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Cuaderno I

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Cuaderno I

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Contenido

Presentación, Judith Said

Parte I. Encuentro Nacional de Sitios de Memoria, San Miguel de Tucumán, 27 y 28 de octubre de 2006 - Genocidio y Sociedades Post –Genocidas, Guillermo, Levy - La recuperación de los centros clandestinos de detención y la investigación sobre el pasado, Cecilia Ayerdi- Experiencia chilena sobre construcción de sitios de memoria, Pamela Mewes- Memoria y reflexividad: la poesía después de Auschwitz, Patricia Arenas

Parte II. Primer Encuentro Público “La Perla” como espacio de Memoria, Córdoba, 8 de junio de 2007- Situar La Perla. Los CCD como territorios de memorias conquistados, Ludmila Catela Da Silva - El testimonio como acto del sujeto. Transponer lo íntimo, Fabiana Rousseaux - ¿Qué significa identificar?, Maco Somigliana y Darío Olmo - El lugar del sobreviviente. Dimensiones y problematizaciones, Graciela Daleo

Parte III. Segundo Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, Córdoba, 8 y 9 de mayo de 2008- Diálogo con el Sr. Edgar Eildfeur, sobreviviente de la Shoá - Cartografías coexistentes. Hacia una topografía de la verdad, Marcelo Castillo. - Los derechos humanos como perspectiva integral en una política de Estado, Sandra Raggio - La articulación con el proceso de memoria, verdad y justicia. Aportes desde el Ministerio de Defensa, Ileana Arduino

Anexo- Resolución de la Secretaría de Derechos Humanos N˚ 014 - Resolución del Ministerio de Defensa N˚ 1309

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Presentación

La Red Federal de Sitios de Memoria, creada por Resolución SDH Nº 014 del 22 de marzo de 2007, cons-tituye una instancia de articulación del trabajo y de intercambio de experiencias, metodologías y recursos entre las áreas gubernamentales de derechos humanos que, a nivel provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen a su cargo el desarrollo de políticas públicas de memoria.

Desde la Red Federal se coordina a nivel nacional la identificación y señalización de los predios donde fun-cionaron centros clandestinos de detención y la creación y gestión de “sitios de memoria” del terrorismo de Estado en estos y otros espacios.

También se busca acordar criterios generales y metodologías de trabajo comunes que optimicen y faciliten las tareas de recopilación de datos, su entrecruzamiento e intercambio y su procesamiento, teniendo en cuenta las singularidades de las distintas experiencias de señalización y recuperación de espacios para la transmisión de la memoria en las distintas jurisdicciones.

En el marco de este trabajo, se busca promover el debate social sobre las características y consecuencias pasadas y actuales que tuvo el genocidio en la Argentina, con especial énfasis en el aspecto local.

Tanto las iniciativas de señalización como la creación y gestión de “sitios de memoria”, resultan también fundamentales, en la actual coyuntura, para el acompañamiento de los procesos judiciales que se están llevando adelante contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.

De esta forma, el trabajo en el terreno de la reflexión y transmisión de la memoria, se articula con la persecu-ción de justicia, el acompañamiento a los testigos y querellantes y la búsqueda de la verdad, en el marco de una política de Estado que reivindica los principios históricos del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

En estos tiempos en que la justicia avanza con relación a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina, podemos afirmar que estos lugares de memoria son un aporte altamente importante para estos juicios. A su vez, ellos le otorgan a testimonios y pruebas materiales un carácter de verdad jurídica, elevando el valor incuestionable de las denuncias que -desde hace treinta y tres años- se vienen realizando en diversos ámbitos nacionales e internacionales.

Redimensionar el trabajo de investigación de los juicios y de la resignificación de los sitios de memoria no es aséptico; está íntimamente vinculado con una política integral que busca colocar a los derechos humanos en todas sus dimensiones en el centro de la escena.

Con posterioridad a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la reapertura y el avance de los procesos judiciales fueron evidenciando la necesidad de articular y otorgarle mayor proyección a estas iniciativas y de contar con una herramienta que permitiera vincular y coordinar las políticas de las diferentes juris-dicciones.

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En octubre de 2006, se realizó un Encuentro Nacional en San Miguel de Tucumán, en el que se suscribió un documento donde se acordaron los primeros lineamientos para el trabajo conjunto, constituyéndose de esta manera el antecedente de creación de la Red Federal de Sitios de Memoria.

Esta colección de cuadernos -que iniciamos con este primer trabajo- rescata, por una parte, una serie de ponencias muy ricas que en diferentes encuentros y seminarios organizados por la Red Federal de Sitios de Me-moria dieron lugar al debate. Por otra, plantea un recorrido por las principales actividades que han constituido el accionar de la Red Federal.

Este cuaderno recopila, por un lado, las disertaciones del Encuentro Nacional de Sitios de Memoria, realizado en San Miguel de Tucumán, los días 27 y 28 de octubre de 2006, que contó con las exposiciones de Guillermo Levy, Cecilia Ayerdi, Patricia Arenas y Pamela Mewes.

Por otro, las ponencias de Ludmila Catela Da Silva, Fabiana Rousseaux, Darío Olmo y Graciela Daleo en el Primer Encuentro Público “La Perla” como Espacio para la Memoria que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, el 8 de junio de 2007.

Finalmente, la publicación incluye las ponencias de Marcelo Castillo, Sandra Raggio e Ileana Arduino que tuvieron lugar durante el Segundo Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, el 8 de mayo de 2008 en la Legislatura de la ciudad de Córdoba. Asimismo se incluyen a modo de diálogo, los intercambios de Edgar Wildfeuer, sobreviviente de la Shoá, con el público.

Cabe señalar que en relación a la importancia y el sentido de la labor que se realiza en los sitios de memoria, es central la articulación con organismos de derechos humanos, querellantes de las causas, familiares y sobre-vivientes de manera fluida y generosa para no perder la oportunidad de llegar a un objetivo con los juicios y las condenas a los responsables.

En este sentido, es preciso remarcar que el terrorismo de Estado tuvo como principal objetivo la implantación de una política económica y de exclusión social. Y esto no puede estar ausente en nuestros parámetros de memo-ria, es nuestro vínculo con el presente y el futuro, con las nuevas generaciones y con el conjunto de la sociedad.

Judith SaidCoordinadora Ejecutiva

del Archivo Nacional de la Memoria y de la Red Federal de Sitios de Memoria

Buenos Aires, abril de 2009

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Parte I

Encuentro Nacional de Sitios de MemoriaSan Miguel de Tucumán, �� y �� de octubre de �00�

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Genocidio y Sociedades Post –Genocidas*

“Si bien la humanidad había sido testigo de varios actos de genocidio, el concepto del crimen de genocidio es relativamente nuevo porque fue desarrollado, principalmente como consecuencia de las atrocidades perpetradas por los nazis durante la segunda guerra mundial”1. Churchill para describir los crímenes de los nazis en la campaña al este contra la Unión Soviética a la que los nazis habían calificado como una campaña para aniquilar al enemigo y no para doblegarlo, manifestaba que la humanidad estaba en presencia de “un crimen sin nombre”.2

Va a ser el jurista Rapahel Lemkin quien presenta en 1943, por primera vez, el término genocidio para des-cribir las políticas implementadas en la Europa ocupada por los nazis.

El concepto remite vagamente a una matanza colectiva y planificada. Genos del griego antiguo (raza o tribu) y la latina cide que es matar. Si bien la matanza está dirigida en concreto contra individuos particulares, estos son asesinados en tanto y cuanto pertenecen a un grupo determinado, por que es el grupo el que se quiere exterminar.

Lemkin habla de dos etapas. Una primera que sería la destrucción de la forma de vida y organización de un determinado grupo, y la segunda, la imposición de la forma de organización del opresor. O sea, la eliminación de formas propias de organización de un grupo, el cambio de nombres de los territorios ocupados, la eliminación de su legislación o sus tradiciones son parte del proceso de genocidio que culmina con el exterminio total o parcial del grupo condenado y la imposición en el territorio, y a la población sobreviviente, de las nuevas pautas de vida.

Ya en la declaración de Moscú del 1° de noviembre de 1943, los gobiernos de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometen en conjunto a juzgar los crímenes nazis. Los tribunales de Nuremberg que juzgaron muchos de los criminales nazis nacieron del Acuerdo de Londres pocos meses después de terminada la guerra.

Este tribunal no tipifica los crímenes en términos de genocidio. Los crímenes a juzgar son puestos en tres categorías posibles:

a. Crímenes contra la paz.b. Crímenes de guerra.c. Crímenes contra la humanidad. Figura muy conocida que todavía se sigue utilizando.

Esta última categoría se divide en dos subcategorías diferentes: los crímenes contra cualquier población civil y los específicamente contra un grupo por motivos políticos, raciales o religiosos. La doctrina que va a dar origen a la calificación de crimen de genocidio nace de acá.3

* Guillermo Levy, Sociólogo, docente e investigador. Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra “Análisis de las prácticas sociales genocidas” (Titular: Daniel Feierstein) de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de Cultura de la misma facultad. Docente de enseñanza media. Coeditor del libro Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina.1 Folgueiro, Hernán, “El Crimen de genocidio en el derecho internacional” en Feierstein, Daniel y Levy, Guillermo (comp) Hasta que la muerte nos separe”, ed. Al Margen, La Plata, 2004.2 Hernán Folgueiro, Idem.3 Hernán Folgueiro, Idem.

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El término genocidio entonces, se va a utilizar en la acusación en Nuremberg pero no va a figurar en la sentencia.

Si bien el concepto de genocidio todavía era difuso, ya era utilizado en la acusación de los tribunales de Nu-remberg y también usado por los tribunales en las cortes nacionales polacas.

Hacia la convención de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas inician la tarea de elaboración de una convención sobre genocidio.Esta convención tendría por tarea delimitar a qué se denominaba genocidio. Esto dio lugar a muchas discu-

siones políticas centrales que conocerlas nos sirven para pensar el uso del concepto, sus límites y potencialidades para entender el proceso argentino.

¿Qué grupos se incluirían dentro de la convención? La inclusión o no de los grupos políticos cuya eliminación se consideraba genocidio fue puesta en la primera versión pero excluida en la versión final por la insistencia de EE.UU. y la URSS. También fue discutido si genocidio era solo el exterminio físico o también el exterminio cultural. Ahí fue EE.UU. el que se opuso más firmemente a que este crimen no fuese incluido.

El 9 de diciembre de 1948 fue acordada la versión final del texto de la convención, un día antes de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, por lo cual ese es el día inter-nacional de los derechos humanos.

La convención afirma que el delito de genocidio puede ser cometido en tiempos de guerra o de paz, y que “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal...”

La convención entonces queda como una convención muy limitada ya que excluye los grupos políticos – uno de los argumentos fue que las identidades políticas son fluctuantes menos permanentes que otras o que, más des-caradamente, esta inclusión evitaría que muchos Estados la suscribiesen por que sería aceptar que la comunidad internacional interviniera en sus asuntos políticos internos.

Esta convención queda entonces con dos problemas serios: la limitación de los grupos que incluye, y una segunda mucho más grave desde lo jurídico, el crimen de genocidio queda como el único crimen que se define por quién es la víctima y no por la práctica en sí.

Además, con respecto a los argumentos acerca de la exclusión de los grupos políticos; ¿por qué un sistema de creencias como el político es menos permanente que otro sistema de creencias como el religioso, que es in-cluido en la convención?

En el fondo, esta convención mantiene una idea ordenadora, no explícita pero que permite la consecución de los crímenes políticos absolutamente legitimados en la modernidad desde sus orígenes. Esta idea supone que lo horrendo del crimen, más allá de las muertes masivas, está en matar a un grupo por ser algo: algo que tiene que ver con el origen, con lo inmodificable (raza, nación, religión – aunque este punto ya lo criticamos-).

El crimen ilegítimo, a partir de la convención, es el crimen de matriz racial. ¿Qué quiero decir con esto? No que se mate necesariamente con el argumento de exterminar a una supuesta raza inferior como en el caso de los millones de muertos durante la conquista colonial del siglo XIX y XX sobre África y Asia o a una “raza peligrosa” como en el caso de los judíos asesinados por los nazis. La matriz racial está en que el perpetrador del crimen asesina bajo el supuesto de que el grupo al que extermina tiene una constitución de origen, inmodificable que tiene que ver con diferencias físicas, intelectuales y en el caso de los judíos para los nazis también diferencias culturales y políticas pero siempre vinculadas a un supuesto carácter racial, que remite a la constitución biológica de los grupos.

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Esto es lo que queda castigado por el derecho internacional con la convención. Más allá de sus alcances jurídicos, es esta idea la que se erradica.

Lo que era considerado legítimo durante el siglo XIX y parte del siglo XX, - el exterminio considerado “natural” o inducido, de razas consideradas inferiores- queda en el plano de lo ilegítimo, ilegal y horroroso después de la Segunda Guerra.

¿Por qué? Además del nuevo horror tan visible del genocidio sistemático, burocrático e industrial de los nazis, a diferencia del más invisible y pausado genocidio colonial, el nuevo horror era sin dudas, el carácter de las vícti-mas. De ninguna manera impactaba igual el exterminio de negros africanos que de ciudadanos europeos.

Esto queda en el plano de la historia pasada, y de la condena presente y futura. Los crímenes políticos en cambio, totalmente dominantes y sistemáticos durante el período que se abría con la Guerra Fría, quedan no casualmente por afuera de la posibilidad de condena, salvo como delitos comunes en los Estados que decidan juzgarlos y condenarlos.

En esa situación se halla la Argentina a la salida de la dictadura.¿Cómo describimos los crímenes de esta? ¿Cómo los juzgamos?La discusión de estos puntos excede por mucho la problemática jurídica, es absolutamente política y se

vuelve fundamental en la lucha por la memoria acerca de cómo el pueblo argentino salda su pasado reciente y por ende se posiciona en el presente.

Si algunos militares y policías cometieron crímenes aberrantes en el marco de un enfrentamiento real o imagi-nario, o si hubo un plan sistemático de exterminio de un grupo en este caso político-ideológico – lo que igual pone a estos crímenes por fuera de la tipificación de genocidio para la convención – es esencialmente diferente.

En el primero de los casos se juzgará o se perdonará a personas por delitos comunes del Código Penal como en el Juicio a las Juntas o los juicios que siguieron después (tantas privaciones ilegales de la libertad, tantas tortu-ras, tantos asesinatos, tantos robos de bebés). En el segundo tendríamos el formato de un genocidio pero con el problema de que el motivo del exterminio está por fuera de la convención internacional.

En este caso la condena a Etchecolatz es absolutamente trascendental, por que si bien se lo condena en concreto por crímenes puntuales, se plantea por primera vez en un estrato judicial, que esos crímenes fueron cometidos en el marco de un genocidio4.

Un abordaje más sociológico de la práctica del genocidio, nos permite dejar de lado por un rato la discusión sobre convención y adentrarnos a entender algunas de las complejidades de los procesos vividos en Latinoamérica. Interpretarlos en sus reales dimensiones y, a partir de ahí, plantearnos una política de memoria eficaz en el sentido de apropiarnos de nuestro pasado interpelando y entendiendo este presente también como producto de ese pasado.

Hacia un intento de abordaje sociológico

Junto a Daniel Feierstein hace varios años fuimos construyendo lo que llamamos una periodización de las prácticas genocidas.

Bajo el supuesto de que el exterminio físico de un grupo es un momento determinante de un proceso de acumulación de prácticas sociales que hacían posible la realización del exterminio, empezamos a construir una periodización pensando al genocidio como un proceso y no solo como la fase del exterminio.

4 Ver la justificación del Fallo de Rozanski contra Etchetcolartz.

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En un principio construimos cinco momentos que nos parecían necesarios dentro de un proceso de acumu-lación genocida:

a- La construcción de una otredad negativa. O sea delimitar a un grupo, más allá de que ese grupo reco-nozca tal delimitación, y construirlo en términos de negatividad.

Las características de los genocidios raciales o que usan la matriz de pensamiento racial – que implica pensar que la humanidad está dividida en especies biológicas, mejores y peores, y que las acciones humanas están determinadas por estas – pueden plantear esa otredad, ese otro negativo en términos de inferioridad o superioridad.

La otredad negativa política, que remite a la acción del grupo, pero a la acción que se elige no una que viene en nuestra naturaleza, va a constituir otro en términos de peligrosidad. El “delincuente subversivo” implica dos operaciones en este sentido. El subversivo es el portador de una acción peligrosa para un ordenamiento social que se quiere conservar.

El adjetivo delincuente, busca despolitizar la acción, del subversivo, sacarle toda motivación de valores, convicciones, sacarle racionalidad política. La acción es solo delictiva. Todavía no está la muerte presente, está la demarcación necesaria, pero no suficiente.

b- El hostigamiento. Ese grupo negativizado empieza a sufrir acciones de violencia. Hasta ese momento la violencia era solo simbólica. Ahora el hostigamiento puede ser físico y jurídico; Estatal y paraestatal.

La figura del pogromo, grupos civiles, hartos de tal grupo atacan un barrio, matan, rompen, violan, como en el caso de los pogromos contra judíos en la Rusia zarista, en la Europa nazi o en la Argentina, las masacres de la Semana Trágica. La frase de esta etapa puede ser “se acabó la paciencia!” Los ataques a inmigrantes bolivianos en Buenos Aires es un ejemplo de hostigamiento precedido de la construcción de esa otredad negativa.

Como dije, ese hostigamiento también puede convertirse en ley, lo asume el Estado en el plano de lo jurídico. Leyes que segreguen, que consoliden la violencia o afirmen la negatividad de un grupo.

También el hostigamiento puede no provenir del Estado; puede darse la situación de que el Estado confronte contra la política de hostigamiento y que esta surja de sectores que no tienen una vinculación directa, en principio, con el Estado, mostrando un clima ideológico que no necesariamente sea asumido por el Estado, o más correc-tamente, por la totalidad del Estado.

c- Aislamiento. Esta población negativizada y hostigada, empieza a ser aislada. Empieza a perder sus vínculos, con los “otros”, se rompen sus relaciones sociales. Este momento hay que verlo con toda la imagina-ción posible para imaginarnos diferentes escenarios no tan visibles. La imagen más clara de este momento es el encierro de los judíos europeos en guetos, barrios cerrados, separados del resto de la población. Momento que muchos judíos vieron con alivio después de venir de los primeros dos momentos. El encierro implicó en principio el cese del hostigamiento.

Ahora ese momento se estaba convirtiendo en condición necesaria para el exterminio futuro.Ahora este momento lo podemos pensar desde lo geográfico no solo en la construcción de procesos de

aislamientos organizados de población. También la construcción social en la sociedad capitalista tiende a separar cada vez más barrios para unos y para otros. La imagen muy latinoamericana es en ciudades con sierras, los ba-rrios ricos segregados totalmente de los barrios marginales. También la hostilidad y el desconocimiento del medio generan que se construyan barrios étnicos, en la Argentina se ve cada vez más.

También se puede ver el aislamiento cuando se prohíbe la entrada a boliches o a otros lugares a chicos por el color de la piel o por la ropa que llevan puesta. Podemos pensar el acceso a lugares de trabajo para personas con un físico determinado, etc. Hay muchas formas de producir aislamiento espacial. Pero en el caso de un genocidio podemos ver en la mayoría de los procesos un momento donde este aislamiento organizado y/o autoaislamiento se produce.

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Acá, como en todo lo demás, estos momentos son condiciones de posibilidad. No es una ley de la naturaleza que si hay otredad, hostigamiento y aislamiento se complete el genocidio; eso depende de la acción de todos los sujetos involucrados.

d- Debilitamiento sistemático. En el caso del nazismo se ve claramente cómo la mayoría de las personas que llegan a los campos de exterminio llegan ya derrotadas. El hambre y las enfermedades han debilitado a la población, hasta el punto de que la próxima fase se haga más sencilla y con menos resistencia. Muchos ya mueren en esta fase.

En el nazismo una gran parte de los millones que murieron en el sistema concentracionario lo hicieron por las condiciones de existencia en los campos sumado a las condiciones en las que llegaban a él.

e- Exterminio. El quinto momento. Acá sí o sí hay una decisión, estatal, de exterminar completa o parcial-mente al grupo que fue sometido a estas etapas.

A estos cinco momentos le vamos a agregar un sexto momento que es absolutamente imprescindible para nuestro tema: la realización simbólica que es donde por un lado se disputa socialmente la explicación del perío-do, la explicación de todo este proceso. Más políticamente, este momento es donde se salda para el conjunto de la población no exterminada, qué es lo que pasó, por qué, cómo, para qué, etc.

Este momento en donde se salda entre otras cosas la explicación del período, puede pensarse en un primer nivel como una “lucha de discursos”. Propongo pensarlo no solo en ese nivel sino intentar hacer un abordaje más amplio pensando a la realización simbólica como el campo donde se construye la ideología de los que quedan y los que vienen, pero entendiendo ideología no solo como discursos explicadores sino como praxis. Pensamiento y acción.

Son los cuerpos nuevos fundamentalmente los que se van a constituir también, no solo pero también, en función del saldo de este genocidio. Esos cuerpos van a tener marcada esa falta, de los que no están, pero tam-bién van a tener marcado el diseño de los exterminadores o más correctamente, el saldo entre ese diseño y cómo realmente se formateó a la sociedad.

En este plano sí o sí hay disputa, el triunfo o no real de los grupos genocidas está de una manera importante acá. Por que el genocidio, sobre todo hablo de los genocidios del siglo XX, esto lo voy a tratar ahora, se plantea en términos estratégicos para con el conjunto de la población, no solo para con la po-blación a ser exterminada.

Solemos pensar a los genocidios con la metáfora de la medicina: los que ejercen el poder estatal, necesitan o creen que necesitan, para conservarse, matar a una porción de la población. Extirpar el tumor, el tumor se vuelve peligroso si no se lo saca a tiempo. Pedemos pensar fácilmente con esta metáfora sencilla a la acción del Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, creemos que la acción no se agota en la extirpación sino en el rediseño social, por lo menos en el caso argentino.

En este sentido propongo pensar desde la ingeniería más que desde la medicina el caso argentino. 5

- El rediseño de las relaciones sociales, - el cambio de la forma de acumulación de capital, - la destitución del poder social de los trabajadores, - el quiebre de la acumulación de experiencias entre generaciones, - la reintegración de la Argentina al mercado mundial de manera totalmente subordinada

y podríamos seguir. En este sentido, nunca mejor puesto el nombre de la dictadura: Proceso de Reorganización Nacional.

5 Sobre las metáforas de la medicina y de la ingeniería ver Levy, Guillermo y Borovinsky, Tomás: “Acerca de novedad y articulación en el nazismo” en Feierstein, Daniel, Genocidio, la administración de muerte en la modernidad. Eduntref, Buenos Aires, 2005.

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De la periodización a la tipología

Ya hablamos de una posible forma de periodizar los genocidios a partir de pensarlos como procesos, esta herramienta conceptual la creo particularmente rica para pensar el caso argentino por que nos permite rastrear al genocidio implementado desde 1975 en el marco de un proceso de acumulación genocida que conoció de alguna u otra manera las etapas anteriores. Pero me gustaría intentar hacer otro aporte en el plano conceptual y tiene que ver con pensar tipos de genocidios.

Varios autores han construido tipologías de genocidios con la idea de tratar de encontrar lógicas de organiza-ción de la muerte masiva para no poner a todos los genocidios como lo mismo cuando en la mayoría de los aspec-tos no lo son. En el camino de entender las prácticas sociales genocidas como modos específicos de destrucción de relaciones sociales.

En ese sentido y retomando otros autores, Daniel Feierstein, va a construir una tipología que creo va a resul-tar útil para entender la Argentina.

Dentro de los que llamamos genocidios modernos, genocidios dentro de la modernidad, Feierstein va a plan-tear cuatro tipos de genocidios:

a- Genocidio constituyente. El genocidio casi siempre realizado en la formación de un Estado nacional. El proceso de conformación de una clase dominante va a implicar casi siempre la eliminación de los grupos no normalizables y de los sectores que se oponen organizadamente a él. En el caso de la conformación del Estado argentino tenemos las matanzas de las montoneras y el exterminio a los pueblos originarios.

b- Genocidio colonial. Este remite fundamentalmente a la conquista, durante el siglo XIX y parte del XX, de África, Asia y Oceanía por parte de las potencias europeas. Acá la lógica fue conseguir recursos naturales, ampliar el territorio imperial, mano de obra barata, expandir el capital, etc. Este genocidio tiene la particulari-dad de que si bien constituye un caso “moderno”, difiere de los otros tipos en tanto su blanco específico opera claramente hacia el “exterior social”, en términos simbólicos, y no hacia la sociedad de referencia, hacia el campo de los “iguales”.6

c- Genocidio post-colonial. Remite a los genocidios vueltos a realizar por los países europeos en el marco de las luchas de liberación nacional de los pueblos colonizados. En el proceso que llevó a la indepen-dencia de todos estos pueblos se produjeron muchos genocidios generalmente en donde la metrópoli decidió defender militarmente su posesión colonial: Indochina, Argelia, Congo son algunos ejemplos. Estos genoci-dios si bien siguen siendo “externos” adquieren particularidades que no tenían en tanto genocidio colonial en donde el factor político está totalmente relegado al factor económico. Estos genocidios están en el marco de la lucha contra el comunismo y combinadamente contra el tercermundismo que se plantea claramente antiim-perialista y en el camino de un desarrollo independiente. En este sentido, estos genocidios si bien son a una población externa, tienen dimensiones mundiales y tam-

bién internas.d- Genocidio reorganizador. Este último tipo remite a los procesos de genocidio en Estados ya consti-

tuidos cuyo eje va a estar en la reconfiguración de las relaciones sociales al interior del Estado: solucionar una lucha por la hegemonía y/o modificar a largo plazo las relaciones sociales, las relaciones de fuerza entre las clases y sectores sociales, los patrones culturales, ideológicos, las formas de acumulación por pensar algunos elementos centrales.Es importante aclarar que cuando hablo de transformación, de cambio radical en las relaciones sociales, no

supongo que estas solas se puedan transformar vía genocidio, es decir vía exterminio como herramienta central.

6 Ver Capítulo 2 de la tesis de Doctorado de Daniel Feierstein, en edición. Fondo de Cultura Económica.

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En ese sentido el genocidio va a constituir una forma, dominante, de transformación de relaciones sociales vía el exterminio planificado.

En la Argentina al haber sido una práctica tan recurrente y sistematizada no nos podemos permitir banalizar la necesidad de su entendimiento a fondo.

Para finalizar con esta parte más teórico-conceptual, quiero desarrollar brevemente la argumentación de por qué es pertinente denominar genocidio a la matanza producida en la Argentina entre los años 75 y 83, que es una discusión política central en estos días en que un tribunal argentino, por primera vez, condena a un represor por acciones cometidas, dice el fallo, “en el marco de un genocidio”.

Como se desprende del desarrollo, cuando pensamos en la calificación de genocidio para el proceso argenti-no, ya nos independizamos de la discusión jurídica en el marco de la convención de las Naciones Unidas, estamos pensando en términos sociológicos y políticos, en el sentido que la convención es una herramienta para juzgar o para impedir juzgar pero no es una herramienta que permita hoy dar cuenta del fenómeno.

Nosotros en la cátedra hablamos de cuatro modos de interpretación del exterminio en la Argentina; cuatro modos que pocas veces aparecen en forma pura pero que son los que ordenan todas las interpretaciones:

1- Los que plantean que en la Argentina hubo una guerra en el marco de la guerra mundial contra el comunismo, que todos los grupos aniquilados respondían al bando soviético en la Guerra Fría y que la Argen-tina pertenecía al occidente cristiano que había que defender. Esta interpretación hoy la sostiene la derecha vinculada a la represión y no tiene por fuera de ese sector mucha popularidad.

2- La teoría de los dos demonios, la que creemos que en todas sus variantes es mayoritaria, es la más pobre conceptualmente y plantea que en la Argentina se enfrentaron dos bandos minoritarios, violentos y que la gran mayoría de la sociedad fue víctima inocente de la violencia terrorista y de la respuesta estatal. Acá los crímenes son delitos comunes, que tienen que ser juzgados o no en el marco de crímenes comunes, posible-mente agravados por su reiteración o alevosía pero nunca en el marco de algún plan sistemático que podría dar a pensar en un genocidio. En esta teoría se divide a la sociedad en inocentes y culpables, y los crímenes de la dictadura se piensan en tanto excesos de una lucha necesaria e inevitable.

3- Los que plantean que hubo una guerra desde una posición de izquierda que dicen que en términos de lucha de clases en la Argentina se enfrentaron dos fuerzas sociales, una revolucionaria y otra contrarrevolu-cionaria, y que lo que pasó es que un bando perdió y otro ganó.

4- Por último, interpretar en términos de genocidio no implica negar la confrontación anterior, ni la lucha social y política que había en la Argentina, sino poner el eje, en el plan de exterminio sistemático, que reutiliza todas las experiencias argentinas y mundiales anteriores y que está claramente en el marco de los genocidios bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Doctrina que implica un proyecto hemisférico, de exterminio en el marco de lucha contra el comunismo y las autonomías nacionales.

Mirarlo como genocidio implica ver un proyecto de reestructuración global de la Argentina que excede por mucho la lucha de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla. Plantea que esto fue mucho más allá de eso.

Entonces cuando pensamos en el genocidio en la Argentina, no pensamos solo en la aniquilación de miles de personas que eran portadoras de prácticas que se querían eliminar; también pensamos en la posibilidad, vía muerte, de cambiar la distribución del ingreso, de despolitizar a la sociedad, de inyectar terror por décadas, de neutralizar todo el potencial de autonomía nacional y podríamos seguir.

Un represor, Juan Carlos del Cerro alias “Colores” hace poco fallecido, le decía a un compañero prisionero en la ESMA: “Nosotros no estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para de acá veinte años”. También

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como imagen podemos usar una de cuando asumió Alfonsín, en que uno de los hermanos Alemann, funcionarios de casi todas las dictaduras, decía que el gobierno constitucional tendrá tantos condicionamientos, que no podrá cambiar nada.

Entonces, pensar la Argentina post-genocidio no es lo mismo que pensar la Argentina después de una dic-tadura. Y acá el tema de la lucha por las formas de la memoria cobra una complejidad muy grande que si no la asumimos, no seremos efectivos en romper con la realización simbólica del genocidio que es la cristalización del mismo.

Hace años trabajo en escuelas medias. En dos escuelas medias, una privada de clase media y media alta y otra donde concurren chicos muy postergados, muchos de villas miserias, en muchos casos ya con padres que desde hace más de diez años no tienen trabajos fijos.

