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CSJ 4756/2014/RH1 "B ,José Tadeo Luis y otros si in!. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
s u p r e m a C o r t e:
-1-
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó,
en cuanto aquí resulta pertinente, el recurso de casación deducido por (a) Ramón
Andrés G l, Lucio Humberto C: y Esteban Ramón M, contra la
sentencia que condenó al primero a la pena de quince años y a los otros dos, a la
de veinticinco años e inhabilitación absoluta perpetua, como autores del delito de
tormento agravado por la condición de perseguido politico de la víctima ---€n
relación con uno, catorce y cuatro hechos, respectivamente, en concurso real-
(arts. 144 ter, 45 y 55, Código Penal); (b) G M , José Marin, Francisco
Orlando Á y Rubén Héctor R , contra la sentencia que los condenó a la
pena de veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, como
autores del delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de
la víctima ---€n relación con veinticinco, siete, tres y dos hechos, respectivamente,
en concurso real- (arts. 144 ter, 45 y 55, Código Penal); (c) José Tadeo Luis
B contra la sentencia que lo condenó a la pena de veinticinco años de prisión
e inhabilitación absoluta perpetua, como autor del delito de tormento agravado
por la condición de perseguido politico de la víctima -dos hechos en concurso
real- (arts. 144 ter, 45 y 55, Código Penal); (d) Oscar Alberto G contra la
sentencia que lo condenó a la pena de veinticinco años de prisión e inhabilitación
absoluta perpetua, como autor del delito de tormento agravado por la condición de
perseguido politico de la víctima -tres hechos en concurso real- (arts. 144 ter, 45
y 55, Código Penal); (e) Luis Alberto P contra la sentencia que lo condenó a
la pena de veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, como
autor del delito de tormento agravado por la condición de perseguido politico de la
víctima -dos hechos en concurso real- (arts. 144 ter, 45 y 55, Código Penal) (fs.
21169).
1
-II-
Disconformes, dedujeron recurso extraordinario Ramón
Andrés G , Lucio Humberto C ) y Esteban Ramón M (fs. 171186);
G M, José Marín, Francisco Orlando Á y Rubén Héctor R
(CSJ 4849/20 14IRH 1); José Tadeo Luis B (CSJ 4754/2014/RH1); Oscar
Alberto G (CSJ 4764120 14IRH 1); y Luis Alberto P (CSJ
4826/20141RHl); y su denegación dio lugar a la presentación de las respectivas
quejas, que se encuentran en vista en esta Procuración GeneraL En mi opinión,
las presentaciones directas deben ser examinadas en forma conjunta en atención
al dictado de una sentencia común y en tanto coinciden, en lo sustancial, en los
agravios traídos a conocimiento de la Corte Suprema.
En primer lugar, G ., C. " M , B, Y
P: plantean que la sentencia apelada vulneró el principio de legalidad ya que
consideró que la acción penal no se encontraba prescripta. Afirman que el tribunal
a quo aplicó en forma retroactiva la ley penal más desfavorable a los acusados.
Aseveran que el a quo se remitió a la doctrina establecida por la Corte Suprema en
los casos "Arancibia Clavel" (Fallos: 327:3312), "Simón" (Fallos: 328:2056) y
"Mazzeo" (Fallos: 330:3248), sin pronunciarse acerca de los fundamentos
brindados para sostener la inexistencia, en la época de los hechos, de una norma
consuetudinaria de ius cogens que impusiera a nuestro país la obligación de
perseguir y castigar a los responsables de delitos de lesa humanidad y que
estableciera la imprescriptibilidad de esos delitos. Agregan que esos argumentos
no fueron tratados por la Corte Suprema en los precedentes citados. Por último,
José Tadeo Luis B afirma que se violó la garantía que veda la múltiple
persecución penal en tanto fue sobreseído por estar comprendido en la ley 23.52L
En segundo lugar, alegan que la ley 25.779 es
inconstitucional dado que el Poder Legislativo no tiene facultades para anular
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CSJ 4756/2014/RB1 "B, José Tadeo Luis y otros si inf. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
leyes, lo que configura una atribución exclusiva del Poder Judicial. De este modo,
afirman que esa ley, en tanto declaró la nulidad de las llamadas "leyes del
perdón", se entrometió ilegítimamente en las atribuciones de los jueces.
