BLOQUE 2. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.

TEMA 4. CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868).

4.1 Las regencias y el problema carlista (1833-1843).

4.2. La Década Moderada (1844-1854).

4.3 El Bienio Progresista, la vuelta al moderantismo (1854-1868) y el territorio de Castilla-La Mancha con Isabel II.

4.1. LAS REGENCIAS Y EL PROBLEMA CARLISTA (1833-1843).

La regencia de María Cristina (1833-1840).

En esta etapa se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes: liberales moderados (conservadores), que defendían una vía intermedia entre el absolutismo y la soberanía popular (sufragio limitado y grandes poderes para el rey); y liberales progresistas, partidarios de una profunda reforma social y política que limitase el poder del rey a favor del Parlamento. Estos últimos contaron con el apoyo de la regente, que solo ofreció el gobierno a los progresistas en contadas ocasiones.

Tras la muerte del rey (1833), su viuda María Cristina ocupó la regencia y nombró un gabinete presidido por Cea Bermúdez, defensor de la monarquía absoluta. Las reformas las llevó a cabo Javier de Burgos con la división provincial. Liberales y absolutistas se opusieron a esta tímida reforma. En 1833 dio comienzo la primera guerra carlista que obligó a la regente a llamar a Martínez de la Rosa para formar un gobierno liberal. Fue él quien concibió el Estatuto Real, una carta otorgada muy propia del liberalismo doctrinario. Establecía unas Cortes divididas en dos cámaras (Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores), la soberanía estaba compartida entre las Cortes y el rey, y el sufragio se limitaba a una minoría de rentas o capacidades elevadas. Esta reforma constitucional no satisfacía a los liberales doceañistas y para los absolutistas era inaceptable. La situación que se vivía era muy tensa: guerra civil, epidemia de cólera, debilidad de la Hacienda Real y levantamiento antiabsolutista y anticlerical de la milicia urbana en varias localidades.

Tras el gobierno del conde de Toreno, la regente llamó a Mendizábal (progresista) para formar gobierno. Este consiguió el apoyo de María Cristina para consumar la transición política hacia el sistema liberal. El nuevo gabinete se planteó acabar la guerra en poco tiempo gracias a la desamortización de Mendizábal (1836), que consistió en la nacionalización por parte del Estado de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia, que se vendieron después a particulares. Con ello se pretendía crear una clase de nuevos propietarios adictos a la causa liberal y sanear la deuda pública, pero los planes fracasaron.

Después del gobierno moderado de Istúriz, se produjo el “motín de los sargentos de la Granja” (1836), que dio lugar a un cambio de gobierno de signo progresista. El nuevo ejecutivo

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restableció parte de la legislación de las Cortes de Cádiz y del trienio sobre propiedad señorial, desamortización y gobiernos municipales (sufragio universal y amplias funciones). El hecho más importante fue la elaboración de la Constitución de 1837, que fusionaba algunos aspectos del liberalismo de 1812 (separación de poderes, derechos individuales) con algunos planteamientos del ideario moderado. De esta forma, las Cortes pasaron a ser bicamerales (Congreso Diputados y Senado) y se reforzó el poder de la corona. Se matizó el principio de soberanía nacional, puesto que la potestad legislativa se atribuyó conjuntamente a las Cortes y el rey. Además se instituyó el sufragio censitario y se inauguró una práctica muy común en el siglo XIX: el falseamiento de los resultados electorales.

Las elecciones de 1837 dieron el triunfo a los moderados, que gobernaron hasta 1840 y pusieron fin al espíritu de conciliación de la Constitución de 1837. Su labor estuvo condicionada por el poder de los militares más prestigiosos (Espartero por los progresistas y Narváez por los moderados), la marcha de la guerra carlista y la deuda económica. La firma del Convenio de Vergara (agosto de 1839) con los carlistas provocó un levantamiento progresista en Madrid. La persistencia de las sublevaciones llevó a la regente a renunciar a su cargo y a nombrar a Espartero como presidente.

El problema carlista (1833-1840).

