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LATINO AMERICA SOCIETY

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  • UN ESTADO, MUCHOS PUEBLOS

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  • Hace ya algunos aos, y sobre la base de una experiencia colectiva anterior, las organizaciones alterNativa Intercambio con Pueblos Indgenas, Almciga, Mugarik Gabe y ACSUD Las Segovias Pas Valenci constituimos la Red para la Defensa de los Las Segovias Pas Valenci constituimos la Red para la Defensa de los Las Segovias Pas ValenciDerechos de los Pueblos Indgenas como un espacio no formalizado, aunque efectivo, de accin conjunta en este mbito de la solidaridad internacional.

    Nuestra asociacin, hoy denominada Coordinacin por los Derechos de los Pue-blos Indgenas (CODPI), se fundamenta en la especializacin y experiencia de cada una de las organizaciones en el trabajo con pueblos indgenas, a favor del reconocimiento y la aplicacin efectiva de sus derechos y del logro de un desarrollo propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas. Todas trabajamos con numerosas organizaciones indgenas y redes de apoyo en Amrica Latina y Europa. Adems, lle-vamos a cabo una labor de incidencia poltica y social a nivel estatal y de los diferentes territorios en los que tenemos nuestras sedes respectivas.

    Este espacio es el producto de una perspectiva y una experiencia de trabajo compartidas, fundamentadas en la creencia de que es posible un mundo en el que se respeten los derechos humanos y tengan cabida las diferencias.

    El objetivo de la Coordinacin por los Derechos de los Pueblos Indgenas (CODPI) es promover, desde el Estado espaol, el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indgenas.

    Para ello, tomamos como referencia principal aunque no nica el marco normativo especfi co que conforman los dos instrumentos internacionales ms im-portantes que abordan los derechos de estos pueblos:

    * la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007, y

    * el Convenio n 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales en pases inde-pendientes, ratifi cado por el gobierno espaol en febrero de ese mismo ao.

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  • KATU ARKONADA (coord.)RAL PRADA ALCOREZA, JESUS GONZLEZ PAZOS

    ALBERTO ACOSTA

    AMRICA LATINAIcaria Antrazyt

    UN ESTADO,MUCHOS PUEBLOS

    LA CONSTRUCCINDE LA PLURINACIONALIDAD

    EN BOLIVIA Y ECUADOR

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  • Diseo de la cubierta: Adriana FbregasImagen de la cubierta: Puri Prez Rojo

    Katu Arkonada, Ral Prada Aloreza, Jesus Gonzlez Pazos, Alberto Acosta

    De esta edicin Icaria editorial, s. a. Arc de Sant Cristfol, 11-23 08003 Barcelona www. icariaeditorial. com

    Primera edicin: junio de 2012

    ISBN: 978-84-9888-415-9Depsito legal: B-4544-2012

    Fotocomposicin: Text Grfi c

    Impreso en Romany/Valls, s. a. Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona)

    Printed in Spain. Impreso en Espaa. Prohibida la reproduccin total o parcial.

    Este libro ha sido impreso en papel 100% Amigo de los bosques, proveniente de bosques sostenibles y con un proceso de produccin de TCF (Total Chlorine Free), para colaborar en una gestin de los bosques respetuosa con el medio ambiente y econmicamente sostenible.

    Esta publicacin se ha realizado con el apoyo de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional y Desarrollo (AECID)

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  • Prlogo.El complejo desafo de la construccin del Estado Plurinacional. Refl exiones para el debate,Alberto Acosta 7

    I. Abriendo el camino hacia las transformaciones posibles, Jesus Gonzlez Pazos 23

    II. El proceso constituyente, Ral Prada Alcoreza 53

    III. Modelos plurinacionales, Katu Arkonada 91

    IV. Horizontes del Estado Plurinacional, Ral Prada Alcoreza 133

    V. Bases para un Estado Plurinacional, Katu Arkonada 173

    VI. Geopoltica plurinacional, Katu Arkonada 181

    Bibliografa 211

    NDICE

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  • 7Las mltiples crisis del Estado

    Para poder comprender de mejor manera lo que implica un Estado Plurinacional es importante rescatar algunos elementos bsicos del debate sobre el Estado. A lo largo de la historia han sido permanentes las luchas polticas para controlar e incluso construir el Estado en funcin de determinados intereses. Alrededor del Estado se organiz la sociedad en algunas ocasiones. En otros casos el Estado fue un factor para estructurar la sociedad. El Estado signifi ca o sintetiza de alguna manera un espacio de dominacin, es decir un espacio de

    PRLOGO

    EL COMPLEJO DESAFODE LA CONSTRUCCIN DEL ESTADO PLURINACIONAL. REFLEXIONESPARA EL DEBATE

    Alberto Acosta*

    *Elementos de este texto sirvieron de base para la conferencia sobre el Estado Plurinacional en Amrica Latina, sustentada en el II Foro internacional Encuentro ALAS Per, Sociedad, Estado-Nacin en la Regin Andina y Amrica Latina, del 16 al 18 de junio 2011, en Lima. Este aporte sintetiza varios trabajos del autor realizados en forma colectiva e individual.

    El paso del Estado-nacin al Estado Plurinacional, comunitario y autonmico es todo un desafo. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la sobe-rana en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de la relacin entre Estado y sociedad, una historia que defi ne la separacin entre gobernantes y gobernados Dejamos atrs una historia de la colonizacin y dominaciones po-limorfas dejamos atrs entonces la ilusin que provocaron los estados nacin subalternos

    RAL PRADA ALCOREZA (2010)RAL PRADA ALCOREZA (2010)RAL PRADA ALCOREZA

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  • 8expresin del poder poltico. Sus crisis, en un permanente proceso de disputas mltiples y como parte de las crisis orgnicas del capi-talismo (Prada, 2010), han sido recurrentes.

    La ambigedad fundacional de la nacin y sus modelos de Esta-do y sociedad en la regin, sustentados en la colonialidad del poder, resultaron excluyentes y a su vez limitantes para el desarrollo de las capacidades culturales, sociales y productivas. Los Estado-nacin subalternos (Prada, 2010) se explican en la lgica del sistema-mundo, en tanto estados conformados y existentes dentro de la lgica de acumulacin del capitalismo.

    En la actualidad, para aterrizar en un ejemplo concreto, se vive la crisis del Estado mnimo, el Estado-neoliberal. Hablamos de aquel Estado que buscaba alentar, a como de lugar, la competencia para insertar cada vez ms a los pases de la regin en el mercado mundial, en un proceso de creciente e incontrolada mercantilizacin. Este Estado neoliberal abra las fronteras a los productos forneos y aseguraba la seguridad a los capitales, incluso reprimiendo a amplios segmentos de la sociedad; y todo para provocar el anhelado desar-rollo. Sin embargo, sin minimizar la crisis del Estado neoliberal, debemos entender que en crisis est tambin y ya desde hace mucho tiempo atrs el Estado colonial sobre el cual se fund el Estado oligrquico que es, a su vez, la base del Estado neoliberal.

    Estas mltiples crisis del Estado nos llevan a entender de mejor manera los procesos de lucha de los pueblos de algunos pases de Amrica Latina, como son Bolivia, Ecuador o Per. Aqu se regis-tran procesos emancipadores, movidos por la necesidad imperiosa de superar los profundos resabios coloniales. La tarea es construir otro Estado, un Estado que asuma, desde la igualdad y la libertad, las mltiples diversidades existentes, normalmente marginadas o subyugadas. En la mira de varias sociedades est el Estado Pluri-nacional.

    En Bolivia y Ecuador, el Estado Plurinacional ha sido llevado a la categora constitucional. Declaracin que no necesariamente implica que ya se viva en una Estado Plurinacional. Es an mucho lo que falta por caminar en Bolivia, en donde ms se ha avanzado en esa direccin. Mientras que en Ecuador poco o nada se ha hecho. Est claro que la sola declaracin constitucional del Estado Pluri-nacional e intercultural no asegura en la prctica que ya exista ese

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  • 9Estado o que se est caminando hacia all. La realidad no cambia con una Constitucin, por ms de vanguardia que sea. Sin embargo, esta discusin est planteada en esos pases y en otros de la regin; en Per, por ejemplo, en un tiempo no muy lejano, es posible anticipar que se aborde en serio esta cuestin inclusive a nivel del debate constitucional.

    En concreto la construccin del Estado Plurinacional plantea rupturas profundas de las anteriores estructuras coloniales, oligr-quicas y por supuesto neoliberales.1

    Estado Plurinacional y nacin

    La plurinacionalidad no niega la nacin. Esta propone otra concep-cin de nacin. Reconoce, eso s, que no hay una sola nacin o una sola nacionalidad. Se asume una nacin de nacionalidades diversas que han estado permanentemente enfrentadas.

    El Estado moderno y liberal, heredero de estructuras y prcticas coloniales, sobre las que se instrument un esquema de dominacin oligrquico, una y otra vez, ha tratado de blanquear la blanquear la blanquearsociedad. Ha intentado negar e incluso borrar las diversidades. Ha ignorado o reprimido la existencia de las culturas y lenguas de los pueblos y nacionalidades presentes desde antes de la conquista.

    La plurinacionalidad, entonces, en tanto nueva concepcin de organizacin de la sociedad, rescata la pluralidad de visiones tnicas y culturales para repensar el Estado. Cuentan, para mencionar apenas un par de puntos de referencia, los derechos colectivos y no solo los derechos individuales. Igualmente interesa una nueva forma de relacionarse con la naturaleza.

    En sociedades, cargadas de racismo y con problemas histricos de falta de democracia, la construccin de un Estado Plurinacional se convierte no solo en un reto sino en una necesidad. Por lo tanto es preciso dar respuestas a temas clave como son el racismo, la falta de democracia y las distintas formas de pertenencia a un territorio.

    1. Para profundizar en esta discusin, se recomienda leer los varios textos sobre el Estado Plurinacional de Boaventura de Souza Santos o de Ral Prada Alcoreza, autores en este libro.

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    El racismo, una las mayores lacras de la colonialidad

    El racismo no solo es un problema social. Es ante todo un problema poltico, que se expresa como un tema de segregacin econmica, de exclusin y marginacin. Es, incluso, un problema de carcter ambiental, pues no se respetan tampoco los ecosistemas y territo-rios donde habitan los pueblos y las nacionalidades aborgenes, las comunidades de afroamericanos. La segregacin racial asoma inclu-sive en los asentamientos urbanos, en tanto los grupos racialmente marginados, muchas veces, se ven forzados a vivir en los lugares ms precarios.

