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Tierra y libertad: los pequeños márgenes de desarrollo autónomo
Menno Vellinga Universidad de Utrecht
I. INTRODUCCION
El estudio de los movimientos sociales urbanos en América Latina y sus relaciones con el sistema socio-político ha estado sujeto a enfoques conflictivos. El debate se ha desarrollado durante los últimos veinte años y ha girado en torno a interpretaciones conflictivas del papel del Estado y sus mecanismos empleados para la integración política y la toma de decisiones institucionalizada. Aquellos que dan realce a la importancia de las actividades de integración del Estado y a las crecientes posibilidades para la participación popular en formas institucionalizadas de plantear las demandas urbanas se vieron vehementemente enfrentados por aquellos que enfatizan la capacidad represiva del Estado y la importancia de las formas de plantear las demandas urbanas de manera extra-institucional.1
Ambas partes de este debate, obviamente partieron de diferentes modelos de sociedad. Muchos analistas sobre el primer enfoque mencionado se vieron influenciados por un modelo clientelista de sociedad, entendiendo la integración a través de estructuras orientadas verticalmente en las cuales, los estratos populares de la sociedad, participarían espontánea y voluntariamente. El punto de vista opuesto rechazó estos mecanismos como principios centrales de organización. La teoría marxista sobre la política urbana los consideró interviniendo con los grupos de interés de clase organizados horizontalmente y con la movilización de clases. Más aun se rechazó el énfasis sobre los aspectos supuestamente voluntaristas de la participación dada a través de estructuras clientelistas. Desde su punto de vista este enfoque considera consenso y armonía dentro de mecanismos que debe
rían ser interpretados como instancias de control de clases en situaciones donde las alternativas, en los niveles más bajos de la sociedad están severamente limitados y la coerción constituye la regla más que la excepción.
Ambos puntos de vista pueden aportar muchos elementos a su favor, pero no deben reclamar validez exclusiva. La critica marxista del modelo integracionista está bien llevada. Cuenta con una dimensión especial tomando en cuenta la práctica política bajo los regímenes burocrático militares de los años sesentas y setentas. Por otro lado la validez de muchos de los descubrimientos sobre el funcionamiento del sistema político latinoamericano, inspirado en ideas cliente- listas no puede ser negado. Después de todo, estos mecanismos verticales figuran entre las características más notorias de estos sistemas.
La cuestión es reconciliar ambos enfoques, conservando los elementos válidos en los dos en una explicación del proceso político que reconoce la importancia de los mecanismos de integración vertical, así como los elementos de coerción, de represión, y de manipulación del Estado, parte de la relación de poder expresado en el clientelismo político (cfr. Flynn, 1973). Esto sin menoscabo de reconocer la importancia de las formas extra-institucionales de plantear demandas urbanas.
El análisis marxista debiera apartarse del economismo crudo que desafortunadamente ha sido practicado por demasiados analistas y prestar completa atención y peso explicativo al nivel político. Tradicionalmente el gobierno ha sido visto como un simple comité de la burguesía y manipulado por ella para mantener la cohesión de un sistema que sirve a sus intereses. Dentro de esta perspectiva, el poder se mantiene a través de una represión directa e inmediata de las demandas populares.
El papel del Estado, sin embargo, tiene una definición mucho más compleja. Especialmente en el terreno de la política urbana, muchas políticas estarán basadas en la integración que se da a través de instituciones controladas por el Estado. Siguiendo esta pauta, el partido en el poder puede conseguir apoyo político, directamente y usufructuando los recursos del Estado (ventajismo), o indirectamente, a través
de la organización de instituciones que compitan con organizaciones políticas de la oposición (paralelismo). Los movimientos urbanos también pueden estar integrados con la misma estructura organizativa del Estado a un nivel nacional, regional o local bajo control directo de alguna de las dependencias oficiales, como por ejemplo se vio en Perú a fines de los años sesentas. Una manera más general de integración se da en el apoyo para las estrategias de autoconstrucción de vivienda en sus fases de organización e instrumentación (Burgess 1982; Pansters, 1984). La efectividad de estas políticas de integración depende de una variedad de factores estructurales y coyunturales y se pueden ver acompañados en cualquier momento, de instancias de represión oficial, especialmente cuando haya un enfrentamiento con movimientos sociales urbanos establecidos que resistan la integración de sus demandas con las estructuras del status quo. Este acto de balanceo entre las posibilidades de integración y cooptación, incluyendo la manipulación y coerción a que pudiera dar lugar, y aquellos de represión directa, tiene que ser presentado por parte de cualquier movimiento urbano que tenga objetivos independientes de las instituciones oficiales, y que desee mantener una identidad propia e integridad política. El problema es, qué condiciones estructurales y coyunturales permiten que tal acto sea desarrollado exitosamente en términos de los objetivos déla organización de asentamientos.
Siguiendo las consideraciones teóricas arriba mencionadas, este problema será examinado en el estudio del caso de “Tierra y libertad” en Monterrey: un movimiento de pose- sionarios que trató de seguir esta ruta. Esta que es “una de las experiencias más importantes de un movimiento social urbano en América Latina” (Castells, 1981:18) ha sido mencionada repetidamente como un caso notable en la historia reciente de la política urbana de América Latina; y sin embargo nunca ha sido estudiada sistemáticamente. Aun nos queda la pregunta básica de cómo este movimiento ha podido luchar en defensa de sus intereses, dentro de un ambiente político urbano represivo, por tanto tiempo, logrando preservar su identidad política radical.
A fin de responder a esta pregunta, primeramente seña
lamos de manera breve las condiciones económicas y socio- políticas que generaron el movimiento y conformaron su crecimiento. En segundo término, trataremos la composición social y económica del movimiento, su organización, ideología y acción en el terreno político. Finalmente, sistematizaremos los factores que en este caso determinaron los márgenes para la autonomía en la lucha por el espacio urbano.
