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T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal SENTENCIA
Sentencia Nº: 54/2012
RECURSO CASACION Nº:2624/2010
Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria
Procedencia: Audiencia Provincial de Huelva, Sección Primera
Fecha Sentencia: 07/02/2012
Ponente Excmo. Sr. D.: Diego Ramos Gancedo
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Escrito por: MBP
- Delitos contra la ordenación del territorio y daños de bienes propios de utilidad
social en concurso de normas. Delito de desobediencia.
Nº: 2624/2010
Ponente Excmo. Sr. D.: Diego Ramos Gancedo
Fallo: 31/01/2012
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 54/2012
Excmos. Sres.:
D. Joaquín Giménez García
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Manuel Marchena Gómez
D. Alberto Jorge Barreiro
D. Diego Ramos Gancedo
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los
Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional
que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de dos mil doce.
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, infracción de
ley e infracción de precepto constitucional, que ante Nos penden, interpuestos por
las representaciones de los acusados JUAN MÁRQUEZ SORIANO, ANTONIO
CONEJO PRIETO y MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, contra sentencia dictada
por la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Primera, que les condenó por delito
contra la ordenación del territorio en concurso con un delito de daños, los
componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan
se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los
indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, siendo también
parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la
Procuradora Sra. Puente Méndez respecto de los acusados Juan Márquez Soriano y
Manuel Martínez Cruz y el Procurador Sr. De Palma Villalón respecto del acusado
Antonio Conejo Prieto, y la recurrida Acusación Particular Junta de Andalucía
representada por su Letrada.
I. ANTECEDENTES
1.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Moguer incoó procedimiento
abreviado con el nº 9 de 2010 contra JUAN MÁRQUEZ SORIANO, MANUEL
MARTÍNEZ CRUZ y ANTONIO CONEJO PRIETO, y, una vez concluso, lo
remitió a la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Primera, que con fecha 30 de
julio de 2010 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
PRIMERO.- El acusado Antonio Conejo Prieto, Ingeniero Técnico de Minas, en
2005 contaba 60 años de edad y era propietario de una finca rústica de carácer
eminentemente forestal, con una extensión aproximada de 314 hectáreas y que
ocupaba varias parcelas catastrales en los polígonos 13 a 15, al sitio "El
Avispero", de Bonares, catalogada como coto de caza núm. H-10.004. Finca que
había recibido de su madre en 1984, en virtud de contrato de renta vitalicia. Desde
al menos el año 2002, venía transformando su uso o aprevechamiento de forestal a
agrícola de regadío, extralimitándose para ello en las diversas autorizaciones
administrativas que obtenía para la tala y destoconado de eucaliptos, apertura de
pozos y cultivos de secano. Y, en concreto, en el año 2003 solicitó y obtuvo de la
Consejería de Medio Ambiente autorización para el cambio de uso agrícola a
higueras de secano, de 40 hectáreas. Sin que conste que coincida la superficie,
cultivó naranjos de regadío, denegándosele la ampliación del plazo de ejecución
por resolución de 16 de febrero de 2005. Asimismo, para servicio y riego de las
plantaciones de naranjos, y de frutos rojos cultivados en invernaderos y túneles de
plástico, en el año 2005 construyó una nave agrícola de 22 metros de frente por 11
metros de fondo y una balsa de agua, sin licencia ni permiso alguno, ya que no le
ha sido concedido la autorización que solicitó a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. SEGUNDO.- Con fecha 29 de septiembre de 2005, el también
acusado Juan Márquez Soriano, agricultor y de 50 años de edad, actuando como
administrador único, en representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Agromolinillo, con CIF F21047758, adquirió de aquél, mediante compraventa
formalizada en escritura notarial, unas noventa hectárreas de la finca, en concreto
las parcelas catastrales núm. 1 del polígono 13, núm. 2 del polígono 14 y núms. 41,
42 y 111 del polígono 15, Antonio Conejo segregó para su venta. Señalando como
precio el de 2.356.575,10 euros. En documento privado previo, de fecha 5 de
octubre de 2004, hicieron constar que se procedería al cambio de cultivo,
asumiendo los gastos Agromolinillo SCA, y con ello el compromiso del
administrador único Juan Márquez y Antonio Conejo para su transformación
agraria. Y que llevaron a la práctica, resueltos como estaban ambos en modificar
el uso de la finca, para cambiarlo desde el forestal y de cultivos de secano según
zonas, al de agricultura intensiva de regadío, de "frutos rojos" como fresas,
frambuesas y arándanos, dada su alta rentabilidad, y que estaba expresamente
prohibido por encontrarse la mayoría de la finca incluida en la zona A, de máxima
protección medioambiental por su valor ecológico, según el ya vigente Plan de
Ordenación del Ámbito Territorial de Doñana (en adelante, POTAD) aprobado por
Decreto 341/2003, publicado en el BOJA de 3 de febrero de 2004. Tan solo
pequeñas superficies, situadas en el centro de la finca, se encontraban clasificadas
como zona C, no urbanizables pero compatibles con el uso agrario, y en las que se
venían realizando cultivos de secano (cereales). TERCERO.- Con fecha del día
siguiente, 30 de septiembre de 2005, Juan Márquez, en representación de
Agromolinillo SCA, por diez años arrendó 50 hectáreas de la recién adquirida
finca, al también acusado Manuel Martínez Cruz, igualmente agricultor y de 32
años de edad. Este asumió el compromiso de cambiar su uso al referido de
agricultura intensiva, obteniendo al efecto autorización administrativa de 11 de
septiembre de 2006 (expediente 1566/06 de la Agencia de Medio Ambiente) para el
destoconado y restauración forestal de tan solo seis hectáreas. Y con
incumplimiento de su obligación de respetar los pies de pinos y vegetación, así
como la prohibición de realizar actividades erosivas del suelo, arrancó toda la
cubierta forestal, extendiendo la acción más allá de la superficie autorizada para
aumentar la zona de cultivo. CUARTO.- Para ello, a partir de ese año 2005 y
durante los siguientes, los tres acusados Antonio, Juan y Manuel no solo nivelaron
el suelo roturándolo con maquinaria pesada, con desmonte de laderas y desvío del
cauce del arroyo "Avispero-Los Carboneros", sino que eliminaron la cubierta
vegetal de matorral mediterráneo, pinos y eucaliptos, tan solo conservando las
hileras de árboles que lindan con carreteras y caminos públicos, a fin de tratar de
ocultar las profundas transformaciones que realizaron. Tanto agentes de Medio
Ambiente como de la Unidad de CNOP adscrita a la Junta de Andalucía, sin que en
ningún caso se les negase la entrada en las fincas, practicaron diversas
inspecciones de los terrenos. Y, en concreto, tras la denuncia de Ecologistas en
Acción, a partir de enero de 2007 fueron documentadas con reportajes
fotográficos, tales como los realizados en la finca de Agromolinillo SCA el día 21
de agosto de 2007, y al día siguiente en la de Antonio Conejo Prieto, en su
presencia. QUINTO.- También Juan Márquez Soriano, actuando en nombre de
Agromolinillo SCA y Manuel Martínez Cruz, al servicio del cultivo intensivo que
venían realizando en zona no autorizada para uso agrícola, durante el año 2006
construyeron una enorme balsa de 2,20 hectáreas con capacidad para unos
100.000 metros cúbicos de agua, afectando a los recursos híbridos de la zona, y sin
solicitar licencia ni permiso alguno. Y ya en el año 2007 Juan Márquez Soriano
inició la construcción de una nave de 25 x 15 metros que encargó al también
acusado Damián Julián Infante Infante, albañil, de 33 años de edad, que con su
empresa "Construcciones Infante Diego" ejecutó sin que conste que siguiese
proyecto al efecto ni que conociese la ausencia de licencia ni el carácter forestal -y
especialmente protegido por el POTAD- del terreno en que realizaba la
edificación. SEXTO.- Como quiera que en octubre de 2007 se ordenó la
paralización de las actividades y obras de transformación de la finca, Juan
Márquez Soriano no cesó en su empeño de realizar lo que fuese preciso para
continuar con la explotación agrícola de la finca, y en febrero de 2008 pudo
constatarse que en la misma zona prohibida había procedido a la instalación de 24
módulos prefabricados de 3 x 7 meros, cada uno con dos habitaciones, aseo y
suministro de agua y electricidad para el alojamiento de los trabajadores. Y que de
nuevo se paralizó y prohibió su uso en expediente sancionador
HU/2008/56/AG.MA/FOR. Todos estos hechos han estado siendo perseguidos
como infracciones administrativas por la Junta de Andalucía, que a través de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente ha abierto numerosos
expedientes sancionadores, entre los que se encuentra el núm.
HU/2006/1044/AG.MA/FOR, en el que se han acordado medidas cautelares de
paralización de las actividades de transformación de los terrenos, y notificadas al
menos el 31 de octubre de 2006 a Juan Márquez Soriano y el 11 de junio de 2007 a
Manuel Martínez Cruz, no han conseguido el cese ordenado, a pesar de ser
advertidos de poder incurrir con ello en nuevas infracciones y responsabilidades
sancionadoras "sin perjuicio del traslado de los hechos al Ministerio Fiscal por un
presunto delito de desobediencia". SÉPTIMO.- Directamente relacionado con este
estado de cosas, el también acusado Francisco Bueno Orozco, de 68 años de edad
entonces, como Agente de Medio Ambiente Coordinador Territorial de la zona
biogeográfica en que se encontraban las fincas, venía creando confusión en la
Delegación Provincial. Debiendo tener Francisco pleno conocimiento de las
ilegales actividades de construcción, transformación y cambio de uso de forestal a
agrícola en terrenos incluidos en la zona A, de máxima protección, del POTAD, no
solo hizo caso omiso a las mismas, debiendo denunciarlas, sino que trató de
convencer a la Delegación, a través de los demás agentes y técnicos, que los
terrenos eran de uso agrícola, llegando a exhibir en alguna ocasión una copia de
la escritura notarial de venta realizada el 29 de septiembre de 2005, en la que se
había interlineado que de la finca enajenada "45 hectáreas son de labor", sin que
conste la expresión en la primera copia, y por tanto en el protocolo notarial. Así,
indujo a error al Asesor Técnico Francisco Javier Luengo Benavat, al que
acompañó en las visitas a la finca que éste hizo el 7 de septiembre y 24 de octubre
de 2006, a fin de emitir informe en los expedientes sancionadores abiertos.
Finalmente, en noviembre de 2006 se presentó denuncia por Ecologistas en Acción
de Bonares, que provocó la actuación de la Delegación de Medio Ambiente y la
Unidad de CNP adscrita a la Junta de Andalucía. Incoándose nuevo expediente
sancionador HU/2007/189/AG.MA/FOR por el incumplimiento de las anteriores
órdenes de paralización, y en el que con fecha 21 de febrero de 2007 se volvía a
acordar el cese de las actividades de transformación, notificándosele a Juan
Márquez Soriano, con advertencia de incurrir en responsabilidades sancionadoras.
Francisco Bueno Orozco había rellenado de su puño y letra alguna solicitud de
autorización de las que Antonio Conejo Prieto dirigía a la Administración, y en el
año 2006 recibió diversos ingresos de dinero en sus cuentas bancarias de la Caixa,
por importes de 6.000, 3.000 y 1.000 euros, cuya procedencia no consta. Y
adquirió en agosto un vehículo Toyota Land Cruiser cuyo precio de 37.085,03
euros, pagó en metálico realizando las últimas entregas en noviembre de ese año.
OCTAVO.- Los daños ocasionados en la zona requieren la restauración de la
cubierta forestal, restitución de perfiles naturales y red hidrológica, retirada de la
infraestructura agrícola y mantenimiento de la repoblación durante varios años.
