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SENTENCIA
DEFINITIVA
No. 186/2016.
Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a (23) veintitrés de junio del año
(2016) dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V I S T O S para resolver en sentencia definitiva, los
autos del expediente número 515/2013, formado con motivo del juicio
especial familiar de divorcio necesario promovido por ********** en
contra de **********; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en este Juzgado
el (30) treinta de mayo de (2013) dos mil trece, **********, promovió
juicio ordinario familiar de divorcio necesario en contra de su esposa,
la señora **********, invocando como fundamento de su acción las
causales previstas en las fracciones X y XIX del artículo 363 del
Código Civil.
Expuso que el (31) treinta y uno de marzo de (2001) dos
mil uno contrajo matrimonio con la demandada bajo el régimen de
separación de bienes; que dentro del matrimonio procrearon a dos
hijos que llevan por nombres ********** de apellidos **********, quienes
a la fecha eran menores de edad; que al inicio del matrimonio
establecieron el domicilio conyugal en la casa ubicada en la calle
**********.
En esencia, afirmó que desde el mes de diciembre de
(2010) dos mil diez, por motivos de trabajo tuvo que irse a radicar a la
ciudad de **********, lo cual ocasionó que ambos cónyuges empezaran
a tener problemas, lo que ocasionó que el día **********, tuvieran una
discusión en la que la cónyuge empezó a echar las cosas del
promovente en una bolsa de plástico y las sacó al portal de la casa.
Que al día siguiente acudió al domicilio conyugal a tratar de arreglar
las cosas, pero su cónyuge lo corrió, diciéndole que no lo quería ver.
Que desde el ********** ya no se dan los fines del matrimonio y que al
haber transcurrido con exceso el plazo de tres años de separación
conyugal, es procedente la causal de divorcio invocada.
SEGUNDO. Una vez emplazada a juicio, la demandada
********** compareció a producir la contestación de la demanda, en la
que manifestó que el actor carecía de derecho y acción para
demandar el divorcio. Admitió los hechos relativos a la existencia del
matrimonio y de los hijos menores de edad. Manifestó que en un
principio establecieron el domicilio conyugal en el señalado por el
actor, pero que en el mes de ********** lo cambiaron a la calle
**********.
Que eran falsos los hechos narrados por el actor, puesto
que la armonía familiar duró hasta el (02) dos de enero de (2012) dos
mil doce, fecha en la cual su contraparte abandonó el domicilio,
dejando de proporcionar alimentos, con los cuales estaba
incumpliendo desde el mes de julio de (2011) dos mil once, dejándolos
en completa situación de abandono, por lo que la compareciente tuvo
que recurrir a sus familiares y amigos para poder solventar las
necesidades de sus hijos.
Además, promovió acción reconvencional de divorcio
necesario en contra del actor principal, , reclamado la disolución del
vínculo matrimonial, la pérdida de la patria potestad que el demandado
reconvencional ejercía sobre los menores **********de apellidos
**********, el pago de una pensión alimenticia a favor de ella y de los
menores hijos, así como el pago de los gastos y costas del juicio.
Fundó la procedencia de la acción reconvencional intentada,
básicamente en los mismos hechos aducidos en su escrito de
contestación, agregando que desde la fecha de la separación el
demandado no ha buscado convivir con los menores; que el
demandado tiene ingresos económicos bastantes que le permiten
cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus menores
hijos; que el demandado tuvo un hijo con **********, de nombre
**********
Que mediante proveído de fecha (30) treinta de enero de
(2015) dos mil quince, se dio trámite a la demanda, ordenándose
emplazar al demandado **********, cumpliéndose con tal
determinación, según diligencia practicada por el Actuario de la
adscripción de fecha (05) cinco de mayo del año (2016) dos mil
dieciséis. La parte demandada **********, no dio contestación a la
demanda reconvencional instaurada en su contra, por lo que
mediante diligencia de fecha (07) siete de junio del año (2016) dos mil
dieciséis, se le declaró REBELDE, con las consecuencias legales
inherentes a tal declaración.
TERCERO. Previos los trámites de ley, se citó a las partes
para oír sentencia definitiva misma que en este acto se pronuncia, y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Que de acuerdo con lo preceptuado por la
fracción X del Artículo 40 del Código Procesal Civil, es órgano judicial
competente por razón de Territorio en el Estado de Coahuila, en los
juicios de divorcio, el del domicilio conyugal, y toda vez, que ambas
partes señalaron que establecieron su domicilio conyugal en la ciudad
de Nueva Rosita, Coahuila, la cual se encuentra dentro de éste
Distrito Judicial, por lo tanto debe tenerse por surtida la competencia
en favor de éste Juzgado, con apoyo además, en el artículo 35
fracción I de la Ley Orgánica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO. Que el Libro Cuarto del Código Procesal Civil
se refiere a los procedimientos especiales, y en su titulo primero se
refiere a los juicios del orden familiar y del estado civil de las personas
mismo que en su capítulo séptimo contiene lo referente a los juicios
de divorcio, por lo cual el procedimiento especial familiar tramitado
resulta procedente.
TERCERO. Previene el artículo 423 que la carga de la
prueba corresponde a las partes a fin de demostrar sus respectivas
proposiciones de hecho, y que quien pretende algo ha de probar los
hechos constitutivos de su pretensión y que quien contradice la
pretensión de su adversario, ha de probar los hechos extintivos o
circunstancias impeditivas de esa pretensión; que el que funde su
pretensión en una norma de excepción, debe probar el hecho que
constituye su supuesto y que en caso de duda respecto de la
atribución de la carga de la prueba, esta debe ser rendida por la parte
que se encuentre en circunstancia de mayor facilidad para
proporcionarla o, si esto no pudiera determinarse, corresponderá a
quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.
CUARTO. Ahora bien, la acción de divorcio ejercitada por
el actor principal fue fundada en las causales previstas en las
fracciones X y XIX del artículo 363 del Código Civil aplicable del
Estado, relativa la primera de ellas a la separación del hogar conyugal
originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se
prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable
la demanda de divorcio y la segunda ellas relativa a la separación de
los cónyuges por más de tres años, independientemente del motivo
que hay originado la separación, la cual podrá ser invocada por
cualquiera de ellos.
