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TOCA CIVIL 234/2015
MAGISTRADO RELATOR:
ALEJANDRO HUERECA SANTOS
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
JESÚS MATA HERRERA.
Saltillo, Coahuila, a veintiocho de octubre de dos mil quince.
V I S T O para resolver el toca civil 234/2015, relativo a los
recursos de apelación interpuestos tanto por XXXXXXXXXX, así
como por XXXXXXXXXX, este último en su carácter de albacea y
coheredero de la sucesión a bienes de XXXXXXXXXX, en contra
de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de abril de dos mil
quince, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta
ciudad, dentro de los autos del juicio ordinario civil, expediente
XXXXXXXXXX, promovido por XXXXXXXXXX en su carácter de
albacea y coheredero de la sucesión a bienes de XXXXXXXXXX
en contra de XXXXXXXXXX, de la Notaría Pública número 9 a
cargo del licenciado Onésimo Flores Rodríguez, así como del
Director General del Registro Público; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. La sentencia recurrida en apelación concluyó con los
siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. Se declara la nulidad de la escritura pública
número XXXXXXXXXX, de fecha diecinueve de noviembre
de dos mil diez, únicamente en cuanto a la superficie de
XXXXXXXXXX que se encuentran afectando
XXXXXXXXXX propiedad de la sucesión demandante.
SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración de
nulidad parcial de la escritura pública XXXXXXXXXX, de
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fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, se ordena
la cancelación de los datos registrales bajo los cuales
quedó inscrita la misma en el Registro Público de la
Propiedad, esto es la XXXXXXXXXX, de fecha doce de
marzo de dos mil doce, en la parte que afecten
XXXXXXXXXX que se localiza en el predio de
XXXXXXXXXX, con una superficie de XXXXXXXXXX, y con
las siguientes medidas y colindancias: XXXXXXXXXX;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la
partida XXXXXXXXXX de fecha 31 de enero de 1958.
TERCERO. Se condena al codemandado XXXXXXXXXX a
desocupar y entregar a la parte actora XXXXXXXXXX en su
carácter de albacea y coheredero dentro del juicio sucesorio
a bienes de XXXXXXXXXX, el aludido bien inmueble con
una superficie de XXXXXXXXXX del lote XXXXXXXXXX
propiedad de la sucesión demandante, con sus accesiones
y frutos civiles, susceptibles de haber producido desde la
fecha en que se verificó el emplazamiento, esto de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 394 fracción VI,
del Código Procesal Civil del Estado; los que se liquidarán
en ejecución de sentencia, con base en la prueba pericial
que al efecto se desahogue.
CUARTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de
daños y perjuicios.
QUINTO. No ha lugar a condenar en costas y cada una de
las partes reportará las que hubiere erogado en esta
instancia.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE […]
SEGUNDO. Inconformes con la mencionada sentencia definitiva,
tanto XXXXXXXXXX como XXXXXXXXXX, en su carácter de
albacea y coheredero de la sucesión a bienes de XXXXXXXXXX,
la recurrieron en apelación, recurso que mediante autos de fechas
dieciocho y veintiocho ambos de mayo de dos mil quince,
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- 3 - respectivamente, les fue admitido por el a quo en el efecto
devolutivo.
TERCERO. Recibidos en esta sala los autos originales de la
primera instancia, se formó el toca correspondiente y
sustanciados que fueron los recursos, por auto de fecha quince de
septiembre del presente año se citó a las partes para oír la
correspondiente sentencia, la que hoy se pronuncia; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 865
del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, al resolver
el recurso de apelación el tribunal de alzada podrá revocar o
modificar la sentencia recurrida si estima fundados los agravios
del apelante; o bien, confirmar la resolución apelada si considera
infundados dichos agravios.
SEGUNDO. Para dar orden a esta resolución en primer término
se estudiarán y resolverán los agravios expuestos por el apelante
XXXXXXXXXX. Enseguida de ello, se hará lo propio con los
esgrimidos por XXXXXXXXXX, en su carácter de albacea y
coheredero de la sucesión a bienes de XXXXXXXXXX.
TERCERO. Apelación interpuesta por XXXXXXXXXX.
Del estudio integral del escrito de apelación se advierte que
los motivos de disenso expresados se constriñen a lo siguiente:
a. La parte actora carece de legitimación activa, debido a que
no demostró que el bien objeto del presente juicio forme parte de
la masa hereditaria que representa.
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b. El juez dejó de analizar y valorar la prueba pericial
conforme a la sana crítica, omitió su confrontación y su enlace,
así como fundar cuidadosamente su valoración. Por ello, lo
condena a entregar una superficie de XXXXXXXXXX metros
cuadrados sin especificar dónde se ubica esa superficie.
c. El juez concede valor probatorio al dictamen rendido por el
perito de la parte actora, aun y cuando en el escrito de
ofrecimiento se omitió precisar cuáles serían los puntos sobre los
que habría de versar y las cuestiones que debería dictaminar su
perito, contestando un cuestionario que nunca fue expuesto.
d. El juez afirmó que la fecha de posesión del demandado
era desde la fecha de la escritura cuya nulidad se solicita (2010),
siendo que en su escrito de contestación él afirmó que era la
fecha en que se señalaba en tal escritura, esto es, el año de mil
novecientos noventa y ocho.
I. Motivo de disenso identificado con el inciso a.
En este primer agravio el apelante transcribe los
considerandos de la sentencia impugnada, identificados con los
números 2.5, 3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.
Afirma que las consideraciones empleadas por el juez de
origen transgreden el contenido de los artículos 756 y 1175 del
Código Civil del Estado, así como los numerales 99, 519, 520,
521, 522, y 1093, fracción I, del Código Procesal Civil del Estado,
y que se realiza una indebida interpretación de artículos 1111 y
1122 del Código Civil del Estado.
Refiere que el argumento empleado por el juzgador es
equívoco y constituye una falacia jurídica que lo coloca en estado
de indefensión debido a que no es verdad que baste que se
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- 5 - justifique que el autor de la sucesión en vida haya adquirido un
bien para luego considerar de manera inmediata que al momento
de su muerte continuaba dentro de su patrimonio y con ello pasó
a formar parte de la masa hereditaria.
Señala que el juez omitió tomar en cuenta la posibilidad de
que durante la vida del de cujus éste lo haya enajenado por
cualquier acto o negocio entre vivos.
Agrega que la parte actora debió justificar mediante pruebas
que el bien respecto del cual intentó su demanda formaba parte
de la masa hereditaria de la sucesión que representa.
Finalmente, señala que el juez de origen interpreta de
manera equivocada y sesgada los artículos 1111 y 1112 del
Código Civil del Estado, ya que tales disposiciones se encuentran
contempladas dentro del capítulo que regula lo relacionado con la
apertura y reclamación de la herencia, y estima que por ello los
supuestos ahí contemplados son distintos del presente asunto.
Estima que en el caso que nos ocupa no se trata de una
reclamación de herencia sino de un juicio ordinario civil donde la
parte actora debe justificar estar legitimada activamente, y el
apelante considera que en la especie no existe plena certeza
jurídica de que el bien que dice poseer el actor pertenezca a la
sucesión que representa.
Este primer motivo de disenso es infundado.
Es principio conviene explicar de manera breve en qué
consiste la legitimación, tema central del reclamo.
En términos del artículo 99 del Código Procesal Civil de
Coahuila, hay legitimación de parte cuando la pretensión se
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- 6 - ejercita por la persona a quien la ley concede facultad para ello
frente a quien deba ser ejercitada, misma que no es requisito para
el ejercicio de la acción sino para su admisión en la sentencia.
De tal precepto se colige que la legitimación consiste en que
una demanda, para que pueda ser acogida, no debe ser
presentada por cualquier persona y contra cualquier otra sino que
debe ser propuesta precisamente por aquella que esté facultada
para obrar y debe ser enderezada contra quien esté facultada
para contradecirla.
Lo anterior se puede explicar también diciendo que el actor
debe estar colocado, ante la relación substancial jurídica
controvertida, en situación tal que pueda poner las condiciones
necesarias para la actuación de la voluntad de la ley.
Mientras que el demandado debe estar precisamente en
aquella posición contraria respecto a la misma relación jurídica
controvertida, como facultado para contradecirla u oponerse a las
pretensiones de la parte actora.
Ahora bien, esta Sala Colegiada estima que el juez de
primera instancia estuvo en lo correcto al considerar que la parte
actora (sucesión a bienes de XXXXXXXXXX) se encontraba
legitimada activamente en la causa por el sólo hecho que el
albacea de la misma XXXXXXXXXX, exhibiera en el proceso
copia certificada del contrato de compra venta del que se
desprende que XXXXXXXXXX(autora de la sucesión) adquirió el
inmueble consistente en el lote de terreno XXXXXXXXXX, sobre
el cual se dice existe una afectación.
Lo anterior es así debido a que, tal y como lo sostuvo el juez
de la causa, el albacea no se encontraba obligado a demostrar
que el inmueble en cuestión formara parte del acervo hereditario
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- 7 - de la sucesión que representa, sino únicamente le correspondía,
como así ocurrió, demostrar que el inmueble de cuya afectación
se duele fue propiedad de la de cujus.
