Con la publicación de este número monográ-fico sobre "fraude de ley en la contrata-ción", ampliamos el contenido de los

"Observatorio Jurídico", que cuatrimestralmen-te editará una monografía con sentencias sobreun tema de interés, además de seguir publi-cando los números hasta ahora habituales yque vienen recogiendo sentencias de actuali-dad de los distintos Tribunales sobre todas lasmaterias laborales y de Seguridad Social.

El presente número monográfico, que estádedicado al "fraude de ley en la contratación",contiene una selección de veinticinco senten-cias de los Tribunales Superiores de Justicia.

A nadie se le escapa que el fraude en la con-tratación es un tema de máxima importancia yconstante actualidad ya que a través del mismose perpetúan los contratos temporales de lostrabajadores, con menoscabo de sus derechoslaborales y con la consiguiente incidencianegativa en la acción sindical. Tampoco hayque olvidar que la lucha contra el fraude, parala reducción de la temporalidad, es uno de los

objetivos básicos de la "Reforma para la mejora y elcrecimiento del empleo" recientemente negociadaentre los sindicatos, la patrona y el Gobierno, por loque el conocimiento de la doctrina de los Tribunaleses un factor muy importante para exigir a los empre-sarios el cumplimiento de las leyes.

Como complemento a la citada selección de senten-cias, se añade un extracto del libro "El contrato even-tual por circunstancias de la producción" del que esautor el profesor Joaquín Pérez Rey (Editorial Bomar-zo, Básicos de Derecho Social 21). El extracto selec-cionado versa sobre la "Identificación de la causa delcontrato eventual por circunstancias de la produc-ción", que como bien dice el autor, es un requisitoesencial de este contrato.

Esperamos que el material que ponemos a vuestradisposición en esta nueva etapa sea de interés yayuda para acometer la acción y el asesoramientosindical del día a día.

DICIEMBRE 2006 TERCER CUATRIMESTRE6

SENTENCIASCOMENTADAS

SENTENCIASCOMENTADAS

MONOGRÁFICOFRAUDE DE LEY ENLA CONTRATACIÓN

fundaciónsindicaldeestudiosfundaciónsindicaldeestudios

Centro “Abogados de Atocha”. Sebastián Herrera, 14

www.fundacionsindicaldeestudios.orgPresidente: Rodolfo Benito ValencianoVicepresidenta: Elvira S. LlopisCoordinador: Jose Luis ÁlvarezPublicaciones: Adela Crespo ÁlvarezEdita: Fundación Sindical de EstudiosSebastián Herrera, 14 - 1a planta. 28012 Madrid

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SENTENCIAS COMENTADAS EN ESTE NUMERO

1.- STSJ DE MADRID de 16 de nero de 2006; Rec.4797/2005. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. Utilización de contrato de interinidad paraacumulación de tareas: no conlleva que adquirieranfijeza los así contratados, pues produciendo talausencia una acumulación de tareas y mediandopacto expreso de temporalidad, la consecuenciaprocedente es asignar a tales contratos la naturale-za que le fuera propia, aplicando su régimen especí-fico. Y habiendo permanecido la trabajadora tresmess en ejecución del contrato de interinidad, en elque se detallaron los períodos vacacionales de lostrabajadores en cuestión, no se ha producido fraudede ley.

2.- STSJ DE VALENCIA de 31 de nero de 2006; Rec.2512/2005. Fraude de ley en la contratación. Exis-tencia. Sucesivos contratos eventuales para aten-der necesidades permanentes de la empresa que decara al actor se materializaban de forma intermiten-tes mediante el trabajo en fines de semana y festi-vos.

3.- STSJ DE ANDALUCÍA/MÁLAGA de 9 de septiembrede 2005. Rec. 2473/2005. Fraude de ley en la contra-tación. Existencia. Trabajador que fue contratado através de nueve contratos para obra o serviciodeterminado sin solución de continuidad, realizandotodo tipo de funciones correspondientes a la activi-dad ordinaria y permanente de la empresa.

4.- STSJ ANDALUCÍA/MÁLAGA de 15 de febrero de2006; Rec. 89/2006. Fraude de ley en la contratación.Existencia. En los contratos temporales la emplea-dora no especificó con claridad y suficiencia en quéconsistía la obra o servicio o la causa de la acumu-lación. Desempeño constante e ininterrumpido deun mismo puesto de trabajo que pone de manifiestola inexistencia de causa temporal en la contrata-ción.

5.- STSJ ANDALUCÍA/MÁLAGA de 15de febrero de2006; Rec. 28/2006. Fraude de ley en la contratación.Existencia. La causa de la temporalidad debe existiren el momento de su concertación, no en el de suextinción, pues tal causa opera como sustento lógi-co y previo para el contrato eventual.

6.- STSJ DE VALENCIA de 21 de febrero de 2006; Rec.3767/2004. Fraude de ley en la contratación. Exis-tencia. La sociedad mercantil Correos y Telégrafosaún cuando pertenece al sector público, no puedenasimilarse a la Administración Pública. Le resulta deaplicación el plazo máximo de 3 meses para los pro-cesos de cobertura de vacantes. Improcedencia deldespido.

7.- STSJ DE CATALUÑA de 22 de febrero de 2006; Rec.698/2004. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. No ha quedado acreditada la acumulación detareas que pudiera justificar la temporalidad delcontrato de trabajo.

8.- STSJ DE VALENCIA de 23 de febrero de 2006; Rec.2278/2005. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. Sociedad Mercantil Correos y Telégrafos.Contratación efectuada antes de su conversión enSociedad Mercantil: no resulta de aplicación elplazo máximo de 3 meses para la cobertura devacantes establecida en el Estatuto de los Trabaja-dores. Inexistencia de despido.

9.- STSJ DE MADRID de 27 de febrero de 2006; Rec.5569/2005. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. El contrato de trabajo suscrito lo fue paraobra o servicio determinado, en relación con el pro-grama de prevención y control del absentismo esco-lar, adjudicado a la empresa demandada por elAyuntamiento, que concluyó. Los contratos que vin-cularon a las partes traían causa de las adjudicacio-nes municipales otorgadas a la empresa, que teníanindividualizada y delimitada su duración, en razón asu objeto y a los ejercicios anuales de desarrollo delmismo; y estaban sujetos además a determinadopresupuesto, lo que excluye el fraude de ley.

10.- STSJ DE MADRID de 27 de febrero de 2006; Rec.5595/2005. Fraude de ley en la contratación. Ine-xistencia. El objeto del contrato temporal era el"aumento de ventas y repartos", y efectivamenteexistió un incremento en la actividad comercial dela empresa, sin que sea óbice a la validez de lacontratación temporal que las ventas volviesen adescender. Al proceder de la empresa llegado eltérmino a extinguir la relación laboral, actuócorrectamente.

11.- STSJ DE ARAGÓN de 27 de febrero de 2006; Rec.93/2006. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. Trabajo de artistas. Se trata de una espe-cialidad que tiene su razón de ser en las propiaspeculiaridades de la actividad del trabajo de losartistas, tanto referidas a la propia persona delartista, como de la propia actividad y el marco enque se desarrolla que haría disfuncional la regla dela contratación general. El régimen jurídico de estetipo especial de contratos es sustancialmente dis-tinto al de los contratos temporales a que se refie-re el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley delEstatuto de los Trabajadores.

12.- STSJ DE ARAGÓN de 6 de marzo de 2006; Rec.120/2006. Fraude de ley en la contratación. Exis-

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tencia. Contrato de trabajo por acumulación detareas: debe indicarse con precisión y claridad lacausa que lo justifica. Improcedencia del despido.

13.- STSJ DE CATALUÑA de 10 de octubre de 2006;Rec. 271/2005. Fraude de ley en la contratación.Inexistencia. No pueden aplicarse los criteriossobre contratación temporal y fraude de ley en lacontratación establecidos en el art. 15 del Estatu-to de los Trabajadores , sin tener en cuenta que larelación laboral en litigio no se rige por estas nor-mas genéricas del Estatuto de los Trabajadores,sino por las más concretas y especificas relativasa la contratación temporal de trabajadores minus-válidos a las que expresamente se acoge.

14.- STSJ DE MADRID de 13 de octubre de 2006; Rec.5554/2005. Fraude de ley en la contratación. Exis-tencia. La contratación laboral temporal tenía subase en una contrata mercantil de concesión deservicios, lo que significa que existe un límite entanto que el servicio se presta por encargo de untercero y mientras tal vínculo mercantil se manten-ga. La irregularidad surge cuando no se da razónde por qué existiendo una única contrata que noha acabado se pone fin a la relación laboral queestaba en dicha contrata justificada, para a conti-nuación formalizar nuevo contrato, sin respetar laantigüedad y amparado en la misma contrata.

15.- STSJ DE MADRID de 13 de marzo de 2006; Rec.5751/2005. Fraude de ley en la contratación. Ine-xistencia. Contrato por acumulación de tareas.Aunque el incremento de ventas no coincidiesecon todo el periodo de extensión temporal del con-trato, si existe un incremento de volumen de tra-bajo durante la mayor parte de tal periodo, por loque ha de considerarse que el contrato temporalsuscrito se acomoda a lo dispuesto en el artículo15.1.b) del ET y en Convenio Colectivo aplicable

16.- STSJ DE ARAGÓN de 14 de marzo de 2006; Rec.152/2006. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. Administraciones Públicas. La existenciade una demora en la cobertura de la laza no con-vierte un contrato de interinidad por vacante enindefinido.

17.- STSJ DE MADRID de 21 de marzo de 2006; Rec.6009/2005. Fraude de ley en la contratación. Ine-xistencia. La presunción del artículo 15.3 del ET noes "iuris et de iure" sino que permite prueba encontrario para demostrar la naturaleza del contra-to. Si bien es cierto que la causa de la contrataciónse había establecido de modo genérico, la empre-sa ha probado suficientemente que durante la

época de duración del contrato existió una acumu-lación de tareas al existir entonces un solo traba-jador, por lo que con dicha prueba ha destruido lapresunción legal de fraude de ley.

18.- STSJ DE MADRID de 27 de marzo de 2006; Rec.6071/2005. Fraude de ley en la contratación. Exis-tencia. La contratación temporal en nuestro orde-namiento jurídico ha de ser necesariamente cau-sal, debiendo consignarse y especificarse en elcontrato el motivo y las circunstancias concretas yespecíficas que dan lugar a que se acuda a lamodalidad de la contratación temporal. En estecaso concreto, se expresa como causa el "aumen-to de clientes", lo que en modo alguno apareceacreditado, tratándose además de una fraseimprecisa.

19.- STSJ DE CASTILLA-LA MANCHA de 27 de abril de2006; Rec. 2095/2005; Fraude de ley en la contrata-ción. Existencia. Contrato para la formación. Nopuede calificarse como contrato de formaciónaquél en el que la formación no se preste, en el quela formación prestada sea únicamente práctica oen que al trabajador se le asignen trabajos que nopermitan la obtención de la formación debida.Improcedencia del despido.

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20.- STSJ DE MADRID DE 3 de mayo de 2006; Rec.425/2006. Fraude de ley en la contratación. Inexis-tencia. Habiéndose cumplido siempre las exigen-cias de concreción de la obra y de ejecución de lasprestaciones en la obra señalada y no en otras dis-tintas, no se aprecia ilicitud alguna en la celebra-ción, ejecución y extinción de los contratos. Eldato de que no conste la terminación de cada unade las obras intermedias no convierte en fraudu-lentos los contratos, pues la causa de temporali-dad existe, y aun en la hipótesis de que no hubie-ran finalizado cuando el trabajador y la empresasuscriben la cláusula para que aquél pase a pres-tar servicios en otra obra, no habría en ello renun-cia alguna de derechos, pues no existía fijeza, y eldejar a una obra para pasar mediante contrato deigual clase a trabajar en otra obra, no implicarenuncia a derecho alguno, sino una situación másventajosa para el trabajador pues es presumibleque a la nueva obra le quede más tiempo de dura.

21.- STSJ DE CANARIAS/LAS PALMAS de 8 de mayo de2006. Fraude de ley en la contratación. Consigna-ción en el contrato de acumulación de tareas de lacausa de la contratación con expresiones vagas eimprecisas. Realización de actividades ordinariasde la empresa. Improcedencia del despido.

22.- STSJ DE CASTILLA Y LEÓN/VALLADOLID de 5 dejunio de 2006; Rec. 910/2006. Fraude de ley en lacontratación. Existencia. Si bien la contratacióninicial de la trabajadora pudo estar debidamentejustificada ya que concurría la causa de temporali-dad, una vez transcurrido el plazo legal máximo deduración del contrato no puede seguir concurrien-do la causa de temporalidad, sin que sea posible

recurrir a la solución de extinguir el contrato deuna trabajadora y contratar a otra exactamentecon el mismo tipo de contrato "eventual" por cir-cunstancias de la producción, y con la mismacategoría profesional, ocupando la plaza que hastaahora ocupaba la trabajadora cuyo contrato seextingue.

23.- STSJ DE CASTILLA-LA MANCHA de 13 de junio de2006; Rec. 149/2005. Fraude de ley en la contrata-ción. Existencia. Suscripción de contratos labora-les de temporada con la única finalidad empresa-rial de no abonar la retribución durante el períodocoincidente con las vacaciones, ni la cotización ala Seguridad Social.

24.- STSJ CASTILLA Y LEÓN/VALLADOLID de 23 dejunio de 2006; Rec. 1166/2006. Fraude de ley en lacontratacion. Inexistencia. La mera irregularidaden la formalización del contrato, omitiendo elrequisito de consignar el nombre del trabajadorsustituido, no supone que el contrato se haya for-mulado en fraude de ley cuando se concreta en elcontrato la plaza que se va a desempeñar, efecti-vamente se ocupe dicho puesto de trabajo y con-curre una causa que justifica la temporalidad de lacontratación.

25.- STSJ DE MURCIA de 3 de julio de 2006; Rec.708/2006; Fraude de ley en la contratación. Exis-tencia. El hecho de que la trabajadora prestaseotros servicios ajenos a los pactados significa queel contrato temporal no ampara la realización delos mismos e implica un fraude de ley, pues no sepretendía cumplir con la finalidad perseguida porla ley, al autorizar el contrato suscrito, pues estu-vo realizando actividades de carácter permanente.

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1.- STSJ MADRID; 16/01/06; Rec.4797/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. Utilización de contrato deinterinidad para acumulación de tareas: no conllevaque adquirieran fijeza los así contratados, pues pro-duciendo tal ausencia una acumulación de tareas ymediando pacto expreso de temporalidad, la conse-cuencia procedente es asignar a tales contratos lanaturaleza que le fuera propia, aplicando su régimenespecífico. Y habiendo permanecido la trabajadoratres meses en ejecución del contrato de interinidad,en el que se detallaron los períodos vacacionales delos trabajadores en cuestión, no se ha producidofraude de ley.

Una limpiadora ha venido prestando servicios porcuenta de la empresa demandada desde 01-07-03,formalizando los siguientes contratos:

De interinidad, de fecha 01-07-03, a tiempo completo,con duración hasta 01-10-2003, para sustituir a la tra-bajadora Susana (del 01/07 al 31/07), Antonia (del01/08 al 31/08) y Begoña (del 01/09 al 01/10), siendola causa de temporalidad: vacaciones.

El 02-10-2003 suscribió un nuevo contrato de interini-dad a tiempo completo con duración hasta incorpo-ración de la titular, fin de contrato o baja en la empre-sa de la sustituida por cualquier otra causa, para sus-tituir a otra trabajadora (Estefanía), siendo la causa I.T.