Fernando VII, que no tenía descendencia, publicó la Pragmática Sanción de 1789 que derogaba la Ley Sálica, lo que permitía reinar a las mujeres. Unos meses después nacía su hija (1830), la futura Isabel II. Este acontecimiento radicalizó a la facción absolutista que apoyaba como sucesor a su hermano, Carlos María Isidro. El clima de guerra civil se anunciaba cuando Fernando VII falleció e Isabel, con solo dos años, fue proclamada reina. El programa ideológico del carlismo se resumía en la defensa de la religión, del absolutismo, del foralismo (de ahí el apoyo que recibió en Cataluña, País Vasco y Navarra) y de los privilegios del Antiguo Régimen. Sus bases sociales fueron el clero, el campesinado pobre, gran parte de la nobleza y sectores defensores de los fueros. La primera guerra carlista (1833-1840) enfrentó a los carlistas contra los liberales partidarios de Isabel. Puede dividirse en tres etapas:

1ª fase (septiembre 1833-julio de 1835). Comienza con brotes armados en Talavera y Valencia. En las provincias vascas el carlismo se organiza en forma de partidas rurales lideradas por Zumalacárregui. En noviembre ya había una guerra abierta en el País Vasco-Navarra y la parte norte de Cataluña. A estas zonas se sumaron partidas de guerrilleros en Aragón, el Maestrazgo, Galicia, Asturias o La Mancha. Esta primera fase terminó con la muerte de Zumalacárregui.

2ª fase (julio de 1835-octubre 1837). El conflicto se difunde a todo el territorio nacional, aunque los carlistas no recibieron un gran apoyo en el resto del país. Los isabelinos se limitan a aislar los territorios carlistas, a lo que estos respondieron organizando grandes expediciones, como las de Cabrera y la Expedición Real. Los carlistas llegaron a las puertas de Madrid, pero Espartero les obligó a a retirarse.

3ª fase (hasta agosto de 1839). El carlismo se dividió entre los conservadores (apostólicos) y los menos radicales (el general Maroto), partidarios de negociar. Triunfó esta última postura, lo

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que permitió la firma del Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero (1839), que sancionó la victoria de las tropas isabelinas. El rechazo de este acuerdo por el sector apostólico y el propio don Carlos, prolongó la guerra en Cataluña y Aragón hasta la derrota definitiva en Morella de las tropas del general Cabrera (1840).

La regencia de Espartero (1840-1843).

Tras la renuncia de María Cristina, Espartero (progresista) fue nombrado regente. Gobernó con talante autoritario y no dudó en apoyarse en los moderados. Su apoyo social estaba en las clases medias y bajas urbanas y en el ejército, sobre todo entre los “ayacuchos”.

Espartero consiguió ser regente único con el apoyo de moderados, lo que generó mucho descontento entre las filas progresistas. Su apuesta por el librecambismo suscitó el recelo de la oposición, que protagonizó el levantamiento en 1841, dirigido por O´Donell y otros miembros del partido moderado. La crisis de la regencia comenzó en 1842, debido a que Espartero tenía un reducido apoyo parlamentario y fue sometido a un aislamiento internacional, propiciado por la conspiración de los moderados de Narváez y María Cristina desde París. La pérdida de popularidad comenzó tras los sucesos de Barcelona. Los dueños de fábricas y comercios de textil catalán se vieron amenazados por la política librecambista que permitía la entrada de tejidos británicos más baratos. En este contexto, una recluta de soldados derivó en tumultos callejeros. Espartero respondió ordenando el bombardeo de la ciudad, por lo que perdió la mayoría de sus apoyos políticos, disolvió las Cortes, renunció a la regencia y embarcó hacia el exilio londinense, lo que obligó a adelantar la mayoría de edad de la reina Isabel, de tan solo 13 años.

4.2 LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).

El sistema de partidos.

Los partidos políticos del siglo XIX eran muy distintos a los actuales. Eran agrupaciones de notables, muy individualistas, con un peso desmedido de los líderes y un escaso contacto con la realidad social. En el sistema electoral solo participaba una reducida parte de la población: los mayores contribuyentes o aquellos “capaces” de entender el sistema liberal (el porcentaje de votos osciló entre el 0,1 y el 25% de los españoles entre 1834 y 1868). La maquinaria electoral estuvo siempre al servicio de los intereses del gobierno y en casi todos los casos la candidatura triunfante fue la del gobierno convocante. Los cinco grandes partidos existentes durante el reinado de Isabel II fueron:

Partido carlista. Defendía el retorno al Antiguo Régimen, el absolutismo monárquico, los privilegios forales y estamentales y la restauración de la Inquisición. Tuvieron el apoyo de la nobleza reaccionaria y de campesinos temerosos del liberalismo.