En tercer lugar, postulan que se ha vulnerado su derecho a
ser juzgados sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable. Señalan que
transcurrieron más de treinta años desde la comisión de los hechos, y más de trece
si se resta a ese período el tiempo que duró el último gobierno militar y el que
estuvieron vigentes las leyes de "obediencia debida" y "punto final".
Además, M , Marín, Á plantean la
nulidad de todo lo actuado por el conjuez del Juzgado Federal de la ciudad de
Resistencia, que fue designado en los términos del Reglamento 76/04 del Consejo
de la Magistratura, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el
caso "Rosza" (Fallos: 330:2361). P , al interponer recurso de queja, plantea la
recusación de los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton
de Nolasco y Eugenio Rául Zaffaroni en atención a las presiones que habrían
recibido por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo en relación con los juicios de
lesa humanidad.
Luego, todos los recurrentes plantean que la sentencia valoró
en forma arbitraria la prueba a fin de tener por probadas la comisión de los hechos
delictivos imputados y su participación en ellos.
Por un lado, C y G: alegan que el
tribunal confirmó la condena en su carácter de autores sin explicar de qué modo
contribuyeron a la consumación de los hechos. G se agravia de que se haya
tenido por probada su presencia en el lugar de detención de Mirta Susana C y
luego se haya presumido, sobre la base de su cargo de subjefe de policía, que había
permitido que la golpearan. Agrega que no se encuentra comprobado que haya
conducido a la víctima a la Brigada de Investigaciones de Resistencia ni que la
haya torturado.
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Por otro, M ,Marín, Á yR se agravian de
que no se hayan evaluado sus legajos personales a fin de determinar si estaban
efectivamente prestando servicios al momento de los hechos. Agregan que las
víctimas no los identificaron como sus agresores. Afirman que no tuvieron
oportunidad de controlar la declaración de Walter Valentín M ., que fue
incorporada al debate por lectura. Aducen que los hechos imputados a Á y
R no constituyen delitos de lesa humanidad.
G alega que se le imputaron los tormentos padecidos
por Vicente G a pesar de que este nunca lo mencionó ni identificó. Sostiene
que los tormentos padecidos por Antonio Z, " que habría consistido en "hacer
cien saltos de rana", no se subsumen en el tipo penal previsto en el artículo 144 ter
del Código Penal. Concluyó que su responsabilidad se fundó exclusivamente en el
cargo que desempeñaba al tiempo de los hechos.
B y P se agraVIan de la existencia de
indeterminación en los hechos imputados y del rechazo de la nulidad del
requerimiento de elevación a juicio, los alegatos y la sentencia del tribunal oral.
Sostienen que la sentencia no satisface la exigencia de revisión exhaustiva de la
condena. Alegan que no constan en la causa pruebas directas sobre su
participación en los hechos imputados y que se pretendió subsanar ese defecto
probatorio mediante un criterio de responsabilidad objetiva fundado en el cargo
que ocupaban y en que frecuentaban la Dirección de Investigaciones de la Policía
del Chaco donde se habrían cometido los hechos.
Por último, los recurrentes -a excepción de M
Marín, Á y R - sostienen que las penas impuestas vulneran el
principio de proporcionalidad y el fin de resocialización de la pena. Sobre la base
de una comparación entre las penas impuestas a unos y otros, y la cantidad de
hechos imputados, alegan que se violó el principio de igualdad.
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-III-
Por las razones que paso a exponer, los recursos
extraordinarios interpuestos fueron bien denegados.
En relación con los agravios referidos al prmClplO de
legalidad, a la validez constitucional de la ley 25.779 y a la garantía a ser juzgado
en un plazo razonable, los recurrentes no logran refutar los argumentos que dan
sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas
(Fallos: 312:389, "Rama"; 334:1882, "Kang Yoong Soo", entre otros y arts. 3, inciso
d, y 11 del reglamento aprobado mediante la acordada n° 4/2007 de la Corte
Suprema).
En efecto, el a quo rechazó esas impugnaciones sobre la base
de consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 327:3312, "Arancibia
Clavel"; 328:2056, "Simón"; y 330:3248, "Mazzeo"), según la cual los delitos de lesa
humanidad y su imprescriptibilidad estaban previstos en el derecho internacional
como normas de ius cogens vinculantes para nuestro país en la época de los hechos
de esta causa. Por ello, carece de fundamento la alegada irretroactividad de la ley
penal más gravosa.
