TEMA 12. HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA (1975-2004).

12.1 Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la Transición democrática española (1975-1982).

12.2 La Constitución de 1978 y el sistema democrático español: principios, instituciones y el Estado Autonómico. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

12.3 Los gobiernos democráticos y la integración de España en la Unión Europea.

La muerte de Franco cerraba el tiempo de la dictadura y abría el de la democracia. Juan Carlos I, elegido por el caudillo para sucederle, juraba como rey de España y declaraba su voluntad de ser el rey de todos los españoles. Mantuvo su palabra y apostó por las reformas que el país necesitaba para convertirse en un Estado democrático.

El rey, Suárez y sus gobiernos, la oposición y la sociedad civil protagonizaron un cambio que se hizo día a día. Todo tuvo lugar en medio de una crisis económica, que desde 1973 complicó el desarrollo político y favoreció las movilizaciones en demanda de mejoras laborales. Por otra parte, el terrorismo se convirtió en un factor desestabilizador. El ejército fue muy sensible a los cambios y algunos de sus miembros quisieron frenar el proceso político. El entorno internacional saludó el desmantelamiento de la dictadura y apoyó la transición por la que el monarca consolidaba su trono, los partidos políticos eran legalizados y los españoles recuperaban sus libertades.

12. 1 Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la Transición democrática española (1975-1982).

La muerte de Franco (1975) marca el inicio de la transición a la democracia. El objetivo prioritario era el de evitar a toda costa una nueva quiebra de la sociedad española. No obstante, el pulso entre sectores reformistas y sectores rupturistas originó momentos de crisis. Tras la desaparición del dictador, Juan Carlos fue nombrado rey. La monarquía nacía legitimada por el propio franquismo, lo que le aseguraba el control de los aparatos del Estado: el ejército, la Administración y las fuerzas del orden público. Todos ellos esperaban que hiciera realidad una monarquía autoritaria que mantuviera lo esencial del franquismo, aunque fuera introduciendo algunas reformas graduales. La oposición, en cambio, exigía cambios rápidos y significativos.

Los primeros actos del nuevo rey estuvieron dirigidos a tranquilizar al aparato franquista (ejército). En este sentido hay que entender la continuidad de Arias Navarro como presidente del gobierno. Sin embargo, el rey colocó a Fernández Miranda al frente de las Cortes y del Consejo del Reino y obligó a Arias a contar en su gobierno con algunas de las figuras más destacadas del reformismo (Fraga, Areilza, Osorio y Garrigues). Además, estableció contactos con la oposición y con destacados líderes de países europeos. Arias Navarro, por su parte, inició una tímida reforma, pero las protestas contra el gobierno y el malestar social se sumaron a la ola de huelgas que aumentó la inestabilidad del país. El presidente reaccionó de manera autoritaria ante los nuevos conflictos (hechos de Vitoria). La lentitud con que avanzaban las reformas y los problemas que comenzaba a causar la crisis económica daban cada vez más fundamento a la ruptura democrática con el franquismo. Para dar cohesión a sus planteamientos, en marzo de 1976, los dos principales organismos de la oposición se fusionaron en la Coordinadora Democrática, conocida como Platajunta.

En estas circunstancias, el rey provocó la dimisión de Arias Navarro (1 de julio de 1976) y, nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez (la oposición lo interpretó como un freno al proceso

de reforma). Sin embargo, Suárez inició un proceso de desmantelamiento de la dictadura a partir de la legalidad franquista. Para hacer más creíbles sus intenciones reformistas, Suárez concedió una amnistía generosa (30 de julio de 1976) e inició una serie de contactos periódicos con la oposición para implicarla en el proceso de reforma. Fue así como comenzó a abrirse camino la estrategia de la “ruptura pactada”. El proceso aperturista culminó cuando las Cortes franquistas dieron su aprobación al proyecto de Ley para la Reforma Política (“suicidio político de las Cortes franquistas”). El pueblo español, convocado a referéndum, votó favorablemente la reforma (15 de diciembre de 1976). La oposición moderada propició el sí y la de izquierdas defendió sin demasiado énfasis la abstención. Apenas un año después de la muerte de Franco había desparecido su régimen.

