tipología de problemas de pobreza. · 2011-08-09 · 1.1 importancia del uso de redes el iidh ha...

Junio 2011

Noviembre, 2010

Culturas y Desarrollo en

Centroamérica

–CUDECA-

Tipología de problemas de

pobreza.

Versión validada por las

organizaciones integrantes

de la Red Incidiendo

Por: Luciana Peri Supervisión: Jaime Valverde Rojas

2

2

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1. Importancia del uso de redes 6

1.2 El concepto de red en el marco estratégico pobreza-derechos humanos 6

2. JUSTIFICACIÓN DE LA TERCERA ETAPA 10

3. CONCEPTUALIZACIÓN 13

3.1. Pobreza 13

3.2. Categorías de pobreza 15

4. CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA 21

4.1. Especificaciones metodológicas 21

4.2. Pobreza por precariedad 24

4.3. Pobreza por exclusión o exclusión por pobreza 28

4.4. Pobreza por discriminación cultural 36

4.5. Pobreza por desigualdad de género 51

4.6 .Pobreza por discriminación etaria 60

4.7 .Pobreza por discriminación por discapacidad 65

5. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 70


5.2. Generalidades 71

5.3. Desempleo 78

5.4. Hambre y desnutrición 84

3

3

5.5. Falta de agua y condiciones insalubres 91

5.6. Falta de acceso a la educación y/o exclusión del sistema educativo 93

5.7. Falta de acceso a la salud 97

5.8. Inseguridad ciudadana 103

6. CARACTERIZACIÓN POR PAÍS 111


6.2. Costa Rica 114

6.3. El Salvador 127

6.4. Guatemala 140

6.5. Honduras 149

6.6. Nicaragua 157

7. CONCLUSIONES 166

ANEXOS 173

Anexo 1: Formulario de validación enviado a las organizaciones 174

Anexo 2: Documento explicativo que acompañaba el Formulario de Validación

enviado a las organizaciones

179

Anexo 3: E-mail explicativo enviado a las organizaciones en el que se solicita la

corrección de la versión final de la caracterización por país

180

Anexo 4: Formulario de inscripción para la Red a completar por las

organizaciones en la primera fase.

182

MATRICES

Matriz Nº 1: Problemas de pobreza por precariedad 26

Matriz Nº 2: Problemas de pobreza por exclusión o exclusión por pobreza 30

Matriz Nº 3: Problemas de pobreza por discriminación cultural 37

4

4

Matriz Nº 4: Problemas de pobreza por desigualdad de género 53

Matriz Nº 5: Problemas de pobreza por discriminación etaria 61

Matriz Nº 6: Problemas de pobreza por discriminación por discapacidad 67

CUADROS

Cuadro Nº 1: Doce significados del concepto de “pobreza” 15

Cuadro Nº 2: Población por país, según condición de actividad. 2006. 77

Cuadro Nº 3: Centroamérica: fuerza de trabajo por país, según nivel educativo.

2006

83

Cuadro Nº 4: Acceso de la población a fuentes de agua y servicios de

saneamiento

93

Cuadro Nº 5: Desertores en educación primaria, por país. 2000-2006. 94

Cuadro Nº 6: Desertores en educación secundaria, por país. 2000-2006 95

Cuadro Nº 7: Gasto Público en Educación en relación al PIB, por país. 2000-2005. 96

Cuadro Nº 8: Indicadores Sociales, por país. Varios años. 97

Cuadro Nº 9: Centroamérica: Índice de Desarrollo Humano por país, 2007. 99

Cuadro Nº 10: Centroamérica: Disparidades en la salud en los grupos

especialmente vulnerables, por país.

100

Cuadro Nº 11: Centroamérica: población sin cobertura del seguro social y sin

acceso al sistema de salud. 2007.

102

Cuadro Nº 12: Índice de Desarrollo Humano por Departamentos. El Salvador.

2008.

128

5

5

l Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en su Plan Operativo

Anual 2010, ha previsto el desarrollo de un proyecto que le permita identificar

experiencias sobre el estado de la protección de determinados derechos

humanos de personas que viven en situación de pobreza en Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Esta iniciativa, impulsada desde hace dos años por el IIDH, cuenta con el apoyo financiero

del cooperante Danish International Development Agency – DANIDA y busca concretar

aspectos conceptuales sobre los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza.

Los hallazgos, compilación, análisis y debate desde esta línea de trabajo, permitirán

fortalecer las acciones encaminadas a hacer valer los derechos de las personas en

situación de pobreza y, eventualmente, servirán como herramientas para la formulación e

implementación de políticas públicas con enfoque de derechos.

Pese a las buenas prácticas por parte de los gobiernos y avances en la prestación de

servicios básicos en los países, persisten situaciones generalizadas de denigración, rechazo

E

1. INTRODUCCIÓN

6

6

o dilación en la provisión de necesidades básicas a personas por su condición de pobreza,

que impide o pone en riesgo el disfrute de sus derechos.

Es dentro de este contexto que surge la iniciativa de construir una Red Interactiva

Interamericana para Centroamérica, que permita tanto la creación de un lenguaje común

entre los grupos de interés a partir de la investigación y el diálogo, como la generación de

conocimientos sobre la dimensión de la pobreza y su vinculación al Sistema

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

1.1 Importancia del uso de redes

El IIDH ha contribuido a la conformación y mantenimiento de redes digitales, como una

forma de operar que responde a su orientación estratégica de propiciar un amplio proceso

de diálogo con sus grupos de interés, utilizando todos los instrumentos que tiene

disponibles para la acción. Actualmente participa en algunas de ellas, como la Red

Electoral Interamericana, la Red de Atención a Pueblos Indígenas (RAPI) y la Red

Iberoamericana de Escuelas Judiciales (AUSJAL).

Las redes fomentan una cultura cooperativa, la educación en derechos humanos, el

intercambio de ideas, la discusión y el análisis de los distintos temas de atención

institucional, así como la coordinación de acciones conjuntas entre el IIDH y sus

contrapartes y poblaciones meta.

1.2 El concepto de red en el marco estratégico pobreza-derechos

humanos

El Marco Estratégico 2008-2011 comprende la estrategia de generación de conocimiento

vía la investigación y el diálogo, como el modo en que el IIDH persigue crear un lenguaje

7

7

común entre los grupos de interés que pueden aportar al logro de su visión de priorizar la

dimensión de la pobreza en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos

Humanos. En este contexto, se concibe estructurar una red que:

a) A partir del establecimiento de una base electrónica permita que el tema

de la pobreza y los derechos humanos deje de ser una dimensión

circunscrita a las conferencias especializadas, para convertirse en una Red

abierta que se vuelva un sitio de gran interés y fácil acceso para grupos,

organizaciones y personas que trabajan en derechos humanos y pobreza.

De esta manera, se espera que la Red facilite:

i. Que dichos grupos de interés compartan información sobre pueblos,

comarcas y lugares donde se hayan producido, se estén

produciendo o puedan ocurrir situaciones de riesgo, derivadas de

condiciones de pobreza que afecten o puedan afectar los derechos

humanos;

ii. Que por esta información, la Red se convierta en un referente

privilegiado para conocer sobre poblaciones en situación de

pobreza y vulnerabilidad, desarrollándose:

1. “Mapas de Riesgo” por país;

2. Una tipología de categorías de problemas de pobreza; y

3. Un sistema de alarma temprana de situaciones de riesgo;

8

8

b. Generar datos y análisis que la conviertan en un medidor del progreso en

materia de la protección efectiva de los derechos humanos y en

mecanismo de supervisión en la aplicación de estándares del sistema

interamericano en la legislación nacional;

c. Facilitar a las organizaciones, grupos y comunidades para que, a través de

la Red, sistematicen aquellas acciones relevantes o buenas prácticas

adoptadas en sus lugares para señalar y prevenir situaciones de riesgo por

persistencia de abusos contra personas o grupos en situación de pobreza.

Así, se espera que la Red facilite:

i. El conocimiento de mejores prácticas que puedan servir de modelo

para un intercambio horizontal con otras comunidades o países;

ii. Un tesauro de categorías de políticas públicas; y

iii. Desarrollar indicadores de progreso en políticas públicas.

d. Hacer conciencia en la capacidad de prevención y en el poder de la

persuasión de las ONG, como lo fue antes el poder de denuncia.

Es en este marco que el IIDH inició un proceso de trabajo cuyo objetivo general ha sido el

de la conformación de una Red que contemple las características descriptas, decidiéndose

que el alcance de los objetivos específicos se realizaría mediante un proyecto que

contemplara diferentes etapas de consecución.

En la primera etapa del proyecto, desarrollada a mediados del año 2010 por la empresa

consultora Culturas y Desarrollo en Centroamérica (CUDECA), se identificaron,

caracterizaron, contactaron e incentivaron a participar las primeras integrantes de la Red,

27 organizaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Como

producto de esta etapa se elaboró un “mailing list” o “lista de contactos”, cuya dirección

9

9

electrónica es [email protected], mediante la cual se mantiene una comunicación

tripartita en la que participan las organizaciones, el IIDH y CUDECA, intercambiando

información de interés para todas las partes.

En la segunda etapa se desarrolló una tipología sobre problemas de pobreza, sentando las

bases para generar los insumos necesarios para la construcción de “mapas de riesgo” de

los países que conforman la red.

En esta tercera etapa se efectuará la validación de la tipología sobre problemas de

pobreza, actualizando el documento presentado en la segunda etapa de forma tal que

pueda considerarse al presente producto como la versión final de la tipología sobre

problemas de pobreza.

mailto:[email protected]

10

10

al como se indicó anteriormente, la tercera etapa se orienta a validar la

tipología sobre problemas de pobreza, la que busca servir de insumo para la

construcción de “mapas de riesgo” que, a través de características gráficas,

permitan visualizar, por país, los temas de alerta y las zonas vulnerables en materia de

pobreza y violación de derechos humanos.

Es en esta fase que las mismas organizaciones integrantes de la Red han validado tanto la

tipología como la información que guía la construcción de los mapas de riesgo. Este

proceso constó de diferentes pasos, a saber:

- Envío, a cada una de las 27 organizaciones, de un Formulario de Validación (Anexo

1) acompañado de un documento explicativo sobre la naturaleza de la

investigación (Anexo 2).

- Contacto telefónico con las organizaciones para brindar mayor detalle sobre la

tipología de problemas de pobreza y la importancia de su participación en el

T

2. Justificación de la

Tercera Etapa

11

11

proceso de validación. (Uso de esta instancia para actualizar los datos de contacto

de las organizaciones)

- Recepción de los formularios de validación completados por las organizaciones.

- Modificación, como resultado de la incorporación de las observaciones enviadas

por las organizaciones a través del Formulario de Validación, de información

contenida en el informe de la segunda etapa.

- Envío a las organizaciones de un e-mail explicativo (Anexo 3) acompañado del

borrador de la versión final de la tabla de caracterización por país en la que se

contemplaban las observaciones por ellas enviadas, dándoles la posibilidad de

efectuar nuevas correcciones

- Recepción de las correcciones finales de las organizaciones.

- Actualización del documento original.

La etapa de validación permitió someter a prueba la tipología de problemas de pobreza y

brindó información más detallada sobre la ubicación de las poblaciones con las que

trabajan las organizaciones para delimitar aún más el componente gráfico de los mapas de

riesgos.

La información generada por esta investigación busca convertir a la Red en un referente

privilegiado para conocer sobre poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad en la

región centroamericana.

Considerando que la Red cuenta con dos ejes de acción, que son la prevención y la

generación de conocimiento, tanto las categorías de problemas de pobreza como los

mapas de riesgo facilitarán el alcance de sus objetivos, a saber:

Objetivos generales:

- Fortalecimiento del sistema de indicadores de progreso en derechos humanos en

contextos o poblaciones en condiciones de pobreza.

12

12

- Incorporación del enfoque de derechos en el desarrollo de estrategias para la

formulación de políticas públicas que permitan a la población en condiciones de

pobreza el ejercicio de una ciudadanía plena y la opción de un proyecto de vida

digna.

Objetivos específicos:

- Identificar buenas prácticas de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos con

perspectiva de derechos.

- Fortalecer el sistema de indicadores de progreso en derechos humanos en

contextos o poblaciones en condiciones de pobreza.

13

13

n este apartado se realizará una discusión teórica sobre el tema de pobreza y

derechos humanos, con el fin de precisar los elementos conceptuales que

contribuyan a definir la tipología sobre problemas de pobreza.

3.1. Pobreza

El concepto de pobreza (inevitablemente ligado a su forma de medición) responde a una

caracterización controvertida, por lo que a la hora de utilizarlo es necesario explicitar el

marco conceptual sobre el que se trabajará.

Siguiendo el enfoque del IIDH expuesto en su publicación Pobreza y Derechos Humanos:

hacia la definición de parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del Sistema

Interamericano (2010), se remarca el consenso existente sobre el carácter

E

3. Conceptualización

14

14

multidimensional del fenómeno y se sintetizan los dos enfoques respecto al concepto de

pobreza, el conservador y el progresista1:

El primero define la pobreza como un fenómeno básicamente individual y utiliza

los indicadores de necesidades e ingreso para su medición. Desde este punto de

vista, un individuo es pobre porque no quiere trabajar o por actitudes que

denotan poco interés en progresar. Por los indicadores de pobreza asociados a

esta concepción, concluye que se es pobre cuando la persona “no alcanza un

determinado umbral de ingreso o cuando presenta alguna de cinco necesidades

consideradas socialmente como básicas”2. La concepción progresista de la

pobreza, en contraste, considera que la pobreza es un fenómeno social-

estructural con efectos colectivos que impide tanto a los individuos como a las

colectividades, llevar una vida digna 3

El IIDH define su posicionamiento institucional, según el cual la pobreza no es solo una

cuestión de privaciones materiales sino que es un fenómeno vinculado a la reducción de

las capacidades para llevar una vida que todos consideramos deseable, expresándose su

multidimensionalidad en: la pobreza física, la pobreza social, la capacidad reducida a gozar

las libertades, el trauma acumulado y, por supuesto, la pobreza económica. A su vez se

entiende que el concepto de pobreza integra tres postulados básicos:

La pobreza denigra la dignidad de la persona.

La pobreza es una construcción social.

Existe una relación de interdependencia entre pobreza y violación de derechos

humanos.

1 Pérez Murcia, Luis Eduardo (2008). Pobreza, derechos humanos y políticas sociales. San José: Instituto

Interamericano de Derechos Humanos. 2. Se trata de: pisos, techos y/o paredes de la vivienda inadecuados; falta de servicios públicos; inasistencia escolar; hacinamiento crítico *…+; y dependencia económica. (Pérez-Murcia, 2010: 2). 3 Citado en IIDH (2010). Pobreza y Derechos Humanos: hacia la definición de parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del Sistema Interamericano. Pág. 18-19. San José: IIDH.

15

15

Dentro de la propuesta general del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el

análisis de la relación existente entre pobreza y derechos humanos radica en “contribuir a

fortalecer sistemas políticos en que la norma sea que los individuos y grupos humanos,

por una parte, puedan participar en la definición y ejercicio del poder político y cuenten

con la posibilidad real de ejercer sus derechos humanos, y que los gobiernos, por la otra,

satisfagan adecuadamente las necesidades de su población y respondan a sus demandas,

disminuyan la pobreza y las desigualdades sociales, y trabajen efectivamente con

apropiaciones presupuestarias suficientes, reduciendo así la desigualdad que hoy por hoy

es la afrenta más grave a los derechos fundamentales” 4

En consonancia con las líneas expuestas la tipología de categorías de pobreza se propone

para su diseño desde una perspectiva de derechos, en la que se entiende el término desde

el enfoque progresista y se incorporan los postulados establecidos por el IIDH.

3.2. Categorías de pobreza

En la publicación citada5, el actual Director Ejecutivo del IIDH, Roberto Cuéllar, basado en

el análisis de varios autores, elabora cuatro categorías y doce significados del concepto de

pobreza6:

Cuadro Nº 1

Doce significados del concepto de “pobreza”

Categoría Significado Definición

4 Citado en IIDH (2010). Pobreza y Derechos Humanos: hacia la definición de parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del Sistema Interamericano. Pág. 2. San José: IIDH. 5 IIDH (2010). Pobreza y Derechos Humanos: hacia la definición de parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del Sistema Interamericano. Pág. 20-21. San José: IIDH 6 Elaboración de Roberto Cuéllar, basado en: Paul Spicker (2009). Definiciones de pobreza: doce grupos de

significados. In P. Spicker, S. A. Leguizamón & D. Gordon (Eds.), Pobreza: un glosario internacional (pp. 291-306). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, pp. 292-300); Luis Eduardo Pérez Murcia (2008). Pobreza, derechos humanos y políticas sociales. San José (Costa Rica): Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008.

16

16

Categoría Significado Definición

Pobreza como

concepto material

Necesidad

Existe un “núcleo de necesidades básicas” y de otras carencias (bienes y servicios) que cambian en el espacio y tiempo. La pobreza es una privación de bienestar físico y mental por falta de recursos económicos. Puede ser absoluta o relativa.

Patrón de privaciones

No toda necesidad equivale a pobreza: para aprehender mejor el fenómeno se debe analizar el tipo de necesidad, la duración de la privación, y el efecto agregado a largo plazo de múltiples privaciones temporales.

Limitación de recursos

La pobreza refiere a la falta de recursos para adquirir bienes que se necesitan. La ONU la ha definido como “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios” (ONU, 1995: 57).

Pobreza como

situación económica

Nivel de vida

Según la OIT, un individuo o familia es pobre cuando sus ingresos o consumo (el “nivel de vida”) está por debajo de un estándar que Rowntree llamaría “el mínimo decente”. El Banco Mundial califica de pobre a todo aquel incapaz de alcanzar el “nivel de vida mínimo”.

Desigualdad

Un individuo es pobre cuando está en desventaja con respecto a otros. Cierto grado de desigualdad lleva a que individuos tengan niveles de vida inferiores a lo “aceptable”. La desigualdad acarrea pobreza cuando la distancia económica entre los más ricos y los más pobres sobrepasa el “nivel crítico”.

Posición económica

Los pobres son una clase social: desde un ángulo Marxista, se trata de los marginados de la propiedad de los medios de producción; desde la perspectiva Weberiana, son los excluidos o dependientes económicamente.

Pobreza como

condiciones sociales

Clase social Los roles sociales están intrínsecamente ligados a la noción de clase social (esta concepción estigmatiza y condena la pobreza, por lo que ha sido criticada).

Dependencia El pobre es dependiente de los servicios sociales.

Carencias de seguridad básica

Una “carencia de seguridad básica” puede ser vista como una “necesidad”, aunque también como una “vulnerabilidad”. Sin embargo, no existe relación directa entre pobreza y vulnerabilidad.

Ausencia de titularidades

La falta de vivienda, por ejemplo, no refiere a la ausencia de casas, sino a la falta de acceso a un domicilio digno. Los que tienen “titularidades” (acceso a bienes y servicios) no son pobres.

Exclusión

En el paradigma de la exclusión, la pobreza se define como una serie de relaciones sociales que impiden a los excluidos tener una participación “normal”. No se habla solo de privación, sino también de estigmatización y de rechazo social.

Pobreza como juicio moral

La pobreza es una privación severa que rebasa límites moralmente aceptables. Su definición implica entonces un juicio de valor, por lo que se dificulta alcanzar consensos con respecto al significado del concepto.

17

17

Por su parte Byron Barilla (2010), en su publicación Pobreza: El rostro pálido de los

derechos humanos retoma la propuesta de Cuéllar ofreciéndonos su lectura de las dos

primeras categorías:

1) Pobreza como concepto material: Necesidades humanas básicas insatisfechas,

carencia de bienes por falta de ingresos o recursos para adquirirlos (carencias materiales).

Con la noción de carencias materiales suelen ser relacionados los conceptos de

desigualdad o inequidad, referidos a situaciones que comparan las brechas entre grupos o

estratos socioeconómicos diferentes (ricos y pobres), quienes se apropian de manera

desigual de recursos y satisfactores7 al punto de sobrepasar niveles críticos de lo

aceptable.

2) Pobreza como situación económica: Falta de acceso a servicios públicos básicos y

para el desarrollo de la persona (privación de servicios). Esta acepción si bien es atinente a

la carencia de recursos económicos para adquirir servicios, lo es también a la privación de

servicios públicos básicos gratuitos o a muy bajo costo que el estado está obligado a

brindar y que redunda en exclusión8.

El trabajo desarrollado por Barilla (2010) se centra en “Desarrollar una investigación a

partir del periodismo investigativo que permita (…) hacer una primera aproximación a una

tipología de categorías de pobreza y sus vínculos con los derechos humanos (…)”9, por lo

que el autor, a instancias de una recreación de los conceptos de pobreza identificados

desde el IIDH y tomando en cuenta elementos definitorios del concepto formulado por el

Comité DESC de Naciones Unidas, propone 4 tipos de pobreza:

7 Citado en Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 53. San José: Instituto

Interamericano de Derechos Humanos: López Arellano, Oliva. Desigualdad, pobreza, inequidad y exclusión. Diferencias conceptuales e implicaciones para las políticas públicas. UAM, México. En: http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/hp-xi-taller04-pres-lopez-arellano.pdf 8 Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 53. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 9 Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 2. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

18

18

Pobreza por precariedad:

Por simple definición, la precariedad está referida a falta de los recursos y medios

económicos suficientes (ingresos)10. Se entiende por lo mismo que esa precariedad es

material y propicia pobreza porque impide a las personas o familias adquirir los bienes de

consumo necesarios para vivir dignamente. Los bienes agrupados bajo ese paraguas son

especialmente, alimentación, vestido y vivienda, aunque la definición más amplia incluye

la adquisición de servicios básicos.11

Pobreza por exclusión o exclusión por pobreza:

Se configura por la privación de servicios públicos básicos (especialmente educación,

salud, disposición de agua potable y energía eléctrica) cuya negación o imposibilidad de

acceso, regularmente articulada a la precariedad e incluso independiente de ella,

interviene como fuente de pobreza y extrema pobreza o la perpetúa.

Valga denotar, que no es lo mismo exclusión por pobreza, que pobreza por exclusión. En

la primera figura se trata de personas o grupos de pobres que son excluidos de algún

beneficio del que otros gozan, por el hecho de ser pobres. En la segunda figura, la pobreza

es una consecuencia de la exclusión, es decir, en donde la exclusión sistemática de

beneficios o servicios públicos para las personas (regularmente grandes contingentes)

conduce paulatinamente a su empobrecimiento y de ese modo, produce violaciones a una

serie de derechos básicos y fundamentales.

Parece traslucirse que las manifestaciones de pobreza en términos de ´precariedad y por

exclusión´, se diseminan como estructuras vivenciales de opresión institucionalizada, 10

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 11

Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 54. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

19

19

siendo pues, de corte estructural; toda vez provienen de las pocas oportunidades o no

acceso al empleo que padecen grandes contingentes de población dentro del sistema

económico y los servicios públicos que el Estado tiene el deber de proporcionar como

parte de su función social para aminorar las desigualdades creadas por la relaciones

productivas y el mercado. Por sus características, dichos conceptos son infalibles para la

comprensión de los otros conceptos específicos que se proponen y como tales urden su

construcción.12

Pobreza por discriminación cultural:

Parte de la premisa, que la discriminación opera como un factor que otorga singularidad a

la impronta que conlleva el ejercicio de derechos colectivos (usualmente en América

Latina se cifran en poblaciones indígenas y afrodescendientes) y es concomitante ante

todo de la exclusión. Aunque no es la única repercusión, la discriminación étnico-cultural

repercute en pobreza, toda vez, la condición de pueblo culturalmente diferenciado en

lugar de propiciar una atención especial del Estado, por la vulnerabilidad que tal condición

supone, lo expone a la invisibilización ante el poder de la cultura dominante, a la

marginación del desarrollo y la participación política democrática. La marginación de los

beneficios y servicios públicos, son las principales variables que materialmente producen o

acentúan el estado de pobreza de estas poblaciones, en donde se conjuga discriminación

con exclusión.

Debe acotarse que en el terreno de los derechos humanos, este concepto tiene

implicaciones prácticas para apelar a su justiciabilidad, se sabe o percibe en múltiples

ocasiones que la exclusión dimana de medidas o comportamientos institucionales

discriminatorios, pero es relación es fácil de demostrar.13

12 Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 54-55. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 13 Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 55. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

20

20

Pobreza por desigualdad de género

Con la categoría de género comenzó a explicarse cómo la diferencia biológica se convierte

en desigualdad económica, social y política, entre hombres y mujeres14. Se asume

entonces, que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder… dado

que su construcción propicia una distribución desigual de conocimientos, propiedad e

ingresos, responsabilidades y derechos entre mujeres y hombres, el género estructura

unas relaciones asimétricas de poder entre ambos (Young, Scott y otras)15. Lo otro a

destacar de esas relaciones asimétricas de poder, es que se atribuyen como derivaciones

de acuerdos institucionales gestados en instituciones sociales como el hogar, el mercado,

el Estado y la comunidad, los cuales proporcionan a los hombres, más que a las mujeres,

una mayor capacidad para movilizar reglas y recursos institucionales que promuevan y

defiendan sus propios intereses (Naila Caber, 1994)16.

Se postula entonces, que la institucionalización de esas asimetrías deviene en pobreza

para aquellas mujeres ubicadas en empleos u subempleos de muy bajo ingreso, como es

el caso del grueso de mujeres insertas en el sector informal, que en su mayoría son jefas

de hogar y cargan con la responsabilidad económica familiar, desigualdad que interviene

como agravante de su precariedad material y a la cual se suman dispositivos de exclusión

institucionalizados para mujeres y hombres de ese sector laboral.17

14

Clara Murgialday. Categoría de género. Diccionario de Cooperación Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 2005-2006. Citando a Teresita de Barbieri, 1992. 15

. Citado por Murgialday. 16

.Idem. 17 Barilla, Byron (2010). El rostro pálido de los derechos humanos. Pág. 55-56. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

21

21

na vez definidos los conceptos principales y expuestas las categorías de

pobreza es que se puede entrar de lleno en la configuración de la tipología ya

no de la pobreza en sí misma, sino en la de los problemas que esta genera y

por los que, a su vez, es generada o perpetuada. Es importante resaltar nuevamente que

la misma será creada desde una perspectiva de derechos también en su significado más

concreto, es decir, que se relacionarán los problemas identificados con aquellos derechos

que velan por su cumplimiento dentro del sistema internacional y regional de los derechos

humanos.

4.1. Especificaciones metodológicas

Tomando como base las categorías de Barilla (2010) se procederá a identificar dentro de

cada una de ellas los problemas relacionados con la pobreza. Los apartados subsiguientes

del presente capítulo serán definidos por la categoría de pobreza, y cada uno de ellos

comenzará con una descripción narrada de las problemáticas contenidas.

