coautor, cuando no cómplice, de las infracciones cometidas por uno de los antiguos empleados de PricewaterhouseCoopers (PWC)” como parte de la investigación sobre la filtración a la web LuxLeaks, a finales de 2014, de documentos obtenidos en las oficinas luxemburguesas de la multinacional de contabilidad que probaban la existencia de acuerdos entre varias multinacionales y el gobierno luxemburgués para evitar el pago de impuestos en otros países de la UE.

Como resultado PWC presentó una denuncia alegando el robo de documentos confidenciales, cuya investigación también llevó a acusar a dos antiguos empleados de “violar el secreto comercial”. RSF recordó al Gobierno luxemburgués que los métodos judiciales utilizados para inculpar al periodista no son dignos de un país como Luxemburgo, y que el derecho a la información “es un pilar de la democracia y debe de tener prioridad en un caso como este”.

LUXEMBURGO

EUROPA

Página | 117

Superficie: 25.713 km² Población: 2.091.719 habitantes Jefe del Estado: Gjorge Ivanov Presidente del Gobierno: Nikola Gruevski

Puesto

117 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En los últimos cinco años la libertad de prensa ha empeorado de forma dramática en Macedonia, un país que ha caído cerca de 90 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. En 2015 un informe de la Unión Europea sobre la candidatura de ingreso de Macedonia criticó la situación de los medios, especialmente por el mal uso de las leyes de difamación y por el hecho de que las instituciones oficiales prácticamente no inviertan en publicidad en medios independientes. Sin embargo, no hacían ninguna referencia a las preocupantes situaciones personales por las que están pasando algunos profesionales de la información.

El 16 de enero, el Tribunal de Apelación de Skopje confirmó la sentencia, impuesta en 2013, contra el periodista Tomislav Kezarovski, aunque la redujo cuatro años y medio a dos. Kezarovski está acusado de revelar la identidad de un testigo protegido en un artículo publicado en el diario Reporter 92, pero se da la circunstancia de que cuando esa información salió a la luz, en 2008, el testigo en cuestión aún no tenía protección, y años más tarde confesó haber dado testimonio falso bajo presión policial. Kezarovski mantiene que su detención tenía como objetivo hacerle revelar la identidad de la persona que le había facilitado el informe policial en que se sustentaba aquel trabajo. Cuando fue detenido también estaba investigando el caso de Nikola Mladenov, editor del diario

independiente Fokus que había muerto en un misterioso accidente de coche dos meses antes.

Precisamente Mladenov fue uno de los 100 periodistas que fueron espiados y grabados de forma ilegal por el Gobierno, según denunció el líder de la oposición Zoran Zaev, el 27 de febrero de 2015. El primer ministro Nikola Gruevski no negó la veracidad de las grabaciones mostradas por Zaev, pero le acusó de haber sido manipulado por los servicios de Inteligencia de un país extranjero, que serían, según su versión, los auténticos responsables de las grabaciones. Las acusaciones de Zaev se sumaban a otras similares conocidas en las semanas anteriores y que afectarían a más de 20.000 ciudadanos, algo especialmente llamativo en un país con apenas dos millones de habitantes.

En los meses de abril y mayo, Borjan Jovanovski, periodista de Nova TV, y Branko Tickovski, columnista del diario opositor Sloboden Pecat, recibieron sendas amenazas de muerte. Además, en el caso de Pecat, su coche apareció quemado después de publicar en las redes sociales comentarios sobre los incidentes registrados, a comienzos de mayo, en Kumanovo, en los que murieron ocho policías. Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades que tomaran todas las medidas necesarias para detener a los autores y garantizar la seguridad de los afectados.

MACEDONIA

EUROPA

Página | 118

Superficie: 13.812 km² Población: 621.400 habitantes Jefe del Estado: Filip Vujanovic Presidente del Gobierno: Milo Dukanovic

Puesto

114 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El automóvil de la periodista Zorica Bulatovic fue asaltado, el 12 de mayo, en la localidad de Kolasin, un acto que ella calificó de intimidación relacionado con su trabajo.

El vehículo fue parcialmente destrozado cuando estaba aparcado detrás de su casa y la policía inició una investigación para identificar a los responsables del ataque, al tiempo que decidió poner protección policial a Bulatovic.

La periodista ya fue víctima de un ataque verbal, en octubre de 2014, relacionado con un artículo que trataba de la deuda de una empresa contraída con el gobierno municipal.

RSF recuerda que este no es primer ataque dirigido a los periodistas que investigan las polémicas prácticas de las empresas locales en el país.

MONTENEGRO

EUROPA

Página | 119

Superficie: 92.161 km² Población: 10.570 habitantes Jefe del Estado: Aníbal Cavaco Silva Presidente del Gobierno: Antonio Luis Santos

da Costa [desde 24.11.2015]

Puesto

26 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las autoridades portuguesas detuvieron al periodista Rui Cruz, fundador de la web de noticias TugaLeaks, famosa por recoger los fallos informáticos de las agencias estatales expuestas por piratas informáticos portugueses, relacionados con la red internacional de ciberactivistas Anonymous, quienes piratearon una serie de empresas privadas portuguesas como Electricidad de Portugal, el Banco de Portugal o el Banco Espírito Santo, además de organismos del Estado como la oficina del fiscal público y la comisión que emitió los carnets de prensa en 2014.

Cruz fue detenido, el 26 de febrero, y acusado de sabotaje informático, de acceder a sistemas informáticos ilegalmente y de subir contenidos también de manera ilegal. Se le acusó además de haber apoyado la piratería al subir información sobre los ataques informáticos antes que otros medios y, en algunos casos, antes de que los piratas informáticos hubieran subido a las redes sociales sus hazañas. Al periodista se le prohibió conectarse a Internet, comprar cualquier equipo de informática que le permitiera conectarse a la red global y firmar cualquier tipo de contrato con un proveedor de Internet. Rui Cruz fue puesto en libertad condicional, pero debía presentarse en la comisaría cada dos semanas mientras durase la investigación. Finalmente el caso fue archivado.

PORTUGAL

EUROPA

Página | 120

Superficie: 243.305 km² Población: 64.510.000 habitantes Jefe del Estado: Isabel II Presidente del Gobierno: David Cameron

Puesto

34 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La vigilancia en Internet lleva tiempo siendo una preocupación mundial, bien por las iniciativas gubernamentales, bien por las empreas privadas que en muchos casos prestan sus servicios a las primeras.

En el Reino Unido la libertad de prensa recibió un duro golpe por parte del gobierno británico cuando se reveló que la Agencia Británica de Inteligencia de Señales, General Communications Headquarters (GCHQ), describía a los periodistas como “una amenaza en potencia” y había interceptado, durante un breve ejercicio de seguridad, en 2008, 70.000 correos, entre los que se encontraban los de varios periodistas, que estuvieron visibles durante diez minutos y que pudieron haber sido leídos por cualquier empleado con autorización dentro de la agencia.

El 20 de enero, el periódico The Guardian publicó un artículo en el que revelaba que la (GCHQ), describía a los periodistas como “una amenaza en potencia” en los documentos en poder de Edward Snowden. El periódico también señalaba que los correos electrónicos de muchos periodistas se encontraban entre los 70.000 correos interceptados durante un breve ejercicio de seguridad en 2008. Aquella actuación, de 10 minutos de duración, interceptó correos de periodistas de Le Monde, The Guardian, The New York Times, The Sun, NBC y The Washington Post entre otros, y cualquier empleado del GCHQ con autorización podría haberlos leído en la intranet de la agencia.

Por otra parte, los responsables de la OCDE para el Reino Unido publicaron sus conclusiones sobre la empresa anglo-alemana Gamma International, proveedora de tecnología de vigilancia en Internet. Varios grupos de defensa de los derechos humanos había presentado quejas por las actividades de esta empresa, denunciadas finalmente por la OCDE.

El organismo dictó que la empresa había infringido sus obligaciones referentes a los derechos humanos con productos como el FinFischer, que tildó de ser un ‘troyano estatal’ e instó a la empresa, y a otras compañías afiliadas a esta corporación, a implementar los estándares efectivos de derechos humanos. El organismo también acusó a Gamma International de no poner en marcha un proceso de debida diligencia, de no comprometerse con ninguna de las normas vinculantes para la observancia de los derechos humanos, y de no haber cooperado con el PNC lo suficiente pues, aun a pesar de la abrumadora evidencia de fácil acceso público, la empresa se negó a ofrecer información referente a la venta de tecnología FinFischer a Bahréin.

Gamma International ha sido denunciada por RSF, en sus diferentes informes de “Enemigos de Internet”, como una de las empresas que venden software de doble tecnología a países autoritarios o con dictaduras que permiten controlar, detener y torturar a periodistas.

REINO UNIDO

EUROPA

Página | 121

Superficie: 17.098.242 km² Población: 142.470.000 habitantes Jefe del Estado: Vladimir Putin Presidente del Gobierno: Dmitry Medvedev

Puesto

152 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La libertad de información en Rusia siguió padeciendo la persecución judicial y policial por parte del Gobierno, que no dudó en utilizar fuerzas de élite para doblegar a algún medio, como ocurrió en la recién anexionada península de Crimea, víctima directa del conflicto mediático y político entre Rusia y Ucrania. Igualmente, el Gobierno continuó su acoso y persecución a las ONGs que reciben fondos y donaciones de fuera de Rusia a las que tilda de “agentes extranjeros”.

Los periodistas, y en algunos casos sus familiares, se vieron amenazados, detenidos y/o investigados por parte de las autoridades, sobre todo en Crimea. La situación de la libertad de información en Rusia se agrava por la impunidad en que se realizan los ataques a la prensa. Varios casos judiciales en los que han sido amenazados o asesinados periodistas continúan sin ser investigados.

Las autoridades también cerraron canales de televisión independientes que emitían en abierto, negándose a cumplir con licencias de emisión ya concedidas en algunos casos, y el Gobierno llegó a amenazar con bloquear el acceso a webs, como Wikipedia, en alguna ocasión. Aunque en 2015 no hubo periodistas muertos, Rusia cerró el año con dos periodistas encarcelados: Aleksander Tolmachev, de Upolnomochen Zayavit’ y Pro Rostov, en prisión desde 2011, y Sergei Reznik desde 2013.

En enero, Sergei Reznik, un periodista y bloguero de la ciudad de Rostov-en-el-Don, encarcelado desde noviembre 2013, y que iba a ser puesto en libertad en mayo, tras cumplir una sentencia de 18 meses, vio su sentencia ampliada a tres años por petición de la fiscalía. El periodista tendrá que pasar 21 meses más en prisión. Reznik, que fue acusado de insultar a un representante estatal y levantar una declaración falsa, también se enfrenta a la prohibición de trabajar como periodista durante dos años cuando salga en libertad. El informador ha sido un blanco para las élites de la ciudad por escribir constantemente de su presunta corrupción. Otro periodista de la misma ciudad, Aleksandr Tolmachev, ha estado encarcelado desde diciembre 2011, acusado de querer extorsionar por dinero a un hombre de negocios.

Miembros armados y enmascarados del cuerpo de élite OMON, parte del Ministerio del Interior ruso, allanaron la estación independiente de televisión ATR, en Simferopol (Crimea), interrumpiendo la programación durante la mayor parte del día. Los investigadores capturaron los servidores y desconectaron el acceso a Internet para evitar que se emitiera la redada de la televisión en directo. El personal de la estación fue obligado a mantenerse en el edificio sin poder trabajar. La emisión del canal perteneciente a la minoría tártara fue restaurada por la noche.

RUSIA

EUROPA

Página | 122

Las autoridades dijeron que la redada buscaba las grabaciones de los enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la anexión de Crimea por parte de Rusia, en febrero 2014, en las que murieron dos personas. El 30 de enero, el ministerio de Justicia añadió el nombre de la ONG ‘Instituto para el desarrollo de la prensa siberiana’ a la lista de “agentes extranjeros” del ministerio.

Después de 25 años en el aire, el 8 de febrero, la cadena de televisión independiente de Siberia, TV-2, dejó de emitir su señal por cable cuando Roskomnadzor, la agencia federal de comunicaciones, canceló la licencia que había sido extendida inicialmente hasta 2025, atribuyendo ésta a un “error técnico”.

El canal dejó de emitir su señal en abierto, el 1 de enero, y por el momento sigue emitiéndose por Internet. La red de telecomunicaciones estatal RTRS, que tiene el monopolio de transmisión en abierto, rescindió el contrato con TV-2, en noviembre 2014, por supuestamente haber contravenido un acuerdo. El canal está apelando estas decisiones, pero, aunque ganase la apelación, no recuperaría su frecuencia pues ésta ha sido otorgada a un emisor estatal.

El Ministerio de Justicia concluyó, en febrero, que el Centro para la Defensa de los Derechos de los Medios, se financiaba desde el extranjero y que sus actividades son “políticas”. Esto hace que, a ojos de la justicia rusa, pueda ser declarado “agente extranjero” en cualquier momento.

Ubicada en la ciudad de Voronezh, el Centro es una de las ONGs líder del país, especializándose en asistir a medios de noticias en dificultades, preparando cada año unos 100 casos judiciales en defensa de periodistas. Ha trabajado con más de 1.100 medios rusos desde su creación, en 1996. Si el Ministerio añade su nombre a la lista de 41 ‘agentes extranjeros’ la ONG tendrá que pagar una multa de unos 7.000 euros por no registrarse voluntariamente.

En marzo, la periodista independiente Natalia Kokorina, fue detenida en la capital de Crimea, Simferopol, después de haber sido convocada a casa de sus padres mientras que miembros del Servicio Federal de Seguridad (FSB) la registraban, aunque no se sabe el motivo de su detención. Kokorina trabaja para el Centro de Periodismo de Investigación, uno de los pocos medios críticos con la anexión de la península por parte de Rusia que aún operan en Crimea. La casa de los padres de la periodista Anna Andrievskaya, quien ya no reside en Crimea, también fue registrada el mismo día.

En julio, un juzgado de Sochi condenó a Anna Gritsevich, reportera de la web de noticias Kavkasky Uzel, por no obedecer las instrucciones de un policía mientras grababa una manifestación en contra de el vertido ilegal de escombros, el 29 de junio, en el pueblo de Chereshnya.

El día 9 de ese mismo mes, se cumplieron dos años desde que el periodista Akhmednabi Akhmednabiyev, subdirector del periódico independiente Novoye Delo, y reportero del portal de noticias Caucasian Knot, fuera asesinado al dirigirse a su trabajo en la ciudad de Makhachkala, en Dagestán, sin que ni los autores ni los instigadores hayan sido puestos a disposición judicial. El comité a cargo de la investigación ha sido suspendido en varias ocasiones desde entonces. El periodista había recibido numerosas amenazas de muerte y había sobrevivido a un atentado contra su vida en enero 2013.

En agosto, Rusia amenazó con cerrar el acceso a la web Wikipedia a raíz de un artículo que trataba de un tipo de cánnabis proveniente de la India. La agencia rusa de vigilancia de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, ordenó a los proveedores de Internet que bloquearan el acceso a la web de la enciclopedia después de que un juzgado de Cherny Yar - cerca de la ciudad de Astrakán- decretara, el 25 de junio, que el artículo en cuestión era ilegal pues contravenía la ley que prohíbe la “propaganda a favor de las substancias narcóticas y psicotrópicas”, y por tanto debería ser bloqueada.

Página | 123

Superficie: 783.562 km² Población: 75.930.000 habitantes Jefe del Estado: Recep Tayyip Erdogan Presidente del Gobierno: Ahmet Davutoglu

[desde 28.8.2014]

Puesto

149 De 180 países



BARÓMETRO 2015





1 Internauta o periodistas ciudadano encarcelado


En Turquía los ataques contra la libertad de información han ido en aumento de forma preocupante en 2015. Los incidentes con la prensa se intensificaron en un año en el que el país vivió dos elecciones generales y volvió a verse involucrado en un sangriento conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes kurdos liderados por el PKK. Las violaciones de la libertad de información se hicieron especialmente graves desde finales del mes de julio, cuando el Gobierno lanzó una “guerra contra el terrorismo” en la que esa formación kurda se convirtió en el principal objetivo.

Dos periodistas sirios han sido asesinados en 2015 en Turquía. En octubre, Ibrahim Abd al -Qadwer, que contribuía con sus informaciones a la red de información Raqqa is Being Slughtered Silently (RBSS), apareció decapitado en casa de un amigo en la ciudad de Sanliurfa, donde llevaba residiendo un año como refugiado. El 27 de diciembre, el periodista Naji Jerf, que también estaba en relacionado con RBSS, fue tiroteado a plena luz del día en la ciudad de Gaziantep, donde había estado trabajando durante los últimos tres años. Fundador y editor de la revista Henta, Jerf había rodado también varios documentales sobre las atrocidades cometidas tanto por el autodenominado Daesh como por el gobierno sirio. Acababa de conseguir su visado para viajar a Francia, y planeaba hacerlo en el mes de enero. En ambos casos, Daesh parece estar detrás de los asesinatos.

También en 2015, por primera vez en los últimos 15 años, tres periodistas extranjeros fueron detenidos y puestos a la espera de juicio. Ocurrió en agosto, en Diyarkabir, ciudad de mayoría turca. Los detenidos trabajaban para VICE News, y aunque inicialmente se les acusó de filmar sin las acreditaciones necesarias, poco después los cargos incluyeron colaboración con grupo terrorista. A los pocos días dos de ellos, Jake Hanrahan y Philip Pendlebury, de nacionalidad británica, fueron puestos en libertad, algo que no ocurrió con su traductor. El también periodista Mohammed Ismael Rasool, de nacionalidad iraquí, permaneció en una prisión de alta seguridad más de 130 días. A finales de diciembre seguía pendiente de juicio y tenía prohibido abandonar el país.