    El racismo es, a decir de Anbal Quijano, la ms profunda y perdurable expresin de la dominacin colonial, impuesta sobre la poblacin del planeta en el curso de la expansin del colonialismo europeo (2001). Desde entonces ha sido la ms arraigada y efi caz forma de dominacin social, material, psicolgica y por cierto poltica.

    Sus manifestaciones son mltiples. No sorprende que las na-cionalidades y los pueblos originarios, as como las comunidades afro, sean los grupos humanos ms empobrecidos, explotados y vulnerables. El desempleo o la carencia de servicios de educacin o salud golpean mucho ms a estos grupos que a otros. Adicional a estos temas estn las discriminaciones que tienen que ver con la participacin en la toma de decisiones y con el ejercicio de la democracia.

    Un comentario al margen. Los pueblos y nacionalidades, sin necesidad de hacer una apologa a su forma de tomar decisiones, son ms democrticos en la toma de decisiones que la conocida como sociedad occidental. La vida comunitaria en s misma es una muestra de esos ejercicios de democracia. Y estas prcticas, que podran servir para repensar la democracia, por efecto de la misma discriminacin y rechazo a lo originario, son marginadas o simplemente ignoradas.

    En suma, el reto es mirar a la plurinacionalidad como ejercicio de democracia incluyente, pero sobre todo como propuesta de vida diversa en mayor armona y cercana con la naturaleza. La plurina-cionalidad, entonces, no puede dejar de ser leda junto con otras defi niciones que tienen que ver con el territorio y con el manejo de las riquezas naturales. Han sido justamente los pueblos y naciona-lidades, desde un ejercicio permanente de resistencia y tambin de

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    construccin, sobre todo en estas ltimas dcadas, actores locales, nacionales e incluso internacionales en las luchas democrticas.

    Plurinacionalidad, como camino emancipador

    Los pueblos y nacionalidades con sus luchas demandan el ejercicio pleno de la democracia, la construccin de ciudadanas colectivas, el respeto de la multiculturalidad, la prctica de la interculturalidad, libertades y oportunidades, sin exclusiones. Y, desde esa lnea de refl exin, la construccin del Estado Plurinacional abre la puerta a un camino de democracia continuada.

    La plurinacionalidad no es solo un reconocimiento pasivo a la diversidad de pueblos y nacionalidades. Es fundamentalmente una declaracin pblica del deseo de incorporar perspectivas diferentes con relacin a la sociedad. El Estado Plurinacional coloca sobre la agenda el tema de las soberanas en plural, no solamente la soberana nacional sino la soberana patrimonial.2 Prada (2010) nos habla, con razn, de la polisemia de sus signifi cados, destacando sobre todo uno, en el cual soberana tiene que ver con la legitimidad del poder.

    Es justo reconocer que han sido los pueblos y nacionalidades los que en mayor medida han evitado la apropiacin y destruccin de las riquezas de la naturaleza. En ese sentido, el proyecto poltico de construccin de un Estado Plurinacional no solo que debe tolerar la diversidad, sino que sea sobre todo celebrarla.

    Plurinacionalidad e interculturalidad nos remiten a una no-cin de Estado conformado por naciones unidas con identidades culturales vigorosas, con un pasado histrico y sobre todo con una voluntad de integracin que supere la marginacin explotadora de los pueblos y nacionalidades. Es as que, desde una tradicin de-mocrtica de no tolerancia al abuso y a la corrupcin, los pueblos y nacionalidades, que muchas veces lideraron los enfrentamientos a los gobiernos neoliberales en los ltimos aos, han propuesto la construccin del Estado Plurinacional.

    2. Es larga la lista de las soberanas: alimentaria, energtica, cultural, econ-mica, monetaria, del cuerpo Vase Acosta y Martnez (2010).

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    Aceptar esa matriz originaria, adems de enriquecer culturalmen-te a estas sociedades, permitir que empecemos a superar las prcticas y percepciones racistas que estas sociedades han cultivado.

    La plurinacionalidad no implica pensar una estructura par-cializada del Estado. No se quiere construir una parte del Estado dedicada a atender lo indgena o lo afro. La plurinacionalidad no es solo para los indgenas o los afros. La propuesta de un Estado Plurinacional es mucho ms amplia y ms compleja. Comienza, en el caso de Ecuador y tambin en Bolivia, a fraguarse en tanto proceso poltico vinculado a problemas y reclamos de identidad, de territorios o de agua a principios de los aos noventa.

    En esta poca emergen con renovada fuerza las organizaciones indgenas, exigiendo un espacio propio en la vida poltica. Su ac-cin se centra en el reclamo por un puesto como sujetos polticos dentro de sus respectivas sociedades, superando el tratamiento casi de objetos al que haban sido sistemticamente degradados por los poderes coloniales y oligrquicos, e incluso, en no pocas ocasiones, por quienes asumieron posiciones de izquierda. No podemos mar-ginar aquel discurso y prctica de ciertos grupos de izquierda que entendan el problema indgena exclusivamente desde el enfren-tamiento del capital con el trabajo. Para estos grupos, los indgenas eran simplemente explotados del campo, campesinos asimilables a la lgica sindical. Por eso no sorprende que, en la actualidad, las crticas al Estado Plurinacional hayan surgido desde diversos frentes, no solo oligrquicos y neoliberales, sino incluso del socialismo conservador.

    En ese contexto de resistencias y de construcciones, los indgenas irrumpieron con fuerza. Se asumieron como sujetos. Rechazaron el trato paternalista, que los haba relegado en la vida poltica. Pero es muy importante tener presente que no emergieron sim-plemente como sujetos individuales, sino como sujetos colectivos y comunitarios, en tanto portadores de derechos colectivos. Esto es fundamental. Esta posicin abre la puerta a la recuperacin de lo colectivo, de lo comunitario, de lo diverso, como piedras sillares para la plurinacionalidad.

    Reconocer y aceptar formas de organizacin social que antece-den a la conquista es otro de los puntos importantes. De ninguna manera se propone una suerte de recuperacin arqueolgica para

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    construir nuevas sociedades, como que estas fueran museos sociol-gicos. Eso s, recuperando esos valores fundacionales de los pueblos y nacionalidades se podrn organizar sociedades dinmicas. La que podramos defi nir como la nacin cvica tiene la posibilidad de co-existir con varias naciones culturales, es decir con aquellos pueblos y nacionalidades preexistentes a la conquista, que han resistido a las estructuras de dominacin y explotacin de la colonia e incluso de las repblicas.

    La no comprensin y no aceptacin de las verdaderas races de muchos de los pases de la regin quiz explique la existencia de Es-tados (casi) fallidos o naciones permanentemente en ciernes porque nunca se asumi esa realidad. El problema surge por no haber incor-porado a esos pueblos y nacionalidades. Eso explicara la inviabilidad histrica de los estados nacionales. La plurinacionalidad no disuelve dichos estados, pero s exige espacios y formas de autogobierno y autodeterminacin para los pueblos y nacionalidades. Esto, como es obvio, lleva implcito un choque difcil y complejo con quienes defi enden la tesis del Estado-nacin tradicional.

    Desde esta perspectiva cabe recuperar una riqusima historia de propuestas fallidas o exitosas de plurinacionalidades a lo largo y ancho del planeta, tal como lo hace Boaventura de Souza Santos (2010). Hay por igual una suerte de legislacin internacional plasma-da, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT o en la Declaracin de las Naciones Unidas de los Pueblos Indgenas. Pero el logro ms importante, por lo pronto, se encuentra en las constituciones de Ecuador y de Bolivia,3 que conminan a las sociedades de estos pases construir sus estados plurinacionales y que simultneamente abren la puerta al debate en la regin. No interesa lo mucho o poco que

    3. Para comprender el proceso boliviano se recomienda sobre todo los traba-jos de Ral Prada Alcoreza, Oscar Vega Camacho y Luis Tapia, quien, sin lugar a dudas, son los que de manera ms seria y responsable han abordado el anlisis de este difcil y apasionante proceso constitucional. En el caso ecuatoriano no existen tantos aportes sobre el tema, pero se puede destacar el artculo de Flores-milo Simbaa, a ms de los documentos base preparados por la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) para el proceso constituyente y, por cierto, el texto de sntesis del proceso constituyente ecuatoriano elaborado por Katu Arkonada para este libro.

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    se ha avanzado en los procesos desatados a raz de estas conquistas constitucionales, cuanto la posibilidad de avizorar los retos que estos logros representan.

    Esta discusin constituyente marca el comienzo de un renovado proceso de descolonialidad del poder. Un nuevo horizonte histri-co est emergiendo. Implica la emancipacin del eurocentrismo. Una emancipacin que convoca a una lucha social para prescindir del capitalismo. Esa ser la nica manera para dejar atrs aquellas formas de existencia social caracterizadas por la dominacin, la dis-criminacin racista/etnicista/sexista, la explotacin econmica. Esto reclama nuevas formas de comunidad, nuevas formas de expresin de la diversidad social, as como de la solidaridad y la reciprocidad. Apunta por igual a terminar la homogeneidad institucional del Estado, construyendo instituciones distintas, asegurando las igual-dades en las diversidades. Este nuevo Estado tendr que aceptar y propiciar las autonomas territoriales de los pueblos y nacionalidades. Todo esto, en esencia, signifi ca la produccin democrtica de una sociedad democrtica, como parte de un proceso continuado y de largo plazo.

    Pero debe quedar absolutamente claro, como ya se anot an-teriormente, que una Constitucin en donde se establece la pluri-nacionalidad, per se no garantiza que el Estado sea plurinacional. Y no lo ser mientras la Constitucin no sea vista y asumida como un proyecto de vida en comn por toda la sociedad para construir otro pas. No ser realidad si la sociedad, los individuos y las colectividades no se apropian de lo que signifi ca una Constitucin.

    La Constitucin no solo es el documento jurdico ms poltico de todos, ni solo el documento poltico ms jurdico de todos. La Constitucin, esto es fundamental, es un proyecto de vida en comn. En el caso de los dos pases en mencin, se trata de un proyecto de vida plurinacional. En suma la Constitucin en Bolivia y en Ecuador es una caja de herramientas donde estn los derechos, las obligaciones, las instituciones, los elementos bsicos para construir la plurinacionalidad. Su aplicabilidad, construccin y ejercicio son el gran desafo de toda la sociedad, nos recuerda Nina Pacari (2010). Una tarea que, en consecuencia, no recae exclusivamente en los pueblos y nacionalidades originarias.