Con relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley
25.779, que dispuso la nulidad de las leyes 23.492 y 23.521, el a quorecordó que la
cuestión fue ampliamente abordada por la Corte Suprema en el citado caso
"Simón", donde se pronunció a favor de su validez constitucionaL
En esa ocasión, la Corte Suprema mencionó el Informe 28/92
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se estableció que las
leyes 23.492 y 23.521 resultaban incompatibles con los artículos 1, 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se recomendó "al
Gobierno de Argentina la adopción de medidas necesarias para esclarecer los
hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos
5
ocurridas durante la pasada dictadura militar" (fs. 53 vta). También citó la
decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo
"Barrios Altos vs. Perú", donde sostuvo que "las leyes de amnistía conducen a la
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención
Americana [por lo cual] carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir
representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen
este caso ni para la identificación y castigo de los responsables" (fs. 53 vta. y 54).
Sobre la base de esos precedentes, la Corte Suprema dijo en
"Simón" que "la supresión de las leyes de punto final y obediencia debida resulta
impostergable". El a quo agregó que la sanción de la ley 25.779 "no se hizo más
que materializar y formalizar la manda internacional impuesta al Estado
argentino L . .l que implicaba avocarse al cumplimiento de las obligaciones
asumidas en materia de derechos humanos" (fs. 54 vta.).
En relación con el agravio planteado sobre la base del
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y, en particular, con relación al
tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el tribunal a quo, sostuvo,
acertadamente, que en este tipo de casos, que se enmarcan dentro de la categoría
de delitos de lesa humanidad, "no pueden invocarse limitaciones de ninguna
especie a la manda internacional de juzgamiento que pesa sobre el Estado
argentino". Recordó lo resuelto por la Corte Suprema en "Simón" (Fallos:
328:2056), en cuanto a que "los instrumentos internacionales que establecen esta
categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de
individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no
admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o
cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad del reproche" (voto de
la jueza Carmen Argibay, citado luego por la mayoría en el caso "Mazzeo") (fs. 50).
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CSJ 4756/2014IRH1 "B , José Tadeo Luis y otros si inf. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
En suma, estimo que los argumentos traídos por los
apelantes son insuficientes para rebatir la .decisión apelada, que se encuentra
debidamente fundada en los citados precedentes de la Corte Suprema.
-N-
Tampoco prosperan los planteos de E,
la garantía que veda la múltiple persecución penal.
sobre la base de
De acuerdo con lo afirmado por el recurrente, fue sobreseído
por los mismos hechos en junio de 1989 sobre la base de lo dispuesto por el
artículo 1 de la ley 23.521. Esa norma fue declarada inconstitucional por la Corte
Suprema en el precedente "Simón" (Fallos: 328:2056) puesto que impide la
persecución penal de acusados por delitos de lesa humanidad.
Al respecto, el a qua sostuvo que debe descartarse la
transgresión a la garantía del ne bis in idem sobre la base de la doctrina de la
Corte Suprema elaborada a partir del caso registrado en "Mazzeo" (Fallos:
330:3248) que resulta, además, de conformidad con los lineamientos sentados por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Almonacid Arellano y
otros vs. Chile" (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, del 26
de septiembre de 2006, Serie C, nO 154) (fs. 55/6 vta).
La defensa objeta la aplicación de ese fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al sub examine ya que no hubo aquí cosa
juzgada fraudulenta. Sin embargo, omite que, tal como recordó el a qua, en las dos
sentencias citadas se señaló que el derecho internacional establece fuertes
restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para
obstaculizar la persecución penal respecto de conductas consideradas delitos de
lesa humanidad ("Mazzeo", y considerando 12° del voto del juez Petracchi y
considerando 16° del voto del juez Maqueda en ''Videla'', Fallos: 326:2805). En
particular, esa defensa no es admisible cuando el proceso finalizó con el
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sobreseimiento o la absolución de los acusados pero no fue realizado, en rigor, con
la intención real de someterlos a la acción de la justicia.
