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El gobierno bonaerense convocó a dos audiencias públicas para analizar en mayo próximo los fundamentos de los aumentos de las tarifas de peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, operados por la empresa estatal Aubasa.

La convocatoria, publicada en solicitadas en los diarios, se fijó para el 3 de mayo y tratará el cuadro tarifario de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a partir de las 10, en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, ubicada en calle 13

El 10 de mayo se concretará otra audiencia, a la misma hora y en el mismo lugar, para discutir el costo del peajes en el corredor vial integrado por la Autovía 2, la Ruta Nacional 11 y otras con trazado a la costa atlántica.

CONTROVERSIA

La convocatoria a las audiencias públicas llega en el marco de una controversia que se inició a mediados del mes pasado, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal resolvió autorizar a la empresa Aubasa a aplicar aumentos en los peajes.

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La suba, que incluyó aumentos de entre 30 y 70 por ciento, se publicó el 14 de febrero en el Boletín Oficial y comenzó a regir al día siguiente.

En la Autopista BA-La Plata elevó el valor de cada uno de los dos peajes para automóviles (Categoría 2) de 15 a 20 pesos y de 20 a 25 pesos en hora pico, que va de 7 a 10 sentido a la Capital Federal y de 17 a 20, mano a Provincia.

En tanto que en la Autovía 2 subió en los cinco cabinas, pasando de 45 a 75 pesos para los peajes Samborombón, La Huella y Maipú, y de 65 y 70 pesos para Madariaga y Mar Chiquita, respectivamente.

Pero luego, a principios de este mes la Justicia en lo civil y comercial de La Plata anuló los aumentos que el gobierno provincial había dispuesto para esos peajes, y ordenó la realización de audiencias públicas para tratar los incrementos.

El fallo, que luego fue apelado por la empresa Aubasa, fue firmado por el titular del Juzgado Civil y Comercial nº25 de La Plata, José Catoggio.

Catoggio hizo lugar a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense contra la suba en ambas carreteras, que originalmente partió de un planteo impulsado, entre otras organizaciones, por “Consumidores Responsables”.

El fallo se apoyó básicamente en dos argumentos. El primero, el incumplimiento del “deber de información” en que, entiende Catoggio, incurrió Aubasa al aplicar los aumentos sin la realización previa de una audiencia pública. El segundo, en “situaciones particulares” que se dan en cada uno de los casos: en la Ruta 2 por el “colapso que se produce en fechas determinadas” y en la Autopista por las obras que mantienen paralizado el Ferrocarril Roca.

INSCRIPCION

Los interesados en participar de las audiencias convocadas ayer y los que pretendan exponer en ellas deberán inscribirse en el ministerio de Infraestructura bonaerense o través de la siguiente dirección de correo electrónico concesiones@mosp.gba.gov.ar.

La inscripción deberá realizarse con una antelación de 48 horas.

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El incremento en los peajes de los accesos a la Ciudad más los de las autopistas internas, combinado con la suba en las naftas, produjo un fuerte encarecimiento del costo para venir en auto a la Capital Federal: hoy se pueden gastar hasta $ 555 por día.

Los combustibles aumentaron un 8% en enero y el litro de nafta súper está en $ 18,45. Si se toma en cuenta un consumo promedio de 125 litros mensuales, hay que calcular que el consumo diario para ir y venir a trabajar es de unos $ 105.

El segundo costo es el estacionamiento, dado que cada vez es más difícil encontrar espacios libres para dejar el auto en la calle, sobre todo en las zonas más céntricas. Una media estadía ya promedia cerca de $ 160, pero en el Microcentro puede llegar a $ 300.

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Pero el mayor gasto son los peajes. No sólo porque subieron, sino porque la Nación dispuso un nuevo esquema con horas "congestión", "pico" y "valle" y tarifas diferenciadas. La tarifa "congestión", la más alta, comenzará a aplicarse desde el 18 de abril, para que la gente primero se acostumbre al confuso esquema de horarios. Sumado a esto, por su cuenta AUSA, la operadora de las autopistas porteñas, extendió en una hora por cada tramo las horas pico: ahora corren de 7 a 11 y de 16 a 20.

Peaje en la Autopista del Oeste en Ituzaingó Foto: Luciano Thieberger

El monto más alto puede tocarles a quienes vienen desde el Oeste, según la hora en la que viajen. La tarifa aumentó un 81,25% y llega a $ 35 en hora "valle", $ 45 en "pico" y $ 50 en hora "congestión". Los que vienen desde más lejos tienen que pagar también el peaje en General Rodríguez. Si luego combinan con el peaje de la Perito Moreno dentro de la Ciudad, que cuesta $ 40 ó $ 55 según la hora, podrán gastar $ 290 de peajes diarios. Más la nafta y la cochera, llegan a $ 555.

En tanto, quienes vienen de zona norte por la Panamericana afrontan peajes un 70% a 75% más elevados. Los que viajan desde Pilar o Campana tienen que abonar $ 40 en hora valle o $ 50 en hora pico, y si luego suman el de la Illia, que es de $ 15 o $ 25 según la hora, el presupuesto se les va a $ 240, más la nafta llegan a $ 505 diarios. En tanto, los que vienen desde Tigre pagan $ 35 o $ 45 en hora pico más la Illia, con lo cual tienen $ 405 en total con $ 140 de peajes.

Para los que llegan desde el sudeste son hasta $ 140 en peajes, un 80% más que antes de febrero. Por andar en la Riccheri hay que pagar $ 10 o $ 15 según la hora, y luego la combinación con la 25 de Mayo está $ 40 o $ 55. También suman $ 405 diarios si se agregan combustible y garaje.

Habrá que ver qué pasa con quienes vienen desde el sur por la autopista Buenos Aires-La Plata. Es que la AUBASA, la empresa estatal bonaerense que controla la vía (también la Ruta 2), dispuso una suba de entre el 25% y el 33% de acuerdo a las franjas horarias, pero que luego fue frenada por la Justicia. Mientras tanto siguen rigiendo los $ 30 y $ 40 según la hora: en caso de que prospere el incremento, subirán $ 10 cada uno.

