Los modelos aplicados

A principios del siglo pasado no exista en Mxico un derecho especial para menores, as como tampoco existan otras disciplinas especializadas en la niez. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia acumulados en varias partes del mundo propiciaron la construccin de una identidad propia para la infancia. Conforme transcurri el siglo XX, la niez se consolid como un campo especfico de estudio, en reas como la medicina, la psicologa, la pedagoga y, como veremos enseguida, en los mbitos de la justicia y el derecho.

En el caso de Mxico, los especialistas en el tema coinciden en que se han aplicado tres diferentes modelos (penal, tutelar y de garantas), los cuales corresponden con diversas instituciones nacionales, as como con diversos tratados y acuerdos internacionales.

El modelo penal

Este modelo se empez a aplicar en Mxico entre 1920 y 1940, cuando se fundaron los tribunales para menores. El primero se estableci en San Luis Potos y aos ms tarde, en 1928, el correspondiente al Distrito Federal. Esta primera etapa permiti que nios y adolescentes quedaran fuera de tribunales y prisiones para adultos. Los antiguos internados correccionales, antes en manos de rdenes religiosas y patronatos de beneficencia, terminaron por traspasar sus funciones al mbito del Estado. La tarea de educar y corregir a estos menores dej de ser una obra filantrpica y se convirti en una accin de justicia del Estado.

En estos aos tambin ocurri un acontecimiento internacional relevante: el 26 de diciembre de 1924, la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) adopt la llamada Declaracin de los derechos del nio, conocida tambin como Declaracin de Ginebra (reformulada en 1959).

Este documento estableci tres lineamientos para el tratamiento de los menores, que se siguen aplicando hasta la fecha: primero, los menores fueron definidos como personas con derecho a una proteccin especial; segundo, se estableci que debern contar con los apoyos necesarios para desarrollarse de forma saludable; y tercero, se estipul que las leyes promulgadas en la materia debern considerar fundamentalmente el inters superior del nio.

El modelo tutelar

Este modelo tiene un momento decisivo en 1974, cuando se promulga la Ley que Crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal. El artculo primero transitorio de esta ley derog los artculos 119 a 122 del Cdigo Penal, los cuales comprendan el ttulo denominado delincuencia de menores.

Estos consejos tomaron como ejemplo los que ya existan en Morelos (1959) y Oaxaca (1964). La edad mnima para la minora de edad se defini hasta los 18 aos y se cre la figura de los consejeros, quienes imponan sanciones retributivas, sustituan a los padres cuyas deficiencias educacionales fueran notorias y protegan las necesidades bsicas del menor, entre otras cosas.

Con esta ley se pretendi, tambin, sustraer a los menores del derecho penal para incorporarlos al derecho tutelar. Sin embargo, una de las principales crticas fue el hecho de que los menores infractores se encontraban en un rgimen de excepcin. El Estado se erigi como el representante legtimo de sus intereses y confisc una gran parte de sus derechos.

Los menores podan ser detenidos sin orden de aprehensin e incluso a solicitud de sus padres; no era necesario que ellos supieran de qu o quin los acusaba; prcticamente no tenan defensa ni podan apelar las resoluciones del Consejo; no exista un procedimiento formal en el cual se demostrara el supuesto ilcito o se admitieran pruebas de descargo; y, entre otras cosas, se les poda privar de la libertad por un periodo que no tena relacin con la supuesta falta cometida.

Por todo ello, el siguiente modelo puso nfasis en devolverles las garantas que haban perdido.

Modelo de garantas

La ONU declar a 1985 como el Ao internacional de la juventud. El 26 de noviembre de ese ao, la Asamblea General de este organismo ratific las Reglas mnimas de las Naciones Unidas para la administracin de la justicia de menores, tambin conocidas como Reglas de Beijing.9 Este documento contribuy a definir la necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atencin de los menores infractores, que al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de justicia, respeten sus derechos como nios y hagan hincapi en el bienestar de los mismos.

