EXAMEN 27.9.18

SUPUESTOS PRACTICOS

1º) La Ley 3/2012, de 12 de julio, reguladora de los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma de Asturias prevé que la Administración dispondrá de 4 meses para resolver sobre las peticiones de acción social.

Doña Penélope Andreu solicita el reconocimiento de una ayuda de acción social para estudios universitarios al Servicio Asturiano de Salud, para cuya concesión se exige haber aprobado íntegramente el curso anterior, requisito que no reúne la interesada.

Al transcurrir 10 meses sin recibir resolución a su petición, la Sra. Andreu solicita la certificación del silencio positivo.

Ante ello, ¿puede resolver sobre esta cuestión el Servicio Asturiano de Salud? ¿puede desestimar la petición de la Sra. Andreu? En caso contrario, ¿puede adoptar alguna medida para anular el reconocimiento de la ayuda a la Sra. Andreu?

Explique sus respuestas.

Respuesta. El transcurso del plazo establecido leg almente para resolver el procedimiento supone que opere el silen cio administrativo, que en este caso, tiene carácter positivo. Ello sup one que el Servicio Asturiano de Salud, al resolver, sólo puede hacerlo en el sentido del silencio, es decir, reconociendo a la Sra. Andreu l a ayuda social solicitada.

Así lo establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala: “Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.1 . En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la A dministración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de est e artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderl a estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo co ntrario.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo fin alizador del procedimiento.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al sig uiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio adminis trativo, la resolución expresa posterior a la producción del ac to sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

4. Los actos administrativos producidos por silenci o administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los m ismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que deb e dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo de l silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgan o competente para resolver en el plazo de quince días desde que expir e el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo ante rior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administra ción u Organismo competente para resolver”.

Ahora bien, en caso de que el Servicio Asturiano de Salud llegue a la conclusión de que dicho reconocimiento vulnera la normativa vigente, por entender que no procedía el reconocimiento de la ayuda por estudios universitarios, podría impugnar el acto administrativo siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de octubre, que dispone: “Declaración de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar an te el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispue sto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse u na vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el act o administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan co mo interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesa l de admisibilidad de la acción en el proceso judicial c orrespondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de rec urso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos i nformativos.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la ini ciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesiv idad, se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración Gener al del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesivi dad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la m ateria.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integ ran la Administración Local, la declaración de lesividad s e adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órg ano colegiado superior de la entidad”.

2º) D. Pedro Murcia, que tiene la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud en la categoría de Administrativo, ha solicitado la concesión de excedencia por cuidado de familiares para atender a su hijo Luis, que tiene un año de edad, a partir del 1 de febrero de 2018.

Sin embargo, el 15 de enero de 2018, el Sr. Murcia es declarado en la situación de excedencia por interés particular.

En tal caso, ¿debe resolver el Servicio Murciano de Salud la solicitud de excedencia por cuidado de familiares? En tal caso ¿en qué términos?

Explique su respuesta.

Respuesta. En este caso se ha producido la desapar ición sobrevenida del objeto del procedimiento, dado que al pedir el Sr. Murcia la excedencia por interés particular, carece de uti lidad la concesión de la excedencia por cuidado de familiares.

Sin embargo, sigue siendo necesario resolver la pe tición del mismo, si bien, la resolución debe limitarse a indi car que ha desaparecido el objeto del procedimiento.

Así lo establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al señalar: “Obligación de resolver . 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho , caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolu ción consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cad a caso, con indicación de los hechos producidos y las normas ap licables”.

3º) D. Juan Rodríguez ha dirigido un escrito al Servicio Murciano de Salud solicitando el reconocimiento de un período de tiempo a efectos de servicios previos. Se trata de un procedimiento para el que el Servicio Murciano de Salud no ha fijado de forma específica el plazo en el que ha de tramitarse.

La solicitud la presenta el día 31 de enero de 2018 en la Delegación del Gobierno en Murcia, y llega al Registro del Servicio Murciano de Salud el 7 de febrero de 2018.

¿Cuándo finalizará el plazo del que dispone el Servicio Murciano de Salud para dictar y notificar la resolución? Explique su respuesta.

Respuesta. Dado que este procedimiento carece de u n plazo específico, se ha de aplicar la regla general de qu e los procedimientos se han de tramitar en un plazo de tres meses, conforme a lo dispuesto 21 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que indica: “ 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”.

A su vez, el plazo finalizaría el 7 de mayo de 2018 , es decir, a los tres meses desde la entrada de la petición del inte resado en el Registro del órgano que debe resolver, el Servicio Murciano de Salud.

Así lo indica el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone: “ Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plaz o y los previstos en el apartado anterior se contarán:

b) En los iniciados a solicitud del interesado, de sde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro ele ctrónico de la Administración u Organismo competente para su trami tación.

4º) La Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Valencia dictó el día 2 de marzo de 2017 la resolución por la que se inició el expediente de reclamación de deudas tributarias a un vecino de Valencia. Este expediente, según las normas de la Comunidad Autónoma de Valencia, se debía tramitar en 3 meses.

El día 30 de mayo de 2017, la Dirección General de Tributos resolvió el expediente, ordenando que el citado vecino pagase 100 euros en concepto de deuda tributaria. Dicha resolución se notificó al mismo el día 4 de junio de 2017.

La fecha en la que se ha producido la notificación ¿tiene alguna consecuencia para el expediente? Explique su respuesta.

Respuesta. Sí, debido a que el expediente había ca ducado, dado que no se cumplió el plazo de tres meses para dicta r resolución y notificar la misma. Como consecuencia de ello, la D irección General de Tributos debió dictar una resolución declarando que se había producido la caducidad del expediente.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala: “ 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fij en el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desd e la fecha del acuerdo de iniciación.

b) Por su parte, el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ñala: Obligación de resolver. 1. La Administración está o bligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los pro cedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho , caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolu ción consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cad a caso, con indicación de los hechos producidos y las normas ap licables.

5º) La Consejería de Hacienda ha iniciado un expediente para solicitar a Antonia Marín el pago de 80 euros en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales, por medio de la Orden de 1 de abril de 2017.

Para tramitar tal expediente, debe solicitar de forma preceptiva un informe al Ayuntamiento de Murcia. Dicha petición tiene lugar el día 3 de mayo de 2017.

En tal caso ¿se suspende el plazo para resolver el expediente? ¿Durante cuánto tiempo? Explique su respuesta.

Respuesta. Si, se suspende el plazo en el que se h a de resolver el expediente, dado que se ha de solicitar un informe que tiene carácter preceptivo. La suspensión se extenderá desde la fec ha en la que se produzca la petición del informe (3 de mayo de 2017 ) hasta que se reciba el mismo, sin que tal suspensión pueda ser superior a tres meses.

Así lo indica el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala: “ Suspensión del plazo máximo para resolver. 1. El tr anscurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes cas os:

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un ór gano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tr es meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, pr oseguirá el procedimiento”.

6º) La Consejería de Turismo debe tramitar un expe diente para la concesión de licencias de apertura de locales en la costa, para lo que la normativa prevé un plazo de seis meses.

Sin embargo, debido a la carga de trabajo existente, no resulta posible cumplir tal plazo. En tal caso ¿puede la Consejería de Turismo ampliar el plazo del que dispone para resolver y notificar la resolución que resuelva el expediente? Si es así, ¿durante cuánto tiempo?

Respuesta. Sí, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala: “ Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. 1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los qu e se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente pa ra resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el s uperior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de m anera motivada la

ampliación del plazo máximo de resolución y notific ación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitació n del procedimiento”.

7º) Según dispone la Ley 10/2008, de 12 de mayo, reguladora de la concesión de ayudas para la compra de ordenadores, los expedientes se han de resolver en el plazo de 6 meses, previendo que el silencio tendrá carácter desestimatorio.

Mercedes Arnau pidió una ayuda el día 20 de febrero de 2017 y cumple los requisitos para que le sea concedida. Llegado al mes de noviembre de 2017, el órgano competente para resolver no ha dictado resolución alguna. En tal caso ¿puede resolver en el mes de diciembre? Esta resolución ¿puede ser estimatoria? Explique su respuesta.

Respuesta. Sí, la Administración está obligada a r esolver, sin que se vea vinculada por el sentido del silencio, por l o que podrá estimar la petición de la Sra. Arnau.

Así lo establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala: “3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente ré gimen:

b) En los casos de desestimación por silencio admi nistrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del pla zo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido de l silencio”.

8º) Armando López recibe el día 10 de enero de 2018 un escrito del Servicio Murciano de Salud sobre una reclamación que había planteado, en el que le concede 15 días para formular alegaciones. ¿Cuándo finaliza tal plazo?

Respuesta. Finalizará el día 31 de enero de 2018, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El plazo para formular alegaciones comienza al día siguiente al de la recepción del escrito de la Administración, e s decir, el día 11 de enero de 2018, conforme indica el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que señala: “ 3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aq uel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo”.

b) Dado que dispone de 15 días hábiles, se deben desco ntar los sábados, domingos y festivos, según indica el artíc ulo 30 que señala: “ 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unió n Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plaz os se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles , excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

9º) Entre las medidas provisionales que prevé el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no figura:

a) Demolición del centro en el que se desarrollen las actividades b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos. d) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. e) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. 10º) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, contra el acuerdo de acumulación de un procedimiento con otro, se podrá interponer:

a) Recurso de reposición o alzada. b) Recurso de revisión. c) Recurso de casación para la unificación de doctrina. d) No cabe recurso alguno e) Recurso de alzada.