Un paso fundamental para el establecimiento de un sistema democrático era la legalización de los partidos políticos. En 1976 el PSOE, recibió el espaldarazo de la Internacional Socialista y antes de que acabara el año fue legalizado. La actitud moderada del PCE, al encajar con una gran serenidad los asesinatos de Atocha, su compromiso de no cuestionar la monarquía y la presión ejercida por el conjunto de la oposición llevaron a Suárez a legalizar al PCE, el gran enemigo del franquismo, en abril de 1977, a pesar del malestar que sabía que su decisión iba a producir en el ejército. Las Fuerzas Armadas expresaron su protesta y el ministro de Marina presentó su dimisión, pero Suárez continuó negociando con la oposición medidas como la disolución del Tribunal de Orden Público, del Sindicato Vertical y la del propio Movimiento Nacional y la ampliación de la amnistía.

Una vez garantizada la pluralidad política, se celebrarían las primeras elecciones democráticas que tenían lugar en el país desde los tiempos de la República. A ellas concurrieron, además de los partidos de oposición, otras agrupaciones políticas de reciente aparición. Suárez creó la Unión de Centro Democrático (UCD) y Fraga lideró la derechista Alianza Popular. En las elecciones del 15 de junio de 1977, La UCD obtuvo una mayoría relativa (165 diputados), seguida muy de cerca por el PSOE (118 diputados). El PCE sufrió un fuerte descalabro (20 diputados) y Alianza Popular (16 diputados) vio cómo el electorado penalizaba su excesivo apego al franquismo, mientras que la extrema derecha fue barrida. En cambio, los grupos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco obtuvieron unos resultados que pronosticaban su futuro protagonismo.

A medida que avanzaba la década, se hacían más patentes los graves problemas económicos (estancamiento del PIB, inflación galopante, déficit público y, sobre todo, el aumento espectacular de las cifras de paro). Además, las dificultades derivadas de la inestabilidad política provocada por la transición democrática habían llevado a los gobiernos a no tomar medidas correctoras que podrían haber resultado impopulares. Dada la situación, todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieron de acuerdo en la necesidad de resolver estos problemas consensuadamente. Así, el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa. Limitaron los aumentos salariales y sirvieron para frenar la tendencia negativa de la economía, redujeron un tanto la inflación y el déficit exterior, aunque no lograron detener el incremento del paro.

Tras la aprobación de la Constitución, se convocaron elecciones generales en 1979. Suárez rentabilizó su magistral actuación como promotor de la transición y logró un nuevo triunfo electoral. Pero poco después se produjo la victoria de la oposición de izquierdas en las elecciones municipales del 3 de abril. El gobierno Suárez estuvo sometido a un duro desgaste, que se vio incrementado por el proceso de descentralización autonómica. A principios de 1980 optó por ralentizar el proceso descentralizador. Entonces el PSOE comenzó a realizar una dura crítica opositora que culminó con la

presentación de una moción de censura. Además del acoso de la oposición, Suárez tuvo que afrontar la progresiva desintegración de su propio partido. Su liderazgo era cada vez más contestado por los llamados «barones de la UCD»: Fernández Ordóñez, Álvarez Miranda y Joaquín Garrigues.

El problema más grave con el que se enfrentó el gobierno de Suárez fue la enorme tensión provocada por la escalada terrorista que fomentaba el golpismo en el seno de las Fuerzas Armadas (atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado). A partir de 1977, ETA, comlementada por Herri Batasuna intensificó su actividad, con el objetivo de que el gobierno aceptara la independencia de Euskadi. Al terrorismo de ETA se había sumado el de otros grupos de extrema izquierda, el FRAP y el GRAPO.

El nombramiento del teniente general Gutiérrez Mellado como ministro responsable de los tres ejércitos buscaba controlar el descontento militar. Sin embargo, los rumores de conspiración («ruido de sables») fueron casi permanentes (en 1978 fue desarticulada la Operación Galaxia). A finales de enero de 1981, Suárez presentó su dimisión. El 23 de febrero, mientras se desarrollaba el debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, Antonio Tejero ocupó el Congreso y secuestró a los diputados. Mientras, en Valencia, las tropas de Jaime Milans del Bosch salieron a la calle y en los cuarteles de toda España se vivieron momentos de suma tensión hasta que la intervención televisada del rey pidiendo el acatamiento del orden constitucional acabó de convencer a los indecisos de las escasas probabilidades del éxito de un golpe de Estado. El fracaso del golpe de Estado del 23-F revitalizó la democracia española, que vivía el momento más crítico de la transición (manifestaciones multitudinarias en defensa del orden constitucional) y Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno por mayoría absoluta. Se recobró el espíritu de consenso y se unificaron los criterios sobre la ampliación del proceso descentralizador y la elaboración de estatutos de autonomía (LOAPA). Finalmente Suárez abandonó el partido y fundó el Centro Democrático y Social (CDS). Tras varios cambios de gobierno, Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 y convocó elecciones legislativas anticipadas.