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En su reciente viaje por Australia, el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, participó del lanzamiento, junto con el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción, Mariano Mayer, del lanzamiento del programa AgTech Passport.

El programa Agtech Passport está apoyado por el gobierno argentino, Austrade y Quantas. Se trata de un programa de intercambio que tiene como objetivo que las startups Agtech de Latinoamérica y Australia ganen visibilidad internacional.

El fondo de inversión NXTP Labs, con sede en la Argentina y oficinas en Latinoamérica, anunció su alianza con SproutX, el primer hub de innovación AgTech de Australia, junto con el lanzamiento de Agtech Passport.

"La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene una capacidad considerable para aumentar su producción agrícola, pero para ser exitosos debemos confiar en la capacidad de la tecnología para transformar nuestra industria de manera sustentable. Por eso, este programa provee de acceso a las nuevas tecnologías y nuevas cadenas de valor a nivel global", dijo Negri durante el lanzamiento.

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Entre otras actividades, el secretario de Agricultura, que viajó a Australia en el marco de la gira que realizó la vicepresidenta Gabriela Michetti, también participó del Seminario de Promoción de Inversiones ante empresarios australianos.

A todo esto, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, se encuentra junto al subsecretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa, en Holanda enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Sarquís en el foro de negocios en Holanda.

Los funcionarios vienen trabajando con el embajador holandés, Martin de la Beij, en la asistencia de ese país para las obras de infraestructura planeadas para la Cuenca del Río Salado -zona inundable-, y el aprovechamiento y uso de la tierra.

Sarquís participó del Foro de Negocios en Amsterdam para contar las oportunidades para invertir en la agroindustria bonaerense. Entre otras actividades, también mantuvo reuniones con empresas holandesas de innovación para tambos. Estuvo con un experto de la empresa Lely para planificar el trabajo conjunto en materia de robótica. A todo esto, con la reina Máxima el ministro de Agroindustria bonaerense habló sobre posibilidades de financiamiento para agricultura familiar. "En Holanda hay una apertura muy importante hacia la Argentina", señaló Sarquís.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, que también estuvo en el Foro de Negocios, afirmó: "Holanda tiene una gran experiencia en comercio, infraestructura, manejo del agua y tecnología. Juntos podemos hacer que esos alimentos lleguen al mundo, agregando valor y generando empleo en nuestro país".

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Con preocupación viven los vecinos de un barrio de la localidad de San Carlos el lento desembarco de intrusos en terrenos de 151 y 34. Hace un poco más de un año, un principio de asentamiento tensó el clima de la zona durante varios días hasta que finalmente, por la intervención de la Justicia, la usurpación se desactivó, pero no faltaron entonces enfrentamientos con la policía y disparos de bala de goma.

Una semana atrás, en los mismos lotes, comenzaron instalarse unas diez familias. De a poco empezaron a “marcar” el terreno, subdividiendo las parcelas con estacas.

Vecinos de la zona dejaron ver su temor porque se asienten intrusos en esas tierras que, según trascendió, pertenecen a dueños particulares. Sin embargo, aseguraron fuentes de la subcomisaría La Unión , nadie se presentó en esa sede a radicar una denuncia por usurpación.

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“Nos preocupa que se forme un asentamiento. Porque ya hace unos meses pasó algo parecido y terminó habiendo un enfrentamiento muy fuerte con la policía, con balas de goma y todo, y no queremos volver a estar en medio de esa situación”, dijo una mujer que vive a muy pocas cuadras de la esquina de 151 y 34.

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El Senado bonaerense aprobará hoy el proyecto de reforma a la ley de ministerios impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal. La iniciativa contempla la creación de dos nuevas carteras en el esquema de gobierno: una de Ciencia y Tecnología e Innovación que se desprenderá de Producción y otra de Cultura, actual secretaría que ahora pasará a tener rango de ministerio. El proyecto ingresó el viernes de la semana pasada a la Cámara alta y tendrá un tratamiento exprés a pedido del Ejecutivo. Hoy será aprobado en el Senado y girado a Diputados, que sesionará mañana, para que tenga sanción final. La reforma a la ley de ministerios fue una jugada obligada para el gobierno provincial a partir de la decisión de Vidal de sumar a su equipo de colaboradores al ahora ex intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre, alejado de las filas del massismo. La incorporación del entonces jefe comunal por parte de la gobernadora Vidal apuntaba a sumar aliados políticos de peso dentro del escenario del Conurbano. La Gobernadora resolvió que De La Torre desembarque en el ministerio de la Producción, lo que generó un fuerte sacudón político con sus socios de la UCR.

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La apertura del congreso, de la cual participaron funcionarios nacionales y provinciales, se hizo en Casa de Gobierno. “Hay muchísimas personas en la Argentina que esperan y necesitan ser rescatadas”, señaló la mandataria provincial

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se hizo presente ayer en la apertura del III Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno. Del encuentro participaron la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del área de Justicia, Germán Garavano. También se hizo presente el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, y la coordinadora del Consejo Federal de Trata, Fabiana Tuñez.

“La trata tiene como víctimas a quienes están vulnerables, por lo que tiene que haber un Estado presente”, aseguró Vidal, y agregó que “se aprovecha de los pobres, los migrantes, las mujeres. No elige como víctima a cualquier ciudadano, sino a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, por eso tenemos que estar más presentes”.

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La mandataria distinguió que el Consejo se desarrolla con las diferentes provincias y con el Gobierno nacional, destacando que “en días en que parece tan difícil encontrar consensos, es muy bueno trabajar juntos contra la trata”.

El Consejo de Lucha contra la Trata de Personas se creó a finales de 2016 a través de la Ley 26.842, como un espacio de articulación y coordinación de acciones preventivas, sanción y asistencia, desarrolladas por distintos ministerios, organismos de los tres poderes provinciales y representantes de la sociedad civil.