II. EL CONTEXTO GENERAL
Los antecedentes sobre la lucha por el espacio en el México urbano son bien conocidos. Las migraciones que hicieron aumentar la población de las ciudades a cantidades sin precedente, encontraron como en muchos otros países un importante factor de empuje en la crisis agraria. Desde los años cuarentas el campo mexicano había experimentado cambios estructurales como consecuencia del surgimiento de grandes empresas agrícolas capitalistas cultivando productos de exportación en las mejores tierras y explotando a los campesinos como trabajadores a sueldo. El resto del sector agrícola, formado por pequeños propietarios y productores a pequeña escala, fue descuidado y subsecuentemente, empobrecido. La creciente presión demográfica en el campo agudizó la situación. Grandes partes de la población campesina empobrecida se vieron forzados a dejar sus tierras e irse a las ciudades. En el mismo periodo, la economía mexicana siguió una estrategia de crecimiento a través de la industrialización que creó importantes factores de atracción en las áreas urbanas. Sin embargo, la forma que este proceso ha tomado sólo permitió que la población migratoria se uniera a la población con empleo dentro de la economía urbana en un número limitado. Además la disponibilidad de viviendas probó ser, por mucho, insuficiente para acomodar a los recién llegados. La lucha por espacio en las áreas rurales se vio complementada por una lucha por espacio en las áreas urbanas.
Hasta aquí, esta estructura no se desvía de la que podemos observar en otros países latinoamericanos; sin embargo, los procesos de transformación agraria, de industrialización y de urbanización se han dado en México en una escala mucho mayor. Las estructuras de acumulación, distribución
y localización de capital han resultado de desigualdades inter e intra-sectoriales en la economía, de disparidades regionales, una distribución del ingreso distorsionado y una gran concentración de la riqueza, todo lo cual no tiene paralelo en América Latina.
Junto a estos procesos, ha surgido un sistema político que ha servido para controlar las tendencias polarizantes y las contradicciones generadas por un desarrollo capitalista generalmente poco restringido. Naturalmente, la fórmula del Partido Revolucionario Institucional y la integración de las clases sociales dentro del marco de un desarrollo hacional, a través de la formación de organizaciones intermediarias por parte del Estado ha sido usado en otras naciones latinoamericanas. Sin embargo el caso mexicano tiene un significado histórico y culturalmente específico, y cuya estructura refleja el esfuerzo para integrar a la gente más allá de las líneas de clase dentro de una sola estructura organizacional, aunque a la vez conserva las posibilidades de representación de intereses.
El pri está llamado a cumplir una importante función como mediador de disputas y como promotor de consensos y al hacerlo funciona como un aparato importante de control de clase. Su estructura de organización sectorial abre la posibilidad de expresión política de membresía de clase, pero los conflictos de clase potenciales están siendo neutralizados, socavando cualquier demanda militante a través del sometimiento a los arbitrajes, dados por un grupo en el poder que ha desarrollado sus propios intereses y quehaceres, así como sus propios planes a largo plazo, en relación al desarrollo futuro de la nación. Esta dependencia en las decisiones de la cúpula del partido es rígidamente reforzada. Cualquier promoción de los intereses de clase independiente está expuesta a recibir una respuesta represiva.
Además de los segmentos de la población que han sido integrados al gobierno a organizaciones controladas y manipuladas bajo la responsabilidad del Estado, grandes masas de la población con trabajo estable no pertenecen a ninguna de las organizaciones. El subproletariado urbano y rural están, sin embargo, aún más marginales a la estructura política oficial. Los partidos de oposición no parecen tenerlos
sujetos, de acuerdo con las características de la votación emitida en las elecciones para presidente y senadores. La única manera como pueden hacerse escuchar es a través de los mecanismos paternalistas de la política tradicional mexicana. Los políticos en el poder, o aquellos que aspiran a ello, tratarán de crearse una “clientela” que les sirva de apoyo en su carrera política a cambio de ciertas recompensas concretas (que a menudo se dan en el área de servicios públicos), logradas a través de su intervención en la burocracia gubernamental. Su papel como intermediarios está claramente limitado. El político no tratará de organizar o politizar a las bases de los sectores marginales o continuar agitando después de que su posición ha sido asegurada. Acciones como ésta no están contempladas en las reglas del juego y son invitaciones a la represión. A través de estos mecanismos, el movimiento de colonos en la ciudad ha estado tradicionalmente vinculado con el pri y con el Estado, estableciendo los canales por medio de los cuales la propiedad de los terrenos urbanos y el acceso a los servicios son intercambiados por apoyo al partido.
La creciente población migrante a las ciudades presentó en los años cincuentas y sesentas un reto al sistema político mexicano. Esta masa de sub y desempleados, dada su carencia de recursos, no pudo participar en el mercado capitalista relacionado con la producción y distribución de vivienda y servicios públicos. La magnitud del problema forzó al Estado a actuar.
La participación del Estado en esta área por largo tiempo de hecho fue mínima. Hasta los años cuarentas, la acción pública privilegió aquellas áreas de infraestructura y de comunicaciones directamente relacionadas con la industrialización del país. El área de atención a la vivienda pública prácticamente no existía. Esta situación cambió en el curso de los años cuarentas y cincuentas durante el auge de la política de substitución de importaciones. Se creó una infraestructura institucional2 y se comenzó con la construcción de vivienda pública. La mayoría de sus esfuerzos, sin embargo, estaban dirigidos hacia los empleados y obreros calificados.
En los años siguientes el problema urbano se agravó dada la migración masiva hacia las ciudades. Como en otras naciones latinoamericanas, la primera respuesta del sector público fue estimular la construcción en el sector privado. Las organizaciones internacionales relacionadas con el área también estaban trabajando en esta dirección. Los asentamientos ilegales y el fraccionamiento especulativo fueron tolerados y políticamente controlados por caciques locales. La industria privada no había estado muy activa en lo referente a proveer de vivienda a sus trabajadores; sin embargo, la ley federal del trabajo obliga a todas las empresas con más de cien trabajadores a hacerlo. La excepción se dio con las grandes empresas de Monterrey, las que ya por décadas habían estado desarrollando programas de vivienda para sus trabajadores como parte de sus políticas paternalistas.
