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SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS Y PAZ

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Balance de la Subcomisión: Septiembre de 2014 a septiembre de 2015

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1. PRESENTACIÓN. Desde su nacimiento, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular estableció como una prioridad dentro del escenario de negociación consolidado, la generación de garantías sustantivas para cada uno de los procesos con asiento en la Mesa Única de la Cumbre, así como para todas las expresiones organizativas de la sociedad civil; sobre quienes han recaído histórica y sistemáticamente toda serie de persecuciones y señalamientos que le han costado la vida a líderes, lideresas y comunidades enteras en todo el país. La Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías y Paz, se proyecta como un espacio a través del cual las entidades competentes yla Cumbre Agraria,trabajando conjuntamente,generen alternativas en lo atinente a las vulneraciones de derechos afrontadas en los territorios y persistentemente denunciadas por organizaciones y procesos con asiento en la Mesa Única. El artículo 9 del Decreto 870 de 2.0141, viabiliza la creación de una subcomisión que aborde el tema de garantías y Derechos Humanos. En ese sentido las organizaciones sociales y procesos organizativos que hacemos parte de la Cumbre, hemos registrado un elevado número de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas en el territorio nacional durante y después de las jornadas de movilización. Estas situaciones han sido de pleno conocimiento por las diferentes entidades que representan al gobierno en el espacio de la subcomisión; en presencia de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos , quien funge como garante de este importante proceso. Saludamos la instalación formal de la subcomisión de Garantías y DDHH, entendiéndola como una instancia de diálogo, participación y concertación de acciones en materia de protección frente a las presuntas vulneraciones a los DDHH cometidas en contra de las poblaciones campesinas, étnicas y populares y de generar acciones de prevención de posibles riesgos. De igual manera cobra sentido la reglamentación especial para la creación de un CERREM campesino, el cual debe estar caracterizado por el reconocimiento del campesino como sujeto político, entendiendo la diversidad y características propias de los distintos territorios que están presentes en nuestro país y construyendo colectivamente un

1 Por el cual se regula n interlocución y participación con las Organizaciones de la Cumbre Agraria,

Campesina, Étnica y Popular que se denominará Mesa Única Nacional

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enfoque diferencial, que no solo permita la comprensión de los diferentes contextos rurales para una adecuada protección. Luego de dos años de las movilizaciones campesinas, étnicas y populares y habiéndose cumplido cerca de un año y medio de la instalación de la Mesa Única, se constata la vulneración masiva y sistemática de los DDHH que históricamente se ha dado en contra de las comunidades vinculadas a los procesos y organizaciones de la Cumbre, abonado a lo anterior, el alto índice de impunidad en los casos denunciados, como por ejemplo, el poco o nulo avance en la investigación por los asesinatos de los 19 campesinos en el marco de las movilizaciones del 2013 y los cientos de heridos producto del uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública para reprimir la protesta social. Así las cosas, consideramos que es imperativo encontrar por parte del Gobierno Nacional, muestras fehacientes de voluntad política que garanticen la negociación, transformando las intenciones de paz en prácticas reales tendientes a la salvaguarda de líderes, lideresas y comunidades en Colombia. En el presente documento se pretende hacer un ejercicio de balance que comprenda, en primer lugar, el recorrido que hemos tenido para hacer efectiva la instalación de la subcomisión de DDHH y Garantías, indicando las resistencias identificadas en cada uno de ellos; en segundo lugar se describirán las situaciones de vulneración de DDHH e infracciones al DIH que han tenido lugar en los territorios en los cuales los procesos de la Cumbre Agraria hacen presencia; por último se expondrán las propuestas para desatar los nudos encontrados, persistiendo en la intención de avanzar de manera acelerada y sostenible en la generación de estrategias idóneas de respeto a los DDHH de indígenas, afrodescendientes, campesinos y sectores sociales en general.

