seguridad democrática: continuidades y discontinuidades de la doctrina de seguridad nacional en la...
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La Doctrina de la Seguridad Nacional es un modelo político y militar fruto de la guerra fría, diseñado por Estados Unidos para ser aplicado sobre América Latina con el fin de detener la consolidación del comunismo en esta parte del globo después del triunfo de la Revolución Cubana hacia los años 60. Empero, pese a la caída del muro de Berlín, tal modelo ha sobrevivido en el sistema político colombiano a lo largo de su historia, cobrando especial vigencia bajo el signo de la Seguridad Democrática.TRANSCRIPT
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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Continuidades y discontinuidades de la Doctrina de Seguridad Nacional en la
Colombia del siglo XXI
VIVIAN IVETH VIVAS ALBAN
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA
POPAYÁN
2006
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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Continuidades y discontinuidades de la Doctrina de Seguridad Nacional en la
Colombia del siglo XXI
VIVIAN IVETH VIVAS ALBAN
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA
POPAYÁN
2006
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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA:
Continuidades y discontinuidades de la Doctrina de Seguridad Nacional en la Colombia del siglo XXI
VIVIAN IVETH VIVAS ALBAN
Monografía para optar el título de Politóloga
Director GILDARDO VANEGAS
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA
POPAYÁN
2006
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Resumen La Doctrina de la Seguridad Nacional es un modelo político y militar, fruto de la
guerra fría, diseñado por Estados Unidos para ser aplicado sobre América Latina con el fin de detener la consolidación del comunismo en esta parte del globo después del triunfo de la Revolución Cubana hacia los años 60. Empero pese a la caída del muro de Berlín tal modelo ha sobrevivido en el sistema político colombiano a lo largo de su historia; cobrando especial vigencia bajo el signo de la Seguridad Democrática.
De esta manera el trabajo busca redimensionar las prácticas de violencia actuales en un marco histórico para lo cual es menester resaltar el origen, la lógica y las características esenciales de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
la DSN fue no sólo el resultado de una imposición interna, sino de un consenso entre
las élites del poder estadounidenses y las clases dominantes de los países de América Latina que por su falta de proyección política entregaron a los militares la conducción de los asuntos del estado y/o el manejo del orden público, entendido como el conjunto de condiciones económicas, ambientales y sociales que debe garantizar el Estado para que la sociedad pueda vivir pacíficamente, gozando de sus derechos y libertades.
Esta doctrina que significó la intervención política y militar de Estados Unidos en los
asuntos domésticos de nuestras sociedades se fundó sobre tres principios: la bipolaridad, la geopolítica y la guerra generalizada, total y justa.
Particularmente la guerra se tornó una obligación para justificar los Estados de
Seguridad Nacional, cuya funcionalidad no radicó, a la sazón, en obtener la victoria sobre el enemigo, tal como lo enseña la teoría clausewitziana, sino en su reproducción infinita para así mantener intacta la estructura social. De modo que el objetivo principal de la DSN, que se funda en la guerra contra el enemigo interno, es mantener el statu quo, lo que significa la profundización de las desigualdades sociales, el resquebrajamiento de los sectores neurálgicos de la sociedad como la vivienda, la salud, la educación, los espacios de deliberación política, la producción y el consumo.
En cuanto a su estructura, la DSN, ha organizado la estrategia nacional en cinco
elementos que, relacionados entre sí, se dirigen al cumplimiento de los propósitos de seguridad nacional predefinidos por Estados Unidos en cada periodo de reacomodamiento del capital a nivel internacional, y de aquellos definidos por cada Estado receptor en una coyuntura especifica. Estos elementos son los objetivos nacionales; la Seguridad nacional; el Poder nacional; la Estrategia nacional o total, y el concepto estratégico nacional.
En América Latina la Doctrina se introdujo con La Alianza Para el Progreso, un
programa que pretendió mitigar algunos de los problemas sociales del pueblo latinoamericano en lo concerniente a vivienda, salubridad e infraestructura para evitar el florecimiento de un proceso revolucionario. Particularmente en Colombia las dos caras, militar y social de la DSN, tomaron cuerpo en el Plan Laso (1962-1965) diseñado por Estados Unidos y dirigido por el general Alberto Ruiz Novoa quien introdujo la ideología anticomunista en las fuerzas armadas, creó una tendencia conocida como desarrollismo y desplegó la acción cívico-militar. Así que este esquema de guerra ha advertido en el país cuatro momentos de redefiniciones tácticas según las presiones de la historia y la acción de
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las fuerzas sociales, siendo el momento actual, iniciado por el presidente Pastrana y continuado con ahínco por Álvaro Uribe Vélez, quizá el último, dada la fase en que se encuentra el proceso histórico determinada por la revolución tecnológica -producto del capitalismo pero que favorece grandemente los nuevos procesos revolucionarios especialmente en el campo de la comunicación-, el intento de concreción del neoliberalismo (que hace despertar la conciencia de vastos sectores de población de los cinco continentes) y la paulatina extinción del Estado-Nación.
En esta fase se da paso abiertamente, a los objetivos económicos del gran capital.
Entonces Colombia, inserta en esta dinámica, no puede menos que modificar una vez más sus esquemas, desechar la conformidad con el enemigo interno encarnado en la subversión, para, ahora sí exterminarlo, de un golpe si es necesario. El mercado no dará espera y la crisis del capital comandado por Estados Unidos tampoco.
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Introducción
La Doctrina de la Seguridad Nacional, que emergió en los álgidos tiempos de la guerra
entre el capitalismo y el comunismo internacional allende en los años 60; y que como
modelo contrainsurgente diseñado por Estados Unidos para contener los procesos
revolucionarios, sirvió de soporte a las dictaduras militares del Cono Sur; ha sobrevivido en
el sistema político colombiano a lo largo de su historia; cobrando especial vigencia bajo el
signo de la Seguridad Democrática.
Descubrir la lógica de la Doctrina, sus continuidades y discontinuidades desde su
introducción al país hasta nuestros días, constituye el propósito de este estudio.
Podremos entonces identificar, en un primer momento, el contexto político en que
empieza a cocinarse la Doctrina de la Seguridad Nacional, sus presupuestos ideológicos, su
estructura y la forma de organización social que lleva implícita; para luego seguir su
recorrido por Colombia donde habremos de advertir antecedentes importantes de violencia
y conflictividad social en el marco de un sistema integrado de dependencia desde la fundación de
la República y especialmente en la turbia década del 50.
La Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia ha experimentado a la actualidad, cuatro
momentos de redefiniciones epidérmicas: el primero de 1960-1980, está signado por la
reestructuración del Estado y las Fuerzas armadas bajo los parámetros de la nueva guerra
irregular asistida por Estados Unidos y la introducción ideológica de la Doctrina. El
segundo, de 1981-1989 en el cual la Doctrina redefine sus tácticas contra el enemigo
interno bajo el nombre de Conflicto de Baja Intensidad (CBI), dado el contexto de
redemocratización que se inicia en aquella época. El tercer momento de 1989/90-1998, en
el cual Estados Unidos promueve una guerra mundial contra el narcotráfico y con base en
ella continúa interviniendo en la política doméstica cuando ha terminado la guerra fría. Y
una última fase que inicia en 1998 hasta nuestros días, donde reviven con fuerza todas las
prácticas doctrinarias de épocas anteriores y aumenta la dependencia política y militar
respecto de Estados Unidos bajo el Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.
En este momento de la Doctrina se busca reestructurar el Estado -volviéndole funcional al
mercado-, y la sociedad imponiendo un modelo de autorregulación por introyección del
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poder y la institucionalización del estado de sitio para neutralizar presentes y futuros
impedimentos a los intereses actuales del capital internacional fincados en la realización de
megaproyectos, y la eliminación de las barreras jurídicas, sociales y arancelarias para la
expansión de los poderes trasnacionales en un contexto de globalización integral.
Conocer la lógica con que opera la Doctrina e intentar descubrir los intereses reales que
subyacen a las prácticas de violencia que ésta consolida, contribuye a preparar la resistencia
frente a tal modelo social y político. Modelo que afecta gravemente los intereses sociales de
grandes grupos, si consideramos que las concepciones y estructuras doctrinarias de la
seguridad no son propias de Colombia o América Latina, sino que se reproducen en gran
parte de los sistemas políticos del mundo occidental pues se encuentran ligadas a los
proceso de expansión del capital en el contexto internacional de la globalización y la
neoliberalización de las sociedades. Este trabajo se presenta entonces como una imputación
frente a la continuidad y fortalecimiento de un esquema de guerra que privilegia el interés
mercantil sobre la destrucción sistemática de la dignidad social, y también como una
contribución política y académica al debate sobre el conflicto, la seguridad del país, y las
posibilidades de construcción democrática de una sociedad efectivamente justa.
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El Gobernador:
-Vuestro gobernador os saluda y se alegra de veros reunidos como de costumbre en estos lugares, en medio de las ocupaciones que constituyen la riqueza y la paz de Cádiz. No, decididamente nada ha cambiado, y eso es bueno. Los cambios me irritan, me gustan mis costumbres-
Un hombre del pueblo:
-No, gobernador, nada ha cambiado en verdad, y nosotros los pobres podemos asegurártelo. Los fines de mes son bien apretados. Nos alimentamos de cebolla, pan y aceitunas, y estamos contentos de saber que otras gentes comen siempre el domingo puchero de gallina. Esta mañana ha habido ruido en la ciudad y por encima de la ciudad. En verdad, hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo de que algo cambiara y que, de repente, los miserables se vieran obligados a alimentarse de chocolate. Pero gracias a tus cuidados, buen gobernador, se nos hizo saber que no ha ocurrido nada y que nuestros oídos habían oído mal. Otra vez nos sentimos seguros contigo-
El Gobernador:
-El gobernador se alegra mucho. Nada bueno hay en lo nuevo-
Los alcaldes:
-¡Bien habló el gobernador! Nada bueno hay en lo nuevo. Nosotros, alcaldes, con la sabiduría que confieren los años, queremos creer que nuestros buenos pobres no han querido adoptar un aire irónico. La ironía es una virtud que destruye. Y un buen gobernador prefiere los vicios que construyen-
El Gobernador:
-¡Durante la espera, que nadie se mueva! ¡Soy el rey de la inmovilidad!...-
Tomado de El Estado de Sitio, espectáculo en tres partes, Albert Camus, Alianza Editorial, Madrid, 1972.
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Capítulo 1
El despotismo de la guerra fría y la militarización de los
Estados
“La seguridad absoluta tiene su precio que es la inseguridad absoluta de los otros” Henry Kissinger
a permanente crisis de la democracia política de los países latinoamericanos,
que hoy se discute sobre elementos como la corrupción y la burocracia,
necesariamente remite a las condiciones de dependencia externa recogidas hace algunas
décadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Estas cuestiones no
deben ser marginadas del debate político actual pues la ausencia de autodeterminación de
los pueblos, de soberanía política y las interferencias externas en los procesos de
democratización, siguen siendo parte de una realidad palmaria que se impone por sobre
todo credo fundado en el anticomunismo, la lucha contra el terrorismo internacional o
cualquier otra expresión catalogada como amenaza a la seguridad mundial.
La democracia nominal de los países de capitalismo dependiente y el conjunto de
problemas sociales que ella supone, tiene relación con la existencia de profundas grietas en
las estructuras del poder político y de condiciones de atraso, entendido -ya no desde la
perspectiva teórica del subdesarrollo que propone de manera arbitraria seguir
ineluctablemente las etapas efectuadas por las sociedades de capitalismo avanzado, sino- a
partir de la dimensión dialéctica del término que según Antonio García se remite a “los
factores estructurales y conflictivos que le impiden a un pueblo movilizar su propio
esfuerzo, su energía interna y su potencial de recursos en dirección a un cierto proyecto de
vida”1.
1 GARCÍA, Antonio, Dialéctica de la Democracia, Ediciones Cruz del Sur, primera ed. 1971, segunda ed. 1973, México, p. 16.
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Justamente, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), formulada y aplicada sobre la
década de 1960, constituye uno de los rasgos más importantes de esa dependencia por
oposición al progreso cualitativo de Latinoamérica y particularmente de Colombia. En
consecuencia, el objeto de esta investigación será advertir al lector no sólo la supervivencia
de la Doctrina a lo largo de los últimos años, sino su fortalecimiento bajo un nuevo
calificativo: “La Seguridad Democrática”.
1.1 EL COMUNISMO INTERNACIONAL AMENAZA A OCCIDENTE: EL ORIGEN DE LA DOCTRINA
La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) surgió como modelo político-militar hacia
los años 60 en un ambiente internacional signado por la Guerra Fría2. Su promotor,
Estados Unidos, buscó establecer una gran alianza anticomunista en Occidente fundada en
la existencia de enemigos internos después del triunfo de la revolución cubana en 1959, la cual
supuso la intervención política, económica y militar en los países del denominado Tercer
Mundo3.
Algunos trabajos sobre el tema4 sostienen que la DSN fue una elaboración de los
militares latinoamericanos y agregan que no hubo una doctrina aplicada a los países de
Suramérica indistintamente, sino doctrinas de seguridad nacional con dinámicas propias de
acuerdo al acumulado histórico de cada país. Joseph Comblin hace claridad sobre el asunto
afirmando que:
La Doctrina de Seguridad Nacional es, sin lugar a dudas, una doctrina norteamericana. Los latinoamericanos no han inventado nada. Aún más, han modificado muy poco la doctrina que recibieron completamente hecha de los Estados Unidos. A lo más, se podría decir que ellos, la
2 En el campo de la educación Estados Unidos diseñó una estrategia denominada “Renovación Curricular”, la cual fue aplicada con éxito desde los ministerios de educación de los estados latinoamericanos. Dicha “Renovación” descontextualizó y minó gran parte de la producción académica ocasionando a largo plazo una grave crisis en el sector educativo que hoy vemos representada en la ausencia de un saber pedagógico propio, la desafortunada desconexión entre escuela y sociedad, el analfabetismo político de la gran mayoría de la población, la deserción escolar, el desempleo, la criminalidad, etc. Todos estos problemas surgen como consecuencia de implantar políticas foráneas diseñadas por expertos técnicos, las cuales socavan las posibilidades de creación y producción autónoma de saberes y la derivada búsqueda colectiva de soluciones a las grandes problemáticas sociales ya en el campo político-militar (lugar de la DSN), ya en el educativo (lugar de la “Renovación Curricular”). 3 Para un completo análisis de la Doctrina de Seguridad Nacional ver COMBLIN Joseph, El Poder Militar en América Latina, Ediciones Sígueme, Salamanca - España, 1978. 4 MATTELART, Armand y Michèle, “Información y Estado de Excepción” en Los Medios de Comunicación en tiempos de Crisis, Siglo XXI Editores, Edición en Español 1981, México.
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codificaron, la pusieron en fórmulas y le dieron una especie de rigidez dogmática. Pero la doctrina en sí, con todo lo que provoca esta rigidez dogmática, proviene de los Estados Unidos. Ella se transmite en las escuelas militares norteamericanas a todos los Ejércitos que son sus aliados5.
Por ello, pese a las diferentes características de orden histórico y social de los países
que conforman América Latina, los conceptos de la ideología fueron adoptados y aplicados
sin sufrir mayores traumatismos en su contenido como tal. La razón de tal éxito es el
propio peso de la Doctrina en cuanto a su origen, a los intereses de orden mundial al cual
obedece, al contexto internacional vigente, a su coherencia doctrinaria, y a la falta de
proyección política de las burguesías nacionales de estos países que decidieron entregar a
los militares la conducción de los asuntos del Estado y/o el manejo del orden público.
Sin embargo, pese a la homogeneidad doctrinaria, caben diferencias cualitativas en lo
relacionado a los procesos de introducción del modelo así como a los tipos de resistencia
social que provocó en cada sociedad. Mientras en países como Brasil, Chile, Ecuador, Perú,
Bolivia y Argentina, la Doctrina irrumpió de manera espectacular y violenta sobre los
cascos militares; en países como Uruguay y Colombia –este último de vieja tradición
“democrática”-, se incorporó y consolidó gradualmente a la zaga de gobiernos civiles.
De otra parte, la Doctrina ocasionó tensiones al interior de la misma clase dominante,
y en ella, dentro de la oficialidad de varios países del sub-continente que, para 1968 y 1972,
se encontraba fraccionada en militares nacionalistas de izquierda por un lado, y militares de
derecha portavoces de la doctrina, por el otro. Estos enfrentaron sus proyectos políticos
venciendo “la liga de los doctrinarios” y procurando cierta homogeneidad político-
estratégica sobre el área para 19736.
Esta nueva doctrina encontraba en el proyecto nacional de Estados Unidos del siglo
XIX un importante antecedente. Las pretensiones protectoras e intervencionistas de
Estados Unidos en Latinoamérica surgieron cuando se presentó la necesidad de romper
con varias décadas de aislacionismo para impugnar las ambiciones de las potencias
europeas sobre estas tierras.
5 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.15. 6 En el presente siglo XXI la democrática República Bolivariana de Venezuela presidida por Hugo Chávez Frías es la única expresión viva del militarismo nacional de izquierda en el Continente que se enfrenta en los dos campos del sistema integral de dependencia a la política de Estados Unidos.
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Fue así como, bajo la Doctrina Monroe (1823), se inauguró el proceso de colonización
estadounidense que logró, en las primeras décadas del siglo XX, el desplazamiento de la
hegemonía británica y francesa, y la instauración de su dominio económico por la inyección
de capitales y la compra de sectores neurálgicos para América Latina.
Hacia 1933 el presidente estadounidense Franklin Delano Roosvelt proyectó su
política del “Buen Vecino” por oposición a la estrategia del “Gran Garrote” que había
dominado en los años inmediatamente anteriores y bajo la cual se ocupó militarmente a los
países centroamericanos ubicados con infortunio dentro de los “círculos concéntricos” de
su influencia. En su lugar, la política del “Buen vecino” condujo las relaciones entre
Estados Unidos y Latinoamérica por caminos de hermandad y confianza, obteniendo, de
este modo, una suerte de solidaridad regional tan necesaria en momentos de ascensión del
fascismo y cuando la segunda guerra mundial se hacía tan inminente como la necesidad de
encontrar y consolidar alianzas interestatales. La unión entre las “dos Américas” bajo
dirección de Estados Unidos llegaría a cimentarse, entonces, sobre ideales políticos
comunes como el constitucionalismo, la democracia representativa, las libertades
individuales y todos aquellos valores amenazados dramáticamente por el totalitarismo
europeo.
En la práctica este propósito se vio reflejado en la constitución del Comité de Enlace
Permanente de las Fuerzas Armadas de todo el continente, que bajo la dirección de los jefes de
Estado Mayor y Operaciones Navales de los Estados Unidos, además de su secretario de
Estado, asignaba a nuestros países las siguientes funciones: a) eliminar la amenaza de
subversión fascista en el interior de cada nación; b) permitir a las naves y los aviones de
guerra de los Estados Unidos un acceso sin trabas a las bases navales y los aeropuertos del
continente; c) garantizar la estabilidad política interna y d) entregar a la industria bélica
norteamericana las materias primas estratégicas que requiriera7.
Sin embargo la Segunda Guerra Mundial vendría a cambiar las posiciones dominantes
en el mundo y el tipo de amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Atrás quedaba el
peligro representado por las potencias europeas como Francia o Inglaterra -seriamente
7 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II): El periodo de La Violencia”, en revista Análisis Político Nº 2¸ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Septiembre-diciembre 1987, p. 25.
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afectadas por la conflagración-, y la conspiración fascista -desterrada definitivamente del
escenario mundial-, abriéndose paso, entre los escombros de la guerra, el comunismo
estalinista.
De este modo, la Guerra Fría -tal como se denominó a este periodo determinado por
el “equilibrio del terror” entre Estados Unidos y la URSS ante la posibilidad mutua de
utilizar la bomba atómica-, embebió todos los espacios políticos y las relaciones entre los
Estados, partiendo al mundo en dos fracciones rivales e irreconciliables: el “mundo libre”
y “comunismo internacional”. Estados Unidos racionalizó su política a partir de los
fundamentos teóricos del realismo, afirmando en la fuerza, la competencia y la defensa del
“interés nacional” las relaciones interestatales del naciente orden mundial y enarbolando la
seguridad nacional como valor supremo y disciplina orientadora de la acción de Estado ante la
necesidad de proteger su nueva posición imperial en el mundo.