Así fue decidido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso "Almonacid Arellano", en el que se estableció que el principio
del ne bis in idem, "aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4
de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta
aplicable cuando: ¡) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió
sobreseer o absolver al responsable de una víolación a los derechos humanos o al
derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su
responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o
imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o n¡) no
hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia". Por su
parte, la Corte Suprema sostuvo en el fallo "Mazzeo" que "en el derecho
humanitario internacional los principios de interpretación axiológicos adquieren
plena preeminencia tanto al definir la garantía del ne bis in idem como la cosa
juzgada. Ello así en la medida en que tanto los estatutos de los tribunales penales
internacionales como los principios que inspiran la jurisdicción universal, tienden
a asegurar que no queden impunes hechos aberrantes".
En consecuencia, estimo que los argumentos traídos por los
apelantes son insuficientes para rebatir la decisión apelada, que se encuentra
debidamente fundada en los citados precedentes.
-v-Del mismo modo, los agravios con relación a la actuación de
un juez subrogante designado en los términos .del Reglamento 76/04 del Consejo de
la Magistratura fueron adecuadamente tratados por la sentencia apelada, que
señaló que la Corte Suprema convalidó los actos procesales adoptados por los
jueces designados sobre la base de esa norma en el caso "Rosza" (Fallos: 330:2361)
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CSJ 4756/2014/RH1 "B , José Tadeo Luis y otros sI inf. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
y que su continuidad en el cargo se ajustó a lo dispuesto por las acordadas 22/2007
y 10/2008. En el recurso bajo análisis, los impugnantes se limitaron a reeditar sus
agravios, sin efectuar una crítica concreta al razonamiento del tribunal, lo que no
configura la impugnación concreta y razonada que requiere el recurso
extraordinario (Fallos: 323:1261, "Daneri"; Fallos: 328:110, "Servicios de
Transporte Marítimo Argentina" y 4605, "Terminal Murchinson Román", entre
otros). Tampoco prosperan los planteos de recusación de miembros de la Corte
Suprema realizados al interponer recurso de queja, puesto que fueron deducidos
en forma extemporánea (Fallos: 325:1922, "Giardelli", y 331:144, "Bone").
-VI-
En cuanto a la nulidad de los requerimientos de elevación a
JUICIO, los alegatos y la sentencia del tribunal oral planteados por B, y
P L sobre la base de una supuesta indeterminación de los hechos imputados,
cabe destacar, en primer lugar, que es doctrina de la Corte Suprema que las
resoluciones que resuelven nulidades se refieren a cuestiones de hecho, prueba y
derecho común, que, como regla, no son revisables en esta instancia
extraordinaria (dictamen de la Procuración General de la Nación, S.C. M. 855, L.
XLIII, "M. Pablo Juan y otros s/ causa nO 511T', 5 de julio de 2010, y sus citas).
En el caso, cabe señalar que esos cuestionamientos ya fueron
eA "Puestos por la defensa en el debate -según surge del relato de la sentencia
apelada-, y fueron analizados y rechazados por el tribunal de juicio, así como por
el a qua, pues también fueron introducidos en el recurso de casación.
En efecto, el tribunal a qua señaló que "no es cierto que las
piezas procesales de los acusadores -público y privado- (me refiero a todos los
requerimientos) adolezcan de las falencias que se le atribuyen, pues de su simple
lectura, se advierte que se encuentran más que precisadas las circunstancias
fácticas -tiempo, modo y lugar- y los roles que les correspondian a cada uno de
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ellos. Nótese que, incluso, el conJuez instructor, doctor Piñero, refutó
fundadamente similares agravios expuestos por las defensas en la primera etapa
procesal, en el mismo auto de elevación a juicio (confr. fs. 15.377/15.670). Tampoco
los alegatos finales de ambos acusadores (confr. fs. 19.478 vta./19.524 vta. y 19.524
vta./19.585 vta.) merecen la tacha de nulidad que pretenden los recurrentes, pues
con la prueba producida en el debate han robustecido los argumentos eA-puestos en
sus anteriores piezas procesales, lo cual confirma, aún más, la validez procesal de
su actuación y sus respectivas presentaciones" (fs. 57).
A su vez, la cámara de casación, citando al tribunal de juicio,
tuvo en cuenta que "La deficiencia formal endilgada a la acusación no es más que
la aplicación de un apego restrictivo a las formas por parte de los defensores, que
desconoce el contexto en que las víctimas dicen haber padecido sus sufrimientos.