A comienzos de septiembre, fue detenida en la misma región de mayoría kurda la periodista holandesa Frederike Geerdink. Se la detuvo por “viajar por una zona prohibida” y representantes del Gobierno incluso dijeron que se hizo “por su propia seguridad”. Sin embargo, Geerdink ya había sido detenida brevemente, en enero, bajo la acusación de “distribuir propaganda del PKK”, cargo por el que fue absuelta, en abril, convirtiéndose en uno de los primeros periodistas extranjeros en ser juzgados en Turquía desde 1995. Bajo las nuevas acusaciones, la reportera se enfrentaba a una posible condena de hasta siete años y medio de prisión.

TURQUÍA

EUROPA

Página | 124

La persecución a periodistas no se limitaron a los profesionales extranjeros. En la noche del 2 de noviembre, poco después de las segundas elecciones generales del año, Cevheri Güven y Murat Capan, del semanario Nokta, fueron detenidos como sospechosos de “incitar a la actividad criminal”. Al día siguiente la Justicia amplió los cargos al considerar que también podían “incitar a la revuelta armada contra el Gobierno”.

La lista de profesionales de la información detenidos aumentó antes de final de ese mismo mes cuando el fiscal de Estambul ordenó la detención del editor de Cumhuriyet, Can Dündar, y de su representante en Ankara, Erdem Gül. Se les acusaba de pertenencia a organización terrorista, espionaje y divulgación de secretos de Estado. El diario ya estaba siendo investigado, desde el mes de junio, por publicar que los servicios de Inteligencia turcos estaban haciendo llegar armas a grupos rebeldes en Siria. En enero, ya había sido objeto de una campaña de acoso por reproducir una portada del semanario francés Charlie Hebdo. Se da la circunstancia de que apenas una semana antes de las detenciones Cumhuriyet había sido reconocido con el Premio RSF a la Libertad de Expresión. La organización ha lanzado una campaña para pedir al Tribunal Constitucional turco la inmediata puesta en libertad de los dos profesionales, así como la del resto de compañeros encarcelados.

Por otra parte, 2015 deja en Turquía un largo registro de decisiones y medidas políticas destinadas a fortalecer la censura y el control de cualquier voz crítica con el Gobierno: El 20 de enero, el partido en el poder inició el trámite de una ley para controlar la información en Internet, que permitía a las autoridades cerrar sitios web sin necesidad de una orden judicial y que había sido ya rechazada el año anterior por el Tribunal Constitucional. El texto que los diputados enviaron al Parlamento tenía prácticamente el mismo contenido que la ley que ya había sido rechazada y añadía la posibilidad de bloquear sitios web para proteger “la salud pública”. El mes siguiente el Parlamento comenzó el debate sobre una reforma de la “seguridad interna” que permitía a los agentes de la policía detener a cualquier individuo y realizar registros indiscriminados sin necesidad de pedir autorización a un juez. El texto, que entró en vigor el 3 de abril, supone una preocupante amenaza para la libertad de información y para los periodistas. Fue elaborado en una primera versión, a finales de noviembre del año anterior, justo después de los disturbios más violentos que ha vivido el país en los últimos 30 años.

A las iniciativas legislativas se suman las prohibiciones de las autoridades. El 31 de marzo, un fiscal turco permaneció secuestrado durante ocho horas y finalmente fue asesinado por sus captores. Los medios críticos con el Gobierno tuvieron prohibido realizar la cobertura del

incidente, así como del funeral que se celebró al día siguiente. RSF denunció entonces que en Turquía cualquier asunto sensible se había convertido en susceptible de ser censurado.

El 22 de mayo, a sólo dos semanas de las primeras elecciones generales, RSF mostró de nuevo su preocupación por la petición de la oficina de la fiscalía en Ankara para prohibir la publicación de varios medios opositores.

En la segunda mitad del año continuó el acoso judicial a numerosos periodistas. El 1 de julio, arrancó una investigación contra 26 periodistas de medios kurdos por distribuir supuestamente propaganda en nombre el PKK, acusación por la que podrían enfrentarse a penas de hasta siete años y media de prisión; el 15 de septiembre, la fiscalía del distrito de Bakirköy, en Estambul, inició una investigación contra Dogan, uno de los mayores grupos de comunicación del país, por supuesta propaganda terrorista; el 3 de noviembre, 71 periodistas del grupo Ipek fueron despedidos tras la campaña lanzada por el Gobierno contra ese medio el mes anterior; y el 9 de noviembre, RSF tuvo conocimiento de la investigación abierta contra un reportero de la agencia Diha por insultar al presidente Erdogan. A finales de septiembre, ya había 11 periodistas procesados por ese mismo delito y otros 19 estaban siendo investigados.

Página | 125

Superficie: 603.700 km² Población: 45.360.000 habitantes Jefe del Estado: Petro Poroshenko Presidente del Gobierno: Arseniy Yatsenyuk

Puesto

129 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las diferentes variantes surgidas de la situación del conflicto con Rusia, además de la inestabilidad política nacional propulsada por el conflicto mediático, minaron fuertemente la libertad de prensa en el país que cerró 2015 con un saldo de dos informadores muertos. Aunque el parlamento ucraniano votó para disolver la Comisión Nacional para la Protección de la Moralidad Pública –una entidad no sujeta a control parlamentario que gozaba de poderes excesivos –, el Gobierno retiró varias licencias de emisión a medios durante el año utilizando excusas como que apoyaban a Rusia, mientras que grupos rebeldes en el país siguieron atacando aquellas estaciones de televisión o periódicos, que consideraron no afines a sus ideales políticos, arrestando, juzgando, o poniendo en libertad a periodistas según su criterio.

Kiev también ordenó el encarcelamiento de periodistas en alguna ocasión, acusados de traición, y retiró acreditaciones a periodistas y medios extranjeros, sobre todo rusos, muchos de los cuales también fueron expulsados o deportados del país, prohibiéndoles la entrada durante cinco años en algunos casos. Ucrania también persiguió jurídicamente a periodistas rusos con detenciones, mientras que la difícil situación política en el este del país afectó directamente a equipos de informadores que cubrían el conflicto, siendo en muchos casos el blanco de los ataques. Resultado: un muerto y varios heridos.

El fotógrafo ucraniano Serhiy Nikolayev, que trabajaba para el periódico Segodnya, fue herido de muerte por un proyectil de mortero, el 28 de febrero, cerca de Donetsk, durante una reyerta entre fuerzas ucranianas y fuerzas rebeldes. Nikolayev llevaba un chaleco antibalas señalizado con "Prensa". Y Oles Buzina, periodista de la oposición, fue asesinado en el centro de Kiev. La policía dijo estar buscando a los dos individuos enmascarados que dispararon al periodista prorruso desde un coche antes de darse a la fuga.

En enero, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa pidió que se retirara la licencia de emisión a Inter TV por haberse puesto informativamente del lado ruso en la guerra con Ucrania. Yuriy Stets, ministro de Información, anunció una ley que obligará a los medios a respetar la lista ucraniana de personas denominadas "no gratas". En el mismo mes, unos 20 hombres enmascarados atacaron la sede de Kiev de Inter TV, rompiendo ventanas y ensuciando las paredes con grafiti. La policía detuvo a varios de ellos por "gamberrismo" pero fueron puestos en libertad al poco tiempo.

También en enero, la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL) puso en libertad, sin explicaciones, a Serhiy Sakadinsky, director de la web de noticias Politika 2.0, tras mantenerlo detenido durante cinco meses por tener fotos y documentos “sospechosos”. Asimismo, las autoridades de la RPL detuvieron a la joven periodista Maria Varfolomeyeva, que trabajaba

UCRANIA

EUROPA

Página | 126

para la web de noticias local Svobodny Reporter, mientras tomaba fotos desde un bloque de apartamentos, acusándola de ayudar a las fuerzas armadas ucranianas a mejorar la puntería de la artillería y de espiar para el grupo ultra nacionalista ucraniano Pravy Sektor. La periodista fue interrogada y “sentenciada” a 15 años de prisión por sus captores, que la mantienen encarcelada.

Antes de finalizar el mes, el servicio de seguridad ucraniano (SBU) detuvo y expulsó del país a Elisaveta Khramtsova y a Natalia Kalyshyeva, del canal de televisión ruso Lifenews, prohibiéndoles volver durante los próximos cinco años.

En febrero, la Rada –el parlamento ucraniano –, votó para disolver la Comisión Nacional para la Protección de la Moralidad Pública, una entidad creada en 2004 y reforzada en 2011, que no estaba sujeta a control parlamentario y gozaba de poderes excesivos. El parlamentario Igor Artiushenko, miembro del partido en el poder, presentó un proyecto de ley que castigaría con hasta tres años de prisión el “negar o defender públicamente la agresión militar rusa” contra el país. Los reincidentes y los funcionarios serían castigados con cinco años.

El periodista Andrei Zakharchuk, de la agencia rusa de noticias Nevskie Novosti, y el bloguero Ruslan Kotsaba, fueron detenidos a la espera de ser juzgados con cargos de alta traición. Zakharchuk fue puesto en libertad, el día 21 de

febrero, como parte de un intercambio de prisioneros entre Ucrania y la RPL. Kotsaba, que fue detenido en conexión con un video de YouTube, se enfrenta a 15 años de cárcel y sigue prisionero.

Por otra parte, este mismo mes la Rada anunció que los periodistas que trabajaban para medios rusos serían despojados temporalmente de su acreditación con las entidades estatales del país por “la amenaza que representan para la seguridad del estado”. El Gobierno pidió al servicio de seguridad ucraniano (SBU) que confeccionara una lista de los medios afectados. El día 21, el SBU publicó dicha lista en la que habían 110 medios, e incluía las agencias de noticias Itar TASS y Ria Novosti, además de todos los canales de televisión rusos con la excepción de Dozhd.

Un equipo de televisión de la emisora 112 Ukraina TV se vio atacado con proyectiles al parar a grabar un camión que estaba destrozado en una cuneta, en Debaltseve, en la región de Donetsk. El periodista Evhen Kurulenko fue herido levemente mientras que la metralla hirió seriamente al conductor; Y dos periodistas rusos, Elena Makarova, de Pervy Kanal, y Andrey Grigoriev, de NTV, fueron deportados de Ucrania al cubrir una manifestación antigubernamental en Kiev, y no podrán volver durante los próximos cinco años.

Serhiy Nikolayev, fotógrafo ucraniano del periódico Segodnya, falleció tras ser herido gravemente en brazo, pierna y torso, por un proyectil de mortero a las afueras de la aldea de Piski, cerca de Donetsk, y desangrarse. Otros periodistas, incluyendo el fotógrafo Bogdan Rossinsky, también resultaron heridos en el ataque.

En abril, el periodista de la oposición, Oles Buzina, fue asesinado en el centro de Kiev. La policía dijo estar buscando a los dos individuos enmascarados que dispararon al periodista pro-ruso desde un coche antes de darse a la fuga.

En junio, tres miembros de la Rada presentaron un proyecto de ley referente al “método de información durante las operaciones antiterroristas”. El proyecto incorpora muchas de las provisiones ya existentes en el código criminal y la ley antiterrorista, pero prohibía “la divulgación de la ideología terrorista en todas sus formas” e imponía penas de cárcel, de hasta cinco años, junto con la incautación de bienes y una prohibición temporal de ejercer una profesión. El proyecto también prohíbe ciertos tipos de información referentes a las “operaciones antiterroristas”, como las que se desarrollan en el Este del país.

Alexander Gayuk, reportero local que trabajaba para la agencia de noticias France-Presse, fue herido de metralla en la rodilla mientras la ciudad de Donetsk estaba siendo bombardeada. Y

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miembros de las ‘fuerzas de seguridad’ de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) arrestaron a Pavel Kanygin, reportero ruso del periódico moscovita Novaya Gazeta, cuando solicitó la acreditación como periodista en Donetsk. Tras ser golpeado, amenazado e interrogado durante cuatro horas, fue llevado a la frontera con Rusia y liberado.

En julio, Alexandra Cherepnina, corresponsal en Kiev del canal de televisión ruso Pervyi Kanal, fue arrestada y deportada el mismo día por el SBU. Aunque ningún cargo judicial pesa sobre ella tiene prohibido volver al país durante los próximos cinco años. El servicio de seguridad dijo que era culpable de “actividades anti ucranianas destructivas”. Y un juzgado de Ivano-Frankivsk, amplió dos meses más la detención preventiva del bloguero Ruslan Kotsaba, detenido el 8 de febrero, quien se enfrenta a 15 años de prisión por cargos de alta traición y obstrucción de las actividades de las FFAA ucranianas.

En agosto, varios periodistas fueron heridos mientras cubrían los enfrentamientos entre grupos militantes nacionalistas y las fuerzas de seguridad que se produjeron frente al edificio del parlamento en Kiev. El cámara Dmytro Bolshakov, del canal TSN, fue herido de gravedad en una pierna cuando un manifestante lanzó una granada. El periodista independiente Roman Malko también sufrió heridas en ambas piernas, mientras que Antoine Delaunay, fotógrafo independiente que trabajaba para la

agencia Associated Press, fue golpeado en la cara por una piedra. Maksym Voloboyev y el cámara Mykola Lebedev, del canal de televisión 5 Kanal TV, también resultaron heridos.

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La violencia extrema yihadista protagoniza un año desolador para los periodistas La violencia extrema de las guerras en Siria e Irak, y el recrudecimiento de los conflictos en Libia y Yemen han dejado, en 2015, un balance desolador en la región: periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones, tomados como rehenes por organizaciones terroristas y grupos opositores, así como varios desaparecidos. En el resto de países de Oriente Medio y Magreb, la situación tampoco es esperanzadora. Decenas de periodistas e internautas han sido condenados a largas penas de prisión, como en Egipto e Irán, han sufrido torturas y malos tratos en la cárcel, como en Arabia Saudí y Bahréin, o han tenido que enfrentarse a la presión y el acoso continuado por parte de las autoridades.

En 2015, del total de 110 periodistas profesionales asesinados en todo el mundo en el ejercicio de sus funciones, al menos 24 lo fueron en esta región: nueve en Irak, nueve en Siria y seis en Yemen. Si bien el número de asesinatos descendió en estos

ORIENTE MEDIO Y MAGREB | Introducción

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países, frente a 2014, la cifra de periodistas que permanecían secuestrados, a finales de año, aumentó drásticamente: 54 profesionales de la información estaban en manos de organizaciones terroristas, como Daesh, Al-Nusra y Al-Qaeda, o grupos armados opositores, como los rebeldes hutíes de Yemen o el Ejército Libre Sirio. 26 periodistas, casi la mitad del total de rehenes, estaban capturados en Siria, 13 en Yemen, 10 en Irak y cinco en Libia.

Este dramático balance de periodistas asesinados o secuestrados se explica por la ofensiva de Daesh en Siria e Irak, los dos países más mortíferos para los profesionales de la información. Además, el primero continúa siendo el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El avance de este grupo yihadista, que tiene amplias zonas de Siria e Irak bajo su control, así como la violencia empleada por sus gobiernos, ha convertido a regiones enteras de los dos países en “agujeros negros de la información”.

En estos países, las amenazas y la ejecución de reporteros ante las cámaras han servido a fines propagandísticos, como quedó demostrado con la decapitación, en Siria, del periodista freelance japonés Kenji Goto, a finales de enero. Los periodistas se han convertido en un objetivo fácil para los grupos yihadistas, que utilizan los secuestros como una forma para obtener rescates y, también, para ejercer presión y sembrar el terror. Entre los secuestrados, se encuentran los periodistas españoles Antonio Pampliega, Ángel

Sastre y José Manuel López, capturados, supuestamente por la organización terrorista Al-Nusra, en Alepo, Siria, el 13 de julio, y que seguían como rehenes al terminar el año.

Por otro lado, la alta cifra de periodistas asesinados y secuestrados responde también, por una parte, al recrudecimiento de la violencia en Yemen, desde que las milicias hutíes tomaron el control de Saná, la capital, en septiembre de 2014; y por otra, al caos político y social en Libia, con la existencia de dos Gobiernos, uno apoyado por milicias islamistas y otro apoyado por la comunidad internacional. Ejercer el periodismo es cada vez más peligroso en estos dos países. Siete periodistas se encontraban, a finales de año, desaparecidos en Libia, donde cada vez es más difícil obtener información confiable, lo que ha convertido a este país en el más afectado por este fenómeno.

En el resto de países de Oriente Medio, la situación de la libertad de información, pese a que no se encuentra sometida a este tipo de violencia extrema, es muy preocupante. Egipto, con 22 periodistas en prisión, se ha convertido bajo el gobierno de Al Sissi, en la segunda cárcel mayor del mundo para los profesionales de la información, sólo superada por China. Le sigue de cerca Irán, con 18 periodistas profesionales en prisión, a los que hay que sumar 20 internautas y blogueros encarcelados y condenados a largas penas de prisión.

En el caso de Egipto, la nueva ley antiterrorista, aprobada en agosto, supone un retroceso importante para la libertad de información. Aquellos periodistas que, después de un atentado, no se limiten a difundir la versión oficial del Gobierno se exponen a multas de entre 26.000 y 64.000 euros. La mayoría de los periodistas y blogueros que se encuentran encarcelados están acusados de “apoyar a una organización prohibida”, como es el caso de los Hermanos Musulmanes, “incitar a la violencia” y “difundir información falsa”.