En la Capital Federal el tema de la dictadura es un tema muy presente, estos adolescentes fueron permeados por infinidad de discursos, imágenes, relatos, actos y más en el marco de los treinta años del golpe. Sin embargo, yo siempre me pregunto ¿cuál es el tipo de memoria que habría que tratar de fomentar?; ¿cuál es la que queda después de tantos bombardeos de información?; ¿eso revierte los efectos del genocidio en el cuer-po social, que no están enunciados pero que funcionan como el terror o la despolitización?

Acá hay un tema para explorar.Abordarlo es asumir que cuando uno piensa en las formas de la conciencia tiene que mirar no solo el plano

del discurso, de lo que se dice, sino de las prácticas reales que los sujetos realizan.Hoy en Buenos Aires es muy difícil encontrar a adolescentes o jóvenes que reivindiquen la dictadura o defien-

dan algo de ella, por fuera de chicos que recibieron otras cosas desde el marco familiar.Sin embargo, ese repudio a la dictadura que puede alegrarnos, puede tener muchas trampas. Yo lo llamo

precariamente, las trampas de la memoria. Por ejemplo:♦ Poner el eje en términos de Dictadura y Democracia tiene varios problemas. No es que no sea impor-

tante la valoración de la democracia, sino que se sigue ocultando el carácter de lo que centralmente pasó en la Argentina. El problema así aparece como un problema centralmente institucional. Esto sumado a que el concepto de democracia que tienen los chicos de hoy es absolutamente acotado por la experiencia neoliberal. Democracia es fundamentalmente libertad individual. Libertad es poder hacer lo que quiero. Mi deseo como lo más importante. Es más, en muchos chicos la idea de rebeldía tiene que ver con esto, hago lo que quiero y no me importa nada, no me importa el otro. En este sentido ¿hay un fracaso de los genocidas en la realización simbólica por que estos chicos manifiestan su repudio a todo autoritarismo y dictadura? Creo que por lo me-nos es discutible. Acá no solo operó la dictadura, por supuesto, sino años de neoliberalismo que formatearon también, sin muerte sistemática, a la sociedad argentina.

♦ Otro discurso que aparece de manera llamativamente generalizada es “se los llevaron por que pensa-ban distinto”. Esta imagen, que también lleva a los chicos a un repudio sin más, contiene numerosas trampas que creo que también las reproduce la película más vista de las historia argentina “La noche de los lápices”. La acción política de los exterminados aparece diluida, escondida por el solo hecho del pensamiento, los desapa-recidos eran más escritores, poetas o periodistas que luchadores. Esta sublimación de la lucha permite repu-diar más fácilmente, pero impidiendo apropiarse de la experiencia histórica. Resumiendo: Es más fácil repudiar a la dictadura porque se llevó a un periodista opositor, o a chicos que peleaban por el boleto, que repudiarla por que exterminó revolucionarios y luchadores en general. Animarse a repudiar a la dictadura en su verdadero carácter implica tener que pensar y decir algo acerca de esta lucha, que el discurso democratista impide.

♦ Quizás, frente al discurso democratista, a la irrupción del neoliberalismo en todas sus dimensiones, el repudio posible es despolitizando la lectura del pasado.

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♦ Muchos jóvenes profundamente críticos, inteligentes, interpeladores, no se proponen ningún tipo de compromiso con el destino del país. En todo caso, pueden compensar su espíritu crítico con algún trabajo social. La política está fuera de discusión; la política, la organización popular como herramienta de transfor-mación social, está prácticamente ausente de sus perspectivas. No digo que solo sea por los efectos de la dictadura, claro que no es solo por eso, de forma directa. ¿Pero hasta qué punto no es un triunfo en el plano de la realización simbólica, entendida ésta más allá de los discursos sobre esta postura? En el plano de la militancia universitaria, la generalización del electoralismo, y el oportunismo y la prácticamente ausencia de formación política, debate político y convicciones me hace extender esta idea también a muchos de los que asumen la militancia política.

♦ Ojo entonces con los repudios, con las trampas de la memoria. ¿Es posible repudiar la dictadura y pedir la posibilidad de que los menores vayan a la cárcel o que se repriman los cortes de ruta, por ejemplo? Es posible solo si lo que repudiamos no es lo que realmente pasó, sino una construcción a posteriori que no permite ver la Argentina de hoy como producto de la de ayer. Este tipo de memoria recortada sí puede implicar el triunfo de los genocidas en su proyecto más profundo y estratégico, como de alguna manera manifestaba Colores. En este caso el repudio importa poco.

♦ Considero que trabajar sobre la idea de genocidio es fundamental en la medida que esta no sea una palabra solo para darle más énfasis en términos de gravedad a un período histórico. Decir que hubo un geno-cidio no nos tiene que servir para darle un escalón más al horror, como estrategia efectista. Sino para cambiar el eje de la explicación. Hubo un exterminio sistemático para reestructurar a la Argentina, muchas cosas de las que somos hoy tienen que ver con eso: la pobreza, la desigualdad, la heterogeneidad, la despolitización, el in-dividualismo, el no registro del otro, el poder inmenso de la cúpula económica. etc. Son consecuencias de este plan genocida; no todas las consecuencias estarían en el plan pero no por eso dejan de ser consecuencias.

♦ Entonces hay que tener cuidado con memorias mas fáciles pero poco útiles para entender; y que ese entendimiento sea formador de prácticas. Pensar en memorias que no permitan la perpetuación del terror, del individualismo y de la despolitización.

♦ Si formamos memoria en jóvenes a los que logramos que se sensibilice con un pasado para ellos lejano en el tiempo y lejano en el sentido que no los interpela en el hoy; si esos chicos tienen una memoria progresista y una práctica cotidiana menemista, fracasamos. Me parece que pensar la producción de memoria y de sitios de memoria tiene que pensarse en esas claves.

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La recuperación de los centros clandestinos de detención y la investigación sobre el pasado*

Introducción

Los últimos años se han caracterizado por la existencia de una abundante producción bibliográfica, fílmica y fotográfica, que tiene como objeto la memoria de lo sucedido antes y durante el periodo del terrorismo de Estado de los años 75’ al 83’. Son memorias individuales, familiares, colectivas donde se narran diferentes historias y experiencias.

Existen también importantes debates que se centran en la memoria como objeto de estudio o de investigación en sí misma, en su proceso de construcción, en su dimensión subjetiva e interpretativa.

Pero hay también otra concepción de memoria y es considerarla como un recurso, como una herramienta para la investigación en el proceso de obtener datos sobre el pasado y sobre lo que sucedió. Esta noción de me-moria es la que guía una parte del trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y una parte también importantísima de los proyectos de recuperación de los centros clandestinos de detención (CCD) de la Capital Federal.

De alguna manera, podría sintetizarse en dos preguntas: Memoria ¿de qué? y ¿para qué?

El trabajo en el EAAF

El método de investigación desarrollado y aplicado por el EAAF consiste en tres etapas:1. Investigación preliminar : a) recopilación de todos los antecedentes e información del caso a trabajar

e investigar, realizando entrevistas con los familiares de las víctimas, los testigos y los sobrevivientes de los hechos; revisando archivos militares, policiales, judiciales, libros de cementerios, registros civiles, hospitales etc. ; y estudiando los informes producidos por organizaciones no gubernamentales, y por otras institucio-nes; b) recolección de información ante mortem o física de las víctimas cuando estaban vivas, tales como información dentaria, edad al momento de muerte, estatura, sexo, lateralidad, fracturas óseas antiguas, etc.; c) recogida de información sobre el o los lugares de reclusión, muerte y enterramiento. El análisis de esta información lleva a la formulación de hipótesis sobre la ubicación de sitios de entierro clandestinos, la posible identificación de las víctimas y las circunstancias de los hechos.

2. Investigación de la escena del crimen y recuperación de evidencia. Una vez que el sitio del ente-rramiento y/o matanza se ha ubicado y se cuenta con los permisos de trabajo correspondientes, se utilizan las técnicas de la arqueología y de la criminalística para analizar el terreno, excavar y recuperar cuidadosamente la evidencia relevante, incluyendo restos óseos, proyectiles, vestimenta, efectos personales, etc.

3. Análisis de laboratorio. Los restos y la evidencia asociada a ellos que se recuperan del sitio de traba-jo son luego analizados en el laboratorio, aplicando el conocimiento y las técnicas de la antropología forense,

*Cecilia Ayerdi, Antropóloga, docente e investigadora. Miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Titular de la cátedra “Memoria: investigación, arte y comunicación” de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex coordinadora del Proyecto de Recuperación de la Memoria del CCD “Club Atlético”.

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patología, radiología y odontología entre otras disciplinas. En el laboratorio se trata de establecer la identidad de la víctima, determinar la causa y manera de muerte y comparar los hallazgos con la información ante mortem recogida durante la investigación histórica. Cuando es posible, los restos de las víctimas identificadas son restituidos a sus familiares y se presentan las conclusiones de la investigación a la instancia judicial o a la investigadora pertinente. La primera etapa, la investigación preliminar, es el primer paso para la reconstrucción histórica y se puede

transmitir la experiencia a los futuros trabajos de recuperación de centros clandestinos.Las fuentes escritas utilizadas en las investigaciones provienen de diversos conjuntos que pueden ordenarse

por la información que brindan:a) El archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, conformado

por las denuncias personales, realizadas por familiares de víctimas, constituyéndose en la primera fuente que permitió aproximarse a los alcances del sistema adoptado por las Fuerzas Armadas Argentinas para sofocar el estado de movilización y cuestionamiento social de mediados de los años setenta. Cada legajo corresponde a una denuncia de desaparición o a un testimonio de algún sobreviviente de los centros clandestinos de detención.

b) Las causas de la Cámara Federal. Son los folios de las causas judiciales tramitadas entre 1984 y 1987. También, como el anterior, posteriores a los hechos y en varios aspectos tributarias de la información recolectada por la CONADEP, con criterio judicial (que permitió conocer los nombres de muchos responsables primarios y secundarios).

c) Los archivos de los organismos de derechos humanos. Gran parte de la información allí reunida es contemporánea a los sucesos denunciados, muchos datos de estas fuentes han sido incorporados a la base de datos del Equipo.

d) Huellas dactilares de las personas denunciadas como desaparecidas provenientes del Re-gistro Nacional de las Personas y de la Policía Federal. Algunos países limítrofes aportaron las huellas dactilares de sus ciudadanos desaparecidos en la Argentina, por ej. Uruguay y Chile. En el caso de Uruguay permitieron la identificación de más de diez ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina.

Estas fuentes constituirían lo que podríamos denominar archivo de casos de “identidades sin cuerpos”.Otros archivos o fuentes de investigación podrían enmarcarse en los casos de “cuerpos sin identidad” y son

generalmente de procedencia estatal. Entre ellos:a) Actas de defunciones y libros de cementerios. El conjunto de personas inhumadas como N.N. a lo largo

del siglo ha tenido, en todo el país, características constantes. Se puede generalizar diciendo que la mayoría está incluida en dos grandes conjuntos: los que mueren durante o poco antes o poco después del nacimiento, y aque-llos que transitan la ancianidad. En este último subconjunto, el componente masculino ronda el 90% y las causas de muerte, asentadas en certificados de defunción y registros de cementerio, son predominantemente vinculadas a enfermedades crónicas, procesos hepáticos agudos, paro cardiorespiratorio o accidentes ferroviarios.

Revisando los asientos oficiales sobre inhumaciones de N.N. para la segunda mitad de los años sesenta, encontramos características bien diferentes: las mujeres rondan el 33%, el intervalo etario dominante es de per-sonas entre veinte y treinta y cinco años y, por último, la causa de muerte más frecuente es “herida de bala”. La proporción entre hombres y mujeres y la distribución por edades se corresponde, exactamente, con la de aquellos cuyo secuestro era denunciado contemporáneamente. Las causas de muerte, también, con el destino que corrían. O sea estamos hablando de lo asentado en documentos oficiales, contemporáneos a los episodios estudiados, insospechables de cualquier subjetividad.

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b) Causas Penales sobre hallazgos de N.N. en la vía pública.c) Archivo del laboratorio de Necropapiloscopia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por

ejemplo, de este laboratorio se pudieron recuperar los dactilogramas de dos cuerpos aparecidos en la costa bonae-rense. De la comparación realizada con las huellas dactilares de las personas denunciadas como desaparecidas se pudo establecer la identificación de uno de ellos como pertenecientes a Angela Auad. Esta identificación permitió esbozar la hipótesis que el conjunto de siete personas halladas en el Partido de la Costa en diciembre de 1977 tendrían relación con desaparecidos que habrían pasado por el CCD ESMA y posiblemente vinculadas al grupo de Madres de Plaza de Mayo y las religiosas francesas. Esta hipótesis se afianzó con la exhumación y el análisis de laboratorio de los restos y pudo confirmarse la identificación en cinco casos por medio de análisis genéticos.

d) Microfilms de huellas dactilares de N.N. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A esta depen-dencia policial también eran remitidas, por convenio policial, fichas dactilares sobre casos acaecidos en provin-cias del interior. Pudimos verificar que en 1980 se había promulgado una ley provincial por la cual se ordenaba microfilmar la documentación existente, que luego era destruida. Pudieron ser ubicados cincuenta y un rollos con información dactiloscópica, de los cuales quince rollos corresponden al período 1975-1982. El análisis de estos datos redundó en identificaciones de personas denunciadas como detenidos desaparecidos. Sus cadáveres ha-bían sido hallados en parajes descampados, en distintos puntos. Algunos de ellos fueron identificados poco tiempo después de su desaparición, pero la información -devuelta en su momento a la comisaría o juzgado de origen- no fue transmitida a sus deudos, por lo cual su desaparición fue denunciada ante la CONADEP. Durante los años setenta, estos familiares siguieron presentando recursos de habeas corpus, que la justicia continuó desestimando o respondiendo por la negativa, pese a que estaban los elementos para la identificación. En la mayoría de los casos, la identificación no se producía y el dactilograma pasaba a engrosar pasivamente el acervo de lo luego microfilmado.

e) Archivos de huellas dactilares de casos no resueltos de la Prefectura Naval Argentina y Policía Federal.

g) La información publicada por la prensa escrita de los años de la dictadura. Desde los primeros bandos de la Junta de Comandantes del 24 de marzo de 1976 se estableció una rígida censura sobre la cobertura de la represión, con la prohibición de informar sobre episodios de enfrentamientos armados o los hallazgos de cadáve-res. Sólo se permitía la reproducción de comunicados oficiales de “enfrentamientos” por parte del Comando de Zona. El análisis de estos comunicados permite hacer conjeturas sobre la procedencia de las personas cuyo asesinato es presentado como el resultado de un enfrentamiento, así como orientar la búsqueda de documentos oficiales que informen sobre las vicisitudes por las que pasaron los cuerpos de las personas asesinadas.

h) Archivos de Inteligencia.

Comparar estas dos poblaciones que reflejan las dos fuentes puede servir para marcar tendencias generales. La identificación presupone la coincidencia entre esas dos poblaciones antes mencionadas: los desaparecidos y los inhumados como N.N., previo asesinato. Para ello, es necesario profundizar en la definición y comprensión del sistema que generó identidades sin cuerpo y cuerpos sin identidad.

Es necesario aclarar que conocer el destino de una persona desaparecida (lo cual constituye su identifi-cación) no significa recuperar sus restos corporales. El título “cuerpos sin identidad” puede inducir al error de suponer que la identificación implica restitución de los restos a sus familiares, cuando por diversos motivos, hoy es relativamente infrecuente que se pueda llegar a dicha restitución. Esto sucede porque en un número muy signifi-cativo de cementerios municipales no se han preservado las tumbas de las personas no identificadas o han sido ignoradas las órdenes de no innovar.

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Igualmente seguimos prefiriendo denominarlos de esta forma porque aún cuando sea bastante difícil recupe-rar los restos, lo que rigurosamente define a este conjunto es que son cuerpos aparecidos y la documentación que mencionamos es la que refleja ese hecho.

¿Qué importancia puede tener la diferenciación? Sencillamente que existe un número muy grande de vícti-mas del accionar represivo clandestino del Estado cuyos cuerpos no han aparecido, víctimas que nunca podrán ser identificadas porque se han usado -para su ejecución- dos de los métodos que suelen no dejar vestigios docu-mentales ni materiales: el “vuelo” y el fusilamiento con inhumación clandestina. El “vuelo” fue utilizado por varios de los centros clandestinos de detención asentados en Capital Federal y Gran Buenos Aires: es sensato suponer que por esa vía fueron asesinadas entre 2.000 y 3.500 personas. Sin desconocer la efectividad del método a los efectos perseguidos (al reunir ejecución y disposición del cuerpo en un solo acto) un número cercano al centenar de víctimas aparecieron en ambas costas del Río de la Plata o Mar Argentino y Uruguayo. Dicha aparición motivó el registro, precondición de una eventual identificación. Afortunadamente los registros costeros suelen ser más completos que los territoriales: más de veinte casos de este tipo han sido identificados y contamos con información que torna factible duplicar este número en los próximos años.

El otro método, la ejecución acompañada de inhumación clandestina, nos enfrenta a un dilema: hasta la fecha casi no se han confirmado inhumaciones clandestinas en el país a pesar de varios intentos por hallarlas, basados en testimonios de ocasionales testigos.

Una diferencia importante entre el vuelo y la inhumación clandestina es que la inaccesibilidad a los restos es casi absoluta en el caso del vuelo y relativa en el de la inhumación clandestina. Las víctimas de vuelo que no aparecieron poco después de la ejecución ya no podrán ser recuperadas; viceversa, si llegásemos a ubicar una inhumación clandestina, el estudio de los restos recuperados podría dar la pauta de su identidad.

Explicados estos dos órdenes opuestos, se construye la hipótesis general que la mayoría de los cuerpos sin identidad se corresponden con las identidades sin cuerpo

El estudio y la confrontación de los dos archivos oficiales: el Registro Nacional de las Personas (huellas decadactilares de los desaparecidos) y los archivos de huellas dactilares de los registros microfilmados de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Laboratorio de Necropapiloscopia de la misma provincia, permitieron numerosas identificaciones. A partir de los registros burocráticos de las actas de defunciones pudo esclarecerse cuál fue el destino de esos cuerpos y poder saber si era factible su recuperación (exhumación) para su estudio y establecer forma y causa de muerte y realizar pruebas genéticas para poder establecer sin lugar a dudas su identidad.

Ahora bien, queda un subconjunto de cuerpos, de los cuales no quedaron microfilmadas huellas dactilares, que sería la herramienta más obvia y primaria para su identificación; por lo cual, son los datos históricos los que irán definiendo cuáles hipótesis son más factibles ¿Cómo? Ante todo, conformando subconjuntos lógicos con los componentes de ambos órdenes. La primera y más obvia es que partiendo del presupuesto de que la eventual aparición del cuerpo sin identidad debe ser posterior a la desaparición de la identidad sin cuerpo, carece de sentido comparar datos formales de personas desaparecidas con fecha de desaparición posterior a la fecha de aparición de los respectivos cuerpos sin identidad.

En segundo lugar, el eje es geográfico y debe ser utilizado con mayor cuidado. Podemos suponer que en la mayoría de los casos, las personas secuestradas por una unidad operativa determinada han sido ejecutadas en el ámbito geográfico de dicha unidad. Haciendo una generalización podemos hablar de la existencia de tres grandes unidades operativas: 1) la mayor que ocupa toda el área de ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos; 2) Córdoba y toda la jurisdicción del III° Cuerpo de Ejército (Noroeste y oeste del país) y 3) Santa Fe y Litoral (este y noreste del país).

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Son los datos históricos los que nos permiten establecer una hipótesis general que explique la práctica de desaparición encarada por el Estado, hipótesis por la cual se pueda derivar lo posiblemente sucedido en cada caso en particular.

Poder explicar porqué Juan Pérez fue secuestrado un día determinado en un lugar definido y no cualquier otro día en otro sitio cualquiera, a qué determinado centro clandestino de detención (y no a cualquier otro) debe haber sido llevado y en qué fecha y de qué manera debe haber sido asesinado nos remite al objetivo de este encuentro.

La única forma que hemos encontrado para avanzar es la de suponer que el aparato represivo guarda cierta lógica interna reconstruible y que sus acciones no fueron indiscriminados y que guardaron una cierta ilación. De esta manera se torna indispensable profundizar en el conocimiento del accionar represivo de cada región en ge-neral y en el funcionamiento de cada centro clandestino en particular.

Para la obtención de estos datos es fundamental la información que brindan las que llamamos las fuentes orales: los familiares de las víctimas, los ex militantes, y principalmente los sobrevivientes de los CCD. Resulta obvio que la fuente esencial para la reconstrucción de lo sucedido en los campos está constituida por la memoria de los sobrevivientes. El sobreviviente es testigo porque vivió la experiencia y puede narrarla, dar testimonio. Y es testigo también porque observó un acontecimiento y su testimonio sirve para asegurar la existencia de un hecho. O sea que los sobrevivientes pueden hablar desde lo que percibieron y conocieron durante su reclusión pero también de lo que vivieron.

Para nuestra investigación saber quiénes y dónde fueron vistos, desde cuándo, hasta cuándo y con quiénes, es fundamental para avanzar en nuestro objetivo que es la identificación.

A modo de ejemplo, si nos circunscribimos al espacio geográfico de Capital Federal y Gran Buenos Aires (in-cluyendo La Plata) allí funcionaron tres grandes bloques represivos: el de Zona IV (Campo de Mayo) del Ejército, la Subzona Capital Federal (con un centro que dependía de la Policía Federal y del Ejército y otro que fue ganando protagonismo en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada - ESMA) y la Subzona 11 (que abarcaba el arco que va desde La Matanza hasta La Plata, incluyendo todos los partidos del conurbano sur). La coexistencia impli-caba cierto grado de colaboración pero también de competencia entre ellos; hecho que complica la determinación del lugar al que han sido llevados cada uno de los desaparecidos. Y esta determinación es fundamental para nues-tro trabajo: los centros de Zona IV y Subzona Capital Federal han contado, casi desde el principio del período, con acceso a aviones para cumplir con la sentencias de muerte que imponían. Eso une la ejecución con la disposición del cuerpo y genera la imposibilidad casi absoluta de recuperación y consecuentemente de identificación. En la enorme mayoría de estos casos la reconstrucción y nuestro conocimiento, y que no es menor para los familiares, sólo puede involucrar datos relacionados con la estadía en uno de dichos centros clandestinos. Las excepciones se refieren, como mencionamos, a aquellos pocos casos en que los cuerpos fueron hallados y a ciertos momentos en los que alguno de los centros mencionados practicó la represalia e hizo aparecer los cuerpos.

Volviendo al comienzo, al “para qué” reconstruir y hacer memoria.En primer lugar cada N.N. es alguien que tuvo una historia y formó parte de una sociedad. El trabajo del EAAF

plantea la importancia de conservar la dignidad humana, el respeto a la persona y la identidad que ella tenía más allá de la muerte orgánica. Una persona por estar muerta no deja de tener un pasado y un núcleo social al que pertenece.

El negarle la identificación a un muerto sería negar su historia y el respeto que como persona se debe tener hacia él, así como restituirles el derecho y la posibilidad a sus familiares de realizar los rituales funerarios de acuer-do a su religión o de acuerdo a sus patrones socio-culturales. Familiares que han sido condenados a permanecer

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en la incertidumbre sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. Pero además, permite documentar objeti-vamente hechos de una aberración tal que, con el transcurso del tiempo, pueden llegar a resultar inverosímiles o sujetos a revisionismos no siempre inocentes. La separación de cuerpo e identidad producida por el accionar del Estado fue tan grave y con resultados tan enormes que nuestro objetivo es colaborar para que ese resultado no sea definitivo.

En segundo lugar, los hallazgos de las investigaciones se suministran a las instituciones judiciales y/o ins-tancias de investigación relevantes. Desde sus primeras investigaciones en Argentina, hace veintidós años, el EAAF ha presentado evidencia científica y actuado como perito en tribunales locales e internacionales, y en otros ámbitos de investigación, contribuyendo a la búsqueda de justicia de los responsables y al reconocimiento público de estos delitos.

El trabajo desde el Estado

En la Ciudad de Buenos Aires existieron siete centros clandestinos de detención (Garage Azopardo, el Club Atlético, Virrey Ceballos, ESMA, Olimpo, Orletti y Superintendencia Federal); siete lugares acondicionados y pre-parados para tal fin, y sin contabilizar las comisarías de la Policía Federal que muchas veces funcionaron como lugares transitorios de reclusión clandestina de detenidos.

Insisto en que el conocimiento de su existencia solo fue posible por el testimonio de los sobrevivientes, quienes, en plena dictadura, comenzaron a realizar sus denuncias en el exterior y luego en todas las instancias judiciales que fueron presentándose en nuestro país.

Desde el retorno a la democracia, grupos de sobrevivientes y organismos de derechos humanos han recla-mado por la recuperación y/o expropiación de estos sitios para constituirlos como testimonio y prueba material de lo sucedido en el país.

Durante el año 2002 en la Ciudad de Buenos Aires se comenzó a trabajar desde el área de derechos huma-nos en la recuperación de algunos de los centros clandestinos de detención, pues se consideró que, independien-temente de la posibilidad de aplicar sanciones a los autores de crímenes de lesa humanidad, quedaba subsistente el derecho de los familiares y de la sociedad toda a la efectiva averiguación y conocimiento de la verdad. Esto era sencillamente cumplir con el compromiso que nuestro país asumió al suscribir tratados internacionales y que las disposiciones contenidas en ellos se conviertan en derecho interno, y aún más, las incorporó en 1994 a la Constitución Nacional a través del art. 75 inc. 22.

Por estos tratados los crímenes cometidos en nuestro país se enmarcan en crímenes de lesa humanidad y los Estados, a raíz de estos crímenes, tienen entre otras obligaciones las de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente. Lamentablemente, a pesar de haber transcurrido veintitrés años de democracia, es muy poco lo que se ha trabajado desde el Estado en la investigación de lo sucedido, salvo excep-ciones relacionados más con compromisos individuales que con una política de Estado (me refiero, por ejemplo, al equipo que viene trabajando desde hace años en el área de la CONADEP).

Se comenzó trabajando en la recuperación del Club Atlético, tarea que se vio facilitada por encontrarse el sitio en terrenos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.

En la actualidad se está trabajando en la recuperación de tres de estos sitios, un cuarto está en proceso de expropiación, un quinto fue aprobado por una ley para expropiarlo y los dos restantes continúan perteneciendo a la Policía Federal.

Muchos de estos centros funcionaron en edificios que hoy continúan en pie. Si bien la ESMA fue el más co-nocido nacional e internacionalmente, lo que de alguna forma lo ha transformado en un símbolo del terrorismo de

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Estado, los restantes, enclavados en distintos barrios de nuestra ciudad, son marcas que nos muestran la coexis-tencia de un accionar oculto, ilegal, clandestino y la vida visible, cotidiana de sus habitantes.

Para encarar las tareas de recuperación, en la mayoría de los casos, se constituyeron comisiones de trabajo, para cuya integración se convocó, desde un principio, a los organismos de derechos humanos, a organizaciones sociales y barriales, a sobrevivientes y a familiares de detenidos-desaparecidos en los diversos CCD. Entendía-mos que la participación de los involucrados y de los sectores comprometidos en la recuperación de estos sitios, era imprescindible para pensar y tomar decisiones de qué hacer en el lugar.

Cada uno de ellos es un caso particular, con su propia historia, sus propios protagonistas y con interacciones diferentes entre los grupos barriales organizados de cada lugar.

Concebir de esta manera el trabajo lo transforma en una tarea lenta, pero pensamos que es fundamental la búsqueda de consensos pues la imposición desde el Estado, o de unos pocos, de un modelo de recuperación o de lo que se debe contar allí, corre el riesgo de transformar la memoria - construcción colectiva del pasado pero desde el presente y hacia el futuro- en una versión “oficial” y petrificada de la misma.

En el caso del Club Atlético, la Comisión de Trabajo y Consenso acordó, desde un inicio, efectuar un trabajo de recuperación arqueológica de la totalidad del lugar y de reconstrucción histórica documental y testimonial. A su vez, se planteó la construcción de un Centro de Interpretación, fuera del sitio, donde se conecte memoria y lugar, donde se transmita y explique lo sucedido allí durante la dictadura militar en la Argentina.

Para ello, se trabaja sobre dos ejes:1. Reconstrucción de la historia del “Club Atlético”- Historia del edificio.- Funcionamiento y metodologías del accionar represivo.- Descripción de los usos de las distintas áreas del centro clandestino.- Elaboración del listado de represores del “Club Atlético”.- Relevamiento de testimonios de los vecinos del lugar.2. Recuperación y reconstrucción de la identidad de las víctimas secuestradas en el “Club

Atlético”- Relevar la cantidad de personas secuestradas en el CCD.- Actualizar el listado de sobrevivientes.- Establecer la identidad de los desaparecidos vistos.- Realizar la nómina de asesinados.- Construcción de un archivo biográfico testimonial y documental y de un archivo fotográfico.

Partimos de un listado base confeccionado por los sobrevivientes que lo venían reconstruyendo desde el año 84’ y que contaba con un total de setenta y un liberados, noventa y nueve desaparecidos vistos en el CCD, sesenta y tres posibles de haberlo estado y dos asesinados.

El trabajo se basa en el análisis de fuentes escritas y fundamentalmente, con entrevistas a sobrevivientes, familiares y ex militantes. Cualquier información por más irrelevante que pueda parecer, un apodo, una dirección, una característica física, datos de militancia, nos van aproximando a una identidad. Se armó una base de datos con los nombres, apellidos, edades, profesiones u ocupaciones y militancia de personas vistas u oídas en el Club Atlético que fueron liberadas o permanecen como desaparecidas. Hoy esta base cuenta con los nombres de ciento veinticuatro personas liberadas, doscientas quince que permanecen desaparecidas, sesenta y una posibles de haberlo estado y diez asesinados.

Y vuelvo nuevamente al “para qué”.Recuperar los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención no implica solo recuperar los

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edificios y transmitir lo sucedido en ellos sino que a través de la investigación, se contribuya al esclarecimiento del funcionar represivo, se llegue a identificar a sus responsables directos y fundamentalmente, poder devolver la identidad, saber qué fue de cada secuestrado, a dónde fue llevado y quién era. Información importantísima para los familiares pero también para lograr justicia.

Recuperar centros clandestinos, entonces, conlleva la tarea que esos registros que conforman las bases de desaparecidos, no sean solo un número o un nombre, sino que permita reconstruir una época, formas de pensar, ideales y compromisos, no victimizando a los detenidos-desaparecidos y/o asesinados sino dándole un contenido a sus muertes. En cierto sentido, permitir que los desaparecidos “aparezcan” como seres humanos, con una historia, con un pasado y que, con sus aciertos y errores, fueron asesinados por sus ideales, por pensar de una manera diferente y en una sociedad distinta.