En este sentido, y conforme a la primera de las causales
de divorcio invocadas, consistente en la contenida en la fracción X del
artículo 363 del código sustantivo, el actor tiene la carga de probar a)
la existencia del matrimonio y del domicilio conyugal; b) la existencia
de una causa bastante para pedir el divorcio; c) Que precisamente esa
causa, sea la que origine la separación del hogar conyugal; d) que tal
separación se prolongue por más de un año, sin que el cónyuge que
se separó, entable su demanda contra el otro, por la causa que le dio.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio sostenido en la
tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:
DIVORCIO POR SEPARACIÓN DEL HOGAR CONYUGAL
ORIGINADA POR CAUSA BASTANTE PARA PEDIRLO SIN
QUE EL OTRO CÓNYUGE ENTABLE LA DEMANDA.[1]
Divorcio por la causa que señala la fracción IX del artículo
263 del Código Civil del Estado de Chiapas (Igual a la del
artículo 267 del que rige para el Distrito y Territorios
Federales) o sea, por separación del hogar conyugal,
originada por causa que sea bastante para pedir el divorcio,
sin que el cónyuge que se separó, entable su demanda de
divorcio. Elementos constitutivos de dicha causal. Para que
proceda decretar el divorcio por dicha causal, es necesario
que concurran los elementos siguientes: a) La existencia de
una causa bastante para pedir el divorcio, o sea, alguna de
las comprendidas en las otras fracciones del artículo 263. b)
Que precisamente esa causa, sea la que origine la
separación del hogar conyugal. c) Que tal separación, se
prolongue por más de un año, sin que el cónyuge que se
separó, entable su demanda contra el otro, por la causa que
le dio.
Antes de entrar al estudio de los elementos constitutivos de la acción
ejercitada, se hace necesario determinar a quién corresponde el
ejercicio de la acción de divorcio fundada en la causal que se analiza.
Así, se tiene que dicho precepto establece que el cónyuge
abandonante tiene un año a partir de la fecha en que abandonó el
domicilio conyugal por causa justificada, para demandar al cónyuge
abandonado el divorcio. Ahora bien, si transcurrido ese tiempo, la
separación se prolonga sin que el cónyuge abandonante demande el
divorcio, debe entenderse que el ejercicio de la acción de divorcio con
base en la causal citada, corresponde al cónyuge abandonado.
Lo expuesto encuentra sustento en la tesis que enseguida
se transcribe:
DIVORCIO. AL CÓNYUGE ABANDONADO LE
CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN, POR LA
CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO
253 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, SI EL
ABANDONANTE NO LA PROMOVIÓ DENTRO DE UN
AÑO.[2]
El artículo 253, fracción IX, del Código Civil del Estado de
México, dispone: "Son causas de divorcio necesario: ... IX. La
separación del hogar conyugal originada por una causa que
sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de
un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda
de divorcio.". Como se aprecia, dicho precepto establece que
el cónyuge abandonante tiene un año a partir de la fecha en
que abandonó el domicilio conyugal por causa justificada,
para demandar al cónyuge abandonado el divorcio. Ahora
bien, si transcurrido ese tiempo la separación se prolonga sin
que el cónyuge abandonante demande el divorcio, el ejercicio
de la acción, por dicha causal, le corresponde al cónyuge
abandonado. Y si bien en tal numeral no se señala
expresamente que el ejercicio de la acción de divorcio por
esa causal le corresponde al cónyuge abandonado, de su
interpretación se advierte que es así, cuando establece que
es causa de divorcio necesario la separación del hogar
conyugal si hay causa de disolución que la origine, y se da un
año al abandonante para que la intente; de modo que si ese
tiempo se prolonga por más de un año sin que entable la
demanda de divorcio, entonces el abandonado puede
ejercitar la acción por esa causal.
En el caso que se examina y conforme a la los hechos
narrados por el actor principal, se tiene que ********** afirma que,
obligado por su esposa, abandonó el domicilio conyugal, esto es, fue
el actor quien abandonó el domicilio conyugal, razón por la cual carece
de legitimación para hacer valer la causal de divorcio contenida en la
fracción X del artículo 363 del Código Civil, pues a quien la ley faculta
para hacerla valer es al cónyuge abandonado, en este caso, la
demandada principal, razón por la cual se decreta improcedente la
causal de divorcio invocada por el demandante.
Por otra parte, el actor ********** invocó como causal de divorcio,
además de la casual ya analizada, la contenida en la fracción XIX del
artículo 363 del código sustantivo, relativa a la separación de los
cónyuges por más de tres años, independientemente del motivo que
haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por
cualquiera de ellos. Por lo que, para la procedencia de la causal
señalada, es menester que el actor acredite: a) la existencia del
matrimonio y b) la separación de los cónyuges por más de tres años.
El primero de los elementos de la acción se encuentra
acreditado en autos con la certificación del acta de matrimonio que el
actor anexó a su escrito inicial de demanda a la cual se le otorga valor
probatorio pleno de conformidad con el artículo 514 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, con la cual acredita que el día
**********, ********** contrajo matrimonio con la demandada **********,
bajo el régimen de separación de bienes.
El segundo de los elementos, relativo a la separación de los cónyuges
por más de tres años, no quedó acreditado en autos, puesto que el
demandado ninguna prueba ofreció para acreditar los hechos
fundatorios de su demanda.
Lo anterior aunado al hecho de que al contestar la demanda
instaurada en su contra, la demandada en el principal, negó que la
separación del actor se haya dado en la fecha que este señala, y al
respecto señala como fecha de separación del hogar conyugal, el
**********. Razón por la cual, al margen de la carga procesal del actor
de acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones, existió
controversia respecto a la fecha señalada por el actor y en este
sentido, de la fecha de separación confesada espontáneamente por la
demandada principal, a la fecha de la presentación de la demanda
principal, aun no había transcurrido el plazo de (03) tres años que
exige la causal de divorcio invocada.
Por tanto, se concluye que el actor principal no acreditó los elementos
constitutivos de la acción de divorcio basada en la causal contenida en
la fracción XIX del artículo 363 del Código Civil.
En consecuencia ha lugar a resolver que la parte actora principal
********** no acreditó la acción de divorcio necesario que promovió en
contra de **********.
