6.1 EL ESTABLECIMIENTO DE ALFONSO XII COMO REY, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA; LA RESTAURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA.

El establecimiento de Alfonso XII como rey y el funcionamiento del sistema canovista.

La restauración de la monarquía borbónica en Alfonso XII fue ideada por Antonio Cánovas del Castillo. El primer paso fue la renuncia de Isabel II al trono a favor de su hijo (1870). Su Instrumento básico fue la creación de un “partido alfonsino” (liberalismo conservador), que atrajo a las clases medias y altas y al lobby esclavista relacionado con Cuba. El Manifiesto de Sandhurst (1874) redactado por Cánovas y firmado por Alfonso recogía las ideas básicas del proyecto restaurador. El proyecto político de Cánovas defendía un sistema en el que la monarquía fuera su base y los partidos un instrumento a su servicio. Para ello era necesario formar nuevos partidos que creasen un muro de contención frente a los radicalismos republicano y carlista. Los dos partidos que se turnaron en el poder fueron: el Partido Conservador (liderado por el propio Cánovas), que defendía el orden social, los valores establecidos por la Iglesia y la propiedad. Sus bases sociales eran la burguesía latifundista y financiera, la aristocracia y la jerarquía católica; y el Partido Liberal, que estaba liderado por Mateo Sagasta y abogaba por efectuar reformas sociales, impulsar la educación e imponer un cierto laicismo. Sus bases sociales eran la burguesía industrial y comercial, profesionales liberales, funcionarios y clases medias.

La Constitución de 1876 fue una síntesis de los textos constitucionales de 1845 y 1869 y proporcionó la estabilidad política de la que el país había carecido desde 1808 (estuvo vigente hasta 1923). Su escasa concreción dejaba en manos del partido gobernante aspectos básicos como el sufragio o la cuestión religiosa. Sus rasgos esenciales eran: la soberanía compartida rey-Cortes, al entender que ambas instituciones son parte de la “Constitución histórica”; el derecho de sufragio se dejaba pendiente (dos leyes electorales definieron este derecho: censitario según la ley de 1878 y universal según la de 1890); se declaraba el Estado confesional y se le encomendaba el mantenimiento del culto, pero se introducía la libertad religiosa, aunque limitada a las manifestaciones privadas.

El régimen de la Restauración fue considerado como oligárquico, caciquil, corrupto e incapaz de aplicar las demandas democratizadoras de la sociedad de la época. Sin embargo, proporcionó un largo periodo de estabilidad política y social sin parangón desde comienzos del siglo XIX. Eso sí, el sistema estaba dominado por la burguesía y la aristocracia, mientras que la “España real” formada por las clases medias y populares quedaba excluida de la toma real de decisiones políticas. La vida política se plasmaba a través del clientelismo, cuyos tres ejes eran los altos cargos en Madrid, los gobernadores civiles en las provincias y los caciques en los pueblos o cabezas de partido. Estos tres grupos en sus ámbitos concedían favores a cambio de apoyo político (instrumentos de participación de las masas en la política).

Acabó imponiéndose un sistema bipartidista, similar al británico, dominado por los partidos Liberal y Conservador, con una considerable indefinición ideológica. Existían otros partidos (republicanos, carlistas, obreros y nacionalistas) pero estaban excluidos en la práctica de todo contacto con el poder. Además uno de los pilares del sistema era el turnismo. Se trataba de un acuerdo tácito de los dos partidos que apoyaban la monarquía de Alfonso XII para turnarse en el poder, mediante la manipulación del proceso electoral (sistema liberal sin