Recordemos, tan sólo por ahora, que no sólo han pasado más de treinta y cinco
años de los hechos aquí juzgados, sino que la pieza acusatoria señala, conforme al
relato de las víctimas que depusieran en debate y/o cuyas declaraciones fueran
regularmente incorporadas por su lectura, que éstas últimas eran detenidas,
tabicadas, despojadas de sus pertenencias personales e, inmediatamente
encerradas en diferentes salas de las Unidades Policiales que operarían como
Centros Clandestinos de Detención, en donde eran torturadas mientras aún
conservaban las vendas en sus ojos. Por tal motivo, dentro de aquel contexto, mal
puede pedirse a una acusación que señale con exactitud la hora específica de sus
tormentos como si estas se hubiesen encontrado con un reloj en su muñeca
caminando por el centro de la ciudad de Resistencia" (fs. 57 vta./58).
Finalmente, la sentencia apelada destacó el carácter
excepcional y restrictivo de los planteos de nulidad, así como la vigencia de los
principios de conservación y trascendencia que rigen esa materia.
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CSJ 4756/2014/RH1 "B ., José Tadeo Luis y otros si inf. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
Por ello, concluyó que ~'los requerimientos -puntualmente
los de elevación a juicio y los alegatos finales- logran satisfacer adecuadamente
los recaudos de los artículos 347 y 393, ambos del Código Procesal Penal de la
Nación, ya que permiten alcanzar el conocimiento de los prevenidos de las
aludidas circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se les atribuye,
con la consecuente y necesaria posibilidad de que produzcan los descargos del
caso, facultad que ha sido ampliamente ejercida y no vislumbra de ningún modo
un desconocimiento de su parte de los eventos atribuidos" (fs. 58 vta.).
A mi modo de ver, la exposición de los agravios que se
pretenden introducir como de carácter federal se apoyan en una argumentación
que no es más que una reedición de los que sustentaron sus anteriores
presentaciones, lo cual atenta contra el debido fundamento exigido para esta clase
de recursos, pues no constituye una crítica concreta y razonada del
pronunciamiento recurrido (dictamen de la Procuración General de la Nación, "M.
Pablo Juan y otros si causa nO 5117", cit.).
-VII-
Tampoco prosperan los agravios referidos a la supuesta
arbitrariedad en la valoración de la prueba con relación a la comisión de los
hechos y a la intervención de los imputados, en tanto remiten al examen de una
materia exclusiva de los jueces de la causa y ajena, como regla y por su
naturaleza, a esta instancia extraordinaria, y la decisión del a qua constituye una
derivación razonada y lógica del derecho vigente con arreglo a las circunstancias
comprobadas de la causa, lo que descarta la aplicación de la doctrina de la
arbitrariedad (S.C. B. 33, L. XXXIX, "Bassi Parides Teodolindo Serafin y Simons
Ramos Alcibiades si contrabando", 22 de febrero de 2005, considerando 8°; y
Fallos: 330:1763, "Laboratorio Armstrong",considerando 5°; y 334:725, "Gallo
López", y sus citas, entre otras).
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En primer lugar, el tribunal a quo señaló que los condenados
cometieron los hechos entre septiembre de 1975 y fines de 1977, cuando se
desempeñaban como agentes de la policía de la provincia del Chaco y como
integrantes del Ejército Argentino, yesos hechos formaron parte del plan estatal
de exterminio masivo y sistemático, dirigido contra la población civil, que fuera
elaborado por las cúpulas militares de ese entonces (fs. 60 vta.l67). PuntuaÍizó que
si bien ese ataque se encontraba enmarcado dentro del proceso histórico que
atravesaba toda la Argentina --denominado Proceso de Reorganización
Nacional- poseía características propias en la región del Chaco, por lo que las
torturas perpetuadas entre septiembre de 1975 y fines de 1977 configuran delitos
de lesa humanidad (fs. 63 vta.l64).
Señaló que el trabajo en el sistema represivo se encontraba
dividido funcionalmente. En el centro de operaciones se producían reuniones del
cónclave donde se tomaban todas las decisiones en el marco del plan trazado desde
la inteligencia militar. Un grupo de personas --denominado "La Patota"- detenía
a los perseguidos políticos y los trasladaba a la Brigada de Investigaciones de la
policía del Chaco -denominada, a partir de la ley 1911, Dirección de
Investigaciones-, donde funcionaba un centro clandestino de detención. Allí otro
grupo de personas se encargaba de someter a los detenidos a condiciones
infrahumanas de encierro y a interrogarlos bajo tortura -golpes, descargas
eléctricas y otras Ve]aCIOnes- a fin de obtener declaraciones incriminatorias.
