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EDITORIAL

La buena arquitectura y el buen urbanismo son el resultado de pen-sar y pensar. Y darle una vuelta, otra y volver a pensar. Las grandes ciudades, no en extensión sino en calidad de vida, también se han desarrollado acompañadas de imaginación, pensamiento y buenas dosis de utopía. Es el caso de la idea de ciudad que tenía el novecen-tismo, fruto del contexto político, social y cultural de la Cataluña de principios del siglo xx. La mirada histórica de Mercè Vidal, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, explica la con-cepción urbana del novecentismo y detalla actuaciones concretas en algunas de las principales ciudades catalanas.

Los valores urbanos se han extendido por el conjunto del terri-torio catalán y hoy afrontamos nuevos retos y también notables amenazas. Para encarar unos y otras, tenemos que releer la tra-dición y actualizar la reflexión ya hecha. Daniel Gamper, profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, repasa las aportaciones de grandes filósofos que han pensado sobre la ciudad y enmarca las nuevas realidades urbanas.

La expansión de la ciudad, en muchos casos, ha maltratado el territorio. Una urbanización galopante, alimentada por la burbuja inmobiliaria, ha generado graves problemas ambientales, muchas ineficiencias y problemas sociales que la crisis ha hecho transpa-rentes del todo. El geógrafo y director del Observatorio de la Urbanización de la UAB, Francesc Muñoz, detalla en su artículo qué tipo de paisaje hemos construido en los últimos años.

Para los gobiernos, el urbanismo es una cuestión estratégica y de alta importancia política. El país que tenemos hoy es el resultado

del planeamiento de las últimas décadas pero también de los cuarenta años de franquismo. Una persona clave en la evolución del planeamiento en Cataluña, Joan Antoni Solans, director ge-neral de Urbanismo durante el pujolismo, hace una mirada auto-crítica y retrospectiva sobre el planeamiento que ha dibujado la Cataluña de hoy.

Para repensar la ciudad(es) tenemos que tener en cuenta el pa-sado y el presente, pero sobre todo proyectar el futuro. Qué queremos mantener y qué queremos transformar. Qué valores tenemos que priorizar, qué nos inspira, como se concreta el con-cepto de sostenibilidad en las urbes que imaginamos. El arquitec-to y urbanista Juli Esteban reflexiona sobre el futuro de la ciudad, sobre cómo construir una nueva utopía urbana.

Las nuevas realidades piden nuevas herramientas intelectua-les para afrontarlas. Salvador Rueda, biólogo y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, profundiza en el concepto de urbanismo ecológico. Por otra par te, Ignasi Al-domà, profesor de la Universidad de Lleida, da las claves de la nueva ruralidad. Los dos han sido entrevistados por Joaquim Elcacho, periodista con una larga trayectoria en el ámbito del periodismo ambiental.

Y finalmente, el imperio de la ley. Hacer lo que se tiene que hacer de acuerdo con un marco legal que le dé cobertura. Ferran Miralles y Agustí Serra, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, apuntan el marco y los ejes que tendría que tener una nueva legislación para hacer posible una nueva utopía urbana.

Pensar la(s) ciudad(es) y la nueva utopía urbana

Lluís RealesDirector de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura

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MIRADA HISTÓRICA

La Cataluña-ciudad en la for-mulación novecentista Mercè Vidal Jansà Profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Barcelona

La construcción de la ciudad fue clave en el ideal novecentista. La autora explica los rasgos de la concepción urbana según el novecentismo –la escuela, la biblioteca y la conservación del patrimonio eran fundamentales– y concreta iniciativas que tuvieron lugar en diferentes ciudades catalanas como Terrassa, Sabadell o Girona, entre otras. La Guerra Civil y la oscuridad del franquismo interrumpieron la tarea iniciada por la Mancomunidad y que continuó durante la República.

A lo largo del siglo xix, en todo el territorio ca-talán se produjo una simbiosis entre la progresiva ascensión catalanista y la ola de renovación cultural impulsada por el espíritu de la Renaixença. Detrás de esta tradición, cuando comienza a dibujarse, en la primera década del siglo xx, el proyecto de convertir la capital (Barcelona) en una verdadera sociedad civil, cosmopolita y culta, algunas críti-cas al centralismo barcelonés sirven para abrazar la idea de la “Cataluña-ciudad”: hacer extensivo a todo el territorio este empuje de regeneración que se da con el novecentismo. Ya sea porque se co-mienzan a emprender acciones en núcleos alejados de la metrópoli –algunas por jóvenes intelectuales formados en la ciudad– o porque por efecto de irradiación empiezan a surgir iniciativas culturales plenamente vinculadas al programa novecentista.1

En el novecentismo, encontraremos un carácter programático y constructivo en el que se coordi-nan por primera vez de manera sistemática y per-siguiendo unos objetivos comunes, la política y la cultura. Como se ha señalado, el novecentismo fue “el primer intento de una orientación, no impuesta, pero sí dirigida y encaminada; la primera interven-ción gubernamental en la historia de nuestra cultu-ra”.2 En efecto, desde el siglo xvi Barcelona había perdido la Corte propia y desde el siglo xviii sufría la presencia de un Estado que le era hostil. La re-presentación que el partido de la Liga Regionalista, en 1901, logra en las elecciones generales y, poco después, el triunfo en las municipales, la situarán como una opción política importante, liderada por la figura carismática de Enric Prat de la Riba.3 Su programa toma como puntos esenciales el catala-nismo, la necesidad de construir un país moderno y la reforma de la sociedad desde una supuesta vo-luntad interclasista. Se quería que el país entrara en la normalidad que Prat “veía en los países más ‘ci-vilizados’” y devendrá usual en la época la voluntad de situar el país, Cataluña, en la línea de aquellos países que “van por delante en Europa”.

El programa novecentista tiene un propósito fun-damental que se puede resumir en la voluntad de avanzar en la construcción de la ciudad. Ahora

bien, este ideal de ciudad se pone de manifiesto como una metáfora clara para explicar la voluntad de construir todo un proyecto nacional moderno. Construir la ciudad es, también y como consecuen-cia, consolidar el perfil de una nación moderna. En los textos de la época se insiste a menudo, como también se habla, con bastante énfasis, del término Ciudad, así en mayúsculas. Y cuando uno se refiere a ella no es exclusivamente en su concreción físi-ca limitada por el urbanismo y la arquitectura, sino que hay una concepción mucho más amplia e ideal que llega a extenderse por todo el territorio: hacer la “Cataluña ideal”, la “Cataluña-ciudad”. En cierto modo, pues, se trata de hacer un país de una manera íntegra, y asumir todo lo que conlleva el hecho de vivir en colectividad, el hecho de desarrollar una vida civil, urbana y moderna. De ahí que muy pronto, en 1905, es Josep Pijoan quien haciendo los elogios del Plan de Léon Jaussely4 –presentado al concurso in-ternacional de 1903 para el proyecto de enlaces de la ciudad con los núcleos suburbanos que acaban de integrarse en el término municipal de Barcelona–, se pregunte: “[¿] puede vivir una capitalidad sin terri-torio?, ¿Puede desarrollarse una civilización sin una capital?”;5 o que Prat de la Riba señale:

la queremos con toda el alma esa Barcelona que los pasados no se cansaban nunca de llamar cap i casal de Cataluña, esa Barcelona, patria de to-dos los catalanes, aunque hayan visto la luz del mundo en otras comarcas de la tierra catalana, y como ellos morimos de ganas de verla convertida en ciudad hermosa, limpia, saneada, embelleci-da por los monumentos honorando a nuestros grandes hombres, centro de arte y de cultura de todo ese Mediodía de Europa, que hoy solo la considera por su grandeza material y su potencia industrial y mercantil.

La concreción del proyecto

Estas aspiraciones se traducen en la creación de unos espacios específicos para nutrir el espíritu cívico, desde bibliotecas, museos y otros edificios de servicio y de ocio, hasta monumentos y calles que forman un determinado trazado urbano con su arquitectura. En otro caso, la dimensión ideal del proyecto moderno novecentista, en el que la ciudad se levanta como una nueva polis armóni-ca, anhela una colaboración unánime por parte de todos los estamentos sociales y el logro de unas notables cotas de progreso mediante la institucio-nalización cultural y educativa. También el mundo de las artes tendrá un papel esencial. En La naciona-litat catalana, haciendo referencia al arte, Prat de la Riba señala directamente la convergencia en él de un sistema de causas sociológicas producto tanto de la raza, como del clima y de la cultura: “La na-cionalidad que ha sabido producir un arte original ha dado una de las más bellas fes de vida que puede dar un pueblo”.7 El libro La nacionalidad catalana se convertirá, desde su aparición pública, en una clara orientación, incluso Eugeni d’Ors se referirá a él a menudo diciendo que es “el libro de cabecera de Cataluña”, o Joaquim Folch i Torres decía que era

la pieza que faltaba “dando a todos un programa de trabajo”.

A medida que el ideario y el programa novecen-tista se va definiendo, también se van acentuando las manifestaciones de distanciamiento respecto a la tradición decimonónica, la del modernismo. El nudo de la cuestión es lograr otorgar al novecentis-mo un carácter innovador y diferencial que subraye su dimensión moderna. En este sentido, pues, gra-dualmente irán señalando aquellos aspectos poco adecuados para los novecentistas y de los que hay alejarse, como son la crítica a los extranjerismos introducidos por el modernismo. Así se expresa, por ejemplo, Alexandre Plana, señalando que este “nos llevaba a una admiración loca e irracional por el extranjero”, ahora, “ya tenemos una escuela de escultores que busca el modelo en el cuerpo de la raza” y “ya tenemos una escuela de pintura que acaba de nacer bajo la luz mediterránea”.8 Aspec-to, este, en el que también había insistido Joaquim Torres García tildándolo como fenómeno propio de “la gente del norte”.9 Si el modernismo preten-día ser contemporáneo a partir de una recepción abierta a la cultura europea; el novecentismo, por el contrario, aspiraba a descubrir en el nacionalis-mo unos valores susceptibles de irradiar una cons-trucción moderna. Y es bajo la intemporalidad de unos valores que se proclaman, como la tradición mediterránea, el mundo latino, el clasicismo, la cla-ridad y el oficio que, estos, deben ser útiles para satisfacer las aspiraciones de modernidad. De ahí que, a través de este idealismo, el novecentismo se oponga al naturalismo modernista.

El Glosari d’Ors, publicado diariamente en La Veu de Catalunya (1906-1920), tuvo una gran influen-cia entre los jóvenes; la creación a finales de 1909, desde el mismo diario, de la Pàgina Artística, diri-gida por Raimon Casellas10 y, poco después, por Joaquim Folch i Torres,11 es para el sector artísti-co un referente importante. Y en este sentido, las orientaciones de Folch, como crítico de arte desde una concepción social del arte, donde se pueden detectar pensadores como Taine y Guyau, con-llevan una mirada al mundo rural, al arte popular, donde de hecho aun se conservan en estado puro, sin contaminaciones, las fuentes que pueden nutrir las nuevas creaciones artísticas.

No se trata, sin embargo, de aquella corriente re-gionalista popular que con los nacionalismos del siglo xix fue fuente de inspiración para muchas producciones artísticas durante varias décadas en Europa. Desde el programa nacionalista que infor-ma el novecentismo, Folch i Torres mira el mundo rural con el propósito de encontrar unos valores permanentes y una esencia: “no es un problema de copia de formas, sino de estudio del porqué estas formas son, [...] se necesitan artistas que vacíen su fuerza personal dentro del vaso de estos principios inconmovibles, invariables”.12 Y no lo hace debido a una simple recreación de un mundo original, sino que busca los valores básicos que, a su juicio, deben orientar el proyecto al que aspiran.

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A su vez, no solo se da vida a instituciones de en-señanza superior –un ejemplo sería la Universidad Industrial, que acogerá en su seno una serie de es-cuelas técnicas y artísticas como la propia Escuela Superior de Bellos Oficios– o de carácter científico como el Instituto de Estudios Catalanes (1907) –máximo organismo a través del cual las diversas ramas del saber son revalidadas a categoría cientí-fica, sino que sobre todo la enseñanza básica es un elemento esencial. Y, en este sentido, una intensa actividad de construcciones de grupos escolares es iniciada, con los que intenta paliar el déficit de escolarización y el elevado grado de analfabetismo. Entre 1910 y 1931 –porque será una línea continua para la Generalidad de Cataluña– empiezan a ser realidad: la escuela del Bosc, la escuela del Mar y los conocidos grupos escolares Baixeras, Ramon Llull, Cervantes, La Farigola, Lluïsa Cura y Milà i Fonta-nals, Baldiri i Reixach, Mossèn Cinto Verdaguer; la mayoría proyectados principalmente por Josep Goday,13 pero también por Adolf Florensa y F. de Paula Nebot. En cuanto a las soluciones formales, las construcciones escolares combinan el carácter de edificio monumental (resuelto por medio de la tradición clásica y del Barroco autóctono) con la recuperación de los oficios artísticos (esgrafiados, terracota, cerámica e incluso pintura mural) de ma-nera que se convierten en un ejemplo modélico de los ideales vehiculados por medio de la estética novecentista. La escuela llevó aparejada la renova-ción de las enseñanzas pedagógicas –Montessori, Decroly, Dewey– y de las instituciones destinadas a velar por su desarrollo como fue el Consejo de Pedagogía, creado en 1913 y que en 1916 recibió el nombre de Consejo de Investigación Pedagógica, dirigido por Eugeni d’Ors.

Al lado de la escuela, la biblioteca es otra de las in-fraestructuras esenciales del programa novecentis-ta. La creación de la Biblioteca de Cataluña estuvo acompañada de toda una red de bibliotecas en todo el territorio –Valls, Calella, El Vendrell, Vic, Sallent, etc.– impulsada por la Mancomunidad de Cataluña mediante los concursos que convoca desde 1915. Con las Bibliotecas Populares el proyecto novecen-tista se dispone a proyectar su empresa civil fuera de Barcelona. Son realizadas por los jóvenes arquitectos del momento y adoptan también aquel carácter de “monumento”, de “templo de la cultura”; presididas, a su vez, por unos criterios de modernidad, eficacia y profesionalidad, y con ellas se persigue fomentar la democratización cultural: “Un ideal de dignidad presi-de la instalación de estos centros. Se ha querido dotar a cada uno de ellos de un edificio propio, y respon-diendo por las cualidades estéticas y de confort a un ideal de vida exquisito que venga a constituir a la vez una lección viviente de refinamiento y de elegancia dentro de la sencillez”.14

Son, por lo tanto, a través de su construcción, ver-daderos espacios en los que el usuario disfruta de un ambiente propicio a la lectura. Una concepción cercada plenamente en la idea de que Vitruvio ex-presó cuando, al referirse a la biblioteca helenística de Pérgamo o a las romanas de Éfeso e incluso de

Atenas, lo hacía señalando que eran “para el disfru-te común”. Así, pues, este ideario de hacer llegar la cultura a una amplia capa social requiere que las propuestas arquitectónicas respondan bien. La selección se hizo a través de convocatorias de con-cursos públicos entre los cuales el de la primera bi-blioteca, que se construyó en Valls y que se inaugu-ró en 1918, obra de Lluís Planas, y la de El Vendrell, proyectada por Ramon Puig Gairalt 1916 y abierta al público en 1920; ambos proyectos respondían al carácter monumental y clásico. Eran el paradigma de la vertiente más normativa del novecentismo.

Además de la escuela y de la biblioteca, otra de las infraestructuras esenciales es el museo. Duran-te el período del novecentismo, el museo, bajo las directrices de Joaquim Folch i Torres,15 logra un in-cremento cualitativo y cuantitativo de sus coleccio-nes que lo distingue respecto de sus inicios ocho-centistas. El museo es concebido, ahora, como un compendio de la cultura artística nacional, desde las excavaciones de Empúries que revelan con cla-ridad los orígenes, pasando por la riqueza del arte medieval, hasta completar el ciclo con la fijación de los primeros protagonistas del arte catalán moder-no y la producción artística contemporánea.

La confluencia entre intereses políticos y unos de culturales es el elemento que otorga una natura-leza más específica al novecentismo en términos generales. Como hemos ido indicando, el nove-centismo da a la cultura una función cohesiona-dora que requiere del compromiso del intelectual como mediador para construirla hasta el punto de que la presencia militante de una élite dirigente, de unos técnicos, de unos profesionales de la cultu-ra se integra en la propuesta y se corresponsabi-liza de aquellos instrumentos fundamentales para construir una cultura moderna. En este sentido, por ejemplo, Josep Pijoan se convierte en el pri-mer secretario del Instituto de Estudios Catalanes e impulsor de la Junta de Museos y de la Biblioteca de Cataluña; Eugeni d’Ors fue director de Instruc-ción Pública de la Mancomunidad y secretario del Instituto de Estudios Catalanes; Joaquim Folch i Torres fue director general de Museos de arte de Barcelona; Francesc d’Assís Galí, director de la Es-cuela Superior de Bellos Oficios y Jeroni Martorell, director del Servicio de Catalogación y Conserva-ción del Patrimonio. Y, en la mayoría de los casos, la formación en el extranjero fue esencial a la hora de querer construir una Cataluña autónoma, ponién-dola al nivel de Europa, a la hora de convertirla en un país “normal” y de hacer que la ciudad tome el carácter de gran metrópoli. Habrá, por tanto, una actitud receptiva de todo lo que sea progresivo, pero sin roturas. El programa novecentista favore-ce una profesionalización que hace que no quede al margen de la cultura europea del momento.

El resultado de esta alianza en el contexto nove-centista intensifica y con insistencia busca la eficacia de esta integración del arte en la praxis social. La idea, sin embargo, ya estaba implícita en la tradi-ción que abarca desde la defensa de un arte apolo-

gético (Torras i Bages), el interés por Ruskin y sus derivaciones utópicas, hasta la reflexión sobre el tema por parte del propio programa novecentista. Así lo pone de manifiesto Ricard Giralt Casadesús:

Es innato en los hombres el amor a los monumen-tos y a todo lo que representa un ideal de belleza. Una de las muchas manifestaciones artísticas es el arte público. Su misión llega a todas las clases sociales porque todas pueden disfrutar por igual. Una ciudad no es verdaderamente democrática si no se preocupa de todos los problemas que afectan a la estética urbana. El trazado de las calles, su buena ordenación, los parques, jardines, [...] todo lo que entra en el aspecto urbano está en el campo del arte público. Del amor por la ciudad nace el orgullo de los ciudadanos, y hace poner todo su interés en que la ciudad crezca y se desarrolle en armonía con los ideales de belleza. Una ciudad donde el arte público, lo que consti-tuye su belleza, esté abandonado, retrata el nivel cultral de sus administradores.16

De ahí, pues, se apunta una intervención decisiva des-de las instituciones, hacia la belleza pública; un obje-tivo que se debe concretar en la pintura mural –un arte mucho más democrático destinado a edificios públicos, principalmente–, la escultura pública –que permitiría a jóvenes escultores situar en el espacio público sus creaciones–, el arte del jardín –llevar la naturaleza ordenada a espacios específicos con la vo-luntad de regenerar la placidez ambiental a través de las especies autóctonas y de formar el jardín latino–, los oficios artísticos –en los que encontrar a través de la profesionalización una identificación en los merca-dos foráneos– y, evidentemente, la modificación de aquel paisaje urbano a través de la arquitectura y el urbanismo –el espíritu del clasicismo, no la copia aca-démica, del Barroco catalán y el modelo de ciudades jardín–, serían los caracteres definidores de ese arte nacional que se busca.

Quizás sea en esta belleza pública donde encontra-mos lo que de más genuino aporta el novecentismo y, en especial, en el arte del jardín.17 El tema había co-menzado a ser divulgado desde la prensa, y la serie de campañas iniciadas por Joaquim Folch i Torres cuando se encontraba en el extranjero en viaje de estudios,18 fijaron la atención sobre este arte que comenzó a despertar interés y tomar un amplio eco. La fiebre de embellecer la ciudad reencontraba, a través del tema de los jardines, una nueva dimensión, “pues los jardi-nes –señala Folch– tienen una parte importantísima en el trabajo propuesto”.

En estos momentos, inicio de 1914, se ha dibuja-do de manera definitiva el nuevo emplazamiento de la futura Exposición de Industrias Eléctricas;19 una buena extensión de la montaña de Montjuïc ha sido adquirida por el Ayuntamiento, destinada a uso público, y Joaquim Folch piensa que hay que empezar a prever el embellecimiento: “sería triste que se continuara el triste trabajo de los jardine-ros municipales, autores de nuestro pobre parque, cortadores de nuestros árboles, impertérritos sem-

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bradores de plátanos y confeccionadores de parte-rres de ornamentación caligráfica”. Se sueña para el nuevo emplazamiento un trabajo de artista, de crea-dor: “la estilización de toda una montaña es trabajo de un artista que sienta profundamente el arte en su más puro sentido nacionalista, y tenga medios cien-tíficos suficientes para llevar a la realidad su obra”. 20

Este artista, primero sería J. C. N. Forestier –con-servador de los parques de París, quien por con-sejo de Josep M. Sert a Cambó, fue llamado para encargarse del proyecto–, pero, muy pronto, a su lado se sitúa el nombre de su colaborador y discí-pulo, el joven arquitecto Nicolau M. Rubió i Tudurí. Y el resultado fue, como señala Rubió, “restablecer la jardinería catalana en la tradición mediterránea”.

En el jardín es fácil encontrar todo un compendio de elementos clave de la estética del novecientos. El jardín es concebido como un auténtico ejerci-cio de ordenación de la naturaleza y, a un segun-do nivel, el jardín permite conectar con el paisaje genuino de los bordes mediterráneos. Por otra parte, los jardines de la exposición en la que Fo-restier empezó a actuar y Rubió inició su trabajo constituían la gran expectativa para dotar la ciudad de aquella belleza pública. Y en octubre de 1915, cuando apenas se había empezado a perfilar, ya se afirmaba que “serán sin duda los hitos de arranque del arte catalán del jardín, que tiene medios para ejercer sobre todas las investigaciones realizadas por los artistas del novecientos en los diversos pueblos de Europa”.

Montjuïc fue todo un compendio ya que era a la vez un paisaje naturalista y humanista. Las terrazas de Miramar convertidas en jardín escalonado eran tan-to una evocación de aquellas villas italianas de Tívoli como, también, de los jardines de la antigua Babilonia. La propia Font del Gat con aquellos simples elemen-tos formales que la constituyen, contenía, en palabras de Rubió, “las bases para levantar el Arte del jardín contemporáneo y el futuro del jardín latino”. Los jar-dines de Montjuïc eran y son a la vez aquella discreta combinación de naturaleza y arquitectura nuestra. No es absolutamente un hortus conclusus pero la articulación a través de elementos arquitectónicos –balsas, estanques, senderos de agua, pérgolas, ce-nadores, escalones, escaleras, muros...– evitan la dis-persión. Y la vegetación autóctona, una, y adaptada, la otra, a las orillas del Mediterráneo, libre y ordenada, puede llegar a hacernos sentir –como evoca Rubió i Tudurí– “la constante creatividad de las Artes del Jardín y de la Música [...]. Un Paraíso terrenal cultivado por Euclides”.

El arte del jardín en el novecentismo se convertía –lleno de ecos schillerianos– en un lugar de educa-ción estética donde cada uno podía ser enseñado por la belleza del lugar y Nicolau M. Rubió i Tudurí, junto a otros discípulos como Joan Mirambell, Ar-tur Rigol o de arquitectos como J. M. Pericas (en La Coromina, en Torelló), Ricard Giralt Casadesús (Fi-gueres y Girona), Antoni Puig Gairalt (El Vendrell), Jeroni Martorell (Sant Joan de les Abadesses),21 o

Josep Danés,22 entre otros, fueron los verdaderos creadores de esta bella arte que, en nuestro país, tenía esa doble dimensión: nacional y civil.

El período de 1915 a 1923, los años de la prepara-ción de la Exposición Internacional, fue uno de los más fructuosos en adquisiciones de espacios libres por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Todo un corolario de jardines ciudadanos o de amplios par-ques comienzan a perfilar el nuevo paisaje urbano: Montjuïc; El Guinardó, la Font de la Budellera y de L’Estisora, en Vallvidrera; el Parque del Tibidabo; la Font del Racó; Vil·la Joana; Sant Medir; Vista Rica... para continuar en la década de los años treinta, con la adquisición del parque de El Turó y el área de Horta - Sant Andreu. La mayoría ya eran trabajos de Rubió i Tudurí.

Las otras ciudades

El proyecto novecentista muy pronto se dispone a proyectar su empresa civil fuera de Barcelona –las Bibliotecas Populares y las escuelas son un claro ejemplo de ello–; sin embargo, la verdad es que en muchos casos, la posibilidad real de que el país ente-ro se convierta en una sociedad moderna, desde el respeto a sus esencias nacionales se funda más en un acto reflejo que en la actuación real desde Barcelona.

En la primera década del siglo xx, cuando el sec-tor republicano y el nacionalismo conservador aun se disputan el encabezamiento de un proyecto nacional, desde el primer grupo se recrimina a la burguesía nacionalista su obsesión por constituir-se como sociedad civil dirigente, con su capital, en detrimento del resto del país. Se les reprocha que están retóricamente entretenidos por el hecho de hacer “resurgir la ciudad griega y la ciudad romana y hasta la ciudad moderna, [...] a las que cantan himnos de alabanza” sin detenerse a reflexionar que “el objetivo del nacionalismo es que toda Ca-taluña sea ciudad”.23 La verdad es que esta idea de Cataluña-ciudad hace fortuna y, de manera since-ra o por estrategia, el sector conservador se hace suya la consigna –la Revista de Catalunya desarrolló una encuesta sobre esta cuestión y Rovira i Virgili escribió el balance en 1926.24

Ya apuntábamos al inicio de este artículo que en muchos casos la simbiosis entre la ciudad, Barce-lona, y otros puntos del territorio era causada por el hecho de que sus protagonistas o bien se ha-bían formado en la capital o bien mantenían una relación estrecha con los gestores del proyecto novecentista. Por lo tanto, tenemos que ver que son principalmente las iniciativas propias de las otras ciudades, reflejándose en lo que sucede y se plantea en la capital, las que ensayarán tentativas de orden diverso para reproducir en comarcas un proceso con unas aspiraciones idénticas. Eugeni d’Ors lo expresa nítidamente:

Es algo deseable que en el arte de un país la Ciudad y las Sierras, el elemento metropolítico y el foráneo, vivan en armonioso maridaje [...]. Mas hemos llega-

do al Novecentismo. El Novecentismo se caracteri-za en Cataluña por este hecho: la Ciudad adquiere conciencia de que es Ciudad. Y empieza a caracte-rizarse por este otro: las Sierras [refiriéndose ahora a Terrassa y Reus] se inician en conciencia de qué es la Ciudad. Y, si no aun las Sierras propiamente dichas, al menos las segundas ciudades de nuestra tierra, en las que a través de pequeños núcleos de elegidos, la sed de espiritualidad es tan viva.25

El hecho es que el propósito de que toda Catalu-ña sea ciudad se convierte en realidad y empiezan a aparecer iniciativas culturales, transformaciones urbanas que vitalizan y dinamizan diferentes ciuda-des. Una acción que en estos casos es liderada por los que sin ser sus dirigentes –son “los otros nove-centistas”– cumplen también una labor de orienta-ción dentro de estos núcleos.

Sin voluntad de exhaustividad, señalaría algunos de estos núcleos. En Terrassa el movimiento de reno-vación pedagógica tuvo un impulso extraordinario. La creación de la escuela Mont d’Or –dirigida por Joan Palau i Vera y por Pere Moles con quien se vinculó, en 1905, Joaquim Torres García–, la Es-cuela Vallparadís –con Artur Martorell, J. Badrina, Eladi Homs y A. Galí– o la Escuela Choral de Joan Llongueras Badia –formado en Hellerau con Jaques Dalcroze y la enseñanza por el ritmo–; todos ellos son ejemplos emblemáticos de emprender la ac-ción para una “escuela nueva”. El egarense Chiron (Joan Llongueras) emprenderá la publicación, a la manera del Glosari de Xènius (Eugeni d’Ors), de las llamadas Ínfimes cròniques d’alta civilitat a través de las cuales ensalzará este espíritu cívico desde la enseñanza al de la creación.

Si el aspecto formativo es uno de los puntales del novecentismo, la voluntad humanista que informa todo el programa sitúa –como ya indicamos al principio– las artes en un lugar de privilegio, in-cluso en las “segundas ciudades”. En este sentido la actividad promovida por el Gremio de Artistas de Terrassa (potenciando veladas literarias, confe-rencias, clases de dibujo, cursos de educación es-tética o exposiciones) es un ejemplo de ese clima que se anhela fomentar y que, en Terrassa, cuando Joaquim Torres García se instala en la casa que se construye en las afueras, denominada Mon Repòs, todavía se intensifica más. Dará vida a la Escuela de Decoración, proclive a extender la pintura mural entre los discípulos, y hará extensivo el ideal de clasicismo que su libro Diàlegs (1915) contiene; sin dejar de lado, sin embargo, “lo que en la ciudad ha creado el espíritu: los monumentos, los museos, las bibliotecas, los laboratorios, los teatros, y mil cosas más dentro de este orden”.26 Aunque deberíamos mencionar dentro de este clima el papel desarro-llado por publicaciones como La Sembra, Dia y las glosas de Chiron en la revista de emblemático títu-lo Ciutat. En todas ellas hay una simbiosis y corres-pondencia con las que se publican desde la capital, como La Veu de Catalunya, Vell i Nou, Gaseta de les Arts, La Ciutat i la Casa. O las que aparecen en Sitges, como Terramar; en Vilanova i la Geltrú, bajo el

H La Cataluña-ciudad en la formulación novecentistaMercè Vidal Jansà

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título de Themis; Cenacle i Ciutat, en Manresa; Hèlix, en Vilafranca del Penedès; Ciutat de Terrassa; Llaç i Columna de Foc, en Reus... en definitiva, atestiguan el amplio eco y el alcance que alcanzó el novecentismo. Son iniciativas propias que, reflejándose en lo que su-cede en la capital, comienzan a ensayar un proceso con idénticas aspiraciones y que se inscriben en ese anhelo de hacer y construir la Cataluña-ciudad.

Así, por ejemplo, como se señala en la época: “En Sabadell se está haciendo esta transmisión de fuer-zas espirituales. Han reclamando de Cataluña lo más joven y lo más sano”.27 Allí se desarrollaría un buen número de actividades musicales a través de la Asociación Musical y entre algunas de las exposi-ciones, la más significada fue la que llevó por título “Art nou català” (1915) que iba acompañada de un ciclo de conferencias con la presencia de los orien-tadores más destacados: Feliu Elias, Eugeni d’Ors, Torres García, Josep Aragay y Martí Casanovas. Significó el intento de establecer unas orientacio-nes artísticas a través de la promoción de los artis-tas más reconocidos en Barcelona sumados a los artistas locales. “Esto de formar núcleos de arte es buena cosa –decía Romà Jori–. Y aun más cuando de juventud se trata. [...] Y así vemos nosotros que estos núcleos de arte, pequeños, discretos, quie-tos, de jardín, de claustro, de arcada de palacio, se han podido formar en tierra catalana –Girona, Ta-rragona, Sabadell, Vic y otros tantos–”. Y concluía que “la juventud ha sabido a cada punto de estos crear una necesidad para atraer las obras”. Era casi todo un programa, lo que afirmaba.

Si Terrassa y Sabadell en un tiempo muy breve –entre 1912 y 1914, hasta mediados de los años vein-te–, convierten unas “segundas ciudades” vibrátiles de iniciativas novecentistas, este papel también lo toma muy pronto Girona. En Girona, el arquitecto Rafael Masó –formado en Barcelona y conectado con el núcleo de la revista Catalunya– es quien co-hesiona las inquietudes culturales del momento. A través de la Asociación Athenea (1913) y de la Escuela de Oficios de Arte que aspiraba a crear, entre otras iniciativas promovidas por él, hará de Girona una urbe moderna que la convierte en modelo por excelencia de la Cataluña-ciudad. Aún en tierras gerundenses se debería hacer mención de lo que significó trasladar a muchos municipios del Baix Empordà el modelo de formación artística para obreros, a la manera de la Escuela Superior de Bellos Oficios, a través de las denominadas Escue-las Menores de Bellas Artes: Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell y Palamós.28

Finalmente, señalaríamos que el modelo urbano que promueve el novecentismo se basa en la va-loración del patrimonio; enaltecer, restaurar o dig-nificar elementos que forman parte de la memoria histórica y que a través de su tratamiento urbano convierten pequeños espacios mucho más huma-nizados. En este sentido, las actuaciones de arqui-tectos como Giralt Casadesús (Figueres-Girona), Jeroni Martorell (además de estar al frente del Ser-vicio de Conservación de Monumentos [1915]), o

Josep Danés,29 entre otras, formarían parte de este modelo ideal de ciudad.

En el mismo orden, situaríamos la realización de algunas ciudades jardín, aunque algo tardía. En las tierras gerundenses, el ejemplo lo tenemos en la planificación y los modelos arquitectónicos que Rafael Masó hizo para el industrial José Ensesa en el espacio de La Gavina, a S’Agaró. El modelo de residencia que construyó descansa en la tradición popular, por la simplicidad y racionalidad que con-tiene, y está enmarcada en un contexto profunda-mente latino. Es una iniciativa no alejada de otras que a partir de los años veinte surgen en diferentes lugares del país, como la experiencia de Terramar en Sitges, la de Ribes Roges en Vilanova y la Gel-trú, la colonia Bosc en La Conreria o la serie de ciudades jardín que empiezan a fructificar por di-versos lugares del territorio. Del ideario de Cebrià de Montoliu, que fue el verdadero introductor de este nuevo modelo en Cataluña a través del Mu-seo Social y de la revista Civitas, la prensa de la época se hizo un amplio eco y difusión. El ensanche Malagrida de Olot, la ciudad jardín proyectada por Ramon Puig Gairalt en L’Hospitalet de Llobregat en el núcleo de Pubilla Casas –hoy completamente desfigurada por la fiebre especulativa de las olas migratorias– o el campo de deportes proyectado para la futura ciudad jardín de Esplugues de Llobre-gat de Nicolau M. Rubió i Tudurí son ejemplos que, en sintonía con la moderna disciplina urbanística, y a través del control del territorio, se podían hacer sobre todo en aquellos pueblos que eran y son la antesala de la gran metrópoli.

Con este propósito, por ejemplo, Ramon Puig Gairalt, que ejerció la función de arquitecto municipal de L’Hospitalet de Llobregat, desde 1912 hasta el año de su muerte en 1937, ideará su Plan de Ensanche (1926). En él afirmaba que siempre había tenido la idea no de hacer una ciu-dad independiente, sino un complemento de la capital ; hacer de vínculo con Barcelona a través de grandes paseos-salón. De su plan, han que-dado algunos dibujos acuarelados y fotograf ías30 a través de los cuales vemos que grandes pers-pectivas encumbran edificios, algunos públicos como estaciones, mercados, escuelas... y que se convier ten en coágulos compositivos del diseño urbano. Grandes avenidas donde todo figura or-denado –el verde urbano, el tráfico de carruajes, paseos peatonales bordeados de esculturas– ; puentes monumentales concebidos a la manera de los que atraviesan el Sena (en nuestro caso, el río Llobregat); la gran plaza radial que desde el sur se extiende hacia el interior, enfatizando la direccionalidad y el espectacular centro cívico. En definitiva, a través de estas perspectivas acua-reladas de Puig Gairalt, la ciudad aparece como una obra bella, armoniosa, pacífica y producti-va. Lejos queda L’Hospitalet rural, el del oscuro contraste con la metrópoli ; ahora se convier te en una ciudad constructivamente bella, una nue-va City beautiful, antesala de la Gross-stad. Una concepción urbana que entronca con los ideales

difundidos por el novecentismo y los valores de civilidad a los que aspiraban para sus ciudadanos.

La crisis económica de los años treinta, que se convertiría en una crisis urbana y, también, regio-nal, pronto se hace sentir. Aunque el Plan Macià (1932) previera la potenciación del puerto y la re-cuperación de la fachada marítima de Barcelona, la prolongación de la Gran Vía –todos ellos terrenos de L’Hospitalet– y la creación de un aeropuerto en terrenos situados entre Gavà y Viladecans, los acontecimientos políticos convulsionaron la vida y la realidad del país.

En el caso de los arquitectos de este momento con-viene también señalar que los viajes al extranjero son frecuentes para ver la transformación de ciuda-des como Viena, Berlín, Frankfurt..., junto a la parti-cipación en congresos internacionales y al hecho de disponer de unas nutridas bibliotecas con autores como P. Lewis, Werner Hegemann, Elbert Peets y de aquellos arquitectos del Renacimiento italiano, como Palladio, que hacen de ellos unos actores extremada-mente ilustrados. En 1931 sería el mismo Puig Gairalt quien defendería el regional planning, y para el arqui-tecto de la función pública su nuevo estatus:

Al regresar del viaje a la capital de Alemania hemos sentido verdadero deseo de despertar en nosotros, arquitectos catalanes, aquel sentido de colectividad que debe permitir la orientación de la gran tarea pública que hay que llevar a cabo en nuestra tierra, y hemos comprendido, también, la imperiosa obliga-ción de especializarse en los estudios para obtener las mejores realizaciones.31

El último apunte nos situaría en la tarea emprendida por la Mancomunidad de Cataluña, que, una vez al-canzado el gobierno, emprendería un papel ingente de obras de infraestructura entre las que situaríamos la realización de los conocidos Cellers Cooperatius (Bodegas Cooperativas), la mayoría obra del arqui-tecto Cèsar Martinell,32 y que serían un claro ejem-plo del hecho de situar en un medio completamente rural aquel ideal del novecentismo que quiere hacer extensiva la sensibilización y la civilidad a través de la obra arquitectónica concebida como obra de arte.