democracia). El turnismo se institucionalizó con el Pacto del Pardo (1885) entre Cánovas y Sagasta. El turnismo seguía los siguientes pasos. En primer lugar, el rey llamaba a gobernar a uno de los dos grandes partidos del sistema. Después, debido a que el régimen de la Restauración era un sistema parlamentario, era necesario el respaldo de las Cortes. Para ello el rey las disolvía y se convocaban nuevas elecciones, que se manipulaban para que obtuviera mayoría el partido que debía formar gobierno. Por lo tanto, el fraude electoral era una de las claves del sistema. El ministro de la Gobernación elaboraba el encasillado (con el nombre del futuro parlamentario en cada “casilla” del mapa electoral). Después, los gobernadores civiles se encargaban de controlar a los electores, de forma que votaran al candidato designado previamente. Para ello daban instrucciones a los alcaldes y contaban con la ayuda de los caciques locales. Si este proceso resultaba insuficiente se recurría a la manipulación directa de los resultados electorales o pucherazo. La ley electoral de 1890 introdujo el sufragio universal masculino, con la oposición de los conservadores. En teoría introducía la democracia, pero en la práctica nada cambió.

La evolución política.

Entre 1876-1881 se desarrolló una etapa de dominio conservador conocida como “dictadura canovista” por el fuerte carácter autoritario de su política: se exigió a los profesores que jurasen fidelidad al gobierno; se estableció una férrea censura en la prensa; se reguló la libertad de reunión; y se instituyó un sufragio muy limitado. Por otra parte, se consiguió la pacificación del país, al derrotar a los carlistas y a los independistas cubanos (Paz de Zanjón, 1878). En política exterior se buscó la colaboración con la Alemania de Bismarck. Entre 1881-1885 se produjo la consolidación del sistema. Los liberales de Sagasta llegaron al poder (1881-1883). Su gobierno apoyó la política librecambista, amplió el sufragio y aprobó una ley de imprenta que favoreció la libertad de expresión. La última etapa del reinado de Alfonso XII dio el gobierno a Cánovas. En 1885 moría el rey y se iniciaba la regencia de su viuda María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902).

La regencia de María Cristina fue una etapa de continuidad del sistema nacido con la Constitución de 1876. El primer problema que hubo de afrontarse fue el de la descendencia. Alfonso XII murió cuando la reina estaba embarazada y cabía la posibilidad de que Isabel II reclamase de nuevo el trono. Para asegurar la corona para el hijo de María Cristina, se llegó a un acuerdo de turno pacífico en el poder (Pacto de El Pardo). El “gobierno largo” liberal de Sagasta (1885-1890) fue el de mayor duración de toda la Restauración y llevó a cabo un serie de reformas legislativas de carácter conciliador y claramente liberal: legalizó los sindicatos obreros, favoreció la libertad de prensa al suprimir la censura previa, mejoró el funcionamiento administrativo del Estado (código civil y legislación del procedimiento administrativo) y aprobó la ley de sufragio universal. Durante la década de 1890 no se introdujeron novedades en el funcionamiento del sistema de turno pacífico. Pero en la etapa final de la década surgieron varios problemas que desembocarán en la crisis de 1898: la cuestión social; el asesinato de Cánovas del Castillo (1897); el enfrentamiento entre los partidarios del proteccionismo (industriales catalanes y vascos) y los librecambistas tras el arancel de 1891; y el auge de los nacionalismos.

La Restauración en Castilla La Mancha.

El bipartidismo político y el régimen caciquil imperan en esta región, al igual que en el resto de España. Hay que destacar la existencia de candidatos cuneros al Congreso o al Senado (diputados que no tienen relación con el distrito por el que se presentan, y son impuestos por las direcciones de los partidos dinásticos), como el liberal gaditano Segismundo Moret. Fuera del sistema había núcleos carlistas y republicanos (Círculo Republicano de Hellín, Casino Tradicionalista de Ciudad Real, Casino Republicano de Daimiel, etc). En 1898, en paralelo con la crisis de Cuba y Filipinas, y como consecuencia del conflicto, hubo en diversas localidades motines en protesta contra el elevado precio de las subsistencias. También en nuestras provincias hubo sectores a favor del “regeneracionismo” ( años finales del siglo XIX y comienzos del XX) como las Cámaras de Comercio e Industria, presentes en cada provincia. De ellas partieron propuestas necesarias para la “modernización” de sus ciudades y provincias y de toda España.