U

4. Categoría de

Problemas de Pobreza

22

22

La sistematización de la tipología de problemas de pobreza se realizará a partir de una

matriz que contendrá información sobre las categorías de pobreza definidas por Barilla

(Columna 1: Categoría de pobreza), el problema identificado como central por el autor

(Columna 2: Principal problema), la desagregación del problema central en categorías de

problemas de pobreza (Columna 3: Categorías de problemas de pobreza), la descripción

de varios derechos que garantizan la situación contraria a la vivida como problemática por

gran parte de las poblaciones en situación de pobreza (Columna 4: Descripción), los

instrumentos universales o regionales en los que se contempla la garantía descripta

(Columna 5: Instrumento internacional o regional), así como los artículos específicos de los

instrumentos nombrados (Columna 6: Artículo/s). Existen tres categorías de pobreza

(Exclusión, Discriminación Cultural y Desigualdad de Género) que por su contenido

permitieron la incorporación de una séptima Columna en la que se pueden consultar

aquellas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se hace

referencia o inclusive se declara la violación específica del/los Artículo/s contemplados en

la Columna 6, en su mayor parte relacionados con el Pacto de San José (Columna 7:

Sentencias de Fondo de la Corte IDH)

Resulta necesario aclarar que las columnas descripción, instrumento, artículo y sentencias

son herramientas que funcionan como guía del lector en lo que a normativa y

jurisprudencia se refiere, sin embargo, no pretenden ser una investigación jurídica, por lo

que NO se enumeran de forma exhaustiva todas las regulaciones/sentencias existentes

para cada uno de los derechos violados identificados.

Tal y como podrá observarse, dentro de las categorías de pobreza por discriminación

cultural y pobreza por desigualdad de género, se identifican a indígenas, migrantes,

afrodescendientes y mujeres como poblaciones en situación de particular vulnerabilidad,

que cuentan con un sistema de protección especial de sus derechos dados los exclusivos

escenarios de riesgo a las que se ven enfrentadas. No obstante, reconocemos la existencia

23

23

de otras poblaciones que no se encuentran particularizadas pero que se enfrentan a

situaciones de igual nivel de desprotección, nos estamos refiriendo a niños, niñas y

adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; campesinado y

personas privadas de libertad.

Respecto a niños, niñas y adolescentes, así como a la población de la tercera edad, se

decidió agregar una nueva categoría de pobreza que se denominó “pobreza por

discriminación etaria”.

En lo que a personas con discapacidad se refiere se agregó la categoría “pobreza por

discriminación por discapacidad”.

La justificación de estas adiciones así como la categorización de sus problemas se

encuentran en los apartados específicos.

En relación a campesinos/as y privados/as de libertad se considera que se encuentran

totalmente contemplados en las categorías existentes ya que a estos grupos se les niegan

derechos por precariedad y/o exclusión, así como también podemos encontrar casos en

los que se sume la discriminación cultural y/o de género, pensando por ejemplo en el caso

de una mujer indígena campesina en situación de pobreza. Por su parte, también cuentan

con sistemas de protección especial, como ser las Reglas Mínimas para el Tratamiento de

los Reclusos18; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos19; o bien el

artículo 14 de la CEDAW en el que se hace especial referencia a los derechos de la mujer

rural, los que se verán reflejados en las categorías establecidas.

18

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 19

Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.

24

24

4.2. Pobreza por precariedad.

La pobreza por precariedad se define como el impedimento de las personas de adquirir los

bienes de consumo básicos que le permitan vivir dignamente. La normativa internacional

y regional de los derechos humanos no solo garantiza y protege el derecho a la vida, sino

que en varios instrumentos se resguarda específicamente el derecho a la vida digna.

Si bien consideramos que el alimento, la vivienda y el vestido no son elementos suficientes

como para asegurar (por su tenencia o carencia) si una persona tiene o no una vida digna

sí son elementos necesarios para poder realizar tal juicio. En el párrafo 1 del Artículo 25 de

la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que “toda persona tiene

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (…) en especial la alimentación, el

vestido, la vivienda (…)” y en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC) los Estados Partes “(…) reconocen el

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (…) incluso alimentación, vestido y

vivienda adecuados (…)”, reconociendo específicamente en el párrafo 2 el derecho

fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre, al igual que el Artículo

12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en el

que se establece el derecho a la alimentación.

Hay que tener en cuenta que si existen personas que no pueden ADQUIRIR los bienes de

consumo básicos (ya sea por desempleo, invalidez, etc.) es el mismo Estado el ente

responsable de garantizarlos: “Toda persona tiene (…) derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”20

20

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25, párrafo 1.

25

25

Apegándonos a la definición, no será incluido en pobreza por precariedad el acceso a los

servicios básicos, limitándonos exclusivamente a los problemas relacionados con la

adquisición o no de BIENES de consumo básicos. Ahora bien, la posibilidad de adquisición

de bienes se encuentra directamente relacionada con la posibilidad de ejercer un trabajo

mediante el cual se perciban ingresos que permitan el consumo, por lo que se considerará

la falta de trabajo como el principal generador de la pobreza por precariedad,

identificándoselo como unos de los problemas de esta categoría. Debemos recordar que

el derecho al trabajo no solo contempla el poseerlo o no, sino que además “(…)

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (…)”21, y el ganarse la vida implica

“(…) condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (…)

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias (…)”22. El derecho al trabajo

y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias también se encuentra contemplado

en el Protocolo de San Salvador, en sus Artículos 6 y 7.

En este punto no debemos olvidar la particularidad de la población campesina para la que

el empleo se encuentra directamente relacionado con la posibilidad de poseer o no tierra

para trabajar así como los recursos para poder hacerlo.

21

PIDESC: Art. 6, párrafo 1. 22

PIDESC: Art. 7, inciso ii.

26

Matriz N° 1: Problemas de pobreza por precariedad CATEGORÍA DE POBREZA

PRINCIPAL PROBLEMA

CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO INTERNACIONAL O REGIONAL

ARTÍCULO/S

Pobreza por precariedad

Impedimento de las

personas de adquirir los bienes de consumo

básicos que le permitan vivir dignamente

Desempleo

Derecho a trabajar

Declaración Universal de Derechos Humanos

Art. 23, Párrafo 1

PIDESC Art. 6

Protocolo de San Salvador Art. 6

Malas condiciones de empleo

Condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias, como ser:

Salario equitativo y digno, seguridad e higiene del lugar de trabajo, igualdad de acceso de oportunidades, jornada laboral regulada, vacaciones pagas, tiempo de descanso,

libertad sindical, seguridad social.


Art. 23 Art. 24

PIDESC Art. 7

Protocolo de San Salvador

Art. 7

Falta de acceso a la tierra Derecho de los/as campesinos/as a la tierra No goza de protección específica

Falta de acceso a los recursos para producir y reproducir la

unidad familiar

Derecho de los/as campesinos/as a los recursos

para producir y reproducir la unidad familiar No goza de protección específica

Hambre y/o desnutrición

Derecho a la seguridad alimentaria y nutricional


Art 25, párrafo 1

PIDESC Art. 11, párrafos 1 y

2.


Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.

PIDESC Art. 12


Carencia de medios para adquirir ropa

Derecho al vestido


Art. 25, párrafo 1

PIDESC Art. 11, párrafo 1

Sin techo Derecho a la vivienda


Art. 25, párrafo 1

PIDESC Art. 11, párrafo 1

Viviendas precarias

Derecho a una vivienda adecuada: Seguridad jurídica de la tenencia;

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; Gastos

Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales Art. 8

27

Matriz N° 1: Problemas de pobreza por precariedad CATEGORÍA DE POBREZA

PRINCIPAL PROBLEMA


DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO INTERNACIONAL O REGIONAL

ARTÍCULO/S

soportables; Habitabilidad; Asequibilidad; Lugar; Adecuación cultural

Desempleo

Derecho a trabajar Declaración Universal de Derechos

Humanos Art. 23, Párrafo 1

28

28

4.3. Pobreza por exclusión o exclusión por pobreza

En esta categoría el problema central radica en la falta de acceso a servicios públicos

básicos: “Cuando hablamos de servicio público nos referimos a la prestación esencial que

cubre necesidades públicas o de interés comunitario, que explicita las funciones del

Estado, de ejecución per se o por terceros, mediando concesión, licencia, permiso,

autorización o habilitación, pero siempre bajo fiscalización estatal. Es decir, puede tratarse

de la provisión de agua, luz, gas, teléfonos, como de la prestación de servicios de

educación, salud, transporte, seguridad” 23

En el Protocolo de San Salvador, en su Artículo 11, se asegura el derecho de toda persona

de contar con servicios públicos básicos, pero no se especifican los servicios regulados por

este derecho.

En los países centroamericanos no se encuentra instalada la infraestructura necesaria para

la provisión del servicio de gas, lo que se debe a que aquellas funciones cubiertas por este

elemento en otras sociedades (principalmente calentamiento del agua, cocción de

alimentos y calefaccionamiento de los hogares) en estos países se encuentran cubiertas

por la utilización de la leña o la provisión de energía eléctrica (duchas, cocinas y

calentadores eléctricos), por lo que indudablemente la provisión de energía eléctrica (ya

no solo con la única finalidad de brindar luz) es un servicio público básico.

El derecho a las telecomunicaciones aún no ha sido considerado como un derecho

humano, sin embargo para los fines de la presente tipología se considerará el servicio de

telecomunicaciones como un servicio público básico que los estados deben garantizar ya

que la falta de acceso a las mismas se transforma en un impedimento para el disfrute de

otra serie de derechos, como ser el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del

23

DROMI, Roberto (2004). Derecho Administrativo. 10ª edición. Pág. 823. Buenos Aires – Madrid: Ciudad Argentina.

29

29

progreso científico y tecnológico24, lo que resulta, por ejemplo, en una menor

competitividad en el mercado laboral, perpetuando de esta forma la situación de pobreza.

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución del 26 de Julio del 2010

“Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial

para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”25.

Es interesante destacar que el mencionado Artículo 11 del Protocolo de San Salvador se

titula “Derecho a un Medio Ambiente Sano”, por lo que no hay que olvidar que la

provisión de los servicios públicos nombrados satisfacen un fin social que

indefectiblemente se encuentra interrelacionado con uno medioambiental, por lo que

entre aquellos problemas de pobreza derivados de la prestación o no de estos servicios se

considera también el pertenecer o no a un medio ambiente sano.

Pasando al segundo grupo de servicios identificados en la definición utilizada, los derechos

a la educación, la salud y la seguridad se encuentran ampliamente contemplados por

instrumentos internacionales y regionales. Un servicio público básico no considerado pero

que será por nosotros incluidos es el referido a la justicia.

Finalmente, la falta de prestación del servicio de transporte será también considerada

como uno de los problemas de pobreza por exclusión.

24

Protocolo de San Salvador: Art 14.1.b. PIDESC: Art 15.1.b. Declaración Universal de Derechos Humanos: Art 27.1 25

ONU. Resolución sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. A/64/l.63/Rev.1. 26 de Julio de 2010.

30

.

Matriz N° 2: Problemas de Pobreza por exclusión o exclusión por pobreza

CATEGORÍA DE POBREZA

PRINCIPAL PROBLEMA


DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO

INTERNACIONAL O REGIONAL

ARTÍCULO/S

SENTENCIAS DE FONDO CORTE IDH

Pobreza por exclusión o

exclusión por pobreza

Falta de acceso a servicios públicos básicos

Falta de agua/Mala calidad del agua (de aquí se derivan

enfermedades varias, condiciones insalubres, etc.)

Derecho al agua potable

ONU. Resolución sobre el derecho humano al

agua y al saneamiento. A/64/l.63/Rev.1. 26 de

Julio de 2010.

Artículo 1

Falta de acceso a energía eléctrica

Derecho a servicios públicos básicos


Artículo 11, párrafo 1

Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de nuevas tecnologías (de aquí se derivan problemas a la hora de conseguir trabajo, bajos salarios

por falta de capacitación, dificultad a la hora de ejercer el

derecho a la educación por la desventaja frente a personas con

estas herramientas, etc)

Derecho a beneficiarse del progreso científico y sus

aplicaciones



PIDESC Artículo 15, párrafo 1, inciso b.


Art. 14, párrafo 1, inciso b.

Ambiente insalubre

Derecho a un medio ambiente sano


Artículo 11

Derecho a un medio de calidad

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente Humano

Principio 1

Obligación de los Estados del mejoramiento del medio

ambiente PIDESC

Artículo 12, párrafo 2,

inciso b

Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales

Si un desastre es previsible y el Estado puede evitar las amenazas

consiguientes a la vida y la

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Caso Budayeva y otros

31



PRINCIPAL PROBLEMA




ARTÍCULO/S


propiedad, debe tomar las medidas relativas al derecho a la

vida y/o a la protección de la privacidad y la propiedad.

vs. Rusia. Nº 15339/02.

Falta de acceso a la educación o exclusión del sistema educativo

Derecho a la educación



PIDEC Artículo 13,

párrafo 1



Analfabetismo o bajos niveles de educación

Obligación de los Estados de ofrecer escuela primaria gratuita

y educación secundaria y superior accesible



PIDEC Artículo 13,

párrafo 2



Obligación de los Estados de fomentar la educación

fundamental para aquellas personas que no la hayan

recibido.

PIDESC Artículo 13, párrafo 2,

inciso e



inciso d

Falta de acceso a la información Derecho a buscar, recibir y

difundir información


Artículo 19

PIDCP Artículo 19,

párrafo 2

Pacto de San José Artículo 13,

párrafo 1

Ivcher Bronstein Vs. Perú Manuel Cepeda Vargas Vs.

Colombia Kimel vs. Argentina

Ríos y otros, Perozo y otros y

32



PRINCIPAL PROBLEMA




ARTÍCULO/S


Usón Ramírez Vs. Venezuela Masacre plan de Sánchez y Caripo Nicolle y otros Vs.

Guatemala Tristán Donoso Vs. Panamá

La última tentación de Cristo, Claude Reyes y otros y

Almonacid Arellano y otros Vs. Chile

Herrera Ulloa vs Costa Rica Ricardo Canese Vs. Paraguay Gomes Lund y otros Vs. Brasil

Gelman vs. Uruguay

Derecho a saber lo que los gobiernos están haciendo

Comisión de Derechos Humanos de Naciones

Unidas

Resolución 1998/42, 17 de Abril de

1998. Sección 2

Falta de acceso a la salud Derecho a la salud



PIDESC Artículo 12,

párrafo 1



Mortinatalidad y Mortalidad infantil

Obligación de los Estados de reducir la mortinatalidad y

mortalidad infantil PIDESC

Artículo 12, párrafo 2, inciso a.

Derecho de la infancia a cuidados y asistencia especiales



Derecho de la infancia a cuidados Declaración Universal de Artículo 25,

33



PRINCIPAL PROBLEMA




ARTÍCULO/S


y asistencia especiales Derechos Humanos párrafo 2

Desprotección frente a enfermedades infecciosas

Obligación de los Estados de la total inmunización contra las

principales enfermedades infecciosas


Artículo 10, párrafo 2, inciso c.

Falta de cobertura de la asistencia médica

Obligación de los Estados de asegurar cobertura a todos sus

habitantes

PIDEC Artículo 12, párrafo 2,

inciso d



incisos a y f.

Inaccesibilidad Derecho al transporte Protocolo de San

Salvador Art. 11,

párrafo 1

Inseguridad Derecho a la seguridad de la

persona


Artículo 3

PIDCP Artículo 9, párrafo 1.

Pacto de San José Artículo 7, párrafo 1

Referencia en la sentencia Gómez Palomino y García Asto y

Ramírez Rojas Vs. Perú Masacre de Mapiripán y Masacres de Ituango Vs.

Colombia Blanco Romero y otros Vs.

Venezuela Niños de la Calle, Bámaca

Velásquez, Maritza Urrutia y Chitay Nech y otros Vs.

Guatemala Tibi y Chaparro Álvarez y Lapo

Íñiguez Vs. Ecuador.

34



PRINCIPAL PROBLEMA




ARTÍCULO/S


Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs

Bolivia. Yvon Neptune Vs. Haití

Detenciones arbitrarias Derecho a la libertad personal y a no sufrir detenciones arbitrarias


Artículo 9

PIDCP Artículo 9, párrafo 1

Pacto de San José Artículo 7, párrafos 1,

2 y 3

Prácticamente la mitad de las sentencias

Trato discriminatorio por parte de las instituciones públicas gubernamentales (tipo de

gestión, requisitos y accesibilidad condicionantes)

Obligación de los Estados de considerar la diversidad poblacional a la hora de

planificar, implementar y gestionar políticas públicas

No goza de protección específica

Trato discriminatorio por parte del sistema judicial

Igualdad de derechos de todas las personas frente a los tribunales


Artículos 7, 8, 10 y 11

PIDCP Artículo 9, párrafos 2,

3 y 4

Pacto de San José

Artículo 7, párrafos 4,

5 y 6 Artículo 8

Prácticamente la totalidad de las sentencias (menos 26) declaran

la violación del artículo 8 En el ejercicio de su función contenciosa, la Corte IDH ha efectivamente relacionado el

artículo 8 al 25 reiteradas veces.

Obligación de los Estados a asegurar que, cuando bajo situaciones excepcionales,


Pacto de San José Artículo 27, Zambrano Vélez y otros Vs.

35



PRINCIPAL PROBLEMA




ARTÍCULO/S


invoquen supresión de garantías, no entrañen discriminación por

condición social.

párrafo 1 Ecuador

36

36

4.4. Pobreza por discriminación cultural

El principal problema que surge de este tipo de pobreza es el de la marginación de los

servicios públicos, pero en este caso no estamos hablando únicamente de exclusión frente

a su acceso, sino también de servicios que no están preparados para abarcar las

diferencias culturales existentes en un Estado.

Barilla (2010) nos habla de la invisibilización ante el poder de la cultura dominante, así

como de la marginación del desarrollo y la participación política democrática a las que se

ven sometidas estas poblaciones, transformándose en nuevas situaciones generadoras-

perpetuadoras de condiciones de pobreza.

Además de que los derechos humanos se basan en la igualdad de todas las personas, sin

distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, existe

la protección específica frente a situaciones de discriminación cultural emanada de

instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de

Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias y de la Convención Internacional sobre

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.26

26

Todas del Sistema de Naciones Unidas.

37

Matriz N° 3: Problemas de pobreza por discriminación cultural


PRINCIPAL PROBLEMA



INTERNACIONAL O REGIONAL ARTÍCULO/S


Pobreza por discriminación

cultural

Marginación de servicios públicos, del desarrollo y

de la participación

política

Educación discriminatoria

Derecho a educación sin discriminación




párrafo 1

Protocolo de San Salvador Artículo 13,

párrafo 1

Convención sobre la protección de los trabajadores migratorios

Artículo 30

Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas


Convención sobre la eliminación de la discriminación

racial

Artículo 5, párrafo e, inciso v.

Artículo 7

La educación debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos




párrafo 1

Protocolo de San Salvador Artículo 13, párrafo 2.


racial Artículo 7

Convención sobre los derechos del niño


incisos b, c y d.

Derecho a la educación en su propia cultura e idioma



Exclusión y extinción Derecho de toda persona a participar en la Declaración Universal de Artículo 27,

38



PRINCIPAL PROBLEMA





cultural vida cultural de la comunidad Derechos Humanos párrafo 1

PIDESC Artículo 15, párrafo 1, inciso a.

Protocolo de San Salvador Artículo 14, párrafo 1,

inciso a


Artículo 43, párrafo 1, inciso g.

Artículo 45, párrafo 1, inciso d.


racial

Artículo 5, párrafo e, inciso vi.

Obligación de los Estados de la conservación, el desarrollo y la difusión de

la cultura


párrafo 2


párrafo 2

Derecho de las minorías a tener su propia vida/identidad cultural

PIDCP Artículo 27





Artículo 30

Derecho de los pueblos indígenas a que sus costumbres se reflejen en la educación y la

información pública



Obligación de los Estados de asegurar que Declaración sobre los derechos Artículo 16,

39



PRINCIPAL PROBLEMA





los medios de información reflejen la diversidad cultural indígena

de los pueblos indígenas párrafo 2.

Derecho a no ser sometidos a asimilación forzada o desaparición de su cultura



Derecho de los pueblos indígenas a proteger sus lugares culturales



Obligación de los estados de prohibir toda apología del odio nacional o racial

PIDCP Artículo 20,

párrafo 2


párrafo 5

Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala



inciso d


Artículo 8, párrafo 2, inciso e.

Desaparición de lenguas

Derecho de las minorías a emplear su propio idioma

PIDCP Artículo 27


Artículo 30

Derecho de los pueblos indígenas a transmitir a generaciones futuras su idioma



Obligación de los estados de prohibir toda apología del odio por motivo de idioma


párrafo 5

No se encontró sentencia así de

explícita

Despojo de conocimientos

Derecho de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural, conocimientos

tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones

de sus ciencias, tecnologías y culturas


Artículo 11,

párrafo 2 Artículo 31

Discriminación en la esfera de la salud

Derecho a recibir atención médica urgente Convención sobre la protección de los trabajadores migratorios

Artículo 28

40



PRINCIPAL PROBLEMA





Derecho de acceso sin discriminación a los servicios de salud y seguridad social



Derecho a la salud, la asistencia médica, la seguridad social, y los servicios sociales


racial

Artículo 5, inciso e, iv.

Derecho de los pueblos indígenas a participar en la elaboración de los

programas de salud que les conciernan y a administrar esos programas mediante sus

propias instituciones


Artículo 23

Derecho de los pueblos indígenas a sus propias medicinas

tradicionales y a mantener sus prácticas de salud



Persecución por motivos religiosos

Derecho a la libertad de religión


Artículo 18

PICDP Artículo 18,

párrafo 1


párrafo 1





racial

Artículo 5, párrafo d, inciso vii

Derecho de toda persona a profesar y practicar su propia religión


Artículo 18

PIDCP Artículo 18,

párrafo 1 y 2

Pacto de San José Artículo 12, Masacre Plan de

41



PRINCIPAL PROBLEMA





párrafo 1 y 2

Sánchez Vs. Guatemala




Artículo 12, párrafo 1 y 2

Derecho de las minorías a profesar y practicar su propia religión

PIDCP Artículo 27


Artículo 30

Obligación de los estados de prohibir toda apología del odio religioso

PIDCP Artículo 20,

párrafo 2


párrafo 5




inciso d

Derecho a la libertad de asociación por motivos religiosos


párrafo 1

No se encontró sentencia

explícitamente por asociación religiosa

Despojo de tierras y territorios

Derecho de los pueblos indígenas a la posesión de tierras tradicionalmente

poseídas, ocupadas o utilizadas


Artículo 26

Convenio 169 de la OIT Artículo 14,

párrafo 1

Derecho de los pueblos indígenas a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o

territorios



Artículo 10

42



PRINCIPAL PROBLEMA





Convenio 169 de la OIT Artículo 16

Derecho de los pueblos indígenas a la reparación por el despojo de tierras


Artículo 28 Artículo 8, párrafo 2, inciso b.

Obligación de los Estados de respetar la importancia especial que para los pueblos

interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra

manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

Convenio 169 de la OIT Artículo 13,

párrafo 1

Desplazamiento/migración forzado/a

Derecho a la libertad de circulación y elección de residencia



PIDCP Artículo 12


párrafo 1

Comunidad Moiwana Vs.

Surinam Chitay Nech y otros

Vs. Guatemala




racial

Artículo 5, párrafo d,

inciso 1

Derecho de los pueblos indígenas a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o

territorios



Artículo 10

Convenio 169 de la OIT Artículo 16

No reconocimiento de tierras

Derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento de la tenencia de tierras


Artículo 27

43



PRINCIPAL PROBLEMA





Injerencia en el manejo de sus tierras

Derecho de los pueblos indígenas a la protección del medio ambiente y capacidad

productiva de las tierras o recursos


Artículo 29 Artículo 32

Derecho de los pueblos indígenas a determinar y elaborar las prioridades y

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.



Obligación de los Estados de asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales

peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su

consentimiento



Derecho de los pueblos indígenas a que no se desarrollen actividades militares en sus

tierras, salvo fuerza mayor


Artículo 30

Deterioro ambiental

Derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos


Artículo 29

Obligación de los Estados de proteger y preservar el medio ambiente de los

territorios que habitan Convenio 169 OIT


Explotación laboral

Derecho de no ser exigido a realizar trabajos forzosos u obligatorios



Masacres de Ituango Vs. Colombia



Derecho a igual salario por igual trabajo sin discriminación alguna



PIDESC Artículo 7,

44



PRINCIPAL PROBLEMA





párrafo a, inciso i

Protocolo de San Salvador Artículo 7, párrafo a.





racial

Artículo 5, párrafo e,

inciso i.

Derecho a posibilidad de promoción sin discriminación

PIDESC Artículo 7, párrafo c.

Protocolo de San Salvador Artículo 7, párrafo c.


racial


inciso i.

Derecho a estabilidad en sus empleos Protocolo de San Salvador Artículo 7,

párrafo d.

Derecho al descanso, tiempo libre, jornada regulada y vacaciones


Artículo 24

PIDESC Artículo 7, párrafo d.

Protocolo de San Salvador Artículo 7, párrafos g y

h.



inciso a



45



PRINCIPAL PROBLEMA





racial inciso i.

Inseguridad

Derecho a la seguridad personal sin discriminación


Artículo 3

PIDCP Artículo 9, párrafo 1.


No se encontró sentencia así de

explícita






racial

Artículo 5, párrafo b.

Derecho a la seguridad colectiva Declaración sobre los derechos

de los pueblos indígenas Artículo 7, párrafo 2

Discriminación en la aplicación y/o protección

de derechos

Obligación de los Estados de respetar los derechos proclamados sin discriminación de

ningún tipo

Declaración universal de derechos humanos

Artículo 2

PIDESC Artículo 2, párrafo 2



La práctica totalidad de las

sentencias declara violados diferentes

Artículos en relación a los

Artículos 1 y 2.

Protocolo de San Salvador Artículo 3

Declaración sobre los derechos Artículo 1

46



PRINCIPAL PROBLEMA





de los pueblos indígenas Artículo 2


Artículo 7


invoquen supresión de garantías, no entrañen discriminación por raza, color,

idioma o religión



párrafo 1

Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin

discriminación, a igual protección de la ley. Pacto de San José Artículo 24

Niñas Yean y Bosico Vs. República

Dominicana

Trato discriminatorio por parte de las instituciones

públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos

y accesibilidad condicionantes)

Obligación de los Estados de considerar la diversidad poblacional a la hora de

planificar, implementar y gestionar políticas públicas

No goza de protección específica


Derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica


Artículo 6

Igualdad de todas las personas ante la ley, tribunales y cortes de justicia sin

discriminación



PIDCP Artículo 14,

párrafo 1 Artículo 26


Prácticamente la totalidad de las

sentencias (menos 26) declaran la violación del

artículo 8 En el ejercicio de

47



PRINCIPAL PROBLEMA





su función contenciosa, la

Corte Interamericana ha

efectivamente relacionado el artículo 8 al 25

reiteradas veces.


racial

Artículo 5, párrafo a

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ciertas garantías mínimas



PIDCP Artículo 14,

párrafo 3


Prácticamente la totalidad de las

sentencias declaran la

violación del artículo 8

En el ejercicio de su función

contenciosa, la Corte

Interamericana ha efectivamente relacionado el artículo 8 al 25

reiteradas veces.

El sistema judicial no proporciona

Declaración sobre los derechos

de los pueblos indígenas Artículo 13,

párrafo 2

48



PRINCIPAL PROBLEMA





intérprete/traductor PIDCP


incisos a y f.