En los años setentas, las actividades del Estado en el área de vivienda cambiaron drásticamente. Ante lo explosivo de la situación urbana por el peligro de que se dieran situaciones que escaparan del control oficial, forzó al gobierno a tomar las medidas necesarias. Se tomaron una serie de iniciativas, comenzando en 1972 con la creación del in f o n a - v it , el que hubo de encargarse de los aspectos administrativos, financieros y de construcción de programas de vivienda para los trabajadores. El programa se debería financiar con las contribuciones de los patrones y del gobierno federal. Sus objetivos eran muy ambiciosos; en la práctica su cobertura pronto fue limitada, por el hecho de que para calificar había que tener empleo estable. Por lo tanto, el programa se limitó a los trabajadores capacitados en los sectores industrial y de servicios, sobre todo en las grandes empresas con presencia significativa del movimiento sindical oficial. Lo interesante es que los objetivos iniciales del programa iban más allá de lo relacionado con la vivienda e incluían aspectos culturales y socio-organizacionales. La población debía integrarse en programas participativos iniciados por el Departamento de Promoción Social del i n f o n a v it . El objetivo era llegar a algún tipo de auto-gobierno de los complejos habitacionales, los inquilinos nombrando sus representantes desde el nivel de manzana en adelante. Esta estrategia desvió a las organizaciones que hasta entonces habían integrado los sectores po-
pulares dentro de la estructura política oficial, como la ctm (cfr. Castells, 1982: 136ff).
Instituciones paralelas como el f o v i s s t e y el fo v im enfocaron sus miras hacia categorías específicas de trabajo. Aquellos segmentos de la población urbana que no tenían trabajo estable fueron dejados fuera. Los esfuerzos oficiales en su beneficio no incluían la construcción de vivienda sino la legalización de los terrenos urbanos que ya poseían y que habían sido adquiridos por invasión. Para este propósito se crearon fideicomisos que distribuyeron escrituras individuales de los terrenos en cuestión a cambio de cantidades a cubrir mediante un préstamo de interés social muy bajo. Posteriormente se instalaban los servicios públicos (electricidad, agua, drenaje). En no pocos casos la legalización significó, ya en la práctica, un cúmulo de obligaciones financieras (intereses, servicios, impuestos prediales, etc.) a los que no podían enfrentar los nuevos dueños. Fueron forzados a vender y mudarse a veces en beneficio de fraccionamientos de clase media en expansión en estas áreas.
Estos esfuerzos en materia de reforma urbana, en los años setentas, bajo la presidencia de Echeverría, culminaron en la Ley General de Asentamiento Humanos. Promulgada en 1976, estableció la prioridad del interés público sobre la propiedad y el control privado sobre los terrenos urbanos y buscó ofrecer un marco legal para una reforma urbana posterior. La ley fue violentamente rechazada por aquellos sectores de la burguesía que estaban de una u otra manera relacionados con los intereses de los sectores de bienes raíces y de la industria de la construcción. Entre otros, los empresarios de Monterrey estaban fuertemente representados (Martínez Nava 1984).
El paquete de reformas urbanas mencionadas fracasó en el cumplimiento de sus objetivos originales, en no pocos casos, debido a la infiltración de intereses privados y oficiales en los programas emprendidos. Las actividades de construcción del in f o n a v it fueron controlados por el sector de bienes raíces privado. La asignación de las viviendas de los trabajadores pasó en gran medida a manos de la ctm . La legalización de los terrenos invadidos o adquiridos por otros medios también ilegales pronto pasó al control de los caci-
ques urbanos. La banca privada se encargó de buena parte de los aspectos financieros del programa. Al igual que muchas otras de las iniciativas de reforma de Echeverría, estas áreas también se convirtieron en campo de batalla entre los sectores reformistas del gobierno, las tradicionales instituciones políticas “oficiales” y el sector privado. Es esta coyuntura política la que propició el surgimiento y desarrollo de Tierra y libertad.
III. EL MOVIMIENTO TIERRA Y LIBERTAD:SU SURGIMIENTO Y DECADENCIA
Raíces
Dentro del rápido proceso de crecimiento económico de México en las últimas décadas, Monterrey ocupa una posición especial. En este periodo se convirtió en el centro industrial más dinámico de México. Este proceso de crecimiento industrial fue dirigido por una burguesía de extracción regional que se ha convertido en uno de los grupos de presión más poderosos en el terreno político nacional, frecuentemente en clara oposición a la política del Estado. En el plano regional, se ha opuesto a la influencia de las estructuras políticas oficiales y ha tratado de establecer su dominio sobre la región, apoyado en su papel prominente dentro de la economía. Grandes partes de la clase trabajadora industrial fueron integradas dentro de estructuras dependientes del patrón: los sindicatos blancos. También fueron objeto de políticas sociales paternalistas en los terrenos de vivienda, salud, recreación y bienestar familiar. Políticamente, los empresarios de Monterrey pueden ser considerados como ultra-conservadores, con inclinaciones hacia el partido de oposición de la derecha, el p a n (cf. Vellinga, 1981: 108fp.
La dinámica del proceso de industrialización de Monterrey ha formado un importante factor de atracción en las migraciones constantes, que hizo crecer a la ciudad a un paso espectacular. En el periodo comprendido entre 1940-1970 la población de la ciudad casi se dobló cada diez años.
El papel del Estado en el área de la vivienda fue muy débil. Por otro lado, el sector privado, especialmente las gran
des compañías, proveyó de viviendas a grandes sectores de sus trabajadores. A los recién llegados a la ciudad no les quedó otra alternativa que invadir la franja urbana e incorporarse a la proliferación de los barrios bajos ahí establecidos.
C u a d r o 1
C r e c im ie n t o de la p o b l a c io n e n e l M o n t e r r e y m e t r o p o l it a n o *1940-1980
Año Población Crecimiento
a
Crecimiento debido a la
migración (%)** b
1940 190,128 -- --1950 354,114 86 521960 699,263 97 591970 1,213,479 74 441980 1,876,300 55 37
* Incluye Monterrey, Garza García, San Nicolás, Guadalupe, Santa Catarina.
** Estimados con base en cálculos del crecimiento natural; b en porcentajes de a; incluye la migración desde dentro del estado de Nuevo León.
Fuente: Censos de Población y Vivienda: “La Problemática Habitacional de los Grupos de Bajos Ingresos de Monterrey: una propuesta de acción”. Facultad de Arquitectura de la UANL, 1981.