6.2. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.

Al sistema canovista se opusieron diversos sectores sociales e ideológicos por razones contrapuestas.

El carlismo.

La derrota del carlismo y el exilio de Carlos VII en 1876 cerró una etapa en la historia de ese movimiento: la de la confrontación armada con el poder. Se abrió entonces la vía de la política, en la que se produjo una nueva definición ideológica en la que tuvo un destacado papel el sector del catolicismo intransigente, representado en la figura de Cándido Nocedal, nombrado representante de don Carlos en España.

Tras la muerte de Alfonso XII y la imposibilidad de restaurar la rama carlista el movimiento se escindió en dos sectores. Por un lado se formó el Partido Integrista, liderado por Nocedal. Participó en las elecciones de 1891, aunque nunca tuvo una base social amplia, excepto en País Vasco, Navarra y Castilla. Su papel se difuminó a partir de 1896. Por el otro lado, el sector propiamente carlista dio lugar a las Juntas Tradicionalistas, órganos de coordinación y propaganda en las provincias y localidades.

Los nacionalismos.

A lo largo del siglo XIX el nacionalismo español fue incapaz de elaborar un proyecto nacional sólido y unitario, lo que explica la pervivencia de los localismos y regionalismos. Destacaron el catalán y el vasco.

Los orígenes del nacionalismo catalán se sitúan en los años treinta del siglo XIX. Surgió cuando el carácter centralizador de la política liberal chocó con la cultura y la lengua tradicionales de Cataluña, dando lugar al movimiento literario cultural de la Renaixença. Fue con la Restauración cuando el nacionalismo catalán adquirió nuevos rasgos, en parte como reacción a la concepción de la nación española de Cánovas de base uniforme y esencialista, frente a la cual la política catalana elaboró dos modelos:

El modelo republicano federal catalán. Reclamaba la soberanía para Cataluña, predomino en la década de los ochenta y su principal defensor fue Valentí Almirall.

El modelo conservador y corporativo. Incluía a regionalistas, católicos y defensores de una Cataluña singular en una España plural

El sector conservador se impuso en los años noventa. Con las Bases de Manresa (1892) el catalanismo adquirió un carácter cultural y político con clara orientación tradicionalista, con intelectuales como Prat de la Riba, portavoz del nacionalismo burgués. La creación de la Lliga Regionalista (1901), primer gran partido del catalanismo, abrió una nueva etapa en este movimiento.

El nacionalismo vasco se basó en tres elementos: el fuerismo, las guerras carlistas que acabaron con la abolición de los fueros, y el proceso industrializador, que provocó la transformación de la sociedad rural y la llegada de inmigrantes de otras provincias. La cuestión foral fue uno de los ejes de la confrontación entre el Estado liberal y las provincias vascas. La literatura fuerista, de raíz romántica, reinventó la tradición antigua y medieval del pueblo vasco, idealizando el mundo rural.

Tras la derrota del carlismo en 1876, los fueristas se dividieron en dos grupos políticos: euskaros navarros, defendían la unión vasco-navarra, y euskalerríacos vizcaínos (Fermín de Sagarmínaga), que evolucionaron hacia el autonomismo. Los principales líderes del nacionalismo vasco procedieron del carlismo, con el apoyo del clero. Sabino Arana, máximo líder e ideólogo del nacionalismo vasco, fundó el Partido Nacionalista Vasco (1895). Arana, siguiendo una ideología tradicionalista, reivindicó la raza, la lengua y las costumbres tradicionales con un carácter xenófobo y racista. Fue moderando sus ideas a partir de 1898. A pesar de todo, el nacionalismo vasco no recibió el apoyo ni de la burguesía industrial, que apoyo el sistema canovista, ni la clase obrera.

