TEMA 7. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931)1. La primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos deRegeneracionismo político.2. La crisis del Parlamentarismo; la neutralidad en la Primera Guerra Mundial.3. La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. Los problemaseconómicos.

7.1. LA PRIMERA PARTE DEL REINADO DE ALFONSO XIII Y LOS PROYECTOS DE REGENERACIONISMO POLÍTICO.

La primera parte del reinado de Alfonso XIII.A comienzos del siglo XX el sistema político de la Restauración seguía vigente. Sus

fundamentos eran una monarquía liberal pero no democrática que descansaba en la Constitución de 1876. Este sistema político había funcionado gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos –Conservador y Liberal- para alternarse pacíficamente en el gobierno y a la pasividad y la desmovilización de un electorado en su mayoría analfabeto. Uno y otro pactaban de antemano el resultado de las elecciones, negociando con los caciques o jefes locales del partido el apoyo a los candidatos oficiales y marginando a las fuerzas de oposición. Pero a fines del siglo XIX, una corriente ideológica, el regeneracionismo, denunció este sistema, dominado por la oligarquía.

Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos, tras la desaparición de sus dos grandes líderes (Cánovas y Sagasta), vivieron sendas crisis motivadas por las disputas internas y la ausencia de un liderazgo fuerte, aunque el sistema de turno se mantuvo. En 1905 se produjo un enfrentamiento entre los algunos miembros del ejército y el catalanismo. Bajo la presión de estos se aprobó la ley de jurisdicciones, por la que las ofensas contra la patria y el ejército serían juzgadas por tribunales militares. Esta ley puso de manifiesto la renovada intervención del ejército en la vida política. En esta situación ambos partidos optaron por reforzarse eligiendo nuevos líderes: Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), que representaban una nueva generación de políticos regeneracionistas.

Los proyectos de regeneracionismo político.El llamado “gobierno largo” de Maura (1907-1909) puso en marcha su proyecto de

“revolución desde arriba”. Su contenido esencial se puede resumir en los siguientes principios: conservadurismo católico de masas, incorporación de otras fuerzas políticas al sistema (catalanismo), nacionalismo expansionista en Marruecos y conexión de la monarquía con la realidad social. Se trataba de hacer hondas reformas políticas que diesen autenticidad al sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen. Con el objeto de propiciar la limpieza electoral, erradicar el caciquismo y lograr el apoyo de las clases medias, se aprobó la Ley Electoral. Declaraba el voto obligatorio, pero en la práctica no tuvo el efecto deseado de sanear las elecciones, sino que agravó las prácticas caciquiles.

Su proyecto más importante fue la reforma de la Ley de Administración Local, que pretendía acabar con el caciquismo. Contemplaba una mayor autonomía local y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Además, su programa incluyó otras disposiciones como un mayor diálogo con los autonomistas catalanes; una política económica de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional; y medidas sociales

como la obligatoriedad del descanso dominical y la legalización de la huelga. Otro de sus proyectos, la Ley de Represión del Terrorismo, dirigida sobre todo contra los atentados terroristas anarquistas, fracasó por la oposición de republicanos, socialistas y liberales. Además sirvió de justificación para la formación de una alianza de liberales y republicanos moderados (Bloque de Izquierdas).

Tras la crisis de 1898, la acción colonial de España se centró en el norte de África, por lo que Marruecos pasó a constituir el eje de la política exterior del primer tercio del siglo XX. Pero la expansión colonial en Marruecos estuvo subordinada a los intereses de las grandes potencias coloniales europeas. Tras diversos acuerdos como la Conferencia de Algeciras (1906) a España le correspondió la zona norte, cuya pieza esencial era el Rif, un territorio muy accidentado y habitado por cabilas o tribus de bereberes, hostiles a la presencia extranjera. En julio de 1909 hubo graves enfrentamientos entre las tropas españolas y los cabileños. El gobierno decidió enviar tropas peninsulares de refuerzo y movilizó a los reservistas en Cataluña, en su mayoría casados y con hijos. El embarque de tropas en el puerto de Barcelona, el 18 de julio de 1909, desencadenó un movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos, muy impopular al comprobarse que se libraban de ir quienes podían pagar una cantidad en metálico.