El 06-08-2004 suscribe un nuevo contrato de interini-dad, a tiempo completo, con duración hasta incorpo-ración de la titular, fin de contrato o baja en la empre-sa de la sustituida por cualquier otra causa, para sus-tituir a otra trabajadora (Estefanía, siendo la causa dela temporalidad: "Hasta resolución del Tribunal Médi-co".

El día 4-11-2004, le comunica que quedará concluidala relación laboral.

En primer lugar argumenta la recurrente que incurrenen fraude de ley los contratos celebrados en la moda-lidad de interinidad para sustituir a trabajadores quese hallan disfrutando de vacaciones reglamentarias,pues no hay reserva de puesto de trabajo sino inte-rrupción de la prestación, y no existe por tanto sus-pensión del contrato ni del abono del salario.

Por lo que se refiere a la elección del tipo contractualadecuado para atender al incremento de tareas quese produce debido a los períodos de vacaciones delos trabajadores de plantilla, es cierto que la jurispru-dencia se ha inclinado por el contrato eventual, pues-to que la ausencia por vacaciones no es una situaciónde suspensión del contrato de trabajo con derecho areserva de plaza, sino una mera interrupción ordinariade la prestación de servicios que no genera unavacante reservada propiamente dicha. Ahora bien,también se ha declarado que si se utiliza el contrato deinterinidad, tal irregularidad, por sí sola, no llevaríaconsigo que adquirieran fijeza los así contratados,pues produciendo tal ausencia una acumulación detareas y mediando pacto expreso de temporalidad, laconsecuencia procedente es asignar a tales contratos

la naturaleza que le fuera propia, aplicando su régi-men específico (TS de 5-7 y 12-7-94, 15-2-95). Yhabiendo permanecido la trabajadora tres meses enejecución del contrato de interinidad, en el que sedetallaron los períodos vacacionales de los trabajado-res en cuestión, hay que concluir que no se ha pro-ducido el fraude de ley que se alega.

Seguidamente se argumenta que el convenio colecti-vo de limpieza de la Comunidad de Madrid estableceen su art. 49 que los trabajadores interinos pasarán aocupar el puesto de trabajo del trabajador sustituidoen el caso de que no se produzca la reincorporaciónde este último, siempre que el puesto de trabajo semantenga y dejando a salvo la aplicación de las prio-ridades fijadas en el art. 9 del convenio. Aduce larecurrente que la persona sustituida en el segundo yen el tercer contrato ha sido declarada afecta de inca-pacidad permanente total y que correspondería a laempresa acreditar que el puesto que ha dejado libreno se ha mantenido.Sin embargo, se ha probado en el juicio oral que, sibien se ha contratado a una nueva trabajadora, estano ocupó el puesto dejado vacante por Estefanía opara realizar sus funciones, añadiendo que no se hacontratado a nadie para cubrir la jornada de la actora. Se desestima el recurso por inexistencia del fraude deley alegado.

2.- STSJ VALENCIA; 31/01/06; Rec.2512/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. Sucesivos contratos even-tuales para atender necesidades permanentes de laempresa que de cara al actor se materializaban deforma intermitentes mediante el trabajo en fines desemana y festivos.

El demandante, previa solicitud por escrito en la queexpresaba su deseo de ser contratado preferentemen-te en fines de semana y festivos, por estar estudian-do en la universidad, ha venido prestando sus servi-cios por cuenta de la demandada, dedicada a la acti-vidad de fabricación y manipulación de conservasvegetales, a la que resulta de aplicación el conveniocolectivo de dicho sector, desde el 22-5-1999, en vir-tud de diversos contratos temporales que, cuando sehan formalizado por escrito, lo han sido, por obra oservicio determinado, en todos los casos con catego-ría profesional de especialista.La empresa, se ve en ocasiones sometida a las exi-gencias que impone el producto fresco que manipu-la, de manera que, si las condiciones agrícolas se pro-ducen, ha de incrementar el trabajo, absorbiendo lapunta de producción, para evitar que los productosperecederos, se echen a perder. Ello implica el trabajoen sábados y domingos y festivos, que se extiendeentonces a jornadas de 12 horas diarias, pese a que lajornada ordinaria, sigue siendo de lunes a viernes, enocho horas diarias, que se regulan por el acuerdo pari-tario de 2-6-1988. En su recurso, alega en sustancia la empresa recu-rrente que, el haber utilizado contratos de obra en

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lugar de eventuales fue debido a que en estos últimoses preceptivo que se consigne un plazo y a la empre-sa le resulta imposible conocer la fecha de finalizaciónde antemano; que en las seis contrataciones en lasque no se suscribió contrato temporal alguno (conduración de escasos días) limitándose la empresa acomunicar dicha contratación al INEM, ello fue debidoa un mero error administrativo; y que, en suma, es evi-dente la naturaleza temporal de la actividad o serviciosprestados por el actor, al no ser ni permanentes, nicíclicos ni homogéneos.

La cuestión debatida se centra en determinar la natu-raleza de la relación mantenida entre la empresa recu-rrente y el trabajador, considerando este último que setrata de una relación de naturaleza fija-discontinua, loque ha sido estimado por la sentencia de instancia, yalegando la empresa que nos encontramos ante unarelación temporal de carácter eventual.

Debe recordarse que esta Sala en relación con la con-tratación eventual ha señalado, que de acuerdo con ladoctrina del TS expresada al interpretar el artículo 3.2,a) del RD 2.546/94 -precedente del vigenteR.D.2720/98 -, de las que son expresión las senten-cias de 24-6, 25-11, 4-12, 10-12 y 30-12-1996 y 18-11-1998, que el válido acogimiento de tal modalidadcontractual no sólo requiere que se "concierte paraatender las exigencias circunstanciales del mercado,acumulación de tareas o exceso de pedidos", sinoademás que, al ser concertado, sea consignada conprecisión y claridad la causa o circunstancia que lojustifique y que, en el desarrollo de la relación laboral,el trabajador sea ocupado en la ejecución de talestareas.

Ahora bien, también se ha señalado que lo realmentetrascendente no es tanto la consignación de la causaen el contrato, como que la misma exista, de modoque si la empresa pese a la defectuosa redacción delcontrato, logra acreditar en el acto del juicio la exis-tencia de una acumulación de tareas o incremento enla producción que justifica el recurso a la contratacióntemporal, el defecto formal carece de trascendencia aefectos de convertir la relación en indefinida, pero talacreditación no se ha producido en el presente caso.

Llegados a este punto debe ponerse de manifiestocuál es la doctrina del TS a la hora del establecimien-to de la diferencia entre los supuestos en que cabecontratar eventualmente de aquellos en que debeprocederse a la contratación como fijo discontinuo dedeterminado trabajador. Para ello cabe citar la sen-tencia a de dicho TS de 1-10-2001, según la cual, deacuerdo con la doctrina de la Sala, existe un contratofijo de carácter discontinuo "cuando, con independen-cia de la continuidad de la actividad de la empresa, seproduce una necesidad de trabajo de carácter intermi-tente o cíclico, es decir, en intervalos temporalesseparados pero reiterados en el tiempo y dotados deuna cierta homogeneidad", mientras que el contratode eventualidad sólo está justificado cuando "la nece-sidad de trabajo es, en principio, imprevisible y quedafuera de cualquier ciclo de reiteración regular" (sen-tencias de 27-9-1988, 26-5-1997, 25-2-1998 ). Esteplanteamiento genérico ha sido matizado por elmismo órgano judicial en ocasiones a fin de excluir la

consideración del trabajador como fijo discontinuo encasos tales como los de un trabajador contratado paraprestar servicios en guardería temporera por la cam-paña de la aceituna, al estar condicionada su existen-cia a la previa percepción de la correspondiente sub-vención. Fuera de estos supuestos en los que existeuna situación condicionada a necesidades presupues-tarias, si existe una necesidad de carácter intermiten-te de trabajo, que reviste caracteres de homogenei-dad, y que viene repitiéndose con carácter cíclicocada anualidad, deberá considerarse que estamosante una necesidad de trabajo discontinuo, por lo queésta deberá ser la modalidad de contratación. En este supuesto se confirma el carácter y condiciónde fijo discontinuo de la relación del actor con laempresa demandada. Nos encontramos ante la nor-mal actividad de la empresa, y al utilizar la contrata-ción temporal (el contrato eventual sólo estaría justifi-cado cuando la necesidad de trabajo fuera imprevisi-ble y quedara fuera de todo ciclo de reiteración regu-lar) se esta eludiendo la fijeza y utilizando en fraude deley la norma.

3.- STSJ ANDALUCÍA/MÁLAGA; 09/02/06;Rec. 2473/2005. Fraude de ley en la con-

tratación. Existencia. Trabajador que fuecontratado a través de nueve contratos para

obra o servicio determinado sin solución de continui-dad, realizando todo tipo de funciones correspondien-tes a la actividad ordinaria y permanente de la empre-sa.

Desde el 23 de marzo de 1999, el actor ha ido suscri-biendo sucesivos contratos de trabajo en la modali-dad de obra o servicio determinado, causando alta ybaja en las citadas empresas. Así, el primero de fecha22-03-99 a 5-01-00; el segundo de 13-01-00 a 22-05-00; el tercero de 23-05-00 a 03-04-02; cuarto de 23-5-02 a 5-8-02; quinto de 6-08-02 a 2-04-03: sexto de3-04-03 a 23-12- 03;séptimo de 8-01-04 a 07-04-04;octavo de 12-04-04 a 28-05-04; noveno de 29-05-04a 6-9-04 y el último suscrito el 7-9-2004. Entre la bajacausada el 3-4-2002 (tercer contrato) y el alta de 23-5-2002 (cuarto contrato) han transcurrido más de 20días.El día 19.04.05 la demandada remite carta al deman-dante mediante la que le notifica que el 3-5-05- fina-liza el contrato de trabajo temporal suscrito el 7-9-04,comunicándole que en esa fecha (3-5-05) quedarárescindida a todos los efectos su relación laboral conla empresa causando baja en la misma. El actor ha idofirmado finiquito de sus extinguidas relaciones labora-les.La cuestión litigiosa que se plantea tiene por objetodecidir si el cese de la actora fue o no ajustado a Dere-cho, es decir si fue una extinción de un contrato tem-poral por causa válidamente pactada o más bienconstituye un despido improcedente, y esta califica-ción deriva de la que merezca la validez de los contra-tos concertados por obra o servicio determinado,debiendo determinarse para ello si es o no suficiente

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la identificación de la obra que en el mismo se realizao más bien se trata de actividades normales y perma-nentes de la empresa.Como se ha dicho por esta Sala, entre otras, en Sen-tencias de 7-2- y 24-7-03, el contrato por obra o ser-vicio determinados aparece definido en el art. 15 a)del ET como el que tiene por objeto «la realización deuna obra o servicio determinados, con autonomía ysustantividad propia dentro de la actividad de laempresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiem-po, sea en principio de duración incierta».Reiterada doctrina jurisprudencial ha señalado comorequisitos de validez de este tipo de contratación lossiguientes: A) Que la obra o servicio que constituya suobjeto sea de duración incierta y presente autonomíay sustantividad propia dentro de lo que es la actividadlaboral de la empresa; B) Que, al ser concertado, seasuficiente identificada la obra o el servicio; y C) Que enel desarrollo de la relación laboral, el trabajador seaocupado en la ejecución de aquello o en el cumpli-miento de éste y no normalmente en tareas distintas.En aplicación de este precepto la doctrina científica yjurisprudencial han señalado que la válida celebraciónde esta modalidad contractual, exige la concurrenciade un elemento material -que la obra o servicio ten-gan autonomía y sustantividad propia dentro del que-hacer de la empresa- y un elemento temporal -dura-ción limitada e incierta de los trabajos-. Así, entreotras, las STS de 10-12-96 y 30-12-96, 3-2-99 y 23-9-02 señalan que «el válido acogimiento a la modali-dad contractual que autoriza el art. 15.1 a) del ET nosólo requiere que la obra o servicio que constituya suobjeto sea de duración incierta y presente autonomíay sustantividad propia dentro de lo que es la actividadnornlal de la empresa, sino además que, al ser con-certado, sea suficientemente identificada la obra o elservicio y que, en el desarrollo de la relación laboral, eltrabajador sea ocupado en la ejecución de aquélla oen el cumplimiento de éste y no normalmente en tare-as distintas». Ciento es que esta doctrina se atenuóen supuestos de prestación de servicios bajo estamodalidad cuando el empresario realizaba una con-trata. En este sentido, la S 20-11-2000, señalaba que,de conformidad con la doctrina de las SS 18 y 28-12-1998 y 6-6-1999, aunque en estos casos «no existepropiamente un trabajo dirigido a la ejecución de unaobra entendida como elaboración de una cosa deter-minada dentro de un proceso con principio y fin, ytampoco existe un servicio deterninado entendidocomo una prestación de hacer que concluye con sutotal realización», se aprecia, sin embargo, la concu-rrencia de «una necesidad de trabajo temporalmentelimitada para 1a empresa y objetivamente definida yésa es una limitación conocida por las partes en elmomento de contratar y que opera, por tanto, comoun límite temporal previsible en la medida en que elservicio se presta por encargo de un tercero y mien-tras se mantenga éste».Estamos ante una relación indefinida por existir suce-sivos contratos temporales fraudulentos al haber sidoutilizado el actor en actividades normales y perma-nentes de la empresa y no en las correspondientes alos sucesivos contratos de obra, por lo que el último

cese no constituye una extinción contractual sino des-pido improcedente de una relación indefinida.

4.- STSJ ANDALUCÍA/MÁLAGA;15/02/06; Rec. 89/2006. Fraude de ley en

la contratación. Existencia. En los contratostemporales la empleadora no especificó con

claridad y suficiencia en qué consistía la obra o servi-cio o la causa de la acumulación. Desempeño cons-tante e ininterrumpido de un mismo puesto de trabajoque pone de manifiesto la inexistencia de causa tem-poral en la contratación.