En el paso del periodo de la Mancomunidad a la Re-pública, parecía que se conseguían muchos de los ideales de un país que se reflejaba en Europa. Sin embargo, el trasiego de la Guerra Civil y la extensa sombra que sobre el país significó todo el período franquista, emparejado con un incremento de inmi-gración, de intensificación constructiva y, en buena parte, especulación activa, poco a poco borró lo que se había alcanzado. El mismo concepto de patrimo-nio, muy restringido en unos primeros momentos hacia aquellas realizaciones, y la falta de catálogos ac-tuaron en detrimento y, desgraciadamente, una parte de la historia de aquella Cataluña-ciudad, de aquella capital que –según decía Jaume Bofill i Mates en 1915– sobresalió y se coronó de constelaciones ciudadanas, de un grupo de colonias culturales, se desvaneció o por lo menos, se desfiguró.

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de 1985. Barcelona: Institut Municipal d’Història, 1990. Vol. 2, pp. 315-337. Alicia Suárez, Mercè vidal. Els arquitectes Antoni i Ramon Puig Gairalt. Noucentisme i modernitat. Bar-celona: Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.

31 Ramon Puig gairalt, Jaume MeStreS FoSSaS. “XIII Congrés Internacional de l’Habitació i d’Urbanisme. Berlín 1931”. Arquitectura i Urbanisme. Octubre de 1931. Traducción nuestra al catalán.

32 César Martinell Brunet. Construcciones agrarias en Cataluña. (Prólogo de Ignasi Solà-Morales y apéndice de Raquel-Ruth Lacuesta). Barcelona: La Gaya Ciencia, 1975. V.A. I Jornades Martinellianes. Cèsar Martinell i la seva època (a cura de Joan Maluquer i Ferrer i Lluís Melià). Tarragona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, Diputació de Tarra-gona, Associació Cultural Cèsar Martinell, 2001.

i Jansà. Teoria i crítica en el noucentisme: Joaquim Folch i Torres. IEC, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. También el vídeo documental realizado con motivo del cincuentenario de su muerte en Youtube: Joaquim Folch i Torres. La lluita pel patrimoni artístic. Generalitat de Cata-lunya, Departament de Cultura, 2013.

16 Ricard giralt CaSadeSúS. “L’art públic” (1912), reproducido en Ricard Giralt Casadesús. Girona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1982, p. 37. Véase también V.A. Ricard Giralt Casadesús. Girona: Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1982. Traducción nuestra del catalán.

17 En la Escuela Superior de Bellos Oficios, inaugurada en 1915, una de las especialidades es esta, junto a la de “Es-cultura arquitectònica”. Tendremos que esperar hasta la década de los años ochenta del siglo xx para que con el nombre de “Paisajismo” sea incorporada a los estudios universitarios.

18 Véase la serie de artículos que desde la Pàgina Artística de La Veu de Catalunya publicó y que hoy podemos encon-trar en la última publicación aparecida a raíz de la conme-moración del cincuentenario de su muerte, celebrado en 2013. Joaquim FolCh i torreS. Llibre de viatge (1913-1914). Edición y ensayo introductorio de Mercè Vidal i Jansà. Bar-celona: Ajuntament de Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013.

19 El estallido de la Primera Guerra Mundial y el estable-cimiento de la Dictadura de Primo de Rivera la pospu-sieron a 1929. Se denominó Exposición Internacional de Barcelona.

20 Joaquim FolCh i torreS. Els vells jardins d’Itàlia (1914)21 Jeroni Martorell Terrats, una mirada d’arquitecte. Girona: De-

marcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Cata-lunya, Fundació Caixa Sabadell, s. d.

22 Joaquim M. Puigvert i Solà. Josep Danés i Torras. Noucentis-me i regionalisme arquitectònics. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.

23 D. Martí i Julià. “El ver futurisme”. Futurisme. Nº.1 11-I-1908. p. 3. Hemos seguido lo que ya apuntamos en un trabajo un poco anterior a la celebración de la exposi-ción dedicada al novecentismo y que tuvo el formato de coloquio; véase Martí Peran, Alicia Suárez, Mercè Vidal (coord.). Noucentisme i Ciutat. Madrid: CCCB, Electa, 1994. Traducción nuestra del catalán.

24 Antoni rovira i virgili. “Catalunya i Barcelona”. Revista de Catalunya. Nº. 30. XII-1926, p. 561-564.

25 Eugeni d’Ors. “La Ciudad i les Serres”. Obra catalana om-pleta. Barcelona: Selecta, 1950, pp. 327-328. Traducción nuestra del catalán.

26 Joaquín torreS garCía. Diàlegs. Terrassa: Imp. Mulleras, 1915.27 Romà Jori. “L’Art Jove ”. Vell i Nou. Nº 6. 1-VIII-1915, p. 3.

Traducción nuestra del catalán.28 Jordi Serra i teixidor. Les escoles menors de Belles Arts al

Baix Empordà (1880-1939). La Bisbal d’Empordà: Ajunta-ment de la Bisbal d’Empordà, Diputació de Girona, 2005.

29 Joaquim M. Puigvert i Solà. Op. cit.30 Conservadas en el Museo de Historia de L’Hospitalet de

Llobregat. Ver Alicia Suárez, Mercè vidal. “Creixement urbà i resolució formal a l’Hospitalet de Llobregat (1912-1937), a través de l’actuació de Ramon Puig Gairalt, ar-quitecte municipal”, Història urbana del Pla de Barcelona. Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l’Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referencias

1 Fundamentalmente he tomado lo que ya hace tiempo que escribimos a raíz de la primera gran exposición sobre el novecentismo, celebrada de diciembre de 1994 a marzo de 1995, en el CCCB de Barcelona y de la cual ha resul-tado el catálogo. Véase Martí Pe ran, Alicia suáre z, Mer-cè Vidal (dir.). El Noucentisme, un projecte de modernitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, CCCB, Enciclopedia Catalana, 1994.

2 Maurici SerrahiMa. “Sobre el Noucentisme”, Serra d’Or. Nº. 8-VIII-1964, p. 7.

3 Prat de la Riba (1870-1917) estudió derecho y desde muy joven se vinculó y obtuvo cargos en diversas instituciones de carácter catalanista como el Centro Escolar Catala-nista, Unión Catalanista o el Centro Nacional Catalàn. En 1901 fundó la Liga Regionalista, en 1907 fue presidente de la Diputación y en 1914 de la Mancomunidad de Cataluña.

4 Era la alternativa al Plan Cerdà, que no gustaba por su ortogonalidad.

5 Josep PiJOan. “La reforma de Jaussely: la ciutat ideal”. La Veu de Catalunya. 11-X-1905 reproducido en Josep PiJOan. Política i cultura (a cargo de Jordi Castellanos). Barcelona: La Magrana, 1990, p. 66.

6 Enric Prat de la riba. “L’enamorat de Barcelona”. La Veu de Catalunya. 28-IX-1901. Traducción nuestra del catalán.

7 Ibídem, p. 84.8 Alexandre Plana. “El Llibre de La Ben Plantada”. El Poble

Català. 5-II-1912.9 Joaquim torreS garCía. “La nostra ordinació i el nostre

camí”. Empori. IV-1907.10 Raimon Casellas (1855-1910) periodista, escritor y uno

de los críticos de arte más influyentes del período mo-dernista; véase el estudio de Jordi CaStellanoS. Raimon Casellas i el Modernisme. Barcelona: Curial, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983.

11 Joaquim Folch i Torres (1886-1963) crítico de arte, his-toriador y museógrafo, véase el estudio de Mercè vidal i JanSà. Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya que aparece cada semana estaba dedicada a las exposiciones, a las actividades culturales, a temas de patrimonio, de arquitectura. En esta Pàgina también colaboraron: Josep Puig i Cadafalch, Josep Pijoan, Mn. Josep Gudiol, Eugeni d’Ors, Jeroni Martorell, Joaquim Torres García y otras personas significadas. A partir de mediados de los años veinte cuando la tarea de Joaquim Folch i Torres como director de los Museos de Arte de la ciudad de Barcelona le absorben plenamente será el pintor y crítico de arte Rafael Benet (1889-1979) quien asume la dirección de la Pàgina Artística. Véase el estudio de Alicia Suárez, Un estudi sobre Rafael Benet. Barcelona: Fundació Rafael Benet, 1991.

12 Joaquim FolCh i torreS. “La Obra de l’Art Popular”. La Veu de Catalunya. Pàgina Artística. 11-IX-1913.

13 Albert CubeleS bonet, Marc Cuixart goday. Josep Goday Casals. Arquitectura escolar a Barcelona, de la Mancomunitat a la República. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2008.

14 ManCoMunidad de Cataluña. L’obra realizada 1914-19. Barcelona: Imp. de la Casa de Caritat, junio de 1919.

15 Véase de manera extensa el estudio que hice, Mercè Vidal

H La Cataluña-ciudad en la formulación novecentistaMercè Vidal Jansà

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MIRADA FILOSÓFICAF

La ciudad de los filósofos: entre la imaginación y la realidad Daniel Gamper Universidad Autónoma de Barcelona

El artículo repasa las grandes aportaciones de la filosofía a la reflexión sobre el concepto de ciudad. Desde La República de Platón a la radicalidad democrática de Benjamin Barber. De la ciudad justa a las urbes colonizadas por el turismo.

Pensar los humanos, pensar la ciudad

La filosofía piensa el ser de los humanos. Este ha sido su objetivo desde que Platón estableció el principio programático “conócete a ti mismo”. Para conocerse es necesario que se dé un diálogo del alma consigo misma, en el que se reflexione sobre la finalidad y el sentido de la vida. Esta actividad so-lipsista reproduce en el seno de la conciencia indi-vidual la relación que establecemos con los demás, el diálogo. Nos desdoblamos y de esta manera nos vemos como si nos encontráramos fuera de noso-tros mismos, como si fuéramos otro, ese otro que encontramos en la calle.

Así pues, sin interacción humana no hay filosofía. Podemos, ciertamente, maravillarnos de la existen-cia del mundo, del cielo lleno de estrellas sobre nuestra cabeza y del deber en nuestro corazón, y es de este estupor que surge la filosofía. Pero las estrellas que nos contemplan desde la inmensidad del espacio son iguales para todos, y el deber es siempre un deber hacia los demás.

¿Dónde encontramos al otro, al prójimo? En las ca-lles que rodean las casas, el conjunto de las cuales constituye la ciudad. Estamos en casa y estamos a la vez en la calle, porque el interior del hogar se define por oposición al exterior del cual está separado, y además, porque el espacio privado es permeable. La casa es la exclusión de la calle y por eso mismo la incluye como negación. Además, no se permanece eternamente en casa. Salimos y per-mitimos que la ciudad entre en casa. No nos pode-mos inmunizar frente a las influencias de la ciudad. Siempre estamos, pues, en la ciudad.

Tuvieron que pasar veinte y cuatro siglos después del nacimiento de la filosofía en la Grecia clásica, para que Martin Heidegger, tal vez el pensador más radical y profundo del siglo xx, propusiera otra concepción de la filosofía. Sostuvo que la metafísica inaugurada por los griegos clásicos ha conducido al olvido del ser, que de tanto concentrarse en el ser de los hombres se ha olvidado del ser como tal. No es extraño que este autor escribiera un artículo con el provocador título “¿Por qué permanecemos en la provincia?”. Heidegger solía retirarse en una ca-baña hecha de madera, sin electricidad, en el rincón más apartado del pueblo más elevado de la Selva Ne-gra, Todtnauberg. Sólo alejándose del tráfico humano

que nos despista y enturbia la comprensión del ser, creía que era posible recuperar un pensamiento que no tomara la frenética y anónima vida urbana como punto de partida. La filosofía, según el pensador ale-mán, no debía concentrarse en lo que sucede en la ciudad. El ser se manifiesta mejor allí donde la civiliza-ción y la palabrería no lo ocultan.

Con esta radicalidad, el pensador de la Selva Negra ilustra por vía negativa la tendencia que ha carac-terizado el pensamiento filosófico desde su naci-miento: pensar los hombres en la ciudad, pensar los ciudadanos, la polis, la política. Cuando Heidegger reclama que solo podemos pensar, en el sentido enfático del término, en la periferia de las ciuda-des, donde no llega la actividad a menudo estéril de las personas, declara que hay que acabar con una tradición filosófica que se ha centrado en las vicisitudes de los humanos, de los seres que viven en comunidad.

Sin embargo, las ciudades permanecen, y una filo-sofía que quiera pensar el presente, que pretenda ser un interlocutor en los debates contemporá-neos, no puede declararse ajena a este mundo, a menos que quiera ser intrascendente. La filosofía que se refiere a las ciudades, por filósofos que al fin y al cabo son también ciudadanos, puede im-ponerse una responsabilidad, puede convertirse en una filosofía pública. Ciertamente, la creciente especialización y conceptualización de la filosofía, que la han hecho incomprensible para los legos, cuestiona la pertinencia de una reflexión vertida en la vida pública y política. De hecho, ya desde sus orígenes los filósofos han mantenido una relación ambigua con la democracia y con la vulgarización de su pensamiento. Sin embargo, la escolarización obligatoria y la alfabetización generalizada invitan a ser más optimistas en cuanto a la relevancia de una filosofía pública que contribuya a discutir sobre cómo queremos que sea la vida en común y qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo.

El mundo se urbaniza. Cada vez más personas vi-ven recogidas en megaurbes. El futuro se vislumbra ciudadano. Ciertamente, los conceptos filosóficos son más apropiados para el largo plazo, y no sue-len servir para hacer profecías. Pero la ciudad es lo que los humanos queremos que sea. Los discursos que se plantean la pregunta “¿qué debemos ha-cer?” nos competen a todos. Una filosofía pública, ciudadana, política, debe probar de seguir el paso de esta transformación inexorable, contribuyendo a ponderar las alternativas de que disponemos, los errores que conviene no repetir, el bien que que-remos alcanzar.

La ciudad justa

Tal vez el libro más importante de la tradición fi-losófica sea La República de Platón. El diálogo de Sócrates con sus interlocutores gira en torno a la pregunta “¿qué es la justicia?”. La república, que en la Grecia antigua es la polis, la ciudad, exige una reflexión sobre la justicia. Cuando los humanos viven

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domina a los hombres es el miedo. Es por mie-do a morir de manera violenta que las personas deciden establecer una autoridad, que solo tiene una misión: garantizar la paz en el territorio elimi-nando las disputas internas y defendiéndose de las amenazas externas. El miedo, sin embargo, no deja de existir, ya que en la ciudad hobbesiana los ciu-dadanos viven con el miedo del castigo a manos de la autoridad, un miedo que los motiva a obedecer la ley.

También John Locke sostuvo que el origen de la autoridad legítima solo podía proceder del contra-to. En su caso, el paso a la libertad civil, que es la que se da en los Estados, no es fruto del miedo. Es, más bien, una cuestión de justicia. Los hombres en el estado de naturaleza no están en condiciones de castigar de manera proporcionada y ecuánime las ofensas, ya que no hay jueces imparciales y pa-rece razonable sospechar que cada uno vela solo por sus intereses. Para evitar esta inseguridad hay una autoridad común a todos, que, sin embargo, debe ser aceptada explícitamente por todos y cada uno de los ciudadanos, y que por tanto también puede ser sustituida si no cumple con su encar-go: proteger las libertades y las propiedades de los individuos. La ciudad se convierte para Locke en un espacio que depende de las voluntades de los ciudadanos y que no puede ser administrado sin su consentimiento.

Con Del contrato social, Rousseau introducirá un giro aún más radical en el orden social. El paso de la libertad natural a la libertad civil se da en su caso sin ningún tipo de pérdida. Más aún, las personas solo devienen plenamente libres cuando acuerdan someterse a las leyes que ellos mismos se dan, cuando deciden articularse colectivamente como un cuerpo social sin grietas. Solo entonces pasan a ser plenamente ciudadanos y no solo súbditos. Se revitaliza así el ideal republicano que enfatiza la fuerza de las ciudades basada en su libertad en-tendida como autodeterminación. Una ciudad de verdad es aquella que los ciudadanos consideran como propia ya que está guiada por la voluntad de todos, no está dividida en clases ni facciones, y la obediencia a las leyes es a la vez obediencia a uno mismo.

El punto de partida de los contractualistas no es aristotélico: los hombres no viven en comunidad por naturaleza, sino como resultado de un pacto entre ellos. No hay una providencia divina que guíe los destinos de los estados y que garantice su or-den. Es, pues, la acción humana la que impone el orden y la justicia. Se expresa, en este énfasis en el contrato como rito de paso hacia la civilización, la confianza moderna en la actividad, la inventiva y la racionalidad humanas como herramientas con las que someter la naturaleza salvaje e indómita. Solo domesticando la naturaleza externa, humani-zándola, es posible alcanzar la libertad verdadera. Si bien en estado salvaje los hombres son libres de hacer lo que quieren, esta libertad se compra al precio de la imposibilidad de prever el futuro,

en la mejor versión de sí mismo. Convendrá, sin embargo, que esta unidad social esté organizada de la mejor manera posible. Los hombres son li-bres, tienen la facultad de elegir, y por consiguiente, de errar. Los órdenes políticos pueden redundar en una ciudad mejor ordenada o peor. El orden mejor se dará si los ciudadanos sobresalientes, los más virtuosos, ocupan las magistraturas de mayor responsabilidad. El resto de ciudadanos no quedan, sin embargo, excluidos de la actividad política. Para garantizar el cumplimiento de las leyes justas, todo el mundo debe saber obedecer, porque solo así es-tará en condiciones también de mandar con ecua-nimidad. Ser ciudadano en una república fuerte y virtuosa significa precisamente obedecer y mandar por turnos.

La ciudad necesita las virtudes para mantenerse y prosperar. No todos los comportamientos son be-neficiosos para la ciudad y para la vida en común. Lo que para Aristóteles son las virtudes equivale a lo que hoy llamamos civismo, es decir, la concien-cia de que para vivir en común hay que esforzarse, sacrificarse por el bien común, sin abandonar los intereses individuales o familiares. Es en el término medio donde se encuentra el punto de equilibrio. Pero no basta con el civismo. En la sociedad no pueden darse desigualdades excesivas, ya que en-tonces unos ciudadanos podrán ser dominados por otros, unos podrán dedicarse a los asuntos públi-cos y otros quedarán atrapados en la gestión de sus asuntos particulares, incapacitados para convertir-se en ciudadanos en el sentido pleno del término.

El origen de la autoridad

La ciudad requiere autoridad, pero la autoridad no puede tener un origen cualquiera. Esta fue la preocupación que guió el pensamiento de los con-tractualistas modernos. En su caso, sin embargo, cambia la escala. Ya no se trata de la ciudad, sino del Estado. La ciudad yo no es entonces un univer-so que se contiene a sí mismo y que aspira a de-fenderse de un mundo exterior ajeno y hostil, sino que es la sede simbólica del poder estatal. Para los contractualistas, los ciudadanos no pueden aceptar cualquier autoridad ni cualquier orden. La autori-dad debe ser reconocida por los ciudadanos, debe emanar de ellos. Y el origen de la ciudad ordenada es un contrato, es decir, un acto voluntario y arti-ficial, que aleja definitivamente los habitantes de la ciudad de una presunta existencia natural previa.

Vivir en la civilización es dejar atrás la vida natu-ral. La coexistencia necesita un acuerdo previo. Sin consentimiento podemos tal vez alcanzar la paz, pero no habrá justicia. Y es que la ciudad tiene que ver con la justicia.

Existen, como es sabido, bastantes discrepancias entre los modos como los filósofos modernos concibieron este contrato. Para Thomas Hobbes, el contrato es la única salida para evitar la depreda-ción de los hombres a manos de los hombres. En el Leviatán sostiene que la pasión primordial que

juntos, hay que encontrar un orden que garantice la pervivencia de la comunidad. Un orden, sin embargo, que no puede ser arbitrario. Hay una única manera de garantizar la excelencia de la ciudad, el dominio interno y la defensa de las amenazas externas. El proyecto platónico consiste en encontrar ese orden social que debe permitir la coordinación de todos los ciudadanos en una unidad indestructible.

Para que se dé la justicia, Platón sostiene, por boca de Sócrates, que hay que reformar de raíz, revolu-cionar, todo lo que existe. Es por este motivo que se suele considerar que su proyecto es utópico. La ciudad verdaderamente justa es la que no se en-cuentra en ninguna parte (u-topos), la ciudad que está por llegar, la justicia que siempre falta y ha-cia la que hay que dirigirse. Esta justicia no puede ser parcial o sectorial, sino que es unitaria. Para construir esta unidad, los ciudadanos no deben ver-se como mónadas enfrentadas, sino que deben tener presente el bien común. De ahí que Sócrates pro-ponga arreglos sociales que induzcan a los ciudada-nos a preferir el interés general por encima del bien individual. La familia es vista como un obstáculo, ya que impide que las personas se identifiquen plena-mente con la comunidad. Conviene, pues, que los hijos sean comunes, que los padres no sean solo padres de sus hijos, sino que vean las futuras ge-neraciones como algo que preocupa a todos por igual. La vida de los otros nos concierne a todos, el mal de los demás es nuestro, y también lo es su bienestar. Los individuos en la utopía platónica desaparecen en beneficio de la comunidad que los antecede en el orden temporal y ontológico. Y para ello será necesario una educación que les haga adaptarse a las exigencias de la ciudadanía. Se inicia aquí la necesidad de la pedagogía como requisito para la ciudad bien ordenada.

Evidentemente, esta propuesta causa perplejidad en sus interlocutores, que, al igual que Aristóte-les años más tarde, sostienen que la familia es una unidad natural y que, por lo tanto, no se puede exigir a los ciudadanos que abandonen los vínculos personales que les constituyen. Este es uno de los retos que debe enfrentar la ciudad: cómo propiciar la justicia y preservar al mismo tiempo los intereses de los ciudadanos.

Aristóteles resuelve el callejón sin salida sostenien-do que el hombre es un ser social. Por naturaleza vivimos en ciudades, las cuales no son más que am-pliaciones de la primera unidad natural, la familia. La tendencia del hombre es vivir en comunidad, su identidad no es nunca individual, sino que se encuentra siempre ya en comunidad con los de-más. Se trata de una comunidad que permite el reparto del trabajo. El hombre solo no puede salir, necesita los demás. Pero si los hombres se unen no es por necesidad, es decir, no lo hacen como mal menor, sino porque su naturaleza les empuja a hacerlo. La naturaleza es la finalidad, de modo que las cosas tienden hacia la perfección. El hombre social es el hombre plenamente desarrollado. So-lamente en sociedad puede el humano convertirse

F La ciudad de los filósofos: entre la imaginación y la realidadDaniel Gamper

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Sobre cualesquiera pretensiones de orden planea la sospecha de la opresión: son los poderosos los que ordenan la ciudad para beneficiarse. El orden no concuerda bien con el progreso, ya que solo una sociedad que permita cierto grado de descontrol en su seno tiene la posibilidad de modificar lo que parece establecido e inmutable, tiene la posibilidad de progresar. Esta sospecha va aun más allá cuando afirma que el simple hecho de vivir juntos ya es un atentado contra la economía de las pasiones huma-nas, las cuales deben ser reprimidas y controladas para permitir la coexistencia pacífica, lo que impide que se dé la libertad absoluta de no someterse a ninguna ley, ninguna orden, ninguna exigencia, de seguir simplemente un libre albedrío que considera incluso la razón como obstáculo. Sin embargo, no tiene sentido imaginar una situación previa a la ciu-dad, un supuesto paraíso en el que sea posible una libertad ilimitada. Los contractualistas definieron la ciudad por oposición al estado salvaje o natural, pero se trataba de una estrategia que les permi-tía justificar una determinada manera de arreglar la autoridad. No existe un hombre preurbano, al igual que no hay una naturaleza humana individual. Somos siempre ya en la ciudad, y la libertad, si existe, se encuentra dentro de sus muros. Inclu-so si ignoramos la ciudad en busca de un paraíso neorrural donde podemos recuperar el contacto con la tierra, estamos siempre ya reaccionando a la sociedad que nos constituye individualmente y co-lectivamente. Como la libertad está inextricable-mente unida a la vida en común, entonces no hay contradicción entre libertad y orden, sino que una versión benévola de este se convierte justamente en la condición de posibilidad de la primera. Sin embargo, esto no impide que el encaje entre se-guridad y libertad no implique fricciones y debates constantes y, a veces, insolubles.

La ciudad es un espacio que se tiene que asegurar. Por un lado, las casas, con sus cerraduras a las que corresponden las llaves que cada ciudadano lleva en el bolsillo, en el bolso. Casas que se resisten a la intrusión externa, espacios privados que se defi-nen por oposición a la calle que los rodea. Por otra parte, la ciudad propiamente dicha, los espacios comunes, la multitud de casas y edificios cuya suma constituye la urbe, nace y crece con funciones de seguridad.

Sin muros, en sus orígenes, la ciudad no podía existir. La entrada y la salida estaban reguladas, y la ciudad se podía cerrar, de igual manera que se podía sitiar. Desde el muro se divisa una parte del enemigo que quiere sustituir la autoridad interna, y que amenaza la vida en común que se encuentra al otro lado de la valla. La interacción entre el exte-rior y el interior debe ser regulada. Ni apertura ab-soluta ni cierre radical. Para alimentar la población es necesario permitir el comercio, porque la ciudad vive con la conciencia de que no es autosuficiente. Pero no todos los extranjeros son bienvenidos, ni todos los intercambios, permitidos. La ciudad vive con el miedo permanente del caballo de Troya: del exterior puede llegar la destrucción física o sim-

global, de ahí que para él la libertad que debe im-perar en las ciudades y cuyo espíritu debe animar los espacios públicos sea relevante desde el punto de vista de sus efectos. Cabe señalar, también, que para Mill el predominio de la libertad no es una justificación de la desigualdad. Ciertamente, reco-noce la importancia de permitir la libre iniciativa comercial y de no interferir en los intercambios entre las personas, pero de ello no concluye que sea legítimo permitir que las desigualdades socia-les redunden en un ejercicio también desigual de las libertades individuales. Para garantizar que este ejercicio sea efectivo es necesario que las institu-ciones del Estado garanticen una educación equita-tiva, es decir, que todos puedan llegar a desarrollar la mejor versión de sí mismo, y que si no lo hacen, no sea debido a las circunstancias arbitrarias de su nacimiento.

Así, la ciudad libre que se empieza a pensar en el siglo xix y que encontrará expresión en los teóri-cos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no es solo una ciudad abierta a la diversidad interna y al mestizaje cultural, sino también una ciudad que ha de cultivar la igualdad entendida como principio de justicia.

La ciudad segura

Estos son algunos de los referentes históricos de la reflexión filosófica sobre la ciudad. Observamos que en todos ellos hay una doble preocupación: el orden y la justicia, lo fáctico y lo normativo, lo que es y lo que debería ser. La ciudad nunca está recién hecha, porque los hombres están siempre proyec-tados hacia el futuro, el cual es visto desde el punto de vista de la planificación. Solo se puede planificar si tenemos una idea previa de cuál es la finalidad que perseguimos. Constatamos, sin embargo, que las personas que viven en la ciudad están en desacuerdo sobre los fines. Este desacuerdo, que no siempre es razonable, constituye la ciudad, es la fuente de su inestabilidad y de su atractivo. La ciudad que está de acuerdo consigo misma, que se refleja en su pasado para definir los contornos de su futuro, es la ciudad opresiva, cuyo orden solo se puede alcanzar mediante la supresión de las liber-tades. El orden, pues, convive en tensión con los dos valores que guían la evaluación normativa que hacemos del espacio cívico: la igualdad y la libertad.

Sin orden no hay ciudad. Pero, ¿cuáles son los lími-tes del orden? Si ahoga la vida y el desarrollo es-pontáneo de los impulsos humanos no dañinos, en-tonces nos encontramos con un orden inhumano. Son un buen ejemplo de las numerosas distopías literarias y fílmicas con las que hemos aprendido a vivir alerta ante la capacidad humana de destruir su propia creatividad (recordemos, por ejemplo, Bra-ve New World, 1984, Soylent Green, o, más reciente-mente, Divergente). ¿Hay, entonces, que gestionar la libertad humana para adecuarla al orden? Pero, ¿es la libertad algo susceptible de ser “gestionado”? ¿No es más bien una magnitud que no puede ser administrada de manera colectiva?

de cultivar las tierras, las artes y las ciencias, de crear instituciones y elevar el espíritu de las perso-nas. Solo en la ciudad nos convertimos en perso-nas, porque solo en ella podemos colaborar y ser industriosos. La ciudad se convierte, así pues, en condición de posibilidad de la cultura.

El individuo en la ciudad

En el siglo xix se da una importancia creciente al individualismo como reacción a las tendencias colectivistas nacidas a raíz de la Revolución Fran-cesa. Una muestra de esta tendencia es el texto clásico escrito en 1819 por Benjamin Constant, “La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en el que se sostiene que las ciudades modernas requieren un concepto nuevo de liber-tad. Mientras que en la Grecia antigua o en la Roma republicana los ciudadanos eran libres en la me-dida que estaban comprometidos con la actividad política y participaban, las sociedades modernas imponen un concepto de libertad como no inter-ferencia de los poderes públicos en las vidas priva-das. Encontramos aquí las bases del pensamiento liberal: la rígida línea de separación entre lo público y lo privado. Sin embargo esta línea no es nunca tan rígida como algunas versiones simplificadas del liberalismo han querido creer.

John Stuart Mill, a mediados del siglo xix, defendió un concepto de libertad que resulta especialmente fructífero para entender las ciudades. Si bien, en un primer momento, su propuesta filosófica en So-bre la libertad parece abogar por un individualismo extremo, una lectura más atenta de la obra nos muestra que la libertad es siempre relacional. En el primer capítulo de su libro, Mill afirma que el Estado y la sociedad no pueden interferir de ma-nera legítima en las acciones de los individuos para defenderse, es decir, si las acciones de este indivi-duo causan o pueden causar algún daño. De aquí no concluye, sin embargo, el filósofo inglés, que la sociedad deba estar formada por mónadas inde-pendientes y sin contacto recíproco. Esto queda bien demostrado en el resto del libro. Mill pone el énfasis en la libertad de expresión, y de esta manera fundamenta una concepción relacional de la libertad. Ser libre de expresarse solamente tie-ne sentido si hay alguien a quien se considere el receptor de la expresión, si hay alguien con quien se quiere compartir lo que decimos, si hay por lo tanto la disponibilidad de poner a prueba nuestras convicciones.

Vemos, pues, que en el liberalismo de Mill la no interferencia en las acciones individuales que debe garantizar el surgimiento de naturalezas excepcio-nales no domesticadas por la presión de la mayoría, no implica el aislamiento de los individuos. Al con-trario, como seres relacionales, el uso que hacemos de la libertad tiene implicaciones en los demás. El estilo de vida del prójimo puede ser un ejemplo, positivo o negativo, para otros. La existencia no se vive de manera solipsista. La preocupación de Mill es el bienestar común, el aumento de la utilidad

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vo o como meramente descriptivo. Los poderes disciplinantes persiguen efectivamente una forma de justicia, pero entendida como pacificación de la sociedad y represión del disenso. La disciplina ejercida verticalmente es solo control. Y en el con-trol se ejerce una forma de justicia cuyos criterios dependen de los resultados que se logran. Desde esta perspectiva, será justa aquella sociedad que ponga las fuerzas espontáneas de los ciudadanos al servicio de la paz y del orden.

Esta mirada que reduce la justicia a un dispositivo estratégico resulta claramente deficiente. No po-demos hablar de justicia sin hablar de los valores que deben prevalecer en la ciudad. Si la reducimos al mantenimiento del orden, entonces perdemos de vista la función civilizadora de la ciudad.

Pero, ¿qué quiere decir que la ciudad está vinculada a la civilización humana? Pues que tiene la misión de ofrecer las condiciones por las cuales los individuos sean también ciudadanos, se sientan miembros de un colectivo sin el cual sus vidas serían más pobres. Esto quiere decir que la ciudad es el espacio que da la posibilidad de ser más plenamente humano.

Se dirá que este tipo de discurso sobre la ciudad no es realista. Y, efectivamente, no lo es, de igual ma-nera que la ciudad realmente existente no coincide con la ciudad que imaginan los ciudadanos. Pero esta objeción olvida que la imaginación es real, es decir, que una cosa imaginada existe de hecho en la imaginación, y que todo lo que es real ha existido previamente como idea.

Como hemos visto, los dispositivos de seguridad han constituido el destino de las ciudades desde su nacimiento. Pero la seguridad no agota el sig-nificado ni la finalidad de la ciudad. Las leyes que, según Hobbes, limitan nuestra libertad determi-nando aquello que no se puede hacer, son también condición de posibilidad de la justicia. La ciudad no es solo la ciudad que efectivamente existe, sino también los discursos que la constituyen, las institu-ciones simbólicas de naturaleza política que tratan sobre cómo debería ser la convivencia, cuáles de-berían ser los valores que inclinen el futuro en una dirección o en otra, qué queremos ser y mediante qué procedimientos nos queremos determinar.

La filosofía política no se reduce a una constata-ción de cómo vivimos. Se dan, sin duda, relaciones de poder entre los ciudadanos. También compro-bamos que hay aparatos estatales e instituciones municipales que disciplinan los cuerpos, las con-ductas; normativas especificadas en códigos lega-les que establecen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y también cuerpos y fuerzas de seguridad que pueden ejercer legítimamente la violencia para velar por el cumplimiento de estas normativas. La ciudad es también una cuestión de poder y dominación.

Pero la ciudad no es solo el poder, sino que es también los discursos sobre las maneras como este

La arquitectura y el urbanismo son los tentáculos con los que el poder se extiende y se manifiesta, y pueden convertirse en instrumentos de control. Bien sean las grandes avenidas que sirven para los desfiles militares y para empequeñecer al individuo ante la maquinaria institucional, bien sean los pala-cios ministeriales dispersos por las grandes capita-les del mundo que son un alarde y un símbolo de ese poder.

El poder no es solo político, menos aún en los tiem-pos que corren. El modelo productivo y económi-co determina fuertemente la manera como se utili-za el espacio público, y a menudo el poder político se adapta a estas exigencias. El descanso nocturno, por ejemplo, necesario para garantizar que al día siguiente los trabajadores no pierdan productivi-dad, es regulado, controlado y garantizado por las fuerzas del orden, mediante reglamentos y directi-vas que pueden entrar en conflicto con la manera como otros ciudadanos desean pasar sus horas de ocio. La ciudad es la regulación de sus espacios y de sus ritmos. Pero, ¿cuál debe ser el criterio de la regulación? La ley es, efectivamente, condición de posibilidad de la libertad civil, pero corre el ries-go de la hiperregulación, o bien de una regulación orientada a fines distintos del bien común. La de-mocracia, entendida como contienda en el proceso legislativo, debe velar para que este proceso no sea colonizado por el poder del provecho.

La estructura misma de la ciudad obedece en gran medida a criterios económicos. La experiencia pú-blica es una experiencia comercial. Las calles, salvo en las zonas residenciales, son espacios que propi-cian intercambios de mercancías. El poder politi-coeconómico impone caminos, traza las vías por las que deben circular los ciudadanos, les disciplina los pasos. Llevada al extremo, la lógica comercial del urbanismo puede desembocar en la sustitución de la categoría de ciudadanos por la de clientes o consumidores. Una sustitución que obedece a los intereses de una política económica que se entien-de en términos de crecimiento, y que por lo tanto requiere que haya un consumo sostenido, que exi-ge la transformación de la vía pública en una vía comercial.

El espacio público tiende a privatizarse. La calle tiende a convertirse en una réplica al aire libre de un centro comercial. En un primer momento, el centro comercial intentó reproducir los elementos propios de las vías públicas para invitar a los ciuda-danos a disfrutar de una experiencia completa de shopping. Con el paso del tiempo, es la calle la que imita el ambiente del centro comercial, y privatiza lo que debería ser el reino de la voz popular. Las profecías de J. G. Ballard resultan, también en este caso, lamentablemente acertadas.

De nuevo la justicia en la ciudad

La disciplina y el poder van unidos a la justicia. Sin embargo, hay que aclarar en qué sentido entende-mos la justicia, bien sea como concepto normati-

bólica. La función del muro concierne también a la identidad interna, la cual puede desaparecer si se degradan los mecanismos de control fronterizo. La posibilidad de concebir una ciudad abierta no llegará hasta que no se pacifiquen los territorios, pero permanecerá siempre el miedo de que la apertura acabe modificando de raíz la naturaleza de la propia ciudad.

Estas fronteras inmunizadoras respecto de la amenaza externa, bien sea en forma bélica, bien sea en forma de inmigración, se han desplazado hoy a los extremos de los países. Los medios de comunicación nos muestran los barcos precarios de los inmigrantes que se acercan sin freno a las costas de los países europeos, y que son acogidos con recelo y temor, con violencia. Solo hay que ver los buques del ejército que vigilan y controlan, y los profesionales sanitarios que, vestidos con pro-tecciones de todo tipo, tratan al extranjero como si fuera infeccioso, una fuente de enfermedades. Pero este movimiento de defensa no se da en las puertas de la ciudad, aunque es la ciudad la que administra la impermeabilización de la frontera con el desplazamiento de las murallas al límite de la ju-risdicción nacional, y suele ser también la ciudad la que finalmente acoge las “personas ilegales”, en sus suburbios y en los barrios degradados.