El juez de origen fundó su resolución en ese sentido, entre
otros, en los artículos 1111 y 1112 del Código Civil del Estado que
señalan:
ARTÍCULO 1111. No habiendo albacea nombrado, cada uno
de los herederos puede, si no ha sido instituido heredero de
bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que
le corresponde conjuntamente con otros, sin que el
demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no
le pertenece por entero.
ARTÍCULO 1112. Habiendo albacea nombrado, él deberá
promover la reclamación a que se refiere el anterior artículo y
siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de
pedir su remoción.
Nota: Lo resaltado es propio.
Como se ve, la “reclamación” a que se alude en los
preceptos legales transcritos no debe entenderse (como lo infiere
el apelante), en el sentido que únicamente pueda hacerse una
vez que quien intente tal exigencia justifique que el bien
reclamado se encuentre ya incluido en el inventario y avalúo y
con ello forme parte de acervo hereditario. Ningún precepto legal
así lo dispone.
Por el contrario, la reclamación de la herencia, ya sea por
parte de los herederos o por el albacea, puede hacerse antes de
la presentación del inventario y avalúo y su aprobación; inclusive,
antes de haber sido instituidos herederos o antes de haber
designado albacea, lo que se obtiene de los preceptos legales
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- 8 - transcritos que contemplan tales supuestos para “reclamar” la
herencia.
En el artículo 1111 se faculta a los herederos (si no han
sido instituidos de bienes determinados) para reclamar la
herencia, mientras que el 1112 siguiente faculta al albacea
(habiendo albacea nombrado) para que sea quien reclame la
herencia.
Los aspectos antes destacados cobran relevancia en la
especie en atención a que con ellos se evidencia (contrario a lo
afirmado por el apelante) que los herederos y albacea están
facultados para reclamar la herencia aun y cuando no hubiere
inventario y avalúo aprobados, tan es así que antes de ser
instituidos herederos de bienes determinados pueden ocurrir a la
defensa de los bienes de la herencia de que se trate.
Afirmar lo contrario nos llevaría a obligar a los herederos o
albacea, a formular inventario y avalúo de los bienes de la
herencia y, en su caso, aprobación de éste, y hasta ese momento
estarían facultados para efectuar la reclamación de la herencia.
El anterior razonamiento, sin duda, es contrario a lo
establecido en los mencionados preceptos legales ya que
restringiría el principio de acceso a la justicia de las partes,
máxime si de autos quedó plenamente justificado con otros
medios de prueba que el inmueble en cuestión fue propiedad de
la autora de la sucesión demandante.
Recordemos que en términos del artículo 762 del Código Civil
del Estado, la propiedad de los bienes hereditarios se transmite a
los sucesores por ministerio de ley en el momento de la muerte
del autor de la sucesión. De esta manera, no se puede impedir a
los herederos que reclamen la herencia hasta en tanto el bien de
que se trate se incluya en el inventario y forme parte del acervo
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- 9 - hereditario, cuando ya conforme a ley son propietarios de los
bienes del autor de la sucesión.
Inclusive, a mayoría de razón, pudiera darse el caso que
precisamente la reclamación de la herencia se dé con la finalidad
de incluir al acervo hereditario el bien reclamado.
Por tanto, se reitera, el juez de origen estuvo en lo correcto
al considerar que el albacea de la sucesión a bienes
XXXXXXXXXX se encuentra legitimado activamente con la sola
exhibición del contrato de compraventa del que se desprende que
la autora de la sucesión que ahora representa fue propietaria del
bien inmueble objeto del juicio, sin exigirle que demostrara que el
bien en cuestión forma parte del acervo hereditario de la sucesión
que representa.
En adición, del documento con el que el actor justificó ser
albacea y coheredero de la sucesión que representa,
(instrumento que no fue objetado) se desprende que quien
denunció el juicio sucesorio a bienes de XXXXXXXXXX, fue el
propio demandado XXXXXXXXXX (y otra), y que al escrito inicial
de denuncia acompañó una lista provisional de bienes.
Sin que pase inadvertido para esta Sala Civil que las
constancias con las que XXXXXXXXXX justificó ser el albacea y
coheredero de la sucesión de XXXXXXXXXX se hubieren
exhibido en copia simple; sin embargo, dicha circunstancia es
insuficiente para restarle valor demostrativo si al respecto no
hubo controversia alguna.
Si bien los documentos exhibidos en copia simple sólo
cuentan con un valor demostrativo leve o indiciario, cierto es
también que este documento no fue objetado ni impugnado por la
parte demandada, por lo que habrá de tenerse por admitido por
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- 10 - dicha parte reo, y surte sus efectos como si hubiere sido
reconocido expresamente, esto en términos del artículo 461 del
Código Procesal Civil de Coahuila.
Además, el demandado XXXXXXXXXX en la audiencia de
pruebas y alegatos de fecha dieciocho de agosto de dos mil
catorce, dentro de la prueba confesional a su cargo, al responder
en sentido afirmativo a la posición número cinco admitió que con
fecha veintitrés de marzo de dos mil seis inició el juicio sucesorio
intestamentario a bienes de XXXXXXXXXX, el cual fue radicado
bajo el número de expediente XXXXXXXXXX ante el Juzgado
Primero Civil de esta ciudad de Saltillo.
Confesó en la citada posición número cinco:
5.- Que el absolvente sabe y le consta que con fecha 23 de
marzo del 2006, Usted inicio Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de XXXXXXXXXX, el cual fue radicado bajo el
número de expediente XXXXXXXXXX ante el Juzgado
Primero Civil de Saltillo.
Esta confesión cuenta con plena eficacia demostrativa de
conformidad con los artículos 440 y 513 del Código Procesal Civil
de Coahuila.
Por tanto, el demandado XXXXXXXXXX no puede ahora
válidamente poner en duda si el bien objeto del presente juicio se
encuentra o no incluido en el juicio sucesorio de XXXXXXXXXX,
cuando fue él quien inició el mismo y anexó una lista provisional
de bienes.
En tal supuesto, se estima que correspondía a
XXXXXXXXXX demostrar, en su caso, el hecho positivo de que el
bien en cuestión había ya salido del patrimonio de la autora de la
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- 11 - sucesión al momento de su fallecimiento, lo que en la especie no
ocurrió.
Finalmente, debe decirse que es cierto lo señalado por el
apelante en el sentido que los artículos antes transcritos se
encuentran dentro del capítulo que regula lo relacionado con la
apertura y reclamación de la herencia; sin embargo, ello no
excluye o constituye un impedimento para aplicar tales
disposiciones al caso que nos ocupa.
En conclusión, por el cúmulo de razones antedichas, este
primer agravio planteado por el apelante es infundado.
II. Motivo de disenso identificado con el inciso b.
El apelante transcribe en este apartado los considerandos
identificados con los números 4.8 y 4.9, así como el punto
resolutivo tercero de la sentencia combatida.
Refiere que las consideraciones empleadas por el juez de
origen transgreden el contenido de los artículos 513, 520, 522,
fracción IV, 532 y 533 del Código Procesal Civil del Estado, así
como los principios constitucionales de debida fundamentación y
motivación.
Señala que el juzgador de primera instancia concluyó que el
dictamen del perito de la parte actora y el del perito designado por
el juzgado “crean ánimo de convicción” argumentando, dice, de
forma parca y escueta que su conclusión obedece a que los
peritos fundaron su dicho y expusieron las consideraciones por
las cuales llegaron a sus conclusiones.
Afirma que la valoración de los dictámenes periciales
empleada por el juzgador resulta notoriamente dogmática y
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- 12 - contraria a lo dispuesto en el artículo 522, fracción IV, del Código
Procesal Civil del Estado, dado que de la simple lectura de la
sentencia impugnada se puede advertir que es omisa en analizar
y exponer de manera pormenorizada el porqué de su supuesto
valor probatorio con relación al peritaje de la parte demandada.
Destaca que el juez omite el estudio adecuado y profundo
del contenido de los peritajes así como su confrontación y, en
todo caso, su ponderación, de manera que resulte claro cuáles
fueron los argumentos de fondo que llevaron al juzgador a
concederles o negarles valor probatorio.
Refiere que la valoración y conclusión a la que arribó el a
quo agravia sus derechos de seguridad jurídica y lo coloca en un
notorio estado de indefensión debido a que de manera arbitraria y
contraria a derecho se le condena a entregar una superficie de
XXXXXXXXXX sin especificar dónde se ubica esa superficie.
Afirma que al no haberse hecho tal precisión se le coloca en
un estado de incertidumbre jurídica e indefensión pues queda
sujeto a que la parte ejecutante pueda solicitar a su elección la
restitución en cualquier parte del lote de su propiedad, máxime
que tal bien es de una superficie de más de XXXXXXXXXX.
Este motivo de disenso es en una parte fundado pero a la
postre inoperante, y en otra parte fundado.
