semanario 41

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LOS BONOS DEL MIEDOERARIO PAGA 1 MIL 130 MILLONES

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL COBRAN ENTRE 500 MIL Y 600 MIL PESOS POR UN “BONO POR RIESGO”

Desaparición forzada, delito inexistente en 62.5% del paísSOCIEDAD | EN SÓLO 12 DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS SE HA TIPIFICADO EL DELITO. LAS VÍCTIMAS SUPERAN, POR MILES, A LAS DE LA GUERRA SUCIAFlor Goche

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DISTRIBUCIÓN GRATUITA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | AÑO 1 | NÚMERO 41 WWW.CONTRALINEA.COM.MX

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13El interminable peregrinar de la desigualdadÉrika Ramírez

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REPÚBLICA | Migrantes mazahuas, sin vivienda y engañados

El presidente Felipe Calderón encabeza una lista de 2 mil 260 funcionarios de alto nivel del gobierno federal que este año co-brarán un “bono por riesgo” de hasta 598 mil pesos: la dádiva,para “proteger” la integridad de quienes supuestamente arries-gan la vida por su labor. Excluidos de la prestación, los más de 100 mil soldados, marinos y policías federales desplega-dos en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones ruralesque“enfrentan” a las bandas del narcotráfi coNancy Flores

La sublevación del pueblo, justifi cada Netzaí Sandoval Ballesteros

OPINIÓN | Los pecados de una democracia dormida

RENDICIÓN DE CUENTASPODER JUDICIAL RECIBE BONOS DE HASTA 634 MIL 349 PESOSNancy Flores 7

LÍNEA GLOBALEL PUEBLO VASCO, UNA CULTURA DE RESISTENCIA MÁS ALLÁ DE LA ETARogelio Velázquez 18

CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 20122

En pleno proceso electoral para elegir (en menos de dos meses) al próximo presidente de Estados Uni- dos, el gobierno de Barack Obama ordenó un estudio sobre México que denominó una “geografía so-

cial”, con el objetivo de conocer las afectaciones sociales, económicas y políticas que ha causado –durante el gobierno de Felipe Calderón– el crecimiento del narcotráfico, la expansión de los cárteles de la droga, su afectación al desarrollo de la democracia y si esto tuvo impacto y a qué grado en el pasado proceso electoral.

Interesado en mantener de este lado de la fron-tera los efectos negativos de la violencia que ha dejado casi 100 mil muertos y desaparecidos, ade- más de millones de desplazados, niños huérfa-nos y viudas, secuestrados y extorsionados, sin descontar la sicosis del miedo generalizado que ha ocasionado en toda la República, Obama ordenó al Comando Norte del Ejército de Es-tados Unidos enviar a un grupo de sociólogos a la frontera con México para conocer más a fondo lo que sucede con el crecimiento de bandas del cri-men organizado y el riesgo que esto significa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El propósito del gobierno estadunidense es establecer una nueva estrategia que, en caso de que Obama sea reelegido, se aplicaría de inmediato hacia territorio mexicano, en donde se incluiría una intervención directa por parte de fuerzas mi-litares para asegurarse de que dicha violencia de muertes y secuestros no llegue a su país.

Por ello, entre septiembre y octubre un equipo de sociólogos cruzarán la frontera para realizar una “geografía social” y valoren, entre otras cosas, el riesgo que significa que Estados Unidos siga suministrando armas a los cárteles de la droga, que sus agencias policiales tengan mayor inje-rencia en territorio mexicano y se incorporen a más trabajos de investigación, la posibilidad de que grupos de fuerza de tarea militares realicen trabajos de vigilancia en México y analizar cómo ha impactado en la estructura social el crecimien-to del consumo de drogas.

Como conejillo de Indias, México será escu-driñado por los estudiosos en un trabajo como nunca antes se había hecho sobre otro país, ante la inminente posibilidad de que la violencia rebase la frontera y alcance a su población.

La guerra del crimen organizadoHace unas semanas en Contralínea dimos cuenta de un estudio que tres militares mexicanos de mando superior realizaron sobre la estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional. Con ese trabajo los expertos que obtuvieron el grado de maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, y dan cuenta de cómo la disputa por el control de la droga y los

territorios se concentra en dos los cárteles de Sinaloa y Los Zetas.

El análisis militar no tiene desperdicio porque ubica el problema del narcotráfico y el crimen organizado como una amenaza real a la seguridad del país y la complicidad que el gobierno de Calderón ha tenido con uno de esos grupos delincuenciales, el cártel de Sinaloa.

La investigación fue realizada por el general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, del Ejército Mexicano; y el contralmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor José Luis Are-llano Ruiz y el capitán de navío cuerpo general diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco Ríos, ambos de la Armada de México.

El estudio afirma que la “estrategia” del gobierno federal no busca acabar con el nar-cotráfico, sino subordinar a todas las bandas pe- queñas en una sola organización delictiva, y que la función de las Fuerzas Armadas y la Po-licía Federal es sacar a la vista la fruta podrida de las “plazas” para que los sicarios del cártel de Sinaloa “hagan el resto”.

Se asegura que “las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, [mientras que] el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmu- ne a la crisis y está creciendo”. Más aún, “ha sido el más beneficiado durante la crisis que se presen-ta en México contra la delincuencia organizada”. Y es que “según fuentes abiertas nacionales e in-ternacionales, la prioridad del actual gobierno mexicano es mantener controlados los niveles de violencia y no la eliminación de los cárteles”. Como si estas órdenes hubieran sido dictadas desde Washington, razón por lo cual Obama ha ordenado una “radiografía social”.

En las conclusiones de la tesis se afirma: “Es-tamos convencidos de que esta lucha no puede lograrse a corto plazo, pero lo que sí sabemos es que vamos por el rumbo correcto”. Además, que “se comprueba la hipótesis del presente trabajo de investigación: ‘la Estrategia Nacional contra la delincuencia organizada fortalece la seguridad nacional del Estado mexicano al estar al-canzando los objetivos definidos en las políticas públicas de seguridad nacional’”.

Sin embargo, en el análisis de los resul-tados de la Estrategia Nacional contra la De-lincuencia Organizada los autores ofrecen un panorama de la situación real de los cárteles del narcotráfico basado en “la revisión de los documentos tanto oficiales como de fuentes abiertas e informes clasificados”. Los datos de señalan que el cártel del Chapo no sólo ha resul-tado fortalecido, sino que incluso funciona de mano útil contra las demás organizaciones cri- minales: “Dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o esci-siones, se encuentra la mano útil del cártel de Sinaloa”.3

*Periodista

Democracia mexicanaRealiza Estados Unidos “geografía social” de México

OFICIO DE PAPEL MIGUEL BADILLO* CARTÓN MANRIQUE

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CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 3CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 20124 CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El presidente Felipe Calderón Hinojosa en-cabeza una lista de 2 mil 260 funcionarios de alto nivel del gobierno federal que este año

cobrarán un “bono por riesgo” de hasta 598 mil pesos. En su mayoría, los beneficiarios reciben más de medio millón por ese concepto, mientras que una minoría obtiene entre 441 mil y 92 mil pesos anuales.

Por el “Pago extraordinario por riesgo” de ese puñado de servi-dores públicos, el erario federal desembolsará 1 mil 130 millones de pesos tan sólo en este año. El mon- to equivale a 34 veces el presupues-to 2012 del municipio más pobre

del país: Cochoapa el Grande, Gue-rrero. Los apenas 33 millones 125 mil pesos que ejercerá ese ayuntamiento de la Montaña guerrerense se cu-brirían sólo con 66 de los más de 2 mil bonos.

Aunque se trata de una pre-stación para los funcionarios que supuestamente corren peligro por su labor, no se otorga a los 70 mil soldados y marinos ni a los 34 mil 415 policías federales involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, quienes sí reciben estos bonos son también quienes cuen-tan con escoltas pagados con re-cursos públicos, como la guardia presidencial de Felipe Calderón Hinojosa o el personal de seguridad

de los secretarios y subsecretarios de Estado.

Y es que la prestación se creó para beneficiar sólo a las cúpulas: más de medio millón de pesos anuales se destinan para el presidente de la República, ocho de los 18 secretarios de Estado, el procurador general, los subsecretarios, subprocurado-res, oficiales mayores, jefes de unidad, directores y coordinadores generales; 441 mil 732 pesos anuales, para directores generales adjuntos; 332 mil 436, para directores; 142 mil 440, para subdirectores, y 92 mil 124 pesos, para jefes de departamento.

El general Francisco Gallardo señala que estas prerrogativas y las leyes que les dan sustento deben ser

revisadas para evitar el dispendio del gasto público. Agrega que ningún servidor público “debería traer escoltas con personal militar.

Sin embargo, queda a discreción del presidente, a través de un re-glamento, dar o no a los servidores públicos este tipo de seguridades”.

Los beneficiariosPor el “peligro” que enfrenta, el panista Felipe Calderón cobrará un bono de 597 mil 60 pesos. Pero ésta no es la única prestación que le pagará el erario por las supuestas amenazas que recibe: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 establece que “en aquellos puestos de personal civil y militar de las dependencias, cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del se-guro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta del 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual”.

Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por

un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quie-

nes supuestamente arriesgan la vida por su labor. Excluidos de la prestación, los más de 100 mil soldados, marinos y policías federales desplega-

dos en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del narcotráfico. Sólo en este año, el gobierno federal

gastará en el “Pago extraordinario por riesgo” 1 mil 130 millones de pesos. A la cúpula de Ejército y Marina, el 70 por ciento del gasto

Paga erario 1 mil 130 millones

por bono del miedo

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2 mil 260FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL

DEL GOBIERNO FEDERAL BENEFICIADOS

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CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 5

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Costará este año 830 mil 446 pesos a las fi nanzas públicas la seguridad de Calderón

Los “riesgos” que enfrentan los secretarios Galván Galván y Saynez Mendoza cuestan 580 mil pesos

anuales al erario

Así, tanto el presidente como los 2 mil 259 “funcionarios en riesgo” sumarán al bono de medio millón la “Potenciación del seguro de vida institucional”. En el caso del aún mandatario de México, se trata de otros 233 mil 386 pesos. En total, el peligro en que supuestamente vive el presidente costará este año 830 mil 446 pesos a las fi nanzas públicas.

En la lista de benefi ciarios le siguen los secretarios de Estado Gui-llermo Galván Galván (Defensa Na-cional, Sedena), Mariano SaynezMendoza(Marina), Genaro GarcíaLuna (Seguridad Pública), Alejan-dro Poiré Romero (Gobernación, Segob), José Antonio Meade Kuri-breña (Hacienda y Crédito Público), Rafael Morgan Ríos (Función Pú-blica, SFP), Patricia Espinosa Can-tellano (Relaciones Exteriores), Dionisio Pérez-Jácome Friscione (Comunicaciones y Transportes), yla procuradora General de la Repú-blica, Marisela Morales, con bonos por 580 mil 596 pesos.

También destacan, con “Pagos extraordinarios por riesgo” de 579 mil 636 pesos anuales, los

subsecretarios de Defensa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa; de Marina, Jorge Humberto Pastor Gómez; los subsecretarios de la Segob: de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo; de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández Aceves; de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Alberto Diener Sala; de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar Betancourt; y los subprocuradores de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez; de Investigación Especializada en Delitos Federales, Irving Barrios Mojica; de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso; Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores; y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco Jiménez.

La lista incluye con bonos de 565 mil 188 pesos al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jaime Domingo López Buitrón; y a su secretario general, Monte Alejandro Rubido; al procurador Federal de Protección al Ambiente, Hernando Guerrero Cázares; a la comisionada General de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero; al consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles; al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; y el comisionado del Instituto

Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid.

Por los “riesgos” que corre al cumplir su labor, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también obtendrá del erario 565 mil pesos en 2012. Recientemen-te, Guillermo Babatz Torres avaló multar por sólo 379 millones de pesos a HSBC, institución que según el Senado de Estados Unidos lavó 7 mil millones de dólares del narcotráfi co mexicano entre 2007 y 2008. La sanción apenas representó el 0.4 por ciento del monto presuntamente blanqueado.

Dependencias que otorgan la dádivaAunque no lo entregan a la tropa que se despliega en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del narcotráfi co, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina concentran el 70 por ciento del gasto de los “bonos por riesgo”: de los 2 mil 260 benefi ciarios, 1 mil 642 corresponden a la cúpula militar. De éstos, 852 son de la Sedena; 421, del Estado Mayor; y 369 de Marina.

Estos números revelan un crecimiento exponencial, pues en 2010 la Sedena y el Estado Mayor “protegían” con este bono a sólo 652 funcionarios, que equivalen al 51.2 por ciento de los actuales; mientras que la Secretaría de Marina “protegía” a 190, 51.4 por ciento de los que ahora reciben el bono.

Para el general Francisco Gallardo, tanto los aumentos al sueldo de los militares como el “bono por riesgo” que se le paga a la cúpula de la Sedena y Marina “iban encaminados

a cooptar a los altos mandos militares. Ahora los generales ganan muchísimo dinero. Supuestamente se iba a dar un apoyo a la tropa, pero más del 80 por ciento del gasto corriente se va a las cúpulas, al alto mando militar. El resto, el 20 por

ciento, es el que se reparte a la base”.El docente de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México opina que son las bases las que verdaderamente se exponen a una situación de riesgo. “Los

Necesario, ombudsman militarLa instauración de un ombudsman militar “permitiría transparentar el ejercicio del mando y el respeto a los derechos humanos que debería tener el Ejército Mexicano hacia dentro y hacia fuera en contacto con la sociedad”, indica el general Francisco Gallardo.