Según la mandataria provincial, la trata “está acompañada por otros delitos complejos, como el narcotráfico”, con lo cual “estamos peleando con varios crímenes al mismo tiempo”. La gobernadora recordó entonces el caso de una mamá que había abandonado a su hijo “para que el Estado se hiciera cargo y no estuviera más sometido a la explotación de la que ella era víctima. Por suerte pudimos rescatarlos a los dos y hoy están juntos sin ser explotados”.

“Es un delito perverso”

El titular de la cartera de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, expresó por su parte que la trata de personas es un delito “complejo” que “no puede darse sin algún grado de connivencia del Estado”, dado que implica secuestrar, trasladar y explotar individuos.

“Es un delito tan perverso que explota sobre la idea de triunfo o progreso de las personas, combina el engaño y la mentira con el deseo de salir adelante”, consideró el ministro.

“Como el Estado es la fortaleza de los débiles, tenemos que contradecir al otro Estado, al que forma parte de la connivencia con ese delito”, manifestó el funcionario, quien destacó que en el gobierno provincial “hay un compromiso de trabajo conjunto con los ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación, y el Poder Judicial, que ahora, uniéndose a las organizaciones civiles, generan la combinación perfecta: comunidad y Estado”.

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LA PLATA.- En la cuarta semana de conflicto docente, el gobierno de María Eugenia Vidal se volverá a reunir hoy con los sindicatos en un nuevo intento por destrabar la pelea salarial que se extendió desde el inicio del ciclo lectivo .

Esta vez el escenario para el diálogo es distinto: esta semana sólo está anunciado un paro para pasado mañana. La medida, a diferencia de las otras, no incluirá a todo el Frente Gremial Docente, sino que únicamente al Suteba, el mayoritario de las seis organizaciones que integran el frente.

El lunes próximo vence la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno bonaerense.

Los ministros de Economía, Hernán Lacunza ; de Trabajo, Marcelo Villegas, y el secretario general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro , se sentarán hoy con los sindicatos para intentar acordar la suba salarial de 2017 y la compensación por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.

El gobierno de Vidal podría estirar su oferta hasta situar el piso en un 19,5 por ciento ajustable según inflación, más sumas no remunerativas. Difícilmente pueda superar ese umbral que ya acordó el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta .

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La última oferta fue un incremento anual de 19% en tres cuotas -sobre un salario inicial de 9800 pesos- y ajuste por inflación. Además, una suma no remunerativa de 500 pesos "por cargo y por única vez" como "compensación" por la pérdida de poder adquisitivo.

Hoy se mejorará la oferta, según trascendió, redistribuyendo dinero presupuestado para obra pública. El gobierno se tomará toda esta semana para negociar antes de acudir a un aumento por decreto, una medida que no se descarta, pero que no es la preferida de Vidal.

En tanto, los gremios mantienen altas expectativas por la nueva reunión: "Esperamos una propuesta superadora tras la Marcha Federal que se realizó el jueves pasado en Plaza de Mayo", dijo María Laura Torres, de Suteba.

Suteba hará paro esta semana, acorde con la propuesta de huelga de la CTA. Pero la medida no es acompañada en principio por el resto del Frente Gremial, que sólo acordó continuar con las "actividades de protesta" en cada distrito, sin que esto signifique paro general.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) adelantó ayer que esta semana decidirá "los pasos a seguir" porque "no hay tregua" a partir de que "el Gobierno se niega a convocar a la paritaria federal nacional".

Todo el Frente de Unidad Docente (compuesto por FEB, Suteba, UDA, AMET, Sadop y Udocba) podría dar a conocer nuevas medidas de fuerza en caso de que fracase la reunión de hoy. El reclamo de los trabajadores de la educación es de un 35% de aumento. Eso incluye 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo durante 2016 y 25 puntos por la inflación que proyectan para este año. Desde la provincia dejaron trascender que la pérdida del año anterior fue de 2 puntos.

El gobierno de Vidal ya dispuso el descuento de los días por paro, el "premio" por presentismo a los maestros que no hacen huelga, la conciliación obligatoria, las acciones sobre la personería gremial por el no acatamiento de los sindicatos y el recupero de clases en las vacaciones de invierno. Los descuentos y la conciliación obligatoria se dirimen aún en la Justicia.

Para los gremios también sigue en pie el reclamo por paritaria nacional. En ese sentido, los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, respaldaron ayer la negativa del Gobierno para convocar a una paritaria nacional.

"No tiene ningún sentido. Deben [resolverlo] los gobernadores de cada provincia en negociación con los sindicatos docentes de cada distrito", sostuvo Schiaretti.

Por su parte, Urtubey afirmó que "más del 85 por ciento del salario de un docente lo paga la provincia", por lo que "cada provincia debe resolver el conflicto" por su lado.

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Unos treinta intendentes de la Provincia enrolados en distintos sectores del peronismo pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que los convoque a una reunión “urgente” para abordar el tema de la inseguridad en sus distrito y manifestaron su “preocupación” por la decisión del Ejecutivo de suspender el ingreso de nuevos agentes para las policías locales.

A través de un comunicado, los jefes comunales peronistas expresaron inquietud por la suspensión del “ingreso para que se formen y egresen nuevos agentes de la Policía Local” ya que, dijeron, “hoy los efectivos no alcanzan y necesitamos duplicar la cantidad para llegar a todos los barrios”.

El documento sostiene que “la inseguridad es una de las principales problemáticas de los bonaerenses, que hoy se sienten desprotegidos” y pide por “consolidar un esquema descentralizado con mayores recursos”.

En este marco, los intendentes le solicitan a la gobernadora Vidal concretar un encuentro “urgente” para “colaborar activamente” en la búsqueda de soluciones a la problemática de la inseguridad y tratar

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temas relacionados a la Patrulla Rural, la DDI, la DDA, las comisarías de la mujer y los centros de monitoreo en el interior,

Entre los intendentes firmantes se encuentran Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Patricio Mussi (Berazategui), Bali Bucca (Bolívar), Julio Pereyra (Florencio Varela), Florencio Varela (Ituzaingó), Juan Pablo De Jesús (La Costa) y Verónica Magario (La Matanza) y Gabriel Katopodis (San Martín).