Tasándose pericialmente su reparación en 587.498,35 euros, según el Servicio de
Gestión del Medio Natural de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLAMOS: En base a lo expuesto, este Tribunal decide: 1.- Absolver a Juan
Márquez Soriano y a Francisco Bueno Orozco de los delitos de cohecho de que
vienen acusados, a Manuel Martínez Cruz del delito de desobediencia, y a Damián
Julián Infante Infante del delito contra la ordenación del territorio de que vienen
acusados, con cese de medidas cautelares personales y reales respecto de éste,
archivo de piezas y declaración de oficio de una quinta parte de las costas
procesales. 2.- Condenar a Juan Márquez Soriano, Antonio Conejo Prieto y
Manuel Martínez Cruz como autores penalmente responsables de un delito contra
la ordenación del territorio, en concurso de normas con un delito de daños o
sustracción de bienes propios de utilidad social, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de un año
y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doce meses, con
cuota diaria de diez euros para cada uno, con responsabilidad personal subsidiaria
de un día por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación especial para el
ejercicio del oficio de promotor-constructor durante un año. Deberán indemnizar,
conjunta y solidariamente Manuel Martínez Cruz, Antonio Conejo Prieto y Juan
Márquez Soriano, a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
la suma en la que sean tasados los gastos de regeneración del terreno partiendo
del informe pericial que los calcula en 587.498,35 euros, así como deberán
desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones
construidas (naves y módulos prefabricados) devolviendo a su estado original el
suelo afectado. Con intereses legales incrementados en dos puntos a partir de la
fecha de esta resolución. 3.- Condenar a Juan Márquez Soriano como autor de un
delito de desobediencia grave a la Autoridad, a la pena de seis meses de prisión e
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena. 4.- Condenar a Francisco Bueno Orozco, como autor de delito de
omisión del deber de denunciar delitos, a la pena de un año de inhabilitación
especial para empleo o cargo público. Y abono por los declarados responsables
penales de cuatro quintos de las costas procesales, por quintas partes. Termínense
las piezas de responsabilidad civil conforme a Derecho.
3.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de
casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto
constitucional, por la representación de los acusados Juan Márquez Soriano,
Antonio Conejo Prieto y Manuel Martínez Cruz, que se tuvieron por anunciados,
remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones
necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo
y formalizándose el recurso.
4.- I.- El recurso interpuesto por la representación del acusado JUAN
MÁRQUEZ SORIANO, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Vulneración del derecho de defensa y a un derecho con todas las
garantías del art. 24.2 C.E. en relación con el art. 784.1 L.E.Cr., por no haber dado
el Juzgado de Instrucción traslado de las actuaciones originales o mediante
fotocopia a los acusados, previamente a la formulación del escrito de defensa;
Segundo.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E.y
del derecho de defensa y de presunción de inocencia del art. 24.2 por la falta de una
mínima concreción y coherencia en tanto en el relato de hechos como en los
fundamentos jurídicos de la resolución condenatoria; Tercero.-
Vulneración de derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las
garantías del art. 24.2 C.E., el principio de legalidad procesal del artículo 9 y 25
C.E., en relación con artículo 1, 546 y 547 L.E.Cr., por la aceptación en el juicio
oral y la inclusión en el acerbo probatorio que da fundamento a la condena de
pruebas obtenidas con lesión de los derechos fundamentales mencionados e
incumpliendo lo dispuesto en el art. 11.2 L.O.P.J., lo que se denuncia a los efectos
del art. 44.1 c) L.O.T.C.; Cuarto.- Vulneración del principio de legalidad penal y
de lex extricta del art. 25 C.E. en relación con 1 C.P. al proceder a una
interpretación analógica y extensiva del art. 289 del C.P.; Quinto.- Vulneración del
derecho de defensa del art. 24 C.E. por la introducción de oficio de hechos y
circunstancias desfavorables para mi representado relevantes para la calificación
jurídica condenatoria; Sexto.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art.
851.1 L.E.Cr., por falta de claridad, incongruencia y contradicción en los Hechos
Probados; Séptimo.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1
L.E.Cr., por incongruencia omisiva; Octavo.- Por infracción de ley al amparo del
art. 849.1 L.E.Cr. por indebida aplicación del art. 319.1 C.P.; Noveno.- Por
infracción de ley al amparo del art. 849.1 L.E.Cr. por indebida aplicación del art.
289 C.P.; Décimo.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 L.E.Cr. por
indebida aplicación del art. 8.4 C.P.; Undécimo.- Por infracción de ley al amparo
del art. 849.1 L.E.Cr. por indebida aplicación del art. 556 C.P.; Duodécimo.- Por
infracción de ley al amparo del art. 849.1 L.E.Cr. por indebida aplicación del art.
116 y siguientes del C.P.; Trigésimo.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1
L.E.Cr. por indebida aplicación del art. 66 C.P. La inusitada gravedad de la pena
impuesta.
II.- El recurso interpuesto por la representación del acusado ANTONIO
CONEJO PRIETO, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero y Segundo.- Se formula por la vía especial del art. 5, número 4 de la
L.O.P.J., denunciándose la infracción del derecho fundamental a la presunción de
inocencia, consagrado en el art. 24, párrafo 2 de la C.E., por no existir una actividad
probatoria mínima de cargo en qué fundar un fallo condenatorio para mi
representado y por conculcación del derecho fundamental a la presunción de
inocencia; Tercero.- Por infracción de precepto constitucional y concretamente el
art. 24, párrafo 1º de nuestra Carta Magna, es decir, por conculcación del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva; Cuarto y Quinto.- Por infracción de ley, al
amparo del núm.1 del art. 849 L.E.Cr., en el que se establece que se entenderá
infringida la Ley a los efectos del recurso de casación, cuando todos los hechos que
se declaran probados en las resoluciones, se hubiere infringido un precepto penal de
carácter sustantivo que deba ser observado en la aplicación de la Ley Penal. Se
renuncia a estos motivos; Sexto.- Por infracción de ley. Individualización de la
pena. El arbitrio judicial; Séptimo.- Se formula por el cauce del nº 2 del art. 849
L.E.Cr., esto es, por el error de hecho en la apreciación de la prueba; Octavo.- Se
formula por la vía del art. 849, número 2, de la L.E.Cr., por cuanto que la Sala de
instancia condena a mi mandante, como autor de un delito contra la ordenación del
territorio, por lo que ha infringido, por aplicación indebida dicho precepto y
número, existiendo error en la apreciación de la prueba; Noveno.- Se formula por la
vía del art. 849, número 2 L.E.Cr., por cuanto que la Sala de instancia condena a mi
mandante, como autor de un delito de daños o sustracción de bienes propios de
utilidad social, por lo que ha infringido, por aplicación indebida, dicho precepto y
número, existiendo error en la apreciación de la prueba; Décimo.- Se formula por la
vía del art. 849, nº 2 de la L.E.Cr., por cuanto que la Sala de instancia condena a mi
mandante como autor de un delito de daños o sustracción de bienes propios de
utilidad social, por lo que ha infringido, por aplicación indebida, dicho precepto y
número existiendo error en la apreciación de la prueba; Décimoprimero.- Se
formula por la vía del artículo 849, número 2 L.E.Cr., por cuanto que la Sala de
instancia condena a mi mandante, como autor de un delito de daños o sustracción
de bienes propios de utilidad social, por lo que ha infringido, por aplicación
indebida, dicho precepto y número existiendo error en la apreciación de la prueba;
Décimosegundo.- Se formula por la vía del art. 849, número 2 de la L.E.Cr., por
cuanto que la Sala de instancia condena a mi mandante, como autor de un delito de
daños o sustracción de bienes propios de utilidad social, por lo que ha infringido
por aplicación indebida, dicho precepto y número existiendo error en la apreciación
de la prueba; Décimotercero.- Se formula por la vía del art. 849, número 2 de la
L.E.Cr., por cuanto que la Sala de instancia condena a mi mandante, como autor de
un delito de daños o sustracción de bienes propios de utilidad social, por lo que ha
infringido, por aplicación indebida, dicho precepto y número existiendo error en la
apreciación de la prueba; Décimocuarto.- Con fundamento en el número 1º del art.
851 L.E.Cr. El quebrantamiento de forma que se denuncia consiste en no expresar
clara y terminante los hechos declarados probados, y al contener la sentencia
recurrida expresiones que son contradictorias; Décimoquinto.- Por quebrantamiento
de forma, con fundamento en el número 2º del art. 851 L.E.Cr. El quebrantamiento
de forma que se denuncia consiste en que los hechos declarados probados de la
sentencia que se pretende recurrir no se consignan clara y terminantemente los
hechos que el Tribunal considera probados, sino que simplemente se afirma que los
hechos alegados por las acusaciones se han probado, sin hacer expresa relación de
los que no lo son. Se renuncia a este motivo.
III.- El recurso interpuesto por la representación del acusado MANUEL
MARTÍNEZ CRUZ, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Por vulneración de precepto constitucional. En base al art. 852 L.E.Cr. se
alega infracción de precepto constitucional, art. 24.2 de la C.E. por vulneración del
derecho a la presunción de inocencia y un proceso con todas las garantías mediante
la admisión de prueba ilícitamente obtenida, admitiendo el valor probatorio de las
inspecciones oculares y registros llevados a cabo por funcionarios del Cuerpo de
Policía adscritos a la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía y por
funcionarios del cuerpo de Agentes Forestales adscritos a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en finca de titularidad privada; Segundo.- Error
en la apreciación de la prueba. Conforme al amparo del número 2 del artículo 849
L.E.Cr. fundamentado en documentos que obran en las actuaciones y acreditan la
equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos
probatorios; Tercero.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del número tres del
art. 851 de la L.E.Cr., al no haber resuelto la sentencia omitiendo todo
pronunciamiento sobre la incidencia del error de prohibición respecto a un elemento
esencial del tipo del artículo 319.1 del C. Penal y del artículo 289 del mismo texto
normativo, esto es el carácter especialmente protegido del terreno concurrente en
Don Manuel Martínez Cruz (incongruencia omisiva).
5.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, solicitó la
inadmisión de todos los recursos, dándose igualmente por instruida la
representación de la parte recurrida, solicitando también la inadmisión y quedando
conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
6.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida
el día 31 de enero de 2012.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Huelva dictó sentencia por la
que condenaba a los acusados JUAN MÁRQUEZ SORIANO, ANTONIO
CONEJO PRIETO y MANUEL MARTÍNEZ CRUZ como autores penalmente
responsables de un delito contra la ordenación del territorio por construcciones
ilegales del art. 319.1º C.P., en concurso de leyes con un delito de daños en bienes
propios de utilidad social del art. 289 C.P. Asimismo, condenó al acusado
MÁRQUEZ SORIANO como autor de un delito de desobediencia grave a la
Autoridad del art. 556 del mismo Código, y al acusado FRANCISCO BUENO
OROZCO como autor de un delito de omisión del deber de denunciar delitos del
art. 408 C.P.
RECURSO DE ANTONIO CONEJO PRIETO
SEGUNDO.- En los motivos primero y segundo formulados por este
acusado, se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art.
24.2 C.E.
Sostiene el recurrente que ha sido condenado por los delitos imputados
en ausencia de toda base probatoria, ya que no existe prueba directa ni indirecta de
que sea autor de esos delitos.
Cuando se invoca el principio constitucional de la presunción de
inocencia, queda excluida toda alegación referente a la tipicidad de los hechos
declarados probados, ya que el ámbito de ese derecho fundamental se limita a
verificar por el Tribunal de Casación, si los hechos que se relatan en la narración
histórica de la sentencia han quedado debidamente acreditados por prueba de cargo
lícitamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada. De ahí que
toda la argumentación que se refiera a cuestiones como la calificación jurídica de
los hechos o los juicios de valor sobre la culpabilidad del agente quedan fuera del
marco de la presunción de inocencia, y tales cuestiones habrán de encauzarse a
través del error de hecho que establece el art. 849.1º L.E.Cr.