La ciudad ha dejado de ser el objeto del asedio y la punta de lanza de la defensa. Los movimientos transfronterizos propios de la época globalizada han modificado el perfil de las ciudades, que han dejado de ser baluartes de las esencias de un pue-blo, sede de la pureza cultural y racial. Este papel corresponde a la provincia. La ciudad globalizada es cosmopolita. Este es su destino y no se puede re-sistir a ello, salvo que esté dispuesta a convertirse en la provincia de sí misma.

Es necesario también garantizar la seguridad intra-muros. Esta función no solo la ejerce la policía. La infección puede provenir del exterior, pero tam-bién puede originarse dentro. De ahí que la ciudad imponga medidas higiénicas para proteger a la po-blación de sí misma. La red de alcantarillado y la re-cogida de basuras son condiciones imprescindibles en una ciudad que se quiera civilizada. Sin limpieza no hay vida. Pero el exceso de antibióticos puede también acabar con el mal que quiere evitar.

La ciudad controlada

Basta con el hecho de que un grupo de humanos se recoja a vivir bajo un poder común para que surja el problema del control. Un problema que se da cuando no son los ciudadanos los que contro-lan la ciudad por medio del autocontrol, cuando la fuente del control se siente ajena a la ciudadanía. Es el problema del Poder, una de las dos puntas de la dicotomía en la que se mueve la filosofía política, siendo la otra la Justicia.

La ciudad es el espacio de la revuelta y por lo tan-to es también el espacio que hay que controlar.

F La ciudad de los filósofos: entre la imaginación y la realidadDaniel Gamper

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poder se ejerce, sobre los límites que las institucio-nes no pueden rebasar sin desvirtuarse. En el caso de que estos discursos no estén permitidos, si la espontaneidad ciudadana está perfectamente re-primida por la violencia institucionalizada, entonces hablamos de una ciudad cerrada. Aunque si parti-mos de una definición más restrictiva de ciudad, entonces podríamos decir que una ciudad en la que la vitalidad de sus habitantes está perfectamente controlada no merece su nombre. Se trataría más bien de un campo de concentración, de un pueblo encarcelado. La sistematización del control des-truye la ciudad misma, dejando una caricatura, un cadáver.

Partimos, pues, de la ciudad entendida como aper-tura. La ciudad abierta, en términos de Popper, es la que somete a crítica y a consideración renova-da la pregunta por su propio futuro, por su misma naturaleza. No tiene una esencia a la que ha de mantenerse fiel. No está definida por una tradición que establece ya los términos de su desarrollo fu-turo. No dispone de unas finalidades determinadas por una élite incuestionable. No se atiende a una planificación indiscutible según patrones utópicos.

Pero al mismo tiempo los cambios que sufre la ciu-dad no pueden ser arbitrarios. Los límites de la ciudad abierta están determinados por los procedimientos que regulan las transformaciones que los ciudada-nos quieren llevar a cabo. La ciudad justa no puede ser otra cosa que democrática.

Ciudad ágora

La lengua alemana dispone de un término para de-signar el espacio en el que la ciudad delibera y se cuestiona, Öffentlichkeit. Se sule traducir esta pala-bra con la expresión “espacio público” o “arena pú-blica”, aunque quizás el término griego ágora capte de manera más exacta sus implicaciones políticas. Desde el punto de vista legal, el espacio público es un término físico, un espacio literal. Son públicos los espacios en los que las personas pueden ser filmadas sin pedirles permiso, las calles y las plazas por donde pasa la gente sin que nadie les obligue. El espacio público se define, así, por contraposición a la privacidad.

La definición legal marca una diferencia precisa en-tre dos espacios que en la práctica se revela como ficticia. Conviene, en ocasiones, no respetar la ba-rrera de separación entre el hogar y la calle. Esta fue la postura de la crítica feminista en la segunda mitad del siglo xx, que reivindicaba una politización del espacio privado, que expusiera públicamente las opresiones y las dominaciones que tienden a consolidarse en la casa. De esta manera, lo privado se hace público. Con la desacralización del hogar, se difuminan las fronteras entre la privacidad y la publicidad. Si constatamos la injusticia en la casa del vecino, estamos en conciencia obligados a ha-cerla pública. El ágora se extiende entonces hacia el espacio privado. La casa se convierte en un ám-bito permeable a las influencias externas, bien sea

transporte, suministro energético, gestión de los residuos, orden público...

Estas plazas han sido escaparates de movimien-tos políticos ciudadanos. La democracia que se refleja es espectacular, escenificada, susceptible de ser televisada, de ser reproducida a escala planetaria, y también de funcionar como ejem-plo para futuras organizaciones ciudadanas. Con estos movimientos se reclamaba la reocupación de la ciudad por par te de quien es su legítimo usufructuario. La plaza no sirve solo para aco-ger eventos comerciales o para permitir el paso de las personas hacia el trabajo, no es solo un nudo de comunicaciones, sino que es también el espacio que permite la reunión cara a cara, la asamblea popular. Han sido los movimientos ciudadanos no alineados a las consignas habitua-les de los par tidos políticos los que ar ticulan la retórica de la plaza. Sin embargo, la masificación impide la efectividad de la supuesta democracia directa que se tendría que operar en las plazas. La muchedumbre arropada en la calle es el fi-gurante perfecto para el medio televisivo y no puede ejercer una función deliberativa. Puede pretender modificar el orden del día político, acumular titulares de periódicos, exigir que se escenifique en la sede del poder popular un debate en los términos que la multitud decide, pero los argumentos permanecen presos de la lógica de la democracia de masas. No es posible introducir matices. Los discursos se difuminan, y al final no queda nada más que un logotipo, una palabra, un gesto, una foto. La alternativa es la violencia, practicarla o padecerla, activa o pasiva. En democracia, la resistencia pacífica, la desobe-diencia civil o la huelga son los recursos políticos de la multitud. Una masa de gente que se niega a abandonar la calle. Así es como puede hablar la ciudad: con gestos expresados por conjuntos humanos que ofrecen resistencia f ísica.

El ágora, sin embargo, está sujeta a una transforma-ción radical. Las movilizaciones ciudadanas se arti-culan a través del medio hipervisible y a la vez in-visible de las redes sociales, como la revolución de Twitter que caracterizó la así llamada “primavera árabe”. Con las nuevas tecnologías en red la ciudad ha reventado de forma casi definitiva sus fronte-ras. El ciudadano no se relaciona con el vecino, sino que la proximidad es electrónica, virtual. ¿De qué hablan los ciudadanos? Solo lo sabemos si atendemos a los vínculos que establecen con sus semejantes, los cuales se eligen. No hay que conformarse con lo que nos ha tocado vivir. Podemos escapar hacia comu-nidades electivas, seguir nuestros intereses. Esto tiene como consecuencia la sectorialización de la esfera pública. Los medios de comunicación de ámbito municipal o nacional pierden peso ante los canales de relación que cada uno elige. Tenemos residencia en una ciudad, nos encontramos física-mente en ella, pero nuestras fidelidades pueden ra-dicar en otra parte, nuestra lucha social y nuestras reivindicaciones pueden estar en cualquier parte, o en ninguna.

a través de discursos que trascienden la autoridad paterna y que provienen de las calles, de la voz del pueblo, de las escuelas o de la subcultura, bien sea a través de los rayos catódicos o de la red. La rela-ción entre el hogar y la ciudad adopta, sin embar-go, varios sentidos. No se trata solo de la entrada de la ciudad dentro de la casa, sino también de la salida de la intimidad del hogar al espacio público. Una muestra es la eximidad, es decir, la exposición de la intimidad a través de la red, que convierte el dormitorio en un escenario, y la webcam en el anfiteatro.

La politización de lo privado va acompañada, como el reflejo en un espejo deformado, de la privati-zación de lo público. A la ya mencionada comer-cialización del espacio público o político, hay que añadir la individualización de la experiencia de la calle. La imagen ha sido repetida sin fin por el cine: una cámara elevada unos palmos por encima de las cabezas de las personas, gente caminando por la acera de una calle céntrica en una gran capital, personas ocupadas exclusivamente en sus asuntos, una masa informe y uniforme a la vez, constituida por individuos aislados que repiten los mismos ges-tos y se mueven al ritmo de las mismas melodías, consumidas pero privadamente. Personas que muy probablemente tienen los mismos problemas: lle-gar a fin de mes, pagar la hipoteca, educar a los hijos, mantener la felicidad matrimonial, etc., pero que no deciden resolverlos de manera colectiva. Individuos que renuncian a la posibilidad de colabo-rar, porque no se fían unos de otros, porque no se reflejan entre sí, porque se sienten únicos aunque objetivamente parezcan iguales.

Es también en la ciudad donde los individuos pue-den sentirse solos, más que en la soledad real de la naturaleza. La ciudad propicia el anonimato que no existe en las pequeñas aglomeraciones huma-nas. Un anonimato que alimenta el individualismo, el cual sin embargo tiene efectos paradójicos. La exigencia romántica de ser diverso, auténtico y ori-ginal, a la altura de la que tiene que vivir el individuo desde la modernidad, provoca una uniformización de la diversidad. La excepcionalidad se vuelve in-trascendente.

Ante estas tendencias, conviene recuperar un ágo-ra ciudadana en el sentido eminente del término, si la ciudad quiere estar a la altura de su tradición, si se quiere que el futuro contenga la huella de los motivos que empujaron a los humanos a juntarse en las ciu-dades y a considerar como comunes las preocupa-ciones individuales.

A menudo el ágora se encarna f ísicamente. Tia-nanmen, Zuccoti Park, la plaza de Catalunya, Ta-hrir, Taksim. Estas plazas han sido símbolos de movimientos ciudadanos, de las protestas que reivindican derechos ciudadanos amenazados. La democracia es muchas cosas, pero es también la ar ticulación ciudadana en el espacio público. Es también el contexto en el que los ciudada-nos sienten la influencia de las políticas públicas:

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decisiones políticas, la ciudad pierde su razón de ser. Se convierte en una multitud de individuos que da la casualidad de que comparten un mismo espacio, pero que no tienen nada más en común. Una ciudad sin ciudadanos no merece ese nombre, sino que es una agrupación de individuos que viven sin ley. La ciudad que consiente la desigualdad no vive a la altura de sus exigencias, porque permite la exclusión de la ciudadanía de gran parte de la po-blación. Quien no tiene techo ni comida, tampoco tiene posibilidad de ejercer sus derechos. Es mera vida, ser humano, sin papeles, sin dignidad.

No todas las agrupaciones de humanos constitu-yen ciudades. La ciudad excluye la barbarie. Como decía Platón, pensar la justicia es pensar la ciudad. La ciudad es una aspiración de justicia. Hablamos de ciudadanos y no de personas, porque los que habitan en las urbes tienen derechos. Y una ciu-dad que no reconoce el derecho de las personas a ejercer las libertades ciudadanas, deja de ser una ciudad. La ciudad vive en esta tensión constante con las exigencias que impone. No puede cumplir la justicia sobre la que se funda y que constituye su horizonte de futuro, pero tampoco puede conten-tarse con la constatación de la injusticia.

La ciudad de Barcelona: civismo y turismo

La otra cara de los derechos son los deberes. La ciudad es también el civismo de los ciudadanos. Aunque parecen lejanos los tiempos en los que se podía hablar de civismo sin tener que pedir disculpas, lo cierto es que la atmósfera ciudadana necesita que la coexistencia sea algo más, que sea convivencia. El civismo es requisito de la conviven-cia. Se impone, pues, la recuperación del discurso de virtudes públicas, ya reivindicado por Victoria Camps a principios de los años noventa. Virtudes que no se reducen a fórmulas de cortesía, las cua-les pueden ser también una forma de hipocresía. Hay que asumir que vivir en comunidad implica respetar las normas de convivencia y contribuir a su cumplimiento.

Pensemos, por ejemplo, en Barcelona, la ciudad más grande de Cataluña, la segunda de España, una de las urbes europeas más visitadas. El turismo de masas iniciado en el siglo xx ha situado las ciudades más populares en un cruce que tal vez requiera nuevas reflexiones. Mientras que otras grandes ciudades turísticas, como Roma o París, reparten las visitas turísticas en un territorio mucho más grande, Barcelona, que es al fin y al cabo una ciu-dad pequeña, a medida humana, las concentra en pocos kilómetros cuadrados. La ciudad, que debe-ría ser el espacio en el que las personas habitan y ejercen sus derechos de ciudadanía, se convierte en un escaparate, un lugar de paseo, una oferta de servicios, una marca.

Leemos que en Barcelona hay más de 60.000 plazas hoteleras, y que la ciudad recibe unos 7,5 millones de visitas anuales. Atraídos por el buen clima, la comodidad de la ciudad, el saneamiento

Política municipal

La democracia de las ciudades ocupa un lugar me-nor respecto de la política estatal. Los ayuntamien-tos son gobiernos de proximidad que disponen de un margen de maniobra reducido, dado que en muchas ocasiones son víctimas de las políticas de los partidos de alcance nacional. Una ciudad viva es la que lleva su gobierno local a rendir cuentas de sus acciones. Los grupos organizados que suelen llevar a cabo este trabajo de control democrático suelen ser las asociaciones de vecinos, que practi-can la forma menos glamurosa de política. La que se lleva a cabo en salas habitualmente poco cómo-das, en dependencias municipales, en polideportivos, en los bajos mal ventilados de edificios comunitarios. Es esta una política suburbana, que cuestiona las ló-gicas exclusivas que existen y persisten también en el ámbito municipal: los desequilibrios económicos entre los diversos barrios, la dificultad de integra-ción de la población inmigrante, la desatención ins-titucional de las necesidades de comunicación de las zonas menos privilegiadas, la concentración de la pobreza. Estos movimientos dibujan un nuevo retra-to de la democracia municipal en el que el suburbio adquiere la centralidad. El centro de la ciudad no es donde se concentran los movimientos comerciales y los ciudadanos acomodados, sino en los extre-mos escondidos y mal conectados, donde viven los que no pueden vivir en ningún otro lugar.

Benjamin Barber, teórico de la democracia radical, sostiene últimamente que hay que prestigiar de nuevo la política municipal. La interdependencia del mundo actual ha reducido la efectividad del Estado para hacerse cargo de los acontecimientos mundiales que afectan a sus competencias. Es en este contexto en el que la ciudad puede recupe-rar el poder político que tenía. Los países cambian, pero las ciudades se mantienen. La suya no es la narración de la grandeza nacional. El discurso mo-tivacional de la ciudad puede prescindir del calor patriótico. Aquí radica parte de su fuerza, pero también de su debilidad, ya que la política de los municipios puede convertirse en una cuestión meramente administrativa, como si no implicara apuestas ideológicas.

Mientras que para el Estado la pobreza son nú-meros, forma parte de la estadística; en la ciudad los pobres son visibles en su invisibilidad. Los ciu-dadanos de los países en crisis viven acompañados de la ignominia de ver como sus vecinos malviven, resguardados en cajeros automáticos, mendigando por las calles, exponiendo las contradicciones de un sistema cuya lógica trasciende los límites de la política municipal y también nacional. En la ciudad se manifiesta la pobreza, no es posible ocultarla, salvo que se la esconda. Pero es también la ciudad donde reside el remedio para estas desigualdades vergonzosas. Son los servicios municipales y las asociaciones voluntarias ciudadanas las que pue-den hacerse cargo del destino de los que no tie-nen más destino que la pobreza. Sin estas acciones que deben ir más allá de la caridad y que exigen

de las playas, millones de turistas utilizan la ciudad sin vivir en ella. En este contexto no sorprende que el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo lo que ya habían propuesto otros ayuntamientos de peque-ñas ciudades turísticas del entorno, planteara hace unos pocos años la necesidad de normativas cívicas para evitar que la ciudad se convirtiera en un es-pacio dedicado solo a la fiesta. Como si Barcelona fuera la ciudad de las celebraciones estrafalarias de los europeos del norte.

Estas circunstancias, que pueden parecer extem-poráneas en una reflexión filosófica sobre la ciu-dad, se revelan pero sintomáticas de una época. No solo porque destacan el auge exponencial del turismo de masas, sino también porque nos ilus-tran sobre las transformaciones de la ciudad mis-ma. El crecimiento de las ciudades hizo desapare-cer, durante el siglo xx, los sueños de comunidad. Las personas son más los inquilinos o propietarios de sus hogares, que ciudadanos activos en el espacio público. La arena cívica tiene un músculo atónico. Vivimos aislados y dispers. Y por si fuera poco, la ciudad acoge aglomeraciones de personas que no se identifican, que solo la utilizan, y que siguiendo la ley de la oferta y la demanda, convierten la ciudad en una oferta de servicios.

Una ciudad colonizada por el turismo masificado es una ciudad sin más ataduras que las comercia-les. Se hace incómoda, más incómoda para quien vive cuanto más hospitalaria es para quien pasa. El ciudadano se recluye en el hogar, deja así que la ciudad siga su rumbo, como si no le perteneciera. La creciente turistificación del espacio público se convierte así un índice del enfriamiento de la de-mocracia ciudadana. Un símbolo de la colonización comercial y financiera de las instituciones políticas. La ciudad de los turistas encarna crudamente la deriva anticívica del espacio público. Las casas son sustituidas por hoteles, la vecindad se convierte en algo arbitrario y prescindible, la política pasa a ser contención de daños.

Pero la ciudad ha vivido siempre con su revés. No está nunca acabada. Solo es perfecta en los sueños de omnipotencia de reformadores iluminados. La percepción de la tensión entre lo real y lo ideal, entre la facticidad y la validez, es la fuente de las reivindicaciones que mantienen viva una ciudadanía que choca constantemente con los poderes fácti-cos. La ciudad es cacofonía y es a la vez el esfuerzo por canalizarla hacia el bien común.

F La ciudad de los filósofos: entre la imaginación y la realidadDaniel Gamper

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MIRADA GEOGRÁFICAG

Cataluña ciudad(es): entre la ciudad total y el campo urbanizado Francesc Muñoz Geógrafo. Director del Observatorio de la Urbaniza-ción de la Universitat Autònoma de Barcelona

El crecimiento de la urbanización ha creado grandes espacios metropolitanos. La diferenciación entre lo urbano y el paisaje se ha difuminado: la rurbanización se extiende por el territorio. El campo se ha urbanizado. El autor analiza el caso de Catalunya, donde la ciudad mediterránea ha perdido protagonismo.

La ciudad y el territorio: la construcción de un paisaje de confín ilimitado

En 1829, el ilustrador londinense George Cruik-shank publicaba uno de sus grabados más conoci-dos, London going out of town, en el que representa-ba una ácida crítica al proceso de urbanización de los alrededores de Londres, concretamente en la zona de Hampstead Heath, en el norte de la ciu-dad. En la imagen*, herramientas de construcción articuladas como si fueran robots andan, de mane-ra inexorable, sobre el campo, mientras árboles y animales huyen bombardeados con ladrillos desde las fábricas construidas al mismo tiempo que las nuevas calles de la ciudad.

Con más de un siglo de diferencia, el también inglés James Graham Ballard escribía en 1957 el relato Ciu-dad de concentración, donde propuso un escenario urbano futuro muy inquietante: una ciudad vertical, que amontona centenares de niveles de habitación, es igualmente ilimitada en el espacio, lo cual hace que sus habitantes no tengan la experiencia vivida del final físico de la ciudad. Es decir, una ciudad total.

Ciertamente, el proceso de explosión de la ciudad sobre el territorio, que había empezado el siglo xix, ya se había generalizado a mediados del siglo xx de modo que aquella ciudad sin límites que imaginaba Ballard empezaba entonces a ser la principal e inci-piente característica de los territorios urbanizados.

Esta metáfora de la ciudad total es, sin embargo, fá-cil de argumentar sobre bases reales si observamos la imagen que nos da de la ciudad el único medio técnico con el cual podemos captar los confines de las vastas regiones metropolitanas que habitamos ya iniciado el tercer milenio: la fotografía satélite. Así, no deja de ser sintomático y clarificador del momento que vivimos el hecho de que el único dispositivo que hace hoy posible hacernos una mí-nima idea de los confines de las ciudades sea un artefacto que tenemos que situar físicamente fuera del planeta tierra. Eso ya nos da una idea de la es-cala, el alcance y la dimensión que el proceso de ur-banización ha representado para las comunidades humanas en el transcurso de los dos últimos siglos.

Ni campo ni ciudad: urbanización y más urbanización

El crecimiento de la urbanización ha hecho que las antiguas ciudades, físicamente acotadas en el territorio, legalmente limitadas en su extensión y claramente identificables como excepciones en un paisaje agrícola o natural sin urbanizar, se hayan multiplicado sobre un espacio que ya se ha conver-tido en metropolitano de manera definitiva. Así, las formas urbanas y los paisajes canónicos de refe-rencia que siempre hemos asociado a la ciudad –las calles, los edificios, los lugares de consumo–, se han acabado haciendo omnipresentes y hoy aparecen incluso en aquellos territorios que hasta ahora no habían sido urbanizados; y con ellos también han aparecido aquellas funciones urbanas –del comer-

* London going out of town, grabado de George Cruikshank, 1829.

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Los últimos treinta años han representado así una general y progresiva dispersión de la urbanización en todas las ciudades catalanas pero, especialmen-te, en aquellas que no se habían caracterizado es-pecialmente por las tendencias de urbanización en momentos anteriores.

Esta dispersión en el territorio de los asentamien-tos y las actividades económicas ha dado forma a la urbanización de modo muy diferente a la fa-mosa imagen del crecimiento urbano en “mancha de aceite”. Una multitud de “manchas de aceite”, más que una sola, mostraban ya en la década de 1990 en Cataluña una estructura del poblamiento caracterizada y definida por la dispersión urbana. Palabras como la ville éparpillée, la città diffusa, la città diramata, la ciudad de baja densidad, la urba-nización dispersa, eran todas ellas imágenes que, desde hacía décadas, intentaban captar la aparición de formas urbanas alternativas a la concentración y que contradecían en gran medida la imagen de la ciudad compacta y densa; y todas ellas eran ya aplicables en aquellos momentos en el espacio ur-bano catalán.

Esta intensificación de las dinámicas de dispersión de la urbanización significaba, más allá de la disemi-nación en el territorio de la residencia, la clonación general de los usos urbanos característicos de la ciudad concentrada adaptados, sin embargo, a es-cala regional. Un proceso que ha acabado dando forma a un paisaje suburbano que actualmente po-demos sintetizar de esta manera:

– Las actividades económicas, que antes se lo-calizaban en la ciudad central y sus periferias inmediatas, ocupan nuevos parques y distritos industriales, de servicios y de gestión logística de mercancías en enclaves estratégicos cada vez más lejanos.

– El comercio se combina actualmente con el ocio en contenedores como las grandes su-perficies comerciales, las cuales, situadas en-tre los centros urbanos de mayor importan-cia y en espacios de gran accesibilidad vial, no solo ofrecen ya productos básicos, sino que se especializan en aspectos concretos del consumo: mobiliario y diseño interior; bricolaje; o jardinería ; y ofrecen, además, todo tipo de opciones de entretenimiento y servicios que van de las agencias de viajes a los gimnasios.

– El esparcimiento característico de la ciudad y los antiguos parques de atracciones urbanos han dado paso a los grandes espacios temá-ticos y complejos turísticos fuera de las zonas más urbanizadas; mientras que el declive del cine urbano se produce paralelamente al éxito de los nuevos espacios multiplex, situados fue-ra de ciudad.

– La nueva e intensa actividad de los aeropuertos regionales, donde operan mayoritariamente las compañías de bajo coste, importa las diná-micas urbanas en territorios sin urbanizar pues se localizan, literalmente, en el campo.1

dades: la urbanización del campo o, lo que es lo mismo, la aparición del campo urbanizado.

Efectivamente, el campo actual acoge todavía las actividades agropecuarias y el trabajo de la tierra pero, de manera progresiva, los espacios agrarios se han ido configurando como un contenedor de usos urbanos. Tanto es así que, en no pocas regio-nes urbanas, el paisaje característico de la actividad agraria no es ya nada más que el soporte estético necesario para mantener los flujos globales del tu-rismo también en el escenario del campo. Los anti-guos paisajes agrícolas, que incluso habían servido a geógrafos y antropólogos para diferenciar la cultura y la forma de vida de los lugares, han ido así, poco a poco, dando paso a entornos caracterizados por la proliferación de carreteras secundarias y centros comerciales; aparcamientos y áreas residenciales de casas unifamiliares; outlets y granjas escuela; cir-cuitos de velocidad y depósitos de caravanas; par-ques eólicos o fotovoltaicos y plantas de reciclaje de residuos urbanos; estaciones transformadoras eléctricas y radioestaciones de telefonía móvil; ae-ropuertos regionales y centros penitenciarios; par-ques temáticos y la más amplia y variada gama de resorts de turismo rural. Un conjunto de escenarios territoriales que constituyen la punta de lanza de las nuevas formas que ha ido tomando la urbaniza-ción sobre el territorio y que, a pesar de diferir en orientación funcional y dimensión territorial, tienen todos ellos en común el hecho de hacerse presen-tes sobre los dominios territoriales de aquello que, de manera ambigua, hemos llamado y todavía lla-mamos “campo”.

La conclusión final de todo esto no puede ser otra: conceptos como campo y ciudad, entendi-dos de manera antónima durante el siglo pasado, se muestran hoy más bien como momentos di-ferentes de un mismo y homónimo relato. Lejos, por lo tanto, de las imágenes idílicas, bucólicas o románticas, heredadas de la tradición del ar te y la literatura, la urbanización del campo muestra de manera vehemente y ubicua al territorio lo que quizás es una auténtica y nueva revolución cultural, pues negar la dicotomía entre campo y ciudad representa, en definitiva, el final de la separación entre cultura rural y cultura urbana y, probablemente, por extensión, el principio de una nueva cultura rurbana total.

La urbanización regional dispersa en Cataluña

Cataluña no ha quedado al margen de estas di-námicas territoriales. El territorio metropolitano en Cataluña no es ya el resultado únicamente de grandes concentraciones de población en grandes ciudades. Paralelamente a la evolución experimen-tada en el mundo urbano europeo, y en concreto con respecto a la Europa mediterránea, los lugares de mayor dinámica en términos de construcción de viviendas desde la década de 1980 no han sido las ciudades de mayor tamaño poblacional, sino los municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes.

cio al transporte pasando por el ocio y el turismo– que son hoy día parte de la realidad cotidiana de un espacio urbanizado, laxo y extenso, en el que los usos urbanos se hibridan con las preexistencias del territorio.

Aquella vieja diferenciación entre ciudad y terri-torio, entre lo urbano y el paisaje, se muestra así en nuestros ojos borrosa hasta desvanecerse, de manera que, desde el parabrisas del automóvil o la ventanilla del avión, lo que adivinamos no es otra cosa que un territorio discontinuamente urbaniza-do; un paisaje intermitente donde se van multipli-cando los nuevos paisajes de alrededores.

Un territorio que integra lugares y paisajes diferen-tes: unos más urbanizados, otros menos construi-dos, pero todos ellos utilizados intensamente. La vida urbana, que en el siglo xix se entendía como algo característico de la ciudad y que era sustan-cialmente diferente a la vida que tenía lugar en el campo, ha acabado por extenderse así de manera total en el territorio.

La urbanización del campo: el campo urbanizado

Sin duda, esta ocupación del territorio se ha visto propiciada por la aceleración y la intensificación de los procesos de crecimiento urbano que han ido modelando la forma de las regiones urbanas desde la segunda mitad del siglo pasado. Así, la urbaniza-ción de los espacios agrícolas próximos a las áreas más densamente pobladas; la continua urbaniza-ción de los territorios costeros o de montaña o la construcción de los espacios libres entre ciudades son algunas de las modalidades que esta continua urbanización del territorio ha ido presentando con el paso del tiempo.

Pero si tuviéramos que escoger un proceso que resumiera la idea de la urbanización del territorio durante las últimas décadas quizás este sería el de la urbanización dispersa. La vieja definición de la dispersión urbana que Venturi, Scott Brown e Ize-nour, escribían en 1972 en las primeras páginas de Learning from Las Vegas, cobran así en el momento actual nueva relevancia:

[...] un nuevo tipo de forma urbana que emerge en América y Europa, y es radicalmente diferente de la que hemos conocido; estamos mal prepara-dos para abordar esa forma, y hoy, desde nuestra ignorancia, la denominamos ramificación urbana (urban sprawl).

Y lo hacen porque, actualmente, esta dispersión no se presenta ya a escala urbana –en los bordes de las ciudades– sino que muestra una clara dimen-sión regional–cubriendo territorios más extensos y alejados de las ciudades de mayor tamaño.

Esta urbanización regional dispersa (Muñoz, 2011) representa hoy día de manera fiel lo que no es más que el último correlato del crecimiento de las ciu-

G Cataluña ciudad(es):entre la ciudad total y el campo urbanizadoFrancesc Muñoz

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más desplazamientos y es eso lo que no explica la exacerbación de la movilidad no ya únicamente en los alrededores de las ciudades grandes sino a escala claramente regional.

Algunos datos recogidos en estudios e investiga-ciones relevantes muestran el carácter general de estas dinámicas de dispersión de la población que afectan, de hecho, gran parte del territorio y muestran claramente el peso importante de este proceso sociodemográfico en el cambio funcional, territorial y social de muchos municipios media-nos y pequeños. Así, por ejemplo, entre 2002 y 2005, un total de 1.159.407 personas residentes en la Región Metropolitana de Barcelona cambiaron su residencia y se trasladaron a otro municipio. De estos cambios de residencia, más de dos terceras partes (dos de cada tres altas en el padrón) tuvie-ron como destinación otro municipio de la misma región metropolitana.5

La ciudad multiplicada: de la Cataluña de las ciudades compactas a la Cataluña regional dispersa

A pesar de la evidencia actual de estos procesos, la verdad es que en el contexto del territorio catalán solo se han reconocido muy recientemente, cuando se ha acabado de hacer evidente que aquel urbanismo de la densidad, que había caracterizado los debates y actuaciones del planeamiento desde la década de 1980, no había llegado, en realidad, ni a todas partes ni en las mismas condiciones. Un esfuerzo por recupe-rar la ciudad compacta y calificar el espacio público de los centros urbanos que, de hecho, ha coincidido en el tiempo con una urbanización dispersa, alejada del discurso de la regeneración urbana y que, al mismo tiempo, ha ido colonizando las periferias fuera de la ciudad y entre ciudades.

Un dato hará evidente la coincidencia en el tiempo de estos dos ciclos divergentes de construcción del territorio: en 1987, justamente cuando empieza a funcionar el Área de Rehabilitación Integrada (ARI) en Ciutat Vella de Barcelona, cuando arranca definiti-vamente el proceso de recuperación de la ciudad his-tórica en la ciudad central que inaugurará posterior-mente el llamado “modelo Barcelona”; es también cuando más intensamente se está desarrollando la urbanización dispersa con tipologías edificatorias de baja densidad en las periferias metropolitanas.

La afirmación no es gratuita si se consideran algu-nos datos disponibles: así, entre 1987 y 1989 las viviendas unifamiliares representaron más del 45% del total construido en prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia de Barcelona en 304 sobre un total de 311.6 Es decir, sólo en siete municipios la vivienda unifamiliar representó me-nos del 45% del parque de viviendas edificado en aquellos tres años. Se trata de cifras de un pasado reciente que avanzaba lo que hoy corrobora la ex-periencia vivida de las personas, en el sentido de que es obvio cómo el paisaje fuera de ciudad en muchos municipios de Cataluña muestra ya un carácter defi-

relación con las tramas urbanas compactas de las ciudades mayores, en otros.Así, mientras que en los 311 municipios de la pro-vincia de Barcelona se construyó un poco más de medio millón de viviendas entre 1985 y 2005 (542.796 unidades), la cifra correspondiente a los 947 municipios de toda Cataluña muestra un total de prácticamente un millón de unidades construi-das en este periodo (962.487 viviendas). Es decir, los territorios tradicionalmente alejados de las ten-dencias clásicas de urbanización y representados por el resto de municipios de las comarcas de Gi-rona, Lleida y Tarragona contabilizaron en el suma-torio de este periodo aproximadamente la misma cantidad de viviendas construidas que las áreas de mayor tradición urbana y metropolitana del país (419.691 viviendas).

Un ciclo constructivo que obedece a dos diná-micas principales: por una par te, la progresiva urbanización de las áreas de montaña, de inte-rior y costeras en toda Cataluña. Por otra par te, y sobre todo, la importancia de la construcción de viviendas en las capitales provinciales, las ciu-dades medianas y las capitales de comarca, las cuales han generado igualmente a su alrededor procesos de construcción de los municipios me-dianos e incluso pequeños próximos, definiendo una multitud de pequeñas coronas de expansión de la urbanización por todo el territorio.

Así, la media de tres viviendas nuevas construidas por hora en el territorio de mayor centralidad me-tropolitana, en la provincia de Barcelona, va per-fectamente de la mano de las seis viviendas nuevas construidas por hora en el global de Cataluña en el periodo 1985-2005.4

El territorio configurado por los municipios de ta-maño mediano y pequeño en Cataluña muestra, así pues, la coincidencia territorial entre, por una parte, la construcción del territorio y, por otra parte, la llegada de nuevas poblaciones procedentes de las ciudades mayores. Cualquier análisis estadístico de este terri-torio muestra además como se trata de los lugares en los que la subida de la población residente va de la mano de aumentos con respecto a otros parámetros de gran significación territorial, como los umbrales de consumo de agua doméstica, de los desplazamientos obligados o de la motorización.

De hecho, una importante parte proporcional de la insostenibilidad ambiental de muchos municipios de Cataluña tiene que ver con la forma en la que las poblaciones se desplazan al territorio para trabajar, acceder a servicios o disfrutar de su tiempo libre. Las ganancias que representa el predominio crecien-te del transporte público colectivo en los centros urbanos de mayor relevancia se ven así contradichas por el absoluto predominio del automóvil como me-dio de transporte más utilizado en los territorios me-tropolitanos de menor jerarquía. En otras palabras, a medida que ha ido aumentando la urbanización del territorio, la necesidad de cubrir más distancias en las actividades cotidianas hace que se registren cada vez

Esta dilatación física del espacio urbano construido y de las dinámicas de suburbanización, hacen que las ciudades medianas, primero, y el territorio de los municipios de tamaño poblacional más peque-ño, más tarde, hayan asistido a la aparición de lo que Richard Ingersoll llamó en 1999 “paisajes de la dispersión” (sprawlscapes), caracterizados por la diseminación de los elementos que anteriormente formaban de manera concentrada el hábitat y el orden visual del ambiente construido urbano.2

Esa rurbanización que Gerard Bauer y Jean-Michel Roux habían intuido en la década de 1970,3 no solo es ya un hecho sino que presenta características morfológicas y funcionales sensiblemente diferen-tes que incluso ponen en cuestión el origen del término mismo. Así, los autores definían entonces la rurbanización explícitamente como el retorno de los habitantes urbanos a los espacios periurbanos de carácter más rural desde finales de la década de 1960 y a partir del deseo de vivir más cerca del cam-po y las nuevas posibilidades que ofrecía el despla-zamiento en automóvil. Era, así pues, una definición ciertamente ligada a las tendencias contracultura-les que dieron lugar a la idea de neorruralismo.

Sin embargo, como se ha dicho antes, la disper-sión de la urbanización nos muestra un escenario en el que, más que la ocupación neorrural de los espacios periurbanos, lo que se observa es la inserción funcional y morfológica del paisaje agrario en la estructura socioeconómica de una metrópoli multiplicada sobre el territorio. En vez de espacios rurbanos habría que hablar más bien de una auténtica urbanización del campo, con un alcance mucho más amplio que incluiría situaciones como, por ejemplo, las dinámicas de emigración residencial en municipios más peque-ños en función del precio más asequible de la vivienda o de la accesibilidad en viviendas de ma-yor superficie a un mismo precio en municipios más lejanos de los centros urbanos de mayor jerarquía. Constantes que han definido la evo-lución de no pocas ciudades catalanas durante las últimas décadas del siglo xx y hasta la mitad de la década del 2000, justo antes de la crisis económica actual.

Así, número de municipios de la provincia de Bar-celona con valores máximos de viviendas principa-les pendientes de pago pasó de solo 17 a un total de 157 en solo diez años, entre 1991 y 2001.

Después de la dispersión: más desplaza- mientos para ir más veces y por más razones a más lugares que están más lejos

En gran medida, la nueva producción de vivienda, y en concreto de tipologías edificatorias de baja den-sidad, ha sido absorbida en Cataluña por familias recién llegadas procedentes de municipios mayo-res que han encontrado en estos nuevos parques construidos mejores condiciones de habitabilidad, confort y calidad del entorno, en unos casos; o ma-yores superficies habitables a un precio similar en

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trales, las comarcas gerundenses y el Alto Pirineo y Arán (figura 1).

La composición muestra la típica pirámide de edades utilizada normalmente para ilustrar la estructura de la población pero modificada para mostrar las diferen-tes generaciones de parques de vivienda construidos entre 1985 y 2005 en Cataluña y en los territorios seleccionados.