El movimiento de Tierra y libertad tiene una historia que data de principios de los años sesentas. En aquellos años, los primeros esfuerzos de organización por parte de los pose- sionarios surgieron como reacción a las actividades políticas oficiales. Por lo tanto, en el periodo 1960-1964 se fundaron la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo ( cio p) bajo la dirección del Partido Comunista Mexicano ( pcm) y de las Juventudes Comunistas. Su objetivo era formar una fuer
za en contra de las prácticas manipuladoras de los organismos oficiales, particularmente la Confederación de Organizaciones Populares ( c n o p ), y para defender los intereses de los posesionarios, no sólo en el área de la vivienda, sino también en los aspectos de subsistencia. Muchos posesionarios ganaban su pan diario trabajando como vendedores ambulantes, que era un grupo que sufría de hostigamiento policial constante (Pérez Güemes y Garza del Toro 1984).
Estas actividades persistieron a través de los años sesentas pero a un nivel más modesto, cambiando a principios de los setentas cuando las políticas reformistas a niveles nacionales y locales crearon un cambio temporal en la coyuntura política. Esta situación fue aprovechada por un buen número de activistas de anteriores movimientos estudiantiles y por líderes descontentos de los sindicatos posesionarios afiliados a la c n o p y a la c tm . Entre 1971 y 1973 se llevaron a cabo ocho invasiones que llegaron a constituirse en colonias, entre ellas, Mártires de San Cosme (180 familias), Mártires de Tlatelolco (500 familias) y Genaro Vázquez (200 familias). Los nombres de las colonias sufrieron represión por parte de la policía pero lograron sobrevivir. En marzo de 1973 una invasión de 1500 familias condujo a la creación de la Colonia Tierra y Libertad que en los años siguientes sirvió como centro de coordinación de las actividades del movimiento de posesionarios. En 1976 el movimiento se unió al Frente Popular Tierra y Libertad.
Organización
La población de los posesionarios en Monterrey está formada sobre todo por migrantes de las áreas rurales de San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y el mismo Nuevo León. Sus características socio-económicas los ubica dentro del subproletariado de Monterrey. Principalmente trabajan como vendedores ambulantes, artesanos, albañiles, etc. Hay un alto grado de analfabetismo entre ellos (cf. Montano, 1979:159).
La lucha por un lugar donde vivir, la constante amenaza de expulsión, y la necesidad de asegurarse servicios de transporte, educación y salud, han contribuido a la cohesión
del movimiento tanto como el hecho de compartir un lugar de origen común, los lazos familiares, los compadrazgos y la amistad. La extensión del movimiento debe ser atribuida en gran parte a estos factores (Garza del Toro 1982:18). Después de que se formaron las primeras colonias muchas personas que tenían algún familiar, amigo o compadre ahí inmigraron también. La ausencia de diferencias en cuanto a su posición socio-económica ayudó a que los posesionarios se solidarizaran. Todos eran igualmente pobres.
La ocupación de los terrenos se hizo generalmente por las noches y de preferencia en terrenos inhóspitos, donde la escrituración no estaba claramente definida. Los terrenos eran explorados previamente. Se planeaban las invasiones para realizarse en momentos de coyunturas políticas (una visita presidencial o de alguno de los miembros del gabinete o algún otro evento de importancia nacional) lo que hacía que una represión inmediata fuera menos probable. Las invasiones eran dirigidas por viejos expertos posesionarios y activistas universitarios. Estos introducían una organización política de línea maoísta dentro de las colonias.
Una vez que los problemas básicos del asentamiento habían sido satisfechos, se veía forzado, dado su origen ilegal, a tomar medidas de seguridad y actuar a fin de garantizar el orden y la disciplina internas. Se estableció una organización que garantizó la participación de los posesionarios agrupados primeramente en manzanas, y se planeó una mobiliza- ción rápida para cuando fuese necesario. Al mismo tiempo funcionó como un medio efectivo del control social.
La estructura general para la toma de decisiones dentro del movimiento fue como sigue
Asamblea General
Asamblea de Jefes de Manzana
Asamblea de Asamblea de Asamblea deManzana Manzana Manzana
Asamblea de Manzana
Orden ydefensa internos
Asuntos laborales
Educación
Asuntos femeniles
Asuntos médicos
Asuntos económicos
La Asamblea General fue el órgano de toma de decisiones del movimiento posesionario. Ahí se establecían las líneas de acción política. Funcionó basada en la representación directa desde la asamblea de manzana en adelante. En las Asambleas de Manzana los resultados de las diferentes discusiones se traducían en criterios prácticos o, de ser necesario, en propuestas para discutirse en la Asamblea General. Los comités en las áreas de orden interno, defensa, etc., que dependen de la Asamblea General estuvieron integrados por miembros que rotaban cada seis meses, y su funcionamiento estuvo bajo vigilancia continua de la Asamblea General.
El proceso en la toma de decisiones y los esfuerzos para garantizar la participación de las bases, obviamente representó una reacción en contra de las tendencias michelsianas hacia el oligarquismo que pueden ser ubicadas en la política mexicana y al mismo tiempo, propuso soluciones organizativas que encontramos en otros casos de movimientos sociales radicales.3
Los comités tenían las siguientes tareas:
—Orden interno y defensa: En cada colonia funcionaba un comité de honor y justicia. Organizaba los rondines, una especie de policía de colonia que mantenía el orden público. Se construyó una prisión para aquellos que hubiesen cometido una pena menor. La pena máxima era la expulsión de la colonia. En la mayoría de los casos esta pena se aplicaba a aquellos de quienes se sospechaba que eran agentes de la política oficial.—Asuntos laborales: La Unión de Trabajadores era el comité encargado de manejar los problemas de los trabajadores que habían sido despedidos de sus empleos. Tenía un departamento legal que ofreció asesoría legal tanto a los miembros como a los que no lo eran. Además organizaba actos de solidaridad en los casos de despidos masivos.—Educación: A través de esfuerzos colectivos, el movimiento construyó sus propias escuelas. Estas funcionaron de acuerdo a los estándares oficiales pero eran supervisadas por comisiones de padres de familia elegidos entre los posesionarios. Además, el movimiento tenía una organización especial para las actividades de concientización y educación de adultos así como una estación de radio.—Asuntos femeniles: La Liga Femenil funcionó en cada colo
nia a fin de tratar los problemas internos relacionados con la situación de las mujeres y los niños; también se encargaba de organizar los eventos destinados a reunir fondos para financiar las actividades políticas del movimiento.—Asuntos médicos: Se construyeron varias clínicas pequeñas y un hospital con equipo médico donado por la Universidad de Nuevo León.—Asuntos económicos: En esta área el movimiento trató de administrar la economía en varias colonias estableciendo pequeñas cooperativas donde los artículos de primera necesidad eran producidos y vendidos. Poco después de la invasión inicial, los posesionarios de Tierra y Libertad fundaron una cooperativa de carne; más tarde otra de materiales de construcción y otra de transporte (pues el público oficial había rechazado dar un servicio completo). Además una gasoline- ría, un supermercado, una granja, un taller de costura y otro de zapatos. Todo esto se construyó a base del esfuerzo colectivo, durante los llamados domingos rojos y las semanas de unidad.