La sentencia impugnada declara probado que el acusado era propietario
de una finca rústica de carácter eminentemente forestal, con una extensión
aproximada de 314 hectáreas y que ocupaba varias parcelas catastrales en los
polígonos 13 a 15, al sitio "El Avispero", de Bonares, catalogada como coto de caza
núm. H-10.004. Desde al menos el año 2002, venía transformando su uso o
aprevechamiento de forestal a agrícola de regadío, extralimitándose para ello en las
diversas autorizaciones administrativas que obtenía para la tala y destoconado de
eucaliptos, apertura de pozos y cultivos de secano. Y, en concreto, en el año 2003
solicitó y obtuvo de la Consejería de Medio Ambiente autorización para el cambio
de uso agrícola a higueras de secano, de 40 hectáreas. Sin que conste que coincida
la superficie, cultivó naranjos de regadío, denegándosele la ampliación del plazo de
ejecución por resolución de 16 de febrero de 2005. Asimismo, para servicio y riego
de las plantaciones de naranjos, y de frutos rojos cultivados en invernaderos y
túneles de plástico, en el año 2005 construyó una nave agrícola de 22 metros de
frente por 11 metros de fondo y una balsa de agua, sin licencia ni permiso alguno,
ya que no le ha sido concedido la autorización que solicitó a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
Respecto de los hechos que han sido calificados como delito contra la
ordenación del territorio, consistentes en la construcción de la nave y de una balsa
de agua en su finca del "Avispero", la prueba de estos hechos la explicita el
Tribunal sentenciador señalando que el acusado Sr. Conejo Prieto tras manifestar en
juicio que los construyó a principios de los años 80, finalmente reconoce que se
está confundiendo, y que fue en el año 2005 cuando ejecuta las obras sin licencia
"y ahora lo tiene en trámite en el Ayuntamiento y Confederación y le han dicho que
pueden ser legalizadas las obras ....", lo que viene a significar que tales
construcciones las llevó a cabo al margen de cualquier autorización o licencia
otorgadas por los organismos oficiales competentes.
Y en relación con los daños ocasionados en la tarea de transformación de
la finca forestal y de cultivos de secano en terrenos de regadío intensivo, "que
estaba expresamente prohibido por encontrarse la mayoría de la finca incluida
en la Zona A, de máxima protección medio ambiental por su valor ecológico,
según el ya vigente Plan de Ordenación del Ámbito Territorial de Doñana,
aprobado por Decreto 341/2003", la prueba de los hechos la constituyen para el
Tribunal a quo los testimonios prestados, conforme al art. 717 L.E.Cr., por los
agentes de la Unidad de Policía adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y de
cuya actuación se instruyeron los correspondientes atestados. Comparecieron en el
acto de juicio declarando sobre lo que observaron y los elementos indiciarios
obtenidos por informaciones técnicas y documentales, corroboradas en vigilancias
de las fincas; así como los testimonios de los Agentes Forestales que depusieron en
juicio aportando fechas y cambios que observaron en los terrenos, concluyendo que
se venían efectuando profundas transformaciones para destinarlos al cultivo
intensivo, con destrucción de cubierta forestal y masiva nivelación y desmonte,
que no se trataba de puntuales y parciales cambios. Las fotografías aportadas a
atestados e informes no dejan dudas sobre la enorme afectación de grandes
superficies, sin rastro ni vestigio forestal alguno. Especialmente ilustrativo es el
informe pericial elaborado por Doña Eva Hernández Herrero, por la organización
WWF, con exhibición de imágenes de satélite que reflejan las transformaciones que
fueron produciéndose en las fincas desde el año 2003 a los años 2007 y 2009.
Aunque impugnado por la defensa, no cabe duda de la autenticidad de las
imágenes, porque las de satélite se toman de ESA/NASA por internet, y los
ortofotos, cartografía POTAD y Catastro se suministran por la Junta de Andalucía
como documentos oficiales. No puede oponerse conocida tacha razonable a la
rigurosidad de las mismas.
Al valorar estos elementos probatorios, la sentencia pondera con
vocación fáctica el hecho de que aun existen en el Ayuntamiento de Bonares
solicitudes de autorizaciones en curso, pendiente de aportarse documentación que
acredite los requisitos necesarios para la aprobación según testimonio o Informe del
Arquitecto Municipal de Bonares. En todos los casos, expone el Tribunal que se
trata de solicitudes-pantalla, que se vienen presentando desde el año 2002, y que
nunca podrán habilitar para la realización de semejantes tropelías
medioambientales, extralimitándose en extensión y destinos agrícolas, cuando no
actuando sin esperar respuesta de la Administración. Y precisa que los pequeños
enclaves considerados como zona C coinciden con los antiguos cultivos de
cereales, sin confusión posible con el suelo mayoritariamente ocupado por
vegetación y masa forestal.
De donde, tras el análisis de todo este bagaje probatorio, concluye
afirmando que de los informes y testimonios recogidos, resulta evidente que en
ejecución de sus planes de transformación del uso del suelo forestal en agrario de
regadío, los acusados nivelaron el suelo roturándolo con maquinaria pesada,
procediendo al desmonte de laderas y desvío del cauce del arroyo "Avispero-Los
Carboneros", y eliminaron la cubierta vegetal de matorral mediterráneo, pinos y
eucaliptos. Para el cultivo intensivo de frutos rojos, a pesar de tratarse de paraje con
valor ecológico, clasificado de máxima protección en el entorno de Doñana, es de
especial mención la construcción de enormes balsas de agua y desvío de un arroyo,
causando daños a los recursos hídricos y ecosistema, como se recoge en informe de
valoración aportado por la Junta de Andalucía. Con ello además sustraen los bienes
propios a la afectación que por Ley se establece en interés de la comunidad, como
es preservar el equilibrio medioambiental en el entorno de Doñana.
El motivo debe ser desestimado.
TERCERO.- El motivo tercero denuncia la vulneración del derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 C.E.
Propugna el recurrente que la infracción del derecho fundamental
invocado habría determinado la nulidad de todo el procedimiento por cuanto la
denuncia por la que se incoó el proceso estaba referida exclusivamente a las
actividades efectuadas en la finca de D. Juan Márquez Soriano, que fueron objeto
de investigación por el Fiscal, por lo que al extender las diligencias procesales de
investigación al ahora recurrente, se produciría una radical e irreparable situación
de indefensión.
El reproche es, cuando menos, baladí. No existe disposición legal alguna
que proscriba que unas diligencias para determinar las posibles responsabilidades
penales de la persona denunciada por un concreto delito, no puedan ampliarse a
otras personas que en el curso de la investigación aparezcan relacionadas con esas
mismas actividades presuntamente delictivas.
En cuanto a la alegación de que el Fiscal ha formulado su escrito de
acusado "de forma genérica, incongruente, lleno de imprecisiones ....", no guarda
ninguna relación con el motivo que ampara la censura casacional, sino que es
propio de un quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos
probados, del art. 851.1 L.E.Cr., que será analizado en su momento.
El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.
CUARTO.- Por error de derecho del art. 849.1º L.E.Cr. se reclama ahora
por incorrección en la individualización de la pena, porque, se nos dice que en el
fallo de la sentencia se establece de forma improcedente una condena "conjunta y
solidaria" para los Sres. Martínez Cruz, Conejo Prieto y Márquez Soriano".
Es de entender que el recurrente se refiere a la condena por
responsabilidades civiles, porque la pena de privación de libertad en ningún caso
puede considerarse conjunta y solidaria, sino eminentemente individual y personal.
Y las indemnizaciones conjuntas y solidarias por los daños causados se
establecen en virtud de la participación de los tres acusados mencionados en los
hechos delictivos que el Tribunal declara probados y así lo reitera en el F.J. Décimo
al señalar que "tanto Juan como Manuel y Antonio, por participar directamente en
la explotación de los terrenos .... sabían de la importancia, gravedad e ilegalidad de
los trabajos puestos en marcha y especialmente el resultado dañoso dada la
afectación a los valores ecológicos de la zona, reservada y protegida legalmente
dentro del Plan de Ordenación Doñana".
El motivo se desestima.
QUINTO Y SEXTO.- El recurrente renuncia a los motivos formulados
en los mismos ordinales del recurso.
SÉPTIMO.- Se alega error de hecho en la apreciación de la prueba del
art. 849.2º L.E.Cr. Se refiere el motivo a que la sentencia afirma que el Sr. Conejo
Prieto construyó una nave agrícola para su explotación sin permiso ni licencia en
terrenos en los que no es posible autorización.
Según el desarrollo del motivo, se trata de la construcción de una nave
agrícola en la finca propiedad del recurrente anteriormente a la segregación de 90
hectáreas de aquélla que adquirió el acusado Juan Márquez Soriano.
El documento que acreditaría el error de hecho denunciado es el informe
técnico elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Carrasco Barriga, en 30
de mayo de 2005 en el que se expone que "procederá conceder la licencia municipal
de obras interesada, una vez subsanadas deficiencias existentes".
Pues bien, este funcionario compareció al Juicio Oral y manifestó "que
en zona A POTAD no se permiten nuevos cultivos, pero conceder naves agrícolas
de explotaciones que existan, entiende que sí", es decir, no lo afirmó
categóricamente. En todo caso, lo relevante y que no admite discusión, es que la
construcción de la nave necesitaba inexcusablemente la correspondiente
autorización municipal y que la nave se construyó sin que tal licencia fuera
concedida.
El motivo se desestima.
OCTAVO.- También por error de hecho en la apreciación de la prueba,
esta vez referido a la construcción de una balsa de aguas en terrenos de su
propiedad. El motivo reproduce los argumentos que se alegan en el precedente y se
aportan documentos similares. Pero ninguno de ellos acreditan -sino todo lo
contrario- que la construcción de la baba estuviera legitimada por una autorización
previa de las autoridades administrativas competentes. Así lo expuso con meridiana
claridad el antes citado Arquitecto Técnico en el juicio oral cuando declaró que
"Antonio Conejo pidió balsa y se le pidió documentación y como no lo ha aportado
aun no lo ha resuelto" y que "están a la espera de que se presente la documentación
para resolver si está en zona A o zona C".
En todo caso debe subrayarse que el mismo informe técnico que se aporta
como prueba documental específica que "no habiéndose definido la capacidad de la
balsa, se tratase de una actuación incluida en el punto 8.1.b de la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de Calidad Ambiental, previamente a su legalización, se debe
obtener la Autorización Ambiental Unificada. Conforme a lo expuesto, se debe
presentar proyecto técnico, acreditar la existencia de una explotación agraria,
cumplir la distancia mínima de 30.00 m. a linderos si no se hubiese aprobado
definitivamente el P.G.O.U., haber obtenido, si procediera, la Autorización
Ambiental Unificada y si se tratase de zona A que la explotación agraria no
correspondiese a la implantación de un nuevo uso agrícola", que es, justamente, lo
que hizo sin autorización el acusado al transformar la explotación forestal y de
agricultura de secano en cultivos de regadío. Por su parte el Informe del Secretario
del Ayuntamiento de Bonares (Huelva) hace constar, de forma expresa lo siguiente:
"PRIMERO.- No consta en este Ayuntamiento que se haya concedido licencia
urbanística para llevar a cabo en la parcela 15 del polígono 15 del catastro de
rústica la actuación de balsa para almacenamiento de agua, si consta solicitud de
licencia de obra que tuvo entrada en el registro general de esta Corporación el día
16 de enero de 2008, que fue informada por el Arquitecto Técnico Municipal por
primera vez el día 25 de febrero de 2.008. Del informe anterior y posteriores se
deduce que, la referida actuación en suelo no urbanizable puede resultar legalizable,
como instalación vinculada a una explotación agrícola, según artículo 52 de la
LOUA y determinaciones contenidas en el PGOU, previa presentación, para su
estudio, de la siguiente documentación: Proyecto técnico. Acreditar la existencia de
una explotación agraria que no corresponda a la implantación de un nuevo uso
agrícola, para el caso de que la balsa estuviera ubicada en Zona A del plano de usos
del POTAD".
El motivo se desestima.
NOVENO.- Se aduce otro error de hecho al recogerse en el "factum" de
la sentencia que el acusado estuvo transformando la explotación forestal de su finca
en terreno de aprovechamiento agrícola de regadío extralimitándose con ello en
las diversas autorizaciones administrativas que se limitaban a la tala,
destoconado de eucaliptos, apertura de pozos y cultivos de secano.
Señala el motivo el expediente administrativo instruido ante la solicitud
del acusado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con el
propósito de obtener autorización de cambio de uso en los terrenos de explotación
forestal, finalmente concedida en 30 de enero de 2.003.
No existe error alguno. La sentencia reconoce que el acusado recibió
licencia para transformar el aprovechamiento forestal en cultivo de secano en 40
hectáreas de la finca, pero en lugar de la transformación concedida cultivó
naranjales y otros productos de "agricultura intensiva de regadío", razón por la cual
y debido a la extralimitación de las autorizaciones concedidas, se le denegó por la
Administración la ampliación del plazo de ejecución por resolución de 16 de
febrero de 2005.
Si a ello se añade que la autorización para cultivo de secano se concedió
en enero de 2003, y que el relato histórico -que no se discute en este punto-
establece que el acusado, "desde al menos el año 2002 venía transformando su uso
o aprovechamiento de forestal a agrícola de regadío", es decir con anterioridad de la
autorización de 2003, que omitía toda referencia a agricultura de regadío, se
constata la falta de fundamento del motivo, que debe ser desestimado.