El republicanismo más radical y anticlerical, los socialistas y los anarquistas promovieron una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos. Las noticias sobre la batalla del Gurugú y la emboscada en el Barranco del Lobo, donde murieron 1284 soldados españoles, desataron la violencia. La huelga degeneró en una insurrección espontánea conocida como la Semana Trágica de Barcelona. Grupos armados se enfrentaron a las fuerzas del orden. El fuerte sentimiento anticlerical desembocó en el incendio de iglesias y conventos. Se declaró el estado de guerra y se enviaron refuerzos militares. El gobierno reprimió con dureza la revuelta con un balance de caso ochenta muertos y unos dos mil detenidos, y acusó a los republicanos radicales y a los anarquistas de ser los instigadores. Se ejecutaron cinco condenas a muerte, entre ellas las de Francisco Ferrer y Guardia, un pedagogo librepensador, anarquista y anticlerical, fundador de la Escuela Moderna. Fue acusado sin pruebas y sin garantías legales de ser el jefe de la rebelión. Su fusilamiento produjo una gran conmoción en la opinión pública internacional. Alfonso XIII temeroso de que la oposición interna e internacional dañase la imagen de la monarquía forzó la dimisión de Maura.

Tras el gobierno del liberal Moret, el monarca llamó a formar gobierno a José Canalejas, que emprendió el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización. La modernización del Estado implicaba la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa y el fin del monopolio de las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza. Además aprobó la denominada ley del candado (1910) que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Ello le valió la dura oposición de los sectores católicos y a punto estuvo de producirse la ruptura de relaciones con la Santa Sede.

Más fructífera fue su política de reformas sociales. Se regularon las relaciones laborales y se mejoraron las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras con amplias medidas de protección social: reducción de la jornada laboral, ley de accidentes de trabajo, seguridad social obligatoria, regulación del derecho de huelga, etc. También se sustituyó el odiado impuesto de consumos por otra progresivo sobre las rentas urbanas. Con la ley de reclutamiento se estableció el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de

guerra. Respecto a las demandas del catalanismo de la Lliga, Canalejas logró que las Cortes aprobasen la ley de mancomunidades (1912). En Marruecos obtuvo buenos resultados con el nuevo tratado de 1912, que fue la base del protectorado franco-español sobre Marruecos. José Canalejas murió asesinado a manos del anarquista Manuel Pardiñas en 1912 con lo que su obra se vio truncada.

Desde 1913 se puso de manifiesto la crisis del turnismo y la descomposición de los partidos dinásticos. Los conservadores se fraccionaron entre los seguidores de Dato y el maurismo (derecha autoritaria), y los liberales se dividieron entre los seguidores de García Prieto y los de Romanones.

7.2. LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO; LA NEUTRALIDAD EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

Los partidos y los sindicatos excluidos de sistema (republicanos, nacionalistas y obreros) habían aumentado sus apoyos desde comienzos del siglo XX. Además los efectos políticos y sociales de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la crisis de 1917 constituyeron un punto de inflexión en el régimen de la Restauración.

La neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Gran Guerra, el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad a

causa del aislamiento diplomático, la debilidad económica y de la incapacidad militar de España. A pesar de la neutralidad oficial, la opinión pública se dividió entre aliadófilos (los liberales y la izquierda simpatizaban con los principios democráticos) y germanófilos (los conservadores mostraron su simpatía hacia los alemanes, que representaban los valores de orden y autoridad). Solo los anarquistas y una parte de los socialistas se opusieron a la guerra.

La neutralidad favoreció una espectacular expansión de la economía. España se convirtió en abastecedora de los países beligerantes, a los que suministró materias primas y productos industriales. El alza de las exportaciones, junto con el descenso de las importaciones tuvo un triple efecto: una rápida expansión industrial una fuerte acumulación de capitales y un imparable aumento de los precios. Eso sí, mientras la burguesía industrial y financiera se enriqueció con los beneficios de la guerra, las clases trabajadoras sufrieron un descenso del nivel de vida. Esta situación agravó las diferencias sociales de la época, provocó una gran agitación social y el auge del movimiento obrero, con un crecimiento del número de huelgas.