QUINTO. Analizada y resuelta la acción de divorcio principal, es
procedente pasar al examen de la acción reconvencional de divorcio
necesario que promovió ********** en contra de **********, la cual fundó
en las fracciones I, IX, XII y XIV del artículo 363 del Código Civil.
Para acreditar la procedencia de sus pretensiones la demandante
reconvencional ofreció y se le admitieron las pruebas confesional a
cargo de **********, la testimonial a cargo de ********** las cuales fueron
desahogadas en audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo
el (01) uno de marzo de (2016) dos mil dieciséis; así como las
documentales que exhibió con su escrito de demanda reconvencional,
consistentes en cinco fotografías, un recibo de Comisión Federal de
Electricidad, una constancia del registro civil relativa al nacimiento de
**********, copia de oficio de fecha (18) dieciocho de diciembre de
(2014) dos mil catorce, dos recibos y diversas notas de pago de
centros comerciales.
En este sentido, y conforme a la primera de las causales
de divorcio invocadas, consistente en la contenida en la fracción I del
artículo 363 del código sustantivo, el actor tiene la carga de probar a)
la existencia del matrimonio y b) el adulterio debidamente probado del
cónyuge.
El primero de los elementos de la acción se encuentra
acreditado en autos con la certificación del acta de matrimonio que el
actor anexó a su escrito inicial de demanda a la cual se le otorga valor
probatorio pleno de conformidad con el artículo 514 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, con la cual acredita que el día
**********, el demandado reconvencional ********** contrajo matrimonio
con **********, bajo el régimen de separación de bienes.
En cuanto al segundo de los elementos, consistente en el
adulterio debidamente probado de **********, también quedó acreditado
en autos con el acta de nacimiento del menor **********, misma que
tiene valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos
456, 460 y 514 del Código Procesal Civil del Estado, con la cual se
acredita que el **********, el demandado ********** compareció ante el
Oficial Tercero del Registro Civil con residencia en la ciudad de Saltillo
y registró como hijo suyo al menor mencionado, habiéndose asentado
en el acta de referencia como nombre de la madre del menor a
**********.
De lo anterior se tiene que el menor nació dentro de la
vigencia del matrimonio que el demandado reconvencional tenía
celebrado con la actora reconvencional, por lo que el nacimiento del
menor constituye una prueba indirecta del adulterio cometido por
********** durante la vigencia del matrimonio, suficiente para acreditar
el adulterio que se le imputa.
Lo antes expuesto encuentra sustento en las tesis que
enseguida se transcriben:
DIVORCIO, ADULTERIO COMO CAUSAL DE.
PRUEBAS.[3]
El adulterio que se invoca como causal para demandar el
divorcio, es susceptible de probarse por medio del acta de
nacimiento de un hijo natural de la cónyuge demandada
habido con persona distinta a su esposo legítimo, porque aun
cuando se trata de un documento público que no constituye
una prueba para demostrar directamente el adulterio, en
cambio sí hace prueba plena en cuanto al nacimiento del
menor y a lo declarado por quienes lo presentaron y
reconocieron, y quedando demostrado el hecho relativo al
nacimiento del hijo natural, cuando aun subsistía el vínculo
matrimonial, queda deducida la existencia del adulterio que
es una consecuencia de aquel hecho, y establecida la
presunción relativa a la existencia de la causal invocada.
ADULTERIO, PRUEBA DEL.[4]
Aun cuando un acta de registro de un niño, registrado por la
madre como hijo de persona diferente del esposo, es un
documento público, no constituye prueba directa del
adulterio; pero hace prueba plena en cuanto al nacimiento del
menor, a lo declarado por quienes lo presentaron y
reconocieron como hijo natural; y por tanto, al haber tenido la
esposa un hijo fuera del matrimonio, es indudable que
cometió el adulterio.
Además, la actora reconvencional fundó la acción de divorcio
necesario en la causal contenida en la fracción IX del Código Civil,
relativa a la separación de la casa conyugal por más de seis meses
consecutivos sin causa justificada. El plazo no se considerará
interrumpido por el regreso esporádico del cónyuge, sin la intención de
reintegrarse a la vida en común, a juicio del Juez.
Así, la parte actora reconvencional tiene la carga de probar
a) la existencia del matrimonio, b) la existencia del domicilio conyugal
y c) la separación del demandado de la casa conyugal por más de seis
meses consecutivos, sin causa justificada.
El primero de los elementos de la acción se encuentra
acreditado en autos con la certificación del acta de matrimonio que el
actor anexó a su escrito inicial de demanda a la cual se le otorga valor
probatorio pleno de conformidad con los artículos 456, 460 y 514 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado, con la cual acredita que el
día (31) treinta y uno de marzo de (2001) dos mil uno, el demandado
reconvencional ********** contrajo matrimonio con **********, bajo el
régimen de separación de bienes.
El segundo de los elementos de la acción también se
encuentra acreditado en autos con la confesión ficta producida por el
demandado en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, quien
fue declarado confeso de la posición número dos, que se le formuló al
tenor literal siguiente: que diga el absolvente si es cierto como lo es
que el domicilio conyugal se estableció en la calle ********** y
posteriormente en la calle ********** prueba confesional a la cual se le
confiere valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo
513 del Código Procesal Civil.
Además, tal confesión se encuentra corroborada con las
declaraciones rendidas por **********, quienes al rendir su declaración
en el desahogo de la prueba testimonial a su cargo, que tuvo
verificativo el (01) uno de marzo de (2016) dos mil dieciséis, respecto
al hecho que se analiza, al responder a las preguntas CUARTA y
TERCERA, respectivamente, fueron coincidentes al declarar que
sabían que las partes en el juicio establecieron su domicilio conyugal
en calle **********, prueba testimonial que valorada en términos de lo
dispuesto por el artículo 513 del Código Procesal Civil, resulta eficaz
para acreditar que el domicilio conyugal de las partes se estableció en
la calle **********, pues las testigos manifestaron conocer
personalmente los hechos sobre los declararon, manifestando la razón
por la cual los conocen, sin que se advierta ninguna circunstancia que
haga dudar de la veracidad de sus declaraciones, por lo que valorada
dicha prueba en conjunto con la prueba confesional a cargo del
demandado reconvencional, de acuerdo con lo previsto en el precepto
legal citado, ambos medios de prueba son suficientes para crear
convicción en quien esto juzga, respecto al establecimiento del
domicilio conyugal.