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Experiencia chilena sobre construcción de sitios de memoria*

I. Introducción Los gobiernos democráticos de Chile han desarrollado una política de derechos humanos basada en tres

principios fundamentales: la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación. Por esta razón, una de las primeras iniciativas adoptadas luego del retorno a la democracia, fue la convo-

catoria de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990), denominada también Comisión Rettig, cuyo Informe Final permitió a la sociedad chilena conocer una realidad negada insistentemente durante el período de la dictadura militar: la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. A partir de la divulgación de dicho informe se tomó conciencia sobre el derecho irrenunciable de los familiares de las víctimas de conocer el paradero y las circunstancias de desaparición o muerte de sus seres queridos, y también sobre el imperativo ético que tiene el Estado de enfrentar las tareas aún pendientes en materia de verdad, justicia y reparación.

Las recomendaciones del Informe Final de la Comisión Rettig se recogieron en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992), la que estuvo a cargo de dar cumplimiento a esas recomendaciones.

Posteriormente, al finalizar el mandato de la Corporación de Reparación y Reconciliación, se creó el Pro-grama de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (1997), cuyo objetivo es proseguir con las propuestas e iniciativas del Informe Rettig y también con las acordadas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconci-liación.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior desarrolla una incansable actividad en torno a cuatro objetivos principales:

1. Alcanzar el reconocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber, y cuyo logro representa un imperativo ético: la ubicación de las personas detenidas-desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

2. Persistir en una política que garantice la independencia y eficacia de los tribunales competentes en la búsqueda de la justicia, en la aplicación de la ley y en la interpretación de ésta. El Informe Rettig estableció como premisa necesaria para la reconciliación nacional el cumplimiento de dos supuestos básicos: lograr la verdad y la justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. En él podemos leer que “El establecimiento de la verdad y la justicia, en cuanto éstas pueden conseguirse a través de los tribunales, constituyen los pilares a partir de los cuales puede construirse una sociedad reconciliada. Pero no son suficientes por sí mismos para lograrlo. Ello requiere además el reencuentro de los diferentes sectores sociales afectados. La verdad debe ser imparcial, completa y objetiva, de manera de formar convicción en la conciencia nacional acerca de cómo ocurrieron los hechos y cómo se afectó indebidamente la honra y la dignidad de las personas”.

3. Profundizar y mejorar las medidas de reparación que se han aplicado hasta ahora, y complementarlas

* Lic. Pamela Mewes, Investigadora del Departamento de Estudios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile. Responsable del Área de Memoriales.

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en caso de vacíos o de situaciones que ameriten ser consideradas, a través de avances en los requerimientos sociales de las víctimas y sus familiares.

4. Lograr, a través de iniciativas legislativas y de acciones institucionales, la prevención de las violaciones a los derechos fundamentales, fomentando una cultura de respeto de los derechos humanos y la adopción de medidas de reparación simbólica que están muy relacionadas con el tema de los sitios de memoria que hoy día nos convoca.

II. Reparación simbólica y sitios de memoria

Durante muchos años, las organizaciones de derechos humanos, especialmente las agrupaciones de familia-res de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y diferentes fuerzas sociales del país, lucharon por construir símbolos de memoria. Surgieron así diferentes iniciativas de base que tuvieron como resultado la instalación de cruces, memoriales, placas recordatorias en hospitales, universidades, plazas y salas de clase, como una forma de evocar la memoria de las víctimas. El Programa de Derechos Humanos realizó un catastro de estos gestos de memoria, originados en iniciativas particulares, y llegó a contabilizar cerca de doscientos en todo el país.

Este anhelo de reparación simbólica quedó plasmado en el Informe Rettig, que señala en su capítulo sobre “Recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica” que: “El Estado puede encabezar gestos y crear símbolos que le otorguen sentido nacional a la reparación” y prosigue más adelante: “Sería de esperar que en el plazo más prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a pro-yectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos, que nos asegure que actos violatorios de tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro”.

El primer hito importante en la consecución de este objetivo fue la construcción del Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General de Santiago. Es el Memorial más emblemático y el primero que fue financiado con fondos públicos procedentes del Ministerio del Interior. Se construyó por iniciativa de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y tiene carácter nacional, pues en él se incluyeron los nombres de las víctimas de todo el país.

Para llevarlo a cabo se conformó un grupo de trabajo encabezado por el entonces Subsecretario del Interior, hoy Ministro del mismo ramo, señor Belisario Velasco, y los artistas Claudio Di Girólamo, Nemesio Antúnez y Francisco Gacitúa.

A partir de esta primera experiencia, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en estre-cha colaboración con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, además de diversas organizaciones sociales, y con el apoyo de muchas instituciones, especialmente las municipalidades y gobiernos regionales, ha desarrollado una intensa labor con el fin de colocar el tema de la memoria histórica en el espacio público.

Los memoriales tienen un enorme valor reparatorio para los familiares, pues se han transformado en luga-res solemnes de homenaje y recuerdo de los seres queridos. En ellos se reconocen los dolores y las pérdidas sufridas en el pasado. A su vez, son un testimonio público sobre los hechos ocurridos entre 1973 y 1990, por lo que cumplen una función importantísima en el ámbito de la educación en derechos humanos. La memoria que evocan permite crear conciencia sobre las graves violaciones a los derechos humanos y traspasarla a las nuevas generaciones, recordar lo sucedido para que nunca más se vuelva a repetir.

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III. Aspectos prácticos de la construcción de memoriales con financiamiento estatal La historia sobre la asignación de fondos al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para la

construcción de obras de reparación simbólica se inició el año 2002, y en un principio los montos fueron modestos. Más adelante, el Presidente Ricardo Lagos Escobar tomó la decisión de reforzar la labor del Programa y aumentó dichos fondos, lo que quedó plasmado en su mensaje “No hay Mañana sin Ayer” en el mes de agosto de 2003. Ello significó un aumento significativo del presupuesto para la construcción de memoriales. Esta política ha continuado desarrollándose en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

La construcción de memoriales como política pública contempla tres elementos principales: la participación de la sociedad civil, la institucionalidad y el financiamiento.

Participación de la sociedad civil

La reparación no es solo una obligación del Estado, es también un derecho ciudadano y en ese sentido la par-

ticipación es una forma de reparación. La construcción de memoriales involucra una serie procesos participativos de carácter social, político, cultural e incluso psicológico. En ellos se reviven recuerdos, emociones, reencuentros y una intensa actividad que se transforma en una instancia educativa para todos los actores, tanto del ámbito público como privado.

El Programa de Derechos Humanos desarrolla su labor en conjunto y especialmente, con las agrupaciones de familiares de víctimas y con organizaciones de derechos humanos más amplias que las incluyen. Se tiene un registro de alrededor de treinta organizaciones a lo largo del país, constituidas con personalidad jurídica, desde Arica a Punta Arenas.

Institucionalidad

a. Programa de Derechos Humanos Ministerio del Interior El primer paso para construir un memorial con participación de fondos del Estado, es hacer llegar una soli-

citud formal por escrito al Programa a nombre de la organización respectiva. Esta debe disponer de personalidad jurídica. Generalmente, se utiliza la figura legal de la Organización Comunitaria Funcional inscrita en la munici-palidad de la comuna donde se va a construir el memorial. Estas tienen un estatuto tipo para su funcionamiento y obtienen personalidad jurídica otorgada por la propia municipalidad mediante un trámite bastante expedito. La organización debe obtener además, un RUT (Rol Único Tributario) en el Ministerio de Hacienda y abrir una cuenta de ahorro bipersonal en el BancoEstado o en otro banco a nombre de la organización, en la cual el Ministerio del Interior depositará los fondos destinados a la construcción del memorial.

Habitualmente las agrupaciones acompañan la solicitud con un proyecto artístico y arquitectónico ya elabo-rado por parte de profesionales que ellas mismas han contactado previamente, y que han logrado interpretar sus expectativas respecto del diseño del memorial.

Los proyectos se evalúan a partir de ciertos criterios básicos tales como: el número de víctimas calificadas a las que se desea rendir homenaje a través de un memorial, la existencia o no de otras obras con los mismos objetivos en el lugar escogido, la calidad artística y el uso de materiales nobles que aseguren su perdurabilidad. Asimismo, se prefiere que los monumentos se construyan en espacios abiertos para el recuerdo y la memoria de toda la comunidad.

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En aquellos casos en que no existe un diseño arquitectónico u artístico, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha mandatado y financiado, por medio de la suscripción de convenios, a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para convocar a concursos de arte público, con el fin de elegir el diseño del memorial. Hasta el momento se han realizado cinco concursos de este tipo. En estos casos las agru-paciones también participan activamente en la elaboración de las bases de los concursos y se las integra como miembros del jurado.

b. Municipalidades El otro paso importante es la autorización de la municipalidad respectiva para instalar el memorial en algún

espacio público (Bien Nacional de Uso Público) dentro de los límites de su comuna. Puede ser una plaza, calle, parque, bandejón central de una avenida, etc. Esta autorización debe ser otorgada por el Concejo Municipal y formalizada a través de un decreto municipal.

En muchas ocasiones, con el acuerdo y a veces a solicitud de las propias agrupaciones solicitantes, el Minis-terio del Interior ha transferido los fondos directamente a la respectiva municipalidad, la que se encarga de licitar la obra y supervisar la construcción. Esta alternativa representa una buena solución, pues las municipalidades cuentan con equipos técnicos capacitados en materia de construcción de obras municipales.

c. Consejo de Monumentos Nacionales Una vez obtenida la autorización municipal se debe presentar el proyecto al Consejo de Monumentos Na-

cionales, organismo técnico que depende directamente del Ministerio de Educación, el que en definitiva autoriza la instalación de monumentos públicos (categoría a la que pertenecen los memoriales) en los espacios públicos. Para ello es preciso presentar al Consejo los siguientes antecedentes:

1. Croquis del diseño arquitectónico y artístico del proyecto del memorial firmado por el artista o arquitecto que elaboró el diseño.

2. Especificaciones técnicas del proyecto firmadas por un profesional, generalmente ingeniero, que se hace responsable de las mismas.

3. Plano de emplazamiento del memorial. Corresponde al lugar de ubicación del memorial y a las calles ad-yacentes. Se puede obtener en la propia municipalidad una vez otorgado el lugar.

4. Autorización municipal para instalar el memorial en un determinado espacio público. De acuerdo a la ley sobre monumentos nacionales, una vez construidos, son los municipios los responsables

de su mantenimiento.

Financiamiento En la mayoría de los casos, los memoriales se han financiado con recursos del Ministerio del Interior, pero

también existen ejemplos de financiamiento compartido, donde las propias agrupaciones hacen sus aportes y también las municipalidades, los gobiernos regionales a través de los Fondos de Desarrollo Regional y algunas empresas públicas.

Como se puede apreciar, la construcción de memoriales exige una ardua labor de gestión. Para la transpa-rencia en la asignación de los fondos públicos deben cumplirse múltiples requisitos: determinación del lugar de construcción, obtención de los permisos correspondientes, tanto municipales como del Consejo de Monumentos

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Nacionales, obtención de financiamiento, suscripción de convenios para el traspaso de los fondos entre el Ministe-rio del Interior y las agrupaciones o las municipalidades, coordinación de todas las instancias en caso de financia-miento compartido y las rendiciones de cuentas sobre el uso de los fondos, con lo que se cierra el ciclo.

En todas estas fases el Programa de Derechos Humanos entrega su apoyo, asesoría técnica y de gestión, con el fin de cumplir con nuestro compromiso para que en todos los lugares donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos podamos disponer de un espacio en homenaje a nuestras víctimas y un lugar para la memoria.

Proyectos construidos con apoyo del programa años 2002-2006

Memorial de Pisagua - “Memorial de los Prisioneros Fusilados de Pisagua” (Financiado con Fondos Regio-nales)- Cementerio de Pisagua Comuna de Huara

Región de Tarapaca

Memorial de Tocopilla “En Homenaje a los Mártires de la Dictadura Militar” – Cuarta Poniente s/n Plaza frente al Cementerio - Municipal de Tocopilla - Comuna de Tocopilla - Región de Antofagasta

Memorial de Calama “Memorial Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” Kilómetro 15 camino a San Pedro de Atacama -Comuna de Calama - Región de Antofagasta

Memorial La Serena “Memorial en Homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la IV Región” - Parque Pedro de Valdivia de La Serena

Comuna de La Serena - Región de Coquimbo Memorial Cementerio General de Santiago - “Memorial del Detenidos Desaparecido y Ejecutado Político” Av. Profesor Alberto Zañartu 951- Comuna de Recoleta - Región Metropolitana

Villa Grimaldi “Museo Autodirigido Villa Grimaldi” Incluyó: Sala de Archivo y Difusión, Restauración de Maque-ta, Página Web y Señalética.

José Arrieta N° 8.401 - Comuna de Peñalolén - Región Metropolitana

Memorial de Peñalolén “Memorial Construyendo la Historia con la Memoria de Nuestros Mártires” Plaza Los Mártires de Peñalolén - Calle Ictinos con Avenida Grecia -Comuna de Peñalolén Región Metropolitana

Memorial de Talca “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” (Financiado con Fondos Regionales) - Cementerio Municipal de Talca

Comuna de Talca - Región del Maule

Memorial de Linares “Memorial en Homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Lina-res” - Plaza de Armas de Linares -Comuna de Linares - Región del Maule

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Memorial de Los Angeles “Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Los Angeles” - Bandejón Central de la Avenida Ricardo Vicuña, esquina Blanco Encalada - Comuna de Los Angeles

Región del Bio Bio Memorial de Coronel “Memorial de los Derechos Humanos de Coronel” Plaza de Armas de Coronel Comuna de Coronel - Región del Bio Bio

Memorial de Chihuío “Memorial de Violaciones a los Derechos a la Vida, Víctimas de Chihuío” Localidad de Chabranco -Comuna de Futrono - Región de los Lagos

Memorial de Osorno “Memorial de la Paz” Esquina calles Martínez de Rosas y Mackenna -Comuna de Osorno - Región de los Lagos

Memorial de Chaitén “Memorial de los Detenidos Desaparecidos de la Provincia de Palena” Plaza de Armas de Chaitén - Comuna de Chaitén - Región de los Lagos

Memorial de Punta Arenas “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” Cementerio Municipal de Punta Arenas -Comuna de Punta Arenas Región de Magallanes y la Antártica chilena

Durante el año 2006 se encuentran en proceso de construcción los siguientes proyectos:

Proyectos en construcción con apoyo del programa año 2006

Villa Grimaldi “Proyecto Nuevo Acceso para Villa Grimaldi” Villa Grimaldi -Avenida Arrieta N° 8.401- Comuna de Peñalolén - Región Metropolitana Villa Grimaldi “Proyecto Testimonio Rieles de la Bahía Quintero” Villa Grimaldi -Avenida Arrieta N° 8.401- Comuna de Peñalolén - Región Metropolitana

Memorial de La Legua “Memorial Conjunto Escultórico en Homenaje a los Caídos en la Dictadura en la Población La Legua” Entre calles Alcalde Pedro Alarcón, Los Copihues, Pasaje Antártica y Comandante Riesle- Comuna de San Joaquín - Región Metropolitana

Memorial de Valparaíso “Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos por la Dictadura Militar, 11 septiembre 1973 - 10 marzo 1990”

Bandejón central de Avenida Brasil con Rodríguez -Comuna de Valparaíso - Región de Valparaíso

Memorial de Chillán “Memorial Parque de la Meditación de Chillán” Bandejón central de Avenida Brasil, entre Libertad y Bulnes -Comuna de Chillán - Región del Bio Bio

Memorial de Santa Bárbara “Memorial Puente Quilaco”Acceso Norte del Puente Quilaco - Comuna de Santa Bárbara - Región del Bio Bio

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El Programa de Derechos Humanos ha encargado a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras

Públicas, y en el caso de Valparaíso a la Municipalidad de esa ciudad, los siguientes Concursos de Arte Público destinados a elegir el diseño arquitectónico y artístico de los memoriales:

Concursos de Arte financiados por el programa para elegir diseños de memoriales

Concurso de Arte “Un Lugar para la Memoria” Memorial de Paine Nuevo Acceso Sur a Santiago en enlace con Avenida 18 de SeptiembreComuna de Paine - Región Metropolitana

Concurso de Arte “Monumento a las Mujeres Víctimas de la Represión” Bandejón central de Avenida Bernardo O’Higgins, sobre estación de metro Los Héroes. Comuna de Santiago - Región Metropolitana

Concurso de Arte “Un Lugar para la Memoria de Parada, Nattino y Guerrero” Kilómetro 18 de Américo Vespucio Nor PonienteComuna de Renca - Región Metropolitana

Concurso de Arte “Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos por la Dictadura Militar, 11 septiembre 1973 – 10 marzo 1990

Bandejón central de Avenida Brasil con Rodríguez Comuna de Valparaíso - Región de Valparaíso

Concurso de Arte “Memorial Parque de la Meditación de Chillán” Bandejón central de Avenida Brasil, entre Libertad y Bulnes Comuna de Chillán - Región del Bio Bio

Concurso de Arte “Memorial en Homenaje a las Víctimas de la Represión de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe y Liquiñe”

Puente Rodrigo Bastidas sobre el río Toltén Comuna de Villarrica - Región de la Araucania

Una vez más agradecemos la cordial invitación de la señora Judith Said, Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina al “Encuentro Nacional de Sitios de Memoria” y poder exponer nuestra experiencia. Presentamos nuevamente nuestras excusas por no haber podido asistir, aunque esperamos prontamente poder visitarlos.

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Memoria y reflexividad: la poesía después de Auschwitz *1

“Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar.

Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos.

La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra.” Funes el memorioso, J. L. Borges

En los últimos años, deberíamos estudiar por qué en ese lugar en el tiempo, el tema de la memoria ha sido motivo de reflexión académica. No hay congreso de ciencias sociales donde no se arme una mesa sobre memoria de los 70.

Sin duda, estas experiencias habilitan a la reflexión y contribuyen a instalar el tema en la circulación social de las ideas. Pero, ¿qué tipo de memoria(s) se legitiman, qué huellas materiales se preservan, qué historias relatan, qué sujetos constituyen?

Hay memorias abiertas, fragmentadas, históricas, recuperadas; memorias construidas, memorias populares, memorias hegemónicas, ejemplares hasta con pretensiones de completitud: “memoria completa”. Estas memorias producen imágenes y saberes en el campo social logrando amigos y enemigos, detractores e indiferentes. Creo que, puestas en circulación, no todas estas memorias ayudan a los procesos de construcción identitarios de los colectivos del campo popular porque, algunas, obturan, forcluyen, reniegan.

Me parece que hay dos temas que hacen a la construcción de la memoria: el tema de la legitimación -o no- de la violencia popular armada y el de la desaparición de personas en tanto proyectos políticos encarnados en cuerpos. Desaparecieron en tanto militantes políticos, adherentes a ideas críticas, y por lo tanto cuerpos-identidad- experiencia política-proyecto social es parte de un mismo proceso de construcción de la memoria, en términos de la coproducción de un sentido, de un pasado que nos constituye. De las huellas en los cuerpos de los sobrevivientes a la palabra en circulación social es un proceso doloroso que sólo puede hacerse colectivamente. Y es posible, acá, que la poesía sirva como metáfora del horror.

Huellas materiales, relatos testimoniales, descripción de las tecnologías del horror, arman una tensión crítica y es ahí donde la memoria, la que nosotros vamos construyendo colectivamente, aporta a una memoria del cam-po popular puesta en circulación democrática, en democracias de baja intensidad o delegativas, donde no todos gozan de los mismos beneficios de ser ciudadanos y cuidadanas.

En los años posdictadura se encarnaron tres tipos de reclamos: por la verdad, es decir por el destino de las víctimas y la información sobre los crímenes; la demanda de justicia por los delitos cometidos y su no prescripción y el imperativo de la memoria o sea, una lucha por las memoria frente a la falsificación de la historia. Estos logros son desparejos a nivel regional, por lo menos en la Argentina actual.

Zygmunt Bauman ha desarrollado en Modernity and the Holocaust (1989) las formas elementales de la mo-dernidad, forjando una conexión entre las estructuras fundamentales de la modernidad: racionalismo, burocracia, creencia en el progreso socialmente manufacturado, ciencia, etc. y la potencialidad de un acontecimiento como el

* Patricia Arenas, Antropóloga (UBA). Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán y de Santiago del Estero (UNSE). Integrante del GIAAT (Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán) y de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNSE. Investiga temas vinculados a la violencia política de la última dictadura militar y a la violencia contemporánea en contextos urbanos. Es perito de la Justicia Federal.1 Una versión ampliada de este trabajo fue presentada en el Primer Encuentro Regional “Políticas, Memorias e identidades en los seten-ta” realizado en la Universidad Nacional de Jujuy, el 1 y 2 de diciembre 2006.

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Holocausto. Su estudio presenta el genocidio, no como una aberración causada por una ruptura en la modernidad sino como una posibilidad determinada precisamente por su carácter definitorio. El ensayo coloca al Holocausto en el centro de los estudios de la modernidad y la postmodernidad.

Por otro lado, ya Adorno había considerado al Holocausto como un momento definitivo en el pensamiento filosófico y social. Su pregunta si es posible la poesía “después de Auschwitz” hace referencia tanto a un lugar, una topografía de muerte, como a un momento, una cesura o ruptura. Tenemos que volver a Auschwitz una y otra vez para teorizar nuestro propio momento bajo su sombra.

El genocidio en la Argentina supuso un cambio en la vida cotidiana, en la historia, en el Estado, la metafísica, la ética, la historiografía y, por supuesto, la estética. ¿Puede haber arte o poesía después de una atrocidad así? ¿Puede este arte o poesía representar la atrocidad sin traicionar a sus víctimas en la interpretación del verdadero significado, o mediante la creación de algo bello a partir del sufrimiento? ¿Podemos, por otro lado, dejar de pensar y recordar este acontecimiento? ¿Cómo podemos conciliar la imposibilidad de recordar u olvidar y la de hablar o quedarnos callados, sobre una barbarie de tal magnitud? ¿Será como dice W. Benjamin, que todo documento de cultura es un documento de barbarie? Tal vez en la frase de Adorno, léase “después de A...” hay una paradoja: no puede haber estetización del sufrimiento y, sin embargo, tampoco debe haber silencio. Lo que sí debe haber, en eso está la marca de Adorno, es pensamiento crítico.

Es, por la marcación pública de los territorios de memoria, que se han dado a lo largo de la historia demandas y conflictos. Esos territorios son, muchas veces, de soberanía estatal y son las políticas públicas de la memoria, las que facilitan su demarcación.

Puede verse que, en muchos casos, en estos procesos de producción de marcas territoriales no está ausente la historia, pero la historia está centrada en la lucha por ese espacio de territorio de memoria sin dar cuenta de los procesos políticos que los cuerpos allí sometidos a las tecnologías de desaparición, encarnan en tanto proyecto del campo popular. Un caso típico es el cambio de nombre de la Plaza Operativo Independencia en Tucumán recién el 24 de marzo de 2005 -hecho necesario y festejado- pero que al ponerlo en tensión crítica no deja de sorprendernos el monumento que viene a resignificar el Operativo Independencia, laboratorio temprano del aparato exterminador. La marca allí instalada no deja de ser necesaria y oportuna pero, ¿qué comunica respecto del Operativo Indepen-dencia? ¿Qué historia relata? ¿Qué imagen produce? ¿A qué nueva subjetivad apela? Hay también una memoria fetichizada, transformada en mercancía, en procesos que naturalizan lo histórico y que convocan a negar las condi-ciones de producción de las memoria(s), no permitiendo anclar, colocar las marcas, con cuerpos y proyectos, de una generación con una propuesta que socializar, una esperanza que plasmar en políticas en una disputa por poder.

En estos procesos de mercantilización los testimonios adquieren la forma de un objeto en desconexión con la totalidad social que les dio origen. Su principal efecto es la trivialización del terror, convirtiendo lo horroroso en banal (la banalidad del mal). Cuando digo esto estoy pensado en lo difícil que es actualizar, volver a pensar, hacer carne hoy, ese proyecto político inconcluso de la generación del ´70 y volver a discutir las ideas que el enemigo consideró “subversivas”, “terroristas”, “zurdas”; categorías con que la derecha nos quiere denostar y que pronto pueden ser motivo de que salgamos a la calle diciendo “sí, y?, yo soy subversiv@”, como ese conocido “yo hoy también soy judío” .

Justamente, la perspectiva crítica se proyecta en el modo en que la “desaparición forzada” contradice ideo-lógicamente el discurso de clausura hegemónico frente al desaparecido, en su lucha por volverlo a la vida social. Nos exhibe la sistematicidad de las prácticas y, por lo tanto, su carácter político, organizado (Azzali).

Por todo esto es que la constitución del desaparecido como sujeto de la legalidad no necesita dar cuenta de la existencia de su propio cuerpo, su fuerza y esencia consiste en la historia que atestigua, en el acto político de la desaparición (op.cit.). La negación de tal subjetividad encontró una forma de continuidad jurídica durante la pos-

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dictadura, cuando el Estado propuso la cancelación de la historia del genocidio por medio del infructuoso intento por cerrar definitivamente las investigaciones. Apostó a la desmemoria.

Hacer memoria, construir memoria, es develar al ejercicio del poder en su política de ocultamiento y des-trucción de los cuerpos, como modo de buscar el olvido. Es aquí donde el ejercicio de la memoria histórica cum-ple un papel determinante en la forma en que se construye la vida.

Entonces, si el ocultamiento de la historia es condición de la reproducción de la hegemonía establecida, sólo la persistencia en su recuperación –hacer memoria, construir memoria, hacer archivo, dar testimios- implica la posibilidad de la crítica.

Esta memoria no es un mero recordatorio de hechos pasados sino que se trata de una memoria interiorizante, en donde al pasado se lo recuerda para reinterpretarlo, y a partir de ahí otorgar sentido al presente, crear criterios de legitimación o crítica de la realidad. Sin memoria histórica no hay sujeto histórico. El olvido, la negación de cómo históricamente se construyó el poder, es la función política del principio abstracto en tanto mirada destotalizadora de la vida social (op.cit).

¿Es posible la poesía después de Auschwitz?Dijo el poeta Juan Gelman, cuando recibió el premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe,

en noviembre de 2000: “Ninguna catástrofe, natural o provocada por el hombre, ha podido jamás cortar el hilo de la poesía, esa sombra sin cuerpo que nace de las huellas del límite para borrarlo de la faz de la san-gre. A pesar de los genocidas, la lengua permanece, sortea sus agujeros, el horror que no puede nombrar. El ser humano creó las lenguas y hace cosas que ellas no pueden nombrar. El ser humano está dentro y fuera de la lengua. La poesía, lengua calcinada, tuvo que padecer en nuestro Sur discursos mortíferos, tuvo que atravesarlos y no salió indemne, pero sí más rica. Es que la poesía es un movimiento hacia el Otro, busca ocupar un espacio que en el Otro no existe. Pero, ¿cómo hacer olvidar a la lengua su ayer manchado de espanto? ¿Cómo cicatriza la lengua olvidando su ayer? ¿Existe la palabra justa? La palabra, como la utopía, es incesante emulsión de dos pérdidas -lo deseado, lo obtenido-, un paraíso que nunca se tuvo y hay que buscar eternamente. La palabra justa pertenece al reino de la muerte. Y la condición de los poetas es frágil, no encuentran abrigo en su obra, cada momento de esa obra cuestiona los demás y enton-ces nada sostiene a quien no tiene otro sostén que el acto de escribir. Y, sin embargo, la poesía continúa. La poesía está cargada de más vida. Un poema sin ojos no puede cruzar la calle. El trabajo de la poesía es dar forma al vacío para que éste sea posible. El porvenir de la poesía es la palabra liberada del lenguaje. El viaje hacia el poema es más importante que el poema. La poesía es patria de los espacios negros y mira la calandria que sale volando de los ojos de un niño porque él la quiso ver. No hay necesidad de defender a la poesía frente o contra la realidad: la poesía devela la realidad velándola”.

Adorno sí; era posible la poesía después de Auschwitz y a través de ella poder hacer memoria... pero que no nos vaya a pasar igual que a Ireneo Funes, peoncito de Fray Bentos, que era dueño de una memoria inimaginable que se potenció cuando un accidente lo dejó tullido para siempre. Se decía que tenía más recuerdos que todos los hombres desde que el mundo es mundo. J. L. Borges escribió en Funes el Memorioso que sospechaba que no era capaz de pensar, es decir, su memoria era inútil, no servía para nada.

Textos citadosAzzali, Javier Carlos, Memoria colectiva y discurso jurídico. UBA- UNAM. En: Crítica Jurídica. Revista Latinoame-ricana de Política, Filosofía y Derecho. N° 20, Faculdades do Brasil, Curitiba-Paraná, 2002. www.unibrasil.com.br/asite/publicoes/critica/20/B.pdf

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Baumann, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, Cambridge & Oxford, 1999.Borges, Jorge Luis, Funes el memorioso. En: Ficciones. Losada, Buenos Aires, 1944.

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Parte II

Primer Encuentro Público “La Perla” como espacio de Memoria, Córdoba, � de junio de �00�

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Situar La PerlaLos CCD como territorios de memorias conquistados

“Al detenerse el vehículo, la sacan del mismo y a empujones la van llevando, vendada y encapuchada hacia un lugar cubierto. Allí comienzan a propinarle

una feroz golpiza; preferentemente en el vientre y en la cabeza. Mientras la golpean le gritan que van a matar a la criatura que lleva en el vientre.

La insultan y amenazan permanentemente. En un momento dado le dicen: “estás desaparecida en La Perla. De aquí ni Dios, ni el Papa, ni el presidente te sacan...”

(Testimonio registrado en el Informe CONADEP Delegación Córdoba, pág. 63).

La desaparición de personas era, en la voz de los represores expresada en este breve relato, solapada, nocturna, ilegal. A diferencia de las guerras, la desaparición de personas pretendía no dejar huellas en las ciuda-des. Los centros clandestinos de detención (CCD) estaban pensados para no dejar rastros.1 En Argentina, durante la dictadura y con el retorno de la democracia, no hubo ruinas de bombardeos, ni marcas visibles de la desapari-ción hasta el momento en que las Madres salieron a la plaza; los exiliados comenzaron a denunciar; los abogados presentaron hábeas corpus; cuando se conocieron los testimonios de aquellos que vivieron el secuestro y la tortura en los CCD y, por supuesto, con el descubrimiento de las primeras fosas clandestinas que materializaron la desaparición. Algunas imágenes de 1977, provenientes y encontradas en el Archivo del Centro de Documen-tación Audiovisual de la UNC, muestran al Pasaje Santa Catalina - lugar donde funcionó el CCD conocido como D2- desierto y custodiado por policías. Sin embargo, en esas mismas imágenes, a pocos metros puede verse la plaza San Martín con gente que viene y va y la Catedral luce majestuosa a su lado. Así, el efecto inquietante de estas imágenes, que no son recreadas sino expresadas en un documento de época, es el del paisaje familiar de una ciudad en actividad.