DÉCIMO.- El siguiente motivo por error de hecho del art. 849.2º
L.E.Cr. se formula en relación con el delito de daños en bienes propios de utilidad
social.
Como documento acreditativo del error se designa un escrito de la
Fiscalía de 30 de noviembre de 2006 sobre las investigaciones efectuadas como
consecuencia de "la denuncia de Ecologistas en Acción por unas actuaciones
consistentes en eliminación de vegetación, pinos, alcornoques y eucaliptos en 100
hectáreas y el aterramiento de la zona, con la finalidad de destinarla a fines
agrícolas, que se están llevando a cabo en una propiedad de MÁRQUEZ
SORIANO ....".
El documento carece de literosuficiencia para acreditar que no se estaba
llevando a cabo esa misma actividad destructiva en terrenos de la propiedad del
acusado. Además, existe prueba contraria a la pretensión del recurrente, como los
testimonios de la Unidad de Policía que declararon sobre el estado de la finca en
cuestión, así como los de los Agentes Forestales, que manifestaron en el plenario
los cambios que advirtieron en el terreno, donde se venían efectuando profundas
transformaciones con destrucción de cubierta de vegetación y forestal y masiva
nivelación y desmonte. Testimonios que se encuentran robustecidos por las
fotografías tomadas tanto por los funcionarios públicos como por los denunciantes,
no solo de los terrenos de la finca vendida a Juan Márquez, sino en los de la
propiedad conservada por Antonio Conejo.
DÉCIMOPRIMERO.- La misma pretensión de que se elimine del relato
de hechos probados el pasaje que afirma que el acusado se extralimitó en las
autorizaciones concedidas para transformar el aprovechamiento forestal y de cultivo
de secano en desarrollo de cultivos de regadío intensivo, se repite en el siguiente
motivo, esta vez designando como documento un informe de fecha 3 de septiembre
de 2002 emitido por el Técnico de grado medio Sr. Almeida López.
El informe no dice otra cosa que en el momento de la visita se
comprueba que la masa arbórea se encuentra cortada y descotonada, y el terreno
prácticamente desprovisto de vegetación", coincidiendo en este punto con los otros
elementos probatorios mencionados sobre destrucción de la cubierta vegetal de
matorral mediterráneo. Y desde luego, no puede mencionar dicho informe lo que el
acusado llevó a cabo ilegalmente a partir de la citada fecha y, sobre todo, desde el
año 2.003.
DÉCIMOSEGUNDO.- También por error de hecho en la valoración de
la prueba, aunque en el desarrollo del motivo lo que el recurrente postula es que
"habría que absolver al acusado por falta de pruebas de la acusación", pretensión
que en modo alguno se ajusta a la censura casacional formulada, máxime teniendo
en cuenta que el motivo no designa ningún documento susceptible de demostrar
equivocación alguna del Tribunal al consignar los hechos probados, sino que
únicamente se invoca un Informe Pericial elaborado por la Organización WWF,
contrario a la línea defensiva del acusado, al que el recurrente trata de desacreditar,
tildando a dicho dictamen de "propagandístico, carente de objetividad y de valor
probatorio alguno ....." sin ningún razonamiento que justifique tales calificativos.
Sin necesidad de mayores consideraciones, el motivo debe ser de
inmediato rechazado.
DÉCIMOTERCERO.- El último motivo formulado al amparo del art.
849.2º L.E.Cr, es de similar contenido y finalidad que el precedente. Ahora se
invoca el Informe del Asesor Técnico de la Delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía que también resulta contrario al acusado, del que se dice por el
recurrente que no pone de manifiesto en modo alguno que la actuación seguida por
el acusado conllevara daños o sustracción de bienes propios de utilidad social.
En todo caso, contra lo que sostiene el motivo, el documento en cuestión,
del que no se cita la fecha, no desdice el relato fáctico según el cual el acusado
incumplió las limitaciones de las autorizaciones concedidas para cultivo de secano,
transformando la explotación en agricultura de regadío, eliminó la vegetación que
cubría la zona, y construyó una balsa de agua para tal cultivo de manera ilegal.
DÉCIMOCUARTO.- Finaliza el recurso con dos motivos por
quebrantamiento de forma del art. 851.1 y 2 L.E.Cr.
En cuanto al primero se alega que "el quebrantamiento de forma que se
denuncia consiste en no expresar clara y terminantemente los hechos declarados
probados. Y al contener la sentencia recurrida expresiones que son contradictorias.
Y al contener en el factum de la resolución que se pretende recurrir conceptos que
por su carácter jurídico implican la predeterminación al fallo" (sic).
Nada se expone de la supuesta contradicción que pudiera existir en la
declaración probatoria, ni dónde radican los conceptos jurídicos supuestamente
predeterminantes del fallo, por lo que sobre estos dos reproches el vacío argumental
es absoluto y deben ser desechados.
Afírmase en el motivo que la sentencia "establece de forma genérica los
hechos probados, pero sin especificar de forma clara y precisa los mismos,
efectuando una descripción genérica". El reproche, que viene a ser reiterado en el
siguiente motivo, por no consignar la sentencia clara y terminantemente los hechos
probados, no puede prosperar. El Tribunal ha declarado probados unos hechos y las
circunstancias de tiempo y espacio en que se produjeron, hasta donde le ha sido
posible, pero de ningún modo puede reclamarse que la narración histórica de la
sentencia sea de tal oscuridad, confusión o ambigüedad que no sea posible
incardinar los hechos allí descritos en los tipos penales aplicados.
Ambos motivos deben ser desestimados.
RECURSO DE JUAN MÁRQUEZ SORIANO
DÉCIMOQUINTO.- El primer motivo que formula este acusado
denuncia vulneración del derecho de defensa y a un derecho con todas las garantías
del artículo 24.2 C.E. en relación con el artículo 784.1 L.E.Cr., por no haber dado el
Juzgado de Instrucción traslado de las actuaciones originales o mediante fotocopia
a los acusados, previamente a la formulación del Escrito de defensa. Añade que
conforme fue objeto de denuncia a través del cauce de las Cuestiones Previas
previstas en el artículo 786.2 L.E.Cr., que era el idóneo por ser el primer momento
procesal que permitía su denuncia, con infracción de lo dispuesto en el artículo
784.1 L.E.Cr. "no se dio traslado a esta parte de las actuaciones íntegras, con
carácter previo a la formulación del escrito de defensa. La ausencia de folios de las
actuaciones cuyo contenido resultaba transcendente fue advertida y puesta en
conocimiento del tribunal inmediatamente interesando una subsanación de esta
irregularidad procesal que fue denegada".
El reproche debe ser desestimado.
Carece de sentido que el letrado defensor del acusado hubiera elaborado
el escrito de defensa en fecha 7 de abril de 2010 (folios 1311 a 1314) sin hacer
mención alguna a la ausencia de algunos folios de las actuaciones que se le
remitieron a tal fin por fotocopias. Y, desde luego, lo incompleto de éstas debió
haber sido advertido si el letrado hubiera actuado con la debida diligencia y
atención, lo que le habría determinado a reclamar del Juzgado Instructor la entrega
de los folios no remitidos para solventar el error material.
Nada de esto hizo, obviando la cuestión hasta que a cinco días de la fecha
de celebración del Juicio Oral presentó escrito de nulidad de actuaciones ante el
Tribunal encargado de enjuiciar los hechos (folio 1503), que resolvió
negativamente por Auto de 29 de julio y reiteró en la propia sentencia al resolver
las cuestiones previas. Señala la primera resolución citada que la pretensión de
nulidad de actuaciones por los motivos aducidos por el promovente, bien pudiera
considerarse no muy acorde con la lealtad y buena fe procesal, porque las partes
siempre tuvieron a su disposición las actuaciones originales, y no podía provocar
indefensión efectiva la puntual ausencia de algún folio, tratándose de un error u
omisión fácilmente advertible y que solo daba lugar a pedir su corrección en tiempo
procesal razonablemente hábil para ello.
Por lo demás, la alegación sobre la situación de indefensión sufrida por el
acusado no basta con invocarla de manera formal, sino que es necesario que se
acredite que por la "irregularidad" aducida, se ha ocasionado un menoscabo real,
efectivo y verificable del derecho de defensa.
El recurrente alegaba que los folios ausentes eran "de importancia
decisiva para la defensa" pero se abstiene de toda argumentación, razonamiento o
probanza que justifique esa aseveración.
DÉCIMOSEXTO.- El segundo motivo alega vulneración derecho a la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 C.E. y del derecho de defensa y de
presunción de inocencia del artículo 24.2 C.E. por la falta de una mínima
concreción y coherencia tanto en el relato de hechos como en los fundamentos
jurídicos de la resolución condenatoria.
En su esencia, la reclamación casacional argumenta que la sentencia que
se impugna peca de indefinición en su fundamentación fáctica y jurídica; que los
hechos se describen de forma difusa y genérica sin determinación concreta de
tiempo ni de espacio, estableciendo atribuciones globales y compartidas de autorías
y referencias genéricas a normas administrativas que no se concretan.
En relación con este acusado, el relato histórico de la sentencia declara
probado que:
"Con fecha 29 de septiembre de 2005, el también acusado Juan Márquez
Soriano, agricultor y de 50 años de edad, actuando como administrador
único, en representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Agromolinillo, con CIF F21047758, adquirió de aquél, mediante
compraventa formalizada en escritura notarial, unas noventa hectáreas de
la finca, en concreto las parcelas catastrales núm. 1 del polígono 13, núm.
2 del polígono 14 y núms. 41, 42 y 111 del polígono 15, Antonio Conejo
segregó para su venta. Señalando como precio el de 2.356.575,10 euros.
En documento privado previo, de fecha 5 de octubre de 2004, hicieron
constar que se procedería al cambio de cultivo, asumiendo los gastos
Agromolinillo SCA, y con ello el compromiso del administrador único
Juan Márquez y Antonio Conejo para su transformación agraria. Y que
llevaron a la práctica, resueltos como estaban ambos en modificar el uso
de la finca, para cambiarlo desde el forestal y de cultivos de secano según
zonas, al de agricultura intensiva de regadío, de "frutos rojos" como
fresas, frambuesas y arándanos, dada su alta rentabilidad, y que estaba
expresamente prohibido por encontrarse la mayoría de la finca incluida
en la zona A, de máxima protección medioambiental por su valor
ecológico, según el ya vigente Plan de Ordenación del Ámbito Territorial
de Doñana (en adelante, POTAD) aprobado por Decreto 341/2003,
publicado en el BOJA de 3 de febrero de 2004. Tan solo pequeñas
superficies, situadas en el centro de la finca, se encontraban clasificadas
como zona C, no urbanizables pero compatibles con el uso agrario, y en
las que se venían realizando cultivos de secano (cereales). TERCERO.-
Con fecha del día siguiente, 30 de septiembre de 2005, Juan Márquez, en
representación de Agromolinillo SCA, por diez años arrendó 50
hectáreas de la recién adquirida finca, al también acusado Manuel
Martínez Cruz, igualmente agricultor y de 32 años de edad. Este asumió
el compromiso de cambiar su uso al referido de agricultura intensiva,
obteniendo al efecto autorización administrativa de 11 de septiembre de
2006 (expediente 1566/06 de la Agencia de Medio Ambiente) para el
destoconado y restauración forestal de tan solo seis hectáreas. Y con
incumplimiento de su obligación de respetar los pies de pinos y
vegetación, así como la prohibición de realizar actividades erosivas del
suelo, arrancó toda la cubierta forestal, extendiendo la acción más allá de
la superficie autorizada para aumentar la zona de cultivo. CUARTO.-
Para ello, a partir de ese año 2005 y durante los siguientes, los tres
acusados Antonio, Juan y Manuel no solo nivelaron el suelo roturándolo
con maquinaria pesada, con desmonte de laderas y desvío del cauce del
arroyo "Avispero-Los Carboneros", sino que eliminaron la cubierta
vegetal de matorral mediterráneo, pinos y eucaliptos, tan solo
conservando las hileras de árboles que lindan con carreteras y caminos
públicos, a fin de tratar de ocultar las profundas transformaciones que
realizaron".