En cuanto al tercero de los elementos de la causal de
divorcio que se analiza, se tiene que la misma quedó debidamente
acreditada con la prueba confesional, rendida a cargo de ********** y la
testimonial rendida a cargo de **********.
En efecto, en audiencia de pruebas y alegatos que tuvo
verificativo el (01) uno de marzo de (2016) dos mil dieciséis, en
relación con el hecho que se analiza, el demandado reconvencional
fue declarado confeso de la posición número cuatro, que se le formuló
al tenor literal siguiente: que diga el absolvente si es cierto como lo es
que el con fecha **********, se separó o abandonó el domicilio conyugal
sin motivo alguno o causa justificada, prueba confesional a la cual se
le confiere valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo
513 del Código Procesal Civil.
Además, tal confesión se encuentra corroborada con las
declaraciones rendidas por **********, quien al rendir su declaración en
el desahogo de la prueba testimonial a su cargo, que tuvo verificativo
el (01) uno de marzo de (2016) dos mil dieciséis, respecto al hecho
que se analiza, al responder a las preguntas QUINTA declaró que
sabía que su presentante y sus hijos, son quienes viven en dicho
domicilio conyugal , ya que desde **********, ********** decidió irse de la
casa, decidió abandonarlos y desde esa fecha no ha regresado al
domicilio conyugal, testimonio que valorado en términos de lo
dispuesto por el artículo 513 del Código Procesal Civil, resulta eficaz
para acreditar que desde el mes de **********, el demandado
reconvencional abandonó el domicilio conyugal, pues la testigo
manifestó conocer personalmente los hechos sobre los que declaró,
manifestando la razón por la cual lo sabía, sin que se advierta ninguna
circunstancia que haga dudar de la veracidad de sus declaraciones,
por lo que valorada dicha prueba en conjunto con la confesional a
cargo del demandado reconvencional, de acuerdo con lo previsto en el
precepto legal citado, ambos medios de prueba son suficientes para
crear convicción en quien esto juzga, respecto a la separación del
demandado reconvencional del domicilio conyugal por más de seis
meses consecutivos sin causa justificada.
Lo anterior encuentra sustento en las tesis que enseguida
se transcriben:
CONFESIÓN TÁCITA O FICTA. SU VALOR PROBATORIO
EN JUICIO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE).[5]
Conforme al código abrogado, la confesión tácita o ficta,
surgida de que la parte legalmente citada a absolver
posiciones no compareciera sin justa causa, insistiera en
negarse a declarar o en no responder afirmativa o
negativamente y manifestar que ignoraba los hechos, era
reconocida como un medio de prueba que producía el efecto
de una presunción, respecto de la cual, cuando no hubiera
elemento de juicio que la contradijera, haría prueba plena; en
efecto, los artículos 390 y 414 del referido cuerpo legal
establecían que la confesión ficta produce el efecto de una
presunción, cuando no haya pruebas que la contradigan y
que las presunciones legales hacen prueba plena, incluso,
así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis
76/2006-PS, cuando emitió la jurisprudencia 1a./J. 93/2006,
de rubro: "CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA.
REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN
CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y
JALISCO).", publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero
de 2007, páginas 127 y 126, respectivamente, sin embargo, a
partir del código vigente, la confesión ficta, por sí misma, no
puede adquirir el valor de prueba plena, sino sólo cuando se
encuentre apoyada o adminiculada con otros medios
fidedignos que, analizados en su conjunto y, de conformidad
con las reglas de valoración de pruebas, produzcan en el
juzgador la convicción suficiente para concluir que queda
acreditada la verdad acerca de las acciones o excepciones
planteadas, independientemente de que no exista prueba en
contrario que la desvirtúe, como lo establecía el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de México anterior; de
ahí que es dable considerar que, bajo aquel sistema de
valoración, dicha prueba era tasada; actualmente, no lo es
sino que, conforme al artículo 1.359 vigente, el Juez goza de
libertad para valorarla tanto en lo individual como en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la
experiencia, lo cual implica que su valoración queda al libre
arbitrio del juzgador; no obstante, dicha libertad no es
absoluta, es decir, debe estar apoyada o adminiculada con
otros medios de prueba, que analizados en su conjunto y de
conformidad con las citadas reglas, produzcan en el juzgador
la convicción suficiente para concluir en la veracidad de las
acciones o excepciones planteadas.
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.[6]
Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente
arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas
fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que
por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus
declaraciones sobre determinado hecho, tenga que
otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la
prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que
los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo
incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre
los que declaran y no por inducción ni referencia de otras
personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de
los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren
sido tachados por la contraparte; que justifiquen la
verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que
den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento
con la narración de los hechos materia de la litis.
En este contexto, se determina que la actora reconvencional acreditó
los elementos constitutivos de la causal de divorcio contenida en la
fracción IX del artículo 363 del Código Civil.
Además, la actora reconvencional fundó la acción de divorcio
necesario en la causal contenida en la fracción XII del artículo 363 del
Código Civil, relativa a la sevicia, las amenazas o las injurias graves
de un cónyuge para el otro, que hagan imposible la vida en común.
En este sentido, la parte actora reconvencional tiene la
carga de probar, además de la existencia del matrimonio, que ya ha
quedado acreditado en autos, b) los hechos concretos constitutivos de
injurias que le imputa a su contraparte.
Ahora bien, en su escrito de demanda reconvencional, la
actora expuso como hechos constitutivos de la causal que se analiza,
lo siguiente:
La conducta injuriante del demandado, regida por actos de
evidente falta de consideración y respeto hacia la suscrita, e
institución del matrimonio, ha sido realizada por este continua y
permanentemente desde el día (01) primero de marzo del (2010)
dos mil diez, a la actualidad, únicamente cambiando la persona
con la cual el demandado realiza tan ofensiva conducta quien en
el caso concreto lo son las C.C. ********** originando el actuar y
proceder del demandado a la suscrita una grave ofensa ya que
descaradamente se ha exhibido y exhibe como marido y mujer a
la vista de la suscrita y diversas personas del círculo social,
laboral y familiar en el que ambos nos desarrollamos, afectando
gravemente la integridad psíquica de la suscrita, lamentablemente
nuestra actual situación familiar se encuentra desquebrajada por
falta de confianza y de comunicación, además de las injurias
graves realizadas por el demandado contra la sagrada institución
del matrimonio, lo que hace imposible la vida en común y lo más
idóneo es la disolución del vínculo matrimonial. (El subrayado es
propio).