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    Buen vivir y derechos de la naturaleza,en tanto propuestas de cambio civilizatorio

    Entonces para hablar de un Estado Plurinacional tenemos que co-menzar a pensar desde otras realidades, recuperando todas aquellas vivencias y experiencias previas a la conquista y colonizacin, sin cerrar de ninguna manera la puerta a otros valiosos aportes de la historia humana.

    A ms de las visiones desde el Abya-Yala hay otras muchas aproximaciones a pensamientos fi losfi cos de alguna manera em-parentados con la bsqueda del Buen vivir desde posiciones fi lo-sfi cas incluyentes. As, el Buen vivir, en tanto cultura de la vida, con diversos nombres y variedades, ha sido conocido y practicado en diferentes perodos en las diferentes regiones de la Madre Tierra. Aqu cabra destacar los aportes humanistas del Mahatma Gandhi o los ecofeministas de Vandana Shiva, por ejemplo. Aunque se le puede considerar como uno de los pilares de la cuestionada civiliza-cin occidental, en este esfuerzo colectivo por reconstruir/construir un rompecabezas de elementos sustentadores de nuevas formas de organizar la vida, se pueden recuperar elementos de la vida buena de Aristteles.

    El Buen vivir, entonces, no es una originalidad ni una novelera de los procesos polticos de inicios del siglo XXI en los pases andinos. Los pueblos y nacionalidades ancestrales del Abya-Yala no son los nicos portadores de estas propuestas. El Buen vivir forma parte de una larga bsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas de la humanidad por la emancipacin y la vida.

    De lo anterior se deriva la necesidad de recuperar las prcticas de las comunidades indgenas, asumindolas como son, sin llegar a idealizarlas. Por cierto no se trata de ponerle parches al actual Estado. No se plantea una simple sumatoria de ideas indigenistas a las actuales estructuras para construir un Estado diferente al ac-tual. No se propone una yuxtaposicin de propuestas y visiones indgenas y no indgenas. El Estado Plurinacional no es un Estado hbrido. Tiene que ser otro Estado en trminos de otra sociedad y otra propuesta de vida, es decir el Buen vivir. De esto se desprende que la plurinacionalidad implica otro proyecto de pas (de Souza Santos, 2010).

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    En esta nueva situacin se destaca que mientras buena parte de las posturas sobre el desarrollo convencional, e incluso muchas de las corrientes crticas, se desenvuelven dentro de los saberes occi-dentales propios de la Modernidad, las propuestas del Buen vivir ms recientes escapan a esos lmites. En efecto, como lo anotamos en prrafos anteriores, estas recuperan posturas claves ancladas en los conocimientos y saberes propios de pueblos o nacionalidades originarias, incluso existentes en otras latitudes. Bajo esta novedad se discute una serie de ideas y posturas englobadas bajo el rtulo del Buen vivir. Sus expresiones ms conocidas remiten a Ecuador y Bolivia; en el primer caso es el Buen vivir o sumak kawsay (en sumak kawsay (en sumak kawsaykichwa), y en el segundo, en particular el Vivir bien o suma qamaa (en aymara) y sumak kawsay (en quechua).sumak kawsay (en quechua).sumak kawsay 4

    El Buen vivir, en tanto concepto plural y en construccin, discurre en el campo de los debates tericos. Hay avances en las prcticas, particularmente en los pueblos y nacionalidades. Pasos sustantivos se registran en la construccin poltica, como ha sido en las ya mencionadas constituciones de Bolivia y Ecuador. Ms all de la diversidad de posturas al interior del Buen vivir, aparecen elementos unifi cadores clave, tales como el cuestionamiento al de-sarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relacin con la naturaleza. El Buen vivir no es, entonces, un desarrollo alternativo ms dentro de una larga lista de opciones, sino que se presenta como una alternativa a todas esas posturas (Gudynas y Acosta, 2011).

    Esto nos lleva necesariamente a cuestionar el concepto mismo del desarrollo, sobre todo en tanto visin univoca, unidireccional planteada desde los centros del poder desde hace dcadas. Concepto que ha tenido, como afi rm acertadamente Anbal Quijano (2000), una azarosa biografa. La idea de desarrollo en la regin fue cambi-ando muchas veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones de la existencia social. Es decir, entre muy diferentes intereses de poder. Inicialmente sus promesas fueron

    4. De una bibliografa cada vez ms amplia sobre el tema podemos sugerir: Acosta y Martnez (2009), Acosta (2010). Otro texto que permite englobar este debate en un contexto ms amplio es el de Tortosa (2010).

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    movilizadoras, pero fueron eclipsndose en un horizonte cada vez ms esquivo y sus abanderados y seguidores fueron enjaulados por el desencanto en Amrica Latina, al decir del mismo Quijano.

    Particularmente en los ltimos aos, en diversas partes del plane-ta, se han levantado interesantes debates cuestionando la accin del progreso entendido como la lgica productivista de producir cada vez ms, de tener cada vez ms, de ser cada vez ms, de hacer las cosas cada vez ms rpido. Hay entonces dentro de la visin del Buen vivir elementos que no solo se circunscriben a lo andino/amaznico, si no que se proyectan con creciente fuerza fuera de esta regin.

    Se habla de construir una sociedad sustentada en la armona de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros se-res humanos. Eso no implica una visin milenarista de un paraso armnico. Este proceso no excluye las luchas sociales. Luchas que son mltiples y diversas, como son mltiples y diversas las formas de explotacin, dominacin y exclusin provocadas por el capita-lismo.

    Eso s, estas luchas no se agotan en la lucha de clases. Hay que enfrentar problemas de sociedades patriarcales, de sociedades racistas, de sociedades con enormes y crecientes confl ictos interge-neracionales, para mencionar apenas unas cuantas bisagras propias de los confl ictos del capitalismo.

    Los principios del Buen vivir, dentro de la Constitucin ecua-toriana de 2008, por ejemplo, se presentan en paralelo, y con la misma jerarqua, que otros principios clsicos, tales como igualdad, inclusin, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y de gnero en la participacin, bienestar comn, responsabilidad, justicia social, etc.

    A su vez, estos principios son vinculados directamente con la forma de organizacin econmica del Estado, donde tambin se incorporan principios como la solidaridad y reciprocidad, anotando sus mltiples dimensiones.

    Esta idea del Buen vivir est directamente vinculada con saberes y tradiciones indgenas. Por lo tanto, hay un esfuerzo deliberado de volver a hacer visibles saberes y concepciones que han estado ocultadas y sojuzgadas por largo tiempo. Proceso que se enmarca en la construccin de estados y sociedades plurinacionales. Todos

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    estos enfoques buscan delimitar los marcos para una sociedad que se defi ne como plurinacional. Se puede argumentar que estos principios tico-morales seran una de las fundamentaciones de esa plurinacionalidad, y el Buen vivir es entonces una condicin que puede expresarse de diferente manera.

    La relacin con la naturaleza es un aspecto clave en la construc-cin del Buen vivir. La propuesta de la Constitucin ecuatoriana ofrece muchas ms posibilidades que la boliviana. En Ecuador se reconoci a la naturaleza como sujeto de derechos. Esta es una pos-tura biocntrica que se basa en una perspectiva tica alternativa, al aceptar valores intrnsecos en el entorno. Todos los seres, aunque no sean idnticos, tienen un valor ontolgico an cuando no sean de utilidad para los humanos. La Constitucin boliviana no ofrece esta postura biocntrica. Es ms, con sus mandatos de industrializacin de los recursos naturales queda atrapado en las ideas clsicas del progreso basadas en la apropiacin de la naturaleza.

    En la Constitucin de Montecristi, en la ecuatoriana, se habla de la reparacin integral de la naturaleza cuando esta haya sido afec-tada. Esto plantea un cambio civilizatorio profundo que cuestiona todas aquellas lgicas antropocntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceler el divorcio de los seres humanos con la naturaleza. El sistema capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, nos recuerda Bolvar Echeverra (2010). El Buen vivir tambin crtica a los socialismos realmente existentes, es decir a los socialismos antropocntricos (Oviedo, 2011).

    Desde esa perspectiva, el Buen vivir, surgido en el calor de las discusiones sobre la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador, se proyecta como una propuesta de cambio civilizatorio. Y por eso mismo cobra cada vez ms vigor an fuera del mundo andino, ms all de sus retos plurinacionales.5 En el centro de la atencin est

    5. Los debates en este campo son cada vez ms intensos. En los pases del Sur global afl oran los lmites del extractivismo, tanto como en los pases del Nor-te global los lmites del crecimiento econmico. Esto explica por qu en el mundo cobra fuerza las tesis del Buen vivir, como semillas para construir alternativas al extractivismo en el Sur y para propiciar el decrecimiento econmico (Enrique Leff, 2008).

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    un gran paso revolucionario que nos conmina a transitar de visones antropocntricas a visiones socio-biocntricas, con las consiguientes consecuencias polticas, econmicas y sociales.

    Estado Plurinacional, democracia radical en la diversidad

    Desde esa perspectiva el planteamiento de un nuevo Estado debe incorporar otros elementos clave: el Buen vivir y los derechos de la naturaleza, desde donde se deben consolidar y ampliar los derechos colectivos. No hay contradiccin con la participacin ciudadana, pues no se trata simplemente de una ciudadana individual/liberal. Desde la lgica de los derechos colectivos se abre la puerta a ciudadanas colectivas, a ciudadanas comunitarias. Por igual, los derechos de la naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de defi nicin de ciudadana, que se construye en lo individual, en lo social colectivo, pero tambin en lo ambiental. Ese tipo de ciudadana es plural, ya que depende de las historias y de los ambientes. Por igual acoge criterios de justicia ecolgica que superan la visin tradicional de justicia. Eduardo Gudynas (2009) denomina a estas ciudadanas como meta-ciuda-danas ecolgicas.