12.2 La Constitución de 1978 y el sistema democrático español: principios, instituciones y el Estado Autonómico. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El gobierno de UCD y las Cortes surgidas de 1977 se enfrentaron a dos retos históricos fundamentales. Por un lado, era preciso atajar la crisis económica y definir el nuevo sistema de relaciones laborales; por otro, se tenía que construir un nuevo marco político democrático a través de una Constitución. En ambos casos gobierno y oposición consiguieron llegar a acuerdos consensuados. Algo parecido ocurrió con una de las cuestiones más espinosas de la nueva democracia: la de cómo integrar las reivindicaciones de las nacionalidades históricas sin cuestionar la unidad de España.

El consenso sobre el marco político: la Constitución de 1978

El primer paso hacia la elaboración de la Constitución fue la creación de una ponencia para su redacción integrada por diputados de los diferentes partidos. Carentes de una mayoría clara y no queriendo arriesgarse a que la Constitución quedase en papel mojado si era aprobada con poco respaldo, los partidos decidieron tomar la vía del consenso. Los acuerdos no fueron fáciles en temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, el sistema electoral, etc. Al final alumbraron una carta magna que nos equiparaba a las democracias occidentales cuyas principales características son las siguientes:

• Se define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Se establecía la aconfesionalidad del Estado.

• La amplia declaración de derechos y libertades de los españoles, que se inspiró en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y contrastaba con lo restringidos que habían estado dichos derechos y libertades durante la dictadura. También se hacía referencia a algunos deberes inexcusables para el mantenimiento del Estado, como es el pago de impuestos.

• La definición del sistema político español como una monarquía parlamentaria, en la que el rey

como jefe del Estado arbitra entre las diferentes instituciones pero no tiene poder ejecutivo. La soberanía corresponde al pueblo.

• La división de poderes. El legislativo correspondía a las Cortes, integradas por el Congreso y el Senado, dos cámaras elegidas cada cuatro años por sufragio universal, directo y secreto. El ejecutivo recayó en el gobierno, integrado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros, que serían elegidos en función de la composición mayoritaria de las Cortes. Por último, el poder judicial correspondía a los jueces y magistrados, coordinados en última instancia por el Tribunal Supremo. Este cuadro de instituciones se completó con otras dos: el Tribunal Constitucional, que se encarga de interpretar la Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del Pueblo, cuya misión es atender directamente a los ciudadanos velando por el respeto de sus derechos y libertades.

• La descentralización del Estado, pues la Constitución contemplaba la posibilidad de que las

regiones y nacionalidades pudieran optar por convertirse en comunidades autónomas, que a su vez se organizaban en provincias y municipios.

El nuevo marco legal fundamental fue propuesto a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y fue aprobado mayoritariamente. Así, con una abstención del 33 %, que en el caso del País Vasco fue del 54,5 % por la negativa de los nacionalistas a pronunciarse, el 88 % de los votos fueron favorables a la nueva Constitución y sólo el 8 % negativos.

El nuevo Estado autonómico

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 quedaba claro que en las nacionalidades históricas, Cataluña y el País Vasco sobre todo, sería imposible la normalidad democrática si no se resolvían sus reivindicaciones autonomistas, de las que se habían hecho eco no sólo los partidos nacionalistas con mayor representación (PNV y CIU) sino, en general, toda la izquierda parlamentaria. Si bien nadie discutía la necesidad de restaurar los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco, e incluso de Galicia, la unanimidad desaparecía a la hora de determinar los límites geográficos y competenciales del proceso de descentralización que suponía la implantación de un Estado autonómico.