Ahora bien, como causa de divorcio, la injuria comprende
una serie de elementos de contenido variable y elástico, no previstos
anticipadamente en forma casuística, pues se considera como injuria
todo acto que implique vejación o menosprecio, que por su naturaleza
ponga de relieve que no existe la mutua consideración indispensable
para la vida en común. Por virtud del amplio significado del concepto,
es indispensable que la demanda de divorcio fije con toda precisión los
hechos en que el actor haga consistir las injurias, así como el lugar y
tiempo en que se verificaron, como única forma de fundar la acción
que permite al demandado la defensa de sus intereses, y al juez
apreciar la gravedad de los hechos que se invoquen como causa de
divorcio.
Luego, de los hechos expuestos por la actora
reconvencional, se puede advertir que no precisa con exactitud los
hechos constitutivos de la causal invocada, pues si bien es cierto que
refiere que el demandado se ha exhibido y exhibe como marido y
mujer (con las mujeres que señala en el propio párrafo), omite señalar
qué conductas son las que ella estima como propias de marido y
mujer; de igual modo omite precisar el lugar y tiempo en tales
conductas se verificaron, pues la omisión de las circunstancias
señaladas, coloca al demandado en estado de indefensión al no tener
conocimiento exacto de los hechos que se le atribuyen, ni del lugar y
fecha de su realización, lo cual le imposibilitaría oponer una adecuada
defensa.
Lo expuesto encuentra sustento en las tesis que enseguida
se transcriben:
DIVORCIO NECESARIO. CUANDO SE EJERCE LA
ACCIÓN RELATIVA CON BASE EN LA CAUSAL DE
INJURIAS GRAVES, CORRESPONDE A AMBOS
CÓNYUGES APORTAR TODOS LOS ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN QUE PERMITAN AL JUZGADOR EXAMINAR
TANTO SU EXISTENCIA COMO SU GRAVEDAD.[7]
Si se toma en cuenta que las causales de divorcio deben
acreditarse plenamente, resulta inconcuso que cuando se
ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal
de injurias graves, ambos cónyuges tienen la obligación
procesal de acreditar ante el Juez competente las
circunstancias concretas que concurran en el caso, así como
la naturaleza de los hechos en los que se afirma se
produjeron las conductas ofensivas, pues sólo bajo un
contexto determinado es factible establecer la existencia de
dicha causal. Así, tratándose de las circunstancias concretas
que se refieren a la clase de trato desarrollado en un
matrimonio, previo a la expresión de la injuria relatada en la
demanda de divorcio necesario, corresponde al actor
acreditar plenamente sus afirmaciones y al demandado sus
excepciones, mediante pruebas que produzcan en el
juzgador la convicción necesaria para tener por acreditada o
por desvirtuada la acción intentada, ya que de no tener a su
alcance los elementos valorativos de juicio para calificar la
gravedad de las injurias que hagan imposible la vida en
común, se encontraría imposibilitado para ello, pues el
concepto de injuria varía según las circunstancias y el
contexto social de las personas, de acuerdo con su cultura,
ya que las mismas palabras pueden considerarse como
injurias en determinados círculos sociales y pueden no serlo
en otros, lo que debe trasladarse a cada relación matrimonial
en la que el trato personal puede ser diferente.
DIVORCIO[8], INJURIAS COMO CAUSAL DE.
Como causa de divorcio, la injuria comprende una serie de
elementos de contenido variable y elástico, no previstos
anticipadamente en forma casuística, pues se considera
como injuria todo acto que implique vejación o menosprecio,
que por su naturaleza ponga de relieve que no existe la
mutua consideración indispensable para la vida en común.
Por virtud del amplio significado del concepto, es
indispensable que la demanda de divorcio fije con toda
precisión los hechos en que el actor haga consistir las
injurias, así como el lugar y tiempo en que se verificaron,
como única forma de fundar la acción que permite al
demandado la defensa de sus intereses, y al juez apreciar la
gravedad de los hechos que se invoquen como causa de
divorcio. Consecuentemente, es infundado considerar, que
no es necesario que en la demanda de divorcio se expresen
concretamente los actos constitutivos de las injurias, ya que
esos actos tendrían que acreditarse con las pruebas rendidas
en el juicio, pues que con ese criterio se impide a la
demandada el derecho de defensa, al no establecer
concretamente los elementos de la litis; no hay oportunidad
de que sea el juzgador quien califique si los actos invocados
como injuria son bastantes por su gravedad para fundar el
divorcio; se desvirtúa la prueba testimonial, haciendo que sus
autores depongan sobre hechos concretos que no fueron
objeto de debate entre las partes y no es conveniente dejar a
los testigos la determinación de las injurias porque sería
sustituirlos al actor.
En consecuencia, se determina que la parte actora
reconvencional no acreditó los elementos constitutivos de la causal de
divorcio contenida en la fracción XII del artículo 363 del Código Civil.
Finalmente, fundó la procedencia del divorcio necesario en
la causal contenida en la fracción XIV del artículo 363 del Código Civil,
relativa a la negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las
obligaciones señaladas en el artículo 271.
Por tanto, la actora reconvencional tiene la carga de
acreditar, además de la existencia del matrimonio, cuya acreditación
ha sido analizada en supralíneas, la negativa injustificada del
demandado a cumplir con la obligación de contribuir económicamente
al sostenimiento del hogar y proveer alimentos a sus menores hijos.
Al respecto, la actora reconvencional expuso en su escrito
de demanda que el demandado reconvencional dejó de cumplir con
las obligaciones inherentes a un padre de familia, dejando de
proporcionar alimentos a la actora y a los menores hijos, dejándolos
en una completa situación de abandono moral y económico, lo cual
sucedió a partir del mes de enero de (2012) dos mil doce.