Ms adelante, la ONU adopt el 20 de noviembre de 1989 la Convencin sobre los derechos del nio, la cual fue ratificada y promulgada por Mxico. Esta Convencin establece, por primera vez en el marco internacional, que se considerar como nio a todo ser humano menor de dieciocho aos de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayora de edad (artculo primero de la Convencin).

Tambin ratifica la obligacin para los Estados adherentes de que en todas las medidas que tomen las instituciones pblicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los rganos legislativos, concernientes a los nios, una consideracin primordial a que se atender ser el inters superior del nio (artculo tercero).

El artculo 40 est dedicado a las garantas mnimas y los procedimientos aplicables a los nios infractores, a los que se obligan los Estados adherentes a la Convencin. Entre otras cosas estipula el principio de presuncin de inocencia, la obligacin de informar al inculpado sobre los cargos que se le imputan y la obligacin de que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u rgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley. En el Cuadro 1 es posible consultar los instrumentos aprobados por la ONU aplicables a los menores infractores.

La adopcin de la Convencin sobre los Derechos del Nio, por parte de Mxico, tuvo un impacto evidente en la aprobacin y promulgacin de dos nuevas leyes y una reforma constitucional, que en su conjunto adoptaron los lineamientos y principios que se desprenden de dicho instrumento. Este nuevo aparato legal y sus principales elementos fueron los siguientes:

a) Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Comn y para toda la Repblica en Materia Federal

En su artculo primero establece que tiene por objeto reglamentar la funcin del Estado en la proteccin de los derechos de los menores, as como la adaptacin social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal.

Cuadro 1Instrumentos internacionales vinculados a la proteccin de los menores infractores

INSTRUMENTOSITUACION JURIDICA

Declaracin de los derechos del nio (llamada tambin Declaracin de Ginebra).Su primera versin es de 1924, revisada en 1946 y reformulada en 1959, conforme a la resolucin 1 386/XIV de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Reglas mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).Aprobadas por el VII Congreso sobre Prevencin delDelito y Tratamiento del Delincuente. Miln, Italia, 1985, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 96 Reunin (26 de noviembre de 1985, resolucin 40/33).

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevencin de la Delincuencia Juvenil (directrices de Riad).Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de la ONU en su resolucin 45/112, del 14 de diciembre de 1990.

Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccin de Menores Privados de Libertad.Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolucin 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

Convencin sobre los Derechos delNio.Adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. Entr en vigor el 2 de septiembre de 1990. Para Mxico, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 25 de enero de 1991.

Esta norma mantiene en vigor la figura de los consejos de menores, de los cuales regula su estructura y funcionamiento y estipula que stos son competentes para conocer la conducta de las personas mayores de 11 y menores de 18 aos.

Entr en vigor a finales de 1991 y sustituy a la de 1974.

b) Reforma al artculo 4 de la ConstitucinEsta modificacin constitucional inici su proceso legislativo durante 1999 y se public en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de abril de 2000. Esta reforma tuvo el propsito de hacer explcito el reconocimiento de los derechos de la niez, elevarlos a rango constitucional y establecer el deber de los padres de preservar estos derechos y del Estado de proveer lo necesario para el pleno ejercicio de los mismos.

c) Ley para la Proteccin de los Derechos de Nias, Nios y Adolescentes

Esta ley se public el 29 de mayo de 2000, entr en vigor un da despus y se propuso como objeto garantizar a nias, nios y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin. El artculo 2 diferencia entre aquellos considerados como nios y los que son adolescentes. Los primeros, segn el artculo 2, son aquellos de hasta 12 aos y los segundos los que tienen desde 12 aos cumplidos y hasta 18 incumplidos.

Tambin incluye un ttulo denominado del debido proceso en caso de infraccin a la ley penal, en el cual se hicieron ley los lineamientos definidos por las reglas e instrumentos impulsados por la ONU.

El trnsito del modelo tutelar al de garantas ha tenido un fuerte impacto en la ciencia del derecho penal. Actualmente todo estudio de esta rama, as como de sus teoras (ley penal, delito, pena y procedimiento), excluye sistemticamente lo referente a la realizacin de conductas por parte de los menores de edad, con base en que stos no cometen delitos.