El apelante en el primer argumento que expone se duele de
la valoración de los dictámenes periciales efectuada por el
juzgador de primera instancia, calificando la misma como
dogmática y contraria a lo dispuesto en el artículo 522 fracción IV
del Código Procesal Civil del Estado.
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- 13 - Además, el inconforme estima que el juez de origen no
analizó ni expuso de manera pormenorizada el porqué del valor
probatorio que le atribuye.
También se duele del hecho de que el juez de la causa no
realizó un estudio adecuado y profundo del contenido de los
peritajes, ni realizó su confrontación y ponderación de manera
que resultara claro cuáles fueron los argumentos de fondo que lo
llevaron a concederles o negarles valor probatorio.
Ahora bien, de la sentencia combatida (considerandos
identificados con los números 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, y 4.8) se
desprende que el juez de primera instancia refirió que para
acreditar la afectación al citado XXXXXXXXXX, la parte actora
ofreció y le fue admitida la prueba pericial.
El juez de la causa señaló que la parte actora designó como
perito al ingeniero XXXXXXXXXX; que el codemandado
XXXXXXXXXX designó como perito de su intención a
XXXXXXXXXX, y el juzgado al ingeniero XXXXXXXXXX. Indicó
también que dichos profesionistas emitieron sus respectivos
dictámenes a los que en sana crítica, en términos del artículo 513
del Código Procesal Civil del Estado, les concedió valor
probatorio.
Enseguida, el juzgador primigenio hizo algunas
consideraciones de cada uno de los peritos propuestos, para
luego en el considerando identificado con el número 4.8, señalar
que los dictámenes de los peritos XXXXXXXXXX y
XXXXXXXXXX generaban en él convicción para tener por
acreditado que el XXXXXXXXXX a que refiere la escritura pública
número XXXXXXXXXX de fecha diecinueve de noviembre de dos
mil diez, se empalma con el XXXXXXXXXX.
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- 14 - A tal conclusión arribó debido a que ambos peritos dieron
razón fundada de su dicho y expusieron las consideraciones por
las cuales llegaron a sus conclusiones.
De tal valoración efectuada por el juez natural se pueden
destacar los siguientes aspectos:
a. El juez, en sana crítica en términos del artículo 513 del
Código Procesal Civil del Estado, concedió valor probatorio a los
dictámenes de los peritos propuestos.
b. El juez señaló algunas de las consideraciones expuestas
por los peritos en sus dictámenes.
c. El juez concluyó que los dictámenes de los peritos
XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX le generan convicción para
determinar que el XXXXXXXXXX se empalma con el
XXXXXXXXXX.
d. El juez afirmó que los peritos dieron razón fundada de su
dicho y expusieron las consideraciones por las cuales llegaron a
sus conclusiones.
Pues bien, no obstante la valoración antes descrita, esta
Sala Colegiada considera que el juez de origen debió haber
efectuado un análisis y valoración mucho más exhaustivos (no
general) de los dictámenes periciales presentados en el juicio,
sobre todo si se toma en consideración que fue, en esencia, el
resultado de dichos dictámenes lo que determinó que se
declarara la nulidad de la escritura pública número XXXXXXXXXX
(pretensión principal).
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- 15 - De ahí lo fundado de este primer argumento utilizado en el
agravio que se estudia, pues el apelante precisamente de tal
valoración efectuada por el juez natural es de lo que se duele.
Ahora, como en la especie no existe reenvió, corresponde a
este órgano colegiado realizar de forma completa, exhaustiva y
pormenorizada, una valoración de la referida prueba pericial y
una vez hecho lo anterior, determinar si se puede o no concluir
igual que como lo hizo el juez de primera instancia.
En principio conviene precisar que la parte actora sustenta
la nulidad de la escritura pública número XXXXXXXXXX de fecha
diecinueve de noviembre de dos mil diez, en el hecho que
XXXXXXXXXX se encuentra invadiendo (con base en dicha
escritura que ampara el XXXXXXXXXX), una superficie
aproximada de XXXXXXXXXX propiedad de la sucesión
demandante.
Para acreditar tal invasión, afectación o empalme de
superficies del XXXXXXXXXX sobre el XXXXXXXXXX, la parte
actora ofreció y le fue admitida la prueba pericial que enseguida
se analizará.
Del escrito de ofrecimiento de la prueba pericial que nos
ocupa se advierte que el albacea de la sucesión demandante
señaló que el objeto de tal probanza era identificar y precisar las
ubicaciones correctas de XXXXXXXXXX, así como las
afectaciones que tiene el XXXXXXXXXX respecto del
posicionamiento incorrecto del XXXXXXXXXX.
Como se ve, es claro que el objetivo principal de la prueba
pericial en comento era determinar si el XXXXXXXXXX se
encuentra o no afectando al XXXXXXXXXX, ambos ubicados en
XXXXXXXXXX.
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Enseguida se estudiará y valorará cada uno de los
dictámenes periciales propuestos.
1. Dictamen del perito XXXXXXXXXX.
Del análisis del referido dictamen se desprende que
XXXXXXXXXX, dividió su estudio en varios apartados.
El primero lo tituló como “antecedentes” y en éste señaló el
objeto de la prueba pericial según el oferente, y realizó una
transcripción de su ofrecimiento.
Un segundo apartado lo denominó “objeto del dictamen” y
ahí determinó lo siguiente:
a. Medidas y colindancias del XXXXXXXXXX que se
localiza en XXXXXXXXXX.
b. Medidas y colindancias del XXXXXXXXXX que se
localiza en XXXXXXXXXX.
c. Afectaciones que tiene el XXXXXXXXXX respecto del
posicionamiento incorrecto del XXXXXXXXXX.
En un tercer apartado denominado “desahogo del dictamen”
el perito señaló que se constituyó en el inmueble XXXXXXXXXX,
describe la forma en que determinó su ubicación y concluyó
señalando que procedió a buscar la ubicación del XXXXXXXXXX,
lo cual no pudo debido a que no existe dicho predio.
Agregó que, por principio de cuentas, el XXXXXXXXXX sólo
se compone por once lotes de ahí que no puede determinar las
medidas y colindancias del XXXXXXXXXX por su inexistencia.
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Finalmente el perito XXXXXXXXXX, designado por el ahora
apelante, estableció en un cuarto apartado como “conclusión” que
en atención a que el predio de XXXXXXXXXX sólo se compone
de XXXXXXXXXX, no es posible determinar las medidas y
colindancias del XXXXXXXXXX, pues no existe.
Agregó que aún sin conceder que el inmueble propiedad de
XXXXXXXXXX pudiera ser considerado como XXXXXXXXXX, tal
predio no puede traslaparse o encontrarse superposicionado con
relación al XXXXXXXXXX, ello debido a que entre dicho predio y
el de XXXXXXXXXX se encuentra el lote XXXXXXXXXX
propiedad de XXXXXXXXXX.
Este dictamen pericial rendido por el ingeniero
XXXXXXXXXX es valorado en sana crítica en términos de los
artículos 513 y 464 del Código Procesal Civil del Estado.
Sin embargo, no obstante tal valoración, este dictamen en
nada ayuda a la parte actora para tener por demostrado que el
XXXXXXXXXX amparado por la escritura tildada de nula se
encuentra invadiendo o afectando parte de la superficie del
XXXXXXXXXX propiedad de la autora de la sucesión
demandante.
Lo anterior es así ya que, como se expuso en los párrafos
que preceden, el perito XXXXXXXXXX, lejos de concluir alguna
afectación del XXXXXXXXXX sobre el XXXXXXXXXX, (esto
constituía el objeto de la prueba), simplemente determinó que el
XXXXXXXXXX no existe, por lo que ningún resultado favorable le
arroja al oferente de la prueba.
2. Dictamen del perito XXXXXXXXXX.
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- 18 - Se advierte que el perito designado por la parte actora
contestó un cuestionario de 15 preguntas; sin embargo, debe
recordarse que la sucesión demandante al ofrecer la prueba
pericial no exhibió cuestionario alguno, empero sí dejó claro cuál
era el objetivo principal de la prueba pericial, esto es, que los
peritos determinaran si el XXXXXXXXXX se encuentra invadiendo
o afectando al XXXXXXXXXX.
Por tanto, en base a lo expuesto en el párrafo que precede,
del dictamen rendido por el perito XXXXXXXXXX únicamente se
tomarán en cuenta las consideraciones tendientes a satisfacer el
objetivo de la prueba pericial que nos ocupa, esto es, determinar
si el XXXXXXXXXX se encuentra o no afectando el
XXXXXXXXXX ambos ubicados en XXXXXXXXXX.
Ahora bien, en relación al objetivo principal de la prueba
pericial, el referido profesionista al contestar a la pregunta que
identificó con el número 13 determinó que el XXXXXXXXXX se
encuentra invadiendo el bien inmueble propiedad de
XXXXXXXXXX consistente en XXXXXXXXXX.
Sin embargo, tal determinación del perito XXXXXXXXXX no
se encuentra sustentada en ningún razonamiento técnico propio
de su dictamen, en tanto que no expuso ninguna consideración
del porqué arribó a esa conclusión, ni siquiera mencionó en cuál
superficie se encuentra afectando el XXXXXXXXXX al
XXXXXXXXXX.