Lo anterior quedó demostrado con la prueba testimonial
desahogada por **********, testigos de la intención de la actora
reconvencional.
En efecto, en el desahogo de la prueba testimonial, que
tuvo verificativo el (01) uno de marzo de (2016) dos mil dieciséis,
**********, respecto al hecho que se analiza, al responder ambas a las
preguntas SEXTA, respectivamente, fueron coincidentes al declarar
que sabían que **********, desde la fecha en que se separó de su
presentante, nunca cumplió en suministrarle los alimentos a ella ni a
sus hijos, ya que la familia de **********la apoya para subsistir y a
veces la testigo le ayuda para algunos gastos y que sabe que su
presentante y sus hijos subsisten con la ayuda de la testigo y los fines
de semana se va a ********** a poner una pulguita, prueba testimonial
que valorada en términos de lo dispuesto por el artículo 513 del
Código Procesal Civil, resulta eficaz para acreditar que desde la fecha
de separación que quedó acreditada en autos (enero de dos mil doce),
el demandado no ha proporcionado alimentos a la actora ni a sus
menores hijos, pues las testigos manifestaron conocer personalmente
los hechos sobre los declararon, manifestando la razón por la cual los
conocen, sin que se advierta ninguna circunstancia que haga dudar de
la veracidad de sus declaraciones.
Lo anterior así se considera, máxime que cuando la acción
de divorcio necesario se basa en la falta de cumplimiento de uno de
los cónyuges en el deber de contribuir al sostenimiento del hogar, a
quien corresponde la carga de la prueba para demostrar lo contrario,
es a la parte demandada, es decir, que ésta sí dio cumplimiento con
sus obligaciones, lo anterior, por tratarse de un hecho positivo,
susceptible de acreditar por parte del demandado alimentario, ya que
por el contrario, no se puede legalmente obligar a la actora a probar el
referido incumplimiento, por ser un hecho negativo.
Lo antes expuesto encuentra sustento en las tesis que
enseguida se transcriben:
DIVORCIO, FALTA DE MINISTRACION DE ALIMENTOS
COMO CAUSAL DE.[9]
El artículo 267, fracción XII del Código Civil establece como
causal de divorcio, la negativa injustificada de los cónyuges a
cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 164, sin
que sea necesario agotar previamente los procedimientos
tendientes a su cumplimiento o el incumplimiento sin justa
causa por alguno de los cónyuges de la sentencia
ejecutoriada en el caso del artículo 168. Ahora bien, cuando
no se alega un incumplimiento total, sino parcial, que se hace
consistir en que el demandado no da dinero a la actora, ese
hecho no basta para que se surta la hipótesis a que se refiere
la fracción XII del artículo 267 del Código Civil, toda vez que,
los alimentos de conformidad con el artículo 308 del Código
Civil comprenden la comida, el vestido, la habitación y la
asistencia en caso de enfermedad y respecto de los
menores, los alimentos comprenden además, los gastos
necesarios para la educación primaria del alimentista y para
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y
adecuados a su sexo y circunstancias personales; además
de que, la institución del matrimonio es de orden público, por
lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento y
sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo
matrimonial; de ahí que en los divorcios necesarios sea
preciso que la causal invocada quede plenamente
especificada y se acredite la negativa del obligado, a fin de
que el tribunal pueda apreciar la gravedad del incumplimiento
que ponga de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o
desestimación al cónyuge actor o a sus hijos, y que haga
imposible la vida en común; gravedad que no se justifica
cuando en forma imprecisa se alega que el demandado no ha
cumplido en su totalidad con la ministración de alimentos.
DIVORCIO NECESARIO. CUANDO LA ACCION DE, SE
BASA EN LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS
CONYUGES A CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DEL
HOGAR, CORRESPONDE AL DEMANDADO ACREDITAR
LO CONTRARIO POR TRATARSE EN SU CASO, DE UN
HECHO POSITIVO Y NO AL ACREEDOR, DADO QUE
CONSTITUYE PARA ESTE, UN HECHO NEGATIVO.[10]
Cuando la acción de divorcio necesario, se basa en la falta
de cumplimiento de uno de los cónyuges en el deber de
contribuir al sostenimiento del hogar, a quien corresponde la
carga de la prueba para demostrar lo contrario, es a la parte
reo, es decir, que ésta sí dio cumplimiento con sus
obligaciones, tal como lo exige el artículo 164 del Código Civil
para el Distrito Federal; lo anterior, por tratarse de un hecho
positivo, susceptible de acreditar por parte del demandado
alimentario, ya que por el contrario, no se puede legalmente
obligar a la actora a probar el referido incumplimiento, por ser
un hecho negativo.
Por su parte, el demandado reconvencional ninguna
prueba ofreció para acreditar el cumplimiento de la obligación
alimentaria, por lo que ha lugar a resolver que la parte actora
reconvencional demostró los elementos constitutivos de la casual de
divorcio contenida en la fracción XIV del artículo 363 del Código Civil.
Así las cosas, esta autoridad concluye que la actora
reconvencional acreditó los elementos constitutivos de las causales de
divorcio contenidas en las fracciones I, IX y XIV del artículo 363 del
Código Civil, en tanto que el demandado reconvencional no
compareció a contestar la demanda reconvencional, por lo que no
opuso defensas ni excepciones, por tanto, ha lugar a decretar la
procedencia de la acción reconvencional de divorcio necesario
intentada por **********, en consecuencia, se declara cónyuge culpable
a **********, quien no podrá volver a casarse sino después de dos años
a contar desde que la sentencia de divorcio cause ejecutoria,.
Toda vez que se encuentra acreditado en autos con la
certificación del acta de matrimonio exhibida por el actor, que las
partes en el juicio contrajeron matrimonio bajo el régimen de
separación de bienes, se omite realizar pronunciamiento alguno al
respecto.