Por su parte, Irán continuó con la política de represión y censura contra los periodistas y los medios de comunicación. Las promesas de cambio que realizó el presidente Hasan Rohaní cuando llegó al poder, en junio de 2013, nunca se llevaron a cabo. El control exhaustivo de las páginas web informativas y las redes sociales ha llevado a la detención de numerosos internautas y a duras condenas de prisión acompañadas de latigazos.

La situación de la libertad de información mejoró en Israel y los territorios palestinos respecto a 2014, año en que la ofensiva militar israelí “Margen Protector” contra Gaza se cobró la vida de más de 1.800 palestinos y 67 israelíes, además de las de 15 periodistas y colaboradores de medios de comunicación. Sin embargo, las fuerzas de seguridad israelíes han sido las responsables de la mayoría de los actos de censura y violencia llevados a cabo contra periodistas y medios de comunicación.

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En Líbano, por primera vez, un canal de televisión, Al-Jadeed, fue objeto de un proceso judicial en un tribunal internacional. A pesar de que este medio de comunicación quedó absuelto del cargo de poner en peligro a los testigos de un reportaje, la periodista que realizó el mismo, Karma Khayat, fue condenada a una multa de 10.000 euros.

En cuando a los países del Golfo el panorama fue también altamente preocupante. La ley de delitos informáticos y la ley antiterrorista se siguieron utilizando, en Arabia Saudí, para silenciar las voces críticas con el Gobierno. El célebre bloguero Raif Badawi volvió a ser noticia, en junio, cuando el Tribunal Supremo de Arabia Saudí confirmó la sentencia a 10 años de prisión y 1.000 latigazos, a pesar de la campaña internacional llevada a cabo por RSF junto a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos para pedir su anulación.

En el vecino Bahréin, los violentos enfrentamientos entre reclusos y guardias en la prisión de Jaw mostraron al mundo las torturas y malos tratos a los que son sometidos los presos, entre ellos numerosos periodistas y activistas online. El conocido bloguero y jefe de la oficina del Movimiento Al-Haq para las Libertades Civiles y la Democracia, Abduljalil Al-Singace, condenado a cadena perpetua, en 2011, se declaró en huelga de hambre para protestar por el

castigo colectivo y los actos de tortura que la policía infligió a todos los prisioneros tras el amotinamiento.

En Catar, se llevaron a cabo diversas detenciones arbitrarias de periodistas de varios medios de comunicación extranjeros que estaban realizando reportajes sobre las condiciones de los inmigrantes que trabajan en las infraestructuras de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

Mientras, en los países del Magreb, aparte de Libia, ha habido un deterioro significativo de la libertad de información frente a 2014. En Marruecos, las autoridades han recurrido a la prohibición de portadas y conferencias de prensa, el cierre de espacios informativos, la expulsión de periodistas extranjeros, las multas y las condenas de prisión a informadores, para evitar cualquier voz crítica con el Gobierno o que se hable de temas sensibles como el Islam, la monarquía o el Sáhara Occidental.

La vecina Argelia ha experimentado una situación similar. La censura, el cierre de espacios o medios de comunicación y las condenas a informadores a penas de prisión, a menudo bajo acusaciones de “atacar símbolos del Estado”, “atentar contra el Profeta” o “incitar al caos”, han dejado poco espacio para la disidencia.

Por su parte, en Túnez, las agresiones a los periodistas, los procesos judiciales a informadores por difamación o posesión de información

sensible y las iniciativas legislativas que amenazan las garantías previstas en la Constitución tunecina, pusieron de manifiesto que las autoridades tampoco están dispuestas a tolerar voces críticas con el Gobierno o sus instituciones.

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Superficie: 2.149.690 km² Población: 30.890.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Salman bin

Abdulaziz Al Saud [desde 23.1.2015]

Puesto

164 De 180 países



BARÓMETRO 2015







En Arabia Saudí no existe prensa independiente, y los pocos periodistas y blogueros que se atreven a desviarse de la línea oficial del Gobierno continúan siendo procesados y condenados a largas penas de prisión, al amparo de la ley antiterrorista y una estricta ley de delitos informáticos. La aplicación de la Sharia como legislación penal del país abre todas las posibilidades a las autoridades, incluidos castigos bárbaros, como las condenas a recibir latigazos, y los malos tratos a los prisioneros.

El país figura en la lista de “Enemigos de Internet” de RSF y la represión online no ha dejado de aumentar desde la Primavera Árabe, en 2011, provocando detenciones arbitrarias y el cierre de numerosas páginas web. El 12 de marzo, con motivo del Día Mundial Contra la Censura en Internet, RSF desbloqueó dos sitios web informativos, el Gulf Center for Human Rights y el Bahrain Mirror, prohibidos por las autoridades saudíes. La operación, denominada “Collateral Fredom”, tuvo como objetivo desbloquear nueve sitios web censurados en once países que no respetan la libertad de información online.

El caso más emblemático de la difícil situación que viven los informadores es el del bloguero Raif Badawi, Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia 2015 y Premio RSF a la Libertad de Prensa 2014, en la modalidad de internauta. A pesar de la intensa campaña llevada a cabo por varias organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y la libertad de

información, entre ellas RSF, para conseguir apoyos diplomáticos que presionasen a las autoridades saudíes, el 8 de junio, el Tribunal Supremo de Arabia Saudí confirmó la sentencia a diez años de cárcel y 1.000 latigazos impuesta por el Tribunal de Apelación de Riad, en septiembre de 2014. El tribunal mantuvo también la prohibición de abandonar el país en los diez años siguientes al cumplimiento de la pena de cárcel. Badawi, creador de la página web Liberal Saudi Network, una red de debate online sobre temas de política y sociedad en el reino, fue detenido, el 17 de junio de 2012, acusado de “insultar al Islam”. Recibió los primeros 50 latigazos de su condena, en enero de 2015, pero las demás sesiones tuvieron que suspenderse por su delicado estado de salud.

A principios de julio, nuevas informaciones de WikiLeaks, publicadas bajo el título de “Cables Saudíes”, revelaron los intentos del Gobierno saudí de influir en la prensa internacional para proyectar una imagen más positiva de su reino. Estas informaciones, que cubren un periodo comprendido entre 2010 y 2015, ponen de manifiesto que, cuando sirve a sus intereses, las arcas saudíes financian a organizaciones de medios en todo el mundo, desde el Reino Unido a Irán o Senegal. La financiación adopta normalmente la forma de donaciones o de miles de suscripciones. Los documentos revelaron también el papel de las embajadas saudíes en la organización y mantenimiento de la propaganda

ARABIA SAUDÍ

ORIENTE MEDIO Y MAGREB

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prosaudí en el extranjero. Al estar familiarizadas con los medios locales, son las mejores situadas para vigilar lo que dicen los medios y hacer sugerencias al Gobierno saudí, que recibe diariamente resúmenes de prensa iraní y de otras partes del mundo, especialmente en lengua árabe. Los documentos obtenidos por WikiLeaks incluyen, además de las comunicaciones entre las embajadas y el ministerio de Exteriores, cartas y correos electrónicos del ministro de Exteriores, informes del ministerio de Interior y de los Servicios de Inteligencia. Tras conocerse la noticia, en una reacción oficial en Twitter, el Gobierno saudí advirtió a sus ciudadanos de que no compartiesen estos documentos que, afirmaba, podrían haber sido fabricados.

El 23 de julio, Walid Eldoud Elmakki Elhussein, periodista sudanés residente en Arabia Saudí, desde el año 2000, fue detenido en su casa por seis hombres vestidos de civil y un policía uniformado, quienes se incautaron de sus equipos informáticos y teléfonos móviles. A finales de año, permanecía en la cárcel detenido sin cargos y su familia temía que fuese extraditado a Sudán, donde podría ser encarcelado y torturado. Según su hermano, su detención fue solicitada por los Servicios de Inteligencia sudaneses, que vigilaban de cerca la web de la que es editor, Al Rakoba. Lanzada en 2005, este espacio online se dedicaba en su origen a las opiniones, pero fue incorporando gradualmente cada vez más

contenido informativo y, a menudo, publicaba artículos sobre Sudán y noticias regionales. Las autoridades llevaban siguiendo de cerca al periodista desde hacía años y lo habían bloqueado en varias ocasiones.

En septiembre, el nombramiento del embajador de Arabia Saudí en Ginebra, Faisal bin Hassan Trad, como presidente de la comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, provocó la indignación de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas RSF, que en numerosas ocasiones habían solicitado la puesta en libertad de los activistas e informadores detenidos arbitrariamente en las cárceles del régimen y habían denunciado la violación de los derechos humanos en el reino.

A finales de diciembre, el periodista-ciudadano Zujair Kutni fue condenado a cuatro años de cárcel y 15 años sin poder escribir por pedir una monarquía constitucional y reformas políticas y sociales en Arabia Saudí. Kutni era colaborador habitual de la web Makkah Online y estaba encarcelado, desde el 15 de julio, por una entrevista difundida en el canal Rotana Khaleejia. Acusado de “insultar y criticar al Estado saudí y sus símbolos” e “incitar al caos”, Kutbi fue juzgado por un tribunal especializado en casos relacionados con el terrorismo, creado, en 2008, para silenciar a los disidentes.

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Superficie: 2.381.740 km² Población: 38.930.000 habitantes Jefe del Estado: Abdelaziz Boute ika Presidente del Gobierno: Abdelmalek Sellal

Puesto

119 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las dificultades para los periodistas han aumentado desde que comenzó el cuarto mandato del Presidente Abdelaziz Bouteflika, en abril de 2014. Las autoridades han intentado en numerosas ocasiones presionar e intimidar a los medios de comunicación para acallar las voces críticas con el Gobierno argelino. Bajo acusaciones relacionadas con “ataques a los símbolos del Estado”, “atentar contra el Profeta” o “incitar al caos”, el año 2015 ha estado marcado por el cierre de espacios o medios de comunicación y las condenas de informadores a penas de prisión.

El 24 de febrero, el periodista Mohammed Chergui, que trabajaba para el periódico en lengua árabe El Djoumhouria, con sede en Orán, fue condenado en rebeldía a tres años de prisión y una multa de 200.000 dinares (el equivalente a 1.700 euros) por “atentar contra el Profeta”.

Los medios de comunicación extranjeros tampoco se salvan de la censura. A principios de marzo, Boualem Goumrassa, corresponsal del periódico saudí Al-Awsat, editado en Londres, fue despojado de su carnet de prensa, sin ninguna razón oficial válida. El Gobierno, a través de su Ministro de Comunicación, sólo comentó que los medios extranjeros deben “respetar las reglas del juego”, pero no ofreció más detalles.

La intimidación a los medios de comunicación quedó patente de forma pública durante la celebración argelina del Día de la Victoria, el 19 de marzo, cuando el asesor presidencial Benamar

Zerhouni aprovechó un discurso para cargar contra los medios de comunicación cercanos a la oposición. En nombre del Presidente argelino, Zerhouni acusó a la prensa de “no tener ni idea de ética profesional”, “asustar y desmoralizar al pueblo”, y “socavar su confianza en el presente y en el futuro”. Además, aseguró que “el pueblo no dará ningún crédito a sus tonterías”.

Tras las presiones ejercidas por parte de miembros del Gobierno y de la Autoridad Reguladora de la Radiodifusión, el 24 de abril, la dirección de la cadena El Djazaira puso fin al programa satírico “Weekend”. Las autoridades acusaron a este espacio de “sarcasmo y mofa de personas, incluidos símbolos del Estado”, además de “falta de ética profesional”, castigada bajo las leyes de prensa y difusión. Uno de sus periodistas, Abdou Semmar, que también es editor de Algérie-Focus, aseguró que la causa de la suspensión estaba relacionada con las informaciones difundidas una semana antes sobre los apartamentos parisinos de varios miembros del Gobierno argelino y de la hija del Primer Ministro Abdelmalek Sellal.

El 12 de octubre, las autoridades argelinas ordenaron el cierre de la cadena proislamista El Watan TV tras emitir una entrevista a Madani Mezrag, antiguo dirigente del Ejército de Salvación Islámico (en su tiempo el brazo armado del disuelto Frente Islámico de Salvación), en la que expuso sus críticas al Presidente Bouteflika. Las autoridades acusaron a la cadena de emitir

ARGELIA


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“contenidos subversivos que atacan los símbolos del Estado” y de “violar la ley de radiodifusión” por trabajar sin acreditación, al ser, técnicamente al menos, una cadena extranjera. Sin embargo, la mayoría de televisiones en Argelia se encuentran en la misma situación, pero son “toleradas” por las autoridades y difunden sus contenidos sin ningún problema.

En noviembre, Tahar Djehiche, un dibujante que había sido absuelto de la acusación de “insultar al Presidente” e “incitar al caos”, en mayo, fue condenado en apelación por un tribunal de Lemghir, en la provincia oriental de El-Oued, a seis meses de prisión y una multa de 500.000 dinares (unos 4.300 euros). Djehiche, que recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo argelino, fue procesado por unas caricaturas publicadas en las redes sociales que mostraban al Presidente Bouteflika dentro de un reloj de arena cayendo bajo las arenas de In Salah, una ciudad del sur del desierto del Sahara, en la que los residentes protestan contra la prospección y producción de gas.

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Superficie: 760 km² Población: 1.332.000 habitantes Jefe del Estado: Hamed bin Issa Al Jalifa Presidente del Gobierno: Khalifa bin Salman Al

Khalifa

Puesto

163 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Las autoridades de Bahréin llevan atacando a fotógrafos, cámaras y otros informadores desde las protestas contra el Gobierno, en 2011, y siguen utilizando cargos falsos de “reunión ilegal”, “ataque al Estado” y “terrorismo” para impedir las actividades de periodistas y blogueros. En 2015, las detenciones arbitrarias de disidentes pacíficos, la tortura sistemática y los malos tratos, así como la censura y la impunidad, convirtieron a Bahréin en un país peligroso para expresarse e informar.

El año comenzó con una serie de ataques violentos contra la prensa que cubría las manifestaciones celebradas en la capital, Manama, contra el Gobierno. En el barrio de Bilad Al-Qadeem, el fotógrafo de EPA Mazen Mahdi recibió varios impactos de bombas lacrimógenas y perdigones durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, a pesar de llevar un chaleco que lo identificaba claramente como “prensa”. Dos periodistas de Reuters, el fotógrafo Hamad Mohammed y el cámara Aamer Mohammed, fueron apaleados, el 5 de enero, durante una manifestación. Mohammed fue alcanzado de nuevo por un bote de gas lacrimógeno, el 30 de enero, a pesar de estar identificado como “prensa”, al igual que el fotógrafo Mohammed Al Shaikhde, de la Agencia France-Presse.

Las autoridades bahreiníes tampoco dudaron en detener a los informadores que cubrían estas protestas. En febrero, un cámara que trabajaba para la asociación de la oposición Al-Wefaq, fue detenido mientras grababa una protesta, en el barrio de Bilad Al-Qadeem, y puesto en libertad una semana más tarde. Ese mismo mes, el cámara

Mohammed Al Najar fue detenido por la policía antidisturbios mientras cubría otra protesta, en el barrio de Daih, al oeste de Manama. Lo pusieron en libertad horas más tarde, después de insultarle y requisarle su chaqueta y gafas.

La retirada de la nacionalidad ha sido otra práctica puesta en marcha por el régimen para castigar a quienes critican a las autoridades abiertamente, así como para disuadir a la disidencia. A finales de enero, el Gobierno le retiró la nacionalidad bahreiní al periodista Abbas Busafwan, al escritor Ali Al Dairi, al bloguero Ali Abdulemam y a otros 72 ciudadanos de Bahréin, sin acusación ni juicio alguno.

Otro tema delicado para la prensa del reino es la cobertura de temas relacionados con la oposición. A tres periodistas -Reem Khalifa, de Associated Press, Fareshta Saeed, de Reuters, y Nazeeha Saeed- se les prohibió asistir a las comparecencias de los líderes del grupo opositor Al-Wefaq en los tribunales, el 28 de enero y el 25 de febrero. A Isa Ibrahim, un fotógrafo que trabajaba para el periódico Al-Wasat, también se le pidió que no tomara ninguna imagen y que abandonara la zona. Por otro lado, las emisiones de Al Arab News Channel se suspendieron en Bahréin apenas unas horas después de su lanzamiento, el 2 de febrero, después de que se entrevistase a un líder de la oposición en su primer informativo. La Autoridad de Asuntos de Información dijo que “no se había aprobado la licencia requerida para comenzar a emitir en Bahréin”.

Las autoridades también han continuado con la represión sobre los contenidos digitales críticos

BAHRÉIN


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con el régimen. El 27 de enero, el Ministerio del Interior detuvo a nueve ciudadanos bahreiníes bajo la acusación de abusar de los medios sociales y burlarse de la muerte del rey Abdullah de Arabia Saudí. El activista de Internet Yagoub Slais fue multado con 200 dinares (el equivalente a 500 euros), el 20 de febrero, por un tweet publicado, el 31 de agosto de 2014, y que le llevó a estar detenido durante un día, en el que criticaba que los soldados fueran forzados a votar por determinados candidatos en las elecciones parlamentarias.

Para conseguir que los ciudadanos de Bahréin puedan tener acceso a contenidos online bloqueados por el régimen, RSF desbloqueó el sitio web informativo Bahrain Mirror, censurado por las autoridades de este país. La operación, denominada “Collateral Freedom”, se llevó a cabo coincidiendo con el Día Mundial contra la Censura en Internet, el 12 de marzo, para desbloquear nueve sitios web censurados en países considerados “Enemigos de Internet”.