La organización del movimiento originalmente fue establecida para crear las máximas posibilidades de movilización autónoma. Cualquier atadura con la sociedad oficial fue rechazada. Los servicios urbanos (electricidad y agua) se obtuvieron colectiva e ilegalmente. Tomaron en sus propias manos la educación y la salud. Las ofertas de la sociedad oficial a este respecto fueron rechazadas. El tipo de organización de bases que se dio no sólo garantizó la participación de la población en las decisiones directamente relacionadas con sus vidas en las colonias, sino también hizo posible un control social efectivo. Aquellos que se desviaban del curso político trazado por los líderes y la Asamblea General, y los sospechosos de colaborar con la política oficial fueron expulsados de las colonias. La diferenciación social interna se mantuvo bajo vigilancia por lo menos en sus aspectos externos: no se permitieron viviendas ostentosas en las colonias. Todas las casas tuvieron que ser igualmente modestas y no se permitieron construcciones de más de un piso.
A la policía no se le permitió entrar a las colonias. Estas empezaron a desarrollar características de enclaves en los cuales sus habitantes organizaban sus propias vidas; mantuvieron exclusividad judicial y a través de la concientiza-
ción de sus propios miembros y de acciones de solidaridad con los habitantes de otras colonias, trataron de formar un puente desde el cual pudiera empezar un movimiento más amplio para un cambio socio-económico radical.
Afiliación ideológica y política
La doctrina en que se sustentaba el movimiento de Tierra y Libertad surgió originalmente del movimiento universitario que contaban con activistas que se habían unido en etapas anteriores al movimiento posesionario, habían desplazado el liderazgo subproletario original y habían llevado a cabo las invasiones a terrenos urbanos con una estrategia política más amplia. La presencia en la ideología de este movimiento de elementos tales como autonomía, autogobierno, democracia directa y participación, lo ponen de manifiesto como un producto típico de los años sesentas y setentas. El princpio básico que gobernó su organización política se promovió como “de las masas a las masas”. A los líderes del movimiento se les llamó “orientadores” para señalar la diferencia, por lo menos en teoría, con los “líderes” de la política oficial. Sin embargo, en el curso del desarrollo del movimiento, estas diferencias se hicieron cada vez más aparentes que reales.
La definición marxista clásica de sociedad en conflicto y su resolución a través de la lucha de clases sostuvieron la doctrina del movimiento. El problema en el caso de Tierra y Libertad fue que se aplicó a segmentos del subproletariado para quienes, por lo menos en la teoría, las ideas clásicas sobre la formación de clases y el crecimiento de la conciencia de clase no fueron definidas. Los objetivos del movimiento reflejaron una estrategia de línea maoista, dirigida hacia la realización de cambios graduales en la perspectiva de los posesionarios del sistema político a través de: a) La experiencia diaria de la lucha para mantener la autonomía frente a acciones cooptativas y represiones por parte del sistema político oficial; b) La experiencia obtenida en acciones de apoyo a otros movimientos de obreros y campesinos; c) La participación en el auto-gobierno; d) Actividades de educación y con- cientización.
La práctica política de los movimientos sociales urba
nos en América Latina ha mostrado las dificultades que presenta el cumplimiento de dichas estrategias. En la mayoría de los casos, las acciones basadas en intereses compartidos han dado escasos resultados y reflejan lo que Jansen llama una “conciencia dependiente”: una tendencia a conformarse con las iniciativas de los políticos en el poder y buscar una adaptación individual a la situación (cf. Janssen, 1984:161 ff). Las excepciones a esta tendencia son pocas.
Algunos movimientos en las barriadas de Lima, Perú, durante el fin de los años sesentas y el principio de los setentas, así como los movimientos urbanos en Chile en el periodo inmediatamente anterior y durante el régimen de Allende, son casos clásicos (Humperts, 1980; Handelman, 1973).
El problema básico en esta área obviamente tiene que ver con la manera como las barriadas son integradas a la economía. Es un conocimiento clásico que el tipo de trabajo y el contexto social en el cual se lleva a cabo son la fuente de la conducta observada en otras áreas, en particular, las que tienen que ver con los procesos de cambio social. Esta idea ha jugado un papel muy importante en el debate acerca de la conciencia de clase y el papel del subproletariado, desde que Fanón (1981) presentó esta categoría social como fuente de actividad revolucionaria. Desde entonces la investigación ha mostrado el tipo de actividades económicas en las que están involucrados promoviendo la dependencia y el pater- nalismo en el sector de servicios personales, valores individuales y comerciales en actividades productivas y comerciales a pequeña esca la . La d iversidad de activ id a d es desarrolladas entre el subproletariado en muchos casos no produce las experiencias compartidas sobre las que la gente pudiera basarse para organizar y sobrellevar acciones colectivas. Los problemas de los obreros con trabajo estable se centran en la mejoría relacionada con los salarios y las condiciones de trabajo, y sus organizaciones y acciones reflejan este aspecto. El subproletariado, sin embargo, está preocupado por sobrevivir; sus problemas tienen que ver con la necesidad de asegurar su subsistencia, obtener un lugar donde vivir y tener acceso a los servicios básicos. Como parte de estas estrategias de supervivencia, funcionan relaciones personales específicas de tipo clientelista que pueden interferir
con las solidaridades de tipo horizontal, involucradas en el crecimiento de la conciencia de clase. Estas consideraciones pudieron haber sido tomadas en cuenta por el liderazgo del movimiento cuando estaban tratando de desarrollar fuentes de empleo dentro de las colonias y cuando enfatizaban las experiencias compartidas fuera del ambiente de trabajo como base para el desarrollo de la conciencia.