Por otra parte, se advierte que la actora reconvencional
**********, también reclamó la pérdida de la patria potestad que el
demandado ********** ejerce sobre los menores ********** de apellidos
**********.
Al respecto, incumbe a la parte actora demostrar los elementos de su
pretensión, que de acuerdo con los hechos expuesto en su escrito de
demanda, la funda en el artículo 545 fracción III del Código Civil del
Estado, relativa a que los derechos que la patria potestad confiere a
quien o quienes la ejercen, se pierden: fracción III. Cuando por las
costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o
abandono de sus deberes frente a sus hijas o nietos, en su caso, se
pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad del menor,
aunque esos hechos no sean penalmente punibles.
Ahora bien, resulta pertinente destacar, que acorde a lo resuelto en
supralíneas, consideraciones a las cuales se remite en obvio de
repeticiones, quedó acreditado que ********** incumplió con la
obligación de proporcionar alimentos a sus menores hijos, lo cual
evidencia el abandono de sus deberes frente a sus hijos, abandono
que se dio a partir del mes de **********, sin que el demandado haya
acreditado alguna causa que justificara su incumplimiento.
Por ende, procede condenar a la parte demandada
**********, a la pérdida del ejercicio de la patria potestad en la persona
y bienes de los menores ********** de apellidos **********.
La anterior determinación encuentra sustento en la
Jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cuyos datos se insertan a continuación:
PATRIA POTESTAD. PARA QUE PROCEDA DECRETAR
SU PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO
ACREDITAR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE
COMPROMETA LA SALUD, LA SEGURIDAD O LA
MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI EL ESTABLECIMIENTO
PREVIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACION DEL
DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACION DE LA
JURISPRUDENCIA 1ª./J.62/2003).[11]
La reforma al artículo 444 del Código Civil para el Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad el 25
de mayo de 2000, eliminó como causa de pérdida de la patria
potestad el que por abandono de los deberes de los padres
pueda comprometerse la salud, la seguridad o moralidad de
los hijas, para incluir la hipótesis relativa al incumplimiento
reiterado de la obligación alimentaria. Ahora bien, si se toma
en consideración, por un lado, el principio general de derecho
de que donde la ley no distingue el juzgador no tiene porque
hacerlo, y, por otro, que la fracción IV del artículo 444 no
exige el acreditamiento de que el abandono de los deberes
de los padres, concretamente la obligación de dar alimentos,
comprometa la salud, la seguridad o moralidad de los hijas,
se concluye que para que proceda a decretar la pérdida de la
patria potestad por incumplimiento reiterado de la obligación
alimentaria, no es necesario acreditar tales circunstancias,
pues esta causal se actualiza cuando el deudor alimentario
deja de subvencionar de manera injustificada las
necesidades alimenticias; además de que tampoco se
requiere la exclusiva circunstancia de que ante un Juez se
haya ejercido la acción de pago de alimentos contra el
obligado y que éste deje de pagar reiteradamente la pensión
que de manera provisional o definitiva, por convenio,
sentencia o cualquier resolución judicial vinculatoria se haya
decretado, ya que la norma citada no establece tales
condicionantes, en tanto que no alude al incumplimiento
reiterado en la obligación de pago de "pensión alimentaria",
sino a la "obligación alimentaria inherente a la patria
potestad", la cual encuentra su fundamento en el estado de
necesidad de una persona que no puede cubrir por sí misma
los gastos necesarios para su subsistencia, la posibilidad de
otro sujeto de cubrir esa necesidad y determinado nexo
jurídico que los une.
Finalmente, es procedente decretar una pensión
alimenticia definitiva a cargo del demandado ********** y a favor de
********** y de los menores ********** de apellidos **********, consistente
en el 40% (CUARENTA PORCIENTO) de los salarios, aguinaldos,
utilidades, horas extras, emolumentos y demás prestaciones que
perciba **********, los cuales deberá depositar en este juzgado en
forma mensual dentro los primeros cinco días de cada mes, debiendo
entregarse dicha cantidad a **********, por sus propios derechos y en
representación de sus menores hijos.
Dicho porcentaje se establece atendiendo a las
circunstancias de que son tres los acreedores alimentistas, y que no
quedó acreditado en autos que el demandado se encontrara
imposibilitado para trabajar, sino que, antes de producirse el abandono
del hogar conyugal y los deberes para con sus hijos, era el
demandado quien sufragaba los gastos del sostenimiento del hogar.
En el entendido de que del porcentaje decretado, el (30%)
treinta por ciento corresponde a los menores ********** de apellidos
********** y el restante (10%) diez por ciento se decreta a favor de la
cónyuge inocente **********, pensión alimenticia que disfrutará por un
lapso igual al de la duración del matrimonio, siempre y cuando viva
honestamente, no contraiga nupcias o se una en concubinato.
SEXTO. Que a criterio de la que esto resuelve, las partes
no se condujeron con temeridad ni mala fe por tanto no se condena al
pago de costas a ninguna de ellas y cada quien reportará las que
hubiere erogado como lo dispone el artículo 131 fracción I del Código
Procesal Civil.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
Primero. Este Juzgado resultó ser competente para
conocer y resolver el presente caso.
Segundo. Procedió la vía ordinaria civil intentada y
tramitada.
Tercero. La parte actora principal ********** no acreditó los
elementos constitutivos de su acción, fundada en las fracciones X y
XIX del artículo 363 del Código Civil del Estado de Coahuila, por lo
que se absuelve a la demandada principal ********** del cumplimiento
de las prestaciones reclamadas.
Cuarto. La parte actora reconvencional ********** acreditó
los elementos constitutivos de su acción, fundada en las fracciones I,
IX y XIV del artículo 363 del Código Civil del Estado de Coahuila, en
tanto que el demandado reconvencional ********** no contestó la
demanda reconvencional; en consecuencia:
Quinto. Se decreta la disolución del vínculo matrimonial
que la une a ********** contraído ante la fe del Oficial **********, en
fecha **********.
SEXTO. Se condena ********** al pago de una pensión
alimenticia a favor de ********** y de los menores ********** de apellidos
**********, consistente en el 40% (CUARENTA PORCIENTO) de los
salarios, aguinaldos, utilidades, horas extras, emolumentos y demás
prestaciones que perciba **********, los cuales deberá depositar en
este juzgado en forma mensual dentro los primeros cinco días de cada
mes, debiendo entregarse dicha cantidad a **********, en
representación de sus menores hijos.