En entrevista, el politólogo señala que esta fi gura permitiría conocer con puntualidad cómo se usan los recursos que da el Estado a los militares para los actos de defensa. Por ello, apunta que la necesidad de contar con el ombudsman que propuso desde hace 18 años está vigente.3

580 mil 596 pesos,BONO PARA SECRETARIOS DE

ESTADO

El erario paga más de medio millón por “bonos de riesgo” a la procuradora general Marisela Morales, a los secretarios Pérez-Jácome y García Luna y al presidente Calderón

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Excluidos de la prestación, los 70 mil soldados y marinos y los 34 mil 415 policías fede-rales desplegados en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales que “luchan” contra el narcotráfico

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Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

El costo para el erario del “riesgo”Cargo

Presidente de la República

Secretario de Estado/procurador

Subsecretario/subprocurador

Oficial mayor

Jefe de Unidad

Director general/coordinador general

Director general adjunto

Director

Subdirector

Jefe de Departamento

Monto del “Pago extraoridinario” (pesos)

597,060

580,596

579,636

565,188

563,676

545,508

441,732

332,436

142,440

92,124

Fuente: Secretaría de la Función Pública

Funcionarios autorizados para

“Pago extraordinario”Dependencia

Secretaría de la Defensa Nacional

Estado Mayor Presidencial

Secretaría de Marina

Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Procuraduría General de la República

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Servicio de Administración Tributaria

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Seguridad Pública

Policía Federal

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Presidencia de la República

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Instituto Nacional de Migración

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Total

Número de beneficiarios

852

421

369

238

170

67

43

20

19

16

13

10

9

8

2

1

1

1

2,260


“Supuestamente se iba a dar un apoyo a la tropa: sólo el 20% del gasto corriente se reparte a la base, el 80% a los altos mandos militares”Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina

concentran el 70% del gasto de los “bonos por riesgo”

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altos mandos militares nunca han estado expuestos, en primera línea, a situaciones que los pongan en riesgo de perder la vida. [El bono] sólo tiene el objetivo de legitimar la ‘guerra’ contra las drogas de Calderón”.

Por número de funcionarios fa-vorecidos, le siguen el Centro deInvestigación y Seguridad Nacio-nal, con 238; la Procuraduría Generalde la República, con 170; la Pro-curaduría Federal de Protección al Ambiente, con 67; el Servicio deAdministración Tributaria, con 43;la Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público, con 20; la Secretaría de la Función Pública, con 19; la Secretaría de Seguridad Pública, con 16; la Policía Federal, con 13, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 10.

En la Presidencia de la Repúbli-ca, además de Calderón Hinojosa, otros ocho servidores públicos ob-tienen “bonos por riesgo” de entre 565 mil 188 y 441 mil 732 pesos. En Gobernación, ocho funcionarios dealto nivel se benefi cian de esa pre-rrogativa. En Relaciones Exterio-res, además de la secretaria Es-pinosa Cantellano, se le otorgan 579mil pesos a uno de sus cuatro sub-secretarios.

En la Secretaría de Comuni-caciones y Transportes, la Con-sejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Migración sólo los titulares obtendrán más de medio millón por el bono del miedo.

Discrecionalidad legalizadaDe acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2012, la Secretaría de la Fun-ción Pública es la encargada de eva-luar la gravedad del riesgo y de determinar el porcentaje del pago extraordinario en función del ries-go y, en su caso, de autorizar el pago, previo al dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-blico en el ámbito presupuestario.

Consultada sobre la manera en cómo y a quién se asigna el bono, la SFP indica a Contralínea que el “Pago extraordinario por riesgo” es un “porcentaje por el factor del riesgo en función de un puesto específi co, que queda sujeto a la disponibilidad presupuestal de la ins-titución de que se trate. De esta suerte, la información en poder de esta Secretaría no incluye, en la mayoría de los casos, el nombre de los servidores públicos que ocupan los puestos a los que les

fue autorizado el pago por riesgo, ni mucho menos el monto que efectivamente se le paga”.

Para “justifi car” que no se trata de un pago discrecional, la dependencia que encabeza Rafael Morgan –quien recibirá un bono de 580 mil pesos por este concepto– arguye que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-tección de Datos confi rmó la reserva respecto del nombre del puesto y del servidor público en los casos de la Sedena, Marina, Servicio de Administración Tri-butaria, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Procuraduría General de la República y SFP.

Francisco Gallardo advierte queel gobierno federal se resiste a trans-parentar el tema, porque nunca hay disposición de publicar abier-tamente el manejo de los recursos del Estado: “La autoridad siempre va a dar la información que le conviene, no la que puede esclarecer asuntos que tienen que ver con el interés público”. Por ello, indica que se deben hacer reformas a las leyes que permitan conocer el uso del erario y los resultados de las políticas públicas.

En su tarjeta informativa, la Secretaría de la Función Públi-ca agrega que los “Pagos ex-traordinarios por riesgo” se autorizan “conforme a las reglas que establece el Presupuesto deEgresos de la Federación del año correspondiente y a los linea-mientos que emite la propia Secretaría”. Y que es la Unidad de Política de Recursos Hu-ma-nos de la Administración Pública Federal, a cargo de Raúl Arceo Alonzo, la que autoriza cada “bono por riesgo”.

Para evaluar el peligro al que supuestamente se enfrentan los fun-cionarios, la SFP aplica la siguiente fórmula: factor de riesgo es igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100. Sobre los valores, sólo aclara que en la exposición se toman en cuenta las funciones y responsabilidades del servidor público, su nivel jerárquico, la clasifi cación de la información que maneja, los riesgos inherentes a la institución en la que labora, así como la ubicación de su residencia y de su centro de trabajo.

Respecto de estos últimos, iden-tifi ca como zonas de alto riesgo, en el Distrito Federal, las delegaciones

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gus-tavo A Madero e Iztapalapa. Y alinterior del país, a Guerrero, Micho-acán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y los “estados fronterizos del Norte”.

Las instituciones que, considera, entrañan un riesgo mayor son Presidencia, Procuraduría Generalde la República, Secretaría de Se-guridad Pública, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Ins-tituto Nacional de Migración yCentro de Investigación y Segu-ridad Nacional.

El “Pago extraordinario por riesgo”, indica el general Gallardo, “es un mecanismo de cooptación del gobierno federal para mantener bajo su control la voluntad del alto mando [en la milicia], para man-tenerlos controlados. Ellos [los benefi ciarios del bono] no corren ningún riesgo; lo corre la tropa, lo corren los ofi ciales de mandos medios que están en los retenes militares, confrontándose directamente con las fuerzas del crimen organizado. Esto es un dispendio y un abuso de los altos funcionarios [respecto] de estos recursos públicos, que son escasos y son necesarios para asuntos como la educación, la seguridad social, la salud pública”.3

algunos beneficiarios del bono del miedo

Nombre

Felipe Calderón Hinojosa

Guillermo Galván Galván

Mariano Saynez Mendoza

Genaro García Luna

Alejandro Poiré Romero

José Antonio Meade Kuribreña

Rafael Morgan Ríos

Patricia Espinosa Cantellano

Dionisio Pérez-Jácome Friscione

Marisela Morales Ibáñez

Carlos Demetrio Gaytán Ochoa

Jorge Humberto Pastor Gómez

Obdulio Ávila Mayo

Rubén Alfonso Fernández Aceves

Max Alberto Diener Sala

Gustavo Mohar Betancourt

José Cuitláhuac Salinas Martínez

Irving Barrios Mojica

Miguel Ontiveros Alonso

Alejandro Ramos Flores

Victoria Pacheco Jiménez

Jaime Domingo López Buitrón

Monte Alejandro Rubido

Hernando Guerrero Cázares

Maribel Cervantes Guerrero;

Miguel Alessio Robles

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Salvador Beltrán del Río Madrid

Guillermo Babatz Torres

Cargo

Presidente de México

Secretario de la Defensa Nacional

Secretario de Marina

Secretario de Seguridad Pública

Secretario de Gobernación

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Función Pública

Secretaria de Relaciones Exteriores

Secretario de Comunicaciones y Transportes

Procuradora General de la República

Subsecretario de Defensa

Subsecretario de Marina

Subsecretario de Gobierno

Subsecretario de Enlace Legislativo

Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos

Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales

Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales

Subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Procurador Federal de Protección al Ambiente

Comisionada General de la Policía Federal

Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal

Jefe del Servicio de Administración Tributaria

Comisionado del Instituto Nacional de Migración

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Monto del bono (pesos)

597,060

580,596

580,596

580,596

580,596

580,596

580,596

580,596

580,596

580,596

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

579,636

565,188

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565,188

565,188

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Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina concentran elriesgo”

CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 7CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, los siete magistrados del Tribunal Electoral y los seis

consejeros de la Judicatura Federal obtendrán los más onerosos “bonos por riesgo” que pagará el erario

el último año del sexenio de Calderón: hasta 634 mil pesos por el “peligro” que cada uno supuestamente

enfrenta. Otros 1 mil 104 servidores públicos de alto nivel del Poder Judicial tendrán acceso a la dádiva,

que tan sólo en 2012 consumirá

533 millones de pesos

de su presupuesto

Poder Judicial: los bonos del miedo más caros

En 2012, el Poder Judicial dela Federación gastará 533 millones 321 mil pesos en el“Pago extraordinario por ries-go” de 1 mil 128 funciona-rios de alto nivel. Los bonos

alcanzarán hasta los 634 mil 349 pesos por servidor público, 37 mil 289 más que lo que el presidente Felipe Calderón obtendrá este año por ese mismo concepto.

Entre los privilegiados están los minis-tros de la Suprema Corte de Justicia de laNación, Juan Silva Meza, Luis María Agui-

lar, José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo,

Guillermo I Ortiz Mayagoitia, Ar-turo Zaldívar Lelo de Larrea,

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sán-

chez-Cordero Dávila, José Ramón Cossío

Díaz, Margarita Beatriz Luna

León

Bra

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CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Poder Judicial: los


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CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 20128

Bonos que alcanzan hasta los 634 mil 349 pesos por servidor públicoEl Poder Judicial de la Federación gastará

533 millones 321 mil pesos por el “Pago extraordinario por riesgo”

RENDICIÓN DE CUENTas

Ramos y Sergio Armando Valls Hernández, cuyos “bonos por riesgo” os-cilarán entre 481 mil 799 y 634 mil 349 pesos.

Los magistrados delTribunal Electoral del Po-der Judicial de la Fe-deración –José Alejandro Luna Ramos, María delCarmen Alanis Figueroa, Manuel González Oro-peza, Constancio Carrasco Daza, Salva-dor Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván

Rivera y Pedro Esteban Penagos López– tam-bién obtienen entre 481mil y 577 mil 211 pesos,que este año incluye lacalifi cación de la lega-lidad de las elecciones pre-sidenciales.

En la lista de los be-nefi ciarios destacan los bonos para los consejeros de la Judicatura Federal

–César Jauregui Robles, Juan Carlos Cruz Razo, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, Manuel Ernesto Saloma Vera, Jorge

Efraín Moreno Collado, César Esquinca Muñoa– pues ascienden cada uno a 577 mil 211 pesos, que equivalen a 9 mil 250 veces el salario mínimo vigen-te para la zona A, de 62.33 pesos. El gasto total por estos seis pagos extra-ordinarios suma 3 millones 463 mil 266 pesos.

Entre los servidores públicos del Poder Judicial favorecidos por el “Pago extraordinario por riesgo” se encuentran los 733 magistrados de Circuito, quienes cobrarán por ese concepto 491 mil 827 pesos; 356 jueces de Distrito cuyos bonos individuales ascenderán a 434 mil 243 pesos; y los 15 magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral, que recibirán el monto “más bajo”, 405 mil 727 pesos.3

Los bonos, por el “peligro” que corren

funcionarios de alto nivel por su

trabajo

Este año los “bonos por riesgo” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación oscilarán entre los 481 mil 799 y 634 mil 349 pesos

En la lista de los beneficiarios destacan los bonos para los seis consejeros de la Judicatura Federal: el gasto total suma 3 millones 463 mil 266 pesos

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Ministro de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación

Magistrado del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación

Consejero de la Judicatura Federal

Magistrado de Circuito

Juez de Distrito

Magistrado de Sala Superior

Entre 481,799 y 634,349

Entre 481,799 y 577,211

577,211

491,827

434,243

405,727

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733

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El Poder Judicial de la Federación gastará 533 millones 321 mil pesos extraordinario por riesgo”

Bonos que alcanzan hasta lospor servidor público

CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 9CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas y superan, por mucho, las de la Guerra Sucia (Contralínea 285). No obstante, el delito

es inexistente en el 62.5 por ciento del país.

En sólo 12 de las 32 entidades fede-rativas se ha tipificado la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Duran- go, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguasca- lientes, Guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 A del Código Penal Federal. Sin embargo, ninguna de estas legislaciones satisface los estándares internacionales.

Instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Desaparicio- nes Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) se han pronunciado al respecto.

La primera, en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco (líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexi-cano en la década de 1970). En ésta apremia al Estado mexicano a “adoptar, en un pla-zo razonable, las reformas legislativas per-tinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales”.

La segunda, en su Informe de Misión a México 2012. En el cual insta a que se “garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas” y a que [se] apruebe, a la brevedad, una “ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias”.