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El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, fue interpelado anoche en la sede del municipio de ese partido bonaerense por los 20 concejales del distrito, que prepararon más de 300 preguntas para indagar sobre la supuesta responsabilidad del funcionario en la organización del recital del Indio Solari, que dejó dos muertos y decenas de heridos.

Los legisladores de los ocho bloques que integran el Concejo Deliberante local elaboraron 324 preguntas para que el jefe comunal responda sobre su participación en la organización del evento, su relación con la productora encargada del show, En Vivo S.A., y saber además qué rol jugó el municipio en la atención de la gente tras el recital, entre otros temas.

El pedido de interpelación fue impulsado por el bloque del Frente Renovador en conjunto con Radicales Convergentes, y fue aceptado por todos los partidos con representación en el distrito, incluido Cambiemos.

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Vecinos, partidos políticos y organizaciones sociales de Olavarría asistieron anoche al recinto de la Municipalidad especialmente dispuesto para la interpelación de Galli. Al inicio de la sesión se realizó un minuto de silencio por las víctimas fatales del recital: Juan Francisco Bulacio y Javier León.

En uno de los puntos más controversiales, el intendente Galli respondió preguntas sobre el traslado de asistentes al show que habían quedado varados en su distrito el domingo posterior al recital.

En ese marco, el jefe comunal reconoció que un grupo fue traslado en camiones del municipio hasta una estación de servicio del vecino distrito de Azul, sobre la ruta 3 ya que, dijo, “así había sido acordado con el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que iba a disponer micros desde ese punto y hasta la capital federal”.

“El domingo quedaron varadas en la ciudad unas seis mil personas. Había un grupo de 200 personas con actitudes violentas que estaban causando problemas en la zona de la terminal”.

“Ante esa situación extrema se tomó una decisión difícil”, admitió el intendente.

HABILITACION Y OPERATIVO

Galli además respondió preguntas sobre la habilitación del predio La Colmena y sobre la cantidad de público asistente, un tema que quedó en medio de la polémica.

“Muchos funcionarios y yo mismo hicimos estimaciones de la cantidad pero los organizadores, experimentados, hablaron de 150 mil”, dijo el jefe comunal.

Además, Galli informó que “Defensa Civil estuvo a cargo de las evacuaciones de emergencia y todas ellas se concretaron correctamente”. Y señaló que “Mario Busto estuvo a cargo de la seguridad por ser el Jefe de la Policía Distrital y había estado en otros dos recitales del Indio”.

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El presidente Mauricio Macri visitó hoy la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, antes de reunirse con el primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, en su segunda jornada de su visita de Estado a los Países Bajos. El mandatario fue recibido por la presidenta del tribunal, la jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi, con quien posteriormente mantuvo una reunión, de la que participó parte de la delegación argentina que lo acompaña, entre ellos la canciller Susana Malcorra . Durante el encuentro, Macri transmitió a Gurmendi "el compromiso contundente de Argentina frente a la CPI, que tiene como objetivo proteger a las víctimas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional". "Argentina aboga por el fortalecimiento del mandato de la Corte y la universalidad e integridad del Estatuto de Roma", añadió el Presidente, según un comunicado conjunto. Asimismo, el mandatario expresó su orgullo ante el hecho de que el primer fiscal de la CPI haya sido el argentino Luis Moreno Ocampo y que ahora la presidenta sea Gurmendi, lo que muestra el fuerte compromiso de los argentinos con la tarea que lleva a cabo desde 2002 el tribunal internacional. Por su parte, Gurmendi subrayó que "como Corte permanente de último recurso", el tribunal que preside "ejerce un papel clave en los esfuerzos globales en la lucha contra la impunidad de los autores

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de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como en garantizar justicia a las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido". "En tiempos en los que la Corte está logrando importantes resultados judiciales, pero también enfrentando numerosos retos, el apoyo de Argentina y de todos los Estados Partes resulta de extrema importancia en los esfuerzos continuos de fortalecer la justicia global y el estado de derecho", dijo la presidenta del CPI, quien estuvo acompañada por la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, procedente de Gambia, entre otros funcionarios. "Argentina está comprometida con la promoción del Derecho y la Justicia internacional, en aras de lograr un mundo más pacífico en el siglo XXI", insistió Macri de acuerdo a la agencia Télam. Tras su paso por la CPI, el mandatario y su comitiva acudieron a la sede de la Organización para la prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), institución que en 2013 recibió el Premio Nobel de la Paz. Fueron recibidos por el director general de la institución, Ahmet Üzümcü. La agenda de Macri en su segundo y último día de visita de Estado a los Países Bajos continuó con reuniones con las autoridades del poder legislativo y ahora el mandatario está reunido con el primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte. Más tarde visitará el puerto de Rotterdam, principal puerta de entrada a Europa y uno de los más grandes del mundo.

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Los virulentos insultos de Cristina Kirchner sorprendieron anteayer hasta a los empresarios kichneristas de la Unión Industrial Argentina (UIA). Es que todos, más allá del signo político de preferencia, consideraron "graves" los dichos de la ex presidenta. Pero tras la difusión de un nuevo audio en el que Cristina Kirchner conversa con el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, algunos pudieron tomar aire: es que el deseo de "fundir" a algunos industriales desinfló los bríos internos de aquellos que hasta ayer pretendían acentuar más las críticas contra Mauricio Macri en momentos en que la industria atraviesa dificultades y cuando se multiplican los chispazos entre la propia UIA y algunos ministros por los despidos. Hoy, a las 15, los principales dirigentes de la entidad se reunirán para confeccionar una respuesta a la ex presidenta. Y aunque muchos creen que "no hay que levantarle el precio", lo más probable es que haya un escueto pero claro repudio a sus palabras. "Pero ellos que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos. Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también guita, ojalá se fundan todos, sabés, los de la UIA, ojalá se recontra refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono", le dijo el año pasado Cristina a Parrilli según el audio conocido anteayer. "Está loca, desquiciada, es una mala persona", afirmó a LA NACION el ex presidente de la UIA Héctor Méndez, que fue rector de la entidad los últimos cinco años del mandato kirchnerista. "Es una persona muy desequilibrada y los hechos lo están demostrando", agregó el empresario. "Está desquiciada o resentida", indicó, en sintonía, José Urtubey, vocal de la UIA. "Si a vos te interesa la industria, si te interesa el empleo, no podés desear que se funda la industria. Les estás deseando que le vaya mal a todos los argentinos. Jamás se puede sumar con esa declaración."