2. BALANCE Y RECORRIDO DE LA SUBCOMISIÓN DE DDHH, GARANTÍAS Y PAZ.

La crítica situación de las comunidades campesinas, étnicas y populares generaron lo que

se ha considerado como uno de las mayores movilizaciones sociales en los últimos tiempos

en Colombia. En ese contexto el tema de derechos humanos fue uno de los aspectos

centrales del pliego de exigencia de la Cumbre Agraria,“Mandatos para el Buen vivir, por

la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social” de

abril de 2014. Así quedó consignado en el punto número 5 sobre “Derechos políticos,

garantías, víctimas y justicia”.En esa oportunidad la Cumbre Agraria denunció “la falta de

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reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los

derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos

humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante

estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una

sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en

demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática”2.

En consecuencia con lo anterior, la Cumbre Agraria presentó en ese momento al Gobierno colombiano y a la opinión pública 23 exigencias que deberían ser objeto del proceso de negociación:

1. La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos

perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de

estas prácticas.

2. El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus

actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho

proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos

sectores económicos, políticos, y militares con los paramilitares.

3. La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la

memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la

verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados.

Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico a las

víctimas, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a

las asociaciones de víctimas, de manera concertada.

4. Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades

campesinas, indígenas y afro.

5. Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras

despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos

indígenas.

2 Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Pliego de exigencia de la Cumbre Agraria,“Mandatos para el Buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social”, numeral 5.

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6. Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas,

heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.

7. Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento

de la responsabilidad del Estado en la movilización social de las décadas de los 90´s,

2.000 y 2010, particularmente de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos

ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro de Catatumbo, paro nacional

agrario y la minga indígena del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando

los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las

víctimas.

8. Garantías para el derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad

inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la

protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.

9. Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen

sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia

difusión de sus resultados.

10. El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son

conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.

11. Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social en

esta materia. Reformulación de la política criminal actualmente basada en la

privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras

garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que priorice la inclusión social,

el respeto de garantías y la prevención del delito.

12. Tomar medidas efectivas contra la mal llamada “limpieza social” ejecutada,

principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las

estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables. 13.

Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la oposición.

13. Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas

procesadas y condenadas bajo su vigencia.

14. Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad

reducida”.

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15. Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar

obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación

de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo

Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para

miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado,

tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la

libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y

se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.

16. Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres,

desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas,

asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los

asuntos que afectan sus vidas.

17. Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo ni

instrumento, ni botín de guerra.

18. Cese de la violencia contra la mujer. Tipificación del feminicidio como un delito

específico y diferenciado en el código penal. Aplicación efectiva de la ley 1257 de

2008.

19. Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto

de la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace

trámite en la ONU. Exigimos que el Estado colombiano adopte de manera plena y

perentoria la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna,

desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad.

Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior,

requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos,

indígenas y afro.

20. Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de

planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural,

para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos

definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación

Nacional de Cafeteros y otras federaciones similares. Exigimos la participación

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efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades

del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

21. Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede

en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos

en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.

22. Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004,

relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.

23. Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los

cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del

Derecho internacional Humanitario, que no se involucre la población civil en los

conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil

mediante montajes judiciales.

24. Reconocimiento y no estigmatización y persecución a las y los Defensores de

Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.

25. Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar.

Que deje de aplicarse la figura del “blanco legítimo”, las ejecuciones extra judiciales

(falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.

26. Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el

fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la

creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de

los sectores populares. 28. Democratización del espectro electromagnético.

Así mismo, el numeral 6 del pliego de peticiones se ocupó de los “Derechos Sociales”

refiriéndose a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna y la recreación entre

otros Derechos que deben ser garantizados de acuerdo a “las necesidades y realidades de

las comunidades” lo cual quedó consignado en 21 puntos del pliego a los cuales no nos

vamos a referir en el presente acto.

Los mínimos, acuerdos en DDHH y garantías En mayo de 2014, se suscribió el Acta de Acuerdos entre la Cumbre y el Gobierno Nacional

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y el 08 de mayo de 2014 fue expedido por parte del Gobierno el Decreto 870 de 2014

mediante el cual se creó la Mesa Única Nacional, y en su artículo 9 se estableció la

creación de una Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías.