A la luz de estas recomendaciones, organizaciones nacionales de derechos humanos y de víctimas, así como especialistas en el tema, alzan la voz. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido –del 23 al 31 de mayo pasado– exigieron al Poder Legislativo federal la expedición de una ley general contra la desaparición forzada.

Para Santiago Corcuera Cabezut, exmiembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Invo-luntarias de la ONU, una ley al respecto fungiría como una especie de “paraguas”: cubriría a toda la república y daría pistas a las legislaturas locales.

Acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada hace un año, es necesario que el legislador adquiriera la cultura jurídica “de tomar en cuenta los tratados internacionales como parte de

nuestro ordenamiento jurídico”, dice el doctor en derecho.

México ha signado y ratificado ya dos instrumentos internacionales de derechos humanos y uno de derecho penal en la materia: la Convención Interamericana sobre De- saparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Pro-tección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma, respectivamente.

A decir de Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una legislación de este tipo sentaría las bases para la definición de una política pública y abonaría en la reparación del daño a las víctimas, pues “es una forma de reconocer el dolor, el sufrimiento que han enfrentado”.

Las desapariciones forzadas de personas se

incrementan, pero el tipo penal no existe en

la mayoría de los estados. Las definiciones

en las 12 entidades que ya contemplan el

delito, así como en el Código Penal Federal,

son inadecuadas y no satisfacen los es-

tándares internacionales, consideran expertos.

Organizaciones de derechos humanos, fa-

miliares de víctimas y especialistas exigen al

Estado mexicano la creación de una ley

general contra la desaparición forzada. En lo

que va de este sexenio se presentaron al

menos tres iniciativas legislativas en la ma-

teria, pero “por falta de disposición” quedaron

varadas

Desaparición forzada:delito inexistente o mal tipificado

FLOR GOCHESOCIEDAD

62.5% de México, SIN TIPIFICAR ESTE DELITO

CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 201210 CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En sólo 12 de las 32 entidades federativas se ha tipifi cado la desaparición forzadaEn el contexto de la “guerra” contra el narcotráfi co,

las víctimas de desaparición forzada superan a las de la Guerra sucia

sOCIEDaD

Nadín Reyes Maldonado refi ere que, desde hace dos años, tanto el Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos como la Campaña Nacional contra la De-saparición Forzada en México han impulsado “la apro-bación de una ley general que prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada de personas”.

Para la hija de Edmundo Reyes Amaya (activista de-tenido-desaparecido en 2007 en un operativo a cargo de policías de Oaxaca y elementos del Ejército Mexicano), la legislación debe “recoger todas las exigencias de los familiares y organizaciones expertas en el tema para contribuir verdaderamente a su erradicación, y que no sólo sea una medida paliativa que no resuelva el problema”.

“¿Vale la pena estar legislando en materia de derechos humanos?”, se pregunta Eliana García Laguna, asesora parlamentaria, durante el foro Desaparición Forzada de Personas en México: en Busca de una Armonización Legislativa, realizado el pasado 22 de mayo en la Cámara de Diputados.

Ella misma responde: “Vale [la pena] reformar para que podamos decirles [a los gobiernos]: son ustedes unos ilegales, violadores de la ley, violadores de derechos hu-manos; son ustedes lo más podrido de la sociedad, porque a pesar de que hay leyes no las respetan”.

Adoptar la legislación es “importante”, puntualiza Alan García. Pero para que se cumpla se requieren “fuertes dosis de voluntad política” del Estado.

Tipifi cación inadecuadaDe acuerdo con Corcuera Cabezut, la mejor defi nición parael delito de desaparición forzada es la que ofrece la ONU,plasmada en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

“Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación dela libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”, se lee en el ar-tículo 2 del instrumento internacional.

En cambio, el Código Penal Federal, desde abril de 2001, establece: “Comete el delito de desaparición forza-da de personas el servidor público que, independientemen-te de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamen-te su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”. A decir de especialistas, esta tipifi cación –al igual que las 12 que existen a nivel local– es inadecuada.

Con base en la sentencia de la CIDH sobre el caso Rosendo Radilla (párrafos 320-324), Daniel Joloy Amkie, coordinador del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifi esta que el tipo penal mexicano “carece de tres elementos sustanciales”:

La fi gura jurídica del Código Penal, artículo 215 A, restringe la autoría del delito a “servidores públicos” –contrario al instrumento de la ONU que refi ere “agentes del Estado”–, con lo que deja fuera a todas aquellas terce-ras personas que no siendo agentes del Estado participan en la desaparición, con el apoyo o aquiescencia del mismo.

En segundo lugar, explica Joloy Amkie, el Código Penal no hace una distinción expresa entre sujeto activo, perpetrador y aquellas personas que facilitan el apoyo, autorización y aquiescencia; es decir, entre las distintas formas de participación de diversos agentes del Estado o incluso, de terceras personas en la comisión del delito.

Finalmente, la legislación mexicana no contempla uno de los elementos fundamentales de tipo penal: la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

Varadas, iniciativas de leyDurante este sexenio se presentaron ante el Poder Legislativo al menos tres iniciativas de ley en materia de

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Congeladas, las tres iniciativas de ley sobre desapariciones forzadas que fueron presentadas en este sexenio

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Adoptar la legislación es “importante”, pero para que se cumpla se requieren “fuertes dosis de voluntad política”

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Características de la Ley General de desapariciones forzadas

•Ser integral

•Ser armónica con los estándares internacionales

•Contemplar la prevención, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas

•Definir la desaparición forzada como delito autónomo

•También como delito de carácter continuado y, por tanto, imprescriptible. Mientras no se conozca la suerte o el paradero de la víctima la desaparición forzada no cesa

•Sancionar el delito con penas apropiadas que tengan en cuenta la “extrema gravedad de la conducta” (entre 25 y 40 años de prisión)

•Reconocer el derecho a la personalidad del desaparecido. En este sentido, que se incluya una ley de declaración de ausencia por desapar-ición forzada “con los mismos efectos que el derecho civil da a la muerte, pero con la decencia de no declararlo muerto”

•Hacer punibles las diferentes formas de participación en la comisión del delito: complicidad, responsabilidad por órdenes o instrucciones, instigación, consentimiento, aquiescencia, ocultamiento activo

•Incorporar cláusulas que tenga por objetivo erradicar la impunidad, como: negar la posibilidad de amnistías y de eximir como justificante de la conducta la obediencia a órdenes superiores

•Crear un procedimiento específico de búsqueda de personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas

•Crear un protocolo de investigación

•Crear un registro nacional de personas desaparecidas

•Garantizar el derecho a la verdad y a la reparación integral del daño, incluidas las víctimas indirectas del delito

•Reformar los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo para que el Estado garantice un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en los casos de desaparición forzada. Actualmente uno de los requisitos de interposición y ratificación del amparo es la presencia de la víctima y la especificación de su paradero

•Reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Que incluya la prohibición expresa de la extensión de la jurisdicción militar a todos los casos de violaciones a derechos humanos y la exclusión de la jurisdicción militar en todos los casos que involucren a civiles

En el contexto de la “guerra” contra el narcotráfi co,las víctimas de desaparición forzada superan a las de la Guerra sucia

CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONTRALÍNEA | 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 11

sOCIEDaD

Sin disposición para legislar, el PRI y el PAN. El argumento, “ese tema se estaba discutiendo

en la Comisión de Justicia, como paquete del Código de Justicia Militar”

El exsenador armando Contreras Castillo presentó una iniciativa para crear la ley

general para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, en 2011

desaparición forzada de personas. Sin embargo, ninguna fue aprobada.

El 12 de abril de 2011, el senador Rubén Fernando Velázquez López propuso a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objeto: sentar la base legal para expedir una ley general en la materia. Se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y ahí quedó.

Cinco meses después, el 20 de septiembre de 2011, el exsenador Armando Contreras Castillo presentó una iniciativa para crear la ley general para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y reformar el Código Penal Federal. Tiene su origen en una iniciativa de 2004 elaborada por el entonces diputado Abdayan Guzmán.

Eliana García refi ere que en marzo de 2011 dicha iniciativa fue dictaminada positiva por la Comisión de

Derechos Humanos del Senado. No obstante, “no hubo disposición de los dos partidos mayoritarios [Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional]”. El argumento, dice la también exdiputada federal es “que ese tema se estaba discutiendo en la Comisión de

Justicia, como paquete del Código de Justicia Militar”.En entrevista, Florentina Rosario Morales, diputada

federal por el Partido de la Revolución Democrática, dice que en respuesta a las demandas de los ciudadanos de Guerrero, entidad de la que es originaria, en abril de 2010 presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal.

—Presentamos esta iniciativa… La venimos pre-sentando desde que inició la legislación y esto se fue prolongando. Nos pedían algunos foros; se hicieron los foros. Pero cuando llega la iniciativa a [la Comisión de] Justicia ahí es donde se detiene. Ya no es posible pasar-la a [la Comisión de] Derechos Humanos porque ahí la detienen. Pero ya está armada, ya nada más la vamos a dejar para la próxima legislatura que venga, a ver a qué compañero le interesa.3

“Vale la pena reformar para que podamos decirles a los gobiernos: son

ustedes unos ilegales, violadores de la ley,

violadores de derechos humanos”

La legislación debe “recoger todas las exigencias de los familiares y organizaciones expertas en el tema para contribuir a su erradicación y que no sólo sea una medida paliativa”

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Agentes del Estado y personas o grupos actúan con autorización o apoyo estatal, los responsables de las desapariciones forzadas. En la imagen, protesta de familiares de desaparecidos

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Elementos que debe contemplar

el tipo penal de desaparición forzada

Privación de la libertad en contra de la voluntad de la víctima

Participación de agentes gubernamentales ya sea de manera directa o indirecta

Negativa a revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida


La ejecución del megaproyecto Plan Integral Morelos impulsado por el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa trasnacional española Elecnor, consiste en la

construcción de un gasoducto y dos centrales termoeléctricas, lo cual representa un riesgo para la vida de las comunidades que habitan el territorio en las que se pretende realizar la construcción. Las obras se iniciaron en el pueblo de Huexca, Morelos, sin haber hecho una consulta y sin información clara y suficiente para las comunidades. Los días 14 y 17 de mayo de este año se realizaron reuniones entre la CFE y la comunidad; sin embargo la paraestatal no fue clara con la implantación de esta construcción. A partir del 16 de mayo,

pobladores de Huexca instalaron barricadas en la entrada de la comunidad y detuvieron la obra con el fin de exigir la información verídica sobre la termoeléctrica y la inclusión de los habitantes en la toma de decisiones. Después del llamado a un diálogo que se acordó entre la CFE y el pueblo de Huexca el 8 de junio, la CFE no se presentó, so pretexto de que “no existían condiciones para el diálogo debido a que se encontraban personas ajenas a la comunidad”.

Ante la construcción de este megaproyecto, el cual es considerado por los habitantes de ese territorio como una imposición por parte del gobierno federal, se conformó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, integrado por Amayuca, Amilcingo, Huazulco, Huexca

y los Limones, municipios de Morelos; Chalchihuapan, Santa Isabel Cholula, Ahua- tempan, Tlanechicolpan, Tecuanipan, Acuex- comac, Zacapechpan, Coapan, Nealtican, Atzala, Calpan y Zacatepec, de Puebla; Tea- calco, San Vicente, Texoloc, Papalotla y Tenex- yecac, de Tlaxcala.

El megaproyecto consiste en un gasoducto que abastecerá de gas a la termoeléctrica, con una longitud de 160 kilómetros de largo, con un diámetro de 30 pulgadas, enterrado a 2 metros de profundidad que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano al día, y pasará por 60 pueblos entre Tlaxcala, Puebla y Morelos.

En Morelos, 23 kilómetros de este gasoducto se ubicarán en una zona de alto riesgo. La termoeléctrica que se pretende construir en

45 hectáreas aledañas al pueblo indígena de Huexca, demandará el abastecimiento de agua de la planta tratadora de Cuautla, utilizando 20 millones de litros de agua al día para su funcionamiento. Esto en un territorio en el cual se ha padecido escasez de agua por más de dos décadas.

Entre las varias preocupaciones de las personas habitantes de esta región está la interrogante: ¿se pretende abastecer de agua a la termoeléctrica y no allegar el vital líquido a los pueblos que por años han sufrido escasez? Por otro lado, está la preocupación de que el agua que desechará la termoeléctrica se pretende arrojar en la barranca Tezontitlán, cercana al pueblo, y ésta contiene residuos contaminantes que ponen en peligro el hábitat; a esto se suman los gases

ANÁLISIS

Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en defensa de sus derechos

NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS*OPINIÓN

Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han des-cubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Elec- toral del Poder Judicial

(TEPJF) de la Federación cuenta con fa-cultades legales y constitucionales para anular las elecciones.

Más que una posibilidad, la anulación es en este caso una obligación legal. La compra masiva de votos en todo el país que está plenamente comprobada; la propaganda ilegal del Partido Verde (que postuló a Peña) durante la jornada electoral y en la veda, que constituye un hecho público y notorio; el sorianagate y el monexgate, denunciados por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN); pero especialmente el financiamiento privado que

utilizó Peña Nieto para su campaña y que superó con creces el financiamiento público, obligan a que el Tribunal Electoral anule la elección presidencial. De otra forma estaría violentando la Constitución Mexicana y su propia jurisprudencia.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha consolidado como el más frau-dulento de la endeble democracia mexicana. Esto lo expresa el propio Tribunal Electoral, pues el 62 por ciento de las elecciones que ha anulado en la historia fueron fraudes orquestados por el PRI. A través de sus prácticas enquistadas, dicho partido ha lo-grado una vez más defraudar la voluntad popular en las urnas.