11º) Se entiende por orden superior que determina el inicio de un

expediente administrativo:

a) La emitida por un órgano administrativo dirigida al competente para la iniciación del procedimiento.

b) La emitida por un órgano administrativo inferior dirigida al competente para la iniciación del procedimiento.

c) La emitida por cualquier órgano administrativo a otro para que inicie el procedimiento.

d) La emitida por un funcionario dirigida al competente para la iniciación del procedimiento.

e) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento

12º) Se entiende por petición razonada: a) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier

órgano administrativo con competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

b) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación

c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que carece de medios para la tramitación del expediente.

d) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un

determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

e) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo con competencia o no para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

13º) Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las

Administraciones Públicas: a) Se habrá de iniciar, necesariamente, el correspondiente procedimiento. b) El órgano competente podrá decidir, sin condicionantes algunos, la

procedencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento. c) Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha

iniciado o no el procedimiento d) Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión en caso de

que se haya desestimado iniciar el procedimiento. e) Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión, salvo que

se inicie el procedimiento.

14º) Sólo una de estas afirmaciones es cierta. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción que provoque perjuicio para el patrimonio de las Administraciones Públicas y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá:

a) Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u

otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado

b) Deberá reducir en un porcentaje del 50% el importe de la multa que le correspondería al denunciante u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

c) Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, aunque en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y no se repare el perjuicio causado.

d) Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y no se repare el perjuicio causado.

e) Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea de los primeros en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

15º) En lo que se refiere a los procesos de naturaleza sancionadora, una de

estas afirmaciones no es cierta: a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de

oficio por acuerdo del órgano competente. b) Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento

cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. c) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el

oportuno procedimiento. d) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por

hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

e) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, aunque haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo

16º) Entre los elementos que debe incluir el acto de iniciación de un

procedimiento sancionador, no figura: a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento. c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con

expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. d) Órgano competente para la resolución del procedimiento. e) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el

procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada

17º) Entre los datos que debe incluir la petición de iniciación de los expedientes de responsabilidad patrimonial no figura:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo

represente. b) Importe que se reclama c) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que

desea que se practique la notificación. d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

18º) El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial prescribe: a) A los cinco años de haberse producido el hecho que motive la petición de

indemnización. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se

manifieste su efecto lesivo c) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización

o se manifieste su efecto lesivo. d) A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización

o se manifieste su efecto lesivo. e) Al año de producido el hecho y el acto que motive la indemnización o se

manifieste su efecto lesivo. 19º) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por

anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

a) A los dos meses de haberse notificado la resolución administrativa o la

sentencia definitiva. b) Al mes de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia

definitiva. c) A los dos años de haberse notificado la resolución administrativa o la

sentencia definitiva. d) A los seis años de haberse notificado la resolución administrativa o la

sentencia definitiva. e) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia

definitiva 20º) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo

66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:

a) 10 días b) 20 días c) 15 días. d) 30 días. e) 1 mes.

21º) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia

competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta: a) 10 días. b) 20 días. c) 30 días. d) 1 mes. e) 5 días

22º) En caso de los procedimientos iniciados de oficio, en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, producirá los siguientes efectos:

a) Silencio desestimatorio. b) Silencio estimatorio. c) Desistimiento. d) Prescripción. e) Caducidad

23º) En relación con las peticiones de iniciación del procedimiento por

petición razonada de otros órganos, una de estas afirmaciones no es cierta: a) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del

procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación

b) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables

c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas

d) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron

e) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar el momento en el que se produjo la lesión.

24º) Conforme al artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula

el inicio de los expedientes por denuncia, una de estas afirmaciones es falsa: a) La denuncia puede producirse por quien no tenga obligación legal de

hacerla. b) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las

presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.

c) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

d) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento

e) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario,

cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

25º) De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, en el caso de las solicitudes de iniciación no es preciso que figure: a) Precepto legal en el que el interesado ampara su petición b) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo

represente c) Lugar y fecha d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad

expresada por cualquier medio. e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su

correspondiente código de identificación

26º) La concentración de trámites prevista en el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es una manifestación del principio de:

a) Favor acti. b) Transparencia. c) Contradicción. d) Simplificación administrativa e) Publicidad

27º) Según dispone el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con

carácter general, los trámites que deben cumplir los interesados en un procedimiento deben ser realizados, a contar a partir del día siguiente a la notificación del acto, en el plazo de:

a) 15 días. b) 10 días c) 20 días. d) 1 mes. e) 30 días.

28º) De acuerdo al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los

interesados podrán formular alegaciones en cualquier momento antes del trámite de:

a) Resolución. b) Prueba c) Audiencia d) Pliego de cargos e) Cuestión incidental

29º) Según señala el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la

valoración de las pruebas se realizará conforme a los criterios fijados en:

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil e) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa

30º) Conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carácter general, los informes serán:

a) Facultativos y vinculantes. b) Preceptivos y vinculantes. c) Preceptivos y no vinculantes d) Facultativos y no vinculantes e) Voluntarios y obligatorios

31º) Según dispone el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los

expedientes de responsabilidad patrimonial será preciso exigir informe al Consejo de Estado o al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a:

a) 25.000 euros b) 50.000 euros c) 60.000 euros. d) 75.000 euros e) 100.000 euros.

32º) Conforme señala el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

durante el trámite de audiencia los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de:

a) 10 días. b) Un mes c) Dos meses d) Entre 10 y 15 días e) 30 días.

33º) Entre los supuestos que conforme al artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, ponen fin al procedimiento, no se encuentra: a) El allanamiento b) La resolución c) El desistimiento d) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud e) La declaración de caducidad.

34º) Según señala el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el

acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los

interesados, que dispondrán del siguiente plazo para formular alegaciones tras la finalización de las mismas:

a) 10 días b) 20 días c) 15 días d) Un mes e) 7 días

35º) Las actuaciones complementarias previstas en el artículo 87 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, se han de realizar en un plazo de: a) 10 días b) 15 días c) 20 días d) 1 mes e) 25 días

36º) Según señala el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá

entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, cuando desde que se inició el procedimiento haya transcurrido el siguiente plazo sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo:

a) Un mes b) Dos meses c) Tres meses d) Cuatro meses e) Seis meses

37º) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, una de estas afirmaciones no es cierta: a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se

produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurrido un mes, se producirá la caducidad del procedimiento

b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución

c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración

d) Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. e) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión

suscitada afecte al interés general 38º) Conforme al artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una de estas

afirmaciones no es cierta: a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud

b) Cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, los interesados podrán renunciar a sus derechos.

c) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia por uno de ellos afectará a todos los que figuren en el escrito

d) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia

e) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia 39 Un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, es: a) Una Ley. b) Una disposición. c) Un contrato. d) Un Marco Regulador.

40 Para que un contrato sea válido, según el Código Civil, es necesaria la existencia de los siguientes elementos: a) Consentimiento de los contratos, causa cierta y objeto de la obligación. b) Consentimiento de los contratos, objeto cierto y causa de la obligación. c) Consentimiento de los contratos, objeto cierto y objeto de la obligación. d) Ninguna de las anteriores.

41. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, la Ley distingue 3 grupos de sujetos, entre los que no están: a) Las Administraciones Públicas en sentido estricto. b) Otros sujetos del Sector Privado. c) Los Poderes Adjudicadores, entre los que se incluyen los que la Directiva 2004/18 llama Organismos de Derecho Público. d) Otros sujetos del Sector Público.

42. Pueden formar parte de las tres categorías de sujetos: a) Las Administraciones Públicas en sentido estricto. b) Los Poderes Adjudicadores. c) Otros sujetos del Sector Público. d) No es posible que un grupo forme parte de dos categorías.

43. A efectos de la Ley de Contratos, y conforme a lo establecido en su articulo 3.2, tienen la consideración de Administración Pública en sentido estricto, las siguientes entidades (señale la falsa): a) La Seguridad Social. b) Los organismos autónomos. c) Las Autoridades Administrativas Independientes. d) Las Universidades Privadas.

44. En función del ente que realice el contrato se diferencian los tipos de contratos: a) Administraciones Públicas: Contratos administrativos. b) Poderes Adjudicadores: Contratos de Derecho Privado. c) Otros sujetos del Sector Público: Contratos de Derecho Privado. d) Todas son ciertas.

45. En función del ente que realice el contrato se diferencian los tipos de contratos: a) Administraciones Públicas: Contratos sujetos a regulaciónarmonizada. b) Poderes Adjudicadores: Contratos no sujetos a regulación armonizada. c) Otros sujetos del Sector Público: Contratos Administrativos. d) Todas son ciertas.

46. respecto de la Ley de Contratos, es cierto que:

a) Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que reúnan la condición de Administraciones Públicas. b) Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades del sector privado que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. c) Tendrán la consideración de contratos públicos los celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. d) Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. 47. La denominación Poderes Adjudicadores tiene su origen en el derecho comunitario, para referirse a entes que adjudican contratos mediante los que se realiza: a) Un gasto público. b) Un contrato público. c) Un contrato administrativo. d) Todas son falsas.