Falta de reconocimiento de las leyes e instituciones

jurídicas de los pueblos indígenas

Obligación de los Estados de reconocer las leyes de los pueblos indígenas



Derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones jurídicas



Legislación inadecuada Deber de los Estados de adoptar disposiciones de Derecho Interno

PIDCP Artículo 2,

párrafo 2


Pacto de San José Artículo 2

La práctica totalidad de las

sentencias declara violados diferentes

Artículos en relación a los

Artículos 1 y 2.

Protocolo de San Salvador Artículo 1 Artículo 2

Exclusión del escenario político

Derecho de toda persona a participar en el gobierno/dirección de los asuntos públicos

de su país

Declaración universal derechos humanos


PIDCP Artículo 25,

párrafo 1

Pacto de San José Artículo 23, párrafo 1,

incisos a y c.

Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia

Reverón Trujillo Vs. Venezuela Yatama Vs.

49



PRINCIPAL PROBLEMA





Nicaragua Chitay Nech y otros

Vs. Guatemala Carpio Nicolle y

otros Vs. Guatemala


Artículo 5


racial

Artículo 5, párrafo c

Derecho de toda persona de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones

públicas



PIDCP Artículo 25,

párrafo c


Artículo 5


racial


Derecho al sufragio universal, igual y secreto



PIDCP Artículo 25,

párrafo b

Pacto de San José Artículo 23, párrafo 1, inciso b.

Referencia en Yatama Vs. Nicaragua


Artículo 5


racial


50



PRINCIPAL PROBLEMA





Derecho de los pueblos indígenas a determinar su condición política


Artículo 3

Derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias

instituciones políticas


Artículo 5 Artículo 18 Artículo 20 Artículo 33

Derecho de los pueblos indígenas a a participar en la adopción de

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos


Artículo 18 Artículo 19 Artículo 23

Derechos políticos de los trabajadores migrantes


Artículo 42

Persecución por motivos políticos

Derecho a libertad de asociación con motivos políticos


párrafo 1

Kawas Fernández Vs. Honduras

Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia

51

51

4.5. Pobreza por desigualdad de género

El problema angular radica en la desigualdad económica, social y política existente entre

hombres y mujeres propiciando una distribución desigual de conocimientos, propiedad e

ingresos, responsabilidades y derechos. Al respecto vale la misma aclaración dada en el

apartado anterior de que los derechos humanos han sido establecidos para la protección

de todas las personas, entendidas como tal todo ser humano, sin discriminación de ningún

tipo, en lo que se incluye la prohibición de discriminación por sexo.

En el Artículo 3 del Pacto DESC se especifica que “Los Estados Partes en el presente Pacto

se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.”, así como en

el Artículo 7 referente a condiciones de trabajo equitativas y satisfactoria se explicita que

“(…)en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las

de los hombres, con salario igual por trabajo igual”27 y según el Artículo 6 del Protocolo de

San Salvador “(…)Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer

programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer

pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.” De igual forma

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) “Los Estados Partes (…) se

comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los

derechos civiles y políticos (….).”28

27

Pacto DESC. Art 7.a.i. 28

PIDCP. Art 3.

52

52

Por otro lado, mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)29 y la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

(Convención Belém do Pará)30 se establecen instrumentos de protección específica para

esta población.

29

ONU. 1981. 30

OEA. 1994.

53

Matriz N° 4: Problemas de pobreza por desigualdad de género


PRINCIPAL PROBLEMA





Pobreza por desigualdad de género

Desigualdad económica,

social y política

existente entre

hombres y mujeres

propiciando una

distribución desigual de

conocimientos, propiedad e

ingresos, responsabilid

ades y derechos

Desigualdad en la aplicación de derechos

Obligación de los Estados de respetar los derechos proclamados sin discriminación

por motivos de sexo


Artículo 2




La práctica totalidad de las sentencias declara violados

diferentes Artículos en relación a los Artículos 1 y 2.



Artículo 1, párrafo 1 Artículo 7

Convención Belém do Pará Artículo 4

Obligación de los Estados de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar

de todos los derechos

PIDESC Artículo 3

PIDCP Artículo 3


Artículo 44

CEDAW Artículo 3


invoquen supresión de garantías, no entrañen discriminación por sexo



No se encontraron sentencias así de

explícitas

Desigualdad en el sistema judicial

Igualdad de todas las personas ante la ley, sin discriminación por sexo y garantía de

PIDCP Artículo 26

54



PRINCIPAL PROBLEMA





protección ante tal situación

Igualdad de hombres y mujeres ante la ley CEDAW Artículo 15, párrafo 1

Belém do Pará Artículo 5, inciso f.

Derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica


Artículo 6

Capacidad jurídica idéntica de hombres y mujeres en materia civil

CEDAW Artículo 15, párrafos 2y

3.

Igualdad de derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,

compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título

gratuito como oneroso

CEDAW Artículo 16, párrafo 1, inciso h.

Desigualdad en el mercado laboral

Obligación de los Estados de asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no

inferiores a la de los hombres

PIDESC Artículo 7, párrafo a,

inciso i.

CEDAW Artículo 11

Posibilidad efectiva de las mujeres a ejercer el derecho al trabajo


CEDAW Artículo 11, párrafo 1,

inciso b

Derecho a igual salario por igual trabajo sin discriminación alguna



PIDESC Artículo 7, párrafo a,

inciso i

Protocolo de San Salvador Artículo 7, párrafo a.


55



PRINCIPAL PROBLEMA





inciso d

Derecho a licencia retribuida por maternidad


párrafo 2



inciso b

Derecho a posibilidad de promoción sin discriminación

PIDESC Artículo 7, párrafo c.

Protocolo de San Salvador Artículo 7, párrafo c.


inciso b

Derecho al descanso, tiempo libre, jornada regulada y vacaciones pagas


Artículo 24

PIDESC Artículo 7, párrafo d


párrafos g y h.


inciso e

Obligación de los Estados de fomentar la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños para que

madres y/o padres combinen las obligaciones para con la familia con las

responsabilidades del trabajo

CEDAW Artículo 11, párrafo 2, inciso c.



Desigualdad en el escenario político

Derecho de toda persona a participar en el gobierno/dirección de los asuntos públicos



56



PRINCIPAL PROBLEMA





de su país PIDCP


Pacto de San José Artículo 23, párrafo 1,

incisos a y c.

Reverón Trujillo Vs. Venezuela

Derecho de toda persona de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones

públicas



PIDCP Artículo 25,

párrafo c

Derecho al sufragio universal, igual y secreto



PIDCP Artículo 25,

párrafo b

Pacto de San José Artículo 23, párrafo 1, inciso b.


explícitas

Derecho de las mujeres a participar, en igualdad de condiciones con los hombres,

en la vida política y pública de su país

CEDAW Artículo 7

Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala Fernández Ortega y otros y Fernández Ortega y otros Vs.

México

Belém do Pará Artículo 4,

inciso j.

Obligación de los Estados de fomentar la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños para que

madres y/o padres combinen las obligaciones para con la familia con las

responsabilidades de participación en la vida pública

CEDAW Artículo 11, párrafo 2, inciso c.

Desigualdad educacional Derecho de las mujeres, en igualdad de CEDAW Artículo 10

57



PRINCIPAL PROBLEMA





condición con los hombres, en la esfera de la educación

Embarazos no deseados Derecho a la educación sobre planificación

de la familia CEDAW

Artículo 10, inciso h.

Embarazos forzados Igualdad de derecho de hombres y mujeres

a decidir CEDAW

Artículo 16, párrafo 1, inciso e.

Desigualdad en la atención médica

Obligación de los Estados de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la

planificación de la familia

CEDAW Artículo 12,

párrafo 1

Mortalidad materna Derecho de la maternidad a cuidados y

asistencia especiales



CEDAW Artículo 12,

párrafo 2

Desprotección durante el embarazo, el parto, y/o el período posterior al parto

Obligación de los Estados de garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y de asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y

la lactancia

CEDAW Artículo 12,

párrafo 2

Declaración de los derechos del niño


inciso d

Prohibición de matrimonios

Igualdad de derecho de hombres y mujeres al matrimonio



PIDCP Artículo 23,

párrafo 2


párrafo 2


explícitas

CEDAW Artículo 16,

58



PRINCIPAL PROBLEMA





párrafo 1, inciso a.

Matrimonios forzados Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el

matrimonio




párrafo 1

PIDCP Artículo 23,

párrafo 3


párrafo 3 No

CEDAW Artículo 16, párrafo 1, inciso b.

Desigualdad en el matrimonio

Igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en cuanto, durante y

en caso de disolución del matrimonio



PIDCP Artículo 23,

párrafo 4


párrafo 4 No


incisos c y g.

Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus

hijos/as o responsabilidad única

Responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al

desarrollo de sus hijos

CEDAW

Artículo 5, inciso b.

Artículo 9, párrafo 2.


incisos d y f.



Trata de mujeres o niñas Pacto de San José Artículo 6 No

59



PRINCIPAL PROBLEMA





CEDAW Artículo 6


Artículo 35

Prostitución CEDAW Artículo 6

Explotación sexual comercial

Convención sobre los derechos

del niño Artículo 34

Víctimas de violencia por condición de género

Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia

Belém do Pará Campo Algodonero

Vs. México

Obligación de los Estados de asegurar que las mujeres gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia

y discriminación



Feminicidio

Derecho de toda mujer a que se respete su vida

Belém do Pará Artículo 4, inciso a.

Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia

Belém do Pará Campo Algodonero

Vs. México

60

60

4.6 .Pobreza por discriminación etaria.

Como resultado de la investigación se ha decidido incluir una nueva categoría de pobreza

a las ya identificadas por Barilla (2010), conformada por las personas menores de edad o

adulto mayores, ya que ambas poblaciones son particularmente vulnerables ante la

pobreza, y los problemas a los que se enfrentan diariamente se ven potenciados por la

situación económica desfavorable, requiriendo así un sistema de protección específico.

Hay que tener en cuenta que ambas poblaciones se encuentran conformadas tanto por

personas en condición de ejercer su independencia como por otras con limitaciones físicas

y/o mentales derivadas de su edad. Dada esta situación, en la pobreza por discriminación

etaria resulta necesaria una protección dual, por un lado, cuando es posible, la inclusión

de los protagonistas en las decisiones que les conciernen, con el debido reconocimiento

de sus capacidades, y por otro, la garantía de provisión de bienes de consumo y servicios

básicos los cuales no son capaces de abastecerse por sí mismos o siquiera de reclamar el

cumplimiento del derecho que se los garantiza.

61

Matriz N° 5: Problemas de pobreza por discriminación etaria.


PRINCIPAL PROBLEMA


DETALLE INSTRUMENTO INTERNACIONAL O

REGIONAL ARTÍCULO/S


etaria

Exclusión de las decisiones que les involucran

así como de los bienes de

consumo y servicios

públicos básicos

Hambre y desnutrición

Obligación de los Estados de combatir la malnutrición Convención sobre los derechos del niño Artículo 24, párrafo 2,

inciso c

Derecho a la alimentación Principios de las Naciones Unidas a favor

de las personas de edad Principio 1

Falta de acceso a la educación

Derecho a la educación Convención sobre los derechos del niño Artículo 28,

párrafo 1

Derecho de las personas de edad a tener acceso a programas educativos y de formación adecuados

Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad

Principio 4

Deserción escolar Obligación de los Estados de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular y reducir las tasas de

deserción escolar Convención sobre los derechos del niño


inciso e

Embarazos tempranos no deseados

Derecho a la educación sobre planificación de la familia

Convención sobre los derechos del niño Artículo 24, párrafo 2,

inciso f

Acceso limitado a la salud

Derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Convención sobre los derechos del niño


Derecho de acceso de las personas de edad a servicios de atención de salud que les ayuden a

mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o

retrasar la aparición de enfermedades


Principio 11

Mortalidad infantil Obligación de los Estados parte de reducir la

mortalidad infantil y en la niñez Convención sobre los derechos del niño


inciso a

Exclusión de las personas mayores del mercado

laboral

Derecho de las personas de edad a tener la oportunidad de trabajar


Principio 2

Explotación laboral Obligación de los Estados parte de adoptar medidas Convención sobre los derechos del niño Artículo 19

62



PRINCIPAL PROBLEMA




para proteger al niño contra toda forma de explotación

Derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,

moral o social

Convención sobre los derechos del niño Artículo 32,

párrafo 1



Obligación de los Estados de establecer edad mínima para trabajar


Derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su

edad Convención sobre los derechos del niño


Derecho de las personas de edad a decidir cuándo y en qué medida dejarán de trabajar


Principio 3

Derecho de las personas de edad a verse libres de explotación


Principio 17

Desinformación Derecho a la información Convención sobre los derechos del niño Artículo 13 Artículo 17

Exclusión de escenarios que le conciernen

Derecho del niño (que esté en condiciones de formarse un juicio propio) a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten


párrafo 1

Derecho del niño a ser escuchado Convención sobre los derechos del niño Artículo 12,

párrafo 2

Derecho de las personas de edad a residir en su propio domicilio por cuánto tiempo sea posible


Principio 6

Derecho de las personas de edad a participar activamente en la formulación y la

aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar


Principio 7

Abandono Derecho del niño a que su interés sea la consideración

primordial en el sistema de adopción Convención sobre los derechos del niño Artículo 21

63



PRINCIPAL PROBLEMA




Obligación de los Estados de promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo

niño víctima de abandono Convención sobre los derechos del niño Artículo 39

Derecho de las personas de edad a disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales

de cada sociedad.


Principio 10

Abuso de autoridad

Derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o ilegales

Convención sobre los derechos del niño Artículo 16

Derecho del niño a no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente


inciso b

Venta/Tráfico de niños

Derecho del niño a preservar su identidad (incluida nacionalidad, nombre, y relaciones familiares)


Derecho a no ser separado de sus padres contra su voluntad, salvo excepciones

Convención sobre los derechos del niño Artículo 9, párrafo 1

Obligación de los Estados parte de luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención

ilícita de niños en el extranjero Convención sobre los derechos del niño Artículo 11

Obligación de los Estados de impedir el secuestro, la venta o la trata de niños



Obligación de los Estados parte de adoptar medidas para proteger al niño contra toda forma de

explotación Convención sobre los derechos del niño



niño víctima de explotación Convención sobre los derechos del niño Artículo 39

Abuso sexual

Obligación de los Estados parte de adoptar medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o

abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual

Convención sobre los derechos del niño Artículo 19 Artículo 34



64



PRINCIPAL PROBLEMA




niño víctima de abuso

Maltrato físico y/o mental

Obligación de los Estados parte de adoptar medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos




Derecho de las personas de edad a verse libres de malos tratos físicos o mentales


Principio 17

Políticas institucionales inadecuadas

Los niños privados de su medio familiar tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del

Estado. Convención sobre los derechos del niño Artículo 20

Derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades a un examen

periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su

internación.


Derecho de las personas de edad al acceso a medios apropiados de atención institucional que les

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.


Principio 13

Derecho de las personas de edad a disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando

residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de

su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su

cuidado y sobre la calidad de su vida.


Principio 14

Legislación inadecuada Derecho de las personas de edad al acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles

de autonomía, protección y cuidado


Principio 11

Ejecuciones sumarias y extrapoliciales de niños

Derecho a la vida Convención sobre los derechos del niño Artículo 6

65

65

4.7 Pobreza por discriminación por discapacidad.

Otra de las categorías de pobreza que se ha decidido incorporar es la de Pobreza por

discriminación por discapacidad, en la que se consideran a todas aquellas personas en

situación de pobreza con capacidades diferentes, ya sean físicas, intelectuales o

sensoriales.

Este grupo poblacional cuenta con un sistema de protección específico, cuyo mayor

exponente es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

mediante el cual se reconoce que: - La discapacidad es un concepto que evoluciona y que

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en

igualdad de condiciones con las demás; así como -La difícil situación en que se encuentran

las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de

discriminación por motivo, entre otros, de la condición social.

En la Convención también se destaca el hecho de que la mayoría de las personas con

discapacidad viven en condiciones de pobreza, reconociendo la necesidad fundamental de

mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad, motivo por

el cual se ha decidido incorporar una categoría diferenciada para esta población.

66

66

67

Matriz N° 6: Problemas de pobreza por discriminación por discapacidad


PRINCIPAL PROBLEMA





por discapacidad

Marginación de servicios

públicos básicos,

desigualdad de oportunidades, exclusión de las decisiones

que les involucran

Exclusión de la educación

Derecho a educación sin discriminación



PIDEC Artículo 13,

párrafo 1


párrafo 1

Derecho de las personas con discapacidad a la educación

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Artículo 24

Obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación inclusivo

Protocolo de San Salvador Artículo 13, párrafo 3,

inciso e


Artículo 24


Derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por

motivos de discapacidad


Artículo 25

Derecho de las personas con discapacidad a la habilitación y rehabilitación


Artículo 26

Exclusión social

Obligación de los Estados de sensibilizar a la sociedad Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad Artículo 8

Derecho de las personas con discapacidad a ser incluidas en la comunidad

Convención sobre los derechos de las


Derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el

esparcimiento y el deporte



68



PRINCIPAL PROBLEMA




Desigualdad y/o discriminación en el

mercado laboral

Derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás



Trato discriminatorio por parte de las instituciones

públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos

y accesibilidad condicionantes)

Obligación de los Estados de tener en cuenta, en todas las políticas y programas, la promoción y protección

de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad



inciso c

Inaccesibilidad (al entorno

físico, el transporte, la

información y las

comunicaciones y a otros

servicios o instalaciones)

Obligación de los Estados de asegurar la accesibilidad, en condiciones de igualdad, de las personas con

discapacidad, a diferentes servicios e instalaciones


Artículo 9

Exclusión de escenarios

que le conciernen

Derecho de las personas con discapacidad a igual reconocimiento como persona ante la ley



Derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente



Derechos de las personas con discapacidad a la movilidad personal



Derechos de las personas con discapacidad a la privacidad



Derecho de las personas con discapacidad a que se le respete el hogar y la familia


Artículo 23

Discriminación en la Obligación de los Estados de respetar los derechos

proclamados sin discriminación de ningún tipo Declaración universal de derechos

humanos Artículo 2

69



PRINCIPAL PROBLEMA




aplicación y/o protección

de derechos PIDESC





Artículo 5

Legislación inadecuada

Obligación de los Estados de adoptar todas las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos

los derechos de las personas con discapacidad Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad



incisos a y b

70

70


Esta caracterización se realiza con el fin de contextualizar la dinámica socioeconómica de

la región y determinar los factores de riesgo que la vulneran. La información obtenida

permitirá realizar, en un apartado posterior, un análisis tendiente a establecer puentes

entre la situación de la región, los criterios establecidos para la tipología sobre problemas

de pobreza propuestos en este informe y su relación con los derechos humanos.

Para la caracterización se tomará como base la información generada por el III Informe del

Estado de la Región (2008), ya que este documento constituye el perfil más actualizado

sobre la situación general de todos los países centroamericanos.

En general los datos más actuales que se utilizan en el III Informe del Estado de la Región

corresponden al 2006. Por tanto, estos datos no reflejan la contracción financiera y

económica provocada en la región, a finales del 2008, por la crisis financiera de los

Estados Unidos. Desafortunadamente, debido a la falta de una serie completa,

comparable y confiable de datos que reflejen estimaciones de la situación socioeconómica

del 2010, en este capítulo se presentarán los datos del III Informe del Estado de la Región

(2008) bajo la salvedad que la información presentada pudo tener variaciones

significativas producto del impacto de la crisis. Por tanto, esta información debe leerse

como un referente de caracterización general de la región en un momento histórico

determinado.

5. Caracterización de la

Región

71

71

La información que se va a presentar en este apartado profundizará en datos que hagan

referencia únicamente a los países que conforman la Red: Guatemala, Honduras, El

Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Además, se centrará en seis ejes temáticos (desempleo,

hambre y desnutrición, falta de agua y condiciones insalubres, falta de acceso a la

educación y/o exclusión del sistema educativo, falta de acceso a la salud e inseguridad

ciudadana), bajo la justificación de que es la información disponible que establece una

relación clara y visible con la tipología de problemas de pobreza desarrollada en este

informe.

La información sobre estos ejes temáticos se introducirá con un sub apartado de

“generalidades”, donde se describirán datos demográficos y económicos que permitan

situar la información específica de las categorías centrales de esta caracterización.

5.2. Generalidades

Según el III Informe del Estado de la Región (2008) entre 1995 y 2007 la población

centroamericana pasó de 32,3 a 41,3 millones de personas, es decir, tuvo un aumento de

9 millones de habitantes. Guatemala constituye el país más poblado con 13 millones de

habitantes (lo que representa el 30% de la población de la Región), seguido por Honduras

y El Salvador que rondan los 7 millones (lo que representa para cada uno cerca de un 17%

del crecimiento total.), después se encuentra Nicaragua con 5 millones y Costa Rica con

poco más de 4 millones.

De acuerdo a la densidad poblacional, los datos del promedio para toda la Región indican

que esta pasó de 61 habitantes por kilómetro cuadrado en 1995, a 78 en el año 2007. Para

el 2007 El Salvador constituía el país más densamente poblado con 338 habitantes por

kilómetro cuadrado, seguido por Guatemala con 123, Costa Rica con 88 habitantes,

Honduras con 64 y Nicaragua con 43 habitantes por kilómetro cuadrado.

72

72

Según este informe (2008) todas las naciones de la región experimentaron el fenómeno de

transición demográfica, que se produce cuando “(…) se combinan los siguientes factores:

el descenso de la fecundidad (cantidad de hijos por mujer), reducción de las tasas de

natalidad y de mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida” (III Informe del

Estado de la Región, 2008, p. 80).

Centroamérica ha experimentado fuertes reducciones en la tasa global de fecundidad, por

ejemplo a mediados del siglo pasado, ésta era superior a 6 en cada uno de los países (en

algunos incluso llegaba a 7), y hoy es inferior a 5 en toda la Región. En el quinquenio 2000-

2005 Guatemala contaba con la tasa más elevada (4,6), seguida por Honduras (3,7),

mientras que en el otro extremo se ubicaba Costa Rica, con la tasa de fecundidad más baja

del istmo (2,3 hijos).

El comportamiento en la tasa global de fecundidad se refleja en la disminución de las tasas

brutas de natalidad, así como de las tasas de mortalidad general e infantil. Ésta última

pasó de valores de entre 93 y 172,3 por mil nacidos vivos a mediados de los años

cincuenta, a tasas inferiores a 40 por mil, y cercanas a 10 por mil en el caso de Costa Rica.

Guatemala presenta la mayor tasa de mortalidad infantil de toda la región. Por su parte la

esperanza de vida al nacer, pasó de menos de 60 años en el período 1950-1955, a 70 años

o más en todos los países, con excepción de Guatemala en el 2007. En el caso de Costa

Rica la esperanza de vida es cercana a los 80 años.

Esta situación ha dado origen a lo que los especialistas denominan “bono demográfico”,

entendida como “la relación de dependencia demográfica -la cantidad de personas en

edad no productiva (niños, adultos mayores) que cada persona en edad de trabajar debe

sostener disminuye a mínimos históricos [lo que] es una situación muy favorable para el

desarrollo de un país, ya que en ese período la carga potencial para las personas en edad

productiva es baja” (III Informe del Estado de la Región, 2008, p. 85).

73

73

En cuanto a la concentración de la población por zonas, la mayoría de la población

centroamericana experimenta un intenso proceso de urbanización producto de

migraciones internas, la concentración de las inversiones públicas y privadas en servicios

públicos e infraestructura en las áreas urbanas y la transformación de las economías

centroamericanas en economías de servicios. Los datos del III Informe (2008) señalan que

mientras en 1970 la población urbana representaba apenas un 38% del total regional, en

el año 2000 alcanzó el 50,7% y en el 2005 ascendió al 54,6%, lo que revela la existencia de

centros urbanos con una alta concentración de población: “En 2005, todos los países del

istmo tenían un 50% o más de población urbana, con excepción de Honduras (47,8%). En

Costa Rica y Panamá las poblaciones urbanas superaban el 60% del total (Ibid, p. 84).

A pesar de que la información existente no arroja datos tan precisos, se estima que en

Centroamérica un porcentaje importante de la población urbana vive en asentamientos

precarios, por ejemplo en El Salvador, Nicaragua y Guatemala la población que reside en

viviendas en estado precario oscila entre el 40% y el 80% (Unstat, 2007; en: III Informe

Estado de la Región, 2008, p. 85).

La región enfrenta una situación de desigualdad social y de pobreza. La región exhibe un

elevado nivel de pobreza que se encuentra, por encima del 45% de la población en la

mayoría de los países. La incidencia de la pobreza en las personas indígenas es mayor que

en el resto de la población. La mayor brecha se presenta en Guatemala, Nicaragua y

Honduras, países donde el porcentaje de población pobre es entre 1.8 y 2,8 veces mayor

en las comunidades indígenas.

Los cambios en el modelo económico han ayudado a profundizar estas desigualdades. En

los últimos veinte años las economías centroamericanas han tenido grandes cambios, por

una parte, el sector agropecuario dejó de liderar la dinámica productiva y hoy en día en

todos los países de la región predomina el sector terciario, es decir, se convirtieron en

74

74

economías de servicios: “En 2005, mientras el sector primario31 representó un 11,7% del

PIB regional, el peso del terciario32 era casi seis veces mayor (62,7%). La magnitud de estos

cambios ha sido muy intensa. En diez años el sector primario perdió seis puntos

porcentuales: pasó de 17,3% a 11,7% del PIB regional entre 1995 y 2005. Por su parte, el

sector secundario (industria, electricidad, agua y construcción) permaneció relativamente

estable, con un aporte cercano a una cuarta parte del PIB regional” (Ibid, p. 85).

En este escenario económico, las remesas constituyen un factor importante de ingreso

económico, ya que poseen un papel central en la estabilidad macroeconómica. Durante el

2007 las remesas familiares ascendieron a 12.180 millones de dólares, casi cuatro veces

más que en el 2000. En ese período el porcentaje de remesas de Honduras y Guatemala

en el total regional más que se duplicó, pasando de de 29% a 56%. El peso de las remesas

en el ingreso de los hogares es mayor en El Salvador y Honduras (cerca del 37%) que en el

resto del área. Sin embargo, es en Guatemala donde más contribuyen a aliviar la pobreza;

en ausencia de remesas, los hogares pobres de este país aumentarían en 6,1 puntos

porcentuales (Ibid, o. 249)

En general, las remesas contribuyen a reducir modestamente la pobreza y la desigualdad

en los países receptores. Es decir, sin el rubro de la remesas, el número absoluto de

hogares en condición de pobreza en el istmo se incrementaría en 305.715, lo que

implicaría un aumento de 3,5% en la incidencia de la pobreza a nivel regional.

Además del cambio a nivel económico, las economías centroamericanas experimentaron

la profundización de su apertura al comercio mundial. Los procesos de integración a la

economía comercial abrieron el camino a los tratados de libre comercio y con ello, la

promoción de políticas de promoción a la exportación, la disminución de las barreras

31

Actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, sin transformaciones: agricultura, ganadería, la pesca, entre otros. las actividades que implican transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos 32

Actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicaciones y actividad financieras como la banca, la bolsa, los seguros, entre otros. Se conocen como servicios.