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"Son declaraciones muy poco felices", estimó a LA NACION José Ignacio de Mendiguren, vocal de la UIA y diputado del Frente Renovador. "Pero también entiendo que hay que ponerlo en contexto. Son unas escuchas entre dos personas que no son ni funcionarios", dijo. "Igual, estamos sobreactuando el tema de Cristina. Hay que poner el foco en el cierre de Alpargatas", agregó. LA NACION llamó a varios hombres de la UIA que prefirieron no darle entidad al tema, aunque sí opinaron en off. "En el NOA hay 50.000 personas que viven del azúcar", afirmaron. "No sé por qué se calentó con nosotros. Se ve que se le subió el azúcar a la cabeza. Será porque está procesada", ironizaron. "Es una barbaridad que la sociedad no reconozca el papel del empresariado industrial", señaló Teddy Karagozian, presidente de TN Plátex. "La industria es la solución para cualquier presidente", relató el textil en un mensaje para los oídos en ambos lados de la grieta.

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Los gremios del Transporte ratificaron ayer su adhesión al paro nacional del próximo 6 de abril, y pidieron al gobierno de Mauricio Macri “convocar a una mesa de diálogo y consenso”.

Así lo confirmó ayer el secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, quien afirmó que el paro del transporte será “total”, y sostuvo que en los reclamos figura la modificación de la política económica y “no” poner techo en la negociación salarial.

En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al paro nacional, y pidió al gobierno de Mauricio Macri “convocar a una mesa de diálogo y consenso con los sectores del trabajo, partidos políticos, empresarios e Iglesia”.

En ese marco, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó desde Holanda, donde acompaña al presidente Mauricio Macri, que el paro sindical se realizará ante la “falta de medidas y de gestión del Gobierno”.

Desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que si el Gobierno mantiene su plan económico van a “aumentar las calamidades que está sufriendo los argentinos”, mientras que el titular de la CTA

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Autónoma, Pablo Micheli, alertó que hay un “gran malhumor social” por las políticas económicas del Gobierno.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el paro convocado por la CGT se enmarca en una “actitud de confrontación”.

Sin embargo destacó que el Gobierno mantiene “diálogo” con distintos dirigentes sindicales, pese que “hay sectores más radicalizados” que quieren “imponer una agenda de debilitamiento” de la gestión del Presidente.

Durante un reportaje publicado ayer por un matutino porteño, Triaca expresó: “Cuando nos ponemos en una actitud de confrontación, no le sirve a la Argentina. Y ese es nuestro cuestionamiento al paro”.

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La diputada Margarita Stolbizer denunció que tres inmuebles que pertenecerían a los Kirchner no fueron incluidos en sus declaraciones juradas. Además, dio datos sobre inquilinos de otros inmuebles de la familia, a los que vinculó con el empresario Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner . Dijo que las propiedades no figuran en la sucesión ni en las declaraciones de impuestos ni en las de la Oficina Anticorrupción. Stolbizer remarcó que "únicamente se declaró un local ubicado en la planta baja del inmueble sito en la calle Alcorta 99 (esquina Chacabuco), pero no los tres departamentos que se ubican sobre el mismo". Se trata de un terreno adquirido por Néstor Kirchner el 30 de junio de 1982, sobre el cual se construyeron el local y los departamentos que, luego, fueron alquilados a Lázaro Báez hasta fines de 2015.

Uno de los departamentos de Buenos Aires de los Kirchner, el de Juncal 2166 piso 5, fue alquilado a Francisco Santamaría, un joven de 26 años de Río Gallegos, empleado de Idea SA (de Osvaldo Sanfelice) y que administra hoteles de los Kirchner. Ese joven es "hijo de Ariel Santamaría, ex asesor del secretario José López que, junto a su mujer, Claudia Risolía, y a través de la empresa Multideas SRL, recibió fondos públicos para organizar stands en Tecnópolis".

"Risolía, que fue directora de ceremonial de la Subsecretaría de Vivienda y gerente de la empresa de eventos Multideas, firmó como representante del Ministerio de Planificación un convenio que dio origen a la contratación de su propia empresa por 27 millones de pesos", dijo.

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En defensa propia, porque nadie está a salvo de la ruleta de las "pinchaduras", el peronismo evitó retrucar el destrato de Cristina de Kirchner que calificó de "bandita" a un pelotón de dirigentes del PJ. "No hace comentarios sobre escuchas judiciales" dijeron cerca de Miguel Pichetto. Idéntico argumento deslizó José Luis Gioja, jefe del PJ, que con ese batifondo como música funcional reúne hoy al consejo del partido. Ni Diego Bossio, prematuro anti K que dejó el bloque del FpV en el verano del 2016, menos de dos meses después de terminar su gestión en ANSeS, quiso zambullirse en ese tironeo dialéctico.