La comparación entre estas “pirámides de vivienda” permite apreciar las diferencias entre la vivienda en bloque y la unifamiliar y también las especializacio-nes entre construcción de casas adosadas y aisladas en los diferentes grupos de comarcas. Las conclu-siones son en este sentido bastante claras: por una parte, se confirma la presencia constante de la vi-vienda unifamiliar durante todo el periodo de aná-lisis en cada una de las “barras de edad” y la mayor importancia de las casas adosadas por encima de las aisladas. Por otra parte, las pirámides de los tres

solo en el global de Cataluña, sino también en cada una de las cuatro provincias. Así, mientras que en el global de Cataluña las casas adosadas representan el 18% del total de casas unifamilia-res y las casas aisladas alcanzan un 12%, en Lleida, por ejemplo, se llegan a construir hasta tres casas adosadas por cada nueva casa aislada.

– Entre 2003 y 2005 se construyeron un total de 56.448 casas unifamiliares en Cataluña, lo cual representa una media de más de 18.500 casas de baja densidad por año. Con respecto a la tipología concreta de las casas adosadas, se construyeron más de 40.000 unidades (40.756) que representarían una media anual de más de 13.500 casas.

Un resumen territorial de este ciclo constructivo se puede observar en las figuras adjuntas. Las pirá-mides de edificación que muestran la estructura de los parques de viviendas construidos en Cataluña y en tres territorios diferentes: las comarcas cen-

nitivamente alejado de la imagen de la ciudad medite-rránea, densa y compacta. En este sentido, las urbani-zaciones de baja densidad; la especialización funcional y morfológica; o la estandarización de un territorio producido en régimen de monocultivo, representan dinámicas que ya no son patrimonio del espacio es-trictamente metropolitano más próximo a Barcelona sino que caracterizan actualmente espacios suburba-nos en toda Cataluña. Es el territorio entre ciudades medianas como Igualada, Manresa, Vilafranca o Reus, pero también el de muchos municipios de sus alrede-dores, lo que nos muestra cómo se configuran hoy día los nuevos paisajes de la dispersión.

El análisis de la producción residencial desde la dé-cada de 1980, muestra bastante bien este modelo de producción del espacio construido, caracteri-zado por la proliferación de tipologías de vivienda unifamiliar a una escala desconocida en muchos territorios y con un uso real que no únicamente se refiere a servir de segunda residencia sino que corresponde, en gran medida, a una función de vi-vienda principal.

Las fotografías de los espacios renovados en las ciu-dades históricas de Cataluña, rejuvenecidas y renova-das, han ido acompañadas de la producción seriada de los paisajes de la dispersión, que se han multipli-cado por todo el territorio y que alcanzan un claro protagonismo cuando se comprueban los volúmenes y ritmos de construcción: así, las casas unifamiliares representaron más de la mitad de la vivienda nue-va construida en ocho de cada diez municipios de la provincia de Barcelona entre 1987 y 2001.7 Datos más actuales muestran cómo la tendencia se aceleró durante los primeros años del nuevo siglo. Así, entre 2002 y 2005 se construyeron 40.281 casas unifami-liares en la provincia de Barcelona. Es decir, más de 10.000 unidades construidas por año. Una produc-ción que, además, se ha orientado hacia las casas ado-sadas, que han sumado volúmenes medios de más de 7.000 unidades anuales con una presencia creciente en los parques de vivienda de los municipios más pe-queños, donde empiezan a apreciarse claras tenden-cias de especialización: así, las villas de menos de mil habitantes, concentraron hasta el 43% de las casas adosadas construidas entre 1987 y 2005 únicamente en los tres últimos años del periodo, desde 2002.8

Si estos datos no permiten hablar ya de un campo urbanizado en Cataluña, el análisis de las cifras de construcción de vivienda de baja densidad en los 947 municipios del mapa catalán entre 1985 y 2005 todavía son más claras:

– Prácticamente una de cada tres viviendas nuevas construidas en los municipios de Cataluña era una casa unifamiliar. En concreto, las casas para una sola familia sumaron un total de 289.887 viviendas sobre el total construido de 962.487.

– Entre 1985 y 2005, las casas unifamiliares ado-sadas, tipología edificatoria representativa de las dinámicas de metropolización de manera mucho más fiel que las casas unifamiliares aisladas, pre-dominan de manera clara sobre estas últimas no

Figura 1. Estructura del parque de viviendas acabadas en el periodo 1985-2005 (Pirámides de edad de la edificación según tipología edificatoria).

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territorios seleccionados, diferentes con respecto a sus características territoriales, muestran en cam-bio de manera común el protagonismo creciente de los parques de vivienda de baja densidad desde la segunda mitad de la década de 1990.

Las pirámides de edificación representan, en reali-dad, el alcance general del ciclo constructivo en el territorio y su actualidad. En otras palabras, la ur-banización regional dispersa ha llevado la vivienda de baja densidad mucho más lejos de los dominios de las viejas “urbanizaciones” construidas durante las décadas de 1960 y 1970 a los municipios de la Región Metropolitana de Barcelona. En este senti-do, la década de 1990 y los años siguientes hasta el estallido de la crisis económica actual son abso-lutamente relevantes para explicar que hablamos de un fenómeno mucho más complejo, extendido por el territorio y que seguramente ha configurado un nuevo estadio en la evolución del proceso de urbanización en Cataluña.

La frontera del suelo no urbanizable en Cataluña: las nuevas formas de la urbani-zación en el campo urbanizado

El desarrollo de la urbanización regional dispersa en Cataluña presenta, sin embargo, otro rasgo distintivo de gran interés. No se ha consolidado únicamente a partir de la construcción de viviendas en los territo-rios menos o poco metropolitanos. Tampoco lo ha hecho solo a partir del éxito y la diseminación de las tipologías edificatorias de baja densidad, cada vez más protagonistas en los parques de viviendas histórica-mente más recientes como comentábamos antes. También lo ha hecho a partir de otro elemento de gran importancia: la puesta en valor funcional del suelo no urbanizable en torno a las ciudades del país.

Desde su primera definición asociada al suelo rústico a la Ley del suelo de 1956, lo que actualmente en-tendemos por suelo no urbanizable ha ido ampliando sus atributos y contenidos en diferentes momentos

de redefinición de su régimen de uso. No es aho-ra el momento ni tenemos tampoco el espacio para discutir de manera profundizada la evolución de su carácter en términos normativos, pero sí que resulta de interés subrayar que, desde su redefinición a la Ley del suelo de 1975, el suelo no urbanizable siempre se asimiló a aquella porción del suelo que no era urbano ni tampoco urbanizable; aquel suelo que, en aten-ción a protecciones especiales por su valor agrícola o ambiental o, simplemente, por la imposibilidad de urbanizarlo, no era, por lo tanto, susceptible de ser incorporado al proceso de urbanización.

A lo largo del tiempo, ha primado la idea de mantener las condiciones naturales y el carácter propiamente rural con la voluntad de conservación de sus elemen-tos y de limitación de los aprovechamientos más allá de los de tipo agrícola, forestal o paisajístico.9

No obstante, el suelo urbanizable puede ser también objeto de actuaciones específicas para destinarlo a las actividades o a los equipamientos de interés públi-co que se tengan que emplazar en el medio rural y que pueden incluir desde tipos diversos de infraes-tructuras –de accesibilidad, eléctricas, hidráulicas, de saneamiento, tratamiento de residuos o producción de energía– en estaciones de suministro de carburan-te pasando por los usos relativos a las actividades de esparcimiento al aire libre y turismo rural o camping.

Así pues, en el contexto de la urbanización regio-nal dispersa, estas posibilidades de actuación so-bre el suelo no urbanizable han adquirido un papel nada residual durante los últimos años. Tanto es así que se puede argumentar el desarrollo de for-mas de urbanización que poco han tenido que ver con los usos que el espacio urbano acostumbraba tradicionalmente a poner sobre el territorio en momentos anteriores de expansión urbana: no se trata de nueva construcción de vivienda; ni de la localización de implantaciones productivas; ni de ejes terciarios, comerciales, logísticos o culturales. Tampoco hablamos de los elementos constitutivos de la urbanización dispersa que se han explicado en las páginas anteriores.

Estas nuevas formas de urbanización han intercam-biado la naturaleza tradicional del suelo no urba-nizable a partir de cuatro grandes procesos que han caracterizado la evolución de las ciudades y el territorio en Cataluña durante las últimas décadas:

– En primer lugar, una disposición a escala terri-torial de lo que Gabriel Dupuy llamó hace años “el urbanismo de las redes” y que localiza en el suelo no urbanizable nuevos usos como las radioestaciones de telefonía móvil.

– En segundo lugar, una traducción regional de los dispositivos de ocio que, además, mul-tiplican su formato, modalidad y tipología –outlets, paintballs o circuitos de velocidad– paralela a la multiplicación de los entornos que permiten el uso del territorio a tiempo parcial, especialmente durante el fin de se-mana, como pasa con las casas rurales, las

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de los paisajes y su pérdida de singularidad. Es de-cir, aunque pueda parecer una paradoja, tal como explicaba Edward Relph en 1987, el paisaje de la ciudad actual parece construirse a partir de “dis-continuidades repetidas de forma estandarizada”.Es decir, las interrupciones o discontinuidades en el paisaje, derivadas de la extensión dispersa de la ur-banización en el territorio, no solo no aseguran una mayor diversidad sino que, por el contrario, represen-tan, en realidad, su repetición en formatos espaciales fácilmente reproducibles y clonables con absoluta independencia del lugar. Hablaríamos, en palabras de Richard Ingersoll (1999), de una urbanización que se ha extendido sin ritmo ni pausas, bien presente en los nuevos paisajes de alrededores.

En cualquier área urbana, el mismo pulso de la vida, de lo abierto a lo cerrado; de lo construido a lo va-cío; de la ciudad a la no ciudad; del blanco y negro al verde; ha perdido su ritmo. Es cierto que todavía podemos oír la cadencia del tráfico de automóviles, pero en las grandes extensiones extraurbanas... las pausas parecen haber desaparecido.

Este paisaje sin pausas, en el que la discontinuidad tiene una presencia continua, es el que caracteriza hoy las periferias y nuevas áreas urbanizadas en muchos municipios de Cataluña. Territorios que nos muestran un paisaje que, a partir de la repetición, empieza a perder, paradójicamente, su ritmo.

El correlato final con respecto a la percepción de los paisajes urbanos que tenemos es uno muy cla-ro: encontramos cada vez más dificultades para apreciar la identidad propia de los lugares a través de su paisaje. Es decir, en un contexto en el que los paisajes parecen resultar de una operación de copy & paste continua, nos cuesta establecer aquellas diferencias derivadas de una historia o una cultura del lugar. Nos es difícil distinguir esas diferencias que acostumbraban a explicar la diversidad de los paisajes porque estos se muestran a nuestros ojos precisamente más a partir de lo que van adquirien-do de similar y genérico que de lo que mantienen de singular y específico.

En algunos casos, lo que pasa es que el tipo de vida que caracteriza el territorio en lugares diferentes se corresponde en realidad con el denominador común del hecho metropolitano y, por lo tanto, los paisajes traducen un estilo de vida compartido, similar y es-tandarizado al espacio. En otros casos, lo que sucede es que las transformaciones de las ciudades son tan intensas y se desarrollan en tan poco tiempo que el paisaje no deja de representar ninguna permanencia histórica o cultural para parecerse, cada vez más, a una secuencia de panorámicas efímeras que van des-apareciendo, sustituidas por otras de nuevas, exac-tamente como pasa con los objetos y experiencias que consumimos, los cuales, al volverse obsoletos, son compulsivamente reemplazados por otros. Más que escenarios que fijan nuestra identidad en el lugar, convivimos, así pues, con una rotación de imágenes que acompaña nuestra movilidad al territorio y que caracteriza cada vez más el paisaje que habitamos.

granjas educativas o los centros de interpre-tación.

– En tercer lugar, una ampliación sectorial de los servicios y equipamientos comunitarios de carácter tradicional –como centros penitenciarios o plan-tas de tratamiento de residuos– los cuales piden nuevas localizaciones que, gracias a las mejores condiciones de infraestructura y transporte, pueden ser bastante lejanas.

– Finalmente, una redefinición modal del apro-vechamiento de recursos del territorio, que amplía el abanico de implantaciones más allá de las actividades agrarias y extractivas y se re-fiere a sectores como la producción de energía los cuales proponen la construcción de cam-pos eólicos o instalaciones fotovoltaicas.

En resumidas cuentas, considerando todo lo que se ha explicado hasta ahora y como se adelanta-ba anteriormente, se constata una estructura de la urbanización y de los espacios urbanizados en Cataluña ciertamente compleja, bastante alejada de anteriores imágenes más simples caracterizadas por la concentración de la urbanización en unos puntos concretos del territorio y siguiendo pro-cesos tradicionales de expansión urbana. Sin que las ciudades hayan dejado de crecer y conquistar nuevos espacios a su alrededor, al mismo tiempo la urbanización regional dispersa ha representado un replanteamiento del modelo de proceso de urba-nización tradicional a partir, como hemos podido discutir, de tres elementos principales:

– La urbanización del campo y la progresiva hi-bridación y homogeneización de los espacios periurbanos y suburbanos a partir de un gra-diente de urbanización ciertamente variable pero al mismo tiempo común al territorio.

– La consolidación de la dispersión urbana y de los territorios de apoyo de la vivienda de baja densidad en una situación claramente lejana en los centros urbanos de mayor je-rarquía, con formatos territoriales mucho más contundentes y con una huella terri-torial mucho más amplia que en momentos históricos precedentes.

– La puesta en servicio a partir de nuevos usos de franjas de suelo no urbanizable que pre-sentan una estructura igualmente dispersa en el territorio como resultado de la progresiva integración de funciones en la escala del área vasta que forma parte del modelo de la urba-nización regional dispersa.

La urbanalización en las ciudades catalanas: ¿una Cataluña de paisajes copy & paste?

¿Pero cuáles son las consecuencias de todo este proceso de cambio en el territorio con respecto a la cultura de los lugares, con respecto a la expe-riencia urbana y espacial de las personas?Una de las muchas contrapartidas del proceso de urbanización extensiva que ha llevado los usos y actividades urbanos a las fronteras del suelo no urbanizable ha sido la relativa homogeneización

Hablaríamos, por lo tanto, de paisajes en tránsito, de una cadena de imágenes sin lugar reproducidas en régimen de take away. Por mucho que los paisa-jes canónicos y de referencia se mantengan vivos y, por lo tanto, un programa de televisión como “El paisatge favorit de Catalunya” pueda tener éxito e incluso sentido, lo cierto es que aparte de las pos-tales paisajísticas de excepción, la urbanización de las ciudades y el territorio en Cataluña deja en he-rencia el peso de la urbanalización (Muñoz, 2008) de manera clara y tangible.

Sin burbujas: la Cataluña urbanizada ante la crisis

El número de viviendas acabadas en Cataluña entre 2006 y 2010 decreció con respecto al quin-quenio anterior (2000-2005) en toda Cataluña sin excepción. Si en el primer periodo se rebasaron las 160.000 viviendas nuevas, en el quinquenio si-guiente no se llegó a los 140.000.10 Así, se constru-ye un 15% menos en los municipios de las demar-caciones de Girona, Lleida y Tarragona y hasta un 19% menos en el caso de Barcelona. Una bajada en la construcción de viviendas que afecta sobre todo a aquellas tipologías edificatorias más prota-gonistas de los crecimientos anteriores: las casas adosadas, que contabilizan hasta 20.000 unidades menos con respecto a los cinco primeros años de la década, y las viviendas en bloque, que en 2007 se situaban sobre las 30.000 unidades construidas y en 2010 no llegaron a superar el umbral de 8.000.11

El final del ciclo constructivo, expansión que ha dado lugar a muchos de los paisajes de la urbanalización, se corresponde, de esta manera repentina, con el inicio de la actual crisis económica que ha intercambiado en poco más de un quinquenio todas las estadísticas relacionadas con la vivienda y con el sector de la cons-trucción en las ciudades de Cataluña. Del número de hipotecas al volumen de empleados; de las cifras de facturación de inmobiliarias y constructoras a las ra-tios de consumo de cemento hasta no hace mucho exacerbadas; todo un nuevo panorama que todavía hoy intentamos acabar de entender pues propone ciertamente una nueva galería de problemas urbanos y territoriales: la urbanización infrautilizada que se observa en no pocas áreas de actividad económica –los antes llamados polígonos industriales–; la ocupa-ción bajo cero de no pocas promociones de vivienda que exhiben una hipertrofia más que manifiesta; o la anchísima variedad de problemáticas asociadas a la degradación económica y a la vivienda –de la cada vez más evidente pobreza energética a las igualmente graves situaciones de déficit familiar en términos de habitación y alojamiento–, serían únicamente algunos ejemplos.

Como se puede apreciar, un listado bien largo de cuestiones que no invitan a otra cosa que repensar los modelos de urbanización sobre nuevos principios.

La Cataluña del aire acondicionado

En el año 1996, el arquitecto Mario Galdensonas se refería de forma irónica a la dispersión de la urba-

G Cataluña ciudad(es):entre la ciudad total y el campo urbanizadoFrancesc Muñoz

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nización y ponía el acento sobre el estilo de vida de las personas de esta manera:

[...] los que viajan desde los barrios exteriores van de sus casas suburbanas unifamiliares con aire acondicionado, dentro de sus coches con aire acon-dicionado, a sus oficinas con aire acondicionado, y de estas a restaurantes con aire acondicionado, y otra vez en el coche y a casa, desde donde irán a comprar, en los ratos de ocio, en los grandes centros comerciales con aire acondicionado y, de vez en cuando, a los multicines con aire acondi-cionado.

Galdensonas no hablaba entonces de Cataluña en absoluto, lo hacía de las grandes conurbaciones norteamericanas. Allí donde el fenómeno de la ur-banización dispersa se ha ya consolidado como el principal atributo del modelo urbano. Casi veinte años después, no deja de sorprender la familiaridad con la cual podemos leer el itinerario que describe el párrafo y pensar sobre el territorio de las ciuda-des catalanas a partir de idénticas claves.

Durante los últimos treinta años, el proceso de re-calificación y mejora de las ciudades catalanas ha su-gerido y fortalecido la percepción de una Cataluña hecha de ciudades. Este es un patrimonio colectivo que el urbanismo democrático ha ido generando y que hace falta mantener y poner en valor. Al mismo tiempo sin embargo, no es menos verdad que es-tas imágenes han ido acompañadas de la progresiva consolidación de la urbanización regional dispersa que aquí hemos podido explicar con respecto a al-gunas de sus características primordiales. Como se ha dicho al principio, la Cataluña urbana actual, no es solo el resultado de las grandes concentraciones de población en unos puntos concretos del territo-rio, las grandes ciudades. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de un cambio con respecto a las maneras de entender las dinámicas urbanas y, sobre todo, de cómo gestionarlas, orientarlas y planificarlas.

Como se desprende fácilmente de lo que se ha explicado en las páginas anteriores, la demanda retórica de Ildefons Cerdà cuando defendía en-sanchar las ciudades compactas del siglo xix y pedía “rurizad lo urbano, urbanizad lo rural”, se ha hecho realidad en el transcurso del pasado siglo xx y hemos urbanizado, efectivamente, el campo.

La Cataluña de las ciudades convive así pues hoy con esta otra Cataluña del campo urbanizado. Un territorio en el que cada vez más habitantes ni trabajan ni consumen mayoritariamente don-de residen, donde esta movilidad hace que en la hoja de ruta cotidiana no aparezcan únicamen-te los espacios de la ciudad donde se vive sino muchos otros fragmentos de territorio. En este sentido, los accesos por autopista, los peajes, recuerdan cier tamente las antiguas murallas que separaban la ciudad intramuros hace 150 años. Los peajes, con sus barras que se levantan conti-

nuamente, vehículo tras vehículo, establecen, de manera incluso icónica y gestual, el momento en el cual entramos o salimos de la Cataluña - ciu-dad actual, la mayoría de veces desde un interior con aire acondicionado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referencias

1 Tal como se hace evidente al comprobar cómo el parcelario agrícola rodea la infraestructura en los casos de los aero-puertos de Reus, Lleida-Alguaire o Vilobí d’Onyar en Girona.

2 Aun así, estas intensas dinámicas de dispersión de la urbani-zación, tampoco han sido obstáculo para que las ciudades mayores hayan vuelto a ganar población y a experimentar dinámicas urbanas de crecimiento durante la última década del siglo xx y hasta la actual crisis económica. Así, después de décadas de pérdidas acumuladas y de haber inspirado imágenes tan explícitas como la idea del urban decline, las ciudades mayores, sobreexpuestas a tendencias de orden general como las migraciones transnacionales, han podido volver a aumentar el número de sus habitantes al mismo tiempo que se producían, de forma simultánea y paradójica, los procesos de dispersión urbana.

3 Ver Gerard bauer, Jean-Michel roux. La rurbanisation ou la ville éparpillée. París: Éditions du Seuil, 1976.

4 Ver al respecto: Observatorio de la Urbanización. Ob-servatori de la Urbanització. El procés d’urbanització a Catalunya,1985-2005: la producció del territori residencial segons tipologies edificatòries i superfícies construïdes. De-partament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Ca-talunya, 2006.

5 Ver, por ejemplo, Joan López redondo. Les migracions re-sidencials extramunicipals a la regió metropolitana de Bar-celona en el període 2002-2005. Document de treball 29, Barcelona: Institut d’Estudis Territorials, 2007.

6 Ver al respecto Francesc Muñoz. “La producción residencial de baja densidad en la provincia de Barcelona”. A: Francesco indovina (coord.). La ciudad de baja densidad: lógicas, gestión y contención. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2007, p. 51-83.

7 Ver al respecto Francesc Muñoz, 2007, op. cit.

8 Para una visión profundizada de la urbanización dispersa en los municipios medianos y pequeños en relación con cuestiones territoriales y sociales, ver Francesc Muñoz (coord.). Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió. Col. Estudis, Sèrie Territori 9. Barcelo-na: Diputació de Barcelona, 2011.

9 Para una explicación profundizada sobre estos aspectos, ver Francesc Muñoz. “Els estudis d’Impacte i Integració Paisatgística: eina de gestió de les transformacions terri-torials”. A: Jaume buSquetS, Francesc Muñoz (dir.). Guia d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya; Ob-servatori de la Urbanització, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, p.13-21.

10 En el periodo 1985-2005 la media quinquenal había sido de cerca de un cuarto de millón de viviendas nuevas construidas en Cataluña cada cinco años (240.622 vivien-das). Fuente: Observatorio de la Urbanización de la UAB.

11 Fuente: Observatorio de la Urbanización de la UAB.

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otra y algunas veces incluso opuesta. En este marco inestable, nadie ni ningún plan puede estar nunca al día y, como veremos, cada paso que se ha hecho ha sido para esconder más requisitos burocráticos y más trabajos que nada aseguran sobre la bondad de lo que se plantea y aprueba.

En la formulación de las leyes urbanísticas hace falta que, entre su desiderátum y el estado de su práctica, se sea consciente de los esfuerzos que su cumplimiento pedirá, para los cuales se lleven a la práctica y se conviertan en consuetud. No hay nada más grave que las leyes no se sigan. El caso más flagrante, el marco de valoraciones del suelo de la ley de 2007 de la época Zapatero. Ni el mer-cado ni el Gobierno mismo se la creían y seguían fijando los precios conforme a la situación anterior porque con la caída del IBI se les hundía la financia-ción local y el impuesto de plusvalías. No puede ser que la ley sueñe mundos inalcanzables, mientras el día a día va en dirección opuesta. Las leyes muchas veces se promueven para aparentar falsas apertu-ras políticas, como sucedió después del fracaso de las leyes del asociacionismo político y de relaciones laborales, con la aprobación de la ley urbanística de 1975, para aparentar que el antiguo régimen te-nía posibilidades de apertura. Fue el caso de Arias Navarro aprobándola encarnizadamente, mientras que se oponía a ella durante los tres años que fue alcalde de Madrid y un simple diputado a Cortes.

En urbanismo el planteamiento debería estar pre-sidido por los resultados. Si una ciudad que se en-cuentra en un estadio la queremos llevar a otro que consideramos más conveniente y deseable, más importante que el estadio final es el hecho de tener claros los obstáculos que surgirán para con-seguirlo y los pasos y estrategias que tendremos que ejecutar para llegar. En resumen, más impor-tante que el plan es la aceptación de una cultura del plan y una organización social fuerte que se mere-ce la autoridad para hacerlos cumplir, y que conse-cuentemente tiene la capacidad de supeditar los intereses privados a los objetivos públicos de estos planes que tienen que definir el interés general.

El nuevo modelo y su influencia sobre la ley de 1975

Cuando en 1969 después de toda una noche sin dormir, conseguí convencer al subdirector de ur-banismo que se tenía que hacer una nueva ley del suelo porque, con los reglamentos que me pidie-ron que les comentara, no cambiaríamos la juris-prudencia con la que se aplicaba la ley de 1956, ni podrían introducir las figuras de planeamiento o de gestión que eran necesarias, el ministro Mortes creó una ponencia para redactarla, que dirigió Ro-may Beccaria, su artífice. Participé en los aspectos de planeamiento de la ponencia e impliqué Miquel Roca Junyent en los aspectos de gestión. Trasladé la experiencia de cómo se aplicaba el urbanismo de aquella ley en la comisión de urbanismo de la comarca de Barcelona. Ya que en Madrid, el tema urbanístico era para el régimen una cuestión de

del medio rural y que se veía obligada a ocupar ba-rracas de ladrillo y uralita, los terrenos ferroviarios o militares, e incluso, las playas; y 8) finalmente, la tolerancia para desbrozar dentro del bosque pistas para parcelar y vender hasta dos mil “urbanizacio-nes” clandestinas. Para acabar de completar el pa-norama, habría que añadir los centros de interés “turístico nacional” del ministro Fraga que surgían en los lugares más inesperados en función de la fa-milia o la ideología del solicitante.

Todo lo que se veía y lo que no, se encontraba en los planes aprobados, y por lo tanto habría apareci-do en su momento, estaba debidamente aprobado por las comisiones de urbanismo que presidían los gobernadores. Bueno, para ser exactos, menos las urbanizaciones que solo disfrutaban de la aproba-ción municipal, ya que los expedientes se guarda-ban en los cajones de los señores secretarios para que no se los denegaran. El urbanismo se convirtió en la forma indirecta de retribuir a los alcaldes di-gitales. Pocos ejercieron gratuitamente, sin aprove-charse de ello.

Cultura de plan y ley Cuando las cosas no salen bien, la forma habitual de quitarse la responsabilidad es trasladando la cul-pa a las leyes, pero nunca se atribuye a cómo se hacen las cosas. Eso lleva a creerse que lo que se tiene que hacer es redactar y aprobar leyes. Si no haces leyes, no eres nadie. Cataluña hizo leyes urbanísticas en 2002, en 2005, su reglamento en 2006, en 2007, la ley de 2008, en este caso con el pretexto de la adecuación a Cataluña del texto refundido de la ley de la Administración central (sic) y finalmente, después de los problemas de ciertas modificacio-nes de plan que se convirtieron polémicas y del invento de las áreas residenciales estratégicas, la ley de 2010 para hacer creer que la culpa de lo que había pasado era por falta de previsión del marco legal y no de quién tomaba los acuerdos de apro-bación. Y aun en el año 2012, un texto incompren-sible, se supone que con la voluntad de mostrar que aún se podía pulir un poco más la obra de los anteriores tripartitos. En cambio, en los años que iban de 1980 a 2000 solo ajustamos la ley de 1976 tres veces, y en aspectos puntuales de disciplina, de adaptación a la estructura de ciudades de Cataluña y para arreglar el tema de las urbanizaciones.

La mayoría de las veces se promulgan leyes sin evaluar si la sociedad será capaz de hacerlas cum-plir o si dispondrá de los recursos que hacen falta para aplicarlas, y lo más importante, si la comu-nidad será capaz de cambiar su mentalidad y sus comportamientos para adecuarlos al futuro que plantean. Todavía no se ha consolidado una juris-prudencia para el análisis de su casuística, y ya se está imprudentemente cambiando el escenario. En este estado de cosas, los magistrados, en vez de impartir justicia, se ven obligados a hacer arqueo-logía urbanística y sentencian en relación con lo que era vigente cuando se tomaron los acuerdos, sabiendo que muchas veces la situación jurídica es

La evolución del planeamiento en Cataluña Joan Antoni Solans Arquitecto. Presidente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi

El autor ha sido muchos años director general de Urbanismo del Gobierno de la Generalidad. Gran conocedor de todos los rincones del país, hace una mirada retrospectiva y autocrítica sobre cómo se han hecho las cosas desde la perspectiva del planeamiento.

La revisión del urbanismo del anterior régimen

La Transición política no se consiguió a través de una ruptura con la legalidad del régimen dictatorial sino a través de un proceso de reforma. Eso signifi-ca que el planeamiento que daba cobertura jurídica al “urbanismo” que había surgido y heredábamos había causado derechos y solo lo revisaríamos a través de otros planes que anularan los anteriores, con el consiguiente peligro de podernos generar indemnizaciones si lo hacíamos de manera alocada.

Por otro lado, la ciudad es paquidérmica, se mueve muy lentamente, y por lo tanto la pervivencia de aquella fealdad física, manifestación de las tensio-nes con las que se había forjado la anterior ciudad, sería difícil de deshacer de un día para otro, hecho que nos ponía muy nerviosos. Habría que actuar aceleradamente para que la ciudadanía palpara unos cambios radicales en el urbanismo del nuevo sistema democrático.

Los rasgos más preocupantes de aquella situación eran: 1) una falta de respeto hacia la ciudad ante-rior, fuera la de los centros históricos, la del ensan-che, la de los desarrollos suburbanos, o la de las ciudades jardín de los municipios del entorno: una ciudad que nos llegaba completamente apisonada; 2) las densidades inhumanas que quizás complace-rían a algunos que ahora gritan por el retorno de la ciudad compacta, pero en las que solo se tenían que constatar las condiciones de habitabilidad de viviendas para gritar: ¡basta! ; 3) las necesidades co-lectivas que se tendrían que haber trasladado en términos de demanda de equipamientos estaban sin cubrir, empezando por las básicas de la escola-rización elemental; 4) no había ningún tipo de sen-sibilidad para establecer las ciudades en equilibrio con el medio, la naturaleza era ahogada y pisada sin que apareciera ni un triste jardín; 5) a los cons-tructores, no se les exigía que vendieran los pisos con las calles urbanizadas, de manera que la gente para llegar a su casa pisaba barro; 6) las ciudades crecían a partir de extender las viejas calles sobre los campos que lo rodeaban o edificando a lo largo de los antiguos caminos, y en los pocos casos que lo hacían en ciudades satélites o polígonos, valía más no acercarse; 7) no se hacía ninguna previsión sobre las necesidades, que preparara la ciudad que exigía asentar el alud de gente que era expulsada

MIRADA URBANÍSTICAU

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aprobó en el año 1992, con el Real decreto 1/1992. El ideólogo de la ley fue el hoy catedrático de la UNAM, Àngel Menéndez Rexach.

El peligro de la ley residía no solo en la delimitación del marco de competencias, que detraía la com-petencia urbanística exclusiva de las comunidades autónomas amparándose en el carácter básico de la mayoría de sus artículos, sino en la errónea es-peranza de que todos los problemas se resolverían si se impedía la retención de los solares que no se edificaban hasta el máximo de la altura reguladora. Castellón de la Plana, que presentaba un desarrollo de casas de cuerpo estrecho, pero que en aquella época podía edificar hasta nueve plantas, se había de macizar aunque el soleamiento no llegara a las viviendas y los coches rebosaran. Para facilitar la intervención de la Administración a favor de los promotores, la ley permitía disminuir el valor de los solares desde que el plan fuera aprobado si no se edificaban inmediatamente hasta su altura máxima y en el urbanizable desde la inclusión en los progra-mas de actuación. Lo hacía a través de crear una bolsa universal de aprovechamientos urbanísticos, entendidos en términos de valor y no de su edifi-cabilidad y usos, que sobrevolaba la ciudad y que la Administración reapartía de manera igual, a pesar de la complejidad y falta de transparencia que re-presentaba hacerlo con unas ponderaciones entre usos que no podían tener en cuenta su diferente evolución a lo largo del tiempo según cuál fuera el desarrollo económico de la ciudad. La Administra-ción transfería estos aprovechamientos a través de otorgar a los afectados unos proindivisos sobre los solares edificables de otros.

La creencia en la posibilidad de hacerlo residía en la invención de las llamadas transferencias de aprovechamiento (TAU) del inefable y malogrado García Bellido. La falta de relación entre el registro de aprovechamientos y el registro de la propiedad hacía imposible la implementación de la propuesta. Por otro lado, cuando nos encontrábamos recon-duciendo las alturas reguladoras para obtener unas ciudades más agradables, no podía ser que se en-tendieran esas edificabilidades abusivas como la so-lución a la falta de un desarrollo urbano adecuado. Si no hubiéramos reconducido las densidades del plan de 1953, en el que, de acuerdo con sus orde-nanzas de edificación, el potencial de asentamiento era de once millones de habitantes, siguiendo el criterio de Menéndez Rexach, ya no se tenía que hacer nada más en Cataluña ya que, aunque estu-vieran mal colocados, cabían los actuales 7,4 millo-nes de habitantes dentro del área metropolitana y aun unos cuantos más. La ley, además, pretendía favorecer a los promotores de manera que si los propietarios de suelo no edificaban o no lo movi-lizaban, se podían dirigir a la Administración para que les adjudicara los solares en los que estaban interesados a través de un proceso de venta forzo-sa, y adjudicados a precios reducidos por el casti-go de no haberlos edificado hasta el potencial del plan. Eso, a los promotores, ya no les gustaba tanto porque afectaba a su propia cartera de solares. La

gían de una adición de actuaciones, sino de ir por delante de la reserva de los derechos de paso. Por otro lado, esos equipamientos o infraestructuras no se habrían ejecutado; ni tampoco se habrían conseguido si la autoridad de la Generalidad no se hubiera aceptado, hecho que evitó una gran parte de la oposición de las corporaciones a las afeccio-nes sobre sus terrenos.

Eran planes con: a) una política de suelo detrás, tanto de cantidad como de intensidad, y con el Ins-tituto Catalán del Suelo dispuesto a actuar cuando fuera necesario para que el plan se ejecutara, y de esta manera reforzar su autoridad y marcar las nuevas maneras de construir la ciudad; b) una clasi-ficación tajante del suelo que se debía cumplir, libre por lo tanto de indefiniciones debidas a calificacio-nes subjetivas de “no consolidados”, de sucesivas modificaciones de los usos y de las intensidades, o de recalificaciones insospechadas del suelo no urbanizable; c) una construcción de la ciudad por sectores, dentro de los cuales los planes definirían su ordenación física de detalle, y en los huecos del suelo urbano, por la gestión de unas unidades de actuación, delimitados ambos en el planeamiento general; d) una calificación urbanística entendida en términos de proceso más que de usos del suelo o de tipologías arquitectónicas; e) una distinción apofántica entre lo que era público y por lo tanto sujeto a una economía normativa, de lo que era privado y por lo tanto sujeto a una economía de mercado, que en el plan se trasladaba en términos de sistemas y zonas; f ) la introducción de unos es-tándares urbanísticos lineales, de cesión obligada, que iban más allá de la antigua reserva marginal de zona verde; g) unas ordenanzas de edificación defi-nidas de manera diferente de como se había hecho anteriormente, en unos casos, según la alineación en los viales, en otros, según unas ratios relacio-nadas con la parcelación, y en otras, con el perí-metro de su volumen definido de forma específica, aunque con tolerancias y; h) una regulación de la actividad en términos de efectos sobre el medio, en contra de la antigua regulación, según el tipo y la intensidad de las actividades industriales.

El intento de una legislación del suelo socialista y armonizadora

En el año 1985 se designa un nuevo ministro de Obras públicas y Urbanismo. El titular, Javier Sáenz Cosculluela, venía de suceder en el año 1982 a Alfonso Guerra en el cargo de portavoz del gru-po socialista en el Congreso. En el año 1989, en el marco del proceso de armonización autonómi-ca, redacta un proyecto de ley del suelo que en materia de urbanismo fijaba un único marco legal para todo el Estado. Quien en primera instancia lo pedía eran los promotores que no entendían que tuvieran que aprender diecisiete leyes autonómi-cas, cada una con su casuística. El partido socialista, que se encontraba fuerte por la mayoría consegui-da, fue incitado por el vicepresidente para hacer una ley del suelo “socialista”. La refundición con las escurriduras de lo que quedaba de la ley de 1976 se

seguridad de Estado, y por lo tanto, nada tenía que ver con una sociedad abierta, aportaba las correcciones que se tenían que hacer desde el co-nocimiento de lo que pasaba en el sistema urbano más complejo que tenían al alcance, y que había que cambiar para reconducir ese marasmo. Unas conclusiones que, en mi caso, había tenido que for-malizarme, por los trabajos que estaba llevando a cabo para las futuras normas de la revisión del Plan comarcal de 1953, que después fue nombrado Plan general metropolitano.