STSJ Andalucía/Málaga; 15/02/06; Rec. 89/2006; Eldemandante presta sus servicios para la empresademandada, desde el 18.01.99 al 19.06.02, desde el21.06.02 al 08.12.03, del 20.12.03 al 15.04.04 y del23.04.04 al 31.10.04. Con fecha 01.10.99 el contratode duración determinada por circunstancias de la pro-ducción se transformó en un contrato fijo de carácterdiscontinuo. En fecha 23.11.04 y por medio de carta la empresacomunica al trabajador la suspensión del período defijo discontinuo por baja ocupación. Para una resolución de la controversia planteada, laSala no puede soslayar su anterior sentencia de fecha20.10.05 (Rec. S. 1348/05) en la que literalmente pro-clama lo que se transcribe a continuación: "Entre elprimer contrato de trabajo -refiriéndose al del actor-(período comprendido entre el 18.1.99 al 19.6.02, conduración de 3 años y 153 días) y el segundo (entre el21.6.02 al 8.12.03, de 1 año y 175 días de duración)transcurrió tan sólo 1 días; que entre el segundo y eltercero (entre el 20.12.03 al 15.4.04, de 118 días deduración) hubo una interrupción de 10 días; y entre eltercero y el cuarto (entre el 23.4.04 al 31.10.04) tras-currieron 6 días. No existió, por ello, interrupción delvínculo laboral por período superior a los 20 días.Seguir diciendo que, como expresa la sentencia delTSJ de Canarias/Las Palmas de 20-2-1997 (rec.2580/96), la afirmación, según la cual el "examen delos contratos debe limitarse al último de ellos", conte-nida en algún fallo anterior, es "sin duda inadecuadaen términos absolutos y puede llevar a la equivocadaidea de que la Sala olvida o rectifica lo que ha sidouna constante y matizada línea jurisprudencial segui-da y confirmada por la doctrina unificada", ya que"sigue manteniendo lo que ha sido doctrina constantesuya de que un contrato temporal inválido por falta decausa o infracción de límites establecidos en su regu-lación propia con carácter necesario constituye unarelación laboral indefinida". Por ello, "no pierde estacondición por novaciones aparentes con nuevos con-tratos temporales". Todos ellos pasan a "constituir unasola relación laboral". En manera tal que la "afirma-ción de que "en el caso de contrataciones temporalessucesivas el examen de los contratos debe limitarse alúltimo de ellos" es una afirmación que sólo podría seraceptada de modo excepcional, cuando de las seriescontractuales reflejadas en los hechos probados nose infiere defecto sustancial alguno en los contratos

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temporales, o fraude de ley". En la presente litis, eltrabajador accionante suscribió tres contratos tempo-rales, a saber, el primero para la realización de obra oservicio determinado, consistente en "servicio dedesayuno", y el segundo y tercero eventuales, siendosu objeto "atender circunstancias de la producción".Pues bien, con tal proceder, la empresa está violen-tando la normativa sobre contratación temporal con-tenida en el artículo 15.1b) del ET y en el RD2720/1998. No se ha explicado con suficiencia, paraconocimiento del trabajador y adecuada defensa desus intereses, en qué consiste la obra o servicio deter-minado ni las eventuales circunstancias de la produc-ción. Y sobre todo, el desempeño constante e ininte-rrumpido de un mismo puesto de trabajo muestra quela temporalidad a que se reconduce la causa última delos tres contratos celebrados en la primera fase noexistió en realidad, si por tal se entiende un excesoanormal en las necesidades habituales de la empresa,que no puede ser atendido con la plantilla actual nirazonablemente aconseja, por su excepcionalidad, unaumento del personal fijo; con lo que se contravienenlos principios básicos de nuestra legalidad sobreduración de los contratos de trabajo. La consecuen-cia de tales irregularidades no puede ser otra que latransformación del primer contrato eventual en uncontrato por tiempo indefinido. Ello es lo que resultadel artículo 15.7 del ET, donde se dispone que se pre-sumirán por tiempo indefinido los contratos tempora-les celebrados en fraude de Ley. Este fraude de ley noimplica, siempre y en toda circunstancia, una actitudempresarial estricta y rigurosamente censurable,desde una perspectiva social o legal (dolus malus)sino la mera y simple consciencia de que la situaciónlaboral contemplada no implica eventualidad alguna,sino que es una clara manifestación del desarrollonormal y habitual de la actividad gestionada. En estesentido, y con este único alcance, cabe entender quese da vida al fenómeno descrito por el artículo 6.4 delCódigo ; el contrato de trabajo concluyó al amparo deuna norma que autoriza la contratación temporal,pero, a la postre y atendidas las circunstancias, se elu-día otra norma sobre preeminencia o prioridad delcontrato concertado por tiempo indefinido, cuya apli-cación no podemos impedir. La norma aludida apare-cía con claridad en el artículo 15.1 del ET (redacciónde 1984): "El contrato de trabajo se presume concer-tado por tiempo indefinido. No obstante, podrán cele-brarse contratos de duración determinada" en lossupuestos que a continuación describe, uno de ellosel de eventualidad. Se contaba pues con una regla("se presume") y con una excepción ("no obstante").Cosa que se confirmaba en preceptos varios quedecretaron la duración indefinida cuando la duracióndeterminada no se apoyaba correctamente en unahabilitación legal expresa (omisión del alta en seguri-dad social: art. 15.5 ; incidencia en fraude de Ley: art.15.7 ; inexistencia de forma escrita legalmente preci-sada: art. 8.2 La tendencia se perpetúa, incluso tras lareforma introducida por la Ley 11/1994, a partir de lacual, el artículo 15.1 dice: "El contrato de trabajopodrá concertarse por tiempo indefinido o por unaduración determinada". Como observa la doctrinamás autorizada, el cambio terminológico no elimina lapreferencia del contrato por tiempo indefinido, ya que

el de duración determinada sólo es posible en loscasos que la norma explícita, la cual contiene pareci-das conversiones en tiempo indefinido, si el trabajadorno es alta en seguridad social, si se ha cometido frau-de de Ley o se ha prescindido de la forma escritalegalmente pedida. Todo lo expuesto conduce a califi-car el contrato del actor como indefinido y a tiempocompleto, o dicho con palabras del recurrente, fijocontinuo".Si la relación laboral del actor era fija continua (traba-jador a jornada completa), de fijo que la comunicaciónde la empleadora de noviembre de 2.004 constituyódespido sin causa que lo justificase que debe califica-do como improcedente.

5.- STSJ ANDALUCÍA/MÁLAGA; 15/02/06;Rec. 28/2006. Fraude de ley en la contra-

tación. Existencia. La causa de la temporali-dad debe existir en el momento de su concerta-

ción, no en el de su extinción, pues tal causa operacomo sustento lógico y previo para el contrato even-tual.

El trabajador ha prestado servicios desde el 2-2-2004hasta el 1-2-2005, La relación laboral se inició en virtud de un contrato detrabajo eventual por circunstancias de la produccióna tiempo parcial (17,5 horas semanales) suscrito el 2-2-2004, en el que se hace constar que se celebra paraatender las exigencias circunstanciales del mercado,acumulación de tareas o exceso de pedidos, consis-tentes en "aumento de revisiones y mantenimientosprogramados y averías en obra producido por incre-mento de parque de maquinaria", se fijó una duracióninicial del contrato hasta el 1-8-2004. El 29-9-2004 lajornada se redujo nuevamente a 30 horas semanales.El 1-2-2005 dejó de prestar servicios tras serle notifi-cada la finalización del contrato.Decir, que el contrato temporal eventual por circuns-tancias de la producción se concierta para atenderexigencias circunstanciales del mercado, acumulaciónde tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de laactividad normal de la empresa. Mediante la negocia-ción colectiva se pueden determinar las actividadesen las que puedan contratarse trabajadores eventua-les; los criterios generales relativos a la relación ade-cuada entre el volumen de esta modalidad contractualy la plantilla total de la empresa. El contrato se desti-na a satisfacer el incremento temporal o excepcionaldel volumen del trabajo que no puede ser cubierto porla plantilla fija de la empresa, pero que, por su propiatransitoriedad, no justifica tampoco una ampliaciónpermanente de la citada plantilla. Si el trabajo res-ponde a las necesidades permanentes de la empresala consecuencia no puede ser otra que la transforma-ción de un contrato eventual en uno por tiempo inde-finido (TS 20-3- 02, RJ 5284). Lo significativo es elaspecto cuantitativo del trabajo, no el cualitativo. Esdecir, resulta indiferente que se trate de un trabajo nor-mal o anormal en la actividad de la empresa, perotampoco impide la norma que transitoriamente se rea-

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licen tareas distintas de las habituales, siempre queéstas no lleguen a alcanzar la autonomía y sustantivi-dad propia que caracteriza el contrato de obra o ser-vicio determinado. Sólo se exige legalmente por escri-to cuando su duración sea superior a 4 semanas o atiempo parcial. En todo caso, en el contrato debe con-signarse con precisión y claridad la causa y circuns-tancia que lo justifique, así como el carácter de la con-tratación, tiempo de vigencia y trabajo a desarrollar,sin que baste para tener por cumplido el requisito unaremisión genérica a la norma ni tampoco una repro-ducción literal del mismo ni con la alusión genérica aun «exceso de trabajo» (TSJ Cataluña 22-7-92).Pues bien, trasladando la doctrina expuesta alsupuesto de autos, resulta que el contrato no expre-sa, como debiera, la causa de su temporalidad. Selimita a expresar como causa "el aumento de revisio-nes y mantenimientos programados y averías en obraproducido por incremento de parque de maquinaria".Pese a tan vaga y genérica fórmula, el empresario nodesplegó actividad probatoria como para acreditar lanaturaleza temporal de la relación laboral, de duraciónimportante (un año). Nada contiene la redacción de hechos probadossobre las concretas revisiones, mantenimientos y ave-rías que le llevaron a acudir a la contratación tempo-ral del actor. La causa de la temporalidad debe existiren el momento de la contratación temporal, que no enel de su extinción, pues tal causa opera como sus-tento lógico y previo para el contrato eventual, pero nocomo sustento a posteriori. Siendo, por tanto, fraudulento el contrato celebrado alno concurrir causa de finalización, la decisión extinti-va empresarial debe calificarse como despido impro-cedente.

6.- STSJ VALENCIA; 21/02/06; Rec.3767/2004. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. La Sociedad MercantilCorreos y Telégrafos aún cuando pertenece al

sector público, no pueden asimilarse a laAdministración Pública. Le resulta de aplicación elplazo máximo de 3 meses para los procesos de cober-tura de vacantes. Improcedencia del despido.

La cuestión que se plantea, no es otra que la dedeterminar si la contratación temporal de los deman-dantes debe considerarse realizada en fraude de ley,entre otras razones, porque los contratos de interini-dad por vacante suscritos excedieron del plazo detres meses, contraviniendo con ello lo dispuesto en elart. 4 RD 2720/1998.Planteada la cuestión en los términos indicados, elrecurso se debe estimar en su petición subsidiaria, deacuerdo con el criterio adoptado por esta Sala de loSocial expresado en la sentencia de 14-2-2006. Elcontrato de interinidad se regula en el artículo 4 del RD2720/1998, que desarrolla el artículo 15 ET en materiade contratación temporal. Se distingue en él, una inte-rinidad por sustitución y otra por vacante, establecién-dose respecto de esta última que su duración "será la

del tiempo que dure el proceso de selección o pro-moción para la cobertura definitiva del puesto, sin quepueda ser superior a tres meses, ni celebrarse unnuevo contrato con el mismo objeto una vez superadadicha duración máxima". En congruencia con estaprevisión, en el artículo 8.1.c).4ª de esta norma regla-mentaria, se recoge como causa de extinción del con-trato de interinidad, "el transcurso del plazo de tresmeses en los procesos de selección o promoción parala provisión definitiva de puestos de trabajo o delplazo que resulte de aplicación en los procesos deselección en las AP". En la contratación de los traba-jadores se superó el plazo de tres meses que el pre-cepto reglamentario señala como de "duración máxi-ma" de este tipo contractual, por lo que en principio,cabría concluir que nos encontraríamos ante un con-trato por tiempo indefinido, de acuerdo con la previ-sión del párrafo 2º del artículo 8.2 del Real Decreto2720/1998, conforme al cual, "producida la causa deextinción del contrato de interinidad, si no hubieredenuncia expresa y el trabajador continuara prestan-do sus servicios, el contrato se considerará prorroga-do tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba encontrario que acredite la naturaleza temporal de laprestación". Lo que nos llevaría a calificar el cese delos trabajadores como despido, de acuerdo con losolicitado en el recurso.Ahora bien, como se ha señalado, los preceptos cita-dos si bien establecen una duración máxima de tresmeses para los contratos de interinidad por vacante,exceptúan de esta regla a los procesos de selecciónllevados a cabo por la Administración pública para laprovisión de sus puestos de trabajo, en cuyo caso, "laduración de los contratos coincidirá con el tiempo queduren dichos procesos conforme a lo previsto en sunormativa específica." (art.4.2.b ) del Real Decreto2720/98 ). Esta cuestión adquiere una relevancia sin-gular en el supuesto enjuiciado, dada la transforma-ción experimentada por la empresa demandada en surégimen jurídico. Hasta la entrada en vigor de la Ley14/2000, de 29 de diciembre, la cuestión no ofrecíadudas interpretativas pues la entidad Correos y Telé-grafos estaba constituida como entidad públicaempresarial y como tal estaba integrada en la Admi-nistración del Estado, desde el momento en que talesentidades son calificadas como Organismos públicospor el artículo 57 de la Ley 6/1997, de 14 de abrilsobre Organización y Funcionamiento de la Adminis-tración General del Estado. Sin embargo el artículo 58de la citada Ley 14/2000, introdujo un cambio sustan-cial en tal régimen jurídico. En efecto, en el citado pre-cepto, titulado "constitución de la Sociedad EstatalCorreos y Telégrafos, Sociedad Anónima", se estable-ció que en el plazo de seis meses desde su entrada envigor, se procedería a la constitución de una sociedadde las previstas en el artículo 6.1.a) del texto refundi-do de la LGP y en la DA duodécima de la Ley 6/1997,con la denominación antes citada. De modo que encumplimiento de lo acordado en dicha ley, el Conse-jo de Ministros aprobó la conversión de la EntidadPública Empresarial Correos y Telégrafos, en Socie-dad Estatal, con capital público 100% y participaciónexclusiva del Estado, otorgándose escritura pública el29-6-2001 y registrándose el 3-7-2001.

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Siendo ello así, la cuestión que se plantea es la dedeterminar si las sociedades estatales, como es elcaso de Correos, son organismos públicos y, en con-secuencia, si tienen cabida en el concepto de Admi-nistración pública. Y la respuesta a tal cuestión debeser negativa. En efecto, el artículo 43 de la 6/1997, cla-sifica a los organismos públicos en Organismos autó-nomos y Entidades públicas empresariales; mientrasque es la disposición adicional duodécima la que serefiere a las Sociedades mercantiles estatales, esta-bleciendo que "se regirán íntegramente, cualquieraque sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídicoprivado, salvo en las materias en que les sea de apli-cación la normativa presupuestaria, contable, de con-trol financiero y contratación. En ningún caso podrádisponer de facultades que impliquen el ejercicio deautoridad pública". Precepto que está en consonan-cia con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LGP en elque se establece que "las Sociedades estatales seregirán por las normas de Derecho Mercantil, Civil oLaboral, salvo en las materias en que les sea de apli-cación la presente Ley". Así pues, la conclusión quecabe alcanzar a la vista de lo expuesto, es que noencontrándonos ante una de las materias excluidas, elrégimen jurídico que le es de aplicación a la empresademandada como sociedad mercantil estatal es el pri-vado, lo que en el presente caso supone que le seríande aplicación las normas de contratación temporalestablecidas en el artículo 15 ET y en Real Decreto2720/1998, sin las singularidades propias que la legis-lación y la doctrina jurisprudencial ha reservado parala Administración pública. En definitiva, pues, no seniega que la sociedad estatal Correos y Telégrafosforma parte y está integrada en lo que se denomina"sector público", sino que lo que se afirma es que nocabe identificar miméticamente sector público conAdministración pública, siendo el concepto de éstamucho más restringido incluso desde una ópticaconstitucional, como se desprende de los artículos 23y 103 de la CE. Por ello, todas las singularidades pre-vistas por el legislador o de creación jurisprudencial enrelación con la aplicación de la normativa laboral a lasAP, deben contemplarse desde el concepto estrictode AP y no resultan de aplicación a las sociedadesque, como la demandada, aun perteneciendo al sec-tor público por ser público su capital, no están inte-gradas en la Administración del Estado en los térmi-nos previstos en la Ley 6/1997.

7.- STSJ CATALUÑA; 22/02/06; Rec.698/2004. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. No ha quedado acredita-da la acumulación de tareas que pudiera justifi-

car la temporalidad del contrato de trabajo.