Los lugares que fueron CCD se inscribieron en la ciudad de una manera particular. Unos ya existían como prisiones o comisarías; otros fueron creados especialmente para la represión clandestina. Sin embargo, todos funcionaron en ciudades o pueblos que siguieron, aunque sensiblemente modificado, con su ritmo cotidiano de trabajo, de educación, la vida burocrática y comercial. Por otro lado, los espacios de represión fueron creados o resignificados para cancelar luchas políticas, cercenar ideas culturales, perseguir a enemigos, sembrar una cultura del miedo.

Los lugares de memorias no se construyen aislados. No lo estuvieron en el pasado y tampoco en el presente. La Perla, como otros CCD, hace sentido en un mapa, una cartografía, un territorio de memorias, donde puedan incluirse no sólo los lugares concebidos durante el terrorismo de Estado como “arquitecturas de la destrucción” sino también, los espacios de participación política, de producción cultural y social; lugares de denuncia y lucha contra la dictadura. En este sentido, es interesante observar los procesos de descentralización de los espacios de memoria y la posibilidad de pensar en una multiplicación de marcas, que pueden ser graficadas como recorridos y caminos que los peatones hacen por la ciudad cotidianamente.

Desde las Madres de Plaza de Mayo, sus pañuelos y su simbólica ronda hasta la ocupación de los CCD como lugares de memoria, en Argentina o por lo menos en sus grandes ciudades, se han planteado nociones de memo-rias dinámicas (Schindel, 2006), que sin clausurar el acceso al pasado, ponen en acción y provocan prácticas y representaciones a los que se enfrentan con ellas a partir de los dramas, dilemas y pasiones del presente. El de-safío es mantener esta concepción y no convertir a los espacios de recuerdo en lugares cerrados donde aquellos que los visitan no puedan interpelarse e interpelar al pasado y especialmente al presente.

* Ludmila da Silva Catela, Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.1 Comparto el análisis realizado por Estela Schindel (2006) en relación a las ciudades, sus marcas y la desaparición de personas.

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Si uno recorre diversas ciudades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Jujuy o Rosario, puede ob-servar la temporalidad y las maneras en que diversos actores y organizaciones sociales eligieron (o pudie-ron) para marcar estos espacios urbanos, en nombre de la Memoria, el Nunca Más, los desaparecidos. Las décadas del ochenta y los noventa no se caracterizaron por la necesidad de señalizar los lugares o resca-tarlos como espacios de memorias. Como afirma Schindel (2006), “la inscripción espacial de las memorias

El pasaje Santa Catalina: nuevos sentidos y memorias

El traspaso de la ex D2 a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba en diciembre de 2006, fue en sí mismo un acto de modificación que transformó a un sitio o lugar de memorias en un territorio de memo-rias conquistado. Si observamos detenidamente, desde el retorno de la democracia a estos edificios sólo se accedía “con permiso” o se podía intervenir en sus paredes “desde afuera”. Podemos ir más atrás y pensar esta especialidad en el largo plazo. Veremos así que la historia nos muestra más continuidades que rupturas. Según Cristina Boixadós, “esta angosta callejuela de sólo una cuadra de largo, estuvo presente desde el origen de la ciudad, como una irregularidad de la cuadrícula fundacional. Se caracterizó por tener un estigma de dolor y muerte al ser el pasaje de reos, ajusticiados, detenidos y policías desde 1577, cuando esta media manzana se destinó para Cabildo y Cárcel de la ciudad”. En relación a las tres casas que son conocidas como los lugares donde funcionó la ex D2, Boixadós afirma, “la del Medio, fue en ese edificio donde Augusto Chammás mudó su fábrica de dulces, pastas, alfeñiques, tabletas y alfajores, ocupándolo entre 1890 y 1903, fecha en que pasó a ser, por pocos años, sede del Cuerpo de Bomberos. Las dos casas colindantes fueron levantadas después de 1850. La próxima al Cabildo estuvo ocupada por la Policía desde 1890. En años siguientes funcionaba la Seccional 1ª en el número 48 y la Comisaría de Órdenes en el nº 66.”

Actualmente estas casas adquirieron otros sentidos. Ni retomaron su “estado original”-deseo profundo, tal vez, de los que defienden la idea de patrimonialización extrema de las ciudades- ni les fue borrada su historia de represión, como pasó con la modernización del Buen Pastor, que será un shopping. Vemos en-tonces que la propia noción de nuevos sentidos no está dada de una vez y para siempre, sino que se trata de espacios en construcción. Así, podemos describir algunos cambios percibidos a partir de lo que vivimos cotidianamente quienes trabajamos en el Archivo y Comisión Provincial de la Memoria en el Pasaje Santa Catalina. Diariamente escuchamos: “yo, antes, por este lugar no pasaba”. Actualmente, el Pasaje comienza a transformase en un lugar de la ciudad con otros sentidos. Tanto los que nosotros les imprimimos desde los proyectos de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, como aquellos que les otorgan los que por allí pasan, se detienen, caminan, observan. Hoy propone a los peatones, al turista, a los estudiantes y niños diferentes posibilidades: los invita a entrar a la sede de la Comisión Provincial de la Memoria, visitar mues-tras temáticas y recorrer este espacio que fue un CCD. Los días jueves los que pasan rápidamente yendo de un lugar a otro del centro, detienen su marcha y se quedan un largo tiempo observando las fotos de los desaparecidos, sus rostros, sus profesiones. Un peatón atento puede descubrir sobre una de las paredes la explicación de que allí hubo un CCD o mirar los graffitis-stenciles que alguien estampó en esas mismas paredes y rezan: “Destapemos la memoria” o muestran un Ford Falcon o el perfil de un soldado que dispara desde su arma las iniciales D2. Todas estas manifestaciones sorprenden e interpelan, lo que muchas veces deriva en la entrada a la Comisión y la demanda de más información. Si seguimos el recorrido, más adelante, las Madres, cada jueves, se interponen como un espacio de memoria en esa misma Plaza que en el ´77 era cruzada por transeúntes, o usada por las FFAA para festejar las fechas patrias.

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no suele ser prioridad en los procesos de transición, determinados por las urgencias de la reconstrucción democrática”. Hoy ya podemos relevar diversas temporalidades, modos y maneras en que se asientan los procesos sociales, políticos y de construcción de memorias en el espacio público.2 Por tomar el caso de Córdoba, y mencionar cinco ejemplos citados en la CONADEP: la D2 es la sede de la Comisión Provincial de la Memoria; La Perla será un sitio de memoria; Campo de la Rivera es una Escuela3 y sólo quedan restos de parte del CCD; el Buen Pastor será un moderno shopping en pleno centro de Córdoba y la comisaría de Unquillo sigue siendo la Comisaría de Unquillo. No hubo ni habrá una misma solución para todos los lugares y me parece que allí radica la potencialidad de los procesos de construcción de las memorias, en las disputas que se generan, en la selectividad, en los olvidos y silencios que se establecen. Y principalmente en aceptar que la memoria no puede ser ni pensada ni impuesta en singular sino en plural, aceptando el desafío de las luchas y los conflictos que se entablan en su nombre. Por todo esto, y provocando al título de la reunión que nos convoca, creo que se debe pensar La Perla en una red de espacios que finalmente constituyen un territorio de memorias conquistado y no como “un espacio para la memoria”.

Esto es indispensable en la medida en que, los sitios de memoria funcionan como una “esponja” que pasan a absorber diversas memorias, proyectos y objetivos y dejan de lado otras o sencillamente las desconocen. La Perla es, sin dudas, una metonimia de la represión en Córdoba y del accionar del Tercer Cuerpo del Ejército en la región. El territorio de espacios de memorias al que me referí, luego, no es homogéneo. La Perla está llamada a ocupar el ápice de la notoriedad como el lugar de la represión en la región y es por ello que hoy (que es el momento de pensar su destino como espacio de memoria) debe ser fuerte la necesidad de situar La Perla, de concebir ese espacio relacional abarcador. Es esta actitud de ensamble, de conexión sociológica y cultural hacia su exterior, la que ayudará a controlar los aspectos negativos asociados a la museificación, lo que le dará perspectiva dinámica de espacio y territorio con sus desplazamientos y conquistas frente a la estática del sitio. Digo esto porque las representaciones por venir estarán forzosamente asociadas a los esquemas culturales que llevan a percibir esta clase de espacios como museos de la memoria.

De allí que se deba pensar, qué es un museo y cuál es la representación y el imaginario que domina sobre los museos. En general, parece prevalecer una noción “negativa” como espacios estancos, solem-nes, disciplinadores, donde se exponen objetos de culturas o instituciones “muertas”, que ya no existen; donde -al fin de cuentas- la memoria se monumentaliza y momifica. La pregunta que surge en relación a la idea de los museos, es qué temas son museables y cuáles no, y en este sentido, por qué la memoria de la represión se encamina hacia esas formas de institucionalización. Rastreando su génesis, podemos re-velar algunos ejes sobre las transformaciones de las políticas de transmisión de la memoria y esto puede darnos algunas respuestas sobre la función de estos tipos de museos.

En nuestra cultura, la noción de memoria está asociada a la especialidad, a lugares relacionados con los recuerdos: la “casa paterna”, los álbumes de fotos familiares, los monumentos, los lugares de conme-moración y, también, los museos, como espacios de evocación, soportes de la memoria, que de alguna forma estructuran nuestros recuerdos y representaciones y las insertan en la memoria de la colectividad a la que pertenecemos. Espacialidad y memoria crean un lazo muy fuerte en relación a nuestras identidades e identificaciones.

2 Es importante decir que también se ha acumulado un interesante caudal de bibliografías y debates sobre el tema de los espacios, museos y sitios de memoria - tanto en Argentina como en otros países- que es bueno retomar para no comenzar las discusiones desde cero. Por citar sólo algunos pueden consultarse: Boursier (2005), Jelin y Langland (2003), AAVV (1999), Brodsky (2006), Macón (2006). Pueden consultar-se también la Revista Puentes de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata que en diferentes números pone en debate el tema. 3 Durante el debate de presentación de este texto fue aclarado que en Campo de la Rivera no funciona una escuela sino tres escuelas donde concurren aproximadamente 1000 alumnos.

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Muchas de las personas que se acercan al Archivo Provincial de la Memoria, entran preguntando: “¿Acá es el Museo de la Memoria?”. Al principio les explicábamos que no y las reacciones iban desde la decepción al asombro. Ahora, simplemente, los invitamos a que recorran las muestras que montamos y los registros que el propio sitio tiene plasmado en su arquitectura, lo que lo sitúa en la categoría de “mu-seo de sitio”. Una vez que recorren el espacio, algunos retornan a preguntarnos: “bueno pero... dónde se torturaba” o “dónde se tiró el muro que salió en la televisión”. Otros salen diciendo: “es muy fuerte, no lo aguanto”. La mayoría agradece por el lugar que se recuperó; muchos nos cuentan sus historias. Unos pocos salen indignados, afirmando “aquí se cuenta sólo un lado de la historia... sólo una campana”. En fin... no hay una única repuesta frente a lo que se ve, lo que se siente, lo que se aprende. Pero tal vez lo que modestamente aprendimos, es que aquellos que se acercan a ver “El Museo”, están abiertos a una expe-riencia pedagógica, vienen por su propia voluntad de memoria y creo que allí radica la potencialidad tanto del lugar en sí mismo, como de la posibilidad de transmitir experiencias, políticas de memorias, acercar información a aquellos que la demandan, pero sobre todo inquietar y dejar espacio para que el “otro” se haga preguntas. Como afirma Américo Castillo en relación a este tipo de espacios: “el espectador con-temporáneo no se conforma con una visión única de la historia o de la ciencia, aun cuando emane de una autoridad reconocida; tampoco parece suficiente la exhibición de objetos con leyendas que le atribuyan significado. El observador desea ser parte de un proceso que le permita elaborar sus propias preguntas” (Castillo, 7:1999).

En otras palabras, la significación de un espacio o museo de las memorias resulta del encuentro de la plani-ficación de sus organizadores y de las interacciones que se generan con el público que se logra atraer. Llegamos tal vez al punto donde memoria y espaciacialidad generan un fuerte lazo, ya que todo museo es un relato.4 Si no hay relato no hay espacios de memorias. Los lugares como los CCD no hablan por sí mismos.

¿Qué sitios de memorias, qué museos? El gran desafío de estos lugares de memorias es pensarlos como vehículos, soportes de memorias y no la

memoria en sí misma. Así, planificar los contenidos más generales implica un segundo nivel de complejidad al preguntarnos sobre ¿un museo para qué?, ¿para quiénes?, ¿qué tipo de museo se quiere?; ¿cuáles serán los objetivos del museo?

Sin lugar a dudas estas definiciones serán a largo plazo e involucrarán a diversos sectores sociales, cultura-les, políticos y hasta religiosos, incluyendo a las distintas generaciones e implicarán -entre muchas otras miradas- pensarlos en relación a sus diversos usos, proyectos y objetivos.

Museo como institución

¿Qué relato se usará? ¿Qué objetos se presentarán y cuál será la atribución de sentidos? Podemos pensarlo como un lugar que conjugue la investigación, la conservación y la difusión. Y allí definir si lo vemos como un espa-cio para relatar las historias de las represiones o de masacres; o como lugar de expresión de las luchas populares, o un espacio que conjugue el relato histórico y las acciones en el presente de violaciones a los derechos humanos; o simplemente lo que determinen las leyes de creación.

4 De aquí en más usaré la noción de museo en el sentido que le otorgan los individuos que se acercan a visitar o conocer los ex CCD con-vertidos en lugares de memoria, más allá de cuál sea la decisión o la postura que adoptemos o el nombre que se elija en cada situación para designar a estos lugares.

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Museo como espacios de memorias

¿Qué memorias incluir en el relato del museo? La visión de las víctimas, la complejidad de los procesos sociales del momento, el lugar de la política, las luchas sindicales, la opción por la lucha armada, la experiencia concentracionaria. ¿Dónde comenzar el relato sobre los sentidos del pasado? Aquí, la historia local de Córdoba seguramente recortará períodos diferenciales a los que son recordados y legitimados desde Buenos Aires. ¿Se incluirá, por ejemplo, el Cordobazo en las memorias a relatar? ¿Qué lugar tendrán las memorias de las luchas obreras y sindicales?

Para esto considero que es interesante poder definir un calendario de conmemoraciones de Córdoba y es-tablecer lazos con las regiones afectadas por el accionar del Tercer Cuerpo de Ejército (diez provincias en total). Pensar, por otro lado, cómo incluir estas memorias en el relato de la historia nacional. Y tener presente el riesgo de producir un relato que reproduzca una sola memoria o que establezca una única temporalidad. Por ejemplo, en general “sucumbimos” a la fecha del 24 de marzo de 1976. En Córdoba, hablar del ´76 o colocar ese marco de ini-cio, descarta, deja de lado, silencia, los eventos de los años 1974 y 1975 que tanto en términos de representación colectiva de la memoria, como en las experiencias corporales de aquellos que sufrieron la persecución y la tortura, creo no pueden ser dejadas de lado.

Museo como espacio de transmisión

Uno de los grandes dilemas de cualquier museo es qué transmitir y cómo hacerlo. Entre las experiencias mundiales hay tensiones irresueltas entre la necesidad de “mostrar el horror” y su “banalización”. Así se impone pensar si el museo construirá un relato “cerrado” o un diálogo intergeneracional donde puedan expresarse diver-sas formas de dar sentido al pasado y sus voluntades de transmisión. Otro tema interesante es el debate en torno a los elementos que se privilegiarán para la transmisión: si se realizarán colocando el foco en lo político, a partir de la seducción de lo estético, en torno a lo jurídico o en base a la experiencia del testimonio. Esto influirá en las formas de construcción de los diálogos y en la posibilidad de apertura a nuevas narraciones. Una de las cuestiones de debate en el seno de la Comisión Provincial de la Memoria es cómo hacer los recorridos por el edificio del D2. ¿Quiénes serán los guías? ¿Qué se transmite? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se señala el lugar? La escuela pasa a ser uno de los actores centrales en este proceso, ya que la demanda de visitas es inmediata y numerosa. La cuestión es cómo trabajar el espacio previo a la visita, el encuentro de maestros y profesores frente al tema y la “preparación” para la llegada al lugar.

Museo como arquitectura de la destrucción

La espacialidad concreta que es la de la experiencia concentracionaria, ¿cómo plasmar en el espacio los sen-tidos dados a la represión, el dolor corporal de la tortura, las sensaciones de encierro, sin caer en un relato que se torne inaudible? ¿Cómo transmitir la idea del totalitarismo y la clandestinidad a generaciones para las cuales esas palabras no tienen los mismos sentidos? ¿Cómo resolver el dilema de los espacios que los sobrevivientes “sintie-ron” pero no siempre pueden “reconocer”? Por ejemplo, ¿cómo transmitir el “olor” que se recuerda en esos luga-res? Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es compatible la utilización de estos espacios con actividades productivas, creativas, recreativas? ¿Podemos, por ejemplo, pensar en el “turismo”, en espacios de placer cómo un café?

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Lo universal, lo regional y lo local Así, y pensando en ejes muy amplios que pueden guiarnos a la hora de pensar estos sitios de memoria, pode-

mos distinguir, los que van desde los valores universales sobre los derechos humanos a las expresiones testimo-niales de los que allí sufrieron el horror de la experiencia concentracionaria; del rigor histórico sobre el período, a la denuncia y la importancia de la justicia para hacer posible el Nunca Más; de la necesidad de la investigación a la constitución de herramientas pedagógicas que permitan dar cuenta de ello, de la denuncia de violación a los derechos humanos de las décadas dictatoriales, pero también de sus violaciones en el presente.

A partir de ellos, se pueden pensar (que no son únicas ni excluyentes) tres variables de escala para construir un posible guión o relato en estos espacios: lo universal, lo regional y lo local.

Los sitios de memorias en diálogo con valores universales

Involucrar al otro, al que visita estos espacios, desde el plano universal y pensarlo como un eje macro, que une a lugares de memorias y a diversas memorias sociales y colectivas. Si bien lo universal nos coloca frente a procesos históricos diferentes (otras masacres, otros genocidios), los valores que se pretenden transmitir pasan a ser homólogos.

De allí la importancia de incluir dos nociones que pueden ser uno de los ejes del relato y que permiten recorrer un abanico de experiencias que van desde lo universal a lo local, de lo regional a lo nacional:

1- la noción de crimen contra la humanidad y2- la noción de Genocidio.

Podríamos decir algo así como la dimensión humana del sufrimiento que acerque desde elementos que compartimos más allá de las diferencias y posturas políticas, religiosas, culturales.

El lugar de las memorias regionales

De la mirada universal a partir de aquello que nos “encuentra” como humanos, podemos pensar un segundo nivel, el regional. A partir de la espacialidad ocupada por el Tercer Cuerpo del Ejército, sería interesante poder plas-mar el accionar del Ejército en la región y pensar La Perla en relación a los CCD de Cuyo y del Noroeste argentino. Desarrollar, por ejemplo, un trabajo de investigación que permita unir el pasado con el presente. ¿Para qué se usan esos espacios hoy, para qué se usaron antes de ser CCD? El poder simbólico de La Perla puede servir para poner en foco y visibilizar aquellos lugares más silenciados y ocultos. Por ejemplo, en Jujuy el CCD de Guerrero sigue siendo un lugar de vacaciones de los sindicatos UPCN, UOCRA y SMATA. Sólo el año pasado se pudo entrar a uno de ellos (UPCN) y colocar una señalización. Sin embargo, al igual que en campo de la Rivera, el relato de los pobladores sobre las “almas que penan”, “los torturados que gritan”, fue una constante en un lugar que pasó años sin marcas materiales de memorias, pero donde nunca dejaron de circular memorias locales y subterráneas.

La inscripción de los espacios en las memorias locales

Finalmente hemos pasado a un tercer nivel, el local. Nuevamente podemos usar la fuerza de La Perla como espacio a partir del cual reflexionar y mostrar la producción de memorias locales en torno al terrorismo de Estado.

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La Perla es, sin dudas, como ya afirmé más arriba, una metonimia de la represión en Córdoba y del accionar del tercer cuerpo en la región, lo que nos permite usarla para pensar la red de represión local.

¿Qué pasó y cómo se construye la memoria en los pueblos del interior, que memorias circulan en Malagueño o La Calera, por ejemplo? ¿Qué lugar ocupa en el imaginario social La Perla en el interior de la provincia y en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo se relacionaba La Perla con los otros CCD de la ciudad de Córdoba?

La inevitable parcialidad y complejidad de las memorias

De esta manera, conjugando los valores universales con los regionales y locales, trazaremos por lo menos algunos ejes de partida, abiertos, con rumbos por momentos inciertos, pero tal vez nos de la posibilidad de plan-tear una pluralidad de memorias y no sólo una que pretenda totalizar un único sentido sobre la experiencia de la represión.

Sin agotar los temas, se puede decir que la difícil tarea de pensar un espacio de memorias, con sus relatos y actores, implica en primera instancia, asumir y aceptar que: la memoria es selectiva, incluyendo sus olvidos y silencios, que es un fenómeno construido, con sus ficcionalizaciones y cristalizaciones y, fundamentalmente, que es un elemento constituyente de nuestro sentimiento de identidad, que genera pugnas y luchas. Finalmente que las memorias son complejas y nunca completas.

De esta manera, el sitio o lugar de memorias que se construya, que construyamos, inevitablemente será “parcial”, representará “algunas memorias” y transmitirá algunos sentidos dados al pasado, por los actores que, en ese momento, pugnen por “imponer” sus memorias y porten capitales culturales, políticos y económicos para poder imponerlos o negociarlos.

El riesgo, que siempre existe, es que por evitar el conflicto, la disputa, o la imposibilidad de ver en la memoria un fenómeno selectivo, estos sitios de memorias se transformen en “lugares fríos”, “normalizados” o “banalizados”.

Me gustaría terminar esta exposición con un relato que ya he leído en público, que resume la potencialidad de estos lugares, a veces más allá de lo que nos imaginamos, prevemos, pero que siempre deseamos. Una notita, en el cuaderno de visitas de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, escrita con letra casi infantil nos decía:

“Nosotros los alumnos del IPEM 153... que en este día nos isimos la chupina, y sin saber nos metimos para ver de que se trataba, y esperabamos no estudiar y aprendimos más de lo que pensabamos... Ojalá no vuelva a pasar... Aunque nos agamos la chupina nos gusta leer...” (María, 4 A, Eliana, 4 A y Javier 2 A).

Hacia el final, algunas preguntas abiertas

Sólo a partir de la complejidad de los niveles y capas que lugares como los CCD nos provocan cuando se los abre al público, podemos comenzar a pensar en las dificultades que nos plantea la construcción social de memo-rias. Así, me gustaría cerrar el texto sin conclusiones, pero con una serie de preguntas, que no son las únicas sino una parcela de temas potenciales a discutir.

¿Qué expresar y relatar en estos sitios/espacios/territorios de memorias tan particulares como los CCD? ¿Qué transmitir? ¿Qué política de memoria adoptar? ¿Qué recordar, cómo recordar, cuánto recordar? ¿Cómo trabajar las zonas grises? ¿Qué hacer con las memorias del “otro lado”?

¿Qué lugar tendrán los sobrevivientes, testigos por excelencia de lo que allí pasó? ¿Qué lugar tendrá el testimonio, una de las maneras más fuertes de transmisión de sentidos y sensaciones sobre la experiencia con-centracionaria? ¿Qué lugar se le otorgará al relato de las luchas políticas, sindicales y culturales de esos mismos actores?

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¿Qué rol jugará el Estado y qué noción de lo público prevalecerá? ¿Qué rol tendrán los organismos de dere-chos humanos que representan el período del terrorismo de Estado y cuál aquellos que denuncian los dramas del presente: el gatillo fácil, la tortura en las cárceles, entre otras cuestiones?

Bibliografía

Schindel, Estela, “Las pequeñas memorias y el paisaje cotidiano: Cartografías del recuerdo en Buenos Aires y Berlín”en Macón, Cecilia (coordinadora) Trabajos de la Memoria, Ed. Ladosur, Buenos Aires, 2006.

AA. VV., “Organización Institucional y Contenidos del Futuro. Museo de la Memoria” Colección “Memoria Abierta”.

Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (Comps.) Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Ed. Siglo XXI, España. 2003.

Boursier, Jean-Yves, Musées de guerre et mémoriaux, Éditions de la Maison des sciences de I´homme, Francia, 2005.

Brodsky, Marcelo, Memoria en construcción. El debate sobre la ESMA, Ed. La marca, Buenos Aires, 2005.

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El testimonio como acto del sujetoTransponer lo íntimo*

“Cuando un libro está acabado -un libro que se ha escrito-, al leerlo, ya no podemos decir que ese libro es un libro que ha escrito uno,

ni qué se ha escrito en él, ni en qué desesperación o en qué estado de felicidad, el de un hallazgo o de un fallo de todo el ser. Porque, al fin y al cabo, en un libro,

no se puede ver nada semejante.” Marguerite Duras

Esto lo escribía Duras hacia el final de su obra. Lo tomo como paradigma del valor de lo escrito en tanto acto. Ese resto de la escritura que no es posible de transmitir, es precisamente el que nosotros como profesionales de la salud mental, recogemos.

Dice Giorgio Agamben en su libro Lo que queda de Auschwitz: “recoger la palabra secreta, escuchar lo no testimoniado, ahí nace toda escritura, toda palabra como testimonio.”

Dar testimonio es en cierto modo escribir un texto, en el cual nos encontraremos siempre con un resto inena-rrable para escribir y para transmitir. Al dar testimonio, el sujeto re-escribe su historia, la reinventa.

En latín existen dos palabras para referirse al testigo: testis, que significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero en un proceso o un litigio entre dos contendientes.

Y la otra es superstes, que se refiere a quien ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él.

Pero veamos de qué hablamos cuando decimos testimonio, ya que éste comprende una divergencia estruc-tural en la cual se hace necesario detenerse ya que de lo que se trata es del desencuentro entre los hechos y la verdad que toca la intimidad de ese sujeto.

Cuando contamos algo, debemos poder realizar una operación de olvido, olvidar algo para poder recordar algo. El olvido se convierte entonces en trabajo de la memoria, como en Funes el memorioso, que al recordarlo todo, terminó careciendo de memoria, no sabiendo qué recordar ni qué olvidar.

Quien da testimonio, lo hace sobre una verdad, y esto es lo que da a su palabra consistencia. Sin embargo, lo que estamos planteando, tomando las reflexiones de Giorgio Agamben es que el testimonio vale en lo esencial por lo que falta, contiene en su centro algo que es intestimoniable. Esta función de la falta se torna esencial para la producción del recuerdo.

En la memoria apelamos a un desciframiento, no hay en ella la presencia completa de lo vivido. No se trata entonces de un simple juego dicotómico entre la memoria y el olvido, sino de un trabajo de ficción y de escritura.

Y es en este sentido que la memoria se vuelve acto del sujeto, porque es a partir del encuentro con lo indeci-ble que el sujeto produce nuevas significaciones.

Tampoco se trata en los procesos de memoria, de la repetición de lo ya sabido, ese no es estrictamente su estatuto. Hablamos de la irrupción de un recuerdo de algo que paradójicamente no es sabido. Ese registro parti-cular que se presenta en el sujeto precisamente como desconocimiento, es el punto de cruce entre lo íntimo y lo éxtimo del sujeto que testimonia.

Cierta distancia y olvido, incluso desconocimiento, se torna fundamental para volver a transitar por las vías del horror y dar cuenta de que eso que relata es lo vivido por él mismo.

* Fabiana Rousseaux, Coordinadora del programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

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Respecto de la magnitud del horror, los SS de los campos nazis, decían a sus prisioneros que aunque logra-ran sobrevivir, cuando salieran nadie les creería lo relatado ya que era demasiado monstruoso para ser verdad.

En un campo concentracionario una de las razones que pueden impulsar a un detenido a sobrevivir es poder convertirse en testigo de lo ocurrido.

El impacto de la frase de un paciente en una sesión, que habiendo sobrevivido en un campo clandestino en la Argentina, decía: “no quería morir, quería ser testigo de lo que ocurrió en los campos, pero ahora no puedo recordarlo todo”, me decidió a acompañarlo en el proceso de escritura que él comienza, precisamente en el punto de soporte de la renuncia que esto implica.

En el libro citado, Agamben plantea que si Auschwitz produce una nueva ética, es porque ya no se presenta sólo como campo de la muerte sino como el lugar en donde los contornos entre lo humano y lo inhumano se con-funden. “Las categorías morales y éticas conocidas se presentan como insuficientes y aparece el testimonio como una nueva tierra ética, el no-lugar donde todas las barreras entre las disciplinas se arruinan y todos los diques se desbordan.”

Foucault al plantear que las dos formas principales de organización del poder sobre la vida desarrollados desde el siglo XVII son la anatomopolítica del cuerpo humano (cuerpo como máquina, su utilidad y su docilidad para su integración en los sistemas de control eficaces y económicos), y la biopolítica de la población (siglo XVIII cuerpo-especie mecánica de lo viviente como soporte a los procesos biológicos, intervenciones y controles regu-ladores), propone que el poder ya no define su más alta función en el empuje a matar sino como invasión entera del cuerpo del viviente. Una humanidad del hombre separada de una humanidad biológica. Producción en serie de humanidades biológicas.

El Estado nazi es el paradigma del bio-poder absoluto, donde el poder de hacer vivir, esa intervención radical sobre los cuerpos, se entrelaza con el poder de hacer morir, experiencia extrema que en Argentina se vio repre-sentada en toda su magnitud en esa invención argentina, sin precedentes en la historia, dada la particularidad que ha tenido el hecho de montar maternidades clandestinas en los CCD, específicamente para que las mujeres embarazadas, secuestradas y sometidas a todo tipo de vejaciones continúen con su embarazo con el sólo fin de hacerlas parir en condiciones infrahumanas para luego apropiarse de sus bebés. La criminalidad implícita en este delito atroz ha llegado al punto que quienes ejercieron tortura sobre los cuerpos de mujeres embarazadas -con la consecuente tortura de los bebés que llevaban en sus vientres-, se han apropiado de esos/as niños/as con la pretensión de constituirse luego en sus padres.

¿Cuál es entonces el punto de discernibilidad entre lo humano y lo no-humano?A partir de que en la Argentina la responsabilidad se tradujo en obediencia, se consolidó la matriz ideológica

que dio lugar a todos los modos de la impunidad. Las sucesivas impunidades se convirtieron en paradigma del horror.

Dar testimonio, entonces, es hablar de aquello que hemos atravesado; no para decirlo todo, eso no se puede, sino para hacer intervenir una intimidad en el espacio público, intimidad que no es otra cosa que ese resto desco-nocido del sujeto.