Tierra y Libertad se afilió originalmente, a un nivel nacional, con Política Popular, una organización pequeña que había surgido en el ambie.nte universitario. En 1976 cambió su afiliación a Línea Proletaria, otro grupúsculo de la izquierda mexicana. En este mismo año se fundó el Frente Popular Tierra y Libertad, uniendo 31 c.olonias con cerca de 50 000 posesionarios, 16 asociaciones de colonos, 3 ejidos y 3 sindicatos de trabajadores. Se trataba de definir una base común de intereses entre los posesionarios, miembros de los ejidos, vendedores ambulantes, trabajadores y similares que permitieran la coordinación de acciones de cada grupo en una sola lucha.
Acción: El movimiento y la política oficial
El periodo que precede a la formación del Frente se ha carac- terizadopor constantes confrontaciones con las autoridades, la policía y el ejército. Sin embargo, esta situación nunca se llevó al extremo: las invasiones no se disolvieron ni las colonias fueron eliminadas por la fuerza. Dadas la orientación ideológica del movimiento y el historial mexicano de represión despiadada en tales casos, esto constituye un fenómeno digno de señalar. Unos cuantos ejemplos:
En junio de 1973 se fundó un asentamiento justo arriba de un área residencial de clase media. En la lucha que siguió con la policía se tomaron rehenes de ambas partes. La policía se retiró y le pasó el problema al ejército, el cual sólo instaló una guardia en el camino al nuevo asentamiento y sirvió como mediador entre los posesionarios, las autoridades civiles y los habitantes del barrio de clase media del otro extremo del camino. Al final, los posesionarios se quedaron. Se construyó una pared entre la nueva colonia y el área residencial financiada con fondos públicos.
En agosto de 1973 la policía atacó la colonia Tierra y Libertad después de que los posesionarios habían secuestrado un camión perteneciente a una pedrera cercana, con el fin de que se les indemnizara por daños causados por las explosiones de dinamita que ahí se realizaban. En la trifulca, varios posesionarios fueron heridos con arma de fuego. Sin embargo, tuvieron éxito en repeler a los atacantes. Atraparon una patrulla policiaca y la incendiaron. La policía se retiró. El dueño de la pedrera se disculpó públicamente por la situación que se había dado y ofreció reparar los daños.En febrero de 1974 Tierra y Libertad inició una campaña contra el alza en las tarifas de transporte urbano. Se secuestraron algunos camiones. Como resultado de ello, consiguieron que las rutas de transporte urbano extendieran su recorrido hasta el interior de las colonias. El gobernador del estado se reunió personalmente con los representantes de Tierra y Libertad a fin de solicitar la devolución de los camiones secuestrados.En abril de 1974 el ejército intervino con el propósito de poner fin a las continuas invasiones llevadas a cabo por Tierra y Libertad en el sector sur de la ciudad. En negociaciones subsecuentes, el movimiento prometió congelar futuras invasiones en el área, a cambio de que fueran puestos en libertad algunos posesionarios tomados presos durante invasiones previas. Al mismo tiempo, la policía estuvo de acuerdo en suspender sus intervenciones en la colonia. Este último acuerdo dio pie a que se creara la imagen que ha tenido el movimiento Tierra y Libertad por muchos años: la de tener “un Estado deritro de otro Estado”.En febrero de 1976 la policía mató a seis posesionarios quienes fueron sorprendidos “expropiando” electricidad. Este acto de represión condujo a enormes movilizaciones, con la participación de hasta 50 000 personas. Al final, el Presidente Echeverría aceptó recibir a los líderes del movimiento y prometió atender sus demandas: destitución de las autoridades responsables e indemnización a las familias de las víctimas. Además prometió buscar financiamiento para unos diez talleres que habían sido planeados en las colonias para mejorar la situación del empleo. De ellas sólo una se llevó a efecto.
Con el transcurso del tiempo, el movimiento amplió su cobertura para incluir a otros que habían surgido entre el subprole- tariado de Monterrey: de los habitantes de varias colonias, de
uniones ejidales, de vendedores ambulantes y un sindicato de taxistas afiliados en 1978 y que por algunos años transitaron por toda la ciudad en coches roji-negros. Establecieron contacto con ciertos sectores de los trabajadores de planta y se movilizaron en apoyo a sus demandas. Entre estas movilizaciones hubo acciones en apoyo a grupos radicales en el sector metalúrgico, en la industria de la cerámica y en la universidad de Nuevo León. Este último caso reflejó el apoyo y la participación que los estudiantes y el personal universitario habían dado a Tierra y Libertad. También se movilizaron algunas veces en apoyo a los campesinos de Nuevo León en su lucha por hacer cumplir la reforma agraria.
La reacción oficial alternaba entre los esfuerzos de represión directa (que sin embargo nunca fueron llevados al extremo) y la cooptación. Esta última política no funcionó en los años siguientes a la invasión sino hasta la formación del Frente Popular Tierra y Libertad. Todas las actividades en los ámbitos de penetración ideológica y de organización fueron encaminadas a aislar el movimiento de las estructuras oficiales. Se buscó la integración interna a través de la participación intensiva en la toma de decisiones, labor comunal y actividades recreativas, rituales y símbolos colectivos, así como movilizaciones masivas regulares. La presión externa, presente constantemente dada la situación de aislamiento, ayudó a cimentar aun más el movimiento y mantuvo a Tierra y Libertad como un movimiento social radical con altos niveles de movilización. Su más grande éxito en esta área ocurrió en febrero de 1976, cuando logró llenar las calles de Monterrey con 40 000 personas.
Tras la formación del Frente Popular Tierra y Libertad, el movimiento se institucionalizó y perdió energía. Como tal, este no es un fenómeno anormal. Los altos niveles de movilización en un movimiento sólo pueden ser mantenidos por largos periodos de tiempo, cuando se les enfrenta a situaciones de crisis externas (guerra, por ejemplo) y cuando son inspirados por un liderazgo carismàtico. Ante la ausencia de estos facotres, el movimiento comenzó a mostrar los males que padecen la mayoría de los movimientos en México: la oligarquización del liderazgo, lucha interna en el liderazgo y subdivisión del movimiento. Las políticas oficiales jugaron
un papel activo para llegar a ello, agudizando los cismas mediante la creación de situaciones de negociación con una de las partes. Posteriormente se pretendió desestabilizar el movimiento dando apoyo a movimientos políticos competidores de la izquierda, que trataron de construir una base de poder en las colonias.