75

75

arancelarias y no arancelarias a las exportaciones. Estas políticas generaron aumentos en

los índices de exportación: "Entre 1995-2006 las exportaciones se triplicaron: pasaron de

11.037 miles de millones de dólares a 33.140 miles de millones. Las importaciones

crecieron aun más durante esos años, de 16.120 a 52.980 miles de millones de dólares. En

promedio, el índice de apertura de las economías del área vistas en su conjunto

(exportaciones más importaciones entre el PIB) saltó de 0,65 a 0,79. En otras palabras, el

comercio exterior llegó a representar cuatro quintas partes de la producción regional. Por

otro lado, durante este período también aumentaron los flujos de inversión extranjera

directa hacia el istmo. En términos generales, hoy en día todos los países

centroamericanos tienen pequeñas economías abiertas” (Ibid, p. 86).

Sin embargo, a pesar del aumento de las exportaciones, es necesario considerar que las

políticas de inserción internacional también plantean dificultades y desafíos importantes,

a saber: 1. La Región tiene una importancia marginal en los mercados mundiales, su

capacidad de incidir en las condiciones de oferta, demanda y precio de sus productos es

limitada o nula, lo que restringe los márgenes de maniobra de los tomadores de

decisiones, incrementado su vulnerabilidad de las economías del istmo ante los vaivenes

del entorno internacional. 2. Las sociedades centroamericanas son sociedades con

poblaciones poco numerosas, mayoritariamente con bajo poder adquisitivo y empleadas

en sectores de reducida productividad, con excepciones parciales en Costa Rica. Las malas

condiciones de vida y trabajo de amplios sectores de la población han provocado fuertes

movimientos migratorios extraregionales. 3. El eje fundamental para el fomento de las

exportaciones ha sido la atracción de inversión extranjera directa. No obstante, esa

inversión se ha instalado bajo los regímenes especiales de zonas francas, con

exoneraciones fiscales y al margen del resto de las economías, lo que ha ocasionado

débiles encadenamientos productivos y fiscales. 4. Las exportaciones han contribuido a la

generación de empleo, pero la demanda ha sido sobre todo de mano de obra calificada. 5.

Los países de la Región poseen incentivos y capacidades diferenciadas para aprovechar las

oportunidades que ofrece el mercado mundial, esto introduce importantes brechas

76

76

intrarregionales que dificultan la implementación de estrategias comunes, más allá de la

apertura comercial y 6. Los resultados económicos y sociales de la integración

internacional en las últimas dos décadas no han sido los esperados: el crecimiento

económico ha sido moderado, la pobreza ha disminuido pero sigue siendo de las más altas

en América Latina, las sociedades del istmo están entre las que experimentan mayores

desigualdades en el mundo, los mercados laborales continúan caracterizándose por su

segmentación y el predominio de los sectores de baja productividad e ingresos como

generadores de empleo. (Ibid, p. 526)

La vulnerabilidad de la Región fue evidente a finales del 2008 con el estallido de la crisis

económica de los EEUU33, generada principalmente por los altos precios de las materias

primas, la crisis alimentaria, la elevada inflación, la crisis crediticia, hipotecaria y de

confianza en los mercados y la amenaza de una recesión en todo el mundo.

Esta crisis golpea profundamente a las economías centroamericanas debido a la alta

dependencia de su comercio exterior con los EE.UU. En términos generales, se observó

una serie de elementos de afectación común en todos los países de la Región, entre los

que se pueden encontrar:

1. La balanza comercial34, se vio fuertemente perjudicada en el tema de las exportaciones

como consecuencia de la contracción de la demanda en los Estados Unidos.

2. Afectación del sector turismo debido al estancamiento causado por la crisis financiera.

3. Comportamiento negativo de las remesas en Centroamérica como consecuencia

principal de la caída de la construcción en los Estados Unidos y otras labores relacionadas

con el sector servicios, debido a que este sector emplea masivamente una alta proporción

33

La información referente a la crisis económica financiera es tomada de Romero, E. (2009) Crisis Financiera mundial y su impacto en Centroamérica. En: http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/crisisfinancieraimpactoca.pdf 34

Es aquella que registra la diferencia entre la cantidad de bienes y servicios exportados menos la cantidad de bienes y servicios importados por un país (Romero, 2009)

http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/crisisfinancieraimpactoca.pdf

77

77

de mano de obra migrante centroamericana y por otra parte como consecuencia del

endurecimiento de las políticas contra inmigrantes indocumentados.

4. Aumento del desempleo y subempleo. Además, la caída en la demanda de mano de

obra no calificada en los Estados Unidos contendrá de una parte el flujo migratorio desde

los países centroamericanos, haciendo que la tasa de desempleo en los mismos aumente.

5. Aumento del malestar social reflejado en el incremento de la pobreza y la delincuencia.

6. Aumentos en la tasa de inflación, como consecuencia del alza en los precios

internacionales del petróleo y de los alimentos.

7. Afectación del ingreso y consumo de las personas, por lo que la demanda disminuye y

obliga a una baja generalizada en los precios de los bienes y servicios.

8. Disminución de la inversión extranjera directa como consecuencia de la crisis, debido a

que los inversionistas foráneos extreman su cautela entre tanto el sistema financiero

internacional se estabiliza.

9. Desaceleración de la economía, lo que conducirá a un menor crecimiento económico en

los países.

10. El menor desempeño económico repercute en menores recaudos fiscales, por tanto

menores ingresos para los gobiernos de la región y la natural tendencia a que se

incremente el déficit fiscal, más aún cuando se espera que en la mayoría de los países se

trata de combatir la crisis económica a través de un mayor gasto del gobierno central. Esta

financiación o incremento del gasto se financia con endeudamiento, generando un

incremento en la deuda pública.

11. El menor desempeño económico y la implícita disminución del consumo se reflejó en

menor ahorro. Ello unido a la reducción de la financiación externa terminó restringiendo

el crédito local y aumentando las tasas de interés, entre otros (Romero, 2009).

Las consecuencias actuales de la crisis ponen de frente a la Región ante una situación

compleja que implica retroceso, que exigen nuevos desafíos estratégicos para enfrentar

las condiciones de desigualdades y de pobreza que se siguen profundizando.

78

78

5.3. Desempleo

En el 2006 la población centroamericana rondaba los 41 millones de personas, de las

cuales cerca de 29 millones se encontraban en edad de trabajar (tenían 12 o más años),

sin embargo sólo 17 millones estaban incorporados a la fuerza laboral. El cuadro N° 2

muestra la población para el 2006 por país, según condición de actividad.

Cuadro N° 2

Población por país, según condición de actividad. 2006.

Condición de actividad Costa Rica

(julio) El Salvador (ene-dic)

Guatemala (mar-sept)

Honduras (sept)

Nicaragua (nov)

Población total 4.354 6.991 12.988 7.416 5.641

Distribución relativa 11,8 8,6 16,9 32,6 16,9

Menores de 12 años 918 1.976 4.344 2.294 1.666

En edad activa 3.436 5.015 8.644 5.122 3.975

Fuerza de trabajo 1.946 2.800 5.380 2.793 2.190

Ocupados 1.830 2.616 5.281 2.705 2.076

Desocupados 116 183 99 87 114

Inactivos 1.490 2.216 3.264 2.329 1.785

% de menores 12 años 21,1 28,3 33,6 30,9 29,5

Tasa bruta de participación 44,7 40,0 41,4 37,7 38,8

Tasa neta de participación a. 56,6 55,8 62,2 54,5 55,1

Tasa de ocupación b. 53,3 52,2 61,1 52,8 52,2

Tasa de desempleo c. 6,0 6,5 1,8 3,1 5,2

a. Fuerza de trabajo como % de la población total (tasa bruta) y de la población en edad activa o

de 12 o más años (tasa neta). b. Ocupados como % de la población en edad activa (de 12 o más años). c. Desocupados como % de la fuerza de trabajo.

Fuente: Informe Estado de la Región Centroamericana, 2008

La información contenida en el cuadro refleja cómo la estructura de la población de la

región era bastante joven, pero con notables variantes por país: “Para la región en su

conjunto, el 30% de la población tiene menos de 12 años. Este porcentaje es menor en

naciones con una transición demográfica más avanzada, como Costa Rica (21%) y, en

menor medida, El Salvador (28%), lo que se traduce en mayores tasas brutas de

participación (45% y 40%, respectivamente). Cuando la atención se pone en la población

en edad de trabajar, las tasas netas de participación muestran una mayor homogeneidad,

excepto en Guatemala donde la tasa (62%) contrasta con la media de los demás países

79

79

(56%).Esto significa que si bien Guatemala incrementa el promedio regional, la tasa neta

es un mejor indicador, pues aísla las diferencias en la transición demográfica entre los

países y los torna más homogéneos” (Ibid, p. 144).

Con respecto al nivel de desempleo, los datos indican que para el 2006 cerca de 717.000

centroamericanos (incluyendo información sobre Panamá) se encontraban desempleados,

lo que equivalía a una tasa de desempleo abierto del 4,3%. Las menores tasas de

desempleo abierto las presentó Guatemala (1,8%) y Honduras (3,1%). Costa Rica, El

Salvador y Nicaragua alcanzaron niveles intermedios.

Según el III Informe del Estado de la Región (2008) las principales manifestaciones de

desempleo en la región estuvieron marcadas por las siguientes características:

El desempleo afectó en mayor medida a las mujeres: “las mujeres sufren una tasa

de desempleo del 4,8%, en contraste con el 4,1% para los hombres. Este patrón se

reproduce en todos los países excepto en El Salvador y Nicaragua, donde el

desempleo masculino es mayor que el femenino” (Ibid, p. 145).

Los desocupados se concentraron en las zonas urbanas: “para la región en su

conjunto, el desempleo urbano (5,3%) resulta un 71% superior al rural (3,1%). Solo

en El Salvador el desempleo rural supera al urbano, mientras que en Costa Rica no

se observan diferencias significativas entre zonas y en el resto del itsmo el

desempleo urbano más que duplica al rural. Más de dos tercios de los

desocupados (69%) residen en zonas urbanas. Ello sugiere que la pobreza urbana

se asocia más con el desempleo, y la pobreza rural con el tipo de inserción laboral”

(Ibid, p. 145).

El desempleo afectó especialmente a los jóvenes: “Las mayores tasas se

concentran entre los jóvenes de 15 a 24 años, con tasas que tienden a duplicar la

media nacional. Esto sucede en todos los países y en el conjunto de la región. Con

excepción de Costa Rica, El Salvador y, en menor medida, Guatemala, el

80

80

desempleo sigue estando por encima del promedio para los adultos jóvenes de 25

a 29 años” (Ibid, p. 145).}

El desempleo afectó a los más educados: “si bien es cierto que la mayor educación

aumenta las posibilidades de inserción laboral, Centroamérica muestra la paradoja

de que el desempleo afecta con mayor intensidad a los trabajadores más educados

*…+ Solo en Costa Rica y El Salvador se observa una reducción del desempleo

cuando se completa la secundaria y una tasa menor a la media nacional para

quienes tienen algún nivel de estudios superiores. La estructura productiva de la

región es poco sofisticada y diversificada, y todavía descansa en mucho en las

actividades agrícolas, y son las naciones con estructuras más diversificadas, Costa

Rica y El Salvador, las que absorben con mayor facilidad la fuerza de trabajo más

calificada.

En relación a la oferta de trabajo en la región, ésta se caracterizó por la creciente

incorporación de la mujer al mercado laboral pero en condiciones de desigualdad, una

fuerza de trabajo mayoritariamente secundaria (personas que no tienen a cargo un

hogar), un mercado de trabajo concentrado en áreas urbanas, una mano de obra poco

calificada, una población activa joven y una mayor retención de personas mayores de 60

años en el mercado laboral:

Condiciones laborales de las mujeres: “En todos los países las tasas de participación de las

mujeres se sitúan muy por debajo de las correspondientes a los hombres, lo que se

traduce en una participación femenina cercana al 38% de la fuerza de trabajo

centroamericana, es decir, prácticamente dos hombres por cada mujer. La presencia de

mujeres en el mercado de trabajo se ubica en torno al 35% en Honduras y sube a

alrededor del 38% (media regional) en el resto del área, excepto en El Salvador, donde la

participación femenina es mayor (42%), lo que podría estar relacionado con los altos flujos

migratorios hacia los Estados Unidos. Las mujeres que se incorporan al mercado laboral

81

81

son principalmente fuerza de trabajo secundaria: tres de cada cuatro no tienen un hogar a

su cargo” (Ibid, p.145).

Fuerza de trabajo mayoritariamente secundaria: “En promedio, el 56% de quienes están

activos son fuerza de trabajo secundaria y todos los países se mantienen en torno a esta

media, con excepción de Nicaragua, donde los no jefes representan el 63% de los

ocupados. Durante los últimos cinco años las fuerzas de trabajo secundaria y primaria

crecieron a un ritmo similar en todos los países (alrededor del 50%), salvo en Nicaragua,

donde el 85% de los nuevos puestos de trabajo fueron ocupados por no jefes, y en El

Salvador, donde sucedió lo contrario: el 85% de los nuevos ocupados fueron jefes” (Ibid, p.

145).

Un mercado de trabajo crecientemente urbano: “El 56,7% de la población activa de la

región vive en las zonas urbanas. Esa proporción alcanza cerca de dos tercios en Costa Rica

y El Salvador, y alrededor de la mitad en Nicaragua, Guatemala y Honduras. En el último

quinquenio, ocho de cada diez nuevos trabajadores activos provinieron del ámbito

urbano, lo que evidencia una fuerza de trabajo crecientemente urbana, que podría estar

asociada a una mayor diversificación productiva y a la ampliación de las oportunidades

laborales para las mujeres” (Ibid,p. 145).

Mano de obra muy poco calificada: “Vista la región en su conjunto, para el 2006 el 39%

de la población económicamente activa no había logrado completar la educación primaria

y el 58% tenía primaria completa o menos. Costa Rica muestra una posición más

favorable, ya que quienes no han completado la primaria no superan el 15%, aunque los

que tienen primaria completa o menos representan un 44%.El Salvador y Nicaragua se

ubican en una situación intermedia y las naciones con mayores rezagos son Guatemala y

Honduras, donde casi tres de cada cuatro trabajadores tienen la educación primaria como

su nivel educativo máximo. De estos dos países, Guatemala enfrenta las mayores

limitaciones, ya que casi una cuarta parte de su fuerza de trabajo no tiene educación

82

82

alguna y más de la mitad no ha logrado siquiera completar la educación primaria *…+ La

población económicamente activa con alguna educación postsecundaria apenas

representa el 12% de la fuerza de trabajo de la región, y su peso oscila entre 22% en Costa

Rica y cerca de 7% en Guatemala y Honduras. Si se considera que los trabajadores con

mayor calificación son los que han logrado completar al menos la educación secundaria, el

panorama mejora; no obstante, solo el 23% de la fuerza de trabajo regional está en esa

condición. Los trabajadores calificados representan el 36% de la fuerza de trabajo en

Costa Rica (36%), alrededor de una cuarta parte en El Salvador y Nicaragua, y por debajo

del 16% en Honduras y Guatemala 14%. En las zonas rurales el panorama es más

desalentador pues, en promedio, el 61% de la fuerza de trabajo no ha completado la

educación primaria, el 81% solo tiene ese nivel como máximo y un escaso 8% puede

considerarse como trabajadores calificados (con secundaria completa o más) (Ibid, p. 146).

El cuadro n° 3 muestra el rasgo heterogéneo que se presentó en cada país con respecto a

la fuerza de trabajo según nivel educativo.

83

83

Cuadro N° 3:

Centroamérica: fuerza de trabajo por país, según nivel educativo. 2006

Condición de actividad Costa Rica

(julio) El Salvador (ene-dic)

Guatemala (mar-sept)

Honduras (sept)

Nicaragua (nov)

Año 2006: Nivel Educativo

Sin educación 2,5 12,5 23,5 14,2 14,4

Primaria Incompleta 12,5 24,5 30,1 28,1 23,1

Primaria Completa 28,6 10,9 16,3 28,4 14,7

Media Incompleta 20,7 23,3 16,2 13,4 23,4

Media Completa 13,9 16,4 7,5 9,1 11,1

Superior 21,8 12,4 6,5 6,8 13,2

Variación 2001-2006: Nivel Educativo

Sin educación -2,3 -64,5 15,9 2,3 -20,4

Primaria Incompleta 2,9 3,7 7,5 19,2 -4,9

Primaria Completa 15,0 -3,0 14,5 27,4 11,1

Media Incompleta 31,9 52,3 36,6 28,0 58,8

Media Completa 17,9 42,4 11,7 9,5 12,8

Superior 34,6 69,2 13,8 13,6 42,7


Población activa joven en aumento y una mayor retención de mayores de 60 años: “En

el conjunto de la región, el 29% de la fuerza de trabajo no supera los 25 años, porcentaje

que sube a cerca de un tercio en Guatemala y Honduras *…+ Costa Rica con un 23% y El

Salvador con un 25% tienen la población económicamente activa con edades por debajo

de los 25 años. Pese a esta juventud *…+ en el istmo se observa una mayor retención de

trabajadores mayores de 60 años, lo que sugiere una salida más tardía del mercado de

trabajo, debido a la limitada cobertura y desarrollo de la seguridad social. Por ello, no es

de extrañar que sea en Costa Rica y El Salvador donde los activos de 60 o más años

contribuyen menos al aumento neto de la fuerza de trabajo” (Ibid, p. 148)

En los años 2001 y 2006 el empleo neto generado en la región creció a un ritmo cercano a

los 432.000 empleos anuales (3% anual). Honduras y Costa Rica presentaron las mayores

tasas de crecimiento y aportan cerca de una cuarta parte de ese incremento neto. El

Salvador evidenció las menores expansiones, y Nicaragua y Guatemala se ubicaron en una

situación intermedia y próxima a la media regional.

84

84

En cuanto a las fuentes de empleo, el sector agrícola fue el principal generador de empleo

(27% del empleo regional), La agricultura representó un 32% del empleo en Guatemala,

un 36% en Honduras (36%) y un 28% en Nicaragua. En El Salvador y Costa Rica, países con

mejores índices de desarrollo social, este sector mantuvo un notable protagonismo.

El sector secundario (industria y construcción) aportó el 21% del empleo en el istmo. Costa

Rica fue de los países en los que la industria contribuyó menos a la generación de empleo

(13%), porque se concentró con más intensidad en las industrias menos tradicionales

(maquila de tercera generación), mientras en el resto del área la industria representó

cerca del 15% de los puestos de trabajo (promedio regional). En Guatemala, El Salvador,

Honduras y Nicaragua la maquila textil fue una importante fuente de empleo, que mostró

cierta vulnerabilidad ante la creciente competencia de China e India. El sector

construcción, a su vez, aportó cerca del 6% de los puestos de trabajo de la región.

El comercio aportó aproximadamente la quinta parte del empleo en todos los países,

excepto en El Salvador, donde su aporte equivale al 24% del empleo nacional, esta cifra

pudo estar asociada a la fuerte presencia del sector informal.

El 23% del empleo regional lo produjo el resto de los servicios, con la excepción de los

comunitarios y personales, ya que este conjunto de servicios se relaciona con actividades

de mayor complejidad, que demandan recursos financieros abundantes y mano de obra

más calificada, tales como: turismo, transporte, financieros y los estatales y sociales.

5.4. Hambre y desnutrición

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es un derecho humano respaldado por un

diverso conjunto de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Se entiende por

SAN, “el estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de

acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para

85

85

su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar

general que coadyuve al logro de su desarrollo” (Incap, 2002; en III Informe del Estado de

la Región, 2008, p. 219).

Según el informe (2008) el análisis del desempeño de Centroamérica en los últimos veinte

años mostró avances en ámbitos estratégicos para el logro de la seguridad alimentaria y

nutricional, entre ellos la disminución de la pobreza, un aumento en la disponibilidad de

alimentos y el incremento en las coberturas de programas de salud. Sin embargo, estos

logros no fueron suficientes para garantizar la SAN a toda la población de la región debido

a una serie de factores que comprimieron su estabilidad, entre ellos: la creciente

desigualdad socioeconómica entre diversos grupos de población, la frágil oferta de

alimentos, provocada por el impacto de los desastres sobre los cultivos, las fluctuaciones

en el mercado internacional producto de la inserción de Centroamérica en la economía

internacional, entre otros.

La intensificación del proceso de apertura comercial transformó las estructuras

productivas. Las transformaciones en la producción se profundizaron con los cambios en

la comercialización vinculados en gran medida con los acuerdos comerciales regionales y

bilaterales (por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República

Dominicana y Centroamérica) que pudieron generar un nivel socioeconómico tendiente a

la eventual reducción de la producción local de los cultivos y al aumento de la

dependencia de productos importados.

Por ejemplo el peso de la agricultura en el PIB de la región ha disminuido

considerablemente como consecuencia del dinámico crecimiento de los sectores de la

industria y los servicios, y del auge de nuevos cultivos agrícolas de alta rentabilidad

destinados al mercado externo, lo que implicó un notable descenso de la producción

interna y una mayor dependencia de alimentos importados.

86

86

Esta situación ha incidido en el aumento significativo de los precios de los alimentos. En el

2007, el índice de precios de los alimentos, estimado por la FAO35 creció casi un 25%, en

comparación con el 9% del año anterior. Las poblaciones más afectadas fueron las más

empobrecidas, ya que son las que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la

compra de alimentos.

Los siguientes datos ponen en evidencia la complejidad de la situación:

Entre 1990 y 2005, las tierras sembradas de arroz, frijoles, maíz y sorgo se

redujeron a la mitad, mientras las dedicadas a cultivos no tradicionales de

exportación se duplicaron, como parte del proceso de creciente apertura y

promoción del comercio internacional.

La producción de granos básicos por habitante resulta inferior a la que se

registraba a inicios de los años noventa en Guatemala, Honduras, El Salvador y

Costa Rica. En todos los países del área aumentó la disponibilidad agregada de

alimentos básicos, a costa de una mayor dependencia de las importaciones,

principalmente de granos básicos.

La participación de las importaciones en la disponibilidad total de alimentos creció

cerca del 30% en los casos del trigo, el arroz y el maíz entre 1990 y 2003. El precio

internacional del trigo se triplicó durante el período 2000-2008 mientras los del

maíz y el arroz se duplicaron.

El otorgamiento de subsidios y otros incentivos para el cultivo de maíz amarillo ha

sido la estrategia adoptada por Estados Unidos y algunos países europeos para

incrementar la producción de biocombustibles y paliar la crisis energética. Ello ha

contribuido al aumento de los precios internacionales de este producto.

35

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

87

87

La canasta básica alimentaria aumentó su costo en toda la región durante el

período 2003-2006, esto representó en el último año más del 60% del salario

mínimo agrícola, excepto en Nicaragua y Honduras. Esta aumento significó para El

Salvador un costo de 101 dólares, para Guatemala de 196 dólares y para el resto

de los países valores intermedios entre esos rangos; con excepción de Costa Rica

con un costo de de 205 dólares, el máximo en la región.

Las alzas de los alimentos evidencia una barrera de acceso, principalmente para la

población pobre, los ocupados en la agricultura y los residentes de las zonas

rurales, situación que podría significar un aumento en la incidencia de la

subnutrición y la desnutrición, y provocar nuevos escenarios de riesgo de

inseguridad alimentaria y nutricional en la región.

Durante el período 2004-2007 el índice de precios de los alimentos creció a un

ritmo mayor que la inflación, lo que podría estar agravando los problemas de

acceso. Costa Rica, Guatemala y Nicaragua fueron los países en los que más se

encarecieron estos productos. Un incremento adicional del 15% en los precios de

los alimentos podría incrementar en 2,5 millones la cantidad de personas en

pobreza extrema en la región, lo que afectaría principalmente a Honduras y

Guatemala.

La dieta de los centroamericanos está conformada por alimentos de alta densidad

energética, pero de baja densidad nutricional.

La subnutrición afectó al 20% de la población centroamericana entre 2001 y 2003,

lo que significa un retroceso con respecto a 1990 (17%). En años recientes se ha

desacelerado el proceso de reducción de la desnutrición; esto ha generado

retrocesos puntuales, particularmente en Guatemala, donde cerca de una cuarta

parte de la población menor de 5 años está desnutrida.

88

88

La desnutrición crónica es considerablemente mayor en las zonas rurales y las

comunidades indígenas.

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública en la región. El

porcentaje de población infantil con riesgo de sobrepeso es mayor en Guatemala

(21%), Nicaragua (17%) y Honduras (17%). Más del 60% de los adultos de El

Salvador, Nicaragua y Costa Rica tiene sobrepeso y alrededor del 23% presenta

obesidad.

La anemia por deficiencia de hierro sigue siendo un problema de salud pública en

todas las naciones centroamericanas, especialmente en niños de edad preescolar.

La prevalencia de esta enfermedad supera el 30% en Guatemala, Honduras y

Nicaragua (Ibid, p. 216).

En este escenario de variaciones, es importante considerar las consecuencias en SAN

producidas por el cambio climático, ya que se estima que este exacerbará el riesgo y las

fluctuaciones en la producción de alimentos, provocando una mayor dependencia de

alimentos importados y el descenso del rendimiento de los cultivos, debido al creciente

riesgo de las sequías y las inundaciones relacionadas con el aumento de las temperaturas.

Existen importantes brechas territoriales, étnicas y socioeconómicas entre los países y a lo

interno de estos, los progresos ocurren a ritmos y velocidades distintos, lo que configura

una región con un desempeño heterogéneo.

En general, las limitaciones en el acceso a los alimentos para una parte importante de la

población se relacionan estrechamente con la persistencia de la pobreza, los bajos niveles

de ingreso, la calidad del empleo, la exclusión y otros problemas sociales y económicos.

Ciertamente, la pobreza está fuertemente relacionada con la inseguridad alimentaria y

nutricional, sin embargo no existe una correspondencia total entre ambas. Es decir, la

89

89

pobreza extrema aumenta las probabilidades de sufrir tanto subnutrición como

desnutrición, pero no las determina: “Países como Honduras, donde más del 50% de la

población vive en condiciones de pobreza extrema, la prevalencia de subnutrición es

menor al 20%. En Guatemala ha disminuido la pobreza pero ha aumentado la

desnutrición. En la región, cerca de dos tercios de la población infantil que reside en

hogares en extrema pobreza no presenta desnutrición global (déficit en peso) mientras

que una parte importante de los menores con déficit en talla no vive en hogares con

pobreza extrema. Se estima que si los recursos para combatir la desnutrición se centraran

en los hogares en extrema pobreza, se estaría dejando por fuera a un 56% de los niños en

Guatemala y a un 42% en Nicaragua” (Ibid, p. 228).