Por esta razón buscó robustecer las alianzas con otros Estados. En el Viejo
Continente dicha búsqueda se vio reflejada en el Plan Marshall destinado a la
reconstrucción y estabilización de las economías europeas, al tiempo que se creaban
organismos militares, políticos y financieros tendientes a la unificación de parte del mundo
bajo la tutoría de Estados Unidos. Estas instituciones respondieron a los desafíos
identificados en la Doctrina Truman, política que dominó esta primera etapa de la
posguerra sobre la idea de una intervención política, económica y militar de la URSS en los
demás países del mundo. En palabras de su artífice, el presidente estadounidense Harry S.
Truman:
Creo que la norma de los Estados Unidos debe consistir en apoyar a los pueblos que se resisten a ser sojuzgados por minorías armadas o por presiones exteriores. Creo que debemos auxiliar a los pueblos libres para que tracen, por sí solos, sus destinos correspondientes. Creo que nuestra ayuda debe impartirse principalmente por la vía económica y financiera, que constituyen renglones esenciales para alcanzar estabilidad monetaria y orden en sus sistemas políticos (…) los pueblos libres del mundo se vuelven hacia nosotros en busca de ayuda para conservar su libertad. Si vacilamos en asumir la dirección, podemos hacer peligrar la paz del mundo y seguramente arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación8.
8 Aparte de la Doctrina Truman en MORRIS, Richard, Documentos Fundamentales de la Historia de los Estados Unidos de América, Editorial Limusa S.A, México, 1986, p. 282.
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Empero, en 1959 sucedió un hecho que descompuso los proyectos de consolidación
de Estados Unidos por la vía trazada y advirtió sobre la inminencia de la implantación del
comunismo en América, aunque éste no hubiese sido incubado por la ideología rusa. La
revolución cubana significó antes que nada, el rompimiento del orden y la alteración de los
patrones de vida del pueblo cubano. EE.UU. no podía permitir la implantación de
regímenes que escaparan a su control pues, bien sabido es que en un ambiente de
inestabilidad y desorden no es posible el desarrollo de proyecto político y económico
alguno, y Cuba produjo una sensación de permanente incertidumbre acerca de lo que
podría llegar a suceder en ese país y en el resto del continente.
Las instituciones de poder y control de la nueva potencia asimilaron los hechos en la
isla como la manifestación de un nuevo tipo de estrategia empleada por el comunismo
internacional consistente en lograr el dominio del mundo mediante acciones ideológicas,
políticas y económicas al interior de los Estados y no sólo militares. De forma que la
amenaza exterior armada y directa desde la URSS, cedió el turno a los movimientos
insurgentes de la periferia, y en adelante, toda fuerza promotora de cambio y subversión del
statu quo (ora comunista, ora nacionalista, o de cualquier tendencia distinta) sería
considerada como un desafío a la seguridad nacional de Estados Unidos, cobrando, así,
pleno sentido la idea del enemigo interno.
En respuesta Estados Unidos adoptó la Doctrina McNamara bajo la administración
Kennedy que consideró indispensable, por un lado, iniciar diálogos con la Unión Soviética
y decretar la distensión de las relaciones interestatales (detente); y por otro, elaborar una
estrategia de contención del comunismo a ser aplicada al interior de cada uno de los países
bajo su influencia.
El resultado fue la Doctrina de Seguridad Nacional, tejida en los recintos del Consejo
de Seguridad Nacional de Estados Unidos9 sobre el análisis de diversas fuentes; entre ellas
las obras revolucionarias de Ernesto “Ché” Guevara, Mao Tsé-tung, Ho Chi-Minh, entre
otras; los escritos de los generales franceses que sistematizaron las primeras experiencias de
su ejército contra las guerrillas de liberación nacional en Argelia e Indochina y crearon la
9 El Consejo de Seguridad Nacional (CNS) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se crearon mediante el Acta de Seguridad Nacional (National Security Act) expedida en 1947 en Estados Unidos, como instrumentos políticos esenciales para el diseño y la aplicación de estrategias militares “anticomunistas” en todo el globo.
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teoría de la guerra contrarrevolucionaria; algunas concepciones militaristas de la España de
Franco, y las experiencias recogidas en escenarios de lucha anticomunista como el Vietnam.
Una vez terminado el esqueleto conceptual y práctico de la estrategia
contrarrevolucionaria, ésta pasó al Pentágono10 encargado de su ajuste y difusión entre
civiles y militares a través de instituciones como el Colegio Nacional de Guerra en
Washington y el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas11.
1.2 DE CÓMO EL PUEBLO SE TRANSFORMA EN OBJETIVO ESTRATÉGICO Y EL CONFLICTO POLÍTICO SE VUELVE HOSTILIDAD: PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DOCTRINARIOS
Entendiendo que el comunismo había cambiado su estrategia y que, en adelante,
actuaría aprovechando la insatisfacción popular para hacerse gradualmente al poder a través
de la acción revolucionaria de hombres y mujeres procedentes del país amenazado, la idea
del enemigo interno y la necesidad de combatirlo en la combinación de todas las formas de
lucha, se constituyeron en el leit motiv de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Los expertos del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense que diseñaron el
modelo se habían nutrido de las ideas revolucionarias y las experiencias en escenarios de
lucha anticomunista por lo cual no resulta extraño que la concepción a la cual nos
estamos refiriendo haya sido compartida por comunistas y anticomunistas. Mao, por
ejemplo realizó el siguiente aporte:
El nuestro es un Estado de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina. ¿Cuáles son las funciones de esta dictadura? Su primera función es reprimir, dentro del país, a las clases y elementos reaccionarios, a los explotadores que oponen resistencia a la revolución socialista y a los que sabotean nuestra construcción socialista, es decir, resolver las contradicciones entre nosotros y el enemigo interno. Por ejemplo, está dentro del marco de nuestra dictadura arrestar, juzgar y condenar a ciertos contrarrevolucionarios, lo mismo que privar por determinado tiempo de derechos electorales y libertad de expresión a los terratenientes y burgueses burocráticos. Para mantener el orden público y defender los intereses de las masas populares, también es necesario ejercer la
10 Nombre dado al Estado Mayor Supremo de las Fuerzas Armadas norteamericanas por la forma pentagonal del edificio donde se aloja en Washington desde 1942. 11 COMBLIN Joseph, ob.cit.
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dictadura sobre los ladrones, estafadores, incendiarios, asesinos, bandas de malhechores y otros elementos nocivos que alteran seriamente el orden público12.
Lo anterior, además de los mecanismos del poder usados para neutralizar los
inconvenientes presentados a un determinado proyecto político, señala las dificultades de
identificar y combatir a ese enemigo enclavado al interior de la sociedad en forma de
subversión. La Doctrina estableció así una ambigua relación entre ciudadano y guerrillero.
Uno de los teóricos de la guerra moderna, el general Trinquier ofrecía la siguiente
interpretación acerca de esta nueva amenaza:
En la guerra moderna, el enemigo es más difícil de definir. Ninguna frontera material separa los dos campos. El límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación, en una misma aldea y a veces incluso en una misma familia. Con frecuencia es una frontera ideológica, inmaterial, que sin embargo es imperativo determinar si queremos alcanzar certeramente al adversario y vencerlo13.
Esta idea se generalizó siendo el soporte de la guerra contrarrevolucionaria o irregular
que se libraría como la cruzada más importante de toda la centuria. El enemigo interno era
considerado absoluto en virtud de que, de acuerdo al discurso imperante, su progreso
corría parejo con la decadencia de todo el sistema capitalista, de sus relaciones sociales, de
la forma de vida de las gentes, de la cotidianidad de las familias, de la cristiandad y los
valores morales de su sociedad, en suma, de todo el acumulado del progreso humano.
Estos fueron los argumentos que se utilizaron para combinar y aplicar todas las formas de
lucha en el interior mismo de las sociedades, así como para justificar limitaciones
constitucionales y violaciones a los derechos de los individuos en el marco de una guerra
total y justa.
En cuanto a los sujetos que debían llevar sobre su espalda los rigores de esta
importante misión, no cabía duda. La protección de la seguridad nacional (de Estados y
sociedades) fue atribuida a las Fuerzas Militares de cada país. Ellas entraron a deliberar en
lo político y en lo social, ya a través de la conducción directa del Estado, ya a través del
diseño y la ejecución de la política militar que cobijó un vasto conjunto de actividades y
fenómenos sociales. Fue de este modo como “la institución militar, al imponer sus formas
12 TSE-TUNG, Mao, “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo” en Obras Escogidas de Mao Tsé-Tung, ediciones en lenguas extranjeras, Pekín, primera edición 1977, tomo V, p. 422. 13 Citado en MATTELART, Armand y Michèle, ob.cit., p. 226.
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de organización del poder, se transformó en el verdadero partido de la clase dominante,
muy contenta de poder proseguir así la expansión del capital”14.
En favor de esta tendencia al “elitismo” militar del sistema se situó el recordatorio de
permanecer en una guerra fría y permanente contra la subversión y el caos: ninguna otra
fuerza más que la militar se encontraba tan organizada y bien dotada para hacer frente a
semejante situación. Mientras tanto, la sociedad era organizada y compartimentada física e
ideológicamente sin oportunidad de pronunciarse en contra o buscar alternativas diferentes
a las impuestas, pues, según los doctrinarios, “las masas son decididamente incapaces de
comprender la conducción del Estado y conviene mantenerlas cuidadosamente alejadas”15.
Así, con la ocupación militar del Estado desapareció de la arena del debate político el
pueblo. “Una vez se eliminan los pueblos, ¿qué queda? Masas. Ahora bien, las masas son
totalmente incapaces de concebir o desear los objetivos nacionales. Además son fácilmente
manipuladas por demagogos y excesivamente vulnerables a la subversión”16.
Como resultado de todo ello se produjo la tecnificación y militarización de los
problemas internos de orden político y social, así como de las resistencias sociales a esa
tecnificación; pues si bien, “los doctrinarios no niegan que en determinados países existan
situaciones de hambre o miseria que puedan exacerbar el inconformismo social, (…)
señalan de manera enfática que la convulsión política por ellas producida es el resultado
fundamentalmente de su hábil utilización por parte de las fuerzas oscuras de oriente que,
dentro de su estrategia de guerra, persiguen la desestabilización de su contrario17.”
Predominó, de esta suerte, una concepción organicista y piramidal de la sociedad en
donde las Fuerzas Militares, y particularmente el Ejército, se ubicaron en la cúspide de la
estructura jerárquica imprimiendo la disciplina propia de su actividad en la defensa de la
propiedad privada, el culto al orden y a la autoridad.
14 Ibíd., p.236. 15 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.12. 16 Ibíd., p.93. 17 GALLÓN, Gustavo, La República de las Armas: Relaciones entre Fuerzas Armadas y Estado en Colombia 1960-1980, Serie Controversia Nº 109-111, Editorial CINEP, Bogotá, Colombia, p.52.
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Pero en el entendido de que toda guerra tiene un final, y las extralimitaciones del
poder obedecen a situaciones excepcionales, los precursores de la Doctrina pusieron el
acento en el carácter “transitorio” de los Estados de Seguridad. Una vez afirmado el orden
social y rehabilitada la democracia que había sido rota debido a la incapacidad de los
gobiernos civiles; sólo entonces, los militares volverían a acantonarse dedicándose de nuevo
a sus tareas “constitucionales”.
El tipo de democracia antes existente era impugnada por los militares (especialmente
por los que encabezaron las dictaduras del Cono Sur) convocando en su reemplazo una
democracia distinta, “reforzada”, tal como fue presentada la dictadura chilena en cabeza del
general Augusto Pinochet. Hay sin embargo que subrayar que el hecho de que los militares
o civiles militaristas rechazasen en su discurso la democracia y los gobiernos democráticos
precedentes no significó que no trabajasen con la clase política dominante. Fue
precisamente esta clase política la que les embistió de ese poder deliberante, la que les
entregó prerrogativas y un lugar en el Estado, pues su limitada visión del campo de lo social
les hacía ver en las fuerzas del orden el instrumento más adecuado para hacer frente a la
crisis de legitimidad del sistema político.
En este orden de ideas resulta interesante observar cómo la defensa de la civilización
occidental, de la democracia, de su sistema de valores, de toda su ideología18 fue una
defensa ambigua y nominal pues los gobiernos latinoamericanos de la segunda mitad del
siglo XX no evocaron, ciertamente, los fundamentos ni las razones del Estado moderno y
la democracia liberal, arquetipo de la civilización occidental, en su lucha anticomunista.
Estos gobiernos militaristas latinoamericanos contradijeron el espíritu de aquello que
pretendían defender, todo el acumulado del liberalismo político: un Estado laico, donde los
asuntos políticos se desvinculan de la religión (Maquiavelo); el pueblo como fuente de la
soberanía nacional (Rousseau); la obligación primera del Estado de proteger los derechos
“naturales” del ser humano -vida, libertad y propiedad- (Locke); la obligada limitación del
poder político mediante la supremacía de la ley y la separación e independencia de poderes
-Legislativo, Ejecutivo y Judicial- a fin de prevenir un poder absoluto (Montesquieu); el
18 Nicos Poulantzas define la ideología como un “sistema de ideas, representaciones, prácticas materiales (hábitos, costumbres, modo de vida, prácticas políticas y económicas)”. POULANTZAS, Nicos, “Sobre la Teoría del Estado”, p. 22. s.d.
19
carácter representativo del gobierno y el consecuente derecho a la resistencia y la
revolución... y en fin, la garantía que debe proporcionar el Estado a la sociedad, de vigencia
y respeto de los derechos fundamentales que agrupan los derechos humanos y los derechos
civiles.
Ello nos habla del rechazo en estos regímenes, a la teoría política que sustenta la
democracia, de la ausencia de análisis sobre el sistema político al cual se hizo alusión, y así:
“La democracia tiene especialmente un sentido funcional: representa lo que es negado por
el marxismo y debe pues, ser definido de manera absoluta. El valor de la democracia es el
de ser rechazada por el comunismo19.”
Por el contrario, podría decirse que todo el discurso anticomunista de esta época fría
(pero caliente en el interior de los Estados) estuvo basado en los valores de la conservadora
sociedad feudal y así la familia, la religión, el orden, volvieron como valores inmortales
renaciendo de las cenizas. Entonces, una cuestión paradójica –pero frecuente-, se advierte
en este tipo de sociedad: formas políticas conservadoras dominan la administración de lo
social, en tanto formas políticas liberales son aplicadas a las relaciones económicas.
1.2.1 De la función ideológica de la bipolaridad, la geopolítica y la guerra generalizada
De acuerdo a la obra citada de J. Comblin, la DSN se estructura con base en dos
principios: el de la bipolaridad y el de la guerra generalizada, a propósito del estado
internacional de guerra fría y lucha contra el comunismo internacional. Pero la noción de
bipolaridad que definió las relaciones inter e intra estatales en esta época resultó del
desarrollo de otro concepto más antiguo e incluyente: el de la geopolítica. A partir de este
concepto acuñado por Rudolf Kjellen (1864-1922), e hijo de la geografía política de la
Europa del siglo XIX, los doctrinarios sustrajeron la idea de nación (asumida
indistintamente con el Estado) y posteriormente la de alineamiento.
19 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.90.
20
La geopolítica es definida como “la relación entre la geografía y los Estados, su
historia, su destino, sus rivalidades (y) sus luchas”20. Supone, ésta, la existencia de Estados
internamente fuertes y consolidados, perfectamente unificados y capaces de defender sus
intereses nacionales de las amenazas externas. Así que, en el concierto de las luchas
interestatales las conflictividades, diferencias y divergencias al interior de los Estados no
son vistas más que como debilidades a superar.
Es así como desde la geopolítica los doctrinarios asumen la siguiente tesis al mejor
estilo hobbesiano. La sociedad requiere siempre de una unidad política u orden social
como condición de su existencia (de la existencia del ser humano en comunidad), pero
dado que el conflicto de intereses entre individuos es una posibilidad vigente que puede
desembocar en guerra de unos contra otros, esa unidad corre el riesgo permanente de
quebrantarse. De ahí que deba instituirse el Estado y en él un gobierno con poder soberano
para garantizar el orden político apoyado en la fuerza que le da el pacto de asociación y las
armas. El Estado entonces es el cúmulo de la voluntad de todos los individuos de una
sociedad, siendo nación y sociedad al mismo tiempo, por lo cual resultaría “injusto” que un
individuo o grupo se levantase contra el soberano o sus designios ya que estaría atentando
contra sí mismo y en consecuencia “justo” es que el gobernante le elimine.
Desde esta perspectiva, los intereses del pueblo se identifican con los intereses del
Estado, el Estado mismo es el pueblo y por tal motivo alcanzar los fines propuestos por él
es alcanzar el bienestar general de la sociedad. Nos encaminamos, pues, en las rutas de un
Estado absolutista y ello nos remite inmediatamente a pensar la forma cómo podría
expresarse el conflicto social en el mismo21. El conflicto social es considerado una amenaza
latente a la unidad política, constituyendo una anomalía o enfermedad que ataca al Estado –
léase sociedad- desde dentro y que muchas veces ha sido comparado con un cáncer ante el
cual se deben preparar los dispositivos de erradicación–eliminación que resulten más
efectivos.
20 Ibíd., p.36. 21 La cuestión del conflicto social es fundamental puesto que va a ser la visión que se tenga de aquel la detonante de la violencia y por tal motivo la causal de la reproducción del Estado de guerra o de Seguridad Nacional.
21
La contingencia, propia de la pluralidad de la sociedad humana, es desechada por el
ambiguo concepto de nación22 en donde no cabe el análisis de las causas estructurales de los
conflictos internos y no hay asiento para la contingencia política y social que desaparecen
del orden social. Sin embargo, estaremos de acuerdo en que ni el Estado ni la sociedad
pueden considerarse como bloques políticos y sociales unánimes y armónicos.
Por otro lado, podrían estas definiciones de nación y de conflicto resultar un tanto
extrañas si pensamos que el marco en que se desarrolla la ideología que estamos estudiando
es el de la democracia liberal para la cual disentimiento y oposición constituyen un derecho
adquirido, cuestiones legítimas de la asociación.
Frente a ello la Doctrina dirá que la nación se encuentra por encima de los derechos
individuales de las personas en el entendido de que sólo en ella el individuo puede
realizarse, y que cuando se presenten peligros internos –los únicos capaces de romper
legítimamente esa unidad nacional-, vale a cada uno sacrificar un poco de la pequeña
libertad concedida por el Estado (generalmente expresada en los derechos civiles: de
asociación, expresión, de voto, oposición, etcétera) para salvarla y poder recobrar la
tranquilidad perdida. De modo que “quien no comparta ese sentimiento dominante estará
en contra de los anhelos naturales y superiores del conglomerado. (Y) quien aspire a ser
tenido en cuenta como miembro de la nación deberá someterse gustoso a las privaciones
que ella demanda y respaldar activamente las empresas que ella acometa23.”
En síntesis, la funcionalidad de la nación radicaría en unir Estado y sociedad en un solo
cuerpo abstracto para lograr los fines del primero con cierto grado de legitimidad. Las
22 El sociólogo brasilero L.A. Costa Pinto nos brinda una recapitulación acerca de los orígenes del término y sus alcances:“El término (nacionalismo) se difundió en el léxico de los tiempos modernos cuando la nación-Estado se convirtió en la unidad básica de la integración de la comunidad política y fue necesario encontrar un rótulo que designara el conjunto de obligadas lealtades para con ella, algo distinto, más amplio y más fuerte, que la solidaridad que unía al hombre con la familia, la tribu o la ciudad. El fundamento históricamente objetivo del nacionalismo es, así, el florecimiento de la nación como nueva forma de asociación humana y como principal marco de referencia de la solidaridad social y política. De ahí en adelante, la nación pasó a ser una estructura cada vez más compleja y unificadora de la vida de cada individuo, más amplia que las esferas parciales de relaciones directas y primarias que contiene, y más fuerte y presente que la “conciencia de especie” que liga a cada hombre con todos los demás. En este particular sentido, la nación surgió en cierta fase de la historia de la asociación humana– fase relativamente reciente y que aún está lejos de concluirse - como la esfera inmediata más importante entre el hombre y la humanidad. Y la trama de intereses, valores, lealtades, expectativas y aspiraciones que tienen en común todos los individuos que integran una misma sociedad nacional es, en el sentido más lato y profundo, lo que se llama nacionalismo, expresión ideológica de la condición objetiva de poseer igual nacionalidad. El nacionalismo es por tanto la ideología de la nación. COSTA Pinto, L.A. Nacionalismo y Militarismo, Siglo XXI Editores S.A., México, 1974. 23 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p.53.