DECIMOSÉPTIMO.- Ya reconoce el Tribunal a quo -como advierte el
recurrente- "que no se ha podido obtener una especial rigurosidad en la
determinación de fechas y circunstancias ...." aunque añade que: ".... desde luego no
son dificultades que hayan impedido concretar los hechos delictivos que se
persiguen y, como este Tribunal adelantó en el inicio de las sesiones de juicio oral,
poder entender cual es el objeto de las acusaciones, en términos que, en cualquier
caso, no producen indefensión real o material conocida, ya que se describen
perfectamente en los escritos de calificación, sin oscuridad ni equívoco alguna. Otra
cosa será la especial dificultad que se presenta al valorar la prueba en la
individualización de autorías y fechas, debiendo apreciarse a la luz de las
coincidencias en los testimonios e informes evacuados, ya que no hemos podido
contar con la declaración en acto de juicio de buena parte de los acusados,
acogiéndose al silencio que tienen reconocido como derecho fundamental en el art.
24 de nuestro texto constitucional".
La narración fáctica transcrita, aunque eventualmente susceptible de
mejoras en la concreción de determinados datos fácticos, es lo suficientemente
ilustrativa de los hechos realizados por el Sr. Márquez Soriano, los terrenos donde
se llevaron a cabo y las fechas -algunas ciertamente indeterminadas, pero otras lo
suficientemente concretas- de los trabajos efectuados para la transformación de la
explotación, construcción de módulos para alojamiento y la gran balsa de agua que
se cita en el "factum".
En cuanto a la confusión que se alega sobre la autoría de los distintos
hechos, el "factum" es claro al señalar las acciones cometidas por los distintos
acusados, y después, en el noveno F.J. de la sentencia se especifican los actos de los
que fue autor el ahora recurrente: "Juan Márquez Soriano es el administrador único
de Agromolinillo SCA, y realiza materialmente todos los actos constitutivos de
delito: compra para la cooperativa una parte de la finca, se compromete con el
vendedor a su transformación agraria, la arrienda parcialmente a Manuel
Martínez Cruz al que, con el mismo fin, subroga en la obligación de
transformación agraria, y con el que lleva a efecto las construcciones ilegales de
naves y balsa de agua, así como la nivelación de terrenos, tala de árboles y
destrucción de la cubierta forestal. Y es quien, personalmente, recibe los
requerimientos de paralización de la Autoridad, y los desobedece de modo
consciente y grave por su resultado lesivo".
Otras alegaciones que aparecen en el motivo merecen respuestas
independientes:
A) Se reprocha que se ha producido un cambio de imputación y quiebra
del principio acusatorio, porque contra el acusado recurrente se había formulado
acusación como persona física, y la sentencia aplica el art. 31 C.P., que sanciona al
que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica.
El reproche no se sostiene porque en el escrito de acusación del Fiscal se
refiere al recurrente "en su calidad de Administrador Único de la Sociedad
"AGROMOLINILLO, Sociedad Cooperativa Andaluza, con CIF nº F 21047758"
(folio 1209), así como la acusación particular, que se adhiere "íntegramente" a la
acusación formulada por el Ministerio Fiscal" (F. 1294). Si las acusaciones
hubieran imputado al acusado como persona física, sería por completo innecesaria,
irrelevante y ociosa la precisión de su condición de gestor de la Sociedad referida.
Por ello la cita del artículo 31.1 del Código Penal resultaba obligada al haber
actuado el acusado en nombre de la persona jurídica a la que representaba y como
respuesta a la pretensión de la defensa de reputar imposible la comisión en
concepto de autor de los hechos por el acusado, al no ser propietario de los terrenos
en los que se realizaron las actividades ilícitas.
B) El reproche referido a la ausencia de descripción de actos contrarios a
la norma, no puede ser estimado toda vez que, como ha quedado expresado, el
relato histórico especifica sobradamente los actos ejecutados por el acusado Sr.
Márquez en connivencia, primero con el Sr. Conejo y después con el Sr. Martínez,
en terrenos "de máxima protección ambiental por su valor ecológico según el ya
vigente Plan de Ordenación del Ambito Territorial de Doñana, aprobado por
Decreto 341/2003 (BOJA de 3 de febrero de 2004)".
C) En cuanto a la indeterminación de las disposiciones administrativas,
nos remitimos a lo ya dicho.
D) Finalmente, y en lo que atañe al delito de desobediencia grave a la
Autoridad, argumenta el recurrente que la sentencia no determina el órgano que
emitió la orden, ni el expediente administrativo, ni el contenido de la orden o la
forma de notificación, de manera que no aparecen claramente delimitados los
elementos configuradoes del ilícito penal.
Como con acierto sostiene el Fiscal al impugnar esta reclamación
casacional la pretensión debe rechazarse de plano, pues en el hecho probado sexto
se describe, con enorme claridad, como en octubre de 2007 se ordenó la
paralización de las obras de transformación de la finca y en febrero de 2008 se
paralizó y prohibió el uso de 24 módulos prefabricados instalados en la finca; se
hace referencia a la apertura de numerosos expedientes administrativos por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, de los cuales, al menos en uno de ellos, le fue notificada el 31 de
octubre de 2006 las medidas cautelares de paralización de las actividades, de las
que hizo caso omiso, y en el hecho probado séptimo se alude a un tercer expediente
sancionador por el incumplimiento de las anteriores órdenes de paralización de
actividades, en el que con fecha 21 de febrero de 2007, se volvía acordar el cese de
las actividades de transformación, resolución notificada al acusado con las
correspondientes advertencias legales. En esta tesitura, no puede afirmarse que se
desconozca el expediente administrativo en el que se acordó el cese de las
actividades, el órgano aministrativo del que emanó la orden o la forma de
comunicación al afectado.
DÉCIMOCTAVO.- Alega el siguiente motivo la vulneración de los
derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y del
principio de legalidad, "por fundamentarse la condena en pruebas obtenidas con
lesión de derechos fundamentales".
Sostiene la parte recurrente que las diligencias policiales de inspección
ocular y reconocimiento de terrenos cerrados se efectuaron sin habilitación judicial
y sin autorización de sus titulares, por lo que los resultados probatorios obtenidos
de esas actuaciones resultan ilícitos y no valorables, según el art. 11.2 L.O.P.J.
(aunque la cita errónea se refiera al art. 11.1), además de infringir los arts. 546 y
547 L.E.Cr.
A esta censura cabe responder, en primer lugar, que la invocación al art.
11.1 L.O.P.J. es improcedente, porque este declara la nulidad de las pruebas
obtenidas con vulneración de derechos o libertades fundamentales, que, en el caso
presente lo serían si la diligencia policial de entrada -que no registro- se hubiera
llevado a cabo en domicilio, que obviamente no es el caso. Por otro lado, no resulta
acreditada la afirmación del recurrente de que la finca estuviera vallada en todo su
perímetro, pues en tal caso, no cabe hablar de "lugar cerrado", y el Tribunal
sentenciador ha valorado las declaraciones de los agentes forestales de la
Consejería de Medio Ambiente y distintos policías adscritos que en cumplimiento
de sus obligaciones vigilaban las actividades que se realizaban en la finca (por lo
demás sumamente incriminatorias), entrevistándose en ocasiones con el Sr.
Márquez o con su hijo, y en ningún caso manifiestan que se opusieran a la entrada
en la zona.
Por otra parte los agentes medioambientales que realizaron la inspección
ocular están habilitados para la entrada e inspección de terrenos de carácter forestal,
de conformidad con la normativa estatal y autonómica. La Ley de Montes 43/2003,
modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, en su artículo 6 dispone que los
agentes forestales tienen encomendada las funciones de policía y custodia de los
bienes jurídicos de naturaleza forestal, y en su artículo 58.3 establece que los
funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestales están
facultados para: a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en
los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso,
a la inviolabilidad del domicilio, comunicando su presencia a la persona
inspeccionada o a su representante a menos que consideren, que dicha
comunicación, pueda perjudicar el éxito de sus funciones. b) Proceder a practicar
cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria
para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. c) Tomar
o sacar muestras, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabaciones de
imágenes y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su
representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podría efectuarse
con posterioridad. Y en el apartado cuarto del precepto se dispone que los agentes
forestales y medioambientales actuarán de forma coordinada con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Por su parte la Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de
junio, dispone en su artículo 32 que los propietarios a los que afecte la
investigación están obligados a aportar la documentación sobre su titularidad y a
permitir la entrada en los terrenos forestales de personal autorizado, previa
notificación a aquéllos; y en su artículo 91, establece que los inspectores y agentes
forestales podrán acceder a los terrenos forestales a fin de velar por el
cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley.
Es de resaltar que a esta sólida alegación impugnativa, el recurrente, en
su turno de réplica, nada opone ni contradice, guardando, en cambio, un
significativo y elocuente silencio.
El motivo debe ser desestimado.
DÉCIMONOVENO.- Se denuncia la infracción del principio de
legalidad y de la "lex stricta" del art. 25 C.E. en relación con el art. 1 C.P. al
proceder a una interpretación analógica del art. 289 C.P.
El motivo argumenta que el citado precepto limita la acción típica a las
que inciden en "una cosa", y que un predio rústico no lo es.
El reproche carece de relevancia, no solo porque como señala la parte
recurrida al haber estimado la Sala la existencia de un concurso de leyes entre el
delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.1º y el delito de
sustracción de bienes propios del artículo 289, a penar por el primero de mayor
gravedad, la posible estimación del motivo carece de efecto penológico alguno.
También porque el concepto de cosa en el ámbito civil como objeto
mueble, no puede ser trasladado al orden penal. Y la definición del tipo penal
sanciona al que "destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social
o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales
impuestos en interés de la comunidad".
Que la actuación del acusado se subsume a la perfección en el precepto,
no admite la más mínima duda.
VIGÉSIMO.- El motivo quinto del recurso aduce que se ha vulnerado el
derecho de defensa del art. 24 C.E. por la introducción de oficio de hechos y
circunstancias desfavorables para el acusado que son relevantes para la calificación
jurídica condenatoria.
La censura es simple reiteración de la que formula en el motivo segundo
del recurso en el que se alega la vulneración del principio acusatorio porque las
acusaciones se dirigen contra el acusado como persona física, el Tribunal
sentenciador introduce en el relato distintas referencias a una actuación vinculada a
una persona jurídica y en el fundamento de derecho noveno una expresa referencia
al artículo 31.1 del Código Penal, que no era objeto de acusación.
No se ha infringido el principio acusatorio, tal y como declaramos en el
F.J. en el apartado A) del F.J. decimoséptimo de la presente resolución. Pero,
además, el motivo casacional no puede prosperar dados los términos en los que se
formula, porque que el acusado hubiera actuado como persona física o como
representante y apoderado de una persona jurídica resulta irrelevante para la
calificación jurídica de los hechos, es decir, para la subsunción de éstos en el tipo
penal aplicado, el art. 319.1º C.P.
VIGÉSIMOPRIMERO.- Dos motivos se articulan por quebrantamiento
de forma. El uno (motivo sexto) denuncia falta de claridad, incongruencia y
contradicción en los Hechos Probados.
En relación con el primero, aduce el recurrente que se omite en los HP
referencia alguna a los actos constitutivos de la cooperativa que menciona, ni a su
régimen legal, ni a su regulación estatutaria si la hubiere. Tampoco aparecen
referidos los actos societarios referidos al nombramiento de los órganos de la
entidad, y específicamente de mi representado a quien finalmente se le atribuye una
responsabilidad derivada a partir de lo dispuesto en el artículo 31 C.P. No es
posible conocer en qué actos y mediante qué procedimientos se adoptaron las
decisiones y se conformó la voluntad de la cooperativa de cuya actuación termina
siendo penalmente responsable el acusado.
La censura carece de fundamento, pues los datos omitidos no oscurecen
lo más mínimo la claridad de los hechos probados, donde se describen
explícitamente las actividades llevadas a cabo por el acusado, siendo indiferente
que esos actos los ejecutara como persona física o como representante y apoderado
de una empresa. Siendo así, por otra parte, que el discurso impugnativo del
recurrente insiste una y otra vez en que el Sr. Márquez realizó la conducta reseñada
en el "factum" como persona física.