Dos días antes, el 10 de marzo, los violentos enfrentamientos entre reclusos y guardias en la prisión de Jaw pusieron de manifiesto el maltrato a los presos, entre ellos numerosos periodistas y activistas online encarcelados, que fueron golpeados y humillados, privados de sueño y alimentos, y a los que se negó el acceso a los servicios sanitarios. Las autoridades bahreiníes reaccionaron intentando eliminar toda información sobre malos tratos y torturas, cancelando las visitas de sus familiares y

aplazando los procesos judiciales que estaban en marcha.

El caso más emblemático es el de Abduljalil Al-Singace, bloguero y jefe de la oficina del Movimiento Al-Haq para las Libertades Civiles y la Democracia, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar, en junio de 2011. El 21 de marzo, se declaró en huelga de hambre para protestar por el castigo colectivo y los actos de tortura que la policía infligió a todos los prisioneros tras el amotinamiento. A pesar de los numerosos llamamientos de diferentes organizaciones internacionales, entre ellas RSF, no fue puesto en libertad. Al-Singace es prisionero de conciencia y miembro de “los 13 de Bahréin”, un grupo de activistas detenidos por el Gobierno por su papel en las protestas pacíficas, en 2011, y, posteriormente, acusados de llevar a cabo actividades terroristas.

La censura impuesta posteriormente a las informaciones relativas a los malos tratos quedó patente con la condena al conocido activista de derechos humanos Nabeel Rajab. El 14 de mayo, el Tribunal de Apelación de Bahréin confirmó la sentencia de seis meses de cárcel contra él por “insultar a instituciones gubernamentales” en twitter. Rajab, director del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue detenido, el 2 de abril, por un tweet sobre torturas en la prisión de Jaw, publicado en la red social una semana después de escribir un artículo sobre la tortura para el Huffington Post.

Sin embargo, los malos tratos y las torturas no fueron algo nuevo en Bahréin. En noviembre, se

dio a conocer la decisión arbitraria del Ministerio de Justicia de no procesar a los responsables de las torturas infligidas a la periodista Nazeeha Saeed en un comisaría de policía, en 2011. Saeed, corresponsal del canal de noticias de la televisión francesa France 24 y de Radio Monte Carlo Doualiya en Bahréin, fue torturada y humillada durante 13 horas en la comisaría de Rifa tras responder a una citación para ser interrogada sobre su cobertura de las manifestaciones a favor de la democracia en Manama.

Ese mismo mes, el fotógrafo freelance Sayed Ahmed Al Mousawi fue condenado por un tribunal penal bahreiní a diez años de cárcel por cargos de terrorismo y la retirada de la nacionalidad. Se le acusa de dar tarjetas SIM a manifestantes “terroristas” y sacar fotos de protestas antigubernamentales, en un juicio que había empezado hacía un año y que estuvo pospuesto hasta febrero de 2015. Mousawi, que ha recibido numerosos premios internacionales, fue detenido sin orden judicial, en febrero de 2014, y tuvo que esperar hasta diciembre para que empezara su juicio. Según su familia, fue torturado mientras estuvo en el centro de detención, especialmente durante los interrogatorios en las dependencias del Departamento de Investigaciones Criminales.

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Superficie: 11.586 km² Población: 2.172.000 habitantes Jefe del Estado: Tamim bin Hamad bin Khalifa

Al Thani Presidente del Gobierno: Abdullah bin Nasser

bin Khalifa Al Thani

Puesto

115 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Los medios deben tener una licencia para trabajar en Catar, donde la difamación y la blasfemia son castigadas con penas de prisión. Los informadores, así como los representantes de la sociedad civil, se ven obligados a censurarse porque cualquier crítica a la familia real, información relacionada con la seguridad nacional o reportaje polémico, es considerado fuera de los límites permitidos. La ley de crimen cibernético, aprobada en septiembre de 2014, supone una amenaza adicional a la libertad de expresión e información, ya que considera como delito la publicación de cualquier “noticia falsa” en Internet o cualquier contenido susceptible de socavar los “valores sociales”.

Entre marzo y mayo, se llevaron a cabo una serie de detenciones arbitrarias de periodistas profesionales extranjeros que estaban investigando las condiciones en las que trabajaban los inmigrantes en la construcción de las infraestructuras de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. El 27 de marzo, un equipo de los canales de radiodifusión pública de Alemania ARD y WRD fue detenido por la policía catarí mientras grababa a trabajadores extranjeros en las infraestructuras del Mundial. El periodista deportivo Florian Bauer, junto al resto de su equipo, un cámara, un técnico de sonido y el conductor, fueron interrogados por la policía y llevados ante el fiscal acusados de grabar sin permiso previo a su viaje. Después de permanecer 14 horas detenidos, se les prohibió abandonar Catar en los siguientes cinco días.

Finalmente, el 2 de abril, pudieron abandonar el país gracias a la intervención del embajador alemán. El material y los equipos, confiscados por los servicios de seguridad de Catar en el momento de su detención, fueron devueltos cuatro semanas más tarde con los datos borrados.

Un mes después, el 2 de mayo, un equipo de la BBC fue detenido mientras grababa, sin permiso, a trabajadores nepalíes. El periodista Mark Lobel dijo que no se habían presentado cargos contra él u otro miembro de su equipo pero que, sin embargo, tuvieron que pasar dos noches en prisión y que el material confiscado nunca les fue devuelto. El equipo de la BBC había sido invitado por el Gobierno a un tour para mostrar las mejoras en las condiciones de los trabajadores inmigrantes. Según Saif al-Thani, jefe de la oficina de prensa del Gobierno, infringieron la ley porque entraron en un campamento de trabajadores sin permiso, sobrepasando de este modo los límites de la propiedad privada.

CATAR


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Superficie: 1.001.450 km² Población: 89.580.000 habitantes Jefe del Estado: Abdel Fatah Al Sisi Presidente del Gobierno: Sherif Ismail

[12.9.2015]

Puesto

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BARÓMETRO 2015







El Gobierno presidido por Abdel Fatah Al Sisi ha continuado con su política represiva contra todas las formas de oposición, inaugurada tras el golpe de Estado contra el ex Presidente islamista Mohamed Morsi, en julio de 2013. Los periodistas deben limitarse a informar de la versión oficial de los tiroteos y bombardeos o arriesgarse a recibir una elevada multa en virtud de la nueva ley antiterrorista, aprobada en agosto, que supone una ampliación de los poderes de las autoridades egipcias.

La mayoría de los periodistas y blogueros que se encuentran encarcelados en Egipto están directa o indirectamente acusados de “apoyar a una organización prohibida”, como es el caso de los Hermanos Musulmanes, “incitar a la violencia” y “difundir información falsa”. Con 24 periodistas encarcelados, a finales de 2015, Egipto se convirtió en la segunda mayor cárcel del mundo para los profesionales de la información, sólo precedida por China.

El 23 de febrero, un tribunal de El Cairo condenó a cinco años de prisión a Alaa Abdel-Fattah, un joven bloguero de la oposición y figura emblemática durante la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Hosni Mubarak. Fue declarado culpable de “organizar una manifestación ilegal”, en noviembre de 2013, y de “atacar a un policía”.

En abril, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varias redadas en medios de comunicación críticos con el régimen egipcio. La policía entró en la sede de la emisora Horyetna, en El Cairo, sin una orden

judicial, y detuvo a su editor jefe, Ahmed Samih. Después de interrogar a los empleados de la radio sobre las políticas editoriales de la cadena y de confiscar parte de los equipos, la policía puso en libertad bajo fianza a Samih y lo acusó formalmente de “dirigir una emisora de radio sin licencia”. Días después, la policía protagonizó una nueva redada contra la sede de la cadena Al Chad TC, un medio sirio con sede en El Cairo. Detuvo a sus trabajadores y cerró la sede bajo la acusación de “apoyar a los Hermanos Musulmanes”.

La represión contra toda forma de oposición, ejercida por las autoridades, quedo patente en la sentencia a cadena perpetua de seis periodistas, el 11 de abril, por los cargos de “difundir noticias falsas”, “incitar a la violencia y al caos” y ser parte de la “sala de operaciones” que tenía el propósito de ordenar ataques contra el Gobierno durante las manifestaciones de apoyo al depuesto Presidente Mohamed Morsi, en la plaza de Rabaa Adawiya, en El Cairo, en agosto de 2013.

Los periodistas condenados a cadena perpetua fueron Abdullah Al Fakharani, reportero de la web de noticias Rassd; Samhi Mostafa, directivo de esa misma web; Mohammed Al-Adly, presentador del canal de televisión religioso Amgad TV; Hany Salah Al-Deen, antiguo redactor de noticias del canal de televisión favorable a los Hermanos Musulmanes Misr 25 y de la web Youm7; Mossab Al Barbary, jefe del canal de televisión favorable a los Hermanos Musulmanes Ahrar 25 y ex directivo del canal Misr 25; y Hassan Al Qabanni, redactor de Rassd y de un periódico del partido de los

EGIPTO


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Hermanos Musulmanes. Otros ocho informadores fueron sentenciados a la misma pena durante este juicio, pero RSF no encontró vínculos entre sus detenciones y su trabajo como informadores.

Uno de los casos más emblemáticos sobre la difícil situación que atraviesa Egipto en materia de derechos humanos es el del fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido con el pseudónimo de “Shawkan”, que lleva encarcelado en la prisión de Tora, en El Cairo, desde agosto de 2013, pendiente de la celebración de su juicio. Fue detenido mientras cubría para las agencias Demotix y Corbix los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de Morsi. Acusado de “pertenencia a una organización prohibida”, “posesión de armas de fuego” y “asesinato”, su detención es considerada “ilegal”, tanto por las leyes egipcias como por el derecho internacional, al superar, el 14 de agosto de 2015, el máximo de dos años de prisión preventiva. Shawkan está apadrinado por la sección española de RSF.

En agosto, el Gobierno egipcio ratificó su nueva ley antiterrorista, que supone una ampliación de los poderes de las autoridades y una amenaza a los derechos y principios fundamentales, como la libertad de información, la libertad de expresión o el derecho de asociación. Uno de los artículos más polémicos es el 33, que afecta directamente a la prensa y conlleva elevadas multas (entre 26.000 y 64.000 euros) para los periodistas que no se limiten a difundir la versión oficial después de un atentado. De esta manera, aquellos informadores

que tengan fuentes diferentes que cuestionen la versión del Gobierno pueden ser acusados de difundir “información falsa” sobre atentados u otras operaciones llevadas a cabo por grupos armados.

Los artículos 26, 27, 29 y 37 también amenazan el ejercicio del periodismo por su ambigüedad. Aquellos que publiquen información que pueda incitar -incluso indirectamente- a la violencia o a la preparación de actos terroristas destinados a afectar a las fuerzas de seguridad o a desarrollar acciones terroristas en Egipto o en el extranjero podrán ser condenados a penas de prisión. Hasta la cobertura sin permiso de juicios contra terroristas puede ser castigada con multas.

Tras la presión internacional llevada a cabo por RSF junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de información, el Presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, concedió el indulto, el 23 de septiembre, a los periodistas del servicio en inglés de la cadena Al-Jazeera, el canadiense Mohamed Fadel Fahmy y el egipcio Baher Mohammed. Después de múltiples aplazamientos, fueron condenados el 29 de agosto, junto al australiano Peter Greste, a penas de tres años de cárcel por la “difusión de noticias falsas” y “trabajar sin licencia”. Greste fue juzgado en ausencia, después de haber sido deportado a Australia, en febrero. Los militares tuvieron a la cadena catarí en su punto de mira desde el levantamiento de 2011, ya que era vista como demasiado favorable a los Hermanos Musulmanes.

En noviembre, se llevaron a cabo varias detenciones de periodistas. Hossam Bhagat, conocido reportero de investigación y defensor de los derechos humanos, fue puesto en prisión preventiva, durante 4 días, tras acudir a una citación de los Servicios de Inteligencia militar, en El Cairo. Una semana antes, el periodista había publicado para la web de noticias Mada Masr una información sobre el juicio y la condena a militares retirados acusados de conspiración con los Hermanos Musulmanes. Otro informador crítico con el régimen, Ismail Alexandrani, periodista de investigación freelance e investigador especializado en movimientos yihadistas en la península del Sinaí, fue detenido en el aeropuerto de Hurghada cuando iba a regresar a Berlín. Después de ser interrogado por los fiscales de seguridad nacional, el 1 de diciembre, fue puesto en prisión preventiva durante 15 días.

Ese mismo mes, la dirección de la televisión Al-Qahera suspendió a la periodista Azzah Al-Hinnawi por cuestionar las políticas del Gobierno durante un programa en directo sobre las inundaciones en Alejandría y Beheira. Al-Hinnawi criticó la actuación del Presidente y otros miembros del Ejecutivo, acusándoles de “falta de profesionalismo”. La dirección de la cadena informó que la periodista había sido suspendida y tendría que responder ante las autoridades judiciales.

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Superficie: 83.600 km² Población: 9.346.000 habitantes Jefe del Estado: Khalifa bin Zayed Al Nahyan Presidente del Gobierno: Mohamed bin Rashid

Al Maktoum

Puesto

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No hay espacio para la disidencia en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades continúan ejerciendo la represión al amparo de la ley sobre delitos informáticos de 2012, que el Gobierno viene empleando para silenciar a los activistas en las redes sociales y a otras personas que apoyan y defienden la libertad de expresión en Internet; y la ley contra el terrorismo de 2014, que considera como terroristas un gran abanico de actividades y sirve para condenar a defensores de los derechos humanos y críticos del Gobierno a largas penas de presión e, incluso, la pena de muerte.

El 3 de marzo, con motivo del segundo aniversario del comienzo del multitudinario juicio contra los “94 de Emiratos Árabes Unidos”, que envió a prisión a decenas de críticos del Gobierno y a activistas prorreforma de este país, 13 organizaciones de derechos humanos, entre ellas RSF, pidieron a las autoridades emiratíes la puesta en libertad, inmediata e incondicional, de todas aquellas personas encarceladas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, tras este juicio gravemente injusto, así como la de quienes permanecían detenidas o encarceladas por expresar públicamente su preocupación al respecto. Las organizaciones también pidieron a las autoridades que las denuncias de tortura y otros malos tratos a los que fueron sometidas las personas encausadas, antes y después del juicio, fuesen investigadas sin dilación y de forma independiente, imparcial y exhaustiva; que los responsables rindiesen cuentas de sus actos; y que las víctimas tuviesen acceso a un remedio efectivo y a una reparación.

En el juicio de los "94 de EAU", que comenzó el 4 de marzo de 2013 ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal, fueron juzgadas un total de 94 personas, ocho de ellas acusadas y juzgadas en ausencia, por fundar una organización que tenía como fin derrocar al Gobierno, cargo que todos negaron. El tribunal impuso condenas de entre siete y 15 años de prisión a numerosas personalidades, como el destacado abogado defensor de los derechos humanos y catedrático de Derecho, doctor Mohammed Al Roken, autor de varios libros y artículos en revistas especializadas sobre derechos humanos, libertad de expresión y leyes antiterroristas; al bloguero y ex profesor Saleh Mohammed Al Dhufairi; y al estudiante y bloguero Khalifa Al Nuaimi que, antes de ser detenido, mantenía un activo blog donde criticaba la situación de los derechos humanos en EAU y la torpeza de las actuaciones del aparato de la Seguridad del Estado.

La represión online ha llevado a Emiratos Árabes Unidos a figurar en la lista de “Enemigos de Internet” de RSF. En este sentido, el 12 de marzo, con motivo del Día Mundial contra la Censura en Internet, la organización lanzó la operación “Collateral Freedom”, para desbloquear nueve sitios web informativos censurados en once países “Enemigos de Internet” y que los ciudadanos pudiesen tener acceso a la información online. Entre las páginas web desbloqueadas estaba el Gulf Center for Human Rights, bloqueada en Emiratos Árabes Unidos.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS


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Superficie: 438.320 km² Población: 34.810.000 habitantes Jefe del Estado: Fuad Masum [desde

24.7.2014] Presidente del Gobierno: Haider Al Abadi

[desde 8.9.2014]

Puesto

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Con 10 periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones, Irak se convirtió en 2015 en uno de los países más mortíferos del mundo para los profesionales de la información, junto a Siria. El grave deterioro de la libertad de información y de los derechos humanos en este país, responde al avance del grupo terrorista yihadista Daesh (ISIS en sus siglas en inglés), que secuestró, torturó y asesinó a decenas de profesionales de la información en la ciudad de Mosul, tras su toma de la ciudad, a mediados de 2014. En otras zonas del país, los intentos por acallar las críticas contra el Gobierno, como en las manifestaciones contra la corrupción o en la crisis de sucesión del Kurdistán iraquí, derivaron en ataques contra la prensa y en el cierre de varios medios de comunicación.

La ciudad de Mosul cayó en manos de Daesh, el 10 de junio de 2014, anulando desde entonces cualquier actividad independiente de los medios de comunicación, cuyas sedes fueron tomadas para la difusión de mensajes del grupo yihadista. Los periodistas y trabajadores de la información se convirtieron en uno de los principales objetivos de la organización terrorista. El balance de muertos, secuestrados y desaparecidos a manos del Daesh es escalofriante. Desde junio de 2014 hasta finales de 2015 se habían registrado 48 secuestros de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y estudiantes de periodismo. De ellos, 25 informadores fueron puestos en libertad tras las negociaciones

lideradas por grupos tribales y narraron las torturas y malos tratos a manos de la organización terrorista. Sin embargo, 13 fueron ejecutados después de ser acusados de “traición y espionaje”, nueve de ellos en el año 2015.

En febrero, dos periodistas fueron asesinados por Daesh. Qais Talal, corresponsal del canal de televisión Sama Mosul, y el fotoperiodista Ashraf Shamil Al-Abadi. Talal llevaba secuestrado desde junio de 2014 acusado de “espionaje y comunicación para los medios de propiedad estatal”.