El trabajador suscribió un contrato eventual, por cir-cunstancias de la producción, al amparo del RealDecreto 2720/98, con una duración hasta el día 23-8-2004.En esta última fecha, una persona física con poder deobligar comunicó verbalmente al actor que debía

cesar ya en la prestación de su servicios, lo que asíhizo él seguidamente.Negada por la empresa demandada la existencia defraude de Ley en la contratación del trabajadordemandante, conviene recordar la doctrina jurispru-dencial al respecto, y valga por todas la STS de 21-3-2002. En esta Sentencia se razona que:"La validez de cualquiera de las modalidades de con-tratación temporal causal, por el propio carácter deésta, exige en términos inexcusables, que concurra lacausa objetiva específicamente prevista para cadauna de ellas. Lo decisivo es, por consiguiente, queconcurra tal causa. Pero la temporalidad no se supo-ne. Antes al contrario, los artículos arts. 8.2 y 15.3 delET y 9.1 del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciem-bre que lo desarrolla, establecen una presunción afavor de la contratación indefinida. De ahí que en elapartado 2.a) de los artículos 2, 3 y 4 del RD citado,se imponga la obligación, en garantía y certeza de lacontratación temporal causal, de que en el contratose expresen, con toda claridad y precisión, los datosobjetivos que justifican la temporalidad: la obra o ser-vicio determinado, las circunstancias de la produc-ción, o el nombre del trabajador sustituido y la razónde la sustitución. Es cierto, no obstante, que la formaescrita y el cumplimiento de los citados requisitos noconstituye una exigencia "ad solemnitatem", y la pre-sunción señalada no es "iuris et de iure", sino que per-mite prueba en contrario, para demostrar la naturale-za temporal del contrato. Mas si la prueba fracasa, elcontrato deviene indefinido."

8.- STSJ VALENCIA; 23/02/06; Rec.2278/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. Sociedad MercantilCorreos y Telégrafos. Contratación efectuada

antes de su conversión en Sociedad Mercantil: noresulta de aplicación el plazo máximo de 3 meses parala cobertura de vacantes establecida en el Estatuto delos Trabajadores. Inexistencia de despido.

Se denuncia infracción "del art. 53 Ley de Organiza-ción y Funcionamiento de la Administración Generaldel Estado (LOFAGE) y arts. 56, 57, 58 y 59 de la Leyen relación con su Disposición Adicional 12ª, queestablece que las sociedades mercantiles estatales seregirán íntegramente por el derecho privado, sea cualsea su forma jurídica y prohíbe que puedan disponerde facultades que comporten el ejercicio de autoridadpública. También el art.6.1.a) de la Ley General Presu-puestos (Texto Refundido aprobado por el Real Decre-to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre BOE de29 de septiembre ) y artículo 2.2 de la Ley del RégimenJurídico de la Administración Pública y del Procedi-miento Administrativo Común, al entender que lademandada no tiene la condición de AdministraciónPública, tal como establece la Disposición Adicional12ª de la Ley 6/1997 LOFAGE, ya citada, y jurispru-dencia que a continuación se relaciona" así como"infracción legal del art.15 ET., en relación con el art.4del RD 2720/1998, de 18 de diciembre. Asimismo apli-

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cación indebida del art.49.1.c) del ET, e infracción, porno aplicación, de los artículos 55 y 56 del ET". Argu-menta en síntesis que en la contratación del actor seincurrió en fraude de ley y que con la creación de laSociedad Anónima Estatal la relación laboral ordinariao común ya no tiene los condicionamientos jurispru-denciales de la Administración como empresaria demodo que tiene que entenderse que la relación con-tractual indefinida comporta el carácter de trabajadorfijo y que por ende el cese acordado debía calificarsede despido improcedente.Ya indicamos en las sentencias resolutorias de losrecursos 1173/05 y 4254/05 , con apoyo en lo decla-rado por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 denoviembre de 2005 , que "la Ley 14/2000 de 29 dediciembre , en la que por virtud de exigencias de la CEse acordó la transformación del antiguo Ente Públicoen Sociedad Anónima Estatal, en concreto, los aparta-dos 16 y 17 del artículo 58 de la misma hacen unaimportante distinción entre trabajadores contratadoscon anterioridad a la transformación y los trabajadorescontratados después de la constitución de la nuevasociedad con un diferente tratamiento jurídico paracada uno de ellos. En efecto, en dichos apartados seestablece lo siguiente, "El personal laboral de la enti-dad pública empresarial Correos y Telégrafos queda-rá integrado en la «Sociedad Estatal Correos y Telé-grafos, S.A.», desde la fecha de la inscripción en el RMde su escritura de constitución, conservando suscontratos con la antigüedad, categoría y retribucionesque tuvieran consolidados en la entidad pública y conpleno respeto de los derechos y situaciones adminis-trativas que tuvieran reconocidas y en especial lasnormas sobre incremento de retribuciones que esta-blezcan las Leyes de PGE. A partir de la fecha del ini-cio de la actividad de la «Sociedad Estatal Correos yTelégrafos, Sociedad Anónima», el personal que lasociedad necesite contratar para la adecuada presta-ción de sus servicios lo será en régimen de derecholaboral". Luego, si el personal laboral contratado por laentidad demandada antes de su transformación enSociedad mercantil conserva sus contratos, con plenorespeto de los derechos que tuvieran reconocidos, almismo se le ha de seguir aplicando, a pesar de latransformación de la entidad pública en Sociedadmercantil, lo establecido en el último párrafo del nº 2del artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, según elcual: "En los procesos de selección llevados a cabopor las Administraciones públicas para la provisión depuestos de trabajo, la duración de los contratos coin-cidirá con el tiempo que duren dichos procesos con-forme a lo previsto en su normativa específica" y comoquiera que el contrato de trabajo de carácter interinopor plaza vacante suscrito por la actora es anterior ala transformación de la entidad demandada, la dura-ción de dicho contrato se extiende hasta la coberturade la plaza vacante que venía ocupando la deman-dante y una vez producida dicha cobertura por el pro-ceso de consolidación de empleo llevado a cabo porla entidad demandada, se ha de concluir que se haproducido la finalización del contrato de la demandan-te por la causa prevista en el artículo 49 1 b) ET y porconsiguiente el cese de la trabajadora accionante defecha de efectos 9-5-04 no constituye un despido y

siendo ésta la conclusión alcanzada por la sentenciade instancia, la misma no ha incurrido en las infrac-ciones jurídicas denunciadas y por consiguiente ha deconfirmarse, previa desestimación del recurso contraella interpuesto". El elemental principio de igualdad enla aplicación de la ley conduce a que aquí debamosllegar a la misma conclusión, habida cuenta de que elúltimo de los contratos suscrito por el actor databa de1-6-00 -contrato de interinidad por vacante- (hechoprobado 1º), y su cese, producido en 14 de enero de2005, tuvo como causa haber sido cubierta la plazaen virtud del concurso a que se refiere el hecho pro-bado 4º, lo que conlleva la desestimación del recursoy confirmación de la sentencia impugnada.

9.- STSJ MADRID; 27/02/06; Rec.5569/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. El contrato de trabajosuscrito lo fue para obra o servicio determina-

do, en relación con el programa de prevención y con-trol del absentismo escolar, adjudicado a la empresademandada por el Ayuntamiento, que concluyó. Loscontratos que vincularon a las partes traían causa delas adjudicaciones municipales otorgadas a la empre-sa, que tenían individualizada y delimitada su dura-ción, en razón a su objeto y a los ejercicios anuales dedesarrollo del mismo; y estaban sujetos además adeterminado presupuesto, lo que excluye el fraude deley.

El trabajador tenía suscrito un contrato de trabajo deduración determinada eventual por circunstancias dela producción, de seis meses de duración, celebradoal amparo de lo previsto en el art. 15 del ET y R.D.2720/98, en cuya cláusula sexta se decía, en el apar-tado correspondiente al objeto del contrato que elmismo era "atender las exigencias circunstancialesdel mercado, acumulación de tareas o exceso depedidos, consistentes en aumento de ventas y repar-tos, aún tratándose de la actividad normal de laempresa. En caso de que se concierte por un plazoinferior a la duración máxima legal o convencional-mente establecida podrá prorrogarse, medianteacuerdo de las partes por una única vez, sin que laduración total del contrato pueda exceder de dichaduración máxima". Tenía prevista su duración hasta el16.03.05. 3º).- En la cláusula octava del contrato, elcontrato se remitía a la regulación del mismo, a saber,art. 12 y 15 del ET, R.D. 2720/1998, y a lo dispuesto enel cconvenio de comercio de alimentación. En fecha28-02-05 la empresa le notifica que el próximo día 16de marzo de 2005 se extingue su contrato de duracióndeterminada.El actor tenía como funciones las decolocar el género en el puesto, repartir los pedidos ydespachar algún producto en el puesto. Sostiene el recurrente que no existió ninguna circuns-tancia productiva de carácter excepcional que pudie-se dar lugar a contratación eventual. Sin embargo, sededuce de lo actuado que el objeto del contrato tem-poral era el "aumento de ventas y repartos", y efecti-vamente existió un incremento en la actividad comer-

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cial de la empresa, tal y como se acreditó en el juiciooral, sin que sea óbice a la validez de la contratacióntemporal que las ventas volviesen a descender, lo quesucedió a partir del mes de enero y como el contratotenía prevista su duración hasta el 16.03.05, al proce-der de la empresa, llegado este término a extinguir larelación laboral, ha actuado correctamente pues nopuede pretenderse que, transcurridos los 6 mesesprevistos, el contrato se convierta en indefinido. Nopuede apreciarse fraude de ley pues para que existaun comportamiento empresarial que pueda ser califi-cado como tal, es necesario que exista una pruebaconcluyente no bastando con meras conjeturas osuposiciones.

10. STSJ MADRID; 27/02/06; Rec.5595/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. El objeto del contratotemporal era el "aumento de ventas y repartos",

y efectivamente existió un incremento en la actividadcomercial de la empresa, sin que sea óbice a la vali-dez de la contratación temporal que las ventas volvie-sen a descender. Al proceder de la empresa llegado eltérmino a extinguir la relación laboral, actuó correcta-mente.

A un trabajador, que había sido contratado mediante lamodalidad de un contrato de trabajo de duracióndeterminada eventual por circunstancias de la produc-ción, de seis meses de duración, le es notificado porla empresa que al final del mismo se extinguirá su rela-ción laboral. El trabajador impugna el despido pero eldemandado es absuelto por el Juzgado de lo Social einterpone recurso de suplicación contra la sentencia.Sostiene el recurrente que no existió ninguna circuns-tancia productiva de carácter excepcional que pudie-se dar lugar a contratación eventual. Sin embargo, elTribunal declara probado que el objeto del contratotemporal era el "aumento de ventas y repartos", y que,efectivamente existió un incremento en la actividadcomercial de la empresa. Como el contrato tenía prevista duración finita, llega-do al término de la misma, la empresa ha actuadocorrectamente pues no puede pretenderse que, trans-curridos los seis meses previstos, el contrato se con-vierta en indefinido. Por lo tanto, no puede apreciarsefraude de ley ya que para que exista un comporta-miento empresarial que pueda ser calificado como tal,es necesario que exista un aprueba concluyente nobastando con meras conjeturas o suposiciones.

11. STSJ ARAGÓN; 27/02/06; Rec.93/2006. Fraude de ley en la contratación.

Inexistencia. Trabajo de artistas. Se trata deuna especialidad que tiene su razón de ser en

las propias peculiaridades de la actividad del trabajode los artistas, tanto referidas a la propia persona delartista, como de la propia actividad y el marco en quese desarrolla que haría disfuncional la regla de la con-tratación general. El régimen jurídico de este tipoespecial de contratos es sustancialmente distinto alde los contratos temporales a que se refiere el artícu-lo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.

Una trabajadora prestó servicios por cuenta y bajo ladependencia del Patronato Municipal de las ArtesEscénicas y de la Imagen del (…) con la categoría pro-fesional de bailarina. La relación laboral se iniciómediante la suscripción de un contrato de trabajotemporal de artistas en espectáculo público, al ampa-ro de lo dispuesto en el RD 1435/1985, de 1 de agos-to, con la posibilidad de ser prorrogado, como dehecho ocurrió en sucesivas ocasiones. Tras esta suce-sión de prórrogas la trabajadora recibe una carta en laque se le señala que cumplida la última prórroga cesa-ría su relación con ese Patronato. La bailarina presenta demanda por despido, la cual esdesestimada. Posteriormente, interpone recurso desuplicación motivado en la infracción por parte de lasentencia del Juzgado del art. 5.1 del RD 1435/1985,por el que se regula la relación laboral de carácterespecial de los artistas en espectáculos públicos. Seaduce por la parte actora que en la contratación haexistido fraude de ley por cuanto desde el comienzode su prestación de servicios para el Patronatodemandado se le han estado realizado prórrogas ensu contrato sin ningún motivo especial. Sobre la existencia del supuesto fraude por razón delas prórrogas concertadas, es de plena aplicación alcaso, la doctrina legal que emana de la STS15/07/2004, en el sentido de que el régimen jurídicode este tipo especial de contratos es sustancialmentedistinto al de los contratos temporales a que se refie-re el art. 15 ET, puesto que, frente a la regla generalde la contratación por tiempo indefinido que presidela regulación estatutaria y la consiguiente regulaciónde la contratación temporal como excepción a aque-lla regla general, condicionada a la exigencia de cau-salidad y sometida a una exigencias de tipicidad consus consiguientes limitaciones, en este precepto delRD se admite la contratación temporal como reglageneral.Se trata de una especialidad -dice la sentencia última-mente citada- que tiene su razón de ser en las propiaspeculiaridades de la actividad del trabajo de los artis-tas, tanto referidas a la propia persona del artista -queexige de una aptitud y cualificación especiales en per-manente renovación-, como de la propia actividad yel marco en que se desarrolla -sometidas a constantescambios e innovaciones-, lo que haría disfuncional laregla de la contratación con carácter estatutario. Y

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tanto en el presente caso, como en el que sirve debase a la doctrina expuesta, para considerar un vín-culo de fijeza en la relación, que es la base de la pre-sente acción por despido, habría que demostrar quelos trabajos para los que el interesado ha sido contra-tado son los habituales y reiterados en la empresa ensu misma identidad o, por lo menos, con un grado dehomogeneidad suficiente -en el sentido de que cadaaño se llevara a cabo el mismo o semejante espectá-culo en el que el actor intervenía- para estimar que noexiste entre las de uno y otro año una diversidad quemerezca el calificativo de relevante. Lo que no se haproducido en el supuesto contemplado, razón por lacual el no se observa el fraude de ley alegado por laactora.

12. STSJ ARAGÓN; 06/03/2006; Rec.120/2006. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. Contrato de trabajo poracumulación de tareas: debe indicarse con pre-

cisión y claridad la causa que lo justifica.Improcedencia del despido.