En un sentido estrictamente psicoanalítico, lo traumático es aquello que retorna y está ligado a la repetición, y no tiene tanto que ver con el hecho traumático en sí, sino con la imposibilidad de nombrarlo. La abundante bi-bliografía referida a este aspecto en torno a los sucesos de la Shoá, dan cuenta de este mecanismo límite de lo humano. En el mismo sentido que Primo Levi en Los Hundidos y los salvados, dice que “los recuerdos quedaron grabados en forma de película desenfocada y frenética, llena de ruido y de furia, y carente de significado, un ajetreo de personajes sin nombre ni rostro sumergidos en un continuo y ensordecedor ruido de fondo del que no afloraba la palabra humana. Una película en blanco y negro, sonora pero no hablada”. Podríamos decir que se trata de una letra, pero fuera del lenguaje.

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Hay una imposibilidad de traducción de la vivencia al lenguaje, sobre todo frente a las experiencias que son incomprensibles por ser límites.

Para quien queda con vida, el sentido de esa verdad se constituye en indescifrable, la única operatoria posible será la renuncia a su traducción literal, hay en juego entonces un desciframiento. Dicen entonces los sobrevivien-tes: ¿quién podría contar (e inocular) el terror en cada habitante…?

…El relato del horror, …debía quedar en boca de un puñado de sobrevivientes, que enteraran a la sociedad de lo que le sucedía a las personas que, de pronto, dejaban de ir al trabajo, al colegio, a su propia casa… un relato del horror aterrorizado y aterrorizante……el mandato represivo para nosotros fue “aterroricen”…

Como en el medioevo, la lógica del escarmiento fue central en la política del terror, cuya eficacia estuvo cen-trada en la clandestinización del crimen, a condición de “dar a ver” ese poder de aterrorizar.

Las consecuencias –tanto físicas como psíquicas- producidas por el terrorismo estatal están ligadas a la magnitud del trauma sufrido, como producto de la violación de los derechos humanos. Son derivados de una situación que implica un estado de excepción, detectándose en diversas esferas tanto subjetivas como sociales y tiene consecuencias no sólo en quienes han padecido los horrores y crímenes, sino –y muy especialmente- en las generaciones futuras por la repercusión de la magnitud de lo vivido. Ya la experiencia europea nos trae antece-dentes sobre los efectos que perduran en el tiempo y de qué manera se transmiten de generación en generación, especialmente en aquellas sociedades que han inducido a sus familias al silencio sin asumir las responsabilidades colectivas de la memoria.

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¿Qué significa identificar?*1

I

Se define tradicionalmente a la antropología forense como un auxiliar de la medicina legal, que tiene por objeto aplicar los conocimientos sobre la variabilidad humana que constituyen el patrimonio de la antropología biológica, al ámbito forense. Su peculiaridad está dada por el tipo de tejidos sobre los cuales trabaja: los llamados tejidos duros, huesos y dientes. Esto significa que, generalmente, hay un intervalo de tiempo entre la muerte de la persona cuyos restos se examinan y el momento en el que se practica dicho examen, y que ese intervalo es sufi-ciente para que el cadáver se haya esqueletizado. Cuando lo que queda por analizar son sólo ese tipo de tejidos, es cuando la preceptiva convencional recomienda la participación de antropólogos forenses. Éstos dicen cuánto es posible de las personas, a partir de ese tipo de elementos. Como las investigaciones transcurren en el ámbito de la administración de justicia, los interrogantes más acuciantes son sobre la identidad y la determinación de la causa y modo de muerte.

Un campo de interrogación tan específico no se había desarrollado en nuestro país hasta mediados de los ochenta del siglo pasado. Y no fue el vigor de las disciplinas forenses o antropológicas lo que resultó en su surgi-miento, sino una demanda exterior a los claustros, el develamiento de lo acaecido años atrás, más precisamente en la segunda mitad de la década del setenta, un período en el que desaparecían personas y aparecían cuerpos de identidad escamoteada, sepultados como N.N. en los cementerios.

II

En antropología forense, se conviene que una identificación es el resultado de la coincidencia entre dos grupos de datos: por una parte, los datos llamados pre mortem, que son aquellos recopilados sobre la persona en vida, todas sus características biológicas suceptibles de manifestarse a nivel de tejidos duros y, como contraparte, los datos post mortem, que son los recabados del examen sobre los huesos en el laboratorio. Desde esta premisa se desprenden varias consecuencias:

a. No hay identificación posible si no hay datos con los cuales comparar la información post mortem recabada en el examen de laboratorio.

b. La identificación presupone la coincidencia entre esas dos poblaciones antes mencionadas: los desapare-cidos y los inhumados como N.N., previo asesinato.

c. Como toda población, la de los ciudadanos denunciados como detenidos desaparecidos es pasible de ca-racterizarse por rasgos biológicos, esto es, por ejemplo, estableciendo la frecuencia de ambos sexos o la frecuen-cia de los diversos intervalos etarios. También las causas de muerte, previsibles para este grupo, manifestarían el empleo de violencia.

* Maco Somigliana y Darío Olmo, Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, Córdoba. 1 Este artículo fue publicado en Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos Aires, Volumen 15, enero de 2002, páginas 22 – 35.

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Si examinamos los registros de inhumaciones de N.N. en los cementerios del país a lo largo del siglo XX, veremos, en aquellos correspondientes a las concentraciones urbanas más populosas, una súbita “explosión demográfica” para el bienio 1976 - 1977. El mismo período del mayor frenesí represivo del siglo, que tuvo, como rasgo más conspícuo, la práctica terrorista de la desaparición forzada de personas, por obra de funcionarios públi-cos, los cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Por otra parte, también el conjunto de personas inhumadas como N.N. a lo largo del siglo tiene, en todo el país, características constantes. Se puede generalizar, diciendo que la mayoría estará incluída en dos grandes conjuntos: los que mueren durante o poco antes o poco después del nacimiento y aquellos que transitan la madu-rez tardía o comienzos de la ancianidad. En este último subconjunto, el componente masculino ronda el 90% y las causas de muerte, asentadas en certificados de defunción y registros de cementerio son predominantemente vin-culadas a enfermedades crónicas, procesos hepáticos agudos, paro cardiorespiratorio o accidentes ferroviarios.

Revisando los asientos oficiales sobre inhumaciones de N.N. para la segunda mitad de los setenta, encon-tramos características bien diferentes: las mujeres rondan el 33%, el intervalo etario dominante es de personas entre veinte y treinta y cinco años y, por último, la causa de muerte más frecuente es “herida de bala”. Aquella proporción entre hombres y mujeres y distribución por edades se corresponde, exactamente, con la de aquellos cuyo secuestro era denuciado contemporáneamente. Las causas de muerte, también, con el destino que previsi-blemente corrían. Nótese que estamos hablando de lo asentado en documentos oficiales, contemporáneos a los episodios estudiados, insospechables de cualquier afán de denuncia.

Ahora bien, comparar estas dos poblaciones puede servir para marcar tendencias generales. Pero la con-trastación de esta hipótesis, en cada caso de desaparición forzada, o de inhumación de N.N., es la verdadera prueba de verdad a la que debe someterse. Para ello, es necesario profundizar en la definición y comprensión del sistema que generó identidades sin cuerpo y cuerpos sin identidad.

III

La complejidad del trabajo de identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas, aumentó geomé-tricamente de manera proporcional a nuestra capacidad para desarrollar ese trabajo. La comprobación no resulta en absoluto novedosa: cualquier estudio se vuelve complejo (esto es, integrado por múltiples elementos de distinta índole) en la medida en que se produce un acercamiento al objeto de conocimiento. En cualquier caso, a esta altura del proceso de análisis parece indispensable llevar a cabo una explicación del proceso de identificación a fin de que pueda ser comprendido en su debida extensión. Inevitablemente debemos comenzar por algunas definiciones básicas.

En el segmento anterior dimos una definición provisoria de lo que es la política de desaparición; dijimos que implica la asunción, por parte del Estado, de la relación más desigual posible respecto de sus ciudadanos. Más concretamente, supone el montaje de una estructura de aprehensión, juzgamiento y ejecución absolutamente clandestina. La sociedad no tiene información como para comprender el fenómeno entero y lo define por su pro-ducto, los ausentes, los desaparecidos. A su vez, la clandestinidad (el ocultamiento de todo el proceso) genera la doble naturaleza que terminará siendo una de sus características más perturbadoras. Pues desaparición será tanto privar a una persona de su libertad, someterla a tormentos para que revele información y hacinarla en un centro clandestino de detención hasta que se defina su suerte como –después de su ejecución- volcar el aparato estatal para evitar que se establezca la relación de identidad que une a la persona secuestrada, en el inicio del proceso, con un cuerpo que aparece, ya sin nombre, en su conclusión2. 2 La incomprensión de esta doble naturaleza ha puesto a mucha gente comprometida en la persecución de los responsables de la des-aparición en contra de nuestro trabajo. Si suponemos que desaparición es solo la primera parte (luego de la cual el destino del cuerpo

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Las identidades sin cuerpo

Forman este conjunto las identidades de las personas que han sido denunciadas como desaparecidas. La mayoría de las denuncias tienen origen en familiares y aportan datos que pueden esquematizarse en dos aspec-tos: un aspecto que podemos denominar formal y que se refiere a los rasgos distintivos, que responden inequívo-camente la pregunta “¿quién?”, tales como nombre, fecha de nacimiento y ocupación, y otro que puede llamarse histórico, englobado bajo la pregunta “¿qué sucedió?”,” cuyos datos emblemáticos son fecha y lugar de desapa-rición. La mayoría de los integrantes de este orden poseen esos datos. Es interesante desentrañar, no obstante, que tan completo se encuentra el presente orden, lo que nos remite a la pregunta sobre la cantidad de casos no denunciados o –lo que es lo mismo pero preguntado de manera diferente- si es factible estimar el porcentaje de casos denunciados en relación a los ocurridos.

Parece razonable que, a más de veinte años de ocurridos los hechos, bajo contextos históricos diversos que pueden haber motivado la denuncia por muy distintos motivos, con intervención en cada contexto familiar especí-fico de generaciones diferentes, suponer que no podría haber más de 10% de casos no denunciados. Aun cuando el mencionado subregistro pueda parecer excesivo, lo cierto es que al día de la fecha seguimos sorprendiéndonos con casos o conjuntos de casos no denunciados o mal registrados. Estamos hablando de un número de identida-des sin cuerpo que oscilan entre los 6.500 y 7.000 registros3.

sigue siendo un misterio) quien devele lo acontecido, incluido el destino dado al cuerpo convertirá un hecho de desaparición (delito de lesa humanidad y consecuentemente imprescriptible) en un simple homicidio calificado. Tenemos varios argumentos contra esta posición. La comprobación de lo sucedido no puede ceder ante un cálculo procesalista, dicha comprobación ya es de por sí complicada para agregarle filtros jurídico formales y, lo más importante, seccionar así un fenómeno único le quita gran parte de su carnadura. El eje bipolar acción-ocultamiento resulta esencial para comprender la desaparición. 3 Puede parecer extraño que no se vuelque un número exacto. La perplejidad será mayor al explicar el porqué de esta falta de exactitud. Por una parte, hay múltiples razones, concientes e inconscientes, que hacen que las personas que tienen conocimiento de uno o varios casos de desaparición no los denuncien. Entre las más escuchadas están: “ya alguien lo debe haber hecho”, “se lo dije a...”, “¿para qué?, “¿ante quién hacer la denuncia?”. Generalmente, se trata de manifestaciones de la incomodidad que la desaparición sigue generando en la sociedad. En cualquier caso eso explica lo que está afuera del registro. Pero ¿cómo es que no se cuenta con un número exacto de personas denunciadas como desaparecidas? La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (llamada CONADEP, que fue creada por el gobierno democrático en 1983 y actuó durante nueve meses en 1984) es un hito que diferencia un antes y un después en relación con este tipo de denuncias: mayoritariamente las familias de desaparecidos concurrieron a dejar su denuncia ante la Comisión, lo cual redundó en la apertura de un legajo. Sin embargo, un grupo significativo de familiares, que pedían la formación de una Comisión Bicameral, no presentó sus denuncias ante la CONADEP en señal de protesta. Para evitar el subregistro, la CONADEP incorporó también las denuncias formuladas en cualquiera de los organismos de derechos humanos que recibían tales noticias durante la dictadura: estos casos quedaron registrados con número de actor pero sin legajo en el Anexo documental.Eso genera dos subcategorías, los desaparecidos con legajo (aquellos cuyos familiares o amigos ratificaron la denuncia en 1984) y sin legajo o con número de actor (lo contrario). Ahora bien, muchas de las denuncias efectuadas durante el período represivo contenían inevi-tables inexactitudes, propias de la urgencia. La más importante a los efectos de esta nota, es la ausencia de un mecanismo confiable para modificar la calidad de la detención. Así, una persona que haya estado detenida ilegal o clandestinamente varios meses para ser luego legalizada, factiblemente seguirá apareciendo en los listados del organismo en donde se efectuó la denuncia. La cuestión es que un número muy significativo de personas que siguen apareciendo como desaparecidas en el Anexo del “Nunca Más” no permanecen desaparecidas. Las leyes reparatorias a presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) permitieron reasignar a muchos de esos casos, pero no todos. La norma provisoria que puede aplicarse -a los efectos de llegar a un total más o menos real-, es que más de los dos tercios de las personas que aparecen con número de actor no continúan desaparecidas sino que fueron liberadas. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Uno de los beneficios derivados que tiene la solicitud sistemática de formulario de identificación de personas denunciadas como desaparecidas al Registro Nacional de las Personas es que dichos formularios -además de información dactiloscópica- suelen contener en su reverso el registro de los cambios de domicilio del ciudadano y su fecha. Eso nos permite saber que, salvo homonimia, si una persona denunciada como desaparecida en 1977 cambia su domicilio quince años después, decididamente no permanece como desaparecida. Entonces, la recolección de información dactiloscópica permite también “descargar” casos erróneos del orden de las identidades sin cuerpo. Esta opera-ción de reasignación ocurre muy frecuentemente en los casos de actores sin legajos, aunque también sucede con mucha menos frecuencia en los casos de desaparecidos con legajo (p.e. un caso de una chica que se escapa de su casa en 1976 y no ha vuelto a tener contacto con su familia, desconoce que ésta la ha denunciado como desaparecida y cambia de domicilio en 1995; el caso es verídico, aunque suelen ser más frecuentes -en este segmento- los casos de hombres que abandonan sus hogares). A los efectos del recuento, que era el propósito de esta nota, sucede que la morosidad del Registro Nacional de las Personas por remitir las fichas de todas las personas denunciadas de una u otra forma como desaparecidas (al presente apenas llegamos al 50%) hace que debamos mantener casi 2.700 casos con número de actor, la mayoría de los cuales o son denuncias repetidas o de personas que en su mayoría -y siguiendo la pauta comprobada con el 50% ya ingresado- no deben permanecer desaparecidas. Aplicando el conjunto de condicionantes llegamos a la cifra de 6500 a 7000.

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Los cuerpos sin identidad

Complementario del anterior conjunto, tenemos este segundo, equívocamente llamado de los cuerpos sin identidad. El equívoco proviene de la confusión que existe entre conocer el destino de una persona desaparecida (lo cual de manera propia constituye su identificación) y -antes o después- recuperar sus restos corporales. El título cuerpos sin identidad induce al error de suponer que la identificación implica la restitución de los restos a sus familiares, cuando por diversos motivos hoy es relativamente infrecuente que se pueda llegar a dicha restitución. Esto sucede porque en un número muy significativo de cementerios municipales del Gran Buenos Aires no se han preservado las tumbas de las personas no identificadas o protegidas por órdenes de no innovar. Estas órdenes han sido ignoradas.

Ya quedó claro cómo se conforma el conjunto que define el orden anterior; ¿cómo se define el presente? Desde su origen se reconocen distintos: aquél fue empecinadamente formado por las familias, confrontadas con un Estado terrorista que les negaba la misma condición de víctimas. El orden de los cuerpos sin identidad es para-dójicamente completado con datos provenientes del Estado, no ya en su función exterminadora sino en su menos desagradable y más legitimada función burocrática o registradora.

Decididamente supera las expectativas de este informe (y nos excede por el momento) la profundización del estudio de las articulaciones sutiles de uno y otro tipo de actores, sus contradicciones y coherencias, sus mutuos favores y sus disputas de poder, sus consubstanciaciones (qué tan burócrata puede llegar a haber sido el tortu-rador y viceversa) y el ineludible consenso social en el que dichas actividades reposaban, pero la comprobación, utilizable a los efectos de nuestro trabajo, es que una mano mataba y la otra escribía. Reticentemente (lo menos posible), con una ineficiencia que mezcla sabiamente estupidez y formalidad (lo genérico y consecuentemente inútil para la diferenciación se repite como una ceremonia, los rasgos distintivos se ignoran, se esconden, se en-tierran), ciego, sordo y mudo a lo que no debía ver, oír o decir, pero tampoco pudiendo dejar de registrar, el Estado burocrático escribió, a su manera, la historia.

Es muy fácil disgregarse en la aberración de sus eufemismos, pero eso ocurre cuando uno presupone que el Estado burocrático no miente (o no debe mentir) y puede superarse al comprobar que el registro es -cuando las cosas están sucediendo- también una forma de ocultarlas, de hacerlas parte del pasado. De hecho, es la única forma en la que el Estado burocrático puede cumplir con sus dos imperativos, en orden de importancia: obediencia y registro.

Como cualquier registro, este tipo de datos necesita ser decodificado. Esa decodificación invierte el orden de volcado: desecha los datos repetitivos y trata de recuperar los distintivos. Los tipos de datos con los que el Estado burocrático carga este orden tienen varias fuentes distintas, dichas fuentes son parciales y fragmentarias, lo cual produce un efecto de multiplicación de datos diversos muchas veces referidos al mismo hecho. La fuente u origen define una utilidad determinada del dato que ofrece. Por ejemplo, la más extendida fuente de registro de defunciones por causa de muerte violenta, en horas nocturnas, en parajes deshabitados o solitarios, son los dis-tintos registros civiles, una de cuyas obligaciones primordiales es la de documentar los incidentes de las personas que viven (o mueren) en un determinado ámbito geográfico o municipio. Un lógico encadenamiento de trámites burocráticos obliga a registrar la defunción para poder inhumar en el cementerio (igualmente municipal). La forma de balancear las dos obligaciones señeras del burócrata es llenar el formulario respectivo con la menor cantidad de datos específicos posibles. La falta de información distintiva (individual) no puede ocultarnos la importancia de este registro: su extensión (la enorme mayoría de las personas “desaparecidas” cuyos cuerpos aparecieron se encuentra registrada mediante acta de defunción) y su precisión (primordialmente respecto del lugar y fecha en que la muerte sucedió, pero también de otros datos de las víctimas tales como el sexo de los involucrados, sus

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edades aproximadas, vestimenta, etc.) lo convierten en el más frecuente generador de ocurrencias en el conjunto de los cuerpos sin identidad 4.

Cuando, al principio, criticamos la confusión que puede generar la denominación de este orden con la efectiva restitución de los restos a sus familiares, no hicimos referencia al motivo a pesar del cual seguimos prefiriendo esa forma de llamar al conjunto. Sucede que aun cuando hoy sea bastante difícil recuperar los restos, lo que rigurosa-mente define a este conjunto es que son cuerpos aparecidos y la documentación que mencionamos y menciona-remos es la que refleja ese hecho. ¿Qué importancia puede tener la diferenciación? Sencillamente que existe un número muy grande de víctimas del accionar represivo clandestino del Estado cuyos cuerpos no han aparecido, víctimas que nunca podrán ser identificadas porque se han usado -para su ejecución- dos de los métodos que suelen no dejar vestigios documentales ni materiales: el “vuelo” y el fusilamiento con inhumación clandestina. El “vuelo” fue utilizado por varios de los centros clandestinos de detención asentados en Capital Federal y Gran Bue-nos Aires; es sensato suponer que por esa vía fueron asesinadas entre 2.000 y 3.500 personas. Sin desconocer la efectividad del método a los efectos perseguidos (al reunir ejecución y disposición del cuerpo en un solo acto) un número cercano al centenar de víctimas aparecieron en ambas costas del Río de la Plata o Mar Argentino y Uruguayo. Dicha aparición motivó el registro, precondición de una eventual identificación. Afortunadamente, los registros costeros suelen ser más completos que los territoriales: más de diez casos de este tipo han sido identifi-cados y contamos con información que torna factible duplicar este número en los próximos años.

La ejecución acompañada de inhumación clandestina nos enfrenta a un dilema: hasta la fecha no se han confirmado inhumaciones clandestinas5 en el país a pesar de varios intentos por hallarlas, basados en testimonios de ocasionales testigos. Pero la inhumación clandestina hace de la dificultad de ubicación su naturaleza, con lo cual no podemos estar seguros de la existencia de una práctica extendida de inhumación clandestina en el interior del país, sobre todo en provincias mediterráneas. Sin duda podemos descartarla -al menos de manera masiva- en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Una diferencia importante entre el vuelo y la inhumación clandestina es que la inaccesibilidad a los restos (descartada cualquier posibilidad de documentación, lo que nos queda como posibilidad identificatoria es la recupe-ración de los esqueletos) es absoluta en el caso del vuelo y relativa en el de la inhumación clandestina. Las víctimas de vuelo que no aparecieron poco después de la ejecución, ya no podrán ser recuperadas; viceversa, si llegásemos a ubicar una inhumación clandestina, el estudio de los restos recuperados podría dar la pauta de su identidad.

Pero volvamos a los aparecidos. Ya dijimos que su definición más extensa está dada por los registros de defunción en registros civiles y explicamos las limitaciones que, para una efectiva identificación, este tipo de do-cumentos suele padecer.

Pero el imperativo documental del Estado no se conformó con eso. Por mandato legal, el registro civil debía extraer un juego de fichas decadactilares a las personas que fallecían sin identificación. Desgraciadamente, esas fichas no quedaban en la órbita del registro civil municipal, sino que éste las remitía al registro provincial quien, a su vez, las elevaba al Registro Nacional de las Personas. Frente a los varios pedidos que distintos jueces han hecho desde 1982 solicitando alguna de esas fichas -con las cuales la vía hacia la identificación quedaría allanada-, el Registro Nacional de las Personas ha dado distintas explicaciones, las cuales concluyen notificando la destrucción de todas esas fichas, aunque nunca consistentemente. La cuestión a este respecto sigue siendo un misterio; los contactos con los responsables del sector en el anterior y el actual gobierno han sido infructuosos.

4 Insistimos en esta denominación por motivos discursivos; sin embargo, la información proveniente del Registro Civil permite descubrir casos de personas denunciadas como desaparecidas que se encuentran identificadas mediante acta de defunción. Si bien esto último no es frecuente, el relevamiento de los registros civiles de los partidos del conurbano nos han deparado varias decenas de estos casos.5 La inhumación clandestina supone el enterramiento de las víctimas en lugares no destinados a ello con fin de ocultación. La principal diferencia con la inhumación irregular es que ésta ocurre en lugares destinados a ese propósito y por ende -generalmente- esta última deja vestigio documental.

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Por fortuna, la función jurisdiccional del Estado también ha dejado rasgos útiles para la identificación. Si bien no con la extensión de las actas de defunción, la Policía Federal y las policías provinciales con frecuencia tomaban huellas decadactilares de las personas que aparecían en sus respectivas jurisdicciones y de un tiempo a esta parte hemos podido acceder a los dos archivos más importantes de este tipo.

Esa actuación judicial tiene como explicación la substanciación de un sumario judicial originado en la apa-rición de uno o varios cuerpos o en un supuesto e imaginario enfrentamiento, la mayoría de las veces excusa para un fusilamiento. En cualquier caso, los expedientes así conformados pueden ser detectados y recuperados: además de contener fotografías y otros datos de interés, su principal virtud es que suelen registrar las vicisitudes de los cuerpos hasta su definitiva disposición en el cementerio más cercano.

Para terminar con este orden, podemos ahora definirlo como aquel que aglutina los datos referidos a la apari-ción de cuerpos factiblemente relacionados con la práctica estatal de represión clandestina mediante desaparición.

IV

La organización de las hipótesis

Explicados los dos órdenes opuestos, podemos empezar con una definición de lo que es el proceso de identi-ficación. Basándonos en la hipótesis general y abstracta de que la mayoría de los cuerpos sin identidad se corres-ponden con las identidades sin cuerpo, el proceso de identificación comienza derivando rasgos lo más específicos posibles de cada orden a fin de someterlos a comparación con datos compatibles del orden inverso.

El planteo de avanzar desde lo general a lo particular tiene ahora un programa: los datos históricos comenza-rán definiendo cuáles hipótesis son más factibles ¿Cómo? Ante todo, conformando subconjuntos lógicos con los componentes de ambos órdenes. La primera y más obvia distribución descarta de plano comparaciones estériles sobre la base de dos ejes: el primero cronológico, que es absoluto. Partiendo del presupuesto de que la eventual aparición del cuerpo sin identidad debe ser posterior a la desaparición de la identidad sin cuerpo, carece de sentido comparar datos formales de identidades sin cuerpo con fecha de desaparición posterior a la de aparición de los respectivos cuerpos sin identidad. La única perspectiva en la cual esta secesión nos puede privar de comparacio-nes fructíferas será en caso de que cualquiera de ambas fechas sea errónea; la ventaja que esta discriminación otorga permite asumir ese riesgo, sin perjuicio de que, como veremos más adelante, existen mecanismos que permiten subsanar ese tipo de errores.

El segundo eje es geográfico y debe ser utilizado con mayor cuidado. Podemos suponer que en la mayoría de los casos las personas secuestradas por una unidad operativa determinada han sido ejecutadas en el ámbito geográfico de dicha unidad. Esto nos remite a la definición de lo que una unidad operativa es.

Preferimos pecar de excesivos y suponer la existencia de tres grandes unidades operativas: 1) la mayor que ocupa toda el área de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y que incluso tiene una suerte de efecto atractivo respecto de casos de personas secuestradas en el sur de la Provincia de Buenos Aires; 2) Córdoba y toda la jurisdicción del III° Cuerpo del Ejército (noroeste y oeste del país) y 3) Santa Fe y Litoral (este y noreste del país). Esquemáticamente y en base a los casos de denuncias de desaparición con código postal podemos cuantificar y decir que en 1) ocurrieron 2/3 partes de los casos de desaparición y 1/6 en cada uno de los restantes. Entendemos que la generalización es un tanto grosera, pero su utilidad es establecer un acercamiento a la magnitud del enigma en cada ámbito. No parece seriamente controvertible que la mayoría de las suertes de cada una de las personas desaparecidas en cada uno de dichos subconjuntos fue definida dentro de dichos subconjuntos. Y esto no implica desconocer que hubo remisiones de personas de una unidad operativa a otra, pero sí suponer que dichos casos

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eran excepcionales y no regulares. En cualquier caso, nótese que estamos hablando de las primeras etapas de la utilización de datos históricos para organizar las hipótesis de identificación. La resolución de las excepciones podrá ser abordada más adelante.

Ahora bien, la utilización de los ejes cronológico y geográfico han despejado bastante el panorama, tornando imprácticas un número muy significativo de comparaciones posibles. Sin embargo, la organización de las hipótesis recién comienza.

El esquema y su uso

Cuando señalamos que los datos denominados históricos eran los que respondían a la pregunta “¿qué pasó?”; nos referimos a la necesidad de establecer una hipótesis general que explique la práctica de desaparición encarada por el Estado, hipótesis de la cual se pueda derivar lo posiblemente sucedido en cada caso en particular. Dicho llanamente y a modo de ejemplo: no contentarnos con una hipótesis histórica general –recordemos cuál es el objetivo de nuestro trabajo- sino proyectar esa indispensable hipótesis general sobre los casos concretos para definir en dónde deberán buscarse los vestigios que permitan su resolución total o parcial. Poder explicar porqué Juan Pérez fue secuestrado un día determinado en un lugar definido y no cualquier otro día en otro sitio cualquiera, a qué determinado centro clandestino de detención (y no a cualquier otro) debe haber sido llevado y en qué fecha y de qué manera debe haber sido asesinado.

La única forma que hemos encontrado para tratar de avanzar en ese sentido es la de suponer que el accio-nar represivo guarda cierta lógica interna reconstruible, que sus impulsos no son indiscriminados y guardan una ilación.

Partamos de una estructura simple de reconstrucción: el sujeto que define los resultados es el actor represi-vo, su acción es la desaparición y su objeto aquellas personas discriminadas del conjunto de la población en base a determinados criterios de selección y que serán víctimas de dicha práctica.

En lo que al sujeto represivo se refiere y en concordancia con lo dicho cuando hablamos de las diversas (y a veces contradictorias) funciones del Estado, no es todo el Estado el que se involucra. Aun cuando en su totalidad acompañe ideológicamente lo que los desaparecedores hacen, en la práctica son solo estos últimos los que prac-tican activamente la desaparición. Acerquémonos un poco a estos ejecutores: son un grupo selecto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la mayoría de ellos con experiencias previas en operaciones represivas encubiertas (pero limitadas). Inicialmente ubicados en las estructuras de inteligencia (militar o policial) la demanda de actores represivos que se insinúa a partir de la segunda mitad del año 1975 y se desencadena después del golpe del 24 de marzo de 1976, suele desbordar dichas estructuras e incorporar a nuevos actores represivos.

Esto nos permite diferenciar entre las estructuras tradicionales de represión encubierta (principalmente las unidades de inteligencia del Ejercito y de las policías) y los nuevos actores represivos que se incorporan tardía-mente (el caso de mayor resonancia es el de la Escuela de Mecánica de la Armada, el más famoso centro clan-destino de detención, ubicado en la Capital Federal). La distinción no es superficial: a esta altura del conocimiento parecería que las estructuras tradicionales encubrieron mejor su práctica mientras que las de incorporación tardía solieron ser menos exhaustivas en ese aspecto. En rigor, nos referimos a la existencia de un porcentaje notoria-mente superior de personas ingresadas al circuito clandestino y luego liberadas entre estas últimas.

Otra diferencia entre actores represivos que se superpone con la anterior, de importancia liminar para nuestro trabajo, resulta la de aquellas unidades represivas que utilizaban los “vuelos” y aquellas que, seguramente por ca-recer de recurso aéreo, realizaban sus sentencias de muerte mediante fusilamiento y abandono de los cuerpos.

Yendo a la acción desaparecedora, se advierte que si bien en la relación represor-reprimido no existen

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límites en cuanto a lo que el primero puede hacer con el segundo, lo cual permite plantear a esta actividad como cualitativamente ilimitada, la misma no puede desconocer límites cuantitativos. Resulta absurdo suponer que el sistema fue diseñado para realizar operativos de detención masiva (al estilo argelino); no deben confundirse los muy frecuentes ejercicios de control de población (“pinzas”) con los verdaderos actos de represión clandestina. Aquellos eran más actos políticos que operativos, mostraban que el Ejército estaba en la calle, aun cuando de vez en cuando produjeran alguna detención.

