“Si mueren, mueren”. Huelguistas de hambre versus

sistema judicial paraguayo

Clyde Soto

El título de este escrito son las palabras que un medio local atribuyó a la jueza Ana María

Llanes con relación al estado crítico de los huelguistas de hambre del caso Curuguaty[1],

cinco campesinos presos bajo la acusación de haber cometido los hechos punibles de

intento de homicidio doloso, invasión de inmueble y asociación criminal. Están privados de

libertad desde hace un año y nueve meses, esperando un juicio en el que no confían debido

a lo arbitrario de las acusaciones, a la falta de investigación real de la masacre de Marina

Kue (15 de junio de 2012) y al cúmulo de supuestas pruebas de carácter antojadizo, todo

esto a cargo del fiscal Jalil Rachid, quien lleva el caso aun cuando hay importantes vínculos

entre él y la familia dueña de la empresa latifundista Campos Morombi, que ocupa las

tierras estatales de Marina Kue. Al publicar estas líneas, transcurre el día número 47 de la

huelga de hambre, iniciada el 14 de febrero. El juicio fue fijado para el 26 de junio. Sólo el

levantamiento de la huelga haría que los cinco campesinos lleguen vivos a lo que se supone

debería ser una oportunidad para probar su inocencia, o para que el Estado paraguayo, a

través del fiscal asignado al caso, compruebe la culpabilidad de los acusados.

La jueza indicó que ella no tenía facultad legal para obligarlos a ingerir alimentos, de ahí su

frase-sentencia. “Ellos se niegan a que se les aplique intravenosas, sueros y tampoco

quieren consumir agua con electrolitos para evitar una descompensación. Nosotros como

juzgado no tenemos ninguna facultad legal para obligarles a que consuman alimentos, más

aún porque firmaron acta donde especifican que no quieren recibir ningún tipo de

asistencia. (…) No levantarán la medida hasta que consigan prisión domiciliaria o sean

liberados pero recién en junio tienen una audiencia, así que no se puede hacer nada”[2].

Dijo esto cuando concurrió a verificar el estado de uno de los huelguistas que había sido

internado. Los cinco campesinos expresaron negarse a recibir alimentación o tratamientos

médicos que pudieran interrumpir su medida en caso de que sufrieran desmayos o

descompensaciones, a través de una carta escrita a mano. Pero el tema no es obligarlos a

comer, sino negociar con ellos alguna salida que no sea la muerte debida a una medida

extrema de protesta frente a una situación que consideran tan gravemente injusta como para

ofrecer la propia vida, aunque sea de testimonio. Esa salida sería un cambio de la prisión

preventiva que ahora soportan como medida cautelar a un arresto domiciliario en tanto

esperan se celebre el juicio oral. No es lo que piden los huelguistas, que han demandado

libertad y una definición acerca de la titularidad de las tierras por las que se les acusa de

invasión de inmueble ajeno. Arresto domiciliario no es igual a libertad, pero podría ser al

menos una señal de buena voluntad por parte del sistema judicial, que habilitaría una

rendija de esperanza para que sigan con vida.

Quizás no sea potestad de la jueza Llanes levantar la prisión preventiva dictada por la otra

jueza, Janine Ríos, quien determinó la injusta medida en una audiencia preliminar realizada

en octubre de 2013. Pero no puede ser que la gente de derecho simplemente proponga que

el Paraguay entero se resigne ante cinco posibles muertes anunciadas y precedidas de tanta

injusticia. Aquí hay un tribunal responsable del juzgamiento del caso, que debería tomar

acciones sin que necesite de mayor burocracia o presión ciudadana, ante la certeza de que

con los acusados muertos ni habrá juicio ni menos aún habrá justicia. Hay una Corte

Suprema de Justicia, que debería apurar su dictamen sobre las tierras en disputa, pues el

anunciado juicio y la misma prisión de los campesinos –y hasta la propia masacre, que

ocurrió luego de una orden de desalojo– se realiza sobre el supuesto de la propiedad

privada de las tierras, una falsedad demostrada de múltiples maneras a través de

investigaciones independientes, documentos y asumida hasta por agentes estatales en

numerosas ocasiones. Pero hay silencios que matan. Éste podría ser uno de ellos.

No voy a discutir sobre quiénes tienen sobre su escritorio la pelota tata[3] del caso

Curuguaty y la suerte de los huelguistas de hambre. Pero de algo estoy segura: si se pudo

llegar hasta este punto por violación de las normas del debido proceso, en contravención de

la letra expresa de numerosas leyes y mandatos internacionales, se debe poder frenar que

avance la injusticia. Es imposible que no se pueda hacer nada. Alguna instancia o algún

resquicio de la ley deben quedar para impedir más tragedia sobre el campesinado pobre, y

sobre el Paraguay entero. En todo caso, lo que quedaría claro ante la indiferencia de las

autoridades, es que no quieren hacer nada. Sin embargo, por un resto de sentimiento

humanitario, deberían recordar que no valdrán medidas posteriores o tardías. Al final, lo

único de verdad inapelable es la muerte.

[1] Huelguistas de Hambre: “Si mueren, mueren”. Hoy, 27/03/2014.

http://www.hoy.com.py/nacionales/huelguistas-de-hambre-si-mueren-mueren

[2] Ibíd.

[3] Pelota de fuego. Juego tradicional de las fiestas de San Juan en Paraguay.