El curso de los eventos se ilustra con la tabla siguiente. Se incluyen aquí el número de actividades substanciales de Tierra y Libertad, substanciales en el sentido de considerar la movilización de miles de personas en invasiones, defensa de intereses, acciones de solidaridad, confrontaciones con el aparato represivo del Estado y los esfuerzos de cooptación social. Está claro que de fines de los años setentas en adelante, las acciones del movimiento decrecen y los esfuerzos de cooptación aumentan.
C u a d r o 2
N u m e r o y tipo d e a c c i o n e s , T ie r r a y L i b e r t a d , 1 9 7 3 -1 9 8 4
Formación del Consolidaciónmovimiento del movimiento La fase
1973-1975 1976-1978 final
Invasiones exitosas 22 7 ____
Invasiones fracasadas 2 — 42Defensa de intereses 7 4 —
Acciones solidarias 2 5 2Conflictos con lasautoridades 4 1 2Esfuerzos de cooptación 1 1 18
Fuente: Efraín Pérez Güemes y Alma Rosa Garza del Toro, “El Movimiento de Posesionarios en Monterrey, 1970-1983”. Seminario Movimientos Sociales en México-Región Nordeste. Monterrey, enero 11-14,1984. Consulta de los periódicos El Norte y El Porvenir, 1973-1974.
La integración con las estructuras oficiales fue entre otras, tarea a desarrollar por parte de las actividades de co rett (Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra), que debería regularizar la ocupación de dominios públicos de acuerdo a lo estipulado en nuestra sección de políticas urbanas y de los FOMERREYes (Fomento Metropolitano de Monterrey).
Los FOMERREYes fueron creados en 1 9 7 3 como un fideicomiso que debía integrar a las familias ilegalmente establecidas a través de su traslado a los asentamientos recién construidos y la legalización de los asentamientos actuales (Trujillo, 1 9 7 8 :7 3 ff). En 19 8 1 cerca de 5 1 0 0 0 familias estaban ocupando irregularmente 2 2 5 asentamientos, o estaban establecidos ilegalmente en terrenos federales, estatales, municipales o ejidales. La población total de estos asentamientos se estimaba alrededor de 3 0 0 0 0 0 personas. Un tercio de las familias estuvo controlada por los FOMERREYes. Más del 5 0 por ciento habían sido legalizados a través de otros programas, especialmente del Plan Tierra Propia. El resto permaneció fuera del control oficial y perteneció a Tierra y Libertad.
C u a d r o 3
C o n t r o l d e lo s a s e n t a m ie n t o s p o s e s io n a r io s e n M o n t e r r e y 1 9 8 1
Número de asentamientos
% Número de familias
%
FOMERREY 35 16 16,782 33Otro mecanismo 158 70 25,510 50oficialTierra y Libertad 32 14 8,488 17
TOTAL 225 50,780
Fuente: FOMERREY, 1981: La Problemática Habitacional de los Grupos de Bajos Ingresos de Monterrey: una propuesta de acción. Facultad de Arquitectura de la UANIL, 1981.
Los asentamientos de f o m e r r e y pronto se convirtieron en objeto de manipulación y lucha entre la c n o p y la c tm y en escenario de viejos problemas: precios elevados de terrenos y de servicios como agua, drenaje y electricidad (Trujillo 1 9 7 8 :7 5 ) .
La coyuntura política para movimientos como Tierra y Libertad cambió radicalmente con la llegada al poder del gobernador Alfonso Martínez Domínguez en 1 9 7 9 .4 Con él
empezó a funcionar la parte represiva de la política oficial. Las pequeñas aperturas que hasta entonces se habían dado para movimientos independientes fueron cerradas. En el primer año y medio de su gobierno se frustraron no menos de cuarenta invasiones de terrenos urbanos. Los sindicatos radicales que se habían solidarizado con Tierra y Libertad fueron reprimidos. El ejemplo más espectacular lo dio el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León. Pronto los posesionarios estaban solos otra vez. Se echó a andar el programa de escrituración de terrenos llamados Tierra Propia para dividir el movimiento de posesionarios y para atraerlos hacia los campos oficiales. El programa buscó regularizar la situación de los posesionarios, elaborando propuestas para un acuerdo entre los dueños de los terrenos y quienes los ocupaban ilegalmente. En estos casos el Estado sólo jugó el papel de institución mediadora y administradora. No se involucró en los aspectos financieros de los acuerdos. En poco tiempo el programa legalizó la mayor parte de los asentamientos ilegales no organizados y organizados por la c n o p y la c t m . En 1981, tras haber funcionado por dos años, se habían regularizado 16,767 títulos de propiedad, que involucraban a 100,000 personas aproximadamente. Otros 19,273 títulos estaban siendo regularizados (La Problemática Habi- tacional, 1981: 75; Nuncio, 1980).
Tierra y Libertad rechazó el programa inicialmente. Posteriormente en febrero de 1983, el Estado expropió los terrenos en donde se encontraban las colonias periféricas del movimiento y ofrecieron tratar con los posesionarios directamente. Parte del movimiento cedió a la tentación y aceptó. A ellos se les instalaron servicios urbanos que a la fecha no han tenido que pagar. En el curso de estos eventos, el movimiento se dividió en el Frente Popular Tierra y Libertad y el Movimiento Popular Tierra y Libertad. A través de esto surgieron diferencias de perspectiva política y estrategias que inicialmente habían estado subordinadas a la línea del movimiento, pero que ahora sirvieron como base de fuertes antagonismos entre antiguos aliados. Los periodos locales de gobierno mostraron en noviembre de 1983 a un Martínez Domínguez triunfante, entrando a la otrora fortaleza impenetrable Tierra y Libertad y fustigando a “los líderes irresponsables que
traicionaron los verdaderos intereses del pueblo”. La política oficial, de nueva cuenta, había mostrado su fuerza para socavar movimientos oposicionistas.