    Todos estos son temas de debate y discusin del neo constitu-cionalismo transformador, que es en esencia descolonizador.6 Est claro que si se quiere superar la colonialidad del poder, del saber y del ser habr que hacer un esfuerzo de descolonizacin profunda (de Souza Silva, 2011). Esto exige dar paso a esquemas de redistribucin de la riqueza y del poder, as como de construccin de equidades en plural, pues no solo est en juego la cuestin de la lucha de clases, es decir el enfrentamiento capital-trabajo. Est en juego la superacin efectiva del concepto de raza en tanto elemento confi gurador de estas sociedades, en donde el racismo es una de sus manifestaciones ms crudas. Igualmente hay que consolidar y ampliar la vigencia del pluralismo jurdico, as como la prctica de la gestin pblica con criterios plurinacionales e interculturales, que aseguren un mayor y efectiva participacin ciudadana y comunitaria.

    6. Consultar en Ramiro Avila Santamara (2011).

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    La declaratoria del Estado Plurinacional, en Bolivia y Ecuador, representa, por un lado, un acto de resarcimiento histrico para los pueblos y nacionalidades. Y, por otro lado, es simultneamente una oportunidad para que estas sociedades aprendan de los otros, asumiendo un compromiso de convivencia democrtica y equita-tiva, en el que la bsqueda de la armona debe ser la marca de las relaciones de los seres humanos entre s, y de estos con la naturaleza. Este empeo reconoce la interculturalidad como parte fundamental de la plurinacionalidad. Esta propuesta se sintetiza, adems, en el ejercicio prctico y diario del reconocimiento de las diversidades. Se trata de una vida en comn, marcada no ya por la exclusin, sino por la inclusin efectiva y no subordinada, propia de los actuales gobiernos caudillescos de Ecuador y Bolivia (Tapia, 2011). Esto exige prcticas interculturales permanentes en todos los mbitos de la vida en colectividad (Walsh, 2009).8

    En suma, este neo-constitucionalismo transformador, sobre el que se fundamenta la construccin del Estado Plurinacional en Bolivia y Ecuador, es eminentemente emancipatorio. Constituye un punto de partida, no de llegada para construir alternativas al desarrollo y para superar las aberraciones del antropocentrismo, que pone en grave riesgo la existencia del ser humano sobre la tierra.

    La tarea es aprender desaprendiendo, aprender y reaprender al mismo tiempo (Pacari, 2010). Una tarea compleja y difcil, que exigir cada vez ms democracia, nunca menos. La consolidacin constitucional, en consecuencia, depende de la profundizacin de la democracia en sociedades multi o pluriculturales, que incluyan a las poblaciones histricamente marginadas.

    Concluyamos aceptando que el desafo es en extremo complejo, mas no imposible. Para enfrentarlo, lo primero que se requiere es claridad sobre los horizontes del Estado Plurinacional. Horizontes que los ha sintetizado Ral Prada Alcoreza:

    El paso del Estado-nacin al Estado Plurinacional, comunitario y autonmico es todo un desafo. Se trata de dejar la moder-nidad, la historia de la soberana en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de una relacin entre Estado y sociedad, una historia que defi ne la separacin entre gobernantes y gobernados, entre sociedad poltica y sociedad

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    civil, en un contexto matricial donde se demarc la relacin entre dominantes y dominados, a partir de mecanismos de do-minacin y diagramas de poder que atraviesan los cuerpos y los territorios, incidiendo en las conductas y comportamientos, en la administracin de la tierra y los territorios, en la explotacin de la fuerza de trabajo. Dejamos atrs una historia de colonizacin y dominaciones polimorfas desplegadas en el mundo, donde la geopoltica de la economa-mundo y del sistema-mundo capi-talista divide el planeta entre centro y periferia, racializando la explotacin de la fuerza de trabajo y controlando las reservas y recursos naturales, estableciendo una divisin del trabajo pla-netaria, convirtiendo a los pases perifricos en exportadores de materias primas y reservas de mano de obra barata, trans-fi rindoles ms tarde, a algunos de estos pases que ingresan tardamente a la revolucin industrial, tecnologa obsoleta, desplazando la industria pesada, considerada de alta y masiva inversin de capital, pero con bajos rendimientos a mediano y largo plazo, prefi riendo optar por eso por la circulacin y la inversin del capital fi nanciero, que rinde grandes benefi cios a corto plazo. Dejamos atrs entonces la ilusin que provocaron los Estado-nacin subalternos, una vez concluidas las guerras de independencia y las luchas de liberacin nacional, la ilusin de nuestra independencia e igualdad en el concierto de las naciones, en el marco jerrquico de las Naciones Unidas. (2010)

    En consecuencia, hay que construir sobre la marcha una nueva historia y para lograrlo es indispensable una nueva democracia pensada y sentida desde los aportes culturales de los pueblos ori-ginarios. Una democracia incluyente, armnica y respetuosa de lo diverso (Pacari, 2010). Todo esto como parte de propuestas de transformaciones radicales, en esencia civilizatorias.

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    Algunas notas sobre el contexto global

    Desde las ltimas dcadas del siglo pasado asistamos a nivel mun-dial a un proceso, aparentemente imparable, de hegemonizacin del sistema neoliberal y del modo de globalizacin a este adscrita, caracterizada, a su vez, como moderno modelo de neocolonizacin en todos los rdenes, bien sea en el poltico, econmico, social e incluso cultural. Pareca, hasta hace escasas fechas, que este sistema reinara, al modo de los viejos imperios, por siglos, sin una oposicin que le cuestionara y amenazara en su estabilidad y dominacin. Sin embargo, poco ms de dos dcadas despus asistimos nuevamente a fuertes cuestionamientos y transformaciones que hacen patente su inviabilidad. Los escenarios de crisis, como en cualquier fase fi nal imperial, se multiplican en los ltimos aos en todo el mundo y, adems de debilitarlo, evidencian un incuestionable agotamiento global de este sistema. Esta impotencia del sistema, si bien en los primeros aos se mostr de forma ms evidente en la mayora de los llamados pases perifricos del sistema mundial capitalista, hoy es ya evidente tambin en los pases centrales, en aquellos autodefi nidos como desarrollados. Estos ltimos entran en una crisis sistmica del modelo desde el 2008 que hoy en da sigue ahondndose pese a las continuas recetas neoliberales que, insistentemente, los poderes econmicos tratan de implementar con la aquiescencia del poder po-ltico: congelamiento o disminucin de salarios, ataque a los derechos laborales, reduccin de los gastos sociales y del papel regulador de

    I. ABRIENDO EL CAMINO HACIALAS TRANSFORMACIONES POSIBLES

    Jesus Gonzlez Pazos

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    la economa del Estado, empeoramiento de las condiciones de vida de la mayora de la poblacin, liberalizacin total de los mercados y, por consiguiente, absoluto dominio de estos sobre todos los dems sectores de la vida y de la sociedad.

    En Amrica, por lo menos en aquel amplio espacio continental que histricamente se ha considerado como el patio trasero de las metrpolis dominantes, ya hablemos del perodo de colonia espaola o el posterior y ms cercano, de hegemona estadouni-dense y europea, las transformaciones y rebeliones antisistmicas se hacen tambin evidentes. Incluso por esa consideracin errnea de tierra sometida estos cambios han surgido, por su fuerza, como procesos inesperados. Ello a causa, en gran medida, de ha-berse juzgado que cerrado el ciclo de dictaduras militares, propias de los aos sesenta y setenta del siglo XX, los triunfantes procesos de pseudotransicin a la democracia representativa dejaban un continente asentado y estabilizado tanto en lo poltico como en lo econmico para el dominio de la corriente neoliberal. Conti-nente, por tanto, que poco podra aportar al contexto mundial, ms all del asignado papel de proveedor de materias primas y consumidor, en lo posible, de excedentes para el sostenimiento, desde la periferia que es, de los centros de poder mundial y su modelo econmico imperante.

    Pero la aplicacin rigurosa de las polticas econmicas neolibe-rales, caracterizadas por las excesivas medidas de ajuste estructural y la privatizacin absoluta de todos los sectores productivos, as como por la primaca total de los intereses de mercado sobre el ser humano, despojando al Estado de su elemento defi nidor como re-distribuidor de la riqueza y proveedor de bienestar social, ha llevado al empobrecimiento de la mayora de la poblacin en el continente.1

    La brecha abierta entre un poder econmico, local e internacional, cada vez ms enriquecido, y las inmensas mayoras sociales, se ha ido expandiendo generando un proceso acusado de injusticias y de

    1. Como ya se ha sealado, en estos ltimos aos la aplicacin de estas polticas neoliberales tambin en los pases centrales del sistema-mundo, una vez declarada la profunda crisis de este sistema, est suponiendo que esas graves consecuencias para las mayoras sociales tambin sean evidentes en estos pases, tomando unas dimensiones de crisis de carcter mundial.

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    aumento de las desigualdades. En este sentido, los sistemas polticos se han ajustado plenamente a las imposiciones del mercado y su fundamentacin nica se ha desviado hacia la validacin permanente del modelo econmico. Incluso se ha alcanzado una cierta invisibi-lizacin de las diferencias ideolgicas entre unas opciones polticas y otras y ambas se alternan en el poder, o se alan en pactos contra natura (hipotticas fuerzas de izquierda con partidos de derecha) cuando ven amenazado su detentacin, sin poner nunca en cuestin las bases de las polticas econmicas neoliberales.

    Es en este contexto reciente en el que los diferentes pueblos y sociedades no pueden soportar ms esta presin continua y el empobrecimiento en aumento al que estn abocados y se reinician procesos diferenciados de transformaciones y cambios a lo largo de todo el continente americano. As hoy, un nmero importante de pases y pueblos intentan alejarse cada vez ms del modelo que rpidamente se ha hecho ya viejo y ensayan sus actuaciones hacia opciones ms redistributivas, con mayor presencia del Estado en los sectores estratgicos, con polticas sociales ms amplias y recupe-rando una soberana nacional que solamente fi guraba en la retrica discursiva de los gobernantes. Igualmente, se experimentan nuevos lineamientos y estructuras polticas, sociales, econmicas que res-pondan a las necesidades de las mayoras, y se revigorizan culturas y pueblos, hasta hace poco, permanentemente excluidos y a los que ahora se reconocen sus derechos como tales, abriendo paso a la posibilidad de su implementacin. Pero sin duda esta descripcin, a pesar de su sencillez no puede obviar el largo camino y difi cultades que resta por andar y sortear en esa exploracin y puesta en ejercicio de nuevos modelos ms justos y equitativos.