Desde la década de los noventa todos los países del área han venido aumentando el gasto

social, tanto en términos absolutos como en su peso relativo con respecto al PIB. En este

período se puso especial énfasis en la conformación de una red de protección social para

las poblaciones más pobres, en el impulso de estrategias para combatir la desnutrición, en

la promoción de la lactancia materna, en el mejoramiento del saneamiento ambiental y el

acceso a agua potable, transferencias monetarias condicionadas, en la implementación de

planes de seguridad alimentaria y nutricional, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los países en reducir a la mitad (de lo que existía

en 1990) el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema y el de aquellas que

sufren subnutrición o desnutrición, todavía resultan insuficientes. Costa Rica, El Salvador y

Guatemala han tenido progresos sustantivos, mientras que Nicaragua y Honduras han

registrado avances muy limitados:

“Al analizar el gasto público social se observa que, entre 2004 y 2006, los

gobiernos de los cuatro países estudiados destinaron en promedio un 1,1%

de sus PIB a reducir la desnutrición crónica y mejorar la SAN. Se trata de un

monto modesto si se toma en cuenta que la desnutrición crónica estaría

90

90

afectando a cerca de un tercio de los niños y niñas de estas cuatro naciones,

y que sus efectos negativos son irreversibles. Los países con menores

niveles de gasto, Guatemala y El Salvador, muestran un aumento con

respecto al año 2004, mientras que en Honduras y Nicaragua la asignación

de recursos tendió a disminuir. Sin embargo, en todos los casos se

identificaron oscilaciones importantes, asociadas al inicio o finalización de

grandes proyectos o a fluctuaciones de los montos aportados por la

cooperación internacional, que en este ámbito son cuantiosos” (Ibid, p.

239).

Las acciones que se realizaron fueron a nivel micro, mientras que “las estrategias de corte

universal están débilmente articuladas, no tienen segura su permanencia en el tiempo,

poseen limitadas coberturas y deficiencias importantes en la gestión administrativa y

técnica de los recursos y los procesos, e insuficientes mecanismos de evaluación de sus

impactos, lo que limita la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas para

mejorar su desempeño” (Ibid, p. 217).

Mejorar la situación de la SAN en Centroamérica requiere enfrentar importantes desafíos,

que estén vinculados con la articulación de acciones regionales, para erradicar la

inseguridad alimentaria y nutricional de su población. En la región persisten una serie de

obstáculos que limitan mejorar las condiciones del SAN:

1. “La pobreza, la exclusión y la desigualdad, que amplían las brechas entre los grupos

sociales e impiden un acceso amplio y oportuno a los alimentos, incluso en

condiciones de auge económico y recuperación gradual del gasto social público

como las que ha vivido la región en los últimos años.

2. La cobertura de la educación, los servicios de salud, de saneamiento ambiental y el

suministro de agua apta para consumo es aún baja en muchos municipios y

regiones del istmo lo que limita el adecuado aprovechamiento del consumo de

91

91

alimentos y requiere programas de inversión pública en infraestructura y recursos

humanos calificados.

3. La población rural, en particular los campesinos y los pequeños productores de

granos, han vivido históricamente en condiciones de alta vulnerabilidad y durante

la última década ha enfrentado el debilitamiento de las políticas sectoriales junto

con las asimetrías en la apertura comercial de los mercados de productos

agrícolas” (Ibid, p. 241).

La superación de estas condiciones que limitan el logro de la SAN en la región demanda un

trabajo planificado, articulado y sostenido que se enfoque al mismo tiempo a lo interior

de los países como en la región: “Consolidar los avances logrados y enfrentar los nuevos

retos requiere no solo acciones intersectoriales, sino también una clara voluntad política

para optimizar los esfuerzos y recursos disponibles alrededor de las alianzas y estrategias

que ya han comenzado a gestarse” (Ibid, p. 242).

5.5. Falta de agua y condiciones insalubres

Para el 2008 la población centroamericana poseía un amplio acceso al agua potable, con

porcentajes superiores al 80%, excepto Nicaragua que posee un porcentaje de acceso del

79%. Costa Rica y Guatemala muestran las mayores coberturas de este servicio con más

del 95%. Honduras y El Salvador tienen coberturas intermedias cercanas al 85%. Pese a

esta situación, cerca de 4,5 millones de habitantes de la región vivían sin acceso a agua

potable

Aunque los esfuerzos de avances han sido notables, son insuficientes para garantizar el

acceso total a un servicio que se considera como derecho humano: “Los esfuerzos

públicos se han concentrado en la ampliación del acceso a este servicio en las áreas

urbanas, y de ahí que en ningún centro urbano del istmo se registren coberturas inferiores

92

92

al 90%, e incluso Costa Rica cuenta con un 100%. Sin embargo, en la zona rural la realidad

es otra. Exceptuando a Costa Rica y Guatemala (92%), el acceso a agua potable es inferior

al 81% en todos los países, y llega al 63% en el caso de Nicaragua” (Ibid, p. 92).

Con respecto al acceso al servicio de saneamiento 11,4 millones (27,1%de la población

total) carecían de acceso a servicios de saneamiento mejorados: “Con la excepción de

Costa Rica (92%), los valores de cobertura [de la región] caen por debajo de 86%, y

alcanzan niveles alarmantes en Nicaragua (47%), El Salvador (62%) y Honduras (69%). En

otras palabras, en varios de los países más poblados de la región, entre un tercio y la

mitad de los habitantes carecían incluso de sistemas sencillos de disposición de excretas,

como una letrina construida de manera apropiada” (Ibid, p. 92).

Según estos datos, si la medición sobre los sistemas de saneamiento sanitarios fueran más

estrictas y tomaran en cuenta solo sistemas que permiten una adecuada disposición de las

excretas, ningún país del istmo sobrepasaría el 20% de cobertura.

Además de esta situación, las diferencias de acceso entre zona rural y zona urbana son

más amplias en relación al acceso a agua potable: “En las zonas rurales, con las

excepciones de Guatemala y Costa Rica (87% y 97%, respectivamente), el acceso de la

población al saneamiento es inferior al 54%. Los niveles más bajos corresponden a El

Salvador (39%) y Nicaragua (34%)” (Ibid, p. 92). El cuadro N° 4 muestra los porcentajes de

acceso a agua potable y saneamiento sanitario.

93

93

Cuadro N° 4

Acceso de la población a fuentes de agua y servicios de saneamiento

País

Acceso a fuentes de agua Acceso a servicios de saneamiento

Población urbana

Población Rural

Total Población urbana Población

Rural Total

Costa Rica 100 92 97 89 97 92

El Salvador 94 70 84 77 39 62

Guatemala 99 92 95 90 82 86

Honduras 95 81 87 87 54 69

Nicaragua 90 63 79 56 34 47

Fuente: III Informe Estado de la Región, 2008

A pesar de que en Costa Rica y Guatemala las condiciones eran más favorables, el tema de

riesgo seguía siendo manifiesto y se presentaban amenazas derivadas del manejo

inadecuado de aguas residuales, dada la insuficiente cobertura de alcantarillados

sanitarios incluso en zonas urbanas. Se empezó a dar una sobreutilización de fosas o

tanques sépticos; situación que conlleva el riesgo de contaminación de fuentes de agua

subterránea, por la infiltración de lixiviados.

Las dificultades de acceso en el tema de saneamiento y de agua potable ponen de frente a

la región al desafío para garantizar condiciones de calidad y acceso al 100% de la

población. La atención en este plano es un requisito de salud ineludible para evitar

enfermedades, limitar los mecanismos de transmisión de los mismos y mejorar las

condiciones de vida de los sectores más empobrecidos.

5.6. Falta de acceso a la educación y/o exclusión del sistema

educativo

El derecho de todas las personas a la educación constituye un derecho humano que se

encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. En Centroamérica, a pesar de los avances en el tema de la universalización de

94

94

la educación básica, el acceso sigue siendo lento y desigual: “En el 2006 las tasas netas de

matrícula en primaria sobrepasaron el 90% en todos los países, con la excepción de

Honduras y Nicaragua, donde rondaron el 85%. Pese al progreso registrado en la mayoría

de las naciones, lograr que los estudiantes concluyan la educación primaria todavía

constituye un importante desafío regional. Centroamérica presenta tasas de supervivencia

al sexto grado menores que el promedio latinoamericano (82%), con excepción de Costa

Rica. Además, ello no significa que todos los que llegan a ese grado terminan la primaria,

pues algunas tasas de conclusión de estudios por cohorte son más bajas que las tasas de

supervivencia, con diferencias bastante notorias, especialmente en el caso de El Salvador

(superior a veinte puntos porcentuales) (Unesco, 2008). Incluso en Costa Rica se registra

una caída en la tasa neta de escolaridad en el segundo ciclo (88,3%), que corresponde a

los grados cuarto a sexto de primaria. Esto significa que 12 de cada100 niños y niñas en

edad de asistir al segundo ciclo no lo están haciendo” (Ibid, p. 90).

El cuadro N° 5 muestra las variaciones durante los últimos años del porcentaje de

desertores en educación primaria, es decir, los alumnos que abandonaron los estudios en

el transcurso del ciclo lectivo con respecto a la matrícula inicial:

Cuadro N° 5

Desertores en educación primaria, por país. 2000-2006

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Costa Rica 4,1 4,5 4,0 3,9 3,3 3,4 3,8

El Salvador 3,7 5,1 3,8 5,2 4,3 7,3 6,0

Guatemala 10,4 7,0 7,7 5,0 7,0 6,2 5,6

Honduras 2,7 3,4 2,5 2,6 2,6 2,0 1,8

Nicaragua 5,3 5,8 6,6 6,1 6,5 8,7 13,1


En este sentido, el tema de la deserción cobró especial importancia, ya que para el 2006

tanto durante la educación primaria como en la secundaria, la deserción y la repitencia

95

95

mostraron niveles preocupantes en toda la región: “Alrededor del año 2004, la repitencia

en primaria en Guatemala alcanzaba el 12,4% y en el sector rural superaba el 16%; en

Honduras fue de 18,5% para el primer grado, en Nicaragua fue de 9,9% en el 2005. En

Costa Rica, el tiempo promedio que tarda un estudiante en graduarse es de 7,4 años en

primaria y 9,4 años en secundaria; esta última cifra es preocupante, pues representa casi

el doble de los cinco años que utiliza un alumno que no repite ningún año” (Ibid, p. 91). El

cuadro N° 6 muestra las variaciones durante los últimos años del porcentaje de desertores

en educación secundaria, a partir del criterio de los alumnos que abandonaron los

estudios en el transcurso del ciclo lectivo con respecto a la matrícula inicial.

Cuadro N° 6

Desertores en educación secundaria, por país. 2000-2006

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Costa Rica 11,9 12,4 12,0 10,4 11,6 12,5 13,2

El Salvador 10,1 5,4 4,9 6,6 5,2 11,4

Guatemala 14,4 7,5 10,6 8,3 5,9 4,2 6,3

Honduras 2,5 2,2 7,3 8,2 8,1 8,1 7.9

Nicaragua 8,8 8,1 12,3 11,2 10,5 11,7 14,0


Esta información evidencia los aumentos en las tasas de deserción de la educación

primaria con respecto a la secundaria. Aunado a esto las tasas de matrícula continuaron

descendiendo conforme se avanzaba en la educación secundaria y los menores registros

se dieron en el último ciclo de ese nivel: “En términos generales, ningún país logra

sobrepasar el promedio latinoamericano (89%) en la matrícula de secundaria. Tres países

centroamericanos (Nicaragua, Honduras y Guatemala) se sitúan en los peores lugares de

Latinoamérica, con tasas de asistencia a secundaria de alrededor del 50%” (Ibid, p. 91)

Por otro lado, los datos sobre educación preescolar platearon un panorama similar al

anterior, ya que se le asignó “poca” importancia y una “modesta” cobertura a la

enseñanza preescolar en los sistemas educativos: “En Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

se ha declarado obligatorio el último tramo de este nivel educativo. Esa decisión, sin

96

96

embargo, contrasta con la capacidad institucional para ofrecer plena cobertura porque, en

ninguno de estos casos, con la excepción de Costa Rica, se ha logrado una matrícula en

este nivel mayor de la mitad de la población en edad para cursarlo. En el año 2006 las

tasas brutas de matrícula de la región oscilaron entre 31% y 92,2%; las más baja

correspondió a Honduras. En todos los países estas tasas aumentaron en el período 1996-

2006. Costa Rica, aunque experimentó cierto estancamiento, mantuvo las tasas más altas

del istmo. No obstante, la oferta educativa para el grupo de 0 a 3-4 años es todavía muy

modesta en casi toda el área” (Ibid, p. 91)

Estos datos constatan el desafío que tiene la Región de ampliar la cobertura en educación

y mejorar los mecanismos de retención del sistema educativo formal. Para lo que resulta

prioritaria una asignación de recursos mucho más amplia para este sector. Sin embargo, el

gasto en educación apenas llega al 4,5% del PIB en promedio para la región. Existen

grandes asimetrías entre los países. El gasto per cápita en Costa Rica, que se sitúa por

encima por encima de 200 dólares anuales, es entre cinco y siete veces mayor que el que

realizan Nicaragua y Guatemala, cuyo gasto en este rubro es menor de 50 dólares por

habitante (31,9 y 45,2, respectivamente, en el 2005). En niveles intermedios, pero todavía

por debajo del promedio centroamericano, se encuentran El Salvador con 69,0 % y

Honduras con 67,7% (III Informe del Estado de la Región, 2008). En el cuadro N° 7 se

muestra la relación entre el gasto público en educación y el gasto público total, la cual

evidencia que casi la totalidad de los países se dio un descenso en los porcentajes de

asignación para el gasto en educación.

Cuadro N° 7

Gasto Público en Educación en relación al PIB, por país. 2000-2005.

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Costa Rica 4,7 5,1 5,5 5,5 5,4 5,2

El Salvador 2,4 3,4 3,3 3,1 2,9 3,0

Guatemala 1,7 1,7 1,8 1,6 2,7 1,9

Honduras 8,5 6,3 7,2 7,3 7,3 7,6

Nicaragua 4,7 4,2 4,0 2,5 3,0 3,1


97

97

5.7. Falta de acceso a la salud

El acceso a la salud es un derecho fundamental reconocido en todas las constituciones de

los países que conforman la Región Centroamericana. Para el 2008 las condiciones

generales de acceso a salud en Centroamérica habían mejorado considerablemente,

específicamente en incremento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad

infantil y acceso ha servicios públicos (el que se incluye acceso a agua potable). Sin

embargo, los avances resultaron insuficientes. El cuadro N° 8 se muestran indicadores

sociales relativos a condiciones de acceso a la salud, que reflejan las disparidades entre los

países:

Cuadro 8: Indicadores Sociales, por país. Varios años.

Proporción de la población bajo la línea

de la pobreza total (%)

Proporción de personas

subnutridas en la

población total (%)

Población total con

acceso sostenible a

fuentes de

abastecimiento de

agua potable (%)

Población total con

acceso a servicio de

saneamiento (%)

País Circa 2000 Circa 2006 1995-1997 2002-2004 2000 2004 2000 2004

Costa Rica 22,9 2001 16,7 2007 5 5 97 97 92 92 El Salvador 45,5 2000 32,3 2006 14 11 80 84 61 62 Guatemala 56 2000 51 2006 21 22 91 95 78 86 Honduras 71 2002 67,8 2006 21 23 87 87 65 69 Nicaragua 45,8 2001 48,3 2005 33 27 76 79 46 47


Según la información que ofrecen estos indicadores, se estimó que en el 2008 cerca de 4,5

millones de habitantes de la región vivían sin acceso a agua potable (10,8% de la

población) y 11,4 millones (27,1%de la población total) carecen de acceso a servicios de

saneamiento mejorados. Además, el problema de la desnutrición se presentó como un

registro de atención de riesgo porque ser un factor condicionante de morbilidad y

mortalidad en niños menores de 5 años. A esta situación se sumaron los porcentajes de

pobreza, lo que generó un aumento entre las brechas sociales entre y a o lo interno de los

países (Estado de la Región, 2008).

98

98

Este informe revela que entre 1995 y 2007 la población centroamericana tuvo un

aumento de 9 millones de habitantes, con lo que también se incrementó la esperanza de

vida al nacer. El promedio general de vida en la región osciló entre los 70 años, a

excepción de Costa Rica que supera el promedio general de América Latina, ya que

sobrepasa los 75 años como promedio para ambos sexos. Además, los datos indican que

en el 2007 la tasa de nacidos vivos de la región rondó los 23 por mil nacidos, valor similar

al promedio latinoamericano estimado por Cepal para el 2005-2010.

Es necesario considerar que este escenario de crecimiento demográfico impacta el acceso

a la salud y hace necesario la implementación de medidas que democraticen en el acceso

al servicio. El informe del Estado de la Región (2008) señala que a pesar del mejoramiento

de ciertas condiciones de vida en la región, no se mostraron patrones similares al interior

de los países, ya que continuo presentándose situaciones de inequidad que limitaron el

acceso a los servicios: “Hay grupos de población cuya salud está deteriorada debido a que

no están recibiendo los beneficios del desarrollo económico y social, y las políticas

públicas no son suficientes para compensar esa situación” (Ibid, p. 189).

Esto se puede observar en el cuadro resumen sobre índice de desarrollo humano, pues la

posición que obtuvieron los países en el indicador de condiciones de salud fue inferior a la

del índice general, pero mejor que su ubicación según el ingreso per cápita, “lo que revela

que las condiciones de salud de la población inciden de modo significativo en el ranking

general del IDH, pero sin llegar a compensar, los rezagos en materia de ingreso” (Ibid, p.

183). El cuadro N° 9 muestra los datos de cada indicador del IDH:

99

99

Cuadro 9:

Centroamérica: Índice de Desarrollo Humano por país, 2007.

Índice de Desarrollo

Humano Esperanza de Vida al

Nacer Tasa de alfabetización

adulta

Matriculación en educación primaria,

secundaria y terciaria PIB per cápita

Posición Valor Posición Años

Posición

% de 15 años y más

Posición % Posición PPP $

Costa Rica 48 0,846 24 78,5 37 94,9 90 73 61 10.180

El Salvador 103 0,735 86 71,3 89 80,6 100 70,4 100 5,255

Guatemala 118 0,689 99 69,7 105 69,1 111 67,3 107 4,568

Honduras 115 0,700 103 69.4 90 80,0 95 71,2 118 3,430

Nicaragua 110 0,710 77 71,9 93 76,7 99 70,6 116 3,674


Con respecto al panorama de morbi-mortalidad en la región, el Informe (2008) señala que

estuvo determinado por las condiciones de pobreza, los comportamientos sociales y los

estilos de vida. Los determinantes sociales que explicaron estas brechas en el acceso a

salud estuvieron asociadas a las siguiente consideraciones: “i) las desventajas de los

pueblos indígenas, expresadas, en niveles altos de mortalidad y morbilidad por

enfermedades prevenibles, ii) las inequidades en el acceso a servicios de salud, iii) la

persistencia de la pobreza pese a ciertos avances en las condiciones de vida y iv) el desafío

de la multiculturalidad” (Ibid, p. 186).

El patrón de mortalidad en la Región fue heterogéneo y tuvo distinto peso por país según

los niveles de pobreza y la proporción de la población en riesgo: “La pobreza como

determinante social de la salud está presente en todos los países del área y limita las

posibilidades de mejorar el estado de salud y la calidad de vida de amplios grupos de

población. Afecta especialmente a la población infantil, los habitantes de zonas rurales, los

indígenas y las mujeres. Madres y niños menores de un año pertenecientes a grupos

indígenas y a comunidades rurales pobres tienen una probabilidad más alta de morir que

100

100

el promedio de la población. Además, existen grandes brechas entre las zonas urbanas y

las rurales” (Ibid, p. 179).

El cuadro N° 10 muestra un balance de las disparidades en salud de los grupos

especialmente vulnerables, en el que se encuentran las mujeres, las poblaciones

indígenas, la población rural y las personas menores de 1 años:

Cuadro N° 10

Centroamérica: Disparidades en la salud en los grupos especialmente vulnerables, por país.

Fuente: Informe Estado de la Región, 2008

Con respecto a información general sobre el patrón de mortalidad del istmo, el Informe

del Estado de la Región (2008) señala que las causas de muerte en los niños menores de 5

años fueron las que se originaron en el período perinatal, asociado a enfermedades como

trauma del parto, la asfixia perinatal, las derivadas de la inmadurez fetal y la sepsis.

País Población indígena Población Rural Personas menores de un

año

Costa Rica

La tasa de mortalidad infantil en 34 de los 81 cantones es mayor que el promedio nacional y en dos cantones es el doble.

El Salvador

El 61% de la población indígena viven en pobreza y un 38% en pobreza extrema. En Ahuachapán y Sonsonate la mortalidad materna es mayor que el promedio nacional.

Guatemala

La mortalidad infantil es entre 1,3 y 2 veces mayor que el promedio nacional. La mortalidad es hasta 65% mayor que el promedio nacional. Sólo el 16% de las mujeres embarazadas tienen control prenatal, en contraste con el 52% de la población no indígena.

Sólo el 40% de las mujeres embarazadas acceden a cuatro o más consultas de control prenatal, comparado con el 66% de la zona urbana.

La tasa de mortalidad infantil es un 40% más elevada en la zona rural y un 22% mayor si se trata de zonas indígenas.

Honduras

La tasa de mortalidad infantil es cuatro veces el promedio nacional.

Nicaragua

Las madres indígenas o afrocaribeñas tienen un riesgo de muerte 2,2 veces mayor que el promedio nacional.

Sólo el 51% de las mujeres embarazadas acceden a cuatro o más consultas de control prenatal, comparado con el 73% de la zona urbana.

En la región atlántica la tasa de mortalidad perinatal es 1,6 veces mayor que el promedio nacional.

101

101

También se registró en Costa Rica como causas importantes las malformaciones

congénitas y accidentes en el hogar.

Para el grupo de entre 5 y 9 años de edad las principales razones fueron causas externas,

principalmente accidentes de tránsito, y padecimientos vinculados a infecciones

respiratorias, neoplasias y las malformaciones congénitas. En el caso de Guatemala se

presentó un porcentaje significativo de desnutrición, que es una causa que subyace a las

muertes de niños en este grupo de edad. En el caso de los adolescentes, llama la atención

que la causa principal de fallecimiento fue externa: accidentes de tránsito, violencia,

heridas por armas de fuego y suicidios. Sin embargo, también hubo presencia de otras

patologías como neoplasias, infecciones y las enfermedades del sistema nervioso.

Como causas de la mortalidad adulta en todos los países predominaron las causas

externas, enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias. También en las

estadísticas cobró relevancia el VIH sida. En Guatemala son significativos padecimientos

como la cirrosis, asociada a la ingesta de alcohol y uso de sustancias psicoactivas. En el

caso de los adultos mayores las causas de mortalidad fueron enfermedades del sistema

circulatorio, diabetes, las neoplasias y las enfermedades infecciosas, en especial las

respiratorias. En el caso de Guatemala la desnutrición fue una de las causas de muerte de

este grupo de edad.

En estos datos llama la atención el aumento en todos los países, de la mortalidad debida a

causa externas, lo que reflejó un problema de seguridad social y la insuficiencia de las

políticas que se aplicaron para enfrentar los problemas de salud pública. A pesar de que

ha habido avances en la inversión social, la cobertura de los servicios de salud resultó

insuficiente para garantizar el acceso universal y oportuno de la atención:

La inversión pública en salud ha representado en promedio el 2,1% del PIB en los

últimos años y el gasto social per cápita promedio en salud es de 114 dólares a

102

102

nivel regional. Costa Rica supera ese monto por más del doble, en tanto que en El

Salvador ronda los 75 dólares y en las demás naciones la cifra es menor de 50

dólares. Este insuficiente gasto público en salud impide garantizar el acceso

universal y oportuno a los servicios de salud. Con excepción de Costa Rica, en el

resto del área los seguros sociales cubren a menos del 20% de la población. Cerca

del 70% de las y los centroamericanos carece de seguro social. La cobertura de los

servicios de salud es aun más baja en las zonas rurales e indígenas (Ibid, p. 179)

El cuadro N° 11 muestra los datos relativos a la población de la región sin cobertura del

seguro social y sin acceso al sistema de salud:

Cuadro N° 11

Centroamérica: población sin cobertura del seguro social y sin acceso al sistema de salud. 2007

País Población en 2007

Población sin cobertura del seguro social

Población sin ningún acceso al

sistema social

Población sin cobertura del seguro social

Población sin ningún acceso al

sistema social

Como % del total Número de personas

Costa Rica 4.618.012 13,2 0 609,578 0

El Salvador 7.104.999 84,2 41,7 5.982.409 2.962.784

Guatemala 13.611.649 81,7 20,1 11.120.715 2.735.941

Honduras 7.690.040 82 30,1 6.305.833 2.314.702

Nicaragua 6.091.158 92,3 27,9 5.622.139 1.699.433


Estos datos permiten distinguir que el reto principal en el tema de salud para ir

disminuyendo desigualdades sociales pasa por cuatro desafíos: “i) lograr una mejor

cobertura y mayor equidad en el financiamiento, ii) garantizar el acceso a los servicios de

salud para la población más vulnerable (habitantes de zonas rurales, pobres, indígenas),

iii) diseñar estrategias para aprovechar el “bono demográfico” y prevenir los riesgos

derivados del envejecimiento de la población, iv) profundizar el conocimiento sobre los

determinantes sociales de la salud y v) evaluar los programas de reforma que han

ejecutado” (Ibid, p. 179).

103

103

5.8. Inseguridad ciudadana

Según el III Informe del Estado de la Región (2008) violencia social y delictiva en algunos

países de la región estuvo entre los más altos del hemisferio. El fin de las guerras y la

democratización política no dieron paso a sociedades pacíficas.

Durante los últimos veinte años los factores regionales de inseguridad en Centroamérica

variaron de manera cualitativa, pasando de conflictos que tenían, principalmente, un

carácter político, a factores de inseguridad asociados con la inmersión de Centroamérica

dentro de la geopolítica del narcotráfico, las actividades delictivas de las maras, la

debilidad de los Estados de derecho y el fácil y generalizado acceso de la población a

armas ligeras.

104

104

Los factores regionales de inseguridad configuraron una problemática común de la cual

ninguna nación centroamericana escapó36:

Guatemala: Según el análisis de situación realizado entre 2002 y 2006, Guatemala

posee un alto nivel de violencia delictiva, la tasa de homicidios es de 4,5 por 10.000 habitantes. Más de 8 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego, la cifra más alta del istmo. Las cifras de robos y las violaciones han venido decreciendo, sin embargo, esta cifra puede deberse a problemas de registro, lo que incide en ocultar la magnitud del problema. Los secuestros extorsivos y los asesinatos por encargo (sicariato) son frecuentes, pero difíciles de estimar por limitaciones de los registros disponibles. Existe una alta percepción de inseguridad ciudadana por parte de la población, en 2006, casi la mitad de las personas (49%) identificaba el crimen y la inseguridad como el principal problema nacional, la mayoría (71%) consideraba que la delincuencia amenazaba el bienestar del país y más de 4 de cada 10 sentían inseguro su entorno inmediato, un perfil similar al del resto de América Latina. Por otra parte, la confianza de las y los guatemaltecos en el sistema de justicia y en la capacidad de éste para proteger sus derechos es de las más bajas de Latinoamérica. Pese a la reciente promulgación de nuevas leyes penales, el sistema de administración de justicia es débil. El presupuesto del Poder Judicial es el más bajo de la región (per cápita), hecho que coloca al país entre los que menos invierten en este campo. Aunque en los últimos años ha aumentado su número, los operadores judiciales son relativamente pocos vis a vis la población a la que deben atender: en 2006 había 155 policías por 100.000 habitantes (la tasa más baja de la región), 6,1 jueces (de nuevo, la tasa más baja), 6,8 fiscales y 1,8 defensores públicos; estos indicadores son bajos o muy bajos en contraste con otras naciones de América y Europa. Por otra parte, las tasas de encarcelamiento y de sobrepoblación penal son comparativamente bajas, y las de presos sin condena (39% en 2006), intermedias, lo que ubica a Guatemala en una posición favorable en estos aspectos. En el marco de un débil sistema de justicia, las respuestas del Estado a la violencia delictiva y la inseguridad ciudadana han sido aplicaciones sucesivas de políticas de mano dura, en el 2003 se puso en marcha el “Plan Escoba”, orientado al control y represión de las pandillas juveniles, cuyas actividades fueron consideradas como la mayor fuente de inseguridad ciudadana, por encima del crimen organizado y el narcotráfico. Dos años después, en 2005, se ejecutó un nuevo plan, llamado “Guatemala Segura”, aplicado por los servicios policiales y 1.900 militares. Ninguna de las dos intervenciones tuvo un impacto discernible sobre la violencia delictiva y la percepción de inseguridad en la ciudadanía. En febrero de 2008, con el apoyo de la mayoría de los partidos y de casi todos los diputados, el Congreso hizo posible la aplicación de la pena de muerte, suspendida desde 2002.