Partido moderado (Narváez). Se consideraban un término medio entre el carlismo y el progresismo. Pensaban que el Antiguo Régimen estaba acabado y que era necesaria una soberanía compartida entre las Cortes y el rey, con más atribuciones para la corona. Defensores del orden, de la Iglesia, de un Estado centralizado y de una participación electoral exigua. Representaban a las clases más ricas.

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Unión Liberal (O´Donell). Surgió en la década de los 50, a medio camino entre moderados y progresistas. Defendían el orden social y una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Representaban a los sectores más acomodados de la sociedad.

Partido progresista (Espartero). Partidarios de la soberanía nacional, representada por las Cortes (el rey ejercería el poder ejecutivo). Apoyaban el sufragio censitario pero más amplio que los moderados, su dogma económico se basaba en el liberalismo, pretendían robustecer los poderes locales y se apoyaban en la Milicia Nacional. Se base social eran las clases medias. La corona siempre los marginó y solo accedieron al poder por sublevaciones o pronunciamientos.

Partido demócrata. Fue fundado en 1849 para defender la soberanía popular representada por las Cortes, el sufragio universal masculino, la limitación al mínimo de los poderes del rey y el apoyo a los poderes locales elegidos democráticamente. Contaron el apoyo de las clases medias y bajas.

La evolución política.

Después del proceso de transición (gobierno de Joaquín María López) y ante el posible regreso de María Cristina, los progresistas (Prim), con el visto bueno de Narváez, propusieron el adelanto de la mayoría de edad de la reina. De esta manera, Isabel II comenzaba su reinado efectivo a pesar de su nula preparación política. Durante la mayoría de edad de Isabel II (1843-1868), ya desmantelado el Antiguo Régimen, se procedió a la auténtica construcción del nuevo Estado liberal. El protagonismo correspondió a los moderados, que gobernaron durante casi toda la etapa.

En 1844, a los pocos meses de la declaración de la mayoría de edad de la reina, formó gobierno el general Narváez. Se iniciaba la “Década Moderada”, caracterizada por el predominio de este partido durante diez años (1844-54). Fueron muy frecuentes los problemas internos dentro del partido moderado. La labor de Narváez se centró en modelar un Estado centralizado y uniforme. Sus principales acciones fueron:

Una nueva constitución (1845), de corte moderado y basada en el liberalismo doctrinario o conservador, que establecía un sistema político caracterizado por su estabilidad, pero oligárquico, pues primaba el orden sobre la libertad. La constitución estableció la soberanía compartida (rey-Cortes), la unidad católica de España, el sufragio censitario y la supresión de la Milicia Nacional. El Senado pasó a ser enteramente de designación real.

Se suspendió la venta de bienes desamortizados.

El plan de estudios estableció el modelo educativo imperante en la España del siglo XIX (primaria, secundaria y universidad).

La nueva ley de Hacienda simplificó el sistema tributario (Ley Mon-Santillán 1845).

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Control de la administración y centralización. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por un grupo reducido de electores, y la corona se reservaba la potestad de nombrar a los alcaldes de las ciudades más importantes (1845). Creó la figura de los gobernadores civiles y perfeccionó el sistema de corrupción electoral. En 1848 aprobó un nuevo código penal.

Narváez tuvo que enfrentarse a progresistas, demócratas y a las intrigas palaciegas de la camarilla de la reina y de su propio partido. Su acción política favoreció el librecambismo y decretó una amnistía general. Entre 1847-1851 tuvo que hacer frente al final de la segunda guerra carlista y a un pronunciamiento en Madrid. Este último fue organizado por el ala demócrata del partido progresista y se extendió a otras ciudades como Sevilla.