Un trabajador fue contratado por la empresa en virtudde contrato de trabajo de duración determinada, elcual por ser el trabajador menor de edad, fue firmadopor su madre. El objeto de dicho contrato era "atenderlas exigencias circunstanciales del mercado, acumula-ción de tareas o exceso de pedidos, consistentes enfunciones propias o de su categoría…". Inicialmente y en el momento de la firma del contrato,se hizo constar que el trabajador prestaría servicioscomo mozo, si bien este extremo se borró por laempresa; el menor trabajador y la empresa suscribie-ron documento en el que se reconocen que la catego-ría real que le corresponde en función de su edad y elconvenio colectivo aplicable de transporte regularesde mercancías es la de botones de 16-17 años. Hadesempeñado en la empresa demandada laboresconsistentes en reparto a domicilio de pedidos o mer-cancías servidas a los domicilios de clientes del ElCorte Inglés, empresa con la que la demandada tieneconcertado el servicio de transporte de mercancíasvendidas en su división comercial. Dicho reparto lohacía habitualmente el referido trabajador en una fur-goneta que manejaba el conductor al que acompaña-ba para llevar a cabo la tarea de reparto mencionada. La empresa interpone recurso de suplicación y en éldencuncia que, la infracción por parte de la sentenciadel Juzgado de los artículos 15.1 b) y 49.1 c) del ET,en relación con el Real Decreto 2720/1998, como pre-ceptos sustantivos atinentes al fondo de la cuestiónplanteada. Igualmente hace referencia a la vulnera-ción, que se atribuye personalmente al actor, de losartículos 5 a) y 20.2 del ET, reguladores de la buena fecontractual, que se dice conculcada por el comporta-miento de éste último al mostrar su aparente confor-midad a la corrección material del contrato y que,según se dice, constituye por sí misma causa justadel despido en virtud del artículo 54.2 del citado texto.Este último aspecto del problema queda por comple-

to al margen del debate, habida cuenta de que ningu-na referencia se hizo al tema en la comunicación extin-tiva dirigida al actor, documento que justificaba lasupuesta extinción de la relación laboral en la expira-ción del tiempo pactado y no en incumplimiento con-tractual alguno como el que ahora se sugiere. En lodemás, el recurso de la empresa ha de ser desestima-do igualmente, habida cuenta de que el artículo 15.1b) del ET indica los casos concretos en que es posibleacudir a la contratación eventual por circunstancias dela producción y el 3.2 a) del RD citado exige que elcontrato identifique "con precisión y claridad la causao la circunstancia que lo justifique". En el presentecaso tales presupuestos normativos no se cumplenporque, sobre el particular, se limita el contrato litigio-so a transcribir literalmente la definición legal de esamodalidad y la doctrina jurisprudencial al respecto(SSTS de 11-3-1997 y 18-11-1998, entre otras) esclara en el sentido de que para el válido acogimientode estos contratos eventuales se deben cumplir lasprevisiones para las que se concertaron, pues en otrocaso la relación laboral deviene indefinida al faltar enlos contratos el soporte causal que los legitima. Dichadoctrina ha sido seguida de forma constante por estaSala: así, las sentencias de 27-1-2003 (r.1410/2002),17-5-2004 (r. 396/2004), 2-11-2004 (r. 919/2004 ). Porconsiguiente, la situación del demandante que aquí seenjuicia se traduce en una conducta intencional deutilizar desviadamente la norma jurídica para darcobertura a un resultado antijurídico; esto es, de unfraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil que dalugar a que la posterior rescisión del contrato, alamparo de la supuesta finalización del servicio con-certado, ha de reputarse constitutiva de un despidocalificado como improcedente.

13. STSJ CATALUÑA; 10/10/06; Rec.271/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. No pueden aplicarse loscriterios sobre contratación temporal y fraude

de ley en la contratación establecidos en el art. 15 delET , sin tener en cuenta que la relación laboral en liti-gio no se rige por estas normas genéricas del ET, sinopor las más concretas y especificas relativas a la con-tratación temporal de trabajadores minusválidos a lasque expresamente se acoge.

Un agente vendedor suscribe un contrato temporal defomento de la ocupación para los trabajadores minus-válidos por un año de duración que fue objeto de dosprórrogas de un año cada una. Antes de la finalizaciónde la segunda prórroga se le comunica la finalizaciónde la relación laboral por fin de contrato. Sostiene que la resolución de la relación laboral en liti-gio ha de calificarse como despido nulo o subsidiaria-mente improcedente, entremezclando a continuaciónlos diferentes argumentos jurídicos que a juicio delrecurrente conducen a una u otra conclusión. Contralo razonado en el recurso, no es de aplicación al casolo dispuesto en el art. 15 del ET al regular las diferen-tes modalidades ordinarias de contratación temporal,

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sino lo que de forma singular y específica se contem-pla en la disposición adicional tercera de la Ley12/2001, de 9 de julio a cuyo amparo se había forma-lizado el contrato de trabajo del actor. Como en estanorma se establece, a partir de 1 de enero de 2002,que es de aplicación la disposición adicional sexta dela Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en relación con elart. 44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre , en lorelativo al fomento del empleo temporal de los traba-jadores minusválidos. Y el precitado art. 44 de la Ley42/1994, dispone que las empresas podrán contratartemporalmente para la realización de sus actividades,cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas, atrabajadores minusválidos, añadiendo a continuación:"La duración de estos contratos no podrá ser inferiora doce meses ni superior a tres años. Cuando se con-cierten por un plazo inferior al máximo establecidopodrán prorrogarse antes de su terminación por perí-odos no inferiores a doce meses". Esta es la modalidad contractual a la que se acoge elcontrato de trabajo formalizado entre el actor y laONCE, y cuya extinción se acuerda por la empresa alfinalizar el plazo máximo de duración de tres añosprevisto en aquel precepto. Es por ello, que no haycausa alguna para entender concertado el contrato detrabajo temporal en fraude de ley y declarar por estemotivo la improcedencia del despido.

14. STSJ MADRID; 13/10/06; Rec.5554/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. La contratación laboraltemporal tenía su base en una contrata mer-

cantil de concesión de servicios, lo que significa queexiste un límite en tanto que el servicio se presta porencargo de un tercero y mientras tal vínculo mercantilse mantenga. La irregularidad surge cuando no se darazón de por qué existiendo una única contrata que noha acabado se pone fin a la relación laboral que esta-ba en dicha contrata justificada, para a continuaciónformalizar nuevo contrato, sin respetar la antigüedady amparado en la misma contrata.

Un trabajador con la categoría profesional de AuxiliarNivel 7, fue contratado mediante un contrato temporala tiempo parcial para obra o servicio con duración quese extendía hasta fin de servicio. Cuando un contratovencía se le hacía otro nuevo y de esta forma, se llegóa la situación de que el trabajador había prestado ser-vicios para la empresa demandada, desde la fecha delprimer contrato sin solución de continuidad, hasta laextinción de la relación laboral, hasta que la empresale comunicó finalmente la extinción de su relaciónlaboral por finalización de la obra y servicio. El traba-jador demanda por despido a la empresa y obtienesentencia favorable en la instancia. En la sentencia de suplicación se dice que es ciertoque el actor trabajó para la empresa demandada sinsolución de continuidad desde el inicio del primercontrato hasta la finalización del último, pero tal pres-tación de servicios tuvo lugar en virtud de que laempresa demandada había suscrito una serie de con-tratos mercantiles con otras empresas, para atender y

hacerse cargo de servicios externalizados. En todocaso, la contratación laboral temporal tenía su base enuna contrata mercantil de concesión de servicios, loque significa que existe un límite en tanto que el servi-cio se presta por encargo de un tercero y mientras talvínculo mercantil se mantenga. Es lo que sucede en elcaso que ahora se enjuicia, sin que aparezca abusode derecho o fraude de ley en la contratación. Se acredita que el actor prestó servicios ininterrumpi-dos desde la fecha del primer contrato, subsistiendodurante todo el tiempo que se ha mantenido la rela-ción laboral el encargo que se realiza. Como bienrazona el juez "a quo", la irregularidad determina elcarácter fraudulento de la contratación pues no seexplica ni se da razón de por qué existiendo una únicacontrata que no ha acabado se pone fin a la relaciónlaboral que estaba en dicha contrata justificada, paraa continuación formalizar nuevo contrato, sin respetarla antigüedad y amparado en la misma contrata. Enconsecuencia, al estimar la demanda y calificar el des-pido como improcedente, la sentencia dictada por elJuzgado ha aplicado correctamente los artículos15.1.a) 3 y 49 del ET.

15. STSJ MADRID; 13/03/06; Rec.5751/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. Contrato por acumulaciónde tareas. Aunque el incremento de ventas no coinci-diese con todo el periodo de extensión temporal delcontrato, si existe un incremento de volumen de tra-bajo durante la mayor parte de tal periodo, por lo queha de considerarse que el contrato temporal suscritose acomoda a lo dispuesto en el artículo 15.1.b) delET y en convenio colectivo aplicable

Una trabajadora había suscrito un contrato eventualpara "atender las exigencias circunstanciales del mer-cado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,consistentes en incrementos circunstancial del volu-men de trabajo, aún tratándose de la actividad normalde la empresa. En caso de que se concierte por unplazo inferior a la duración máxima legal o convencio-nalmente establecida, podrá prorrogarse, medianteacuerdo de las partes, por una única vez, sin que laduración total del contrato pueda exceder de dichaduración máxima". Se pactó la duración inicial en elcontrato y llegado su término, la empresa comunicó ala trabajadora que quedaría rescindida a todos losefectos su relación laboral. Contra la sentencia de improcedencia del despido, laempresa presenta recurso de suplicación acusando ala sentencia dictada por el Juzgado de infringir el artí-culo 15.1.b) del ET y el artículo 48 del convenio colec-tivo aplicable. Sostiene la recurrente que el contratoque se cuestiona respondía a la causa de temporali-dad para la que estaba previsto. Y en efecto, de loactuado se desprende que esta empresa, concreta-mente, experimentó un aumento del volumen de ven-tas, coincidente con el ámbito temporal del contratode trabajo suscrito por la actora. Es cierto que la jurisprudencia de la Sala IV del TS

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viene diciendo que es preciso que en esta modalidadcontractual se describa con absoluta claridad la cir-cunstancia que da derecho al empleador a utilizar lamodalidad de contratación temporal, que no se cum-ple con la mera repetición del tenor literal del artícu-lo 15.1.b) del ET, si bien el TS ha venido declarandotambién que el mero defecto formal de no consignaradecuadamente la causa en el texto del contrato nodetermina la existencia de fraude de Ley, si la empre-sa prueba en el proceso que efectivamente concurreuna causa de temporalidad. En este caso, no puedeacogerse la referencia que en la sentencia se hace alsector del comercio textil ya que lo que ha de servalorado es si existe o no existe un aumento real dela actividad de la empresa. Es más, aunque el incre-mento de ventas no coincidiese con todo el periodode extensión temporal del contrato, si existe un incre-mento de volumen de trabajo durante la mayor partede tal periodo, ha de considerarse que el contratotemporal suscrito se acomoda a lo dispuesto en elartículo 15.1.b) del ET y en el artículo 48 del ConvenioColectivo aplicable.Aunque exista una presunción favorable a la fijeza, talpresunción puede destruirse por prueba en contrarioque acredite la temporalidad de los servicios, como eneste caso concreto ha sucedido. Por lo tanto, ha deprocederse a la revocación de la sentencia dictada porel Juzgado, estimando el recurso interpuesto por laempresa.

16. STSJ ARAGÓN; 14/03/06; Rec.152/2006. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. AdministracionesPúblicas. La existencia de una demora en la

cobertura de la plaza no convierte un contrato de inte-rinidad por vacante en indefinido.

La relación laboral se inició en virtud de contrato detrabajo de interinidad suscrito en octubre de 1996, conel Ministerio de Educación y Cultura, con objeto decubrir temporalmente una plaza vacante de personalde limpieza, hasta la cobertura definitiva a través delos sistemas de provisión de vacantes contempladosen el Convenio Colectivo para Personal Laboral delMinisterio de Educación y Ciencia. En un anexo alcontrato se suscribió en el que se hacía expresadenuncia del mismo, y se establecía que el contratoduraría hasta que el puesto de destino en el citadocentro sea definitivamente cubierto a través de los sis-temas de provisión de vacantes contemplados en elcitado convenio en cuyo momento cesaría la trabaja-dora necesariamente en el desempeño de sus funcio-nes, sin necesidad de preaviso. Lo que sucede des-pués es que hasta septiembre de 2005 no se resuelvela convocatoria de plaza. La trabajadora alega que la excesiva duración del con-trato de interinidad suscrito en octubre de 1996 con elMEC, transferido en enero de 1999 a la Administraciónautonómica demandada, implica la desvirtuación delmismo y su conversión en indefinido. El TSJA funda-menta básicamente su decisión en la la STS de

27.3.1992, "El art. 15.1.c) ET y el art. 4 RD 2104/1984de 21 noviembre, -análogos a los que amparan la con-tratación litigiosa- deben ser interpretados de formaracional, teleológica y espiritualista, superando lamera literalidad de su texto, y por ello se ha de enten-der que dentro de los mismos, como una modalidaddel contrato de interinidad, se incluye la denominada"interinidad por vacante" de las Administracionespúblicas, es decir, el contrato de interinaje concerta-do para ocupar una vacante en tanto ésta no seacubierta reglamentariamente por dichas Administra-ciones. Además, la STS de 11.12.2002 (rec. 901/2002)niega la transformación en contrato indefinido de losde interinidad con plazo temporal sobrepasado, puesese carácter temporal -añade- es impropio de los dedicha naturaleza, de forma que ha de cesarse en lasplazas cubiertas interinamente, una vez desaparecidala vacante por cobertura reglamentaria: "Las razonesque sustentan esta posición se expresan en la senten-cia precedente de 23-31999: por una parte, el límitetemporal directo de la vigencia del contrato es impro-pio de la relación de interinidad y su desconocimientono determina la transformación del contrato en indefi-nido, por otra parte, no se produce transformación encontrato indefinido por la existencia de una demora enla provisión de las plazas (STS 24.6.1996), el merotranscurso del plazo, cualquiera que éste sea, no pro-duce en principio el efecto pretendido de transformarla relación contractual de interinidad por vacante encontrato por tiempo indefinido (STS 22.10.1997). Enconsecuencia, el recurso es desestimado.

17.- STSJ MADRID; 21/03/06; Rec.6009/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. La presunción del artícu-lo 15.3 del ET no es "iuris et de iure" sino que

permite prueba en contrario para demostrar la natura-leza del contrato. Si bien es cierto que la causa de lacontratación se había establecido de modo genérico,la empresa ha probado suficientemente que durante laépoca de duración del contrato existió una acumula-ción de tareas al existir entonces un solo trabajador,por lo que con dicha prueba ha destruido la presun-ción legal de fraude de ley.

Una trabajadora ha venido prestando servicios desdeel 20-09-04. Ambas partes habían formalizado enfecha 15.09.04 un contrato eventual por circunstan-cias de la producción, con una duración del 20.09.04al 19.11.04, no haciéndose constar causa alguna detemporalidad; el contrato fue prorrogado del 20.11.01al 19.01.05. Con fecha 03.01.05 la actora recibió una carta porburofax en la que se le comunicaba la extinción delcontrato por finalización del término en fecha19.01.05. La parte actora perdió en instancia lademanda de despido y, en consecuencia, interpuso elpertinente recurso de suplicación.Articula el recurso en un solo motivo que procesal-mente ampara en el apartado c) del artículo 191 de laLPL en el que acusa a la Resolución Judicial de infrin-

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gir los artículos 15 y 56 del ET y los artículos 3 y 9 delRD 2720/98 de 18 de diciembre. Sostiene la recurren-te que se ha omitido en el contrato de trabajo suscritola causa de la eventualidad de la contratación; y enefecto, se suscribió un contrato eventual por circuns-tancias de la producción, pero no se hizo constar unacausa concreta de temporalidad. La jurisprudenciaemanada de la Sala IV del TS viene declarando que elincumplimiento de los requisitos exigidos en lasmodalidades de la contratación temporal, no constitu-ye una exigencia "ad solemnitatem", y que la presun-ción del artículo 15.3 del ET no es "iuris et de iure"sino que permite prueba en contrario para demostrarla naturaleza del contrato. En este caso concreto laprueba aportada por la demandada es abundante y através de ella queda acreditado, tal y como se reflejaen el incombatido relato fáctico de la sentencia, que lacontratación de la actora llevada a cabo el 20.09.05obedecía a una acumulación de tareas, al existirentonces un solo trabajador pues la empresa, que erauna sociedad laboral. Esto significa que la contrata-ción temporal responde a una causa, y el término fija-do para su duración es plenamente válido. Como razona con acierto la juez "a quo", si bien escierto que la causa de la contratación se había esta-blecido de modo genérico, la empresa ha probadosuficientemente que durante la época de duración delcontrato existió una acumulación de tareas al existirentonces un solo trabajador, por lo que con dichaprueba ha destruido la presunción legal de fraude deley. Consecuentemente, la sentencia dictada por elJuzgado no infringe los preceptos que se citen en elúnico motivo del recurso, que por ello ha de ser deses-timado, confirmando la sentencia dictada por el juz-gado.