    Algunas otras notas sobre el contexto local

    En este marco general, Bolivia se distingue hoy como un pas hist-ricamente olvidado del contexto internacional que ha recuperado su presencia y que tiene la oportunidad de reconstruirse. Pas en el que el proceso generado en los ltimos aos, pero que tiene sus races en los ltimos siglos, cuestiona verdaderamente las bases estructurales del injusto sistema poltico, econmico, social y cultural impuesto a la mayora de su poblacin.

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    Con ms de un 60% de su poblacin autoidentifi cada como perteneciente a alguno de los 36 pueblos indgenas, despus de siglos de resistencia estos estn hoy en da en un profundo proceso de recuperacin de su soberana y del protagonismo poltico que les corresponde como pueblos. Lo cual, solo se entiende como respuesta al hilo de la exclusin permanente a la que han sido sometidos, lo que hace que hoy, en el siglo XXI, adivinemos ese protagonismo recuperado como un hecho extraordinario y, para algunos, anacrnico. Muy al contrario, si el contexto no hubiera estado marcado por la discriminacin y violacin permanente de sus derechos, este proceso debera entenderse en la normalidad que supone que estos pueblos deben de hacerse presentes, participar y dirigir, junto a otros sectores no indgenas, el Estado-nacin (hoy Estado Plurinacional) en el que son mayora. Si hasta fechas recientes se asumi, sin ningn cuestionamiento y como algo casi lgico, que una minora inferior incluso al 10% de la poblacin poda ocupar la prctica totalidad de los espacios de poder polti-co, social y econmico, no se podra poner ahora objecin alguna a ese nuevo protagonismo alcanzado por los pueblos indgenas, grandes mayoras del pas.

    Resulta necesario, para poder entender mejor el contexto de transformaciones posibles que hoy operan en ese pas americano, romper con la visin de que el protagonismo indgena hoy es algo surgido de la nada. Las protestas y rebeliones indgenas contra el poder establecido en Bolivia han sido permanentes desde los primeros aos de la colonia, aunque tambin sistemticamente ocultadas por la historia (Klein, 2002). Estas solamente han sido objeto de alguna mencin, muchas veces con tintes ms folklri-cos que poltico-sociales, cuando alcanzaron un carcter masivo y sobrepasaron los niveles locales para amenazar al sistema do-minante. Este es el caso, por ejemplo, de la rebelin dirigida por Tupac Katari y Bartolina Sisa, en el siglo XVIII, que puso en grave riesgo el dominio colonial espaol. Sin embargo, hay que reiterar que estos alzamientos fueron una constante, contabilizndose incluso por miles, y transitan desde hace cientos de aos hasta las protagonizadas en el llamado ltimo ciclo rebelde a partir del ao 2000. Por eso, esta es una de las claves histricas a tener en cuenta, para poder entender mejor lo que hoy acontece y comprender los

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    nuevos elementos que se introducen en este ltimo proceso de transformaciones posibles que se originan a partir de la resistencia a la implantacin del sistema neoliberal (1985), pero que hunde sus races en la historia de los pueblos (Gonzlez Pazos, 2007).

    Una clave ms es el permanente proceso de expolio territo-rial al que son sometidos los pueblos indgenas y campesinos. Si este se abre con la colonia espaola, encuentra su continui-dad y apogeo en la vida republicana de Bolivia hasta prcti-camente nuestros das. As, las ideas liberales que inspiraron la creacin del Estado-nacin, en el siglo XIX, llevaron a los gobiernos a seguir diferentes actuaciones que pretendan, de una parte, la asimilacin y desaparicin de la identidad indge-na; de otra parte, la usurpacin de los territorios indgenas me-diante su sometimiento a las leyes del mercado. Incluso la reforma agraria producida en 1953, como consecuencia de la revolucin nacionalista del ao anterior y de la presin de las comunidades indgenas, si bien supuso una importante recuperacin de tierras, se transform en gran medida en un nuevo ataque a la identidad indgena, pues estos la recobran ya no como tales, sino como campesinos. No se consider en ningn momento la dimensin poltica de los pueblos indgenas y se refuerza una visin que en-frenta dos tipos diferentes de clasifi cacin, la tnico-cultural y la social-clasista, donde la segunda ubica a estas poblaciones como campesinas, ocultando el hecho indgena. El actual proceso boli-viano, en gran medida, encuentra su razn de ser en la inversin de esa dicotoma, aportando nuevos parmetros polticos, sociales y econmicos a esta fase de transformaciones.

    Estas claves nos evidencian algunos de los rasgos caractersticos y defi nitorios del proceso que hoy se lleva adelante. La recuperacin de la tierra y el territorio, el control de los recursos naturales, la autodeterminacin, la participacin poltica, la recuperacin de la identidad como pueblos, junto con la construccin de un Estado Plurinacional, la descolonizacin y despatriarcalizacin, as como la asuncin y fortalecimiento de nuevas y viejas alternativas para una economa plural fuera de la lgica de mercado neoliberal, son fuerzas modeladoras de los nuevos planteamientos para la transformacin del Estado-nacin, rompiendo radical y defi niti-vamente con el largo proceso colonial, bien externo o interno, que

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    ha dominado durante los ltimos 500 aos. Ese proceso colonial se ha caracterizado como aquel donde una pequea lite dirigente (blanco o criolla) domina plenamente las diferentes esferas de poder, relegando a la mayoritaria poblacin indgena y campesina al ostracismo poltico y social y a un nico papel de mano de obra barata para la explotacin econmica, en una marco absoluto de inequidad e injusticia.

    La etapa neoliberal: se vende un pas

    La visin indgena de la historia es la de un tiempo cclico, contra-puesto a la visin lineal, caracterstica del mundo occidental. Por eso, al analizar las claves actuales del proceso que vive Bolivia, es imprescindible tener muy presentes aquellas que se originan en las pocas precedentes; solo as entenderemos el cierre del ciclo que se considera se ha operado ahora, el ciclo de la invisibilidad y someti-miento de los pueblos indgenas y campesinos.

    Teniendo presente lo anteriormente sealado, interesa ahora centrarnos en algunas claves de lo acontecido en los ltimos 25 aos y el papel jugado por los nuevos movimientos sociales e indgeno-campesino que rompern con ese sistema establecido. Esos aos se caracterizaron, en lo poltico, por la implantacin de un modelo de democracia pactada entre las principales fuerzas polticas, que se alternarn en el poder y que supondr su paulatina deslegitimacin ante la mayora social, a causa de la extensin de la corrupcin y la lgica prebendalista. En lo econmico, Bolivia seguir los dictados ms ortodoxos del neoliberalismo, con polti-cas frreas de ajuste estructural y procesos de privatizaciones que provocarn el expolio de los recursos naturales y de las opciones de un desarrollo endgeno adaptado a las necesidades de vida de la poblacin. La consecuencia directa de estas actuaciones en esos dos amplios campos ser la fractura poltica y social y la constitucin de dos grandes bloques antagnicos que implicarn dos proyectos enfrentados de pas.

    A partir de 1985 se inicia un perodo de aplicacin de las medidas neoliberales, polticas de shock, ajustes y reformas estructurales que se traducen, entre otras, en la privatizacin de las empresas estatales en la prctica totalidad de los sectores

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    estratgicos (hidrocarburos, minera, electricidad, telecomunica-ciones, transportes, etc.). A su vez, esto supone la conversin del Estado en un ente meramente regulador de los dictados de la economa neoliberal para la transferencia de la administracin y posesin de los recursos nacionales hacia las empresas trans-nacionales. Las ms visibles consecuencias sern el aumento del desempleo y subempleo, la terciarizacin e informalizacin de la economa, la profundizacin y expansin de la pauperiza-cin de los sectores sociales ms dbiles y el deterioro general y continuo de las condiciones de vida de la inmensa mayora de la poblacin. La aplicacin de las nuevas polticas econmicas, aunque supuso una reduccin drstica en pocos meses de la hi-perinfl acin (de 12.000% al 9%), fue a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de las mayoras. Un dato ilustrativo de esta situacin es visible en los ms de 20.000 mineros despedidos durante el primer ao de aplicacin de estas medidas y los 35.000 obreros fabriles igualmente despedidos en cinco aos. En los tres aos primeros, el 70% de la fuerza laboral urbana en Bolivia perteneca a la economa informal (Khol y Farthing, 2007). Un elemento ms a tener en cuenta es que todas estas medidas no tenan nicamente un carcter econmico, sino que contaban tambin con un transfondo claramente poltico. El despido masivo de mineros y obreros, y su desplazamiento a otras reas territoria-les,2 pretenda acabar con el movimiento de resistencia popular y sindical, especialmente representado en la COB (Central Obrera Boliviana), quien haba encarnado desde la revolucin de 1952 el principal instrumento de lucha, llegndose a constituir casi como un poder dual durante los primeros aos de esa revolucin na-cionalista (Garcs, 2010).

    En lo social, Bolivia se situar como uno de los pases ms pobres del continente y donde el aumento de las brechas de desigualdad, agudizadas en el caso de las mujeres, y concentracin de la riqueza irn en un incesante aumento.

    2. Una gran parte de esta fuerza laboral se desplaz hacia la ciudad de El Alto, agregada a La Paz, y hacia el Chapare, en el trpico cochabambino, constituyendo posteriormente el germen del movimiento cocalero, de donde surgir como diri-gente sindical el actual presidente Evo Morales.

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    As, se puede afi rmar que los aos del neoliberalismo dejaron a Bolivia con una economa totalmente abierta y entregada a las fuerzas externas del mercado mundial. A su poblacin en peor situacin que la que tena anteriormente debido a su desigual relacin con el mercado, la falta de cobertura estatal y la precariedad general del sistema, con un creciente peso del sector informal y forzado a un imparable proceso migratorio desde el campo al medio urbano o hacia el exterior.

    En lo poltico, como ya se ha apuntado, se da un rpido proceso de desprestigio y deslegitimacin del sistema, debido a la ya sealada democracia pactada que no supona sino un sistema de prebendas y repartos de poder que incidan cada vez ms en la inefi ciencia del aparato estatal y el aumento de la corrupcin general. Y ello, en combinacin con una serie de polticas orientadas a la inclusin de los pueblos indgenas que pretendan desactivar, tambin por esta parte, la resistencia posible que ya se reorganizaba desde estos sectores fuera de la rbita sindical y minera. As, se implantan di-ferentes leyes que plantean la participacin indgena en los asuntos del Estado, pero sin alterar en sus bases ni el sistema poltico ni el econmico dominantes. Es lo que diferentes autores han denunciado como la instalacin del multiculturalismo de Estado o neoliberal, bajo la mscara de la modernidad integradora.3 De esta forma, se puede concluir que el neoliberalismo se fue imponiendo mediante el consentimiento y la coercin, mediante la represin y la cooperacin (Khol y Farthing, 2007).