La crisis de 1917.En 1917 el sistema político de la Restauración atravesó por una de sus situaciones más

críticas, al confluir tres tipos de conflictos: el militar, el político y el social.El malestar de los militares estaba motivado por el proyecto de reforma militar, que

pretendía reducir el excesivo número de oficiales. Otro motivo era el sistema de ascensos, en su mayoría por méritos de guerra, lo cual favorecía a los militares que servían en África. El conflicto surgió cuando los jóvenes oficiales peninsulares de los cuerpos de ingenieros e infantería exigieron que los ascensos fuesen por rigurosa antigüedad (“escala cerrada”). El descontento cristalizó en la formación de Juntas de Defensa. A los objetivos económicos y profesionales se añadía el deseo de autonomía corporativa frente al favoritismo de los políticos. Presentaron un ultimátum al gobierno, conocido como el manifiesto de las Juntas. El gobierno temeroso de la rebelión militar, se doblegó ante sus exigencias.

El lenguaje difusamente regeneracionista de las Juntas fue interpretado por diversos grupos de la oposición como una señal inminente de la quiebra del régimen. Cambó (Lliga Regionalista) tomó la iniciativa. Ante la suspensión de las garantías constitucionales, la imposición de la censura de prensa y el cierre de las Cortes decretado por el gobierno conservador de Dato, Cambó convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en julio de 1917. La Asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes constituyentes para reformar la constitución en sentido descentralizador y aprobar la autonomía catalana. Pero el reducido apoyo a esta asamblea y el rechazo de las Juntas a sus pretensiones, permitieron disolverla.

En el verano de 1917, se añadió un tercer desafío, el del movimiento obrero. Las dos organizaciones sindicales rivales, UGT (socialista) y CNT (anarquista), convocaron una huelga general que estalló en el mes de agosto. Solo tuvo una especial intensidad en los centros industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias y apenas tuvo impacto en las zonas rurales. Fue seguida de una fuerte represión y los miembros del comité de huelga fueron detenidos y condenados a cadena perpetua, que no llegaron a cumplir, pues al año siguiente salieron elegidos diputados.

La crisis del parlamentarismo.La crisis del régimen parlamentario de la España de la Restauración se enmarca en el

proceso general de la crisis del Estado liberal en la Europa de entreguerras. En efecto, la crisis de 1917 culminó la descomposición de los partidos dinásticos y terminó con el turno establecido desde 1885. Esto dificultó la formación de gobiernos con mayorías parlamentarias y acentuó la inestabilidad política (once gobiernos entre 1917 y 1923). La crisis era, sobre todo, el exponente de la imposibilidad de un sistema liberal de base oligárquica de evolucionar hacia la democratización. Tras una breve etapa de los gobiernos de concentración que no lograron proporcionar estabilidad, se sucedieron varios gobiernos débiles que recurrieron a medidas excepcionales como el cierre de las Cortes, lo que acentuó el desprestigio del sistema. Tampoco los partidos no dinásticos pasaban sus mejores momentos. El PSOE sufrió una escisión en 1921 con la fundación del Partido Comunista de España. Republicanos y nacionalistas sufrieron fuertes divisiones internas.

La crisis social, agudizada por la recesión económica de la posguerra y el influjo de la revolución rusa de 1917, favoreció un gran crecimiento de los sindicatos y contribuyó a radicalizar las posturas de las clases trabajadoras. La UGT incrementó su presencia en el mundo rural, sobre todo en Andalucía y superó los 240.000 afiliados. Por su parte, la CNT superó los 700.000 afiliados, de los que más de la mitad procedían de Cataluña. La CNT reafirmó su postura apolítica y estrictamente de lucha sindicalista, y su estrategia de acción directa y huelga general. En Andalucía, los campesinos que secularmente habían denunciado el anacrónico sistema de propiedad latifundista, y cuyas miserables condiciones de vida se habían agravado con la guerra, intensificaron sus movilizaciones a partir de 1918, dando lugar al llamado “trienio bolchevique” (1918-1920). Por primera vez la tradicional revuelta campesina dejó paso a un movimiento sindical. Muchos municipios andaluces y extremeños llegaron a estar controlados por los comités de huelga y se procedió a la ocupación y el reparto de las tierras. El gobierno actuó con dureza. Declaró el estado de guerra que puso fin en 1920 a esta revolución social. Simultáneamente, en Vizcaya, Asturias y Madrid se produjeron huelgas y enfrentamientos entre los sindicatos de un lado, y la patronal y el gobierno, de otro. El momento más álgido de la conflictividad se alcanzó con la huelga de la Canadiense (compañía eléctrica de Barcelona), que provocó una auténtica guerra social, sumiendo a la ciudad en una espiral de violencia. En Madrid se produjo el asesinato de Dato.