48. Las _____________________ tienen por objeto suprimir las trabas a la libre Circulación de servicios y de mercancías a) Administraciones Locales b) Normativas Estatales c) Juntas de reglamentación. d) Directivas Comunitarias.

49. El factor determinante del régimen de selección de contratistas es: a) Determinar si estos sujetos están investidos o no de las prerrogativas exorbitantes que caracterizan al Derecho Administrativo. b) La actividad que materialmente desarrollan los Poderes Adjudicadores u Organismos de Derecho Público. c) Ambas son ciertas. d) Ambas son falsas.

50. Deben concurrir de forma acumulativa todos los siguientes requisitos para que estemos ante un "Organismo de Derecho Público" que tenga la consideración de Poder Adjudicador a efectos de la Ley de Contratos: a) Organismo creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. b) Dotado de personalidad juridica. c) Que exista una relación de instrumentalidad entre la entidad filial y la entidad matriz. d) Todas son ciertas.

51. La relación de instrumentalidad entre la entidad filial y la entidad matriz por alguna de las siguientes circunstancias (señale la falsa): a) Porque su actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público. b) Cuya gestión esté sometida a su control. c) Cuyo órgano de administración, dirección o vigilancia haya sido designado por una Administración Territorial o una personificación administrativa sometida al Derecho Civil.

d) C es falsa.

52. en el artículo 3 de la Ley de Contratos hay una cierta superposición entre el concepto estricto de Administración Pública y la noción de Poder Adjudicador, ya que: a) Todas las Administraciones Públicas también tienen la consideración de Poder Adjudicador. b) Solo algunas Administraciones Públicas también tienen la consideración de Poder Adjudicador. c) Todos los Poderes Adjudicadores son Administración Pública en sentido estricto. d) Sólo algunos Poderes Adjudicadores son Administración Privada en sentido estricto.

53. Se puede entender que los SARA son contratos en los que coinciden tres factores relevantes, a saber: a) Que son tramitados por entes que tienen la consideración de Administración Pública. b) Que el valor económico de las prestaciones del contrato no supera determinados umbrales establecidos en la ley. c) El objeto del contrato, de obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios, determinadas categorías de servicios y suministros. d) Todas son falsas.

54. De entre las principales novedades introducidas por la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, y que mantiene la nueva ley, sin duda una de ellas fue la referida al concepto de: a) contrato no sujeto a regulación compensada. b) contrato de derecho privado. c) contrato sujeto a regulación no armonizada. d) contrato sujeto a regulación armonizada.

55. Ahora, con la nueva Ley, los contratos no sujetos a regulación armonizada que celebren los Poderes Adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública siguen los procedimientos de la Ley para: a) Las Administraciones Privadas. b) Las Administraciones Públicas. c) Las instituciones universitarias. d) Todas son falsas.

56. Se persigue en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de: a) igualdad de trato, discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad b) igualdad de género, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad c) igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. d) igualdad de trato, no discriminación, transparencia, gasto mínimo e integridad

57. Respecto de la nueva Ley, podemos afirmar que (señale la falsa):

a) Los órganos de contratación darán a los candidatos y licitadores un trato igualitario y no discriminatorio. b) Ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. c) Velarán en todo el procedimiento por la salvaguarda de la libre competencia. d) Imponer mayor burocracia para los licitadores y menor acceso a las PYMES a las licitaciones.

58. Que los órganos de contratación no puedan divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, se denomina principio de: a) Privacidad. b) Confidencialidad. c) Publicidad. d) Todas son falsas.

59. Se hace posible que existan reales posibilidades de que todos los ciudadanos comunitarios lleguen a conocer la existencia de convocatorias de contratos, a través del principio de: a) Privacidad. b) Confidencialidad. c) Publicidad. d) Todas son falsas.

60. Los anuncios se publicarán, en todo caso: a) En el perfil del contratante, novedad introducida por la LCSP. b) En el Diario Oficial de la Unión Europea. c) En el BOE. d) No es necesaria su publicación, en ningún caso.

61. La Ley de Contratos del Sector Público prevé la posibilidad de publicar anuncios: a) Posteriores a la publicidad propiamente dicha de cada licitación respecto de determinados contratos de obras, servicios y suministros. b) Previos a la publicidad propiamente dicha de cada licitación respecto de determinados contratos de obras, servicios y suministros. c) Ambas son ciertas. d) Ambas son falsas.

62. Para determinar de la forma más objetiva posible cuál es la oferta de los licitadores mejor en base a la mayor relación calidad-precio tal y como establece el art. 145 de la Ley 9/2017, se establecen los: a) Criterios de valoración. b) Principios de la contratación. c) Prerrogativas de la Administración. d) Recurso especial en materia de contratación (REC).

63. Tal y como establece el art. 145.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: a) La mejor relación calidad/precio se evaluará con arreglo a criterios sociales y cualitativos b) Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste/eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 155. c) Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad/precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, sean o no vinculados al objeto del contrato... d) La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

64. La nueva ley ha dado un nuevo giro a los criterios de adjudicación, introduciendo nuevos criterios a) Tanto socioeconómicos como cualitativos. b) Tanto económicos como sociales. c) Tanto cuantitativos como cualitativos. d) Tanto económicos como cualitativos.

65. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato: a) Se determinarán por un comité de especialistas externo. b) Se determinarán por el órgano de contratación, sin carácter vinculante para el contratante. c) Se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. d) No se detallarán en el anuncio, ni en lospliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. 66. En cuanto a la motivación de la adjudicación, ésta deberá contener: a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya estimado su candidatura. b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que se haya admitido su oferta. c) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura. d) Con respecto de los licitadores incluidosdel procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

67. De acuerdo a lo establecido en la ley el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de: a) Interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento y modificarlos por interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato b) Suspender la ejecución de un contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. c) a y b son ciertas. d) a y b son falsas.

68. En cuanto a la modificación de los contratos, su régimen vine regulado en la LCSP (arts. 203-2017), los contratos sólo podrán modificarse, hasta un máximo de un: 20%, a) 20%. b) 25%. c) 15%. d) 30%.

69. La ley determina que los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución. La resolución de los contratos administrativos se produce por las siguientes causas (señale la falsa): a) Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. b) Demora en el pago por parte de la Administración. c) Incumplimiento de la obligación principal del contrato. d) Por decisión unilateral de la administración.

70. Respecto de la ejecución de contratos, es falso que: a) El contratista tiene la obligación de cumplir el objeto del contrato de acuerdo a lo dispuesto en los pliegos y en el contrato mismo. b) El contratista no tiene la obligación de cumplir el objeto del contrato de acuerdo a lo dispuesto en los pliegos y en el contrato mismo. c) El órgano de contratación puede imponer penalidades al contratista. d) Las penalidades pueden haber sido previstas en los documentos contractuales.

71. Las penalidades que se establezcan: a) Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. b) Deberán ser superiores a la gravedad del incumplimiento. c) Deberán ser inferiores a la gravedad del incumplimiento. d) Serán acordadas con el contratante tras escuchar sus alegaciones.

72. Las penalidades se impondrán: a) Por el responsable del contrato. b) Por una comisión de especialistas. c) Por el adjudicatario del contrato. d) Por el órgano de contratación.

73. Para que se pueda realizar la cesión la ley exige los siguientes requisitos (señale la falsa): a) El órgano de contratación autorice previamente la cesión. b) El cedente haya ejecutado al menos un 25 % del contrato y en los de concesión que haya efectuado la explotación durante la cuarta parte. c) El cesionario tenga capacidad y solvencia y no está incurso en prohibición de contratar. d) La cesión entre el cedente y cesionario se formalice en escritura pública.

74. Para que se pueda realizar la cesión la ley exige los siguientes requisitos (señale la cierta): a) El cedente autorice previamente la cesión. b) El cedente haya ejecutado al menos un 20 % del contrato y en los de concesión que haya efectuado la explotación durante la quinta parte. c) El órgano de contratación tenga capacidad y solvencia y no está incurso en prohibición de contratar. d) La cesión entre el cedente y cesionario se formalice en acuerdo privado.

75. Respecto del Recurso especial en materia de contratación (REC), es falso que: a) Este recurso fue introducido por la LCSP y supuso un giro de 180° en el diseño de un nuevo marco de recursos e impugnaciones dentro de la contratación pública b) En cuanto a quién resuelve el REC, se ha creado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), con competencias para todo el territorio nacional, sin perjuicio de que cada Administración pueda crear el suyo propio. c) Se interpone solo contra los contratos SARA sino que se podrá interponer en los contratos de obras cuyo valor estimado supere 3 millones de euros, y contra los contratos de servicios y suministros que superen 100.000 euros. d) En el caso de la CARM, se ha suscrito el correspondiente acuerdo de colaboración con el TACRC de modo que los recursos presentados ante los órganos de contratación de la Región de Murcia.

76. Respecto del procedimiento del Recurso especial en materia de contratación (REC): a) se tiene que interponer en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado.

b) se tiene que interponer en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado.

c) se tiene que interponer en el plazo de 55 dias hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. d) No existe un plazo definido de interposición.

77. Tendrán la consideración de contratos privados: a) los celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que reúnan o no la condición de Administraciones Públicas. b) los celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto los servicios establecidos en el art 255 de la Ley y los que tengan por objeto la creación e interpretación artistica y deportiva, espectáculos y la suscripción de revistas, publicaciones y bases de datos. c) Ambas son ciertas. d) Ambas son falsas.