De tal manera que se ha producido un cambio en el lenguaje, aceptado de manera casi unnime en la literatura y por los profesionales especializados: se habla de infraccin en lugar de delito, consejo de menores en lugar de tribunal de menores, consejeros en lugar de jueces, procedimientos en lugar de proceso, medida de tratamiento en lugar de pena, centros de tratamiento en lugar de centros de rehabilitacin.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha emitido dos criterios, en los cuales seala que la ley penal no puede aplicarse a los menores de 18 aos, pues a stos slo se les pueden aplicar medidas tutelares y educativas y que dichas medias no pueden considerarse jurdicamente como penas.

La reforma constitucional de 2005

En el Cuadro 2 puede consultarse el prrafo cuarto del artculo 18 constitucional, antes y despus de las adiciones realizadas entre 2005 y 2006. Tal como lo seala el dictamen elaborado en el Senado de la Repblica para esta reforma, en la Constitucin no era obligatoria la existencia de un sistema de justicia integral y especfico para los adolescentes, lo cual origin --seala el dictamen-- que los sistemas de tratamiento para menores infractores que se aplican en la repblica mexicana, incurran en diversas irregularidades y violaciones de los derechos humanos de los sujetos a los que se dirigen.

Comparacin del artculo 18 constitucional, en lo referente a la justicia para adolescentes, antes de la reforma publicada el 12 de diciembre de 2005

TEXTO ANTERIORTEXTO ACTUAL

La federacin y los gobiernos de los estados establecern instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores.La federacin, los estados y el Distrito Federal establecern, en el mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que ser aplicable a quienes se atribuya la realizacin de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce aos cumplidos y menos de dieciocho aos de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitucin para todo individuo, as como aquellos derechos especficos que por su condicin de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce aos que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, slo sern sujetos a rehabilitacin y asistencia social.

La operacin del sistema en cada orden de gobierno estar a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuracin e imparticin de justicia para adolescentes. Se podrn aplicar las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la proteccin integral y el inters superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia debern observarse en la aplicacin de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar la garanta del debido proceso legal, as como la independencia entre las autoridades que efecten la remisin y las que impongan las medidas. stas debern ser proporcionales a la conducta realizada y tendrn como fin la reintegracin social y familiar del adolescente, as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar slo como medida extrema y por el tiempo ms breve que proceda, y podr aplicarse nicamente a los adolescentes mayores de catorce aos de edad, por la comisin de conductas antisociales calificadas como graves.

En la reforma al artculo 18 constitucional es posible identificar una doble vertiente de resultados. Por un lado, los adolescentes tienen ahora una responsabilidad clara ante la ley y, por otra parte, se hace obligatorio para toda la federacin la creacin de un sistema de proteccin de sus derechos.

Por lo que se refiere a las nuevas responsabilidades, el dictamen del Senado seala que se pasa de la consideracin general del menor inimputable (de 0 a 18 aos) a la del adolescente responsable (de 12 a 18 aos). Tambin se hace explcito que el internamiento ser aplicable nicamente a los mayores de 14 aos y slo para aquellos que incurran en conductas antisociales consideradas graves.

Por lo que toca a las normas de proteccin, habra que destacar que se hace explcito todo un sistema de garantas: garanta de independencia: al precisar que los tribunales no debern pertenecer al ejecutivo; de responsabilidad, al establecer la especializacin de los tribunales, instituciones y autoridades competentes; garantas sustantivas, pues el Estado renuncia a la posibilidad de aplicar la ley penal a menores de 18 aos, pero estipula la creacin de un sistema de justicia que busca la recuperacin del adolescente; garantas procesales, al sealar explcitamente la necesidad de observar un debido proceso legal e incluir la posibilidad de la justicia alternativa; y, por ltimo, garantas de ejecucin, pues establece un amplio espacio para que psiclogos, pedagogos y trabajadores sociales contribuyan a la recuperacin de los adolescentes.