Finalmente, gran parte de los detenidos eran trasladados a la alcaldía de la
misma policía, donde continuaban los golpes y las amenazas, entre otros tratos
degradantes e inhumanos. Agregó que cada uno de los imputados tenía en sus
manos el dominio de los hechos que correspondía al trabajo que debía realizar
conforme una división funcional acordada (fs. 62 y fs. 84/85).
En relación con e se tuvo por probado no solo que
tenía el cargo de comisario y que cumplía tareas como segundo jefe de la Brigada
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de Investigaciones, sino también que intervino en la detención de las víctimas y en
la imposición de torturas al momento de interrogarlas, como surge de los
testimonios de Mirta Susana G (fs. 93 vta.l95), Jorge Eduardo G (fs. 104
vta.l105), EIsa Siria Q- (fs. 107 y vtaJ y Juan Fernández (fs. 105/106). Garlos
Raúl A , detenido en la alcaldía de la policía provincial a fines de 1976,
recordó, según el a qua, que una de las guardias estaba a cargo de C , y que
esta era una de las dos que más sometía a apremios a los detenidos (fs. 108 vta. y
109). La existencia de esta guardia fue confirmada por Antonio Eduardo Z
(fs. 109/110) y Raúl Horacio e (fs. 1011102).
El tribunal tuvo por acreditado que M prestó tareas, en
carácter de comisario, en la Dirección de Investigaciones de la Policía de
Resistencia, y que fue designado jefe de la denominada Área Militar 233, que era
el sector de esa delegación en el que se realizaban las torturas y al que solo
ingresaban los miembros del "grupo-de tareas" (fs. 68 y 85/88). A los indicios que
derivan de esas circunstancias, no discutidas por la defensa en su recurso federal,
se sumó la información brindada por varios detenidos, como Carlos Dante P
(fs. 90/93), Osvaldo Raúl U (fs. 97/98), Víctor Fermín G (fs. 103
vta.l104), Carlos Raúl A (fs. 108 vta.l109), Juan F, (fs. 105/106),
Antonio Eduardo Z (fs. 109/110), María Teresa P (fs. 107 vta/108 vtaJ y
Ricardo Fortunato (fs. 112 Y vtaJ, que lo señalan como interviniente en
detenciones, interrogatorios y torturas.
En cuanto a G
operativo de detención de Mirta Susana C
se afirmó que estuvo a cargo del
y Néstor S: , en octubre de 1975, y
que en esa época se desempeñaba como Subjefe de la Policía del Chaco (fs. 67
vta.l68). Para ello se valoraron, además de la declaración de la propia víctima (fs.
93 vta.l95), los dichos de Z e Ilde (fs. 109 y vta., y 112 Y vtaJ, que
identificaron a G como uno de quienes participaron en sus detenciones.
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Por otro lado, en relación con M: , Marín, Á y
R, , el tribunal tuvo por acreditado su presencia en el lugar de los hechos, su
pertenencia al "grupo de tareas" y el reparto de roles previamente acordado. En
particular, señaló que M interrogaba, golpeaba y torturaba a los detenidos
políticos, además de haber sido uno de los ideólogos de las operaciones en cuestión
(voto del juez Gemignani, apartado II, punto 7). En cuanto a M: , afirmó que
ejecutaba un instrumento musical en las dos sedes de la Brigada para evitar que
los gritos de dolor se escucharan desde el exterior del edificio, y que además
realizaba funciones de guardia. Para más, de los testimonios relatados por el a qua
surge que varias víctimas lo identificaron como torturador (Raúl Horacio
e , fs. 102 vta. y Jorge Luis M: , fs. 106). Por su parte, la tarea de
Á y R consistió en la imposición de tormentos a los detenidos políticos
en la alcaldía durante la llamada "guardia de Ayala" (cf. voto del juez Gemignani,
cit.).