    Toda esta situacin, en proceso de permanente agudizacin, abrir y ensanchar una brecha insalvable entre dos proyectos an-tagnicos que permitir hablar de la construccin dual de Bolivia. De una parte, el bloque constituido por los partidos polticos tradicionales e instituciones del Estado, conformado por las lites econmicas defensores del sistema neoliberal, que lograra una

    3. Vase, Kymlicka, Hill, Ciudadana multicultural. Una teora liberal del derecho de las minoras, Paids, Barcelona, 1996.

    Hale, Charles, Puede el multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y poltica de la identidad en Guatemala, en Antropologa del Estado. Dominacin y prcticas contestatarias en Amrica Latina, Mara Lagos y Pamela Calla (comps.), PNUD, La Paz, 2007.

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    cierta estabilidad durante la dcada de los noventa. El segundo proyecto se desarrollara en gran medida por caminos propios, al margen del Estado, y estara formado por los movimientos de resistencia y las organizaciones sociales, especialmente las indge-nas y campesinas; este bloque, articular un discurso y accin de oposicin a los efectos del modelo que ir uniendo a la mayora social del pas hasta su cuestionamiento total. A partir de fi nales del siglo pasado se accionar cada vez de forma menos estricta dentro de las llamadas reglas de juego de la democracia representativa. El bloque tradicional haba concentrado la totalidad de sus fuerzas para un monopolio absoluto de la vida poltica, de las institu-ciones del Estado y de la administracin de este, sin dar cabida a nuevas expresiones organizativas propias de los sectores sociales, populares e indgenas. En esta situacin, estos sectores ltimos irn estructurando sus acciones en una suerte de mantenimiento y fortalecimiento al margen del sistema, en clara deslegitimacin, pero tambin en una construccin de alternativas globales al mo-delo econmico, poltico y social. Adems de los planteamientos y reivindicaciones sectoriales, poco a poco se reconstruye un discurso que cuestiona y que exige la necesidad de modifi cacin profunda del Estado. Paulatinamente irn surgiendo nuevas ideas fuerza que traspasarn los distintos estamentos sociales en una extensin cada vez mayor y que convocarn nuevamente entusiasmos colec-tivos, caso de la exigencia de una Asamblea Constituyente para la refundacin del pas, la nacionalizacin de los hidrocarburos, el autogobierno y los derechos indgenas.

    Un elemento ms a tener en cuenta, como clave del proceso, es el sealado por lvaro Garca Linera, actual vicepresidente de Bolivia. l insiste en que el cuestionamiento del Estado va ms all del de una crisis coyuntural del sistema neoliberal, y que alcanza a sus elementos estructurales. Estos, los componentes coloniales y espaciales, en cuanto al traslado de los ejes de decisin econmico-polticos, son aquellos que defi ne como de larga duracin y que caracterizan, en el caso boliviano, su cualidad republicana, por lo que se hunden en la misma historia de la formacin del Estado y por primera vez entran en crisis y en su cuestionamiento como pilares fundamentales del Estado-nacin.

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    Recuperando protagonismo desde las bases

    Un elemento esencial en el proceso boliviano ser la concepcin de la territorialidad, como espacio que traspasa lo econmico, y que conforma tambin modelos alternativos de organizacin cultural, social y poltica. Esta es una de las aportaciones ms destacadas del nuevo actor sociopoltico en que se convierten las organizaciones indgenas e incidir en la estructuracin en que se reconstruye el tejido social y autnomo frente al Estado neoliberal.

    De forma paralela a la implantacin de las medidas neolibe-rales, como se ha dicho, a partir de 1985 con la llamada Nueva Poltica Econmica, y la profundizacin y extensin de sus conse-cuencias ms negativas, se va articulando un movimiento indgena campesino que plantea su visin y defensa del territorio. En 1990 se realiza la I Marcha Indgena por el Territorio y la Dignidad, la cual ana a grupos indgenas tanto de las tierras bajas amaznicas como del altiplano. Esta accin, junto con otras subsiguientes, ir colocando en la agenda poltica la defensa y recuperacin de la tierra y el territorio.

    As, la comunidad indgena en el medio rural, o la junta vecinal en el medio urbano, se reconstituyen como entidades territoriales y se convierten en las estructuras de base, pero diri-genciales, como columna vertebral articuladora de otros grupos sociales (Garca, 2005).En un principio, muchas de estas se irn conformando en torno a necesidades bsicas y a la defensa de recursos territoriales (agua, territorio, servicios pblicos, tierra,...) como pequeas estructuras organizativas locales basadas, entre otras, en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial, para ir poste-riormente creando nuevas redes de movilizacin colectiva que ponen en pie nuevos y ms amplios movimientos sociales. Este ser el caso de la coordinadora del Agua y la Vida, con un papel protagonista en la llamada Guerra del Agua en el ao 2000, en la ciudad de Cochabamba, pero tambin del Movimiento Sin Tierra (MST), o de CONAMAQ, el Consejo Nacional de Ayllus y CONAMAQ, el Consejo Nacional de Ayllus y CONAMAQMarkas del Qollasuyo, y de CIDOB (Confederacin de Pueblos Indgenas de Bolivia). Al mismo tiempo, este proceso tambin supondr la revitalizacin de otros movimientos y organizaciones

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    anteriores como la CSUTCB (Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia),4 la CSCB (Confederacin de Colonizadores Campesinos de Bolivia),5 los cocaleros, las Juntas de Vecinos, etc.

    Garca Linera (2005) indica que, en trminos organizaciona-les:

    La virtud de estos movimientos sociales se asienta en que han creado mecanismos de participacin, de adhesin y fi liacin colectiva a escala regional fl exibles y fundamentalmente terri-torializada que se adecuan a la nueva conformacin hbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia.

    Y como la participacin y control de las bases es una carac-terstica esencial en los pueblos indgenas, estos elementos sern integrados en las organizaciones, aunque combatiendo numerosas resistencias en ciertas etapas. Resistencias que se generan, en parte, por una tradicin sindical que tiene como herencia la verticali-dad entre direccin y bases. Sin embargo, se ir rompiendo esa relacin de arriba abajo y transformndose, recuperndose, en unos niveles de horizontalidad mayores que regirn la vida orga-nizativa. Aunque, es evidente, que este modelo no es ideal y que sufre continuos momentos de crisis y tampoco se puede entender desde una visin utpica de democracia participativa al mximo nivel, es innegable que el control de las bases ser un hecho deter-minante en muchos de los pasos, momentos y decisiones que el movimiento ir tomando segn avance el proceso y que hoy an con ms fuerza debe seguir rigiendo las actuaciones y lineamientos de estas organizaciones sociales y populares para la implementa-cin del Estado Plurinacional y todo lo que de ello se deriva. Si hay una acumulacin de la crtica a los partidos polticos como estructuras que han monopolizado la representacin poltica de

    4. A partir de los debates y acciones en torno a los 500 aos de la conquista de Amrica, la CSUTCB instala la llamada Asamblea de Nacionalidades Originarias con el objetivo de recuperar las tierras y territorios que pertenecieron a los pueblos indgenas.

    5. Hoy Confederacin Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, CSCIB.

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    la sociedad, esa crtica y vigilancia subyace tambin en las propias organizaciones sociales hacia la monopolizacin de su represen-tacin por parte de las dirigencias. As, en muchos momentos, se plasma y ejercita el concepto de rotatividad en la representacin y de cuestionamiento a aquella dirigencia que se considera no est plenamente al servicio de la organizacin, suponiendo su cambio inmediato. Es necesario recordar que estas conceptualizaciones y su ejercicio prctico y permanente estn sumamente arraigadas en la fi losofa indgena sobre el sentido de servicio a la comunidad por parte de las autoridades. Igualmente, la conduccin por las bases, en los diferentes momentos que se viven en Bolivia a partir del ao 2000, es algo que se har efectivo y visible cuando las propias dirigencias se vean superadas al momento de tomar decisiones sobre las acciones a llevar adelante o reconducciones del proceso segn avance la agudizacin de la crisis del Estado boliviano.

    Estas nuevas estructuras de accin poltica ya no son organi-zaciones que simplemente pretenden alterar la coyuntura social y poltica de los ltimos aos, sino que generan nuevos planteamien-tos y cuestionamientos profundos que van a la raz fundacional del propio Estado. Los acontecimientos que se concatenan en el llamado ciclo rebelde (2000-2005) demostrarn que los pueblos indgenas no solo no haban desaparecido o haban sido asimi-lados, sino que reaparecen hasta conseguir invertir la discusin, cuestionando qu hacer con el Estado-nacin, cmo avanzar hacia la descolonizacin y resituando en el centro del debate la proble-mtica colonial y la urgencia de nuevos proyectos emancipatorios. Los pueblos indgenas ya no sern los eternos sujetos convocados (Prada, en prensa), como lo fueron en los casos del nacionalismo revolucionario o en los discursos de la izquierda tradicional, sino que se trata ahora de ser los sujetos polticos, articuladores de lo plural en un proyecto abiertamente plurinacional y comunitario. Se propondrn desmontar las estructuras coloniales vigentes y modifi car radicalmente la repblica racista y monocultural hacia una nueva de carcter plurinacional y verdaderamente democrtica. Se produce ahora un salto perceptible desde lo coyuntural hacia lo estructural del sistema dominante.

    En gran medida, el corolario de ese salto en el pensamiento poltico quedar refl ejado en el ao 2006, cuando en la primera

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    versin de la propuesta del Pacto de Unidad de las organizaciones indgena campesina y originarias se explicita:

    [] Pero a pesar de los siglos de imposicin hemos resistido y mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habi-tamos diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacfi ca, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional unitario.

    Para la construccin y consolidacin del Estado Plurinacio-nal son fundamentales los principios de pluralismo jurdico,6

    unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solida-ridad y el principio moral y tico de terminar con todo tipo de corrupcin.