22
afirmaciones anteriores ilustran la forma cómo un uso particular de la geopolítica sustenta
la acción del Estado latinoamericano de seguridad nacional en el ámbito doméstico.
Miremos ahora cómo la bipolaridad, ramificación de la geopolítica, respalda la idea de
la necesaria dependencia ideológica y política de los países periféricos respecto de los
Estados Unidos.
Tomando lo anterior podríamos ampliar un poco el concepto de geopolítica anotando
que ésta es la ciencia sobre la cual un país edifica su proyecto nacional teniendo en cuenta
las ventajas explotadas o por explotar dentro de su misma jurisdicción, o en el espacio
territorial o espacial de otros países cuyo manejo estratégico redundaría en su beneficio.
Proyecto que puede desarrollarse en el arte de la guerra o bien en el de la diplomacia -o de
una combinación de ambas según el criterio y los intereses del poder político que le guíe-, y
supondrá -como condición fundamental-, cierto grado de autonomía política del país en
cuestión.
Con base en esta idea el geógrafo inglés Sir Halford John Mackinder (1861-1947)
desarrolló la teoría bipolar de las relaciones interestatales, según la cual el mundo sería
objeto de disputa entre dos fortalezas contrarias (Alemania e Inglaterra). Cada una de ellas
se vería obligada a formar bloques de poder fundamentalmente militar y batirse en guerra
para conquistar el corazón continental (Eurasia), botín que le daría a la potencia vencedora
el dominio del mundo y el título de imperio.
La bipolaridad así enunciada se aplicó, pues, con facilidad a las relaciones rivales entre
Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, jugando también un
papel importante la teoría de la interdependencia y defensa hemisférica desarrollada por
Nicholas Spykman sobre la década del 40.
Por ello, atendiendo a las condiciones de autonomía política sobre las que se
fundamenta un proyecto geopolítico y dada la división del mundo en dos bloques de poder
opuestos, se colige con facilidad, que el proyecto nacional puesto en marcha fue el
correspondiente a los intereses hegemónicos de Estados Unidos por la defensa de su
“espacio vital”. De éste forman parte los Estados latinoamericanos a los cuales les fue
otorgada una participación pasiva en tal empresa. No podía ser de otro modo.
23
Es pues, la concepción geopolítica del mundo y dentro de ella, la bipolaridad de las
relaciones y expresiones políticas lo que produjo que Latinoamérica se integrara en la lucha
mundial del lado de Estados Unidos, sin posibilidad de constituirse por decisión autónoma
en poder independiente y no alineado. Comblin explica dichas relaciones como sigue:
La visión del mundo fundada en la geopolítica es la de rivalidad de naciones que son voluntades de potencia y de poder. Estas naciones están agrupadas en dos potencias opuestas. Una representa el bien y la otra el mal. Las naciones del mundo no tienen otra salvación sino en el alineamiento de una de las dos potencias mundiales. Es dentro de este alineamiento donde pueden realizar su proyecto fundamental. No hay otra salvación para ellas. En lo que concierne a América Latina forma parte de occidente. No puede vacilar: debe seguir a la gran potencia que dirige occidente en el anticomunismo, los Estados Unidos24.
El sentido que adquiere la interdependencia y la integración desde este panorama es
bastante revelador de los límites a la integración regional, que en el sistema de organización
capitalista se acepta y promueve sólo militar o económicamente. No se trata pues de una
integración social y política entre los pueblos; y por encima de ello, las sociedades deben
pagar el costo de tal integración. En 1965 un ministro brasileño afirmaba: “Las fronteras
geográficas entre países americanos han sido superadas: el carácter crítico del momento
exige el sacrificio de una parte de nuestra soberanía nacional. La interdependencia debe
reemplazar la dependencia.”25 Quizá podría sostenerse, en contraste con lo anterior, que la
independencia pasa a ser suplantada por la interdependencia o dependencia pues las
aspiraciones nacionalistas de defensa del territorio, de intereses propios, de protección de
mercados internos, y de autodeterminación de los pueblos no son bien vistas por los
doctrinarios.
Así se llega a la conclusión de que la geopolítica fue útil para fortalecer
conceptualmente la DSN (aunque tal elaboración adolezca de pobreza teórica), y legitimar
sus prácticas por medio de un discurso generalizado de corte anticomunista y sobre todo
anti-reivindicativo tanto en el campo interno: el de los países subordinados para dar
tratamiento delictivo al conflicto social (al cual sirven los conceptos de Estado, nación y
sociedad); así como en el campo de las relaciones internacionales mediadas por la fuerza y la
arbitraria separación ideológica mediante la cual se definieron los amigos y los enemigos de
“nuestra civilización”.
24 Ibíd. p.43. 25 MATTELART, Armand y Michèle, ob.cit., p. 214.
24
En relación a la guerra como principio sobre el cual se levanta la Doctrina, diremos
que ésta empieza a constituirse en el eje de las relaciones sociales y de poder en el ámbito
inter e intra estatal. La guerra se torna una obligación para justificar los Estados de
Seguridad Nacional razón por la cual los doctrinarios insistirán en su permanencia o
latencia, siendo su propósito (el de la guerra) no ya la victoria sobre el enemigo tal como lo
enseña la teoría clausewitziana, sino su reproducción infinita para así mantener intacta la
estructura social.
La guerra contrarrevolucionaria, centro de la DSN, fundamentó su acción en tres
principios, a saber: 1. la guerra revolucionaria contra la cual se lucha es la nueva estrategia
del comunismo internacional; 2. detrás de todo fenómeno revolucionario se encuentra el
comunismo; y 3. la guerra revolucionaria es una cuestión técnica.26 Este último principio es
el que más refleja la simplificación de los asuntos públicos anteriormente enunciada pues la
idea de lucha por un orden social distinto (causa de las intervenciones revolucionarias de
los 60), ya nos está hablando de una cuestión política y no militar.
Para fundamentar dichos principios los doctrinarios buscaron legitimidad en teorías y
presupuestos que darían lugar a entender las guerras como totales y justas en razón de las
nuevas amenazas sociales. Así, de la teoría militar del general alemán Erich von Ludendorff
(vencido en la primera guerra mundial), se sustrajo la idea de guerra total destinada contra
un enemigo que es absoluto e irracional y la idea del pueblo como elemento estratégico
para lograr el parte de victoria. Se invirtió la clásica fórmula de Clausewitz (la guerra es la
continuación de la política por otros medios), y la política se convirtió en la sirvienta de la guerra;
en seguida la política se volvió estrategia.
Mas la guerra es también total dada la naturaleza del enemigo, las tácticas utilizadas
por éste y los medios empleados para combatirlo. Es total porque:
…borra la antigua distinción entre civil y militar: en el campo de batalla que se convierte la sociedad todo individuo se halla en uno de los dos bandos enfrentados. Es total porque los frentes de lucha y las armas utilizadas pertenecen a todos los niveles de la vida individual y colectiva, y porque llena todos los resquicios. Las armas son de todo tipo: políticas, económicas, psicosociales, militares. Esta guerra es total, porque desaparece la distinción entre tiempo de paz y tiempo de guerra y la guerra se vuelve permanente27.
26 COMBLIN Joseph, ob.cit., p. 56. 27 MATTELART, Armand y Michèle, ob.cit., p. 212.
25
A esta guerra total contra la subversión también se le atribuyó un imperativo moral
relacionando la amenaza con el sistema de valores de las sociedades occidentales. Ello dio
lugar a que se hablara de una guerra justa. El comunismo visto como fuerza omnipresente
con capacidad de poseer los cuerpos y los espíritus de los pobladores obligándolos a luchar
contra el propio establecimiento que los vio nacer, debía ser enfrentado mediante un
despliegue total de fuerzas dentro del marco de la guerra generalizada, total y justa. Por esta
razón “la nación en armas hace de la guerra un compromiso de todo un pueblo, pues se le
hace creer que lo que está en juego no son ciertos intereses materiales limitados, sino su
supervivencia28.”
De lo anterior se puede colegir que la guerra justa y la guerra generalizada fueron
herramientas discursivas encaminadas a legitimar entre la opinión pública y entre los
gobiernos y Fuerzas Militares el Estado de Seguridad Nacional. ¿Pero legitimidad sobre
que? Sobre el nuevo dispositivo de guerra dirigido a desarrollar la lucha inevitable del
Estado contra la sociedad.
1.2.2 De las unidades operativas que forman parte de la Doctrina
La DSN, ha organizado la estrategia político-militar en cinco elementos que,
relacionados entre sí, se dirigen al cumplimiento de los propósitos de seguridad nacional
predefinidos por Estados Unidos en cada periodo de reacomodamiento del capital a nivel
internacional, y de aquellos definidos por cada Estado receptor en una coyuntura
especifica. Estos elementos son: 1. Objetivos nacionales; 2. Seguridad nacional; 3. Poder
nacional; 4. Estrategia nacional o total, y 5. Concepto estratégico nacional.
La Doctrina de Seguridad Nacional parte del supuesto de que la sociedad (aquel
conjunto social sobre el cual se impone el modelo) confluye y encamina sus esfuerzos al
logro de unos objetivos nacionales. De ellos, los doctrinarios hacen una no muy clara
diferenciación entre objetivos permanentes y objetivos actuales. Los primeros son
enunciados generales sobre los valores defendidos por toda colectividad humana inscrita
28 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.48.
26
dentro del pensamiento occidental. Nombramos como ejemplo la democracia, la paz
social, la justicia, la soberanía, la libertad, el bien común, entre otros.
Los objetivos actuales, en cambio, se sustraen a ese plano de abstracción apareciendo
como los fines más bien temporales que determinan la seguridad nacional durante una
coyuntura. Es decir, los objetivos permanentes se van logrando a medida que se realicen los
objetivos actuales29 que son los propósitos concretos del Estado de seguridad implícitos en
su proyecto nacional, y deducidos de sus acciones. En la práctica, éstos objetivos conllevan
transformaciones económicas y adecuaciones del sistema social frente a las cuales la
población - y dentro de ella los grupos sociales organizados - no responden tan
positivamente como los doctrinarios desearían, generando choques y oposiciones al
proyecto.
En correspondencia con lo anterior la seguridad nacional cumple una doble función,
pues, es fin del Estado, al tiempo que constituye una condición de cumplimiento de los
objetivos nacionales predefinidos por él. Amaral Gurgel, doctrinante y jefe del Estado
Mayor del Ejército brasileño contribuye a la comprensión del término con la siguiente
definición: “La seguridad nacional es la garantía dada por el Estado para la conquista o la
defensa de los objetivos nacionales a pesar de los antagonismos y las presiones”30. Ella no
tiene en cuenta la moralidad o la justicia de los medios si estos han de llevar al logro de los
objetivos nacionales actuales. La seguridad nacional es pues el Estado actuante llevando a
cabo su proyecto político y neutralizando los obstáculos al mismo.
He aquí otra de las características prominentes de la doctrina: sus medios no son
limitados por la política pues ellos dependen de la estrategia y de su eficacia para superar las
dificultades cualesquiera que sean. Confluyen y se trastocan de este modo medios violentos
y no violentos, represión y prevención, legitimidad e ilegitimidad, lo legal e ilegal, la guerra y
la paz.31 La seguridad nacional constituye, en definitiva, el fin del Estado en nombre del
cual se gobierna y se legisla; recapitula los objetivos nacionales32 y a ella se circunscribe la
estrategia y la política estatal.
29 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p.54. 30 COMBLIN Joseph, ob.cit., p. 67. 31 Ibíd., p.69. 32 Ibíd., p.67.
27
Por ello, puesto que “la seguridad es la fuerza del Estado aplicada a sus adversarios”33,
se requerirá de la activación y aprovechamiento de un poder nacional. El poder nacional es
definido como el “conjunto de medios de acción del que puede disponer el Estado con
miras a imponer su voluntad (…) El poder es recursos naturales, trabajo, ciencia, técnica,
capital, Ejército, policía, represión, control, censura, ley, costumbre, autoridad, todo ello
yuxtapuesto para formar una sola capacidad de acción”34.
La nación conformada por los recursos de todo orden, naturales, físicos y humanos, es
susceptible de ser movilizada por el Estado. Se vuelve entonces al fundamento de la guerra
total y el Estado dispone de todo lo que existe en la esfera de su jurisdicción mediante
requisiciones y mandatos pues el poder nacional exige de la sociedad además de sus
libertades, su trabajo, patrimonio y bienes, su fuerza y su espacio cuando el bien común,
definido por los gobernantes, así lo requiera: “El trabajador en su fábrica, el banquero en su
banco, el sabio en su laboratorio, el militar en su campo de maniobra, el profesor en su
escuela, el cura en su iglesia, todos son una parcela del poder del Estado, todos son
susceptibles de ser movilizados al interior del Poder Nacional”35.
De esta manera, con el fin de hacer más efectiva la disposición del poder nacional los
doctrinantes le han clasificado en cuatro sub-poderes: un poder político, un poder
sicosocial, un poder económico y un poder militar. A cada uno corresponde una estrategia
que guía la acción, y dentro de ellos el poder militar es preponderante.
El poder político estará integrado por las instituciones políticas y el derecho legítimo
de ejercer la autoridad sobre los gobernados; el poder económico comprenderá la
administración y utilización de los recursos físicos y naturales del país; mientras que el
poder sicosocial, más complejo que los anteriores, será el encargado de hacer que las
personas contribuyan a este tipo de seguridad ya sea de manera activa o pasiva, mediante el
conformismo, el apoliticismo, la atomización o el miedo admitiendo ser organizadas en los
lugares y condiciones determinadas por el Estado. Es en este lugar del poder en que se
desenvuelve el arma más eficaz de la Doctrina: la guerra sicológica. Esta se sirve del “poder de
la moral nacional, el poder de la comunicación social, el poder de la opinión pública, el
33 Ibíd., p.69. 34 Ibíd., p.72. 35 Ibíd., p.73.
28
poder sindical, el poder religioso, etc. Tiene sus factores que son: la educación, la
demografía, la salud, el trabajo y la previsión social, la ética, la religión, la ideología, la
habitación, la participación en la riqueza nacional, la comunicación social, el carácter
nacional, la politización, la organización y eficacia de las estructuras sociales y, en fin, la
polución y los problemas urbanos”36. Por su parte el poder militar monitorea y desarrolla
toda la estrategia de Estado mediante las condiciones que otorga la militarización.
Todos los componentes del poder esbozados, se organizan para su mejor
administración, en una estrategia de carácter nacional, encargada de trazar las directrices
generales y de dirigir la acción. De modo que el Consejo de Seguridad Nacional en poder
de las Fuerzas Militares (o el organismo que haga sus veces) elabora una estrategia nacional
que integra ordenadamente el poder nacional para cumplir con los objetivos planteados por
la seguridad del país. Esta estrategia política nacional no sólo orientará la acción del Estado
bajo los rigores del tecnicismo, sino que además determinará el rumbo de los conflictos
sociales en su intento por imponer un tipo específico de sociedad regido por la
unanimidad.
Por último, nos encontramos con el “concepto estratégico nacional” que fija la
estrategia en texto y generalmente es el que permite elaborar los análisis a este tipo de
sistemas: “Este es el instrumento operativo de la estrategia que define los objetivos
nacionales, señala las políticas para conseguirlos, analiza las hipótesis de guerra y las
principales áreas estratégicas, y fija las pautas fundamentales para la adopción de las
políticas gubernamentales destinadas a cada uno de los campos del poder nacional. El
concepto estratégico nacional resume, en términos castizos, el plan de desarrollo de la
política de seguridad nacional”37.
Concluimos este aparte subrayando que si bien las raíces de la Doctrina de Seguridad
Nacional se encontraron en el ámbito internacional bipolar de la guerra fría, en la lucha
entre el Occidente y el comunismo por el control político-económico del mundo; un
cambio sutil o abrupto de estas condiciones no restó vigencia al modelo que permanece
pues “suponiendo que los jefes militares hayan cesado de creer en la amenaza comunista, la
36 Ibíd., p.75. 37 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p.57.
29
Doctrina de Seguridad Nacional puede proporcionales una base para mantener un Estado
fuerte, el orden social u otros fines políticos”38.
Estos fines políticos (culturales y económicos), determinados desde fuera y ligados a
intereses de minorías nacionales, a menudo se traducen en la profundización de las
desigualdades sociales y un mayor resquebrajamiento de factores neurálgicos para la
sociedad como la educación, el campo de la producción, el sistema de salud, las
posibilidades de deliberación y participación política, entre otros, generando una serie de
conflictos y oposiciones. De ahí, la necesidad de aplicar un dispositivo efectivo para el
control y eliminación de estas contravenciones posibles o reales provenientes de la
sociedad, pues:
Para la DSN la consecución de los objetivos nacionales no es algo que pueda lograrse mediante el pacífico desenvolvimiento de una competencia política jurídicamente reglamentada, sino a través de un enfrentamiento total y definitivo de la oposición política. Es una lucha en que no tiene cabida el compromiso ni la negociación, una lucha dirigida a la destrucción de las bases materiales y morales del poder adversario. En este sentido dicha guerra interna es una guerra total, y en medida importante, permanente, lo que asigna un papel también permanente dentro de la sociedad a los profesionales de la violencia, a sus tácticas bélicas, a sus modos autoritarios39.
Este es, a la postre, el andamiaje en el cual se insertan las políticas de seguridad de los
gobiernos y el lugar donde pueden hallarse las respuestas a muchas interrogantes planteadas
sobre la situación social de miseria y violencia de nuestras sociedades.
1.3 MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA Y ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN
Desde el inicio de la segunda posguerra en 1945, Estados Unidos estuvo interesado en
consolidar un sistema interamericano de defensa contra la agresión extranjera y comunista
liderado por él, en el cual participarían los Ejércitos de todo el continente con
independencia de los gobiernos. Dicha aspiración no logró en ningún momento canalizar
38 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.18. Nótese que la obra citada data del año 1978, época en la cual aún no había visto su fin la disputa este-oeste, aunque sí se hablara ya de multi-polaridad y de la confrontación norte-sur. 39 TAPIA Valdés, Jorge, “La Doctrina de Seguridad Nacional y el rol político de las Fuerzas Armadas” en El Estado periférico latinoamericano, RUBINSTEIN Juan Carlos, Compilador, Tercer Mundo Editores – Editorial Universitaria Buenos Aires, 1989, Colombia, p. 245.
30
debido a la indiscutida oposición de algunos países latinoamericanos –entre ellos Argentina
y México en 1948-, que vieron en ello una amenaza latente.
Sin embargo sí se instituyeron organismos interamericanos por medio de los cuales
Estados Unidos logró transmitir sus orientaciones en materia política, militar y económica y
facilitar el flujo de información entre los países de esta parte del globo. Así, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (1947), reglamentó las relaciones entre los
Ejércitos americanos; la Junta Interamericana de Defensa creada por la Unión
Panamericana definió y sugirió medidas de seguridad colectiva a los gobiernos; y el Colegio
Interamericano de Defensa creado en 1962, fue el responsable de la adecuación y estudio
de la Doctrina de Seguridad Nacional. En el campo político la Organización de Estados
Americanos (OEA) creada en Bogotá en 1948, constituyó un importante instrumento para
el control y mantenimiento de los sistemas políticos bajo los lineamientos de Washington.
Y en el ámbito económico se crearon organismos para asegurar el control y vigilancia de las
economías domésticas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)40.
En cuanto a la divulgación directa de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre 1961 y
1962 se crearon o fortalecieron instituciones de transmisión ideológica para Latinoamérica.
Esta función político-militar se logró entonces por medio de tres mecanismos. 1. Los
programas de ayuda militar Military Aid Program (MAP) y de venta de armas que se habían
desarrollados especialmente entre 1952 y 1955, y que se fortificaban bajo los nuevos
parámetros; 2. Las conferencias panamericanas de los jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos latinoamericanos celebradas anualmente a partir de 1960 que sirvieron como
espacio de intercambio de experiencias acerca de nuevos métodos y aplicación de la
Doctrina en los respectivos países; y 3. El entrenamiento en la Doctrina a oficiales y
suboficiales latinoamericanos en escuelas creadas para este fin ubicadas especialmente en la
zona del Canal de Panamá (la Escuela de las Américas-USARSA) y en Washington (el
National War College, el Industrial College of the Armed Forces, La Escuela John F. Kennedy de
Asistencia Militar y el Colegio Interamericano de Defensa, entre otros)41. La figura de estos
institutos estadounidenses fue útil a la creación de las escuelas latinoamericanas creadas o
40 MAIRA, Luís, “Intereses político-estratégicos de Estados Unidos en América del Sur” en SOMAVÍA, Juan; INSULZA, José Miguel (compiladores) Seguridad Democrática Regional: Una concepción Alternativa, Comisión Sudamericana de Paz, Editorial Nueva Sociedad, Santiago de Chile, primera ed. 1990. 41 COMBLIN Joseph, ob.cit., p.160.
31
reorientadas bajo la Doctrina en las cuales se realizó el trabajo de apropiación de los
esquemas, conceptos y tácticas que fueron después transmitidos tanto a militares como a
personalidades de la vida pública y económica de estos países.
Tocado este aspecto es necesario anotar que, debido a que la Doctrina es un modelo
con una concepción particular de ser humano, mundo, relaciones sociales, política y
progreso; todo ello implicó no sólo el traspaso de una metodología de la guerra sino una
intervención decidida en la vida política de los países receptores. De modo que programas
como los de ayuda militar y de venta de armas estuvieron orientados a crear condiciones de
dependencia no sólo militar sino política de Latinoamérica con respecto a los Estados
Unidos:
Cada entrega de equipo supone el envío de una misión militar, un grupo de Consejeros de Asistencia Militar (Military Assistence Advisory Group, MAAG) –que- adquiere rápidamente una gran influencia. Se introduce en el ministerio de guerra o bien en el Estado Mayor del Ejército que lo recibe y desde ahí dirige las operaciones (…) La importancia de los consejeros militares americanos llegó a ser decisiva sobre todo después de 1961 cuando fue adaptada para América Latina la estrategia de la guerra revolucionaria y de la acción cívica. Tal guerra era eminentemente política y conducía a los militares latinoamericanos a interesarse en la política interior de sus países. Lo hicieron bajo la dirección de sus instructores americanos42.
Se asistía pues a un nuevo tipo de intervención “indirecta” por parte de Estados
Unidos en los asuntos políticos, económicos (con indiscutibles repercusiones sociales) bajo
el código de asesoramiento, acompañamiento o ayuda financiera. Este elemento
acompañará necesariamente todo el curso de las políticas de seguridad nacional de los
países del continente hasta nuestros días, dando el hecho una clara idea sobre qué aspectos
debe ir encaminada una política de Estado fundada en la autonomía política.
42Ibíd., p. 164.
32
Capítulo 2
Inserción de la Doctrina de Seguridad Nacional en
Latinoamérica y Colombia
“...A menudo se han causado mayores males imponiendo la paz” Piotr Kropotkin
as concepciones sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) se
integraron formalmente a la política latinoamericana mediante el golpe de Estado de
1964 en Brasil, por medio del cual se destituyó de la presidencia a Joao Goulart, y se dio
término a un proceso político signado de reformas económicas, políticas y sociales de tinte
nacionalista iniciadas por el anterior presidente Janio Quadros en 1961.
En el golpe, Estados Unidos43 participó de manera activa a través de apoyo logístico y
financiero a la insurgencia militar, y la promoción de “escuadrones de la muerte” integrados
por policías y militares, cuya función era la de prevenir y reprimir cualquier brote de
inconformismo u oposición cuando la dictadura militar, en cabeza del mariscal Castelo
Branco, se hubo establecido.
Durante los 20 años que duró formalmente la dictadura (1964-1984), capitaneada por
militares de la “línea dura” brasilera, se hizo política de Estado la represión, la persecución,
el asesinato, la tortura, la censura, el exilio y limitaciones de todo tipo de derechos
ciudadanos en el marco de una “Rehabilitación Moral de Brasil”; mientras por otro lado, se
generaba un clima propicio para la inversión de capital extranjero y la ejecución de
importantes proyectos económicos. Se reformaron las bases del ordenamiento social
existente con el reemplazo parcial de la Constitución Nacional por Actas Institucionales, la
supresión de los partidos y la creación de otros dos tolerables al poder, el fortalecimiento
del Ejecutivo y la instauración de un verdadero Estado de guerra permanente, que se
43 Estados Unidos interviene en favor del golpe, a través del entonces embajador de Estados Unidos en Brasil, el agregado militar, la Oficina Pública de Seguridad, el presidente Lyndon Johnson, la Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
33
configuró con base en la nueva carta política de 1967 fundada por la presidencia y los
servicios de inteligencia del Estado.
El país fue militarizado de pies a cabeza en nombre de la soberanía y la seguridad de la
nación amenazadas por el comunismo, haciendo objetivo militar a las clases menos
favorecidas como los campesinos, muchos de los cuales fueron torturados y desaparecidos
durante la ofensiva militar contra la guerrilla del Partido Comunista de Brasil. En las
ciudades obreros, políticos, estudiantes, médicos, profesores, intelectuales, artistas y
representantes de la iglesia católica sufrieron también los rigores de esos años lúgubres que
hoy han quedado sepultados por un pacto cívico-militar de olvido colectivo.
La Escuela Superior de Guerra del Brasil conocida también como la “Sorbona brasileña”
y creada en 1949 a imagen del Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos, fue el
centro de acopio, adecuación y divulgación de la DSN que pronto se difundió a lo largo y
ancho de Suramérica haciendo aparecer Estados de Seguridad Nacional sobre la década del
60 y consolidando el modelo para la segunda mitad de los años 7044. Estados Unidos había
otorgado, así, el sistema ideológico y los elementos técnicos y financieros de la nueva
doctrina de guerra, en tanto que Brasil se había encargado de su sistematización conceptual,
apropiación, ensayo e introducción en América Latina.
2.1 DE LA GUERRA Y LA PAZ EN TIEMPOS DE “LA VIOLENCIA”: ALGUNOS ANTECEDENTES
La DSN encarna un sistema integrado de dependencia45, que organizado y promovido por
Estados Unidos requiere de una clase dominante nacional a fin de garantizar el
mantenimiento del statu quo y la ejecución de tal esquema al interior de cada país. Por esta
razón, la dependencia procede en dos formas complementarias e indisolubles: una
dependencia externa -respecto de los intereses de seguridad de Estados Unidos-, y una
44 La Doctrina se explayó en el siguiente orden: Brasil en 1964 bajo la dirección del mariscal Castelo Branco; Uruguay en 1971 bajo Jorge Pacheco Areco y José María Bordaberry; Bolivia en 1971 con el general Hugo Banzer; Chile en 1973 con el general Pinochet; Argentina en 1976 con el general Videla; Ecuador en 1976 bajo la Junta Militar y Colombia en 1978 con Julio César Turbay Ayala y el Estatuto de Seguridad. Para una descripción detallada de cada uno de estos países hasta 1978 –a excepción de Colombia-, ver COMBLIN Joseph, ob.cit. 45 Ver la caracterización de la “democracia tradicional” y el sistema integrado de dependencia en GARCÍA, Antonio, ob.cit., p. 40.
34
dominación interna -ejercida por la élite “política”, económica y militar, que se articula en
función de los intereses del capital-.
Para hacer posible el cuadro de la subordinación en estos espacios, el sistema político
se ha hecho a dos reglas: 1. la norma de riesgo marginal en donde las elites políticas amplían el
circuito electoral y de representación a un límite que no comprometa las estructuras de la
sociedad –se trata de relegitimar el régimen político sin producir una efectiva apertura
democrática-; y 2. la sustitución de la acción política por la acción armada a condición de que la
primera estrategia se desborde creando las posibilidades para el avance de un proceso
revolucionario.
En Colombia el logro de estos propósitos de conservación no dió lugar a la
constitución de un Estado asistencialista que atenuara las luchas sociales, o al aumento del
margen de representatividad en el escenario político46; sin embargo los indultos, amnistías y
procesos de paz adelantados con la insurgencia han sido expresiones de la “norma del
riesgo marginal” que no admiten las transformaciones necesarias en el orden social, lo cual
parece explicar parte de su fracaso47.
De otro lado, desde la creación de la República en el siglo XIX, la clase dirigente del
país hizo de la sustitución de la acción política por la acción armada una política de Estado,
hallando en ella el mejor mecanismo para mantener sus privilegios y hegemonía en
detrimento del desarrollo jurídico e institucional del Estado. De modo que cuando la
Doctrina de la Seguridad Nacional llegó a las instituciones colombianas, en el país ya se
usaban prácticas políticas violentas coherentes con aquella, de las cuales la más destacada
fue la violación de los derechos humanos de las gentes (el derecho a la vida, al trabajo, a la
dignidad, a la propiedad, el derecho de expresión, oposición y organización, entre otros).
Comencemos entonces por subrayar la debilidad histórica del Estado colombiano -
regla común a los países dependientes del continente-, haciendo énfasis en el carácter
bipartidista de la dominación política que es ejercida por liberales y conservadores. Estas
46 Con algunas excepciones como la ampliación del derecho del voto a las mujeres en la administración del general Rojas Pinilla, y la participación de minorías étnicas y grupos insurgentes desmovilizados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. 47 A diferencia de Argentina que si forjó un estado asistencialista, y las otras variantes de populismo que recorrieron la América Latina.
35
dos asociaciones han ido construyendo el andamiaje estatal bajo una trama de violencia
encarnizada que se complementa con la constitución de “frentes nacionales”48 cuando esa
misma violencia, extendida sobre el pueblo amenaza la estabilidad de su poder.
La República se erigió sobre los postulados progresistas de la revolución francesa
(libertad, igualdad, fraternidad), no obstante conservando las estructuras políticas y
económicas heredadas de la colonia y livianamente transfiguradas con el paso del tiempo
como resultado de las luchas políticas49. De ahí que, desde sus inicios, el Estado no haya
logrado en ningún tiempo encarnar el rol de garante de seguridad y bienestar general, de
regulador de conflictos y protector de derechos fundamentales asignado por la democracia
liberal, sino que por el contrario se haya instituido en fuente primaria de inseguridades y
trasgresor permanente de esos derechos, produciendo lo que García llama una
“superposición de planos ideológicos”, en donde las clases dominantes gobiernan
proclamando el discurso liberal de los Estados modernos al tiempo que dan a la
administración y a los conflictos un manejo clientelista, autoritario y violento.
Este tipo de construcción ha sido posible gracias a un complejo proyecto político, que
con base en un sistema de valores e instituciones jurídicas y materiales garantizan la
dominación política, dentro del cual a la sociedad se le ha asignado un rol pasivo como
“consumidora de gobierno”. De tal suerte que el pueblo no tiene más participación que la
que le organiza la élite en el poder, bien, siendo movilizado como fuerza en periodos
electorales por impulsión del clientelismo o la coacción; como soldado en las guerras civiles
gestadas desde la clase política; o como figura reivindicativa a explotar para derrocar un
gobierno y entronizar otro, tal como lo demostraron las jornadas de mayo de 1957 que
concluyeron con la salida del general Rojas Pinilla y la posterior instauración del Frente
Nacional.
Todo este régimen precario, injusto, violento, excluyente, clientelista y corrupto ha
ocasionado en la historia del país un sinnúmero de conflictos a los cuales se ha dado curso
48 Coalición entre el partido liberal y conservador practicada con intermitencias desde 1854. 49 A este respecto consideremos que los Estados nacionales en Latinoamérica no han sido el producto de guerras de liberación nacional que hayan abocado en la construcción colectiva de una organización política desde las condiciones materiales y subjetivas de nuestros pueblos, y ése va a ser quizá el factor más importante que de cuenta de las históricas crisis políticas, económicas y sociales que los afectan. Lo anterior hace que las sociedades latinoamericanas encaren el problema de un Estado injusto, levantado sobre cimientos débiles e instituciones precarias que se auto legitima mediante dispositivos ideológico-coactivos generalizados, pilares de la dominación que caracterizan nuestra cultura política.
36
mediante la institucionalización de la violencia y la militarización de la política, que
constituyen los componentes gruesos de la Doctrina de Seguridad Nacional.
La violencia se ha generado desde que empieza a construirse el Estado bajo la forma
de guerras civiles entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, continuando en
las primeras décadas del siglo XX, pues es sobre ella que logra mantenerse y arraigarse la
República Conservadora sustentada en la hacienda, la explotación campesina, el poder
eclesiástico y estatal50. No obstante, la violencia estrictamente oficial -o desde el Estado-
empezó a contarse con la finalización de la progresista República liberal en 1946 y la llegada
del conservador Mariano Ospina Pérez al poder.
Su gobierno de Unión Nacional y convivencia entre los partidos liberal y conservador
encontró grandes dificultades de orden político y social. En primer lugar Ospina hubo de
gobernar con un parlamento determinado por mayorías liberales y un partido conservador
poco cohesionado en donde anidaron radicales oposiciones al proyecto bipartidista de
gobierno. Por otra parte se vivía una fuerte crisis económica y política como consecuencia
de la Segunda Guerra Mundial y la insatisfacción general de las gentes por la frustrante
segunda administración de López Pumarejo. Sumado a ello, se encontraba la crisis
endémica de los partidos políticos –que salvo momentos específicos no han sido órganos
de canalización de las demandas sociales, ni conductos de comunicación entre sociedad y
Estado-; y el carácter cerrado del sistema bipartidista del cual se excluyeron terceras
apuestas sociales, tal como ocurriría a partir de 1957. Como resultado de estos factores se
gestó un difícil clima social signado por la protesta y el inconformismo de vastos sectores
sociales que fue recogido en las proclamas incendiarias del caudillo popular Jorge Eliécer
Gaitán contra las oligarquías. Se creó, a la sazón, todo un movimiento en torno a esta figura
del liberalismo que fue cobrando fuerza en las plazas y en las calles.
Ante la inminente alteración del “orden público” y la cada vez mayor cooptación de
las “masas” hacia un discurso reivindicativo frente al poder, la fracción reaccionaria del
conservatismo respondió con la organización de una policía política “chulavita”, llamada a
devolver la tranquilidad a las clases dominantes. Este nuevo agente llevó la violencia estatal
50 Ver ARRUBLA Yepes, Mario, “Síntesis de Historia política contemporánea” en MELO, José Orlando (compilador), Colombia hoy: Perspectivas hacia el siglo XXI, 1ª ed., 1978, Tercer Mundo S.A., Santafé de Bogotá, 15ª ed., 1995.
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a expresiones insospechadas sobre el campo colombiano particularmente en las regiones de
los Llanos Orientales, Santanderes, Tolima, Valle, Quindío y Caldas iniciando lo que se
conoce como el sombrío periodo de “La Violencia”. A lo que se tiene que sumar la acción
de los “pájaros”.
El conservatismo había perdido toda pretensión de legitimidad, lo cual se vio reflejado
en las elecciones a corporaciones públicas celebradas en 1947 en donde los liberales
obtuvieron un innegable triunfo político sobre sus opositores. Este hecho constituyó un
factor más de violencia política pues el Gobierno y específicamente el partido conservador
en cabeza de su jefe, Laureano Gómez, buscaron y aplicaron mecanismos “alternos” de
terror y amedrentamiento contra los liberales a fin de evitar su avance en la conquista del
poder político. Quedaría en evidencia la formalidad democrática del régimen pues la
voluntad de poder, la legislación o la obligatoriedad del consenso para resolver las
diferencias políticas no significaron una limitante. Al respecto Eduardo Pizarro señala y
concluye:
La táctica del terror intentó ser contenida mediante múltiples mecanismos de resistencia civil, tales como las manifestaciones públicas, los debates parlamentarios, las denuncias internacionales y los enjuiciamientos de la prensa al gobierno conservador. El fracaso de esta modalidad de resistencia pacífica abrirá el terreno para el desarrollo de la oposición armada; y con ello la generalización de la guerra51.
Nos encontramos entonces frente a un antecedente explícito de la Doctrina de
Seguridad Nacional: la guerra sicológica, mecanismo que se aplicó con ímpetu sobre las
oposiciones al dominio conservador catalogadas como claras manifestaciones comunistas.
Los fines del gobierno constituyen los fines del Estado y los medios de lucha para lograrlos
desbordaron la legalidad y la racionalidad democrática.
El 9 de abril de 1948 sería asesinado Jorge Eliécer Gaitán en una calle bogotana
causando el desbordamiento del orden social quebrantado con anterioridad. Las gentes del
común promovieron el caos, se amotinaron, protestaron, saquearon, ardieron frente a al
poder opresor de la estatalidad. Entonces, las Fuerzas Militares inauguraron -bajo tutoría
civil- la escena de la guerra interna logrando el control de la insurrección en las principales
ciudades. Liberales y conservadores volvieron a coaligarse reestableciendo su hegemonía y
51 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II)..., p. 13
38
Ospina Pérez aplicó una novedosa fórmula de perdón y olvido entregando a la impunidad los
crímenes cometidos durante este periodo. No obstante, el partido de gobierno continúo
aplicando prácticas delictivas a propósito de las elecciones de 1949 entre las que se destacan
la expedición de cédulas falsas, intimidación a los votantes y anulación de cédulas del
liberalismo, pese a lo cual éste último sostuvo las mayorías en el Congreso.
Laureano Gómez –conocido como “El Monstruo”-, atribuyó este fracaso electoral a la
falsificación y uso de 1´800.000 cédulas por parte de los liberales después de lo cual
extendió las prácticas violentas sobre esa colectividad creyendo necesaria su anulación del
escenario político, máxime cuando el 9 de abril tuvo lugar un hecho insólito e intolerable:
¡una facción de la policía había participado de la insurrección! ¿Tal vez le habría parecido a
Gómez que estos hechos tenían semejanza con la revolución bolchevique de 1917? En
todo caso el conflicto interno y la adversidad política fueron percibidos como el indicio de
una invasión ideológica desconociendo la naturaleza de la práctica política. Y así se fue
configurando uno de los presupuestos sobre los que se iría fundando el Estado de
Seguridad Nacional en Colombia.
Para entonces la Unidad Nacional estaba rota, los liberales habían renunciado al
gabinete ministerial y fueron sustituidos por tres militares y tres conservadores. El
Gobierno optaba por la cooptación de las Fuerzas Militares como una de sus tácticas de
guerra en el mantenimiento del poder.
Con la renuncia del liberal Darío Echandía a la candidatura presidencial (1950-1954),
Laureano Gómez quedó como único postulante en un ambiente enrarecido por la
violencia, situación que fue atendida por el Congreso con la creación de una comisión para
investigar la conducta del presidente Ospina y la propuesta de reformar la Constitución:
Se aprueba en la comisión primera del Senado el proyecto de acto Legislativo reformatorio de la Constitución presentado por el senador Carlos Lleras Restrepo, mediante el cual se posponen las elecciones presidenciales próximas y en su defecto se crea una junta de gobierno bipartidista para el período 1950-1954, prolongándose igualmente el período de los miembros del Congreso, de las asambleas departamentales y de los concejos municipales por los mismos cuatro años52.
52 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II)..., p. 23.
39
La respuesta del Gobierno fue inmediata e incisiva. En noviembre de 1949 se clausuró
el Congreso, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, se cerraron las
asambleas departamentales y los concejos municipales y se expidieron decretos
complementarios que limitaron derechos civiles y políticos. Asimismo se modificó el
funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las declaratorias de
inconstitucionalidad sobre decretos expedidos por el Ejecutivo.
En último lugar, se consumó el teatro del pueblo votante y en 1950 arribó al poder el
conservador Laureano Gómez quien se aprestó a modificar la estructura institucional del
Estado considerando que “los lineamientos de la república democrática debían ser por
completo abandonados, ya que este régimen fundado en los perniciosos conceptos de la
soberanía popular y la mitad más uno de las voluntades consagraba el poder del oscuro e
inepto vulgo53.”
En sus tres años de gobierno (1950-1953) se sistematizaron las prácticas de un
terrorismo generalizado: el ostracismo, la censura, el incendio, la tortura, los asesinatos
selectivos, se extendieron indiscriminadamente sobre la geografía del país, pudiendo
afirmar -junto con Luís Carlos Galán- que “en ese momento la violencia llegó a su máximo
grado y se causaron daños irreparables no sólo desde el punto de vista del número de
muertos y damnificados, sino por el impacto que la barbarie causó en los valores de una
generación entera54.” Entretanto y a la zaga de la violencia oficial, se fueron organizando y
consolidando las guerrillas liberales con apoyo inicial del partido. Las más significativas
fueron la de Norte de Santander con el Mocho Ropero a la cabeza, la de Santander
comandada por Rafael Rangel, las del Llano comandadas por Eduardo Franco Isaza, los
hermanos Bautista, Guadalupe Salcedo, Fonseca, Eliseo Velásquez, Tulio Bayer y otros, de
tipo estacionario; y las del Tolima dirigidas, una, por el viejo Gerardo Loaiza, y la otra por
Juan de la Cruz Varela.
No obstante el carácter bipartidista de la violencia en este periodo, subyacían a ella
fuertes razones de orden económico, de suerte que al lado del conflicto sectario entre
liberales y conservadores, entre autoridades conservadoras contra el pueblo liberal, entre
53 ARRUBLA Yepes, Mario, ob.cit., p. 185. 54 En crónica de Luís Carlos Galán Sarmiento, ALAPE, Arturo, La Paz, la Violencia: Testigos de excepción, Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá, 1985, p. 30. Se estima que fueron asesinadas alrededor de 200.000 personas durante el periodo de La Violencia (1948-1965) y 2 millones más fueron desplazadas.
40
veredas conservadoras contra veredas liberales y viceversa, se tejió un proyecto capitalista
cuyas ambiciones en el transcurso de aquellos años 50 se afincaban sobre el desarrollo
tecnológico de las exportaciones: la mecanización del campo para iniciar la expansión de
los cultivos comerciales (caña de azúcar, arroz, algodón, sorgo). Al respecto, Darío Fajardo
afirma -y con razón-, que la violencia no estancó el desarrollo del capitalismo pues fue a
partir de ella que éste se afianzó en la agricultura55.
2.1.1. La otra cara de la violencia y la resistencia popular campesina en los años 50
Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, el movimiento campesino del sur del Tolima
tenía una amplia trayectoria organizativa. Se había conformado en Ligas para vencer
primero los desmanes de hacendados en la compra de la recogida del café hacia los años
30, y al calor de la ley 200 de 1936, cientos de campesinos colonizaron la tierra ociosa de
los latifundios, demostrando una gran creatividad y capacidad de unión alrededor del
tumbe de montaña. En el plano ideológico el proceso de la lucha campesina recibió las
influencias del movimiento indígena de Quintín Lame y el Socialismo Revolucionario. Pero
sobre la década del 50 los latifundistas se sintieron protegidos por el gobierno conservador
y dictatorial de Gómez para iniciar la arremetida contra estos campesinos sembrando el
terror en las regiones y estimulando el fenómeno del desplazamiento56.
Enfrentamientos entre veredas y pueblos como los ocurridos en las vertientes de la cordillera central, ya hacia el Tolima, ya hacia el Valle, en particular en zonas de organización campesina, simplemente sirvieron para “limpiar” las áreas de colonos, dando cabida luego a la formación de haciendas57.
El general José Joaquín Matallana, encargado de la pacificación del Llano en 1950 y de
llevar a feliz término para las autoridades el Plan Laso en 1965, explica mediante la
siguiente afirmación el origen de la violencia a cargo de la policía conservadora:
Los oficiales tuvieron represalias contra gentes por el sólo hecho de ser liberales y muchos ganaderos importantes fueron desterrados dejando todo abandonado. Los finqueros conservadores cayeron sobre esas propiedades y a precios irrisorios las adquirieron. Hubo torturas, desapariciones, asesinatos y gente arrojada al río a medianoche58.
55 ALAPE, Arturo, ob.cit., p. 56. 56 Ibíd., p. 170. 57 Ibíd., p. 64. 58 Crónica de José Joaquín Matallana, general del Ejército de Colombia durante los años 50, en BEHAR, Las Guerras de la paz, Planeta Colombiana Editorial, 6ª edición, p. 27.
41
De otro lado, Jacobo Arenas, ideólogo de las FARC, se refiere en los siguientes
términos a los movimientos agrarios de Marquetalia, Natagaima, Purificación, Chaparral,
Río Blanco, Yacopí, Bucaramanga y Puerto Wilches, las llamadas “Repúblicas
Independientes” durante los años 60:
El problema radicaba en que esas tierras quedan como cinturón circundante de grandes propiedades latifundistas. Entonces cuando los campesinos hicieron sus fundos, los grandes propietarios quisieron expropiarlos, pero no comprándoles sino desencadenando contra ellos la violencia, para obligarlos a abandonar sus posesiones y de esa manera agrandar los latifundios59.
De este modo, al lado de las guerrillas liberales aparecieron otras formas de lucha que
con el tiempo adquirieron una marcada orientación socialista, las autodefensas campesinas,
cuya especificidad es que “no atacan, no están armadas, se preparan para defenderse del
ataque del agresor, para huir o esconderse y proteger a las familias buscando el retiro del
enemigo (…) Su principal problema era el de los conservadores que buscaban aterrar a la
población para hacerla desalojar y comprar sus tierras a precios irrisorios60.”
Se manifestó así el problema de una “contrarreforma agraria”61 que acompañaría los
procesos de violencia durante el resto de siglo e inicios del presente, y que nos conduce a
reforzar la afirmación de Darío Fajardo en el sentido de considerar que tras la estrategia de
defensa del régimen contra oposiciones reales o imaginadas provenientes de la sociedad
(obedeciendo a fines inmediatos como evitar que el partido contrario acceda al poder, o
recuperar el monopolio del Estado sobre la totalidad del territorio nacional disputado
principalmente por la insurgencia armada), se halla un macro-proyecto económico con
miras a la readecuación del capital internacional. Hemos esbozado con ello el propósito
intrínseco de la Doctrina de Seguridad Nacional aprehendida en Colombia para los años
60.
Las dinámicas de la confrontación interna promovieron la gestación de resistencias
populares frente al Estado y particularmente frente a las clases dominantes -políticas y
59 Crónica de Jacobo Arenas, ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, en BEHAR, Olga, ob.cit. 60 Crónica de Ricardo Rojas, ex - guerrillero del Llano en BEHAR, Olga, ob.cit., p.17 61 Este proceso tiene similitud con el ocurrido en Guatemala luego del golpe militar propinado al gobierno de Jacobo Arbenz en cabeza del coronel Castillo Armas (abril de 1954). En este país centroamericano el 2% de la población era propietaria del 70% de la tierra que era explotada, junto a la mano de obra, exclusivamente por la United Fruit Company. Arbenz promovió una reforma agraria repartiendo las tierras entre los campesinos pero la dictadura se encargaría de regresarla violentamente a sus antiguos dueños.
42
económicas-, resistencias que fueron consolidándose hasta formar verdaderos núcleos de
contrapoder. Así, del tratamiento militar a las autodefensas campesinas de los 50 en el
Tolima, surgió la Columna Guerrillera y la Comunidad Democrática de Villarrica. A su vez,
la represión contra esta región al oriente del departamento estimuló la reorganización del
movimiento agrario en las llamadas “Repúblicas Independientes”, cuna de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (1964) que al año 2005 sigue siendo la
mayor organización guerrillera en el país.
Y es precisamente en este terreno en donde se evidencia claramente la fragmentada
hegemonía del Estado colombiano, su incapacidad para proveer seguridad al amplio sector
campesino frente a la voluntad de poder del ínfimo sector terrateniente, la crisis de los
partidos políticos que es la crisis del sistema levantado por ellos. Como contrapartida la
insurgencia armada se fortaleció pues los pobladores “veían en el guerrillero al defensor de
su propiedad y de sus allegados. Los protegían, desviaban a la autoridad del curso que los
llevaría a los rebeldes y los abastecían.”62 No se trata por tanto de vacíos estatales que
deban ser llenados militarmente (eje sobre el cual se despliegan las actuales políticas de
seguridad), se trata más bien de espacios en los que el Estado alguna vez se pronunció, se
pronuncia o espera pronunciarse militarmente y de lugares en los que no se conoce el cariz
estatal de la justicia social. Es decir, el problema del Estado colombiano y particularmente
desde la época que estamos estudiando es un problema de las formas de su existencia, de
sus contenidos, de los procesos que ha obstaculizado mediante la violencia y la corrupción
ejercida por sus funcionarios, y de aquellos procesos que simplemente no ha impulsado por
omisión habiendo tenido su justificación (la de la existencia del Estado) en la promoción
del desarrollo de las comunidades.
Ello permite que otras organizaciones, dentro o al margen del horizonte societal,
reemplacen en primer término el papel del Estado como responsable de la seguridad
individual y colectiva puesto que la violencia golpea de manera inmediata la vida misma de
las personas y la existencia física de las comunidades llevando implícita su extinción
cultural.
62 BEHAR, Olga, ob.cit., p. 34
43
2.2 LA RECONFIGURACIÓN DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA NUEVA GUERRA CONTRA EL ENEMIGO INTERNO
2.2.1 Las Fuerzas Militares y su rol político
El lugar otorgado en principio a las Fuerzas Militares (Ejército, Armada, Aviación)
dentro la sociedad colombiana, la naturaleza de sus funciones y la dependencia de éstas
respecto de los dos partidos políticos predominantes, determinaron el hecho de que en
Colombia no se hayan producido intermitentes golpes de Estado durante el siglo XX, y tal
vez derivado de ello, que se tenga la idea equívoca de que Colombia no vivió dictaduras de
tendencia militar que aplicaran la Doctrina de Seguridad Nacional, tal como ocurrió en los
países del Cono Sur.
El proceso de asimilación de esta ideología militar en Colombia –afirma Gustavo
Gallón- ha sido más dosificado y menos presionado por urgencias políticas que en otros
países, lo cual ha ido produciendo una cierta decantación e insensible familiarización con el
mismo por parte de la sociedad, que puede con grandes probabilidades traducirse en una
penetración más profunda y una duración más estable dentro del régimen político.63
La Doctrina de la Seguridad Nacional anidó precisamente en la convivencia regulada
entre clase política y estamento castrense que suscitó la militarización de los asuntos
políticos y sociales bajo un Estado de gobierno civil.
La explicación de la debilidad de la institución militar como "factor de poder autónomo" en la historia nacional, se encuentra en el hecho de que los partidos tradicionales constituyeron los ejes centrales en la configuración, así fuese traumática, de la nación colombiana. Muy por encima de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas e incluso del propio Estado, la identificación partidista constituirá el pilar de la integración de la población, cuya socialización política se hará mediante los valores y símbolos del sistema bipartidista que ha regido en el país64.
La estabilidad política colombiana se mantuvo, de esta suerte, por acuerdos entre los
dos partidos tradicionales o “frentes nacionales” prescindiendo de la intervención de las
Fuerzas Armadas para el control del “orden público” y la salvaguarda del poder político
63 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p. 61. 64 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia”, en revista Análisis Político Nº 1¸ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Mayo-Agosto de 1987, p. 28.
44
con excepción a los hechos de 195365. Y cuando en 1960 el Ejército había logrado ya
consolidarse como poder dentro del poder no deseaba en modo alguno el golpe de Estado,
al parecer por dos razones: la primera, porque desde el Ministerio de Guerra gozaba de la
autonomía suficiente para lograr sus propósitos como corporación y a nivel de la sociedad;
y la segunda, porque el derrocamiento del general Rojas Pinilla por el conjunto de las
fuerzas políticas y económicas del país, así como el desgaste y desprestigio de su Gobierno
constituyeron un ejemplo aleccionador para sus aspiraciones futuras.
Esta tendencia hubo de reforzarse posteriormente pues los altos oficiales
“aprendieron la lección a partir de la experiencia de las dictaduras de Brasil y Argentina,
donde los militares sufrieron graves pérdidas de prestigio, poder y recursos económicos
durante sus pasos por el poder y se vieron forzados a regresar a los cuarteles66.” Así, los
militares se mantuvieron al margen de la toma del poder adoptando la táctica del “ruido de
sables” o amenaza de golpe, cada vez que sus intereses y el curso de la Doctrina fueron
puestas en peligro por política alguna del poder civil.
Pero esta connivencia cívico-militar comporta unas consecuencias de la mayor
magnitud para el país, pues si bien los militares no se tomaron el poder político de forma
integral, si intervinieron en la conducción de la política en uno de los campos más
importantes de la vida de una sociedad: el orden público67, desde donde condujeron de alguna
manera y en medida no despreciable, aspectos en el campo de la justicia, la legislación de
excepción, y la política social a nivel local.
Esta puerta de entrada de los militares al poder fue abierta desde 1958 por Alberto
Lleras Camargo (1958-1962), primer presidente del Frente Nacional, quien definió el marco
de las relaciones entre las autoridades civiles y las castrenses en los siguientes términos:
65 Ibíd., p. 28. 66 RICHANI, Nazih, Sistemas de Guerra: La economía política del conflicto en Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Editorial Planeta Colombiana S.A., primera edición 2003. p. 77. Sin embargo otra de las razones que podría explicar la ausencia de “cuartelazos” en el país, reconocido históricamente como uno de los más conservadores de Latinoamérica, es el hecho de que en Colombia no se haya logrado consolidar un proyecto político eminentemente popular desde el Estado o que al interior de la oficialidad no hayan surgido tendencias nacionalistas de izquierda que hayan provocado una acción tan radical y explícita por parte de los reaccionarios. 67 El orden público fue definido por la institucionalidad estatal como el conjunto de condiciones que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos y libertades, dentro de un marco coherente de valores y principios. (Ley 684 de 2001 declarada inexequible por la Corte Constitucional).
45
Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar la nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal68.
Poner en claro el asunto fue de la mayor trascendencia pues las posibilidades de un
putsch de état por una organización armada consolidada y que había experimentado los
agrados del poder político durante la administración de Rojas, eran bastante grandes.
Incluso, en las páginas de algunos estudios se ha llegado a definir el Frente Nacional no
como un pacto bipartidista entre liberales y conservadores, sino como un arreglo tripartito
en donde los militares fueron considerados como un verdadero polo de poder.
El inconveniente del discurso de Lleras, que pretendió poner a los militares al margen
del timón estatal radicó precisamente en el contenido de lo que las “élites” transaron: la
definición técnico-militar para la resolución de los conflictos internos y la política social
bajo tutoría extranjera y los enfoques de una Doctrina internacional.
Pero además de estas consideraciones, la ocasión sirvió para develar el auténtico rol de
las Fuerzas Militares consistente en mantener la unidad política del Estado en los espacios
en donde el capital no puede generar consensos. Ellas fueron llamadas a garantizar el pacto
entre el soberano -“élites” bipartitas- y la sociedad, asegurando que no fuera roto
“injustamente” por quienes pretendieran cambiar las reglas de juego o desestabilizar el
normal funcionamiento del orden.
Misión. Al despuntar el siglo XX el organismo militar se vio avocado hacia el control
del “orden público” interno trasegándose el rol de defensor de fronteras que le había sido
otorgado en las democracias liberales y advirtiendo así diferencias con la mayoría de sus
equivalentes latinoamericanos que se modernizaron a partir de los conflictos fronterizos.
Según Eduardo Pizarro, la pérdida de Panamá (1903) marcó la orientación del país en
todos los aspectos determinando en adelante una modesta política exterior que mostró su
debilidad durante el conflicto colombo-peruano (1932). De modo que la clase política
consagró su actividad sobre el interior del país dejando a un lado empresas geopolíticas de
68 LEAL Buitrago, Francisco, La Seguridad Nacional a la Deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría, Alfaomega Colombiana S.A., Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p.38.
46
expansión sobre otros territorios y con ello marginando del presupuesto y del proyecto
político nacional al estamento castrense que “no fue percibido como un instrumento de la
soberanía nacional (haciendo suyo) el predominio de funciones policivas y de orden
público interno69.”
Es a partir de 1948, con el desbordamiento del conflicto político de los cauces del
poder oficial y el posterior surgimiento de las guerrillas, que el Ejército empieza a delimitar
sus nuevas funciones al interior de la sociedad, siendo reforzadas y reorientadas bajo la
Doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional.
El Comandante del Ejército en 1960, general Alberto Ruiz Novoa, hizo constantes
esfuerzos por dilucidar la misión militar entre oficiales y suboficiales dada la constante
incertidumbre que abatía a la institución, y con dicho propósito emitió la circular 34369
fundamentada en la Constitución de 1886, en la cual se leía:
Todos los actos que los militares ejecutamos en razón de nuestro servicio, toda nuestra organización, todos nuestros programas de trabajo y la totalidad de la actividad que desarrollamos, deben estar orientados hacia estos objetivos fundamentales: la defensa de la independencia nacional y de las instituciones patrias.
… Básteme expresar a todos los comandantes de todos los grados que nuestro objetivo
primordial debe ser la preparación de un soldado física e intelectualmente dotado para enfrentarse a los antisociales en el mismo terreno en que actúan y con la táctica y la persistencia necesarias para destruirlos. Es necesario actuar ofensivamente y perseguir a los bandoleros hasta su eliminación70.
Sin embargo, la categoría de “antisociales” o “bandoleros” –lenguaje permanente en
los discursos militares hasta nuestros días-, cubrió a todos aquellos opositores,
inconformes, disidentes, individuos que alteraron la armonía social y amenazaron la unidad
política, función que había sido exclusiva de la Policía y los pájaros o asesinos a sueldo en la
época anterior a la aparición de la oposición armada.
Emergió así la yuxtaposición entre el campo de lo político y lo militar, y la cuestión del
modo cómo debe entenderse el derecho a la oposición en regímenes de democracia
representativa que han mudado y en cuyo seno los militares son los responsables de dar
69 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia”, en revista Análisis Político Nº 1..., p. 41. 70 RUIZ Novoa, Alberto, El Gran Desafío, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1965, p. 36 y 41.
47
respuesta a la conflictividad político-social. La respuesta no admite protestas: en el esquema
de la militarización política la oposición social no es legal ni legítima desde la perspectiva
estatal. Ello es así por tres razones: primero porque a la “ciudadanía” se le exige su
adhesión irrestricta al lado del Estado en esa lucha permanente con el indefinido enemigo
interno; segundo, porque las movilizaciones y actos sociales contrarios a la voluntad del
Estado son entendidos necesariamente como expresión del avance comunista en el
territorio nacional; y tercero, porque el terreno en donde, por lo general, tiene lugar la
protesta social es el del “espacio público” y el orden social que es el mismo escenario en
donde la fuerza armada debe mantener la estabilidad por razones de interés político y
económico.
Empero, la militarización no sólo se ve en el hecho de que la oposición sea tramitada
bajo el poder de las armas, sino en que los militares deliberen en el campo de lo político
definiendo y aplicando conceptos particulares de poder y sociedad. Al respecto han existido
limitantes normativas al rol de las instituciones castrenses en una sociedad de pretendido
carácter democrático. Se trata de dos principios aún vigentes: la no deliberación, y la apoliticidad
de las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y Policía). En la Constitución de 1886 se
establecía: “La fuerza armada no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de la
autoridad legítima, ni dirigir peticiones sino sobre asuntos que se relacionen con el buen
servicio y moralidad del Ejército, y con arreglo a las leyes de su instituto”71. Es decir, los
militares deben obediencia irrestricta a las autoridades legítimamente constituidas en
relación al servicio y el acatamiento de órdenes, en tanto que la apoliticidad además de
cobijar la no deliberación, proscribe el pronunciamiento de las FF.AA. a favor de un
partido, tendencia o grupo político en particular.
Pese a estas restricciones de tipo legal, en lo corrido de la historia colombiana y en
especial cuando desde el gobierno se lanzan propuestas de paz negociada con la
insurgencia, se hace manifiesto el influjo de la protesta social, o se pretende reestructurar la
composición y orientación interna del organismo castrense –sobre todo en lo que
concierne a autonomía presupuestaria y prerrogativas institucionales-, sale a flote el poder
militar mediante pronunciamientos públicos, peticiones colectivas al gobernante,
intimidación de cuartelazos o renuncias colectivas que buscan presionar la aplicación o
71 Artículo 168 de la Constitución Política de 1886, en RUIZ Novoa, Alberto ob.cit., p. 36.
48
restricción de medidas que se consideran fundamentales desde la óptica marcial. Estas dos
condicionantes proporcionan entonces una base de partida para la resignificación del papel
de las FF.AA. en conjunto teniendo en cuenta el grado de complejidad del conflicto interno
colombiano y las incidencias del poder decisorio de los militares en el mismo.
Modernización del Ejército. Las Fuerzas Militares del país iniciaron su proceso de
modernización72 a principios del siglo XX bajo el gobierno conservador de Rafael Reyes
(1904-1908) quien acogiéndose a la Carta Constitucional de la Regeneración, realizó
importantes reformas en este sentido:
Para comenzar, se entró a desmovilizar el gigantesco e ineficaz Ejército constituido durante la guerra de los Mil Días, reduciendo las tropas de 50 mil a 5 mil hombres para 1905. Una parte de la fuerza se destinó a obras de reconstrucción de vías, puentes, hospitales, conventos e iglesias destruidas con ocasión de la confrontación armada. Enseguida, se entró a reclamar todo lo relacionado con ascensos, traslados de personal militar, compras y administración, para moralizar la institución. Así mismo, mediante un amplio dispositivo de leyes y reglamentaciones, inició el gobierno de Reyes un control severo de la posesión de armas y municiones en manos de civiles, procediendo a la confiscación de 53.427 armas de guerra73.
En cuanto a la estructuración, preparación e ideologización del organismo militar se
encomendaron tales funciones a una misión de oficiales chilenos que imprimieron los
valores y formas organizativas propias del Ejército prusiano conduciendo a la institución en
los caminos de la neutralidad política. Bajo estas misiones se fundaron los principales
centros de concentración y formación: la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba
(1907), La Escuela Naval de Cartagena (1907), y la Escuela Superior de Guerra (1909) que
tuvo como propósito “poner a la oficialidad antigua en condiciones de asumir el alto
mando, prestar servicio de Estado Mayor, ejercer el profesorado militar y desempeñar
eficazmente los cargos administrativos”74. No obstante, las características de violencia que
conoció el país también incidieron en los avances o los retrocesos de modernización de las
Fuerzas Armadas.
72 Para una descripción detallada de la modernización de las FF.AA. ver GALLÓN, Gustavo, ob.cit.; y PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia”, en revista Análisis Político Nº 1¸2 y 3 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1987. La modernización o profesionalización de las Fuerzas Armadas se encuentra determinada por su expresa separación de la sociedad, su autonomía como institución para regularse interna y presupuestalmente, la tecnificación de sus equipos y tácticas operativas, la cualificación de sus cuadros, su carácter neutral y no deliberante, y un sistema de ascensos por mérito y preparación, entre los aspectos más importantes. 73 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia”, en revista Análisis Político Nº 1..., p. 31. 74 Ibíd., p. 33.
49
Los analistas sociales han definido tres momentos en este proceso de la vida militar: 1.
la Violencia; 2. La guerra de Corea; y 3. El gobierno militar de Rojas Pinilla75.
Durante la época de la Violencia las Fuerzas Militares entraron a operar en el campo
del convulsionado orden interno en momentos en que la institución gozaba de prestigio
gracias a la neutralidad inculcada en su formación por las misiones chilenas. Dado el
contexto de guerra civil no declarada, la perenne crisis de legitimidad institucional, la
alteración sistemática del orden social y la aparición de las primeras guerrillas, las Fuerzas
Militares fueron ejecutando funciones represivas y preventivas al interior de la sociedad sin
que mediase una política estatal para la regulación de los conflictos sociales, fundamental en
toda democracia.
Así, en las postrimerías de la administración Ospina Pérez (1946-1950) los militares
accedieron al Ministerio de Guerra y gobernaron en diversas zonas de conflicto.
Igualmente intervinieron sobre el conflicto político al desarrollar la Primera Campaña
del Llano en 1950 dirigida a poner fin a las guerrillas liberales de esta región oriental del
país, cuando sus orígenes hablaban de defensa del derecho a la vida digna frente a la
ofensiva oficial. A partir de entonces los conflictos sociales y políticos adquirirán un
carácter técnico-militar en donde se encuentra el origen de la violencia política actual, como
argumentará a través del texto..
En el ámbito de la asistencia militar el gobierno de Laureano Gómez firmó un tratado
bilateral con Estados Unidos en 1952, que hacía parte del Programa de Asistencia Militar
PAM, con el cual se buscó la unificación operativa e ideológica de Latinoamérica en la
política de seguridad estadounidense a partir de 1951. Con el tratado se formalizaba la
sustitución de la ideología prusiana y la definitiva preponderancia de Estados Unidos en
este campo. El acuerdo sirvió de marco legal para el suministro de armamento y material
bélico a los militares y la instalación de una misión estadounidense en las instituciones
colombianas lo cual aseguraba la dependencia política y militar con ese país.
75 Ver GALLÓN, Gustavo, ob.cit., y “La profesionalización militar en Colombia”, en revista Análisis Político Nº 1¸2 y 3 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1987.
50
Como contribución logística dentro del programa “el régimen conservador recibió un
embarque importante de rifles M-1 calibre 30, camiones de dos y medio toneladas,
cazabombarderos y municiones de diverso calibre. Lo cual mejoraba sustancialmente el
poder de fuego del Ejército”76. Sin embargo, durante los primeros años de lucha
contraguerrillera el ejército encontró inconvenientes de todo orden puesto que su
profesionalización se centraba en la posible participación en guerras convencionales. La
estrategia de Estados Unidos se hallaba en su fase de “represalias masivas” y preparaba a
los ejércitos latinoamericanos para apoyar ataques militares directos de la Unión Soviética,
de forma tal que el armamento y equipos, así como las tácticas de guerra aprendidas no
correspondían a las demandas bélicas del Estado colombiano. Asimismo el discurso
anticomunista no logró impregnar la filosofía militar en esta primera etapa pese a los
esfuerzos realizados lo cual contribuyó a la derrota y desmoralización de la tropa.
En 1950 Colombia, que hacía parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
decidió apoyar con hombres la guerra de Corea (1951-1954)77, factor considerado de gran
importancia en la modernización de la institución sobre todo en lo relativo a la
organización interna y logística, pues oficiales y soldados al combatir en llave con las
modernas y complejas unidades estadounidenses aprendieron tácticas y metodologías que
aplicaron posteriormente en el país. La suscripción de Colombia en este conflicto
anticomunista también allanó el camino para la penetración ideológica de la Guerra Fría en
el pensamiento de los militares.
Ya durante el gobierno militar de Rojas Pinilla (1953-1957), el estamento castrense
accedió a los espacios de la administración pública: “ministerios, gobernaciones y entidades
de vigilancia como la Contraloría Nacional, se engalanaron con uniformes de quienes más
tarde continuarían ocupando posiciones claves en las filas del Ejército después de
reestablecido el gobierno civil”78. Con Rojas se realizaron grandes avances en cuanto a la
76 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II)..., p. 31. 77 Lo propio haría (solitaria en el sub-continente y aunque no con hombres sí ofreciendo su disposición a Estados Unidos), en la guerra contra Vietnam, el Golfo Pérsico, la invasión a Panamá, la guerra de Afganistán, y más recientemente la ocupación contra el pueblo iraquí. Esta colaboración incondicional a Estados Unidos en la lucha mundial contra las amenazas a su seguridad nacional deviene del interés de Colombia por una participación importante o exigua (participación al cabo) de los capitales humanos y financieros de Estados Unidos, aumentando así los lazos de dependencia, e imposibilitando el surgimiento de un proyecto autónomo que permita avanzar social, política y económicamente en el marco de una democracia orgánica y profunda. 78 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p. 21.
51
modernización de las Fuerzas Armadas. Se produjo la jerarquización y cohesión de todas
las armadas en cabeza del Ejército y la centralización de decisiones en El Comando General
al cual se hallaban subordinadas el resto de las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación y
Policía), la Inspección General de las Fuerzas Militares y la oficina de personal y el Estado
Mayor.79 A su vez, la Policía pasó a depender del Ministerio de Gobierno al Ministerio de
Guerra, se hizo efectiva su nacionalización, y se dio comienzo a la profesionalización de sus
cuadros y agentes organizando la carrera de oficial y suboficial de acuerdo a los parámetros
castrenses.
En el plano económico se advirtió un aumento significativo del presupuesto militar
que ocupó el 21.7% del gasto público80 destinado al mejoramiento de la infraestructura,
aumento de sueldos, compra de dotación y armamento y aumentó considerable del pie de
fuerza. En la práctica, y habiéndose dado desde la administración anterior un tratamiento
militar al conflicto político, el Gobierno planeó y ejecutó una operación de fuerza contra la
región de Villarrica, Tolima, en 1954 combinando fuerzas de infantería y aviación. El
general José Joaquín Matallana describió así el operativo:
Allí se empleó todo lo que teníamos en fuerza aérea, la artillería y numerosas unidades de infantería y de otras armas para reconquistar y ocupar la zona de Villarrica, la Colonia y parte alta de Iconozo, que ya era un fortín comunista donde ondeaba, es la verdad, la bandera de la hoz y del martillo, y no la bandera nacional81.
En el marco de esta violencia continuada se envió a los Estados Unidos “los primeros
oficiales con objeto de recibir preparación como "rangers", en la prestigiosa "Ranger
School" localizada en Fort Benning, Georgia”82. Al año siguiente (1955), con asesoría
estadounidense se creó la Escuela de Lanceros que fue el primer centro de entrenamiento
contraguerrillero de Latinoamérica; y se intensificaron las becas ofrecidas a militares
79 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (III): “Los regímenes militares”, en revista Análisis Político Nº 3¸ Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Enero-Abril, 1988, p. 6. 80 Ibíd., p. 10. 81 ALAPE, Arturo, ob.cit., p.182. Como resultado fueron muertos gran cantidad de civiles de todas las edades, hombres y mujeres por la acción directa de morteros, bombas y metrallas, así como por el hambre del bloqueo y las duras condiciones del desplazamiento (Ver crónica de Teresa Matiz de Prada en este libro, pp.185-197). De otra parte, la acción hizo posible la construcción de solidaridades entre los campesinos atacados, afianzando su convicción en la resistencia, y en la marcha, en el éxodo se fundarán las llamadas “Repúblicas Independientes”. Es el ejemplo no aleccionador para los gobernantes del país de que las soluciones militares van reproduciendo otros variados factores de resistencia contrarios al fin por ellos perseguido. 82 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (III)...”, p. 23.
52
latinoamericanos para recibir instrucción en Estados Unidos y la zona del Canal de Panamá
sobre la base del acuerdo bilateral firmado en 1952. La modernización llegó también a la
fuerza aérea colombiana con la entrega de varios aviones de combate.
Como otras reformas de trascendencia al interior de las Fuerzas Armadas podemos
ubicar la creación de centros de instrucción, estudio y entrenamiento en técnicas de guerra
de guerrillas y adecuación de las unidades de mando; la fundación de organismos de
difusión ideológica y culturización bajo los nuevos parámetros de la guerra como la Revista
de las Fuerzas Armadas (1960) y la Revista del Ejército (1961) las cuales incluían escritos de
altos oficiales norteamericanos; la creación de la biblioteca del Ejército con la emisión
mensual de un libro, el nacimiento de la cátedra de filosofía militar y la renovación de la
Escuela Militar de Cadetes.
De este modo, la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional con su visión bipolar
de los conflictos, el sentimiento anticomunista, la concepción del enemigo interno, las
nuevas estrategias para enfrentar a la guerrilla, y el papel político de los militares como
constructores de nación, fue difundida ampliamente, fortaleciendo la dependencia militar e
ideológica de las Fuerzas Armadas colombianas en relación a las necesidades e intereses del
país del norte.
La tendencia ideológica del general Ruiz Novoa. Uno de los personajes que
impulsó la modernización de las Fuerzas Armadas desde el discurso extendido del
anticomunismo fue el general Alberto Ruiz Novoa, cuyos planteamientos se acercaron a la
“revolución pacífica” planteada por John F. Kennedy para proyectar internacionalmente la
Doctrina de Seguridad Nacional.
Ruiz Novoa tenía un acumulado en el campo político-militar, estuvo al frente del
Batallón Colombia en la guerra de Corea, se desempeñó como Contralor en la
administración Rojas Pinilla, y para los años 60 era Comandante General del Ejército,
experiencias que le permitieron desenvolverse con gran facilidad en el manejo y conducción
de toda la organización castrense.
Según Ruiz el problema de la democracia colombiana era, ante todo, de carácter
estructural promovido por la deficiente gestión de la clase dominante (terratenientes,
53
comerciantes, banqueros, liberales y conservadores) en su búsqueda constante por el
mantenimiento de privilegios, y la falta de conciencia política del pueblo colombiano. Esta
crisis política, económica y social era juzgada por el General como una bomba de tiempo
frente a la cual debía responderse con la instauración de una verdadera democracia
cimentada en el principio de la justicia social. Allí radicaba el gran desafío de Latinoamérica y
particularmente de Colombia: en su capacidad política para preparar y fundar el Nuevo
Estado83.
El Estado debía abanderar este proceso de reformas institucionales contando con el
apoyo de una “coalición modernizante” –de acuerdo al pensamiento de Walter Rostow-.
Esta coalición estaría integrada por los militares, una intelligentzia (profesionales, periodistas,
intelectuales, clero, universitarios), y un puñado de innovadores empresarios (industriales,
comerciantes, agricultores) que tendrían como tarea trazar los lineamientos para modificar
las condiciones de subdesarrollo del país, e impulsar el progreso material de la nación a partir
de la planificación económica y un plan de gobierno.
El problema de un país subdesarrollado, desde la perspectiva de Ruiz, era el problema
del analfabetismo, la poca instrucción técnica, la deficiente atención médica y provisión de
alimentos, y el poco ingreso per cápita, frente al cual planteaba:
Hay que elaborar proyectos definidos de habitación e higiene, instrucción artesanal e industrial, disciplina de trabajo, estímulo profesional y lucha contra los vicios que aquejan a esta masa de nuestra población (la clase trabajadora). Sin un pueblo sano, disciplinado, fuerte y buen trabajador, de nada nos valdrán el capital y las maquinarias, pues el elemento hombre es el que determina con su calidad el rendimiento y duración de los equipos y de su eficiencia de trabajo depende el éxito de la empresa de que forma parte84.
Vemos entonces una preocupación por la pobreza y el analfabetismo de las masas
colombianas entendidos como elementos promotores de una posible oposición violenta al
statu quo, por un lado, y trabas a la fluida acumulación de capital por el otro. Esta situación
se debe al hecho conocido de que el capital requiere para su desarrollo una mano de obra
eficiente, cualificada, así como un mínimo de condiciones materiales que aseguren la
explotación en el orden y la “normalidad”. Tal visión –que en el plano de la pedagogía se
vincula con el modelo “tecnológico”- reviste un modo particular de percibir al ser humano
83 RUIZ Novoa, Alberto, ob.cit. 84 Ibíd., p. 32.
54
(como recurso económico), al trabajo, al progreso, a la política, y en fin a toda la sociedad.
Este enfoque (aún vigente), segrega el desenvolvimiento social y humano del individuo en
relación consigo mismo y con los otros -su capacidad creadora, autonómica, la búsqueda
constante de su subjetividad y de la felicidad como principio, medio y fin-, pues su lugar (el
del individuo) es determinado por las relaciones del capital tanto en la escuela, el trabajo,
como en los espacios destinados al descanso.
Adicionalmente la justicia social, enarbolada como propósito fundamental, se entendió
en los estrechos límites de la caridad pública entre “ciudadanos”, entre países ricos y
pobres, en la ilusoria mancomunidad entre patrono y empleado, latifundista y campesino,
explotador y explotado, imperando los intereses particulares construidos desde el dogma
cristiano y como respuesta planteada en una dinámica de guerra frente al comunismo.
A esta visión dentro de las filas militares se le llamó desarrollismo. Esta tendencia
sustentó la intervención militar en los asuntos del desarrollo nacional durante la implantación
de la DSN y tuvo su mayor expresión en la acción cívica, entendiendo que las injusticias
sociales y económicas constituyen las fuentes directas de las amenazas que los militares
están llamados a combatir: la violencia, la alteración del “orden público”, el bandolerismo y
los brotes comunistas.
De otra parte, el General realizó fuertes críticas al “bandolerismo económico”
culpable de la inflación, el acaparamiento y la especulación evidenciando la tensión
existente entre las necesidades mínimas de satisfacción material para la mayoría de las
gentes en el marco de una democracia representativa, y las lógicas propias del capital,
violentas per sé. Ello dio pie para que desde el Comando General se propusieran reformas a
la economía, la tenencia de tierras y el régimen político, las cuales no tuvieron resonancia,
como era de esperarse, en el estrecho margen político del Frente Nacional. De todas
formas el éxito de esta visión radicó en la justificación que se hizo de la intervención militar
en campos ajenos a los propios, en el espacio de la justicia y las políticas públicas, dando
materialidad a la relación Fuerzas Militares-progreso que se hallaría presente en la Doctrina.
En oposición a todo lo anterior, se creó al interior de las Fuerzas Armadas una facción
de “resistencia” mayoritaria que no veía con buenos ojos las críticas realizadas al régimen
político, a la clase dominante, al funcionamiento de la economía y las propuestas de
55
reforma política y social. Hallaban en ellas una pretensión de inmiscuirse en asuntos al
margen de la competencia militar razón por la cual se intervino posteriormente para lograr
la destitución del general Ruiz Novoa en 1965 y la de los representantes más destacados de
esta línea de pensamiento en los años 70.
2.2.2 Inserción de la Doctrina y la Acción Cívico-militar
La inserción de la Doctrina de Seguridad Nacional en el país no fue de difícil
digestión por parte de las clases dominantes y los militares pues como ya hemos advertido,
el país se debatía en una guerra civil de guerrillas liberales y comunistas desde los años 50.
Por ello vino bien la Doctrina y el alto nivel organizativo que imprimió a esta lucha
antisubersiva, organización que se vio reflejada en la codificación de todo un
procedimiento destinado a la identificación y posterior neutralización del enemigo interno:
En primer lugar, procede poner fuera de combate a todos los simpatizantes posibles de la revolución. En principio, todos aquellos que antes de la eclosión de las guerrillas formaban parte de los partidos o de los grupos favorables a su causa, son simpatizantes posibles. Luego se trata de detectar todos los miembros activos de la subversión. Las técnicas son las más variadas: presencia permanente en todas partes, en los lugares de trabajo, de transporte, de diversión; arrestos rápidos, información. Sobre todo información (...) la tortura es la regla de juego (…). La inteligencia es uno de los dos polos de la guerra contrarrevolucionaria, el otro es la acción sicológica. Se trata de mantener a la población alejada de todo contacto con la subversión, para hacerlo existen técnicas de organización de la población (emigración forzada en las aldeas-refugio en Vietnam, o emigración hacia las grandes ciudades), enrolamiento, propaganda, control de toda crítica…85
Para llevar a la práctica las anteriores tareas era necesario el despliegue sistemático de
la guerra sicológica, pues ésta es la forma de combate privilegiada por la Doctrina por
encima de cualquier estrategia de tipo militar. Esta, que se desenvuelve en el campo del
poder sicosocial como componente de la DSN comprende desde acciones intimidatorias y
ejemplarizantes (a través del chantaje, la amenaza, la tortura, la masacre o muerte de
familiares y allegados utilizando diversas técnicas) hasta la acción social traducida en la
construcción de obras y la prestación de servicios sociales a las poblaciones vulnerables.
En este último caso apareció como novedosa la fórmula de la acción cívico-militar
retomada por el presidente estadounidense Jonh F. Kennedy en 1961, quien
“entusiasmado por la leyenda del cuerpo de ingenieros militares que se encargaban de
85 COMBLIN Joseph, ob.cit., p. 58.
56
todo tipo de servicios sociales en los lugares alejados a donde los llamaba el servicio
militar, (…) había creído descubrir ahí una técnica fundamental para conquistar la
simpatía de los pueblos seducidos por la revolución86.
Inspirada en esta idea la administración McNamara puso en marcha la Alianza para el
Progreso, un programa que pretendió mitigar algunos de los problemas sociales del pueblo
latinoamericano en lo concerniente a vivienda, salubridad e infraestructura. Con ésta,
Estados Unidos buscaba apropiarse de alguna manera de la revolución, conduciendo los
cambios por caminos pacifistas y desde cada uno de los Estados. Para ponerle en marcha
utilizó la compleja organización militar de modo que se matase dos pájaros de un solo
tiro, pues, mientras eran remendadas algunas de las consecuencias puntuales de la
injusticia social en los sectores más frágiles y peligrosos -postergando así los motivos de
un eventual levantamiento revolucionario o apoyo a la insurgencia-; se mejoraba la
imagen del Estado y las Fuerzas Armadas respecto de la sociedad ganando apoyo en el
marco de la contienda.
Los alcances globales de esta nueva arma en materia político-social son presentados
por Mattelart en los siguientes términos:
Con esta política (…) penetran la ideología y la práctica del desarrollo comunitario. Se trata de hacer que la población participe en su propio desarrollo. En el nivel de la producción, en el de la organización de barrios o colonias, de cooperativas, de centros de madres, de comités de habitantes, se aplicarán planes de movilización nacional. El ejército, (que no queda al margen de esta ostentación de fuerzas) tiene que salir de los cuarteles para asociarse a las tareas concretas del desarrollo nacional dentro del marco renovado de la democracia liberal. Una noción nacida en los años cincuenta durante la lucha contra los Huks en las Filipinas, se aplica a la descripción de este nuevo papel de las Fuerzas Armadas: la acción cívica87.
En Colombia tal esquema tomó forma en el Plan Laso88 (1962-1965) diseñado por
Estados Unidos y dirigido por el general Alberto Ruiz Novoa, bajo cuyo influjo se
86 Ibíd., p. 58. La revolución puede definirse, en este caso, como el “desarrollo de un sistema político alternativo usando todos los medios disponibles, especialmente la guerra de guerrillas, para derrocar el sistema existente y establecer un orden político cuyos valores, creencias y base socioeconómica difiere fundamentalmente de aquellos que detentan el poder en el sistema existente.” SARKESIAN, Low intensity Conflict: Concepts, principles and policy guidelines, citado por JARAMILLO, Isabel en El conflicto de baja intensidad, un modelo para armar, Ediciones Fondo Editorial Suramérica, Bogotá, 1988, p. 54. 87 MATTELART, Armand y Michèle, ob.cit., p. 231. 88 Se toma el nombre de LASO (Latin American Security Operation) teniendo en cuenta la lógica de la DSN y la fuerte intervención de Estados Unidos en la planeación de las estrategias internas no obstante las afirmaciones de Ruiz Novoa según las cuales el nombre del operativo dado por él mismo es “Lazo”, y algunos estudios sobre la materia que prefieren utilizar esta última denominación.
57
introdujeron, por primera vez y en forma dinámica, las dos caras –social y militar- de la
Doctrina de Seguridad Nacional.
La acción cívico-militar debió ser aplicada con éxito pese a su reciente formulación
pues poseía un importante valor agregado en el propósito de granjear el apoyo de los
campesinos y los indígenas para conseguir información sobre la ubicación y condiciones
materiales y subjetivas de las guerrillas, lograr la entrega de muchos combatientes e
identificar sus bases de apoyo.
De esta suerte, la labor sicológica permitió el ingreso de los militares en los poblados y
la extrapolación de sus funciones a los ámbitos políticos de la administración pública.
Oficiales y soldados inscritos en la lucha contra las ideas y en su esfuerzo por ganar la mente
de la población se aprestaron a servir en la construcción de escuelas, puentes, carreteables; en
el servicio de alfabetización y salud, de correo y transporte, en todos aquellos lugares
influenciados por la subversión.
En 1968, esa injerencia militar en otras agencias estatales fue extendida al Ministerio de Agricultura y al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) con el “Plan Andes” (1968-1970). Este operativo (también denominado “Plan decenal Anticomunista”) agregaba a los medios del “Plan Lazo” el propósito de procurar adjudicaciones de tierras a campesinos en regiones de actividad guerrillera89.
El Plan Laso -estrategia militar que en Colombia combinó todas las formas de lucha, la
militar y la sicológica-, terminó con la Operación Marquetalia destinada a poner fin a las
llamadas Repúblicas Independientes a propósito de las discusiones desarrolladas en el
Congreso y lideradas por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Al respecto, Jacobo Arenas, miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) ofrece la siguiente ilustración:
Dentro de sus planes el oficial militar (Álvaro Valencia Tovar) estuvo muy interesado en que se hicieran escuelas pues Riochiquito no tenía ni una. Hizo todas las gestiones para levantar un dinero para construirla y envió al pueblo más cercano (…), las puntillas y otros materiales de construcción, pero al mismo tiempo continuaba preparando el operativo. A los pocos días empezó en efecto el ataque. El (…), puso en marcha la llamada guerra interna90.
89 GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p. 25. 90 BEHAR, Olga, ob.cit., p.73. Como producto del hostigamiento militar hacia estas regiones del país nacen otras nuevas formas de lucha. Valga mencionar, la ofensiva militar de Rojas contra El Davis, que promovió la
58
Posteriormente esta modalidad de guerra fue afirmándose como práctica previa y
posterior al ataque tanto con la construcción de obras públicas y prestación de servicios
sociales, como con la presencia constante de las Fuerzas Armadas y la aplicación metódica
de un discurso solícito con las masas. De manera que el comportamiento afable del Ejército
fue tanto una expresión táctica y necesaria de la guerra contra la insurgencia que incluso se
normalizó como requisito en los manuales para suboficiales y soldados:
Es su obligación saludar así: Buenas tardes (o días) don Pedro o señora X, soy el soldado (grado) José
Pérez del Batallón (déle la mano amablemente). El Comandante de la base (grado y nombre) lo manda a saludar y le desea que se encuentre bien de salud, estoy a sus órdenes para servirle. (Felicítelo por su familia ejemplar, y por su trabajo abnegado). Recuerde que soy su AMIGO, si me necesita avíseme por favor… me voy contento de saber que usted está bien. Hasta pronto DON PEDRO91.
Todo ello reportó altos beneficios para el Ejército, fue este el caso de los operativos
llevados a cabo bajo la administración Lleras Restrepo (1966-1970) para eliminar
militarmente al Ejército Popular de Liberación (EPL). Ernesto Rojas, líder guerrillero de
esta organización sintetiza la efectividad de esta novedosa arma de guerra del siguiente
modo:
La primera es la fase del trabajo de inteligencia, el meterse y penetrar a la gente para buscar información sobre la ubicación del grupo guerrillero, sus características, su influencia y demás. Luego viene la tarea de la propaganda sicológica, de intimidación. (…) Ante el fracaso de su segundo cerco (de agosto de 1968 a febrero de 1969) el enemigo cambió de practica y comenzó, muy lentamente a penetrar determinadas áreas en donde masas que antes nos acogieron con entusiasmo y nos apoyaron vieron cómo el Ejército instalaba un puesto, una compañía, con ciento cincuenta hombres aquí, trescientos allá, y así inició un trabajo político que luego dio sus frutos. Muchas de esas gentes campesinas se nos voltearon y pasaron a formar las contraguerrillas. El Ejército se retiró apenas las tuvo organizadas y cuando nosotros quisimos volver nos vimos enfrentados a la propia población que nos obligó al repliegue92.
La acción cívica también fue empleada por la administración Pastrana Borrero como
complemento de las acciones militares que diezmaron al Ejército de Liberación Nacional
(Operación Anorí, 1973); en la etapa de consolidación de las zonas de actividad guerrillera
recién despejadas.
extensión del movimiento agrario por el Tolima consolidándose en Villarrica e iniciando el proceso en el sur: Más tarde con el Operativo Villarrica, con el consecuente desplazamiento y la experiencia en la lucha, nacen las “Repúblicas Independientes”. Así, con cada ofensiva, con cada plan militar, la resistencia se fortalece, aprende, se renueva (al menos militarmente), los anteriores son ejemplos de la dialéctica materialista según la cual el desarrollo y el cambio devienen de la lucha entre los contrarios. 91 BEHAR, Olga, ob.cit., p.125. 92 Ibíd., p.48.
59
Esta batalla contra las ideas abarca, así, todo lo que queda por fuera de la órbita oficial
militar; cobija el componente social del conglomerado y lo vincula, reduce y somete a las
necesidades tácticas de la guerra irregular. Por eso, a pesar de considerar que la acción
cívico-militar decae con la terminación del Plan Andes en 1970, dentro de las posteriores
políticas de seguridad nacional y estrategias de guerra se continuará disputando a la
población civil en ese intento muchas veces fructuoso de quitarle el agua al pez, ya que este
método cambia sus formas y momentos de aplicación no siendo desechado aún, y
aprovechando todo cuanto influya en la psicología humana.
Han quedado pues, evidenciadas, una vez más, las incompatibilidades entre el deber
ser y el ser del Estado colombiano, que sostiene intencionadamente abismos enormes en el
ámbito social a cuya omisión acuden los militares provisionalmente. Es así como las
necesidades sociales se vuelven oportunidades de victoria en la guerra anticomunista y el
bienestar humano cambia como objetivo nacional por el de la conquista armada del
territorio y el fortalecimiento militar de ese Estado políticamente débil.
2.2.3 Transformaciones Institucionales
La inserción de Colombia en la ola doctrinaria de la seguridad nacional implicó un
cambio en las relaciones entre poder y sociedad así como la reestructuración de la
institucionalidad política colombiana. Esto es así toda vez que el statu quo requiere del
cambio para mantenerse y proteger la estructura de dominación, experimentando cada tanto,
una especie de “mutación epidérmica” con la creación, supresión o modificación de
instituciones (legislación, sistemas de organización social, entes estatales, etcétera).
Durante el Frente Nacional (1958-1974) la militarización de lo político logró
enraizarse de tal modo en la vida del país, que se volvió en sí misma parte fundamental de
los proyectos gubernamentales, de la política nacional de ese momento en adelante. Esto se
ve por ejemplo en la estigmatización constante del enemigo político como enemigo
absoluto y eminentemente militar, el tratamiento policivo de los conflictos internos, el
desligamiento entre lo social y lo político, la percepción del pueblo como masa uniforme,
maleable, sumisa, pero peligrosa; y la tecnificación de los asuntos más importantes del país,
que en el mejor de los casos, fue cedido a al docto juicio de la tecnocracia.
60
Como primera medida debemos resaltar la introducción de la jerga doctrinaria dentro
de la legislación nacional, no sin antes subrayar la utilización sistemática del estado de sitio
o excepcionalidad constitucional, que es una de las condiciones sine qua non del modelo. Al
respecto sale a la luz una cuestión por demás trascendente: mientras la clase política
promueve a nivel nacional los cambios económicos tendentes a desarrollar un proyecto
específico del capital internacional, la Doctrina, desde el Comando General de las Fuerzas
Militares (o la institución que haga sus veces), actúa en el plano político previniendo y
reprimiendo la alteración de la vida estatal y social, y asegurando que mediante la fuerza se
cumplan los objetivos actuales del Estado.
Empero todo este proceso encuentra obstáculos en los cimientos -así sean formales-
de las democracias representativas. Esto es, el proyecto de seguridad nacional encuentra en
las cartas constitucionales y los organismos de control político un escollo muchas veces
difícil de franquear, de allí que se requiera legislar sin derecho suspendiendo el orden
jurídico aun cuando esta medida se alegue en defensa del mismo.
La recepción de los elementos y conceptos doctrinarios se realizó mediante el decreto
3398 de 1965 conocido como el Estatuto para la Defensa de la Seguridad Nacional. Bajo
esta norma de excepción, el gobierno conservador de Guillermo León Valencia (1962-
1966) adhirió a la Doctrina estableciendo su dinámica e ideología en el país, la cual se vería
posteriormente representada en las acciones del Estado. De esta suerte se establecieron:
1. Los objetivos nacionales del Estado, a saber: la independencia nacional y la
estabilidad de las instituciones patrias. 2. La introducción ideológica de la bipolaridad
diferenciando el campo de batalla entre el comunismo, encarnado en la subversión por un
lado, versus el binomio Estado-ciudadanía por el otro. En esta idea se presentó a la
insurgencia como un enemigo irracional luchando por desvertebrar un orden jurídico
preestablecido como justo, mientras a la ciudadanía se le determinó la obligación de
contribuir a la seguridad de la nación movilizándose, proporcionando información e
integrando cuerpos de defensa civil. (Artículos 24, 25,35). 3. El concepto de defensa
nacional definiéndole como “la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos
del país desde tiempo de paz para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las
instituciones”. (Artículo 2), y aludiendo como condición de la defensa y seguridad interior las
necesidades de movilización y requisición de ciudadanos y recursos por el poder nacional.
61
4. La preeminencia del presidente de la República y las Fuerzas Armadas como
conductores y ejecutores de los planes de defensa nacional y seguridad interior en
desconocimiento y separación de los otros ministerios y organismos estatales. (Título II,
Capítulo 1). 5. La militarización de la Policía Nacional que se tradujo en la
militarización del tratamiento a las transgresiones colectivas e individuales y otras acciones
legítimas como la protesta social: “A los comandos de las Fuerzas Militares les corresponde dirigir y
coordinar el empleo de la Policía Nacional (…) La Policía Nacional actuará a órdenes de los comandos
militares ante cualquier tipo de agresión exterior, conmoción interior o calamidad pública”. (Art. 19). Y 6.
La prescripción de la justicia penal militar para conocer, en estado de sitio, de las
infracciones cometidas por ciudadanos y militares relacionadas con el incumplimiento de
sus obligaciones en la defensa nacional, y la reforma del Código Penal Militar
ajustándole a los nuevos delitos, entre otros.
En el plano de las instituciones propiamente dichas se reconstituyó el Consejo Superior
de la Defensa Nacional (decreto 256 de 1960) presidido por el Ministro de Guerra y se
estableció su función como órgano asesor del Gobierno en el estudio y preparación de las
medidas requeridas para la defensa nacional. En 1965 se dispuso la creación de la Defensa
Civil, que debía prestar ayuda en casos de desastres naturales, colaborar en el control del
delito, la seguridad interna y estar a disposición cuando la situación de “orden público”
requiriese de sus servicios (en verdad, esta institución constituía una reserva de las Fuerzas
Militares)93. Posteriormente en 1967, se fundó la Junta Nacional de Inteligencia con el objeto de
“centralizar todas las actividades de espionaje interior” y reportar eficacia a las operaciones
militares. Mientras trabajaba ya el E-5 como departamento especial adscrito al Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, cuya misión consistía en asegurar la ejecución de
los programas de acción cívico-militar.
Pese a la creación de esta serie de dependencias y otras más, y la distribución
organizada de funciones; en materia política y militar siguieron presentándose grandes
dificultades debido quizá a la desarticulación de la estrategia nacional de seguridad en
relación con las políticas gubernamentales y la corta proyección política de los altos mandos
militares en cuyas manos se encontraba la orientación del país.
93 Ver GALLÓN, Gustavo, ob.cit.
62
Nació así el Estado de Seguridad Nacional colombiano sistematizando prácticas
propias como las declaratorias de estado de sitio y la criminalización de la protesta social, la
superposición del Ejecutivo sobre las otras ramas del poder público, la aplicación de la
justicia penal militar sobre delitos contra el Estado y otras contravenciones comunes, la
organización y sostenimiento de grupos de defensa en zonas rurales, la instauración de
“zonas de orden público” en donde la autoridad civil se debió subordinar a la militar,
masacres, desapariciones forzadas, tortura, exilio y en fin todo lo que compone la guerra
sicológica esbozada anteriormente.
No obstante, por sobre este panorama militarizado resulta interesante señalar que, a la
vez que aparecían leyes “transitorias” en el campo de la justicia y el orden público, se iban
tejiendo, de otro lado, las reformas económicas requeridas por el capital. De esta suerte,
durante el mandato presidencial de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) la política
económica pasó del Congreso al Ejecutivo mediante la reforma constitucional de 1968,
dando forma al proyecto nacional establecido por las “élites” políticas. En él la definición
de la economía y la seguridad interior -que abarcan los ámbitos sociales y políticos más
importantes del país- buscan ser tomadas con pragmatismo y con éste fin son sustraídas del
campo de la deliberación pública en el espacio del Congreso para ser puestas, insistimos,
bajo el criterio de la tecnocracia civil y militar.
Al inicio de la década del 70, bajo la administración Pastrana Borrero (1970-1974), la
Doctrina se fortaleció en el ámbito político y jurídico. Los militares –por intermedio del
Comando General de las Fuerzas Militares y el Estado Mayor del Ejército- empezaron a
actuar deliberantes en la política del país emitiendo informes anuales al Congreso de la
República en los que abordaron de forma sugestiva temas de importancia como la defensa
nacional, la seguridad interior, la estrategia política nacional, e incluso cambios a los
objetivos mismos del Estado94. En el mismo sentido, el decreto 1573 de 1974, reorganizó la
“nación” en cinco frentes de guerra (tal como se dispuso en el conflicto contra el Perú),
bajo la circulación del concepto doctrinario de poder nacional95, al tiempo que determinó la
planeación estratégica de la seguridad.
94 Ver varios ejemplos sobre el particular en GALLÓN, Gustavo, ob.cit., pp. 67-68. 95 De este modo el país se dividió en Frente Interno, Frente Externo, Frente Económico, Frente Técnico-científico y Frente Militar que correspondían con los cuatro sub-poderes del poder nacional según la Doctrina, el poder político, económico, sicosocial y militar. Ver GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p. 70.
63
Pero al tiempo que el país se dividía estratégicamente en frentes de guerra, la norma
asignaba al Consejo Superior de la Defensa Nacional, organismo superior militar, la
responsabilidad de determinar los fines del Estado, los objetivos de la nación, y planear la
estrategia nacional reglamentándole en el concepto estratégico nacional o lo que es lo
mismo, en el texto de la política de gobierno.
Tal adecuación material del Estado conforme a los propósitos de la DSN se
complementó desde 1970 con la difusión ideológica entre los “cuadros” de la población
civil. Se trataba de legitimar la Doctrina mediante el convencimiento y la persuasión del
conglomerado por la aceptación de las lógicas de la guerra en todo tiempo. A tal efecto se
realizaron, al principiar la década, cursos de información sobre defensa nacional para
ejecutivos dictados por la Escuela Superior de Guerra; cursos de ascenso militar para
aquellos que permaneciesen en situación de reserva, e incorporaciones de profesionales a
las Fuerzas Armadas. Además se hizo énfasis en la obligatoriedad del servicio militar (ley 1
de 1945), y las academias militares se fundaron con el propósito de impartir la Doctrina en
la educación media.96
2.3 PROTESTAS, BOTAS Y FUSILES: EL AUGE DE LA DOCTRINA
2.3.1 La Doctrina bajo el Mandato Claro
Miremos ahora con algo de detalle los aspectos prácticos de tal modelo. A partir de
1970 los militares entraron a ejercer un rol deliberativo en la política, fenómeno al que
Jorge Tapia Valdés dio en llamar “neoprofesionalismo97.” Se trataba del papel social y
político asumido por los militares como parte de la estrategia estadounidense de
contrainsurgencia a partir de 1969 y que en muchos países suramericanos conoció la
forma de dictaduras militares. Dentro de esta directriz estratégica la paz de la sociedad,
dependiente de las políticas nacionales de Estado, se hallaría sujeta en adelante y con
infortunio al juicio castrense.
96 Ver GALLÓN, Gustavo, ob.cit., p. 75. 97 TAPIA Valdés, Jorge, ob.cit.
64
El Frente Nacional expiró formalmente en 1974 cuando arribó a la presidencia
Alfonso López Michelsen (1974-1978) apoyado en la legitimidad de 3 millones de votos y
las promesas de revertir los estragos sociales provocados por la economía y manifestados
en el alto costo de la vida y el desempleo. Su mandato que supondría la ruptura de 16
años de exclusión política y represión oficial pronto abocó en la generalización de los
esquemas de violencia.
Frente a problemas específicos como el despido generalizado de trabajadores
sindicalizados, la inflación, la concentración de la tierra, el desempleo y la centralización
política y administrativa; la organización social obrero-campesina tendió a fortalecerse
llevando sus reivindicaciones al más alto nivel de la protesta social y la acción colectiva
como formas “naturales” de participación en un sistema político precario, carente de
partidos políticos.
De modo que las manifestaciones públicas, las huelgas, el paro cívico y la
recuperación de tierras se extendieron al punto que amenazaron con fuerza la estabilidad
institucional del régimen. Ante esta alteración intermitente del “orden público” la
administración López Michelsen -bajo tutoría militar- no concibió otra forma de dar
salida a la crisis que la ya practicada por sus antecesores declarando la anormalidad
constitucional (decretos Legislativos 1136 y 1249 de 1975) y una copiosa normatividad
restrictiva de los derechos y libertades civiles.