Los elementos centrales del nuevo planea-miento de los años ochenta

El Plan general metropolitano llegó a hacerse fa-moso por el corte que representó respecto de la anterior práctica urbanística, e influyó en el planea-miento general que se hizo en los años ochenta. No solo en el tipo de normas sino de objetivos: acentuar la reserva en equipamientos y parques que requería cubrir las necesidades de la ciudad he-redada, reducir las edificabilidades de los sectores con densidades abusivas, y borrar en algunos casos desarrollos sin ejecutar. En el caso del Plan general metropolitano, los logrados resultados políticos de la actuación masiva de compra de suelo durante la Transición a Barcelona, se encomendaron al resto del país incentivos desde la Generalidad por la obli-gación de declarar cada año las políticas de suelo que las corporaciones locales hacían con el 5% del presupuesto de urbanismo que la ley les obligaba a invertir en patrimonios públicos de suelo.

Fue ese conjunto de medidas y no otro el que está en la base de la recuperación urbanística efectuada en el conjunto de Cataluña y sus resultados fueron mani-fiestamente elogiados en todos los foros calificados de la época. Ahora convendría reflexionar si, sin reconducir previamente las densidades, hubiéra-mos conseguido la calidad de las actuaciones que se siguieron, si se hubieran abierto los sistemas urbanos en la nueva escala territorial exigida y si se hubiera borrado la grave dicotomía que presen-taban todos los sistemas urbanos entre un centro denso, falto de estructura o con muy poca, y unas periferias suburbiales que los rodeaban.

Todo el mundo reconoce que hay un antes y un después del Plan general metropolitano. ¡Cuán-tas palabras del actual argot urbanístico, ahora de normal utilización, no existían antes del plan! So-lamente cuando se releen los textos de los viejos planes y sus ordenanzas se comprende el alcance del cambio y se verifica cómo de radicales fuimos sin querer. Si el nuevo léxico se ha incorporado a la práctica diaria es porque los cambios no respon-dían a una moda o a locuciones del momento, sino a la necesidad de expresar nuevos conceptos. El plan incidirá decididamente en una nueva práctica administrativa del urbanismo. Buscábamos un pla-neamiento general que aparte de dar respuesta a las demandas locales, fijara la consecución de unos objetivos globales para todo el sistema urbano en el cual se incardinaba. Unos objetivos que no sur-

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y que encontró la compensación correspondiente cuando lo designaron acto seguido presidente del Tribunal Constitucional (2001), hecho que le per-mitió teorizar sobre las fuentes de colores de su reino de Granada en relación con la cultura de los bárbaros del norte. La estrategia del Decreto legis-lativo 1/1990 garantizó la estabilidad que nos era imprescindible para recuperar nuestras ciudades y el sistema industrial y mostró una vez más que una cosa es hacer leyes y otra bien distinta y más difícil, aplicar una cultura de plan y, en concreto, que todo el mundo la lleve a la práctica, agentes privados y corporaciones públicas.

La Ley 6/1998. La irrupción del suelo no urbanizable

La sentencia del Constitucional dejó el urbanismo del Estado en crisis. Para los socialistas la solución de repuesto era el pésimo texto de la ley de la Comunidad Valenciana que se redactó con la fi-nalidad de no tener que aplicar la Ley 6/1990 en su territorio, para no perjudicar a los terratenien-tes del naranjo. La pérdida de valor que sufrirían si aguantaban las naranjas en vez de sustituirlas por las casas que se habían pintado sobre sus campos (Gerardo Roger, Ley 6/1994). Aquella ley dejaba el arbitraje del urbanismo en manos del promotor, que a través de una transferencia de aprovecha-miento se quedaba con las primeras líneas de costa edificadas con pequeñas casas que incumplían los grandes bloques de los planes que se aprobaban encima de ellas Un hecho que, por el escándalo de sus efectos, obligó a actuar a la Comunidad Euro-pea. Las veces que oí decir que esa era la solución del problema, intervine cerca de Luciano Parejo, en aquel momento director del Instituto de Estudios Locales, y de Cristina Narbona, explicándoles por qué aquella nunca podría ser la salida al problema. Quien quedó satisfecho con la ley fue Zaplana, que la aplicó con convicción cuando cayó Lerma.

A mediados de los noventa, la mejora de la econo-mía ocasionó que los precios del suelo empezaran a escalar. Para la derecha española la solución era la liberalización del suelo. Solución que desde el Tribunal de Defensa de la Competencia vehicula-ba también curiosamente Miguel Ángel Fernán-dez Ordóñez (1992). Pero lo era también para el presidente del Ecofin Pedro Solbes (1995), que desde Bruselas nos iba enviando funcionarios para informarle de lo que hacíamos en esta materia. Se marchaban sorprendidos del suelo que urbanizá-bamos, de los precios con los que lo poníamos al mercado y del hecho de que un 50% lo dedicá-ramos a vivienda social. Apunto al hecho de que en Castilla quizás el tema es diferente ya que el páramo allí es amplio y devaluado, y las posesiones, los fundos inmensos, pero en el resto, al menos en el Mediterráneo, en el Cantábrico y en Galicia, los problemas centrales eran otros. Por un lado, lo que los ingleses llaman land assembling y por el otro, por el gran número de propietarios, el arbitraje; y estas dos funciones indeclinables hace falta que las haga la Administración pública, ya sea la local

encarar la futura situación, el ministro creó una comisión de expertos en suelo para encontrar las futuras líneas de actuación del Estado. No sé si por los méritos de la obra hecha con el Instituto Ca-talán del Suelo o por las actuaciones legislativas, me designaron para ella. Además de un equipo interno de apoyo, la comisión estaba formada por diferentes profesionales entre los cuales había juris-tas, economistas, arquitectos y magistrados y nos congregaron para que emitiéramos una opinión. Se me asignó un capítulo para debatir después en comisión y todo acabó en un informe. Ya que el tribunal no acababa de resolver me pareció que si el Gobierno sacaba una nueva ley antes que re-solviera y además esta era aceptada en Cataluña, evitaríamos los problemas que se derivarían para los municipios del resto del Estado que la estaban aplicando. Bloqueando que hablara el Tribunal, no se iría todo al carajo, como le pasó al Ayuntamien-to de Lleida con el exceso que tuvo que devolver por el hecho de haber aplicado el 15% de cesiones. Preparamos un borrador de ley de alcance estatal con Xavier Montoro que entregamos al director general de Urbanismo, Borja Carreras Moysi, y a la secretaria de Vivienda, Cristina Narbona, para que lo hicieran llegar al ministro. Tuvimos dos re-uniones de trabajo de carácter interno ya que no querían que se pudiera saber que colaborábamos con el tema, pero los incidentes que llevaron a la dimisión del consejero Roma abortaron el proceso y, por lo tanto, que hubiera una nueva ley antes de que resolviera el alto Tribunal.

El Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 61/1997 de 20 de marzo de 1997, derogaría casi totalmente la Ley 1990/92. Los recursos presen-tados por muchas comunidades autónomas, pero fundamentalmente la nuestra, fueron recogidos y la sentencia distinguió lo que se entendía por competencias del Estado, de lo que era materia de legislación urbanística que correspondía exclusiva-mente a las comunidades autónomas. Al Estado, le reconocía competencias únicamente para determi-nar los derechos y deberes básicos, sin entrar en el detalle de las técnicas de planeamiento urbanístico.

El Estado infringía el artículo 148.3 de la Consti-tución: “Competencias de las comunidades autó-nomas. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Aunque el ponente, el magistrado García Romano, se cogió a este título competencial para basar su argumento, la sensación que tuvimos es que la sentencia era la manera que tenía el Esta-do de impedir que prosperara lo que consideraba que constituía un ataque a la propiedad urbana, y a unos mecanismos operativos de imposible aplica-ción. Derogada la anterior legislación, al Gobierno no le quedaba otra solución que volver a legislar y, ahora, ceñido a los criterios de la sentencia. Un gran triunfo político y al mismo tiempo el aval a ha-ber aprobado el Decreto legislativo 1/1990, ya que nos evitó la crisis que originó a las otras comunida-des autónomas. Hubo un voto particular del magis-trado Jiménez de Parga que consideró que la sen-tencia constituía un ataque a la unidad de España

utopía de la ley recaía en creerse que era factible igualar los diferentes valores del suelo urbano de la ciudad capitalista. Además, la cesión del aprove-chamiento medio, para facilitar la construcción de los sistemas generales y de las políticas de vivienda aumentaba hasta un 15% en vez del 10% y liberaba a la Administración de cargar con la urbanización de su aprovechamiento. Recuerdo a Joan Raventós, entonces senador, diciéndome que los que hemos mantenido la finca de la calle de Anglí sin especular, ¡ahora resulta que somos los incívicos que no po-demos mantener a la familia en casa!

Ante este anteproyecto de ley, en la dirección ge-neral consideramos que lo que el país necesitaba era por encima de todo estabilidad y evitar las in-cógnitas irresueltas de las nuevas propuestas para no afectar a la recuperación del país a través de los nuevos planes generales en redacción o aprobados, de la incipiente recuperación del sector de la cons-trucción que había sido devastado por la crisis de 1974, y sobre todo seguir el desarrollo industrial que habíamos sido capaces de arrancar. Toda la gestión que hacíamos se alteraría y todos los planes en redacción y aprobados puestos en crisis, con el inconveniente de que si el Tribunal Constitucional nos daba posteriormente la razón, sería tiempo perdido y la obligación de volver a empezar des-de cero. Hay que señalar que las transferencias de aprovechamiento de los planes de Irún y de Elda se acababan de girar por los tribunales, y el tema de la igualdad de valor del suelo urbano, no se tenía que ser demasiado listo para ver que ni el partido comunista lo había resuelto en Moscú.

Aquí a través de la ley del Parlamento, habíamos clarificado que las cesiones se harían en términos de techo para evitar las extorsiones que se hacía a los particulares si se tomaba el aprovechamiento en términos de valor y sin que aquellos dispusieran de un procedimiento externo donde argüir que los valores que se les pedían no se correspondían con los del mercado. Habíamos clarificado que las cesiones en Cataluña eran iguales dentro de cada sector y de cada unidad de actuación, pero no sobre todo el suelo urbanizable de los diferentes sectores del plan. Por lo tanto, quien tenía más aprovechamiento cedía más y quien tenía menos, menos, pero todos en igual proporción, y sin obli-gar a equiparar los aprovechamientos de los sec-tores dentro del mismo cuadrienio de Montgat a Castelldefels, ya que era imposible llevarlo a la práctica. Por lo tanto, con el Decreto legislativo 1/1990 del Parlamento, blindamos el marco legal que surgía de la codificación del estatal con las mo-dificaciones de las tres leyes urbanísticas aprobadas por el Parlamento, a la vez que presentábamos re-curso al Tribunal Constitucional.

La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional

La sustitución del ministro Sáenz Cosculluela por Josep Borrell dio a entender que la ley no anda-ba bien dentro del Tribunal Constitucional. Para

U La evolución del planeamiento en CataluñaJoan Antoni Solans

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o subsidiariamente la regional si los municipios no se ven con ánimos por falta de capacidad o por falta de independencia por la proximidad de los te-rratenientes; más esta gestión siempre supeditada al cumplimiento del planeamiento aprobado. Bajo la pretendida excusa de facilitar la gestión, no vale comprometer los objetivos públicos a los intereses de los promotores, y cada lunes por la mañana mo-dificar los planes para que puedan hacer “su cosa”.

El Madrid del Partido Popular da un mal ejemplo. De forma expeditiva dedicará un 50% de las vi-viendas de los nuevos sectores a viviendas de pro-tección oficial y lo hará doblando el techo máximo de la ley. Donde esta habla de 75 viviendas por hectárea y por lo tanto sobre los 100 m2 brutos por vivienda, de una edificabilidad bruta máxima de 0,75 m2st/m, aplicarán edificabilidades brutas de 1,5 m2st/m, pero eso sí, con un 50% muy social. “Si no me quitan edificabilidad, sino que me la do-blan sin tener que pagar, seré muy social”. Así, en la ciudad le saldrán los Sanchinarro o Valdebebas. Lo que era ejemplar era lo que hacía el Instituto Catalán del Suelo, que también dedicaba el 50% a viviendas de protección, pero con coeficientes de edificabilidad brutos entre los 0,35 y los 0,75 m2st/m, según cuáles fueran las intensidades y al-turas de edificación de nuestros municipios, y todo hecho sin alterar en ningún caso las densidades fija-das en el plan general.

Este 50% de viviendas de protección oficial conse-guidas a la madrileña, deslumbraron a la izquierda española y tuvieron un efecto perverso en el pla-neamiento. Aunque no tenga el apoyo de la econo-mía y de la demografía, emitimos moneda falsa ha-ciendo funcionar la máquina de las recalificaciones. La izquierda, bajo el pretexto de la ciudad compac-ta, se sumará a la falacia para entender que mien-tras aplique el principio constitucional de “la afec-ción de las plusvalías”, ya ha cumplido, y además se da cuenta de que cuanto más altas sean aquellas, más ingresarán a nuestras corporaciones locales y más cosas podrán hacer. La veda de la creación ar-tificial de plusvalías se ha levantado. Para algunos, para hacer vivienda social todo vale: aumentar el techo de los planes, saltarse el tope del metro cua-drado por metro cuadrado o de las cien viviendas por hectárea de la ley de 2002, aunque hayamos de llamar “suelo urbano no consolidado” a los suelos sin urbanizar, ya que el suelo urbano no tiene tope, o llamar “viviendas dotacionales” a los terrenos ce-didos gratuitamente por dotaciones, o bien, ya que haremos viviendas de 40 m2 (30 m2 según la mi-nistra Trujillo) para los jóvenes, o sociales de 70 m2 sin alterar la edificabilidad, diremos que la vivienda social no tiene que respetar las densidades no fi-jadas por el plan ni las reservas para dotaciones y zonas verdes. El juego cogerá más vuelo cuando con el tema de las ponderaciones entre el valor de la vivienda libre que se ha puesto por las nubes y la vivienda social, el porcentaje de cesión en términos de “valor” del 10% y después del 15%, obligue al municipio a ceder, dado el alto precio de vivienda libre, hasta el 40% del techo del plan, cuando “des-

enredemos” en términos de techo la cesión que nos tienen que hacer en términos de valor.

Cuando en el año 1996 el Partido Popular llega al poder, tiene que legislar sobre el suelo y hacerlo además bajo los criterios y el margen de maniobra que le ha fijado el Tribunal mediante la sentencia de 1997. Aunque su voluntad hubiera sido la to-tal liberalización del suelo y esta era la música que defendía en público y por lo tanto iba legitimando los que la practicaban, no es el contenido de la Ley 6/1998 lo que lo legitima. Las enmiendas de Mino-ria Catalana y del Partido Nacionalista Vasco no lo permitieron y por lo tanto, no es cierto lo que constantemente se ha dicho, que los daños derivan de esa ley. No, y tan cierto como lo que Ortiz, ministro de Obras públicas y Urbanismo, me lanzó cuando vio lo que se le imponía en el artículo 9.2.a:

Que el planeamiento general considera necesario preservar por los valores a que se ha hecho refe-rencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

Joaquim Molins me hizo llevar la discusión de las enmiendas al Congreso: “cuando tengamos la ma-yoría, ya lo cambiaremos”. Cosa que ocurrió un 23 de junio del año 2000 mediante el Decreto ley 4/2000 (ministro Álvarez Cascos), y fue entre otras, una de las razones por las que dejé el car-go de director general de Urbanismo. Sin mayoría, Convergencia no podía llevar aquel Decreto ley al Tribunal Constitucional, ya que no hubiera aproba-do los presupuestos de los años 2001, 2002 y 2003 aunque después se viera obligada a manifestar su divorcio ante notario.

Los planes urbanísticos pasan a los medioambientalistas. La ley de 2005

El tripartito de izquierda legisló en materia urbanís-tica en julio de 2005. Aunque apuntaban al interés de la ley por el peso que daba a la participación ciudadana, los consejos asesores en la redacción de los planes, o a la previsión de solares para vi-vienda protegida y en la nueva figura de la llamada vivienda dotacional, de la que habría mucho que hablar, el cambio fundamental fue lo que provocó a la ley la incorporación de la palabra sostenibilidad. Un concepto genérico que nunca se ha concretado y seguramente por eso Francia habla de desarro-llo duradero (durable), expresión que tiene otro significado. A la ley, el concepto de desarrollo sos-tenible entra como una herramienta de discrecio-nalidad para supeditar el planeamiento urbanístico al “uso racional del medio y del territorio”, hecho que permite aunar las necesidades de crecimiento con las de preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, histó-ricos y culturales. Visto que define el suelo como un recurso limitado, todo tiene que venir presidido por un modelo de territorio globalmente eficiente, entendido bajo el criterio de la huella mínima de los ecologistas (the minimum footprint) y serán estos los valedores de su cumplimiento y los que decidi-

rán qué se puede hacer urbanísticamente en cada caso, aunque en un principio no sean conocedores ni de las necesidades urbanas (de equipamientos, de viviendas, de puestos de trabajo, etcétera) ni del arte y la ciencia de cómo establecer las ciuda-des. Del concepto de desarrollo sostenible la ley pasa directamente al concepto de sostenibilidad ambiental como si se tratara de una misma cosa.

La supeditación de los planes al desarrollo soste-nible, la utilizará la ley para alterar el derecho de los propietarios a la transformación del suelo ur-banizable que había introducido la Ley 6/1998, y en especial de dicho suelo urbanizable, no delimitado, en el que las condiciones para que se desarrollaran eran las que fijaran las corporaciones locales para asegurar la conectividad a las redes de servicios, y no “si a la Generalidad le apetece que se desarro-lle”. La ley catalana no podía hacer lo que hacía, ya que hasta la entrada en vigor de la ley estatal de 2007, el marco básico en esta materia era el de la Ley 6/1998, y el ulterior Real decreto ley 4/2000, pero se escribió y aplicó que el suelo urbanizable no delimitado pudiera mantenerse en el régimen del suelo no urbanizable, aunque en primera ins-tancia eso parezca una contradicción, por la apli-cación retroactiva de los principios de desarrollo sostenible. Conviene recordar que si la ley estatal había suprimido los conceptos de urbanizable pro-gramado y no programado, era para impedir que en el caso del no programado se extorsionara a los particulares a través de la figura del concurso. Esta es la razón que está en la base, por la cual la Corporación Metropolitana desprogramó todo el suelo urbanizable del Plan general metropolitano en el programa de actuación urbanística de 1988 (Mercè Sala), y sin posibilidad de una corrección ul-terior en futuros cuadrienios cuando se extinguiera el organismo. Recordemos que se exoneraba del concurso a través de llamar el sector de gestión pública, según lo que “dieran” en el consistorio en dinero, equipamientos, servicios y obras de urbani-zación y a veces otras cosas.

Pero el cambio fundamental sucederá con el re-glamento cuando regule el informe medioambien-tal y los supuestos por los cuales es preceptiva la evaluación de impacto ambiental. Como obligará a los planes para que contengan las determinaciones adecuadas para hacer efectivas las medidas que re-quiere la declaración de impacto ambiental (artículo 83.6). Quien certifica que se observa el objetivo del desarrollo urbanístico sostenible, el cumplimiento de los artículos 3 y 9 de la ley, es el Departamento de Medio Ambiente, que en cada caso señala cómo se ha de tramitar el informe de sostenibilidad ambien-tal y quién impondrá las condiciones para que el plan se pueda aprobar provisionalmente, antes que lo haga la corporación.

Según el reglamento, el órgano ambiental es quien establece en el llamado documento de referencia, el grado de especificación que tiene que conte-ner el informe de sostenibilidad ambiental y eso, además de los aspectos relativos a la calidad del

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misiones territoriales de urbanismo no aprueban y los dos están supeditados a los órganos ambien-tales. Para que capten el tenor de sus propuestas, en el Plan general que redacté para Sant Sadurní d’Anoia informaron que para evitar la fragmentación del suelo rural que causaban las instalaciones de Co-dorniu, estas se trasladaran a un sector urbanizable que el plan proponía para reestructurar las bodegas de crianza del suelo urbano. Sin comentarios. Los que informaban desconocían los edificios de Puig i Cadafalch, que la familia estaba allí desde el siglo xvi y supongo que tampoco conocían las grandes dimensiones de esa bodega.

Las nuevas leyes urbanísticas socialistas. Las leyes de 2007 y 2008

El 28 de mayo de 2007 vio la luz la nueva ley del suelo de la Administración, una ley urbanística y, por lo tanto, no centrada en los aspectos de ré-gimen del suelo y valoración que eran los que el Constitucional le permitía. La ley, redactada bajo la influencia de Gerardo Roger, el redactor de la ley valenciana, y de Josep Roca Cladera, del Centro de Política de Suelo y Valoraciones, fue más maxima-lista que la ley de 1990, al criterio de “la previsión de edificabilidad por la ordenación urbanística, no se integra por sí misma, en el contenido del dere-cho de propiedad del suelo.” (artículo 7.2). El suelo solo tiene dos estadios: o ser rural, para plantar coles, o ser urbanizado cuando se ha construido agotando el aprovechamiento otorgado después de un largo proceso. Un suelo al que, para evitar las connotaciones legales del término urbano, se llama urbanizado, aunque eso nunca pueda referirse a lo que en los diccionarios de la Real Academia se en-tiende por urbano. La ley se atreve a alterar incluso las acepciones de la lengua española. Cuando uno esperaba que este cambio trascendental alteraría la legislación urbanística catalana y que los nuevos planes que se redactarían a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del Estado solo llevarían sue-los rurales y urbanizados, resulta que el Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre, que muestra la volun-tad total de aceptar la imposición estatal, mantiene el suelo no urbanizable, el urbanizable delimitado y no delimitado, y el suelo urbano. Solo en una disposición adicional decimoquinta que hace refe-rencia a las llamadas situaciones básicas del suelo, y exclusivamente a los efectos de la aplicación de la Ley estatal 8/2007, y de los derechos y deberes de los titulares del suelo, operan aquellas catego-rías de suelo rural y suelo urbanizado. La ley vuelve al concepto que el incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación permite para ella misma: la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, o caer en el régimen de venta forzosa.

Pero lo más grave es que el Gobierno de la Ge-neralidad no defienda el marco competencial en aspectos que, como los de la disposición adicio-nal octava, sobre la participación del Estado en la ordenación territorial y urbanística, disponen: “La Administración General del Estado podrá partici-

ambiente atmosférico, la contaminación acústica y luminosa y el tratamiento, si procede, de los suelos contaminados y del tratamiento de aguas, aunque en la mayoría de los casos estos aspectos sean ex-ternalidades y costes sociales agregados al sistema que una corporación o el promotor de un ámbito no pueden resolver por ellos mismos por el he-cho de depender de fuentes exteriores (artículo 100.2). Es la autoridad ambiental la que fija el al-cance del informe de sostenibilidad ambiental y los criterios, objetivos y principios ambientales aplica-bles, y quien identifica las administraciones públicas afectadas y el público interesado al cual se tiene que dar trámite.

El tema más grave proviene del equívoco de en-tender el plan como si se tratara de un proyecto en el que caben alternativas (artículo 100.1.b) para resolver un problema conforme a diferentes dis-posiciones, técnicas y materiales. El plan, como el nombre indica, no es un proyecto, sino un proceso de diagnosis del estado de un sistema complejo en el que no hay ni un ideal óptimo ni soluciones sino la prescripción de medidas en el marco de un proceso normativo supeditado al interés general histórico de cada momento y este, además, no solo local sino también del país y que en el marco de un proceso político tiene que ser aceptado porque es la garantía de asunción para la comunidad que ese poder político representa. El invento de la alter-nativa cero que últimamente se han sacado de la manga para evitar el empate de los propietarios a los que beneficia la alternativa A, y los propietarios de la alternativa B, ya se ve que carece de todo tipo de sentido. Puede tener sentido en el estudio de impacto ambiental de un proyecto de urbanización o de una obra pública pero no se tendría que ex-trapolar a los planes.

Pero el tema crucial es que la propuesta de me-moria ambiental, que sigue en el informe de sos-tenibilidad, junto con el resto de documentos del plan que tienen que ser objeto de la aprobación provisional, es resuelta por el órgano ambiental. Cuándo el órgano ambiental no está conforme con la memoria, señala los aspectos que tienen que ser enmendados, completados o ampliados y tiene que dar la conformidad a la memoria ambiental en-mendada. Sin este trámite el Ayuntamiento no la puede aprobar y en el trámite, en caso de no haber acuerdo en el “trágala” no hay capacidad para ir a los tribunales contenciosos para dirimir quién tiene razón. El plan, después de tantos esfuerzos y gas-tos, queda en vía muerta. La Comisión Territorial de Urbanismo tampoco puede hacer de mediado-ra a pesar de su constitución pluridisciplinar ya que como dice el artículo 115.e, el órgano competente para la aprobación definitiva del plan tiene que to-mar en consideración el informe de sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental para adoptar lo que corresponda y esta toma en consideración se ha de hacer constar en el acuerdo de aprobación definitiva mediante una declaración, con el conte-nido que fija la ley.En síntesis, los ayuntamientos no planean y las co-

par en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legis-lación en la materia”. ¡Triste partido! , después de haber ganado el match con la sentencia de 1997.

Los aspectos radicales de la ley se encuentran en el hecho de que la iniciativa de promover la detrae de aquellos que han hecho el esfuerzo de adqui-rir el suelo para transformarlo, y lo vuelve a dar al promotor y sobre todo en cómo determina que el suelo no vale nada aunque esté calificado. Mientras la legislación española desde 1975 había impedido la formación de valores expectantes en el suelo, en el sentido marshalliano del término, había con-siderado algunos de urbanísticos residuales, no de comerciales, según el estadio de definición del pla-neamiento, de la distribución de beneficios y car-gas, de la ejecución de la obra urbanizadora y de la edificación, pero siempre a partir de su clasificación y calificación, cómo hacía la Ley 6/1998. La nueva ley solo lo da al suelo urbano completamente edi-ficado y urbanizado. Los otros valores son indem-nizaciones que se añaden al valor del suelo rural valorado más o menos, en función de la capitali-zación de su renta productiva y que dependen del hecho de que se trate de indemnizar: la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización, de urbanización o de edificación, o que se esté en la fase de equidistribución de beneficios y cargas.

Cuando de resultas de la ley, todo el mundo es-peraba el subsiguiente descalabro en los valores fiscales para hacerlos concordantes con los urba-nísticos y expropiatorios, y en la valoración de los patrimonios de las inmobiliarias y de las empresas participadas por los bancos, una orden del ministro Solbes impidió que cayera la financiación local y que la contabilidad empresarial tuviera que ajustar los stocks a los que fijaba la ley. Los altos valores que las empresas habían pagado por el suelo en el momento más álgido en el que se encontraba la formación de la burbuja inmobiliaria no tienen nada que ver con los que fija la ley estatal. Una escalada de precios que en las ciudades medianas catalanas había significado pasar en sus mejores zo-nas residenciales de 25.000 pesetas de repercusión el metro cuadrado en el año 2002, a las 60.000 en 2005, hasta tocar las 125.000 al cabo de dos años (dicho en pesetas).

Pero si este aspecto ya es bastante grave, lo más grave es lo que dispone para el planeamiento. La gravedad proviene de la propia concepción espe-culativa que incorpora la ley, según la cual llevados por las actuaciones de urbanización a las cuales se permite la recalificación del suelo no urbani-zable o las de transformación urbana y dotación, en las que se consideran normales los aumentos de edificabilidad o densidad o los cambios de uso (lo más habitual, de industrial a residencial), para que el país no se convierta todavía más en Jauja, se saca de la manga una disposición transitoria cuarta, llamada curiosamente “Criterios mínimos de sos-tenibilidad”, cuya finalidad es limitar la confusión urbanística pero que por pasiva muestra la falsa

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tenían que localizar esas 105 intervenciones, deci-didas de antemano como demuestran las fechas de los dos concursos del Instituto Catalán del Suelo para reclutar a los profesionales que los tenían que redactar.

Este comportamiento pone en crisis todo el pla-neamiento general, los POUM que se habían aprobado desde la entrada en vigor de la ley de 2002-2005, ya que evidencia que se aprobaron sin tener en cuenta las necesidades reales de suelo de los municipios porque, si se hubieran contemplado con una simple declaración de sector de urbaniza-ción prioritaria, el tema estaba al cabo de la calle. Cuando por encima de la iniciativa local es la Admi-nistración de la Generalidad la que impone los ám-bitos aparte de mostrar que se tiene que crecer al margen del planeamiento, es el propio principio de la autonomía local el que queda tocado de muerte. Y el gusto por el nuevo camino es tal que en la ley de 2010, además de las áreas residenciales estraté-gicas apareció otro “invento” que llamaron “actua-ciones de interés supramunicipal”, que sirven para que la Generalidad actúe donde quiera, al margen de las directrices de los propios planes territoriales que ella misma ha redactado y aprobado.

El sueño de toda la vida de nuestros promotores, es decir, que les dejen comprar suelo no urbaniza-ble para recalificarlo, que en aquello sí que hay ne-gocio y los márgenes les reducen el riesgo, resulta que ahora coincide con el sueño de la Generalidad. Una situación muy curiosa, proveniente además de gobiernos que se llaman de izquierda de veras. El planeamiento se pone en crisis en los propios huesos y en ojos de todo el mundo pierde la poca credibilidad que le quedaba, y eso a pesar del lema crucial de la ley: “los planes obligan de la misma ma-nera a los particulares que a la Administración” . Si decimos que el suelo no es urbanizable ya no quie-re decir lo que aquella negativa absoluta de 1975 indicaba: que no puede edificarse ni urbanizarse a lo largo de toda la vigencia del plan, que es “eterna” indefinida. Si el plan no se revisa, en los términos en los que la revisión del plan estaba contemplada en la ley de 1975, se derivan dos hechos graves: por un lado, la Administración no podrá realizar la nor-malización del precio de las áreas según usos, que tendría que ser su función primordial en la ciudad capitalista, y por otro, la presión urbanizadora la estamos trasladando paradójicamente sobre todo el suelo no urbanizable a la espera de que, a tra-vés de estos desdichados convenios urbanísticos de planeamiento, que se tendrían que considerar inconstitucionales, o de presentes físicos o econó-micos para el municipio, o vaya usted a saber para qué y quién, la corporación entre en recalificacio-nes al margen del plan.

La arbitrariedad introducida lleva como reacción tener que llenar el territorio de planes territoriales parciales y de todo tipo de figuras medioambienta-les que pretenden asegurar la protección del suelo no urbanizable. Unos planes territoriales que, ex-tralimitándose de su naturaleza de concertar directri-

tiempo, además de un cobijo más digno, un sentido más amplio de comunidad.

Por eso, cuando por demandas de distribución del poder dentro de un mismo gobierno, hemos con-templado cómo la vivienda quedaba en manos de un partido y las políticas de suelo en las de otro, la conclusión inmediata es que en temas de vivienda no saldrían adelante por más que sus responsables radicalizaran las propuestas y los problemas que se derivarían de ello serían graves por la rivalidad creada. No entro a evaluar los efectos que eso ha tenido en materia legislativa, de los cuales el más claro es la figura de los planes locales de vivienda compitiendo contra los urbanísticos, y lo más gra-ve es que eso ha devaluado la propia esencia del planeamiento.

Cuando se ha responsabilizado al partido que se encargaba del suelo del fracaso de las políticas de vivienda, a este no le ha quedado más remedio que lanzarse por la ventana. Con eso, aparte de mostrar que el Instituto Catalán del Suelo no había hecho los deberes que hacían falta en los grandes sistemas urbanos para disponer de solares adecua-dos cuando vieron que el precio subía, todavía hace menos explicable qué se le había perdido a aquella institución haciendo inmensas actuaciones indus-triales en La Fatarella o en Tivissa. La delimitación manu militari de 105 ámbitos residenciales, que pa-san olímpicamente de los planes urbanísticos apro-bados y de la aquiescencia municipal previa (no valen los ulteriores consorcios), ya se veía que a pesar de los trámites excepcionales, no afloraría el suelo urbanizado que los compañeros pedían y que encima esperaban que ejecutarían unos privados. A la vista del panorama que no habían domado, ya se veía que las cartas no les cuadraban. El desafío estaba provocado por el hecho de haberse fijado el objetivo de 160.000 viviendas sociales, a cons-truir en diez años, que habían conseguido que les firmara casi todo el mundo, en el marco del Pacto nacional para la vivienda. Y eso lo hacemos cuan-do España está construyendo más viviendas que Alemania y Francia juntas a pesar de tener menos habitantes que cualquiera de ellas.

Unos solares que existirían sobre el papel, por-que ya se constataba entonces que no habría ni los recursos públicos ni los privados para llevarlo a cabo. El indicador más claro era que tenían sue-lo calificado para 125.000 viviendas sociales en el planeamiento parcial aprobado y no salían. Cuando la burbuja todavía no había estallado, lo que tenían que preguntarse era por qué no podían insistir en aquel camino y encima a través de unos ámbitos más penalizados en sus cargas urbanísticas para contrarrestar la mala conciencia de cómo se habían calificado y para hacerlos más atractivos a los ayun-tamientos. Lo más grave es que aquellos planes parciales acompañados de sus respectivos proyec-tos de urbanización nos costaron 27 millones de euros que no se aprovecharán y los justificaron con unos planes directores falseados que se focalizaron a hacer ver que de ellos se desprendería dónde se

moral bajo la que ha sido concebida la ley. Dice que si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, la legislación urbanística no regula los límites de las recalificaciones que la ley llama “actuaciones de urbanización”, que por su volumen tendrían que obligar a revisar el planeamiento general, esta se tiene que hacer cuando las intervenciones hechas en los dos últimos años representen un aumento de la población o del suelo urbanizado del munici-pio en más del 20% del que tenía dos años antes. Cuando se esperaba que el tripartito tendría una actuación más seria y eso no lo recogería porque en Cataluña ya no haría falta, puesto que se sería más estricto en el desarrollo de los planes, resulta que en su ley de 2007 añade al artículo 93 un pá-rrafo quinto que dice:

5. En todo caso, constituye revisión del planea-miento general la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica o del modelo de ordenación o de clasificación del suelo preestablecidos, y también la alteración del planeamiento general vigente que consiste en la modificación de la clasificación del suelo no urba-nizable y que conlleva, por sí misma o conjunta-mente con las modificaciones aprobadas en los tres años anteriores, un incremento superior al 20% de la suma de la superficie del suelo clasi-ficado por el planeamiento general como suelo urbano y del clasificado como suelo urbanizable que ya disponga de las obras de urbanización ejecutadas.

Dicho gráficamente para que todo el mundo lo entienda, Barcelona, que tiene un suelo urbano y urbanizado de 6.500 ha, puede urbanizar y edificar hasta 1.300 ha del Tibidabo sin que tenga que re-visar el Plan general metropolitano. Supongo que esto explica que lleve aprobado treinta y ocho años y nadie haya echado de menos lo que decía la ley de la obligación de revisarlo a los doce años desde su aprobación. ¡Magnífico! Premio. I así nos ha ido.

La crisis del plan de la vivienda, las áreas residenciales estratégicas (ARE) y el de-rrumbamiento del planeamiento general

Siempre he creído que el problema a resolver no es la vivienda sino la ciudad. Es en esta última don-de tenemos que garantizar que el precio del suelo permita la construcción de vivienda a un precio al que las familias puedan hacer frente con sus ingre-sos y es en el marco de las políticas de actuación urbanística pública en el cual podremos garantizar que se reduzca la segregación social y que surjan las dotaciones públicas necesarias para vivir todos juntos en comunidad. Mal va cuando el problema se reduce como hicieron los poderes públicos en los años treinta, cuando se dividen el dinero que se tiene para las necesidades, para saber cuántos cobijos se pueden construir para permitir un Exis-tenzminimum. Soluciones, como el “cuerpo seco” del delta del Ebro han demostrado que hay otras formas más satisfactorias para garantizar con el

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ces territoriales entre las diferentes administraciones y empresas públicas, pretenden regular urbanística-mente el contenido normal de la propiedad del suelo no urbanizable, porque consideran que los planes ge-nerales ya no son garantía de protección.

La mejor protección del territorio es dejar claro en los planes generales qué es lo que puede llegar a ser urbano y qué, de ninguna manera, no, y que la Administración siga una política de suelos cla-ra en la que la propia Administración se implique para impedir la retención especulativa de aquellos terrenos calificados cuando se tengan que transfor-mar. Que todo el mundo sepa que quien compra un campo o un bosque de un planeamiento gene-ral ha comprado un campo o un bosque. Si no se actúa así, los planes no impedirán la formación de rentas parasitarias sobre el suelo, que tienen un efecto más perverso, obligan por un lado a tener que calificar cuatro veces más suelo de lo que hace falta, para que debido al aumento del “resto e inefi-ciencia” del planeamiento, se urbanice lo que real-mente se necesita; y si, además se permite que los planes no se sigan escrupulosamente, como hace la ley de 2007, la presión urbanizadora embadurnará con precio no precisamente agrícola y con deseo de calificarse, una gran parte del territorio no ur-banizable que rodea cualquier núcleo. ¡Estamos gritando el “hagan juego señores” ! , y el urbanismo se convierte en un casino.