Ante la generalización de las manifestaciones populares en favor de la autonomía también en otras regiones, las fuerzas políticas optaron por generalizar la creación de autonomías, una solución que sería conocida como café para todos. En Cataluña y el País Vasco esto fue interpretado como un intento de diluir el nacionalismo histórico y de rebajar el alcance de sus reivindicaciones descentralizadoras, mientras que para los sectores del búnker franquista era el camino hacia la inmediata desintegración de la patria. Entre tanto, en Cataluña casi un millón de personas se manifestaron a favor de la autonomía el 11 de septiembre de 1977. Un mes después regresaba el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y se restableció con carácter provisional el gobierno autónomo. La Generalitat provisional se encargó de negociar con el gobierno central los traspasos de competencias a lo largo de 1978, mientras una comisión de parlamentarios elaboraba el proyecto de Estatuto de autonomía.

En el País Vasco el proceso fue similar, aunque el contexto resultaba mucho más crispado, tanto por el rechazo del nacionalismo moderado (PNV) a aprobar la Constitución como por la campaña del nacionalismo radical en contra de cualquier negociación con el nuevo Estado democrático que no contemplara la independencia de Euskadi. A lo largo de 1978 se elaboró el proyecto de Estatuto de autonomía, llamado de Guernica. Ambos estatutos fueron presentados a las Cortes para su ratificación y sufrieron recortes, aunque lograron unos niveles de autonomía superiores a los de los estatutos de la II República, especialmente en el caso vasco. Ambos estatutos fueron aprobados en sendos referendos en 1979.

Castilla La Mancha.

Con el final de la dictadura en el año 1975, Castilla-La Mancha inició el proceso para convertirse en una Comunidad Autónoma, como simple imitación de lo que se pretendía llevar a cabo en otras regiones. En 1978 se constituye la entidad preautonómica de Castilla-La Mancha, presidida por Antonio Fernández Galiano de la UCD. En el año 1980, el 78% de los municipios castellano-manchegos votaron a favor de la autonomía y se inició la redacción de un Estatuto que, una vez aprobado por las Cortes españolas, entró en vigor en agosto de 1982. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha quedó integrada por las provincias de Castilla La Nueva, exceptuando Madrid y añadiendo la provincia de Albacete, que históricamente había estado siempre unida a Murcia. En mayo de 1983 se celebraron las primeras elecciones para las Cortes castellano-manchegas en las que

obtuvo la victoria el PSOE. Del 1983 a 2004, ocupó la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el socialista José Bono. A partir de esta fecha, se convierte en presidente José María Barreda, que estará en el poder hasta su relevo por María Dolores de Cospedal, del Partido Popular.

12.3 Los gobiernos democráticos y la integración de España en la Unión Europea.

Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996).

Los socialistas llegaron al poder en 1982 legitimados por una amplia mayoría del electorado que les permitió emprender una serie de reformas económicas y políticas que tuvieron como principales objetivos la salida de la crisis económica, la incorporación del país al contexto europeo e internacional y la consolidación definitiva de la democracia en España.

A la amplia victoria electoral del PSOE contribuyó una serie de factores como la unidad del partido, la popularidad de Felipe González, la crítica situación que vivió la democracia española por el 23-F, el proceso de descomposición de la UCD y su programa electoral basado en la idea de cambio. Los dirigentes que controlaban la ejecutiva del partido desde el Congreso de Suresnes (1974) se esforzaron en dar una imagen moderada. El partido, influido por la socialdemocracia europea había abandonado el marxismo para buscar un amplio respaldo social. La repetición de las amplias victorias socialistas en 1986 y 1989 dependió de la moderación de su programa político, del pragmatismo de su gestión y de los rendimientos electorales de su política social y de obras públicas. Además en los años 80 no hubo una oposición efectiva: la UCD se desintegró y el CDS, su heredero alcanzó poca implantación; AP atravesaba una crisis de liderazgo y el PCE estaba muy dividido en distintas tendencias.

España se encontraba en plena crisis económica. El PSOE aplicó una política económica de tipo socioliberal. Por un lado se adoptaron medidas de saneamiento destinadas a controlar la inflación y el gasto público; acometieron la reconversión industrial de grandes empresas públicas del INI (industria naval, siderúrgica y automovilística con la venta de SEAT); se llevó a cabo una importante reforma fiscal, primando los impuestos directos sobre los indirectos; y se intentaron combatir las altas tasas de desempleo, aunque no se consiguió. Entre 1986 y 1991 se produjo una importante reactivación económica, fruto de la incorporación a la CEE y las inversiones extranjeras.