Los otros nacionalismos tuvieron menor peso. El regionalismo gallego se mantuvo en un tono literario y cultural. La actividad política del galleguismo no se hizo realidad hasta el siglo XX. En el caso valenciano el paralelismo con la Renaixença catalana impulsó grupos de recuperación de la lengua de los valencianos. En Andalucía destacó la Asamblea Federal de Antequera (1883), que llegó a redactar un proyecto de constitución federal para Andalucía sin mayores efectos.

La oposición republicana.

El papel social del republicanismo fue mayor que su representación parlamentaria. Estaba presente a través de casinos, clubes, prensas y escuelas. Tras el fracaso de la Primera República, el republicanismo se dividió en varias corrientes:

El Partido Posibilista o republicano histórico fue el más moderado. Dirigido por Emilio Castelar, su base social estaba en las clases medias y la burguesía. Su moderación hizo que tras la aprobación del sufragio universal en 1890 se integrase en el sistema.

El Partido Republicano Progresista, dirigido por Ruiz Zorrilla y Salmerón apoyó el triunfo de la república mediante motines populares o levantamientos militares.

El sector institucionista, liderado por Salmerón, dio lugar al Partido Centralista, inspirado en la Institución Libre de Enseñanza y el krausismo. En 1891 se volvieron a unir en Unión Republicana.

El Partido Federal (Pi i Margall). Representaba las aspiraciones populares del Sexenio. De base urbana, aunque con amplia implantación en el mundo rural catalán y andaluz, sus militantes eran laicistas, anticlericales y partidarios de la descentralización. Sus vinculaciones con el anarquismo eran evidentes (masonería y sociedades librepensadoras).

El movimiento obrero.

En 1879, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como partido de clase que defendía los derechos del proletariado. Combinó el ideario revolucionario marxista con medidas más realistas, como la participación en la vida política o la creación de

las sociedades de producción y consumo o la Mutualidad de Madrid. En 1888 se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato de orientación socialista.

El anarquismo fue la ideología obrera más influyente en la Restauración. Fue introducido por el italiano Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin. En esta etapa se centró en la captación de seguidores y la acción terrorista, por los que los anarquistas fueron clandestinos y perseguidos. La mayor difusión tuvo lugar durante la regencia de María Cristina, especialmente entre el campesinado andaluz y los obreros de la industria catalana. Su oposición a toda forma de poder, la acción violenta y el ataque a las instituciones del Estado hicieron del anarquismo una amenaza al poder establecido: la organización la Mano Negra sembró el terror en Andalucía en la década de 1880, Cánovas fue asesinado por un anarquista y en Barcelona el atentado de 1886 contra la procesión del Corpus, dio lugar a un proceso que acabó con la ejecución de varios acusados. Sin embargo, hubo otra tradición, surgida a fines del siglo, partidaria de la acción sindical, la educación racionalista y la prensa. Pero durante estos años se impuso el anarquismo violento, cuyo medio de acción era el atentado terrorista.

6.3 LA CRISIS DE 1898 Y LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL.

Durante el reinado de Fernando VII la práctica totalidad del imperio español había alcanzado la independencia. Solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas se mantuvieron bajo soberanía española.

El desastre de 1898.

Los problemas coloniales arrancan de la etapa del Sexenio. Ya entonces se inició una primera guerra cubana (Guerra Grande, 1868-78), pero fue en la década final del siglo XIX cuando estos problemas se agudizaron debido al creciente expansionismo de Estados Unidos. En este contexto, la política española ante las demandas independentistas no fue eficaz. La campaña de Melilla (1893) inauguró un periodo de incertidumbre en la política exterior española.

Puerto Rico no planteaba serios problemas, pues había conseguido cierta autonomía, la esclavitud había sido abolida y tenía une economía saneada. En Cuba también se había abolido la esclavitud. En la isla se formaron tres corrientes: españolistas, partidarios de no realizar ninguna reforma; autonomistas, fórmula intermedia que defendía la españolidad de la isla, pero con una identidad propia dentro de unos vínculos con España de carácter solidario, pero no colonial; y los independistas, aglutinados en torno al Partido Revolucionario Cubano de José Martí. Las islas Filipinas se diferenciaban de las Antillas por la escasa presencia española y la baja ocupación efectiva del territorio. Allí el movimiento emancipador estuvo encabezado por mestizos como José Rizal.