Los recurrentes no lograron demostrar la arbitrariedad del
razonamiento del tribunal oral, que luce fundado y ajustado a las constancias de la
causa. En este sentido, la alegada falta de valoración del legajo personal de los
imputados no es sostenible, toda vez que de la sentencia de casación surge que
dicha documental fue considerada para sustentar la decisión y que, en la visión
del a qua, la información que de allí se desprende resulta coherente con el resto de
la prueba ponderada (voto del juez Gemignani, apartado II, en particular punto
9.d). Por otro lado, con relación a la credibilidad de los testimonios de los
damnificados, el a qua respondió oportunamente a ese planteo al afirmar que ellos
resultaron coincidentes sobre aspectos esenciales de las imputaciones y fueron
corroborados por el resto de la prueba de cargo incorporada al debate.
declaración de M
En relación con la alegada incorporación por lectura de la
, el a qua explicó que esa denuncia efectuada en 1985 ante
el Juez de Instrucción Militar n° 59 ingresó al debate de esta causa en carácter de
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prueba documental, de acuerdo con el artículo 392 del código de rito, y solo se la
valoró como natitia criminis. Se añadió que los hechos que damnificaron a M
no se consideraron probados sobre la base de su denuncia, sino a raíz de las
declaraciones de los testigos P ,G , I , que concurrieron al
debate y pudieron ser examinados por las defensas (cf. voto del juez Gemignani,
apartado n, punto 6). Estimo que estas consideraciones son suficientes para
descartar la analogía propuesta por el recurrente entre el sub examine y el caso
analizado en el precedente "Eenítez" (Fallos: 329:5556), en tanto allí lo decisivo
para anular lo actuado fue que la defensa nunca tuvo la posibilidad de interrogar
a los testigos cuyas declaraciones sustentaron la sentencia de condena,
contrariamente a lo que ocurrió en esta causa.
En cuanto a E, , el tribunal a qua tuvo por acreditado
que fue uno de los militares designados a colaborar con el "grupo de tareas"
conformado dentro de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Señaló que dentro de esa maquinaria de represión estatal el imputado intervino
en la detención y en las torturas padecidas por C yL . Por su parte,
la defensa no negó que el operativo de detención de L, hubiera sido dirigido
por E mientras se encontraba cumpliendo funciones en el Regimiento de
Infantería de Monte nO 29 de Formosa, ni que mientras estuvo destinado en el
Destacamento de Inteligencia 124, en la ciudad de Resistencia, estuvo en comisión
de servicio en Sáenz Peña del 17 al 21 de octubre de 1977, es decir, cuando fue
detenido G en esa ciudad. Además, según afirmó el a qua, L y
C: señalaron al imputado como quien los torturó en la Dirección de
Investigaciones (fs. 99 y vta. y no y vta.). También se ponderó la declaración de
José S ., detenido ilegalmente en Formosa, en noviembre de 1975, en un
operativo dirigido por E, ([s. 99 vta./100).
En lo que respecta a G , según la sentencia del a qua,
integró la llamada "guardia de Ayala", es decir, el grupo de agentes a cargo de la
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custodia de los presos que respondía al oficial Octavio A en la alcaldía de la
policía provincial, y que ha sido señalada por las víctimas por su particular
brutalidad en la aplicación de tormentos. En ese sentido, el a qua destacó que José
N: señaló a G: entre los integrantes de la guardia que lo torturó (fs. 76
vtaJ77) y que esto coincide con los testimonios de las otras dos víctimas, Z
(fs. 77 y vtaJ y C: (fs. 110 y vta.) y por el testimonio de José Luis V
(fs. 100/101).