En política interior Narcís Serra emprendió una reforma de las Fuerzas Armadas que quedaron sujetas al poder civil; se emprendió un incremento del gasto en obras públicas; se finalizó el proceso de configuración del Estado autonómico; se reforzó el Estado del Bienestar, con la ampliación de la cobertura sanitaria, el incremento en la inversión educativa y la universalización de la percepción de las pensiones y el incremento en sus cuantías; y se aplicó una política antiterrorista que no logró acabar con la actividad de ETA (atentado de Hipercor en Barcelona, 1987) y que incluyó tanto medios legales (reinserción de militantes etarras, conversaciones de Argel, pacto de Ajuria Enea) como ilegales (creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación). En el exterior los socialistas desarrollaron una brillante política. La diplomacia socialista adquirió tintes marcadamente europeístas y negoció la entrada en la CEE y la incorporación definitiva a la OTAN tras un referéndum en el que triunfó el sí con un 52,5% de los votos.

1992 significó el cénit del gobierno socialista con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. A partir de este momento se inició un brutal desgaste del PSOE motivado por una nueva recesión económica que provocó un importante incremento del paro; la multiplicación de los casos de corrupción (Juan Guerra, Mariano Rubio, Filesa, Roldán, etc.); y la reorganización del Partido Popular.

La integración de España en la Unión Europea.

En 1977 Adolfo Suárez había presentado la solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), y poco después se iniciaron las conversaciones sobre las condiciones de la incorporación de España. Las negociaciones para la integración fueron complicadas y Francia puso muchas dificultades. Pero el golpe militar del 23-F, la victoria del PSOE y la actitud favorable de Alemania allanaron el camino. El 12 de junio de 1985 se firmaba la adhesión. Se cumplía el fin de un sueño. El período de adaptación comprendió hasta enero de 1993, fecha en la que desaparecieron los aranceles y las trabas a la libre circulación de personas y capitales. La integración tuvo algunas consecuencias iniciales negativas para el sector primario y para la balanza de pagos por el aumento de las importaciones. Pero los beneficios posteriores fueron mucho mayores gracias a los fondos de cohesión y a las ayudas para el desarrollo. España superaba el aislamiento tradicional y entraba en una nueva fase de relaciones exteriores.

España participó en todos los proyectos europeos y se comprometió en el Tratado de Maastricht (1992), que fundó la Unión Europea. También apoyó la creación de la moneda única, el euro. El compromiso para converger con Maastricht exigía una serie de condiciones económicas respecto a la tasa de inflación, al volumen de la deuda pública, el déficit público, el tipo de cambio y los tipos de interés. El gobierno de José María Aznar se esforzó por cumplir con esas exigencias.

Los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar.

El declive de los gobiernos del PSOE se tradujo en la derrota electoral de 1996. Esta circunstancia permitió al Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar, acceder al poder. El PP ganó las elecciones por un estrecho margen y se vio obligado a gobernar con el apoyo de otros grupos (CIU). En su primera etapa de gobierno (1996-2000), el PP desarrolló una política centrista y dialogante con los nacionalistas y los sindicatos, con numerosos éxitos. La moderación se sus políticas confirmó la validez de la derecha española como una alternativa democrática; se consiguió una relativa bonanza económica (España cumplió con las medidas de ajuste necesarias para entrar en el euro) y se produjo un descenso del paro; y logró avances significativos en la lucha antiterrorista por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y el incremento de la colaboración con Francia. El resultado de estos logros fue la mayoría electoral conseguida por el PP en el 2000. En esta segunda etapa se pusieron de manifiesto las siguientes tendencias: el gobierno optó más por la confrontación que por la negociación (huelga general en 2002); se produjo un enfrentamiento con los nacionalistas; se realizaron reformas educativas que tuvieron una importante contestación social; se frenó el crecimiento económico, disminuyó el gasto social y se deterioraron ciertos servicios públicos; y se produjo una alineamiento de la política exterior con la agresiva política del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lo que provocó masivas protestas contra la guerra de Irak.

Los últimos años (no entra).

En las elecciones de 2004 dieron como resultado un inesperado triunfo electoral del PSOE, tras los atentados terroristas del 11 de marzo, el mayor ataque terrorista conocido en Europa. Los hechos más destacados de los gobiernos José Luis Rodríguez Zapatero (2004 – 2011) fueron el regreso de las tropas de Irak; un fuerte impulso de las políticas de igualdad entre géneros; la propuesta en la ONU de la Alianza de Civilizaciones; el inicio del proceso de paz con ETA; y una política de carácter social (matrimonio homosexual, Ley de la Dependencia y modificación de la Ley del Divorcio). Los últimos

años de su gestión estuvieron marcados por el inicio de la crisis financiera. En este contexto, Mariano Rajoy (PP) venció en las elecciones de 2011 y comenzó una gestión muy influida por la situación económica.