Por tanto, tal dictamen pericial, aun y cuando es valorado
en sana crítica en términos de los artículos 513 y 464 del Código
Procesal Civil del Estado, no genera certeza de que el
XXXXXXXXXX esté invadiendo el XXXXXXXXXX, mucho menos
en qué medida o superficie.
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- 19 - Por lo que en base al estudio anterior, hasta ahora se
puede concluir que tanto el dictamen del perito designado por el
codemandado XXXXXXXXXX y el dictamen del perito designado
por la sucesión demandante no son suficientes y con ellos no se
tiene por acreditado que el XXXXXXXXXX amparado por la
escritura tildada de nula, se encuentre afectando el
XXXXXXXXXX propiedad de la parte actora.
3. Dictamen del perito XXXXXXXXXX.
Del estudio de dicho dictamen se desprende, que al igual
que los otros dos peritos, el ingeniero XXXXXXXXXX también
identificó cuál era el objeto de su dictamen y al respecto señaló
que el mismo consistía en precisar la ubicación, medidas y
colindancias de XXXXXXXXXX que se localizan en
XXXXXXXXXX, y concluir si existe invasión del XXXXXXXXXX
sobre XXXXXXXXXX.
Enseguida el referido perito señala cuáles fueron las
fuentes de información en las que basó su dictamen, realiza un
análisis de la información, elabora un levantamiento topográfico y
cuadro de construcción del XXXXXXXXXX, y después sobrepone
al levantamiento mencionado los datos del polígono descrito en la
escritura número XXXXXXXXXX con una superficie de
XXXXXXXXXX.
De igual manera elabora un plano que dice generó la
anterior información, y concluye que existe un traslape de
terrenos entre el XXXXXXXXXX y el XXXXXXXXXX en la
escritura número XXXXXXXXXX, y sobre esto último elabora un
cuadro de construcción.
XXXXXXXXXX expuso como consideraciones que el
XXXXXXXXXX, fue fraccionado en XXXXXXXXXX de igual
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- 20 - superficie, en franjas orientadas de norte a sur desde la cima de
XXXXXXXXXX o también llamada XXXXXXXXXX, hasta la cima
de XXXXXXXXXX, dividiendo su longitud sobre cada cima entre
once, de tal modo que al extremo norte quedó XXXXXXXXXX y
sobre su extremo sur en XXXXXXXXXX metros
aproximadamente.
Dejó numeradas tales fracciones del XXXXXXXXXX de
oriente a poniente, siendo su punto de partida la guardaraya o
línea que divide al Estado de Coahuila y Nuevo León, señalados
físicamente con mojoneras de piedra.
Finalmente, este perito emitió sus conclusiones señalando
que deslindando el XXXXXXXXXX conforme al ya mencionado
cuadro de construcción y plano, al sobreponer la información
dada dentro de la escritura XXXXXXXXXX y demás documentos
que cita la referida escritura, describe a un XXXXXXXXXX con
líneas orientadas de forma que se empalman en parte con
XXXXXXXXXX y con terrenos XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX.
Y afirma que la fracción del XXXXXXXXXX que cita la
escritura XXXXXXXXXX se empalma con XXXXXXXXXX, aclara,
según se detalla en el cuadro de construcción y plano que se
encuentran dentro del propio dictamen.
Este dictamen es valorado en sana crítica en términos de
los artículos 513 y 464 del Código Procesal Civil del Estado, y el
mismo a juicio de esta Sala es suficiente y genera plena certeza
de que el XXXXXXXXXX que ampara la escritura tildada de nula
(número XXXXXXXXXX), se encuentra invadiendo al
XXXXXXXXXX propiedad de la autora de la sucesión
demandante, en una superficie de forma triangular de
XXXXXXXXXX, conforme al cuadro de construcción y plano que
se encuentran dentro del propio dictamen.
TOCA CIVIL 234/2015
- 21 -
Lo anterior es así toda vez que del dictamen rendido por el
mencionado profesionista XXXXXXXXXX, se advierte que este
realizó un estudio de los documentos que amparan la propiedad
de ambos predios (XXXXXXXXXX); elaboró cuadros de
construcción y plano; motivó y expuso de forma razonada las
consideraciones por las cuales arribó a su conclusión en el
sentido de que si existe una afectación del XXXXXXXXXX que
ampara la escritura tildada de nula se encuentra invadiendo al
XXXXXXXXXX propiedad de la autora de la sucesión
demandante y que está en una superficie de forma triangular de
XXXXXXXXXX metros cuadrados.
Por tanto, en base al dictamen rendido por el perito
designado por el juzgado de primera instancia, se concluye que el
XXXXXXXXXX que ampara la escritura tildada de nula se
encuentra invadiendo al XXXXXXXXXX propiedad de la autora de
la sucesión demandante en una superficie de forma triangular de
XXXXXXXXXX metros cuadrados.
De manera que, no obstante lo fundado de este agravio en
cuanto a que no se valoraron en debida forma los peritajes en la
sentencia recurrida, el mismo deviene inoperante en atención a
que del nuevo estudio y valoración de los dictámenes periciales
presentados por los peritos designados por las partes y el
designado por el juzgado, aun y cuando únicamente se tomó en
consideración este último, este órgano colegiado arribó a la
misma conclusión que el juez natural.
Luego, por otra parte, en un segundo argumento utilizado
dentro de este agravio el apelante refiere que de manera
arbitraria y contraria a derecho se le condenó a entregar una
superficie de XXXXXXXXXX metros cuadrados sin especificar
dónde se ubica tal porción de terreno.
TOCA CIVIL 234/2015
- 22 -
Al respecto debe decirse que en el considerando 6.2 de la
sentencia combatida se lee que el juez de origen condenó al
ahora apelante XXXXXXXXXX a desocupar y entregar a la parte
actora XXXXXXXXXX, en su carácter de albacea y coheredero de
la sucesión a bienes de XXXXXXXXXX, un bien inmueble con
una superficie de XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX propiedad de
la sucesión que representa.
Sin embargo, del estudio y análisis de la sentencia recurrida
no se advierte que haya precisado la ubicación del referido bien
inmueble a restituir, sino únicamente su medida o superficie.
En este sentido, es fundado el argumento.
Pues bien, al no existir reenvió, y como el juez de origen no
hizo tal precisión, ahora corresponde a esta Sala Colegiada
determinar cuál es el predio que con motivo de la nulidad
decretada por el a quo, deberá desocupar y entregar la parte
demandada, XXXXXXXXXX, a la sucesión demandante.
Del hecho número seis del escrito inicial de demanda se
desprende que la parte actora atribuyó a XXXXXXXXXX que con
la escritura número XXXXXXXXXX le invadió el XXXXXXXXXX
en una superficie de XXXXXXXXXX aproximadamente.
Frente a tal hecho el referido demandado XXXXXXXXXX,
en su escrito de contestación, señaló que es cierto que inició un
procedimiento no contencioso ante notario pero que es falso que
haya pretendido afectar el XXXXXXXXXX.
Si bien es cierto que el referido codemandado no admite
que haya pretendido afectar el XXXXXXXXXX, también es cierto
que no niega poseer parte del inmueble en cuestión, tan es así
TOCA CIVIL 234/2015
- 23 - que inclusive XXXXXXXXXX opuso la excepción de prescripción
adquisitiva y admitió que posee el inmueble que se le reclama.
Luego, como ya se ha dicho, para acreditar que la escritura
XXXXXXXXXX que ampara el XXXXXXXXXX se encuentra
invadiendo o afectando el XXXXXXXXXX en una superficie de
XXXXXXXXXX aproximadamente, la parte actora ofreció y le fue
admitida la prueba pericial.
En el dictamen del perito XXXXXXXXXX, al cual ya se le
concedió valor probatorio en esta resolución, se desprende que
éste identificó y determinó mediante cuadro de construcción y
plano que el XXXXXXXXXX que ampara la escritura tildada de
nula se encuentra invadiendo al XXXXXXXXXX propiedad de la
autora de la sucesión demandante en una superficie de forma
triangular de XXXXXXXXXX metros cuadrados.
Por tanto, este segundo argumento utilizado en este agravio
es fundado y suficiente para modificar la resolución combatida, a
fin de precisar que inmueble es el que deberá restituir el
demandado XXXXXXXXXX a la parte actora.
En consecuencia este órgano colegiado determina que el
inmueble que el demandado XXXXXXXXXX deberá desocupar y
entregar a la sucesión demandante es el identificado por el
referido perito XXXXXXXXXX, que cuenta con una superficie de
forma triangular de XXXXXXXXXX metros cuadrados, conforme
al plano y cuadro de construcción que este señaló en su
dictamen.
Para mayor claridad se reproducen el plano y cuadro de
construcción citados:
TOCA CIVIL 234/2015
- 24 - NOTA IMPORTANTE: SE SUPRIMEN LOS DOCUMENTOS
ESCANEADOS POR CONTENER DATOS PERSONALES.