1114 En una charla con Oscar Parrilli, captada por orden judicial y 1115 luego filtrada a los medios, la ex presidente minimiza una 1116 movida para dividir los bloques del Congreso, que atribuye a 1117 "una bandita" que, dice, integran "El Flaco" -por Gioja- 1118 "Pichetto, Bossio y Urtubey". 1119 1120 Solo Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, parado en el 1121 podio de peronista que más se expresa contra los K, se subió 1122 al ring. Lo hizo para pararse "en las antípodas" de la ex 1123 presidente, acusarla de "querer que al gobierno le vaya mal" 1124 y opinar que es el "candidato menos competitivo". 1125 1126 Textual: "Si se presenta es el mejor negocio político del 1127 Gobierno, porque va a ganar más fácil. A mi juicio el 1128 candidato menos competitivo que tiene el peronismo es la ex 1129

presidenta porque tiene un altísimo nivel de rechazo en la sociedad". El salteño, a diferencia de su hermano José, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), tampoco se refirió específicamente a las escuchas sino que profundizó su antagonismo con la ex presidente. "Hubo charlas cruzadas entre dirigentes y miembros del consejo y se decidió que no vamos a referirnos al tema. Son escuchas y se filtran ilegalmente" dijo un dirigente del PJ que hoy estará en la cumbre convocada para las 3 de la tarde en las oficinas de la calle Matheu. Detalle: Aunque a principios de 2016 salió a pulsear para convertirse en jefe del consejo del PJ, hace meses que Urtubey no participa de las reuniones del partido. Ayer, varios dirigentes llamaron al salteño para apoyar sus dichos. La paradoja es que, en medio de esos chispazos, Axel Kicillof, el menos camporista de los que habitan la cúpula de La Cámpora, exploró una tesis en torno a Cristina que generó controversias en el PJ y a los oídos ultra K puede sonar a herejía. El ex ministro dijo que en las legislativas de este año se "plebiscita la gestión de Macri" y no lo que hizo Cristina. "Al Gobierno le resulta muy funcional si en la elección se discute si gana o pierte Cristina" dijo Kicillof, lo que se tradujo como que la eventual postulación de la ex presidente sería funcional al gobierno. El negocio de la polarización.

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Kicillof dijo, sin embargo, que la decisión respecto a la candidatura de Cristina no está tomada -o no se hizo pública- pero dio, como pista, que la elección importante es la de 2019. El fraserio que el ex ministro lanzó en Radio Con Vos fue tomado como buena señal por sectores del peronismo PJ que apuestan a que la ex presidente no se presente en la provincia y deje ese lugar para otros dirigentes. Se refieren a Florencia Randazzo, que se volvió un experto del oficio mudo: fotos y apariciones pero sin emitir opinión. Gioja y la mesa del PJ, varios gobernadores, dirigentes de todo el país, intendentes y legisladores, se enfocarán hoy sobre el mapa electoral: en particular, Corrientes -estará "Camau" Espínola, el candidato del PJ- y Santiago del Estero, donde se elige gobernador este año y distritos de peso, en particular Buenos Aires. Gioja repite, como mantra, un concepto: "la elección es provincial y la realidad de cada provincia requiere una táctica distinta". Significa, en el modismo simbólico del sanjuanino, que se otorga una especie de vía libre para pactos y posiciones en cada territorio. Hay, sí, asuntos puntuales. Celso Jaque, el ex embajador que quedó como interventor del PJ de Jujuy, dará un informe sobre lo que pasa en esa provincia donde, anticipó, a pesar de la disposición judicial que validó la intervención del partido, no puede entrar a la sede partidaria en San Salvador porque la policía jujeña no se lo permite. Jaque apunta al vicegobernador de Gerardo Morales, Carlos Haquim, un peronista aliado de Sergio Massa. Habrá, además, un documento sobre la situación económica y política en la que expresarán un acompañamiento al "movimiento obrero organizado" que prepara su paro general para el 6 de abril.

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Gobierno puso en marcha su anunciado plan preelectoral y aceleró en febrero el gasto en jubilaciones, vivienda, educación y transporte. Aunque en línea con lo presupuestado, el gasto público creció el mes pasado un 39,1% anual, por encima de la inflación del período, y sobre todo, bastante por encima de los ingresos, que en el mismo mes aumentaron un 35,6%. Así, el déficit fiscal primario (la diferencia entre ingresos y egresos antes del pago de los intereses de la deuda) ascendió a $ 26.746,8 millones, un 60,7% más que en igual período del año anterior. Si se incluyen los intereses, el déficit financiero sumó $ 30.000 millones, un 46,1% más que un año atrás. "El Gobierno está acelerando el gasto electoral -dijo Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica-. Subieron los subsidios sociales, las transferencias a las provincias y el gasto de capital." Impulsado por el gasto social y en obras públicas, el déficit fiscal creció 60,7% en un año Impulsado por el gasto social y en obras públicas, el déficit fiscal creció 60,7% en un año. Foto: Archivo De acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio de Hacienda, el gasto en prestaciones sociales el mes pasado creció por encima del promedio, un 47,1% interanual, y sumó $ 86.430 millones. Representa casi el 53% de todos los gastos corrientes del Estado. "Están teniendo gran impacto las leyes de reparación histórica y de movilidad jubilatoria -dice Amílcar Collante, economista de Cesur-. El Gobierno se comprometió con un ítem del gasto que representa gran parte del gasto público total, y no hay forma de revertirlo; son inamovibles las prestaciones. Hay que ver el resto cómo se comporta", advierte. De todas formas, lo más destacado en febrero pasado fue la aceleración del gasto de capital, que aumentó un 64%, a $ 15.955,8 millones, de la mano de un crecimiento de las erogaciones en transporte -obra pública vial-, que avanzaron un 41,4%; educación, un 95,3%, y vivienda, un 289,5%. "La ejecución de obra pública fue récord, superó los $ 18.000 millones en el primer bimestre", subrayó Álvarez. "El Gobierno entiende que tiene que acelerar la construcción, que es un sector clave, no sólo por el encadenamiento productivo que implica, sino también por el empleo. Si el empleo no mejora en forma más acelerada, la recuperación no se siente en la calle. Como la industria va a seguir ajustando, el único sector que puede cambiar el mapa rápidamente es el de la construcción", opinó. María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, cree que el crecimiento del gasto en obras no es preocupante ni pone en riesgo por ahora la meta anual prometida por el ministro Nicolás Dujovne de un déficit fiscal del 4,2% del producto bruto interno (PBI). No sólo porque el gasto está en línea con lo previsto en el presupuesto, sino porque la base con la cual se lo está comparando, febrero de 2016, es atípica. El año pasado, en ese mes prácticamente se había frenado todo gasto de capital, mientras trascendían los innumerables casos de corrupción del kirchnerismo y el Gobierno auditaba el descalabro heredado en obra pública. "La comparación con el año pasado es engañosa. No me asusta la cifra de gasto, me asustaría si los ingresos no dieran", dice Castiglioni. "De hecho, está todo más o menos en línea con el presupuesto.