Producto de los acuerdos suscritos en mayo de 2014, se dispuso la creación de una

Comisión conjunta de análisis y estudio de alternativas penales, adscrita a la sub-comisión

de garantías y derechos humanos, la cual sesionaría por primera vez el 19 de mayo de

2014 fecha en la cual fijaría su funcionamiento, metodología y la ruta de trabajo. En la

misma acta de acuerdos se estableció que el Gobierno Nacional mediante acto

administrativo crearía el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos (CERREM)

Campesino y que este tendría en cuenta los contextos territoriales de las comunidades

que privilegien medidas colectivas con enfoque diferencial. El CERREM tendría su primera

reunión el 20 de mayo de 2014 con el objetivo de definir su protocolo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el

Ministerio del Interior, la Procuraduría y las organizaciones de la Cumbre recogerían en

terreno la información de las quejas recibidas por parte de las comunidades y la ONU

presentaría este informe a la sub-comisión de garantías y derechos humanos de la mesa

Única Nacional dándole el respectivo trámite a las quejas recibidas.

En esa misma oportunidad se acordó que el Ministerio del Interior recomendaría a la Fiscalía General de la Nación que la Unidad de Análisis de Contexto y/o la Unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación asumieran el conocimiento de las denuncias hechas por la cumbre Agraria, campesina, étnica y popular. Es así como en Abril de 2015, la Cumbre Agraria presentó un nuevo documento “Balance Situación de Vulneración de DDHH e Infracciones al DIH”. Este documento dio cuenta del incremento de “asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización,señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones”. Como se puede observar, ha pasado mucho tiempo desde el momento en que se firmaron los acuerdos y entre tanto varias reuniones fallidas de instalación, numerosas jornadas conjuntas de trabajo ydebates hasta lograr entre la Cumbre y Gobierno concertar el reglamento que guiará esta Subcomisión de Derechos Humanos y que el día de hoy será firmado por el Ministro del Interior Dr. Juan Fernando Cristo ante todos ustedes como testigos.

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La Subcomisión de DDHH Es preciso señalar que la Subcomisión de Derechos Humanos es muy importante para la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, pues como ya se señaló anteriormente y de acuerdo con su reglamento, está será “un espacio de diálogo, participación y concertación de acciones en materia de protección frente a las presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos cometidas en contra de las poblaciones campesinas, étnicas y populares, y de generar acciones de prevención de posibles riesgos. La Subcomisión de Derechos Humanos estará conformada por

1. El Ministro del Interior o el Viceministro del Interior y Direcciones competentes; 2. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 3. El Ministro de Justicia o su delegado; 4. Director del INPEC o su delegado. 5. Director(a) de la Unidad Nacional de Protección o su delegado; 6. 1 Delegado (a) de cada proceso perteneciente a la Cumbre

Serán invitado (as) permanentes:

1. Congresistas definidos concertadamente; 2. Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario. 3. Fiscalía General de la Nación 4. El Procurador General de la Nación o su delegado; 5. El Defensor del Pueblo o su delegado; 6. Un representante de las Agencias de Naciones Unidas: OCNUDH y ACNUR; 7. Organizaciones nacionales e internacionales con presencia en Colombia definidas

concertadamente entre las partes. Por su parte, de la subcomisión de Derechos Humanos y garantías hace parte el Comité Conjunto Permanente de Análisis y Alternativas Penales, que estudiará los casos de integrantes de las organizaciones pertenecientes a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y en general, las personas judicializadas y/o condenadas por hechos relacionados con: a) La participación en las diferentes movilizaciones y mingas populares, sociales, que se han desarrollado a lo largo y ancho del país, en el marco del ejercicio y acción del derecho constitucional a la protesta social b) Campesinos, indígenas, afrodescendientes, relacionados con siembra, tráfico, transporte, procesamiento y comercialización de cultivos de uso ilícito, en lo que concierne a pequeños cultivadores y recolectores (raspachines) producto de las condiciones socio-económicas propias de cada región. C) los