III. Motivo de disenso identificado con el inciso c.
En este tercer agravio el apelante señala que le causa
agravio el juzgador cuando en el considerando 4.8 de manera
dogmatica y carente de motivación le confiere eficacia probatoria
al dictamen del ingeniero XXXXXXXXXX.
Considera que el contenido de dicho dictamen transgrede los
artículos 14, 466, 471, fracción I, y 513 del Código Procesal Civil
del Estado.
Afirma que lo anterior es así ya que la parte actora ofreció la
prueba pericial topográfica pero omitió precisar cuáles serían los
puntos sobre los que debería versar y las cuestiones que debía
dictaminar el perito, señalando únicamente el objeto del mismo.
Agrega que no obstante que manifestó su oposición en el
momento procesal oportuno para que se admitiera dicha prueba,
el juez admitió la misma lo que dice le agravia porque no se
observa imperatividad de las normas procesales; además, porque
le otorga valor probatorio al referido dictamen pese a que el
mismo se aleja totalmente de los términos bajo los cuales se
ofreció.
Este motivo de disenso es inoperante en función de lo
resuelto en la primera parte del agravio anterior, pues del nuevo
análisis y valoración de los dictámenes periciales presentados en
el juicio, esta Sala determinó no tomar en consideración lo
dictaminado por el perito designado por la parte actora
XXXXXXXXXX.
TOCA CIVIL 234/2015
- 25 -
IV. Motivo de disenso identificado con el inciso d.
En este ultimo agravio el apelante señala que lo resuelto por
el juzgador en el considerando 7 vulnera los principios de
congruencia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución,
en relación con el artículo 520 del Código Procesal Civil del
Estado, así como la indebida aplicación del artículo 1772 del
Código Civil del Estado.
Señala que el juez relata que la posesión que tiene en
concepto de dueño es desde la fecha de la escritura cuya nulidad
se solicita; lo que afirma es falso y por tanto incongruente con lo
pedido, debido a que en su escrito de contestación jamás refirió
tal circunstancia sino que indicó que posee el bien raíz que se
identifica en la escritura tildada de nula desde la fecha que se
señala en la escritura pública.
Reitera que el juez natural afirmó que su fecha de posesión
es desde la escritura (2010), cuando lo que él dijo en su
contestación es la fecha que se señaló en ese instrumento (1998).
Refiere que el análisis que hizo el juez de la causa tuvo dos
bases, la primera que su posesión es de dos mil diez y la segunda
que por ello se necesitaba la suma de posesiones.
Afirma que fue un estudio ocioso debido a que se tomó como
base un argumento intrascendente ya que si la demanda en su
contra se presentó en el año dos mil catorce, para ese entonces
ya habían transcurrido más de quince años desde noviembre de
mil novecientos noventa y ocho que posee el inmueble que se
detalla en la escritura tildada de nula en concepto de dueño y
bajo las condiciones para usucapir.
TOCA CIVIL 234/2015
- 26 -
Señala que la escritura pública cuya nulidad se pide deriva de
un procedimiento no contencioso de usucapión y que el mismo le
sirve como título de propiedad, pues existe declaración que de
poseedor se ha convertido en propietario.
Ahora bien, en relación a este agravio debe decirse que del
escrito de contestación de demanda se desprende que
XXXXXXXXXX opuso la excepción de prescripción adquisitiva y
ésta la sustentó, en esencia, en lo siguiente:
En efecto, lo que se pretende con la excepción de referencia
seria un fallo absolutorio y se hace consistir en que quien
suscribe posee el inmueble que se me reclama con justo
título, de buena fe, en concepto de dueño, de manera
pacífica, continua y publica desde la fecha que se señala en
la escritura pública tildada de nula pero sobre ella habrá de
hacerse la suma de posesiones respecto a mi causante,
quien posee dicho predio desde el mes de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho (…)
Nota: Lo subrayado es propio.
Como se ve puede ver, es cierto que el ahora apelante
XXXXXXXXXX en su escrito de contestación señaló que posee el
inmueble que se reclama desde la fecha que se indica en la
escritura pública tildada de nula; empero, también es cierto que
XXXXXXXXXX afirmó que habría de hacerse la suma de
posesiones respecto de su causante quien, afirmó, posee dicho
predio desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa
ocho.
Lo anterior puede llevar a considerar (como lo hizo el juez de
origen) que el XXXXXXXXXX posee desde la fecha de la escritura
pública tildada de nula, esto es desde el día diecinueve de
noviembre del año dos mil diez, tan es así que pide se efectué la
TOCA CIVIL 234/2015
- 27 - suma de posesiones respecto de su causante de quien afirma
posee desde el mes de noviembre del año mil novecientos
noventa y ocho.
Lo anterior en la especie cobra relevancia en atención a que
del estudio de la escritura tildada de nula (XXXXXXXXXX de
fecha diecinueve de noviembre del año dos mil diez) se
desprende que en el mes de noviembre de 1998 XXXXXXXXXX
adquirió los bienes a usucapir mediante contrato de donación que
le hiciera el señor XXXXXXXXXX.
Es decir, Ignacio XXXXXXXXXX al oponer la excepción de
prescripción adquisitiva no expuso de forma clara la fecha en que
entró en posesión del inmueble en cuestión.
Si tomamos en cuenta lo expuesto por XXXXXXXXXX en el
agravio que nos ocupa, podemos decir que por una parte afirma
que su causante posee el inmueble desde el mes de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho y pide suma de posesiones
(escrito de contestación foja 73); y por otra parte (escrito de
apelación) afirma que posee el inmueble desde la fecha que se
señala en la escritura pública tildada de nula y en ésta se señala
que en noviembre de mil novecientos noventa y ocho
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX adquirió los bienes a usucapir.
Es decir, XXXXXXXXXX, señala que él y su causante poseen
desde noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
Sin embargo, dentro de la prueba confesional a cargo del
albacea de la sucesión demandante, se advierte que el ahora
apelante XXXXXXXXXX confesó por posiciones que posee el
inmueble descrito en la escritura pública número XXXXXXXXXX,
de manera pacífica, continua, pública, y de buena fe desde el día
diecinueve de noviembre de dos mil diez.
TOCA CIVIL 234/2015
- 28 -
Lo anterior se desprende del pliego de posiciones suscrito por
el propio XXXXXXXXXX, en particular de las posiciones número
7, 8, 9, y 10.
Afirmó en las posiciones citadas:
“7.- Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde
el 19 de noviembre de 2010 el suscrito he poseído de manera
pacífica, el inmueble descrito en la Escritura Pública
XXXXXXXXXX otorgada ante la fe del Notario Público
número 09 de esta ciudad.”
“8.- Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde
el 19 de noviembre de 2010 el suscrito he poseído de manera
continua, el inmueble descrito en la Escritura Pública
XXXXXXXXXX otorgada ante la fe del Notario Público
número 09 de esta ciudad.”
“9. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde
el 19 de noviembre de 2010 el suscrito he poseído de manera
pública, el inmueble descrito en la Escritura Pública
XXXXXXXXXX otorgada ante la fe del Notario Público
número 09 de esta ciudad.”
“10. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde
el 19 de noviembre de 2010 el suscrito he poseído de buena
fe, el inmueble descrito en la Escritura Pública XXXXXXXXXX
otorgada ante la fe del Notario Público número 09 de esta
ciudad.”
Nota: Lo subrayado es propio.
Como se ve, contrario a lo afirmado en este agravio en el
sentido que Valdés Montalvo posee desde la fecha que se señala
TOCA CIVIL 234/2015
- 29 - en la escritura pública tildada de nula y en ésta se precisa que con
fecha de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Valdés
Montalvo confesó en la posición que artículó que posee desde el
inmueble en cuestión desde el diecinueve de noviembre de dos
mil diez.
Por tanto, ante tal confesión deberá prevalecer lo
argumentado y resuelto por el juez de origen, al haber hecho la
suma de posesiones solicitada por XXXXXXXXXX en su escrito
de contestación al oponer la excepción de prescripción
adquisitiva.
Con base a las consideraciones que anteceden, el agravio en
análisis se estima infundado.
CUARTO. Apelación interpuesta por XXXXXXXXXX en su
carácter de albacea y coheredero de la sucesión de
XXXXXXXXXX.
Del estudio integral del escrito de apelación se advierte que
los motivos de disenso expresados por XXXXXXXXXX, como
albacea y coheredero de la sucesión de XXXXXXXXXX, se
constriñen a lo siguiente:
a. En la sentencia definitiva se absolvió a la parte
demandada del pago de daños y perjuicios transgrediendo el
artículo 137 del Código Procesal Civil del Estado.
b. En la sentencia definitiva se absolvió a la parte
demandada de pago de costas, violando con ello lo dispuesto por
el artículo 130 del Código Procesal Civil del Estado.
Para una mejor exposición, los agravios serán estudiados de
forma conjunta dada la íntima relación que guardan entre sí, sin
TOCA CIVIL 234/2015
- 30 - que ello cause perjuicio alguno al inconforme en tanto que,
finalmente, todos sus planteamientos serán atendidos.
El recurrente afirma que le causa agravio la sentencia de
primer grado ya que en el resolutivo cuarto el juez de la causa
indebidamente absolvió al demandado, XXXXXXXXXX, del pago
de daños y perjuicios, violando con ello el artículo 137 del Código
Procesal Civil del Estado.
Agrega que en el caso que nos ocupa por medio de las
pruebas documentales, periciales, testimoniales y otras se
evidencia la falta de probidad y buena fe por parte del
demandado XXXXXXXXXX; refiere algunas posiciones que dicho
demandado absolvió con las que estima que este procedió de
mala fe.
Además el recurrente considera que el juez natural
transgredió el contenido del artículo 130 del Código Procesal Civil
del Estado, ya que en la sentencia combatida se condenó a
XXXXXXXXXX a desocupar y entregar la parte que afectó el
demandado a la parte actora, por lo que estima que el juez de
primera instancia no debió absolver sino condenar a su contraria
al pago de gastos y costas.
A fin de contestar la inconformidad así planteada, es
menester recodrar que las costas procesales, en un sentido
amplio, son las erogaciones originadas por las partes con motivo
de la tramitación de un proceso o procedimiento judicial y
comprenden tres aspectos, que son:
a. Los gastos.
b. Los daños y perjuicios por falta de probidad.
TOCA CIVIL 234/2015
- 31 -
c. Los honorarios del abogado patrono o procurador.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio, que esta sala
comparte, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito, aplicable al caso concreto, bajo el rubro COSTAS
PROCESALES. CONCEPTOS QUE COMPRENDEN LAS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA), el cual es
consultable en el IUS 2011, disco compacto, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación bajo el registro 1793411 cuyos
rubro y texto son del tenor literal siguiente:
COSTAS PROCESALES. CONCEPTOS QUE
COMPRENDEN LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA).
Los artículos 127, 128 y 137 del Código Procesal Civil de
Coahuila acogen la distinción doctrinal entre costas judiciales
y costas procesales. Las primeras, consistentes en el pago
de contribuciones para la prestación del servicio público
jurisdiccional, quedan prohibidas por disposición expresa del
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En cambio, las costas procesales, en un sentido
amplio, son las erogaciones originadas por las partes con
motivo de la tramitación de un proceso o procedimiento
judicial. En ese tenor, las costas procesales, en sentido
amplio, comprenden: a) los gastos; b) los daños y perjuicios
por falta de probidad; y, c) los honorarios del abogado
patrono o procurador (costas procesales en sentido estricto).
Así pues, estas últimas abarcan los honorarios erogados con
motivo de la asistencia jurídica que las partes recibieron de
un profesional del derecho, que intervino como su abogado
patrono o su procurador. En cambio, los daños y perjuicios
procesales comprenden las erogaciones ocasionadas a una
1 Novena Época. Cuarto Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito. Tesis. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: VIII. 4º.12c. Página: 1667.
TOCA CIVIL 234/2015
- 32 -
de las partes, por una actuación de la contraria, realizada con
falta de probidad y buena fe; sin embargo, a diferencia de las
costas y los gastos, los daños y perjuicios pueden ser a cargo
de una de las partes o de su abogado patrono o procurador, o
bien, a cargo de ambos. Y, por exclusión, los gastos
procesales son las erogaciones diversas a las anteriores,
legítimas y necesarias para la tramitación del proceso
respectivo; por tanto, se excluyen los gastos excesivos y
superfluos; así como los que la ley prohíbe expresamente.
En la especie se estima conveniente señalar qué clase de
sentencia es la que nos ocupa, esto según la naturaleza de la
acción intentada por la parte actora.
En materia civil, las sentencias definitivas pueden ser
declarativas, constitutivas o condenatorias; sin embargo, debe
tenerse como válido que todas las sentencias que resuelven el
fondo de un asunto contienen forzosamente una declaración de
derechos en su parte resolutiva.
Las sentencias constitutivas tienen como objeto crear una
nueva situación jurídica, que antes no existía y que no nace sino
hasta el momento de la decisión final de la litis. A guisa de
ejemplo ello sucede en la nueva constitución del estado civil de los
cónyuges cuando se disuelve su vínculo matrimonial, pasando a
ser divorciados, quedando en aptitud de volver a contraer otro
matrimonio.
Por su parte, las sentencias declarativas no contienen otra
cosa más, en lo que respecta a la cuestión principal deducida en
el pleito; esto es, que su contenido se agota en la declaración que
hace.
Mientras que las sentencias de condena contienen una
TOCA CIVIL 234/2015
- 33 - declaración respecto al derecho del actor y de la obligación
correlativa del demandado, además de ordenar la ejecución
forzosa para el caso que el demandado, dentro de un plazo
determinado, no cumpla la obligación declarada. Este fallo hace
cierto e indubitable el derecho del actor y manda al órgano de
ejecución que lo haga efectivo, en el supuesto citado.
Por esta circunstancia se puede concluir que toda sentencia
de condena es al mismo tiempo declarativa y ejecutiva.
De esta manera puede determinarse que la sentencia de
condena tiene dos funciones distintas (declarativa y ejecutiva), y la
sentencia declarativa sólo una.
Lo anterior se resuelve con apoyo en el criterio, que esta sala
comparte, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del
Noveno Circuito, aplicable al caso concreto, consultable en el IUS
2012, bajo el registro 2141982, cuyos rubro y texto son los
siguientes:
SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, DECLARATIVAS Y DE
CONDENA, DIFERENCIAS.
En materia civil, todas las sentencias contienen una
declaración de derechos en su parte resolutiva. Pero las
meramente declarativas no contienen otra cosa más, en lo
que respecta la cuestión principal deducida en el pleito; esto
es, que su contenido se agota en la declaración que hace.
Las sentencias de condena contienen, por una parte, una
declaración respecto del derecho del actor y de la obligación
correlativa del demandado; además, ordena la ejecución
forzosa para el caso de que el demandado, dentro de un
plazo determinado, no cumpla la obligación declarada, este
fallo hace cierto e indubitable el derecho del actor y manda al 2 Octava época. Tribunales colegiados de circuito. Tesis aislada. Semanario judicial de la Federación XII diciembre de 1993. Materia (s): Civil. Página. 962.
TOCA CIVIL 234/2015
- 34 -
órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el supuesto
citado. Por esta circunstancia, toda sentencia de condena es
al mismo tiempo declarativa y además ejecutiva. Citando a
Chiovenda, se puede decir que "La diferencia está, pues, en
que la sentencia de condena tiene dos funciones distintas, y
la de declaración hay una sola.
En la especie, cabe señalar que la parte actora ejerció la
acción de nulidad absoluta y/o inexistencia de la escritura pública
número XXXXXXXXXX de fecha diecinueve de noviembre de dos
mil diez.
Con relación a lo anterior, el juez de origen en su fallo
definitivo, una vez que explicó las diferencias técnico-jurídico entre
la acción de inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa que
estimó atinentes, concluyó que analizado el caso sometido a su
conocimiento estaba en presencia de la acción de nulidad relativa.
Luego, a juicio de este órgano colegiado la sentencia dictada
en la acción de nulidad intentada tiene en principio la calidad de
sentencia declarativa puesto que la acción de mérito tiene como
objeto la intención que el juzgador haga un pronunciamiento sobre
si el acto o negocio jurídico cuya nulidad se demanda, tiene o no
eficacia.
Sin embargo, de la sentencia recurrida también se advierte
que se condenó a XXXXXXXXXX a restituir el inmueble que ocupa
con motivo de escritura tildada de nula, en una superficie de
XXXXXXXXXX metros cuadrados.
Es decir, la sentencia que nos ocupa si bien tiene como
pretensión principal la declaración de nulidad y por ello es
declarativa, también contiene una condena y, por tanto, reviste un
doble carácter, en principio declarativa pero también de condena.
TOCA CIVIL 234/2015
- 35 -
Establecido lo anterior, se procede a analizar los argumentos
que en vía de agravio interpuso el recurrente por cuanto a la
absolución en costas a la actora en primera instancia, en cuanto al
pago de daños y perjuicios con motivo de la falta de probidad y
falta de buena fe a que se alude en el artículo 137 del Código
Procesal Civil del Estado.
En el caso que nos ocupa, para un mayor entendimiento y
explicación en el tema de trato es conveniente transcribir los
artículos que interesan tocante al tema de la condena o
absolución en el pago de gastos y costas.
El Código Procesal Civil de Coahuila establece:
ARTÍCULO 12. Principio de lealtad y probidad en el
proceso.
Las partes, sus representantes o asistentes y, en general,
todos los participantes del proceso deberán actuar de tal
modo que éste sea un medio digno, justo, eficiente y
transparente, para la solución adecuada de los conflictos; por
tanto, ajustarán su conducta al respeto que deben a la
autoridad judicial y al que se deben entre sí y se conducirán
en todo momento con lealtad y probidad.
El juzgador deberá tomar de oficio o a petición de parte todas
las medidas necesarias autorizadas por la ley, tendientes a
prevenir o sancionar enérgicamente cualquier
comportamiento que ofenda la dignidad de la justicia, sea
contrario a las consideraciones que deban guardarse los
litigantes, o a la probidad y buena fe con que deben obrar.
Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y
cualquier otra conducta ilícita o delictiva, poniendo los hechos
en conocimiento del Ministerio Público inmediatamente que
los advierta.
TOCA CIVIL 234/2015
- 36 -
La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, las Salas del
propio Tribunal, los Tribunales Unitarios y los Juzgados de lo
Civil, de lo Familiar, Letrados y de Conciliación, deberán
llevar un registro en el que se inscribirán los nombres de las
personas que incurran en violaciones al principio de lealtad y
probidad, el tipo de infracción cometida y la sanción
impuesta, haciendo mención especial, en su caso, de los
casos de reincidencia. La institución del registro de
infracciones, se regirá por el reglamento que expedirá el
Consejo de la Judicatura.
ARTÍCULO 128. Gastos y costas procesales.
Los gastos comprenden las erogaciones legítimas y
necesarias para preparar, iniciar, tramitar o concluir un
proceso o procedimiento, con exclusión de las excesivas o
superfluas y de aquellas que la ley no reconoce, por
contravenir disposición expresa.
Las costas comprenden los honorarios que se causen con
motivo de la substanciación del proceso o del procedimiento;
pero sólo podrán cobrarse cuando intervengan como
patronos o procuradores, abogados que acrediten poseer
título legalmente expedido y debidamente registrado en el
Tribunal Superior de Justicia, y contar con cédula profesional
expedida en los términos de la Ley de Profesiones del
Estado, o cuando la parte interesada que se defienda por si
misma, haya satisfecho dicho requisito.
La condena en los gastos y costas procede de acuerdo con
las disposiciones de este Capítulo y en los demás casos que
lo determine la ley.
ARTÍCULO 129.Responsabilidad de las costas.
Durante el juicio, cada parte será inmediatamente
responsable de los gastos y costas que originen las
diligencias que promueva, sin embargo, el juzgador ante el
TOCA CIVIL 234/2015
- 37 -
que pende la causa, podrá conminar a las partes a que
depositen en la secretaría, en una o varias veces, las sumas
de dinero que, a su prudente arbitrio considere necesarias
para la práctica de aquellas que le hayan solicitado y que
supongan un costo inmediato, previniéndolas que de no
hacerlo, las omitirá en su perjuicio.
En caso de condenación en costas, la parte condenada
indemnizará a la otra de todos los gastos y costas que
hubiere anticipado o debiere pagar.
ARTÍCULO 130. Costas en las sentencias de condena.
En las sentencias de condena, las costas serán a cargo de la
parte o partes a quienes la sentencia fuere adversa. Si
fueren varias las partes vencidas, la condena en costas
afectará a todas ellas proporcionalmente al interés que
tengan en la causa.
Los abogados extranjeros no podrán cobrar las costas, sino
cuando estén autorizados legalmente para ejercer su
profesión y haya reciprocidad internacional con el país de su
origen en el ejercicio de la abogacía.
Cuando cada uno de los litigantes sea vencido y vencedor en
parte, las costas se compensarán mutuamente o se repartirán
proporcionalmente, según lo determine el juzgador en la
sentencia.
Se exceptúa de las reglas anteriores y no será condenado al
pago en costas, el demandado que se allane a la demanda
antes de fenecer el plazo para su contestación, o el actor que
se conforme en la contestación a la contrademanda, dentro
de los tres días siguientes a la fecha de la notificación de
ésta.
Si las partes celebran convenio o transacción, las costas se
consideran compensadas, salvo acuerdo en contrario.
En los juicios que versen sobre condena a prestaciones
futuras, el actor será condenado al pago de las costas,
TOCA CIVIL 234/2015
- 38 -
aunque obtenga sentencia favorable, si apareciere del
proceso que el demandado no dio lugar al mismo.
ARTÍCULO 131. Costas en las sentencias declarativas y
constitutivas.
En las sentencias declarativas y constitutivas la condenación
en costas se regirá por las reglas siguientes:
I. Si ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o
mala fe, no habrá condena en costas y cada una reportará las
que hubiere erogado.
II. La parte que, a juicio del juzgador, hubiere obrado con
temeridad o mala fe, será condenada a indemnizar a su
contraparte las costas del juicio…
ARTÍCULO 136. Condena forzosa en costas.
Siempre serán condenados en los gastos y costas, sin que
tengan aplicación en estos casos las reglas de los artículos
anteriores que pudieran beneficiarlo:
I. El que ninguna prueba rinda para justificar su pretensión o
su defensa si se funda en hechos disputados.
II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o
testigos falsos o sobornados.
III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivos,
hipotecarios, en los interdictos posesorios de retener y
recuperar, y el que intente alguno de estos juicios, si no
obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación
se hará en la primera instancia, observándose en la segunda
lo dispuesto en el artículo 138.
IV. El que intente maliciosamente pretensiones o haga valer
contrapretensiones notoriamente improcedentes y que así lo
declare la sentencia definitiva que se dicte en el negocio, y
V. El que oponga defensas dilatorias notoriamente
improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este
tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio.
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ARTÍCULO 137. Daños y perjuicios por falta de probidad.
El juzgador podrá sancionar a la parte o a su abogado
patrono o procurador, o a ambos, cuando procedan con falta
de probidad y buena fe en el proceso, condenándoles al
pago de los daños y perjuicios que ocasionen a la contraparte
con motivo de su actuación, independientemente de lo que se
acuerde sobre las costas; además, ordenará que se tome
nota de esta falta en el Registro Judicial.
(Lo subrayado es de esta sala).
Del análisis sistemático de los artículos transcritos se
desprende que las costas judiciales son los gastos necesarios que
eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un
juicio.
Dichas erogaciones deberán tener una relación directa con la
controversia que se trata, de tal forma que ante la falta de
pertinencia deben ser excluidos, en consecuencia, aquellos gastos
que hubieran sido innecesarios, superfluos y contrarios a la ley y a
la ética personal o profesional.
Ahora bien, la condena en costas tiene una naturaleza
accesoria a la pretensión principal en juicio y pueden ocurrir tres
situaciones para la procedencia de la mencionada condena:
a. El del vencimiento puro, que establece que el éxito en una
controversia judicial es por sí causa generadora y suficiente de
una sanción adicional para la parte vencida;
b. El de la compensación o indemnización, sistema que
responde al propósito de restituir a quien injustificadamente ha
sido llevado a un tribunal de las erogaciones, gastos y pagos en
que hubiera incurrido por razones del procedimiento; y,
TOCA CIVIL 234/2015
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c. El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del
litigante, que consiste en aplicar una condena a quien sabiendo
que carece de derecho acude al tribunal provocando la actividad
jurisdiccional, o desplegando una postura maliciosa tendiente a
retardar el procedimiento.
Asimismo, de la lectura de los preceptos legales transcritos,
se desprende que el sistema que sigue nuestra legislación en
relación con la condena en costas en procedimientos judiciales, es
mixto.
Por una parte, contempla un régimen de carácter objetivo, el
cual rige lo prescrito en los artículos 130 y 136, fracción III, del
Código Procesal Civil; y, por otra parte, incluye un sistema
subjetivo, el cual se actualiza cuando se haya procedido por
alguna de las partes con temeridad o mala fe, según el prudente
arbitrio del juzgador, conforme a lo dispuesto en los artículos 131,
fracciones I, II, III y 136, fracciones I, II, IV y V, 137 de la
codificación adjetiva citada.
Lo anterior habida cuenta que toda persona que entable en
contra de otra un juicio de manera injustificada, o bien se vea
desfavorecida con el fallo recaído, está obligada a compensar los
gastos erogados por las partes a las cuales llevó al procedimiento
litigioso (criterio objetivo).
O bien, porque toda persona que acciona la maquinaria
judicial en la sustanciación de un procedimiento sin derecho
alguno para requerir las prestaciones demandadas en juicio, está
obligado por dicha conducta temeraria o maliciosa a cubrir los
gastos o erogaciones efectuadas por la contraparte que se haya
defendido en juicio (criterio subjetivo).
TOCA CIVIL 234/2015
- 41 -
Luego, en el caso que nos ocupa, al estar en presencia de
una sentencia de índole principalmente declarativa (como ya se
determinó) y con base a los razonamientos expuestos por el
recurrente quien afirma que XXXXXXXXXX actuó con falta de
probidad y buena fe, se estima que estamos en presencia de una
eventual condena en costas que refieren los artículos 131,
fracciones I, II, III, 136, fracciones I, II, IV y V y, 137 del Código
Procesal Civil de Coahuila.
Esto es, que el demandado XXXXXXXXXX contestó la
demanda aun sabiendo que no tenía derecho y carecía de
pruebas o que su contestación no estaba fundada en ley, en tanto
que la mala fe es la determinación del referido demandado
XXXXXXXXXX de lograr algo que el derecho le niega.
Sin embargo, a juicio de este tribunal de alzada, en el caso
concreto, estos supuestos no se actualizan pues de los
antecedentes del proceso y de las pruebas aportadas al sumario,
no se evidencia que el demandando XXXXXXXXXX hubiera
actuado con temeridad o mala fe, o bien con falta de probidad al
proceso.