En resumen, la práctica represiva que nos interesa analizar no estaba hecha para zarandear una población y avanzar sobre los resultados; muy por el contrario, su naturaleza era claramente discriminatoria, en el sentido que necesitaba distinguir con bastante certeza antes de la detención los blancos sobre los que actuaría. La definición de esos blancos era tarea de la inteligencia: este es el área que debe unir una persona determinada (señalada por pertenecer a una determinada organización considerada enemiga, o por guardar información que puede llevar a aquella persona) con una posibilidad cierta de realización de dicho objetivo. La conjunción de ambos factores conduce al secuestro que libera la tensión; la persona secuestrada será sobre la que se descargará el resorte de violencia, dolor e incertidumbre sin límite.

Llegamos a un nudo central de la cuestión, del cual se derivan varios caracteres. El énfasis puesto en la discriminación del blanco (cuando la acción pasa por su momento de limitación) permite comprender sin esfuerzo porqué la tarea era llevada a cabo principalmente por las estructuras de inteligencia militar. Cuando el tiempo de la discriminación concluye y llega el de la aplicación del poder ilimitado sobre la persona ya señalada, dicha ilimitación es igualmente funcional a la práctica vista como un todo. Porque ella es la que permite a la estructura represiva adquirir información que será usada en dos aspectos fundamentales: en lo inmediato para incorporar nuevas víctimas al sistema y en lo mediato para juzgar a las personas mencionadas en la respectiva información, parodiando un juicio que deberá ser seguido por una adjudicación de castigo, capital en la mayoría de los casos. En estos casos la separación de cuerpo e identidad, ya prefigurada cuando la persona es ingresada en el circuito represivo clandestino y su nombre deja lugar a un número o sigla, queda cristalizada.

Por último, y en lo que se refiere al objeto de la acción represiva, se advierte que cada unidad se encarga de ir desmontando las estructuras de las organizaciones armadas (fundamentalmente pero no solamente6) no limitándose necesariamente a la de su zona específica, aplicando criterios sumamente amplios de imputación que incluyen a personas vinculadas familiar o afectivamente con el señalado, que confunde ese vínculo a veces como participación, otras como forma de llegar al señalado. Pero, más allá de las excepciones, es indudable que el norte que guía la actividad represiva clandestina es la desarticulación de las organizaciones armadas. Entendido esto se evidencia la importancia que tiene conocer la historia política de cada desaparecido.

Ahora bien, la precedente digresión trató de describir qué fue lo que pasó en términos un tanto generales. Con vista en dicho esquema (obviamente modificable por anexión de datos que lo controviertan) podemos establecer con bastante exactitud en qué lugar buscar los vestigios que nos permitirán realizar el riesgoso salto de lo general a lo particular. Porque lo que haremos con los datos que hemos denominado históricos es, como dijimos antes, organizar las hipótesis; y ese ordenamiento proyectará a un plano prioritario a cierto tipo de hipótesis y consecuen-temente desplazará otro tipo de hipótesis a la zona de lo descartable. El riesgo del que hablábamos consiste en priorizar hipótesis erróneas (y, por ende, descartar las correctas).

Ya hicimos una aplicación bastante mecánica de los datos históricos para descartar un número significativo de hipótesis (con la aplicación de los ejes cronológicos y geográficos). Sin embargo, comprobamos que sigue

6 Cuando decimos que el accionar represivo clandestino se ocupó no solamente de las estructuras de las organizaciones armadas, hacemos alusión fundamentalmente a dos momentos bastante definidos: al comienzo del período, cuando la falta de información específica hizo que la actividad se extendiera fuera de dichos márgenes y al final del período cuando lo que escaseaba eran los blancos y las propias unidades represivas, intentando prolongar su actuación, abordaron otro tipo de organizaciones.

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existiendo una distancia excesiva entre los registros de los dos órdenes explicados al principio, esa distancia es la que impide aplicar en toda su eficacia los datos formales y la que los datos históricos deben tender a ocupar.

Entonces, ¿qué hipótesis podemos ir descartando? Salvo escasas excepciones debemos suponer que no encontraremos personas que hayan sido ejecutadas por una unidad represiva que utilizara los “vuelos” entre las personas cuyos cuerpos (sin identidad) han aparecido en el período en descampados de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Viceversa, en el caso de las unidades represivas que no contaron con apoyo aéreo, será muy infre-cuente que encontremos los cuerpos de sus víctimas entre los que aparecieron en las costas.

Profundizando en la pauta de distribución espacial y cronológica de las apariciones de cuerpos relacio-nados con este último conjunto pueden advertirse algunas constantes: por ejemplo, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales que se registran en el eje conformado por las vías de acceso-egreso sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires parecen relacionarse con la actuación de un centro clandestino denominado Vesubio.

Parecida pauta de distribución se advierte entre los cuerpos aparecidos en las costas del Río de la Plata cercanas a la ciudad, que remiten a la actividad desaparecedora de la Zona 4 (Campo de Mayo, Gran Buenos Aires).

Así pueden conformarse hipótesis que relacionen, provisoriamente, lugares de aparición de cuerpos con determinadas unidades represivas.

Asimismo, conociendo de manera aproximada cuáles eran los intereses y posibilidades de cada unidad represiva (sabiendo quiénes eran algunas de las personas que mantenían recluidas) podemos suponer quiénes podrían ser las personas que integran cada grupo de cuerpos aparecidos.

Aunque pueda parecer obvio no debemos dejar de resaltar que la robustez de cada hipótesis de recons-trucción es directamente proporcional a la cantidad de datos que hayan permitido postularla. Lo significativo del esquema es que permite incorporar datos nuevos que, sin dicho sostén, se perderían.

La identificación

Luego de lo dicho podemos explicar cómo se llega a la identificación de manera bastante sintética: elastizadas al máximo las hipótesis derivadas de los datos históricos, llegaremos a un punto en que queda enlazarlas con los datos formales. Solo cuando un dato formal –y consecuentemente inequívoco- se encuentre en un par de registros pertenecientes a ambos órdenes, podremos decir que esos dos registros se refieren a la misma persona; cuerpo sin identidad e identidad sin cuerpo se encastran, unificándose. En ese punto se advierte la impotencia de los datos his-tóricos para finalizar el proceso de identificación: mediante ellos podemos llegar al convencimiento respecto de que un determinado cuerpo tiene que pertenecer a una determinada identidad, pero si carecemos de datos formales, la identificación no podrá completarse. Entre otras cosas, porque aun cuando hasta ahora no hayamos necesitado mencionarlo, el proceso de identificación no solo reconstruye sino que debe ser reconstruido. En realidad, la culmi-nación de todo proceso de identificación es su formalización ante la autoridad jurisdiccional competente, que es la única que puede llevar a cabo la reunificación jurídica de una identidad y su respectivo cuerpo.

La formalización de la identificación

A partir del conocimiento de la identidad de registros complementarios de ambos órdenes, antes de encarar la por momentos tediosa tarea de su formalización se impone la notificación a la familia. El cumplimiento de este imperativo suele ser mucho más complicado de lo que a simple vista puede parecer. Salvo aquellos casos en los que por uno u otro motivo ya hemos tenido relación con algún familiar en tiempo relativamente reciente (digamos,

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en los últimos diez años) y por eso sabemos con qué integrante de la familia debemos hablar (tal vez un 20%), en la mayoría de los casos, el último dato con el que contamos es la denuncia formulada ante la CONADEP hace ya quince años7. En muchos casos el denunciante es el padre o la madre, quien puede haber muerto, haberse mudado o simplemente haber padecido la incertidumbre hasta el punto de no querer salir de ella. Conscientes de la importancia de la noticia que debemos transmitir, extremar la cautela en este tipo de notificaciones resulta esencial, muchas veces recurriendo a otros familiares, compañeros, coterráneos, o cualquier otra vía indirecta que nos indique cuál es la forma menos traumática de cumplir con la obligación.

Al mismo tiempo, consideramos que la identificación no está completa si algún familiar no sabe de la misma, cualquiera sea la actitud que luego decida tomar. Por esa razón, en los últimos tres años, cuando el ritmo de iden-tificaciones se ha acelerado, mantenemos entre diez y quince de ellas congeladas a la espera del contacto con el familiar.

La formalización propiamente dicha se ha simplificado considerablemente luego del acuerdo suscrito por nuestro Equipo con la Cámara Criminal y Correccional Federal8 cuatro años atrás. Frente a esa corte efectua-mos las presentaciones y pedimos que la misma se encargue de solicitar oficialmente, a los diversos destinos, la información relevante referida a uno o varios casos de desaparición. Este recurso tiene dos beneficios obvios: las respuestas a los referidos pedidos vienen conformadas por documentos públicos y los mismos van quedando archivados en los legajos referidos a cada una de las personas cuyas identificaciones se están formalizando, con lo cual queda garantizada su perduración. La culminación de cada uno de dichos legajos es una resolución firmada por el tribunal, cuya parte resolutiva ordena a todos los organismos registrales la anotación de la identidad.

Para terminar, no faltan quienes pueden rechazar este tipo de trabajo aduciendo que su punto de arribo se conoce desde el inicio del proceso de identificación. Ya no parece quedar resquicio para la duda en torno al destino de las personas denunciadas como desaparecidas: una muerte anónima.

Tenemos, para rechazar tal acusación de futilidad, dos argumentos.El primero ya fue preanunciado al explicar que la esencia de nuestro trabajo era dar respuestas concretas y

nos consta en nuestro diario contacto con las víctimas secundarias de la práctica desaparecedora (todos aquellos a los que, por motivos familiares o afectivos les interesa saber lo que sucedió con su desaparecido) que existe una gran distancia entre aquella conclusión casi obvia (la muerte) y el conocimiento más detallado posible de sus circunstancias. A diario vemos que aunque se pierdan las esperanzas del retorno con vida, la incertidumbre persiste en su rutina destructiva. La posibilidad de disiparla, aunque más no sea parcialmente, justifica la tarea desde el pun-to de vista individual. Pero además, permite documentar concienzudamente hechos de una aberración tal que, con el transcurso del tiempo, pueden llegar a resultar inverosímiles o sujetos a revisionismos no siempre inocentes.

Nuestro segundo argumento es bastante menos racional y, seguramente por eso, más primario. La separa-ción de cuerpo e identidad por parte del Estado es algo de una gravedad tal que parecería superar las intenciones de sus responsables. No decimos esto a modo de disculpa, sino que el conocimiento de los actores históricos respectivos los muestra sin la lucidez suficiente como para comprender la enormidad de los resultados que sus acciones produjeron. Pero sea ese el caso o no, el hecho incontrovertible es que dicha separación fue indudable-mente producida por ellos. Entonces, nuestro trabajo es una colaboración modesta para que ese resultado no sea definitivo.

7 Un efecto colateral favorable de las leyes reparatorias es que casi la mitad de los familiares han tenido contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos en los últimos cinco años, lo cual muchas veces facilita el contacto. 8 Si bien es el Tribunal de apelaciones de los Juzgados Federales de la Capital Federal, su vinculación con este tema data de 1984, cuando asumió por ley el conocimiento del juicio contra la tres primeras Juntas Militares, que luego llevó a cabo durante 1985. A partir de dicha causa, el señalado Tribunal reunió gran cantidad de evidencia documental referida a la desaparición de personas en todo el país.

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El lugar del sobreviviente. Dimensiones y problematizaciones*

Gran parte de las reflexiones que desarrollaré ahora no son recientes. Muchas recogen lo elaborado durante un trabajo colectivo que se fue plasmando en debates y seminarios realizados en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, a impulso de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, organismo del cual entonces yo formaba parte. Pero entiendo que estos puntos siguen estando en debate, aun cuando hoy, especialmente a partir de nuestra colectiva lucha por la memoria, la verdad y la justicia, tenemos logros muy importantes –aunque insuficientes- en la materialización del juicio y castigo a los genocidas.

El lugar del sobreviviente, que resume en sí su condición de testigo de lo ocurrido en los campos de concentración, de protagonista de las luchas populares previas al golpe del 24 de marzo de 1976, de la resistencia a la dictadura, y de la lucha contra la impunidad y por la vigencia de todos los derechos humanos durante los gobiernos constitucionales, sigue siendo un núcleo de reflexión necesaria.

Quiero enmarcar entonces estas viejas-vigentes problematizaciones, a partir de dos ideas-guía. La primera tiene casi medio siglo. La primera la anota Rodolfo Walsh como detonante de esa gran denuncia contra la dictadura de Aramburu-Rojas que es “Operación Masacre”. Walsh decidió desentrañar aquel hecho de terrorismo de Estado que fue el asesinato de protagonistas de la Resistencia Peronista, a partir de haber prestado atención a un susurro que muchos no quisieron escuchar: “Hay un fusilado que vive”. La palabra del “fusilado que vive” –una proposición casi autocontradictoria…, “fusilado” remite a la certeza de la muerte- fue la que Rodolfo decidió escuchar. Esa palabra puso en sus manos la punta del ovillo que él fue desmadejando hasta desenredar la trama de complicidades, silencios, impunidades, al fin, de los autores directos y de quienes decidieron la política de ese exterminio.

Nosotros, los sobrevivientes, somos “fusilados que viven” de la renovada política de exterminio de la dictadura genocida.

A la segunda idea-guía me refiero al final de este trabajo, que llamé “El derecho a aparecer”. “Dentro del campo de concentración, los prisioneros –especialmente aquellos cuya permanencia en cautiverio

fue prolongada– convivieron, o con más exactitud “conmurieron”, con una presunción autocontradictoria: “De acá no saldré vivo–En algún momento voy a salir”. Tanto los furtivos contactos entre secuestrados, como las largas horas de intercambio de los liberados, revelan que esta doble presunción estuvo presente en quienes permanecían desaparecidos, alejados de todo contacto con el mundo exterior y de toda instancia que jugara el rol de “tercero”. Solos los prisioneros frente a sus captores, miembros de la poderosa y casi omnipotente institución Fuerzas Armadas y de Seguridad. No hubo aquello o aquellos que jugaran el papel de “otro” externo a apresadores y apresados, de quien recibieran alguna certeza que fuera más allá de la voluntad absoluta de los militares.

El juego de promesas y amenazas, sostenido con un lenguaje ambiguo y utilizado adrede para aumentar la indefensión, hizo que el “traslado” pudiera pensarse tanto como la libertad, ser llevados a otros campos o a cárceles “legales”, o a la desaparición sin final.

* Graciela Daleo, Integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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“Esto no tiene límites”, afirmación común a tantos represores, expresa sin eufemismos el marco general de la situación concentracionaria.

Muchos prisioneros, entonces, se preguntaban -y preguntaban a otros- por qué algunos permanecían más tiempo que otros sin ser “trasladados”. E incluso por qué algunos recibían esporádicamente señales de los represores de que serían puestos en libertad. Por ejemplo, contactos telefónicos con la familia, y hasta hubo prisioneros –como en la Escuela de Mecánica de la Armada (Buenos Aires) o La Perla (Córdoba)– que fueron llevados a ver a sus parientes en sus propios domicilios, y luego devueltos a las cárceles clandestinas, para finalmente ser “trasladados”, liberados o llevados a otros campos.

Esto ya hacía despuntar en las víctimas la “culpa del sobreviviente”. El preguntarse “por qué yo”, “qué estaré haciendo mal para que mi suerte esté siendo diferente a la de la mayoría”, ya se registra cuando nada aseguraba que ese prisionero traspondría alguna vez los muros. El cuestionamiento se reforzaba porque ese “durar” más que los otros no podía atribuirse a las conductas asumidas por los prisioneros frente a sus captores. Alguien que hubiera resistido a las más feroces torturas podía ser “trasladado” de inmediato, o permanecer indefinidamente en el campo, o llevado a ver a sus familiares y finalmente liberado o “trasladado”. Lo mismo podía sucederle a quien el terror hubiera logrado arrancarle un dato, o inclusive, a quienes, para usar el lenguaje de los sobrevivientes, “se hubieran pasado con armas y bagajes al bando enemigo”.

La fórmula “esto no tiene límites” expresa otro costado de la aberrante metodología represiva de la desaparición: la imposibilidad de poder predecir el momento inmediatamente posterior, lo que agregó un plus de horror a los desaparecidos.

Mientras esto sucedía “adentro”, “afuera” se organizaban la resistencia, la búsqueda, el reclamo. Adentro y afuera están entre comillas. Si bien se reconoce claramente el límite entre adentro y afuera, se tiene presente una hipótesis poco científica, pero significativa: “los campos y las personas recluidas en ellos fueron el cubito de un gran caldo social. En ese caldo se reprodujeron e indujeron con mayor o menor dilución, relaciones, reacciones y conductas –individuales y sociales– que creemos guardan correspondencia con las del campo de concentración”.

También en ese “afuera” predominaban la inexistencia de límites y la ausencia de certezas sobre el destino corrido por los desaparecidos. También allí la inexistencia de límites incluía la política represiva, y todos los costados de la sociedad: la economía, la cultura, la educación, la salud, los tribunales judiciales, la “propiedad” sobre la propia vida.

En esa organización del “afuera”, una consigna resumió, cruda y concisa, el reclamo inapelable, urgente: “aparición con vida”. No hubo respuesta oficial, institucional, a esa exigencia, entonces, y durante décadas. Aún hoy no la hay, sus autores no asumen su condición de desaparecedores. Entonces, treinta mil desaparecidos permanecen desaparecidos. Y miles de desaparecedores permanecen aún impunes –excepto unos pocos, y por unos pocos hechos–, perpetuando la desaparición, sin la asignación de responsabilidad real institucional ni la que corresponde una a una a cada uno de los represores. La expresión más cruda: cientos de niños secuestrados con sus padres, o nacidos en cautiverio, hoy ya jóvenes, permanecen secuestrados por aquellos que se los apropiaron e hicieron desaparecer a sus padres.

Algunos desaparecidos aparecieron con vida. Su aparición puso, en primer lugar, al movimiento de derechos humanos integrado mayoritariamente por familiares de los desaparecidos –madres, padres, abuelos, hermanos, hermanas, esposas, hijos– ante una situación compleja. Especialmente porque el “aparecido” no era “su” desaparecido. Complejidad que el paso del tiempo ha extendido a otros ámbitos sociales, políticos, culturales.

También puso a los aparecidos ante una problemática adicional a la “culpa del sobreviviente”. Ya no era sólo autopreguntarse “por qué yo sí y los otros no”, repiqueteando a cada paso en su interior, sino ser interpelados con el “por qué vos sí y mi hijo, o hermano, o esposa, no”.

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Un contrapunto de las desapariciones forzadas masivas no indiscriminadas, pueden considerarse las apariciones selectivas y esporádicas decididas por los desaparecedores que fueron produciéndose durante la dictadura, incluso en sus etapas más feroces. No existen registros sistemáticos, pero se intuye que hay sobrevivientes de todos los campos clandestinos y de todas las épocas del Estado terrorista.

En forma poco numerosa, pero significativa, ya durante la dictadura fueron apareciendo algunos desaparecidos. Fue por su boca y desde sus marcas en el cuerpo que un accionar clandestino a la vez que explícito y perpetrado desde el Estado, tomaba forma, nombres, apellidos, lugares, técnicas de tortura. Quienes lo habían experimentado, lo iban poniendo en palabras. Pero su alcance reconoce límites que hacen de la aparición un momento inconcluso.

1. El primero, la dificultad generalizada de reconocer que día a día en la Argentina las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraban y hacían desaparecer a hombres y mujeres de todas las edades, pertenencias sociales, encuadres políticos, sociales, culturales. Si no había un explícito registro de las desapariciones, menos aun lo habría de las apariciones. Asimismo, muchos de los que sí tomaban nota de estos hechos, recurrieron al rápido expediente del “por algo será” para aventar cualquier requerimiento de actuar en consecuencia con ese saber.

2. La misma situación dictatorial impedía una “aparición social” de los aparecidos. No había espacio material y de seguridad que habilitara conferencias de prensa, apariciones televisivas, concurrencia a los tribunales. La vida y la libertad del sobreviviente podían resumirse en los dichos de un represor: “Ustedes son condenados a muerte con la sentencia en suspenso. Por ahora”. Esto acotó la posibilidad de llegar a círculos amplios. En muchos casos, la aparición quedó reducida al círculo familiar y de los afectos. En otros, se llegó hasta los organismos de derechos humanos del país. Aquellos que lograron salir al exterior pudieron multiplicar su voz.

Las amenazas explícitas –a veces traducidas en atentados directos contra algún liberado o su familia– y las sedimentadas durante el cautiverio también tiñeron la “aparición”; situación que persistió en muchos casos durante los gobiernos constitucionales, con su secuela de amenazas contra aquellos que denunciaban lo vivido y sufrido a manos del terrorismo de Estado. Escrito esto años atrás, hoy encuentra su dolorosa confirmación en la desaparición de Julio López desde hace casi nueve meses.

3. Aquellos que se animaban a hablar, muchas veces se encontraban con la falta de interlocutor. Disfrazado de compasión -lo que en realidad era autoprotección y no querer saber- el horror seguía así depositado en unos pocos, que a la vez eran rechazados por su condición de depositarios. El testimonio viviente de que las torturas no ocurrían en predios lejanos rodeados de alambradas y perros feroces, sino detrás de la pared que separaba la sala de atención al público de la comisaría del catre metálico y la picana, pasaba a ser indeseable.

4. El liberado, además de esa “condena a muerte en suspenso”, se sufría a sí mismo como portador del horror. Intuía ya lo que luego fue parte de la explicación de por qué fueron dejados vivos; que detrás del mandato de silencio emitido por los apresadores, se escondía otro más sutil pero igualmente brutal: “aterroricen desde el terror vivido, multipliquen el horror al contarlo”. La represión clandestina, para ser eficaz necesita ser difundida. Y una vía de difusión debían ser las angustiadas voces de los liberados. Entonces valía preguntarse: “¿hablar o no hablar? Si hablo, ¿no termino cumpliendo el mandato de ellos? Pero, si callo, ¿cómo se pondrá fin al horror?”

5. En muchos de los que se animaban a escuchar a quienes se animaban a hablar, la sospecha era casi un reflejo: “si está vivo, por algo será”. Se cumplía así el segundo paso del mandato del represor, el dirigido al conjunto de la población: “desconfíen”. “Desconfíen de las percepciones de éstos que anuncian un horror que no puede pensarse que se esté produciendo en este país occidental y cristiano.” “Desconfíen de la voz de éstos que si algo les pasó fue por haber provocado a las Fuerzas Armadas a las que obligaron a intervenir para acabar con esas prácticas políticas y sociales que atentaban contra nuestro sistema de vida.”

Combinados el “aterroricen” y el “desconfíen”, el efecto buscado era la parálisis y la renuncia a cualquier

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lucha, a cualquier cuestionamiento. La inducción a entronizar como máximo valor la conservación de lo dado, el mantenimiento de un statu quo que, aunque incómodo y doloroso, era preferible al desafío y la contradicción.

No ha resultado fácil a lo largo de estos años debatir desde esta perspectiva la existencia de sobrevivientes, pues –además de otras “razones” argüidas– implica reconocer la tremenda “racionalidad” de la represión, pensando a la racionalidad como la adecuación de medios para lograr determinados fines. Tanto la racionalidad del proyecto de exterminio de los opositores –expresada en planificación y proyección, desmontando así cierta convicción generalizada de “respuesta bárbara, irracional, no pensada, a una situación de caos para las que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas”–, como la racionalidad que encierra el que de lugares de desaparición y muerte aparezcan vivos fruto de una premeditada decisión de los desaparecedores. En muchas oportunidades resultaba más tranquilizador atribuir la sobrevida a la decisión privada de algún represor, al azar más azaroso, a negociaciones con gobiernos de otros países.

La llegada del gobierno constitucional en diciembre de 1983 agregó ingredientes a este proceso complejo que vengo desarrollando.

6. Los estrechos pasos dados en pos de sancionar a algunos de los responsables del Estado terrorista tuvieron una dirección que llevaba a no registrar en foco a los aparecidos, o a colocarlos ante una lente equívoca.

El decreto del presidente Alfonsín disponiendo el procesamiento de los miembros de las tres primeras juntas militares fue precedido por otro que ordenaba enjuiciar a algunos notorios jefes de las organizaciones revolucionarias de la década del ´70. Se institucionalizó así la teoría de los dos demonios, clave interpretativa oficial para la lectura de lo que había sucedido en el país a partir del 24 de marzo de 1976. Cristalizó la convicción de que las Fuerzas Armadas habían dado legítima respuesta a desbordes guerrilleros, pero que en esa respuesta habían cometido excesos que debían ser sancionados. No sólo no hubo condena al golpe militar como tal, sino que se estableció la simetría entre dos fuerzas: las organizaciones revolucionarias y populares por un lado, y algunos sectores militares –no toda la institución– que habían obrado más allá de lo aconsejable.

Así plantado el cuadro, el grueso de la población quedaba fuera de los sucesos que verdaderamente la habían atravesado. Esto sirvió para abonar la falsa percepción de que la dictadura “les pasó a otros”, y por lo tanto la responsabilidad de afrontar sus consecuencias, la exigencia de castigo, la necesidad de revertir la situación, es de esos “otros”. La dificultad de registrar lo que estaba sucediéndole a todo el cuerpo social al perpetrarse las desapariciones –de hombres, mujeres, relaciones sociales, patrimonio colectivo– se continuaba en esta traducción de un gobierno constitucional.

También esto llevó a correr del registro a los aparecidos. Los aparecidos, antes desaparecidos, seguramente formaban parte de esa historia anterior “que provocó a las Fuerzas Armadas y las llevó a dar el golpe”. En una oportunidad, un familiar relató que había sido visitada por un ser querido que había estado secuestrado. “Al abrir la puerta di un salto hacia atrás”, dijo. Ese salto hacia atrás tiene una doble lectura. El respingo que provoca el “aparecido”, pensado como “espectro de un difunto” –según una de las acepciones del diccionario de la Real Academia–, y el salto hacia atrás, hacia el tiempo anterior a las desapariciones, el tiempo en que sucedían esos “hechos” con que los dictadores pretendieron justificar su accionar. En sintonía similar podría pensarse otro mandato impreso por los represores sobre aquel a quien decidían no desaparecer definitivamente.

7. La actuación de la comisión creada especialmente por el Poder Ejecutivo, la CONADEP, para recepcionar denuncias sobre lo sucedido durante la dictadura, multiplicó también las presentaciones de los sobrevivientes. Se pensó que aquél sería un ámbito donde registrar uno a uno los nombres de los compañeros de cautiverio, y las identidades y cada una de las responsabilidades de los terroristas estatales. Pero tanto en la CONADEP como en los tribunales que enjuiciaron a los pocos procesados, los sobrevivientes no lograron configurar su aparición

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íntegra. De las audiencias públicas en el llamado “el juicio del siglo” el canal estatal reflejaba apenas unos minutos de jornadas que llegaron a prolongarse hasta dieciséis horas y fueron transmisiones mudas. Se silenció la voz de los declarantes.

Asimismo, las identidades políticas y pertenencias organizativas de desaparecidos y sobrevivientes fueron sindicadas en forma solapada y a veces explícita como justificatorias de los tormentos recibidos. En los sobrevivientes se llegó hasta la persecución judicial y el encarcelamiento. Ellos se vieron, entonces, obligados a ocultarlas; así como cuando los familiares hacían las denuncias debían obviar toda referencia a la actividad de aquel que había sido desaparecido, si esta actividad estaba ligada con organizaciones revolucionarias, políticas, estudiantiles o barriales. “Desaparecidos culpables” y “desaparecidos inocentes” fue una categorización no escrita pero que sobrevoló las audiencias en las que los sobrevivientes fueron muchas veces tratados como imputados.

Desaparecidos y aparecidos parecían tener un punto de arranque válido y aceptable recién a partir del momento en que el Estado terrorista se había apoderado de ellos.

“No mirés para atrás, ahora estás limpio”, le dijo un responsable del campo de concentración Olimpo a su prisionero al liberarlo. No sólo que no volviera la cabeza para identificar el vehículo. La que no debía ser mirada era la vida anterior al Olimpo, esa vida de compromiso solidario con la política y la lucha, que lo habría “manchado” y que la tortura y la muerte sufridas habrían limpiado hacia adelante.

8. No ha habido posibilidad de volcar todo el saber acumulado durante el cautiverio. Hay sobrevivientes que se autodescriben como caseteras a las que se les aprieta el play y el stop según la decisión del oyente, dejando el relato inconcluso y datos vitales sin registro eficaz.

9. Casi diez años después de finalizada la dictadura, algunos militares hicieron pública su participación en el terrorismo de Estado. Varios habían hablado en los inicios del primer gobierno constitucional, pero en medio de la conmoción que el cambio de etapa provocaba, sus palabras no tuvieron relevancia. En 1995, Scilingo anunció en un programa de televisión de gran audiencia que había eliminado prisioneros recluidos en la ESMA tirándolos vivos al mar desde aviones. Recién entonces, aquello que los liberados habían detallado casi paso a paso ante estrados judiciales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, familiares de los desaparecidos, tuvo estatuto de “verdad”. “Revelaciones sorprendentes”, “absolutamente inédito”, “ahora se sabe la verdad”, fueron expresiones comunes, incluso de instituciones que guardaban en sus archivos los testimonios de los aparecidos.

“¿Es que a nosotros no nos creyeron?, ¿es necesaria la palabra del criminal para dar por cierto que lo que sucedió, sucedió?”, se preguntaban entonces los sobrevivientes. Más de una vez escucharon a supuestos expertos detallarles qué era lo que habían sufrido y compartido sufrir en la propia carne. En esos días, el general Balza pronunció un nuevo discurso autojustificatorio del genocidio –al que tantos le adjudicaron erróneamente el rótulo de “autocrítica”– en el que explicaba lo sucedido como producto de “lo inexplicable”, de “oscuras fuerzas”, además de igualar a víctimas y victimarios en un mismo paquete.

10. Pero uno de los puntos más dolorosos de este camino en el que la aparición no termina de consumarse, devolviendo en forma intermitente al sobreviviente al cautiverio, es la sombra de sospecha que planea sobre él. Una ecuación que asimila al sobreviviente con el colaborador. No puede afirmarse que todos coincidan en esto, pero la mayoría de los sobrevivientes que se reconocen como tales ha experimentado ese depositarse de la sospecha sobre sí. (Que “se reconoce como tal”, porque todavía hay quienes no pueden verbalizarlo, ni siquiera para sí mismos, y ocultan como una vergüenza que han estado desaparecidos.)