18.- STSJ MADRID; 27/03/06; Rec.6071/2005. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. La contratación temporalen nuestro ordenamiento jurídico ha de ser

necesariamente causal, debiendo consignarse yespecificarse en el contrato el motivo y las circuns-tancias concretas y específicas que dan lugar a quese acuda a la modalidad de la contratación temporal.En este caso concreto, se expresa como causa el"aumento de clientes", lo que en modo alguno apare-ce acreditado, tratándose además de una frase impre-cisa.

Un trabajador con la categoría de Comercial Pymesvenía prestando servicios en una empresa. La relaciónlaboral se instrumentó en un contrato de trabajo deduración temporal por acumulación de tareas, queexpresa como causa el "aumento de clientes". Se le comunica la extinción de su contrato por finali-zación para la fecha fijada en el contrato. El despidofue declarado improcedente en la instancia. Sostiene la empresa que el contrato eventual por cir-cunstancias de la producción fue concretamente sus-crito para atender las coberturas de los periodos vaca-cionales de los distintos empleados del centro de tra-

bajo en el que prestaba servicios por lo que entiendeque el contrato temporal es perfectamente lícito y váli-do y no ha existido fraude alguno. El planteamiento dela recurrente no puede ser favorablemente acogidopues la contratación temporal en nuestro ordena-miento jurídico ha de ser necesariamente causal,debiendo consignarse y especificarse en el contratoel motivo y las circunstancias concretas y específicasque dan lugar a que se acuda a la modalidad de lacontratación temporal. Es reiterada la doctrina juris-prudencial que considera insuficiente la mera repro-ducción de expresiones legales "circunstancias demercado, acumulación de tareas o exceso de pedi-dos", debiendo consignarse una circunstancia con-creta de producción que justifique la limitación tempo-ral del contrato.En este caso concreto, se expresa como causa el"aumento de clientes", lo que en modo alguno apare-ce acreditado, tratándose además de una frase impre-cisa y no se trata, como se pretende, de un déficit depersonal por razón de vacaciones. El demandante fuecontratado para cubrir necesidades permanentes dela empresa, no concurriendo la circunstancias queexige la contratación eventual, lo que constituye unevidente fraude de ley y en consecuencia ha de estar-se a lo que dispone el artículo 15.3 del ET y el con-trato ha de presumirse por tiempo indefinido, consti-tuyendo su extinción un despido que ha de ser califi-cado como improcedente, de conformidad con lo dis-puesto en el artículo 55.4 del ET.

19. STSJ CASTILLA-LA MANCHA;27/04/06; Rec. 2095/2005; Fraude de ley

en la contratación. Existencia. Contratopara la formación. No puede calificarse como

contrato de formación aquél en el que la formación nose preste, en el que la formación prestada sea única-mente práctica o en que al trabajador se le asignentrabajos que no permitan la obtención de la forma-ción debida. Improcedencia del despido.

La actora ha venido trabajando por cuenta la empresademandada 2-6-2003. Con fecha 9-6-2005 la empre-sa comunicó a la actora que con efectos de 26-6-06quedaba extinguida la relación laboral que unía aambas partes.El Convenio Colectivo para la actividad de exhibicióncinematográfica de la provincia de Albacete para losaños 2002/04 establece en su art. 29 que regula elcontrato para la formación que éste tendrá por obje-to la adquisición de formación teórico-practica nece-saria para el desempeño adecuado de un oficio o unpuesto de trabajo que requiera un determinado nivelde cualificación. El trabajo desarrollado por la actoraconsistió principalmente en la venta de palomitas ygolosinas y esporádicamente en la venta por taquillade localidades así como funciones de portería.El contrato para la formación (art. 11.2 ET) al igual queel contrato en prácticas, combina la prestación de untrabajo y la adquisición de conocimientos prácticos yteóricos, si bien en el contrato de formación no se

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exige título con estudios previos, siendo el objetoesencial del mismo facilitar además de un trabajo, laformación profesional teórica y práctica necesariapara el desempeño adecuado de un oficio o un pues-to de trabajo cualificado, hasta el punto que, tal comoseñaló la STS de 19-2-1996, el incumplimiento entales contratos del requisito de proporcionar enseñan-za teórica al trabajador, convierte el contrato en inde-finido, doctrina ésta que, aún refiriéndose a un con-trato de formación regido por el art. 11.2 del ET con-forme a la redacción que le dio la Ley 32/1984, y conrelación al RD 1992/1984, fue seguida por los Tribuna-les tras la versión dada a dicho artículo del ET por laLey 10/1994, al entender que si faltaba por completoun elemento esencial de la causa del contrato -la for-mación teórica- había de reputarse la conversión delmismo en un contrato laboral común, como conse-cuencia de la entrada en juego del art. 6.4 del CódigoCivil y por derivación del art. 15.3 del ET, siendo con-firmada esta interpretación por el RDL 8/1997, que ensu art. primero, al dar nueva redacción al art. 11 ETestableció en el apartado K) de este art. que "el con-trato para la formación se presumirá de caráctercomún u ordinario cuando el empresario incumpla ensu totalidad sus obligaciones en materia de formaciónteórica". Así, dada esa finalidad formativa del contrato para laformación, el contrato deberá formalizarse para con-tratar los servicios en puestos de trabajo u oficios quequepa considerar como de un determinado nivel decualificación, estando a estos efectos la clave en laexistencia de un módulo formativo ocupacional dereferencia que permita acreditar que no se trata de untrabajo no cualificado y, por ende, no necesitado deningún soporte formativo teórico, lo que constituye sinduda la interpretación más adecuada a dicha finalidadde formación. En el supuesto de autos, debiendo par-tirse necesariamente del inalterado relato fáctico de lasentencia de instancia, lo que conlleva ignorar las ale-gaciones de hechos no recogidos en el mismo, se hade significar que ha quedado acreditado que las tare-as de la actora consistieron principalmente en la ventade palomitas, refrescos y golosinas, y sólo esporádi-camente se ocupó de las labores de portería consis-tentes en recoger las entradas del público que acudíaa las salas de cine, así como en la taquilla procedien-do a la venta de localidades, sin que quepa ignorarque sólo se cumple el objeto del contrato formativocuando la formación va dirigida a la adquisición deconocimientos tanto teóricos como prácticos pararealizar una determinada actividad. Ahora bien, par-tiendo de este objeto, no todas las actividades pro-ductivas requieren una enseñanza o formación previa,por cuanto existen tareas que por elementalidadmisma excluyen la posibilidad del objeto de este con-trato. Debiendo subrayarse que la esencial obligaciónempresarial de formación, caracterizadora del contra-to en conjunción con su obligación de trabajar, impi-den la calificación como contrato de formación deaquél en que la formación no se preste, en que la for-mación prestada sea únicamente práctica o en que altrabajador se le asignen trabajos que no permitan laobtención de la formación debida, y así, si la forma-ción proporcionada al trabajador es exclusivamente

práctica, el contrato, dentro de los formativos, podríaconsiderarse en prácticas, de cumplirse los requisitosdel tipo legal de esta modalidad contractual. Debien-do subrayarse que el "trabajo efectivo" prestado a tra-vés de este vínculo contractual, instrumento para laobtención de su fin formativo, ha de estar presididotambién por su finalidad formativa, de forma que debeser claramente necesario y funcional al desarrollo de laformación.Partiendo de lo expuesto no cabría, en efecto, incluir ala actora en esta modalidad de contrato de trabajo, loque no esconde más que la mera utilización fraudu-lenta de un contrato previsto en nuestro ordenamientojurídico con una finalidad específica y tasada paraesconder un mero contrato de trabajo ordinario.Así, tal como se indica en la sentencia de instancia,dado lo elemental de las tareas a realizar (que inclusoel propio tutor de formación de la actora admitió queera innecesario tanto tiempo de formación para adqui-rir las habilidades necesarias para la venta de palomi-tas, etc) y la inexistencia de formación en ofimática (porlas funciones de venta de localidades que esporádica-mente realizó), suponen necesariamente que se ha dedeterminar que la contratación de la actora lo fue efec-tivamente en fraude de ley, debiendo reputarse el con-trato indefinido conforme a lo expuesto, por lo que, noexistiendo causa justificadora del despido, éste habíade ser calificado como improcedente, con los efectoslegales que dicho pronunciamiento conlleva.

20.- STSJ MADRID; 03/05/06; Rec.425/2006. Fraude de ley en la contrata-

ción. Inexistencia. Habiéndose cumplidosiempre las exigencias de concreción de la

obra y de ejecución de las prestaciones en la obraseñalada y no en otras distintas, no se aprecia ilicitudalguna en la celebración, ejecución y extinción de loscontratos. El dato de que no conste la terminación decada una de las obras intermedias no convierte enfraudulentos los contratos, pues la causa de tempo-ralidad existe, y aun en la hipótesis de que no hubie-ran finalizado cuando el trabajador y la empresa sus-criben la cláusula para que aquél pase a prestar ser-vicios en otra obra, no habría en ello renuncia algunade derechos, pues no existía fijeza, y el dejar a unaobra para pasar mediante contrato de igual clase atrabajar en otra obra, no implica renuncia a derechoalguno, sino una situación más ventajosa para el tra-bajador pues es presumible que a la nueva obra lequede más tiempo de dura.

El trabajador ha prestado servicios para la empresadesde el 2-11-2001. Con posterioridad a éste contra-to, las partes suscribieron una serie de cláusulas adi-cionales al contrato de trabajo. Con fecha 26-5-2005la empresa comunicó al actor la finalización del con-trato de trabajo temporal.Se plantea el tema de los contratos de obra sujetos ala duración de una contrata, que fue abordado poresta Sala en sentencia de 05.07.02 (recurso de Supli-cación 2489/02), en la que se dice, en relación preci-

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samente con la misma empresa que entonces actua-ba procesalmente como recurrente:Consta en los hechos probados que el actor y laempresa suscribieron una serie sucesiva de contratospara obra o servicio determinado coincidentes condiversas obras encargadas a la demandada, concer-tando un primer contrato al que siguieron cláusulasadicionales firmadas por ambos contratantes cons-tando en todo momento la obra a realizar y los traba-jos en que consistía (diversas instalaciones eléctricasen viviendas en construcción), habiendo prestado ser-vicios el actor en cada una de ellas, y recibiendo a lafinalización de la última comunicación extintiva delcontrato.Hay que recordar la vigente línea doctrinal establecidaen la sentencia del Tribunal Supremo de 15.01.97,superando anteriores divergencias, luego confirmadapor las de 25.06.97, 18.12.98, 08.06.99, 20.11.00 y26.06.01 y seguida también por esta Sala en las de16.07.99 (rec. 2498/99), 31.07.99, (rec. 3396/99) y14.10.99, (rec. 4167/99) y 30.03.00 (rec. 441/00 ) entremuchas otras.En ellas se analiza el problema de la validez de loscontratos de obra o servicio determinado sujeto a laduración de una contrata, arrendamiento de servicioso concesión administrativa, problema que no habíatenido una solución uniforme en la jurisprudencia. Ensíntesis, la Sala 4ª del TS, aún reconociendo la dificul-tad de reconocer la existencia de una obra o servicioen el sentido habitual, da validez al contrato porqueconcurre una necesidad temporal de trabajo para laempresa objetivamente limitada, sin que deba confun-dirse la permanencia del servicio para la empresacomitente o para la Administración, con la indiscutibletemporalidad que ha de apreciarse en la empleadorade los trabajadores. El compendio de los criterios sepuede establecer como sigue: a) Aunque no exista un trabajo dirigido a la ejecuciónde una obra entendida como elaboración de una cosadeterminada ni tampoco un servicio como prestaciónde hacer que concluye con su total realización, existeuna necesidad de trabajo temporalmente limitada parala empresa, aceptada por ambas partes, y que operacomo un límite temporal previsible en la medida enque el servicio se presta por encargo de un tercero ymientras se mantenga éste. b) Aunque la realización del trabajo coincida con laactividad normal en la empresa, la contrata presentaautonomía y sustantividad propias; y pese a quepudiera existir una exigencia permanente del serviciopara la empresa comitente, lo decisivo es el caráctertemporal de la actividad para quien asume la posiciónempresarial en el contrato de quien asume la posiciónempresarial en el contrato de trabajo, exceptosupuestos de cesión en que la contrata actúe sólocomo un mecanismo de cobertura de un negociointerpositorio.c) Aun pudiendo cuestionarse la existencia de un con-trato de obra o servicio determinado en sentidoestricto, el contrato será válido y eficaz la cláusula detemporalidad con arreglo al artículo 49.1.b) y c) delEstatuto de los Trabajadores, como una condiciónresolutoria o un término atípico, por no ser apreciable

abuso de derecho, al responder a una exigencia justi-ficada de gestión (STS 28.02.96 ).d) Estas conclusiones se refuerzan si existe normaconvencional que identifique el supuesto de contratode obra o servicio determinado para la duración deuna contrata, con arreglo al art. 15.1.a) del ET, pero noresulta preciso que así suceda ni por tanto la inexis-tencia de tal previsión convencional debe determinarla ilicitud del contrato de obra o servicio determinado,pues el reconocimiento del carácter temporal por laautonomía colectiva es sólo una garantía adicional a lahora de enjuiciar la licitud de las cláusulas incorpora-das a los contratos individuales, pero no un requisitoimprescindible para su validez.Por otra parte, también hay que señalar que habién-dose cumplido siempre las exigencias de concreciónde la obra y de ejecución de las prestaciones en laobra señalada y no en otras distintas, no se apreciailicitud alguna en la celebración, ejecución y extinciónde los contratos, pues hay que señalar que le TribunalSupremo, como declara entre otras en la sentencia de29.12.95 , "viene manteniendo con reiteración -sen-tencias de 25.01.94 y 17.05.94 - que la sucesiva con-certación de distintas modalidades de contratos tem-porales en el ámbito de las Administraciones Públi-cas, siempre y cuando se lleven a efecto de conformi-dad con las previsiones legales previstas para cadauna de esas modalidades, no tiene por qué entrañartipo alguno de abuso o irregularidad susceptible degenerar la nulidad de tales contrataciones y el consi-guiente reconocimiento del derecho a la fijeza enplantilla del personal laboral afectado por las mis-mas..." doctrina desde luego igualmente aplicable a lacontratación temporal efectuada en las empresas pri-vadas.Por último, el dato alegado por el impugnante de queno conste la terminación de cada una de las obrasintermedias (la de la última sí está acreditada) no con-vierte en fraudulentos los contratos, pues la causa detemporalidad existe, como ya se ha razonado, y aunen la hipótesis de que no hubieran finalizado cuandoel trabajador y la empresa suscriben la cláusula paraque aquél pase a prestar servicios en otra obra, nohabría en ello renuncia alguna de derechos, pues noexistía fijeza, y el dejar a una obra para pasar median-te contrato de igual clase a trabajar en otra obra, noimplica renuncia a derecho alguno, sino una situaciónmás ventajosa para el trabajador pues es presumibleque a la nueva obra le quede más tiempo de duración.No esxite fraude de Ley.

21.- STSJ CANARIAS/LAS PALMAS;08/05/06. Fraude de ley en la contrata-

ción. Consignación en el contrato de acu-mulación de tareas de la causa de la contrata-

ción con expresiones vagas e imprecisas. Realizaciónde actividades ordinarias de la empresa.Improcedencia del despido.