78. Respecto de requisitos de los contratos y órganos de contratación, se consideran partes de un contrato: a) La Administración. b) El contrapartista. c) Ambas son ciertas. d) Ambas son falsas.

79. No es competencia del responsable de un contrato a) Supervisar la ejecución del contrato b) Adoptar las decisiones necesarias para su correcta ejecución c) Dictar las instrucciones d) Dirigir las obras cuando se trate de un técnico especializado.

80. Se consideran figuras vinculadas a los órganos de contratación. a) El Consejo de Ministros. b) El Consejo de Gobierno. c) Las Juntas de Subcontratación. d) Ninguno de los anteriores.

81. El órgano de contratación estará asistido por: a) Un comité externo de especialistas en la materia. b) Un Consejo de Gobierno. c) Una Junta de Contratación. d) Una Mesa de contratación.

82. La mesa de constitución estará formada por: a) Un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, un Secretario y un Tesorero b) Un Presidente, 5 vocales, un Secretario y un tesorero c) Un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. d) Ninguna de las anteriores.

83. Entre las funciones más importantes de la Mesa destacan las siguientes (señale la falsa): a) Calificación de los documentos que acreditan la personalidad juridica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia, asi como los demás requisitos que se hayan exigido. b) Determinación de los licitadores que deban ser expedientados por no acreditar los requisitos exigidos, previa petición de subsanación. c) Valorará las distintas proposiciones, clasificándolas, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos. d) En el procedimiento restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación, asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando lo haya delegado el órgano de contratación.

84. la LCSP establece un esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en las Directivas y de combatir las irregularidades en esta materia, que son: a) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. b) El Comité de Supervisión. c) La Oficina de Coordinación de la Contratación d) Ninguna de las anteriores.

85. Respecto del contratista, es cierto que: a) Podrán contratar con el sector público "las personas naturales o jurídicas españolas"

b) Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. c) El establecimiento del mercado único sienta como principio básico de la contratación pública la libertad de acceso a la contratación para todas las empresas nacionales. d) Todas son ciertas.

86. El requisito de solvencia es exigible a: a) La Administración. b) El contratista. c) A ambos. d) A ninguno.

87. Sobre la duración del contrato: a) Se puede producir una única prórroga. b) Se puede producir una o varias prórrogas. c) Es improrrogable. d) Se puede dar el caso de una prórroga tácita

88. Según la Ley, existen dos sistemas tradicionales de fijación del precio del contrato, art.102 de la LCSP: a) Unitario y Final. b) Final y a tanto alzado. c) Unitario y a tanto alzado. d) Total y final.

89. Respecto del valor estimado del contrato: a) de acuerdo con lo fijado en el art.103 LCSP, el valor estimado vendrá determinado "por el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación" b) de acuerdo con lo fijado en el art.101 LCSP, el valor estimado vendrá determinado "por el importe total, incluido el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación" c) de acuerdo con lo fijado en el art.101 LCSP, el valor estimado vendrá determinado "por el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación". d) de acuerdo con lo fijado en el art.103 LCSP, el valor estimado vendrá determinado "por el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratante" 90. Constituye una excepción al principio de riesgo y ventura del contratista y de inmutabilidad de los contratos: a) la solvencia. b) La garantía. c) La revisión de precios. d) La duración del contrato.

91. En cuanto a las formas de constitución de la garantía, el art.108 LCSP las regula siendo las siguientes: a) En efectivo o en valores de Deuda Pública. b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en España. c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada

para operar en el ramo. d) Todas son ciertas.

92. La LCSP prevé la tramitación urgente del expediente y la tramitación de emergencia a) La tramitación urgente. Prevista cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. b) La tramitación urgente. Cuando se dé una necesidad social o haya que acelerar su adjudicación por razones de interés variado. c) La tramitación de emergencia. Cuando se dé una necesidad inaplazable o haya que acelerar su adjudicación por razones de interés público. d) La tramitación de emergencia. Prevista cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

93. Según lo establecido por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la promoción y protección de la salud laboral, es una prestación correspondiente a:

a) Salud pública.

b) Atención Primaria.

c) Salud laboral.

d) Atención especializada

94.. El derecho a negarse a cualquier tratamiento, excepto en los supuestos legales establecidos, debiendo para ello solicitar y firmar el alta voluntaria, es un derecho recogido en:

a) La ley 14/1986, de 25 de abril

b) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

c) La ley 16/2003, de 28 de mayo

d) Las respuestas a) y c) son ciertas

95. El derecho a que se les extienda certificación acreditativa de su estado de salud, es un derecho recogido en:

a) La ley 16/2003, de 28 de mayo

b) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

c) En ninguna de las anteriores

d) Las respuestas a) y b) son ciertas

96.. La certificación acreditativa de su estado de salud, a que se refiere la pregunta anterior ¿será gratuita?

a) Si, en todo caso

b) Si, dependiendo del coeficiente de participación en el copago de los medicamentos.

c) Si, cuando lo establezca una disposición legal o reglamentaria

d) Si, como prestación de la Cartera común básica de servicios

97.. El derecho a participar en las actividades sanitarias, a través de las instituciones comunitarias en los términos establecidos por la Ley, viene recogido en:

a) La ley 16/2003, de 28 de mayo

b) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

c) En ninguna de las anteriores

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

98.. La prestación ortoprotésica se incluye en:

a) La Cartera común suplementaria de servicios del SNS

b) La Cartera común básica de servicios del SNS

c) La Cartera común de servicios accesorios del SNS

d) La Cartera complementaria de servicios del SNS

99. El derecho a la información completa y continuada sobre su proceso en términos comprensibles para él y, en su caso, a sus familiares o personas legalmente responsables y al respeto de la voluntad de no ser informado, viene recogido en:

a) La Ley 14/1986, de 25 de abril

b) La ley 16/2003, de 28 de mayo

c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

100. La norma que regula los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia es:

a) La Ley 16/2003, de 28 de mayo

b) La Ley 3/2009, de 11 de mayo

c) Ley 4/1994, de 26 de julio

d) Ninguna de las anteriores

101. La Ley General de Sanidad establece que los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios:

a) Una vez superada las posibilidades de diagnóstico y tratamiento del Servicio de Salud.

b) Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria.

c) Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento del Área de Salud.

d) Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la Zona Básica de Salud.

102. El Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual y su régimen de uso en la Región de Murcia:

a) Regula los datos básicos comunes que de forma normalizada deberá incorporar la tarjeta sanitaria individual.

b) Asigna a la Consejería de Sanidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, el establecimiento de las características de la tarjeta sanitaria individual.

c) Asigna a la Consejería de Sanidad la planificación y evaluación del proceso de implantación de la tarjeta sanitaria individual.

d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

103. Indicar en cuál de las siguientes normas se establece que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria, que proporciona el Sistema Nacional de Salud, se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual.

a) La Ley General de Sanidad.

b) La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

104. Según lo dispuesto en el Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual y su régimen de uso en la Región de Murcia, no es cierto que:

a) El Servicio Murciano de Salud es el órgano competente de la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

b) El Servicio Murciano de Salud asume la gestión de todos aquellos aspectos relacionados con la implantación de la tarjeta sanitaria individual.

c) El Servicio Murciano de Salud es el órgano competente de la planificación y evaluación del proceso de implantación de la tarjeta sanitaria individual.

d) El Servicio Murciano de Salud asume el mantenimiento de las infraestructuras y sistemas de información necesarios para la correcta gestión de la Tarjeta Sanitaria individual.

105. El acceso, con las reservas marcadas por la Ley, a la documentación que integra su historia clínica y a la obtención de copia de sus datos, es un derecho del paciente, recogido:

a) En la Ley General de Sanidad.

b) En la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) En la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

106. De las siguientes, indicar qué norma establece que el paciente tiene derecho a que los centros sanitarios dispongan de mecanismos de custodia activa y diligente de las historias clínicas.

a) La Ley General de Sanidad.

b) La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

107. En relación con la tarjeta sanitaria individual emitida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), es cierto que:

a) No será válida en la Comunidad Autónoma de Murcia.

b) Será válida, solo, en el ámbito de gestión del INGESA.

c) Será válida en todo el Sistema Nacional de Salud.

d) No será válida en todo el Sistema Nacional de Salud

108. Una de las siguientes afirmaciones sobre la tarjeta sanitaria individual no es cierta:

a) La tarjeta sanitaria individual contendrá la Administración sanitaria emisora de la tarjeta.

b) El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, contenido en la tarjeta sanitaria individual, será único, a lo largo de la vida de cada persona.

c) La tarjeta sanitaria contendrá la modalidad de la prestación farmacéutica.

d) El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud tendrá carácter repetible, independientemente de la Administración sanitaria competente de la atención sanitaria.

109. En relación con el derecho, que asiste al paciente, a disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, es cierto que:

a) Es un derecho incluido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad.

b) Es un derecho incluido en el artículo 11 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

c) Es un derecho introducido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

d) Es un derecho introducido por la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

110. En relación con el derecho, que asiste a los pacientes, a manifestar por escrito sus instrucciones previas sobre los cuidados y tratamiento de su salud o, en caso de fallecimiento, el destino de su cuerpo y órganos, es cierto que:

a) Es un derecho incluido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad.

b) Es un derecho incluido en el artículo 11 de la Ley General de Sanidad

c) Es un derecho introducido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

d) Es un derecho introducido por la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

111. Indicar en cuál de las siguientes normas se establece el deber, del usuario, de facilitar los datos sobre su estado físico o su salud de manera leal y verdadera y de colaborar en su obtención.

a) En la Ley General de Sanidad.

b) En la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) En la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

d) En todas las anteriores.