La segunda guerra carlista (1846-1849). También llamada guerra dels matiners (madrugadores) tuvo como pretexto el fracaso de la planeada boda entre Isabel II y el pretendiente carlista al trono, Carlos Luis, conde de Montemolín e hijo de Carlos María Isidro. Se desarrolló en Cataluña, aunque también se extendió a Valencia y Toledo. Participó el general Cabrera y las tropas carlistas llegaron a recibir el apoyo de guerrilleros republicanos.

En 1852 Juan Bravo Murillo presidió el gobierno y fue ministro de Hacienda. Sus principales medidas consistieron en sanear la deuda pública, crear una burocracia moderna, elaborar un borrador de código civil (sirvió de base al de 1889) y firmar un concordato con la Santa Sede (1851) que resolvió el problema suscitado por la desamortización de los bienes del clero. En él se reconocía a la religión católica como única de la nación española. Incluso hubo un intento de reforma constitucional en 1852 en sentido autoritario. El fracaso de esta reforma y la desconfianza de la reina provocaron la caída de Bravo Murillo. Se abrió un periodo de inestabilidad (tres gobiernos moderados) caracterizado por los escándalos de corrupción, sobre todo en el ferrocarril. En este clima político se fue urdiendo la trama de la sublevación de 1854, que dio paso al Bienio Progresista.

4.3. EL BIENIO PROGRESISTA, LA VUELTA AL MODERANTISMO (1854-1868) Y EL TERRITORIO DE CASTILLA-LA MANCHA CON ISABEL II.

El Bienio Progresista (1854-1856).

Con el pretexto de las continuas disputas entre los moderados, un grupo de militares se pronunció en Vicálvaro el 28 de junio de 1854 bajo el mando de los generales Dulce y O´Donell (“Vicalvarada”). En el Manifiesto de Manzanares pedían una “regeneración liberal” con un régimen representativo, la supresión de la camarilla palaciega, mejoras en las leyes de imprenta y electoral, reducción de impuestos, nueva Milicia Nacional, descentralización municipal y unas Cortes Constituyentes (propuestas progresistas)

Esta etapa estuvo dirigida por dos caudillos militares: Espartero (progresistas) y O´Donell (Unión Liberal), agrupación política formada por moderados y progresistas eclécticos. El primer gobierno, presidido por Espartero, con O´Donell, adoptó medidas significativas: convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, libertad de prensa y exilio forzado de María Cristina. Uno de los proyectos más importantes fue el de la Constitución non nata de

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1856 (progresista), que defendía la soberanía popular, recuperaba la Milicia Nacional, establecía un Parlamento bicameral (Congreso y Senado), defendía la libertad de imprenta y religiosa, elección directa de los alcaldes, etc. Eso sí, el gobierno tuvo que hacer frente a importantes problemas como un nuevo levantamiento carlista; la deuda pública; y la oposición a las medidas desamortizadoras. El ministro de Hacienda Pascual Madoz ideó el segundo gran proceso desamortizador de bienes de la Iglesia, a los que se sumó la venta de bienes municipales, cuya venta dejo sin tierras a muchos campesinos. Todos estos problemas forzaron la dimisión de Espartero, y la reina llamó a O´Donell que disolvió el Parlamento en 1856, después de los motines de Valencia y del Pan en Valladolid. Finalizaba así el bienio progresista.

La vuelta al moderantismo (1856-1868).

El nuevo gobierno de O´Donell desmanteló rápidamente casi toda la obra política y legislativa a excepción de algunas leyes como la de imprenta, la de desamortización o la de ayuntamientos, lo que motivó su destitución para nombrar un gobierno moderado presidido por Narváez. Este nuevo gobierno tenía como meta la vuelta al moderantismo más autoritario: suspendió la desamortización; y restableció la legislación moderada en materia de imprenta y régimen local. De la obra de este gobierno destaca la Ley de Instrucción Pública (Claudio Moyano) y la finalización de grandes obras públicas como el canal de Isabel II, el primer censo oficial de población, así como el desarrollo de las comunicaciones (ferrocarril, telégrafo). Pero, sin motivo aparente, Narváez presentó su dimisión a la reina e Isabel II llamó de nuevo a O´Donell.