La trabajadora ha mantenido una relación laboral queha sido instrumentalizada mediante un contrato de

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duración determinada, eventual por circunstancias dela producción, pactado en jornada de 10 horas sema-nales. Las circunstancias aludidas en el contrato son"acumulación de trabajo por aumento de producción".Se pactó, en primer lugar, un contrato de dos horas el15 de diciembre de 2003, que luego fue prorrogado,del 15 de abril de 2004 al 14 de diciembre de 2004 conuna jornada diaria de 4 horas. La actora realizaba unajornada laboral de 8 horas diarias aproximadamente,desde las 16,00 horas hasta la hora de cierre, sobrelas 23,00 horas, de lunes a viernes. Los viernes traba-jaba por la mañana a partir de las 8,00 horas. Confecha 14 de diciembre de 2004 la empresa dio porfinalizada la relación laboral. Conforme a los artículos 15 párrafo 1º letra b) del ET y3 del RD 2720/1998, el contrato de trabajo temporalpor razones de eventualidad puede celebrarse cuandolas circunstancias del mercado, acumulación de tare-as o exceso de pedidos así lo exigieren, aun tratándo-se de la actividad normal de la empresa. Así pues, laeventualidad no se define en atención a un criteriocualitativo, la naturaleza o tipo de trabajo a realizar, yaque este puede ser el mismo que el de los trabajado-res fijos de plantilla, sino a un criterio cuantitativo, elaumento temporal de trabajo por circunstancias delmercado, acumulación de tareas o exceso de pedi-dos, al que la ley fija una duración máxima por enci-ma de la cual la eventualidad se transforma en norma-lidad, lo que exige ya una contratación por tiempoindefinido (López Gandía, "Derecho del Trabajo"). Los requisitos de ésta modalidad contractual serán,por tanto: la naturaleza extraordinaria de la necesidadde trabajo a atender, y el carácter transitorio o tempo-ral de esta necesidad. Los contratos temporales eventuales deberán formali-zarse por escrito cuando su duración sea superior acuatro semanas y en el mismo debe expresarse conclaridad y precisión la causa o la circunstancia de laeventualidad y determinar la duración del mismo (artí-culo 3 párrafo 2º letra a. del Real Decreto 2.720/1998), no bastando una mera reproducción literal del artí-culo 15 párrafo 1º letra b) del Estatuto de los Trabaja-dores(sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayode 1993, 5 de mayo de 1997 y 18 de noviembre de1998 ), todo ello con la finalidad de evitar situacionesde indefensión en el polo más débil de la relaciónlaboral, el trabajador. El incumplimiento de esta obli-gación genera la presunción de que el contrato se hacelebrado por tiempo indefinido, salvo prueba encontrario de su naturaleza temporal (sentencias delTribunal Supremo de 11 y 14 de marzo y 2 de diciem-bre de 1997), siempre que se den las causas justifica-doras de la temporalidad. Además, en el caso de que se demuestre la existenciade fraude de ley en la contratación temporal no seadmite prueba en contrario que acredite la naturalezatemporal de la prestación. De los hechos constatadoscomo probados se evidencia que en el contrato detrabajo temporal eventual por circunstancias de laproducción celebrado entre las partes no se consig-nan validamente las causas de la contratación y tansolo se menciona como tal la de "Acumulación de tra-bajo por aumento de producción", expresión vaga,

imprecisa y carente de sustantividad jurídica a la horade identificar las causas de la temporalidad de dichacontratación, dado que ni tan siquiera se especificancuales son las causas de que la producción hubieraaumentado, su duración, comienzo, finalización, etc.Además, no ha quedado acreditado por la empresaque en las fechas de vigencia de dicho contrato y suprórroga (del mes de diciembre de 2003 al mismo mesde 2004) efectivamente se produjera un aumento dela actividad normal de la empresa. Ello demuestra que la empleadora acudió en el casode la actora a esta figura de contratación temporal porrazones de eventualidad para cubrir necesidades demano de obra que se derivan de su actividad ordina-ria, produciéndose una desnaturalización de la figuracontractual prevista en el artículo 15 párrafo 1º letrab) del ET, contraria al principio de causalidad impe-rante en la contratación temporal en nuestro ordena-miento jurídico. Acudir, como hace la empresademandada, a modalidades de contratación temporalque perjudican la estabilidad en el empleo de los tra-bajadores e implican un menor contenido obligacionalpara el empleador, constituye un auténtico fraude deley, pues al amparo formal de una norma en vigor, sepersigue y consigue un resultado prohibido por elordenamiento jurídico laboral o contrario a él, lo queconforme al artículo 6 párrafo 4º del Código Civil y 15párrafo 3º del Estatuto de los Trabajadores, nuncapuede impedir la aplicación de la norma que se hubie-ra tratado de eludir. Por lo tanto, hemos de considerara la actora como trabajadora fija de plantilla de laempresa demandada y, en consecuencia, indefinidadesde el momento en que se inició la relación, contodos los efectos inherentes a tal calificación y portanto su despido ha de ser declarado improcedente

22.- STSJ CASTILLA Y LEÓN/VALLADO-LID; 05/06/06; Rec. 910/2006. Fraude de

ley en la contratación. Existencia. Si bien lacontratación inicial de la trabajadora pudo

estar debidamente justificada ya que concurría lacausa de temporalidad, una vez transcurrido el plazolegal máximo de duración del contrato no puedeseguir concurriendo la causa de temporalidad, sinque sea posible recurrir a la solución de extinguir elcontrato de una trabajadora y contratar a otra exacta-mente con el mismo tipo de contrato "eventual" porcircunstancias de la producción, y con la misma cate-goría profesional, ocupando la plaza que hasta ahoraocupaba la trabajadora cuyo contrato se extingue.

La actora ha venido prestando sus servicios profesio-nales para la Consejería reclamada desde 2.11.2004a 1.1.2005. "El contrato de duración determinada secelebra para atender las exigencias circunstancialesdel mercado, acumulación de tareas, exceso de pedi-dos consistentes en atender mediante el desempeñode tareas propias de la categoría necesidades coyun-turales durante el curso 2004-2005. No cubiertos porla plantilla del centro, dado el número de alumnos y losefectivos del personal de servicios con lo que cuenta

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el centro es imprescindible ayuda en tareas propias desu categoría a los efectivos de personal con que cuen-ta el centro".El Convenio Colectivo para el personal laboral de laAdministración de la Comunidad de Castilla y Leónprevé que la duración máxima de estos contratos seade 12 meses. Así su arto 34.6 dice: "…Contratos deduración determinada por circunstancias de mercado,acumulación de tareas o excesos de pedidos, se esta-blece una duración máxima de 12 meses dentro de unperíodo de 18 meses, contados a partir del período enque se produzcan dichas causas". En esencia, elrecurrente aduce que se ha contratado a la actora, sinque exista incremento de tareas, ni de pedidos, niacumulación de las mismas, circunstanciales, pues nise ha producido reducción de jornada del personal dela Guardería como alega la Junta de Castilla y Leónser la causa de la contratación, ni existe mayordemanda de servicios por haber aumentado el núme-ro de plazas o el número de alumnos del centro, el cualdesde hace cursos y cursos no varía en absoluto. Ymás cuando lo que parece acreditar la administracióna través de sus actos, es que la necesidad de contra-tación es ordinaria, y que lo que existe es una vacan-te de hecho, al menos, puesto que al día siguiente dedespedir a la actora se contrata a otra trabajadora,"para las tareas de limpieza durante el curso2005/2006, con una duración desde 2/11/2005 a1/11/2006", evidenciando totalmente la necesidadordinaria, no eventual o circunstancial de una limpia-dora en el centro, siendo más que evidente la contra-tación de la actora en fraude de ley, y por ello el resul-tado debe ser el establecido en el artículo 15.3 delEstatuto de los Trabajadores se debe declarar laimprocedencia del despido. La censura jurídica formulada ha de tener favorableacogida. A este respecto hay que señalar que, si bienla contratación inicial de la actora pudo estar debida-mente justificada ya que concurría la causa de tem-poralidad de circunstancias de la producción consis-tente, tal como consta en la cláusula sexta de su con-trato en "atender las existencias circunstanciales delmercado, acumulación de tareas, excesos de pedidosconsistentes en atender mediante el desempeño detareas propias de la categoría necesidades coyuntura-les durante el curso 2004/2005 no cubiertas por laplantilla del centro, dado el número de alumnos y losefectivos del personal de servicios con los que cuentael centro, es imprescindible un apoyo en tareas pro-pias de su categoría a los efectivos del personal conque cuenta el centro". Dicha acumulación de tareasobedecía fundamentalmente a que a partir del 1 deenero de 2003, por mor de la vigencia del nuevo Con-venio Colectivo del personal laboral de la Junta deCastilla y León, la jornada anual se había reducido yhabía que hacer frente a las necesidades del centrocon el mismo número de trabajadores que realizabanjornada inferior.Tal situación inicialmente se puede calificar de coyun-tural, pues se encuentra pendiente de la elaboraciónde la RPT, debiendo tomarse además en cuenta la cir-cunstancia de que se ha procedido a transferir a lostrabajadores a la Consejería de Familia e Igualdad deOportunidades, mientras antes dependían de la Con-

sejería de Educación, por Decreto 2/03 de 3 de julio y78/03 de 17 de julio sin embargo, con posterioridad haperdido dicho carácter coyuntural. En efecto, tal como resulta del art. 15.1 b) del Estatu-to de los Trabajadores, art. 3 del R.D. 2720/98, asícomo del art. 34.6 del I CC para el personal laboral dela AG la CA de Castilla y León y OA dependientes deesta, la duración de dichos contratos tiene un límitemáximo dentro de un periodo de referencia, que en elsupuesto contemplado, en virtud de lo dispuesto en elprecitado artículo 34.6 del Convenio Colectivo es de12 meses dentro de un periodo de 18 meses. Por lotanto, una vez transcurrido dicho plazo no puedeseguir concurriendo la causa de temporalidad, sinque sea posible recurrir a la solución de extinguir elcontrato de la actora y contratar a otra trabajadoraexactamente con el mismo tipo de contrato "eventual"por circunstancias de la producción, por acumulaciónde tareas, para desarrollar el mismo trabajo y con lamisma categoría profesional, ocupar la plaza quehasta ahora ocupaba la actora, concertado por 12meses de duración.Por lo tanto estamos ante un contrato que no se con-cierta para cubrir necesidades permanentes de laempresa, pues han transcurrido dos años, las circuns-tancias son idénticas (numero de plazas, numero dealumnos y horario de los trabajadores) y no se hadotado de una nueva plaza, lo que supone acudir a lacontratación temporal para cubrir necesidades perma-nentes, siendo el contrato en fraude de Ley, lo quedetermina que el mismo se presume indefinido, atenor del artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajado-res, si bien al tratarse de una Administración Pública,la trabajadora no adquiere la condición de fija de plan-tilla, sino que su relación laboral se mantiene hastatanto se cubra reglamentariamente la plaza o se amor-tice por los procedimientos establecidos.

23.- STSJ CASTILLA-LA MANCHA;13/06/06; Rec. 149/2005. Fraude de ley en

la contratación. Existencia. Suscripción decontratos laborales de temporada con la única

finalidad empresarial de no abonar la retribucióndurante el período coincidente con las vacaciones, nila cotización a la Seguridad Social. STSJ Castilla-LaMancha; 13/06/06; Rec. 149/2005;

Dos trabajadoras han venido prestando servicios parala empresa codemandada, en virtud de diversos con-tratos, siendo la modalidad de todos ellos, contratotemporal por obra o servicio determinado. Tras la fina-lización de cada periodo contractual, las trabajadoraspercibieron las correspondientes Prestaciones porDesempleo a cargo del INEM.La Sentencia de instancia analiza, a la luz del art. ET,la legalidad de los contratos temporales concertados,llegando a la conclusión de que realmente los mismosestaban suscritos en fraude de ley, con la única finali-dad empresarial de no abonar la retribución durante elperíodo coincidente con las vacaciones, ni la cotiza-ción a la SS, y apenas un poco más de tiempo, duran-

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te el cual decae la actividad productiva de la empresa,consistente como se ha señalado en la producción yfabricación de bollería, que no es en absoluto coinci-dente con un determinado período de tiempo o conuna época del año, toda vez que son productos deproducción y consumo anual. No es por tanto encaja-ble la actividad productiva dentro de un período detiempo determinado previamente, en el que de modonatural, únicamente sea posible la misma. Muchomenos aún estamos ante un supuesto productivo enel que la actividad de las trabajadoras esté enmarca-da dentro de la realización de una obra o de un servi-cio determinado que sea conmensurable (art.15,1,a)ET ), que tenga un comienzo y un punto final de cul-minación, que sea además incierto, en cuanto que loúnico que ocurre es que la empresa demandada, porsu propia conveniencia, disminuye al parecer el ritmoproductivo, acomodándolo según se constata con elperíodo estival, posiblemente de menor consumocomo consecuencia de la disminución de la poblacióneventualmente consumidora por ausencias derivadasdel disfrute de vacaciones. Lo que en absoluto encajadentro del concepto de obra o servicio determinado,de un lado, y de otro, tampoco provoca la posibilidadde conceptuar la actividad como de temporada, encuanto que se sigue produciendo y consumiendo, sibien pueda ser que en la localidad lo sea en menoscantidad, y no consta que los productos que realiza leempresa sólo sean de consumo circunscrito a tempo-rada de clase alguna -lo que conduciría, en ese caso,a tener a los trabajadores como fijos, si bien fuera dis-continuos (art. 15,8 ET), si eso fuera atendible, que nolo es-. Simplemente, esas situaciones pueden sersuperadas bien mediante la búsqueda de nuevo mer-cado en zonas donde aumenta en ese tiempo el con-sumo, o bien acudiendo a la técnica suspensiva legal-mente prevista (art. 47 ET). Pero sin que sea posible elpretender una contratación por obra o servicio deter-minado, por tiempo determinado, acogida a una ine-xistente temporada, pues ello no está permitido en elart. 15 ET, que solamente hace viable la temporalidaddel contrato de trabajo cuando la misma puede ubi-carse dentro de alguna de las causas previstas, califi-cándose en otro caso como contrato en fraude de ley,que pretende burlar las obligaciones derivadas delcontrato fijo de plantilla, tanto respecto al propio tra-bajador, con en relación con el sistema de SeguridadSocial. Con la consecuencia entonces, de acuerdo

con la regulación general de los contratos (art. 6,4 delCódigo Civil), como con la particular y además prefe-rente del contrato de trabajo (art.15,3 ET), de que seaplica la normativa que corresponde a la situaciónreal que se ha tratado de burlar con la pretendida tem-poralidad; es decir, las que se corresponden con untrabajador fijo de plantilla.

24.- STSJ CASTILLA Y LEÓN/VALLADO-LID; 23/06/06; Rec. 1166/2006. Fraude de

ley en la contratacion. Inexistencia. La merairregularidad en la formalización del contrato,

omitiendo el requisito de consignar el nombre del tra-bajador sustituido, no supone que el contrato se hayaformulado en fraude de ley cuando se concreta en elcontrato la plaza que se va a desempeñar, efectiva-mente se ocupe dicho puesto de trabajo y concurreuna causa que justifica la temporalidad de la contra-tación.