También se queja el recurrente falta de claridad sobre determinación de
algunos datos fácticos: a) el espacio sobre el que se desarrolla el delito. El relato
histórico señala que la finca inicial propiedad de D. Antonio Conejo era una finca
rústica, de 314 hectáreas que ocupaba varias parcelas catastrales en los polígonos
13 a 15 en "El Avispero" de Bonares, y catalogada como el coto de caza H-10.004.
Que de esta finca se segregaron las parcelas catastrales nºs. 1 del polígono 13, 2 del
polígono 14, y 41, 42 y 111 del polígono 15 (unas noventa hectáreas) que adquirió
el Sr. Márquez en representación de la Sociedad de la que era apoderado. Precisa el
"factum" que la mayoría de la finca estaba incluida en la Zona A, de máxima
protección medioambiental por su valor ecológico, según el ya vigente Plan de
Ordenación del Ámbito Territorial de Doñana, y "tan solo pequeñas superficies,
situadas en el centro de la finca, se encontraban clasificadas como zona C
compatibles con cultivos de secano".
De este terreno de unas 90 hectáreas el Sr. Márquez arrendó 50 hectáreas
al coacusado Sr. Martínez Cruz "quien adquirió el compromiso de cambiar su uso al
referido de agricultura intensiva".
Fue en este terreno especialmente protegido donde el "factum" de la
sentencia sitúa la construcción por Márquez y Martínez Cruz de una "enorme balsa
de 2,20 hectáreas con capacidad para unos 100.000 metros cúbicos de agua" sin
solicitar licencia ni permiso alguno, al servicio del cultivo intensivo que venían
realizando en zona no autorizada para uso agrícola de regadío.
Fue en ese terreno donde el Sr. Márquez "inició la construcción de una
nave de 25x15 metros, y donde instaló 24 módulos prefabricados de 3x7 metros
cada uno con dos habitaciones, aseo y suministro de agua y electricidad.
Y sobre este extremo, la sentencia establece con meridiana claridad que
esos pequeños enclaves de terrenos clasificados como suelo no urbanizable de
especial protección, zona C .... se ubican en el centro de la finca, ajenos a las
zonas forestales ilegalmente transformadas en agrarias de regadío, y que es en
las que se construyen las naves, las balsas de agua para su servicio, así como
roturación del suelo, desvío de arroyo y eliminación de cubierta forestal.
b) sobre "las personas físicas y jurídicas responsables, las titularidades",
el motivo repite las alegaciones ya examinadas sobre la aplicación del art. 31 C.P.
c) "sobre el tiempo de los hechos" se alega imprecisión cronológica en el
relato de los hechos, pero no hay tal. Estos, se enmarcan en un tiempo concreto y se
fijan bien las etapas de transformación paulatina de secano a regadío intensivo, sin
que tengan trascendencia las fechas concretas en tanto es una actividad paso a paso
y sucesivamente realizada en los márgenes de fechas que se establecen.
d) en otro epígrafe del motivo, se aduce falta de concreción de los
expedientes administrativos, actos de notificación y hechos referidos al delito de
desobediencia.
La queja casacional es infundada. En el apartado sexto de la declaración
probatoria se establece que <<en octubre de 2007 se ordenó la paralización de las
actividades y obras de transformación de la finca, Juan Márquez Soriano no cesó en
su empeño de realizar lo que fuese preciso para continuar con la explotación
agrícola de la finca, y en febrero de 2008 pudo constatarse que en la misma zona
prohibida había procedido a la instalación de 24 módulos prefabricados de 3 x 7
meros, cada uno con dos habitaciones, aseo y suministro de agua y electricidad para
el alojamiento de los trabajadores. Y que de nuevo se paralizó y prohibió su uso en
expediente sancionador HU/2008/56/AG.MA/FOR. Y añade que todos estos hechos
han estado siendo perseguidos como infracciones administrativas por la Junta de
Andalucía, que a través de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente ha abierto numerosos expedientes sancionadores, entre los que se
encuentra el núm. HU/2006/1044/AG.MA/FOR, en el que se han acordado medidas
cautelares de paralización de las actividades de transformación de los terrenos, y
notificadas al menos el 31 de octubre de 2006 a Juan Márquez Soriano y el 11 de
junio de 2007 a Manuel Martínez Cruz, no han conseguido el cese ordenado, a
pesar de ser advertidos de poder incurrir con ello en nuevas infracciones y
responsabilidades sancionadoras "sin perjuicio del traslado de los hechos al
Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia">>.
VIGÉSIMOSEGUNDO.- Siempre bajo la cobertura del motivo por
quebrantamiento de forma, se denuncia que la sentencia incurre en "incongruencia
jurídica permanente" porque en el Fundamento Jurídico Décimo se determinan unas
importantes indemnizaciones respecto de hechos y actos que en ningún caso pueden
entenderse incluidos en el ámbito de las conductas típicas.
Con independencia de lo que se dirá sobre esta cuestión, es palmario que
la reclamación casacional no se refiere al relato de hechos probados, sino a
consecuencias o efectos jurídicos de la subsunción típica.
VIGÉSIMOTERCERO.- Protesta también el recurrente al advertir
quebrantamiento de forma por contradicción de los Hechos Probados al describir el
lugar de los hechos como "coto de caza" y también como zona de "máxima
protección ecológica". Por la mención al "desvío" de un arroyo y la alteración de la
"red hidrológica". Y a las expresiones "cambio de cultivo" y "cambio de uso" de los
terrenos afectados por las actividades de los acusados.
El reproche no puede ser acogido. Los vocablos reseñados no son
gramaticalmente antitéticos entre sí, de manera que se excluyan recíprocamente en
cuanto la afirmación del uno suponga la negación del otro, y viceversa, que es en lo
que consiste el vicio de contradicción fáctica.
Que el terreno esté administrativamente catalogado como coto de caza,
no excluye en absoluto que también goce de protección por su valor ecológico.
Que la alteración de la red hidrológica de que habla la sentencia no se
vincula exclusivamente al desvío del arroyo, sino principalmente a la construcción
de grandes balsas de agua y, además, la referencia al desvío del arroyo y a negativa
afectación a los recursos hídricos no son conceptos incompatibles.
VIGÉSIMOCUARTO.- Se alega quebrantamiento de forma por
"incongruencia omisiva", con cita errónea del art. 851.1º L.E.Cr., cuando tal vicio
de forma se contempla en el art. 851.3º de dicha ley.
La reclamación casacional se centra en que "una de las líneas de defensa
formuladas por esta parte desde su escrito de defensa, fue la concurrencia en mi
representado de un error sobre la ilicitud de las conductas que desarrollaba en el
ejercicio de su profesión de agricultor". Es decir, que se postulaba la concurrencia
de un error de prohibición en el acusado, que no ha obtenido respuesta del Tribunal
sentenciador.
Es doctrina de esta Sala consagrada en innumerables resoluciones que la
llamada "incongruencia omisiva" o "fallo corto" constituye un "vicio in iudicando"
que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de
atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso
oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte -integrado en
el de tutela judicial efectiva- a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la
cuestión formalmente planteada. Pero la estimación de un motivo casacional por
este vicio de forma está supeditado a la concurrencia y observancia de una serie de
condiciones: 1) que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no sobre
extremos de hechos; 2) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado en forma
y tiempo procesalmente oportuno, esto es, en conclusiones definitivas; 3) que se
traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una
pretensión; 4) que no consten resueltas en la sentencia, ya de modo directo o
expreso, ya de modo indirecto o implícito, siendo admisible este último únicamente
cuando la decisión se deduzca manifiestamente de la resolución adoptada respecto
de una pretensión incompatible, siempre que el conjunto de la resolución permita
conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pues en todo caso ha
de mantenerse el imperativo de la razonabilidad de la resolución.
Bastaría señalar que, contra lo que afirma el recurrente, la cuestión que
ahora aduce no fue postulada en su escrito de conclusiones provisionales elevadas
en el Juicio Oral de definitivas, para rechazar la censura.
En otro orden de cosas es menester repetir que la pretensión jurídica no
formalizada en momento procesal hábil, no puede ser identificada con las
alegaciones "in voce" que por vía de informe se expongan sobre la cuestión, porque
conforme a lo dispuesto en el art. 737 de la L.E.Criminal los informes orales de los
defensores de las partes se acomodarán a las conclusiones que definitivamente
hayan formulado, y es a dichas conclusiones a las que debe dar respuesta motivada
la sentencia impugnada, y no a cualquier supuesta alegación verbal, formulada
extemporáneamente, ajena a las conclusiones y sin constancia en las actuaciones. El
objeto definitivo del debate queda concretado de modo inexorable en la calificación
definitiva.
El motivo se desestima.
VIGÉSIMOQUINTO.- Por infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., se
alega incorrecta aplicación del art. 319.1º C.P. por no concurrir los elementos del
tipo.
Como siempre que se formula un motivo cobijado en el precepto procesal
mencionado, la censura casacional ha de resolverse con total acatamiento a la
narración de Hechos Probados y a los datos fácticos que figuren en la
fundamentación jurídica de la sentencia que complementa aquéllos.
Pues bien, partiendo de esta exigencia insoslayable, el motivo debe ser
desestimado, pues, como se ha dejado constancia en los precedentes Fundamentos
Jurídicos de esta ya extensa resolución, todos los componentes objetivos, subjetivos
y normativos que configuran el tipo penal, se dan cita en el presente caso.
A riesgo de ser reiterativos, pero con el afán de velar por el derecho del
acusado a la tutela judicial efectiva, recogeremos por su certero análisis los
argumentos impugnativos al reproche casacional que realiza el Fiscal como parte
recurrida.