Un mes más tarde, en marzo, la organización terrorista asesinó al fotoperiodista Omar Younis Al-Ghaafiqi, tras ser secuestrado en su casa, al este de Mosul. El joven, de 23 años, había trabajado para varios medios de la ciudad antes de unirse a la Oficina de Medios de la provincia de Nineveh.

En abril fueron asesinados los periodistas Firas Yasin Al-Jubouri, conocido como Firas Al-Bahr, y Thaer Al-Ali. Al-Bahr había trabajado como coordinador de noticias y programas en varios canales por satélite de Mosul, incluyendo Al-Mosuliyah y Nineveh Al Ghad. Fue secuestrado en su casa, en el noreste de Mosul, acusado de “traición y espionaje”. A Al-Ai, redactor jefe del periódico local Rai’al Nas, lo asesinó el grupo terrorista tras ser acusado de “colaborar con medios hostiles a Daesh”. Lo habían secuestrado

IRAK


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20 días antes mientras hacía llamadas telefónicas en un café en el distrito de Al-Dawasa.

El cámara Jala’a Al-bady, que había trabajado para la cadena local de televisión Mowseliya, fue ejecutado el 16 de julio. Al-bady había regresado a Mosul tras abandonar la ciudad en junio de 2014, cuando fue secuestrado durante cuatro días. Para su puesta en libertad, había firmado una promesa de no volver a ejercer ninguna actividad relacionada con los medios.

En agosto, fueron asesinados el escritor y periodista Ghazi Al-Obeidi, el estudiante de periodismo Zuhair Kinan Al-Nahass y el periodista deportivo y presentador Yanya Al-Khatib. Al-Obeidi era un reconocido columnista que publicaba artículos en diferentes periódicos locales centrados en la corrupción, la violencia y el terrorismo. Al-Nahass era estudiante de segundo curso de la Universidad de Periodismo de Mosul. Unas semanas antes de su fallecimiento había sacado una foto desde su casa a un coche calcinado tras ser alcanzado por un misil de la coalición internacional. La foto había sido publicada en varios medios locales. El periodista deportivo y presentador de los canales por satélite Al-Mosuliyah y Nineveh Al-Ghad había regresado recientemente a Mosul, ciudad que abandonó a finales de 2014.

Además de los liberados y los ejecutados, se desconoce el paradero de diez profesionales de la información, entre los que se encuentran Riad Al-

Hayali, editor jefe del periódico Dijla que fue secuestrado a mediados de enero, y Zakir Khalil, editor jefe del periódico local Al-Mizan, secuestrado el 3 de febrero.

En el resto del país, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraquíes y Daesh acabaron con la vida de otros dos periodistas. El 23 de enero, Ali Al-Ansary, periodista de la cadena de televisión Al- Ghadeer, perdió la vida mientras cubría los combates en la norteña provincia de Diyala. Por otro lado, el periodista de la cadena de televisión Al-Mansar TV Majed Al Rabi’i murió en un hospital de Bagdad, el 6 de mayo, a causa de las heridas que sufrió días antes cuando viajaba con las fuerzas de seguridad del Gobierno iraquí para cubrir los enfrentamientos en Garna, una ciudad al este de Faluya en la provincia de Anbar.

También son varios los periodistas que resultaron heridos en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y Daesh. El 4 de marzo, dos reporteros gráficos iraquíes sufrieron heridas de bala cuando cubrían la ofensiva que el Ejército lanzó contra la organización terrorista en la provincia de Salahuddin, unos 80 kilómetros al norte de Bagdad. Se trata de Ali Al Fadawi, fotógrafo de la Red iraquí de Medios (que apoya al Gobierno liderado por los chiítas) y Haider Al-Awadi, un cámara del canal de televisión por satélite Al-Mansar. Por otro lado, un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación lograron sobrevivir a una emboscada de Daesh mientras acompañaban a una delegación de jefes

tribales y funcionarios del Gobierno, el 5 de marzo, en Samarra, ciudad en la provincia de Salahuddin.

Daesh no es la única amenaza en Irak para los profesionales de los medios de comunicación. En Abril, Ned Parker, jefe de la oficina de la agencia Reuters en Bagdad, se vio obligado a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte por la publicación de un artículo sobre las violaciones de derechos humanos y los saqueos llevados a cabo por la policía iraquí y las milicias chiíes en la ciudad de Tikrit. Dos días después, en la página de Facebook de un grupo autodenominado “The Hammer” fueron publicados comentarios que abogaban por la expulsión de Irak o el asesinato del periodista de Reuters. También la televisión Al Ahd informó posteriormente de que Parker había atacado a las fuerzas gubernamentales en su artículo e insistió en que debía ser deportado.

Las manifestaciones contra la corrupción, desde el sur hasta el centro del país y en la capital, que comenzaron el 31 de julio, se tradujeron en amenazas y agresiones a los periodistas que cubrían las protestas. En agosto, varios individuos vestidos de civil destruyeron los equipos de Al-Baghdadia, Mada y Al-Sharqiyya TV en presencia de la policía, que nada hizo para impedirlo. El reportero de deportes de Sharqiyya News, Ziad Mohamed Hussein, fue amenazado de muerte, en septiembre, por hacer un reportaje sobre la corrupción en el mundo del deporte. Los

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periodistas que condenaron la violencia también fueron víctimas de amenazas. Haidar Al Mansoori, director del Sindicato de Periodistas de Basora, recibió varias amenazas de muerte desde que anunció, en agosto, que el sindicato apoyaba a los periodistas que cubrían las manifestaciones.

Por otro lado, en la región del Kurdistán iraquí, la crisis por la sucesión del Presidente Masoud Barzani, cuyo mandato expiró en agosto, empezó a principios de octubre con varias manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en motines, que pedían aumentos salariales para los empleados gubernamentales y la retirada del Presidente. Para limitar la cobertura de estas manifestaciones, las fuerzas de seguridad, e incluso a veces los manifestantes, atacaron a varios medios de comunicación en un intento de acallar las voces críticas contra el Gobierno.

Las fuerzas de seguridad leales al Partido Democrático del Kurdistán (PDK) hicieron varias redadas en medios de comunicación en Ebril, Dohuk y Soran, la tarde del 10 de octubre, amenazando a los empleados y dañando los equipos. Las cadenas NRT TV, KNN TV y Radio Gorran, que apoyan al partido de la oposición, fueron obligadas a cerrar sin ninguna explicación. Varios de sus trabajadores fueron detenidos durante varias horas antes de ser puestos en libertad a las afueras de la ciudad. La sede de Rudaw TV, en la localidad de Sulaymaniyah, también fue atacada por simpatizantes del PDK.

También se registraron numerosos casos de periodistas agredidos por las fuerzas de seguridad o los manifestantes, desde el 8 de octubre, en varias zonas de la provincia de Sulaymaniyah. Hawkar Abdulrahman, periodista de Kurdsatnews TV, fue atacado por 15 simpatizantes del PDK en presencia de una inmóvil policía. El reportero de Rudan TV, Shoman Mahmoud, fue apedreado por varios manifestantes en la ciudad de Said Sadiq. Razhin Kama, de Gali Kurdistan TV, una cadena afiliada a la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), fue igualmente apedreada por manifestantes cuando cubría con su equipo una manifestación en la ciudad de Sulaymaniyah. Otros periodistas han visto restringido su acceso a la información, como el equipo de Kurdsatnews TV, forzado a dar la vuelta en un puesto de control de la carretera que une Erbil con Sulaymaniyah, el 12 de octubre.

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Superficie: 1.633.190 km² Población: 78.140.000 habitantes Jefe del Estado: Seyed Ali Jamenei Presidente del Gobierno: Hasan Fereidun

Ruhani

Puesto

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BARÓMETRO 2015







El régimen iraní ha continuado con su política de represión y censura contra los profesionales de la información, a pesar de las promesas de cambio realizadas or el actual Presidente, Hasan Rohani, a su llegada al poder, en junio de 2013. Los informadores siguen siendo detenidos de forma arbitraria, condenados en juicios injustos, y recluidos en condiciones inhumanas y degradantes. Con 17 periodistas profesionales y 19 internautas encarcelados, a finales de 2015, Irán es una de las mayores cárceles del mundo para los informadores.

La mayoría de profesionales de la información y blogueros encarcelados fueron condenados por salas de los Tribunales de la Revolución, presididos por jueces acusados de crímenes contra la humanidad, que fueron creados para juzgar los casos políticos o que afectan a la seguridad nacional. El guía supremo, Ali Jamenei, es quien nombra al jefe del sistema judicial, quien junto a los Guardianes de la Revolución y a los agentes del Ministerio de Inteligencia, ejercen una represión continua contra los informadores.

El año comenzó con la orden de cierre del semanario reformista Setareh Sobh para “evitar que se cometiera un delito”, en virtud del párrafo 5 del artículo 156 de la Constitución iraní, por publicar una carta abierta de Ali Motahari, un parlamentario conservador moderado, dirigida a Sadeq Larijani, responsable del sistema judicial, en la que cuestionaba la legalidad de las detenciones de los tres líderes del movimiento de protesta

contra la reelección de Ahmadineyad, en 2009. Los tres encarcelados a los que hacía referencia eran Hossein Mousavi, exprimer ministro y propietario del periódico clausurado Kalameh Sabaz, Mehdi Karoubi, expresidente del Parlamento y propietario del diario censurado Etemad Melli, y la esposa de Mousavi y escritora, Zahra Rahnavard.

A finales de enero, Mohammed Ghoochani, director del diario reformista Mardom Emroz, fue acusado por el Tribunal de Teherán para los Medios de Comunicación de “insultar al Islam”, después de publicar en portada una foto del actor estadounidense George Clooney bajo el titular “Je suis Charlie”, el 13 de enero. Mardom Emroz fue cerrado y Ghoochani quedó en libertad provisional tras el pago de una fianza equivalente a 100.000 euros.

El 2 de febrero, el antiguo periodista Abass Salimi Namin anunció que había sido condenado a seis meses de prisión y 74 latigazos por sus comentarios sobre el expresidente Ahmadineyad en un debate de televisión, en 2011, donde afirmaba que “la extravagancia de Ahmedineyad fue el resultado del silencio de los conservadores”.

En esas mismas fechas, el Tribunal de Teherán para los Medios de Comunicación ordenó el cierre del diario digital HMA, que toma su nombre de las siglas en persa de “Los partidarios de Mahmud Ahmadineyad”, al amparo del artículo 7 de la Ley

IRÁN


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de Prensa, por "publicar sin permiso", y el artículo 156 de la Constitución, para “evitar que se cometiera un delito".

Ali Maghamai, periodista y yerno de un destacado defensor de los derechos humanos, fue detenido, el 21 de febrero, para iniciar el cumplimiento de una pena de prisión de cuatro meses a la que había sido condenado hacía más de un año. Maghamai dirigía la sección de redes de una web especializada en tecnología y había trabajado para varios periódicos reformistas, como el censurado Mardom Emroz.

A finales de febrero, las autoridades judiciales ordenaron el bloqueo de Jamaran, la página web oficial del fallecido fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, y de Bahar, una web que apoyaba a los reformistas, tras la publicación de una foto del expresidente Mohamed Jatami asistiendo al duelo de un pariente de Jomeini. Un portavoz del sistema judicial había indicado a los medios de comunicación, el 16 de febrero, que cualquier cobertura de Jatami quedaba prohibida a partir de ese momento, a instancias del Consejo Superior de Seguridad y Justicia Nacional.

El bloqueo y cierre de páginas web en Irán es una práctica habitual por parte de las autoridades. En este sentido, el 12 de marzo, con motivo del Día Mundial contra la Censura en Internet, RSF desbloqueó el sitio web informativo Gooya News, censurado en Irán. La operación, denominada “Collateral Freedom”, se lanzó para desbloquear

nueve páginas webs bloqueadas en once países considerados “Enemigos de Internet”.

A principios de abril, RSF denunció la utilización política que las facciones rivales del Gobierno estaban haciendo del caso del corresponsal de The Washington Post, Jason Rezaian, en una lucha implacable por el poder. Agentes de la Guardia Revolucionaria vestidos de civil detuvieron a Rezaian, con doble nacionalidad iraní y estadounidense, en su casa de Teherán, el 22 de julio de 2014, junto a su esposa, también periodista, y a otros dos ciudadanos estadounidenses. Fue acusado de “espionaje”, “cooperar con gobiernos hostiles”, “recopilar información confidencial” y “propaganda antigubernamental”.

El 27 de abril, la Comisión de Autorización y Vigilancia de la Prensa suspendió el mensual femenino Zanan Emroz en virtud del artículo 6 del Código de Prensa, que prohíbe “el contenido y las fotos que fomenten la prostitución y los vicios opuestos a la decencia pública”, por un número especial sobre la tendencia entre las parejas jóvenes a no contraer un matrimonio islámico formal. Zanan ya había sido suspendido, en 2008, por publicar "contenidos nocivos para la tranquilidad psicológica de la sociedad".

El caso más emblemático de las prácticas judiciales en Irán es el de Narges Mohammadi, periodista y portavoz del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. El 5 de mayo, fue

detenida y trasladada de nuevo a la cárcel de Evin para terminar de cumplir su condena a seis años de prisión. Está acusada de “actividades contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen”. Narges tiene un largo historial de acoso judicial, ya que fue detenida, condenada, hospitalizada y puesta en libertad en numerosas ocasiones desde 2010.

Por estos mismos cargos, la bloguera y activista de derechos humanos Atena Ferghdani fue condenada a 12 años y nueve meses de prisión, el 2 de junio. Había sido detenida, el 11 de enero, cuando respondió a una citación de un tribunal de Teherán por publicar un video en Facebook y YouTube, en diciembre, en el que describía sus experiencias en la Sección 2A de la prisión de Evin (una sección controlada por la Guardia Revolucionaria) después de una detención anterior, en agosto de 2014.

Las autoridades iraníes también recurren a las amenazas a los familiares. En julio, un tribunal sentenció a Seid Ahmad Ronaghi Maleki a cuatro meses de prisión por escribir cartas a las autoridades y conceder entrevistas sobre la salud de su hijo, Hossien Ronaghi Maleki, un defensor de los derechos humanos y activista online detenido, en 2010, y condenado a 17 años de prisión. Tras ser sometido a varias operaciones de riñón, sus padres habían conseguido su puesta en libertad bajo fianza debido a su grave estado de salud.

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A finales de ese mismo mes, la Guardia Revolucionaria detuvo a Arash Zad, bloguero de Weblogia y Arashzad, una de las webs más populares de Irán. Llevaba dos años viviendo en Turquía pero mantenía una fuerte actividad en las webs iraníes, en las que opinaba sobre las políticas del Gobierno. Semanas después, también fue detenido el bloguero Mohsen Sadeghinia, conocido por sus artículos relacionados con los derechos humanos en Openeyes, blog cerrado por un comité dirigido por el fiscal general, que decide qué contenidos deben ser bloqueados en Internet.

El semanario conservador 9 Day fue clausurado, el 3 de agosto, por las críticas vertidas sobre el acuerdo nuclear iraní. El cierre fue ordenado por el Comité de Vigilancia y Autorización de Prensa, el arma de censura del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica por “faltar el respecto a las resoluciones del Alto Consejo para la Seguridad Nacional”.

A principios de septiembre, el periodista Said Razavi Faghih recibió una sentencia adicional de tres años y medio de prisión, en un juicio ante un tribunal revolucionario de Teherán, por “propaganda contra el Gobierno” e “insultar al líder supremo y a la Asamblea de Expertos”. Faghih, colaborador de varios periódicos reformistas, entre ellos Yass-é No, un diario cerrado en 2009, no había sido puesto en libertad al cumplir su sentencia de un año, en marzo.

En esas mismas fechas, el líder supremo Jamenei emitió un decreto para renovar por cuatro años el mandato del Consejo Supremo para el Ciberespacio, creado en 2013 para supervisar Internet, y dio instrucciones para "que se garantice la seguridad de la Red, promueva un modo de vida islámico, proteja la privacidad de los miembros de la sociedad y combata eficazmente la infiltración y abusos por parte de extranjeros". La prioridad para este consejo se centra en el “filtrado inteligente”, lo que significa asegurar que el acceso a Internet y, sobre todo, a las redes sociales, es selectivo y está controlado. En la práctica, prohibir el acceso a “contenidos inmorales” se ha extendido a contenidos políticos y debates religiosos, así como a páginas web sobre los derechos fundamentales.

También en septiembre, un tribunal revolucionario de Teherán condenó a Kaivan Karimi, un joven realizador de documentales, a seis años de prisión y 223 latigazos por los cargos de “insultar al Islam” y “relaciones inmorales”, por saludar a una mujer con un beso y un apretón de manos.

A principios de octubre, el internauta Soheil Arabi fue condenado a siete años y medio de cárcel después de que el Tribunal Supremo del país hubiera anulado su condena a muerte, inicialmente impuesta en 2014. A cambio, la sentencia actual le obliga a pasar dos años bajo observación y a probar su arrepentimiento para evitar ser condenado de nuevo a pena de muerte.

En los dos años posteriores a la sentencia se le preguntarán temas religiosos cuya respuesta debe obtener de la lectura de 13 libros de teología del Islam.