IV. CONCLUSION
Tierra y Libertad representa un ejemplo único de movimiento social urbano que logró conservar autonomía frente a la represión del Estado y a los esfuerzos de cooptación durante un tiempo considerable, y parte del movimiento aún los hace. La explicación de este fenómeno se basa, en nuestra opinión, en las condiciones estructurales y coyunturales del sistema político y en los factores que atañen al movimiento mismo.
1. El conflicto dentro de la burguesía mexicana entre el sector industrial —en particular el Grupo Monterrey— y el sector político-administrativo son una característica latente que persiste en el sistema político mexicano. El caso de Nuevo León muestra la contradicción existente entre un gobierno central que trata de imponer su autoridad y una burguesía industrial regional decidida a permanecer dominando en su propia casa y a propiciar un ambiente de negociación con el centro desde una posición de dominio completo sobre la región. Ambas partes tienen sus mecanismos de integración- cooptación-represión funcionando en la región, aunque en varias ocasiones han dado lugar a conflictos. Esta idiosincrasia de su sistema político probablemente explica por qué exceptuando débiles intentos dados en Torreón, Durango y Chihuahua, Monterrey ha sido el único lugar en la República donde un movimiento como Tierra y Libertad ha podido surgir y fortalecerse. Donde la burguesía presenta un bloque hegemónico bien integrado, las oportunidades para un movimiento como Tierra y Libertad serán, de hecho, muy débiles.
2. Estas contradicciones se han puesto de manifiesto durante el gobierno de presidentes reformistas. Ejemplos espectaculares son Cárdenas (1934-1940), López Mateos (1958-1964) y Echeverría (1970-1976) (Martínez Nava, 1984). La coyuntura política en estos periodos creó espacios para maniobrar a los movimientos radicales de oposición. González Casanova (1967: 27, 223) ha señalado el fenómeno más general del incremento de protestas de trabajadores y la
actividad huelguística durante el gobierno de los presidentes reformistas. Aparentemente los trabajadores incrementan su acción en defensa de sus intereses porque esperan protección de un presidente reformista. Los movimientos de huelga, sin embargo, a veces son provocados y manipulados por el ejecutivo, siguiendo la política de buscar el equilibrio entre los grupos de presión. Hay que recordar que Tierra y Libertad era considerado una piedra en el zapato de los empresarios y que durante la coyuntura propiciada por Echeverría y el gobernador de Nuevo León nombrado por él, la política oficial nunca soltó completamente su potencial represivo, llegando Echeverría en una ocasión a recibir a los líderes del movimiento.
3. Desde la primera movilización que condujo a la fundación de Tierra y Libertad, el liderazgo se dio cuenta que para prevenir la dependencia de la política oficial, para resistir presiones del sector privado y para asegurar un desarrollo autónomo tenía que mantenerse un aislamiento relativo de la sociedad oficial. Aquellos servicios normalmente otorgados a esta sociedad, y que a menudo forman parte de los mecanismos de cooptación, tenían que ser satisfechos por ellos mismos. Se creó una organización que aseguró la integración interna y mantuvo altos niveles de movilización. La cobertura de tantos aspectos de la vida diaria en las colonias por parte del movimiento contribuyó a que se diera una situación donde Tierra y Libertad se convirtió automáticamente en parte de la vida de los posesionarios. Los problemas diarios, por lo tanto, se convirtieron en asunto de interés para el movimiento. La exclusividad en sus asuntos judiciales enfatizó el funcionamiento de las colonias como enclaves. La presión externa ayudó a la integración interna. Los sucesos iniciales dados en las confrontaciones con las autoridades les dieron confianza y permitieron la movilización futura (cfr. Abel, 1973; también Bittner, 1963).
La formación del Frente aumentó el tamaño del movimiento al tiempo que complicó los problemas de coordinación y control interno. Esto pudo haber acelerado la instituciona- lización del movimiento y los cambios en el liderazgo hacia las estructuras del caciquismo urbano. La base económica de las colonias había permanecido precaria. El desempleo era
alto. Pocos tenían ingresos estables. La administración de las diferentes cooperativas demostró ser una tarea difícil y para 1981 la mayor parte de ellas habían dejado de funcionar. Una excepción fue la fábrica de ropa que había sido fundada al principio de los sucesos de 1976 y que era manejada por un miembro de una familia empresarial de Monterrey muy conocida, quien había iniciado una carrera en la política oficial. La situación económica empeoró después de 1979 como resultado de la crisis económica y la región de Monterrey fue particularmente castigada por ella. Para los subprole- tarios llegó a ser más difícil resistir a la cooptación oficial acompañada de las inevitables “recompensas”.
El futuro de lo que ha quedado de Tierra y Libertad como movimiento independiente es incierto. El camino hacia una segunda vida a través de nuevas invasiones está cerrado. El sectarismo creciente del liderazgo combinado con un ajuste en la disciplina interna ha hecho decrecer el interés por efectuar otros movimientos urbanos y aumenta las posibilidades de intervención y represión por parte del Estado.
NOTAS
1. Ver los varios trabajos de Manuel Castells, en particular Movimientos Sociales Urbanos. México, Siglo XXI, 1974.
2. El Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas fue organizado en 1947; el programa de vivienda del Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a funcionar en 1953 y el Instituto Nacional de la Vivienda en 1954.
3. Un ejemplo de ello es el movimiento minero en el Perú, que también estaba llamado a mantener altos niveles de movilización a fin de proteger su autonomía de las presiones oficiales y de las compañías (Kruijt y Vellinga, 1983).
4. Alfonso Martínez Domínguez, viejo político al estilo tradicional, era presidente del PRI en los años sesentas y después gobernó el Distrito Federal hasta 1971, año en que fue despedido por el presidente Echeverría, quien le culpó de la masacre de trabajadores y estudiantes el Día de Corpus Christi por bandas armadas organizadas por el gobierno del D.F. Desde entonces quedó en el olvido político hasta que en 1979 el presidente López Portillo le nombró gobernador de su estado natal como sucesor del echeverrista Pedro Zorrilla.
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Consulté también los periódicos El Norte y El Porvenir en busca de materiales sobre Tierra y Libertad para el periodo 1973-1984. Agradezco a OIDMO (Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero) en Monterrey por su apoyo. El licenciado Abraham Nuncio y la licenciada Isabel Fidalgo me proporcionaron una amplia documentación sobre Tierra y Libertad. Estoy profundamente agradecido por su ayuda.