Pero fue en Marruecos, en 1921, donde se produjo la crisis más grave. Allí el gobierno decidió completar la ocupación efectiva del territorio. Ante la ofensiva del ejército español, se sublevó una de las cábilas, liderada por Abd- el-Krim. La operación finalizó con la derrota española en Annual, donde murieron 12.000 soldados y fue destruido numeroso material militar. Esta derrota conmocionó a la opinión pública, tuvo graves consecuencias políticas y acabó siendo una de las causas del fin del régimen parlamentario. El gobierno se vio forzado a

nombrar una comisión presidida por el general Picasso para delimitar las responsabilidades militares. Los militares, los partidos dinásticos y la propia figura del rey se vieron envueltos en los debates sobre las responsabilidades, acrecentando el desprestigio del régimen.

El último intento por salvar el sistema constitucional fue la creación de un gobierno de concentración, presidido por el liberal García Prieto (1922) que proyectaba reformar la Constitución, la Hacienda, la economía y la política marroquí. Sin embargo, el ejército, convencido de la imposibilidad de solucionar la crisis que sacudía al país, puso fin al sistema de la Restauración mediante un golpe militar.

7.3. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA. LOS PROBLEMASECONÓMICOS.

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía.

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera acaudilló un golpe militar contra el gobierno. El profundo malestar del ejército, la indecisión del gobierno y la falta de confianza de Alfonso XIII en el sistema constitucional de la Restauración, facilitaron que el golpe militar no hallase prácticamente oposición (solo los anarquistas y los comunistas manifestaron su repulsa). Primo de Rivera presentó la dictadura como un régimen transitorio. Siguiendo la teoría regeneracionista de Joaquín Costa del “cirujano de hierro”, anunció su propósito de de resolver los graves problemas que padecía la sociedad española: desprestigio político, caciquismo, subversión social y separatismo. El rey encargó a Primo de Rivera la formación de un gobierno y le concedió el cargo de presidente (Directorio Militar).

El Directorio Militar (1923-1925) proclamó el estado de guerra, suspendió la Constitución de 1876 y las garantías constitucionales, disolvió las Cortes, implantó la censura de prensa y prohibió las actividades de los partidos políticos y los sindicatos. Inmediatamente se impuso se impuso el orden público con duras medidas represivas contra la CNT y el PCE, declarados ilegales y se reprimió cualquier manifestación del nacionalismo. Primo de Rivera acometió su gran proyecto regeneracionista: liquidar la vieja estructura de poder de la Restauración y organizar el nuevo régimen que destruyese el caciquismo. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares y se creó la nueva figura de los delegados gubernativos que ejercieron el control de los nuevos ayuntamientos. La aprobación del Estatuto Municipal (1924) inició la formación de una nueva administración adicta y centralizada. Aunque lejos de desaparecer, el viejo caciquismo simplemente cambió de forma. Además, la aprobación del Estatuto Provincial (1925) supuso la ruptura definitiva, no solo con el catalanismo conservador de la Lliga Regionalista, sino con la realidad catalana. Además, el problema marroquí se resolvió favorablemente gracias a la ofensiva conjunta hispano-francesa. El éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas (1925) significó la derrota de Abd-el-Krim y la ocupación del territorio rifeño. Además, ello potenció la influencia del sector africanista en el ejército.

Resuelto el problema el orden público y solucionada con éxito la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil, con la clara intención de permanecer en el poder. Se rodeó de políticos de derechas, como Calvo Sotelo o Eduardo Aunós. En esta segunda fase de la dictadura, el Directorio Civil (1925-1930), se afirmó la voluntad de construir un régimen inspirado en las dictaduras autoritarias y de corte corporativo de la Europa de entreguerras (Italia). Con el fin de consolidar el régimen, se impulsó desde el poder la formación de un gran partido de derechas, la Unión Patriótica (1924). Carente de un programa y de una ideología definida, nunca logró convertirse en un partido moderno y potente. Sus primeros impulsores procedieron del catolicismo y defendieron ideas antiliberales, pero la mayoría de los afiliados eran funcionarios y pequeños y medianos propietarios rurales. En 1926 Primo de Rivera anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar una nueva constitución. Esta Asamblea estaba bajo el control del gobierno y sus funciones eran meramente consultivas. Pero, la

oposición de los viejos políticos dinásticos, la negativa de los socialistas a seguir colaborando y la actitud reticente del rey, paralizaron el proyecto de Estatuto Fundamental de la Monarquía (nombre que se dio a la constitución) y aceleraron la oposición al dictador.