Ciertamente en el hecho probado se describe con enorme claridad la
conducta desarrollada por el acusado que en documento privado de octubre de 2004
convino con Antonio Conejo propietario de la finca matriz, monte bajo de carácter
eminentemente forestal y afectado por el Plan de Ordenación del Ambito Territorial
de Doñana ya aprobado por Decreto 341/2003, el cambio de uso para su
transformación agraria a sabiendas que la mayoría de la finca estaba incluida en la
Zona A, de máxima protección medioambiental por su valor ecológico, y solo
pequeñas superficies se encontraban clasificadas como zona C, no urbanizables
pero compatibles con el uso agrario de cultivo de secano. En esta tesitura, el 29 de
septiembre de 2005, el acusado actuando en nombre de agromolinillo compra a
Antonio Conejo noventa hectáreas de la finca, que éste segregó para su venta,
señalando como precio más de dos millones de euros, precio estratosférico habida
cuenta el carácter forestal de la finca y la imposibilidad de su transformación en
agraria, y que evidentemente obedece al propósito de los acusados de proceder, a
cualquier precio, a la transformación del uso de la finca. De esta manera, al día
siguiente, arrendó 50 hectáreas al también acusado Martínez Cruz, y realizaron las
siguientes actuaciones: 1º) Martínez Cruz obtuvo en septiembre de 2006
autorización administrativa para el destocado y restauración forestal de 6 hectáreas,
y con incumplimiento de su obligación de respetar los pies de pinos y de vegetación
y prohibición de realizar acciones erosivas en el suelo, arrancó toda la cubierta
vegetal, extendiéndose más allá de la zona autorizada para aumentar la zona de
cultivo. 2º) Los acusados a partir de 2005, no solo roturan el suelo nivelándolo con
maquinaria pesada, con desmonte de ladera y desvío del cauce de un arroyo, sino
que eliminaron la cubierta vegetal, conservando solamente hectáreas de árboles en
los linderos de los caminos para ocultar las transformaciones que venían
operándose. 3º) Los acusados Márquez y Martínez Cruz, durante el año 2006
construyeron una enorme balsa que afectó a los recursos hídricos de la zona, y en el
año 2007 el acusado Márquez ordenó la construcción de una nave en los terrenos
segregados. 4º) Por último, en febrero de 2008 que en la zona prohibida, el acusado
instaló 24 módulos prefabricados para el alojamiento de trabajadores. Como
colofón de la conducta desarrollada por los acusados, se declara probado que los
daños ocasionados en la zona requieren la restauración de la cubierta vegetal,
restitución de perfiles materiales y red hidrológica, retirado de la infraestructura
agrícola y mantenimiento de la repoblación durante varios años, tasándose
pericialmente en más de medio millón de euros. La descripción fáctica confirma el
acierto del Tribunal sentenciador en la calificación jurídica de los hechos
incardinados en el artículo 319.1 del Código Penal. El acusado actúa evidentemente
como promotor de las construcciones ilegales y transformaciones del terreno
realizadas en la finca, estando perfectamente delimitada su actuación en el
"factum". En cuanto al concepto de promotor, la doctrina jurisprudencial desde la
STS 1250/2001, 26.6, corroborada posteriormente por la sentencia 690/2003, 14.5,
viene considerando que como la Ley de Ordenación de la edificación de 1.999
considera que promotor lo puede ser cualquiera, incluso ocasionalmente, la figura
del promotor parte de una realidad preexistente, no se trata de un vocablo técnico,
sino que pertenece al lenguaje corriente, de manera que en el ámbito del artículo
319 será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o
privada, que, individual o colectivamente, impulsa, propugna o financia, con
recursos propios o ajenos, obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación (vid. STS 1127/2009, 27-11). Figura en la que, indudablemente, debe
incardinarse la actuación del acusado. En cuanto al término "construcción", como
señala con acierto la sentencia de instancia, debe tenerse en cuenta el concepto
introducido en la ya citada sentencia de la Sala Segunda 1182/2006, de 29 de
noviembre, en asunto similar al que nos ocupa en el que en la construcción de una
red de caminos cementados se había destruido la cubierta vegetal y soterrado el
suelo, según el cual debe considerarse como construcción la que se produce por la
obra del hombre y con el empleo de medios mecánicos y técnicos apropiados, con
una sustancial modificación, con vocación de permanencia, de la configuración
original de la zona geográfica afectada, debiendo tenerse en cuenta la significativa
diferencia terminológica utilizada por el legislador, que emplea el vocablo
"construcción" como acción típica en el epígrafe 1º del precepto, y "edificación" en
el 2º, mucho más restringido que el otro. Además, no cabe discutir que la
instalación de una nave y módulos prefabricados constituye, sin duda, una
construcción en el sentido etimológico del término. Por lo demás, no cabe discutir
sobre la afectación del bien jurídico protegido porque el paraje tiene la
consideración de especialmente protegido en la normativa administrativa, y es
evidente la afectación de la ordenación del territorio que conlleva, que por su
obviedad no merece mayores comentarios. Por último, se alude a que los acusados
obtuvieron licencias administrativas y autorizaciones que permitían las actividades
desarrolladas. La afirmación es incierta, pues la nave, módulos y balsa de agua se
realizaron sin solicitar licencia y autorización alguna, y en el caso que se solicitó
autorización, se excedieron los acusados del ámbito de la misma para conseguir su
propósito, que no era otro que la conversión del terreno en agrícola de regadío
intensivo. La calificación de licencia-pantalla que realiza el Tribunal parece
acertada, especialmente si se atiende al informe pericial, ratificado en el plenario,
que afirma la falta de coincidencia entre las licencias que se solicitaban y la
extensión y ubicación de las zonas de cultivo intensivo que se iban abriendo, amén
de la imposibilidad de legalización de las obras desarrolladas porque en su conjunto
afectaban a terrenos incluidos en la zona A, concluyendo el perito que los terrenos
afectados por la transformación eran y son totalmente forestales y que en su actual
estado la finca no cumple con su función forestal. A mayor abundamiento, una
simple licencia municipal no es suficiente para alterar o modificar el uso de la finca
forestal, pues de conformidad con el artículo 40 de la Ley Forestal el cambio de uso
de un terreno necesita informe y autorización del órgano forestal competente; en la
misma línea, el artículo 62 de la Ley Forestal de Andalucía 2/1992, 15 de junio,
dispone que el cambio de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas u
otros forestales requerirán autorización de la Administración Forestal, con
independencia de la titularidad de los terrenos, sin perjuicio de las restantes
autorizaciones o licencias requeridas.
El motivo debe ser desestimado.
VIGÉSIMOSEXTO.- Por el mismo cauce casacional del art. 849.1º
L.E.Cr., se reclama el recurrente error de derecho por indebida aplicación del art.
289 C.P., reiterando las alegaciones expuestas para sostener la misma denuncia
desde la perspectiva constitucional.
Insiste en que el término "cosa" que contiene el tipo penal no es aplicable
a los bienes inmuebles. Sostiene que "las actuaciones descritas en los Hechos
Probados consistentes en la nivelación de terrenos, la tala de árboles o la
modificación de la cubierta forestal" no serían las acciones típicas que contempla el
precepto aplicado, sino las propias de un delito contra el medio ambiente.
El art. 289 C.P. se encuentra dentro del Título XIII de la parte especial
del Código que regula y sanciona los delitos contra el patrimonio y contra el orden
socieconómico, y este tipo penal describe como una de las acciones típicas la
destrucción, daños o inutilización de cosas propias de utilidad social. Es claro que
cuando estos actos se proyectan sobre bienes especialmente protegidos por su alto
valor ecológico, se está perjudicando el medio ambiente que sin duda alguna
merece la condición de valor de utilidad pública o social.
Por eso mismo, en el caso presente, los bienes jurídicamente protegidos
en el art. 319 y 289 C.P. quedan afectados negativamente por los actos ejecutados
por el acusado, si bien y con acierto, el Tribunal aprecia el concurso de normas del
art. 8.4 C.P. porque la conducta aquí enjuiciada se castiga por el artículo 319.1º al
afectar valores ecológicos; sin la lesión de ese valor, esta conducta no se castigaría
por ese delito. Y, a la vez, de nuevo se castiga por el artículo 289 C.P., y se hace así
porque se compromete ese valor medioambiental. Porque si la conducta consistente
en construir sin autorización configura el delito contra la ordenación del territorio
del art. 319.1, es porque esa actividad constructora se realiza en una zona de valor
ecológico y considerada de especial protección precisamente por ese valor
ecológico que la norma quiere preservar. Y desde luego, ese mismo bien jurídico es
el que tutela el art. 289 en su vertiente de proteger la afectación de los bienes
propios al equilibrio de los sistemas naturales, como bienes de interés social del que
resulta beneficiaria la comunidad.
Razón por la cual se ha omitido sancionar el delito del art. 289 y
únicamente se castiga el tipificado en el art. 319.1 C.P. que absorbe al anterior.
Estas consideraciones avalan también la desestimación del motivo
Décimo que propugna la incorrecta aplicación del art. 8.4 C.P.
VIGESIMOSÉPTIMO.- Siguiendo por las censuras por infracción de
ley del art. 849.1º L.E.Cr., se denuncia ahora indebida aplicación del art. 556 C.P.
Apela el recurrente una vez más a la indefinición y falta de rigor en la
descripción de los Hechos Probados, pero lo que el "factum" describe es lo
suficientemente concreto para rechazar el motivo.
Señala el relato histórico que <<Como quiera que en octubre de 2007 se
ordenó la paralización de las actividades y obras de transformación de la finca, Juan
Márquez Soriano no cesó en su empeño de realizar lo que fuese preciso para
continuar con la explotación agrícola de la finca, y en febrero de 2008 pudo
constatarse que en la misma zona prohibida había procedido a la instalación de 24
módulos prefabricados de 3 x 7 meros, cada uno con dos habitaciones, aseo y
suministro de agua y electricidad para el alojamiento de los trabajadores. Y que de
nuevo se paralizó y prohibió su uso en expediente sancionador
HU/2008/56/AG.MA/FOR. Todos estos hechos han estado siendo perseguidos
como infracciones administrativas por la Junta de Andalucía, que a través de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente ha abierto numerosos
expedientes sancionadores, entre los que se encuentra el núm.
HU/2006/1044/AG.MA/FOR, en el que se han acordado medidas cautelares de
paralización de las actividades de transformación de los terrenos, y notificadas al
menos el 31 de octubre de 2006 a Juan Márquez Soriano y el 11 de junio de 2007 a
Manuel Martínez Cruz, no han conseguido el cese ordenado, a pesar de ser
advertidos de poder incurrir con ello en nuevas infracciones y responsabilidades
sancionadoras "sin perjuicio del traslado de los hechos al Ministerio Fiscal por un
presunto delito de desobediencia">>.
A partir de estos datos, la incardinación de estas conductas contumaces
en el tipo penal aplicado, es jurídicamente correcta, pues se evidencia como grave
el incumplimiento, al menos por el acusado Juan Márquez Soriano, que se
especifica en el relato de hechos probados. Son diversas las ocasiones en que se le
ordena la paralización de las obras de transformación de la finca, con reposición de
sus características forestales, y hace caso omiso. Puede considerarse que oponerse
de modo activo en reiteradas ocasiones a los requerimientos de los Agentes que se
encuentran cumpliendo con las funciones propias de su actividad, notificándole las
medidas cautelares de paralización de las actividades de construcción ilegal y
transformación de la finca forestal para su uso agrícola de cultivo intensivo de
frutos rojos, constituye grave desobediencia de los mandatos de la Autoridad. Y
Juan Márquez se opone de modo activo, porque tras los diversos requerimientos de
paralización, continúa en la ilegal actividad transformadora de la finca, a pesar de
ser advertido de poder incurrir en este delito. Requisito que, por cierto, ya hemos
expuesto que para la doctrina jurisprudencial sería, además, innecesario.
El motivo se desestima.
VIGÉSIMOCTAVO.- A continuación se protesta por la indebida
aplicación del art. 116 y ss.
El motivo está condicionado a la estimación del que no se ha producido
el delito del art. 319.1 daños a bienes propios de utilidad social, por lo que habiendo
sido rechazado éste, procede la desestimación del presente.
En todo caso, el sometimiento al "factum" impide la acogida de esta
censura, porque el hecho probado Octavo, que no se cuestiona, señala "los daños
ocasionados en la zona requieren la restauración de la cubierta forestal, restitución
de perfiles naturales y red hidrológica, retirada de la infraestructura agrícola y
mantenimiento de la repoblación durante varios años. Tratándose pericialmente su
reparación en 587.498,35 euros, según el Servicio de Gestión del Medio Natural de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente".
VIGÉSIMONOVENO.- Finalmente se denuncia error de derecho por
indebida aplicación del art. 66 C.P. al estimarse desproporcionada la pena de
dieciocho meses de prisión por el delito contra la ordenación del territorio
(dieciocho años, dice el motivo, sin duda por error mecanográfico).
No existe tal desproporción. La sanción establecida legalmente para este
delito es de un año y seis meses a cuatro años de prisión.
Dada la gravedad de los hechos, el grave impacto en extensas zonas
especialmente protegidas por su valor ecológico que han quedado prácticamente
devastadas, justifican sobradamente la pena impuesta que se sitúa en la mitad
inferior, debidamente motivada, incluso con notable benevolencia.
El motivo se desestima.
RECURSO DE MANUEL MARTÍNEZ CRUZ
TRIGÉSIMO.- El primer motivo que formula el recurrente alega
infracción de precepto constitucional, artículo 24.2 de la Constitución por
vulneración del derecho a la presunción de inocencia y un proceso con todas las
garantías mediante la admisión de prueba ilícitamente obtenida, admitiendo el valor
probatorio de las inspecciones oculares y registros llevados a cabo por funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Policía Autonómica de la Junta de
Andalucía y por funcionarios del cuerpo de Agentes Forestales adscritos a la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en finca de titularidad
privada, vallada en todo su perímetro sin consentimiento ni autorización de quién
disponía de legitimación para ello y hallándose pendiente causa judicial,
contraviniendo de forma palmaria el contenido de los artículos 546 y 547 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
La censura casacional es exactamente la misma que la formulada por el
anterior recurrente y que ha sido analizada en el Fundamento Jurídico Décimoctavo
de la presente resolución, a cuyos argumentos nos remitimos para desestimar este
reproche casacional.
TRIGÉSIMOPRIMERO.- Se denuncia vulneración del principio
acusatorio y a su corolario del derecho de defensa.
La reclamación casacional que se fundamenta carece de la necesaria
concreción sobre los hechos imputados, el lugar donde se cometieron, la persona
concreta que realiza la actividad delictiva. Esta indefinición de datos relevantes
para la subsunción habría provocado una situación de indefensión en el acusado por
desconocimiento de los concretos hechos que se le imputan.
En realidad, la protesta casacional viene a denunciar quebrantamiento de
forma por falta de claridad en la descripción de los hechos probados, lo que habría
supuesto la imposibilidad de calificar aquéllos como constitutivos del tipo penal
aplicado.
Pero la reclamación carece de fundamento.