Ello es así ya que de los hechos que expuso en su
contestación y pruebas que ofertó, en ningún momento se
advierte o desprende que actuaba contrario a derecho o la
intención de éste de lograr algo que el derecho le niega.
La sola circunstancia de contestar la demanda instaurada en
su contra y defenderse frente a lo que su contraria le atribuía no
denota temeridad o mala fe alguna, ni conducta reprobable
asumida dentro del proceso con el deliberado propósito de
entorpecer o dilatar el juicio.
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- 42 -
En efecto, la facultad concedida al juzgador por la ley para
condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya
procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta sino que debe
ejercerse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que
arrojen las constancias de autos para apreciar la conducta, la
lealtad procesal.
Con ello, el juzgador podrá percatarse si el litigante ha hecho
promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad
o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el
procedimiento, todos contrarios a la buena fe.
Lo anterior se resuelve con apoyo en el criterio, que esta sala
comparte, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, aplicables al caso concreto,
consultable en el IUS 2012, bajo el registro 2409813, cuyos rubro
y texto son los siguientes:
COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. QUE DEBE
ENTENDERSE POR ELLAS.
Esta Tercera Sala ha sustentado tesis jurisprudencial número
133, visible a fojas 409 de la última compilación, en el sentido
de que la facultad concedida al juzgador por la ley, para
condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya
procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que
debe ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los
datos que arrojen las constancias de autos para apreciar la
conducta y la lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha
hecho promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas
de veracidad o en otros actos semejantes encaminados a
entorpecer o dilatar el procedimiento contrarios a la buena fe,
y esto debe razonarse en la sentencia que imponga la
condena en costas por temeridad, es decir, no es el mero 3 Séptima época. Tercera Sala. Tesis aislada. Semanario judicial de la Federación 109-114 Cuarta parte. Materia (s): Civil. Página 40.
TOCA CIVIL 234/2015
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hecho de promoverse un juicio, hacerse promociones,
ofrecerse pruebas o interponer recursos lo que determina la
temeridad o mala fe, sino que debe examinarse si ese juicio
se promovió por quien sostiene una pretensión injusta a
sabiendas de que lo es, si las promociones, pruebas o
recursos intentados son inconducentes o en éstos se ha
faltado a la verdad, con el deliberado propósito de entorpecer
o dilatar el procedimiento; esto es, no debe examinarse el
hecho en sí, sino la intención del litigante, para determinar si
obró con el propósito de entorpecer la pronta y expedita
administración de la justicia.
De manera que, el solo hecho de contestar una demanda,
presentar promociones, ofrecer pruebas o interponer recursos, o
cualquier otra situación análoga no es lo que determina la
temeridad o mala fe.
En todo caso, debe examinarse si en ese juicio se presentó
una contestación injusta a sabiendas de que lo es, si las
promociones, pruebas o recursos intentados son inconducentes o
en éstos se ha faltado a la verdad, con el deliberado propósito de
entorpecer o dilatar el procedimiento.
Por tanto, en base a lo antes expuesto, el juez de primera
instancia estuvo en lo correcto al no condenar a XXXXXXXXXX al
pago de daños y perjuicios por falta de probidad y falta de buena
fe.
En opinión de quienes esto juzgan, con el actuar dentro del
juicio del ya referido codemandado, inclusive de su abogado
patrono, no se acredita la temeridad o mala fe que ahora les
imputa el recurrente, dado que la justificación de los elementos de
la acción por parte de su contraria no conlleva de manera directa
TOCA CIVIL 234/2015
- 44 - o necesaria a tener por acreditado que se litigó con las referidas
calidades.
Ahora, por otra parte, el apelante también reclama el pago de
gastos y costas con motivo de la condena decretada en contra de
XXXXXXXXXX, para desocupar y entregar el bien inmueble con
una superficie de XXXXXXXXXX a la sucesión demandante.
El argumento utilizado por el inconforme es fundado en
atención a que tal y como se afirma, de la sentencia combatida se
desprende que además que el juez de origen declaró la nulidad
de la escritura pública número XXXXXXXXXX de fecha
diecinueve de noviembre de dos mil diez, también condenó a
XXXXXXXXXX a desocupar y entregar a la parte actora,
XXXXXXXXXX en su carácter de albacea y heredero de la
sucesión de XXXXXXXXXX, el bien inmueble que se encuentra
afectando XXXXXXXXXX propiedad de la sucesión demandante,
en una superficie de XXXXXXXXXX.
De manera que, con motivo de tal condena impuesta en
contra de dicho demandado, en la especie ha lugar a modificar la
sentencia recurrida pues se actualiza el supuesto contenido en el
artículo 130 del Código Procesal Civil del Estado y, por tanto,
deberá condenarse a XXXXXXXXXX al pago de gastos y costas
generados en primera instancia a favor de la parte actora.
QUINTO. En virtud que el presente caso no actualiza el supuesto
previsto por el artículo 138 del Código Procesal Civil de Coahuila,
en tanto no se han emitido dos sentencias conformes de toda
conformidad, no ha lugar a hacer especial condenación en costas
en esta instancia.
Por lo expuesto y fundado en los anteriores considerandos, y
con apoyo además en los artículos 135, 136, 137, 140 y 141 de la
TOCA CIVIL 234/2015
- 45 - Constitución Política del Estado; 16, 18 y 22 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado; y 865 y 881 del Código Procesal
Civil del Estado, se concretan los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia que ha quedado
identificada en el proemio de esta resolución, para quedar como
sigue:
PRIMERO. Se declara la nulidad de la escritura pública
número XXXXXXXXXX, de fecha diecinueve de noviembre
de dos mil diez, únicamente en cuanto a la superficie de
XXXXXXXXXX metros cuadrados que se encuentran
afectando el XXXXXXXXXX propiedad de la sucesión
demandante, ello en base al cuadro de construcción y
plano presentado dentro del dictamen del perito
XXXXXXXXXX.
SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración de
nulidad parcial de la escritura pública XXXXXXXXXX, de
fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, se ordena
la cancelación de los datos registrales bajo los cuales
quedó inscrita la misma en el Registro Público de la
Propiedad, esto es la partida XXXXXXXXXX, de fecha doce
de marzo de dos mil doce, en la parte que afecten el
XXXXXXXXXX que se localiza en XXXXXXXXXX, y con las
siguientes medidas y colindancias: XXXXXXXXXX; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida
XXXXXXXXXX de fecha 31 de enero de 1958.
TERCERO. Se condena al codemandado XXXXXXXXXX a
desocupar y entregar a la parte actora XXXXXXXXXX en su
carácter de albacea y coheredero dentro del juicio sucesorio
a bienes de XXXXXXXXXX, el aludido bien inmueble con
una superficie de XXXXXXXXXX conforme al cuadro de
TOCA CIVIL 234/2015
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construcción y plano presentado dentro del dictamen
del perito XXXXXXXXXX propiedad de la sucesión
demandante, con sus accesiones y frutos civiles,
susceptibles de haber producido desde la fecha en que se
verificó el emplazamiento, esto de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 394 fracción VI, del Código
Procesal Civil del Estado; los que se liquidarán en ejecución
de sentencia, con base en la prueba pericial que al efecto
se desahogue.
CUARTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de
daños y perjuicios.
QUINTO. Se condena a XXXXXXXXXX al pago de gastos
y costas generados en esta instancia a favor de la
sucesión demandante.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE […]
SEGUNDO. No ha lugar a hacer especial condenación de costas
en esta segunda instancia.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al tenor de lo dispuesto por
el artículo 211, fracción V, del Código de Procesal Civil de
Coahuila. Con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos
originales al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad,
archívese el toca como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Pleno de la Sala
Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado integrado por los magistrados Martha Elena Aguilar
Durón, Miriam Cárdenas Cantú, Gabriel Aguillón Rosales,
Carlos Javier García Mata y Alejandro Huereca Santos, siendo
ponente el último de los nombrados, ante la licenciada María
Blanca Estela Subealdea Rodríguez, Secretaria de Acuerdo y
Trámite que autoriza y da fe. Doy fe.
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Martha Elena Aguilar Durón
Miriam Cárdenas Cantú
Gabriel Aguillón Rosales
Carlos Javier García Mata
Alejandro Huereca Santos
María Blanca Estela Subealdea
Rodríguez
En la misma fecha se fijó la resolución que antecede en la lista de
acuerdos. Conste.
La licenciada María Blanca Estela Subealdea Rodríguez, secretaria de acuerdo y
trámite de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, hago constar y certifico que, en términos de lo previsto en los artículos 27,
fracción IX, 58 y 75 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en esta versión pública se
suprime la información considerada como reservada o confidencial que encuadra en
el ordenamiento mencionado y en las disposiciones aplicables.
Este documento fue cotejado previamente con su original por el licenciado Jesús
Mata Herrera, secretario de estudio y cuenta, quien elaboró la presente versión
pública.
María Blanca Estela Subealdea Rodríguez