    Nuestra decisin de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomas indgenas, originarias y campesinas debe ser entendida como un camino hacia nuestra autode-terminacin como naciones y pueblos, para defi nir nuestras polticas comunitarias, sistemas sociales, econmicos, polticos y jurdicos, y en este marco reafi rmar nuestras estructuras de gobierno, eleccin de autoridades y administracin de justi-cia, con respeto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio.

    [] Es de especial importancia nuestro derecho a la tierra y los recursos naturales: buscamos poner fi n al latifundio y a la concentracin de la tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos naturales en benefi cio de intereses privados. (Garcs, 2010)

    Lo anterior tambin permite entender que no se debe reducir todo el movimiento que se genera en estos aos, y que desembocar en los actuales, a nicamente las reivindicaciones indgenas, por mayoritarias que sean tnicamente. Lo indgena cumplir la funcin esencial de ser eje catalizador y articulador que se incorpora al movi-

    6. Por pluralismo jurdico se entiende la coexistencia, dentro del Estado Pluri-nacional, de los sistemas jurdicos indgenas originarios y campesinos con el sistema jurdico occidental, en un plano de igualdad, respeto y coordinacin.

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    miento social, ms amplio en sus dimensiones y que cuestiona en su totalidad al Estado, y al cual aporta nuevas visiones y concepciones, propias de su memoria histrica y de su realidad poltica, cultural y social que suponen una reconceptualizacin de la nacin. Esto tendr su correlato en la llamada a la Asamblea Constituyente para la refundacin del pas, demanda que, precisamente, partir de las organizaciones indgenas amaznicas y ser asumida rpidamente por el resto de organizaciones indgenas campesinas y movimientos sociales y populares. Tambin es necesario explicitar las diferencias al interior de este amplio movimiento indgena, las cuales se perciben entre lneas ms estrictamente indgenas, mayoritariamente ubicadas en el rea amaznica y el altiplano aymara en los primeros aos, y otras donde la raz clasista, sindical, imprime an identidad, aunque con una progresiva indianizacin, ubicadas en el resto del altiplano y los valles. Estas divergencias ideolgico-polticas sern una constante tambin en los aos siguientes y marcarn posicionamientos respecto al propio proceso de transformaciones incluso en el llamado Pacto de Unidad que agrupar a las principales organizaciones indgenas campesinas.

    Todo ello, llevar a un agravamiento de la crisis global del sis-tema, desembocando en una nueva era de convulsiones sociales a partir del ao 2000 que, denominado como el ciclo rebelde, llevar al fi n del sistema neoliberal.

    Inmersos en las transformaciones posibles

    En los ltimos aos, Bolivia fue ganando un espacio cada vez mayor en el plano internacional, principalmente por los diferentes momentos de levantamientos protagonizados por los movimientos populares e indgenas y campesinos.7 Estos llevaron a la expulsin del poder a dos presidentes (Snchez de Lozada, en 2003 y Carlos Mesa, en 2005) y, culminan en esta fase, con la llegada al gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo), en el ao 2006, encarnado internacionalmente en la fi gura del dirigente cocalero Evo Morales,

    7. La Guerra del Agua, en el 2000; movilizaciones y bloqueos en el altiplano, 2000-2001; Marcha de las tierras bajas, en el 2002, que instala defi nitivamente el

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    y el inicio de una serie de transformaciones permanentemente demandadas. Sin embargo, hay que remarcar una vez ms que estos hechos, si bien pueden suponer los momentos culminantes, son la parte ms visible de un movimiento ms profundo que se ha ido estructurando en las dos ltimas dcadas, pero con races mucho ms antiguas y ancladas en la realidad y visin de los pue-blos indgenas y campesinos.

    En el nuevo panorama de la globalizacin, Bolivia no es ms que un proveedor de materias primas, especialmente tras el importante desarrollo de la explotacin petrolera y gasstica (segundas reservas del continente en esta ltima materia), que se entrega a las multi-nacionales del sector. Tambin se desarrolla en el rea amaznica el extensionismo en cultivos para el mercado mundial de la caa de azcar y de la soja. Y, parejo a esta nueva etapa, ser la destruccin del territorio amaznico, condenado, adems de por la explotacin de las materias anteriormente citadas, por la tala indiscriminada de madera y por la creacin de enormes extensiones de pasto para el ganado (se deca que en Bolivia una cabeza de ganado posea muchas ms hectreas que una persona). La tnica dominante es la de unas pocas familias oligrquicas, principalmente afi ncadas en el oriental departamento de Santa Cruz (que crece hasta convertirse en el polo de desarrollo econmico del pas) que obtienen prcticamente todos los benefi cios derivados y que, consiguientemente, dominarn el panorama no solo econmico, sino tambin poltico. Ser esta clase oligrquica la que lleve adelante en los primeros aos del nuevo ciclo abierto (2006 2008) un movimiento permanente de resistencia y boicot a los cambios, con demostrados tintes racistas y clasistas, (bloqueo de la Asamblea Constituyente, autonomas departamen-tales, intento de golpe de Estado de septiembre de 2008...) a fi n de no perder los privilegios detentados durante dcadas, en detrimento de la mayora de la poblacin. Por el contrario, pese a sus grandes recursos naturales, Bolivia se hunde en los ndices de desarrollo humano (IDH) y se convierte en el pas ms pobre de Amrica, rebasado nicamente por Hait.

    debate en torno a la Asamblea Constituyente; Guerra del Gas, en octubre de 2003; Guerra por la nacionalizacin de los hidrocarburos, mayo-junio de 2005.

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    Paralelamente, las distintas organizaciones sociales, populares, de mujeres, indgenas, campesinas, van estructurndose y plan-teando las distintas reivindicaciones de derechos y un reparto ms justo de la riqueza, as como la restauracin de la soberana nacional a travs de la recuperacin de los recursos naturales en manos de las transnacionales. A partir de los primeros aos de la dcada de los noventa del siglo pasado, las organizaciones indgenas del rea amaznica, organizan una serie de marchas hasta La Paz y demandan ya una Asamblea Constituyente que refunde el pas en trminos de justicia y derechos para todos y todas. De otra parte, la poltica de sumisin a la llamada lucha contra el narcotrfi co de los EE UU exige a los gobiernos bolivianos la criminalizacin de la sagrada hoja de coca y por lo tanto su erradicacin de aquellas zonas donde considera se produce para el narcotrfi co. Esto ocurre de forma muy patente en el rea del Chapare, trpico cochabambino, donde la mayora de las familias son antiguos mineros, de fuerte trayectoria sindical y desplazados a esta zona tropical tras el cierre de los centros de minera, pero que al no tener otra posibilidad de subsistencia, se dedican a este cultivo. Ser aqu precisamente donde se d uno de los movimientos ms fuertes de respuesta, no solo a esta poltica, sino a toda la injusta estructura social y econmica dominante; movimiento que se convertir en el ncleo de la formacin del MAS y lugar de formacin poltica y sindical del presidente del pas.

    Un polo ms de organizacin se estructura en la ciudad de El Alto. Nace, en gran medida, tambin al calor de la destruccin de la minera que origina una fuerte emigracin del altiplano hacia la capital. As, desde hace pocos ms de 30 aos, esta ciudad nace de la nada y hoy, con enorme emigracin tambin del campo, se constituye como la tercera ciudad del pas, con ms de un milln de habitantes y colindante con La Paz. Esta es la primera ciudad indgena del continente, dado que su poblacin es mayoritariamente aymara y quechua, hasta en un 85%. Aqu se da un fuerte proceso de organizacin en respuesta a las demandas necesarias para una mejor habitabilidad de la nueva estructura urbana, pero tambin por la importante confl uencia de los anteriores movimientos mineros y la tradicin organizativa de las comunidades indgenas, en respuesta a la cada vez ms grave situacin del pas.

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    Si bien a lo largo de los aos noventa del siglo pasado y principios de la primera dcada del nuevo siglo se van a ir dando diferentes momentos crticos, con marchas a la capital, bloqueos de carreteras, reivindicaciones y luchas en defensa de la no priva-tizacin del agua, etc., ser con el gobierno de Snchez de Lozada, en el ao 2003, cuando la situacin llega al lmite. Diferentes decretos neoliberales, con el asesoramiento del FMI y del BM, in-cidieron, desde 1993, en la descapitalizacin y desarticulacin de la empresa estatal de hidrocarburos, la cual era la principal fuente de ingresos gubernamentales.

    Es importante entender lo que el expolio de los recursos gassticos provocaba en el inconsciente colectivo. El dominio de una economa extractivista, instalada desde los tiempos de la co-lonia espaola, siempre benefi ci a pequeos grupos econmicos locales, en detrimento de las mayoras. La riqueza de estas extrac-ciones de grandes recursos naturales siempre se orient hacia la exportacin, benefi ciando tambin y en superior medida al capital extranjero. Durante los siglos XVI y XVII esa explotacin se centr en la plata que sala del cerro Potos en ingentes cantidades hacia Europa; durante el siglo XIX, principalmente se export goma y guano, para dejar paso al siglo XX, dominado por la extraccin del estao y momento en el que tres familias constituyeron lo que se ha dado en llamar el superestado minero, es decir, el uso y abuso de su poder econmico para orientar las polticas y los recursos pblicos en funcin nicamente de sus intereses (Albarracn, 2008). Por ello, el expolio que suponan ahora los nuevos planes de explotacin del gas, en benefi cio de una pequea lite local y de las grandes empresas transnacionales, se entenda colectivamente como un nuevo caso de avasallamiento y prdida de la soberana que volva a mostrar el carcter de colonia del Estado boliviano.

    En este contexto, actuaciones como las establecidas a travs de la Ley de Hidrocarburos desmantelan totalmente la empresa estatal y entregan por nada los benefi cios de la explotacin a las empresas transnacionales (18-82%, para el Estado y empresas respectiva-mente; hoy llevado al orden inverso por el proceso nacionalizador). Estas medidas, junto a otra serie de actuaciones tambin priva-tizadoras, represivas y de no respuesta a las demandas populares,

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    llevan al pas a una situacin explosiva. La reivindicacin de la no exportacin del gas que, adems se pretenda exportar a EE UU a travs de los puertos chilenos (con quien Bolivia sigue en situacin de confl icto por la prdida de su salida al mar en el siglo XIX), y la demanda de la Asamblea Constituyente, sern, entre otros, los detonantes de la revuelta conocida como Guerra del Gas, en octubre de 2003. La brutal represin gubernamental (ms de 70 muertos) y la respuesta popular que se extiende por todo el pas, tiene como consecuencia directa la huida del presidente.