En noviembre, se llevó a cabo una ola de detenciones de periodistas acusados de formar parte de “redes de espionaje”. Agentes de la Guardia Revolucionaria vestidos de paisano detuvieron a Afarine Chitsaz, del diario Iran, Ehssan Mazandarani, director del diario Farhikhteghan, Saman Safarzai, del mensual Andisher Poya, e Issa Saharkhiz, un conocido periodista independiente y exdirector de varios periódicos reformistas. Poco después, las agencias de noticias de la Guardia Revolucionaria Tasnim y Fars informaron de la detención de “miembros de una red ilegal vinculada con los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña, que estaban activos en medios de comunicación iraníes”. Las detenciones seguían las recientes directrices del líder supremo, Ali Jamenei, a la Guardia Revolucionaria, en las que advertía contra la infiltración “política y cultural” por parte de Estados Unidos.

También en noviembre, Solmaz Ikder, periodista que trabajó para el diario Farhikhtegan y otros medios reformistas, fue condenada a tres años de prisión por los cargos de “propaganda contra el Gobierno” e “insultos al líder supremo”. Ikder ya había sido condenada en otras ocasiones anteriores, la última, en 2011, tras asistir al entierro de Hoda Saber, un periodista que murió

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en la cárcel de Evin como consecuencia de los malos tratos y una huelga de hambre.

El 16 de noviembre, Hadi Heidari, un dibujante muy conocido que trabajaba para el diario Sharvand y la web Persian Cartoon, fue detenido en Teherán y trasladado a la prisión de Evin. Hijo de un veterano de guerra, Heidari había sido detenido anteriormente por periodos relativamente cortos.

Un día después, el Tribunal de Apelación de Teherán decidió mantener la pena de prisión de un año y la suspensión de dos años de las actividades política y periodística en los medios de comunicación y digitales a la periodista Rihaneh Tabtanai, acusada de “poner en peligro la seguridad nacional” y “propaganda contra el Gobierno”.

A finales de noviembre, tuvo lugar una agresión contra presos de conciencia en la cárcel de Rajaishahr, en la que dos periodistas, Said Madani y Said Razav Faghig, sufrieron heridas de arma blanca en la cara. Ellos dos y otros tres presos comenzaron una huelga de hambre como protesta contra el silencio de las autoridades y los guardias de la prisión. Rajaishahr es, junto a Evin, una de las cárceles más duras de Irán por los casos de tortura, violación y asesinatos registrados.

El 8 de diciembre, la oficina del fiscal de Teherán inició un procedimiento contra el diario Ettelaat y su editor Mahmoud Doaei por publicar una

entrevista y una foto del expresidente Jatami, originalmente publicada por el diario libanés Al-Safir. Las autoridades habían anunciado en febrero que los medios tenían prohibido publicar cualquier información sobre “individuos considerados como líderes de la sedición”.

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Superficie: 20.325 km² Población: 8.215.000 habitantes Jefe del Estado: Reuven Rivlin Presidente del Gobierno: Benjamin Netanyahu

Puesto

101 De 180 países



BARÓMETRO 2015







A pesar de que la situación de la libertad de información mejoró respecto a 2014, año en que la ofensiva militar israelí “Margen Protector” contra Gaza se cobró la vida de más de 1.800 palestinos y 67 israelíes, además de la de 15 periodistas y colaboradores de medios de comunicación, las fuerzas de seguridad israelíes han continuado ejerciendo la violencia contra los profesionales de la información, en su mayoría palestinos. Las agresiones y detenciones de periodistas, así como los cierres de medios de comunicación, se llevaron a cabo, prácticamente en su totalidad, en Cisjordania (Su detalle queda recogido en el apartado de este informe dedicado a los territorios palestinos).

El año comenzó con la amenaza de muerte al caricaturista del diario israelí Haaretz, Nao Olchowski, tras la masacre del Charlie Hebdo, en Francia. Una semana antes, Okchowski había publicado una viñeta recordando que las Fuerzas de Defensa de Israel habían matado a 13 periodistas palestinos, entre julio y agosto de 2014. Según el diario, la persona que estaba detrás de las amenazas y la campaña de odio contra Olchowski era Ronen Shoval, un destacado miembro del partido Habayit Hayehoudi, cuyo líder, el polémico Ministro de Economía, Naftali Bennet, había asistido a la marcha de París.

En mayo, la policía israelí utilizó la fuerza para evitar que un equipo de la televisión rusa RT grabara imágenes durante las celebraciones del Día de Jerusalén, que

conmemora la conquista israelí de Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, durante la guerra de los seis días. A pesar de que llevaban una acreditación, la reportera Dalia Nammari y el cárama Muhammad Aishu fueron maltratados y su cámara quedó destrozada.

Durante las celebraciones del Nuevo Año Judío, en septiembre, al menos diez periodistas fueron agredidos por la policía israelí mientras cubrían los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Israel y los manifestantes palestinos, en las inmediaciones de la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén Este. Muchos informadores sufrieron los efectos del gas lacrimógeno, lanzado por la policía, pero otros fueron agredidos deliberadamente o vieron cómo les destruían sus equipos. El cámara Mustapha Al-Kharouf y la reportera Christine Al-Rinawi, ambos trabajadores de Palestine TV, y Diala Jowayhan, periodista del diario Al-Hayat Al-Jadeeda, fueron agredidos por la policía israelí.

Desde septiembre, se registraron más de 50 casos de ataques contra periodistas, algunos de los cuales fueron dirigidos deliberadamente por el Ejército israelí u otras fuerzas de seguridad del país. En este sentido, desde 2013, las Fuerzas de Defensa israelíes figuran en la lista de RSF de “Depredadores de la Libertad de Prensa”, por sus constantes ataques a periodistas y medios de comunicación.

ISRAEL


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Superficie: 17.820 km² Población: 3.753.000 habitantes Jefe del Estado: Sabah Al-Ahmed Al Jaber Al

Sabah Presidente del Gobierno: Jaber Mubarak Al

Hamed Al Sabah

Puesto

90 De 180 países



BARÓMETRO 2015







El año 2015 comenzó con el cierre de un medio de comunicación independiente, la detención de varios blogueros y el aumento de la pena de prisión, de cuatro a seis años, a un internauta. Un informe, publicado por un grupo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticaba la situación de Kuwait en materia de derechos humanos.

En enero, el Ministerio de Comercio e Industria rescindió la licencia comercial del diario Al-Watan, asegurando que había infringido los requisitos mínimos de capital. Bajo la ley de Kuwait, las licencias comerciales son retiradas a las empresas cuando sufren pérdidas por valor de más del 75% de su capital. Sin embargo, el Ministerio de Información decidió, por su parte, rescindir también la licencia de publicación del periódico. Al-Watan es uno de los principales periódicos de Kuwait, conocido por sus críticas al Gobierno. En abril de 2014, las autoridades ordenaron su cierre durante dos semanas después de que desafiase una prohibición de dos meses para cubrir una investigación sobre presuntos planes para organizar un golpe de Estado.

La persecución de internautas es otra práctica habitual en el país. A finales de enero, las autoridades kuwaitíes detuvieron a varios blogueros por publicar comentarios que se consideraban insultantes con el recientemente fallecido rey Abdullah de Arabia Saudí. Apenas un mes después, el 18 de febrero, un tribunal de apelación añadió dos años a la pena de prisión de

cuatro que el bloguero Saleh al-Saeed recibió, en diciembre, por publicar en Twitter comentarios acusando a Arabia Saudí de invadir el territorio de Kuwait y Bahréin.

Por su parte, el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe demoledor sobre la situación de los derechos humanos en Kuwait. Publicado el 30 de enero, el informe insta a Kuwait a "garantizar la independencia del poder judicial mediante la reforma de la designación, promoción y evaluación de los jueces, así como eliminar la dependencia del Consejo Superior de la Magistratura del Ministerio de Justicia."

En lo que se refiere a la libertad de información y de expresión, el comité de Derechos Humanos mostró su preocupación por "las excesivas restricciones a la libertad de expresión contenidas en la Ley de Prensa y Publicación y la normativa relacionada, que incluyen prohibiciones a la crítica legítima a los funcionarios del Gobierno y otras figuras públicas, las denuncias de detención arbitraria, juicio y deportación de personas que hacen uso de su libertad de opinión y de expresión a través de los medios de comunicación y de Internet", e instó al Gobierno a revisar dicha ley.

KUWAIT


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Superficie: 10.400 km² Población: 4.467.000 habitantes Jefe del Estado: vacante Presidente del Gobierno: Tammam Salam

Puesto

98 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La violencia empleada por las fuerzas de seguridad contra los profesionales de los medios de comunicación en las manifestaciones contra el Gobierno, en julio y agosto, y el proceso judicial a una periodista en el Tribunal Especial para el Líbano (TEL) - establecido en 2007 por la ONU a petición de Líbano para investigar y juzgar a los responsables del atentado en Beirut que costó la vida al entonces Presidente Rafik Hariri- pusieron de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los periodistas cuando tratan de informar de ciertos temas críticos con el Gobierno u otras autoridades del país.

En agosto y septiembre, las fuerzas de seguridad agredieron a varios periodistas y profesionales de la información que cubrían las protestas originadas por la crisis de la recolección de basuras. Los periodistas que informaron de la ocupación del Ministerio de Sanidad, el 1 de septiembre, fueron expulsados por la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que culpaban al Ministro de la crisis. Los informadores que quedaron dentro del edificio fueron agredidos por los agentes, quienes les confiscaron también sus equipos de trabajo. Foutoun Raad, reportera de LBCI TV, que estaba en el interior del Ministerio, junto a 15 manifestantes, fue amenazada y agredida por un policía que la obligó a salir del edificio. En el reportaje que grabó posteriormente, ya fuera del Ministerio, aseguró que tuvo que seguir

emitiendo con su móvil porque le habían cortado el cable de transmisión.

El 28 de septiembre, la periodista libanesa Karma Khayat, directora adjunta y vicepresidenta de la junta directiva de la cadena Al-Jadeed, fue condenada a una multa de 10.000 euros por no retirar de la web de la cadena y del canal de Youtube sus reportajes sobre el asesinato del exprimer ministro Rafik Hariri, tal y como le había solicitado el Tribunal Especial para el Líbano (TEL), el 7 de agosto de 2012. Una semana antes, este tribunal internacional había declarado a la periodista culpable de “desacato y obstrucción de la justicia”, acusaciones que podrían haberle conllevado la pena de siete años de cárcel y 100.000 euros de multa. El tribunal también acusaba a la periodista y a la cadena de poner en peligro a los testigos, supuestamente confidenciales, al grabarlos para un reportaje.

Ambos han sido absueltos de este cargo. La periodista defendió en todas sus comparecencias que el objetivo de estos reportajes era llamar la atención sobre los problemas del TEL y que no puso en peligro a los supuestos testigos porque sus nombres y sus rostros fueron pixelados en las imágenes de vídeo. Es la primera vez que un canal de televisión ha sido objeto de un proceso judicial en un tribunal internacional.

LÍBANO


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Superficie: 1.759.540 km² Población: 6.202.000 habitantes Presidente del Congreso: Aqilah Salah Issa Presidente del Gobierno: Abdulá Al Thani

Puesto

154 De 180 países



BARÓMETRO 2015







A pesar de las negociaciones de paz iniciadas, a principios de año, entre las diferentes facciones libias bajo el auspicio de la ONU, el país continuó sumido en un caos político y social. La existencia de dos Gobiernos y dos parlamentos (uno en Trípoli, apoyado por milicias islamistas, y otro en Tobruk, apoyado por la comunidad internacional) y los enfrentamientos violentos entre milicias rivales que se registraron cada día, hacen que ejercer el periodismo sea cada vez más peligroso en este país.

A finales de año, se habían registrado más de 30 ataques a profesionales de los medios de comunicación por parte de las diferentes milicias, que mantenían secuestrados a cinco periodistas. Además, Libia es el país con más desapariciones de informadores. En esas mismas fechas, todavía no se había logrado determinar si siete informadores habían sido víctimas de un asesinato o de un secuestro.

La violencia a la que están expuestos los periodistas en Libia ha obligado a muchos profesionales de la información a huir a países vecinos, como el corresponsal de Al-Jazeera Naim Laachibi, que abandonó el país, en febrero, después de que su casa, en Bengasi, fuera destruida en un acto vandálico.

El 21 de abril, el periodista Muftah Al-Qatrani fue hallado muerto con varios tiros en la cabeza en la oficina de Al-Anwar, la productora de medios que dirigía, en Bengasi. Al-Qatrani, que también

trabajaba como corresponsal para la televisión libia Al-Wataniya, había cubierto los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las milicias islamistas.

El 29 de abril, las autoridades libias informaron del asesinato de siete periodistas desaparecidos y en manos de grupos armados del país. Según el Ministro de Justicia, cinco sospechosos habían confesado el asesinato de cuatro informadores libios, Khaled Al-Suhbi, Younis Al-Mabrouk, Abdussalam Al-Maghrebi y Youssef Al-Qamoudi; dos tunecinos, Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari; y el cámara egipcio Mohamed Galal. Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada. Los cuatro periodistas libios y el cámara egipcio se encontraban realizando una investigación para el canal privado Barqa TV cuando desaparecieron, en agosto de 2014. Su desaparición no se hizo pública hasta el anuncio del Gobierno, quien no presentó elementos de prueba que permitieran confirmar o sustanciar su aseveración de que habían sido asesinados.

Frente a la evidente falta de transparencia en el desarrollo de la investigación, RSF y otras organizaciones internacionales de libertad de información consideran a los cinco periodistas como desaparecidos y no han dejado de solicitar a las autoridades libias y a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (MANUL) que se esclarezca su desaparición.

LIBIA


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Lo mismo sucede con los informadores tunecinos Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari, desaparecidos en septiembre de 2014. La periodista y el cámara habían viajado a Libia para hacer un reportaje para “Dossiyates”, un programa de la cadena de televisión tunecina First TV. Fueron detenidos en la ciudad libia de Ajdabiya, el 3 de septiembre de 2014, y puestos en libertad tres días después. Esa misma tarde, Chourabi publicaba un mensaje en Twitter anunciando que informaría de todos los detalles a su vuelta a Túnez, pero que en ese momento tenía que continuar con su misión de informar. Ktari y él desaparecieron dos días después. Desde entonces, no han dado señales de vida y no hay información verificada de que estén retenidos o muertos. Varias organizaciones, entre ellas RSF, pidieron en reiteradas ocasiones a los Gobiernos de Túnez y Libia la creación de una comisión mixta para esclarecer la desaparición de los dos periodistas tunecinos.

El caos de seguridad reinante en Libia, desde las elecciones de julio de 2014, ha hecho que sea mucho más difícil investigar estas desapariciones. La ausencia de representantes gubernamentales claros y la existencia de muchos grupos rivales han dado lugar a rumores y declaraciones que no han podido ser confirmadas.

Entre octubre y noviembre, tuvieron lugar varios ataques de las milicias a periodistas. El fotógrafo Mohamed Neili, que trabajaba para la agencia china Xinhua, desapareció, el 29 de octubre, en un distrito del sur de Trípoli. Se sospecha que puso

ser secuestrado por hombres armados. El 2 de noviembre, el fotógrafo freelance Mohamed Rhouma y el reportero Abdel Monem Jhimi, fueron perseguidos por individuos armados cuando regresaban de hacer una información en Sabha. Afortunadamente, pudieron esconderse y llamar a sus familiares, que tuvieron que acudir a su encuentro.

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Superficie: 446.550 km² Población: 33.920.000 habitantes Jefe del Estado: Mohamed VI Presidente del Gobierno: Abdelilah Benkirane

Puesto

130 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La situación de la libertad de información en Marruecos es preocupante. Desde principios de 2015, se han registrado numerosos casos de periodistas acosados o denunciados por difamación por criticar las políticas gubernamentales o tratar temas sensibles que afectan a oficiales del Estado. Los informadores marroquíes que se han atrevido a criticar temas como el Islam, la monarquía o el Sáhara Occidental, considerados como las líneas rojas para libertad de información y expresión en este país, continúan enfrentándose a posibles multas o largas penas de cárcel.

El año comenzó con la prohibición de la distribución de los diarios y revistas que publicaron la portada de Charlie Hebdo, como Le Monde, Liberation y Marianne, o dibujos del profeta, como el Courrier International, tras la masacre en revista satírica francesa. El Ministro de Comunicación, Mustapha El Khalfi, en declaraciones al Huffington Post de Marruecos, defendió que la publicación de las caricaturas era una “difamación inaceptable y condenable”, y que la “blasfemia no tenía nada que ver con la libertad de expresión”.

Sin dar ninguna explicación, las autoridades marroquíes evitaron la celebración de una conferencia internacional sobre periodismo de investigación, que iba a tener lugar en Rabat, el 22 de enero, a iniciativa de la Fundación Alemana Friedrich Naumann. El día antes, el Ministerio del Interior dio órdenes al hotel para impedir que se

celebrara. Como consecuencia, los organizadores tuvieron que trasladar la conferencia a la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el Ministro de Comunicación canceló su participación.

También en enero, un equipo de France 24 se vio obligado a dejar de grabar el programa “Hadith Al Awassim” (Debate en las Capitales) en un auditorio que habían alquilado, en Rabat. Un funcionario del Ministerio del Interior, acompañado por miembros de las fuerzas de seguridad, irrumpió en la sala y ordenó a los periodistas cortar la grabación del programa, titulado “¿Podemos reírnos de todo?”. Todas las grabaciones fueron confiscadas y los periodistas expulsados a Francia, un día después.

No es el único caso en el que periodistas franceses son deportados mientras se encuentran ejerciendo su trabajo en Marruecos. El 16 de febrero, la policía detuvo a Jean-Louis Perez y Pierre Chautard, en la sede de la Asociación de Marruecos de Derechos Humanos, por “grabar sin permiso”. Los periodistas habían viajado al país para grabar un documental para la televisión France 3 sobre la situación económica y social en el país cuatro años después de la Primavera Árabe. La policía confiscó las grabaciones y otros materiales, y los reporteros fueron expulsados del país.