Respecto del lugar donde se desarrollaron las actividades ilegales y su
catalogación de terrenos especialmente protegidos por su valor ecológico, es
cuestión ya resuelta en epígrafes anteriores de esta sentencia, que se dan aquí por
reproducidos.
En lo que hace a las concretas acciones imputadas al ahora recurrente,
basta la lectura de los apartados Tercero, Cuarto y Quinto del "factum" para
rechazar la protesta: "Con fecha del día siguiente, 30 de septiembre de 2005, Juan
Márquez, en representación de Agromolinillo SCA, por diez años arrendó 50
hectáreas de la recién adquirida finca, al también acusado Manuel Martínez Cruz,
igualmente agricultor y de 32 años de edad. Este asumió el compromiso de cambiar
su uso al referido de agricultura intensiva, obteniendo al efecto autorización
administrativa de 11 de septiembre de 2006 (expediente 1566/06 de la Agencia de
Medio Ambiente) para el destoconado y restauración forestal de tan solo seis
hectáreas. Y con incumplimiento de su obligación de respetar los pies de pinos y
vegetación, así como la prohibición de realizar actividades erosivas del suelo,
arrancó toda la cubierta forestal, extendiendo la acción más allá de la superficie
autorizada para aumentar la zona de cultivo. Para ello, a partir de ese año 2005 y
durante los siguientes, los tres acusados Antonio, Juan y Manuel no solo nivelaron
el suelo roturándolo con maquinaria pesada, con desmonte de laderas y desvío del
cauce del arroyo "Avispero-Los Carboneros", sino que eliminaron la cubierta
vegetal de matorral mediterráneo, pinos y eucaliptos, tan solo conservando las
hileras de árboles que lindan con carreteras y caminos públicos, a fin de tratar se
ocultar las profundas transformaciones que realizaron. También Juan Márquez
Soriano, actuando en nombre de Agromolinillo SCA, y Manuel Martínez Cruz, al
servicio del cultivo intensivo que venían realizando en zona no autorizada para uso
agrícola, durante el año 2006 construyeron una enorme balsa de 2,20 hectáreas con
capacidad para unos 100.000 metros cúbicos de agua, afectando a los recursos
hídricos de la zona, y sin solicitar licencia ni permiso alguno".
TRIGÉSIMOSEGUNDO.- El segundo motivo se articula al amparo del
art. 849.2º L.E.Cr., por error de hecho en la apreciación de la prueba.
El argumento que cimenta la denuncia casacional consiste en que obra en
las actuaciones a los folios 117 a 132, copia autorizada de la escritura pública de
compraventa de la finca Coto del Avispero de fecha 29 de septiembre de 2005
otorgada por Antonio Conejo Puerto a favor de la Sociedad Agromolinillo.
Considera el recurrente que resulta inexplicable que el Tribunal sentenciador
otorgue prevalencia a las copias simples incorporadas a las actuaciones que tienen
un valor meramente informativo sobre una copia autorizada, con el interlineado
"de los cuales 45 son de labor", salvado en la forma prevenida en el artículo 152
del Reglamento Notarial, incorporado a la matriz y autorizado con el sello, rúbrica y
firma del Notario autorizante, constituyendo un documento auténtico y público en
todos sus extremos, incluido el interlineado. De donde el recurrente infiere que
siendo el documento auténtico sería suficiente para acreditar el carácter agrícola de
la finca en cuestión y las actuaciones que se desarrollaban en la finca Coto
Avispero eran perfectamente lícitas y ajustadas a la normativa forestal.
El razonamiento impugnativo de la parte recurrida es plenamente
acertado y debe ser respaldado por este Tribunal de casacion. En efecto, expone el
Ministerio Público que si se examina la copia autorizada designada por el
recurrente, las sospechas del Tribunal se confirman sin género de dudas. En efecto,
se trata de un documento en soporte informático, en los que los interlineados
aparecen rellenados con distintos caracteres topográficos que el original, lo que no
tiene sentido, porque de advertirse el error antes de la firma y rúbrica del
documento, se hubiese suplido la omisión en el documento informático y no
hubiese sido necesario realizar el interlineado, que aparece como un añadido
posterior a la firma.
Si la omisión se detecta con posterioridad a la firma y rúbrica de la
escritura por el Notario autorizante, debe operarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153 del Reglamento Notarial que dispone que "la subsanación podrá
hacerse por diligencia en la propia escritura matriz o por medio de acta notarial en
las que se hará constar el error, la omisión, o el defecto de forma, su causa y la
declaración que lo subsana. La diligencia subsanatoria extendida antes de la
expedición de ninguna copia no precisará ser trasladada en éstas, bastando
transcribir la matriz conforme a su redacción rectificada. En caso de hacerse por
acta se dejará constancia de ésta en la escritura subsanada en todo caso y en las
copias anteriores que se exhiban al Notario".
En el caso que nos ocupa no aparece en la copia autorizada diligencia o
acta de rectificación, como sería obligado de detectarse de la omisión con
posterioridad a la firma de la escritura, y por supuesto no hay constancia alguna de
la rectificación en las copias simples aportadas, que sólo se expiden una vez
firmada la escritura original, de manera que todo apunta a una alteración
documental ajena al contenido del documento original incorporado al protocolo
notarial que invalida la escritura como documento casacional.
En cualquier caso, aunque admitiéramos la validez del documento en
cuestión, el mismo carece de relevancia alguna para la modificación del fallo, pues
el hecho de que algunas hectáreas estuvieran destinadas a cultivo -no olvidemos de
secano-, no contrarresta la fuerza de convicción de los elementos de prueba,
testifical, pericial y documental, que acreditan la acción concertada de los acusados
que condujo a esquilmar la cubierta vegetal del terreno para convertirlo en cultivo
agrícola de regadío, con clara infracción de la normativa vigente que impedía el
cambio de uso del terreno de carácter forestal por estar incluido en el entorno de
Doñana como especialmente protegido.
A lo dicho cabe añadir otra consideración de relevancia: tiene dicho esta
Sala en numerosos precedentes jurisprudenciales que la escritura pública
formalizada ante Notario no es un documento a efectos casacionales del art. 849.2º
L.E.Cr., con aptitud para fundamentar en el documento notarial el error de hecho en
la apreciación de la prueba. Ciertamente, cualquier escritura pública que contenga
un negocio jurídico, de lo único que da fe el notario autorizante y sirve de prueba
frente a terceros, es de su fecha, de la identidad de las personas intervinientes y del
hecho que motivó su otorgamiento (artículo 1.218, inciso primero, del Código
Civil). De lo demás, el notario es un auditor y subsiguiente relator de lo que las
partes intervinientes le expresen, ya sean verdaderas o falsas, aunque ello no quiere
decir que ese funcionario no tenga la obligación moral y profesional de tratar de
averiguar si lo expresado en el acto del otorgamiento es fiel reflejo de una realidad
y no contiene ninguna finalidad espuria o ilegal.(654/96, pág. 1817 izda. párrafo
segundo .... o ilegal).
En el caso presente, el interlineado con la expresión de que "de las cuales
[noventa hectáreas que Antonio Conejo vende a la sociedad administrada por el
recurrente] 45 son de labor", únicamente es una declaración efectuada por los
contratantes que el Notario se limita a reflejar en la escritura, pero que en ningún
caso acredita fehaciente y del modo indubitado que exige el art. 849.2º citado, la
realidad de esa manifestación.
El motivo debe ser desestimado.
TRIGÉSIMOTERCERO.- Finalmente se formaliza un motivo por
quebrantamiento de forma del art. 851.3º L.E.Cr., por incongruencia omisiva, al no
haber resuelto la sentencia sobre la incidencia del error de prohibición sobre el
carácter especialmente protegido del terreno donde el acusado (y los otros dos
imputados) realizaron las acciones que se describen en el "factum".
En el escrito de defensa del recurrente (F. 1307 a 1310) se decía "no
existiendo hechos punibles de tipo alguno, no cabe pronunciarse sobre formas de
participación y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal".
Añadiendo la siguiente frase: "sin perjuicio de la existencia de los elementos
constitutivos del error invencible en las actuaciones llevadas a cabo por el mismo".
Conclusiones que se elevaron a definitivas en el plenario (vid. f. 1604 vuelto del
Rollo de Sala, Tomo III).
Tiene declarado esta Sala de Casación que la denuncia por incongruencia
omisiva no puede prosperar cuando la cuestión omitida en la sentencia es
incompatible con otros pronunciamientos del Tribunal sentenciador.
En error invencible de prohibición excluye el dolo del agente en su
componente intelectivo que supone el conocimiento de la antijuridicidad de la
acción, de manera que el conocimiento equivocado o falso (error) o la falta de
conocimiento (ignorancia) inciden sobre la culpabilidad al eliminar el elemento
subjetivo del delito.
Pues bien, en el supuesto examinado, el Tribunal de instancia califica los
hechos como constitutivos de los delitos tipificados en los arts. 319.1 y 286 C.P.,
que son dolosos, lo que evidencia que al aplicar tales tipos penales está afirmando
la concurrencia del elemento subjetivo de esas figuras delictivas, el dolo, con lo
que, de hecho, está excluyendo el alegado error de prohibición invencible, o, dicho
de otra manera, está negando que el acusado hubiera ejecutado su conducta con
absoluto desconocimiento de que éstos se realizaban en terrenos protegidos
especialmente por su alto valor ecológico o, cuando menos, que ni siquiera se
hubiera representado la probabilidad de esta catalogación (dolo eventual), porque
basta con que el agente tenga conciencia de la probabilidad de la antijuridicidad del
acto, para que no pueda solicitar el amparo del artículo 6 bis, a) tal y como se
desprende de las sentencias de 29 de noviembre, 16 marzo 1994, 12 diciembre y 18
noviembre 1991, entre otras muchas. Insiste la STS 411/2006, 18 de abril que "no
cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el
ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están
prohibidas" (SSTS 11 marzo 1996, 3 abril 1998), añadiendo que, en el caso de error
iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris non excusat, y
cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal,
no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error. No siendo
posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de
carácter material o elemental, cuya ilicitud es "notoriamente evidente y de
comprensión y constancia generalizada" SSTS 12 noviembre 1986 y 26 de mayo de
1987".
Con independencia de todo ello, un examen riguroso de la sentencia
permite constatar que el Tribunal se dio respuesta a la cuestión suscitada, pues,
como ya se dijo en su momento, en el Fundamento de Derecho Décimo de aquélla
se afirma que "..... tanto Juan [Márquez Soriano], como Manuel [Martínez Cruz] y
Antonio [Conejo Prieto] ... sabían de la importancia, gravedad e ilegalidad de
los trabajos puestos en marcha, y especialmente el resultado dañoso dada la
afectación a los valores ecológicos de la zona, reservada y protegida legalmente
dentro del Plan de Ordenación Territorial del entorno de Doñana".
En cualquier caso, como bien señala el Fiscal al oponerse al motivo, debe
tenerse en cuenta la importancia que en un motivo de casación amparado en el art.
851.3 L.E.Cr., tiene la reforma operada por la L.O. 19/2003, 23 de diciembre, que
ha ensanchado la funcionalidad histórica asociada al recurso de aclaración de
sentencia. En efecto, el apartado 5 del art. 267 de la L.O.P.J. dispone que ".... si se
tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas
en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a
contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las
demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que
resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar
a completarla. Su alegación tardía en casación puede exponer otros derechos
fundamentales, de similar rango constitucional al que se dice infringido, a un
injustificado sacrificio, mediante la retroacción del proceso a un momento anterior
con el exclusivo objeto de subsanar lo que pudo haber sido subsanado sin esfuerzo
ni dilación alguna".
El motivo debe ser desestimado.
III. FALLO
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER
LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por quebrantamiento de forma,
infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuesto por las
representaciones de los acusados Juan Márquez Soriano, Antonio Conejo Prieto
y Manuel Martínez Cruz, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Huelva, Sección Primera, de fecha 30 de julio de 2010, en causa seguida contra los
mismos por delito contra la ordenación del territorio en concurso con un delito de
daños. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas procesales
ocasionadas en su recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada
Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolucion de la causa que en su día
remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa ,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Joaquín Giménez García Francisco Monterde Ferrer
Manuel Marchena Gómez Alberto Jorge Barreiro
Diego Ramos Gancedo
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Diego Ramos Gancedo, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo
que como Secretario certifico.