112. En relación con el Código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, es cierto que:

a) La asignación del código se realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada ciudadano en la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud, desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) El código de identificación personal tendrá carácter irrepetible.

c) El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud puede ser único a lo largo de la vida de cada persona.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

113. De acuerdo con lo establecido en la norma que regula la tarjeta sanitaria individual y su régimen de uso en la Región de Murcia, es cierto que:

a) Los ciudadanos, para el acceso a cada una de las prestaciones y servicios sanitarios, deben mostrar su tarjeta sanitaria individual.

b) Los ciudadanos, para el acceso a cada una de las prestaciones y servicios sanitarios, pueden mostrar documentos, distintos de la TSI, que acredite el derecho a la asistencia sanitaria en el ámbito del SNS.

c) El personal competente de los centros y servicios sanitarios privados estará obligado a exigir la TSI cuando atiendan a usuarios con cargo al SMS.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

114.De acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, la información y vigilancia epidemiológica, es una prestación correspondiente a:

a) Salud pública.

b) Atención Primaria.

c) Salud laboral.

d) Atención especializada

115. De acuerdo con la Ley 16/2003, ¿Cuál de las siguientes Carteras de Servicios está cubierta de forma completa por financiación pública?:

a) Cartera común suplementaria de servicios del SNS

b) Cartera común básica de servicios del SNS

c) Cartera común de servicios accesorios del SNS

d) Cartera complementaria

116. Según lo establecido en el Decreto 92/2005, ¿Quiénes estarán obligado a exigir a los ciudadanos la presentación de la tarjeta sanitaria individual?

a) El personal de los centros sanitarios públicos

b) El personal de los centros sanitarios concertados.

c) El personal de los centros sanitarios privados.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

117. No están comprendidas en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud:

a) Las prestaciones de atención socio-sanitaria.

b) Las prestaciones de autonomía y dependencia.

c) La prestación farmacéutica.

d) La prestación de productos dietéticos.

118. El contenido de la cartera de servicios comunes del SNS ha quedado establecido:

a) Mediante la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

b) Mediante el R. D. 1030/2006 de 15 de septiembre.

c) Mediante la Ley 14/1986, de 25 de abril.

d) En ninguna de las normas anteriores.

119. De acuerdo con la Ley de cohesión y calidad del SNS, las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud:

a) Son responsabilidad financiera de la Administración del Estado.

b) Son responsabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.

c) Son responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas.

d) Las respuestas b) y c) son ciertas.

120. El Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual y su régimen de uso en la Región de Murcia:

a) Regula la emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual.

b) Asigna a la Consejería de Sanidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la planificación y evaluación del proceso de implantación de la tarjeta sanitaria individual.

c) Regula los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria.

d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

121. La Ley 16/2003 establece que la Cartera de servicios del SNS:

a) Será acordada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Será acordada por el Consejo Interterritorial del SNS.

c) Será acordada por el Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

d) Será acordada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Sanidad.

122. El deber de cumplimiento de las prescripciones y ordenes sanitarias conforme a lo establecido legalmente, viene recogido en:

a) La ley 14/1986, de 25 de abril

b) La ley 16/2003, de 28 de mayo

c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

d) Las Leyes 14/1986, 41/2002.

123. º ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: a) La Administración Regional no posee personalidad jurídica b) Los Organismos, servicios o dependencias regionales pueden establecerse en los lugares más adecuados del territorio de la Región c) La organización de la Administración Publica de la Región responderá� a los principios de legalidad, eficacia, economía, igualdad, coordinación, centralización y concentración d) Son ciertas a), b) y c) 124. º. El informe del Tribunal de Cuentas del Estado sobre las cuentas de la Región será� remitido: a) A la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno b) Al Gobierno de la Nación y al Consejo de Gobierno c) A la Asamblea Regional y a las Cortes Generales d) Al Tribunal Constitucional 125. Las actuaciones e investigaciones del Tribunal de Cuentas del Estado, en relación con el control económico y presupuestario de la Región de Murcia: a) Se producirán siempre a iniciativa de los órganos regionales b) Solo podrán producirse a iniciativa del Consejo Auditor del Tribunal de Cuentas c) Podrán producirse tanto a iniciativa de los órganos regionales como del Consejo Auditor del Tribunal de Cuentas d) Se producirán en todo caso a instancia del Tribunal Constitucional 126. Los Servicios Públicos de Salud ¿se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria?

a) No, no es necesario. b) Si, a través de las Corporaciones territoriales. c) Si, a través de los centros privados de salud. d) Todas las anteriores son falsas.

127. Los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de\:

a) Pacientes privados y públicos. b) Pacientes privados c) Pacientes públicos. d) b y c son incorrectas.

128. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a) Casi todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su

residencia en el territorio nacional. b) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su

residencia en el territorio nacional. c) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su

residencia en el territorio europeo.

d) Todos los españoles y los ciudadanos europeos que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.

129. Habrá una protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso por razón de sexo?

a) Si, siempre. b) No, salvo que la población esté en riesgo. c) Solamente para el acoso escolar se organizará un programa especial. d) a y c son falsas.

130. Habrán programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención de las deficiencias tanto congénitas como adquiridas?

a) No, solamente los habrá en ciudades muy pobladas. b) Sí. c) Si, como queda recogido en el art. 33.2 de la Ley 4/1986. d) a y b son falsas.

131. Puede el usuario elegir el médico y los demás sanitarios titulados? a) Sí, tiene derecho a ello. b) No, en ningún caso puede elegir médico. c) Solamente los usuarios desplazados de su zona pueden elegir médico. d) a y c son falsas.

132. Puede un usuario ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social?

a) Sí. b) No. c) Solamente por condición sexual. d) Todas las anteriores son falsas.

133. Quién acreditará los servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan?

a) El Presidente de la Comunidad. b) El Presidente del Área de salud. c) El consejero de salud de cada Área. d) El Ministerio de Sanidad y Consumo.

134. Quién aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica?

a) El Presidente de la Comunidad. b) El Consejero de Sanidad. c) El Rey. d) El Gobierno.

135. Quién deberá informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes?

a) El Presidente de la Comunidad. b) Los poderes públicos. c) Cada Corporación Local. d) a y b son falsas.

136. Se prestarán los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres?

a) Sí, pero solamente a mujeres.

b) No, en ningún caso. c) Sí, pero aquellos usuarios con una renta baja. d) Sí.

137. Tiene derecho el usuario a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso?

a) No. b) Si, y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que

colaboren con el sistema público. c) No, no es obligatorio. d) a y b son falsas.

138. Tiene derecho el usuario a la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso?

a) No. b) Sí. La información deberá efectuarse en formatos inadecuados, siguiendo las

reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

c) Solamente aquellos usuarios que sean mayores de 65 años. d) Si, La información deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las

reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

139. Tienen derecho los usuarios, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios?

a) No, en ningún caso. b) Si, los usuarios mayores de 65 años. c) Sí. d) Todas las anteriores son falsas.

140. ¿Cada Comunidad Autónoma elaborará? a) Un Plan de Salud. b) Un Plan de Estructuración. c) Un Plan de Servicios. d) Un Plan de Proyectos.

141. Dentro de su ámbito de competencias, las correspondientes Comunidades Autónomas regularán

a) La organización, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud

b) La organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud.

c) La organización, funciones y materiales de cada uno de los Servicios de Salud d) La organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de

alguno de los Servicios de Salud 142. El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, deberá englobar

a) El conjunto de proyectos de las diferentes Áreas de Salud. b) El conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud. c) El conjunto de planes de las Áreas de Salud con más déficit económico. d) a y b son falsas.

143. El Servicio de Salud, estará bajo la responsabilidad de a) La Consejería de Salud. b) El director general de cada hospital de referencia. c) El subordinado de cada turno. d) La respectiva Comunidad Autónoma.

144. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de a) Los Servicios de Salud de la Administración del Estado en los términos

establecidos en la presente Ley. b) Los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de

Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley.

c) Los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Privados de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley.

d) Todas las anteriores son falsas. 145. El Sistema Nacional de Salud, ¿integra todas las funciones y prestaciones sanitarias?

a) No, solo algunas prestaciones sanitarias. b) Si, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del

derecho a la protección de la salud. c) Si, a aquellos grupos de población más desfavorecidos. d) Todas las anteriores son falsas.

146. En cada Comunidad Autónoma se constituirán, ¿cuántos Servicios de Salud? a) Uno, integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia

Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.

b) Según el número de población pueden haber más de 5. c) Uno por cada ciudad. d) Tantos como la Consejería apruebe, normalmente, más de uno.

147. En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá a

a) Al individuo y la familia. b) Al individuo, la familia y la comunidad. c) Al individuo. d) Todas las anteriores son falsas.

148. La atención especializada, se realiza en a) Cualquier centro de salud. b) Únicamente en urgencias. c) Los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de

aquéllos, d) b y c son incorrectas.

149. La base de la planificación será a) La división de todo el territorio en demarcaciones geográficas. b) La gestión adecuada. c) La ordenación de toda la plantilla. d) Todas las anteriores son falsas.