Finalmente, con respecto a P , el a qua consideró que
sus prestaciones en el centro clandestino de detención que funcionaba en la
Dirección de Investigaciones constituyeron actos de autoría (fs. 67 y vta.). A este
respecto, cabe recordar que, de acuerdo con la sentencia del tríbunal oral, p,
estuvo destinado en el Grupo de Artillería 7 de Resistencia como oficial de
inteligencia, según consta en su legajo (cf. sentencia del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal del Chaco, dictada el 13 de diciembre de 2010 en el expediente
n° 1169/2009, fs. 106 de la versión publicada en la página de internet del Centro
de Información Judicial). La participación del imputado según el relato de la
sentencia del tribunal oral ---<::onfirmada por la decisión aquí recurrida- está
acreditada por los dichos de las víctimas, que sostienen que el imputado tomaba
las decisiones en el marco de los interrogatorios bajo torturas (testimonio de
A ;) y formaba parte de las reuniones del cónclave donde se decidía
quiénes debían permanecer detenidos en la Brigada de Investigaciones (testimonio
de A ). El tribunal agregó que ello fue confirmado por los testimonios de María
Teresa P: (fs. 107 vtaJ108 vta), Carlos Raúl 11 (fs. 108 vta. y 109) y
Vicente C ([s. 110 y vta.). Por otra parte, el imputado no controvirtió la
posición de mando que le atribuyen varios testimonios -que constan en el archivo
de documentos obrante en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y
que he tenido a la vista-, según los cuales impartía órdenes en el centro
clandestino de detención y durante la aplicación de torturas (en especial,
16
CSJ 4756/2014/RH1 "B, .. _, José Tadeo Luis y otros s/inf. 144 ter. 10 párrafo - según ley 14.616"
testimonios en la audiencia del juicio oral de María Graciela de la R, y Eucebio
Dolores E ).
En conclusión, ninguno de los recursos federales interpuestos
negó que los hechos hubiesen ocurrido, sino la intervención en ellos de los
imputados y la falta de prueba del aporte concreto de cada uno de ellos. Además,
el a quo consideró las declaraciones de las víctimas y otros testigos, quienes, como
se ha relatado, señalaron a cada uno de los imputados como responsables por los
hechos que se les atribuyeron. Por otra parte, los recurrentes no brindaron
ninguna versión alternativa de lo ocurrido que explicase con igualo mayor grado
de convicción los indicios derivados de la prueba valorada, por lo que considero que
en ningún caso se ha logrado demostrar la arbitrariedad invocada. Por el
contrario, considero que los argumentos esgrimidos revelan una mera discrepancia
con lo resuelto, de acuerdo con una distinta apreciación de la prueba, lo que no
alcanza para habilitar la jurisdicción extraordinaria de la Corte.
-VIII-
Tal como lo ha recordado esta Procuración General en el caso
registrado en "Gago" (Fallos: 331:1099) y sus citas, al que remitió la Corte
Suprema, el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar
las sanciones dentro de los limites ofrecidos para ello por las leyes respectivas se
vincula con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de
la causa y ajenas, por regla, al ámbito de la' apelación federal extraordinaria.
Sin embargo, cabe recordar que, según lo afirmado por el a
quo, el tribunal oral estimó que todos los imputados eran merecedores de la pena
máxima establecida en el tipo en el que subsumió sus conductas, tras valorar su
naturaleza (delitos de lesa humanidad) y los medios empleados para realizarlas (el
aparato estatal), la extensión del daño causado (afectación de la dignidad, la
integridad física y la libertad de los detenidos y torturados, y la integridad
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psíquica de sus familiares, pues desconocían el paradero de sus seres queridos o
bien no podían contactarse con ellos), el grado de participación (autoría), las
circunstancias de modo, tiempo y lugar (torturas aplicadas en un centro
clandestino de detención, donde las víctimas eran maltratadas y mantenidas en
pésimas condiciones de aseo, alimentación y descanso, sin posibilidad de
defenderse de las acusaciones que se les dirigían, y todo en el marco de un
gobierno de facto), motivos de los delitos (la lucha contra la subversión, que no
aceptaba límites en los métodos empleados, al punto de admitir tratos crueles,
inhumanos y degradantes) y condiciones personales de los autores (funcionarios
públicos instruidos y plenamente lúcidos, con recursos materiales suficientes para
garantizarse una vida digna desde el punto de vista económico y social). Luego,
sobre la base de esas consideraciones, se llegó a la conclusión de que si todo autor
de un hecho semejante era merecedor de la máxima pena prevista en abstracto
(quince años de prisión), entonces aquel que hubiera sido condenado por más de
uno, en concurso real, debía sufrir la pena máxima de la misma especie prevista
en nuestro ordenamiento al momento de la comisión, o sea, veinticinco años de
prisión, por resultar más benigna que la actual.
En este contexto, entiendo que la sentencia está fundada en
argumentos suficientes y los recurrentes no han demostrado la arbitrariedad del
razonamiento, sino que se han limitado a expresar su discrepancia con aspectos
ajenos a la vía extraordinaria.
-IX-
Por lo expuesto, corresponde rechazar las quejas
interpuestas. ,-
Buenos Aires, -:; de julio de 2016.
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