El trabajador formalizó contrato con la demandadaDiputación en la modalidad de interino, el 1-10-2003,en la categoría de subalterno, para cubrir y sustituir altrabajador de la plaza 001. Dicha plaza le había sidoadjudicada a otra trabajadora en el concurso de tras-lados. El recurrente, alega que el contrato de interinidad otor-gado entre las partes no cumple los requisitos legalesy se otorga, por consiguiente, en fraude de ley y queno concurre la causa invocada ni causa legal paraextinguir la relación laboral, tal y como ha decidido laDiputación.La censura jurídica formulada no ha de tener favorableacogida. A este respecto hay que señalar que, talcomo consta en el contrato suscrito por el actor, elmismo se concertó para sustituir al trabajador "plaza001" y si bien no consta el nombre del trabajador queocupaba dicha plaza ello no significa que el contratohaya sido suscrito en fraude de ley y que no concurracausa para extinguir la relación laboral.En efecto, la mera irregularidad en la formalización delcontrato, omitiendo el requisito de consignar el nom-bre del trabajador sustituido no supone que el contra-to se haya formulado en fraude de ley cuando, comoen el supuesto que ahora se examina, se concreta enel contrato la plaza que se va a desempeñar, efecti-vamente se ocupe dicho puesto de trabajo y concurreuna causa que justifica la temporalidad de la contra-tación, cual es que la titular de la plaza, se encontrabaen excedencia voluntaria por un periodo de dos años.En primer lugar hay que señalar que en el contratofigura que la duración del mismo será "desde el 1-10-03 hasta la cobertura de la plaza". Una vez extinguidoel derecho a la reserva de puesto de trabajo, por nohaberse reincorporado a su puesto de trabajo la tra-bajadora en excedencia, demandada procede a lacobertura de la plaza, con lo que se cumple la previ-sión de duración del contrato, establecida en la cláu-sula adicional del mismo. La cobertura de la plaza serealiza siguiendo el procedimiento establecido en elconvenio.

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25.- STSJ MURCIA; 03/07/06; Rec.708/2006. Fraude de ley en la contrata-

ción. Existencia. El hecho de que la trabaja-dora prestase otros servicios ajenos a los pac-

tados significa que el contrato temporal no ampara larealización de los mismos e implica un fraude de ley,pues no se pretendía cumplir con la finalidad perse-guida por la ley, al autorizar el contrato suscrito, puesestuvo realizando actividades de carácter permanen-te.

La trabajadora ha prestando servicios como médicoadjunto oftalmología para el SMS, desde 01-01-02hasta 31-01-06. Dicha prestación de servicios se hallevado a cabo en virtud de un contrato de trabajo deduración determinada suscrito el 26-12-01 para la rea-lización de una obra o servicio determinado, consis-tente, según la cláusula sexta del mismo, en la "laintervención quirúrgica mediante cirugía vitreoretinianade los pacientes incluidos en la lista de espera delhospital correspondientes al periodo comprendidoentre el 1-1-2001 y el 31-12-2001. La actividad lleva-da a cabo por la trabajadora durante el periodo devigencia del referido contrato no se ha limitado exclu-sivamente a la intervención quirúrgica mediante ciru-gía vitreoretiniana de los pacientes incluidos en la listade espera del hospital correspondientes al periodocontratado, sino que también ha realizado guardiasmédicas (retribuidas), ha participado en las sesionesclínicas (que permiten poner en común las dudas delos facultativos sobre determinados tratamientos) y enconsultas externas (exploración previa de pacientespara determinar sus necesidades terapéuticas yseguimiento de postoperatorios hasta el alta definiti-va).

Ante tal constatación, el hecho de que la actora pres-tase otros servicios ajenos a los pactados significaque el contrato temporal no ampara la realización delos mismos e implica un fraude de ley, pues no sepretendía cumplir con la finalidad perseguida por laley, al autorizar el contrato suscrito, pues estuvo rea-lizando actividades de carácter permanente. En efec-to, en sentencia de 10-10-2005, rec.2755/2004, el TSafirma que: "tal como esta Sala razonaba en la Sen-tencia de 11de mayo de 2005 (Recurso 4162/03), conreferencia a otras anteriores y con validez, tanto paralas empresas privadas como para las públicas, e inclu-so para las propias A.P., son requisitos para la validezdel contrato de obra o servicio determinado, que apa-rece disciplinado en los arts. 15.1.a) del ET y 2 del RD2720/1998, los siguientes:

a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, pre-sente autonomía y sustantividad propia dentro de loque es la actividad laboral de la empresa.

b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, seaen principio de duración incierta.

c) Que se especifique e identifique en el contrato, conprecisión y claridad, la obra o el servicio que consti-tuye su objeto;

y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el tra-bajador sea normalmente ocupado en la ejecución deaquella o en el cumplimiento de éste y no en tareasdistintas.Esta Sala se ha pronunciado repetidamente sobre lanecesidad de que concurran conjuntamente todosrequisitos enumerados, para que la contratación tem-poral por obra o servicio determinado pueda consi-derarse ajustada a derecho". Ello supone que el con-trato debe considerarse por tiempo indefinido, si biendebe tenerse en cuenta que esta Sala, siguiendo juris-prudencia del TS tiene declarado que: "La sentenciade esta Sala, número 1187, de 21-10-02, en similarsentido que la de 3-4-2000, se refiere a la doctrina laS. del TS de 27-5-2002, que dice: "La figura del con-trato de trabajo temporalmente indefinido, mediantela cual esta Sala ha acomodado los mencionadosprincipios constitucionales con el mantenimiento ydefensa de los justos límites y requisitos de la contra-tación temporal, viene delineada por nuestra S 20 Ene.1998, dictada en Sala General, en la que se aplicadicha figura de contrato de trabajo, al tiempo queniega la condición de fijos a trabajadores al servicio deuna A.P. De esta sentencia asume la Sala de Suplica-ción en la sentencia ahora recurrida, la más esencialde sus conclusiones de futuro, que aparece formuladaen los siguientes términos literales: «El carácter indefi-nido del contrato implica desde una perspectiva tem-poral que éste no está sometido, directa o indirecta-mente a un término. Pero esto no supone que el tra-bajador consolide, sin superar los procedimientos deselección, una condición de fijeza en plantilla que nosería compatible con las normas legales sobre selec-ción de personal fijo en las Administraciones Públicas.En virtud de estas normas el organismo afectado nopuede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con unaadscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que,por el contrario, está obligado a adoptar las medidasnecesarias para la provisión regular del mismo y, pro-ducida esa provisión en la forma legalmente proce-dente, existirá una causa lícita para extinguir el con-trato». Justamente ésta es la afirmación más relevan-te que se contiene en el razonamiento transcrito, y esque, la ocupación, definitiva y mediante un procedi-miento reglamentario de selección, de la plaza desem-peñada en virtud el contrato temporalmente indefini-do, hace surgir una causa de extinción del contrato.Esta causa tiene que subsumirse en las enunciadasgenéricamente por el apartado b)del citado núm. 1 delart. 49 del ET, y ello porque desde que una sentenciajudicial firme aplica a un contrato de trabajo la doctri-na de esta Sala contenida en la mencionada S. 20-1-1998, está cumpliendo lo previsto en el art. 9 del ET, asaber declara la nulidad parcial del contrato aparente-mente temporal y en concreto y por contraria al art. 15del ET -al que está sujeta también la A.P.- se pronun-cia la ineficacia legal de la cláusula de temporalidadno acomodada a dicho precepto; y sustituye dichacláusula por otra causa de extinción del contrato,expresamente establecida en nuestra meritada sen-tencia, a saber la ocupación de la plaza por procedi-miento reglamentario, que cumpla los preceptos lega-les y los principios constitucionales".

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1. ¿CUÁNDO HA DECONCERTARSE PORESCRITO EL CECP?

Como es bien conocido la con-tratación temporal constituyeun terreno en el que tradicional-mente el ordenamiento laboralha dejado atrás la libertad deforma tradicional de nuestrosistema jurídico imponiendo lacelebración del contrato porescrito. Sin embargo, esta afir-mación no es trasladable enbloque al CECP que, como estambién costumbre, es el únicode los contratos temporalesdonde la obligación de plasmarel pacto por escrito se encuen-tra más atenuada. Así el ET (art.8.2) no menciona expresamen-te el CECP a la hora de esta-blecer las excepciones a lalibertad de forma en la contra-tación laboral, lo que no quiere decir que el CECPquede por completo al margen de la obligación de for-malización por escrito, sino que ésta no resulta incon-dicionada, pasando a depender, en cambio, de si elCECP adquiere o no algunas características particula-res como son la de ser concertado a tiempo parcial otener una duración superior a las cuatro semanas. Eneste sentido, particularizando para el CECP los man-datos del art. 8.2 ET, dispone el art. 6.1 RDCT que los«contratos eventuales por circunstancias de la pro-ducción deberán formalizarse por escrito cuando suduración sea superior a cuatro semanas o se concier-ten a tiempo parcial»; lo que, a contrario, supone quetan solo el CECP concertado a tiempo completo y poruna duración inferior a cuatro semanas queda exentode la obligación de ser escriturado (cfr. STSJ Castilla yLeón-Valladolid 30 de junio de 2005, Jur. 175346);excepción que, en nuestra opinión, no tiene demasia-do sentido y que convendría revisar equiparando elrégimen formal del CECP al del resto de contratostemporales, pues no parece que el hecho de obligar aformalizar por escrito un contrato, aun de duración

breve, reste un ápice de solturaa su concertación en el caso deser ésta, como parece, la justi-ficación de esta excepción.Porque, además, la existenciade esta excepción no deja degenerar algunos inconvenientescomo el de incentivar el con-cierto de contratos eventualesde duración inferior al mes oprovocar dificultades cuando elCECP, de duración inicial infe-rior a cuatro semanas, acaba,vía prórrogas, superando estaduración lo que no parecepuede resolverse de otra formaque exigiendo las plasmaciónpor escrito del contrato una vezque las cuatro semanas deduración han sido alcanzadas(argumento similar habría quemantener para el derecho deinformación previsto en el art.8.5 ET, cuya entrada en escena

también se hace depender de que la relación laboralsupere las cuatro semanas de duración).

En cualquier caso conviene tener en cuenta que elCECP, aun en el caso de no tener que ser formalizadopor escrito por imperativo legal, puede adquirir dichaforma por varios cauces como son a) la existencia deuna previsión en el convenio colectivo aplicable queobligue a adoptar la forma escrita incluso aunque laley no lo exija, contenido convencional nada infre-cuente y que, a nuestro juicio —aunque la opinión noes del todo pacífica en la doctrina—, cabe perfecta-mente entre las facultades de la negociación colectiva;y b) como resultado de la previsión contenida en el art.8.4 ET que permite a las partes exigir la forma escritadel contrato aunque no exista obligación legal deadoptarla.

Por último, téngase en cuenta que como ya hemosdicho más arriba el hecho de que el CECP no tengaque ser formalizado por escrito cuando se celebra atiempo completo por un corto período de tiempo, nosupone que también en este caso sea posible pres-

■ Joaquín Pérez Rey. Doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad deCastilla-La Mancha.

"Exigencias formales de la contratacióneventual"El texto se corresponde al capítulo V del libro “El contrato eventual por circunstancias de laproducción” (Editorial Bormazo, Básicos de Derecho Social 21).

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cindir de la identificación de la causa que justifica latemporalidad, que es el único medio que tiene el tra-bajador para conocer las particularidades extintivasde su contrato; hasta el punto que la ausencia deidentificación causal cualquiera que sea su formadebe conducir a la pérdida de la naturaleza temporaldel contrato.

2. CONTENIDO DE LA FORMA ESCRITA

Aunque nada dice el ET acerca de cuál han de ser lasconcretas menciones que el documento contractualdebe reflejar, dicho silencio lo colma el RDCT quededica a estos efectos su art. 6.2 donde se disponeque, entre otros extremos, los contratos temporalesque se formalicen por escrito deberán hacer constar«la modalidad contractual de que se trate, la duracióndel contrato o la identificación de la circunstancia quedetermina su duración, así como el trabajo a desarro-llar».En cuanto a la ratio del precepto surge la duda de silas menciones a consignar en el escrito contractualdeben observarse tan sólo cuando sobre el CECPrecaiga la obligación de consignación escrita o si lasmismas deben incluirse también en el caso de que elcontrato se concierte por escrito, aun a falta de normaimperativa en tal sentido. La interpretación literal deltexto reglamentario avalaría esta segunda conclusiónal hablar de «contratos de duración determinada [que]se formalicen por escrito», sin distinguir, por consi-guiente, entre forma legalmente exigida o adoptadavoluntariamente. No parece, sin embargo, que elentendimiento en estos términos del precepto sealógico, pues el que puede lo más puede lo menos, demodo que si no hay obligación de consignación escri-ta no parece tampoco que sea posible imponer uncontenido determinado al escrito formalizado volunta-riamente. Aunque sí cabría pensar que cuando el tra-bajador haga uso de la facultad de exigir la formaliza-ción escrita del contrato que le reconoce el art. 8.4 ET,el documento contractual deberá comprender necesa-riamente los extremos del art. 6.2 RDCT98, que servi-ría así para dotar de contenido a esta facultad de com-pulsión que, en definitiva, supone dejar en manos deltrabajador la posibilidad de imponer la formalizacióndel contrato cuando la ley no la exija y la evaluación desu cumplimiento consistirá en comprobar si el docu-mento formalizado acoge todos los contenidos que laley impone cuando es ella la que excepciona la liber-tad de forma.Mayor importancia reviste determinar si las exigenciasformales se agotan con la plasmación en el contratoescrito de los extremos expresamente enumerados enel RDCT (especificación de la modalidad, duración ocircunstancia que la determine y trabajo a desarrollar).El texto reglamentario hace patente que el elenco demenciones exigidas es meramente ejemplificativo y noagota todos los contenidos que el documento con-tractual debe contener, ya que aquéllas se consigna-rán «entre otros extremos», es decir, que el escrito quesirve de cauce formal al contrato integrará otras men-

ciones entre sus contenidos y, desde luego, todas lasque lo hagan cognoscible en el tráfico jurídico: identi-ficación de las partes que lo suscriben, fecha de otor-gamiento, firma de los contrayentes, etc., sin las cua-les, como es evidente, mal se puede hablar de docu-mento contractual.

3. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTOFORMAL

La inobservancia de consignación escrita del CECPcuando la misma fuera obligatoria determina, como enel resto de contratos temporales, la aplicación de lapresunción recogida en el art. 8.2 ET, sin perjuicio delas sanciones administrativas que procedan al consti-tuir el incumplimiento de la obligación de consignarpor escrito el contrato una infracción grave tal y comodispone el art. 7.1 TRLISOS.

La presunción a la que nos referimos dispone quecuando no se observe la exigencia de forma escrita elcontrato de trabajo «se presumirá celebrado a jornadacompleta y por tiempo indefinido, salvo prueba encontrario que acredite su naturaleza temporal o elcarácter a tiempo parcial de los servicios». Esta fór-mula, tan tradicional como disfuncional, permite con-cluir que en todo caso la forma exigida no lo es conefectos constitutivos ni del contrato ni del término a élañadido, de forma que su ausencia no pone en dudala validez del contrato y ni quiera la de la temporalidadque puede ser mantenida asumiendo el empresario laresponsabilidad probatoria de la misma lo que, entodo caso, constituye o debería constituir la reglageneral en materia de contratación temporal y no sólocuando resulte de aplicación la presunción que nosdetiene.

De cualquier forma, la regla del art. 8.2 ET impone alempresario acreditar la naturaleza temporal del con-trato cuando no se cumple con la obligación de for-malizarlo por escrito lo que supone acreditar no solo laexistencia de una causa temporal que autorice la con-tratación temporal en el caso concreto, sino además laexistencia de un pacto entre trabajador y empresariodirigido a limitar temporalmente su relación de trabajoen atención a aquélla causa.

4. FALTA DE ALTA DEL TRABAJADOR EVENTUALEN LA SEGURIDAD SOCIAL

Finalmente, y para terminar con los aspectos formales,es necesario precisar que en el CECP, como en elresto de contratos temporales, la falta de encuadra-miento del trabajador en la Seguridad Social tiene elefecto añadido y «contractual» de transformar el con-trato en indefinido una vez transcurrido un plazo igualal que legalmente se hubiera podio fijar para el perio-do de prueba (art. 15.2 ET). Se trata de una presunciónque admite prueba en contrario empresarial de formasimilar a como ocurre con los defectos formales y que,realmente, no tiene mucha incidencia en el control delbuen uso de la temporalidad. ■