La publicación del informe “Sus ojos sobre mí: vigilancia en Marruecos”, de Privacy International

MARRUECOS


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y su socio marroquí, la Asociación de Derechos Digitales, sobre los métodos de vigilancia online utilizados por las autoridades marroquíes contra periodistas y activistas de la información, desató la ira del Ministerio del Interior, que presentó una denuncia ante el Ministerio Público, el 8 de mayo, contra “las personas que prepararon y distribuyeron un informe que contiene graves acusaciones sobre prácticas de espionaje”. El informe señalaba que el gobierno marroquí había adquirido el sistema de vigilancia “Eagle”, el mismo que Muamar Gadafi utilizaba para espiar a la población libia. Capaz de interceptar correos electrónicos y de seguir la actividad de los periodistas y disidentes en las redes sociales, fue desarrollado e instalado por Amesys, una empresa francesa incluida por RSF en su lista de “Enemigos de Internet”.

Entre los testimonios recogidos en el informe está el del periodista Ali Anouzla, quien describe su experiencia frente a los diversos métodos de vigilancia, escuchas telefónicas y “hackeo” de sus cuentas de Facebook. El caso de Anouzla ejemplifica el de aquellos periodistas que se atreven a tratar temas sensibles como la monarquía. En 2013, estuvo detenido cinco semanas acusado de terrorismo, por publicar un enlace a un espacio del diario español El País que contenía un vídeo difundido por Al Qaeda, y su página web Lakome fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, tres meses después de la publicación de este informe, en agosto, el

periodista lanzó Lakome2, una segunda edición del clausurado medio.

En junio, Ahmed Najim, y su web Goud.ma, fueron condenados a pagar una elevada multa por “difamar e insultar al secretario privado del rey”, tras reproducir un artículo en el que se le acusaba de corrupción. No es la única condena por difamación. Un mes después, Niny Rachid, editor del diario Al-Akhbar, tuvo que pagar una multa tras una denuncia por difamación interpuesta por el Ministro de Transporte. El motivo fue la publicación de dos artículos que acusaban a una empresa privada de usar material inadecuado para la construcción de una carretera. Ambos informadores recurrieron la sentencia.

A finales de junio, Hamid El Mehdaoui, editor de la web independiente Badil.info, fue condenado a una multa y a cuatro meses de prisión suspendida, por publicar noticias falsas “con mala fe” y “alterar al orden público”, tras la publicación de un artículo, en enero, sobre la explosión de un vehículo en la ciudad de Mequinez. La acusación procedía del gobernador de la región, para quien el coche se incendió y explotó sin ninguna causa. Como resultado, el periodista fue multado y su espacio online cerrado, en agosto.

A finales de julio, Ali Lmrabet abandonó la huelga de hambre que había mantenido, durante un mes, frente al Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, tras darse a conocer que el Ministerio del Interior marroquí iba a renovar su pasaporte. Días

antes, el 25 de julio, RSF, junto a otras organizaciones de derechos humanos y personalidades destacadas, habían enviado una carta al rey Mohamed VI en apoyo de Lmrabet. El acoso al conocido periodista comenzó en abril, cuando las autoridades marroquíes le denegaron el certificado de residencia, un trámite necesario para renovar sus documentos y volver a ejercer oficialmente su profesión en Marruecos, una vez expirada la prohibición de ejercer el periodismo durante 10 años. Ex director de las clausuradas publicaciones satíricas Demain y Demain Magazine fue condenado, en 2003, a tres años de cárcel por “insultar al rey” y “poner en riesgo la integridad del Estado”. Lmrabet había anunciado públicamente su intención de reabrir las publicaciones.

El 19 de noviembre, comenzó el proceso judicial contra siete activistas, entre ellos cinco periodistas y escritores, acusados de “poner en peligro la seguridad y la integridad del Estado” y recibir “financiación extranjera ilegal”, cargos que, en el alguno de los casos, podrían conllevar hasta cinco años de prisión. Los acusados – Maati Monjib, Sasmad Ayach, Maria Moukrim, Rachid Tarik y Hicham El Mansouri – ejercían el periodismo o eran colaboradores habituales en los medios de comunicación marroquíes. Todos pertenecían a la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación (AMJI). También fueron acusados Hicham Khreibchi (conocido como Hicham Al-Miraat), exdirector de la

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Asociación de derechos digitales (ADN) y Mohamed Essabeur, director de la Asociación para la Educación y Juventud de Marruecos (AMEJ).

Maati Monjib, director de la ONG Freedom Now y de la AMJI, fue acusado tras la publicación de un artículo crítico con el Gobierno en el sitio web Orient XXI, el 30 de marzo, y la organización de unas jornadas de formación para periodistas multimedia. El caso de Sasmad Ayach era similar. Sus artículos para Lakome2, muy críticos con las autoridades, y su participación en el informe sobre los métodos de vigilancia del Gobierno, que publicaron ADN y Privacy International, en mayo, le costaron su enjuiciamiento.

El artículo 8 de la ley de asociaciones de 1958, que regula el funcionamiento de las ONG, se utilizó contra Moukrim, redactora jefe de febrayer.com y expresidenta de la AMJI, y Tarik, experiodista de LeMatin y entonces la actual presidenta del organismo. El cargo aparentemente tenía como objetivo frenar las actividades de formación de AMJI, cuyo plan de acción de 2014 incluía capacitación en periodismo de investigación y premios para los mejores reportajes de investigación. Mansouri, que trabajaba para la AMJI, se encontraba en ese momento cumpliendo una sentencia de 10 meses de prisión. El 30 de marzo, fue condenado en un juicio con numerosas irregularidades a esta sentencia de cárcel y una multa de 3.800 euros por “complicidad en adulterio”, bajo los artículos 490 y 491 del código

penal marroquíes. El presidente de la asociación, el también acusado Maati Monjib, había calificado la condena de “juicio político” y acusó a las autoridades de utilizarle para atacar a una organización que defiende los derechos humanos.

SÁHARA OCCIDENTAL

En los territorios ocupados del Sahara Occidental continuaron las presiones y acoso, por parte de las autoridades de Marruecos, a los periodistas que intentar informar independientemente de lo que allí acontece.

En la capital, El Aaiun, ocho meses después de su detención, el periodista y bloguero saharaui Mahmud Al-Lhaissan fue puesto en libertad bajo fianza, el 25 de febrero. Sin embargo, continuaba enfrentándose a un juicio por los cargos de participar en una “concentración armada”, “obstrucción de una vía pública”, “atacar a oficiales en el desempeño de sus funciones” y “dañar la propiedad pública”. Lhaissan, que trabajaba para una televisión operada por el Frente Polisario, fue detenido por su cobertura de una manifestación pacífica, el 30 de junio de 2014, en la que se lanzaron consignas políticas a favor de la independencia del Sáhara Occidental, antes de ser dispersada violentamente por la policía. El reportaje de Al-Lhaissan mostrando los excesos de las fuerzas de seguridad se difundió en RASD TV,

con base en los campamentos de refugiados de Tinduf.

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Superficie: 309.500 km² Población: 4.236.000 habitantes Jefe del Estado y de Gobierno: Qaboos bin

Said Al Said

Puesto

127 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La frecuencia con la que los blogueros y los usuarios de las redes sociales son detenidos y condenados en el sultanato de Omán refleja el lamentable estado de la libertad de información y expresión online en el país. Los ciber-activistas que proporcionan información a los usuarios de internet se exponen a ser detenidos, permanecer incomunicados y a largas penas de prisión por cargos como “insultar al emir” o “incitar a protestas ilegales y disturbios”.

El célebre bloguero Muawiya Al-Rawahi estuvo retenido durante una semana por las fuerzas de seguridad, en febrero. Tras su puesta en libertad, fue detenido de nuevo por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos cuando trataba de entrar en el país vecino en su coche. Rawahi, que había sido detenido varias veces desde las protestas contra el Gobierno, en 2011, es conocido por utilizar su blog y las redes sociales para criticar al régimen y pedir reformas.

Otro activista online, Taleb Saedi, se encuentra desaparecido desde su detención, el 23 de marzo, para ser interrogado. Conocido por sus artículos críticos con el Gobierno, sus continuos llamamientos para las reformas políticas y sociales en las redes sociales, y por defender a los activistas en poder de las fuerzas de seguridad, había sido detenido previamente, en julio de 2014, por hacer un llamamiento a una manifestación pacífica en solidaridad con el pueblo palestino.

Saeed Jaddad, bloguero y activista de derechos humanos que tiene prohibido publicar en los medios de Omán, fue sentenciado a un año de prisión y una multa de 1.000 riales (el equivalente a 2.400 euros) por un tribunal de Salalah, en la provincia de Dhofar, el 31 de marzo. Su abogado dijo que había sido condenado por comparar, en un blog, las protestas Dhofar, de 2011, con las de Hong Kong, en 2014. Tres semanas antes, un tribunal de la capital le había condenado a tres años de prisión y a pagar una multa de 1.700 riales (unos 4.800 euros) por los cargos de “socavar el prestigio del Estado, incitar a las protestas y utilizar los medios sociales para difundir información susceptible de provocar disturbios públicos”. Encarcelado desde que fue detenido en su casa de Salalah, el 21 de enero, Jaddad llevaba años siendo un objetivo del Gobierno por su activismo durante las protestas de 2011. Con frecuencia había sido detenido y después puesto en libertad bajo fianza.

OMÁN


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Superficie: 6.020 km² Población: 4.200.000 habitantes Jefe del Estado: Mahmoud Abbas Presidente del Gobierno: Rami Hamdallah

Puesto

140 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La principal amenaza para los periodistas y los medios de comunicación palestinos continúan siendo las fuerzas de seguridad israelíes. Al igual que sucede con Israel, la situación de la libertad de información mejoró respecto a 2014, año en que la operación militar israelí “Margen Protector” se cobró la vida de 1.800 palestinos y 67 israelíes, además de la de 15 periodistas y colaboradores de medios de comunicación. Sin embargo, los constantes ataques de las Fuerzas de Defensa Israelíes contra los periodistas y otros informadores, en los territorios palestinos, hace que, desde 2013, figuren en la lista de RSF de “Depredadores de la Libertad de Prensa”.

El 15 de abril, Amin Abu Wardeh, director de la web informativa Asdaa Press, fue detenido por las fuerzas de seguridad israelíes en Nablús, Cisjodania. Wardeh fue interrogado durante una hora en su domicilio antes de ser arrestado y trasladado a un lugar desconocido.

La irrupción y uso de la violencia de las Fuerzas de Defensa israelíes en manifestaciones que se celebran en Cisjordania es una práctica habitual, como el ataque que sufrieron los periodistas que estaban cubriendo una protesta semanal contra la ocupación israelí en Nabi Saleh, el 24 de abril. En otro ataque, el 2 de mayo, la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las fuerzas israelíes atacaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras una manifestación pacífica del Sindicato de Periodistas Palestinos, en la ciudad de Belén.

El 15 de mayo, el fotoperiodista palestino Nidal Ashtiyeh, que trabajaba para la agencia de noticias china Xinhua, resultó gravemente herido en un ojo por una bola de goma disparada por un soldado israelí cuando estaba cubriendo una manifestación, cerca de Nablús, para conmemorar el 67º aniversario de la Nakba (la derrota palestina y el éxodo de 1948).

El 2 de julio, tropas israelíes dispararon deliberadamente gases lacrimógenos a dos periodistas palestinos de la televisión jordana Ro’ya mientras cubrían una manifestación pacífica cerca de Jaba, en Cisjordania. Los periodistas, que estaban claramente identificados con un chaleco de “prensa”, fueron trasladados al hospital con quemaduras faciales.

A finales de septiembre, dos periodistas de la Agencia France-Presse, el cámara Andrea Bernardi y el fotógrafo palestino Abbas Momami, fueron agredidos por soldados israelíes, cuando se disponían a cubrir los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y jóvenes palestinos en la localidad de Beit Furik, en Cisjordania. Los dos periodistas estaban claramente identificados como “prensa”.

En noviembre, los soldados israelíes cerraron tres emisoras de radio en Hebrón, Cisjordania. El 21 de noviembre, radio Al-Khalil fue clausurada por seis meses tras un registro efectuado por soldados israelíes, quienes saquearon y confiscaron los equipos. En un comunicado, las Fuerzas de

TERRITORIOS PALESTINOS


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Defensa Israelíes acusaron a la emisora de “incitar a la violencia y el odio contra las fuerzas de seguridad y los civiles israelíes”. Una semana después, bajo la misma acusación, el Ejército registró y clausuró Radio Dream, confiscando los equipos y causando graves daños en las instalaciones. Al-Hurriya, emisora de radio afiliada a Al Fatah, fue también cerrada por los mismos motivos.

Otros medios de comunicación han sido amenazados con la misma suerte. El Ejército israelí hizo una advertencia a la emisora de Jenin Radio Al-Nass por “incitar al odio y la violencia”. Radio One y Wattan TC, que emiten desde Hebrón, también fueron amenazas con el cierre por permitir que Al Hurriya emitiera desde sus estudios una vez clausurada.

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Superficie: 185.180 km² Población: 20.800.000 habitantes [estimación

PNUD] Jefe del Estado: Bashar Al Asad Presidente del Gobierno: Wael Nader Al Halaki

Puesto

177 De 180 países



BARÓMETRO 2015







Los periodistas sirios y extranjeros continúan siendo víctimas de la violencia y las represalias en Siria, donde se han convertido en un objetivo, tanto para las fuerzas gubernamentales como para los grupos armados de la oposición y las organizaciones terroristas Daesh, Frente Al-Nusra o Al Qaeda. Por tercer año consecutivo, Siria es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

En 2015, al menos 6 periodistas profesionales y 11 internautas o periodistas-ciudadanos fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones, 29 informadores se encontraban encarcelados en prisiones del régimen de Bashar Al Asad y 26 fueron tomados como rehenes por Daesh o Al-Nusra, según cifras de RSF. Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho más elevadas debido a que el recrudecimiento de la guerra en Siria, entre todas las partes implicadas en el conflicto, ha convertido a regiones enteras del país en auténticos “agujeros negros para la información”.

El año comenzó con los asesinatos de Fayez Ibrahim Abu Halawah, periodista de la web de noticias opositora Orient Net, y Dirar Moussa Al Jahid, corresponsal de la oficina regional de los Comités de Coordinación Local. Ambos informadores se encontraban con dos combatientes rebeldes en la casa de Al Jahid, en la provincia de Daraa, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio y los asesinó a tiros.

A finales de enero, Kenji Goto, un periodista freelance japonés que había sido capturado por Daesh, en noviembre, era decapitado siguiendo el patrón de anteriores asesinatos de rehenes. La organización terrorista grabó un vídeo bajo el título “Mensaje al Gobierno de Japón”, publicado en Twitter y en webs que apoyan a la organización terrorista, en el que se mostraba a un verdugo dirigiéndose al Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, diciendo que la ejecución era una represalia por la participación de Japón en la guerra de la coalición internacional contra Daesh. Goto había llegado a Siria, a finales de octubre, con el objetivo de grabar las actividades de esta organización terrorista en Siria. Fue capturado en noviembre, cuando intentaba localizar a Haruna Yukawa, otro ciudadano japonés secuestrado y ejecutado por Daesh.

La mayoría de los informadores perdieron la vida cubriendo enfrentamientos entre las diferentes partes implicadas en el conflicto o en los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales. Noureddin Ahmad Hashim, corresponsal de la web opositora Al Etihad Press, murió el 8 de marzo, durante los bombardeos de las fuerzas de Al Asad en la ciudad de Arbin, cerca de Damasco. Hashim se encontraba fotografiando el impacto de las bombas en la zona cuando fue alcanzado por una segunda ola de bombardeos.

SIRIA


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El 1 de abril, Jamal Khalifa, jefe de la sección de medios de comunicación en el Centro Watad para la Formación y el Desarrollo, murió al ser alcanzado por metralla, en Damasco, donde se encontraba cubriendo los enfrentamientos entre miembros de Daesh y los combatientes locales.

Ammar al-Shami, corresponsal de la web regional de noticias independiente Qasioun News, murió durante un ataque aéreo, el 31 de mayo, en Marj al-Sultan, en la región de Ghouta, mientras grababa los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las opositoras por el control de la región. También en un enfrentamiento entre fuerzas del régimen y los rebeldes, en el sur de la provincia de Daraa, perdió la vida el cámara de Al-Jazeera Mohamed al-Asfar, el 26 de junio.

El 26 de septiembre, Obada Ghazal, corresponsal de la agencia de noticias Smart News, murió mientras grababa los ataques aéreos de las fuerzas gubernamentales en Taftanaz, en la provincia de Idlib. Por las mismas causas, grabar los bombardeos del régimen de Al Asad, fallecieron Wassim Al-Adel, activista, fotoperiodista y miembro del Centro de Medios de Maarat, cerca de Binin, en la provincia de Idlib, el 23 de octubre, y Jumua Al Ahmed, corresponsal de la agencia Shahba Press, en Hauan, en la provincia de Alepo, el 27 de octubre.

Ahmed Youssef, también conocido como Abou Hamza, reportero de la Agencia de noticias Smart News, murió al ser alcanzado por una bomba de

mortero lanzada por las fuerzas gubernamentales mientras entrevistaba a un combatiente de la oposición, el 6 de noviembre. Hamza estaba grabando un reportaje sobre los rebeldes que habían tomado Tel Sukayk, una zona estratégica de Siria.

El 7 de diciembre, Zakaria Ibrahim, otro cámara del canal Al-Jazeera, fue asesinado por un francotirador, mientras cubría los bombardeos de las fuerzas de Al Asad, en la provincia de Homs. El cámara había viajado a la ciudad de Taldoy para hacer un reportaje sobre las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes, en Homs.