La perla final, los catálogos de paisaje

Para acabar de hacerlo todo todavía más vaporo-so, han entrado con fuerza los catálogos de paisaje. Desde siempre, he sido defensor de la incorpora-ción de la variable paisaje en el planeamiento y en especial de lo que los anglosajones llamaron en los sesenta townscape, las disposiciones físicas a adoptar en las zonas urbanas, para contrarrestar la confusión urbana. Mal indicador cuando el acento solo es so-bre el landscape abierto. He hecho propuestas de volumen, uso o disposición de los ejes de las calles para poner en segundo término dramas arquitectó-nicos irresolubles, eliminar letreros ignominiosos de los locales de negocio, aumentar la vitalidad de un ámbito o poner de relieve con el encuadre final de una calle, un accidente geográfico o un determinado edificio con capacidad de presidir una determinada arteria urbana o un sector, pero no me creeré nada hasta que estos que proponen listas interminables de conceptos jurídicos indeterminados y universales no consigan eliminar los grandes tablones de propa-ganda que emparedan parques, cruces de carrete-ras o presiden la escena urbana de las avenidas de acceso de nuestras grandes ciudades y que además esconden financiaciones extrañas e inenarrables. Constituyen una fraseología vacua con la que todo el mundo puede estar de acuerdo: nada mejor para generar consenso que rellenar hojas y más hojas de criterios genéricos.

Los que sufrimos la tala de plátanos de Barcelona fuera de la época de poda, para facilitar la visuali-zación de los pósteres de Publivia en una fachada

de la calle de Pau Claris o cuando, sin ninguna ver-güenza, nos emparedaban los jardines que cons-truíamos con el Instituto Catalán del Suelo con total complacencia de las corporaciones locales, y siguen, porque se ven bien desde la autopista y son por lo tanto muy cotizados, no nos podemos creer las buenas intenciones de los paisajistas mientras eso pase. Pediríamos que en vez de estos listados llenos de conceptos indeterminados que se utiliza-rán por quien sea, para que los Tribunales anulen el planeamiento, que bajen a la calle y hagan deman-das concretas y acotadas y con explicación de los efectos que se conseguirán para una mejora urba-na real. Ah, y sobre todo desligado del contexto de planeamiento en cualquier momento, y dirigidas a los consistorios, no a la Generalidad de Cataluña y para cuestiones concretas de la ciudad, ya que en el suelo no urbanizable, fuera de los espacios de interés natural, tienen que ser los campesinos, los granjeros y los leñadores los que nos los tendrían que mantener adecuadamente conforme a sus prácticas; y los ingenieros de caminos y de minas, los que en las actuaciones que intervengan estén obligados a garantizar y restaurar el efecto de la inserción de unas infraestructuras o de unas acti-vidades extractivas en el territorio abierto cuando sean permitidas.

El futuro

Como veis, estamos ahora en lo que los ameri-canos dicen ad hoc planning y los efectos de esta práctica en la economía no hace falta recordarlos, que todos, desde 2007, ya lo sufrís. No ha sido como en el pasado, cuando las rentas industriales han ido a buscar los rendimientos de la renta fun-diaria con las dificultades de liquidez para después recuperarlas y volver a invertirlas en la industria, sino que por el hecho del bajo coste del euro y de la abundancia de los prestadores, que ahora ya son los de la economía global, el volumen inmobiliario no guarda proporción con la economía local, con el subsiguiente problema que no hay bastante econo-mía productiva en el sitio para volver a corto plazo los préstamos, con los efectos que todos conocéis bastante bien sobre el crédito y la deuda pública. Un planeamiento urbanístico que se acomoda a lo que pasa significa que no cree en quien tiene que sostener la mano invisible de nuestro queri-do Adam Smith. Una contradicción en sus propios términos, que a eso lo seguimos llamando planear. La pregunta que hace falta hacerse es si nuestra sociedad querrá volver a la ortodoxia o seguirá en el estadio en el cual se encuentra y en el que pa-rece que se siente cómoda. No se constata hoy día la alternativa de volver a recuperar los antiguos tiempos de cuando era ella a través de la Admi-nistración de la Generalidad de Cataluña, la que llevaba la voz cantante, quien marcaba los objetivos urbanísticos para los diferentes sistemas urbanos, y quien en último término fijaba lo que era de in-terés público y, a través de una promoción pública activa, marcaba los ritmos y las prioridades, aunque delegara la gestión y la financiación a los privados.Si dependiera de opciones individuales, y la mía tu-

viera algún valor, lo tengo claro y lo avalan los resul-tados de aquel periodo en materia de construcción de equipamientos y parques, de contención de los precios del suelo, y de las políticas de vivienda, in-dustriales y logísticas: tenemos que volver a ello. Dos son las dificultades mayores para hacerlo. Por un lado, que en el mundo globalizado en el que nos encontramos, no es el comportamiento que piden los capitales especulativos foráneos que hoy están aquí y mañana desaparecen, y por otro, que en el ámbito local, cómo dice la dicha castellana, a río revuelto, ganancia de pescadores, y eso lo hace más atractivo para ciertos capitales locales que nunca han estado interesados en tener que jugar bajo reglas determinadas por el interés general; aunque, en cambio, fue eso lo que representó, y no os equivoquéis, un marco de juego abierto a más gente, estable y equitativo y jurídicamente seguro. El marco que con el ensanche Cerdà, las reglas de Duran i Bas y la enfiteusis, hizo fuerte a nuestra sociedad y a nuestro/nuestra “capital”.

En el campo ideológico, el tema también es más dif ícil cuando muchos que se llaman de izquierda son los primeros que juegan en campo contrario y confunden la discrecionalidad que pide el urba-nismo de casino, con una mayor autoridad para el mundo local. No es extraño que a la vista de cómo han ido los resultados en este comporta-miento, la ciudadanía haya retirado la confianza, pero uno de los baluar tes que defendía el pla-neamiento con más fuerza se ha par tido desde que domina el equívoco de lo que decía Craxi : “es socialista lo que hacemos los socialistas”. Los resultados concretos del urbanismo de otros más a la izquierda, cuando fue posible, todavía han sido más dramáticos a pesar de la planifi-cación centralizada. Han pasado bastantes días desde la Land Commission act y the betterment levy de Harold Wilson, la loi foncière de 1971 de Chalandon o la 167 del onorevole Sullo, que fueron junto con las posiciones del team ten, las bases del debate de la urbanística de los años sesenta y bajo los cuales nos formaron a los de mi generación. ¿Dónde están, hoy, otros como aquellos?

Los resultados no son más esperanzadores en el campo concreto de la urbanística anglosajona a pe-sar de las aportaciones conceptuales hechas. Los países latinos han perdido el norte a pesar de partir de la misma tradición administrativa napoleónica, pero ni Francia ni Italia presentan buenos resulta-dos a pesar de haber sido, en otro tiempo, de in-terés en materia de urbanismo operativo, a través de las sociedades de economía mixta, y del debate sobre el modelo de ciudad. El primer país perdido por el lotissement que generalizó la equivocada des-centralización de Pierre Mauroy y el segundo por el disseminato a partir de la caída en el Constitucional de la legge sulla casa. Es en las comunidades nórdi-cas y las dietas alemanas donde los resultados son los mejores y donde hace falta que Cataluña se vuelva a reflejar en su planeamiento y en cómo se organizan territorialmente.

U La evolución del planeamiento en CataluñaJoan Antoni Solans

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MIRADA PROSPECTIVAP

La ciudad del futuro o el futuro de la ciudad Juli Esteban Arquitecto y urbanista

El artículo expone los grandes ejes conceptuales que tienen que guiar el futuro de la ciudad y argumenta que el hilo conductor tiene que ser la sostenibilidad.

Permanencia y cambios en la ciudad

Querría abordar estas reflexiones sobre ciudad y futuro desde la perspectiva del urbanismo, en tanto que disciplina que tiene por objeto el proyecto y la gestión del espacio físico de la ciudad. Sin embargo, y aunque las dos líneas, proyecto y gestión, tienen que ir siempre de la mano, pienso que, dado que se trata de reflexiones de futuro, el acento debe ponerse en el proyecto, o dicho de manera más específica, en el planeamiento de la ciudad. Como es comprensible, las consideraciones sobre el futuro están necesaria-mente presentes en los estudios de la realidad y en las propuestas para mejorarla que se hacen en el pla-neamiento de las ciudades.

Evidentemente, los cambios, inciertos, son la sus-tancia del futuro, y como dijo algún ilustre perso-naje, en el universo no hay ningún escondite donde podamos sustraernos del cambio. Sin embargo, también conviene destacar que el espacio físico de la ciudad está dotado de una resiliencia nota-ble. La parcelación urbana del suelo, mediante la creación de una red de calles, y de espacios pú-blicos en general, que la hacen posible, es la base de una configuración física de la ciudad de dura-bilidad comprobada. Si además, como es normal, estas parcelas tienen mayoritariamente el destino de ser edificadas con materiales, cuya durabilidad es una exigencia, la consecuencia es que “la fábrica urbana”, o cuerpo físico de la ciudad, es algo que en buena medida permanece a lo largo de mucho tiempo. Es cierto que este cuerpo físico, en tanto que espacio vital de un cuerpo social cambiante, va siendo objeto de adaptaciones y remodelaciones a lo largo del tiempo, sin embargo la identidad formal de la ciudad, perceptible, clara y globalmente en el plano, permanece sustancialmente más hacia allá de las continuas reformas y adaptaciones.

Podemos decir, pues, que la ciudad del futuro será en buena parte la que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos y la que estamos construyen-do hoy, ya se trate de nuevas áreas urbanas o de reformas de las ya existentes. Por lo tanto, de en-trada estaría bastante claro que la idea de ciudad del futuro, como algo a imaginar o a prever, tiene diferencias muy significativas con respecto a otras imaginaciones de futuro referentes a otros objetos como podrían ser el automóvil, la autocaravana o la tienda de campaña, para referirnos solo a otras modalidades de espacios habitables. Es evidente que estos tienen la posibilidad de ser replanteados de nuevo en cada proceso de diseño, y de desapa-recer reciclando sus partes, al final de su vida útil.

Por lo tanto, es bastante claro que en la ciudad hacen falta una actitud y un enfoque específicos, debido a dos características fundamentales: la per-manencia en un lugar –el carácter inmobiliario– y su durabilidad. Es decir, hay una diferencia sustan-cial en el proyecto de edificios o de ciudades o de partes de la ciudad, en relación con el proyecto de otros objetos, ya sean vajillas o barcos. La per-manencia en un lugar, las relaciones de proximidad relativamente estables con el resto de elementos físicos de su entorno y la necesidad de adaptación a sucesivas circunstancias de utilización son las bases para la reflexión funcional y cultural que requieren los proyectos de edificación y el planeamiento de la ciudad. Eso me parece bastante claro y hasta muy obvio, pero cuando de vez en cuando se leen cosas como, por ejemplo, el informe de la Comisión Na-cional de la Competencia (julio de 2013) orientado a “perfeccionar” el mercado del suelo para usos ur-banísticos desde lógicas simplemente cuantitativas, suponiendo que el suelo se puede fabricar y que la cuestión de la localización es irrelevante, pienso que conviene insistir en la peculiar naturaleza del ámbito inmobiliario, tanto con respecto al proyec-to como con respecto al mercado, o viceversa.

Proyectar los edificios pensando que, en su larga vida, puede haber episodios muy diferentes, es sin duda una actitud recomendable, a menos que se tratara de construcciones que por alguna causa excepcional se concibieran como provisionales, temporales o de duración limitada. En los edificios que se construyen para durar, que son la mayoría, los sucesivos episodios de su vida pueden motivar la conveniencia de reformarlos y destinarlos a otros usos más adecuados a las nuevas circunstancias. Las ciudades catalanas nos ofrecen muchos casos logrados de nuevos usos para viejos edificios. Segu-ramente, en muchos de estos casos, la reutilización para otros usos no estuvo en la mente del proyec-tista, y la adaptación se ha realizado en atención al valor de su arquitectura o de su imagen como hito urbano. Bien, en todo caso eso no contradice la tesis que sería bueno tener presente a la hora del proyecto, que un edificio que tiene que durar pasará por diferentes utilizaciones de sus espacios y que, en consecuencia, la adaptabilidad de sus geo-metrías es un factor importante para su permanen-cia como espacio funcional y como aportación a la arquitectura de la ciudad.

Si pasamos esta reflexión a escala del espacio de la ciudad, podemos decir que tener presente que este tendrá que seguir siendo útil y gestionable en escenarios de futuro desconocidos pasa a ser una exigencia principal del proceso de proyecto. Por eso, los proyectos urbanísticos de futuro, como el planeamiento de una ciudad, o de partes comple-jas de esta, incorporan todo tipo de previsiones, proyecciones, predicciones, escenarios... con el fin de definir una cierta hipótesis de cuál será el contex-to social y económico que nos deparará un futuro no demasiado lejano. Hipótesis de contexto que permite a los proyectistas la elaboración de pro-puestas de cambio, mejora, corrección... de la rea-

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Por otra parte, conviene no olvidar que son muy importantes también los aspectos del proyecto de extensión relativos a lo que hemos denominado “compromiso con el lugar”, es decir, los encami-nados a establecer una relación adecuada entre la nueva trama y la geografía física del lugar, y entre la nueva trama y las tramas de la ciudad existente. Hace falta destacar que cuando se trate de ex-tensiones necesariamente terminales de pequeña proporción y/o de espacios de geografía comple-ja, el compromiso con el lugar será seguramente más determinante para la formalización de la trama que los objetivos de adaptabilidad y potencialidad mencionados. Lo cual no exime que, en todo caso, la nueva trama que se proyecte se tiene que con-cebir como una estructura que tendrá que probar su idoneidad en diferentes escenarios del futuro.

El ejemplo del Eixample Cerdà

Ciertamente, el Eixample de Barcelona que pro-yectó Ildefons Cerdà, en una fecha ya tan lejana como 1859, es un ejemplo real y tangible de trama que después de haber sido un desiderátum de la ciudad del xix, es actualmente la trama principal de la Barcelona metropolitana de hoy y podemos de-cir, sin mucho miedo a equivocarnos, que jugará sin duda un papel relevante en la ciudad metropolitana del futuro. De hecho, en el espacio municipal de Barcelona la ciudad del futuro está ya construida. Ciertamente, el paso del tiempo conllevará remo-delar algunas tramas pero en el Eixample, será la propia trama Cerdà la que será capaz de ir rege-nerándose aprovechando las oportunidades que cada fase de la historia de la ciudad proporcione. Ildefons Cerdà proyectó con un éxito casi total la ciudad del futuro. No ha sido exactamente el futu-ro que él se imaginaba, pero la trama que proyectó ha demostrado una vitalidad que ha ido más allá de la visión –inevitablemente limitada– del proyectis-ta, lo cual hay que entender, en todo caso, como un mérito innegable del proyecto.

El lugar del proyecto de Cerdà era una plana mag-nífica, extensa y con una pendiente suave hacia el mar, que con las referencias dimensionales de la época permitía imaginar una ciudad para un futuro prácticamente ilimitado. Cerdà establece un com-promiso, de mucho vuelo, con el lugar mediante las grandes vías estructurales: la Gran Vía, la Diagonal, la Meridiana y el Paralelo. Y concibe una trama de gran adaptabilidad y potencialidad.

Sobre el esquema estructural mencionado, propo-ne su trama característica y conocida por todos. En la materialización de esta, una primera adaptación radical fue el cambio notable de modelo de edifica-ción que se dio respecto del proyecto de 1859. Cerdà proponía un modelo de edificación abierta mediante varias disposiciones de bloques lineales –la mayo-ría– y de otros en forma de ele y de u. Estos blo-ques eran ciertamente más “gruesos” que los de un siglo después, pero ocupaban solo parte del con-torno de las manzanas. Como es sabido, de aquel modelo inicial se pasó a una ocupación total de las

lugar y la racionalidad del modelo. Un buen compro-miso con el lugar conlleva dar una respuesta adecuada a tres aspectos importantes de este: la morfología del terreno, las condiciones de continuidad con la ciudad ya existente y las condiciones de contigüidad con el espacio que permanecerá rural. La racionalidad del modelo tiene que ver con la lógica geométrica de la red de calles, con las pautas de parcelación y con los tipos de edificios previstos o posibles.

Actualmente, se suele manifestar a menudo el deseo de que las ciudades ya no crezcan más, y que nos tendríamos que arreglar utilizando de ma-nera más eficiente el espacio urbano de las ciuda-des existentes. Es un desiderátum ambiental muy comprensible, a la vista de la cantidad de suelo que hemos estropeado con extensiones innecesarias o mal concebidas, y también a la vista del suelo clasificado como urbanizable que hay en muchos municipios que no tendrían que crecer mucho. Sin negar que hoy seguramente nos tiene que preocu-par más como reproyectamos el que ya es urbano, que no su extensión, pienso que todavía muchas ciudades tendrán, y será bueno que tengan en algún momento, procesos de extensión. Aunque estas extensiones no alcanzarán casi nunca en tér-minos relativos el alcance cuantitativo que tuvieron los proyectos de ensanche del siglo xix, y primer cuarto del xx, la responsabilidad mencionada de elaborar buenos proyectos adquirirá en estos ca-sos toda la trascendencia que le corresponde; con mayor motivo, porque hoy sabemos ya cuál ha sido la suerte de muchas tramas de extensión de las ciu-dades y podemos evitar caer en errores anteriores.

Con respecto a las tramas proyectadas que han constituido las extensiones de muchas ciudades a lo largo de los últimos doscientos años, quisiera destacar dos cosas: la primera es que buena par-te de estas tramas demuestran una funcionalidad notable en la ciudad actual, aunque los usos y los movimientos que se dan hoy en la ciudad difieren bastante de los que se daban, e incluso se preveían, en el momento que fueron proyectadas. La segun-da es que, a mi parecer, las tramas de extensión más actuales, aunque, lógicamente, tienen mejor resueltos algunos aspectos importantes, como el aparcamiento o la ventilación e iluminación de las viviendas, no han alcanzado la calidad urbana que tienen algunas tramas más antiguas. Quizás esta apreciación esté en parte condicionada por el hecho de que en algunas de estas tramas más antiguas apreciemos cualidades derivadas del gra-do de centralidad que han alcanzado en la ciudad. Seguramente es así, pero pienso que eso no qui-ta que tengan algunas cualidades derivadas de su forma que les han permitido aprovechar las posi-bilidades que la ciudad les ha ido poniendo a su alcance. Pienso que podemos señalar algunas de estas cualidades que dan a la trama adaptabilidad y potencialidad frente a los cambios inevitables:

– Regularidad geométrica– Densidad– Apertura tipológica– Desagregación parcelaria

lidad física de la ciudad con el fin de adecuarla a las supuestas nuevas condiciones y necesidades de la futura colectividad urbana.

Se tiene que decir que el intento de construir es-cenarios con respecto a la población, la economía, las necesidades sociales, los avances tecnológicos, etc., es correcto y loable siempre que no perdamos de vista aquello que decía el físico Niels Böhr: “las predicciones son muy difíciles, sobre todo si son sobre el futuro”. Hay que añadir que la ciudad que resulte del proyecto trascenderá probablemente la fecha de la hipótesis de referencia y tendrá que continuar funcionando. Es decir, podemos tratar de definir escenarios de referencia que nos ilustren al-gunas perspectivas de futuro para el proyecto de la ciudad que tenemos que elaborar en un momento determinado, pero en ningún caso se puede hacer el proyecto a medida de estos escenarios. Harán falta márgenes de adaptación para una realidad que probablemente diferirá de los supuestos que ha-yamos sido capaces de imaginarnos. En todo caso, hay que entender que el escenario no tiene que ser nunca un objetivo de planeamiento; el objeti-vo es que la ciudad que proyectemos sea capaz de responder bien a los requerimientos de la so-ciedad en los escenarios reales que se sucedan en el tiempo. Por eso, es importante que las formas de ciudad que se proyecten tengan sentido por sí mismas tanto como sea posible, es decir, que ten-gan la capacidad de impregnar de racionalidad las actividades y los diversos procesos sociales que se vayan sucediendo.

Dando por sentado que aquí en Cataluña no tiene mucho sentido la construcción de nuevas ciudades, cómo se hace en China por ejemplo, el proyecto del espacio físico de la ciudad se refiere siempre a una ciudad existente, y se compone de propues-tas relativas a las tres realidades implicadas en el proceso urbano: lo que ya es ciudad construida, la extensión de la ciudad y lo que se prevé que permanezca como entorno rural de la ciudad. Se tratará, por lo tanto, de tres tipos de propuestas muy diferentes, la naturaleza, el alcance y la cer-titud de las cuales están en buena parte condicio-nados por las características –dimensión, entorno, localización...– de la ciudad de que se trate.

En el proyecto de la extensión de la ciudad es donde hay mayor responsabilidad con respecto al futuro. En primer lugar, con respecto a la decisión de dar un paso prácticamente irreversible sobre la naturaleza futura del área implicada en la exten-sión. Si el área de extensión que se propone se ur-baniza –se abren calles y se parcela en solares–, se puede decir que formará parte para siempre –para bien o para mal– del espacio físico de la ciudad. En segundo lugar, hay que destacar que en la exten-sión urbana es donde el proyecto urbanístico tiene menos apremios para definir una trama urbana, la cual probablemente permanecerá muchos años y pondrá a prueba su idoneidad en sucesivos episo-dios de la ciudad. Hay dos componentes básicos en la definición de esta trama: el compromiso con el

PLa ciudad del futuro o el futuro de la ciudad.Juli Esteban

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de la ciudad, y quedaba por este motivo dotada de una potencialidad notable de cambio mediante la incorporación de nuevos edificios de vivienda y actividades económicas compatibles, similarmente a cómo se habían ido materializando otras partes del Eixample. Solo se tenía que dotarlo de una ordenanza de edificación adecuada y la renovación de la ciudad se hubiera ido haciendo sin necesidad de mucha inter-vención; en todo caso, sin perjuicio de las contrapresta-ciones públicas –zonas verdes, viviendas de protección oficial, etc.– que hubiera sido procedente exigir a los propietarios y operadores en contraprestación por la plusvalía que el desarrollo de la ciudad ha-bía aportado en la zona. Destacamos que dentro de la misma área había ya ejemplos, reales o en proyecto, de nuevas maneras de edificar en el ámbito del Eixample proyectado, manteniendo la referencia de la trama viaria de este. La Vila Olímpica, las tres manzanas entre las calles de Ra-mon Llull y de Ramon Turró donde se ubicó una empresa de hierros, las manzanas del sector del Front Marítim o las del sector Diagonal-Poblenou mostraban ya nuevas modalidades de edificación interesantes para usos de vivienda, oficinas y ho-teles. Edificaciones que atendiendo a la normativa del Plan general metropolitano daban lugar a unas manzanas menos densas que las del Eixample cen-tral, lo cual facilitaba unos tipos de vivienda más de acuerdo con la demanda y también la provisión de nuevas zonas verdes dentro de la isla. Señalamos que la disposición de la edificación de acuerdo con las alineaciones de la isla se ha ido demostrando, también en las nuevas ordenaciones, como la más eficaz tanto para los programas de vivienda como para la liberación de espacios en la manzana. Sin embargo, hay que constatar que la menor densidad sin duda limita la vitalidad, mezcla y complejidad de este tejido en comparación con el Eixample cen-tral. La densidad adecuada para la ciudad de hoy y de mañana es un debate clave que no podemos pretender cerrar aquí; sin embargo, lo que que-rría subrayar es que, con la perspectiva que daba la amplitud del resto del área del Poblenou, se optó por dar a la trama de aquel “ensanche expectante” una opción de reconstrucción según nuevas fór-mulas de mixtura de usos y de ordenación de la edificación en las manzanas. Eso está generando un ensanche muy diferente del que conocemos, sobre una misma trama viaria. Este ensanche requirió un proyecto de conjunto que, además de aspectos re-lativos a las infraestructuras, los equipamientos, los requerimientos de vivienda de protección oficial, etc., regulara los usos admisibles y las posibilidades y la cantidad de edificación. Habría que hacer ob-servaciones sobre algunos aspectos concretos del proyecto, pero lo que se trata aquí de destacar es la vigencia de una trama concebida hace más de 150 años por ser la base de nuevos proyectos de ciudad sin romper su continuidad espacial y social, sino al contrario.

Cerdà fue ciertamente un visionario y se imaginó una ciudad del futuro llena de ferrocarriles, con mucha superficie de jardines, parques fluviales y un nuevo centro de la ciudad en la plaza de Les

de viviendas; y con respecto a la intención de este artículo, hay que destacar que la mezcla de usos y la complejidad, además de facilitar la eficiencia de la trama, son factores de sostenibilidad y de pervivencia de la ciudad en el futuro.

Con relación al proceso de ocupación del espacio del ensanche Cerdà, hace falta señalar que ade-más de la adaptabilidad del volumen de edificación como contenedor de diferentes usos a lo largo del tiempo, hubo también flexibilidad en la ocu-pación de las áreas menos centrales por edificios destinados a actividades industriales y almacenes mayoristas mediante calificaciones urbanísticas que lo permitían, entre las cuales podríamos recordar la de “Tolerancia de vivienda e industria”, por su denominación tan peculiar. En el momento que es-tas áreas iban aumentando la centralidad, debido al crecimiento de la ciudad y a la plena apertura y urbanización de las calles de la trama, se iban pro-duciendo sustituciones de los edificios y usos que no se correspondían con el valor de centralidad del suelo donde se localizaban. Destacamos que la potente trama de calles es el componente que apor-ta el orden urbanístico general en el cual pueden integrarse estos procesos de renovación parcela a parcela. Podríamos decir que cuando este tipo de renovación es posible y viable en términos rea-les, la pervivencia de una trama como tejido vivo de la ciudad está bastante garantizada. La trama superracional de calles de Cerdà y un modelo de parcelación/edificación en piezas adecuadas a la capacidad de los operadores urbanísticos han sido la clave de la renovación relativamente espontánea y continua del Eixample. Renovación que está en la base de su valor creciente como activo de futuro de la ciudad –hoy con dimensión metropolitana– de Barcelona.

Aparte de esta capacidad del Eixample de ir adap-tándose a las circunstancias cambiantes y de ir aprovechando las oportunidades, hay un caso de especial interés como ejemplo de la capacidad de la trama Cerdà para dar respuesta a nuevos retos de la ciudad mediante una renovación ya no tan espontánea. Una renovación que constituye un nuevo proyecto de futuro que se construye con criterios de conjunto para un área bastante exten-sa sobre la propia trama Cerdà: se trata del área del proyecto 22@ en el Poblenou. En este caso, una amplia extensión de la trama se encontraba en una clara expectativa de cambio. Expectativa crea-da, por una parte, por el vaciado de buena parte de los usos que la habían colonizado, en especial actividades relacionadas con el transporte y dis-tribución de mercancías, los cuales habían optado por localizaciones actualmente más funcionales en áreas especializadas del entorno metropolitano. Por otra parte, la expectativa resultaba también de los cambios habidos en el entorno, entre los cuales hay que destacar: la construcción de la Ronda del Litoral, la apertura al mar de esta parte del Eixam-ple proyectado y la apertura de toda la Diagonal. Con estos cambios se podía decir que el área del Poblenou se integraba plenamente en el espacio

islas con una edificación en altura que completaba toda la corona exterior que delimitan las alineacio-nes de las calles, tal como la conocemos hoy. Todo eso sin variar la trama de calles del proyecto, la cual demostró su funcionalidad en un contexto mucho más denso que el propuesto originariamente. Este hecho fue valorado muy negativamente durante muchos años por la historiografía urbanística. La crítica básica sugería, más o menos, que la tacañe-ría de los propietarios, del Ayuntamiento y de los barceloneses en general había estropeado un gran proyecto que nos hubiera llevado a una ciudad de ensueño llena de zonas verdes. Como crítica com-plementaria se añadía que un proyecto para una ciudad inspirado en la higiene y el igualitarismo se había convertido en un instrumento especulativo de alta capacidad. No podemos negar que algo de todo eso hubo. Estas críticas nos expresan clara-mente que ya entonces los objetivos económicos de las clases dominantes pasaban por encima de los objetivos ambientales y sociales, que estaban en la base ideológica del proyecto de Cerdà. Sin embargo, a pesar de estas críticas, hoy tenemos que reconocer que la transgresión brutal de la propuesta de edificación inicial de Cerdà aportó algunas cosas que el proyecto de ensanche no te-nía. Nos referimos a la densidad y la complejidad que el nuevo modelo de edificación adoptado hizo posibles. Ambas son fundamentales para el papel que se jugaría en el futuro esta área urbana en el conjunto de la ciudad, y para su pervivencia como área central potente de una extensa Barcelona me-tropolitana. Sin que eso justifique numerosos abu-sos habidos a lo largo de la historia, es cierto que el aumento de la cantidad de edificaciones permite una cantidad más grande de viviendas y actividades por superficie de suelo. Así, el Eixample alcanzó la masa crítica y la proximidad necesarias para llegar a ser y mantenerse a lo largo de los años como el área más potente y dinámica de la ciudad. Ciertamente, eso también hubiera sido posible con algunas zonas verdes más de las que hay y, por descontado, sin los áticos y sobreáticos. Indudablemente hay críticas a hacer, y a mantener sobre el proceso de cons-trucción del Eixample, pero en cualquier caso, una densidad alta era una condición insoslayable para la función urbana que tenía que corresponder a su “compromiso con el lugar”.

La forma de la edificación adoptada aporta otra calidad exigible a una trama central eficiente: la complejidad. Las profundidades edificables de las manzanas y la posibilidad de ocupar en planta baja el patio de isla, junto con la altura reguladora, que es actualmente de B+5, configuran unos volúme-nes capaces de acoger un abanico amplio de activi-dades urbanas aunque en principio estas profundi-dades no sean las óptimas para plantas de viviendas de 100 m2 o menos, que son los tipos de más de-manda en la actualidad. En todo caso, hay muchas viviendas en el Eixample aunque si pensamos solo en los requerimientos de este uso, seguramente aportaba mejores condiciones el proyecto inicial de Cerdà. Sin embargo, la ciudad, y en especial su trama central, no puede ser solo un gran barrio

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Con el fin de aproximarnos a algún criterio de sostenibilidad socioeconómica para el proyecto de nuevas tramas de ciudad, o para la intervención en las ya existentes, pienso que tendríamos que concretar un poco más en qué consiste esta soste-nibilidad. Porque, de hecho, podríamos decir que la antigua lucha de clases –o la lucha entre los intere-ses de los ciudadanos y los del capital, anónimo y no tan anónimo–, es por sí misma perfectamente sostenible como se ha podido comprobar a lo largo del tiempo. Esta partida de intereses se juega a es-cala global y este hecho, lamentablemente, afecta de manera clara a la capacidad de acción, en un lugar determinado, de los intereses sociales frente a un capital cada vez más móvil y inaprehensible. Por lo tanto, de entrada ya se adivina que aunque en las ciudades, en especial en las denominadas glo-bal cities, se localizan todos los centros de poder económico, y asimismo, las ciudades hacen posibles las opciones de resistencia social, el espacio físico de la ciudad tiene hoy un papel bastante limitado en relación con esta oposición de intereses. Ni el método para unos, ni el problema para otros son hoy las barricadas. Estas tenían un profundo senti-do urbano, hasta el punto que su prevención había sido a veces un requerimiento de los nuevos traza-dos urbanos, como en el conocido caso del París de Haussmann.

En todo caso, para una sostenibilidad socioeconó-mica en el marco de la ciudad pienso que requiere que se den en un grado suficiente una serie de con-diciones que propicien la evolución en el tiempo de unos estándares suficientes de bienestar de sus ciu-dadanos, y asimismo, faciliten la continuidad de una proporción de actividades económicas suficientes con el fin de crear la riqueza que hace posibles los mencionados estándares de bienestar. Como se puede suponer, la existencia de estas actividades en la ciudad conlleva que sus promotores encuen-tren interesante, en términos comparativos, ubi-carse en la ciudad, cosa que nos vuelve a recordar la presencia inexorable de la globalización.

Desde el punto de vista de la forma física de la ciudad, podríamos señalar que la sostenibilidad socioeconómica depende de las siguientes condi-ciones:

– Conectividad espacial, ausencia de barreras, forma no proclive a la segregación de espacios (formación de enclaves o guetos).

– Cantidad suficiente de espacio público cívico y verde, y para equipamientos de interés so-cial, en localizaciones que faciliten su uso a la población.

– Tipologías de edificación adecuadas para los varios usos urbanos (vivienda, comercio y otras actividades económicas) y que faciliten la conexión de las áreas urbanas.

– Tipologías de edificación residencial que faci-liten la gestión de las comunidades de vivien-das.

– Espacios, reservas o exigencias para la provi-sión de una proporción adecuada de vivien-

democráticamente a las necesidades y anhelos de la población, y lo hagan con responsabilidad so-cioeconómica y ambiental, la ciudad andará hacia el futuro en la dirección que le corresponde. Sin embargo, conviene analizar un poco más a fondo la trascendencia de las decisiones de proyecto/cons-trucción de la ciudad con respecto al componente socioeconómico de la sostenibilidad.

Es bastante evidente que las decisiones de pro-yecto y construcción de la ciudad suelen tener una trascendencia temporal notable, cosa que las hace partícipes muy probables del futuro de esta. En los apartados anteriores de este artículo se ha trata-do de las condiciones que tendrían que tener las tramas que se proyectan para una adaptación más fácil a las circunstancias del futuro. Estas nuevas cir-cunstancias resultan principalmente de los avances tecnológicos y de las dinámicas socioeconómicas. Como se ha señalado antes, un compromiso ade-cuado con el lugar y una racionalidad genérica en el diseño de la trama pueden favorecer una relación fructífera y creativa entre un espacio urbano rela-tivamente rígido, por causa de su corporeidad, y unas circunstancias siempre cambiantes por causa del avance tecnológico y la evolución de las dinámi-cas socioeconómicas.

Con respecto a las relaciones entre la trama y las dinámicas socioeconómicas, conviene no olvidar que tramas urbanas concebidas desde lógicas socioeconómicas de una época determinada –como trazados barrocos para la representación de la aristocracia, tramas residenciales al gusto de una nueva burguesía que alcanzaba el poder, nuevos modelos como imagen de un propuesto estado totalitario, barrios de vivienda obrera, tramas de la “ciudad funcional”..., etc.– han vivido después en muchas ciudades situaciones políticas y so-cioeconómicas totalmente diferentes. Situacio-nes en las cuales buena par te de estas tramas, de acuerdo con su capacidad de adaptación, han jugado nuevos roles, y han continuado, o no, siendo par tes significativas y tejidos activos de la ciudad. Sin perjuicio de los criterios que se han propuesto en el apar tado 1, hay que reconocer que la adaptabilidad del espacio urbano a nuevas situaciones socioeconómicas y políticas tiene bastante margen. Mediante cambios en el tra-tamiento de los espacios públicos y en el uso de los edif icios, las tramas sólidas provenientes de situaciones anteriores siguen siendo útiles y acumulando sedimento histórico. Hace ya muchos años que el urbanismo ha renuncia-do a las pretensiones de sustituir las tramas del pasado por nuevos modelos de supuesto contenido social, y a la vez posibles objetos de negocio, como algunos maestros de la prime-ra mitad del siglo xx , en par ticular Le Corbu-sier, defendieron con convicción. Sin embargo, pienso que sería abusivo deducir de todo eso que las tramas urbanas son irrelevantes a efec-tos de una pretendida sostenibilidad socioeco-nómica por el hecho de que se pueden adaptar a todas las situaciones.

Glòries, es evidente que muchas cosas no las adi-vinó, pero la trama que proyectó sigue siendo, sin lugar a dudas, una extraordinaria herramienta de futuro para la ciudad de Barcelona.

No hay mucho futuro sin sostenibilidad

Pensar que la ciudad, que vamos construyendo hoy, será vivida y utilizada por otras personas, colecti-vos y sociedades y que, según cómo hagamos las cosas, esta ciudad podrá ser más fácilmente gestio-nada para la consecución de un índice satisfactorio de felicidad colectiva con garantías de durabilidad, solo tiene sentido en el marco de lo que denomi-namos desarrollo sostenible.

Como es sabido, el desarrollo sostenible resulta de la consideración de tres vectores: el social, el económico y el ambiental, y de la satisfacción de los requerimientos que cada uno plantea como condi-ciones para la durabilidad. Sin embargo, pienso que estos vectores no componen una tríada simétrica sino que operan de modo bastante diferente.

De hecho, los aspectos económicos (creación de ri-queza) y los sociales (distribución de riqueza) tienen en la economía de mercado –que está implícita en cualquier sistema de libertades individuales– unos intereses no concurrentes, que motivan un estado permanente de confrontación entre las dos lógicas, de lo que resulta, como sabemos, una secuencia de crisis y de situaciones de aparente equilibrio. Deduci-ría de este hecho tan obvio que la proclamación de la sostenibilidad como un objetivo apoyado en tres patas, que se suponen iguales a la manera de un tabu-rete, es una imagen que tiene fuerza como metáfora pero no es muy fiel a la realidad. Querría destacar que las relaciones dialécticas entre las patas social y económica son mucho más intensas y “funcionales” que las de estas con la pata ambiental. Por otra parte, el vector ambiental tiene peculiaridades respecto de los otros dos: hay que considerarlo como absoluta-mente determinante si hablamos de futuro a medio y largo plazo mientras que en la práctica se considera “prescindible” en las decisiones del día a día. De he-cho, pienso que se podría decir que la sostenibilidad depende de dos vectores que tienen motivaciones y lógicas temporales bastante distintas: el socioeco-nómico y el ambiental, sin perjuicio que dentro del primero sean identificables requerimientos de tipo social y de tipo económico.