11. Esta sombra de sospecha se ha afirmado en la inexistencia, durante décadas, de una frontera demarcada institucionalmente entre víctimas y verdugos. Los gobiernos constitucionales, a la vez que ordenaron el procesamiento de algunos represores, luego procedieron a impunizarlos. La sostenida exigencia de las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones populares de “cárcel a los genocidas” fue mellando

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esa política, y hoy reconocemos que esa situación se va modificando, y permitirá avanzar en que la asignación de responsabilidades tenga carriles más precisos. Pero aún hoy en muchos discursos y prácticas –aunque de manera más solapada que años atrás– el desaparecido es responsable de su desaparición, y el aparecido de su aparición, con todo lo que el término “responsable” connota.

12. Desde algunos ámbitos del movimiento de derechos humanos, políticos, estudiantiles, sociales, ha ido creciendo la reivindicación de los desaparecidos como militantes populares, con sus identidades políticas y organizativas específicas. Es un aporte fundamental para construir una memoria real de la resistencia popular en la Argentina. Pero en muchos casos se desliza hacia una idealización acrítica que puede traducirse en “quienes están desaparecidos eran perfectos, por eso siguen desaparecidos. Quienes están vivos es porque colaboraron”. Se transforma así a la muerte en redentora de todas las conductas, y al estar vivo en aquello cuyo precio es la traición. Lleva también a concluir que todo termina en alguno de esos quinientos campos de concentración; y que nadie salido de allí merece continuar la lucha.

A esta configuración contribuyen medios de comunicación y algunos intelectuales que insisten en poner de relieve las conductas de quienes traicionaron efectivamente a sus compañeros y los ideales que alguna vez sostuvieron, hayan estado o no encarcelados o desaparecidos. Este foco apuntando a los traidores lleva a concluir que ésa es la historia total. La única posible, además.

La dificultad de registrar como realidad individual y organizativa a los ex desaparecidos en su integralidad de militantes que fueron desaparecidos por serlo, aparecieron por decisión de los represores, se organizaron y siguen militando, se vincula con los puntos reseñados.

Pero puede asociarse también a una tendencia social a ignorar lo que aparece como conflictivo, cuestionador, no esperado, distinto. Y esa tendencia no desapareció con el fin de la dictadura, sino que sigue operando en el presente en relación a viejos y actuales problemas. Quienes son hoy ubicados en los núcleos del conflicto social pueden ser blanco no sólo de la voluntad “desaparecedora” del poder –aunque por otras vías que durante la dictadura–, sino también de la omisión de su registro de los sectores ante quienes es necesario que aparezcan para articular una respuesta social colectiva”.

Estas son las ideas plasmadas en ese viejo-nuevo trabajo de reflexión.Y entonces voy a la segunda de esas ideas-guía a las que me referí al principio. La resumo en las palabras

de una compañera sobreviviente del campo de concentración La Cacha (La Plata), engranaje del circuito que comandó el genocida general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Después de interminables horas, días, de atormentado cautiverio, varios secuestrados cargados en varios autos, anunciándoles la libertad, los “seleccionados” pensaron en la muerte inmediata. Pero no lo fue. Después de un breve recorrido los arrojaron a orillas de un camino desierto, ordenándoles que no se sacaran la venda de los ojos hasta pasado un buen rato. Tirados en una cuneta bordeada de árboles, cuando ya no se oían los motores de los Falcon, se sacaron las vendas, en este caso, gruesas tiras de trapos blancos, y empezaron a caminar. Pero antes, esta compañera ató la venda en la rama de un árbol. “La dejé como una señal, para poder averiguar más tarde dónde había estado”. Un colectivo que pasaba por la ruta paró ante ese grupo de andrajosos ensangrentados, que le pidió ayuda, aduciendo que se les había “quedado el auto”. Cuando los hizo subir, el colectivero -de recorrido habitual de madrugada- les guiñó el ojo y les dijo: “A muchos se les queda el auto”. Una semana después, venciendo el terror, volvieron a buscar la marca de la venda. Allí estaba. Así supieron que habían estado en La Cacha, a metros de la cárcel de Olmos.

El compromiso de saber dónde, cómo, quiénes, con quiénes, por qué, lo asumimos desde el momento del

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secuestro. Lugares, nombres, grados, fechas, responsabilidades. Quiénes perpetraron el genocidio. Quiénes fueron desaparecidos por los genocidas.

Este compromiso lo renovamos cuando los represores decidieron dejarnos en libertad. Lo renovamos para asumirnos como testigos del horror, como actores y protagonistas de la lucha por la justicia, por la verdad, por la memoria. Compromiso con nuestros compañeros, con los que conmorimos adentro. Compromiso que continúa aquel que nos llevó a la militancia y que sigue siendo hoy.

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Parte III

Segundo Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria,

Córdoba, � y � de mayo de �00�

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Diálogo con el Sr. Edgar Eildfeur, sobreviviente de la Shoá*

- ¿Visitó Usted algunos de los campos de concentración por los que pasó? ¿Cuál es la diferencia entre un museo del Holocausto y un campo de concentración?

- En verdad visité algunos lugares. A Colonia no volví porque no quería, a pesar de que viajé por todo el mun-do, no quería visitar un lugar para mí tan terrible. Cada piedra, cada lugar, cada edificio se volvía a presentar, y no quería volver a sufrir lo que me había pasado.

Pero sin embargo estuve en Austria, en Manthausen, y visité varios museos del Holocausto.Lógicamente a uno le causa gran emoción ver esos lugares pero creo que la importancia de estos lugares no

es tanta para los que sobrevivimos sino para las generaciones futuras. Estos lugares sirven para demostrar con los elementos que ahí existen que lo que se cuenta realmente existió. Esto es para mí lo más importante que tienen los sitios de memoria y estos museos. Es que son los lugares donde algo existió.

Estuve en el campo de Manthaussen que prácticamente no queda nada. Hay una baranda donde hay algu-nos elementos pero no es lo que era, ni puede mostrar el clima que hubo ahí adentro. Pero es muy importante que se vea y además hay monumentos de todas las naciones en homenaje a las víctimas de distintas nacionalidades que murieron en ese campo.

Lo importante es que las generaciones futuras puedan, en estos sitios, confirmar lo que se les contó. Se puede verificar la certeza de su existencia.

- A mí me gustaría preguntarle al compañero que pasó por los campos de concentración nazis por qué luchaban, por qué resistieron. Por esos sitios pasaron muchos luchadores y estos sitios sí deben estar cargados de esta lucha, sino está sólo el terror. La resistencia es muy importante pero los objetivos de los que pasaron por ahí no se remarcan y me parece que tendría que hacerse centro en esta cuestión.

- La resistencia existía siempre, pero habría que dividir la población. En parte digamos que hay una población inerme, que no puede ofrecer resistencia porque no todo el mundo puede ofrecerla. En los guetos hubo resistencia pasiva y resistencia activa.

La resistencia pasiva era organizarse para no dejarse envilecer por la presión de los nazis porque suponía la degradación de la condición humana y esto provocaba que la gente que no tenía para comer, que no sabía si iba a vivir al día siguiente, quedaba vacía de esperanza, para eso se organizaban escuelas, cursos. En los guetos había hasta universidades clandestinas, había culto, había una organización de recolección de documentación para que después todo el mundo supiera que era un paso hacia la muerte, se daban cuenta que tarde o temprano todos iban a dejar de existir. Había un tal Dr. Eigelbaum que en las latas de leche hizo guardar la documentación y enterrarla para que después de la guerra se pudiera desenterrar y saber que había pasado ahí.

La resistencia activa que organizó la gente joven - porque en el gueto de Varsovia todo el alzamiento era realizado por jóvenes generalmente de organizaciones populares izquierdistas que había en el lugar y que muchos

* A continuación se reproduce el diálogo entre el Sr. Edgar Eildfeur, sobreviviente de la Shoá, y el público luego de su exposición durante el Segundo Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, Córdoba, 8 y 9 de mayo de 2008

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de ellos no tenían objetivos determinados porque no podían lograr ninguna clase de victoria- era únicamente para morir con dignidad.

- ¿Nos puede contar el por qué de la formación de los guetos? ¿Cuál era el objetivo general? - Los guetos no se formaron porque alguien quiso estar en un gueto. Fueron impuestos por los nazis. Usted

imagínese que nadie tenía interés en vivir hacinado detrás de un muro, con alambre de púa del cual solo salía la gente que iba a trabajar acompañada por la guardia, así que ustedes se darán cuenta que fue obligado por los nazis.

Toda la ocupación nazi, todas las leyes restrictivas desde el inicio hasta el final fueron determinadas para humillar, separar la población judía de la demás y al final era para matarlos. Como la muerte en los guetos era demasiado lerda, al entrar los nazis en la parte soviética empezaron a cavar zanjas y a matar gente directamente; porque esto tenía un costo, directamente en balas. También estaba la comunicación que la gente realizaba cuando volvían de esos trabajos, al volver a Alemania, en días de franco contaba a sus allegados qué era lo que pasaba y esa noticia, que debía ser clandestina, se propagaba y, además, matar gente, matar mujeres y niños -por más que uno esté entrenado para eso- no es fácil. Los soldados se emborrachaban, desertaban, había problemas; lo que terminó con la creación de cámaras de gas que era una cosa mucho más secreta y efectiva.

Ningún acto era voluntario en el gueto. Nadie fue a que lo incluyeran en ningún gueto.

- Edgar, de tu relato a mí me queda claro una cosa: que hubo un lugar a donde no volviste, el dolor que significa el horror a volver a esos lugares que dispara el recuerdo, cómo se puede sortear a la hora de reconstruir esos lugares para que aquello que decía la compañera tiene que ser el mensaje a las nuevas generaciones, la didáctica para las futuras generaciones. En cordobés básico: ¿cuál debe ser la estética de esos lugares? Evidentemente poner los hornos crematorios, exhibirlos, mostrarlos requiere todo un debate, una cosa es una barraca y otra cosa es ir al sitio del hormo crematorio.

Yo me acuerdo que cuando entramos a La Perla, el sitio que más me impresionó en el movimiento de los compañeros que giraban - que estaban viendo esto por primera vez- era la sala de torturas a donde fueron los compañeros por los que hoy estamos aquí. ¿Cómo tendría que ser presentado eso para que el horror no te produzca ese silencio?

- En cuanto a la estética, es verdad que actualmente los sitios de memoria que existen están bastante bien realizados. El campo de Auschwitz está representado fielmente como existía con sus cámaras de gas, con sus depósitos de zapatos, de los cabellos cortados, de los distintos elementos que pertenecían a las víctimas.

El sitio debe ser real. Mostrarlo tal cual era. No es cuestión de hacerlo más lindo. Tiene que verse de acuerdo con todos esos elementos de zozobra que uno tenía cuando llegaba ahí.

Es muy difícil reproducirlo exactamente para que dé esa impresión. No hay manera de hacerlo, pero si usted ve la playa de entrada adonde llegaban los trenes a Aushwitz con esa famosa torre central, eso le da la idea de que era una especie de estación adonde llegaba la gente, pero no le va a dar la idea de que cuando llegaba esa gente, después de llevar varias semanas en el tren, casi sin comer, algunos ya muertos, y de repente se abre la puerta, es de noche, hay perros, gente con uniformes rayados que eran los prisioneros que estaban allí. Hay pánico. Matan a unos cuantos para que el pánico sea aun más, separan hombres y mujeres, las familias se pierden, hay gritos, el equipaje desaparece. Los ponen en fila en donde hay alguien que como un dios con un dedo marca este a la izquierda, este a la derecha, cuando uno era trabajo, y el otro la muerte. Porque son mujeres, chicos o viejos, o no le gusta la cara al que dirige esa operación No hay manera de poderlo representar, es decir, puede ser hacer algo parecido pero nunca verdadero.

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Cartografías coexistentes. Hacia una topografía de la verdad*

Porque privilegiamos ser ciudadanos a lacondición de prestigiosos profesionales�.

Introducción

Los centros clandestinos de detención y tortura (CCDyT), aproximadamente quinientos distribuidos en todo el país, fueron la estructura física necesaria para la desaparición forzada de personas.

En oposición a otros pensamientos que catalogan a los ex centros clandestinos de detención (CCD) como “sitios del horror” pensamos que en esta etapa, el conjunto de ex CCD debe ser entendido como “sitios de verdad”. Consideramos el territorio como cartografías que coexisten y que se constituirán en topografías de la verdad.

Uno de los conceptos centrales del trabajo es considerar que, en esta etapa, el eje en la recuperación de los centros clandestinos es aportar pruebas materiales y documentales a la justicia. Esto en el marco de entender a la memoria como una herramienta y que no puede comprenderse si no hay verdad y si no hay justicia.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, los CCDyT funcionaron, en general, en dependencias policiales o asentamientos de las Fuerzas Armadas acondicionados para este fin y supeditados a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada área. Algunos de los CCDyT denunciados2 por los sobrevivientes y organismos de derechos humanos son: El Olimpo, Automotores Orletti, Club Atlético, Garage Azopardo, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Superintendencia de Seguridad - Coordinación Federal, catorce comisarías, Hospital Militar Central, Hospital Aeronáutico, Regimiento de Infantería 1º y una vivienda ubicada en Virrey Ceva-llos 630, denunciada en agosto de 2003.

Durante este período, la Ciudad de Buenos Aires fue diseñada para la represión y la exclusión. El terrorismo de Estado desarrolló un proyecto político que constó de dos aspectos, uno visible y publicitado; el otro clandestino y negado.

El visible introdujo en la tradición de la construcción de Buenos Aires un objeto arquitectónico escindido de la trama histórica, imponiendo infraestructuras de manera violenta sobre el tejido histórico, social, cultural y sobre la memoria colectiva, fracturando la unidad física, social y desfigurando el espacio público en la ciudad.

El negado, en el marco de una represión sistemática destinada a exterminar todo tipo de resistencia, trans-formó al Río de la Plata en un depósito de cuerpos y proyectó la arquitectura para la muerte y la desaparición. Esa arquitectura es la de los centros clandestinos de detención, desaparición y tortura. Clandestinos para la sociedad y para los familiares y allegados de los que fueron secuestrados, pero sostenidos con recursos financieros y hu-manos del Estado.

* Marcelo Castillo, Coordinador del Equipo de Voluntariado FADU-FFyL (facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires) y del Grupo Construir-Proyectar-Identidad.1 Arq. Ángel Sakamoto2 El listado completo de los CCDyT denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por sobrevivientes y familiares es: El Olimpo (Ramón Falcón y Olivera), Automotores Orletti (Venancio Flores 3519), Club Atlético (Av. Paseo Colón y Av. San Juan), Garage Azopardo (Azopardo 650), ESMA (Av. Libertador 8209), Superintendencia de Seguridad - Coordinación Federal (Moreno 1417), Comisarías 6, 11, 17, 18, 22, 26, 29, 35, 36, 37, 39, 43, 44 y 50, Hospital Militar Central (Luis María Campos 726), Hospital Aeronáutico (Ventura de la Vega 3697), Edificio Cón-dor, Edificio Libertad, Regimiento de Infantería 1º (Av. Santa Fe y Bullrich), una vivienda ubicada en Franklin 943 y otra ubicada en Virrey Cevallos 630 (denunciado en agosto de 2003).

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Desde nuestro accionar buscamos tensionar el uso de estos sitios y su relación con los conceptos memoria-verdad y su resignificación al ámbito de lo público.

Sitios de Verdad para que se haga Justicia. Tres experiencias de trabajo

“Es decir que el pasado está presente. Pero el pasado es raíz y no programa; el pasado es el reconocimiento de los pueblos consigo mismo que se hace muy agudo en las épocas revolucionarias, pero no es la vuelta al pa-sado, es la proyección del pasado hacia el porvenir, porque el presente envuelve el pasado y encierra también el porvenir; y cualquier política revolucionaria conjuga dialécticamente estas tres dimensiones del tiempo sin fijarse en ninguna de ellas, porque entonces caería en el utopismo o en el reaccionarismo y en la esterilidad histórica.” 3

El centro clandestino de detención y tortura “Club Atlético”

Fue emplazado en la calle Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba, a diez cuadras de la Casa de Go-bierno. Es el primer centro clandestino que se recupera en la Ciudad de Buenos Aires. Los dos únicos registros que se tienen son un dibujo de una fachada y una foto parcial que brindó un vecino.

En 1979 se construye la autopista sobre el predio donde funcionara el centro clandestino y podemos afirmar que en la geografía del Atlético se superponen ambos proyectos. El CCDyT fue demolido para construir la auto-pista. Hoy los restos del ex-CCDyT coexisten con la estructura de la autopista, y ésta, a su vez, aún se impone sobre el 70% de las ex-instalaciones del CCDyT. El proyecto social, económico y cultural que impuso la dictadura se profundizó en los años ´90. En ese año un nuevo tramo de autopista se montó sobre los restos del ex-CCDyT. Al excavar el lugar para su construcción nadie denunció la aparición de restos del edificio.

La Comisión de Trabajo y Consenso del ex centro clandestino de detención “Club Atlético” está logrando no solo resignificar lo que era el sitio, sino la integración temática de esas manzanas. Se ha inaugurado recientemen-te una plaza y está en proceso de licitación la construcción de un edificio de usos múltiples.

Escuela de Mecánica de la Armada

Una de las particularidades de los centros clandestinos, en general en todo el país, a diferencia de lo que fueron quizás los campos de concentración en Alemania o en Polonia, es que están integrados completamente al tejido de la ciudad. Sin dudas el de la ESMA es el más paradigmático.

En el año 1998 el sitio intentó ser demolido. Su destrucción fue impedida por la movilización y la resistencia de organismos de derechos humanos, familiares y militantes políticos. El por entonces presidente de la argentina proponía realizar allí un “monumento a la reconciliación”.

En el caso de este ex CCD podemos tener una idea del “adentro” a través de una publicación de 1984. Varios de los sobrevivientes aportaron testimonio para reconstruir las distintas etapas de su funcionamiento, dando lugar a la elaboración de los primeros paneles en los que se comunica la lógica represiva dentro del edificio de la ESMA. Hay que recordar que la ESMA es uno de los pocos centros clandestinos que funcionó durante todo el período de la dictadura y tuvo siete modificaciones. Cuando se realizó el juicio contra el genocida Scilingo en España y se preparaban los testimonios de los sobrevivientes, se elaboró un registro documental muy importante que recons-truye los diferentes períodos dentro de la ESMA.

3 Cooke, John William, “Situación nacional y acción revolucionarias de las masas”, C.G.T., Bahía Blanca 1965. Fragmento. Publicado en: Apuntes para la militancia. Editorial: Schapire editor S.R.L. Colección Mira. Edición consultada: Primera edición 1973.

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También se realizó una reconstrucción virtual, donde se van viendo distintas modificaciones del sótano, en particular, y del edificio en general. Otro aporte son distintas piezas gráficas y una maqueta trabajada conjunta-mente con los sobrevivientes y que fue utilizada en el fallido juicio contra Febres4.

En definitiva, todo este material realizado desde un espacio universitario también puede aportar elementos de prueba judicial y colaborar en la investigación.

Campo de Mayo Nuevamente se observan las cartografías coexistentes. El predio de Campo de Mayo equivale a casi un

tercio de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Y junto a él, el modelo que triunfó impuesto por la dictadura y continuado por el menemismo: la transformación de los lugares de producción en asentamientos de otros sectores, como es el caso de los grandes barrios privados.

En coordinación con la Comisión de la Memoria de Campo de Mayo e impulsados por los sobrevivientes y familiares, se trabajó en la identificación del lugar donde funcionó “El campito”, uno de los cuatro centros clandes-tinos que funcionaron en el predio. La reconstrucción de “El campito”, uno de los sitios de detención y tortura que funcionara dentro de Campo de Mayo, la realizamos a partir del testimonio del militante político y sobreviviente Juan Carlos Scarpati5, fue presentada por Abuelas de Plaza de Mayo en la causa judicial Nº 1.351, caratulada “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores”, junto a la investigación para ubicar dicho sitio dentro del extenso predio, basada en testimonios de sobrevivientes y cartografías oficiales.

Sitios de Memoria

“Pero el pasado no es simplemente evocación emotiva; el pasado está presente porque toda política actúa sobre un medio concreto, sobre un marco histórico por el cual fluyen una serie de valores culturales acumulados a través del tiempo, y asimismo las instituciones que fueron producto de ese proceso.”�

Estamos trabajando en la Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge “Nono” Lizaso7 ubicada en Munro, Provincia de Buenos Aires, y que fuera recuperada en 1998. Allí funcionó una Unidad Básica. Está en proceso de expropiación para abordar allí la reconstrucción de la historia, la militancia y la vida de los trabajadores de la zona. Allí hacemos aportes disciplinarios para conservar este sitio de memoria.

La casa también es un documento y se relaciona directamente con el espacio público. Es un documento de lo que se soñó, pensó y luchó por un país mejor.

Su recuperación excede el valor simbólico, conservarla es garantía efectiva del ejercicio de memoria y de-mostrar que tanto nuestra sociedad y sus instituciones asumen su propia historia, como punto de partida para encarar los desafíos del presente y del futuro.

4 Realizada en el marco del Programa de Voluntariado Universitario 2006. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/VOLUNTARIADO/voluntariado.html. Fue dirigida desde la Dirección de Derechos Humanos/SEU/FADU-UBA. Parti-ciparon del proyecto, en distintas etapas: Claudia Carolina Masclans, María Soledad Gesteira, María Laura Fabrizio, Ariel Korzin, Virginia Andrea Urquizu, Marta Algañaraz, Sebastián Inacio, Diego Machín, Wenceslao Cascallares, Victoria Majul, María Elena Mariño, Belisa Tantone, Diego Amigo, Vanina Barral, Patricio Tejedor, Candela Zelaya, Patricia Colombo, Andrés Meis y se articuló con la Secretaría de Extensión de FFyL-UBA.5 “Cacho” Scarpati, fundador y Secretario General del Peronismo 26 de Julio, falleció el 16 de agosto de 2008.6 Cooke, John William. Op.cit.7 La actual “Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizaso”, se abre en 1972 como Unidad Básica “Combatientes Peronistas”. http://memoriayresistencia.blogspot.com

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Reconstruyendo memorias

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reconoce institucional-mente por primera vez a sus desaparecidos en el año 2006. A través de un trabajo de investigación hemos logrado ir reconstruyendo sus identidades, su militancia y familias. Son ciento catorce estudiantes y docentes de la facultad y trescientos cincuenta arquitectos de todo el país desaparecidos y/o asesinados. El trabajo de difusión tuvo y tiene un papel importante para la recolección de nuevos datos.

Marta Algañaraz, integrante del Grupo Construir-Proyectar-Identidad, afirma que: “La universidad es una herramienta de transformación social. La formación, una herramienta para, no un hecho en sí, no el dador de sen-tido.” Renegamos y nos oponemos a la disciplina impuesta como valor de cambio, al servicio de las clases domi-nantes. En sus programas, sus falsas prioridades y sus construcciones de exclusión. Creemos en la arquitectura, en su potencial inmerso en una realidad de construcción histórica, de raíces verdaderas definidas desde nuestra identidad, como uno de los instrumentos para generar las transformaciones, los espacios para la construcción de un mundo igualitario, justo y mejor para todos.

Es por ello que nos interesa empezar a contar la historia de lo que fue el movimiento estudiantil y cómo se concebía la arquitectura, en particular en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Nos ubicamos en el valor de la vida de los compañeros, buscando las conexiones en la historia y en la memoria. En los escritos, en los trabajos, en los libros se reconstruye y recupera el pensamiento de los estudiantes de esa época.

Para reflexionar

La “formulación de una necesidad”, deviene en herramienta política; Los CCDyT tienen historia en sí mismos. Quisieron borrar las huellas y no pudieron. Paredes, pisos y techos

hablan. Los objetos que se encuentran, por ejemplo, en las excavaciones del “Club Atlético” nos confirman que allí funcionó una dependencia de la Policía Federal, que en el año 1977 había actividad en el sótano del edificio; nos confirman la ideología de los grupos represores que actuaron en ese CCDyT, aparecen objetos utilizados en la detención ilegal, otros nos remiten directamente al testimonio de los sobrevivientes. Lo taparon y construyeron la autopista sobre él, pero está hoy develándose, están las marcas de la arquitectura para el genocidio, están las palabras que quedaron inscriptas.

Pero si bien son en sí testimoniales, su sola exposición no alcanza para explicar lo sucedido. En estos lugares debe estar el testimonio de los que por allí pasaron. Relatando, testimoniando, explicando y describiendo cada lugar, deben estar los nombres y las historias de vida de cada uno de los detenidos-desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de Estado. No debe haber espacio para construcciones que respondan a fantasías o alimenten visiones perversas o teorías que han querido justificar el genocidio. Los objetos encontrados deben estar contextualizados.

Y a su vez, es necesario recordar que estos sitios están instalados en el tejido de la ciudad, que no son obje-tos aislados sino que son objetos en relación a redes sociales y culturales. Estaban a la vista de todos, no estaban ocultos. Aislarlos, ponerlos solos, es una falacia.

Sebastián Inacio, integrante del Grupo Construir-Proyectar-Identidad afirma que: “La articulación con institu-ciones y actores sociales es una herramienta fundamental para reafirmar el consenso sobre la recuperación de los CCD, asimismo, para garantizar la transmisión del significado del terrorismo de Estado. Es también, la posibilidad y la obligación ética de sumar fuerzas para potenciar los reclamos de los sectores hoy marginados para transformar estructuralmente este presente atroz, que luce niños desnutridos entre la basura, como inconfundible retrato de la miseria planificada.”

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Hay también deudas pendientes con relación a las consecuencias del terrorismo de Estado. Por ejemplo, cuatrocientos jóvenes apropiados o nacidos en cautiverio que aún faltan localizar, una buena parte de los genoci-das siguen libres (prófugos o en libertad condicional), Julio López continúa desaparecido entre otros flagelos que siguen coexistiendo en el territorio en el que vivimos y donde también –aún con la vuelta del Estado de Derecho- desde Víctor Choque a Kostecky y Santillán hay luchadores que siguen siendo asesinados en su reclamo por una sociedad más justa.

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Los Derechos Humanos como perspectiva integral en una política de Estado*

En este encuentro, donde desde lugares distantes nos reunimos para debatir preocupaciones comunes, desde experiencias similares a la vez tan distintas, me gustaría plantear algunas reflexiones sobre las políticas de la memoria, en particular a los sitios de memoria. Lo haré partiendo de la reflexión que surge de la experiencia de trabajo que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria y, particularmente, el Área que yo coordino que es el de Investigación y Enseñanza.

Voy a exponer algunas cuestiones vinculadas con conceptos en torno a la memoria que si bien son de uso cotidiano y todos podemos incluso acordar con ellos, problematizarlos puede servir de disparador para pensar qué entendemos por políticas de memoria y también por sitios de memoria.

Nuestras experiencias, interrogantes y desafíos hoy tienen un vigor particular a partir de la relevancia que han adquirido estas políticas por parte del Estado durante el actual gobierno. Pero es necesario insistir en que la tienen por nutrirse de la acción de otros actores, el movimiento de derechos humanos centralmente, que fueron sus impulsores durante mucho tiempo. Lo notable de la situación actual es que hoy encuentran un ámbito para poder coordinarlo con los espacios estatales, desde un lugar de legitimidad y reconocimiento que es en sí misma una acción reparatoria.

Cuando reflexionamos en torno a la memoria tenemos que pensar en qué significa en términos generales o, dicho de otro modo, de qué estamos hablando cuando hablamos de memoria. En principio, una idea clave es la que remite a la transmisión: la memoria como transmisión de las experiencias pasadas a las nuevas generacio-nes. Aquí surge un primer vínculo con los sitios de memoria.

Cuando pretendemos conservar/preservar lugares que son huellas del pasado que queremos superar, en nuestro caso el terrorismo de Estado, ya estamos hablando de transmisión.

Cuando conservamos estamos tratando de dejar algo para el mañana, para que sea visto/leído/recorrido de determinada manera. Esto es aplicable también a un documento escrito, como es un archivo, un testimonio o un sitio. Siempre en la voluntad de conservación hay una idea de legado, de transmisión. Queremos conservar esa huella del pasado para que quede intangible, “para siempre”.

Ahora bien, la transmisión en sí misma es algo más que conservación. Para que sea efectiva y logre que la memoria realmente sea memoria, es decir que no se interrumpa y se transforme en olvido, realmente necesita ser trasmitida. Sin transmisión no hay memoria.

Aunque sea casi un lugar común lo que digo, muchas veces los relatos del pasado que se formulan en el presente, con esa voluntad de narrar para impedir el olvido, pierden de vista quiénes son los destinatarios de la transmisión. Sin duda, los destinatarios pensados, imaginados por las políticas de la memoria son las nuevas generaciones; pero creo que muy pocas veces son tenidos en cuenta cuando las diseñamos y ponemos en mar-cha.

* Sandra Raggio, Historiadora, docente y investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Coordinadora del Área Investigación y Enseñanza de la Comisión Provincial por la Memoria.

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Y esto en parte es así, porque aún el Estado tiene pendiente, sobre todo en el ámbito de la justicia, la repara-ción con del daño cometido a la víctimas y sus familiares - aunque nunca total porque el pasado es irremediable-. Hoy, las políticas de la memoria están asentadas en esta imperiosa acción compensatoria, reparadora. Es la justi-cia que aún debemos a los afectados, a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas. Los sitios de memoria están indisolublemente ligados a esta acción reparadora.

En el humilde acto de la marcación de un sitio, de colocación de una placa, de una baldosa con un nombre hay una acción simbólica muy fuerte que tiene un efecto reparador importante. Aún mayor cuando se hace desde el Estado.

Sin embargo, creo que seremos justos con aquel pasado y con las víctimas, si logramos realmente una efec-tiva transmisión. Para que haya una política de memoria efectiva tenemos que pensar también en los destinatarios que son las nuevas generaciones.

Cuando pensamos en los sitios, en qué relatamos, cómo relatamos, qué ponemos en una placa que marca un sitio, cómo realizamos un recorrido, desde donde se relata, qué se relata, qué se dice, qué no se dice, estamos pensando más en aquel pasado, en cómo narrarlo y, tal vez, perdemos de vista otros aspectos. No es que los relatos no sean importantes, lo son y la forma en que relatamos es central. Pero justamente esa tensión de qué relatamos hace perder de vista la necesidad de poder abrir los espacios de estos relatos a sus destinatarios que también tienen sus propias preguntas que hacer al pasado. Es necesario un espacio de resignificación de este pasado porque la transmisión no depende solo de los relatos, de la capacidad que tengamos de conservar las huellas, de contar, de preservar los sitios, es decir, de dejar ciertos mojones que den cuenta de los hechos para que no sean borrados. La efectiva transmisión es, precisamente, la capacidad que tengamos de que el pasado se torne significativo para las nuevas generaciones.