Séptimo. Se condena a ********** a la pérdida de la patria
potestad que ejerce sobre los menores **********, decretándose su
guarda y custodia a favor de **********.
Octavo. Ambos cónyuges quedan en aptitud de contraer
nuevo matrimonio, pero **********, sólo podrá hacerlo una vez que
transcurran (02) dos años, a contar desde que la presente resolución
cause ejecutoria.
Noveno. Ejecutoriada que sea la presente resolución,
gírese atento oficio al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el
matrimonio que ahora se disuelve y al Director Estatal del Registro
Civil, acompañándose copia certificada de esta sentencia y los datos
de identificación de las actas de nacimiento y de matrimonio de los hoy
divorciados, para que el primero proceda levantar el acta de divorcio y
ambos a realizar las anotaciones marginales correspondientes, atento
a lo dispuesto por el artículo 385 del Código Civil vigente en el Estado.
Décimo. No ha lugar a hacer especial condenación en
costas en ambas instancias.
Notifíquese personalmente, con fundamento en el
artículo 211 fracción V del Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firmó la Licenciada MA.
DEL ROSARIO MORENO RUELAS, Juez Sexto Auxiliar de Primera
Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, con
residencia en ésta ciudad, actuando con la Licenciada OYUKY
CASILLAS BAEZ, Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da
fe. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En la misma fecha, se incluyó en la lista de acuerdos. Conste.- -
EXP. NÚM 515/2013.
[1] Época: Sexta Época. Registro: 812296. Instancia: Tercera Sala.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Informes. Informe 1966. Materia(s):
Civil. Tesis: Página: 35. Amparo directo 333/64. Felipe E. Bartolo
Alfonso. 8 de diciembre de 1965. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
Enrique Martínez Ulloa. Amparo directo 5580/62. Adolfo Sobrino
Sánchez. 17 de febrero de 1964. Unanimidad de cinco votos. La
publicación no menciona el nombre del ponente.
[2] Época: Novena Época. Registro: 190181. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001.
Materia(s): Civil. Tesis: II.3o.C.35 C. Página: 1746. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO. Amparo directo 439/2000. Laura Eduwiges Gutiérrez
Enríquez. 14 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente:
Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
[3] Época: Séptima Época. Registro: 241517. Instancia: Tercera Sala.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Volumen 73, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 93. Amparo
directo 1431/74. Faustino García Esteva. 23 de enero de 1975.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López. Séptima
Época, Cuarta Parte: Volumen 63, página 19. Amparo directo 5839/71.
Javier Valdez Rosas. 25 de marzo de 1974. Cinco votos. Ponente:
Ernesto Solís López. Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen CXXI,
página 39. Amparo directo 9448/66. Cinta Aguilera de Leal. 31 de julio
de 1967. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. Quinta Época:
Suplemento 1956, página 204. Amparo directo 4433/50. María Elena
Aguilar Vargas. 25 de septiembre de 1951. Cuatro votos. La
publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: En el
Suplemento 1956, página 204, la tesis aparece bajo el rubro
"DIVORCIO, PRUEBAS EN EL (ADULTERIO).".
[4] Época: Quinta Época. Registro: 386321. Instancia: Sala Auxiliar.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tomo CIX. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 2642. Amparo civil directo
4433/50. Aguilar Vargas María Elena. 25 de septiembre de 1951.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y ponente: Ángel González de la
Vega.
[5] Época: Décima Época. Registro: 2007425. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014,
Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: II.1o.6 C (10a.). Página: 2385.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON
RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE
MÉXICO. Amparo directo 8/2014. Héctor Ochoa Gutiérrez. 8 de mayo
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero
Contreras. Secretario: Gaspar Alejandro Reyes Calderón. Esta tesis se
publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
[6] Época: Novena Época. Registro: 164440. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio
de 2010. Materia(s): Común. Tesis: I.8o.C. J/24. Página: 808.OCTAVO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 564/98. Josefina Gutiérrez viuda de Chong
y otra. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.
Amparo directo 5/2004. María de Lourdes Chávez Aguilar. 21 de enero
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes
Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo. Amparo directo
104/2004. Esther Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad
de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan
Alfonso Patiño Chávez. Amparo directo 180/2008. **********. 2 de abril
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes
Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. Amparo directo
103/2009. Abelardo Pérez Muñoz. 23 de marzo de 2009. Unanimidad
de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan
Alfonso Patiño Chávez.
[7] Época: Novena Época. Registro: 173319. Instancia: Primera Sala.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a./J. 98/2006. Página: 277. Contradicción de tesis
59/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto
Circuito. 27 de septiembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 98/2006. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de noviembre de dos mil
seis.
[8] Época: Quinta Época. Registro: 339493. Instancia: Tercera Sala.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tomo CXXVII. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 410. Amparo directo
1868/55. Amelia de la Cerda de la Garza. 3 de febrero de 1956. Cinco
votos. Ponente: Hilario Medina.
[9] Época: Novena Época. Registro: 201597. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Agosto de
1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/7. Página: 418. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 3873/89. Roberto Páez Páez. 5 de enero
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago.
Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo directo
2963/90. Marie Therese Casaubon Huguenin. 9 de agosto de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique
Ramírez Gámez. Amparo directo 3228/90. Josefina Tapia Serrano. 9
de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra
Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo
directo 5403/94. Blanca Rosa Hernández González. 28 de octubre de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario:
Arnulfo Moreno Flores. Amparo directo 3233/96. Lilia Pérez Ramírez.
13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra
Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz.
[10] Época: Novena Época. Registro: 202651. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996.
Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.46 C. Página: 384. SEXTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo
directo 556/96. José Antonio Álvarez Muñoz. 14 de marzo de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de Rebollo.
Secretario: Jaime Aurelio Serret Álvarez.
[11] Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Abril de 2005. Tesis:
1ª./J.62/2003. Página: 460. Materia: Civil. Jurisprudencia. Tesis de
jurisprudencia 62/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco. Nota: En
términos de la resolución de 2 de febrero de 2005, pronunciada por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
expediente Varios 16/2004 relativo a la solicitud de modificación de la
tesis jurisprudencia número 1ª/J.62/2003, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX,
marzo de 2004, página 196, se publica nuevamente la jurisprudencia
citada con las modificaciones aprobadas por la propia Sala.