36

Las referencias por país relativas a los factores de inseguridad es una síntesis realizada a partir de los datos suministrados en el capítulo 12 del III Informe del Estado de la Región (2008).

105

105

El Salvador: Según estimaciones de entre el 2002 y 2006, El Salvador tiene un alto nivel de

violencia delictiva (en el 2006 su tasa de homicidios fue de 5,6 por 10.000 habitantes). Similar a lo que ocurre en Guatemala, cerca de 8 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego. Los registros administrativos indican que los robos han venido decreciendo, aunque su nivel continúa siendo muy alto en el contexto internacional y las denuncias por violación han aumentado en estos años (al igual que en Guatemala ambos datos están afectados por problemas de registro y “cifra negra”). Los secuestros extorsivos son frecuentes aunque difíciles de estimar por limitaciones de los registros disponibles, lo mismo que la incidencia de los asesinatos por encargo (sicariato). Al alto nivel de violencia delictiva corresponde una intensa percepción de inseguridad ciudadana: en 2006, poco menos de la mitad de las personas (44%) identificaba el crimen y la inseguridad como el principal problema nacional, la mayoría de las personas (86%) consideraba que la delincuencia amenazaba el bienestar del país y más de 4 de cada 10 sentían inseguro su entorno inmediato, un perfil similar al del resto de América Latina. Sin embargo, la confianza de las y los salvadoreños en el sistema de justicia y en la capacidad de éste para proteger sus derechos es, comparativamente, más elevada que la de Guatemala e intermedia en el contexto hemisférico. El Salvador ha tenido progresos en el desarrollo del sistema de administración de justicia, relativos a mejoras en el presupuesto per cápita del Poder Judicial y la cantidad de operadores judiciales coloca a este país. En 2006 el gasto per cápita del sistema judicial penal incrementó de 37% con respecto a 2002, ascendiendo 23,7 dólares. En 2006 había 234 policías por 100.000 habitantes (la segunda tasa más elevada de la región), 9,6 jueces (un nivel bajo comparado con otros países de América y Europa), 9,4 fiscales (en el 2004) y 3,9 defensores públicos (situación muy favorable, pese a que se registró una fuerte disminución en la cantidad de estos operadores judiciales en relación con el 2002). Finalmente, El Salvador tiene muy altas tasas de encarcelamiento (195 por cada 100.000 habitante en 2006, cifra solo superada por Panamá y Estados Unidos en el hemisferio) y de sobrepoblación penitenciaria (188% en 2006), aunque ha efectuado un notable esfuerzo por reducir la proporción de presos sin condena, que disminuyó de 76% en 1995, a 50% en 2002 y 27% en 2006. La principal respuesta institucional del Estado salvadoreño a la alta violencia criminal y la inseguridad ha sido, como en Guatemala, la aplicación de sucesivas intervenciones de mano dura. Éstas se han orientado fundamentalmente a combatir las maras, a las que en el 2003 el Gobierno declaró como amenaza a la seguridad nacional. A pocos meses de las elecciones nacionales, se puso en marcha el plan “Mano Dura” que consistía en focalizar la acción policial sobre maras y pandillas en zonas marginales con elevados niveles de desorden social; en noviembre de ese año, el Parlamento aprobó la “ley antimaras”, con una vigencia de 180 días, posteriormente fue declarada inconstitucional por la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2004. No obstante, pocos días después el Legislativo aprobó una nueva ley, parecida a la anulada, con una duración de 90 días. Ese mismo año el Ejecutivo elaboró y aplicó el plan “Súper Mano Dura”, el cual, pese a su nombre, fue menos riguroso que el anterior, pero también contempló operativos conjuntos policía-ejército en zonas marginales. En esta misma línea, se aprobó la Ley contra Actos de Terrorismo (no 108, del 21 de septiembre de 2006), la cual ha sido utilizada al menos en dos ocasiones por la Fiscalía, para detener preventivamente y acusar a personas involucradas en acciones locales de las maras, aunque ello no ha generado ninguna condena. En contraste con las intervenciones de mano dura, la respuesta preventiva fue de menor escala y su acción más relevante fue el plan “País Seguro”, orientado a la atención de jóvenes miembros de las maras. Desde el ámbito de los gobiernos locales y la sociedad civil se han puesto en marcha numerosos esfuerzos, especialmente relacionados con la rehabilitación de jóvenes mareros. En resumen, la evidencia disponible indica que la eficacia de la respuesta institucional a la violencia delictiva y la inseguridad ciudadana ha sido muy reducida.

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Honduras: Siguiendo las estimaciones entre el 2002 y el 2006, Honduras experimenta un alto

nivel de violencia delictiva. La tasa de homicidios es de 4,3 por 10.000 habitantes. Similar a lo que ocurre en otros países de la región, entre 7 y 8 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego. Existe una importante presencia de maras y su actividad delictiva es un factor de inseguridad. La violencia extralegal es alta y en las principales ciudades operan escuadrones de “limpieza social”: entre 1998 y mediados de 2007 fueron asesinados más de 3.600 jóvenes menores de 23 años por este tipo de operativos. Los secuestros son hechos frecuentes. La información disponible indica que la tasa de robos ha disminuido de modo sustancial en los últimos años y la de violaciones se mantiene estable en un nivel bajo en el contexto del istmo. Al alto nivel de violencia social y delictiva corresponde una intensa percepción de inseguridad ciudadana. En 2006, poco más de la tercera parte de la población (35%) identificaba el crimen y la inseguridad como el principal problema nacional. La mayoría de las personas (84%) consideraba que la delincuencia amenazaba el bienestar del país. No obstante, comparada con El Salvador y Guatemala, la percepción de amenaza en el entorno inmediato era sensible y sorprendentemente inferior, cercana a un tercio de la ciudadanía (36%). La mitad de la población tiene una opinión favorable o muy favorable ante las acciones extralegales contra el crimen, independientemente de su nivel educativo y estrato económico. Entre el 40% y el 50% de las y los hondureños tiene “alguna confianza” en el sistema de justicia y en su capacidad para proteger los derechos ciudadanos, lo que tiende a ubicar a esta nación en un nivel intermedio dentro del hemisferio. Los indicadores del sistema hondureño de administración de la justicia son similares a los de Guatemala, lo que refleja una condición de extrema fragilidad y rezago. El presupuesto del Poder Judicial es el segundo más bajo de la región (8 dólares per cápita en 2006). Los operadores judiciales son relativamente pocos: en 2006 había 144 policías por 100.000 habitantes (la tasa más baja de la región), 8,4 jueces, 3,3 defensores públicos y 6,9 fiscales; estos indicadores son bajos o muy bajos al compararse con otros países de América y Europa. Las tasas de encarcelamiento (164 por 100.000 habitantes en 2006), de sobrepoblación penal (casi un 40%) y de presos sin condena (48%) son altas con respecto a la región, aunque de un nivel intermedio si se analizan desde una perspectiva internacional. Adicionalmente, el sistema judicial hondureño está muy politizado: sus principales autoridades son personas de reconocida filiación partidaria. En el marco de un débil sistema de justicia, Honduras fue la primera nación del área en aplicar respuestas de mano dura a la violencia delictiva y la inseguridad ciudadana. En términos del endurecimiento del marco legal, este país es el que más ha avanzado. El Código Procesal Penal aprobado en 2002 ha sufrido modificaciones de carácter represivo. En particular destaca la reforma de 2003 al artículo 332 del Código Penal, llamada “ley antimaras”, que criminalizó la pertenencia a estas agrupaciones. Además, en 2005 se propusieron cambios al Código de la Niñez para facilitar el encarcelamiento por tiempos prolongados de menores delincuentes. Sin embargo, no se han aprobado disposiciones para crear la figura de los “jueces sin rostro”. La respuesta institucional de mano dura se inició en 2001, en el marco de una campaña electoral, cuando se propuso el eslogan de “cero tolerancia” como la estrategia necesaria para enfrentar la criminalidad y, en particular, a las maras. Con esta propuesta se inició el camino de la participación sistemática del ejército y otras fuerzas militares en tareas policiales, la autorización de allanamientos sin control judicial o del Ministerio Público a cualquier hora del día (con participación militar), las reformas constitucionales para ampliar el plazo de detención administrativa (2004) y el intento, fallido, de restringir el hábeas corpus (2003). Las acciones preventivas han tenido una presencia marginal y una ejecución incipiente. Desde la sociedad civil se han articulado respuestas de distinto signo, orientadas a la organización de comités o mesas de seguridad ciudadana, a intervenciones orientadas hacia la prevención y rehabilitación de pandillas y al monitoreo y propuesta de políticas públicas de seguridad.

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Nicaragua: desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el Estado de derecho

Nicaragua es un caso especial. Comparte con los países centroamericanos del norte características sociales básicas, entre las que destacan una extendida pobreza, altos niveles de desigualdad social e importantes rezagos en desarrollo humano; posee, además, un sistema de justicia frágil y politizado. Sin embargo, se diferencia de Honduras, Guatemala y El Salvador en dos aspectos cruciales: la violencia social y delictiva es aproximadamente cuatro veces inferior y no ha recurrido a políticas de mano dura para enfrentar un lento pero creciente avance de la criminalidad y la inseguridad. Según las estimaciones realizadas entre 2002 y 2006, la tasa de homicidios en Nicaragua pasó de 1,0 por 10.000 habitantes en el año 2000 a 1,3 en 2006, un nivel bajo comparado con la información de más de 120 países. El uso de armas de fuego en los asesinatos (56%) es bastante menor que en los países del norte centroamericano. La tasa de robos, que se ha incrementado en lo que va del presente siglo (de 35,0 a 44,7 por 10.000), tiene un valor intermedio en el ámbito internacional, y aunque a nivel regional parece alta, ello se debe a un mejor registro y mayor denuncia que en otros países. La operación de maras y pandillas juveniles es relativamente escasa y la violencia extralegal es baja. La actividad del narcotráfico es notoria en la costa atlántica. Contrariamente a las demás naciones del área, una mínima proporción de las y los nicaragüenses (4% en 2006) identifica el crimen y la delincuencia como el principal problema del país; pese a ello, la confianza en el sistema de justicia y en su capacidad para proteger los derechos de la ciudadanía es baja (entre 41% y 45% no tienen confianza); sin embargo, las informaciones más recientes (2006) indican que las percepciones de amenaza difusa y al entorno inmediato por causa de la delincuencia, aunque importantes, tienden a ser menores que en el resto de la región, y la confianza en la policía tiende a ser mayor. El sistema de administración de justicia nicaragüense es débil y politizado. El presupuesto del Poder Judicial es bajo (9,2 dólares per cápita en 2006) y parecido al de Honduras y Guatemala. Los operadores judiciales son escasos: en 2006 por cada 100.000 habitantes había 143 policías, 7,1 jueces, 4,7 fiscales (una de las menores tasas del istmo) y 1,7 defensores públicos (el nivel más bajo). Ahora bien, desde una perspectiva internacional, los indicadores del sistema penitenciario son más alentadores: bajas tasas de encarcelación, hacinamiento y presos sin condena. No obstante, el sistema judicial es controlado por los dos principales partidos, lo que hace que el país obtenga puntajes bajos en los índices internacionales que evalúan la independencia del Poder Judicial. Pese a la debilidad de su Estado de derecho, Nicaragua es, junto con Costa Rica, el único país centroamericano que ha rechazado sistemáticamente recurrir a políticas públicas de mano dura. No se registran reformas constitucionales para limitar los derechos civiles o ampliar las facultades de los órganos represivos del Estado. Las reformas al Código Penal de 2002 y la aprobación, en 2007, de un nuevo Código ciertamente tipificaron nuevos delitos y endurecieron penas pero, a diferencia de otros países de la región, estos cambios no fueron guiados por el propósito de aplicar mano dura contra la criminalidad violenta y las maras. No obstante, en el tema de psicotrópicos, la reforma de 1995 (Ley 285) sí endureció las sanciones y amplió los instrumentos represivos en manos del Estado, aunque también se contemplaron medidas de carácter preventivo. En Nicaragua no hay tribunales especiales, jueces “sin rostro” u otros procedimientos especiales para combatir la delincuencia. Desde el punto de vista institucional, esta nación destaca por la capacidad operativa, credibilidad y eficacia de su policía nacional30, que es la encargada de articular las políticas de seguridad ciudadana. La legislación vigente permite las operaciones conjuntas entre el ejército y la policía, pero en el marco de una separación de funciones, y en el 2006 se firmó un convenio de cooperación entre ambas instituciones. No hay presencia militar en labores policiales en los centros urbanos, pero sí en zonas rurales alejadas donde la policía se encuentra ausente. Por otra parte, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio de la Familia y la Secretaría de Juventud tienen a su cargo las intervenciones de prevención y reinserción de jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia. Sin embargo, por la debilidad institucional del Estado, la labor preventiva ha sido relativamente acotada en el territorio y moviliza pocos recursos. A esto se suma el hecho de que la inversión social en Nicaragua es, junto con la de Honduras y Guatemala, de las más bajas de América Latina, una restricción que se origina en buena medida en una exigua carga tributaria.

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Costa Rica: Según las estimaciones entre 2002 y 2006, la violencia social y delictiva es

comparativamente baja. La tasa de homicidios (0,8 por 10.000 habitantes) es la menor del istmo y la proporción de muertes por armas de fuego (58%), aunque intermedia en el ámbito internacional es, junto con la de Nicaragua, la más baja en la región. Los secuestros extorsivos son poco frecuentes y el “sicariato”, aunque ha venido en aumento, tiene una incidencia baja y limitada por lo general a ajustes de cuentas entre personas vinculadas a actividades de narcotráfico. Las maras y pandillas no son un problema social y delictivo. Sin embargo, el país muestra síntomas preocupantes de criminalidad: la tasa de robos (93 por 10.000 habitantes en 2006) es alta según los estándares internacionales utilizados en este Informe, pero ello se debe en parte a una mayor denuncia y un mejor registro; en las dos últimas décadas las tasas de homicidios y de asaltos con violencia se han más que duplicado; la actividad del narcotráfico parece importante (trasiego de estupefacientes y lavado de dinero), aunque difícil de precisar. El país posee una laxa regulación en materia de armas de fuego que ha propiciado un incremento en su tenencia por la población. Pese al bajo (pero creciente) nivel de criminalidad y violencia delictiva, se una muy alta y cada vez mayor sensación de inseguridad ciudadana: 9 de cada 10 personas piensan que el país está amenazado por la delincuencia y casi la mitad siente que su entorno inmediato es inseguro; esta situación lleva a que la población invierta cuantiosos recursos en sistemas de protección. La confianza ciudadana en el sistema de justicia y en su capacidad de proteger los derechos de las personas es favorable en el contexto hemisférico, pero descendió significativamente en los últimos años, en especial la confianza en la policía. Costa Rica tiene las instituciones del Estado de derecho más desarrolladas del istmo y de las más robustas de América Latina. Posee un fuerte control de constitucionalidad que es de fácil y amplio acceso para la población, incluida la penitenciaria. El volumen de casos por 100.000 habitantes que atiende el órgano constitucional es de diez a veinte veces mayor que en el resto de la región. El gasto judicial per cápita fue de 30 dólares en 2006 (un nivel tres o cuatro veces superior a los demás países centroamericanos, excepto El Salvador). La proporción de jueces, fiscales y defensores públicos por 100.000 habitantes es la más alta de la región, si embargo en términos de su independencia, acceso ciudadano y transparencia, el sistema tiene importantes debilidades para dispensar una justicia pronta y cumplida en materias como la penal, la laboral y la agraria. Aunque hay propuestas recientes para aplicar políticas de mano dura contra la criminalidad, éstas han sido rechazadas hasta ahora. En los últimos años diversas reformas legales han creado nuevas figuras delictivas (violencia contra las mujeres, delitos sexuales, psicotrópicos y nuevos delitos contra la función pública), han ampliado la protección para poblaciones en riesgo y han impuesto penas más severas para ciertos delitos comunes. Sin embargo, el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos. Por otra parte, dado se carece de ejército, el Gobierno depende de las fuerzas policiales para mantener el orden público. Luego de décadas de estar contaminada por la política electoral, el “clientelismo” y la falta de capacidades, en los últimos diez años se puso en marcha un lento proceso de profesionalización de la policía, aun así, en 2004 la policía costarricense tenía prácticamente los mismos efectivos que veinticinco años antes, pese a que la población más que se duplicó en ese período. En Costa Rica se ha experimentado de manera continua con nuevas modalidades de prevención del delito. A mediados de la década anterior, el Gobierno desarrolló un agresivo programa de seguridad comunitaria, basado en la cooperación entre la policía y las organizaciones comunales; además, otras instituciones públicas trabajan en programas y diversos planes que enfatizan en las acciones preventivas. Además, es importante destacar que la recuperación de los niveles de inversión pública en el área educativa ha permitido una mejora significativa en la cobertura de la educación secundaria, aunque los rezagos son todavía notables. Sin embargo, las acciones preventivas se caracterizan por su discontinuidad y por las dificultades para desplegarse eficazmente en ámbitos regionales y nacionales. Como en los demás países centroamericanos, la sociedad civil costarricense realiza numerosas intervenciones de carácter preventivo

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del delito. No obstante, a diferencia del resto de la región, el Estado es el principal promotor de estas acciones, aunque, como ha sido indicado, de manera desordenada y cambiante.

A la situación de violencia que enfrentaron los países de la región se sumó una

problemática que exigía especial atención: la violencia doméstica y el femicidio. En

términos generales, los países han realizados avances en el tema de la promulgación de

legislación interna para atender los mandatos internacionales de protección, prevención,

la sanción de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las acciones

realizadas aún resultan insuficientes para atender la problemática de violación de

derechos humanos en estos grupos sociales.

En caso del femicidio, las cifras son alarmantes pese al probable subregistro: “En

Guatemala y El Salvador, ambos con tasas de femicidio por cien mil mujeres muy elevadas

(8,0 y 11,1 respectivamente). En El Salvador el número de casos pasó de 211 a 390 en el

período 2001-2005, mientras en Guatemala las muertes violentas de mujeres se

incrementaron de 383 en 2003, a 518 en 2005. En los demás países las cifras son menores,

pero las tasas también son preocupantes” (Ibid, p. 107).

Para enfrentar este problema se requieren acciones múltiples, particularmente en los

ámbitos de la prevención y la sanción. Los avances en el istmo son modestos y persisten

dificultades asociadas a falta de voluntad política, carencia de legislación y falta de

programas específicos de atención, la ausencia de políticas públicas preventivas,

limitaciones en el acceso de las mujeres a la justicia, la impunidad, estereotipos, prejuicios

de género y actitudes sexistas en la cultura de las instituciones y de las personas y

deficiencias en la investigación sobre este tipo de delito. De la superación de estas

dificultades dependerá la posibilidad de lograr una atención más efectiva y oportuna

(IIDH, 2006: en III Informe del Estado de la Región, 2008).

Como puede observarse, la falta de capacidad del sistema de justicia y la falta de

estrategias integrales profundiza el problema. Los tipos de intervenciones a los que han

recurrido entre la mano dura y la inacción, laceran las garantías al debido proceso y al

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sistema de justicia y han relegado las acciones de tipo preventivo. Las capacidades de los

sistemas penales son muy limitadas, ya que carecen de recursos, poseen escasas

capacidades técnicas y operativas y algunos de ellos afectados por la politización: “El

problema de fondo que enfrentan las democracias centroamericanas es su manifiesta

incapacidad para proveer un bien público indispensable para el desarrollo humano: un

orden público que garantice la seguridad ciudadana y el Estado de derecho” (Ibid, p. 468).

En este sentido, entre las principales debilidades de los Estados Centroamericanos se

encontraron:

“Politización de las autoridades judiciales.

Influencias indebidas de grupos económicos y amenazas a los operadores de

justicia.

Debilidad del control constitucional y presupuestos exiguos para el funcionamiento

del sistema de administración de justicia.

Falta de independencia y debilidad o ausencia de mecanismos institucionales

(órganos de inspección judicial) para valorar actuaciones indebidas por parte de los

funcionarios judiciales.

Serios problemas de eficiencia en ámbitos de gran importancia para la ciudadanía,

como la justicia penal.

Deficiente funcionamiento de los sistemas de defensa pública.

Debilidades en el marco legal y en las capacidades de las entidades encargadas de

sancionar los delitos contra la función pública cometidos por representantes líticos

y funcionarios públicos.

Sobrepoblación carcelaria y alta proporción de reos sin condena” (Ibid, p. 475)

Tal como lo señala este informe (2008) si se mantienen estas condiciones y las tendencias,

lo más probables es que a medio plazo se profundice la inseguridad ciudadana y esto

provoque la desestabilización del orden público democrático. Si los países no encaran

acciones que modifiquen las tendencias previstas, se pueden generar profundas fracturas

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económicas y políticas que obstaculizarán aun más el desarrollo humano y la integración

regional.


El presente capítulo se orienta a interrelacionar el instrumento de categorías de

problemas de pobreza y la caracterización de la región con la contextualización a nivel

nacional y las realidades vividas por las organizaciones integrantes de la Red Incidiendo.

A través de este proceso se pretende localizar los agentes generadores de riesgo,

ejemplificar las categorías de pobreza con situaciones concretas identificadas por las

organizaciones conformantes de la Red, y desarrollar mapas de riesgos con características

gráficas.

Cada apartado se encuentra dedicado a cada uno de los países integrantes de la Red

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) comenzando con una

6. Caracterización por

país

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descripción de la realidad económica de los y las habitantes del país, para identificar

aquellas regiones geográficas que albergan a poblaciones más vulnerables frente a la

temática de la pobreza.

Luego se expone un cuadro en el que se caracteriza a las organizaciones de la Red según

las categorías de problemas de pobreza a las que se enfrentan en su lucha cotidiana. En la

información que sintetiza este cuadro se puede encontrar referencia a cada una de las

organizaciones y la población con la que trabajan, para luego identificar con el mayor

grado de especificidad posible (dependiente de la información brindada por las mismas

organizaciones) el lugar dónde se ubica la población. Finalmente se exponen cada uno de

los problemas derivados de la situación de pobreza sufridos por las personas con las que

labora cada organización.

Cabe aclarar que en el proceso de validación no se pudo establecer contacto, por ningún

medio, con tres de las organizaciones integrantes de la Red: Fundación Intercultural para

el Desarrollo Humano y Social de la Región Mam (FUNDAMAM) de Guatemala y la

Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) y la Plataforma Indígena y

Campesina, ambas de Costa Rica. Por su parte, tres organizaciones no enviaron el

Formulario de Validación completado: Corporación Educativa para el Desarrollo

Costarricense (CEDECO), de Costa Rica, Organización Fraternal Negra Hondureña

(OFRANEH), y Acción Médica Cristiana (AMC) de Nicaragua. En todos estos casos se

procedió a definir las características según la información por ellas enviadas en el

Formulario de Inscripción (Anexo 4).

Es a partir de la información contenida en la presente investigación que se están

construyendo los mapas de riesgo por país, los cuales serán publicados en la página web

de la Red cuando la misma sea inaugurada, momento en el que serán debidamente

incorporados en este informe.

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En los mapas indicados podrán visualizarse, de forma gráfica, los siguientes datos:

- Organizaciones participantes. Sedes

- Organizaciones participantes. Zonas de acción

- Niveles de pobreza

- Categorías de pobreza

Toda la información integrante del capítulo se encuentra organizada por país y los mismos

ordenados alfabéticamente.

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6.2. Costa Rica

La división territorial de la República de Costa Rica comprende 7 provincias, subdivididas

en 81 cantones y estos, a su vez, comprenden 463 distritos. Al respecto es importante

destacar que “(…) a pesar de las pequeñas áreas geográficas de los cantones, todos tienen

características propias y muy definidas, ya sea por su reconocida cultura o su ubicación. Se

pone así en evidencia la relevancia de rescatar el concepto de municipio, ya que este

término va más allá de la gestión municipal per se. Un municipio corresponde a una

división territorial administrada por un alcalde y un concejo y es esencial, por lo tanto,

visualizar cada cantón según sus propias particularidades, para adecuar las políticas a

implementar a nivel local.”37

Costa Rica: División territorial

Según el III Informe del Estado de la Región (2008) Costa Rica posee una población de 4.5

millones de habitantes, distribuida en un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados con

una densidad poblacional de 87 habitantes por kilómetro cuadrado.

37

PNUDS-UCR (2007). Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica. Pág. 39.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito

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Para el 2005 Costa Rica poseía un índice de desarrollo humano de 0,846 que lo ubicaba en

la posición 48 de los países del mundo. En términos de índices de pobreza, en el 2002 el

20.6% de los hogares de Costa Rica se encontraban en situación de pobreza y en el 2009

se identificó que el 18.5% de los hogares respondían a esta situación (es decir, 221.229

hogares de un total de 1.196.470)38. Una diferencia destacable es que en el 2002 la brecha

de pobreza existente entre la zona rural y la zona urbana era mayor que en el 2009. Así,

en el 2002 eran pobres el 17.3% de los hogares urbanos y el 25.4% de los rurales, para el

2009 la cifra de hogares urbanos en situación de pobreza no varió notablemente (18%)

mientras que la de los hogares rurales disminuyó de forma considerable (19.2%)39.

Según información vigente en el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) a

mayo 2007, se observa una mayor presencia absoluta de familias en condición de pobreza

básica o moderada en los cantones de San José y central de Puntarenas (cabecera de las

provincias homónimas). En un segundo nivel de importancia se ubican cantones como

Desamparados (San José), central de Cartago, central de Alajuela, Pérez Zeledón (San

José), Sarapiquí (Heredia) y San Carlos (Alajuela). La mayor pobreza extrema se localiza en

los cantones de San José y Desamparados, de la Región Central. En el resto del país

sobresalen por esta condición cantones como Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón, San

Carlos y Upala (SIPO, 2007):40

Mientras que Cartago posee todos los cantones en una situación favorable

con respecto al índice cantonal promedio de pobreza humana, Alajuela es

una provincia que muestra gran dispersión alrededor del promedio y

Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen todos sus cantones con valores

superiores a este, lo que indica una situación de mayores niveles de

pobreza humana (PNUD-UCR, 2007).”41

38

INEC (2009). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Julio 2009. Principales Resultados Pág. 70. 39

INEC (2009). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Julio 2009. Principales Resultados Pág. 76. 40

Instituto Mixto de Ayuda Social según fuente SIPO. 41

PNUDS-UCR (2007). Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica. Pág. 35.