La escasa conflictividad social de la dictadura se explica por la represión de los anarquistas; por el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas baratas, creación de escuelas, servicios sanitarios, etc.); y por el nuevo modelo de relaciones laborales, el sistema corporativo, basado en la intervención del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. La base de la Organización Corporativa Nacional eran los “comités paritarios” de cada uno de los oficios, formados por igual número de vocales, obreros y patronos (inspirada en el fascismo italiano). El objetivo de los comités era resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación. Su puesta en marcha contó con la decisiva colaboración de los socialistas, que lo consideraron ventajosa para mantener y consolidar al partido y al sindicato.

Los problemas económicos.

La política económica de la dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. Se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico, cuyos objetivos fueron impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas, la concesión de ayuda a las grandes empresas y el aumento del gasto público. También creó grandes monopolios estatales, como la Compañía Arrendataria de Petróleos S.A. (CAMPSA) y la Compañía Telefónica Nacional de España. El fomento de las obras públicas (embalses, carreteras, ferrocarriles, puertos) fue uno de sus aspectos más destacados. En 1926 se crearon las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento de los ríos, tanto para el regadío como para la producción eléctrica. Además se extendió la electricidad al mundo rural y se construyeron casi 10.000 kilómetros de carreteras. El problema fue que esta política de gasto público no se acompañó de una reforma fiscal que aumentase los ingresos, lo que incrementó el déficit presupuestario y obligó a una emisión constante de deuda pública.

El final de la dictadura.

A partir de 1926, la dictadura comenzó a perder apoyos y arreciaron las críticas, de las que no se libró Alfonso XIII. Primo de Rivera aprobó una norma que suprimía los ascensos por estricta antigüedad, por lo que, desde ese momento, una parte del ejército se distanció de la dictadura y del propio rey. Por otra parte, dirigentes de los partidos del turno y republicanos, con el apoyo de algunos militares descontentos, optaron por la vía de la conspiración civil y del pronunciamiento militar: “Sanjuanada” (1926). Otro frente opositor fue el de los intelectuales y periodistas (Unamuno, Ortega y Gasset, etc.) Muchos estudiantes los respaldaron, y fundaron la prorrepublicana Federación Universitaria Escolar (FUE). En 1926 se formó Alianza Republicana, que agrupó a buena parte del republicanismo español (Azaña, Lerroux). Incluso antiguos liberales como Alcalá Zamora fundaron la Derecha Liberal Republicana como una alternativa republicana, católica y conservadora. También los republicanos nacionalistas y regionalistas cobraron gran vitalidad (fundación de Esquerra Republicana de Cataluña en 1931 y Organización Republicana Gallega Autónoma). Dentro de la CNT, surgió la Federación Anarquista Ibérica (FAI), partidaria de la insurrección revolucionaria. La oposición del PSOE a la

dictadura fue tardía. Así, Primo de Rivera, falto de apoyos, incluso de los militares y del rey, cuya imagen quedó ligada a la dictadura, presentó su dimisión en enero de 1930.

Alfonso XIII encargó la formación del gobierno al general Berenguer con el fin de retornar a la normalidad constitucional (“dictablanda”). El nuevo ejecutivo restableció algunas libertades. Sin embargo, la sociedad española, especialmente en el mundo urbano, ya no era propensa a dejarse controlar por la maquinaria caciquil. Era imposible volver a la situación anterior como si nada hubiese pasado. En agosto de 1930 los diversos partidos republicanos acordaron el Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo era proclamar la república. En octubre se integraron en el pacto los socialistas. La fecha fijada para la insurrección republicana era el 15 de diciembre, pero fracasaron los levantamientos de la guarnición de Jaca y de Cuatro Vientos en Madrid, por falta de coordinación. En febrero de 1931 Berenguer fue sustituido por el almirante Aznar, que anunció la convocatoria de unas elecciones municipales para el 12 de abril. El triunfo de la coalición de republicanos y socialistas en las grandes ciudades, menos influidas por los caciques, se interpretó como un rechazo de la monarquía y dio paso a la proclamación de la república el 14 de abril.