En 1895 se produjo la insurrección nacionalista que dio lugar a la última guerra de Cuba. En 1898 se produjo la intervención directa de Estados Unidos en el conflicto. La guerra hispanocubana se inició con la sublevación cubana y la muerte de José Martí. A continuación, los cubanos protagonizaron un gran avance desde el este que el general Martínez Campos no pudo frenar. A partir de 1896, Weyler sustituyó a Martínez Campos con la misión de “guerra hasta el final”, aunque sin éxito. En esta época se intensificó la interferencia de los Estados Unidos. Al final del conflicto se produjo la intervención norteamericana.

En febrero de 1898 la explosión del acorazado estadounidense Maine en La Habana fue el pretexto para la declaración de guerra. Estados Unidos presentó un plan de compra de la isla que España rechazó. La presión de la prensa y la diplomacia estadounidenses, que acusaban a los españoles de haber provocado el hundimiento precipitó la declaración de guerra. Aún conscientes de la inferioridad militar, la flota española se enfrentó a la poderosa armada de Estados Unidos. El resultado fueron dos derrotas estrepitosas en Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba. Las negociaciones se plasmaron en el Tratado de París (1898), por el que España reconocía la independencia de Cuba, y cedía Puerto Rico y la isla de Guam a Estados Unidos por una compensación económica. En 1899, España vendió a Alemania las Carolinas, las Marianas (excepto Guam) y las Palaos. Quedaba así liquidado el Imperio español.

Las consecuencias del desastre: crisis de conciencia y regeneracionismo.

La derrota de 1898 no produjo un cambio de gobierno ni hizo peligrar la monarquía, pero sí generó un nuevo espíritu: “el regeneracionismo”. Este fue un examen de conciencia llevado a cabo por intelectuales y políticos del tránsito del XIX al XX, cuyos ejes básicos eran la dignificación de la política, la modernización social y la superación del atraso cultural. Sus defensores políticos más activos fueron Francisco Silvela y Antonio Maura.

Como consecuencia de los debates en la prensa de la época se formó en 1899 un gobierno presidido por Francisco Silvela y con el general Polavieja como ministro de la Guerra. Ambos pretendían regenerar el país sin modificar el sistema restaurador. El fracaso de este gobierno regeneracionista (1900), mostraba la incapacidad del sistema para evolucionar.

Por ello hubo otro movimiento regeneracionista al margen del sistema, el de los intelectuales, protagonizado por personajes como Macías Picavea, Lucas Mallada o Joaquín Costa. También destacó un grupo sobresaliente de escritores, la generación del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Machado, Baroja, etc.).

Para los intelectuales regeneracionistas, España estaba en un estado de postración. Partiendo de postulados pesimistas, intentaron formular un diagnóstico y unas soluciones que englobaron bajo el calificativo de regeneración nacional. Cuestionaban la capacidad del pueblo español para progresar, consideraban la falta de educación uno de los males fundamentales causantes del atraso del país y criticaban el sistema de la Restauración y su funcionamiento. Joaquín Costa (Oligarquía y caciquismo, 1901) puso en práctica muchas de sus ideas a través de la Liga Nacional de Porductores, donde estableció reformas agrarias, municipales, educativas o administrativas. Eso sí, excluyó de la reforma a obreros y campesinos.

El regeneracionismo, ya domesticado, dejó de ser un peligro para el sistema restaurador y sus lemas fueron asumidos por los conservadores (Maura o Silvela), los liberales (Canalejas, Alba), los republicanos (Costa o Madrazo) y el propio monarca Alfonso XIII. En ese ambiente se creó el Instituto de Reformas Sociales (1902).