116

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Esta información permite situar la cobertura del área de intervención de las

organizaciones sociales en Costa Rica que conforman la red, las cuales centran su trabajo

en las provincias de San José, Heredia, Alajuela y Limón A continuación se presenta la

matriz de relación del instrumento de categorías de problemas de pobreza para cada

organización costarricense participante de la Red

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COSTA RICA

Caracterización de organizaciones según Categorías de Problemas de Pobreza

ORGANIZACIÓN POBLACIÓN REGIÓN

CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA PROVINCIA CANTÓN MUNICIPIO

Asociación Alianza Por Tus

Derechos

Personas menores de edad

Nacional Nacional Nacional

PRECARIEDAD: Hambre y/o desnutrición

Viviendas precarias

EXCLUSIÓN: Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de

nuevas tecnologías Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales

Falta de acceso a la educación o exclusión del sistema educativo Falta de acceso a la salud

Inseguridad Trato discriminatorio por parte del sistema judicial

DISCRIMINACIÓN CULTURAL:

Discriminación en la esfera de la salud Explotación laboral

Inseguridad Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos


DESIGUALDAD DE GÉNERO: Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados

Matrimonios forzados Trata de mujeres o niñas

Prostitución Explotación sexual comercial


DISCRIMINACIÓN ETARIA: Hambre y desnutrición

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Deserción escolar Acceso limitado a la salud

Abandono Venta/Tráfico de menores

Explotación sexual comercial Abuso sexual


Asociación de Pequeños

Productores de Talamanca

APPTA

Afrocaribeños Indígenas Blancos

Limón

Talamanca PRECARIEDAD:

Falta de acceso a la tierra Falta de acceso a los recursos para producir y reproducir la unidad

familiar

DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Despojo de tierras

Limón Valle de la Estrella

Asociación para el Desarrollo

Sostenible de la Región

Atlántica ASIREA

Agricultores con interés en la

actividad forestal Asociaciones de

familias o de mujeres

Heredia Sarapiquí

PPRECARIERDAD: Falta de acceso a la tierra

Falta de acceso a los recursos para producir y reproducir la unidad familiar

EXCLUSIÓN:

Falta de acceso a la educación o exclusión del sistema educativo Bajos niveles de educación/Analfabetismo

Falta de acceso a la información Inaccesibilidad

Inseguridad

DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Exclusión y extinción cultural No reconocimiento de tierras


Limón

Pococí

Guápiles

Guácimo

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Limón

Inseguridad Trato discriminatorio por parte de las instituciones públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos y accesibilidad

condicionantes) Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos


DESIGUALDAD DE GÉNERO: Desigualdad en la aplicación de derechos

Desigualdad en el escenario político Desigualdad educacional


Siquirres

Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense

CEDECO

Grupos organizados de

pequeños productores

Nacional

PRECARIEDAD: Desempleo


Concejo de Desarrollo

Comunal de La Carpio,

CODECA

Personas de diferentes

estratos sociales, en su mayoría obtienen sus

ingresos trabajando en

seguridad, construcción,

servicios domésticos,

comerciantes entre otros. Migrantes

San José San José La Uruca, La Carpio


Malas condiciones de empleo Hambre y/o desnutrición

Carencia de medios para adquirir ropa Sin techo

Viviendas precarias

EXCLUSIÓN: Falta de agua/Mala calidad del agua Falta de acceso a energía eléctrica

Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de nuevas tecnologías Ambiente insalubre


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Falta de acceso a la salud Mortinatalidad y Mortalidad infantil

Desprotección frente a enfermedades infecciosas Falta de cobertura de la asistencia médica

Inaccesibilidad Inseguridad

Detenciones arbitrarias Trato discriminatorio por parte de las instituciones públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos y accesibilidad

condicionantes) Trato discriminatorio por parte del sistema judicial


Educación discriminatoria Exclusión y extinción cultural

Desaparición de lenguas Despojo de conocimientos

Discriminación en la esfera de la salud Persecución por motivos religiosos

Despojo de tierras Desplazamiento/migración forzado/a

No reconocimiento de tierras Injerencia en el manejo de sus tierras

Deterioro ambiental Explotación laboral



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Trato discriminatorio por parte del sistema judicial El sistema judicial no proporciona intérprete/traductor

Falta de reconocimiento de las leyes e instituciones jurídicas de los pueblos indígenas

Legislación inadecuada Exclusión del escenario político



Desigualdad en el sistema judicial Desigualdad en el mercado laboral


Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados Desigualdad en la atención médica

Mortalidad materna Desprotección durante el embarazo, el parto, y/o el período

posterior al parto Prohibición de matrimonios

Matrimonios forzados Desigualdad en el matrimonio

Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus hijos/as o responsabilidad única Embarazos forzados

Trata de mujeres o niñas Prostitución

Explotación sexual comercial Víctimas de violencia por condición de género

DISCRIMINACIÓN ETARIA:


122




Falta de acceso a la educación Deserción escolar

Acceso limitado a la salud Mortalidad infantil

Exclusión de las personas mayores del mercado laboral Explotación laboral

Desinformación Exclusión de escenarios que le conciernen

Abandono Abuso de autoridad

Venta/Tráfico de niños Explotación sexual comercial

Abuso sexual Maltrato físico y/o mental

Políticas institucionales inadecuadas Legislación inadecuada


Fundación Defensora de los Derechos

Humanos Costa Rica

La población en extrema pobreza y

en situación de riesgo

Privados/as y ex-privados/as de libertad y sus

familias



Carencia de medios para adquirir ropa Vivienda precaria

EXCLUSIÓN:

Falta de agua/Mala calidad del agua Falta de acceso a energía eléctrica


Bajos niveles de educación/Analfabetismo Mortinatalidad y Mortalidad infantil


123





Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos Falta de reconocimiento de las leyes e instituciones jurídicas de los

pueblos indígenas Legislación inadecuada

DESIGULADAD DE GÉNERO:

Desigualdad en el mercado laboral Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados


Hambre y desnutrición Deserción escolar

Exclusión de las personas mayores del mercado laboral Desinformación

Abuso de autoridad Abuso sexual


Fundación Nuestras Raíces

FUNRAICES

Indígena Campesina rural

pobre.




Viviendas precarias Carencia de medios para adquirir ropa

EXCLUSIÓN:



124




Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales Falta de acceso a la educación o exclusión del sistema educativo

Bajos niveles de educación/Analfabetismo Falta de acceso a la salud

Mortinatalidad y Mortalidad infantil Desprotección frente a enfermedades infecciosas

Falta de cobertura de la asistencia médica Inaccesibilidad


DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Educación discriminatoria

Exclusión y extinción cultural Desaparición de lenguas

Despojo de conocimientos Discriminación en la esfera de la salud

Despojo de tierras No reconocimiento de tierras

Injerencia en el manejo de sus tierras Deterioro ambiental Explotación laboral





DESIGUALDAD DE GÉNERO:


125






Desigualdad en la atención médica Mortalidad materna


Prohibición de matrimonios Matrimonios forzados

Desigualdad en el matrimonio Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus hijos/as o

responsabilidad única Víctimas de violencia por condición de género


Hambre y desnutrición Falta de acceso a la educación


Mortalidad infantil Exclusión de las personas mayores del mercado laboral

Explotación laboral Desinformación

Exclusión de escenarios que le conciernen Abandono

Abuso de autoridad Maltrato físico y/o mental


Plataforma Campesina e

Organizaciones de productores (as),

Alajuela Upala

PRECARIEDAD: Falta de acceso a la tierra

126




Indígena de Desarrollo del

Territorio Norte

lecheros (as), ganaderos, grupos

de mujeres, grupos de

pescadores, grupos de lucha

por la tierra, Asociación de

desarrollo Maleku, entre otros



Despojo de tierras Deterioro ambiental

127

127

6.3. El Salvador

La división territorial de El Salvador comprende 14 departamentos, agrupados en tres

zonas: Occidental, Oriental y Central, que se subdividen en 262 Municipios. Según el III

Informe del Estado de la Región (2008) El Salvador posee una población de 7.107.795

habitantes, distribuida en un territorio 21.040 kilómetros cuadrados con una densidad

poblacional de 338 habitantes por kilómetro cuadrado.

El Salvador: División territorial

Para el 2005 El Salvador poseía un índice de desarrollo humano de 0,735 que lo ubicaba

en la posición 103 de los países del mundo. En términos de índice de pobreza, el 32,3% de

la proporción de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza total. Al igual que

los otros países la población salvadoreña habita mayoritariamente en zonas urbanas (en el

2005, más del 50% de la población era urbana).

128

128

Según los datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano (2008) del PNUD, el índice de

desarrollo humano en los departamentos tiene un nivel medio, que se caracteriza por las

siguientes cifras:

Cuadro Nº 12:

Índice de Desarrollo Humano por Departamentos. El Salvador. 2008.

Departamento IDH

San Salvador O,795

La Libertad 0,758

Santa Ana 0,740

Sonsonate 0,731

Cuscatlán 0,727

San Miguel 0,713

La Paz 0,707

Usulután 0,698

Ahuachapán 0,694

San Vicente 0,688

Chalatenango 0,682

La Unión 0,675

Cabañas 0,662

Morazán 0,642


organizaciones sociales de la Red en El Salvador, las cuales centran su trabajo a lo largo y

ancho de, prácticamente, la totalidad del país, en los departamentos de Ahuachapán,

Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Morazán, San Miguel, San Salvador,

San Vicente, Sonsonate, y Usulután. A continuación se presenta la matriz de relación del

instrumento de categorías de problemas de pobreza para cada organización salvadoreña

participante de la Red.

129

EL SALVADOR



CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD

Asociación Coordinadora

de Comunidades

Unidas de Usulután COMUS

Tipo de Población: Campesinos/as

extrema pobreza Mujeres

productoras Grupos de jóvenes

Niños/as Mujeres en edad

reproductiva y materno infantil

Personas con discapacidad.

Ubicación de la Población: Todas

del Departamento de Usulutan.

Usulután

Jiquilisco Norte


Hambre y/o desnutrición Viviendas precarias

EXCLUSIÓN:


Bajos niveles de educación/Analfabetismo Desprotección frente a enfermedades infecciosas

Inaccesibilidad


Deterioro ambiental Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos


DESIGUALDAD POR GÉNERO: Desigualdad en el mercado laboral

Desigualdad en el escenario político Desprotección durante el embarazo, el parto, y/o el período

posterior al parto Víctimas de violencia por condición de género


Ozatlán

San Francisco Javier.

Sur de Berlín

San Agustín

130




Tecapán


Mortalidad infantil Desinformación


DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD: Exclusión de la educación

Discriminación en la esfera de la salud Exclusión social

Desigualdad y/o discriminación en el mercado laboral Trato discriminatorio por parte de las instituciones públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos y accesibilidad

condicionantes) Inaccesibilidad (al entorno físico, el transporte, la información y las

comunicaciones y a otros servicios o instalaciones) Exclusión de escenarios que le conciernen

Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos Legislación inadecuada

Fundación de estudios para la aplicación del

derecho FESPAD

Sectores vulnerables,

comunidades y grupos

organizados vulnerados en sus

derechos humanos con

énfasis en grupos y personas

San Salvador

Apopa



EXCLUSIÓN: Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de



Ilopango

San Martín

131




afectadas en los DESC; a raíz de la seguridad pública

grupos vulnerables

afectados en derechos civiles y

políticos como afectados por privados en

libertad, jóvenes en riesgo, en

conflicto con la ley penal.

Mejicanos

Detenciones arbitrarias Trato discriminatorio por parte del sistema judicial


Educación discriminatoria Exclusión y extinción cultural

Desaparición de lenguas Despojo de tierras


Inseguridad


Desigualdad en el escenario político Víctimas de violencia por condición de género



Acceso limitado a la salud Desinformación

Exclusión de escenarios que le conciernen Abuso de autoridad



Ciudad Delgado

San Salvador

Soyapango

Cabañas

Sensuntepeque

San Isidro

Ilobasco

El Chaparral

132




Oficina de justicia y Paz e

Integridad de la Creación

JPIC

Jóvenes, niños y adultos, mujeres y

hombres. San Salvador

Panchimalco Planes de Renderos


Malas condiciones de empleo Sin techo

Viviendas precarias

EXCLUSIÓN: Ambiente insalubre

Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales Falta de acceso a la salud


Inseguridad

DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Deterioro ambiental Explotación laboral

Inseguridad




Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados Desigualdad en el matrimonio

Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus hijos/as o responsabilidad única

Soyapango

Colonias Guadalupe Reparto Guadalupe Colonia Santos I y II

Comunidad 3 de Enero

Comunidad Duarte Meléndez El Pepeto Montes IV San José

133




Ilopango

Colonias Jardines de San Bartolo Las cañas

Prados de San Bartolo I

San Bartola San Felipe Trinidad Veracruz

Tixa Cimas I y II Alta vista

Embarazos forzados Trata de mujeres o niñas



DISCRIMINACIÓN ETARIA: Falta de acceso a la educación


Desinformación Abuso de autoridad



Asociación Oikos

Solidaridad OIKOS El Salvador

Campesinos pobres y en

extrema pobreza Agricultores/as

San Miguel

Chinameca Chambala Conacastal


Malas condiciones de empleo Falta de acceso a la tierra



EXCLUSIÓN:

Falta de agua/Mala calidad del agua Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de

nuevas tecnologías Ambiente insalubre


San Jorge San Julián Candelaria

134




San Rafael Oriente

Piedra Azul Centro Piedra Azul Arriba

Chirrión Joya de Ventura Barrio La Merced

Bajos niveles de educación/Analfabetismo Inaccesibilidad

Inseguridad

DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Despojo de tierras

Desplazamiento/Migración forzado/a No reconocimiento de tierras

Injerencia en el manejo de sus tierras Deterioro ambiental



Desigualdad en la aplicación de derechos Desigualdad en el escenario político



Deserción escolar Desinformación

Abuso de autoridad Políticas institucionales inadecuadas

El Transito Piedra Pacha

Cooperativa Brisas Libertarias

Usulután

Concepción Batres

Siracantique Cocosica

La Anchila Hacienda Nueva

El Congo La Bomba

Puerto Viejo

Jucuarán

El Majahue Agua Fria

El Alambre El Progreso El Portillo

135




Usulután

Puerto Parada El Limón El Icaco

Botoncillo I Botoncillo II La Narvae

Asociación Salvadoreña de

Ayuda Humanitaria

PROVIDA

Campesinos Agricultores

Desempleados Mujeres

Niñez y juventud Discapacitados/as

de guerra.

Chalatenango

Nombre de Jesús

PRECARIEDAD:

Desempleo Malas condiciones de empleo

Hambre y/o desnutrición Sin techo

Viviendas precarias

EXCLUSIÓN: Falta de agua/Mala calidad del agua



(24% analfabetismo adultos/as. NO acceso a Universidad) Bajos niveles de educación/Analfabetismo Falta de cobertura de la asistencia médica

Desprotección frente a enfermedades infecciosas Inseguridad


Educación discriminatoria (Nivel Universitario) Exclusión y extinción cultural


Arcatao

Nueva Trinidad

San Antonio de la Cruz

San Isidro Labrador

San José de Las Flores

Potonico

136




San Antonio de los Ranchos

Despojo de conocimientos Discriminación en la esfera de la salud (Cuando estaba ARENA)

Persecución por motivos religiosos (Cuando estaba ARENA) Despojo de tierras

No reconocimiento de tierras Deterioro ambiental Explotación laboral





Persecución por motivos políticos (Cuando estaba ARENA)




Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados Mortalidad materna (Ha disminuido)

Desprotección durante el embarazo, el parto, y/o el período posterior al parto (Ha disminuido)

Matrimonios forzados (A las mujeres embarazadas) Desigualdad en el matrimonio


Embarazos forzados (Por violación por parte de parientes)

Las Vueltas

El Carrizal

San Luis del Carmen

San Francisco Lempa

Azacualpa

Cabañas Cinquera Jutiapa

Tejutepeque

Cuscatlán Suchitoto

San Salvador Nejapa

137




Panchimalco




Acceso limitado a la salud Mortalidad infantil (ha disminuido sensiblemente)



Abandono Abuso de autoridad



San Vicente Tecoluca

La Paz Zacatecoluca

Usulatán Berlín

Ahuachapán Apaneca

Federación Unidad

Ecológica Salvadoreña

UNES

Campesinos Agricultores/as

Mujeres Jóvenes.

Ahuachapán

San francisco Menéndez

Jujutla Guaymango

San Pedro Puxtla



Carencia de medios para adquirir ropa Viviendas precarias

EXCLUSIÓN:

138




Sonsonate

San Antonio del Monte









Educación discriminatoria Discriminación en la esfera de la salud


Deterioro ambiental Inseguridad


San Julián Cuisnahuat

Ixhuatán

Juayúa

139




San Salvador San Salvador


Desigualdad en el mercado laboral Desigualdad en el escenario político

Desigualdad educacional Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados

Desigualdad en la atención médica Mortalidad materna


Desigualdad en el matrimonio Prostitución







Maltrato físico y/o mental Políticas institucionales inadecuadas


Usulután

Berlín

Alegría

140

140

6.4. Guatemala

La división territorial de Guatemala comprende 22 departamentos que se subdividen en

331 Municipios y 1831 distritos. Según el III Informe del Estado de la Región (2008)

Guatemala constituye el país más poblado con 13.343.710 de habitantes, distribuida en un

territorio 108.890 kilómetros cuadrados con una densidad poblacional de 123 habitantes

por kilómetro cuadrado.

Guatemala: División territorial

Para el 2007 Guatemala poseía un índice de desarrollo humano 0,689 que lo ubicaba en la

posición 118 de los países del mundo. En términos de índice de pobreza, el 51% de la

proporción de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza total, siendo el

segundo país de la región con mayor concentración de pobreza. La población

guatemalteca habita mayoritariamente en zonas urbanas (en el 2005, casi el 50% de la

1. Alta Verapaz 2. Baja Verapaz 3. Chimaltenango 4. Chiquimula 5. El Petén 6. El Progreso 7. El Quiché 8. Escuintla 9. Guatemala 10. Huehuetenango 11. Izabal 12. Jalapa 13. Jutiapa 14. Quetzaltenango 15. Retalhuleu 16. Sacatepéquez 17. San Marcos 18. Santa Rosa 19. Sololá 20. Suchitepéquez 21. Totonicapán 22. Zacapa

141

141

población era urbana). Sin embargo, según el indicador de índice de desarrollo humano, la

mayoría de los departamentos presentan vulnerabilidad social: Los índices más bajo los

presentan Alta Verapa y Quiché con un rango entre 0,516-0,306, Totonicapán, Jalapa,

Chiquimula y Huehuetenango con índice de desarrollo humano entre 0,571-0,517; San

Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Izabal y Baja Verapaz;

Retalhuleu, Chimaltenango, Zacapa, El Progreso y Petén con un rango de 0.659-0.614. Los

índices más altos los tienen Guatemala y Sacatepéquez con un rango de 0,828-0,66042.


organizaciones sociales en Guatemala que conforman la red, las cuales centran su trabajo

en los departamentos de: Alta Verapaz, Petén, San Marcos y Quetzaltenango, A

continuación se presenta la matriz de relación del instrumento de categorías de

problemas de pobreza para cada organización guatemalteca participante de la Red.

42

En la siguiente dirección electrónica se puede accesar a un mapa interactivo sobre IDH: http://www.undp.org.gt/frmMapa.aspx

142

GUATEMALA


ORGANIZACIÓN POBLACIÓN REGIÓN CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD

Asociación de Desarrollo

Integral Comunitario

Indígena Wakliiqo.

ADICI.

Etnia Q’eqchí’. Alta Verapaz Cobán Comunidades de la región Nimla Sachal



Viviendas precarias


Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de nuevas tecnologías




Inaccesabilidad


Discriminación en la esfera de la salud Despojo de tierras

No reconocimiento de tierras Deterioro ambiental Explotación laboral

Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos Trato discriminatorio por parte del sistema judicial

143





DESIGUALDAD DE GÉNERO: Desigualdad en el sistema judicial Desigualdad en el mercado laboral




posterior al parto Matrimonios forzados

Desigualdad en el matrimonio Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus hijos/as o

responsabilidad única Trata de mujeres o niñas

Explotación sexual comercial Víctimas de violencia por condición de género





Explotación laboral Abandono

Abuso de autoridad

144




Fundación Intercultural

para el Desarrollo Humano y Social de la

Región Mam. FUNDAMAM.

Indígenas Mam

San Marcos Tacaná, Sibinal y

Comitancillo


EXCLUSIÓN:

Falta de acceso a la educación Bajos niveles de educación


Despojo de tierras Injerencia en el manejo de sus tierras

Deterioro ambiental Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos

Quetzaltenango San Juan Ostuncalco

y San Martín Sacatepéquez

145



Movimiento de Trabajadores/as Campesinos/as

Indígenas Mam Trabajadores/as de otras etnias, procedentes de

los departamentos

de Quiché, Sololá, Totonicapán

San Marcos San José El Rodeo

San Rafael las Flores Santa Rita La Unión La Lima





EXCLUSIÓN:

Falta de agua/Mala calidad del agua Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de

nuevas tecnologías Ambiente insalubre






DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Exclusión y extinción cultural

Desaparición de lenguas Discriminación en la esfera de la salud






146



Asociación Oxlajú.

Indígena Q’eqchí’ Pocos no indígenas

Petén La Libertad

27 comunidades: 4 se encuentran en áreas

protegidas y en fincas particulares, 4 tienen concesión de

tierras en áreas protegidas, con el compromiso de no

construir infraestructura que afecte la biosfera maya, y 19 están

totalmente legalizadas.



Viviendas precarias







Inseguridad Detenciones arbitrarias






147














posterior al parto Matrimonios forzados


Trata de mujeres o niñas Prostitución



148







Exclusión de escenarios que le conciernen Abandono

Abuso de autoridad Explotación sexual comercial




149

149

6.5. Honduras

La división territorial de la República de Honduras comprende 18 departamentos que se

subdividen en 298 Municipios y estos se agrupan en 52 mancomunidades. Según el III

Informe del Estado de la Región (2008) para el 2007 Honduras contaba con una población

de 7.176.276, distribuida en un territorio 112.090 kilómetros cuadrados con una densidad

poblacional de 64 habitantes por kilómetro cuadrado.

Honduras: División territorial

Para el 2007 Honduras poseía un índice de desarrollo humano 0,700 que lo ubicaba en la

posición 115 de los países del mundo. En términos de índice de pobreza, el 67.8% de la

proporción de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza total, siendo el país

con mayor concentración de pobreza en la región. La población hondureña habita

mayoritariamente en zonas urbanas (en el 2005, casi el 50% de la población era urbana),

concentrándose en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más extensas del país.

150

150

Según este indicador, la mayoría de los departamentos presentan vulnerabilidad social:

Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Copán se encuentra en el rango más bajo entre 0.500 –

0.599 y Atlántida, Yoro, Valle, Colón, Gracias a Dios, Comayagua, Choluteca, El paraíso, La

Paz y Olancho entre el rango 0.600-0.699 y Francisco Morazán, Islas Bahía y Cortés entre

el rango 0.700-0.799.


organizaciones hondureñas que conforman la red, las cuales centran su trabajo en las

zonas de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Valle, Francisco Morazán,

Intibucá, Lempira, Ocotepeque, y Santa Bárbara. A continuación se presenta la matriz de

relación del instrumento de categorías de problemas de pobreza para cada organización

hondureña participante de la Red.

151

HONDURAS




Asociación de Organismos no

Gubernamentales ASONOG

Campesinos sin tierra

Minifundistas y pequeños

productores Poblaciones

afectadas por la minería

Comunidades ubicadas en

zonas vulnerables a

desastres naturales

Comisiones ciudadanas de Transparencia,

redes de mujeres y espacios

regionales; Personas

vulnerables afectadas o

infectadas por VIH y Sida

Ocotepeque

La Encarnación PRECARIEDAD:

Desempleo Falta de acceso a la tierra


Hambre y/o desnutrición Sin techo

Viviendas precarias



Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales Bajos niveles de educación/Analfabetismo

Falta de acceso a la salud Desprotección frente a enfermedades infecciosas






San Marcos Ocotepeque

Santa Fe

Belén Gualcho

La Labor

Fraternidad

San Fernando

San Jorge

Concepción Ocotepeque

Sinuapa

Nueva Ocotepeque

Sensenti

Dolores Merendón

Lucerna

Mercedes Ocotepeque

San Francisco

Lempira

1. San Marcos de Caiquín

2. Mapulaca

3. Gracias Lempira

4. Belén Lempira

5. La Campa

6. San Manuel Colohete

152




7. San Sebastián Despojo de tierras Desplazamiento/migración forzado/a


Deterioro ambiental Inseguridad

Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos Trato discriminatorio por parte del sistema judicial


Legislación inadecuada Persecución por motivos políticos


Desigualdad en la aplicación de derechos Desigualdad en el sistema judicial Desigualdad en el mercado laboral

Desigualdad en el escenario político Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados

Desigualdad en la atención médica Desigualdad en el matrimonio

Trata de mujeres o niñas Víctimas de violencia por condición de género




Exclusión de las personas mayores del mercado laboral Desinformación

Abuso de autoridad

8. Candelaria

9. Gualcince

10. Piraera

11. Santa Cruz Lempira

12. San Rafael

13. Erandique

14. San Andrés

15. Talgua

16. Cololaca

17. Valladolid

18. Tambla

19. San Juan Guarita

20. Tomalá

21. San Francisco Lempira

22. Lepaera

23. La Unión Lempira

24. Las Flores

25. La Iguala

26. La Virtud

27. Virginia

28. Mapulaca

Copán

1. Nueva Arcadia Copán.

2. Santa Rosa de Copán

3. La Entrada

4. Corquin Copán

5. Lepaera

153




6. El Paraíso Maltrato físico y/o mental Políticas institucionales inadecuadas

Legislación inadecuada 7. Copán Ruinas

8. La Unión Copán

9. San Pedro Copán

10. Dulce Nombre

11. Concepción

12. Dolores Copán

13. San Agustín

14. Veracruz

15. San José Copán

16. Trinidad Copán

17. San Nicolás Copán

18. San Juan de Opoa

19. Cucuyagua

20. Florida Copán

21. La Jigua Copán

22. San Antonio Copán

23. San Jerónimo

24. Santa Rita

25. Cabañas Copán

Intibucá

1. San Juan Intibucá

2. San Francisco

3. Masaguara

4. San Nicolás Intibucá

Food First Information and Action Network,

Campesinos sin tierra

Organizaciones Valle



154




FIAN Honduras campesinas del sector

reformado Trabajadores de

la economía informal

Poblaciones afectadas por la

construcción del canal seco interoceánico Víctimas de violación del derecho a la

alimentación y los DESC

Santa Bárbara

Santa Bárbara

Falta de acceso a la tierra Falta de acceso a los recursos para producir y reproducir la unidad

familiar Hambre y/o desnutrición


Viviendas precarias











Quimistán

Las Colinas

Copán

Corquín

Jirgua

Centro de Copán

Valle de La Venta en el Centro- Norte de

Copán

Cucuyagua

Santa Rosa

155




Lempira

Iguala



Injerencia en el manejo de sus tierras Desplazamiento/migración forzado/a



Trato discriminatorio por parte del sistema judicial Falta de reconocimiento de las leyes e instituciones jurídicas de los








Acceso limitado a la salud Mortalidad infantil


Tomalá

Sur y Centro Norte de Lempira

Colón

Tocoa

Trujillo

Cortés San Pedro Sula

Atlántida

Francisco Morazán Distrito Central

Comayagua

156




Ocotepeque San Francisco del

Valle


Abandono Políticas institucionales inadecuadas


Organización Fraternal Negra

Hondureña, OFRANEH

Comunidades afro

descendientes Otros pueblos originarios de

Honduras. .