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Además, el valor absoluto de gasto de capital no es exorbitante. El año pasado, el gasto promedio de capital del segundo semestre fue de 16.900 millones por mes." "Seguimos reorientando el gasto público de acuerdo con nuestras prioridades. Destinamos cada vez más recursos en mejorar la infraestructura del país, con más obra pública, y la situación de aquellos sectores más vulnerables -dijo el ministro Dujovne en un comunicado-. De cada $ 4 nuevos que se han gastado en lo que va del año, $ 3 los destinamos a obra pública y prestaciones sociales. Y de a poco vamos gastando menos en subsidios económicos. Todo ello en un marco de previsibilidad y consistencia que nos dan las metas fiscales", argumentó. La principal fuente de ahorro fueron, una vez más, los subsidios económicos. Los aumentos de tarifas hicieron que los subsidios subieran por debajo del gasto promedio e incluso cayeran en términos reales, dado que aumentaron un 25,7%, cuando la inflación interanual estimada por los economistas fue del orden del 34%. En febrero se gastaron en subsidios $ 14.452 millones. "En el fondo tenés que se ajusta el gasto de la clase media, los subsidios, y la que más recibe es la clase más vulnerable, porque aumenta el gasto en las asignaciones por hijo y las familiares, en educación, vivienda y transporte", dice Castiglioni. Pero no todos están tan tranquilos con la dinámica de las cuentas públicas. Irina Moroni, economista jefa de la Fundación Capital, cree que los gastos creciendo por encima de la inflación no contribuyen precisamente a hacerle más fácil la tarea al Banco Central (BCRA) para contener los precios. Además, destaca, los gastos siguen creciendo a mayor velocidad que los ingresos. "Probablemente -concede Moroni-, el Gobierno esté cumpliendo con la meta del primer trimestre, que es más bien laxa. Los mayores esfuerzos fiscales están concentrados para después de las elecciones", anticipa. Para muchos, después de octubre se jugará otro partido.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga una presunta evasión de casi 180 millones de pesos en impuestos a las Ganancias por parte de la Tupac Amaru, organización liderada por Milagro Sala, actualmente detenida en Jujuy. Como había anticipado Clarín en enero pasado, la dirigente kirchnerista es investigada por maniobras también de defraudación, asociación ilícita y lavado de dinero.

Un informe de la AFIP, al que accedió esta noche Clarín, sostiene que de los más de 507.964.160 pesos que la Tupac Amaru recibió entre 2013 y 2015, la organización habría evadido, al menos,177.787.456 pesos. Se trata de fondos públicos que el gobierno de Cristina Kirchner giró a la dirigente para construir viviendas que nunca se hicieron. Para el organismo fiscal, Sala se habría "apropiado" de esos recursos que debían asignarse en la construcción de unas 1.800 viviendas del Programa de Integración Sociocomunitaria, vinculado a la emergencia habitacional.

El fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana resaltó en diálogo con Clarín que la Tupac Amaru incurrió en "una práctica similar al programa Sueños Compartidos", que la organización Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini, con Sergio Schoklender. "Se recibían los fondos mediante cheques de 50 mil pesos que eran endosados y cobrados por ventanilla para hacer más difícil los controles", consignó el funcionario.

En el informe de la AFIP, se destaca que en 2013 los ingresos que tuvo el grupo de Sala fueron de $58.540.360, por lo que deberían haber tenido que pagar $20.384.126; en 2014 recibieron $257.283.200, con lo que deberían haber sido abonado $90.049.120en el impuesto a las Ganancias; y por último en 2015 obtuvieron $192.440.600 y no afrontaron obligaciones por $67.354.210.

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El documento hace referencia al manejo que la Tupac Amaru de los recursos que obtenía del Estado nacional: "Utilizaron dichos fondos discrecionalmente, también generando excedente, proveniente de las unidades no construidas, para su propio provecho, para su entorno familiar, para terceros, para el gasto político de la Organización y/u otros destinos".

El análisis que hizo la AFIP sostiene además que la Tupac Amaru actuó "en la práctica" de modo similar "a una empresa constructura", mediante el despliegue de una red de cooperativas.

"Hay una trama en la que se investiga el uso discrecional. Los fondos son de las casas sociales. Faltan analizar lo de los planes sociales y las escuelas. Trabajaron en un marco de descontrol". afirmó en diálogo con TN Central -que difundió esta noche la denuncia- el fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana.

Según Millón Quintana, "no se pagaban impuestos al fisco, ni se hacían aportes a los trabajadores; la tenencia de las viviendas -las pocas que se hicieron- era precaria y, en base a diversos testimonios, se pudo reconstruir la operatoria de todas estas cooperativas, que se basaba en violencia física y psicológica de Sala".

En tanto, Milagro Sala deberá prestar declaración este jueves ante la fiscalía jujeña en el marco de tres causas en su contra por "inducción a cometer delitos", como parte de diversas investigaciones abiertas entre el 28 de septiembre de 2016 y el 4 de enero último, informaron hoy fuentes judiciales.

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WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- El Rusiagate volvió a golpear en la Casa Blanca. Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno de los integrantes del círculo íntimo, será interrogado en el Senado sobre las reuniones que mantuvo con funcionarios rusos el año último y los vínculos de la campaña de Trump con el Kremlin.