El llamado “gobierno largo” de O´Donell fue una etapa inusual de estabilidad (1858-1863). Dominó el moderantismo político mezclado una tecnocracia modernizadora en economía y la manipulación electoral (Posada Herrera) proporcionó más estabilidad a la monarquía. Se aprobaron leyes importantes en la conformación del nuevo sistema administrativo (cuerpos de ingenieros y docentes, leyes de notariado e hipoteca, etc.) al tiempo que se producía un importante crecimiento capitalista (banca, negocios…). La política exterior de O´Donell tuvo varios episodios notables, todos ellos guiados más por el afán de prestigio que por la rentabilidad de la empresa. El más importante fue la guerra de África (1859-60), que suscitó un gran fervor patriótico y de la que España obtuvo el territorio de Ifni. Otras intervenciones tuvieron lugar en México, Cochinchina, Perú y Santo Domingo. Tras la crisis del “gobierno largo” se sucedieron gobiernos inestables. En esa coyuntura, Isabel II encargó la formación de gobierno a Narváez (1864). Sin embargo, este nuevo gobierno no consiguió la estabilidad. Además, los progresistas estaban cada vez más cerca de los demócratas. Así, diversos hechos hacían presagiar la descomposición del régimen isabelino:

El enfrentamiento diplomático con Italia al apoyar a Pío IX en la “cuestión romana”.

El desprestigio de la reina por su conducta privada y amorosa. Además un enfrentamiento con Emilio Castelar generó una importante protesta estudiantil (noche de San Daniel) que provocó la caída de Narváez y el regreso de O´Donell.

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Algunas sublevaciones contra el gobierno (Prim en 1866 y el pronunciamiento militar del cuartel de San Gil) y la firma del pacto de Ostende, entre el partido progresista y el demócrata para desalojar del trono a la reina.

La crisis económica de 1866 afectó a todos los sectores productivos y a las finanzas (crisis bursátil y bancaria por el estallido de la burbuja especulativa en torno a la cuestión ferroviaria). Golpeó a las clases más necesitadas y provocó motines populares contra los altos precios del trigo.

En septiembre de 1868 se inició un pronunciamiento militar en Cádiz, dirigido por Serrano, Prim y Topete. El manifiesto de los sublevados se titulaba “España con honra”. Criticaba a la reina y proponía un Gobierno provisional y el sufragio universal. Tras la derrota de las tropas realistas en Alcolea (Córdoba), la sublevación, conocida como la Gloriosa, triunfó dando inicio al Sexenio Democrático.

El territorio de Castila-La Mancha con Isabel II.

La Primera Guerra Carlista fue iniciada en Talavera de la Reina (1833). Los carlistas realizaron incursiones en La Mancha y en los Montes de Toledo y sus amenazas más serias provinieron de las tropas de los generales Gómez y Cabrera que amenazaron Guadalajara, Cuenca y Albacete.

Las provincias castellano-manchegas siguieron el curso político nacional. Destacó la participación del manchego Baldomero Espartero (Granátula de Calatrava, Ciudad Real). En la división provincial de España de Javier de Burgos (1833), la mayor parte de la provincia de La Mancha fue sustituida, en su mayor parte, por la de Ciudad Real. Además se creó la nueva provincia de Albacete. Las provincias que forman hoy Castilla-La Mancha, se organizaron entonces en dos regiones: Castilla La Nueva y Murcia (Albacete y Murcia). Para la administración provincial se crearon las Diputaciones Provinciales (1835).

Los cambios económicos en estos años fueron muy importantes, aunque no conseguimos industrializarnos, como en otras partes de España, de hecho la industria predominante fue la tradicional. A partir de la década de los 50 empezaron a quedar comunicadas por ferrocarril las capitales de provincia. La base económica de la región continuó siendo agraria. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz afectaron mucho a todas las provincias de nuestra región y contribuyeron a consolidar la gran propiedad y a acentuar la precaria situación del campesinado manchego. En lo social, había una enorme diferencia entre una élite muy acomodada y clases humildes muy pobres. Con las desamortizaciones surgió una nueva clase rentista (burguesía de comerciantes e industriales) alejada de inclinaciones inversoras.

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