Esta realidad se debe a deficiencias en nuestro marco jurídico, pero fundamentalmente es posible gracias a la tolerancia y la complicidad de las autoridades electorales.

El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, emitió pronun-ciamientos prejuzgando el caso que llegará a su conocimiento.

Afirmó tácitamente que no anularán las elecciones –aún sin conocer el asunto–, ya que no otorgarían en “la mesa lo que no se ganó en las urnas”. Por estas declaraciones, el magistrado Luna Ramos debería ser excluido del debate y votación de la calificación de la elección presidencial, pues ha expresado que tiene un prejuicio (algo inaceptable para un juzgador) que afecta su imparcialidad. Con ética, debería excusarse del asunto y si carece de ella debería ser recusado por los partidos que impugnan la elección. De otra forma pondría en peligro la imparcialidad de toda la Sala Superior del TEPJF, y hay que recordarle a los magistrados y al establishment que los colocó en sus puestos que la “apariencia de

imparcialidad” de un tribunal es un derecho humano que puede controvertirse y dirimirse en el ámbito de los tribunales internacionales. Así, la presencia de Luna Ramos pondría en juego la propia validez de la calificación de la elección que emita el Tribunal Electoral.

En México existen procedimientos de selección de representantes que se llevan a cabo sin respetar los principios fundamentales de la democracia.

En las elecciones mexicanas el principio de publicidad no rige el proceso electoral. Lamentablemente el escrutinio y cómputo es una etapa cerrada a la supervisión ciudadana, pues se prohíbe a los ciudadanos “normales” presenciar el conteo de votos en las casillas. Este simple argumento bastaría para anular la elección en Alemania. De acuerdo con la Corte Constitucional Federal de ese país (sentencia del 3 de marzo de 2009, 2 BvC 3/07 and 2 BvC

No hay democracia sin principios

CARLOS A VENTURA CALLEjAS*/CLARA G MEyRA SEGURA*OPINIÓN


4/07) la elección debe realizarse “ante los ojos del público”: cada ciudadano debe comprender de manera segura los pasos centrales de la elección sin conocimientos técnicos previos, por lo que si se lesiona el principio de publicidad de la elección y no se posibilita un control efectivo de los actos electorales, ni una verificación confiable del resultado –por parte de los ciudadanos directamente– el proceso electoral resulta anticonstitucional.

El 1 de julio no privó el principio de legalidad. La violación a la ley que realizó masivamente y de forma grave el Partido Verde durante la veda electoral y el día de la elección bastaría para que ese partido perdiera el registro, conforme al artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y para que las elecciones fueran anuladas. Esto sería posible con consejeros electorales con principios, no con los actuales, que demostraran estar postrados ante los mandatos de las televisoras, que se negaron a transmitir el primer debate y ellos no fueron capaces de atreverse a pedir una cadena nacional para lograr su mayor difusión. Evidentemente no se atreverán a afectar los intereses del duopolio televisivo quitando el registro al partido que les permite tener su propia telebancada.

En cuanto al principio de equidad en la contienda y la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público, puede citarse el grave rebase de tope de gastos de campaña en que incurrió Enrique Peña Nieto. La discusión ya no es si Peña Nieto rebasó ese tope (fijado en 336 millones de pesos), porque sí lo rebasó –como lo señalaron tanto el PAN como el PRD– durante las primeras semanas de campaña, sino que el tema realmente a resolver de forma inmediata por el Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su unidad especializada de fiscalización, y tomar en cuenta el Tribunal Electoral al validar o anular la elección, es la magnitud del rebase del tope.

Una violación adicional a los principios constitucionales es que en las elecciones mexicanas el voto no fue universal. Cerca de 2 millones de ciudadanos se han organizado y reclaman que se les negó el derecho a votar en las casillas especiales. Esto tiene una explicación: el IFE decidió instalar únicamente el 60 por ciento de las casillas especiales que la ley le permitía ubicar. Con esta decisión, la autoridad electoral violó el principio de universalidad del sufragio.¡

Por otro lado, solicitar votos a cambio de dinero y de promesas de paga o dádiva

es un delito, como lo establece el artículo 403, fracción XI, del Código Penal Federal. Es también una violación al Cofipe que el omiso IFE debió evitar (pero ahora puede sancionar), conforme a los artículos 4 y 347 de dicho Código. La práctica política de México permite que alguien que cometió flagrantemente delitos electorales, en lugar de ir a prisión –como jurídicamente correspondería–, pueda llegar a la Presidencia de la República. El principio de legalidad quedó destruido en estas elecciones.

Otro principio constitucional esencial en el derecho electoral mexicano es la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. La cantidad desmesurada de recursos empleados por Peña Nieto permiten saber que empleó más dinero de origen privado (basta ver el financiamiento que recibió a través de contratos con Televisa, revelados por The Guardian, o el dinero que se utilizó a través de Soriana y Monex). Por lo tanto, en la elección del 1 de julio también se violó este precepto constitucional.

Si Peña Nieto utilizó más dinero privado que público durante su campaña, el Tribunal Electoral está obligado a anular las elecciones. Esta obligación deriva de su propia jurisprudencia (ver la tesis XX/2004; la

jurisprudencia S3ELJ 23/2004, en lo relativo a la prevalencia del financiamiento público; y las sentencias SUP-JRC-165/2008, SUP-JRC-604/2007 y ST-JRC-15/2008).

Se estima que Peña Nieto erogó en su campaña 4 mil 599 millones de pesos. El financiamiento público del PRI para 2012 fue de 1 mil 644 millones de pesos. Incluso suponiendo que todo el financiamiento público hubiera sido destinado a la elección presidencial, existiría más financiamiento privado (unos 2 mil 955 millones) que público (1 mil 644 millones). Si este escenario se confirma, no es que el Tribunal Electoral pueda anular las elecciones, es que tiene la obligación constitucional de hacerlo.

La mera celebración de votaciones no basta para dar validez a la elección de representantes públicos. La democracia es el gobierno del pueblo y las reglas que impone ese pueblo para que el gobierno pueda ser obedecido se expresan en la Constitución. Si en México no se respetan los principios constitucionales básicos, entonces no existe democracia. La desobediencia civil está, por lo tanto, a la vuelta de la esquina.3

contaminantes que emitirá la termoeléctrica durante su funcionamiento.

El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, AC, publicó un comunicado en el que se expresa una profunda preocupación por la consumación del megaproyecto Plan Integral Morelos, debido a que el Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, recomendó no construir este gasoducto, y al mismo tiempo especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla manifestaron la inviabilidad de construir el gasoducto y la planta termoeléctrica por el riesgo que representa.

Las exigencias por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala son muy claras: la garantía de los derechos humanos de las personas de los pueblos; frenar el megaproyecto con la finalidad de evitar el riesgo de muerte en caso de una catástrofe natural; respetar y garantizar el derecho a la información y la consulta así como el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y mestizos para los proyectos de desarrollo que afectarán su territorio, como advierte el Convenio 169 de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que el Estado cumpla con medidas eficaces que garanticen el no almacenamiento ni eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas.

Es importante contemplar que para este caso la violación hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es evidente y, por tanto, los gobiernos municipales, estatales y el federal tienen las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las y los pobladores que están siendo afectados por este megaproyecto, como lo determina el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aunque no ha sido ratificado por México, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 el Estado mexicano ha asumido estas obligaciones y debe acatarlas.

La empresa que pretende llevar a cabo este proyecto a gran escala debe atender a los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo del año pasado, pues en ellos se establece que debe haber una coordinación efectiva entre el Estado y la empresa para que se cumplan las obligaciones de proteger, respetar,

garantizar y reparar los derechos humanos que se ven afectados por las actividades de empresas trasnacionales.

En el apartado B de estos Principios se menciona que los Estados tienen la obligación de exigir a las empresas que expliquen e informen sobre el impacto que acarreará el megaproyecto sobre el medio ambiente, la comunidad y los derechos humanos de las personas que habitan la zona donde se pretenda llevar a cabo.

Además, las empresas tienen obligaciones claras con respecto de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido por estos Principios, ya que en la segunda parte, titulada “La responsabilidad de empresas de respetar derechos humanos”, se hace explícito que las grandes corporaciones trasnacionales deben abstenerse de infringir derechos humanos reconocidos en todos los instrumentos que se hayan adoptado por la ONU o bien por los sistemas regionales de protección, en especial lo establecido en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la Declaración de la OIT en cuanto a los principios y derechos fundamentales del trabajo.

En este mismo tenor, las empresas deben actuar con una “debida diligencia” en materia de derechos humanos. Así se menciona en el punto 17 de dichos Principios. Aquí mismo se señala que la

empresa debe estar presta para atender las comunicaciones que sean necesarias y requeridas para informar sobre la identificación, prevención y, en su caso, mitigación de los daños que sean originados por sus actividades. Las empresas no deben desatender las respuestas que se tengan ante las evaluaciones de impactos que hayan presentado. En todo esto el Estado es pieza clave para obligar a las corporaciones a que respeten y cumplan con la legislación vigente aplicable en cada caso, y que no esquiven u omitan los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las comunidades.

Lo que hace el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala es ejercer su legítimo derecho a organizarse, así como a exigir que sus derechos individuales y colectivos sean respetados. Sería inadmisible que esta protesta se criminalizara y que el Estado hiciera oídos sordos a estas legítimas exigencias. Es fundamental que los gobiernos realicen y fortalezcan las acciones dirigidas a proteger a las comunidades y sus territorios de los abusos de grandes capitales internacionales que se insertan en nuestro país.3

*Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

aNÁLIsIs

OPINIóN

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de

justicia

OPINIóN


MARCOS CháVEz M*OPINIÓN

ARELy MIRANDA GONzáLEz*OPINIÓN

Una imagen vale más que mil palabras. Un joven gritando bajo la sombra de una bandera egipcia, un niño soldado desahuciado por el futuro que le depara y un estudiante con

su credencial como testimonio fehaciente de su convicción son imágenes que no se olvidan. Vivimos en una época privilegiada, inmersos en las redes de la revolución tecnológica.

La Revolución Árabe, la campaña de Kony 2012 y el movimiento Yo Soy 132 nacen en las redes sociales y, específicamente, en Youtube. En una época en la que la sociedad

civil mexicana cuestiona la credibilidad de los medios de comunicación, la herramienta más poderosa de difusión está al alcance de un clic.

La fibra óptica da la vuelta al mundoDe acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet (AMIPCI), existen 40.6 millones de usuarios de internet en México. Con base en la Encuesta AMIPCI de hábitos de los usuarios, 92 por ciento de los encuestados accede a una red social y, de éstos, 60 por ciento está suscrito en

Youtube. Estas cifras parecen sorprendentes (y sin embargo, los consumidores más ávidos de Youtube son los saudíes, quienes alcanzan 90 millones de visitas diarias).

El alcance del Youtube es deslumbrante. En 2011, esta red social logró más de 1 trillón de visitas, lo que equivale a 140 visitas por cada persona en el planeta. Éste es un público mayor que cualquier medio de comunicación y con una diversidad de temas, opiniones y objetivos.

Las redes sociales han sido un vehículo para los movimientos sociales en todo el mundo. ¿Hubieran existido estos movimientos sin

los medios para divulgar sus causas? Dicho de otra manera, antes del auge de Youtube, Twitter y Facebook, ¿cuántas revoluciones sin nombre se esfumaron en el olvido sin que sus simpatizantes pudieran convencer a otros de participar?

youtube para los mexicanosEl video “131 alumnos de la Ibero responden” obtuvo 1 millón 18 mil visitas. Así, el 14 de mayo fue un parteaguas para la sociedad civil mexicana, que se apoderó de los medios de comunicación virtuales, libres y sin censura.

La red social mexicana

alguna vez Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, escribió: “cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo”. “Cuando la verdad sea demasiado débil para

defenderse tendrá que pasar al ataque”. “Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime”. “Las revoluciones se producen, generalmente, en los callejones sin salida”.

Impaciente, la población contaba los días que faltaban para que terminara la dilatada pesadilla del golpista Felipe Calderón. Apuraba el último trago amargo de seis años de autoritarismo, impunidad, corrupción y pillaje, de pobreza, miseria y delincuencia que, como lepra, devoran el tejido social, de un baño de sangre, de terrorismo de Estado. ¿Qué otra cosa podía esperarse de alguien que usurpó la Presidencia de la República, confabulado con los priístas y los oligárquicos hombres de presa que financiaron y respaldaron su aventura, y que, a cambio, han recibido una gran cantidad de prebendas legales e ilegales? Incapaz de insubordinarse ante el destino que le impusieron y de romper las cadenas que lo inmovilizan, ¿qué más podía hacer esta población ante el bloque dominante de la derecha que cercenó sus anhelos democráticos e impidió la creación de los mecanismos institucionales que le permitieran defender sus intereses, imponer límites a los excesos de

los gobernantes y sancionarlos legalmente, y participar en las decisiones nacionales?

Nada. Más que rumiar su impotencia de cada seis años. Incubar su cólera. Esperar estérilmente la oportunidad para tratar de cobrar la factura de las injurias ofrecida por la simulación “democrática” electoral. Es el único momento en que se le permite creer a la población que no es una ficción, que socialmente existe; que es un ciudadano, con el derecho soberano de elegir pasivamente a sus próximos gobernantes seleccionados por otros –muchos de los cuales desconoce, como es el caso de los parlamentarios, sobre todo los plurinominales– a los que delegará su mandato, a los que nunca más volverá a ver, ya que normalmente administrarán al margen y en contra de sus intereses, antes de ser regresado otra vez a las sombras del coro, donde se desvanecerá sin más derecho que el de asumir el papel de víctima, sin la opción del pataleo.

En julio de 2012 la población volvió a depositar su esperanza de cambio en la quimérica “llave” de la “democracia” electoral. Y súbitamente, al despertar de la pesadilla calderonista y de la “fiesta” electoral, se da cuenta de la farsa que ya había sido denunciada, socialmente insuficiente, por los estudiantes. Que ha sido groseramente despojado de su voluntad que rechazaba a la derecha teocrática-neoliberal representada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Acción Nacional (PAN) y la

pandilla que los respalda, destacándose entre ellos Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas. Que sus expectativas fueron sepultadas por una montaña de fechorías cometidas por los mismos que se burlaron de ella en 1988 y 2006, y que los únicos que no las vieron fueron los parsimoniosamente ciegos y supuestos cancerberos de la legalidad, y que ante las descomunales e inocultables evidencias, ahora las desdeñan por considerarlas irrelevantes. Que al corregir el error cometido por las “masas ignorantes y estúpidas” que votaron por el candidato equivocado (Noam Chomsky dixit), la mafia organizada quiere segarles su futuro. Pretende sacrificarlas por su osadía, como si fueran mansos corderos que sólo merecen el matadero, con seis años más de infames tormentos autoritarios y neoliberales, los cuales se presagian peores, toda vez que Enrique Peña Nieto no ha dudado en mostrarse como un individuo inescrupuloso, corrupto, deshonesto, tramposo, intolerante, despótico. Ese comportamiento es compartido por los hampones que lo rodean y lo arropan, así como por los ejecutivos precedentes, de Álvaro Obregón a Felipe Calderón, con la excepción de Lázaro Cárdenas. Comparados a ellos, el Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva y otros maleantes son unos santos que merecen la beatificación papal.

En su ambición por entronizar a Enrique Peña, que les garantizará seis años más de impune rapiña, a la oligarquía y su banda de

forajidos del PRI-Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apadrinada por Felipe Calderón (que de esa manera compró su futura seguridad frente a su criminal y turbio sexenio), no les importó provocar una crisis electoral, hundir en el estercolero del descrédito a la elite política y las instituciones, meter al país en un callejón sin salida, estimular una eventual crisis política de magnitudes insospechadas que puede desestabilizar al sistema.

Visto en perspectiva, los riesgos de esa conducta transgresora habían sido evaluados y descontados. Sabían que las leyes, la electoral y otras involucradas, están diseñadas para asegurar su propósito. La Presidencia fue convertida en un botín, en una mercancía que puede comprarse ilícitamente, recursos que sólo pueden provenir de la misma Presidencia y de los gobernadores que saquean el presupuesto de la nación y de sus estados, autorizados por los legisladores del PRI-PAN-PVEM-Partido Nueva Alianza, que cubrieron con un velo legaloide su manejo turbio, sin que puedan ser sancionados; del empresariado; del exterior y ¿del narco y otras fuentes delincuenciales? El PAN fue multado con 500 millones de pesos por el dinero ilegal utilizado por Vicente Fox y sus mafiosos Amigos de Fox durante la campaña de 2000. El PRI fue sancionado con 1 mil millones por la de Francisco Labastida (recuérdese el Pemexgate). Al PAN le impusieron una multa de 15 millones por la misma práctica utilizada por Felipe Calderón,

El golpe de Estado oligárquico-peñanietistaDespierto de una pesadilla y descubro que la vida es peor que un sueño. ¿Y qué es lo peor ahora? La gente no tiene futuro. La gente perdió su futuro. Estamos aquí para ser sacrificados.Es lógico. Igmar Bergman, El huevo de la serpiente


aNÁLIsIs aNÁLIsIs

OPINIóN

OPINIóN

*Maestra en estudios de paz internacional por la Universidad Trynity College de Dublín, Irlanda;

politóloga e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México

Youtube también es una plataforma para politizar a los mexicanos. Los simpatizantes políticos, los apartidistas, los escépticos, los anarquistas, todos tienen un espacio para expresar su opinión y para disentir de otros puntos de vista. Las irregularidades electorales y las inconformidades con el proceso electoral en México dieron la vuelta al mundo. Los mexicanos en Vancouver, Londres, Barcelona y demás ciudades se solidarizaron con miles de personas que han marchado domingo tras domingo en México. De esta manera, se abrió una puerta de comunicación y de movilización con el resto del mundo.

Lo importante no es generar un efecto viral con un video, sino involucrar al espectador en las propuestas de acción de un movimiento. Apoyar una causa implica más que elegir “me gusta” en un video.

Por una parte, Youtube apoya a las organizaciones no gubernamentales en campañas de concientización social para obtener difusión, seguidores y donaciones. En 2010 un video en contra del acoso escolar y bullying recibió más de 50 mil respuestas sobre cómo apoyar a las víctimas de acoso. De esta manera, surgió la organización It Gets Better, que para el final de su primer año logró recaudar más de 100 mil dólares.

Por otra parte, existen organizaciones no gubernamentales que han tenido un gran impacto en la educación por medio de videos en Youtube. La Academia Khan ofrece educación gratuita y confiable a alumnos, profesores, maestros y todo aquel con “hambre” por el conocimiento. Con más de 3 mil 200 videos en inglés, la Academia Khan cuenta con 1 mil 157 videos en español sobre

temas como matemáticas, ciencia, economía y humanidades. Si el conocimiento es poder, esta organización está empoderando a más de 320 mil suscriptores.

Compartir el conocimiento de una cultura, tradiciones y problemática social por medio de un video educativo es aportar al capital humano de un país. Si 68 por ciento de los internautas en México tienen entre 12 y 19 años de edad, su educación también se forma con base en lo que absorben de las redes sociales. A medida de que son expuestos a más información y a una mayor diversidad de puntos de vista, su pensamiento crítico se alimenta.

Youtube no es la panacea, pero es una forma de democratizar el acceso y la generación de la información. En un momento en el que los medio de comunicación se tambalean,

un ciudadano puede tener una influencia sin precedentes a través de un video.

Las redes sociales han fortalecido la identidad del ciudadano al ofrecerle un espacio en el que puede compartir intereses sociales, políticos y personales con otros internautas. El sentirse acompañado, reconfortado y apoyado por seres virtuales crea una ola de confianza en la causa que persiguen. Así, los cibernautas se involucran en reformas del Estado y se responsabilizan por el futuro colectivo. La democracia se consolida con la participación ciudadana y se construye con base en el consenso de diversas opiniones, muchas que hasta ahora no habían sido escuchadas.3

en 2006, la cual fue aplicada hasta noviembre de 2008. Con una generosidad conmovedora de julio regalado, el Instituto Federal Electoral (IFE) la redujo en 60 por ciento del monto originalmente propuesto. En la “lluvia” de ofertas, el PRI obtuvo un descuentazo por casi 80 por ciento: 323 mil contra 1.7 billones de pesos.

¿Cuál será el precio final de la compra de la Presidencia para Enrique Peña? Lo desconozco. Lo que sí sé es que al ponderar los costos con los beneficios esperados, al descontar la multa que se le impondrá al PRI-PVEM, que será pagada con nuestros impuestos (los subsidios a esos partidos), y dada la voracidad de las marcas que patrocinan a Peña Nieto, como Televisa, Tv Azteca, Cemex y otras, en seis años éstas multiplicarán varias veces sus ganancias. El negocio será redondo.

La mafia organizada alrededor de Peña sabía que los “independientes” titulares del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, son siervos a su servicio que legalizarán la usurpación de la Presidencia. Ello explica las apresuradas declaraciones de los ugaldizados Leonardo Valdés, Macarita Elizondo o Marco Antonio Bernal por alabar la “pulcritud” de las elecciones y el triunfo de Enrique Peña Nieto. Tan limpio fue el proceso electoral como las “florituras” que navegan copiosamente por las cloacas del país. ¿Acaso no les pagan para meter la cabeza en el retrete cuantas veces sea necesario con anchas sonrisas? El magistrado Pedro Esteban Penagos fue explícito: las manifestaciones no influirán en las decisiones que tome el Tribunal en la calificación de la elección presidencial. Resonancia salinista: “Ni los veo ni los escucho y háganle como quieran”. Prestos, desecharon los recursos de la

ciudadana chusma que demandaba la nulidad de las elecciones. Ignorante, el vulgo no acaba de entender que legalmente sólo tiene derecho a la simulación del voto y, una vez terminada la “fiesta” deberá regresar a su casa y callarse. Las impugnaciones son prerrogativa exclusiva de los partidos, y si son del PRI y del PAN tendrán mayores probabilidades de éxito. Igualmente impetuoso, el IFE aceptó el triunfo de Jorge Francisco Sotomayor, candidato panista a diputado por el distrito XV de la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, pese a que había sido acusado de falsificar firmas dentro de su partido para alcanzar la candidatura, y que los votos que le otorgaron la diputación fueron fraudulentos.

También sabía que tiene a su disposición los aparatos del Estado y el poder del capital, el dinero a manos llenas. Y los usaron. Y demostraron quién tiene el poder en sus manos.

La lógica de la estrategia de la derecha ya es evidente. Primero buscaron “posicionar” la mercancía Enrique Peña en el mercado electoral como un producto telegénico irresistible, así como estrangular desde la cuna las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador y de la población hastiada del despotismo neoliberal priísta-panista. Es cierto que el imprevisto descontento estudiantil desnudó a Peña como el bárbaro chacal de Atenco que había sido cubierto con una zalea de cordero, evidenció que por su torrente sanguíneo corren los genes despóticos heredados por el viejo priísmo, y estuvo a punto de alterar el guion, merced a los lentos reflejos del mexiquense, lo que obligó a malparirlo, con fórceps, con las turbias prácticas innovadas por los panistas y las viejas y probadas de los priístas.

Después, el día de las votaciones, al anunciar apresuradamente el IFE y otros el triunfo de Peña Nieto, pretendieron conmocionar a la sociedad, provocar un trauma colectivo,

según los manuales de doctrina militar que recomiendan aprovechar esa situación sicológica y sociopolítica para “controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y su comprensión, y literalmente lograr que quede impotente para cualquier acción y reacción” [H K Ullman y J P Wade, Shock and awe: achieving rapid dominance (Conmoción y pavor: el logro de la dominación rápida); citado por Noami Klein en La doctrina del shock]. La renovada protesta social, luego del desconcierto inicial, indican que el resultado no fue convincente.

Ahora el Tribunal Electoral tiene la palabra. Según su comportamiento y como ya son inocultables las pruebas emergentes de cómo se maquinó el fraude, leguleyamente estrecharán su alegato a las formas cuantitativas para justificar la legalización del triunfo de Enrique Peña e imponerle una multa al PRI. La postura altanera y desvergonzada de los priístas ante las evidencias de su fraude, llevan a presumir que ya saben el resultado. Como en su momento lo hizo Vicente Fox y Felipe Calderón, Enrique Peña asume el papel del príncipe idiota: no sabía nada de las tropelías de sus facinerosos compañeros de viaje.

La ley y los responsables de aplicarla facilitan blanquear y legalizar los recursos ilícitos. HSBC fue acusado de realizar operaciones ilícitas (lavado de dinero le llaman) por 7 mil millones de dólares y todo se resolvió con una disculpa de barones ladrones y una multa por 379 millones de pesos por sus “fallas” administrativas. ¿Quiénes realizaron esas transacciones? Es un misterio. El Quijote de la Mancha se topó con la Iglesia. Nosotros, con la tapadera del secreto bancario. Néstor Félix Moreno, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue denunciado por anomalías administrativas (así llaman a las prácticas corruptas) y resolvió sus cuitas con su inhabilitación de la función pública por 17.6 años y una multa por 69.6

millones de pesos. La misma suerte corrieron otros cuatro exfuncionarios de la CFE. En Melate se descubre otro fraude y es considerado como un delito “menor”.

Como “menor” será calificado el descomunal fraude cometido por el PRI y sus secuaces.

Manlio Fabio Beltrones anunció la siguiente fase. Apesadumbrado porque Felipe Calderón nunca pudo ingresar al edificio legislativo y para que “en el futuro ningún presidente tenga que pasar por ese bochorno, ese estado tan inconveniente de haber entrado por la puerta de atrás”, se decidió que los mandatarios electos puedan protestar “ante el Congreso de la Unión, las mesas directivas de ambas Cámaras, la Comisión Permanente ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el lugar que así se señale”. Sería horrible que Peña Nieto se vea obligado a emular a Calderón, cuya movilidad no replicaba la presidencia itinerante juarista. Se mueve como un delincuente, acosado por sus transgresiones y los indignados.

¿También tienen listo otro “Ypiranga” o un helicóptero como los argentinos? La muchedumbre es impredecible.

Como no se pueden dejar los hilos sueltos (de por sí se escapan de las manos), Peña Nieto anunció que para enfrentar la inseguridad, contratará al general Óscar Naranjo que, según Carlos Fazio, es acusado de corrupto, mentiroso y otras lindezas. Trabajó en grupos especiales de la policía colombiana, auténticos organismos paramilitares encargados de perseguir a narcos y que terminaron corrompiéndose, conviviendo con ellos y extorsionándolos, interceptando y grabando ilegalmente las comunicaciones y conversaciones de ministros, militares, magistrados, fiscales, políticos, empresarios, grupos progresistas y de izquierda. Naranjo ya “recomendó” la creación de grupos de choque, de escuadrones de la muerte.

¿Enrique Peña Nieto prepara el garrote para cobrar las afrentas?3 *Economista


Marsella 58 es la dirección de un edifi cio antiguo que a la vista parece inhabitable.

Su fachada, deteriorada; los techos de cada habitación, cubiertos con grandes pliegos de hule –para evitar que alguna piedra vaya a caer sobre alguien o para eludir alguna fi ltración de agua–; las paredes, demolidas; pisos reblandecidos, escaleras improvisadas con maderos viejos…

Es ahí donde tienen su “refugio”, desde hace 15 años, más de 40 per-sonas de origen indígena –adultos y niños –. El mismo que ahora pretende recuperar la inmobiliaria Burgil para la construcción de un estacionamiento. Es la colonia Juárez de la Ciudad de México, zona donde el boom inmobiliario ha levantado edifi cios modernos, plazas y estacionamientos.

María Cristina Santana Gon-zález, originaria de Jiquipilco, Santa Cruz Tepexpan, es una de las principales defensoras de este predio. Llegó al Distrito Federal hace 26 años y desde entonces no ha podido encontrar estabilidad en su vivienda.

Salió de su comunidad a los 12 años en busca de trabajo. Hija del capataz de un racho y de una lavandera. La mayor de nueve hermanos. Mazahua.

“Mi vida era como la de todos los demás del pueblo, de pobreza; tuvimos que salir de nuestras casas en busca de trabajo. Éramos nueve hermanos; ahora todos estamos regados por diferentes lugares”, relata.

Llegó con la incertidumbre de dónde vivir y qué comer, de qué podía hacer a sus 12 años. En el barrio de Garibaldi pidió trabajo a una mujer que vendía dulces y botana en las calles. Después, la misma persona la apoyó y ayudó a buscar trabajo como empleada doméstica.

A los 14 años ya se había casado con Juan, un obrero o albañil, según encontrara trabajo. Juan también era luchador afi cionado. “Lo más difícil de vivir en el Distrito Federal es no tener dónde: tenemos que andar de un lado a otro. Algunos años vivimos en un cuarto de azotea de un edifi cio en Tlatelolco, cuando mi esposo era el conserje. Eso nos aseguraba el techo. Después cambia la administración del lugar y nos tenemos que ir”, narra.

Renta sin garantíaAl igual que sus vecinos, Cristina llegó al domicilio hace 15 años, con la promesa de que ahí podría ir gestionando su vivienda. Comenzaron a pagar “renta” sin obtener un papel que lo demostrara. Eladio Sánchez Gómez había ofrecido realizar los trámites.

“Nosotros, ilusionados, comen-zamos a pagar 300 pesos. Después nos dimos cuenta que [Eladio] nada tenía que ver con los dueños. Empezamos a pedirle recibos o un comprobante de domicilio, que le pedían a mi esposo para conseguir trabajo o en la escuela de los niños, y él dijo que no había ese tipo de documentos, que no nos los podía dar. Por eso y otras irregularidades

que vimos con otras familias dejamos de pagarle la renta.

“En mayo del año pasado, vinieron unos licenciados que dicen que son apoderados del dueño y que quiere recuperar su predio sin problemas, sin perjudicarnos. Nos ofrecieron 6 mil 500 pesos a cada familia por salirnos y dijimos que no. Los que estamos aquí, llevamos sufriendo el tiempo de lluvia, los fríos y no podemos salirnos a la nada. En la Cdi [Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas] nos dicen que ellos no pueden intervenir porque no tienen gente capacitada para este tipo de problemas”, agrega.

abandono ofi cial

Concepción Duarte es otra de las mujeres que subsisten en esta construcción, casi derruida. Vive en la azotea del edifi cio, en un cuarto en el que habitan su hija y sus dos nietos. Para llegar a su habitación, es necesario saltar un hueco: la escalera que llegaba hasta ahí también está destruida.

Aquí se respira la humedad de las paredes, que se mezcla con el olor que impregnan los desechos de dos gatos que por ahí merodean. El asbesto del techo está carcomido y bolsas de plástico con residuos de lluvia, insectos y tierra penden de él. Una parrilla, dos literas, trastos y algo de ropa son sus únicas pertenencias.

Conchita tiene 68 años, enviudó hace 40 y, como Cristina, busca desde entonces un lugar estable dónde vivir. Es originaria de Puebla, hija de campesinos. Vino a la Ciudad desde los siete años. Mientras vivía en matrimonio parecía tener un

Migrantes mazahuas, que por décadas han buscado el empleo y la alimentación

que el campo ya no les da, hoy se refugian en viejos edificios cercanos al Centro

Histórico. Su ilusión es encontrar un lugar fijo donde vivir y dejar de dar tumbos,

dejar de migrar. Marsella número 58 es una de esas construcciones sostenida en

escombros, y de la que ahora los quieren despojar

Despojo y migracióninterminable

15 añosDE RESIDIR EN MARSELLA 58

Cuarenta personas, de

origen indígena, habitan el inmueble

David

Cilia

“Nos ofrecieron 6 mil 500 pesos por familia para que abandonemos la propiedad. Dijimos que no”

David

Cilia

ÉRIKa RaMÍREZREPÚBLICA16

REPÚBLICA


La inmobiliaria Burgil pretende construir un estacionamiento donde ahora habitan las

familias mazahuas

techo seguro. Ella ha sido conserje, cocinera, servidumbre: “He hecho de todo porque el trabajo escasea”, platica.

Su hija es cocinera en una fonda donde la comida completa no cuesta más de 35 pesos. Sus nietos estudian y trabajan. “Ahí nos la vamos llevando –dice Conchita–, pero no nos alcanza para pagar una renta. La más barata cuesta 3 mil [pesos] y no podemos pagarla”.

Pobreza disfrazada de urbanidadPetra Ramírez Valdez es otra mazahua que vive sorteando la vida. Comerciante, originaria de Pueblo Nuevo San Antonio, Estado de México, llegó a la ciudad desde que tenía ocho años; también, anda buscando empleo. Todos los días sale a vender dulces y botana en un puesto al que llegan los estudiantes de escuelas cercanas. De lo que obtiene de las ventas apoya la manutención de sus hijos y nietos.

“Antes tenía mi puesto en Tlatelolco –recuerda–; después metieron el Metrobús y me pasaron a joder, me taparon toda la clientela. Duré como 11 años trabajando…”.

Relata que su hijo Enrique se fue a Estados Unidos hace tres años: “Aquí no encontraba nada que le alcanzara para mantener a su familia. Pensé que aquí nos iría mejor, vivir en la ciudad es muy bonito, tiene uno más cosas cerca, pero también [hay] muchas carencias y cada vez es más difícil encontrar un buen trabajo”. Suspira.

Cdi, al margenElvira Murillo, delegada de la Cdi en el Distrito Federal, dice en entrevista con Contralínea que las principales demandas son vivienda

y trabajo. “Cuando todavía el Gobierno del Distrito Federal les permitía trabajar en la vía pública era muy buena oportunidad para que ellos pudieran trabajar en el comercio informal. Éste, básicamente, es el grueso de todas las personas. También se incorporan al Ejército, la policía, el servicio doméstico, la albañilería. Se han tenido que adaptar a la vida citadina”, dice.

La funcionaria del gobierno federal, encargada de brindar aten-ción a las comunidades indígenas de la capital del país, comenta que

“la situación de estas familias es terrible: en un departamento pe-queño viven tres o hasta cuatro [familias]. Nosotros hemos ido al centro histórico, que es donde más se concentran las familias, y hay gente que tiene muchos animales que han provocado muchas enfermedades. Desafortunadamente las personas, por necesidad, entran a este tipo de predios. Nosotros les decimos que tengan mucho cuidado porque no hay las condiciones óptimas para vivir. Aquí en el Distrito Federal todo tiene dueño”.

Indica que la ofi cina que preside “atiende a comunidades indígenas

radicadas en el Distrito Federal a través de diferentes programas o los canalizamos cuando tienen algún

problema médico, ya que muchos no tienen ese servicio, al Seguro Popular. Atendemos a las mujeres en diferentes proyectos pero en zonas elegibles, básicamente son en las siete delegaciones del área rural: Tlahuac, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obre-gón y Cuajimalpa. Unas 700 mil per-sonas de 62 etnias”, explica Elvira Murillo, delegada de la Cdi en el Distrito Federal.

Para su atención, agrega la fun-cionaria, se han desarrollado progra-mas como el de Coordinación parael Apoyo a la Producción Indígena o el Programa Organización Pro-ductiva para Mujeres Indígenas. Sin embargo, la delegada de la Cdi en el Distrito Federal reconoce que “hay situaciones que no están en nuestras manos resolver”.

La desigualdad como retoEl Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México 2010. El reto de la desigualdad de oportunidades, indica que “en México vive un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto”.

Añade que actualmente losindígenas no se asientan exclu-sivamente en determinadas regio-nes o en sus lugares de origen. “La carencia de oportunidades de de-sarrollo ha orillado a muchos de ellos a migrar a otras comunida-des; de ahí que constituyan un grupo minoritario en cientos demunicipios del país. Esto los con-

vierte aún más en un grupo altamente heterogéneo, con ne-cesidades distintas que requieren ser analizadas no sólo en el agre-gado, sino también desde el ámbito local”.

En el informe, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas indican que en “los municipios al interior de las en-

tidades federativas se encuentra que los niveles de dispersión en el índice de desarrollo humano de la población indígena son notoriamente más altos que los de la población no indígena.

“Este mismo patrón –añade el Informe– se observa en las dimensiones de salud y educación.

“La desigualdad constituye un obstáculo para alcanzar mayores niveles de bienestar, tanto de la po-blación indígena como de la pobla-ción en general. Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienen avances menores en los indicadores de bienestar que aquellas con menor desigualdad. Al mismo tiempo, en contextos de baja movilidad social, la desigualdad se transmite de una generación a otra, suscitando un círculo vicioso de alta desigualdad. Por esto es fundamental que las políticas públicas no sólo estén en-focadas a reducir la pobreza, sino también a reducir la desigualdad”.3

“Los que estamos aquí, llevamos

sufriendo el tiempo de lluvia,

los fríos y no podemos salirnos

a la nada”

Familias de tres generaciones, al borde del desamparo

David

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“Antes tenía mi puesto en Tlatelolco; después metieron el Metrobús y me pasaron a joder. Duré como 11 años trabajando…”

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“No nos alcanza para pagar una renta. La más barata cuesta 3 mil pesos”

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El edificio que reclama la inmobiliaria Burgil, en malas condiciones

En el Distrito Federal todo tiene dueño: Elvira Murillo, funcionaria de la Cdi

David

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REPÚBLICa

Comercio informal, servicio doméstico y albañilería, algunas de las oportunidades laborales con

las que cuentan estas familias

700 mil personasDE 62 ETNIAS, DE LAS SIETE DELEGACIONES DEL ÁREA

RURAL


Puñetazo en los testículos dobló su cuerpo. Contaba con 19 años de edad. La inquina del golpe lo hizo entender que estaba solo y en estado de indefensión. El miedo se apoderó de él, aislado,

sin ningún tipo de protección. Era marzo de 1998. Se encontraba en las instalaciones de la Policía Nacional española. Era el inicio de la tortura.

Afuera, la vida transcurría cotidianamente en las calles de Madrid, España. Adentro, las frías paredes de una celda, un catre sin colchón, un excusado. Él, incomunicado. “Los golpes que me daban los miembros de la Policía Nacional se intensificaban con el paso de las horas”, relata Katu Arkonada a Contralínea. Han pasado ya 14 años.

El exasesor del viceministro de Planificación Estratégica de Bolivia, Katu Arkonada, fue también uno de los más de 10 mil vascos torturados por motivos políticos desde el surgimiento de Euskadi Ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad,) hace más de 50 años.

Según datos y estimaciones de la orga-nización vasca Euskal Memoria, publicados en 2011 en el informe preliminar Tortura más que números (provisionales), serían al menos 10 mil los torturados vascos en lo que va del conflicto armado. Las cifras completas aparecerán en un informe definitivo, el cual se presentará en próximas fechas.

De las 1 mil 610 detenciones por motivos políticos que se registraron durante el periodo que va de 2000 a 2010, en al menos 1 mil 123 casos los detenidos fueron incomunicados con base en la ley antiterrorista. Además de la

incomu nicación, 732 denunciaron otro tipo de tortura y, de éstos, 532 interpusieron querellas legales contra quien los torturó. Es decir, el 46 por ciento de los detenidos fueron torturados. Si se utiliza la estimación de Euskal Memoria respecto de la detención de 35 mil personas en los últimos 50 años, se podrían contar por lo menos 10 mil vejaciones.

Sin embargo, la organización señala que

apenas están censados 2 mil 500 de esos 10 mil casos. Por lo tanto, ahora se están buscando testimonios pueblo por pueblo en todo el País Vasco (Euskal Herria) de personas afectadas, con el objetivo de integrarlos al informe.

Además, Euskal Memoria indica que no es posible tener cifras concretas y definitivas sobre el número total de los torturados. Ello porque ha sido difícil “encuadrar

temporalmente el ámbito de estudio: es hasta 1999 cuando la asociación Torturaren Aurkako Taldea (TAT) comienza a publicar informes anuales, convertidos en una fuente fiable de estudio”.

En el informe preliminar se explica que durante las décadas de 1960 y 1970 las detenciones eran masivas, pero en el contexto de la época franquista era difícil denunciar la

tortura; por lo tanto, las cifras más confiables que se tienen son del decenio que va de 2000 a 2010.

De los 1 mil 610 detenidos, la media de edad es de 25 años; el 75 por ciento son hombres. Además, se calcula que de cada 100 mil habitantes, existen 2.6 casos de tortura, y que es Guipúzcoa la provincia con más denuncias por encima de Álava y Vizcaya.

Mientras que en el siglo pasado los detenidos eran torturados por supuesta colaboración o pertenencia a la organización

ETA y sabotaje, en los tres años recientes ha crecido 64 por ciento el caso de torturados relacionados con organizaciones de la izquierda nacionalista (abertzale) como Segi y Ekin, así como activistas que luchan por la liberación de presos políticos.

A pesar de ser la Policía Nacional el cuerpo de seguridad que más detenciones hizo, es la Guardia Nacional quien más denuncias tiene: 85 por ciento de los detenidos por esa fuerza han denunciado actos de tortura. A su vez, la policía integral del País Vasco (Ertzaintza) también ha sido denunciada: al menos 15 casos de tortura a partir de 2009.

Los largos periodos de incomunicación son también un factor para aumentar los crímenes de este tipo, considerados de lesa humanidad, toda vez que el porcentaje de las personas cuyo periodo de incomunicación es mayor a tres días han hecho más denuncias.

“Los detenidos por pertenencia a banda armada, los detenidos por la Guardia

Durante más de 50 años de conflicto en el País Vasco decenas de miles han sido torturados y presos; los

heridos se cuentan por miles; los muertos, por cientos. La izquierda abertzale señala que no renunciará

a su objetivo: la independencia. “Aún con el fin de la lucha armada de la ETA, continúa la criminalización

de la cultura vasca. El gobierno español no detiene los intentos de aniquilamiento contra todo un

pueblo”, explica experto en el tema

Más allá de la ETA: el etnocidio contra el pueblo vasco

1 mil 610DETENCIONES POR MOTIVOS POLÍTICOS, EN UNA DÉCADA

En los tres últimos años ha crecido

64% el caso de torturados

relacionados con organizaciones de la izquierda

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LÍNEA GLOBAL ROGELIO VELÁZQUEZ


LÍNEa GLOBaL

Necesarios, testimonios pueblo por pueblo en todo el País Vasco de personas afectadas

apenas censados, 2 mil 500 casos de tortura de 10 mil

Civil, los que sufren mayores periodos de incomunicación y los que ingresan a prisión” son quienes padecen el mayor número de torturas, concluye el informe.

No sólo la memoria histórica motiva dicha investigación, también una convicción política para “encarar las consecuencias del confl icto”, que permita conocer al detalle lo

ocurrido desde hace 50 años, señala Euskal Memoria.

En el mismo sentido, Lorena Bilbao, de la asociación TAT, escribió en un artículo para la revista de Euskal Memoria que “la memoria es una herramienta efi caz contra la tortura. Lo es para acordarnos del familiar, amigo, vecino, compañero de la universidad o fábrica que secuestraron por cinco días y que, cuando volvió, ya no era el mismo”.

Muertos, presos y heridosDos días antes de su detención habían apre-hendido a otros de sus compañeros en Vizcaya. La detención de éstos llevó a la autoridad española a la ubicación de Katu Arkonada en la capital, ya que la angustia por tener noticias de sus compañeros lo había motivado a ir a Madrid.

Se encontraba a una calle del edifi cio de la Au-diencia Nacional cuando fue detenido bajo la leyantiterrorista. Los capto-res formaban parte de la brigada de información de la Policía Na-cional. Lo golpearon brutalmente en la detención para ser llevado a las instalaciones de la Policía. Una vez allí le quitaron los aretes que portaba en las orejas y las agujetas de sus botas.

En 1998, la lucha callejera (kale borroka) se intensifi caba en el País Vasco. Al mismo tiempo el juez Baltasar Garzón mantenía la doctrina de “todo es ETA”, y así justifi ca-ba el encarcelamiento de jóvenes que eran acusados de terrorismo: “En ese contexto se da la detención”, explica.

La cifra total de fenecidos en territorio vasco debido a la represión aparece en el informe Muertos, también de Euskal Memoria. Un total de 474 ciudadanos vascos han muerto debido al confl icto. Algunos fueron asesinados a manos de cuerpos armados legales o ilegales del Estado español, la administración vasca o internacional; otros han fallecido en accidentes o incluso hay quienes se han suicidado.

Los cuerpos armados a los que se les atribuyen asesinatos son, entre otros, la Guardia Civil con 119 y la Policía Nacional española con 82. También aparecen en la lista los Grupos de Liberación Antiterrorista con 27 muertes, la Ertzaintza con 16, el Ejército Español con nueve y a los grupos fascistas se les atribuyen cuatro.

De lo anterior se desprende que del total de muertos, en el 48 por ciento de los casos participaron cuerpos de seguridad españoles, mientras que en el 15.6 por ciento fueron grupos con ideología de derecha los responsables; el 12 por ciento murieron en accidentes. En el resto, intervinieron causas que van desde el exilio hasta la encarcelación.

El informe explica que desde el inicio del confl icto a fi nales de la década de 1950 y hasta 1975 se registraron 86 muertes. Sin embargo, fue el periodo entre 1980 y 1984 en el que más muertes se registraron, al contabilizar 123; seguido por las 88 acaecidas de 1976 a 1979. Entre 1985 y 2010 ocurrieron 177.

Entre las provincias más afectadas se encuentran Guipúzcoa con 139 muertes,

seguida de Vizcaya con104. A su vez, San Se-bastián y Bilbao fueron las dos localidades que más decesos registraron: 90 y 80, respectivamente. De la primera localidad eran originarias 96 personas muertas y de la segunda 87.

De los muertos, 412 eran hombres y 62 eran mujeres. Además, el tiroteo fue la forma en que murieron más personas, se cuentan 165; mediante emboscadas, 57; y por enfermedad, 52. También se tienen 12 defunciones por tortura, aunadas a 11 suicidios, entre otras causas.

Por otro lado, se le atribuyen a ETA más de 800 muertes entre atentados y asesinatos selectivos; mientras que los muertos por las fuerzas de seguridad son, en su mayoría, civiles, los muertos imputados a ETA son políticos, policías y empresarios.

A pesar de que la estimación es de 35 mil detenidos en 50 años, la cifra documentada por Euskal Memoria arroja que son 21 mil 230 personas entre 1959 y 2010 sólo en el País Vasco. A esta cifra se tendrían que sumar las detencio-nes de ciudadanos euskeras en el exilio, como se documentó en la edición 254 de Contralínea.3

1998,LA LUCHA CALLEJERA SE

INTENSIFICABA EN EL PAÍS VASCO

“La memoria es una herramienta efi caz contra la tortura”

46%DE LOS DETENIDOS FUERON

TORTURADOS

La memoria histórica, convicción política para “encarar las consecuencias del

confl icto”

“Con el paso de las horas, se intensificaban los golpes”. Katu Arkonada, torturado a los 19 años de edad

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Civiles, la mayoría de personas asesinadas por fuerzas de seguridad

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Más de 10 mil vascos, torturados por motivos políticos: Euskal Memoria

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“El Estado español tiene quereconocer nuestro derecho a la autodeterminación”“No sé si a esta edad podría soportar la

tortura que sufrí a los 19 años, aunque yo la considero suave”

LÍNEa GLOBaL

Las detenciones se organizan por año y alfabéticamente. La primera que se documenta ocurrió el 22 de febrero de 1959 contra Antonio Abad Donoso, fusilado posteriormente. La más reciente es la de Joel Zurutuza, detenido por la policía francesa el 30 de marzo de 2010 y quien ya se encuentra en libertad.

El número de heridos es de 1 mil 158, según la misma organización. La cuenta empieza a partir del 14 de enero de 1960 con Francisca Bertiz Iparraguirre, atropellada por un vehículo que le fracturó las piernas. Termina con los golpes recibidos por Joseba Leizeaga a manos de la Ertzaintza el 20 de julio de 2010.

Entre las heridas se encuentran las provocadas por bala y proyectiles de goma, atropellos y golpizas, que dejan como consecuencias traumatismos cerebrales, craneales, costillas rotas, pérdida de alguno de los ojos, contusiones, y extirpación de testículos, entre otras. Tal como en el caso de Txuma Gómez de la Merced, ocurrido en Bilbao el 14 de septiembre de 2002: a causa del impacto de las balas de goma perdió los genitales.

Criminalización de la cultura vascaEn una de las visitas a la sala de tortura lo desnudaron. Colocaron sus pantalones de chándal sobre su cabeza, con ellos los ahorcaron y taparon la vista. De pie, comenzaron a darle vueltas. Con las palmas de la mano le pegaban en los oídos mientras lo interrogaban. El mareo provocó que perdiera la conciencia y cayera al suelo.

“No sé si a esta edad podría soportar la tortura que sufrí a los 19 años, aunque yo la considero suave. Tengo una amiga que ya está libre, pero en su momento fue acusada de ser novia del supuesto número uno de ETA: fue violada con una pistola. Otro compañero fue sodomizado con un palo de escoba”, recuerda.

Asier Altuna Epelde –miembro de la izquierda abertzale– comenta, en entrevista con Contralínea, que la represión no es exclusiva de los últimos 50 años, sino que se remonta a siglos atrás:

“Un ejemplo son los presos políticos que existen desde hace por lo menos 100 años; sin embargo, se han acrecentado de la mitad del siglo XX para acá.

“El Estado español tiene una crisis tanto económica como institucional, pero aun así, tiene que reconocer a los gallegos, catalanes y vascos que están ahí después de tantos años de lucha; nosotros [los vascos] no renunciaremos a la independencia nun-ca. Como primer paso, España tiene quereconocer nuestro derecho a la auto-determinación, por eso damos la lucha en

el ámbito institucional, de masas e ideo-lógico.”

En ese sentido, Katu Arkonada –diplomado en políticas públicas por la Universidad del País Vasco, asesor del viceministro boliviano, exinvestigador en el Centro de Estudios Apli-cados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Bolivia– comenta que existe una criminalización por parte del Estado español contra la cultura vasca. “A partir del fi n de la guerra civil se pretendió hacer un exterminio contra todo un pueblo: el vasco; se prohibió cualquier expresión de identidad de nuestro pueblo, como el euskera [lengua vasca], que se enseñaba clandestinamente; se prohibió mostrar públicamente la ikurriña [bandera vasca]. Era un exterminio físico y simbólico de los vascos.”

Menciona que cuando murió Franco (1975) no terminó la represión contra ese pueblo y continuó a través de la fi gura del rey de España, con la creación de las autonomías, que pretendían apagar las reivindicacio-nes nacionales, y con la puesta en marcha de divisiones territoriales sin ninguna justifi cación.

“La represión y la guerra de baja intensidad se dan aún en tiempos de paz. Hace unas semanas en un partido de futbol del Atletic de Bilbao [equipo de origen vasco], la Ertzaintza comenzó a dispersar con balas de goma �que están prohibidas en casi todos los países de Europa� a la gente que estaba celebrando pacífi camente la victoria de su equipo; le dispararon a un joven de 28 años en la cabeza, que en seguida quedó en coma y poco después murió. No hay muertos de ETA, pero los jóvenes siguen siendo asesinados por la policía.”

Agrega que el pueblo vasco sufre aún un intento de aniquilamiento político, económico y cultural que se expresa en varios sentidos; uno de ellos es el monstruo de policía que han creado, dice acerca de la Ertzaintza, la cual “fue entrenada por el Mossad”, la agencia de inteligencia de Israel.

Futuro político en Euskal HerriaKatu Arkonada era trasladado constan-temente de la celda a la sala de tortura, donde lo interrogaban entre cuatro y cinco policías. “A veces los torturadores cumplían el típico papel del policía bueno y el policía malo; el primero me interrogaba amablemente e incluso me ofrecía tabaco, mientras que el otro jugaba en su papel violento.

“Tenían información de amigos con los que solía divertirme los fi nes de semana; con esto empieza la tortura sicológica porque saben cosas de ti y más cuando un compañero

La represión no es exclusiva de los últimos 50 años, sino que se remonta a siglos atrás

“No dejaremos nuestra lucha hasta que el pueblo vasco sea una realidad aceptada y respetada en Europa”

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A la ETA se le atribuyen más de 800 asesinatos, entre atentados y ejecuciones colectivas

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“No sé si a esta edad podría soportar la tortura que sufrí a los 19 años,considero suave”


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sECCIÓN

CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 21

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que no ha podido soportar la tortura y te ha implicado en alguna acción. Algunos me habían inculpado y otros se habían autoinculpado.”

—¿Cuál es tu relación con ellos?—Yo entiendo la brutalidad de la tortura

que sufrieron, pero todos siguen siendo amigos míos hasta el día de hoy.

El 16 de abril se fi rmó un acuerdo entre las principales fuerzas abertzales. La Izquierda Abertzale, Euskol Arkatasuna, Aralar, Alternatiba y Abertzalen Batasu-na se comprometieron en un pacto político para el próximo 28 de abril en Irún, el cual tiene como objetivo unir fuerzas para trabajar por objetivos comunes: “[Que] el pueblo vasco sea una realidad aceptada y respetada en Europa”.

La propuesta política “progresista y de izquierda” que piensan seguir busca crear una estrategia nacional para un fortalecimiento del proyecto independentista en donde la sociedad vasca sea el motor principal del cambio en la política interior y exterior en el proceso histórico que se vive.

Altuna Eldepe considera que no se ha mostrado voluntad política del Partido Popular; sin embargo, “en el País Vasco yaestán dadas las condiciones para que se déun cambio sustancial y las respuestas mul-titudinarias en las calles son un respaldo y signo de eso”.

Menciona que el proceso histórico-político no se detiene a pesar de que el presidente español Mariano Rajoy no ha dado señales claras para un acercamiento entre las fuer-

zas políticas, el cual podría encaminar a la resolución del confl icto.

“En el mundo ya son varios los ejemplos que tenemos en los que los pueblos se encaminan a su autodeterminación: Escocia decidirá me-diante un referéndum en 2014 si es válida la

autodeterminación de su pueblo; en Bélgica, la comunidad de Flandes también pone sobre la mesa su derecho a la autodeterminación; por otro lado hay un proceso de integración entre las dos Irlandas. En España vemos hacia dónde se encamina el pueblo vasco: la independencia.”

Cara a cara con GarzónLa tortura sicológica era administrada por medio de sonidos. Le hacían escuchar agua cayendo en una bañera de un cuarto contiguo, y luego lo amenazaban con aplicarle el método wate-rbording o submarino, que consiste en introducir la cabeza del reo en algún líquido hasta provocarle la asfi xia sin matarlo; también escuchaba cómo

los policías cargaban las pistolas.Siendo un muchacho todavía, fue traslada-

do del centro de tortura a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo y sabotaje. Después de negar los delitos que le imputaban ante el juez Baltasar Garzón en su despacho, denunció la tortura que había sufrido. Garzón no lo escuchó. La denuncia nunca prosperó. “Tiempo después fui acusado por uno de lospolicías que me detuvo. Señalaba que le las-timé una pierna”.

Intentaban forzar a Katu Arkonada a fi rmar una declaración en la cual aceptaba su culpabilidad en delitos que no había cometido. Pasaron dos días sin que probara alimentos por el temor a que lo drogaran con la comida.

—¿De dónde sacaste fuerzas para no fi rmar?

—Soy honesto: no lo sé. Creo que depende mucho del momento personal y emocional de cada persona. Los que torturan tratan de derrumbarte emocionalmente jugando con tu mente. Mencionan a tu familia. En mi caso, decían que detendrían a mi novia, pero yo no les creía, por lo tanto no declaraba nada.

—Y al no declarar, la tortura se in-crementó…

—Sí, pero puse un muro entre ellos y yo. Ya no importaba lo que me preguntaran: a todo decía que no. Me daban ganas de golpearlos para ver si me golpeaban más y terminaban todo ya.

El diagnóstico de tres días de tortura: equimosis múltiple en varias zonas del cuerpo y una denuncia que jamás llegó a juicio.3

16/04/2012FIRMA DEL ACUERDO ENTRE LAS

PRINCIPALES FUERZAS ABERTZALES

El ahora destituido juez español Baltasar Garzón sostuvo durante años la política de que a todo aquel que provenía del País Vasco pertenecía a la ETA

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CRÓNICAS DE LÁTEX MANRIQUE

sin duda, los reporteros en-riquecen su información a través de la investigación veraz y contrastada. Nancy Flores, autora de esta investigación, pertenece a la vanguardia del

periodismo y con sus datos analiza si la “guerra” calderonista ha atacado el centro fi nanciero de los cárteles (seguir el concepto cártel en la organización mafi osa del hitlerismo, según Charles Bettelheim en La economía alemana bajo el nazismo, editorial Fundamentos). Después de que el Banco HSBC lavó miles de millones de dólares del narcotráfi co y el calderonismo lo premia con una mugre multa, en lugar de cancelar su concesión, La farsa, detrás de la guerra contra el narco concluye que al ser intocable el dinero de esos cárteles, con el que se arman hasta los dientes, sin duda la “guerra” calderonista es un engaño, una simulación, donde la nación sufre la embestida sangrienta de más de 100 mil homicidios.

Calderón es un farsante representando una pantomima. Es una “guerra lanzada por el segundo presidente panista […] en 2006.

Otros negocios lucrativos, aunque menores respecto del narcotráfi co: la milicia nacional y la industria armamentista extranjera” de lo que Rápido y Furioso es muestra insignifi cante. Mientras, en el “discurso se ha optado por

llamar a las víctimas, daños colaterales; a los asesinatos extrajudiciales, ejecuciones; a lasdesapariciones forzadas, levantones; a la tor-tura sistemática, hechos aislados; a todos los paramilitares, Zetas; a las caravanas de la muerte, comandos armados, y a la limpieza social, enfrentamientos entre delincuentes y venganzas entre grupos rivales”.

Entre sus más de 200 páginas, contiene el mapa: “México exporta cárteles”, que penetra enclaves en Europa, África, América del Sur e islas asiáticas; una lista de homicidios contra defensores, activistas, líderes sociales, periodistas y asesinatos políticos; y un anexo documental.

Nancy Flores demuestra su ofi cio de reportera con plena conciencia social, política y económica y da en el blanco: la “guerra” de Calderón es una bufonada con la que este farsante e impostor pretendió engañarnos y lleva a la nación a un callejón sin salida, por su mal gobierno, su neoliberalismo económico y por atenazar a los mexicanos con “un doble régimen de violencia: el de los cárteles y el de las Fuerzas Armadas y del orden”.

Muestra antecedentes y zonas de infl uencia de los siete cárteles, y a un

personaje de leyenda foxista por su

consentida huída: el multimillonario Chapo Guzmán, a la cola de la lista que encabeza Slim: “Las ganancias que la compañía de Guzmán Loera obtiene deben ser muchísimo más elevadas que las de cualquier otra organización y, por tanto, que las utilidades netas del Grupo Carso”. Recuerda que la farsa de la “guerra” encubre que la Secretaría de Hacienda reveló en 2010 que 35 mil millones de dólares ilegales ingresaron al circuito fi nanciero mexicano. Así, no sólo HSBC lava dinero (Al Capone el precursor), sino también el gobierno calderonista. Y confi rma un secreto a voces: la “guerra” calderonista es contra la nación, mientras burócratas panistas y narcotrafi cantes son parte del cártel del Estado militar-policiaco como un gobierno contrario a los principios constitucionales.

Ficha bibliográfi ca:

Autora: Nancy FloresTítulo: La farsa, detrás de la guerra contra el narcoEditorial: Océano, 2012

Nancy Flores: un engaño, la “guerra” de Calderón

*Periodista

EX LIBRIS ÁLVaRO CEPEDa NERI*

pertenece a la vanguardia del

La farsa, detrás de la guerra narco concluye que al ser

intocable el dinero de esos cárteles, con el , sin duda

la “guerra” calderonista es un engaño, una simulación, donde la nación sufre la embestida sangrienta de más de 100 mil

Calderón es un farsante representando una pantomima. Es una “guerra lanzada por el segundo presidente panista […] en 2006.

ha optado por muerte, comandos armados, y a la limpieza social, enfrentamientos entre delincuentes y venganzas entre grupos rivales”.

Entre sus más de 200 páginas, contiene el mapa: “México exporta cárteles”, que penetra enclaves en Europa, África, América del Sur e islas asiáticas; una lista de homicidios contra defensores, activistas, líderes sociales, periodistas y asesinatos políticos; y un anexo documental.

Nancy Flores demuestra su ofi cio de reportera con plena conciencia social, política y económica y “guerra” de Calderón es una bufonada con la que este farsante e impostor pretendió engañarnos y callejón sin salidaneoliberalismo económico y por atenazar a los mexicanos con “un doble régimen de violencia: el de los cárteles y el de las Fuerzas Armadas y del orden”.

infl uencia de los siete cárteles, y a un personaje de leyenda foxista por su

CONTRALÍNEA | DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 23

LIBROFahrenheit 451 | Guy Montag, un bombero del siglo XXIV, trabaja quemando libros que la gente posee de manera ilegal y las casas de sus dueños.

Aunque en un principio se siente complacido con su labor, pronto empieza a cuestionarse el valor de su profesión y, a su vez, su vida. Montag lucha con su existencia en una sociedad opresiva, censuradora en la cual leer es algo prohibido ya que produce angustia y, lo más peligroso, provoca pensar. El gobierno vela por sus ciudadanos para que sean felices, que no cuestionen nada y cumplan con su trabajo. Pero la búsqueda de Montag y su amistad con su vecina, Clarisse McClellan, curiosa y simpática, le hacen examinar su vida: se da cuenta que no es feliz y ya no ama a su esposa, Millie, adicta a la televisión interactiva y a los tranquilizantes. Insatisfecho con su ocupación y descontento con una sociedad indiferente a los informes de una inminente guerra nuclear, Montag comienza a cuestionar el rumbo de la vida, del mundo como es ahora: ¿por qué los libros se perciben como algo tan peligroso? ¿Por qué algunas personas son tan leales a ellos?

Impulsado por su creciente inquietud, se roba un libro de una colección a la que es enviado a quemar. En la escena de la quema, se impresiona cuando el propietario de los libros, una mujer mayor, se niega a salir de su casa. La mujer prende fuego a su hogar y permanece allí, libros y propietaria son destruidos por las llamas. La devoción de la mujer a sus libros hace creer a Montag de que tal vez la felicidad que no tiene puede estar, precisamente, en los libros. Comenzará a darse

cuenta de que si bien, en los últimos 10 años, pensaba que estaba sirviendo a la sociedad con su trabajo, en realidad era meramente un instrumento de destrucción, lo cual lo enferma y entristece.Deprimido, se niega ir a trabajar diciendo que está enfermo. Su jefe, el capitán Beatty, lo visita una mañana consciente de la lucha interna que Montag está sufriendo y de que

quizá tiene libros en su hogar. Su jefe le da un sermón sobre el carácter ofensivo de éstos y la superioridad de la sociedad actual, donde reina la homogeneidad y la estructura y no la vieja sociedad en la que se alentaba el pensamiento libre y que la gente expresara sus opiniones. Pero Montag ya está convencido, incluso, arriesgándose al tener un libro escondido en su almohada. “Traicionando” su antigua profesión empieza a leer libros que rescató a través de los años, a pesar de no estar seguro de qué hacer. Entonces recuerda conocer a un profesor jubilado, Faber, con quien platica el valor de las ideas. El anciano se convierte en su mentor, con quien comparte conocimientos y conspiran juntos para ha-cer copias de los libros.

Sin embargo, en su casa se siente desconsolado: su esposa y amigos prefi eren ver la televisión y olvidar que una guerra se avecina. Cuando dos amigos de Millie parten de la casa, ella se retira a su habitación para tomar unas pastillas, entonces Montag esconde sus libros en el patio trasero antes de ir a trabajar. Los bomberos son llamados y Montag descubre que el llamado es en su propia casa. Su esposa Millie es quien había hecho la denuncia.

Abatido y traicionado, su hogar es quemado cuarto por cuarto, todas sus posesiones son quemadas por sí mismo, de acuerdo con las instrucciones del capitán Beatty. Montag es reprendido severamente por su jefe y se descubre su amistad con Faber. Al sentirse amenazado por esto, Montag amenaza a su jefe con el lanzallamas, acciona el interruptor y lo mata. De inmediato, el Sabueso Mecánico, un perro de ataque informático que puede rastrear a cualquier ser humano por el olor, lo persigue. El perro le clava en la pierna una aguja de procaína, pero Montag es capaz de aniquilarlo con el lanzallamas antes de que pueda hacer más daño. Recupera sus libros del patio antes de encontrarse con Faber.

Ahora Montag es perseguido por las autoridades. Faber, ya su único amigo, le ofrece refugio y algunas ropas viejas (para enmascarar su olor y por lo tanto impedir que el segundo Sabueso Mecánico lo encuentre). El anciano le dice que vaya al río donde encontrará un cam-pamento de bandidos intelectuales que le pueden ayudar. Una vez con sus nuevos amigos, es testigo de la destrucción de su antigua ciudad y se dedica a la reconstrucción de una sociedad alfabetizada y cultural.

MaNRIQUE EL SIQUIATRA

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento

DaNZaEn blanco | Dos viajeros en el tiempo que se buscan, se persiguen en medio de universos fantásticos creados con papel que danza y que cuenta historias que se mezclan y confunden entre ellas; que se repiten de manera infi nita y demencial.Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, Polanco, V Sección (martes, 20:00 horas. Hasta el 30 de octubre de 2012).

es capaz de aniquilarlo con el lanzallamas antes de que pueda hacer más daño.

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pamento de bandidos intelectuales que le pueden ayudar. Una vez con sus nuevos amigos, es testigo de la destrucción de su antigua ciudad y se dedica a la

Dos viajeros en el tiempo que se buscan, se persiguen en medio de universos fantásticos creados con papel que danza y que cuenta en medio de universos fantásticos creados con papel que danza y que cuenta historias que se mezclan y confunden entre ellas; que se repiten de manera

EXPOCIsIÓNCierra tus ojos. Claudia Álvarez |Instalación con esculturas de cerámica que plantea

temas relacionados con la reacción al miedo y la violencia con fi guras que representan a la humanidad, a veces atrapada en sus propios

dilemas.Galería del Espacio Alternativo del Centro

Nacional de las Artes, Río Churubusco 79, esquina con Calzada de Tlalpan, Country Club (de

lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; entrada libre, niños a partir ocho años edad; hasta el 19 de

octubre de 2012).

semanario 41

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