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pequeños mineros campesinos, indígenas y afrodescendientes que hayan sido judicializados con ocasión a su actividad de extracción minera y que hayan sido considerados por las organizaciones sociales como judicializaciones arbitrarias. Hoy 30 de septiembre se inicia una nueva etapa en este proceso de consolidación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional en la que esperamos avancesimportantes en la protección de los derechos humanos y garantías para el mismo funcionamiento de la Comisión. El CERREM Campesino y el fortalecimiento de los CERREM étnicos A la fecha, no se observan avances sustanciales en la remoción de aquellos obstáculos que impiden una adecuada protección a comunidades y a las y los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas de la Cumbre Nacional Agraria, por ejemplo, el marco legal que rige el CERREM campesino es el mismo marco legal con el que se examina cualquier caso en el país, adoleciendo de un enfoque diferencial acorde con la población a ser protegida y sin la participación de sus delegados. En similar circunstancia se encuentran los CERREM Indígena y afro, los que no tienen en cuenta los criterios diferenciales necesarios ni se garantiza la participación de representantes de los grupos poblacionales referenciados. En ese sentido, se espera avanzar en la construcción conjunta de un instrumentode protección que responda a las necesidades de las comunidades, con un enfoque diferencial y donde se contemplen medidas colectivas de protección.

3. BALANCE DE VULNERACIONES A LOS DDHH E INFRACCIONES AL DIH. SEPTIEMBRE 2014 – SEPTIEMBRE DE 2015.

La Cumbre Agraria manifiesta su preocupación ante el incremento de las acciones de persecución e intimidación a sus integrantes y a las comunidades que habitan en los territorios rurales. Son varias las modalidades que se observa en este periodo de tiempo: asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones, detenciones arbitrarias y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de las modalidades de violación a los derechos humanos ocurridas.

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Los hechos de violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional

humanitario que se han presentado en las zonas rurales, presentaron un aumento en el

mes de diciembre de 2014 y en lo que va corrido de 2015.

Vulneraciones a los DDHH e Infracciones al DIH. Corte Septiembre de 2014 - Septiembre de 2015.

Tipo de Acto Impacto del evento

Acción Bélica 60

Allanamiento Ilegal 59

Amenazas 172

Ataques a la libertad de prensa 3

Atentados 47

Bombardeos 8

Confinamiento 5861

Desaparición 6

Desplazamiento Forzado 3939

Detención arbitraria 49

Ejecuciones Extrajudiciales 23

Fumigaciones Constante en los territorios

Heridos/ 356

Homicidio / Homicidio con tortura y violencia sexual. 62

Intento de homicidio 6

Judicializaciones 363

Minas Antipersona 2

Persecución/Hostigamientos/Señalamientos/Seguimientos 27

Presencia de Paramilitarismo

Constante en los territorios

Reclutamiento Forzado 6

Total general 11.044

Sin embargo en esta oportunidad, queremos elevar enérgicamente nuestra voz de

protesta ante la judicialización de líderes y lideresas sociales como una forma de perseguir

y criminalizar la protesta social. Se observa la apelación a diversos tipos penales para

encarcelar la dirigencia campesina, étnica y popular y con ello generar amedrentamiento

al ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión y movilización. En muchos

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de esos casos, han sido utilizados testigos e informes de inteligencia militar e irrespeto a la

independencia judicial y presunción de inocencia por parte de distintos estamentos, así

como un abuso del derecho penal en el tratamiento de la protesta social.

Por otro lado, preocupa a la Cumbre Agraria la situación que atraviesan las comunidades

en los territorios rurales. Varias modalidades se podrían describir, presentaremos sólo

algunas de ellas:

a) se vienen presentando acciones de extinción de dominio de bienes de

campesinos, bajo la figura de que estos bienes pertenecen a la guerrilla

amparados en la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras.