150. La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante a) Todas las siguientes son falsas. b) Las tasas obligadas al usuario con mayor renta. c) Algunas cotizaciones extras de la Administración. d) Recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la

prestación de determinados servicios. 151. La integración de todos los recursos sanitarios públicos ¿será en un dispositivo único?

a) Sí.

b) No, en ningún caso. c) Solamente a casos de exclusión social. d) Todas las anteriores son falsas.

152. La ordenación territorial de los Servicios será competencia de a) La Consejería de Salud. b) El Consejero de Sanidad. c) El Rey. d) Las Comunidades autónomas.

153. Las Administraciones territoriales intracomunitarias ¿podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios?

a) Sí, siempre que quieran. b) No, en ningún caso. c) No, sino es de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y

previa autorización de la misma. d) b y c son incorrectas.

154. Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores. a) Geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos,

culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del Área.

b) Socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del Área.

c) Geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del Área.

d) Geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del hospital de referencia.

155. Las Áreas de Salud serán dirigidas por a) Un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas

situadas con una representación no inferior al 40 por 100. b) Un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas

situadas con una representación no inferior al 44 por 100. c) Un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas

situadas con una representación no inferior al 30 por 100. d) Un órgano ajeno, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas

situadas con una representación no inferior al 40 por 100 156. Las Áreas de Salud son responsables de

a) La gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.

b) La unificación de los centros de Salud. c) La planificación de los proyectos para una óptima actuación. d) La ejecución de los proyectos de cada hospital.

157. Las Áreas de Salud son a) Las estructuras programadas del sistema sanitario. b) Las estructuras fundamentales del sistema sanitario. c) Las estructuras no fundamentales del sistema sanitario. d) b y c son incorrectas.

158. Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas

a) Marcación territorial. b) Corte territorial. c) Áreas de Salud. d) Áreas de población.

159. Las Comunidades Autónomas, ¿dispondrán acerca de los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud?

a) No, será la Consejería de Salud. b) Si, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos. c) Si, según la norma madre que es la Constitución española. d) Todas las anteriores son falsas.

160. Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios de

a) Igualdad efectiva. b) Igualdad económica. c) Racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de

cada territorio. d) Igualdad y racionalización.

161 Plan de Salud ¿qué comprenderá? a) Algunas de las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus

Servicios de Salud. b) Ninguna de las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus

Servicios de Salud. c) La mayoría de las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de

sus Servicios de Salud. d) Todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus

Servicios de Salud. 162. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán

a) El sistema Internacional de Salud. b) El sistema Nacional de Salud y Protección. c) El sistema Nacional de Salud. d) El sistema Nacional de Salud y Servicios Sociales.

163. Cómo deberán las Comunidades Autónomas organizar sus Servicios de Salud? a) Por orden de formación. b) De acuerdo con los principios básicos de la Ley 14/86. c) Según su población. d) a y b son falsas.

164. Con qué fin se creará el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma? a) Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades

Autónomas, se creará el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá constituir, asimismo, órganos de participación en los servicios sanitarios.

b) Para que los usuarios estén mejor atendidos. c) Para que haya el mayor número posible de usuarios en riesgo de exclusión

atendidos. d) Todas las anteriores son falsas.

165º) Los funcionarios que tras su participación en una convocatoria de concurso de méritos pasen a ocupar una plaza en el Servicio Murciano de Salud tienen derecho a las siguientes retribuciones:

a) Las del puesto que ocupen, siempre que su importe sea igual o superior a la de la plaza funcionarial que desempeñaban con anterioridad.

b) La del puesto que ocupen, más el importe de la carrera profesional.

c) La del puesto que ocupen, a excepción del complemento de atención continuada.

d) La del puesto que ocupen, más los derechos consolidados que posean en materia de grado personal.

e) La del puesto que viniesen ocupando como funcionarios.

166º) Los concursos de traslados del Servicio Murciano de Salud son convocados por:

a) Los respectivos gerentes de las áreas de salud a las que correspondan las plazas convocadas.

b) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud.

c) El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

d) El Director General de Asistencia Sanitaria.

e) El Director General de Recursos Humanos, por delegación del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

167º) Mariana Gómez cuenta con el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. Con esta titulación puede presentarse a las pruebas de los siguientes grupos/subgrupos:

a) A2/C2/C1 y E.

b) A1/B.

c) B, C, D y E.

d) A1 y A2.

e) C1, C2 y E.

168º) ¿Quién ha de convocar las pruebas selectivas de acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud?

a) El Consejo de Gobierno.

b) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud.

c) El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

d) El Director General de Asistencia Sanitaria.

e) El Director General de Recursos Humanos.

169º) Las ofertas de empleo público del Servicio Murciano de Salud han de ser aprobadas por:

a) El Consejo de Gobierno.

b) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud.

c) El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

d) El Director General de Recursos Humanos.

e) Ninguna de las respuestas es válida.

170º) Para participar en las pruebas de acceso a la condición de personal estatutario fijo por el sistema de minusvalía, es preciso contar con el reconocimiento de una discapacidad:

a) Igual o superior al 30%.

b) Igual o superior al 33%.

c) Igual o superior al 10%.

d) Igual o superior al 25%.

e) Igual o superior al 35%.

171º) En la actualidad la regulación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativa a la reserva de plazas en la oferta de empleo público al personal con minusvalía se regula en:

a) Decreto nº 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.

b) Decreto nº 92/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.

c) Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2016.

d) Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud.

e) Decreto número 38/2004, de 23 de abril, por el que se regulan los procedimientos específicos de integración del personal laboral fijo y funcionario de carrera del Servicio Murciano de Salud en las categorías estatutarias y opciones correspondientes al mismo.

172º) Francisco Martínez tiene la condición de personal estatutario fijo en el Servicio Murciano de Salud en la categoría de Celador, con más de 2 años de antigüedad. Ha obtenido el título de Grado en Fisioterapia. Con dicho título no puede presentarse a la bolsa de trabajo de promoción interna temporal en la categoría de:

a) Telefonista.

b) Diplomado no Sanitario/opción Gestión Administrativa.

c) Administrativo.

d) Auxiliar Administrativo.

e) Logopeda.

173º) Una de estas afirmaciones es falsa:

a) El personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá preferencia para la elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.

b) Los procedimientos para la selección en los casos de promoción interna temporal han de ser negociados en las mesas correspondientes.

c) Para participar en los procesos selectivos de promoción interna se requiere ostentar la titulación requerida y estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia.

d) El personal estatutario fijo podrá acceder, mediante promoción interna y dentro de su servicio de salud de destino, a nombramientos correspondientes a otra categoría, siempre que el título exigido para el ingreso sea de igual o superior nivel académico que el de la categoría de procedencia, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos títulos.

e) Para participar en los procesos selectivos para la promoción interna será requisito ostentar la titulación requerida y estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, tres años en la categoría de procedencia.

174º) Según indica la disposición adicional decimonovena de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2016, la oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud se debe negociar en:

a) La Mesa Sectorial de Sanidad.

b) La Mesa General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

c) La Mesa General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario y estatutario de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Las Juntas de Personal del Servicio Murciano de Salud.

e) La Mesa de Negociación del personal docente.

175º) El Servicio Murciano de Salud quiere constituir el Tribunal encargado de la selección de auxiliares administrativos en las próximas pruebas selectivas. No podrán formar parte de este Tribunal:

a) Los funcionarios de carrera de la Universidad de Murcia.

b) Los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

c) Aquellos que tengan la condición de personal estatutario fijo de otro servicio de salud.

d) El personal de elección o designación política.

e) Los que estén afiliados a una organización sindical o política.

176º) En la actualidad, el título de Grado permite el acceso a las categorías pertenecientes a los siguientes grupos/subgrupos profesionales:

a) A1/A2 y C1.

b) A1/A2/C1/C2 y E.

c) A2/C1/C2 y E.

d) C1/C2 y E.

e) A2.

177º) Conforme a lo indicado en el artículo 29.2 del Estatuto Marco:

a) En los servicios no salud no puede haber puestos que se cubran por el sistema de libre designación.

b) Sólo se podrán cubrir por el sistema de libre designación las plazas de Director de Gestión y de Servicios Generales.

c) La mayor parte de las plazas se debe cubrir por el sistema de libre designación.

d) Sólo se podrán cubrir por el sistema de libre designación los puestos correspondientes a los subgrupos A1 y A2.

e) En cada servicio de salud se determinarán los puestos que puedan ser provistos mediante libre designación.

178º) La alteración del orden de puntuación en la bolsa de trabajo prevista en el artículo 15 bis. 5 de la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo puede afectar a plazas de los subgrupos:

a) Todos los subgrupos.

b) A1.

c) Todos menos el E.

d) A1/A2/C1.

e) A1/A2.

179º) Si se autoriza la alteración del orden de llamamientos se realizará una prueba, para la que serán llamados:

a) Un máximo de cinco aspirantes.

b) De 1 a 20 aspirantes.

c) De 1 a 10 aspirantes.

d) Los que decida la Comisión de Selección.

e) De 3 a 20 aspirantes.

180º) Cuando proceda la anotación para figurar nuevamente como disponible, ésta se realizará por el Servicio de Selección de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud:

a) En el plazo de seis días hábiles desde que tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos la documentación del interesado.

b) En el plazo de tres días hábiles desde que tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos la documentación del interesado.

c) En el plazo de tres días naturales desde que tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos la documentación del interesado.

d) En el plazo de quince días hábiles desde que tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos la documentación del interesado.

e) Al día siguiente al que tenga entrada en la Dirección General de Recursos Humanos la documentación del interesado.

181º) Entre los deberes del personal estatutario no se encuentra:

a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico.

b) Concurrir a las pruebas selectivas que se convoquen por el turno de promoción interna.

c) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables.

d). Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de formación continuada.

e) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo.

182º) El Servicio de Salud H ha convocado pruebas selectivas que consisten en la realización de tres exámenes de carácter eliminatorio. Nos encontramos ante:

a) Concurso-oposición.

b) Concurso.

c) Oposición.

d) Este tipo de pruebas no se puede realizar en los servicios de salud, porque necesariamente ha de haber una fase de concurso.

e) Oposición-concurso.

183º) Entre el personal sanitario de nivel licenciado no forman parte los:

a) Veterinarios.

b) Médicos.

c) Farmacéuticos.

d) Odontólogos.

e) Matronas.

184º) Según dispone el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, para acceder a las categorías del subgrupo C2 se exige:

a) El título de Bachiller o Técnico.

b) El título de Técnico Superior.

c) El título de Grado.

d) El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

e) Cualquier título académico.

185º) Una de estas afirmaciones es falsa respecto del personal temporal de carácter eventual:

a) Este tipo de nombramientos puede tener fijado un plazo.

b) Se extingue cuando desaparecen las funciones que en su día lo motivaron.

c) Se puede realizar cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.

d) Puede otorgarse cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios.

e) No se puede aplicar a las categorías profesionales del subgrupo A1.

186º) En uno de estos supuestos no debe cesar el interino:

a) Cuando la plaza es ocupada por personal estatutario fijo tras ser nombrado por el sistema de concurso-oposición.

b) Cuando la plaza es ocupada por personal estatutario fijo tras ser nombrado por el sistema de concurso, y coincidiendo con la toma de posesión solicita una excedencia por prestación de servicios en el sector público.

c) Cuando la plaza que ocupa es ocupada por personal estatutario fijo tras ser nombrado en un concurso de méritos.

d) Cuando la plaza que ocupa es ocupada por personal estatutario fijo tras ser nombrado por el sistema de libre designación.

e) Cuando la plaza que ocupa es ocupada por personal estatutario fijo por medio de un reingreso provisional.

187º) Pedro Férez cuenta con un nombramiento para realizar guardias en el PAC de X. Durante el mes de abril ha realizado cinco guardias, cada una de ellas de 24 horas de duración, que se extienden a dos días naturales cada una.

A efectos del reconocimiento de trienios se computará:

a) Un mes.

b) Diez días.

c) Quince días.

d) Cinco días.

e) Este período no cuenta a efectos de trienios.

188º) Una de estas afirmaciones es falsa:

a) El personal estatutario eventual nombrado para la realización de guardias tiene derecho al disfrute de vacaciones.

b) El personal estatutario eventual nombrado para la realización de guardias tiene derecho al disfrute del permiso por matrimonio.

c) El personal estatutario eventual nombrado para la realización de guardias tiene derecho a la baja maternal.

d) El personal estatutario eventual nombrado para la realización de guardias tiene derecho al cobro de las retribuciones básicas.

e) El personal estatutario eventual nombrado para la realización de guardias tiene derecho al disfrute de permiso por exámenes.

189º) En uno de estos supuestos no cabe realizar un nombramiento de sustitución:

a) Para cubrir la ausencia de personal estatutario fijo en la situación de servicios especiales.

b) Para cubrir la ausencia de personal estatutario fijo en la situación de incapacidad temporal por enfermedad común.

c) Para cubrir la ausencia de personal estatutario temporal en la situación de permiso por exámenes.

d) Para cubrir la ausencia de personal estatutario fijo declarado en la situación de incapacidad permanente total.

e) Para cubrir la ausencia de personal estatutario temporal que disfrute de permiso por traslado de domicilio.

190º) Entre los principios que conforme el artículo 33 del Estatuto Marco han de regir la selección de personal estatutario temporal no se encuentra el de:

a) Igualdad.

b) Competencia.

c) Mérito.

d) Equidad.

e) Capacidad.

191º) Fermín Soria cuenta en el Servicio Murciano de Salud con un nombramiento eventual en la categoría de Auxiliar Administrativo que finaliza el 30 de noviembre de 2016. Dado que se encuentra en la bolsa de trabajo de Administrativo puede ser llamado en esta bolsa:

a) Para cualquier nombramiento temporal.

b) Sólo para sustituciones que tengan la consideración de larga duración al amparo del artículo 15.bis de la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la selección del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud.

c) Sólo para nombramientos de interinidad.

d) No puede ser llamado mientras cuente con el nombramiento de Auxiliar Administrativo.

e) Solo para nombramientos eventuales que finalicen más allá .del 30 de noviembre de 2016.

192º) Una de estas afirmaciones es verdadera. Conforme señala el artículo 15 bis, apartado 4 de la Orden de 12 de noviembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo:

a) Cuando no figuren aspirantes disponibles para cubrir puestos de trabajo en una determinada área de salud o ámbito asistencial, se podrán ofrecer los mismos, por orden de puntuación, al resto de los que no hubieran solicitado prestar servicios en dicha circunscripción territorial o sanitaria. La falta de aceptación del puesto de trabajo supondrá la exclusión del interesado de la bolsa de trabajo.

b) Cuando no figuren aspirantes disponibles para cubrir puestos de trabajo en una determinada área de salud o ámbito asistencial, se podrán ofrecer los mismos, por orden de puntuación, al resto de los que no hubieran solicitado prestar servicios en dicha circunscripción territorial o sanitaria, sin que en este caso, la falta de aceptación del puesto de trabajo tenga efectos desfavorables para el interesado.

c) Los puestos de trabajo sólo se podrán ofrecer a aquellos que se encuentren inscritos en el área de salud correspondiente.

d) Cuando no figuren aspirantes disponibles para cubrir puestos de trabajo en una determinada área de salud o ámbito asistencial se convocará una nueva bolsa de trabajo.

e) Cuando no figuren aspirantes disponibles para cubrir puestos de trabajo en una determinada área de salud o ámbito asistencial se hará una convocatoria a través de la página web murciasalud.

193º) Conforme al artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones:

a) Podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

b) No podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

c) Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción

d) Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera modificado de no haberse cometido la infracción.

e) Dispondrá siempre la anulación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

194º) Según dispone el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse:

a) Por el órgano competente aunque no sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

b) Por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado

c) Por cualquier órgano de la Administración a la que pertenezca el órgano que dictó el acto viciado.

d) Por el órgano que sustituya al que dictó el acto viciado.

e) Por cualquier órgano de la Administración.

195º) Entre las medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se encuentra:

a) La prestación de fianzas.

b) El embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

c) La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

d) La suspensión definitiva de actividades

e) La retirada o intervención de bienes productivos.

196º) La acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, podrá acordarse:

a) Sólo a petición de parte interesada.

b) Sólo de oficio.

c) No podrá acordarse.

d) Sólo por orden del superior jerárquico.

e) De oficio o a instancia de parte

197º) Según dispone el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho, un plazo de:

a) 10 días

b) 20 dias.

c) 30 días.

d) 1 mes.

e) 15 días.

198º) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

a) Al mes de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

b) A los tres meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

c) A los cuatro años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

d) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva

e) A los seis meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

199º) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una de estas afirmaciones no es cierta:

a) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

b) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de distinta naturaleza

c) Los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento

d) Los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos del cumplimiento de los plazos establecidos.

e) El procedimiento, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.

200º) Conforme al artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los trámites que

deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse:

a) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto

b) En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

c) En el plazo de un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

d) En el plazo de diez días a partir del mismo día al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

e) En el plazo de quince a partir del mismo día al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

201º) De acuerdo al artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sólo una de estas afirmaciones es cierta:

a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación

b) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, suspenderán la tramitación del mismo.

c) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, incluida la recusación.

d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento suspenderán la tramitación del mismo.

e) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo las relativas a la falta de capacidad de las partes.

202º) Según indica el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en:

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

d) La Ley 2/2000, de 7 de marzo, de Enjuiciamiento Civil.

e) Le Ley 1/2000, de 3 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

203º) Según indica el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

a) De 10 días.

b) No inferior a 10 días ni superior a 15.

c) No inferior a 20 días ni superior a un mes.

d) No inferior a 10 días ni superior a 20.

e) No inferior a 10 días ni superior a 30

204º) Según indica el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los informes serán emitidos a través de medios electrónicos, en el plazo de:

a) 10 días

b) 15 días.

c) No inferior a 10 días ni superior a 20.

d) Un mes.

e) 30 días.

205º) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a:

a) 10.000 euros.

b) 20.000 euros.

c) 25.000 euros.

d) 30.000 euros.

e) 50.000 euros

206º) Según dispone el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia, en el plazo de:

a) 10 días

b) 15 días.

c) 20 días

d) 30 días.

e) Un mes

207º) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad si se paralizase el procedimiento por causa achacable al mismo durante el plazo de:

a) 10 días.

b) 20 días.

c) Un mes.

d) Dos meses.

e) Tres meses

208º) Según señala el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, en el plazo de:

a) 10 días

b) 20 días.

c) 15 días.

d) 30 días.

e) Un mes.

209º) Conforme al artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona:

a) Mayor de 16 años que se encuentre en el edificio y haga constar su identidad.

b) Mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

c) Mayor de edad.

d) Mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y sea familiar del interesado.

e) Mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad

210º) Según dispone el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en:

a) El Portal de la Transparencia.

b) En el Boletín Oficial de la Administración correspondiente.

c) En el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del domicilio del interesado.

d) En el Boletín Oficial de la Provincia.

e) En el Boletín Oficial del Estado

211º) Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una de estas afirmaciones no es correcta:

a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

b) En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el

fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea

d) En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de iniciación.

e) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo comenzará a computarse desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

212º) Según señala el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos el siguiente plazo desde que se dictó el acto administrativo:

a) Un año.

b) Dos años.

c) Tres años.

d) Cuatro años

e) Cinco años.

213º) En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial se ha de solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya causado la presunta lesión indemnizable, que habrá de emitirlo en el plazo de:

a) 10 días

b) 15 días.

c) 20 días.

d) 30 días.

e) Un mes.

214º) Respecto de la caducidad de los expedientes, una de estas afirmaciones es falsa:

a) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

b) Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

d) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción

e) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento

215º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas

reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

b) De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

c) Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos no serán de uso obligatorio por los interesados

d) El derecho a reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

e) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

216º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos legalmente, se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos

b) En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla.

c) Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio.

d) Se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

e) Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

217º) Una de estas afirmaciones no es acertada:

a) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

b) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

c) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

d) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación

del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

e) Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de veinte días para cumplimentarlo

218º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenderán la tramitación del mismo

b) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio.

c) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

d) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

e) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.

219º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes

c) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

d) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

e) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

220º) Sólo una de estas afirmaciones es verdad:

a) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.

b) Los procedimientos administrativos no podrán concluir por el desistimiento.

c) La Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.

d) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento de

responsabilidad patrimonial sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

e) En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga

221º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

b) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

c) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

d) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

e) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento

222º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

b) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, debiendo producirse un nuevo intento de notificación para que se entienda por efectuado el trámite

c) La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

d) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

e) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel.

223º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de

forma voluntaria.

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

c) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

d) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado

e) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

224º) Una de estas afirmaciones no es verdadera:

a) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

c) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Alcalde

d) Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

e) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

225º) No ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada.

b) Las resoluciones que dicten los órganos que posean superior jerárquico

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

e) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

226º) Una de estas afirmaciones es falsa:

a) La interposición del recurso deberá expresar el nombre y apellidos del recurrente.

b) La interposición del recurso deberá expresar el acto que se recurre.

c) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

d) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

e) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente impedirá su tramitación

227º) Francisco S. ha interpuesto recurso de alzada contra la Resolución del Director General de Comercio que le impone una sanción de 100 euros. En dicho recurso ha pedido la suspensión del acto administrativo. Esta suspensión se entenderá concedida si la Administración no ha dictado y notificado resolución expresa al efecto en el plazo de:

a) Un mes

b) 30 días.

c) Dos meses.

d) Tres meses.

e) 20 días.

228º) Ramón S. quiere interponer un recurso extraordinario de revisión, por entender que el acto administrativo que quiere impugnar incurrió en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Dispondrá un plazo de:

a) 2 años desde que se notificó la resolución impugnada.

b) 3 años desde que se notificó la resolución impugnada.

c) 4 años desde que se notificó la resolución impugnada

d) 5 años desde que se notificó la resolución impugnada.

e) 6 años desde que se notificó la resolución impugnada.

229º) Rafaela M. ha interpuesto un recurso extraordinario de revisión. Podrá entender que ha sido desestimado cuando transcurra el siguiente plazo:

a) Un mes.

b) Cuatro meses.

c) Seis meses.

d) Tres meses

e) Dos meses.

230º) Una de estas afirmaciones no es correcta:

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en

que se dicten.

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

c) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder

d) el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

e) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

231º) Una de estas afirmaciones no es cierta:

a) Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

b) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

c) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

d) Se podrá iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado

e) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

232º) Sólo una de estas opciones forma parte de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario prevista en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre:

a) Auxiliar de Farmacia.

b) Logopeda.

c) Podología.

d) Auxiliar de Mantenimiento.

e) Gobernanta.

233º) Entre los motivos que según señala la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, puede provocar el cese de un interino no figura:

a) La amortización de la plaza.

b) La incorporación de funcionario de carrera.

c) La extinción del nombramiento en período de prueba.

d) El cumplimiento del plazo establecido.

e) Por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración de la plaza, o de una falta de capacidad para su desempeño, debidamente acreditado, que no

implique inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas a la plaza, previa audiencia al interesado y oída la Junta de Personal correspondiente.

234º) Entre los motivos de cese del personal eventual no figura:

a) La extinción del nombramiento en período de prueba.

b) El cumplimiento del plazo establecido.

c) Por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración de la plaza, o de una falta de capacidad para su desempeño, debidamente acreditado, que no implique inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas a la plaza, previa audiencia al interesado y oída la Junta de Personal correspondiente.

d) Por la extinción de la causa que determinó el nombramiento.

e) La reincorporación de la persona sustituida.

235º) Según señala el artículo 27 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, el período de prueba para el personal temporal perteneciente al grupo A, es de:

a) 6 meses.

b) 4 meses.

c) 3 meses.

d) 2 meses.

e) 5 meses.

236º) Y para el personal del grupo B:

a) 2 meses.

b) 3 meses.

c) 6 meses.

d) 4 meses.

e) 5 meses.

237º) Y para el personal del grupo C:

a) Un mes.

b) 15 días.

c) Tres meses.

d) Dos meses.

e) Cinco meses.

238º) De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, la sanción de suspensión de funciones por la comisión de una falta muy grave, no puede exceder de:

a) 3 años.

b) 4 años.

c) 5 años.

d) 6 años.

e) 1 año.

239º) ¿Y por una falta grave?

a) 2 años.

b) 3 años.

c) 4 años.

d) 5 años.

e) 6 años.

240º) Según dispone el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para acceder al grupo B, se exige:

a) Título de Técnico Superior.

b) Título de Técnico o de Grado.

c) Título de Grado.

d) Título de Grado más un Máster Universitario.

e) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

241º) Una de estas afirmaciones es falsa:

a) El personal interino puede estar sujeto a un periodo de prueba.

b) El personal interino tiene derecho al cobro de trienios.

c) El personal interino cesa cuando se amortiza la plaza que ocupa.

d) El personal interino no puede continuar en su puesto más de 2 años.

e) El personal interino debe cumplir los mismos requisitos que el personal fijo para ocupar la plaza.

242º) Para poder ser declarado en la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público, se requiere de una antigüedad de:

a) Un mes.

b) Tres años.

c) Cuatro años.

d) No es necesario contar con una determinada antigüedad para acceder a esta situación administrativa.

e) Ninguna de estas afirmaciones es válida.

243º) Entre el personal sanitario al que se exige el título de Técnico Superior no figura:

a) Emergencias Sanitarias.

b) Higiene Bucodental.

c) Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

d) Documentación Sanitaria.

e) Imagen para el Diagnóstico.

244º) El personal que forma parte de la categoría de Enfermería forma parte del subgrupo:

a) A2.

b) A1.

c) C1.

d) A22.

e) B1.

245º) Conforme al Estatuto Marco el período de prueba máximo para el personal del subgrupo A2 es de:

a) 2 meses.

b) 1 mes.

c) 1 mes y medio.

d) 4 meses.

e) 3 meses.

246º) Valentina Artés ha suscrito un nombramiento de tres mes de duración para prestar servicios como Auxiliar de Farmacia en el Hospital Rafael Méndez. En este caso, la duración máxima del período de prueba será de:

a) Dos meses.

b) Tres meses.

c) Un mes.

d) Un mes y medio.

e) 30 días.

247º) En uno de estos casos no se puede utilizar el nombramiento de sustitución:

a) Para cubrir una plaza vacante que ha sido convocada en concurso de traslados.

b) Para cubrir la ausencia de un trabajador declarado en la situación de servicios especiales.

c) Para cubrir la ausencia de un trabajador que ha cumplido doce meses en situación de incapacidad temporal.

d) Para cubrir la ausencia de una trabajadora en situación de baja maternal.

e) Para cubrir la ausencia de un trabajador durante el disfrute de días de permiso por examen.

248º) Sólo una de estas afirmaciones es cierta. El personal estatutario interino cesará cuando:

a) Concluya el plazo para el que se expidió el nombramiento.

b) Se reincorpore la persona sustituida.

c) Por decisión unilateral de la gerencia.

d) Por incorporación de personal estatutario fijo a través del procedimiento legal o reglamentariamente establecido.

e) Finalice la campaña para la que haya sido nombrado.

249º) Artemio Hernández tiene la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud en la categoría de Auxiliar de Farmacia. Tras superar la prueba selectiva, suscribe un contrato de trabajo para realizar la formación que le permita obtener el título de Enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Debe ser declarado respecto de su puesto de trabajo de Enfermero en la situación de:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Servicios especiales.

c) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.

d) Servicio activo.

e) Servicios de gestión clínica.

250º) Juana Vega ha suscrito un nombramiento de interinidad en la categoría de FEA de Ginecología. Conforme indica el Estatuto Marco, el período de prueba será como máximo de:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Tres meses.

d) Cuatro meses.

e) Seis meses.