Podríamos decir que son los intereses socioeconó-micos los que han estado en el origen mismo de la ciudad y son el motor de sus dinámicas. En todas sus fases, la ciudad va dando respuestas espaciales a los intereses socioeconómicos de sus habitantes y de los agentes actuantes implicados. Y estas res-puestas se dan en dos ámbitos: a) en el proyecto y construcción del espacio de la ciudad, y b) en el gobierno o gestión de este espacio.

Tanto en un ámbito como en el otro, quien esta-blece las pautas de la actuación son los poderes públicos, y en la medida en que estos respondan

PLa ciudad del futuro o el futuro de la ciudad.Juli Esteban

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das para los hogares que no pueden acceder al mercado libre, en algunas localizaciones y con una distribución en el conjunto de la ciu-dad que faciliten la integración social de estos hogares.

– Edificabilidades suficientes para propiciar unos ambientes urbanos vivos socialmente y propi-cios para las relaciones de orden económico, pero que permitan un estándar de calidad satisfactorio en los espacios públicos, en las viviendas y en los espacios de trabajo.

– Edificabilidades suficientes para que el coste de gestión y de mantenimiento de la ciudad sea asumible por cápita (o por vivienda, o por m2 de techo de actividad).

– Diferenciación de tramas y regulaciones que sean necesarias para evitar los conflictos en-tre usos no compatibles.

– Integración, protección y reutilización de los elementos y los tejidos patrimoniales en los tér-minos adecuados para cada caso.Serían, como vemos, nueve condiciones o criterios sobre aspectos bastante conocidos y debatidos, cuya observancia, en la medida y la modulación adecuadas, pienso que propicia una ciudad sostenible en términos socioeco-nómicos. Sin embargo, conviene añadir algu-nas consideraciones al respecto:

– El planeamiento urbanístico de la ciudad me-diante las determinaciones que le son propias establece el marco para la satisfacción de todas las condiciones mencionadas. Por lo tanto, el planeamiento urbanístico de cada ciudad es el documento básico con respecto a los objetivos de sostenibilidad socioeconó-mica de esta, los cuales tienen de entrada, en cada caso, las limitaciones que se derivan de las características de la ciudad existente.

– La ciudad planeada, ya se trate de las nuevas tramas de extensión o de las transformacio-nes de la ciudad construida, toma forma efec-tiva mediante procesos sucesivos de proyecto de concreción progresiva. Procesos que están condicionados por un plan general urbanístico que tiene que haber tenido en cuenta los cri-terios de sostenibilidad socioeconómica. Sin embargo, estos criterios deberían ser direc-tamente considerados, en el grado de con-creción que corresponda, en los proyectos de desarrollo.

– Hay que tener presente que el proceso de proyección y construcción de la ciudad pue-de propiciar, favorecer, facilitar... una ciudad sostenible de forma socioeconómica, pero no puede, como es bastante evidente, ga-rantizarla. Eso dependerá también de la ges-tión de la ciudad que el gobierno municipal desarrolle, pero tampoco aquí hay ninguna garantía. En un territorio con las ciudades y los pueblos altamente interrelacionados, y en un mundo donde los procesos económicos y sociales tienen dimensiones globales, la soste-nibilidad socioeconómica de la ciudad queda siempre condicionada a hechos externos. En todo caso, eso no es, evidentemente, ningu-

na excusa que justifique que el planeamiento urbanístico no haga el trabajo que le corres-ponde en esta materia, la cual se concretaría, de manera sintética, en la observancia de los nueve criterios señalados.

La mayoría de disposiciones legales sobre urbanis-mo y planeamiento que ha habido a lo largo del tiempo han tenido presentes una buena parte de los criterios señalados. Por lo tanto, los diversos textos legales han tenido el objetivo implícito de la sostenibilidad socioeconómica de la ciudad por medio de buscar una cierta justicia distributiva en el uso del espacio. También, más adelante, se aña-dió la exigencia de un cierto retorno de los bene-ficios de la extensión urbana a la colectividad. Por lo tanto, se podría decir que la investigación de la sostenibilidad socioeconómica de la ciudad es un objetivo que ha estado en el origen mismo del ur-banismo como disciplina teórica y como lógica de actuación. El futuro de la ciudad depende, aparte de otras cosas, del mantenimiento inexcusable de este principio fundacional.

No tenemos que perder de vista, sin embargo, que la globalización, mencionada repetidamen-te, potencia un factor que es sin duda dinamiza-dor de la actividad económica, que de entrada puede suponer aumentos de puestos de trabajo valorables socialmente, pero que crea innegables perturbaciones en la observancia de los principios espaciales de sostenibilidad socioeconómica. Nos estamos refiriendo a la competitividad aplicada a las ciudades y a los territorios igual que se aplicaba inicialmente a las empresas de finalidad económica. Hoy, las ciudades, las regiones, los estados... son entes que se postulan en el mercado global como ámbitos para atraer inversiones, actividades eco-nómicas, turismo, e incluso, residentes ricos. Con respecto al ámbito de la ciudad, a lo que nos esta-mos refiriendo hasta aquí, está claro que ser un es-pacio competitivo puede ser un factor a favor de la sostenibilidad socioeconómica en este ámbito y, al margen de algunos efectos perversos que se pue-den producir, hay que considerarla positivamente. Sin embargo no se debe perder de vista dos cosas, que trataremos a continuación: la sostenibilidad ambiental y el ámbito idóneo para la evaluación de la sostenibilidad.

La sostenibilidad ambiental y el territorio

En cualquier consideración sobre el futuro de la ciudad y del territorio que vaya un poco más allá de la esperanza de vida de los que ya somos mayores, el vector ambiental es lo que, desde la perspectiva del planeamiento del espacio, requiere una mayor atención. Y eso por varias razones:

– Los componentes económico y social están sustentados por los intereses inmediatos de las personas y las empresas. Asimismo, los comportamientos no sostenibles en estas materias –sobre los cuales puede haber in-

cluso un amplio consenso social y económico como en el proceso hasta una crisis todavía muy presente– se acaban corrigiendo en pla-zos relativamente cortos, aunque pagando, a menudo dolorosamente, y unos más que de otros.

– Las acciones de los colectivos con intereses opuestos en determinados momentos, y la acción política que tiene que escuchar la voz de los ciudadanos, pueden propiciar reequili-brios y acuerdos que mantengan o recuperen la sostenibilidad socioeconómica.

– Las decisiones en materia económica y social, aunque afectan a las oportunidades de perso-nas, e incluso de generaciones, no son irrever-sibles en el grado en que lo son los resultados de muchas decisiones y actitudes en materia ambiental.

– La competencia entre ciudades, que en al-gunos casos puede ser un factor de mejora socioeconómica, puede tener efectos muy negativos en la sostenibilidad del conjunto territorial cuando esta competencia se gene-raliza entre municipios de una misma área, y especialmente cuando se utilizan, como facto-res de atracción, la laxitud en el consumo de suelo y las rebajas en tasas e impuestos.

– La percepción de los efectos de la insostenibi-lidad ambiental es diferida en el tiempo. Eso hace que, a pesar de las voces proféticas que reclaman responsabilidad, a menudo la polí-tica, que está sujeta a ciclos electorales cada cuatro años, se ve impelida a olvidar tempo-ralmente requerimientos de sostenibilidad ambiental con el fin de facilitar la satisfacción y el equilibrio de los componentes social y eco-nómico. Conviene tener muy presente que a menudo los intereses de orden económico y social, en general con una visión a corto plazo, se contraponen directamente a las precau-ciones de orden ambiental. Y que, a menu-do, estas solo son defendidas por colectivos concienciados pero minoritarios. El episodio Eurovegas es un ejemplo nada lejano.

Sin embargo, la insostenibilidad ambiental afecta-rá a todo el mundo y las situaciones a las que se llegue en muchas de sus variables, en especial las asociadas al cambio climático, serán irreversibles de manera definitiva.

La pregunta inmediata sería: ¿qué puede hacer la ciudad a favor de su supervivencia? Pero la pre-gunta pertinente aquí es: ¿cómo pueden contribuir las ciudades a la sostenibilidad ambiental general, a través del proyecto y la gestión de su espacio?

Conviene tener claro que nuestras ciudades no son, en sí mismas, ambientalmente sostenibles. A menos que se tratara de un pueblo muy pequeño, tampoco el municipio, en el que tengamos en cuen-ta el resto del término municipal, que en algunos casos puede ser grande y estar bien conservado como espacio rural y natural, no será seguramente sostenible. Sin embargo, el objetivo no es que cada

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que Cataluña se sienta tentada por esta vía; ni la dinámica económica y demográfica tendrán la potencia suficiente para hacer verosímiles planteamientos de este tipo, ni tienen nin-gún sentido en un territorio tan colonizado como el catalán. Los experimentos en nues-tra casa no irán más allá de algún barrio pre-tendidamente ecológico –Figueres tiene uno proyectado– o de propuestas de vivienda autosuficiente y, por lo tanto, supuestamente ecológica. Confiamos en que este último in-vento no vaya más allá de la anécdota que han sido hasta hoy algunos ensayos o proyectos sin mucha base real. Pienso que no hay asen-tamiento menos ecológico y que atente más a la sostenibilidad del territorio que uno com-puesto por casitas “autosuficientes”, a menos que se trate de sobrevivir de un naufragio en una isla desierta. Es decir, en un lugar donde la ocupación de suelo y las distancias no ten-gan la valoración, ambientalmente clave, que tienen en nuestra casa.

Hace falta tener claro cuáles son los principales fac-tores de insostenibilidad ambiental que podemos tratar de corregir, o como mínimo no agravar, des-de el planeamiento de las ciudades y del territorio. Pienso que los principales son los siguientes: 1) mi-nimizar el consumo de suelo para la urbanización; 2) minimizar el consumo de energías no renovables 3) reducir la emisión de gases de efecto invernade-ro (en los puntos 2 y 3, básicamente por la vía de moderar las necesidades de desplazamiento, y de facilitar la creación de servicios de transporte pú-blico eficientes); 4) proteger la biodiversidad y 5) facilitar la producción de alimentos (en los puntos 4 y 5, por la vía de preservar los espacios adecuados a estos objetivos). Ciertamente estos cinco temas no agotan la problemática de la insostenibilidad del planeta, pero son los temas en los cuales la configu-ración de las ciudades y la urbanización del territo-rio influyen de manera directa y notable.

Pienso que está muy claro que solo un enfoque territorial permite abordar los objetivos de soste-nibilidad enumerados. Hay que trascender la ex-tensión del espacio urbanizado de la ciudad, que es deseable que sea compacto, y también el ámbito del municipio –casi siempre insuficiente y a me-nudo irrelevante geográficamente– con el fin de abordar y dar cumplimiento, con las herramientas del planeamiento y de gestión, a los requerimien-tos de sostenibilidad ambiental del territorio en su conjunto. Solo en la amplitud del territorio podremos delimitar ámbitos que permitan definir propuestas y medidas significativas en las líneas apuntadas. Eso lo entendió, ya hace mucho tiempo, cuando toda-vía no se usaba el calificativo “sostenible”, el Par-lamento de Cataluña, que aprobó en el año 1983 la Ley de política territorial, por la cual proveyó instrumentos para abordar el futuro del espacio de Cataluña y de sus ciudades desde una visión terri-torial. Este ha sido el marco legal bajo el cual se elaboraron hace unos pocos años, ya con objetivos explícitos de desarrollo sostenible, los siete planes

ciudad, pueblo o municipio sea sostenible, sino que el objetivo es que el territorio en su conjunto lo sea. Es más, está claro que podríamos considerar un gran éxito el hecho de alcanzar el objetivo que el conjunto de la tierra llegara a serlo para que la suma de las huellas ecológicas de todas las ciuda-des y territorios no excediera su superficie total. En cualquier caso, es un deber ético de primer orden que las ciudades corrijan tanto como sea posible su aportación a la insostenibilidad planetaria. La ne-cesidad de políticas y normativas rigurosas en esta materia que provengan de ámbitos de gobierno territoriales, estatales y supraestatales es evidente. En cualquier caso, podemos tratar de ensayar aquí en qué dirección tendríamos que ir a fin de que la configuración y la gestión de nuestras ciudades, y nuestro territorio, tendieran a disminuir su insoste-nibilidad ambiental.

Cataluña tiene un patrimonio urbanístico muy rico; tiene una estructura muy completa de ciudades, vi-llas y pueblos que articulan un territorio geográfica y paisajísticamente muy diverso. La colonización urbana del territorio ya está hecha, y está bien he-cha, si nos atenemos a las localizaciones de los nú-cleos y las áreas urbanas con sedimento histórico. Evidentemente no podemos valorar de la misma manera el lamentable desparramamiento de urba-nizaciones y polígonos industriales que en los últi-mos cincuenta años se han sumado al modelo de distribución de asentamientos históricos, aquellos que, grandes o pequeños, tienen como mínimo un campanario como muestra del antiguo arraigo en el lugar. A pesar del enmascaramiento resultante del mencionado fenómeno de dispersión en los últimos sesenta años, la Cataluña urbana se puede considerar todavía constituida por un conjunto de ciudades región que integran varios núcleos y áreas urbanas alrededor de polaridades de rango supe-rior. Asimismo, la interrelación de las diversas ciu-dades región irradia los valores urbanos en todo el territorio de Cataluña y hace tangibles ideas como la de Cataluña ciudad, que aportó el novecentismo, culto y regenerador, y que es aún un desiderátum vigente. La constatación de esta realidad tan esti-mable nos lleva a una consideración previa, antes de pasar a ensayar algunos requerimientos de la sostenibilidad ambiental de las ciudades en el fu-turo:

– En Cataluña no hacen falta, ni caben, más ciu-dades. Ni mentalmente ni espacialmente hay sitio para supuestas ciudades sostenibles del futuro como la denominada Masdar City que, con proyecto de Norman Foster, se está cons-truyendo en Abu Dabi. Sin embargo, pienso que no se tienen que descalificar proyectos como este, o como otros con pretensiones similares en China, Corea del Sur u otros países. Son experiencias que pueden aportar algunos resultados aplicables al problema de la sostenibilidad de la ciudad, aunque, vista la conciencia ambiental perceptible en algunos de los países que las patrocinan, más vale no confiar mucho. Ciertamente, no es probable

territoriales que cubren actualmente todo el te-rritorio de Cataluña. Estos planes, aunque no han podido corregir de cuajo decisiones equivocadas del pasado, contribuyen sin duda a mejorar la sos-tenibilidad de los desarrollos futuros. Sostenibilidad que tiene mucho que ver con la configuración y la estructura del sistema de ciudades que hay en el territorio y también, y especialmente, con los espa-cios no urbanizados de este. Los planes territoria-les establecen condiciones con un grado diverso de vinculación en función de su alcance normativo y su capacidad de concreción, las cuales, en todo caso, responden a los siguientes criterios:

– Contención/ahorro de suelo. Se trata de que la evolución de las ciudades no conlleve la urbanización de más suelo, todavía rural, que el necesario. Hay que aprovechar mejor las áreas ya urbanas mediante su reutilización y rehabilitación. (Obviamente con exclusión de aquellas áreas urbanas que por su localización se tendrían que congelar o desurbanizar, si fuera posible). Con este criterio se quiere preservar el suelo con buenas condiciones topográficas y de localización para las activi-dades rurales, y como opción estratégica de futuro.

– Compacidad/no dispersión. La compacidad del área urbana y la minimización de los ele-mentos y las tramas separadas en los casos estrictamente necesarios, o justificados histó-ricamente, facilitan la movilidad sostenible en el interior del área urbana, minimizan la intru-sión urbana en los espacios rurales, agrarios y de interés natural, y disminuyen la afectación del paisaje. También, con relación a la soste-nibilidad socioeconómica, la compacidad evita las oportunidades de segregación social.

– Polarización/estructura. Orientar las necesi-dades de extensión urbana, debidas a la de-manda de más espacio para viviendas y para actividades económicas, en las ciudades y vi-llas principales de cada área territorial, tiene claras ventajas ambientales: facilita una mayor eficiencia, frecuencia y competitividad de los transportes colectivos interurbanos, favorece la mezcla urbana y propicia una consiguiente disminución de la movilidad obligada entre municipios. También, con relación a la sos-tenibilidad socioeconómica, la polarización urbana propicia que determinadas villas al-cancen dimensión suficiente para la aparición de equipamientos de nivel superior, de los cuales también disfrutarán los pueblos de los alrededores.

– Preservación del espacio rural. Facilitada tam-bién por los criterios de ahorro de suelo y de compacidad, la preservación del espacio agra-rio es estratégica para mantener una cierta capacidad de autoabastecimiento alimenticio en un futuro muy incierto, y también para las ventajas ambientales que conlleva el consumo de productos de proximidad. Hay que seña-lar, también, que la preservación de algunas piezas de suelo hoy destinadas a cultivos, las

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cuales tienen un gran potencial de oportuni-dades de futuro, debido a su localización y configuración, aporta bases de sostenibilidad en todos los aspectos.

– Red de espacios abiertos. La visión que el enfoque territorial facilita permite definir una red continua de espacios abiertos estructu-rada a partir de la morfología, la hidrografía y los ecosistemas naturales que es básica para el mantenimiento de la biodiversidad terri-torial y para la calidad del paisaje. Esta red que incorpora también los espacios agrarios, constituye con el sistema de ciudades, villas y pueblos, y con los ejes de comunicación, el modelo que tiene que ser la referencia básica de la evolución del territorio.

Conclusiones

Estas reflexiones, hechas un poco desde el senti-miento, nos han llevado de la ciudad al territorio a través de los requerimientos de sostenibilidad.

En la primera parte, y entendida la ciudad como un espacio durable dotado de forma –o mejor dicho, de formas– se han tratado de deducir algunos prin-cipios para el planeamiento de las extensiones y reformas de la ciudad, con el objetivo de facilitar su adaptabilidad y capacidad potencial en los nuevos e inciertos contextos que el futuro deparará. Está claro que la experiencia de 150 años del proyecto de Ildefons Cerdà ha sido, como se ha visto, una referencia próxima y sólida para estas primeras reflexiones.

A continuación, y después de señalar la asimetría de los tres componentes de la sostenibilidad, se ha visto cómo la sostenibilidad socioeconómica es la base ideológica del urbanismo que podríamos de-cir clásico; el urbanismo que ha sido regulado por la mayor parte de la legislación urbanística que hemos tenido desde 1956. Leyes que, con buen criterio, han mantenido la idea, que aunque la construcción de la ciudad era, y podía ser, un negocio, se te-nía que asegurar un suficiente bienestar espacial a los ciudadanos. De hecho, los requerimientos de una sostenibilidad socioeconómica, que se han expresado en nueve criterios, no serían más que una síntesis actualizada de unos principios para el planeamiento de las ciudades, que tienen validez general en nuestra cultura urbanística.

La sostenibilidad ambiental se nos presenta como la más crítica, la menos atendida, la más preocu-pante a la vista de cómo van las cosas en el mundo. Los requerimientos de sostenibilidad ambiental, a fin de que las ciudades en su conjunto corrijan su deriva insostenible, nos lleva a considerar el terri-torio como el ámbito donde se tienen que plantear y ejecutar las políticas espaciales que propicien un desarrollo necesariamente sostenible. Políticas para el territorio en su conjunto, y directrices para el desarrollo urbanístico de las ciudades que lo in-tegran. Análogamente a cómo se ha hecho en las dos temáticas tratadas anteriormente, se han seña-

lado cinco criterios ambientales que han orientado la elaboración de los planes territoriales vigentes. Estos planes, a pesar de las limitaciones derivadas de ser los primeros que llegan y de tener que abrir-se camino, tratan de avanzar decididamente en la dirección apuntada.

Sin perder de vista la inexcusable contribución de nuestras ciudades a la necesaria sostenibilidad am-biental del planeta, pienso que se puede afirmar con rotundidad que es en el territorio donde nos jugamos el futuro. El futuro de las ciudades, el fu-turo del territorio mismo y el futuro de Cataluña como país.

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SR: El análisis es complejo porque nosotros llega-mos a estudiar cada uno de los indicadores por cada tramo de calle, y eso supone una gran can-tidad de información. Hoy por hoy no sabemos la puntuación que tiene Barcelona a partir de los indicadores de urbanismo ecológico pero tendre-mos este dato pronto. Todavía no hemos hecho un análisis de toda la ciudad. Lo estamos haciendo por partes, a partir del proyecto de supermanzanas de casas que estamos desarrollando.

JE: ¿Qué es una supermanzana?

SR: El urbanismo en el Eixample de Barcelona se basa en estas islas octogonales de viviendas que denominamos manzanas. Una supermanzana se-ría una nueva célula de organización urbana que podría aportar mejoras en el urbanismo ecológico como solucionar las disfunciones ligadas a la mo-vilidad, mejorando la disponibilidad y calidad del espacio público para el peatón. Estos objetivos se consiguen con la introducción de dos cambios fundamentales: la jerarquización de la red vial y el establecimiento de una red diferenciada para cada modo de transporte.

¿Cuántas manzanas de casas formarían una super-manzana?

SR: Una supermanzana sería una superficie de unos 400 por 400 metros, es decir, en el Eixample, habría un conjunto de nueve supermanzanas.

JE: ¿Cómo conseguirían una movilidad más ecológi-ca con el modelo de las supermanzanas?

SR: Sería una solución integral que uniría urbanis-mo y planificación de la movilidad. El objetivo prin-cipal sería limitar la presencia del vehículo privado al espacio público y devolver este espacio al ciuda-dano. En la situación actual del Eixample, los co-ches pasan por todas partes. En nuestro proyecto, los coches que circulan para ir rápidamente de un punto a otro de la ciudad no pueden pasar por el centro de la supermanzana; si van de paso, tienen que utilizar las calles de la periferia de la superman-zana. Todo el mundo podría entrar en el interior de una supermanzana pero con una limitación de velocidad a 10 km/h, de modo que podríamos ga-rantizar la seguridad en estas calles e incrementar la habitabilidad y el confort en el espacio público.

JE: ¿Qué ciudades están poniendo en práctica este concepto de supermanzana?

SR: Las supermanzana están aprobadas o diseña-das en ciudades como Vitoria-Gasteiz, A Coruña, Ferrol, Viladecans y El Prat de Llobregat. En Bar-celona, tenemos ejemplos en el 22@ y en Gracia.

JE: ¿Si se aplicara este modelo en toda Barcelona, qué resultados tendríamos?

SR: Con respecto al espacio público, por ejemplo, si miramos el mapa actual de la ciudad observamos

editado por Harvard University, Graduate School of Design y Lars Müller Publishers. Este libro, que ahora se publicará también en castellano, presenta la defini-ción de urbanismo ecológico por extensión, es decir, a través de ejemplos. Cada una de las personas que aportan ejemplos en este libro explican casos que muestran lo que se debe hacer para que un tipo de urbanismo se pueda considerar ecológico.

JE: ¿Cuál ha sido su aportación a la definición de este nuevo concepto?

SR: Mi interés era definir el urbanismo ecológico por comprensión, es decir, por concepto. Atendiendo a la teoría académica de la ecología, considero que la ciudad es un ecosistema y que sus partes integran-tes pueden funcionar también como ecosistemas. Recordemos en este punto que un ecosistema es el conjunto de relaciones que se establecen entre los elementos presentes en un lugar determinado. Tan importante como las relaciones, sin embargo, son las restricciones en el comportamiento de los elementos que se relacionan. Estas restricciones nos permiten diferenciar un ecosistema de otro. Nosotros hemos creado una serie de indicadores, es decir, un sistema de restricciones, que permiten determinar hasta qué punto una ciudad se acomoda en el modelo teórico de urbanismo ecológico.

JE: ¿Cuál es el modelo de una ciudad con urbanis-mo ecológico?

SR: El modelo teórico está ligado al modelo de ciudad mediterránea, compacta, compleja en su organización, eficiente en su metabolismo y cohe-sionada socialmente.

JE: ¿Y su sistema de indicadores permite medir si una ciudad se acerca a este modelo?

SR: Así es. Nuestro sistema marca cuatro ejes, quince principios y una cincuentena de restriccio-nes que se tienen que cumplir para poder decir que una ciudad aplica el urbanismo ecológico. Por ejemplo, nuestro modelo dice que una ciudad con urbanismo ecológico tiene que tener el 75% de territorio con un nivel sonoro por debajo de los 65 decibelios A (dB A, una unidad de nivel sonoro medio con un filtro previo que elimina parte de las frecuencias bajas y las frecuencias muy altas). Si la ciudad que queremos analizar cumple plenamente esta condición diremos que en este punto se adap-ta al 100% al urbanismo ecológico. A partir de los modelos que ya hemos definido, hemos analizado ciudades como Bilbao y Vitoria, y ahora estamos analizando Barcelona y otras ciudades del mundo.

JE: ¿En Barcelona, estamos muy lejos de tener un urbanismo ecológico?

SR: Podemos decir que tenemos un modelo fan-tástico pero mejorable.

JE: ¿Tienen datos, a partir de su sistema de eva-luación?

Casar el urbanismo ecológico y la nueva ruralidad, un reto insoslayable Salvador RuedaBiólogo. Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

Ignasi AldomàProfesor de la Universidad de Lleida. Experto en desarrollo rural

Por Joaquim Elcacho Periodista

Según el concepto de urbanismo ecológico, la ciudad es un ecosistema organizado a partir de las relaciones entre sus elementos. Si pensamos en una ciudad mediterránea, eso quiere decir un ecosistema compacto, eficiente, con una organización compleja y en el que existe cohesión social. El ecólogo Salvador Rueda lo concreta en la entrevista.

El mundo rural se ha transformado notablemente en las últimas décadas. La mayoría de áreas rurales de Cataluña son áreas urbanas de baja densidad de población. Por lo tanto, eso implica una nueva ruralidad, como explica Ignasi Aldomà.

Salvador Rueda Palenzuela (Lleida, 1953) es licenciado en Ciencias Biológicas (Universidad de Barcelona, 1976) y Psicología (UB, 1980), y diplo-mado en Ingeniería Ambiental (Ministerio de In-dustria y Energía y Universidades e Investigación, 1981) y en Gestión Energética (UPC, 1984). Direc-tor de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona desde su fundación, en el año 2000, Salvador Rue-da ha ocupado cargos de dirección en tareas de planificación en la Generalidad de Cataluña y en los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs.Autor de varios libros, artículos cientificotécnicos y de divulgación sobre medio ambiente urbano, asesor científico y comisario de exposiciones na-cionales e internacionales, ponente en másteres, posgrados y congresos nacionales e internaciona-les. Fue miembro del Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea entre los años 1994 y 1998.

Entre otras publicaciones destacadas, Rueda es autor de los libros Ecologia Urbana: Barcelona i la seva Regió Metropolitana com a referents (Beta Editorial, 1995); Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible (Ajuntament de Barcelona, 2002); y redactor principal y coordinador del Libro Ver-de de Medio Ambiente Urbano (ed. Ministerio de Me-dio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2006). Salvador Rueda es miembro del Consejo Científico de la revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura.

JE: ¿Qué es el urbanismo ecológico?

SR: Tomo prestada esta denominación de un libro en el cual yo también participo, Ecological Urbanism,

ENTREVISTASE

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tropear ni un metro cuadrado de espacio público si antes no se ha pensado muy bien; si la ocupación en este terreno no tiene que ser útil para la vida de los humanos. Lo que hemos hecho últimamente en muchos puntos de Cataluña ha sido quemar ki-lómetros y kilómetros cuadrados de territorio. En los últimos treinta años hemos ocupado dos veces y media más superficie que en toda la historia an-terior, y lo hemos hecho muchas veces de manera estúpida, absurda. El urbanismo ecológico propo-ne pensar muy bien cada centímetro cuadrado de espacio público, siendo lo más eficiente posible y consiguiendo las mejores condiciones de calidad urbana y de calidad de vida para las personas; por-que todo eso que estamos ocupando se lo esta-mos quitando a la naturaleza.

Ignasi Aldomà Buixadé (El Poal, 1955) es doctor por las universidades de Barcelona y Montpelier y actualmente ejerce de profesor en el Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad de Lleida (UdL). Sus investigaciones sobre la agricultura, el mundo rural y el agua se han trasladado en diversos artículos, ensayos y más de una decena de libros. Entre sus publicaciones re-cientes, destacan Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural, 2009) y La batalla per l’aigua (Pagès Editors, 2012).

JE: ¿Qué es la ciudadanía rural?

IA: Se trata de asumir, desde los habitantes de pue-blos y masías, que estamos en una sociedad y un territorio de condiciones y formas de vida funda-mentalmente urbanas. Los habitantes de pueblos y masías tienen las mismas actividades y tendrían que tener las mismas oportunidades que los habitan-tes de ciudades. Eso es lo que tendrían que asumir también los gobiernos y los ciudadanos en relación con las zonas rurales.

JE: ¿Los jóvenes de pueblos y masías, como usted dice, tienen mentalidad de jóvenes de ciudad?

IA: Si hablamos de artículos de consumo, las for-mas de relacionarse o las preferencias culturales son prácticamente idénticas entre los jóvenes de pueblo y de ciudad. Lo único que cambia son al-gunas condiciones del entorno, y básicamente el hecho de que en los pueblos hay determinadas demandas que no se pueden satisfacer en la proxi-midad. Esta diferencia crea algunas singularidades como la necesidad de más desplazamientos. Tam-bién existe una diferencia en la relación con el en-torno. La nueva ciudadanía rural tiene que aceptar que existen algunas condiciones a las que hace falta adaptarse pero básicamente se tiene que considerar que las áreas rurales en Cataluña son en la práctica áreas urbanas de baja densidad de poblamiento.

JE: ¿Esta realidad ya existe o está en construcción?

IA: En Cataluña hay que asumir que las masías y los pueblos forman parte de las ciudades y esta asimilación tiene repercusiones importantes en las

llegar al 75% de acomodación. Eso, sin derribar nin-guna casa, solo transformando algunos elementos clave como los que indicábamos antes hablando de las supermanzanas.

JE: ¿Cómo quedaría situada Cataluña si hiciéramos un estudio sobre urbanismo ecológico?

SR: No lo hemos analizado con detalle pero se po-dría hacer perfectamente un estudio de este tipo. En Cataluña tenemos muchos municipios con ca-racterísticas de ciudades compactas pero tenemos que reconocer que de un tiempo acá la tendencia de construir ciudad nos ha llevado a desarrollar un modelo anglosajón, que es el de urbanización dispersa. Ahora, en muchos lugares no tenemos ciudades sino espacios urbanizados, suburbios; es-pacios que solo utilizamos para ir a casa en coche.

JE: ¿Barcelona y Cataluña se pueden transformar para convertirse en una red de ciudades que res-pondan al urbanismo ecológico?

SR: Tendríamos que hacerlo. Aplicar el urbanismo ecológico en nuestro país nos ayudaría por ejem-plo a reducir las incertidumbres en materias como la energía. Si aplicamos este tipo de urbanismo potenciaremos las energías renovables y reducire-mos la incertidumbre que supone depender de los combustibles fósiles que todos los informes dicen que no irán más allá de los treinta o cuarenta años.

¿Con respecto al modelo de movilidad, hacia don-de tendría que ir Cataluña?

SR: Tendríamos que hacer un cambio importante en el modelo actual. Tenemos que reducir el nú-mero de vehículos circulantes e incrementar los módulos alternativos: transporte público, bicicleta e ir a pie. Hay que reducir el impacto no solo en la ocupación del espacio sino también en la ocu-pación de recursos y el impacto en el medio am-biente. Recordad que en el área metropolitana de Barcelona, la contaminación atmosférica provoca cada año 3.500 muertes prematuras. Por lo tanto, en Cataluña tenemos que trabajar en el urbanismo ecológico porque este es el futuro.

JE: ¿Son compatibles los conceptos de urbanismo ecológico y nueva ruralidad?

SR: Son perfectamente compatibles. Para relacio-nar estos dos conceptos tenemos que considerar que el objetivo de todos es generar territorios inteligentes. Es decir, tenemos que hacer lugares donde la gente que vive allí quiera continuar vivien-do porque dispone de los servicios que necesita.

JE: ¿Los pueblos también pueden mejorar en urba-nismo ecológico?

SR: Los principios para aplicar el urbanismo ecoló-gico tendrían que ser los mismos en los pueblos y en las ciudades. Un primer principio que se tendría que respetar es que no se tiene que quemar o es-

que tenemos medio millón de metros cuadrados de vías peatonales; pues con la propuesta de su-permanzana pasaríamos a tener 7,5 millones de metros cuadrados. En una primera fase, solo con señales y pintura, podríamos liberar el 70% del es-pacio público de la ciudad. Sería el mayor proyecto del mundo en el reciclaje de una gran ciudad. Me he comprometido a estudiarlo y proponerlo, de modo que se podría llevar a la práctica con una inversión de solo dos millones de euros en esta primera fase de nueva señalización de las calles de las supermanzanas.

JE: ¿Cuántos elementos de urbanismo ecológico se pueden mejorar con la propuesta de superman-zana?

SR: Aparte de la movilidad y la recuperación del espacio público, conseguimos una mejora en la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, podemos mejorar también la biodiversidad de la ciudad por-que en las calles actuales solo caben árboles de alineación y en una supermanzana cabe de todo; tenemos que cambiar los paisajes interiores de la ciudad. La calle de Enric Granados es un modelo de lo que podría ser el interior de una supermanzana; una calle donde un niño puede aprender a ir en bicicleta. Y eso se puede hacer en toda la ciudad. Pero con esta aplicación del urbanismo ecológico proponemos también una multiplicación de la acti-vidad económica y hacemos más fácil la gestión de los residuos, el agua y la energía. Incluso, la super-manzana se propone como modelo para mejorar la cohesión social y la convivencia.

JE: Nos comentaba que este modelo ya se aplicaba en parte en ciudades como Vitoria-Gasteiz y esta es precisamente una de las ciudades que ustedes han analizado... ¿Qué resultados han obtenido?

SR: Vitoria está alrededor del 50% de acomoda-ción al urbanismo ecológico. Para ser datos de toda una ciudad, está muy bien. La cifra puede parecer modesta pero es que los retos que nosotros pone-mos con este nuevo urbanismo son los vinculados a la sostenibilidad, con un futuro que está por cons-truir. Si Vitoria llevara a cabo las transformaciones que nosotros proponemos llegaría a un 80% de acomodación al urbanismo ecológico.

JE: ¿De Barcelona, tienen algunos datos, aunque sean parciales?

SR: En el caso que estamos estudiando de las su-permanzanas de Les Corts, los datos dicen que en la actualidad tienen una acomodación de poco más del 50% a los valores de urbanismo ecológico.

JE: Su estudio no solo indica la realidad actual sino que apunta a los cambios que se podrían hacer para acercarse al urbanismo ecológico...

SR: Efectivamente. En el caso del cual hablábamos, de Les Corts, por ejemplo, con las propuestas de transformación que nosotros hacemos, podríamos

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JE: Pero la ciudadanía rural también tiene que entender que los tiempos han cambiado, que el medio natural es un bien común que hay que pro-teger...

IA: Evidentemente. El mundo rural tiene que en-tender que la ciudadanía rural implica también el reconocimiento de que el campo no solo existe para producir; que el campo ofrece también valo-res como el paisaje y el medio ambiente. Tiene que haber aproximación tanto de la ciudad al campo como del campo a la ciudad.

JE: ¿Podemos ser optimistas sobre este proceso de comprensión?

IA: Esta evolución es positiva para todo el mun-do. En los últimos treinta años, las mejoras en la movilidad y esta transformación hacia una sociedad de servicios nos ha hecho mucho más próximos y mucho más parecidos. Ahora hay más posibilidades para la gente de los pueblos, que pueden traba-jar en una empresa en una ciudad sin tener que marcharse de su casa; y también más posibilidades para la gente de Barcelona que puede ir a vivir en uno de estos pueblos sin tener que renunciar a los servicios que tenía en la ciudad.

JE: ¿Se tiene que invitar a los habitantes de las ciu-dades a vivir en los pueblos?

IA: Uno de los retos que tendríamos que hacer realidad sería convertir las segundas residencias que se han construido durante años en el medio rural en primeras residencias. A muchas zonas de Cataluña, la ruralidad tiene capacidad de acogida, y si vive más gente en el medio rural eso permiti-rá tener más servicios y una calidad de vida mejor para todo el mundo.

y Prepirineo, hace falta que ciudades como Sort, Esterri d’Àneu, Viella o El Pont de Suert aguanten y mantengan los servicios que ya son indispensables para todos los ciudadanos.

JE: ¿La mentalidad de los habitantes de las ciudades está ahora más cerca de la forma de vida de los pueblos?

IA: Estamos en un proceso de cambio que se empe-zó a hacer evidente hace unos años y que quizás se ha incrementado con la crisis. Antes la gente de ciu-dad solo se acercaba a los pueblos para hacer turis-mo o tener una segunda residencia. Está creciendo el fenómeno de gente de ciudad que va a vivir en los pueblos, y no me refiero a gente de Barcelona que va a vivir al área metropolitana. No es un fenómeno migratorio de grandes proporciones pero en todos los rincones de Cataluña se puede encontrar ahora gente que ha venido de las ciudades.

JE: ¿La estructura económica de Cataluña permite la consolidación de esta ciudadanía rural? ¿La gente que vive en pueblos y masías puede vivir de las ac-tividades que están cerca de su casa?

IA: Las actividades agrarias se han ido convirtien-do en una industria agroalimentaria que produce, transforma y comercializa productos acabados. Este sector está aguantando bastante bien la crisis y da oportunidades a la población. El turismo rural y de interior tiene futuro pero vive ahora los efectos de la crisis que afecta a sus clientes, que son preci-samente los habitantes de las clases medias de las ciudades. En condiciones de crisis, las áreas rurales tienen incluso más capacidad de resistencia que las zonas urbanas.

JE: ¿La planificación urbanística de Cataluña ayuda a avanzar hacia la nueva ciudadanía rural?

IA: Se ha hecho mucho trabajo. Prácticamente todo el territorio dispone de planes territoriales parciales. Con respecto a planes urbanísticos mu-nicipales, la cobertura casi es completa; y además tenemos catálogos de paisaje, aunque nos falte alguna cosa. Si se reanuda la actividad urbanística quizás hará falta mejorar algunos aspectos de pla-nificación y revisar algunos macroproyectos histó-ricos que están parados y podrían crear desajustes en caso de que se recuperaran de repente.

JE: ¿El futuro de los pueblos se decide en las ciu-dades?

IA: Algunas planificaciones del territorio se hacen desde despachos de las grandes ciudades; y como decíamos antes, es cierto que algunos ciudadanos creen que todo aquello que está fuera de las ciu-dades tiene que ser un parque natural. El paisaje ha cambiado durante miles de años en función de las personas que vivían en el territorio y, en parte, estos cambios también se continúan produciendo ahora dependiendo de las actividades y necesida-des de las personas.

iniciativas y los proyectos económicos, sociales y políticos del país. Hay gente que no quiere enten-der esta realidad, reproduciendo prejuicios que afectan a la actividad económica, al bienestar y a la vida democrática de estas áreas que por inercia continuamos llamando rurales.

JE: ¿Todavía hay fuerzas sociales y políticas que tra-tan de mantener el mundo rural como un sector marginal? ¿Los ciudadanos todavía tienen prejuicios contra los “campesinos”?

IA: Todavía pesan mucho los tópicos, sobre todo porque la visión dominante se hace desde la pers-pectiva urbana. Muchos ciudadanos piensan aún que cuando salen de la ciudad todo lo que los ro-dea es naturaleza virgen, plantas y animales que están allí solo para que ellos disfruten. Hay muchas dificultades para entender que buena parte del territorio rural sirve para producir y para que sus habitantes se ganen la vida.

JE: Si los habitantes de pueblos y masías asumen el concepto de ciudadanía rural se tiene que evitar que pasen a ser ahora los ciudadanos de segunda, los ciudadanos de un nuevo suburbio que llamaría-mos mundo rural...

IA: Es evidente que no se tienen que crear nuevos núcleos de marginalidad. Tenemos que evitar que las dificultades para acceder a algunos servicios o la falta de una perspectiva social clara convierta el mundo rural en un reducto o en un suburbio. En Cataluña hay muchos tipos de ruralidad pero en muchos casos tenemos problemas de marginalidad muy similares a los que se encuentran en las ciuda-des, por ejemplo ante los problemas de acceso a la vivienda, la drogadicción o la inmigración.

JE: También tienen problemas como los que to-davía se pueden encontrar en algunas zonas mar-ginadas de las ciudades, como es la dificultad para acceder a las nuevas tecnologías...

IA: En este caso concreto, el acceso a la telefonía móvil e internet está bastante resuelto en el mun-do rural, creo yo. Seguro que todavía hay lugares aislados en zonas de montaña pero ahora es difícil encontrar pueblos que no tengan acceso a las nue-vas tecnologías de la información.

JE: ¿Con respecto a los sistemas de transportes y las comunicaciones por carretera, las infraestructu-ras existentes a Cataluña permiten hacer realidad esta ciudadanía rural?

IA: También en este caso hay zonas concretas del Pirineo y del Ebro, para poner algún ejemplo, que pueden estar relativamente aisladas pero en gene-ral buena parte de la población de pueblos y masías puede encontrar un núcleo urbano a media hora de viaje. Eso es lo más delicado, hay que velar para que existan centros en esta nueva ruralidad, don-de la población tenga al alcance los servicios que necesita un ciudadano. Si hablábamos de Pirineo

ECasar el urbanismo ecológico y la nueva ruralidad, un reto insoslayableSalvador Rueda y Ignasi Aldomà

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POLÍTICAS PÚBLICASP

La ordenación territorial y urbanística: ¿hacia una nueva ley? Ferran Miralles y Agustí Serra Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Los autores reflexionan sobre el marco y los ejes que tendría que tener una nueva legislación para incorporar los nuevos valores urbanísticos y una mayor transparencia.

Este artículo parte de una triple constatación. Tene-mos el país que tenemos, como resultado de la he-rencia recibida y la práctica urbanística de todos estos años. Tenemos un modelo definido, ni que sea por agregación, porque la planificación territorial y urba-nística cubre, en estos momentos, la totalidad de los municipios de Cataluña. I nos encontramos inmersos en un cambio de ciclo que lo pone todo en cues-tión y nos invita, si no obliga, a hacer balance de todo ello. El futuro es incierto, pero todo parece indicar que nada volverá a ser como antes. Sin duda es un buen momento para poner en marcha un proceso de reflexión sobre los objetivos, los instrumentos y los métodos de los que nos hemos dotado.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha puesto en marcha este proceso anunciando la intención de revisar a fondo y de integrar en una sola ley la normativa en materia de ordena-ción del territorio, de urbanismo y de paisaje. El proceso implica, también: la tramitación de una norma catalana de ordenación del litoral ; una reflexión sobre leyes específicas como la de mejora de urbanizaciones con déficits urbanísti-cos o la de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial ; y la discusión sobre algunos aspectos de la normativa ambiental, agraria y, en general, reguladora de las actividades económicas.

En el momento de escribir este artículo, nos en-contramos aun en el debate de los conceptos y de las ideas: el porqué nos es preciso una nueva ley y qué podría aportar; la identificación de los princi-pales problemas y debates; y la formulación de una primera batería de posibles líneas de trabajo y de propuesta. Para este cometido se han constituido dos ámbitos de debate: un pequeño grupo de tra-bajo –liderado por el director general de Ordena-ción del Territorio y Urbanismo– y el Comité de expertos para la reforma de las políticas de orde-nación del territorio y urbanismo en Cataluña, que asesora al consejero de Territorio y Sostenibilidad. Aparte de eso, se ha participado en otros espacios de debate, entre los cuales cabe destacar el “Foro 2012 - Cataluña 21” promovido por la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio.

El grupo de trabajo está formado por varios miem-bros del departamento y profesionales externos de reconocido prestigio en el ámbito del derecho,

la planificación y la gestión urbanísticos. El Comité de expertos, creado por la Orden TES/110/2013, de 4 de junio, con carácter temporal, está presidi-do por el consejero y está formado por tres repre-sentantes del Departamento de Territorio y Soste-nibilidad, dos representantes de las organizaciones asociativas de entidades locales, nueve represen-tantes de los colegios profesionales y quince per-sonas expertas del ámbito académico, profesional o económico relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo.

Durante el segundo semestre de 2014, mediante un proceso de participación pública formal, está previsto que el debate se abra al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los ayuntamientos, a los distintos profesionales que trabajan en el ámbito del urbanismo, en las universidades, en el sector inmobiliario y en el sector del medio ambiente. El debate público y la tramitación del anteproyecto de ley, si procede, se iniciará en 2015.

El presente artículo pretende recoger algunas de las reflexiones y propuestas que se han genera-do en el seno del mencionado grupo de trabajo y del Comité de expertos, cosa que no significa que todo cuanto hemos recogido sea compartido por la totalidad de los miembros de estos grupos. En tanto que ejercemos, en parte, de relatores, no deja de ser un artículo de autoría compartida. A pesar de eso, si bien el mérito debe entenderse colectivo, la responsabilidad última del texto, es toda nuestra.

Hacia una nueva ley

Es importante remarcar que el objetivo del proce-so no es la formulación de pequeños retoques a la legislación territorial y urbanística vigente, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, sino que hay una clara voluntad de reforma y un com-portamiento atrevido y ambicioso. De entrada, pues, se propone un debate a fondo y sin limitacio-nes, un debate de máximos, porque el momento lo pide. Posteriormente, en función de los resultados, se tendrá que precisar la hoja de ruta.

Es previsible que algunos de los problemas no se puedan abordar ni solucionar, solamente, desde una ley de urbanismo y que se escapen de nuestro alcance. Es posible que algunas ideas o propues-tas choquen con la legislación básica del Estado –por ejemplo la del suelo– y que su implementa-ción no dependa, solamente, de nosotros. Habrá objetivos y líneas de actuación, eso seguro, que no requerirán de reserva de ley y que podrán ser abordados simplemente con voluntad política y con un cier to consenso de los actores implica-dos. Nos referimos a cambios en las priorida-des, los objetivos y los criterios de actuación; a cambios organizativos, de capacitación y de go-bernanza; a la implantación de una nueva cultura que impregne todas las par tes; y a cuestiones susceptibles de ser definidas por el propio pla-neamiento. Está claro que en algunas cuestiones,

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polígonos de suelo por actividad económica. I hay una queja general por parte de ayuntamientos y promotores en relación con la falta de información y de cooperación que dan las compañías de servi-cios en los procesos de planeamiento urbanístico.

Aparte de esto, es evidente que la ciudad real tam-poco entiende de límites municipales y que cada una de las conurbaciones catalanas, en las que los continuos urbanos se encabalgan y se entrelazan, requiere una planificación y una gestión intermu-nicipales que ahora no se dan y que es preciso potenciar.

La bondad de diluir la frontera entre planeamiento territorial y planeamiento urbanístico supramunicipal y desarrollar instrumentos de geometría variable

La frontera entre los planes territoriales parciales y los planes directores urbanísticos de coordina-ción del planeamiento municipal ha sido, a menudo, difusa y confusa. Sus determinaciones, de unos y otros, no han diferido en su naturaleza. Por otra parte, los planes directores han tenido muy poco margen de juego entre el planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico municipal.

En la etapa actual, se detecta la necesidad de desa-rrollar instrumentos supramunicipales de geome-tría variable, o sea, de alcance temático y de ámbito territorial no predefinidos por la ley. Se quiere que el planificador pueda centrarse, solo, en la cues-tión concreta que le interesa ordenar, delimitar el ámbito territorial que tenga realmente sentido y trabajar a la escala de trabajo más adecuada. En consecuencia, parece útil agrupar bajo un mismo paraguas –bajo el nombre de estrategias territo-riales– todos aquellos instrumentos de ordenación que desarrollen normas, esquemas, directrices o recomendaciones para la ordenación supramunici-pal, sin que la ley predefina ni ámbitos territoriales ni sectoriales ni escala de trabajo. De entrada, la iniciativa correspondería a la Generalidad de Ca-taluña.

La idea es que los planes directores urbanísticos que hasta ahora se han dirigido a coordinar el planeamiento urbanístico municipal, los planes territoriales parciales y los planes territoriales sec-toriales sean integrados dentro de esta figura de planeamiento; y se añadan otros instrumentos más flexibles como la instrucción –mediante orden del consejero–, las directrices, los criterios, y los es-quemas territoriales, entre otros.

La importancia de desarrollar instrumentos de gestión y de gobernanza para hacer posible el planeamiento supramunicipal e intermunicipal

Para que la cooperación intermunicipal en la pla-nificación y en la gestión de determinados activos territoriales sea posible, es preciso desarrollar nuevos instrumentos de gestión que permitan un

cedimientos y la toma de decisiones urbanísticos. Es importante determinar con mayor precisión las plusvalías y los costes, entre los cuales los de capi-tal, profundamente ligados a la cadencia entre la inversión y la recuperación de la inversión; pero también las externalidades negativas y los costes de explotación que conlleva el planeamiento.

Las nuevas implantaciones se tienen que localizar y concentrar allí donde son más competitivas, allí donde se aprovechan mejor las infraestructuras y los servicios existentes y, en consecuencia, se ren-tabilizan la inversión y el gasto públicos. Dicho de otra manera: se tienen que situar allí donde se ge-nera una menor demanda de nueva infraestructura y de nuevos servicios de transporte público o unos costes menores de explotación, mantenimiento y conservación por parte de las administraciones públicas. La estructura territorial condiciona fuer-temente los costes de funcionamiento de un país, su eficiencia y, por lo tanto, su competitividad. Una ordenación eficiente exigirá un consumo menor de recursos públicos los cuales podrán ser destinados a otros objetivos tan o más importantes.

De la misma manera, es lógico exigir que las nuevas implantaciones y determinados usos del suelo se localicen allí donde menos comprometen los ac-tivos territoriales estratégicos del territorio como, por ejemplo, las reservas de suelo fértil, el ciclo del agua, los recursos turísticos y el paisaje, la in-fraestructura verde u otros usos económicos que podrían resultar incompatibles. Las cosas se deben hacer y se pueden hacer sin disminuir las potencia-lidades de nuestro territorio, sin disminuir la com-petitividad de nuestro país el día de mañana. I la sostenibilidad es eso.

La necesidad manifiesta de instrumentos de planificación supramunicipal e intermu-nicipal

La eficiencia, sostenibilidad y competitividad de nuestro territorio exige abordar cada reto a la es-cala más adecuada. Es ampliamente reconocida la necesidad que determinadas cuestiones se planifi-quen y se gestionen supramunicipalmente, porque la suma de ordenaciones municipales, aunque sean bienintencionadas y correctas en su escalera de trabajo, no resulta eficiente ni sostenible a escalas más amplias y globales.

Es útil disponer de un marco de referencia global, para el conjunto del territorio, como el que abas-tecen los planes territoriales parciales; y en eso no se tendrían que hacer pasos atrás. Sin embargo, hay una reclamación general para ir más allá en algunas cuestiones, entre las cuales y entre otras, destacan la planificación y regulación del suelo no urbaniza-ble, de las áreas de actividad económica de cierta entidad y de las redes de servicios técnicos. No tiene demasiado sentido que cada municipio tenga una regulación diferente de los espacios abiertos, los cuales no entienden de fronteras. No es efi-ciente, tampoco, la atomización y dispersión de los

más que legisladores, lo que necesitaremos son proyectistas, planificadores y políticos con empuje y decisión.

En cuanto a la ley, la voluntad es que sea una ley delgada, que tenga un carácter estratégico y rec-tor, que sea poco reglamentista y coyuntural, que constituya un paraguas duradero y estable. Serán los reglamentos los que la adapten y la modulen a cada situación y momento.

La importancia de hacer explícitos la estrategia y los principios rectores

Puesto que se quieren replantear objetivos, redefi-nir prioridades y explicitar nuevos criterios, el com-ponente pedagógico y de cambio de mentalidad de esta ley debe tener un peso relevante. Más allá de definir los instrumentos y los procedimientos, es importante dar protagonismo y visibilidad a la nue-va batería de principios rectores y directrices.

Presumiblemente, habrá que confirmar algunos de estos principios como el de minimizar la dispersión de los asentamientos y la fragmentación del terri-torio, planificar y regular los espacios abiertos con una lógica supramunicipal, optimizar el consumo de suelo o concentrar los crecimientos en determina-dos puntos para garantizar la eficiencia territorial y acercar “ciudad” y servicios al conjunto del te-rritorio.

Seguramente, convendrá reformular o definir mejor algunos conceptos como el de los activos territoriales a preservar, la función social de la pro-piedad del suelo, la relación del urbanismo con la movilidad o el de equilibrio y compensación terri-torial.

Es casi seguro que tocará poner sobre la mesa al-gunos asuntos clave como el de la competitividad y el precio del suelo, el coste de la producción de ciudad, la transformación de la ciudad construida, la gestión o gobernanza de la planificación supra-municipal, la consideración de las externalidades negativas y los costes de explotación en la toma de decisiones, la posibilidad de abrir el abanico de usos en el suelo no urbanizable vinculados al reciclaje de edificaciones y a la gestión territorial, la deseable titularidad pública del suelo y del aprovechamiento en determinados proyectos, la caducidad automá-tica del planeamiento, la manera de regular los usos del suelo en el planeamiento, la necesaria corres-ponsabilidad de los promotores, la modulación de los estándares en función de los objetivos y las di-ferentes situaciones, etc.

La eficiencia y la sostenibilidad –ambiental y económica– como marco de la toma de decisiones territoriales

Una de las lecciones de este cambio de ciclo que estamos viviendo es la necesidad de considerar con mayor profundidad y hacer más visible el com-ponente económico en el planeamiento, los pro-

PLa ordenación territorial y urbanística: ¿hacia una nueva ley?Ferran Miralles y Agustí Serra

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Una mayor celeridad de la Administra-ción sobre la base de una mayor corres-ponsabilidad de los promotores y de las administraciones sectoriales, y un control a posteriori más eficaz

La duración actual del proceso planificador es demasiado larga y eso genera unos costes y unas ineficiencias en relación con los objetivos que se persiguen muy elevadas. Nuestro modelo se dis-tingue por un exceso de burocracia previa a la hora de planificar y de autorizar las implantaciones y por una gran dificultad a la hora de controlar y garantizar la protección de la legalidad urbanística a posteriori.

En la línea de otros países de nuestro entorno, tal vez convendría invertir este esquema que tiene unos elevados costes en tiempo y dinero, que pe-naliza la iniciativa legal e incentiva el incumplimiento de la norma y que tampoco está dando unos resul-tados brillantes. El nuevo esquema se debería basar en la corresponsabilidad de los diversos actores y poner el acento en el control a posteriori.

La legislación y la práctica actuales están más orien-tadas a cubrir la responsabilidad del funcionario que firma y que tiene que resolver los problemas; pero también es cierto que durante todos estos años se ha ido cargando toda la responsabilidad so-bre la Administración en vez de corresponsabilizar al resto de actores y, en especial, al promotor. En otros países hay un clima de menor desconfianza por parte de la Administración pero, a la vez, un mayor control y disciplina. El promotor se respon-sabiliza mediante el régimen de comunicación y de declaración responsable, la Administración otorga la licencia y es después que verifica y actúa en con-secuencia y con rigor.

La implicación de las administraciones sectoriales –otro de los actores– en los proyectos urbanísticos tampoco parece suficiente. Tal y como ha aconte-cido en Francia, tal vez tocaría pasar de la emisión de informes sectoriales a una ponencia conjunta, presencial y propositiva de todas las administracio-nes implicadas con un acta de la reunión vinculante. Tal vez tocaría pasar de la cultura de los informes sectoriales a la concertación y corresponsabilidad interdepartamental desde las primeras etapas del planeamiento.

Una intervención administrativa menos formal y más activa, basada en una mayor justificación de las decisiones por objetivos

El papel y la misión de la Administración tendrá que cambiar. La intervención actual de la Genera-lidad de Cataluña en la tutela urbanística es pro-fundamente formal, burocrática y centrada en el cumplimiento de la legalidad. I sería bueno que se centrase más en la evaluación del impacto de cada proyecto y en la justificación de las decisiones ba-sándose en los objetivos que se persiguen en cada proyecto. Este cambio exigirá, evidentemente, un

ficiente, la figura del plan local de urbanismo. Este instrumento de planeamiento polivalente sustitui-ría las diversas figuras de planeamiento derivado actuales con una mayor autonomía y capacidad de tomar decisiones en la concreción de la ciudad.

Una mayor separación entre el plan básico o de estructura municipal, de carácter más estratégico, y la concreción del plan con los parámetros adecuados al proyecto y al momento

Hay un consenso muy generalizado sobre el hecho de que es preciso adelgazar la figura del POUM, descargarla de responsabilidades y de los sobre-costes de todo tipo que ahora la acompañan. La duración actual del proceso planificador es dema-siado larga y eso crea inseguridad jurídica entre los inversores, genera dificultades políticas y técnicas importantes, encarece los procesos exagerada-mente en tiempo y en dinero y convierte el pla-neamiento urbanístico en un proceso inercial y an-ticíclico, desajustado de la realidad, que llega tarde y se desarrolla cuando tal vez ya no toca.

Puede ser útil separar lo que sería un plan básico, estratégico o de estructura municipal, de aquellos otros instrumentos que lo tengan que desarrollar: los planes locales.

El plan de estructura urbanística municipal o plu-rimunicipal, de forma coherente con la estrategia territorial, tendría que formular un análisis real de alternativas, tendría que definir la estructura ur-banística fundamental del municipio –los sistemas territoriales y generales y las clases y subcatego-rías de suelo– y tendría que señalar los diversos ámbitos de actuación y sus objetivos. Este plan se debería poder tramitar en no más de dos años y, en todo caso, dentro de un mandato municipal. La aprobación, como hasta ahora, correspondería a la comisión de urbanismo correspondiente.

Los planes locales de urbanismo, de iniciativa, tra-mitación y, generalmente, de aprobación municipal serían instrumentos ejecutivos, ágiles y con ciertas potestades de decisión para la concreción del plan de estructura. La idea es que los ámbitos se con-creten, en cuanto a parámetros y cargas, en el momen-to en el que toque desarrollarlos porque hay una iniciativa firme y definida.

En la coyuntura actual, el coste del tiempo tiene un impacto económico mucho más elevado que en el ciclo anterior y es preciso establecer una estrecha cadencia entre inversión y recuperación de la in-versión. Es importante, por lo tanto, poner el suelo en juego en el momento en el que hace falta, con los parámetros adecuados y con celeridad. De esta manera, tal vez se podrá planificar de forma más ajustada a las necesidades reales, sin necesidad de continuas y costosas modificaciones puntuales del planeamiento y definiendo unas condiciones que, en cada coyuntura, hagan viable la consecución de los objetivos estratégicos del planeamiento.

reparto intermunicipal de beneficios y cargas, cosa que hoy en día no es fácil por falta de cultura, por dificultades legales y por deficiencias de organiza-ción.

Es preciso favorecer esta cooperación entre ayun-tamientos condicionando, si conviene, determina-das competencias de planificación o el acceso a determinados fondos económicos, a la materializa-ción previa de esta. En las áreas conurbadas, esta planificación y gestión conjunta tal vez debería ser, incluso, exigida.

Puesto que en el contexto actual de simplificación administrativa no parece defendible la proliferación de nuevos consorcios y mancomunidades, conven-dría evaluar las posibilidades de reinventar, al menos parcialmente, estructuras existentes. Tal vez los con-sejos comarcales, el AMB y en especial el INCASÒL podrían convertirse en las gestorías de operaciones plurimunicipales que estamos buscando.

Un nuevo pacto basado en dotar de mayores prerrogativas al Gobierno para ordenar aquello que es estratégico y que puede comprometer la eficiencia y competitividad global y en un menor intervencionismo, por parte de la Generalidad, en la planificación del proyecto local por parte de los ayuntamientos

La Generalidad tendría que concentrar sus recur-sos en lo que realmente es preciso planificar y ges-tionar a escala supramunicipal y en las actuaciones estratégicas y de interés territorial y, en este terre-no, tendría que tener mayor autonomía. En con-trapartida, tendría que ser mucho menos interven-cionista en el desarrollo del urbanismo municipal, en la concreción del planeamiento. Dicho de otra manera: el fortalecimiento de las potestades de la Generalidad en determinados ámbitos, debe ir forzosamente emparejado con una mayor respon-sabilidad, autonomía y agilidad de la administración local, en otros.

En manos de la Generalidad se dejarían las es-trategias territoriales, ya mencionadas, y la figura de un plan director urbanístico para actuaciones estratégicas o para el desarrollo de determinadas estrategias territoriales, con rango de planeamien-to general y derivado, y capaz de legitimar el inicio de la ejecución urbanística de la actuación. Este ins-trumento, de gran potencia, debe permitir abordar ordenaciones complejas e interés territorial con el detalle necesario, implantar determinados proyec-tos estratégicos o desarrollar las estrategias terri-toriales con un elevado grado de ejecutividad.

Tal como se explica en el apartado siguiente, el pla-neamiento municipal general, que seguiría siendo dirimido en el marco de las comisiones de urbanis-mo, ahora tendría un carácter más estratégico y se pondría en manos de los ayuntamientos, siempre y cuando tengan capacidad técnica y económica su-

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vación y la regeneración urbanas, es preciso poder modular estándares y cargas, también en las modi-ficaciones puntuales del planeamiento, puesto que los precios de lo inmobiliario resultante de la reno-vación urbana a menudo no compensan los costes de la transformación. Entre estos estándares y cargas hay la cesión de sistemas, las reservas de VPO, las cesiones de aprovechamiento urbanístico y los gastos de urbanización. Otras soluciones complementarias pasan por vincular las plusvalías de la nueva extensión al reciclaje urbano. Tal vez no se debería dejar crecer la ciudad o villa que tiene un centro degradado.

Es preciso tener en cuenta las diferentes casuísti-cas y tipologías de intervención –la taxonomía de las intervenciones en suelo urbano– a la hora de establecer la modulación de estándares y cargas. El planeamiento urbanístico general tiene que iden-tificar los diferentes ámbitos de intervención y los objetivos que se persiguen, dejando que el planea-miento local delimite con precisión el ámbito, esta-blezca estándares y cargas y defina la gestión. Las condiciones se tienen que poner al servicio de los objetivos que se persiguen en cada operación. El interés social preferente de transformar la ciudad en un determinado sentido, puede requerir la re-ducción de otras exigencias si estas comprometen la viabilidad de la intervención.

Tenemos grandes retos de antemano: muchos barrios vulnerables que requieren una atención especial, áreas que conviene completar o acabar de dotar, áreas que es preciso remodelar, áreas en las que conviene transformar los usos y abrir nuevas oportunidades y áreas, a menudo vinculadas a grandes proyectos de obra pública, que merece la pena convertir en un área de centralidad. I no esca-pa a nadie el reto que suponen y la complejidad de gestión que conllevan estas operaciones.

La mayoría de estas operaciones no serán posibles sin la intervención de la Administración, y la nueva ley, por lo tanto, tiene que introducir mecanismos para que, ni que sea a largo plazo, la Administra-ción se pueda resarcir de manera suficiente de la inversión hecha.

La competitividad y adecuación del suelo residencial y para la actividad económica

Uno de los objetivos principales de la nueva ley debe ser la disminución de los costes de produc-ción de nueva ciudad. Desde un punto de vista estructural, disminuir el precio del suelo es uno de los grandes objetivos. Solo tendremos vivienda protegida si los inversores encuentran suelo bara-to. De hecho, toda la oferta de vivienda en el suelo de extensión se tendría que conseguir a precio de VPO, porque casi toda la sociedad requiere una vivienda asequible.

El suelo industrial de nuestro país no es competiti-vo en relación con los países de nuestro entorno. Aquí, la tramitación y la urbanización es más lenta y, hasta que no está todo urbanizado, no se permite

negativamente las decisiones el día de mañana. La programación de nuevo suelo de extensión ur-bana, más allá de la compleción urbana prevista a corto y medio plazo, debe tener un carácter más excepcional y tiene que ajustarse a determinados criterios de necesidad, de interés territorial, de contexto supramunicipal y de temporalidad.

Se proponen, en consecuencia, dos clases de suelo: el asentamiento urbano –hasta ahora suelo urbano– y el espacio abierto –hasta ahora suelo no urbaniza-ble. I se propone la eliminación del régimen de suelo “urbanizable”.

Simplificando, podríamos decir que los asenta-mientos urbanos, que incluyen el suelo aún no consolidado y las pequeñas extensiones de com-pleción necesarias a corto y medio plazo, caerían en la esfera de planeamiento y de gestión del Ayuntamiento, mientras que los espacios abiertos y su regulación, que tienen que tener una lógica supramunicipal, caerían en la esfera de planeamien-to de la Generalidad de Cataluña, sin perjuicio de que el municipio pueda añadir algunos suelos de protección para preservar los valores locales con-currentes o para establecer el modelo urbano del municipio.

La programación de nuevo suelo de extensión urbana se haría mediante un plan director urba-nístico, por iniciativa de la Generalidad de Catalu-ña, o mediante una nueva figura –el programa de nueva extensión urbana– que permitiría delimitar nuevos ámbitos de crecimiento del asentamiento no previstos como suelo de compleción urbana en el “plan de estructura” o para la implantación de posibles áreas especializadas. Esta figura podría ser de iniciativa municipal con un informe de la Gene-ralidad de Cataluña, la cual debe valorar el interés territorial de la actuación y la coherencia supra-municipal, verificando que no haya localizaciones mejor situadas, ya planificadas o señaladas por las estrategias territoriales susceptibles de acoger la actuación.

La programación de nuevo suelo se debería pro-ducir vinculada a una necesidad y a una actuación concreta y firme y el planeamiento tendría, por lo tanto, una caducidad automática en caso de no ser ejecutado. Se propone un plazo de vigencia de seis años.

La apuesta por la rehabilitación, regenera-ción y renovación urbanas (las tres R)

Entramos en una etapa en la cual las ciudades y los pueblos tendrán que crecer, principalmente hacia adentro, y en la que la prioridad tendrá que ser la rehabilitación, la regeneración y la reno-vación urbanas. Obviamente, la transformación de la ciudad construida es mucho más costosa y dif ícil que la extensión, por lo que necesitamos dotarnos de una nueva caja de herramientas e instrumentos.Para incentivar y facilitar la rehabilitación, la reno-

esfuerzo importante de reconversión de los cua-dros técnicos y su misión.

El planeamiento urbanístico general actual tiene un escaso componente estratégico (falta de formula-ción y análisis de alternativas, escasa visión supra-municipal, etc.) y un escaso contenido económico. Se propone concentrarse más en definir objetivos para los diferentes ámbitos que en definir los pa-rámetros, dejando más flexibilidad y capacidad de ajuste a los planes locales urbanísticos. La rigidez de una regulación y parametrización excesiva hace que la realidad, permanentemente, choque con el planeamiento. Paradójicamente, el resultado acaba siendo exactamente el mismo y lo único que se ha hecho es incrementar el tiempo y el coste.

Si eso tiene que ser así, una de las cosas que con-viene fortalecer es la memoria económica del pla-neamiento urbanístico y también es preciso revisar la memoria social y el informe de sostenibilidad ambiental. Estos documentos, que acompañan el planeamiento urbanístico, se tienen que centrar mucho más en aquello que es relevante y tienen que convertirse en instrumentos orientadores del planeamiento y no, como por ejemplo ocurre, de justificación a posteriori.

Nos hacen falta, también, más guías y manuales para la elaboración de los documentos del planea-miento y los estudios e informes que lo acompa-ñan, para concentrar el esfuerzo de todos estos documentos en aquello que realmente es relevan-te para el plan y para la toma de decisiones, elimi-nando el papeleo innecesario, que hoy es mucho.

Finalmente, es preciso recordar que los instrumen-tos de planeamiento requieren órganos permanen-tes de impulso, despliegue, seguimiento y ajuste, que no basta con la aprobación y la publicación del plan. La Administración tendría que pasar de la función tutelar a ser una parte actora del urba-nismo y la construcción de la ciudad, una auténtica proveedora de suelo apto para consolidar un nue-vo proceso en el que el urbanismo sea de nuevo entendido como servicio público, por delante de cualquier otra consideración. Es preciso que la Ad-ministración asuma un rol de mayor liderazgo en la construcción de ciudad y la ordenación territorial, que se convierta en una Administración mucho más “actuante” que hasta ahora.

La desaparición del régimen de suelo “urbanizable”

Entramos en una etapa en la cual las ciudades y los pueblos, más que crecer, tendrán que transfor-marse y en la que las extensiones de la ciudad ten-drán que ser pequeñas, acotadas a las necesidades endógenas de cada núcleo urbano y justificables a corto y medio plazo.

No tiene sentido clasificar grandes piezas de suelo urbanizable, que “manchen” suelo para un futuro lejano, que es incierto, y que pueden condicionar

PLa ordenación territorial y urbanística: ¿hacia una nueva ley?Ferran Miralles y Agustí Serra

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empezar a edificar; la regulación es más rígida y con estándares elevados, entre los cuales las zonas ver-des; es preciso hacer muchas modificaciones pun-tuales para adaptar el planeamiento a la demanda; la ratio de vialidad es más alta, en lugar de aparcar dentro de las parcelas como se hace en otros paí-ses; las cesiones tienen que ser obligadamente en forma de suelo, etc.

La realidad es que en Francia la Administración puede adquirir, sin discusión, el suelo a poco más de 17 euros el metro cuadrado y la urbanización puede desarrollarse de manera secuencial, por fa-ses, en el momento en que conviene. I está claro que, en nuestro país, estamos muy lejos de eso.

La necesidad de nuevas herramientas para facilitar la gestión y la ejecución urbanística

El nuevo ciclo pide pasar del urbanismo de sector al urbanismo de parcela de manera que se pueda establecer una estrecha cadencia entre inversión y recuperación de la inversión. Es imprescindible intentar dividir los ámbitos en piezas pequeñas, digeribles y establecer mecanismos de urbani-zación por fases en los cuales nadie tenga que avanzar el dinero con un retorno indefinido. El tamaño de los actuales sectores y el equilibrio de la división poligonal, por ejemplo, son incompati-bles con las dimensiones y la cadencia que piden el nuevo ciclo.

Se está estudiando, porque no está claro que no haya problemas registrales, la posibilidad de poder constituir un nuevo gestor por par te de la Administración actuante y de los propietarios que pueda vender de antemano unas parcelas y urbanizarlas para obtener el dinero necesario para pagar la urbanización del resto. Sería des-pués, una vez urbanizado todo el ámbito, cuando se llevaría a cabo la adjudicación de las fincas que quedasen.

La consideración de la diversidad terri-torial y social, de la coyuntura y de los objetivos estratégicos de cada ámbito de planeamiento urbanístico

Es evidente que no tiene ningún sentido exigir lo mismo a todo el mundo y que es preciso encontrar un equilibrio entre la estandarización, que da segu-ridad jurídica pero que es excesivamente rígida, y la modulación, con el riesgo de discrecionalidad y la exi-gencia de transparencia que conlleva. Los territorios y sus dinámicas son diferentes, las intervenciones que conviene hacer no son todas iguales y las co-yunturas económicas varían en el tiempo.

Tenemos que pasar de parámetros fijos y univer-sales a horquillas de valores modulables en función de los objetivos y retos de cada caso. Tenemos que adaptar los instrumentos de planeamiento a la diferente complejidad de los municipios. Pasar de un urbanismo de menú a un urbanismo a la

carta donde prevalezcan los objetivos a alcanzar y la justificación de las decisiones a la burocracia y la opacidad.

El fortalecimiento del principio de la función social de la propiedad y del papel de la Administración pública

No tenemos que olvidar que es la Administración la que genera el techo basándose en un interés so-cial y en un proyecto de territorio. El urbanismo es un servicio público y las transformaciones, por lo tanto, se tienen que producir donde tengan más sentido y con independencia de la estructura de la propiedad del suelo.

Son muchos los que defienden que el propietario tiene derecho al valor del suelo, pero no al aprove-chamiento; y que las plusvalías se tienen que poner al servicio del proyecto, de lo que se hace encima del suelo. Pero la realidad es que, si bien la función social está muy presente en la normativa urbanís-tica y en el planeamiento, a la hora de expropiar, los tribunales priorizan el derecho de la propiedad, y la Administración, a diferencia de lo que pasa en otros países de nuestro entorno, tiene una capaci-dad muy limitada de intervención.

Si queremos afrontar los retos que tenemos de-lante, es indispensable reforzar la capacidad de los poderes públicos para adquirir suelo y la exigen-cia de conservarlo haciendo más uso del régimen concesional en aquellas políticas estratégicas como la vivienda en alquiler asequible o la actividad eco-nómica.

La necesidad de ir más allá en la planifica-ción y la gestión de los espacios abiertos

La legislación actual es muy restrictiva en cuanto a los usos admitidos en el suelo no urbanizable pero eso no garantiza ni una protección de la legalidad ni una gestión del territorio suficientes. Necesitamos programas de gestión asociados al planeamiento, instrumentos que permitan la expropiación del uso del suelo en fincas subexplotadas como pasa en otros países y, seguramente, atrevernos a admitir usos no agrarios vinculados al reciclaje y mejora del parque edificado existente y a la gestión de las fincas para poner la economía al servicio del terri-torio. En cualquier caso, podemos profundizar en los criterios para concentrar las transformaciones, priorizar el reciclaje de edificaciones por delante de la nueva construcción o garantizar el desman-telamiento de las instalaciones cuando cese la ac-tividad.

La intervención administrativa en este suelo es casi siempre reactiva, en respuesta a un promotor y ab-solutamente vinculada a la estructura de la propie-dad. Tal vez podríamos hacer un uso más completo de la figura de la concentración parcelaria para de-finir más el proyecto territorial.El planeamiento sigue siendo poco proactivo en cuanto al suelo no urbanizable y este sigue siendo

demasiado residual. El planeamiento de hoy es bá-sicamente descriptivo, coyuntural, poco definidor de las prioridades y muy poco proyectual. I aún tenemos pendiente una reflexión profunda sobre cuáles tienen que ser realmente los activos terri-toriales y los valores de atención preferente, te-niendo en cuenta que el futuro no nos lo jugamos tanto en las montañas y en los bosques como en el espacio agrícola productivo. Nos faltan mapas de valores y revisar el uso que hacemos de las claves urbanísticas.

Los planes territoriales parciales han aportado una lógica supramunicipal al sistema de espacios abiertos que es muy útil a la hora de orientar la clasificación del suelo pero insuficiente para regular los usos admitidos en el suelo no urbanizable. No tiene ningún sentido que la regulación sea diferente en cada municipio y es preciso avanzar hacia regu-laciones supramunicipales. Tal vez la unidad de pai-saje podría ser el ámbito de regulación adecuado.