Esta doble vertiente significa, a decir de dos especialistas, que estamos frente a un sistema que no es parte de la justicia penal y que incluso podra desarrollarse a partir de otros modelos. Sera un error --afirma Luis Rodrguez Manzanera--basarnos en un modelo de justicia penal.

Ruth Villanueva destaca tres aspectos del texto constitucional que obligan a desarrollar un sistema diferente al penal: uno, el hecho de que en la Constitucin se afirme que este sistema se aplicar a quienes se atribuya la realizacin de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, lo cual no significa que estemos hablando de delitos; dos, las reglas e instrumentos de la ONU hablan de especializacin, por lo que no podemos hablar de derecho ni de jueces penales; y tres, el artculo 18 constitucional no habla de penas, sino de medidas de orientacin, proteccin y tratamiento.

Luis Gonzlez Placencia no comparte la idea de que el texto constitucional implique dos sistemas diferentes. Sobre este tema ha sealado que aun cuando el texto del nuevo artculo 18 no le llama claramente por su nombre, en los hechos establece las bases para que las legislaturas locales y federales emitan leyes de responsabilidad penal para adolescentes.

Pese a este desacuerdo, Gonzlez Placencia destaca los problemas que esta reforma constitucional vino a resolver, y que implican la revisin de las leyes as como de los procedimientos, estatales y federales, que se aplican en la materia.

I. El problema de la indeterminacin de la edad de imputabilidad penal, pues hoy existen en las legislaturas locales diversos lmites. La reforma deja claro que este lmite debe situarse en los 18 aos.

II. El problema de la edad mnima de intervencin del Estado, que ahora qued fijada en 12 aos.

III. El problema relacionado con la aplicacin de medidas que, bajo la denominacin que sea, suponen la privacin de libertad a nios y adolescentes, al establecer una franja para que esto ocurra slo a quienes tienen entre 14 y 18 aos.

IV. El problema de la dependencia actual de quien acusa, quien juzga y quien defiende, al plantear expresamente la independencia entre juez y acusador.

Menores infractores

Dimensin y distribucin nacional

De acuerdo con la informacin correspondiente a 2004, en todo el pas fueron remitidos a los consejos de menores un total de 46 277 personas. De ellas, como se observa en el Cuadro 3, casi 90% fueron hombres y 10% mujeres. Aunque en algunas entidades los registros correspondientes no especifican el sexo o la edad del menor, es posible sealar que prcticamente la mitad se encuentran en un rango de entre 15 y 18 aos.

Esta distribucin es muy similar a la reportada para 2002. En este ao, los varones fueron 94%; los menores de 11 aos 0.25%; de 11 a 15 aos 41% y entre 16 y 18 aos 59%.

Para el 2000 el total de menores puestos a disposicin de los Consejos de Menores fue de 40 545, por lo que la cifra de 2004 represent un incremento de 14% en cuatro aos.

Destaca, en primer lugar, la tasa tan alta (621 por cada 100 mil habitantes) que tiene Baja California. Adems, es la entidad que tiene el mayor nmero de casos. En dicho estado se concentra una tercera parte de todos los menores infractores del pas.

Para el resto de las entidades federativas, es posible identificar tres niveles, segn las tasas de incidencia. Con un nivel alto, con tasas de entre 82 y 112, se encuentran cinco entidades: Zacatecas, Nuevo Len, Chihuahua, Colima y Quertaro. Como se pude observar, tres de estas entidades pertenecen a la zona norte del pas.

Con un nivel de incidencia media, con tasas de entre 48 y 64 menores infractores por cada 100 mil habitantes, se ubicaron siete entidades. Como se puede observar en el Cuadro 4, excepto por Jalisco, Distrito Federal y Campeche, en este grupo tambin predominan las entidades del norte del pas.