Intibucá

EXCLUSIÓN: Falta de acceso a la información DISCRIMINACIÓN CULTURAL:

Despojo de tierras Deterioro ambiental

Exclusión y extinción cultual Desaparición de lenguas


Inseguridad Legislación inadecuada


157

157

6.6. Nicaragua

La República de Nicaragua se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas, los

cuales a su vez se dividen en 153 municipios regidos por un alcalde y un consejo. Las

Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico Sur (RAAS) se encuentran

habitadas básicamente por poblaciones indígenas y su gobierno local se rige por las

normas propias de estas culturas.

Nicargua: División territorial

Según el III Informe del Estado de la Región (2008) para el 2007 Nicaragua contaba con

una población de 5.6 millones, distribuida en un territorio de 131.800 kilómetros

cuadrados con una densidad poblacional de 42 habitantes por kilómetro cuadrado.

Para el 2007 Nicaragua poseía un índice de desarrollo humano de 0,710 que lo ubicaba en

la posición 110 de los países del mundo. Para el 2005, se estimaba que la pobreza general

en Nicaragua era del 48.3% y la pobreza extrema del 17.2%. Es decir, de cada 100

nicaragüenses, alrededor de 48 estaban en alguna condición de pobreza y 17 pertenecían

al grupo de pobreza extrema. Una característica es que la pobreza rural es más extensa y

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde

158

158

profunda, que la urbana, las personas que viven en zonas rurales son casi cinco veces más

pobres extremas y dos veces más pobres, que aquellas de las zonas urbanas (INIDE, 2005)

En cuanto a las regiones, las dos con mayor incidencia de pobreza general en Nicaragua

(juntas reúnen más de las tres cuartas partes de población en esa condición), fueron la

Central Rural con 76.8% y el Atlántico Rural con 76.6%. Respecto a la pobreza extrema, la

región Central Rural vuelve a presentar el porcentaje más alto del país, con 37.1%, pero el

Atlántico Rural se encuentra muy cerca, con 34.2%.

En el extremo opuesto, se ubica Managua con una pobreza general del 21.2% y una

pobreza extrema del 3.6%, que son las más bajas del país”.43 Por su parte, prácticamente

la totalidad de los municipios que conforman las regiones autónomas (RAAN y RAAS) y los

departamentos de Jinotega y Río San Juan viven en situación de pobreza extrema.44


organizaciones sociales en Nicaragua que conforman la red, las cuales centran su trabajo

en una amplia cantidad de departamentos: Chinandega, Estelí, Jinotega, Managua,

Madriz, Nueva Segovia, RAAN y RAAS. A continuación se presenta la matriz de relación del

instrumento de categorías de problemas de pobreza para cada organización nicaragüense

participante de la Red.

43

INIDE (2005). Perfil y características de los pobres en Nicaragua. Pág. 7-9. 44

Fuente: INIDE (2005). Mapa de pobreza extrema municipal por el método de necesidades básicas insatisfechas.

159

NICARAGUA


ORGANIZACIÓN POBLACIÓN REGIÓN CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD

Acción Medica Cristiana- AMC

Rural de origen criol

Rural de origen rama

Rural de origen miskito

Atlántico Norte

PRECARIEDAD: Hambre y/o desnutrición

EXCLUSIÓN:

Mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales Desprotección frente a enfermedades infecciosas


Falta de acceso a la salud Falta de cobertura de la asistencia médica

Atlántico Sur

Asociación para la Sobrevivencia

Y Desarrollo Local

Asodel

Población rural Jóvenes en la zona urbana

Chinandega Villanueva

Mata Palo Mata de caña

Cañafistola El Platanal Las Jolotas La Consulta La Pimienta

Aquespalapa Los Laureles

Los Genizaros Los Tololos Villanueva




Viviendas precarias


Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de

160




Somotillo

Santa Pacuala Santa Paula

La flor La Danta

La carreta El Ojoche

Los Balcones El Jicote

Somotillo San Miguelito

Las Mesas Las Mesitas

Jicaro Bonito Somotillo




Bajos niveles de educación/Analfabetismo Falta de cobertura de la asistencia médica






Exclusión del escenario político Persecución por motivos políticos


Desigualdad en la aplicación de derechos Desigualdad en el mercado laboral


Matrimonios forzados Trata de mujeres o niñas


Cinco Pinos

161




Santo Tomás


DISCRIMINACIÓN ETARIA: Deserción escolar Desinformación




San Pedro

San Francisco

Centro de apoyo a programas y

Proyectos CAPRI

Urbana Rural

Managua Managua Distrito IV Distrito V




Falta de acceso a la salud

DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Deterioro ambiental

Trato discriminatorio por parte de las instituciones públicas gubernamentales (tipo de gestión, requisitos y accesibilidad

condicionantes)

Estelí Condega

Pueblo Nuevo

Madriz

Somoto

Palacaguina

162




Telpaneca




Nueva Segovia Ocotal

Fundación para el desarrollo de las Mujeres y la Niñez “Blanca

Arauz” FUNDEMUNI.

Mujeres Niñez

Nueva Segovia

Mozonte




Carencia de medios para adquirir ropa Viviendas precarias

EXCLUSIÓN:

Retraso tecnológico y falta de capacitación en la utilización de nuevas tecnologías


Falta de acceso a la salud Mortinatalidad y Mortalidad infantil



DISCRIMINACIÓN CULTURAL: Exclusión y extinción cultural

Desplazamiento/migración forzado/a

Macuelizo

Santa María

163




San Fernando

No reconocimiento de tierras Explotación laboral


Exclusión del escenario político Persecución por motivos políticos




Mortalidad materna Matrimonios forzados

Exclusión de las decisiones que les conciernen a sus hijos/as o responsabilidad única Embarazos forzados

Trata de mujeres o niñas Explotación sexual comercial



Acceso limitado a la salud Explotación laboral

Desinformación Abandono

Abuso de autoridad Abuso sexual


Murra

Ciudad Antigua

Ocotal

164




Asociación de Educación y

Comunicación La Cuculmeca

Familias campesinas

Jinotega

1. San José de Bocay

Todas las comunidades

pertenecientes a esos municipios.

PRECARIEDAD: Malas condiciones de empleo


EXCLUSIÓN:








DISCRIMINACIÓN CULTURAL: No reconocimiento de tierras



2. El Cuá

3. Wiwilí

4. Santa María de Pantasma

165




5. San Sebastián de Yalí

Trato discriminatorio por parte del sistema judicial Falta de reconocimiento de las leyes e instituciones jurídicas de los




Desigualdad en el escenario político Desigualdad en el matrimonio


Trata de mujeres o niñas Víctimas de violencia por condición de género





Desinformación Abuso sexual

Maltrato físico y/o mental Políticas institucionales inadecuadas


6. San Rafael del Norte

7. La Concordia

8. Jinotega

166

166

a. Para el 2008 la región centroamericana exhibía un elevado nivel de pobreza que se

encontraba por encima del 45% de la población en la mayoría de los países. En

este escenario la definición de una tipología de problemas de pobreza permite

concretar aspectos conceptuales para profundizar el análisis de la relación entre

derechos humanos y pobreza. La tipología propuesta se centra en seis categorías

de pobreza: 1. Pobreza por precariedad, 2. Pobreza por exclusión o exclusión por

pobreza, 3. Pobreza por discriminación cultural, 4. Pobreza por desigualdad de

género, 5. Pobreza por discriminación etaria y 6. Pobreza por discriminación por

discapacidad.

b. La pobreza por precariedad se define como el impedimento de las personas de

adquirir los bienes de consumo básicos que le permitan vivir dignamente, es decir,

acceso alimento, vestido, vivienda, tierra y empleo. En relación a los problemas de

pobreza que agrupa esta tipología, la situación de vulnerabilidad de la región se ha

profundizado, como producto de la contracción económica producida por la crisis

financiera de Estados Unidos. Los efectos de la crisis han provocado crisis

alimentaria, aumento del desempleo y subempleo, un comportamiento negativo

7. Conclusiones

167

167

de las remesas, aumento de las tasa de inflación, afectación del ingreso y

consumos de las personas, aumento del malestar social reflejado en el incremento

de la pobreza, entre otros.

Dentro de esta categoría de pobreza, refiriéndonos a la población campesina, la

misma no goza de una protección específica en derecho internacional, sin

embargo, como todas las personas, gozan de las garantías consagradas en los

instrumentos generales de protección de los derechos humanos. El derecho de los

campesinos a la tierra involucra el derecho al trabajo, a la vivienda y a la

alimentación, y sin embargo, en diferentes zonas de la región centroamericana es

ampliamente violentado. Así nos encontramos con concentración de tierras,

monocultivos o megatendencias, como por ejemplo las plantas hidroeléctricas o el

desarrollo masivo del turismo que no contempla nociones de sustentabilidad, a

través de los cuales se priva al campesinado del acceso a los bienes y servicios de

consumo básicos.

Por otro lado nos encontramos con el problema de acceso a la tierra sufrido por las

poblaciones urbanas, el que desemboca directamente en la problemática de las

viviendas, ya que la falta de espacio físico lleva al hacinamiento en las ciudades,

dejando de lado varios de los componentes necesarios para llevar una vida digna.

En el caso del desempleo se han profundizado las características que venía

presentando la región: feminización del desempleo, aumento del subempleo como

opción laboral, flexibilización laboral, concentración de la desocupación en áreas

urbanas, mayor afectación de población laboral joven y afectación a las

poblaciones más educadas. En cuanto la crisis alimentaria esta ha generado el

aumento de desigualdad socioeconómica entre diversos grupos de población por

las alzas de los precios y el aumento de los índices de pobreza, ya que las

limitaciones en el acceso a los alimentos se relacionan estrechamente con la

168

168

persistencia de la pobreza, los bajos niveles de ingreso, la calidad del empleo, y

otros problemas sociales y económicos.

c. Por su parte la pobreza por exclusión o exclusión por pobreza se define como la

falta de acceso a servicios públicos básicos: provisión de agua, saneamiento

sanitario, luz, teléfono, servicios de educación, salud, transporte, seguridad y

telecomunicaciones. A pesar de que en la región se han dado importantes avances,

aún resultan insuficientes para cubrir la provisión y el acceso. Existen importantes

brechas entre los países, los progresos ocurren a ritmos distintos lo que genera un

avance heterogéneo. Por ejemplo a nivel de educación, las tasas de deserción son

significativas en la mayoría de los países, lo que enfrenta a la región al desafío de

mejorar la cobertura, la calidad, las condiciones para el acceso y los mecanismos

de retención para asegurar la permanencia de los estudiantes. El gasto público por

país es asimétrico, sin embargo, comparte el descenso de la inversión en

educación. Esta situación obstruye las posibilidades de la educación de operar

como vehículo de movilidad social y contribuye a profundizar las desigualdades

entre grupos sociales. En el tema de acceso al agua y al abastecimiento sanitario,

pese a que estadísticamente la región presenta avances importantes en el acceso y

la cobertura, aún para el 2008, 4.5 millones de habitantes de la región vivían sin

acceso agua potable y 11,4 millones de personas carecían de servicio de

saneamiento mejorado.

Con los acelerados avances tecnológicos experimentados por nuestras sociedades

en las últimas décadas nos enfrentamos a un nuevo tipo de desigualdad, cuya

brecha se amplía día a día, y es la del retraso tecnológico y falta de capacitación

en la utilización de nuevas tecnologías, debiendo ser incluidos en la categoría de

servicios públicos básicos ya que las desigualdades en este campo derivan en

diversos problemas, como ser la baja competitividad en el mercado laboral, los

bajos salarios por la falta de capacitación, la dificultad a la hora de ejercer el

169

169

derecho a la educación por la desventaja frente a estudiantes con estas

herramientas, etcétera.

Por otro lado, la vulnerabilidad frente a los desastres naturales surge de la

interacción del hombre con la naturaleza y se refiere a la magnitud de los daños

humanos y materiales que pueda sufrir la población. “Los fenómenos naturales

susceptibles de producir daños en la población y las economías de los países, y por

añadidura en sus sistemas sociales y políticos, son parte de los procesos

geodinámicos de la vida del planeta. No ocurre lo mismo con sus consecuencias,

que pueden evitarse o reducirse de manera importante:”45

Considerando que la región de América Latina y el Caribe es “(…) especialmente

proclive a fenómenos catastróficos (siendo ejemplo de ello que) en los últimos 30

años casi todos los países de la región han sufrido un desastre natural importante

(y que) con excepción de Asia, la región tiene el mayor número de víctimas por

desastre”46 sumado a que “(…)un factor de agravamiento de (la) vulnerabilidad se

encuentra en los patrones de desarrollo económico y asentamientos que lleva a

que coincidan, en términos generales, las zonas de más alto riesgo con las

comunidades y poblaciones de menores ingresos”47, puede concluirse que la

población centroamericana en situación de pobreza es particularmente vulnerable

a estos desastres, siendo víctima de uno de los tantos problemas derivados de la

pobreza por exclusión, ya que el grado de protección frente a los desastres

depende de las políticas públicas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos.

d. En cuanto a la pobreza por discriminación cultural, esta surge de la marginación

de los servicios públicos, pero no únicamente de la exclusión frente a su acceso,

sino también de servicios que no están preparados para abarcar las diferencias

45

CEPAL-BID (2000). Un tema del desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres. Pág. 5. 46

CEPAL-BID (2000). Un tema del desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres. Pág. 6. 47

CEPAL-BID (2000). Un tema del desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres. Pág. 7.

170

170

culturales existentes en un estado. En esta categoría uno de los principales grupos

afectados son las poblaciones indígenas, sobre las cuales recae de manera sensible

acciones de violación a derechos humanos. Como lo señalábamos anteriormente,

la región presenta un elevado nivel de población que vive por debajo de la línea de

la pobreza (más del 45%), en esta estadística la incidencia de la pobreza en las

personas indígenas es mayor que en el resto de la población.

Por ejemplo, el problema educacional contiene diferentes aristas de discriminación

cultural, dependiendo de la población de la que se trate o de las diferentes

problemáticas encerradas por esta categoría. Así podemos identificar a la

población indígena a la que al problema de acceso a la educación se le suman las

deficiencias en lo que a educación intercultural se refiere, que refleja no solo la

inclusión de la enseñanza y dictado de clases en la lengua indígena

correspondiente a la región, sino también la inclusión de materiales que reflejen la

diversidad cultural existente. Otro ejemplo de discriminación cultural es la de los

niños migrantes o hijos de migrantes, que no son aceptados en el sistema

educativo por no poder cumplir con las diferentes certificaciones que se les piden,

cuando en realidad en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero

debería impedir su admisión como alumno en un establecimiento educativo.

e. La pobreza por discriminación de género radica en la desigualdad económica,

social y política existente entre hombres y mujeres propiciando una distribución

desigual de conocimientos, propiedad e ingresos, responsabilidades y derechos.

Por ejemplo, en el tema de trabajo existen asimetrías en las relaciones entre

hombres y mujeres hay más mujeres en puestos de trabajo superiores, sin

embargo, la disparidad salarial sigue persistiendo, así mismo la tasa de

participación en el mercado laboral continua siendo significativamente menor que

la de los hombres. Las tasas femeninas de desocupación son más altas que las de

los hombres, los ingresos de las mujeres en las zonas urbanas constituyen 65 % de

171

171

los ingresos masculinos. Aunado a esto se da la realidad de la doble jornada, lo que

genera que las mujeres interrumpan su historia laboral con mayor frecuencia que

los hombres para atender obligaciones de crianza y cuido.

f. La pobreza por discriminación etaria es entendida como la discriminación que

resulta por edad, específicamente la niñez y la adultez mayor. Estas poblaciones se

encuentran conformadas tanto por personas en condición de ejercer su

independencia como por otras con limitaciones físicas y/o mentales derivadas de

su edad.

Así nos encontramos, por ejemplo, ante la problemática relacionada con el trabajo,

la cual es contenida por la mayoría de las categorías de pobreza, que en este caso

se manifiesta, por un lado, a través del trabajo infantil y sus peores formas, y por el

otro, mediante la explotación laboral de las personas adultas mayores o bien, su

exclusión del mercado laboral cuando existe deseo expreso de continuar

desarrollando este tipo de actividad.

g. Finalmente, la pobreza por discriminación por discapacidad comprende la

discriminación contra todas aquellas personas en situación de pobreza que

cuenten con capacidades diferentes, lo que es un elemento clave en la

perpetuación de la pobreza a la que se enfrentan.

Según información publicada por el Banco Mundial: “Más de 400 millones de

personas, aproximadamente el 10% de la población mundial, viven con alguna

forma de discapacidad en los países en desarrollo y como resultado de ello,

muchas se ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus propias

comunidades. Imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo digno y

excluidas de los procesos políticos, las personas discapacitadas tienden a ser las

172

172

más pobres entre los pobres dentro de una población mundial de 1,3 mil millones

de personas que subsisten con menos de un dólar diario.”48

h. A través de este trabajo se constata que las organizaciones integrantes de la Red

son representativas de la realidad vivida por el país en el que operan ya que las

mismas desarrollan su accionar en las zonas de mayor vulnerabilidad nacional.

i. Como puede observarse, la información sistematizada en las matrices del capítulo

6 es altamente valiosa ya que viene a constatar los datos expuestos en la

caracterización de la región, a comprobar las categorías desarrolladas, y el cuadro

en sí mismo resulta exponente de la ubicación geográfica de las situaciones de

riesgo vividas por las poblaciones, siendo insumo suficiente para el desarrollo de

un mapa de riesgos con características gráficas.

Por otro lado es validada la tipología de problemas de pobreza, ya que todos los

problemas a los que se enfrenta cada organización (explicitados por ellas mismas

al completar el Formulario de Validación y al enviar observaciones y correcciones)

han sido contemplados dentro de las categorías propuestas, de la misma forma

que la mayoría de los categorías responden a problemas sufridos por al menos una

de las organizaciones.

j. Los resultados contenidos en la investigación no son estáticos, sino dinámicos, por

lo que la tipología irá variando a medida que vaya siendo utilizada por diferentes

actores. Este accionar responde a la característica distintiva de la Red, que es su

rasgo participativo, a través del cual se incluye a todos los integrantes en las

diferentes actividades que se desarrollan desde este espacio.

48

En http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm

173

173

ANEXOS

174

174

ANEXO 1: Formulario de validación enviado a las organizaciones

A continuación se expondrá el resumen de las categorías de problemas de pobreza

propuestas por CUDECA

1. ¿Podría por favor marcar con una X, en la última columna, aquellos problemas sufridos

por la población con la que trabaja su organización?


PRINCIPAL PROBLEMA CATEGORÍAS DE PROBLEMAS DE POBREZA PROBLEMAS A LOS QUE SE

ENFRENTA MI ORGANIZACIÓN

Pobreza por precariedad

Impedimento de las personas de adquirir los bienes de consumo

básicos que le permitan vivir dignamente

Desempleo


Hambre y/o desnutrición

Carencia de medios para adquirir ropa

Sin techo

Viviendas precarias




Pobreza por exclusión o

exclusión por pobreza

Falta de acceso a servicios públicos básicos

Falta de agua (de aquí se derivan enfermedades varias, condiciones insalubres, etc.)

Falta de acceso a energía eléctrica Retraso tecnológico y falta de capacitación en la

utilización de nuevas tecnologías (de aquí se derivan problemas a la hora de conseguir trabajo, bajos salarios por falta de capacitación, dificultad a la hora de ejercer

el derecho a la educación por la desventaja frente a personas con estas herramientas, etc)

Ambiente insalubre


Falta de acceso a la educación o exclusión del sistema educativo

Bajos niveles de educación/Analfabetismo

Falta de acceso a la salud

Mortinatalidad y Mortalidad infantil

Desprotección frente a enfermedades infecciosas

Falta de cobertura de la asistencia médica

Inaccesibilidad (lo que genera mayores gastos a la hora de asistir al trabajo, jornadas más largas de viaje, más

cantidad de medios por tomar, que además de los medios de transporte abarca la mala condición de las calles y carreteras en las zonas más pobres, también

habría que sumar inundaciones, etc)

175

175




Inseguridad

Detenciones arbitrarias






cultural

Marginación de servicios públicos, del desarrollo y de la

participación política

Educación discriminatoria

Exclusión y extinción cultural


Despojo de conocimientos


Persecución por motivos religiosos

Despojo de tierras

No reconocimiento de tierras


Deterioro ambiental


Inseguridad

Discriminación en la aplicación y/o protección de derechos


El sistema judicial no proporciona intérprete/traductor








Pobreza por desigualdad de

género

Desigualdad económica, social y política existente entre

hombres y mujeres propiciando una distribución desigual de conocimientos, propiedad e

ingresos, responsabilidades y derechos


Desigualdad en el sistema judicial

Desigualdad en el mercado laboral

Desigualdad en el escenario político

Desigualdad educacional

Embarazos tempranos no deseados/Embarazos no deseados


Mortalidad materna


Prohibición de matrimonios

Matrimonios forzados

176

176




Desigualdad en el matrimonio


Embarazos forzados

Trata de mujeres o niñas

Prostitución







etaria

Exclusión de las decisiones que les involucran así como de los bienes de consumo y servicios

públicos básicos


Falta de acceso a la educación

Deserción escolar


Mortalidad infantil

Exclusión de las personas mayores del mercado laboral


Desinformación

Exclusión de escenarios que le conciernen

Abandono

Abuso de autoridad

Venta/Tráfico de niños


Abuso sexual





2. ¿Considera que dentro de las categorías de problemas de pobreza se encuentran contempladas todas las

problemáticas sufridas por la población con la que trabaja su organización?

SÍ (Pasar a pregunta 4)

NO

(Pasar a pregunta 3)

177

177

3. ¿Qué problemas sufridos por la población con la que trabaja su organización, derivados de su situación de

pobreza, considera que no han sido contemplados en las categorías?

1.

178

178

4. Con el objetivo de localizar gráficamente a la población con la que trabaja en un mapa, ¿Podría por favor

especificar con el mayor detalle posible la zona geográfica en la que se encuentra la misma, pasando por:

País, Departamento/Provincia, Municipio/Cantón, Localidad/Comunidad, etc.?

5. En caso de que su organización cuente con un testimonio y/o narración (ya sea en

formato investigativo o literario) sobre los problemas de pobreza a los que debieron

enfrentarse y/o sufren actualmente las personas con las que trabaja la organización, y

quisieran aportarlo como insumo de la Red, le agradeceríamos por favor lo adjuntara.

Nuevamente le agradecemos por su colaboración

Saludos Cordiales

Equipo de CUDECA.

179

179

ANEXO 2: Documento explicativo que acompañaba el

Formulario de Validación enviado a las organizaciones

Estimado (Nombre del enlace entre la Red y la organización) (Puesto que ocupa el enlace dentro de la organización) (Nombre de la organización)

Me comunico con usted debido a que CUDECA, en el marco del proyecto de la Red Interamericana

Interactiva, impulsado por el IIDH, se encuentra desarrollando una tipología de problemas de

pobreza, la cual se usará de base para caracterizar a las organizaciones conformantes de la Red,

según las categorías de problemas de pobreza con las que se enfrenten en su lucha cotidiana.

Es por esto que le envío como archivo adjunto un documento titulado “Formulario de Validación”,

para que lo lea y responda a las preguntas planteadas con el objetivo de maximizar la

aproximación entre la tipología y la realidad vivida por las diferentes poblaciones en situación de

pobreza.

Desde ya muchísimas gracias por su colaboración y aporte al fortalecimiento de la Red

Saludos

Equipo de CUDECA

Luciana Peri y Jaime Valverde

180

180

ANEXO 3: E-mail explicativo enviado a las organizaciones en el

que se solicita la corrección de la versión final de la

caracterización por país

Estimados/as compañeros/as

Antes que nada nos gustaría agradecerles por la masiva respuesta a nuestro pedido de

confirmación de recepción de los mails de Incidiendo.

Les estamos enviando como archivo adjunto el borrador de la versión final de la

“Tipología de problemas de pobreza” con el objetivo de que puedan hacer una última

revisión de la información correspondiente a su organización. En esta versión se

encuentran incorporadas las observaciones enviadas a través de los Formularios de

Validación.

Les pedimos por favor corroboren que los datos de ubicación de la población con la que

trabajan hayan sido incluidos correctamente, y siéntase en total libertad de aumentar el

nivel de detalle si así lo desean.

También constaten que el listado de problemas de pobreza corresponda a los

enfrentados por su organización, cerciorándose de que no hayan quedado problemas por

fuera ni que hayan sido incluidos problemas con los que no se encuentran en su lucha

cotidiana.

La fecha límite de entrega de las observaciones es el próximo jueves 16 de Junio incluido.

Si para esa fecha no recibimos respuesta de su organización (o un pedido de prórroga en

caso necesario) se entenderá que la información plasmada es correcta y que no desean

hacer ninguna modificación/observación.

Les recordamos que la información contenida en el cuadro será la que publicaremos en la

página web de la Red (una vez sea inaugurada), por lo que es de gran importancia la

exactitud de los datos.

181

181

Respecto al documento:

- Información organizada por país y luego por organización dentro de cada

país. Orden alfabético.

- Problemas escritos en letra roja: Aquellos problemas que no fueron

identificados por su organización pero que CUDECA sugiere agregar para

responder a los vacíos por ustedes identificados.

- Información resaltada con el color amarillo: Información que no ha sido

validada ya que no se ha recibido el formulario. CUDECA la completó según

información disponible en la ficha de inscripción

Pedimos que las correcciones se realicen con el “Control de cambios” de Word o bien en

letra verde, para poder identificarlas fácilmente

Las respuestas pueden enviarlas a través de Incidiendo o a mi e-mail personal

[email protected]

Muchas gracias por su colaboración, una vez más!!!

La Red se continúa fortaleciendo con cada paso que damos!

Saludos

Luciana Peri

CUDECA

http://ar.mc1614.mail.yahoo.com/mc/[email protected]

182

182

ANEXO 4: Formulario de inscripción para la Red a completar

por las organizaciones en la primera fase.

Ficha de Pre-Selección

Nombre completo y siglas

País Provincia

Región Localidad

Dirección

Teléfono Correo Electrónico

183

183

Página Web

Fecha de Fundación

Nombre de la persona a cargo

Misión y Visión

184

184

Áreas de Trabajo o Programas

Caracterización de la población con que trabaja

Tipo de población:

Ubicación de la población:

Problemas más relevantes:

185

185

Luchas más destacadas:

¿Es miembro de alguna Red? ¿Cuál/es?: ______________________________________

186

186

tipología de problemas de pobreza. · 2011-08-09 · 1.1 importancia del uso de redes el iidh ha...

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