    La Guerra del Gas de 2003 que derroc al gobierno, trataba sobre algo ms que solo el gas del pas. Era un rechazo al siste-ma poltico que se haba transformado en dar alegremente la bienvenida a una poltica econmica escrita en otro lugar para el benefi cio de otros. Mientras el antiguo sistema poltico y econmico estaba siendo despojado de su ltima legitimidad, los movimientos sociales que haban dirigido las protestas pre-sentaron su propia agenda. Fue conocida como la Agenda de Octubre e inclua la nacionalizacin e industrializacin de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente que reescribiera la Constitucin Poltica del Estado, y un juicio de responsabilidades a Snchez de Lozada por las muertes de septiembre y octubre de 2003. (Gordon y Luoma, 2008)

    El relevo cae en manos del hasta entonces vicepresidente, Car-los Mesa, quien asume la demanda de convocatoria de Asamblea Constituyente y recuperacin para el pas de los hidrocarburos. Igualmente, los sucesos de octubre marcarn defi nitivamente el an-terior camino de declive y desprestigio casi absoluto de los partidos tradicionales y el sistema poltico que estos sostienen durante las dos ltimas dcadas.

    Carlos Mesa, sujeto a muy diversas presiones, no hace sino alargar la situacin sin procurar ninguna de las salidas demandadas mayoritariamente. Este panorama sigue agravndose y culminar en el ao 2005 con la cada del presidente, tras un nuevo perodo de movilizaciones en demanda de la nacionalizacin de los hidro-carburos y convocatoria de la Asamblea Constituyente. Ante la total oposicin popular y riesgo de guerra civil abierta si asumieran la presidencia el presidente del Congreso, o el del Senado, ambos

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    adscritos a los partidos tradicionales, asume la presidencia el pre-sidente del tribunal Supremo, con el nico mandato de convocar elecciones generales en el plazo de seis meses.

    La respuesta de las lites

    La situacin histricamente privilegiada en que haban vivido las li-tes econmicas se ver alterada segn avance el llamado ciclo rebelde (2000-2005). Como se ha sealado, desde la Guerra del Agua se da inicio al proceso de ruptura con el orden neoliberal y, a medida que este se desarrolle y fortalezca, los intereses oligrquicos se sentirn peligrosamente amenazados. Tras la Guerra del Gas (2003) y la ex-tensin social de las demandas, plasmadas en la agenda de octubre (nacionalizacin de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente), el bloque dominante comienza a reorganizar su viejo discurso de la descentralizacin, bajo la base de un proyecto autonomista, con el que se pretende condicionar esa agenda popular. Bajo este discurso se esconden los verdaderos objetivos de las lites, como son, el manteni-miento de la vinculacin dependiente de los mercados exteriores, la promocin de la inversin extranjera y la subordinacin del Estado a los negocios privados preservando el sistema neoliberal (Cabezas, 2005). Este proyecto tendr sus bases en las tierras bajas amaznicas y ser sustentado por las lites oligrquicas que controlan adems de los aparatos de los partidos polticos tradicionales, los llamados Comits Cvicos (agrupaciones ciudadanas para el desarrollo) y las corporaciones empresariales regionales (Gonzlez, 2007).

    Desde los aos de las dictaduras militares (aos sesenta y setenta del siglo pasado) esta oligarqua ha controlado el poder poltico, entre otras formas, mediante el dominio de los ministerios claves en la defi nicin de las polticas econmicas, lo que la haba permitido ser protagonista nica de la vida poltica, social y econmica del pas; situacin que ahora peligra dado el empuje de las demandas de las mayoras por profundas transformaciones en esos mismos mbitos. Ante ello, se produce la reaccin oligrquica, con aval de los intereses transnacionales, para la recuperacin y conservacin de esos espacios de poder e intentar frenar los nuevos proyectos que se estn planteando. Sus principales preocupaciones se centraban en el ncleo central de la agenda de octubre, cuya aplicacin supondra

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    en el asunto de los hidrocarburos perder los benefi cios que ciertos sectores de estas lites tenan por sus vnculos con las empresas trans-nacionales y la economa de mercado. Pero tambin en esa agenda inquietaba especialmente la demanda de Asamblea Constituyente, la cual, en la posibilidad de ser dominada mayoritariamente por las organizaciones sociales, traera una nueva constitucin poltica que alterara radicalmente, desde sus intereses, el orden poltico y econmico establecido, afectando a otros intereses neurlgicos como la posesin y explotacin de la tierra y el territorio y de los recursos naturales.

    Es por ello, que desde estos sectores oligrquicos y las direc-ciones de los partidos tradicionales, partiendo de la generacin de una movilizacin populista, se articular a partir del ao 2005 la llamada agenda de enero, en clara contraposicin a la indgena-popular. Esta nueva agenda plantear abiertamente la consecucin de una autonoma departamental8 con anterioridad, si es posible, a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pretendiendo as conservar sus privilegios y condicionar la nueva constitucin poltica resultante. La esencia de esta demanda, y sus verdaderos intereses, se percibe en que la autonoma que se quiere alcanzar incluye la ges-tin plena de los recursos naturales y estratgicos (tierras, bosques, hidrocarburos, agua, biodiversidad), los cuales mayoritariamente se ubican en estos departamentos de la media luna, incluyendo la potestad para establecer acuerdos de explotacin con agentes y empresas transnacionales. En ltima instancia, la pretensin fi nal se concretara en la secesin si eso fuera lo nico que asegurara a estas clases el mantenimiento del poder poltico y econmico que han disfrutado durante las ltimas dcadas.

    Este discurso y actuaciones consiguientes dominarn, en gran medida, los intentos de estas lites durante los dos primeros aos del nuevo ciclo (2006-2008) por bloquear y destruir el nuevo proceso de transformaciones que se abra.

    8. Bolivia est dividida administrativamente en nueve departamentos, confor-mando los identifi cados como adscritos a la media luna (departamentos domi-nados de la oligarqua) los correspondientes mayormente a las tierras amaznicas: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los otros cinco departamentos se ubican en el rea de valles y altiplano: Chuquisaca, Cochabamba, Potos, Oruro y La Paz.

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    Nuevas conceptualizaciones y claves de transformacin posible

    En este contexto se llega a las elecciones del 18 de diciembre de 2005, cuando se produce la gran sorpresa al alcanzar el MAS la mayora absoluta (54%). Se esperaba la victoria, pero ni los anlisis ms optimistas prevean ese porcentaje y si que se abriera una nueva etapa de incertidumbre al no saber qu mayoras se iban a conformar (peligro de unin de todos los partidos tradicionales) y la respuesta que dara la poblacin. Esta ser la primera vez que un proyecto poltico, con caractersticas indgenas y populares, llega al gobierno, e intenta transformaciones estructurales; el reto es enorme.

    A partir de ese momento se inicia una ltima etapa en la que las principales medidas tomadas y cambios en curso son conocidos: proceso de nacionalizaciones, Asamblea Constituyente, nueva Cons-titucin Poltica del Estado, etc. Es an pronto para poder hacer anlisis de este proceso, pues est en sus primeros pasos ya que se debe entender que unos pocos aos no pueden ser determinantes ni sufi cientes para alterar radicalmente un sistema dominante en los ltimos siglos y los ataques que est sufriendo y las contradicciones que se producen al interior de procesos de este calado no permiten an ms que conjeturar con el futuro ms inmediato. Sin embar-go, al margen de importantes debilidades e incluso preocupantes tendencias que se estn operando en ciertas bases estructurales del nuevo sistema, hay destacados pasos ya dados, como es el caso de la defi nicin constitucional del Estado Plurinacional y una consi-guiente redefi nicin de sus estructuras, sobre lo que se pretenden centrar los captulos posteriores. Pero hay tambin otras claves que el proceso ya ha demostrado. Las cuales plantean nuevas conceptua-lizaciones que, segn su desarrollo, o bloqueo, podrn abrir nuevas vas polticas, sociales, econmicas y culturales.

    Desde la denominada Guerra del Agua, en el ao 2000 y, con cada vez mayor evidencia en los siguientes, hasta llegar a la Guerra del Gas en octubre de 2003 y la revuelta por la nacionalizacin de los hidrocarburos en mayo-junio de 2005, se muestra un nuevo planteamiento terico que hunde sus races, en gran parte, en las concepciones colectivas y territoriales de los pueblos indgenas. Los recursos naturales son una parte fundamental del sistema de

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    reproduccin material y cultural de las comunidades indgenas y campesinas y, por tanto, cualquier intento de mercantilizacin privada de esos recursos colectivos ataca directamente la estructura material y simblica de los pueblos indgenas y campesinos. Esto supone automticamente que la defensa y control colectivo de cier-tos recursos naturales son un principio bsico e irrenunciable de la preservacin histrica y de la continuidad del rgimen social de las comunidades indgenas y campesinas.

    Estas concepciones colocan a los pueblos indgenas frente a las oligarquas dominantes y las transnacionales en cuanto a la consideracin de lo nacional. Sern las organizaciones indgenas en primera instancia, y las populares en segunda, quienes desarrollan una verdadera conceptualizacin nueva del pas, partiendo de la defensa territorial y del carcter colectivo de los recursos naturales. Se retoma, en gran medida desde una interiorizacin identitaria, la ocupacin del territorio por el ayllu (estructura ocupacional en el altiplano y valles de quechuas y aymaras) y el control de los diversos pisos ecolgicos que se ejerca desde este, as como por otras percepciones territoriales propias de los pueblos amaznicos. La visin predominante va mucho ms all de los espacios con estricto inters econmico por su validez para la explotacin de recursos, contenida en las concepciones econmicas neoliberales y occidentalizantes y de determinadas izquierdas ortodoxas. Para estas ltimas, la tierra tiene valor en cuanto riqueza a explotar y no como parte de un espacio mucho ms amplio donde la sociedad se constituye y recrea, es decir, se erige como punto de origen de la identidad indgena. Por eso, los pueblos indgenas, desarrollan una visin amplia del territorio nacional, donde todas son partes necesarias. Por el contrario la visin oligrquica y economicista se queda limitada al inters econmico de la tierra como hecho nicamente fsico.

    Lo anterior permite entender que sean los pue