Por ltimo, con un nivel de incidencia bajo se ubicaron 12 estados, con tasas de entre 2 y 38 menores infractores por cada 100 mil habitantes. En estas entidades se distribuye 20% de los casos. En este grupo sobresale Tlaxcala, con slo 22 menores remitidos a su consejo estatal.

Habra que mencionar que debido a lo reciente de la reforma al artculo 18 constitucional, las legislaturas locales estn en proceso de actualizar su marco jurdico correspondiente, por lo que la informacin descrita anteriormente proviene de normas e instituciones que aplicaron diversos criterios.

Por ejemplo, por lo que toca a la edad penal, como se observa en el Cuadro 5, en 15 entidades la edad mnima era de 9 a 11 aos, en tanto que en el resto de las entidades existan otros tres criterios. Por lo que respecta a la edad mxima, 19 entidades la tenan establecida en 18 aos, en 12 estados en 16 y una en 17 aos.

En cuanto a las causas por las cuales los menores son remitidos a los consejos tutelares, en siete entidades las autoridades slo intervenan en los casos de transgresiones a las leyes penales (Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Sinaloa); en otras 21 entidades dichas autoridades tenan competencia para conocer de faltas a los bandos de polica y buen gobierno y en otros 19 estados se inclua la posibilidad de intervencin en los casos de menores en estado de peligro.

En Mxico existen 157 instituciones para la atencin de menores infractores, de las cuales 41 son jurisdiccionales, 55 centros con poblacin interna que combinaban funciones de diagnstico y tratamiento interno y ms de 61 con funciones mixtas de tratamiento externo, jurisdiccionales o de control administrativo de centros.

Caractersticas sociales

La informacin disponible para el Distrito Federal permite un periodo de observacin de 24 aos. Hay que advertir que en 1992, con la entrada en vigor de una nueva ley federal, fueron excluidos de las estadsticas quienes haban cometido faltas administrativas y casos en peligro, lo que ocasion una disminucin del nmero de registros. En la Grfica 1 se puede observar dicha reduccin y tambin que a partir del 2000 se inici una clara tendencia al alza, lo que signific para el 2004 un crecimiento de ms de 50 por ciento.

Algunos autores sostienen que el nmero de menores infractores no slo ha crecido en cantidad, sino que tambin en su interaccin con la delincuencia organizada. En los aos ochenta, las causas asociadas a este fenmeno eran la marginacin econmica y cultural, as como la desercin escolar, familiar y laboral.

Las conductas de estos menores era fundamentalmente una respuesta agresiva contra el mundo de los adultos. Pero a partir de los aos noventa los menores infractores interactan cada vez en mayor medida con el crimen organizado, planean con mayor amplitud los objetivos de su conducta y asumen un mayor liderazgo.

Lo anterior no significa que sea necesario asumir una actitud ms represiva. Como se observar a continuacin, los datos disponibles sealan que los menores infractores, en general, adolecen de serios rezagos sociales.

Se analiza que siete de cada diez menores infractores en el Distrito Federal se encuentran en un rango de entre 16 y 18 aos de edad. Sin embargo, su promedio de escolaridad es bajo para su edad, pues 85% slo cuenta con primaria o secundaria y nicamente una dcima parte tiene estudios de preparatoria o carrera tcnica.

Un estudio dedicado a analizar las cifras correspondientes a 2002 encontr que casi una tercera parte eran desocupados o subempleados (sin trabajo ni escuela) y la mitad, que contaba con alguna ocupacin, era de baja remuneracin (ayudantes o similares, empleado u oficinista, obrero o comercio informal).

Menores puestos a disposicin del Consejo de Menores en el Distrito Federal segn grado escolar (aos seleccionados de 1985 a 2004)

Tres de cada cuatro acusaciones en contra de los menores fueron por robo, dao en propiedad ajena y tentativa de robo. Los bajos niveles escolares, sumado a escasos ingresos, parecen confluir para que los menores perciban a la delincuencia como una oportunidad para mejorar su situacin, como una opcin de desarrollo en un entorno en el cual no han encontrado los caminos adecuados para integrarse plenamente a su sociedad.