En cuanto al rol del relato de los sobrevivientes, hemos visto la proliferación de testimonios del Holocausto, de enormes archivos que guardan las voces de las víctimas, de impresionantes museos en los lugares donde su-cedió el exterminio y otros construidos para recordarlo. Pero si observamos la realidad, los movimientos neonazis que proliferan en Alemania, la fuerte discriminación y violencia a quienes son considerados como los “Otros” que traviesa Europa, nos conduce a cierto escepticismo sobre el “recordar parar no repetir”. La única forma en que esta memoria se consolide como derecho y obligación para construir un futuro mejor, es que efectivamente logremos que tenga sentido en este presente y esté orientada hacia el futuro. Por eso la memoria no sólo es transmisión del pasado; la memoria es presente más allá de que, muchas veces, no explicitemos esta relación entre las tempora-lidades que en ella se realiza. Recordamos el pasado, en el presente y para el futuro.

Esto remite hacia otra cuestión: las políticas de la memoria son “políticas”. Son entonces, no sólo una forma de pensar el presente sino un modo debatir, confrontar y negociar cómo construimos ese futuro.

Uno de los expositores, refería a la exclusión y la pobreza en la Argentina y la relación de esta realidad con los trabajos de memoria en la Facultad de Arquitectura. Claramente se explicitaba el sentido que tiene para los futuros arquitectos esta reflexión sobre el pasado, un lugar donde repensar su rol, su función social. Esto es un proceso de resignificación de este pasado en este presente que proyecta hacia el futuro. Está poniendo en debate qué sociedad queremos tener. Entonces la memoria no es “lo vivido” aunque el recuerdo es su soporte, uno de los vehículos que nos permite evocar aquel pasado. Pero no como hecho histórico a secas sino como su significación en el presente. Para que la transmisión se realice, entonces, tenemos que lograr que este pasado siga una cantera de sentidos.

Eso implica animarnos a abrir espacios de interrogación sobre la historia y habilitar la participación a otros actores que no están en el centro de estas políticas de memoria.

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Esta cuestión nos lleva a reflexionar acerca de otro de sus atributos: la memoria es selectiva.La memoria también hace un trabajo con el pasado y selecciona qué recordamos y qué es lo que no recor-

damos. Por lo tanto, en las políticas de la memoria también hay políticas de olvido, y esto no es una cosa que nos deba asustar, esto no está ni bien ni mal. Hay que asumir que es una decisión política que estamos tomando acerca de señalar qué es lo que para nosotros hay que recordar, y por qué. Y también asumir que será un relato provisorio, abierto, que podrá modificarse y que además convive con múltiples relatos, complementarios o contra-puestos.

A algunos les molesta cuando se habla de “las” políticas, o “las” memorias en plural o cuando se plantea sobre el relativismo de las memorias, si es que pueden clasificarse en memorias verdaderas o falsas.

Pero reconocerlo es la manera de impedir que no se transforme en pieza de museo o en artefacto cultural para el mercado como sucede en algunos países donde se observa claramente una cierta banalización de la memoria. En general, eso está sucediendo con el pasado en Europa y en Estados Unidos. Si no queremos esta memoria sino una memoria que realmente haga justicia con las víctimas y protagonistas de aquel pasado, tenemos que entender que, a través de ellas, se está discutiendo qué sociedad queremos. La memoria tiene un rol vital en esta disputa. Asumirla implica un reconocimiento de que hay otros actores que están dando su pelea por el proyecto de sociedad.

No habría entonces que temerle al debate, ni a pensar que nuestra memoria no es la única memoria. Como ejemplo: Cecilia Pando existe más allá de nuestra voluntad. Y entiendo que hablar de determinadas cuestiones puede resultar dificultoso pero hacerlo es necesario para ser eficaces en la transmisión. Hablar implica dar la disputa. Es preciso entonces reconocer en las propias políticas de la memoria nuestro posicionamiento, hablamos desde determinado lugar y, aunque sea el Estado, nunca podrá ser – y será imprescindible que no lo haga- el único relato sobre el pasado.

Josef Yesushalmi, en una conferencia en París explicaba la mirada de los griegos sobre el tema de la me-moria. Ellos tenían dos formas de pensar la evocación del pasado en el presente. Una es la nmeme. Esa que, a través del pasado, se transmite de generación en generación de forma inmutable y que es imprescindible para la conservación de los grupos.

Por otro lado, la anmamesis -de la que hablaba Platón- la reminiscencia, aquella que del pasado rescata lo que ha sido olvidado.

Me parece que en Argentina tenemos que pensar en esto de la reminiscencia, de la anmamesis, para ayudar-nos a pensar los por qué de la memoria. Fue precisamente este el trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos durante la dictadura. La resistencia consistió precisamente en salvar del olvido los crímenes que la dic-tadura silenciaba, legitimado en el relato de Nación que esgrimían y perpetrado a través del poder desaparecedor que borraba el crimen en el mismo acto de exterminio.

No deberíamos perder de vista la idea de la reminiscencia, de recuperar del olvido. Esto nos permitiría dejar abierta las políticas para que permitan apropiaciones diversas, preguntas que todavía no se nos han ocurrido o nos hemos animado a hacer. Esto posibilitará el surgimiento de diferentes miradas sobre el pasado de cara a los nuevos presentes y en relación con otros posibles futuros. De lo contrario, sería posible llegar a una memoria definitiva, lo cual supone que se ha llegado al fin de la historia, que ya no hay más disputa por la sociedad que queremos. Pero esas disputas aún están vigentes y son parte de las políticas de memoria.

Finalmente y para poder reflexionar sobre esto quería contarles algo que pasó en la provincia de Buenos Ai-res hace unos días. Está relacionado con el presente, con el lugar de las nuevas generaciones en la construcción de la memoria, con las disputas por el pasado y la política de sitios de memoria. El lugar es Timote, partido de Carlos Tejedor. Allí donde fue secuestrado y asesinado Aramburu.

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El año pasado, una escuela secundaria de Carlos Tejedor que quería sumarse al Programa Jóvenes y Me-moria, nos planteó su deseo de hacer una investigación sobre lo que ocurrió en Timote. Para ellos se trata de “su” historia local y tiene una enorme significación.

Se podrán imaginar las dudas que nos surgieron cuando escuchamos la propuesta. Debemos admitir que nos generó ciertos temores sobre la conveniencia de trabajar este tema. Pero como no hacemos censura previa, no prejuzgamos ni tenemos definido por anticipado lo que esperamos de cada investigación, pensamos que si los chicos de Carlos Tejedor querían saber qué había pasado en Timote, un acontecimiento central para la historia política del país y de su comunidad, aceptamos la propuesta.

Transcurrió un año de trabajo, en el camino los estudiantes plantearon como acción directa vinculada con su investigación el nombre a la plaza de Timote. Este lugar fue para dictadura militar “un sitio de memoria”, que tenía el objetivo de construir un relato del pasado de acuerdo a sus propios intereses, como señalaba Ramón Torres Molina al principio. Allí el gobernador Saint Jean intentó hacer un museo histórico. Tanto la conmemoración del asesinato de Aramburu como el relato de la Campaña al Desierto son elementos centrales para el relato de la dictadura.

Por una ley nacional, en el 10º aniversario de su muerte, dieron el nombre de Aramburu a plazas y calles importantes de todo el país. Algunas se desmarcaron a partir de la democracia. En este contexto, en Timote hay un monolito con la figura de Aramburu, placas varias y la plaza central del pueblo se llamaba hasta la semana pasada Pedro Eugenio Aramburu. Volviendo al relato, fueron los chicos quienes propusieron cambiarle el nombre por el de un combatiente de Malvinas caído en el cumplimiento de su deber en el buque General Belgrano. Y así se hizo. Pero veamos cómo se hizo.

Será interesante para pensar en políticas de la memoria, el rol de las nuevas generaciones, y también en estas políticas de olvido en forma selectiva y los temores que a veces tenemos para afrontar ciertos debates en torno al pasado.

Cuando finalmente la municipalidad tomo la iniciativa de la escuela de cambiarle el nombre a la plaza, dictó la ordenanza. Lo notable es que en el momento del acto los chicos fueron totalmente dejados de lado. No fueron convocados a participar y ni siquiera fueron invitados. Los concejales asistieron; sin demasiada seguridad de lo que hacían pero como estaba en sintonía con las políticas del gobierno provincial y del gobierno nacional sacaron la placa. Pero fue una cosa complicada porque estaban todos de acuerdo con ponerle el nombre del combatiente de Malvinas pero nadie se animaba a sacar la placa porque la presencia de esa memoria en el pueblo es muy fuerte.

Pero además de haber dejado afuera a los jóvenes de una iniciativa que surgió de ellos, hubo algo más.Desde hace un tiempo resurgió el interés de hacer en La Celma un museo histórico. Esta era una vieja una

iniciativa del gobierno militar en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que hoy La Celma sea un predio de la Dirección Provincial de Escuelas y se encuentre totalmente abandonado y en ruinas. Esta idea fue trasmitida al las autoridades culturales de la provincia de Buenos Aires lo que no fue aceptado considerando que todo lo que allí se expusiera pertenecía a la memoria de los fachos. Esto es “de ellos”.

Esto preocupó a un legislador provincial y lo motivó a presentar un proyecto de resolución donde quedaba prohibido que La Celma fuera declarada sitio histórico o que allí funcionara un museo, por considerar que es un lugar de la “memoria de los otros”. Si bien un proyecto de resolución no tiene fuerza de ley y no puede prohibir, denota el ánimo de los representantes.

Este lugar es histórico porque en sí mismo tiene un significado. ¿Cuál es el significado de Timote y La Celma? Y ¿por qué Timote y La Celma tienen el significado que le asignó la dictadura militar? ¿No podemos resignificar este lugar? Es imposible resignificarlo? ¿Por qué ese lugar está marcado por la impronta de la memoria de la dic-

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tadura? ¿Por qué este sitio es de ellos y pertenece a la memoria de aquellos que reivindican la dictadura militar? No tengo las respuestas. Pero creo que vale hacernos las preguntas. Porque haya o no un museo en La Celma, es un lugar de memoria, aunque no esté reconocido por el Estado, y tal vez no deba estarlo.

Cuando los chicos investigaron para llevar adelante su proyecto, llegaron a conclusiones muy interesantes. No es un tema fácil de trabajar; sin embargo, llegaron a reflexiones propias muy interesantes. No discutieron si estaba bien o no el asesinato de Aramburu; ese no fue el eje de discusión. Desde el inicio lo consideraron como un asesinato y por ende lo juzgaron como algo que no debió suceder, “que está mal”.

Lo interesante es que quisieron comprender, entender las razones de por qué había sucedido. Pero avanza-ron un poco más: concluyeron que más allá de que esté bien o mal por el sólo hecho de haber sido víctima no debe ser considerado un prócer y por lo tanto no merece que ni una calle ni una plaza lleve su nombre. Reivindicarlo cívicamente tiene que ver con lo que hizo y no con lo que le hicieron. Por eso propusieron que Timote no tenía que reivindicar a Aramburu y había que quitarle el nombre a la plaza.

Entonces me parece que es importante no tener ese miedo que había generado inicialmente en nosotros este proyecto y poder pensar la política de la memoria aceptando esas nuevas preguntas, porque no llevan a únicas respuestas. Y vale para pensar los sitios de memoria, porque socialmente hay otros lugares de memoria que aun-que no estén considerados por el Estado tienen fuerte significación para algunas comunidades. Creo que es un desafío a enfrentar porque no ha llegado el fin de la historia.

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La articulación con el proceso de memoria, verdad y justicia. Aportes desde el Ministerio de Defensa *

Buenos días a todos. Quiero agradecer institucionalmente y en nombre de la Ministra de Defensa, poder estar hoy con ustedes. Yo trabajo en algo que tal vez ustedes no conozcan. Trabajo en la Dirección de Derechos Hu-manos del Ministerio de Defensa, algo que hasta hace algunos años parecía bastante poco probable, pero que ha sido una iniciativa y formaba parte de los objetivos de la gestión del ex Presidente Kichner y que se formalizó a ini-cios de 2007, aunque de hecho comenzó a funcionar ya a fines del año 2005 como un área concreta de trabajo.

Esta dirección tiene un conjunto de funciones definidas de forma genérica y, quizás, el principal desafío que asumimos fue superar lo que yo llamo “actividades de barniz”, es decir, en las que se repitieran contenidos nor-mativos de forma acrítica, con el sólo objeto de no incomodar o de quedar sólo en el marco de lo “políticamente correcto”. Al mismo tiempo, teníamos como desafío que las líneas de intervención propuestas no se superpusieran con los desarrollos en otros espacios institucionales que tenían larga experiencia previa.

Todas estas circunstancias, además, están enmarcadas en un contexto prácticamente inédito, por cuanto esta Dirección vino a insertarse dentro de un ámbito que hasta entonces no tenía una impronta de trabajo activo y comprometido con los derechos humanos. Esto, que podía constituir un déficit, era también una oportunidad para promover un espacio distinto.

Sabíamos qué no queríamos y sí sabíamos que en realidad el trabajo a hacer era mucho y que en todo caso se trataba de empezar y que había que asumir la cuestión de una política de derechos humanos en el ámbito de la defensa, tanto en relación con el proceso de memoria, verdad y justicia como en relación con la propia vida institucional del sector de la defensa nacional.

En este sentido, entendimos siempre que los derechos humanos debían formar parte del proceso de fortale-cimiento institucional democrático de las Fuerzas Armadas, como perspectiva integral de cualquier política pública propia de nuestro Estado democrático de Derecho. En relación con ello, naturalmente, ocupa un lugar central el rol que pueda jugar una instancia institucional en el ámbito de la autoridad política respecto del proceso integral de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En este sentido, cuando empezamos a identificar las líneas de trabajo, es importante recalcar que ya la propia norma de creación de la Dirección imponía muy claramente el deber de colaborar y coordinar acciones en esta última área. Podría decir que por primera vez, existió desde el propio Estado la decisión de revertir años de obs-trucción, principalmente, en materia de acceso. Existió la oportunidad, de estar por primera vez en un ámbito que había estado completamente obstruido, no sólo por desidia y desatención, casi diría que por momentos y etapas porque la única política activa fue el ocultamiento y el intento persistente por dejar impune todo lo ocurrido.

Lo primero que nos propusimos fue no creer, como ocurre muchas veces que cuando uno llega quiere in-tentarlo todo y tener iniciativas para todos los sectores, que la posibilidad dependía solo de uno, desconociendo los esfuerzos y el trabajo previo de otros organismos del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, y en

* Ileana Arduino, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación.

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estos temas en particular, por la lucha persistente e histórica de las propias víctimas. Siempre entendimos que los esfuerzos que hiciéramos tenían como imperativo reconocer la importancia de estas luchas que en gran medida sustentan y legitiman las acciones del Estado cuando éste se compromete con el fin de la impunidad.

De manera tal que nosotros empezamos allí a fortalecer la capacidad de la Dirección en las actividades de articulación y coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación - particularmente junto con el Archivo Nacional de la Memoria -, en el sentido de empezar a identificar de qué manera podíamos ponerle conten-dido a este mandato de coordinar y cooperar bajo las consignas de memoria, verdad y justicia.

Nos propusimos actividades que pudiéramos mensurar, que por lo menos para el primer año (2006), nos permitieran identificar los rumbos de trabajo, rectificarlos si hiciera falta pero, en todo caso, promover un desarrollo progresivo de actividades novedosas que se generaban en un nuevo marco de acceso y discusión, precedido históricamente por una actitud política, diría, antagónica.

Desde el inicio mismo de la gestión, las políticas instruidas por la Ministra, Dra. Nilda Garré, estuvieron vin-culadas a la apertura de los archivos, la protección de espacios y la colaboración con los procesos de verdad y justicia. Así, podemos mencionar, la puesta a disposición del Archivo Nacional de la Memoria (Resolución MD N° 173/06) de toda la documentación vinculada con violaciones a los derechos humanos; la orden de suspender toda obra o refacción en lugares donde hubieran funcionado centros clandestinos de detención (Resolución MD N° 172/06) y las medidas tales como colaborar activamente con la tarea de desminado del Arsenal Miguel de Azcué-naga en Tucumán a los efectos de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudiera desarrollar allí su tarea (Resolución MD N° 506/07), entre otras iniciativas.

Nosotros nos hemos basado en una metodología de trabajo en la que ocupa un lugar central el requerimiento externo, es decir, la Dirección no funciona como unidad de investigación. Por supuesto que la identificación de in-formación valiosa, independientemente de su importancia para una actividad de memoria, verdad y justicia desde el punto de vista judicial, también es considerada una actividad importante por su aporte desde el punto de vista histórico que, como sabemos, no puede nunca asimilarse al proceso de conocimiento construido judicialmente.

Un poco desde esta actividad, que también nos ha llevado a concentrar todos los pedidos judiciales de información vinculados a causas por violaciones a los derechos humanos, a fin de optimizar los tiempos y la calidad de la respuesta (Resolución MD N° 1711/07), hemos advertido, tal como señalaba el Dr. Torres Molina, la importancia del trabajo organizado teniendo como unidad de investigación o análisis a los centros clandestinos de detención. Cuando nosotros ordenamos la búsqueda de información, analizamos los diferentes pedidos y vemos cuántos esfuerzos podrían reorientarse a una búsqueda más general y ordenada. Por ejemplo, la semana pasada, contabilizamos ciento setenta pedidos judiciales de todo el país. Al mirar este circulante de expedientes en detalle, vimos hasta qué punto se reiteran y entrecruzan las mismas informaciones. Por ello, por instrucción de la Ministra, adoptamos la medida de remitir aquella información como documentos normativos, circulares, libros históricos y cualquier otra que, según nuestra experiencia, pudiera tener utilidad más allá del caso judicial en que es requerida e, incluso, más allá de las propias necesidades de la justicia, a las instancias encargadas de la coordinación en el ámbito de la Procuración General de la Nación, del Archivo Nacional de la Memoria y del Programa Verdad y Justicia. Nosotros entendemos que son estas instancias las que están en mejores condiciones de ver esta docu-mentación y, en todo caso, recibir esta información y definir su verdadera utilidad.

En este sentido, apostamos a que esa información deje de ser mirada sólo judicialmente y entendemos que una adecuada distribución de la información es importante porque ha establecido una política bajo la perspectiva de que la información es pública. Asumimos que esa información puede ser interesante y que existen instancias adecuadas a las cuales remitirla legítimamente, que están en condiciones de valorarlas mucho mejor que noso-tros. Esto explica también porqué no entendemos necesario que nosotros asumamos de hecho actividades de

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investigación. Otro tanto se explica porque desde el inicio, tal como dijera más arriba, estuvimos muy concientes de evitar caer en la tentación de duplicar iniciativas que ya estaban siendo procesadas en otros lugares. En con-creto, aquí todos sabemos que cuando trabajamos con documentación -de tanto valor-, todo el tiempo aparece la tentación de armar un nuevo archivo; pero afortunadamente no hemos cedido frente a la tentación y asumimos que el destino más útil de esta información está en evacuar la información lo más rápido que se pueda, en ponerla a disposición de quienes deben conocerla cuanto antes.

Una excepción en relación con esto, la marca el hecho de que durante la gestión del entonces presiden-te Kirchner se ha dictado la instrucción presidencial relacionada con la búsqueda de los restos de Santucho y Urteaga que, con independencia de los resultados concretos en tales casos, ha permitido compilar un conjunto de información sobre los lugares involucrados, más precisamente, Campo de Mayo, entre otros. Lo que hemos hecho, periódicamente, es poner esa información en el marco de las causas judiciales en que se investigan ju-risdiccionalmente tales hechos, no obviando las restricciones de acceso que pesan sobre muchas de ellas, pero enmarcados en lineamientos jurídico–doctrinarios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Myrna Mack que establece la imposibilidad de invocar el secreto cuando se trata de la investigación de casos judiciales por violaciones a los derechos humanos. Esto no es nuevo en nuestra gestión por cuanto también nos amparamos en ese criterio al impulsar el dictado del Decreto N° 44/07 que releva a todo el personal militar, policial y civil del deber de guardar secreto cuando declaren como testigos o imputados en el marco de causas por violaciones a los derecho humanos.

Otra línea de trabajo que va generando resultados es el proceso de articulación con la tarea de la Red Fe-deral de Sitios de Memoria, a través del trabajo incansable de Judith Said, con quien cotidianamente tratamos de poner contenido dinámico a la resolución ministerial que autoriza la señalización de predios en los que conforme los registros CONADEP hubiera funcionado un centro clandestino de detención (Resolución MD N° 1309/06). Esta experiencia es también, modestamente, un buen ensayo en materia de articulación y búsqueda de un rol institucional que no superponga el trabajo de otros actores institucionales y sociales. Nuestra tarea allí, se limita a facilitar la señalización y del mismo modo, nunca receptamos unilateralmente pedidos de señalización sino que los reconducimos siempre a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que es quien, naturalmente, protagoniza el proceso mismo de señalización.

Estos son sólo algunos apuntes del tipo de trabajo que hemos emprendido entre 2006 -2007. Para el año en curso tenemos como desafío iniciar una revisión más sistemática de archivos del sistema de justicia militar, con el objetivo de determinar, allí donde existan archivos disponibles, qué información de utilidad debe dejar de juntar pol-vo en los acervos documentales de las Fuerzas Armadas para ser puesta al servicio de la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, hemos impulsado la prohibición de todo tipo de homenaje o reconocimiento a personal militar que hubiera participado en actos por violaciones a los derechos humanos o atentados al orden constitucional (Re-solución MD N° 506/07) y hemos sometido a control de la Secretaría de Derechos Humanos la reincorporación de personal militar retirado al servicio activo (Resolución MD N° 216/07).

Reiteramos nuestro compromiso para trabajar articuladamente y quedamos a disposición para todo aque-llo que estimen pueda cooperar a optimizar nuestra tarea y, con ello, la de quienes reciben la información que producimos. Nuevamente en nombre de la Ministra de Defensa y en el mío, muchas gracias por brindarnos este espacio.

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Anexo

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BUENOS AIRES, 22 de marzo de 2007

VISTO el Decreto Nº 1259/03, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º de la norma citada en el Visto se creó, en el ámbito de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, organismo desconcentrado, cuyas actividades fundamentales serán obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. Que es competencia del Archivo, de acuerdo al inciso e) del Artículo 5º del Decreto Nº 1259/03 centralizar en el ámbito nacional los archivos existentes en esta materia, incluidos los Archivos de la CONADEP, los de la Secretaría de Derechos Humanos (Archivos SDH) y los de las Leyes Reparatorias Nº 24.043, Nº 24.411 y Nº 25.192, custodiados en la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS y ofrecer a los estados provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coordinación de los archivos locales.

Que, de acuerdo al inciso d), le compete, entre otras acciones, contribuir a la coordinación regional y subregional de los archivos de derechos humanos.

Que el inciso f del Artículo 5º del Decreto establece, entre otras acciones, la de organizar el Archivo de Sitios relacionados con la represión ilegal.

Que desde la creación del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se han venido desarrollando actividades en dicho sentido, a partir de la creación de la Comisión Bipartita con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES relativa a la instalación del Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Que es preciso dar forma institucional a las instancias de colaboración planteadas.

Que en virtud de lo dispuesto en el inciso n) del precitado artículo, el Presidente del Archivo de la Memoria está facultado a celebrar convenios con universidades y otras entidades públicas o privadas para el cumplimiento

Resolución de la Secretaría de Derechos Humanos N˚ 014

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de los fines y objetivos previstos en este decreto, incluidos la definición de los subproyectos y las consultorías necesarias en materia de investigación y metodología.

Que en virtud del inciso o) del artículo precitado, este funcionario se encuentra facultado a adoptar todas las medidas organizativas, técnicas y metodológicas necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos del Decreto Nº 1259/03 - incluida la adquisición del equipamiento necesario (hardware y software)- y la formación y perfeccionamiento del personal técnico.

Que resulta conveniente, para el mejor desenvolvimiento de las acciones del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, instituir de una RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 1259/03. Por ello:

EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOSRESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase en el ámbito del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA, cuyo Plan de Gestión y Ejecución se incluyen como Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.ARTÍCULO 2º.- Créase el CONSEJO DE ASESORES TÉCNICOS DE LA RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA (REFESIM), el cual estará integrado por archiveros, historiadores e investigadores e informáticos, de acuerdo a la modalidad que establezca el Presidente del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA.ARTÍCULO 3º.- La coordinación de la RED FEDERAL DE SITIOS DE LA MEMORIA, (REFESIM) en el ámbito del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, será ejercida por la Señora Coordinadora General del mismo, Lic. Emilia Judith SAID (DNI Nº 6.439.241).ARTÍCULO 4º.- Cada provincia o región designará un Coordinador para integrar la RED FEDERAL DE SITIOS DE LA MEMORIA, de acuerdo a la modalidad que oportunamente establezca el Presidente del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA.ARTÍCULO 5º.- Establécese que la facultad del Presidente del Archivo Nacional de la Memoria de celebrar convenios con universidades, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 5º inciso n) Decreto Nº 1259/03, en el caso puntual de las pasantías, las mismas se instrumentarán de acuerdo a lo reglamentado por las normas específicas para este supuesto por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. ARTÍCULO 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán afrontados con los fondos correspondientes a la JURISDICCIÓN 40 –MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-.ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº 014

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ANEXO IRED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA

OBJETIVOActuar como Centro de la Red Operativa y de Recepción, de gestión y administración, de guarda y conservación, de digitalización e informatización y de interpretación e investigación de la información documental que forme o pueda formar parte de los fondos del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, en toda su extensión, dentro del territorio nacional.

PLAN DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA

INTERACTUAR con las provincias DAR CARÁCTER NORMATIVO Y CIENTIFICO el Plan de Gestión, con procedimientos administrativos que institucionalicen el Plan.REALIZAR el cronograma para la ejecución de los talleres en las provincias, que promuevan la identificación de dichos sitios y la toma de testimonios para la actualización en el registro de víctimas.VALORAR, EVALUAR los resultados de estos encuentros con criterios probatorios para aportar a los juicios que se llevan a cabo en juzgados provinciales y federales, por su interés informativo y testimonial.PROPONER La confección de un mapa nacional de identificación de dichos sitios con la propuesta de identificación y señalización de acuerdo a las iniciativas presentadas por cada provincia o región.APORTAR elementos para la confección de una Base de Datos Nacional.SUGERIR una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que coordine la actividad nacional con sede en la ciudad de Tucumán.DISEÑAR material comunicacional para informar acerca del desarrollo, actividades y propuestas que surgen de la Red.GARANTIZAR la intervención de todos los distritos nacionales, sin excepción, bajo los únicos ejes claramente definidos de Memoria, Verdad y Justicia, para las violaciones al Estado de Derechos.

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓNINTERACTUAR con organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes, organizaciones sociales que vienen desarrollando acciones en la recuperación de la Memoria Histórica.COORDINAR gestiones y trabajos de investigación, interactuando con otras ciencias, disciplinas, universidades y dependencias de estudios educativos.ELABORAR Y DIFUNDIR publicaciones, investigaciones, seminarios nacionales, regionales e internacionales en donde se expongan las experiencias en torno a los sitios de memoria y al relevamiento documental.COLABORAR con todos los organismos vinculados a esta temática, tanto en el país como en el exterior.

ANEXO IICONSEJO DE ASESORES TÉCNICOS DE LA RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA

FUNCIÓNSerá función del Consejo de Asesores Técnicos de la Red Federal de Sitios de Memoria, cuya integración será

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oportunamente propuesta por la Dirección del Archivo Nacional; interactuar, relevar, asesorar, evaluar, coordinar, instruir, capacitar, ejecutar, estudiar e investigar dentro del sistema, un Plan de Gestión Técnico y Científico que ayude en la construcción del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA.

ACCIONESEl Consejo de Asesores Técnicos de la Red Federal de Sitios de Memoria asistirá a las reuniones convocadas por la Dirección del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, el cual las coordinará a fin de:1. Intercambiar conocimientos.2. Informar novedades y experiencias.3. Realizar el diagnóstico de situación en la implementación de la Red Federal de Sitios de Memoria.4. Evaluar la calidad del trabajo.5. Visar Manuales de Procedimientos e Instructivos de Capacitación.6. Implementar políticas técnicas de acción continúa.7. Consensuar criterios técnicos.

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Resolución del Ministerio de Defensa N° 1309/2006

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006

VISTO la Resolución MD Nº 172 del 20 de febrero de 2006 y la Resolución MD Nº 287 del 21 de marzo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976 alcanzaron carácter sistemático, además de inusitada gravedad las experiencias de violaciones a los derechos humanos sufridas en nuestro país en distintos períodos de su historia contemporánea bajo las dictaduras militares amparadas en la doctrina de la seguridad nacional.

Que es responsabilidad del Estado generar condiciones para el ejercicio colectivo de la memoria ante las actuales y futuras generaciones, adoptando medidas útiles con el fin de documentar y testimoniar las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y sus consecuencias.

Que hoy tiene vigencia en nuestro país un amplio plexo de normas de reconocimiento de derechos humanos en los términos del artículo 75, inciso 22) de la Constitución Nacional que constituyen la base normativa del derecho a la verdad que, como tal, conlleva el correlativo deber de memoria del Estado, ambos explícitamente desarrolladas en el Proyecto de Principios para la Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, actualmente en curso de elaboración en la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

Que en consonancia con las políticas establecidas al respecto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL se considera importante desarrollar una política de preservación e identificación pública de aquellos lugares que fueran propiedad de las FUERZAS ARMADAS y en las cuales hubiere funcionado un centro clandestino de detención.

Que a los fines de organizar y definir los criterios para la consideración de los sitios o lugares como tales, este MINISTERIO considera que deberá estarse a lo que en el marco de sus competencias, disponga la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en cuanto a su reconocimiento.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDÍCOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención que le compete conforme el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

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Que la presente medida se dicta de conformidad con lo normado por los artículos 4° y 19° de la Ley de Ministerios (T.O.1992)

Por ello,LA MINISTRA DE DEFENSA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la colocación de placas identificatorias en aquellas dependencias de propiedad de las FUERZAS ARMADAS en las cuales, conforme el reconocimiento previo de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, hubieran funcionado centros clandestinos de detención en el período 1976-1983.

ARTÍCULO 2º.- Disponer que el texto de esas placas se hará conforme a lo establecido en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Disponer que la colocación de las placas a que se refiere la presente Resolución, se hará siempre que mediare solicitud expresa y fundada de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS quien deberá coordinar con las autoridades de este MINISTERIO DE DEFENSA las acciones que el cumplimiento de la presente exigiera.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Mº DEFENSA RESOLUCIÓN Nº 1309

Dra. Nilda GarréMinistra de Defensa

ANEXO I

En este lugar funcionó un Centro Clandestino de Detención, conocido como (insertar la denominación que corresponda) durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983.

NUNCA MASGOLPE Y TERRORISMO DE ESTADO

Fecha(Fecha de colocación)