Preocupa que bajo esta figura se ocasione una revictimización a quienes han

sufrido el despojo y ello produzca nuevos desplazamientos, que de por sí, el

desplazamiento forzado es una de las modalidades que se observa en ascenso.

b) Es altamente preocupante la situación de las comunidades que se encuentran

exigiendo sus desechos a la devolución y/o restitución de sus tierras, las cuales han

sido estigmatizadas, agredidas, amenazadas y en varios casos, víctimas de

desalojos ilegales y abusos por parte de la Fuerza Pública.

c) Una vez más reiteramos la constante militarización de los territorios, pero al

mismo tiempo la presencia de paramilitares que patrullan y ejercen control en los

territorios amenazando y desplegando actos criminales. Un de las denuncias

constantes desde las organizaciones de base de la Cumbre Agraria ha sido la

persistencia de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito/plantas sagradas en los

territorios. Resulta desconcertante que a pesar de evidenciarse las afectaciones

que las aspersiones de dichos cultivos ocasionan para la salud y la vida, se persista

en dicha práctica.

Saludamos los avances en materia de diálogos para una solución al conflicto armado. Sin embargo reiteramos la necesidad de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos en la construcción de paz. Se debe continuar en los caminos hacia la solución política al conflicto y en las medidas de desescalamiento del conflicto, pues los impactos hacia la población han sido importantes en cuanto a que se han observado disminuciones en las acciones bélicas duranteel Cese Unilateral declarado por las FARC-EP desde el mes de diciembre de 2014 como lo demuestran varios estudios al respecto.

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4. RETOS Y PROYECCIONES

Esta nueva etapa exige un compromiso del Gobierno Colombiano acorde con la necesidad

urgente de brindar garantías reales a los miembros de la Cumbre Agraria. Por ello

recordamos los siguientes aspectos urgentes a resolver en este camino:

a. Aprobación del presupuesto para el funcionamiento adecuado y articulado de la

subcomisión.

b. Establecer una metodología en la Subcomisión de Derechos Humanos, que permita

abordar, analizar y debatir los 21 puntos del numeral 5 del pliego de exigencia de

la Cumbre Agraria,“Mandatos para el Buen vivir, por la reforma agraria estructural,

la soberanía, la democracia y la paz con justicia social” de abril de 2014

c. Impulso y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Comité

Conjunto Permanente de Análisis y Alternativas Penales. / Extinción de la acción

penal y cesación de procedimiento sin que ello implique la aceptación de la

comisión de ningún delito

d. Impulso al CERREM campesino, mediante la construcción de una Mesa de Trabajo

para el estudio, construcción y consolidación de alternativas que reglamenten el

funcionamiento de los escenarios destinados a la protección de los procesos

adscritos a la Cumbre, en la protección individual y colectiva.

e. Presentación de informes detallados sobre las gestiones y estado actual de las

acciones interinstitucionales llevadas a cabo con fundamento en las denuncias

presentadas por la Cumbre en el marco de la Mesa Única Nacional.

f. Habilitar escenarios de debate público sobre el papel de las FFMM en el marco de

un Estado democrático y en un escenario de pos-acuerdos.

g. Acompañamiento por parte de Naciones Unidas a los procesos judiciales en donde

se le haga seguimiento a los casos con el fin de evidenciar en qué casos existe una

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flagrante violación al debido proceso

h. Garantías para la implementación real de los componentes diferenciales en los

CERREM existentes para campesinos(as), indígenas y afro- descendientes. Y

garantizar la presencia de los(as) delegados(as) oficiales designados

i. Cesación de fumigaciones y erradicaciones manuales forzadas en los territorios y

garantías políticas para consolidar colectivamente alternativas para la Sustitución,

Social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivadosde

coca, marihuana y amapola y el consumo en relación con los cultivos de uso

ilícito/plantas sagradas.

j. Cese Bilateral al Fuego, en aras de garantizar la vida, integridad personal y

derechos humanos y fundamentales de las comunidades directamente afectadas

por el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios.