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FG PROGRAMA DE

FORMACIÓN GENERAL

EXPERIENCIA CURRICULAR

CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

SEMANA N° 11

VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ Y DERECHOS HUMANOS

SES IÓN

N° 11

CAPACIDAD

Analiza la violencia política y su impacto sobre los derechos humanos

CONTENIDO

Violencia política en el Perú y DD.HH.:

- Factores de la violencia política.

- Violación de los derechos humanos:

ejecuciones extrajudiciales,

desapariciones forzadas, secuestros,

tortura, etc.

Comisión de la Verdad y la

Reconciliación (CVR).

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LECTURA MOTIVADORA

En la capital del departamento funciona la universidad San Cristóbal de Huamanga, donde a comienzos de la década del 60 se instaló Abimael Guzmán Reynoso, un joven profesor de filosofía, militante del maoísmo. Durante los años siguientes los grupos maoístas continuaron fraccionándose en pequeñas organizaciones, crecientemente sectarias. En 1974 Abimael Guzmán encabezó una nueva escisión, de la que nació una pequeña organización que se autodenominaba Partido Comunista Peruano.

Sendero Luminoso impulsó una vigorosa política de reclutamiento de cuadros. En cierto momento Guzmán logró controlar la estratégica oficina de recursos humanos, lo que le dio el poder de decidir quiénes podían trabajar en la universidad. Él y otros dirigentes de Sendero viajaron a la China para formarse como cuadros revolucionarios, con la idea de emprender una guerra revolucionaria. A su retorno, comenzaron a preparar la lucha armada.

El 17 de mayo de 1980, una columna armada de Sendero Luminoso ocupó el pequeño poblado de Chuschi (Ayacucho), procediendo a destruir las ánforas en las cuales los campesinos de la localidad deberían depositar sus votos al día siguiente, en la primera elección general realizada después de doce años de gobierno militar. Irónicamente, era la primera oportunidad en que los campesinos quechuas, analfabetos en su mayoría, hubieran podido votar, gracias a que la Constitución aprobada en 1979 había reconocido, finalmente, el derecho de los analfabetos al voto. Así comenzó una guerra cuyo objetivo era derrocar al Estado peruano, como el primer paso de una revolución que liquidaría el sistema capitalista para instaurar el comunismo a escala mundial.

La violencia política que estallaba produjo reacciones encontradas, generando en especial una sensación de perplejidad tanto en la clase política cuanto en el mundo académico. El Perú salía de una dictadura militar que en sus dos fases se había extendido por doce años.

La toma de Chuschi había sido precedida, durante los meses anteriores, por acciones de propaganda armada, como el incendio del municipio del distrito limeño de San Martín de Porras y la colgadura de los cadáveres de algunos infelices perros en unos cuantos postes en Lima, a los cuales se les colocó letreros que rezaban «Deng Tsiao Ping, hijo de perra», como expresión de la solidaridad senderista. Pero la incursión guerrillera en el pequeño poblado serrano de Chuschi fue el marcador simbólico del inicio de la guerra: el 17 de mayo pasó a constituirse en una efeméride fundamental del calendario senderista: el día del Inicio de la Lucha Armada.

La crueldad de Sendero Luminoso, el carácter vertical de su propuesta, inclusive los golpes que dirigía contra los sectores populares eran interpretados como excesos de una organización con una línea equivocada, que formaba parte del pueblo y que debía ser ganada a las posiciones correctas por medio del convencimiento. La guerra sucia con que las fuerzas contrainsurgentes afrontaron el desafío senderista (que en los primeros dos años de la intervención militar —entre 1983 y 1984— produjo 5,500 muertos, mayormente entre el campesinado de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac) y la política represiva indiscriminada contra los sectores populares tomados entre dos fuegos fueron otros tantos factores que contribuyeron a mediatizar las posiciones. Fue sólo cuando Sendero, después de haber crecido sin encontrar mayores resistencias en aquellas áreas del campo donde no tenía competidores, comenzó a asesinar a dirigentes populares y líderes de izquierda que trababan su desarrollo en sus nuevos escenarios de acción que se produjo el zanjamiento definitivo.

Según los datos que ahora se manejan, fueron afectadas por la violencia política entre un millón y medio y dos millones de personas. Entre 1980 y 1992 hubo 30 mil muertos, 600 mil desplazados, 40 mil huérfanos, 20 mil viudas, 4 mil desaparecidos, 500 mil menores de 18 años con estrés postraumático y 435 comunidades arrasadas, según los datos del Promudeh.

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FORMACIÓN GENERAL VIOLENCIA POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ

VIOLENCIA POLÍTICA: Lo constituyen aquellas acciones de fuerza que son empleados en contra de personas o grupos de

personas, por razones de orden político, ya sea en medio de una disputa por el poder, o en el contexto de un conjunto de

luchas iniciadas por la población, con el fin de lograr el respeto de sus más elementales derechos. La violencia política es ejercida

y puesta en práctica, por grupos organizados, ya sea por grupos alzados en armas, o por las fuerzas que representan al Estado,

como es el caso de las fuerzas armadas y policiales.

FACTORES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ:

La violencia política en el Perú, tiene todo un proceso de desarrollo histórico, pues los episodios más importantes y

transcendentales de nuestra historia, están signados justamente por la violencia.

Según Johan Galtung, los factores de la violencia política en el Perú provienen básicamente de:

a. De un estructura socio económica injusta que genera miseria colectiva.

b. Desigualdad de género

c. Desigualdad racial y étnica

d. De la represión política que produce relaciones asimétricas con respecto al poder.

e. De la pervivencia de fenómenos de alineación, los que harían imposible una paz duradera

f. Las expectativas de progreso individual.

g. La debilidad de las instituciones y democratización incompleta

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA PERUANA

Como lo señalamos líneas arriba, durante los 20 años de este conflicto interno, se puso en práctica una sistemática violación de

los derechos humanos, por parte de los actores involucrados en dicho conflicto, es decir, las fuerzas subversivas, la Policía

Nacional, Las Fuerzas Armadas y los denominados Comités de Autodefensa. Los derechos más elementales del ser humano que

fueron vulnerados son: El derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal y a la Libertad

a. Ejecuciones extrajudiciales: Se entiende por E.E a la privación arbitraria de la vida humana (asesinato) en forma individual o

colectiva, al margen de cualquier proceso judicial o legal realizada por agentes del Estado, grupos paramilitares u otras

fuerzas particulares que hayan actuado bajo su control.

Esta privación ilegal implica una violación al derecho a la vida, reconocido en el artículo 3º dela Declaración Universal de los

DD.HH., en el artículo 4º de la Convención Americana de DD.HH y el artículo 6º del Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos, así mismo implica una violación al artículo 3º común a los Convenios de Ginebra, que prescribe la

prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas.

Del mismo modo, la Asamblea General de las N.U. aprobó los principios relativos a la eficaz prevención e investigación de

ejecuciones arbitrarias y sumarias, en el que expresa que los gobiernos están en la obligación de prohibir este tipo de

ejecuciones y velar porque estos actos estén tipificados como delitos autónomos su legislación interna y sean sancionados

con las penas adecuadas a la gravedad del delito. Del mismo modo, la Corte Interamericana de los DD.HH señalan que estos

hechos constituyen graves delitos a los DD.HH

La CVR ha recibido reportes que dan cuenta de 4,423 víctimas de ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado en las

cuales se ha logrado determinar la ubicación de los cadáveres de las víctimas. Adicionalmente, se han reportado 2,911

personas cuyo paradero se desconoce a consecuencia de detenciones atribuidas a los agentes del Estado. Como se ha

expuesto en la sección correspondiente,12 la CVR tiene evidencias que le permiten concluir que, por lo general, estas

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FORMACIÓN GENERAL personas desaparecidas han sido víctimas de ejecuciones arbitrarias imputables a agentes estatales. Ello

eleva la cifra de víctimas fatales atribuidas a agentes del Estado que fueron reportadas a la CVR a 7,334 personas.

Uno de los casos de E.E, es lo ocurrido en Ayacucho,. Cinco personas acusadas de terrorismo que se encontraban

internadas en el Hospital General de Ayacucho, fueron ejecutadas tres de ellas e intentando asesinar a las otros dos, el 3 de

marzo de 1982, siendo los autores de estos hechos deplorables, las fuerzas combinadas de la Policía Nacional

b. La tortura

“Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” reza el artículo 5 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, el mismo que también es recogido por nuestra constitución política. Sin embargo,

durante el conflicto interno de nuestro país, la tortura fue puesta en práctica principalmente por miembros de las fuerzas del

orden, con el fin de lograr declaraciones inculpatorias o en interrogatorios que buscaban obtener información que les

permitiera la captura de cuadros dirigentes y militantes del PCP – SL. Los testimonios recogidos por la CVR, dan cuenta de

prácticas aberrantes, contrarias a nuestra condición de seres humanos, en los cuales hombres y mujeres eran sometidos a

largos procesos de tortura que en muchos casos terminaba con la muerte de las víctimas.

“La Comisión ha recibido miles de denuncias sobre actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

producidos durante el período bajo investigación. Sobre 6,443 actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes registrados por la CVR, el porcentaje más alto (75%) corresponde a acciones atribuidas a funcionarios del estado

o personas que actuaron bajo su autorización y/o aquiescencia1, el segundo lugar, 23%, corresponde al grupo subversivo

PCP-SL, el tercero con un porcentaje bastante bajo lo constituyen las acciones imputadas al grupo subversivo MRTA, 1% y el

2% a elementos no determinados”.

“La Comisión tiene evidencias que le permiten concluir que la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, fueron perpetrados en forma generalizada por miembros del PCP-SL contra personas que eran consideradas

hostiles o insumisas, así como contra sus familiares o allegados. Esta práctica ocurría como paso previo al asesinato de dichas

personas en el contexto de masacres; incursiones armadas en poblados andinos y amazónicos; en los pseudo procesos

denominados «juicios populares»; y en los campamentos o «retiradas» que constituyeron sobre la base del desplazamiento

forzoso de poblaciones.

c. Desapariciones forzadas: Otra de las prácticas contrarias a los DD.HH, que los actores de la guerra interna pusieron en

marcha, fue el de las desapariciones forzadas. Cientos de hombres y mujeres fueron detenidos por las fuerzas del orden

según testimonios recogidos por la CVR, recluidos en establecimientos militares o policiales, pero nunca más se volvió a

saber de ellos. Entre los desaparecidos, figuran estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos y pobladores en general.

Estos, fueron muchas veces sacados de sus propios domicilios y conducidos a centros de reclusión de la policía nacional y de

las fuerzas armadas. De muchos de estos desaparecidos, fueron posteriormente encontrados sus cadáveres, constatándose

la ejecución extrajudicial de la que fueron víctimas. La CVR ha registrado la desaparición de 10, 917 compatriotas nuestros

que ya no están y que figuran como desaparecidos, hoy, todos forman parte de una lista que confeccionada por la CVR y

que puede ser consultada por Internet.

d. Secuestros: El delito de secuestro en sus más variadas modalidades, a no dudar viene a constituir un comportamiento

antisocial altamente peligroso que en lo que va de estos últimos años, ha empezado a adquirir matices alarmantes en

nuestro medio nacional. Lo que constituye motivo de gran preocupación no solamente en los medios policiales, sino

también de la colectividad en general que se encuentra desorientada ante este fenómeno. Situación que ha conllevado a

esa equívoca reacción de promulgar solamente leyes penales, como un aislado esfuerzo de querer contrarrestar un

fenómeno de mucha mayor complejidad que no necesariamente es exclusivo del orden jurídico.

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FORMACIÓN GENERAL Muchas y complejas son las causas que motivan un panorama delictivo, en el que adquiere especial realce

los delitos contra la libertad individual.

La CVR definió el “secuestro” como el acto de privar a una persona de su libertad personal ambulatoria, sin derecho, motivo

o facultad justificada para ello, cualquiera sea el móvil, propósito, modalidad, circunstancia o tiempo que dure la privación o

restricción de la misma.

En el marco de un conflicto armado, bajo ciertas condiciones, el secuestro con fines de extorsión es calificado como “toma

de rehenes”, la cual consiste en el acto de capturar y detener a una persona ilícitamente para obligar, de forma explícita o

implícita, a terceros a hacer o abstenerse de hacer algo, como condición para liberar al rehén o para no atentar contra la

vida o la integridad física de éste.

La comunidad internacional ha condenado la toma de cualquier persona como rehén, calificándola como un acto que pone

en peligro vidas humanas inocentes y viola la dignidad humana.

En el Derecho Internacional Humanitario, la toma de rehenes y su ejecución se encuentran expresamente prohibidas7. Así,

el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 - aplicable en conflictos armados no internacionales - en su

inciso 2, literal b), prohíbe la toma de rehenes.

Esta prohibición también ha sido recogida en el artículo 4, inciso 2, literal c), del Protocolo Adicional II a los Convenios de

Ginebra de 1949, que “...desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra... sin modificar sus actuales

condiciones de aplicación...”.

La infracción a esta disposición, constituye una grave vulneración al núcleo intangible de derechos fundamentales de la

persona humana.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 ha reconocido la gravedad de este tipo de práctica al establecer que, en

un conflicto armado no internacional, la “toma de rehenes” constituye un crimen de guerra.

Respecto del derecho interno, durante el periodo bajo análisis estuvieron vigentes las Constituciones Políticas de 1979 y

1993. Ambas consagran de manera amplia el ejercicio de la libertad personal. La Constitución Política de 1979, establece

que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales, prohibiendo toda forma de restricción de las mismas,

salvo los casos previstos por la ley. La Constitución Política de 1993 reitera en lo sustancial la fórmula del texto

constitucional de 1979.

COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION:

La violencia política ha dejado dolorosas secuelas que el país tiene que afrontar. En junio del 2001 el gobierno de transición de

Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad, convertida después en «Comisión de la Verdad y la Reconciliación» por el

gobierno de Alejandro Toledo.

La Comisión debe, según la ley que la ha creado, «esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista

y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000, imputables tanto a las

organizaciones terroristas como a los agentes del Estado», incluyendo la acción de grupos paramilitares. La Comisión está

expresamente facultada para investigar asesinatos y secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves,

violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país, y otros crímenes y graves violaciones contra

los derechos de las personas

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La Comisión de la Verdad y Reconciliación se crea como la instancia encargada de esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y

las responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes los ejecutaron sino también de quienes los ordenaron o toleraron, y

a su vez proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos.

La CVR concluye que dentro de las principales secuelas o consecuencias del conflicto interno en el periodo 1980 – 2000, se tiene.

Masiva destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital social y oportunidades económicas, especialmente

en los departamentos que sufrieron con mayor intensidad el conflicto como es el caso de Ayacucho, Huancavelica,

Apurimac, Lima, etc.

Destrucción y desorganización de la vida social local, especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades

tradicionales como estatales.

Desplazamiento masivo de poblaciones desde las zonas de conflicto hacia otras zonas del país”. Los desplazados, como lo

señala la CVR, fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. En las

ciudades, durante las redadas que realizaba el ejército o la policía con el fin de contrarrestar el accionar subversivo, bastaba

con que te identificaran como ciudadano procedente de Ayacucho o Huancavelica, para que seas catalogado como un

potencial “terrorista”.

Miles de niños y jóvenes vieron truncadas o empobrecidas su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto.

Recordemos que los grupos terroristas tomares instituciones escolares y universidades y los convirtieron en centros de

adoctrinamiento. Numerosos estudiantes de educación secundaria y universitaria abandonaron sus estudios para

incorporarse a las filas de estos grupos armados, terminando la mayoría de ellos detenidos, muertos o desaparecidos.

Intensificación de los niveles de violencia social, proceso al que aun hoy asistimos de forma preocupante, pues dicha

violencia ha rebasado al propio estado, el cual no puede controlarlo. La violencia vivida por varios años, llevó a las nuevas

generaciones a considerar, incluso inconscientemente, que la única forma de solucionar los conflictos o controversias era la

violencia. Muchos de los integrantes de los grupos subversivos que quedaron el libertad se lumpenizaron y pasaron a

integrar los grupos delincuenciales actuales, muchas de las armas pasaron también a manos de narcoterroristas u otras

organizaciones al margen de la ley, incluso métodos de accionar antes utilizados por grupos subversivos, son utilizados en

la actualidad por las bandas delincuenciales.

Secuelas en la salud mental que afecta, aun hoy, a amplios sectores de la población que padecieron el conflicto, lo cual

debilita sus capacidades de desarrollarse y superar las heridas del pasado. Personas que presenciaron ejecuciones, que

perdieron a sus familiares cercanos en masacres realizadas por Sendero Luminoso o las fuerzas armadas, policías y

militares que participaron en la lucha contrasubversiva, ciudadanos que fueron torturados y encarcelados injustamente,

difícilmente podrán olvidar tan dolorosos episodios.

Favoreció la descomposición moral en la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori,

lo cual se expresó en la indiferencia y tolerancia hacia las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del

estado, motivo por el cual actualmente purgan condena militares y autoridades estatales de aquella época, entre los cuales

se encuentra el propio ex presidente Alberto Fujimori

Destrucción de la democracia tomando como pretexto la lucha contra la amenaza terrorista lo cual se concretó el 05 de

abril de 1992 con el autogolpe de Fujimori y marcando el inicio de largos años de dictadura y de un gobierno corrupto que

terminó por copar o desarticular las instituciones democráticas y haciendo pedazos el estado de derecho. En muchas

oportunidades los miembros del gobierno de Fujimori, levantaron la “amenaza terrorista” como pretexto o justificación de

su dictadura corrupta y violadora de derechos humanos.