TEXTOS.

MENSAJE DEL REY, 22 NOVIEMBRE DE 1975

En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y. de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono.

Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona que brota de lo más profundo de mi corazón (…).

Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado (…).

Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.

La institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional (…).

Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar la Corona, los ejércitos de la Nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un firme entramado de deberes y derechos. Sólo así podremos sentirnos fuertes y libres al mismo tiempo (…).

Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!

Primer Mensaje del REY JUAN CARLOS I, Madrid, 22 de noviembre de 1975

DISCURSO DE ADOLFO SUÁREZ “PUEDO PROMETER Y PROMETO”.

“Buenas noches, señoras, señores:

Vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Vengo, como candidato, a pedir su voto para la Unión de Centro Democrático.

No vengo con fáciles palabras a la conquista de votos fáciles. Sé muy bien –y lo demuestra la experiencia- que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro…

Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto no traigo mis papeles en blanco, ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español, y pasado mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la Transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y pueden lograrlo.

Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer, y prometo, que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.

Puedo prometer y prometo, que después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice, de una vez para todos, que pague más quien más tiene.Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características.Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno.

Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos

Discurso televisado en las vísperas de las elecciones del 15 de junio de 1977. Adolfo Suárez.

LA CONSTITUCIÓN DE 1978

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la

economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.

Artículo 1. 1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

1.2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

1.3.- La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Articulo 6.- Los partidos políticos expresan el pluralismo político...

Artículo 7.- Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios...

Artículo 15.- Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

Artículo 16.1 Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

16.2 Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencoas.

16.3.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 20.- 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones (…), c) a la libertad de cátedra. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (…)

Art. 143. 1 (…) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas (...)

Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1º La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los hombres en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2º Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3º Relaciones internacionales. 4º Defensa y Fuerzas Armadas. 5º Administración de Justicia...

DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA. FELIPE GONZÁLEZ. 1992

“Es para mí un honor, como presidente del Gobierno, y un privilegio, como ciudadano de esta tierra, poder darles la bienvenida a España, a Andalucía y a Sevilla. Este es, para nosotros los españoles, un año lleno de convocatorias de alcance universal, como los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Cumbre Iberoamericana de Madrid, las Conmemoraciones del V Centenario y esta Exposición Universal que hoy se inaugura. La fecha del 20 de abril de 1992 dejará huella en nuestra memoria individual y colectiva (…)

Esta Exposición Universal (…) ha sido testigo del desarrollo del proceso de consolidación de la democracia española, de su avance económico, de la modernización de España, de la mejora de la prosperidad relativa de sus ciudadanos, de nuestro proceso de integración en la Comunidad Económica Europea y de nuestra total implicación en todos los organismos y foros internacionales. Como proyecto de Estado ha prevalecido por encima de las diversas coyunturas políticas.

(…) Cuantos participan en la Exposición Universal de Sevilla han entendido el significado de esta cita con el pasado y con el futuro y también el sentido del mensaje de amistad de la misma: contribuir a reforzar los vínculos de una comunidad internacional que quiere preparar un futuro mejor, de cooperación y de paz.

(…) Podemos decir, por tanto, que la Exposición Universal es uno de los proyectos que la comunidad internacional se plantea desde la paz y la cooperación. A todos los que participan en la Exposición, desde los más cercanos –nuestros socios comunitarios, nuestros hermanos de Iberoamérica, nuestros vecinos del Magreb- a los más lejanos en el espacio, pero unidos todos en los propósitos de la Exposición, quiero expresarles el reconocimiento profundo y sincero del Gobierno de España.

Deseo resaltar también la participación de todas las Comunidades Autónomas y de empresas y organismos españoles, así como agradecer la hospitalidad de las autoridades andaluzas y sevillanas y del pueblo de Sevilla.

(…) Una España de futuro y de esperanza que confía en sí misma y en los valores de la libertad de la solidaridad y del trabajo en común. Hagamos de la Exposición Universal de Sevilla un éxito para todos. Un éxito para la comunidad internacional. Un paso más en el camino de la cooperación y de la paz que todos deseamos.”

Felipe González. Presidente del gobierno español. 20 de abril de 1992