Además, los periodistas representan un blanco fácil para grupos radicales como Daesh o el Frente Al-Nusra, que no sólo se sirven de los secuestros para obtener rescates, sino también como una manera de ejercer presión y de hacer que reine el terror para acallar toda crítica. A finales de año, según cifras de la organización, 26 informadores permanecían secuestrados a manos de estas organizaciones yihadistas.

Entre ellos, se encuentran los periodistas españoles Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López, secuestrados junto con su guía-intérprete Usama Ajjan, el 13 de julio, en Alepo. Los tres informadores estarían, supuestamente, en manos del Frente Al-Nusra, mientras que su guía ha sido liberado. Todos ellos son experimentados reporteros que han cubierto diversas guerras y conflictos en los últimos años

trabajando como freelance para distintos medios españoles e internacionales. Al terminar el año, los tres continuaban como rehenes del Frente Al-Nusra.

Antonio Pampliega ha trabajado como freelance cubriendo numerosos conflictos, entre ellos Irak, Pakistán, Egipto, Afganistán y Siria, para los principales medios de comunicación españoles e internacionales. Ángel Sastre, trabajó como corresponsal de CNN+, Cuatro TV, y los diarios La Razón y El Confidencial. El fotoperiodista José Manuel López ha cubierto como freelance conflictos en Afganistán, Irak, Palestina, Irán y Venezuela, entre otros lugares. Es colaborador habitual de la Agencia France Press, y su trabajo se ha publicado en The New York Times.

El terror que estos grupos terroristas tratan de imponer en todo el mundo quedó patente, en noviembre, con la publicación de un artículo en la revista Dabiq, sobre los atentados en París. En este texto, supuestamente firmado por el periodista británico John Cantlie, secuestrado por Daesh, en 2012, junto con su colega James Foley (asesinado en agosto de 2014), la organización anunció que prepara ataques peores que los del 11 de septiembre de 2001. Este fue sólo uno de los últimos ejemplos de manipulación a la que han obligado a Cantlie, utilizado como portavoz de su propaganda mediática durante su cautiverio.

Algunos de los informadores secuestrados por Daesh o el Frente Al-Nusra fueron puestos en

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libertad, en 2015, y han podido narrar el horror y las torturas que sufrieron. El 21 de septiembre, fue puesto en libertad el fotógrafo Massoud Aqeel, colaborador del canal de televisión kurdo Rudaw, en un intercambio de prisioneros entre el grupo yihadista y las unidades de protección del pueblo kurdo. Había sido secuestrado en Rojava, Kurdistán sirio, en diciembre de 2014, junto a su compañero Farhad Hamo, quién todavía seguía retenido a finales de diciembre.

Por otro lado, 29 profesionales de la información e internautas permanecen encarcelados por el Gobierno presidido por Bashar Al-Assad. La mayoría fueron detenidos de forma arbitraria y juzgados por tribunales militares, considerados como tribunales de excepción que tienen procedimientos secretos a puerta cerrada y no permiten el derecho a la defensa. Según testimonios de personas que han comparecido ante estos tribunales, los procesos son superficiales y no cumplen las mínimas normas internacionales para un juicio justo.

El caso más emblemático es el del conocido periodista sirio y defensor de derechos humanos Mazen Darwish, que fue puesto en libertad condicional, el 10 de agosto, después de más de tres años de detención arbitraria. Varias organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y la libertad de información, entre ellas RSF, habían pedido reiteradamente su puesta en libertad al Gobierno sirio. Darwish,

director del Centro Sirio de Medios y Libertad de Información, fue detenido junto con sus colegas Hussen Ghreer y Hani Al-Zitani (puestos en libertad también de forma provisional, en junio), el 16 de febrero de 2012, cuando agentes de Inteligencia de la fuerza aérea allanaron la sede de Damasco. Durante los tres años de detención arbitraria, fueron víctimas de malos tratos, tortura y desaparición forzada. Él y sus compañeros se enfrentaban a una pena de hasta 15 años de prisión, en virtud del artículo 8 de la ley antiterrorista de 2012, por un cargo de “información editorial sobre actos terroristas”. Sin embargo, a finales de agosto, un tribunal antiterrorista de Damasco determinó que Mazen Darwish y los colaboradores del Centro Sirio de Medios y Libertad de Expresión están cubiertos por una amnistía política, emitida en junio de 2014.

El 22 de septiembre, se dio a conocer que el famoso caricaturista sirio Akram Raslan murió en prisión, en 2013, pocos meses después de su detención. Todo apunta a que su fallecimiento se debió a las torturas a las que lo sometieron los servicios sirios de seguridad. Raslan se encontraba en las oficinas de periódico gubernamental Al-Fida’a, en Hama, cuando agentes de la Inteligencia militar lo detuvieron, el 2 de octubre de 2012, a causa de una viñeta crítica con el Presidente Assad. En julio de 2012, poco antes de su muerte, fue procesado en secreto ante un

tribunal antiterrorista, en un juicio sin testigos y sin abogados defensores.

A principios de octubre, la policía secreta siria detuvo al fotógrafo palestino Niraz Saied, galardonado por su labor con un premio concedido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). En abril, Saied se había visto obligado a abandonar el campamento de refugiados de Yarmuk al ser invadido por combatientes de Daesh. El periodista huyó a Damasco, donde había permanecido oculto a la espera de que sus contactos le facilitaran la salida del país.

Además de mantener los medios de comunicación estatales bajo un estricto control, el Gobierno sirio utiliza un ejército informático para las redes sociales con mensajes a favor del Presidente Bashar Al Asad. Operado por milicias progubernamentales y los servicios de inteligencia (Mukhabarat), este ejército también vigila y acosa en Internet a los periodistas. En noviembre, 22 organizaciones de derechos humanos y libertad de información, entre ellas RSF, pidieron a las autoridades sirias revelar el paradero de Bassel Khartabil, desarrollador de software y defensor de la libertad de información, que fue trasladado a un lugar no revelado, en octubre.

La Inteligencia Militar detuvo a Khartabil, el 15 de marzo de 2012. Antes de su detención utilizó su experiencia técnica para ayudar a promover la libertad de expresión y el acceso a la información

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a través de Internet. Entre otros proyectos, fundó Creative Commons Siria, una organización sin ánimo de lucro que permite a la gente compartir trabajo artístico y otras obras utilizando herramientas legales gratuitas.

Las amenazas y la represión despiadada hacia los medios de comunicación sirios por todas las partes implicadas en el conflicto, obligó a decenas de profesionales y periodistas ciudadanos a huir al extranjero. Sin embargo, muchos de los que se marcharon continuaron recibiendo amenazas de muerte en Líbano, Jordania, el Kurdistán iraquí e, incluso, Turquía. En este sentido, Daesh podría estar detrás del asesinato, el 27 de diciembre, del periodista sirio Naji Jerf, abatido a tiros, en Gaziantep, en el sureste de Turquía, donde llevaba tres años trabajando. Jerf había obtenido un visado para marcharse a Francia, a principios de enero, tras recibir amenazas de muerte en Turquía. Fundador y director de la revista de oposición Henta, las amenazas contra Jerf habían empeorado en las últimas semanas a raíz del estreno de su película "Daesh en Alepo", en la que documentaba la ejecución de muchos activistas sirios por parte del grupo yihadista. Sin embargo, a finales de año, nadie había reclamado la autoría del asesinato.

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Superficie: 163.610 km² Población: 11.000.000 habitantes Jefe del Estado: Beyi Caid Essebsi Presidente del Gobierno: Habib Essid [desde

6.2.2015]

Puesto

126 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La libertad de prensa en Túnez se ha deteriorado de manera considerable en 2015, un año caracterizado por el aumento de la violencia ejercida contra los informadores y peligrosas iniciativas legislativas que amenazan las garantías previstas en la joven Constitución tunecina y en los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de libertad de prensa.

Los atentados terroristas que sacudieron el mundo, incluido Túnez, el mes de noviembre, volvieron a poner el debate de la seguridad sobre la mesa. El atentado en la capital contra un autobús de la seguridad presidencial que se saldó con 14 muertos, dejo también una realidad paralela: la de más de una treintena de periodistas agredidos por las fuerzas del orden por intentar cubrir los hechos.

En los primeros meses del año se produjeron más de treinta agresiones a periodistas, la mayoría a manos de las fuerzas del orden, como la sufrida, en febrero, por seis periodistas de la televisión nacional, el canal Moutawasset TV y la emisora Shems FM, por intenta cubrir un atentado terrorista en Boulaaba. El juicio en un tribunal militar al bloguero Yassine Ayari, por publicar sus opiniones en la red social Facebook, o la denuncia por difamación interpuesta por el gobernador de Kef al corresponsal de Jawhara FM, Mounir Chedli, también por sus comentarios en esta red social sobre la lentitud de las reformas en la región, demuestran que las autoridades -civiles y militares- son mucho menos permeables a la

crítica que la declaración de intenciones del texto constitucional, vigente desde enero de 2014.

El sentimiento de inseguridad e incertidumbre se agudizó con el caso Sofiane-Nadhir, objeto de numerosas campañas internacionales que exigieron a las autoridades tunecinas aclarar el paradero de los periodistas Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari, desaparecidos en Libia, desde septiembre de 2014. En abril, un representante del ministerio de Justicia libio aseguró que habían sido ejecutados ante el silencio de las autoridades tunecinas que no confirmaban ni desmentían las informaciones. En mayo, se pidió a la Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez que creara una comisión ad hoc para investigar el caso. En junio, 14 organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos volvían a reunirse con representantes tunecinos para solicitar mayor transparencia y coordinación en el caso. La creación, el 8 de septiembre, del Día Nacional para la Protección de los Periodistas, coincidiendo con el año de la desaparición de Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari, mostraba una preocupación por parte del Presidente Beji Caied Essebssi hacia la seguridad de la prensa.

Sin embargo, el ejercicio del periodismo en Túnez continuó convirtiéndose en una tarea cada vez más difícil, con nuevas agresiones a la prensa. En junio, varios periodistas fueron agredidos en la capital cuando cubrían la manifestación “¿Dónde está el Petróleo?”. El 30 de septiembre, Nawaat Arwa Barakat y Mohamed Ali Mansali fueron

TÚNEZ


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agredidos física y verbalmente por la policía, también cuando cubrían una manifestación, en este caso estudiantil, en Bab Saadoun, bajo el lema “Los estudiantes no perdonamos”.

El atentado en la capital contra un autobús de la seguridad presidencial que se dejó 13 muertos, en noviembre, se saldó con más de una treintena de periodistas agredidos por las fuerzas del orden por intentar cubrir los hechos.

Ya en diciembre, la brigada anticriminal de la gendarmería nacional citó al redactor jefe de la publicación Inkyfada, Walid Mejri, por un artículo, publicado en 2013, sobre la supuesta existencia de un dispositivo de seguridad paralelo en el interior del aeropuerto de Túnez. El periodista fue acusado de poseer información sensible castigada por el código penal del país.

El caso puso de relieve la compleja y ambigua realidad legal del país. Desde la Revolución de los Jazmines, en 2011, y la aprobación del decreto ley relativo a la libertad de prensa que protegía a los periodistas y a sus fuentes de las presiones de las autoridades, la justicia tunecina se ha mostrado reticente a aplicar la nueva legislación, recurriendo en su lugar al código penal anterior en varios casos de juicios a periodistas.

Desde la caída del régimen de Ben Ali, numerosas organizaciones y sindicatos de periodistas han reclamado un nuevo marco legal para la prensa, y, tras la entrada en vigor de la Constitución de

2014, las autoridades tenían pendiente la substitución de los decretos ley relativos a la libertad de prensa y la comunicación audiovisual por nuevas leyes orgánicas para el sector de los medios de comunicación. Pero la única iniciativa emprendida, la ley de acceso a la información, fue repentinamente retirada a principios de julio de 2015 por el Gobierno.

Además, el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales que estudiaba la Asamblea de Representantes del Pueblo ese mismo mes, contemplaba, en su artículo 35, peligrosas disposiciones sobre la divulgación de informaciones relacionadas con el terrorismo que suponían una seria amenaza contra el derecho de protección de las fuentes.

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Superficie: 527.970 km² Población: 26.180.000 habitantes Jefe del Estado: Abdurrabo Mansur Hadi Presidente del Gobierno: Mohamed Salem Ba

Sundwa

Puesto

168 De 180 países



BARÓMETRO 2015







La violencia contra los periodistas ejercida por todas las partes implicadas en el conflicto (fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí, rebeldes hutíes, facciones suníes y militantes de al-Qaeda) ha aumentado desde que las milicias hutíes se hicieron con el control de la capital, Saná, en septiembre de 2014. La grave crisis política y de seguridad ha llevado a un preocupante deterioro de la libertad de información, en 2015: seis periodistas y tres colaboradores de medios de comunicación fueron asesinados o murieron desempañando su trabajo, y 13 periodistas y dos colaboradores de medios o internautas permanecían secuestrados por los hutíes, a finales de año, convirtiendo al país en el segundo más afectado por este fenómeno después de Siria.

El año comenzó con el asesinato de Khaled Al-Washaly, reportero de la cadena de televisión de propiedad hutí Al-Masira, en la provincia de Dhamar. El periodista fue alcanzado por la explosión de una bomba de carretera, aparentemente colocada por el grupo terrorista Al-Qaeda en la Península Arábiga.

En marzo, el conocido periodista y activista de derechos humanos yemení Abdul Karim Mohammed al-Khaiwani, fue asesinado por los tiros efectuados por un hombre desde una motocicleta, en Saná. Ex editor del periódico Al-Shoura, cerrado en 2005, había recibido varias amenazas en los últimos años por su cercanía a los rebeldes hutíes y sus críticas contra el exrégimen yemení.

A pesar de que los rebeldes hutíes son los responsables de la mayor parte de amenazas y actos de violencia contra los periodistas, que han optado por huir de la capital, la mayoría de muertes están relacionadas con los ataques aéreos dirigidos por la coalición liderada por Arabia Saudí contra posiciones rebeldes. Cuatro empleados de la cadena Al-Yemen Al-Youm TV murieron durante los bombardeos de la coalición, en Saná, el 20 de abril. Uno de los fallecidos era Mohamed Rahaj Chamsan, presentador del canal y de la emisora Yemen FM. Al menos diez trabajadores resultaron heridos en el ataque, que iba dirigido contra una base de misiles controlada por los hutíes, cercana a los locales de la cadena, vinculada al expresidente Saleh, quien apoya a los rebeldes.

Dos días después, el 22 de abril, Abdelkarim Nasser Ali Muthanna, director general de la emisora regional Radio Marib, fue asesinado, en Sirwah, en el este de la provincia de Marib, una zona en la que los rebeldes hutíes mantenían duros combates con facciones suníes. Según algunas informaciones, Muthanna había viajado a la zona para cubrir los enfrentamientos.

A finales de mayo, Abdallah Qabel, reportero de Yemen Youth TV y Belquees TV, y Youssef Al-Aizari, periodista de Suhail TV, murieron durante un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí a posiciones de los rebeldes hutíes, en la provincia de Dhamar. Ambos periodistas habían sido secuestrados, el 20 de mayo, en un

YEMEN


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puesto de control militar después de cubrir una reunión organizada por los miembros de las diferentes facciones que se oponen a los rebeldes en el distrito de Al Hadi, en Dhamar. También durante un ataque de la coalición, perdió la vida Bilal Sharaf Al Deen, cámara de la televisión de Al-Masira, en septiembre, mientras cubría los bombardeos en la barrio de al-Jeraf, en el norte de Saná.

Por otro lado, el secuestro sistemático de periodistas críticos con los hutíes es un indicativo de la determinación de este grupo rebelde de estrechar su poder silenciando a todas las voces opositoras. El 5 de marzo, los rebeldes hutíes secuestraron a dos periodistas que trabajaban para el diario Akhbar Al Yaoum, Abdelwahed Nejjar y Fouad Zaoubyri, en la imprenta y editorial Ashoumwaa. El equipo de impresión, así como el mobiliario, fueron saqueados y requisados.

El 6 de abril, Waheed Al-Sufi, editor del diario Al-Arabiya, fue secuestrado de su oficina por personas no identificadas, quienes le preguntaron si trabajaba para el canal de televisión saudí que tiene el mismo nombre. Ese mismo mes, los rebeldes hutíes secuestraron al periodista Jalal Al-Shar’abi frente a su domicilio y a Mohamed Aida, un cámara que trabajaba para la televisión Al-Hurra, mientras se encontraba realizando un reportaje sobre la situación humanitaria y los cortes de energía en la capital.

Nueve periodistas fueron secuestrados, el 9 de junio, durante un ataque de los hutíes a un hotel, en Saná. La mayoría de ellos, trabajaban para un medio de comunicación que apoya al partido rival suní Al-Islah, afiliado a los Hermanos Musulmanes. Por los mismos motivos, fue secuestrado el periodista Salaha Al Qaidi, el 28 de agosto, también en la capital. Según algunas informaciones, fue torturado y trasladado a un lugar de detención ubicado en el barrio de Habra.

Los hutíes también son responsables de numerosos ataques contra la prensa como, por ejemplo, el sufrido durante la cobertura de una manifestación pacífica, el 28 de enero. Más de diez fotógrafos de prensa fueron gravemente golpeados por miembros de un grupo armado vinculado a la principal milicia hutí. La mayoría de las víctimas trabajaban para medios de comunicación extranjeros, entre ellos Reuters, Al-Aalam TV y France 24. Unos desconocidos armados también amenazaron al jefe de la oficina de Al-Jazeera, en Saná.

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