Kushner será el primer miembro de la Casa Blanca -y el más cercano a Trump- que responderá preguntas de los senadores a cargo de una de las investigaciones por la injerencia del Kremlin en la última elección presidencial. Kushner se ofreció voluntariamente a testificar.

Jared Kushner y Donald Trump. Foto: Gentileza Slate

El Rusiagate ha dejado bajo sospecha al gobierno de Trump. Kushner, uno de los asesores más cercanos del presidente, un "diplomático en las sombras" involucrado en la política exterior de la Casa Blanca, decidió ir a testificar al Senado antes de ser llamado.

Esa novedad coincidió con otra revelación: el banco de desarrollo estatal ruso Vnesheconombank (VEB) informó que funcionarios de la entidad mantuvieron conversaciones con Kushner durante un road show bancario en 2016, cuando la entidad preparaba una nueva estrategia. Un vocero de Trump confirmó esas reuniones.

El escándalo ya ha golpeado la credibilidad de Trump. El presidente ha dicho, en reiteradas ocasiones, que todas las especulaciones sobre su campaña y el Kremlin son "noticias falsas" y que no tiene nada que ver con los rusos ni con Rusia.

Cada vez que un periodista preguntó sobre el tema, Trump dijo que era "un chiste" o una "artimaña". Pero, sugestivamente, cuando le preguntaron si alguien de su campaña sí se había reunido con los rusos, Trump respondió que "al menos" en lo que a él le constaba nadie había tenido contactos con Moscú.

Kushner también se reunió con el embajador ruso en Washington, Sergey I. Kislyak, luego de la elección presidencial y antes de que Trump asumiera.

El Rusiagate dejó otra novedad. Devin Nunes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, admitió ayer que fue a la Casa Blanca para revisar información clasificada un día

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antes de que la hiciera pública y, luego, volviera a la Casa Blanca para compartirla con Trump y su equipo.

La revelación dejó -otra vez- furiosos a los demócratas. El líder de la oposición en el Senado, Chuck Schumer, pidió la renuncia de Nunes al comité, y reiteró el llamado a una investigación independiente, en manos de un fiscal especial, un giro que el oficialismo quiere impedir cueste lo que cueste.

El martes último, Nunes se reunió por la noche, en secreto, en el predio de la Casa Blanca, con una fuente que le mostró informes de inteligencia, confesó ayer su vocero. Un día después, Nunes se paró delante de los micrófonos en el Congreso y dijo que Trump y su equipo de transición pudieron haber sido "espiados incidentalmente" tras la elección presidencial.

Trump, quien había acusado sin brindar evidencia alguna a su antecesor Barack Obama de "pinchar los teléfonos" de la Torre Trump, dijo que se sentía reivindicado.

La revelación de Nunes fue criticada por demócratas, republicanos y expertos en inteligencia y seguridad nacional porque el republicano quebró varios protocolos. Nunes no compartió la información obtenida con el resto de los miembros del Comité de Inteligencia antes de hacerla pública ni de compartirla con la Casa Blanca.

El Congreso y el FBI investigan cuál fue el alcance de la interferencia del gobierno de Vladimir Putin en la última elección presidencial y si el Kremlin colaboró de manera directa con la campaña de Trump para ayudarlo a derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

El líder demócrata del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, ha dicho públicamente que existe "más que evidencia circunstancial" sobre colusión entre el Kremlin y la campaña de Trump. El director del FBI, James Comey, confirmó ante el Congreso que la investigación busca dilucidar si hubo un pacto.

Dura advertencia de la prensa global

Los líderes de los grandes medios de comunicación internacionales agrupados en WAN-IFRA -de la que Adepa forma parte- señalaron su profunda preocupación por los persistentes ataques del gobierno estadounidense a la prensa. La organización le pidió en una carta al presidente Donald Trump que cese sus acusaciones de "falsificación informativa" y su discriminación contra ciertos medios. El texto rechaza la reiterada acusación de Trump, que califica a los medios de comunicación como "enemigos del pueblo estadounidense". "Es contraproducente ver al presidente de Estados Unidos alimentando un antagonismo contra los medios de comunicación al etiquetarlos -engañosamente- como «noticias falsas»", dice la carta de WAN-IFRA a presidente norteamericano.

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WASHINGTON.-El fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, urgió ayer a las llamadas “ciudades santuario” a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los indocumentados y a aquellos inmigrantes que hayan cometido algún delito.

“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar”, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. “No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por delitos pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, añadió el fiscal general.

Sessions anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular. Asimismo, agregó que una de las agencias de su departamento tiene previsto entregar más de 4.100 millones de dólares en subvenciones en este año fiscal.

Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de las policías locales y partidas económicas para la adquisición de nuevos equipos, como cámaras corporales que los agentes llevan en sus uniformes.

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El presidente Donald Trump firmó en enero un decreto para resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias y para interrumpir la concesión de ciertos fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, definición que incluye unas 200 urbes, condados y otras jurisdicciones en EE UU que protegen a los inmigrantes ilegales de la deportación.

Líderes de estas “ciudades santuario”, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazaron las propuestas de Trump y aseguraron que sus ciudades seguirían siendo un “santuario”.

Las “ciudades santuario” se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación. El término surgió en la década de 1980, luego de que la ciudad de Los Angeles le pidiera a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio en 1979. Y en 1989, la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración. Hay cientos de zonas en el país que funcionan de este modo, como las ciudades de Nueva York, Miami, Los Angeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco, Denver y Filadelfia.

Se estima que el impacto económico de un ataque financiero de Washington contra esas ciudades, que son engranajes clave en el motor de la prosperidad estadounidense, podría tener serias consecuencias. Por caso, la contribución económica de los cinco mayores centros poblados del país, todos ellos “ciudades santuario” (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y Filadelfia), desde los empleos hasta el comercio internacional, excede por mucho su participación de 6% de la población estadounidense, según datos compilados por Bloomberg. Y su éxito es significativamente alimentado por los inmigrantes.