En el tratamiento del conflicto armado interno, las Fuerzas Militares se encontraron
persiguiendo a la dirigencia del EPL que, entrada en su segunda fase (1974) y después de
un proceso de autocrítica, había decidido pasar del campo a la ciudad para iniciar la
creación de estructuras urbanas. En las operaciones se dio muerte a Pedro León
Arboleda, uno de sus máximos dirigentes, y fueron capturados 70 miembros de esta
organización que pasaron a ser juzgados por jueces militares en consejo verbal de guerra,
sindicados por el delito común de “asociación para delinquir” y no por el delito político
de “rebelión”.
Con este operativo de trasfondo se prepararon las medidas de institucionalización
de la DSN propias de una fase progresiva: mediante el Decreto Legislativo 1533 de 1975
se tipificó como delito toda reunión pública, paro, huelga, expresión oral o escrita contra
65
las instituciones o las autoridades públicas, y se indicaron penas y sanciones pecuniarias,
estableciendo por demás, un arbitrario procedimiento penal. Este decreto fue tristemente
conocido por su inconstitucionalidad ya que violaba la Carta política del país y el Código
de Procedimiento Penal especialmente por quebrantar las garantías al debido proceso de
los capturados. De esa manera, mediante la promulgación de legislación “transitoria” y
excepcional se empezó a modificar el régimen de derecho colombiano, un fenómeno
característico de los Estados de Seguridad Nacional.
Al amparo de este decreto y del artículo 83 del Código Nacional de Policía que
permitía “entrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuera de imperiosa
necesidad” las Fuerzas Armadas -militares y policíacas-, y los servicios de seguridad e
inteligencia del Estado practicaron metódicamente allanamientos, redadas, detenciones
arbitrarias, desapariciones forzosas, asesinatos y torturas. Esta última como método de
investigación y prevención dentro de la guerra sicológica contra el adversario no conoció
límite, llegando al grado de amedrentar a las víctimas con la virtual utilización del león del
zoológico de Pereira en los interrogatorios.
Este conjunto de acciones fueron llevadas a cabo bajo el “Plan Tricolor”, ideado por
el Estado Mayor del Ejército y puesto a cargo de la Brigada de Institutos Militares (BIM).
Una conocida revista de circulación nacional detalla el Plan como sigue:
El Plan tricolor-cascabel hace parte de toda la política represiva que se lleva a diario contra el pueblo colombiano: las acciones cívico-militares, la Defensa Civil, la militarización de zonas campesinas y urbanas, la presencia del DAS rural y urbano, la participación del F-2 en la guerra contra las organizaciones políticas revolucionarias, y los trabajos de los cuerpos de inteligencia E-2, B-2 y G-2. La acción represiva se centra inicialmente en el control social a las poblaciones urbanas y luego a las rurales. Se trata de requisas sistemáticas, allanamientos silenciosos, detenciones masivas, procedimientos penales abreviados, control de documentos, preparación al nuevo documento–cédula del DAS. Esta metodología obedece a la política de guerra contra el pueblo colombiano que se refleja en un constante y sistemático control de las movilizaciones de masas98.
Casi todos los sectores sociales fueron golpeados fuertemente por el nuevo modelo.
El decreto 528 de 1976 suspendió derechos y garantías políticas, civiles y laborales de todos
los trabajadores dependientes del Estado, al tiempo que coartaba la posibilidad de
98 Revista Alternativa, octubre 24 a noviembre 6 de 1974, p.11
66
expresión de los estudiantes al considerar la perturbación de la vida educativa como uno de
los factores graves de alteración del “orden público”. En sus planas se lee:
Art. 1º, Los empleados públicos y trabajadores oficiales escalafonados en la carrera administrativa, docente, carcelaria y penitenciaria, diplomática y consular que participen en huelgas o en reuniones tumultuarias o que entraben o impidan la prestación del servicio o que inciten a participar en los hechos aquí expresados podrán ser suspendidos de sus empleos sin derecho a remuneración y sin el lleno de los requisitos legales y reglamentarios para dicha suspensión que no será menor de seis meses ni mayor a doce (…) Art. 4º, Constituirá causal de terminación de los contratos de quienes no estén escalafonados (la participación del trabajador en estos hechos), (…) Artículo 5º, Constituirá causal de cancelación de la matrícula en los establecimientos oficiales, de educación media y superior del orden nacional, departamental y municipal, la participación del estudiante en cualquiera de los hechos determinados en el artículo 1º. El estudiante sancionado conforme al presente artículo no podrá ser admitido en ningún otro establecimiento oficial de educación y en su hoja de vida se anotarán la cancelación y las causas que la motivaron99.
En junio de 1976 se levantó el estado de sitio pero cuatro meses después volvió a
decretarse (Decreto Legislativo 2131) por la crisis del Sistema Nacional de Salud y
específicamente a causa del paro realizado por los trabajadores del Instituto de Seguros
Sociales en septiembre de ese año, que afectó la prestación del servicio. En este momento
el Gobierno presentó la medida como necesaria para proteger la salud de los ciudadanos y
mediante la promulgación de nuevos decretos se recogieron las disposiciones contempladas
en la anterior declaratoria de excepción.
Por otra parte se extendieron las competencias de la justicia penal militar a delitos
“contra el régimen constitucional y la seguridad interior del Estado”, asociación para
delinquir, apología al delito, secuestro, extorsión, chantaje y conexos, así como al homicidio
de cualquier miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (Decreto 2260 de
1976).
A su turno el decreto 2578 de 1975 operó como mecanismo preventivo del Estado,
justificando la violación al principio de presunción de inocencia y sometiendo a un rígido
control a la población, pues, en él se establecía como obligatorio el “porte de caución de
buena conducta” para individuos sospechosos por sus hábitos o formas de vivir,
antecedentes penales o policivos, a los que “de ordinario deambulen por las vías públicas”,
forasteros e invasores. En esta medida las Fuerzas Armadas se apoyaron para cometer todo
99 Diario Oficial 34524, Abril 05 de 1976, p.41.
67
tipo de arbitrariedades contra la población especialmente en la realización de paros cívicos
declarados ilegales.
Pero quizá el caso más importante que ilustra la intervención de los militares en las
decisiones políticas de alto nivel y su papel deliberativo es la respuesta de la institución
castrense al paro cívico anunciado para el 14 de septiembre de 1977 por las cuatro centrales
obreras más grandes del país en aquel momento, la CTC, UTC, CSTC y CGT.
El Gobierno declaró la ilegalidad del paro alegando los móviles subversivos (pro-
comunistas) de éste y expidió nuevos decretos tendientes a reducir los riesgos de
desestabilización “institucional”. Se olvidaba tal vez del primer paro cívico realizado veinte
años atrás por las “élites” políticas contra el gobierno de Rojas Pinilla que tenía claras
finalidades de subvertir el orden establecido. Sin embargo dado que el paro cívico del 77 -
realizado con el fin de presionar al Gobierno para aumentar los salarios y crear una prima
móvil-, era producto de la decisión de las bases sociales, se le desconoció como mecanismo
político de presión válido, reprimiéndole por tanto.
Entre las varias medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar el paro, se
constriñeron las concentraciones políticas a recinto cerrado y se limitó a los medios
masivos la posibilidad de informar:
El gobierno nacional prohibió (…) la transmisión a través de radiodifusoras y canales de televisión de cualquier tipo de información sobre paros, huelgas, movimientos cívicos o situaciones de “orden público”. La enérgica medida fue adoptada por recomendación del Consejo Superior de la Seguridad Nacional, luego de un análisis del ensombrecido panorama socio-económico que vive el país, a pocas horas de concretarse un paro nacional ordenado por las cuatro poderosas centrales obreras que operan en Colombia100.
Finalmente el paro se realizó y como consecuencia miles de personas fueron detenidas
y desaparecidas, sus barrios acordonados y sus domicilios allanados. Ello provocó la
aversión y denuncia de importantes sectores sociales, abogados y jueces que llevaron el
acontecimiento hasta el Parlamento. Entonces la fuerza militar se pronunció en carta del 19
de diciembre de 1977 firmada por 33 generales, jefes de guarniciones de todo el país, en la
cual resolvieron “solicitarle nuevamente al Gobierno que dicte por el procedimiento de
100 Diario matinal conservador El País, Cali, Septiembre 2 de 1977, “Censura total sobre paros y orden público”. El subrayado es nuestro.
68
emergencia eficaces medidas adicionales para garantizar a la institución militar y a sus
integrantes la honra a que tienen derecho y a todos los ciudadanos la seguridad que
requieren.”101 Con esta petición colectiva de los militares al Gobierno Nacional se hizo
pública, una vez más, la violación al principio constitucional de no deliberación de las
Fuerzas Armadas. Entre las últimas disposiciones de seguridad la Corte Suprema de Justicia
aprobó una reforma al Código Penal realizada por el Ejecutivo bajo estado de sitio
(Decreto Legislativo 0070 de 1978), en la cual se contemplaba de manera implícita la pena
de muerte.
Lo anterior fue posible gracias a la fuerza adquirida por el sistema de seguridad
nacional pues éste “hace saltar las barreras de las garantías constitucionales: hay que hacer
lo que hay que hacer, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o
anticonstitucional; si la Constitución le molesta se cambia la constitución.”102 Un apunte
final. En el plano concreto del conflicto armado un sector del ELN y posteriormente las
FARC buscaron intermediarios con tentativas de acercamiento al gobierno de López
Michelsen pero los militares, dueños de las políticas de guerra, se encargaron de romper los
contactos y obstaculizar cualquier encuentro, tal como ocurrirá cada vez que la ocasión lo
permita.
2.3.2 El Estatuto de Seguridad
A continuación, bajo el gobierno liberal de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) la
Doctrina de Seguridad Nacional se manifestó con mayor intensidad igualando o incluso
superando, en la aplicación de mecanismos violentos e irregulares, las prácticas doctrinarias
de sus homólogos militares del Cono Sur.
Turbay inauguró su periodo presidencial estableciendo el tristemente célebre
“Estatuto de Seguridad” (Decreto Legislativo 1923 de 1978), en uso del estado de sitio
declarado durante el Gobierno anterior. Este decreto encontró el rechazo de diversos
juristas pues se continuó con la línea de alterar el orden normativo ordinario modificando
101 Diario El Tiempo, Cali, 20 de Diciembre de 1977. 102 COMBLIN Joseph, ob.cit., p. 69.
69
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía por
vías que son excepcionales y transitorias por naturaleza103.
Desde el paro cívico de septiembre de 1977 habían aumentado los allanamientos, las
redadas, las desapariciones forzosas, las torturas y los homicidios, de modo que fue un
lugar común la continuación de las mismas en uso del 1923 y el artículo 28 de la
Constitución Nacional que autorizaba al Gobierno la retención de personas hasta por diez
días sin haberse formulado cargos formales en su contra.
Para finales de los años 70 la insurgencia se encontraba en un proceso de renovación y
auge y las acciones del grupo guerrillero urbano M-19 desbordaban las expectativas de la
sociedad en razón de su alto contenido simbólico, sumado al carisma y pensamiento de sus
más connotados dirigentes. Después de la espectacular sustracción de 7 mil armas del
Cantón Norte pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia del 31 de diciembre de
1978 al 1 de enero de 1979 por esta organización política, el gobierno Turbay emprendió
una colosal ofensiva militar por las principales ciudades. Como resultado de este operativo
se recuperó parte del arsenal que había sido repartido entre las gentes, se capturaron
cuadros, mandos medios y la Dirección Nacional del M-19, pero también cayeron un
sinnúmero de civiles no vinculados a la insurgencia que fueron torturados y desaparecidos
por los organismos de inteligencia del Estado y sus Fuerzas Armadas.
Las caballerizas de Usaquén fueron especialmente conocidas a nivel internacional
como centro de aplicación sistematizada de la tortura. El procedimiento era, en las más de
las veces, el siguiente: primero, se allanaba la vivienda o se producía la captura sin que
mediara orden judicial; después el capturado era reseñado en el F-2 y luego conducido a la
BIM en donde era torturado y obligado a confesar en su contra. La tortura podía durar
días, semanas o meses. En ella “ordinariamente se dan tres etapas: la tortura sicológica que
incluye la privación sensorial y las amenazas contra los parientes más allegados; la tortura
física que consiste en golpes, punzadas, quemaduras, ahogamiento, colgamientos; y
métodos más sofisticados practicados en centros clandestinos como la aplicación de
103 Ver VÁSQUEZ Carrizosa, Alfredo, “El Estatuto de Seguridad y el modelo del fascismo dependiente”, en COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Represión y tortura en Colombia: Informes internacionales y testimonios nacionales, Fondo Editorial Suramérica, Colección Política, Bogotá, 1980, pp. 9-26.
70
corrientes eléctricas en las zonas más sensibles del cuerpo y la administración de drogas”104.
Posteriormente, el maltrecho cuerpo era conducido a otra dependencia (el Batallón Rincón
Quiñónez en la ciudad de Bogotá) en donde médicos y militares se aseguraban de su
recuperación cuidando que las señales de la tortura desaparecieran. Por último, el inculpado
era trasladado a prisión donde permanecía a la espera de ser juzgado por un parcializado
consejo verbal de guerra105.
La militarización de regiones campesinas y el control armado sobre resguardos
indígenas también fue parte de la política de seguridad del Gobierno afectando nueve zonas
del país: Urabá, Sucre, Sur de Córdoba, Magdalena Medio, Tierradentro (Cauca), Caquetá,
parte del Tolima, Sur del Huila y la Guajira, teniendo como efecto el desplazamiento del
campesino, el abandono de todo programa de desarrollo de la comunidad, y la reducción
del trabajo agrícola.106
En 1979 el presidente Turbay Ayala invitó a Amnistía Internacional al país para que
confirmara el respeto a los derechos humanos y la falsedad de las acusaciones hechas por la
subversión. Amnistía envío una misión verificadora que no tardó en comprobar la veracidad
de las denuncias y la violación de los tratados internacionales ratificados por Colombia
entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Acto seguido preparó un
informe subrayando al Gobierno la necesidad de levantar el estado de sitio y derogar el
Estatuto de Seguridad, restituir la justicia ordinaria para el tratamiento de delitos civiles,
garantizar el debido proceso de los inculpados, restablecer los derechos civiles y políticos
de todos los ciudadanos, y tomar medidas contra el paramilitarismo.
La ofensiva militar contra la sociedad siguió en pie, sin embargo se produjo un hecho
que haría cambiar un tanto la situación. En febrero de 1980 el Comando “Marcos
Zambrano” del M-19 se tomó las instalaciones de la embajada de República Dominicana
con el propósito de presionar al Gobierno para que liberase a 311 presos políticos de las
distintas organizaciones insurgentes y conseguir 500 millones de dólares. Entre los rehenes
104 Conclusiones y Recomendaciones del Informe de Amnistía Internacional presentado al gobierno Turbay, COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ob.cit., p. 60. 105 Ver BEHAR, Olga, ob.cit., p.165. 106 COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ob.cit., pp. 64-65.
71
se encontraban los embajadores de Estados Unidos, Egipto, Suiza, Israel, México, Austria,
Costa Rica, y el representante de la Santa Sede. La toma adquirió entonces una dimensión
internacional y aunque no se logró la liberación inmediata de los presos se estima que el
resultado más importante fue la denuncia pública frente a los otros Estados sobre la
violación de derechos humanos en Colombia y el reconocimiento del M-19 como fuerza
beligerante político –militar107.
Ante el suceso el presidente Turbay ordenó a la televisión y la radio limitarse a emitir
boletines informativos, afirmó que no otorgaría categoría política a la guerrilla y que ante
las exigencias, no daría “ni un peso ni un preso”. Sin embargo las presiones de los distintos
gobiernos afectados y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, le
obligó a establecer una negociación que terminó con la entrega de los rehenes y la salida
segura de los militantes de la embajada hacia la isla de Cuba después de dos meses de
ejecutada la “Operación Democracia y Libertad”.
En el desarrollo del acontecimiento se produjo un hecho revelador de la concepción
doctrinaria de la seguridad nacional. Jaime Bateman Cayón (el Flaco) comandante general
del M-19, sostuvo una entrevista con el periodista Germán Castro Caycedo mediante la
cual expuso las propuestas de la organización e invitó al presidente a un encuentro en
Panamá para hablar sobre la problemática nacional. Turbay se negó a aceptar la propuesta y
tiempo después manifestó: “En el caso de Panamá, no eran indultados sino personas que
estaban incursas en un delito y el Código Penal Militar es muy severo sobre eso, califica
como traición la conversación de cualquier militar con uno de los sujetos de la insurrección,
y el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas”108. Lo que la
situación presenta, paradójicamente, son dos actitudes en el discurso y la práctica del
Gobierno que serán observables en la trayectoria de todos los periodos presidenciales: por
un lado está la pretensión de sujeción estricta de la ley en una administración que promovió
la violación explícita y sistemática de los derechos humanos, civiles y políticos de la
población pasando por encima de toda la normatividad existente sobre el tema. Y en
segundo lugar se encuentra la preeminencia del aspecto militar sobre el político cuando
107 Ver BEHAR, Olga, ob.cit., p. 189. 108 Ibíd., p. 220.
72
frente a una posibilidad de diálogo Turbay se asume como comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas antes que como político y jefe de gobierno del Estado colombiano.
Después de la toma de la Embajada Turbay presentó al Congreso un deleznable
proyecto de amnistía condicional, y por sugerencia de Carlos Lleras Restrepo nombró la
primera Comisión de Paz en 1981. Esta resultó inoperante en la práctica pues el primer
mandatario se negó categóricamente a estudiar o aceptar las propuestas por ella presentadas
tras haber realizado un trabajo disciplinado sobre la situación inmediata del conflicto.
No obstante estas consideraciones y la veracidad de las denuncias sobre los casos
violatorios de la Constitución y los derechos fundamentales de cientos de personas, Turbay
fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y los
expedientes emitidos por el Consejo de Estado, en donde se ordenaba la investigación y
seguimiento judicial a estos hechos, fueron quemados junto con los cuerpos de
magistrados, empleados y visitantes durante la “contratoma” del Palacio de Justicia en
noviembre de 1985.
Lo anterior revela que pese a las acciones formales con tendencias democráticas que
pueda ejecutar un gobierno doctrinario en el desarrollo del mandato -bajo presiones
sociales o sin ellas-, éstas no serán nunca aplicables ni efectivas hasta tanto no se desarticule
la “línea dura” que comanda la política del país, tarea por demás espinosa si se tiene en
cuenta que sus representantes (políticos, militares, terratenientes, empresarios,
comerciantes) concentran intereses que se resisten abandonar u obturar en aceptación de
aperturas políticas democráticas.
73
Caricaturas de la época que ilustran la lógica de la Doctrina:
Tomado de Revista Alternativa, mayo-junio de 1975.
Tomado de Revista Alternativa, Nº 181
74
Capítulo 3
Del perfeccionamiento de la Doctrina de Seguridad Nacional y
la diversificación del enemigo interno: 1982-1998
“El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que, por el contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse aquellos que detentan el poder”
Michel Foucault
n la década de 1980, la Doctrina de la Seguridad Nacional sufrió una serie de
transformaciones operativas que se agruparon bajo el nombre de Conflicto de Baja
Intensidad (CBI). Este cambio surgió de la necesidad de Washington de replantear toda la
estrategia militar enfocada hacia el exterior luego de experimentar la primera gran derrota
de su existencia como imperio en las selvas de Vietnam (1975), y la consiguiente oleada de
desprestigio que se levantó entre la opinión pública estadounidense contra el Gobierno por
el manejo de aquel conflicto. A ello se sumó el triunfo de los ejércitos comunistas en varios
países asiáticos, el afianzamiento de procesos revolucionarios en Centroamérica, y el inicio
de una larga crisis de hegemonía en el campo financiero y tecnológico dada por la
emergencia de Estados europeos que recuperados en sus economías, entraron a competir
en la producción y la investigación.
Todo ello fue asumido con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca (1981-1989)
bajo cuyo mandato reviven con gran fuerza los postulados ideológicos de la Doctrina, y se
asumen nuevas tácticas de guerra en donde jugará un papel importante la clandestinidad,
privatización y narcotización de la política de seguridad nacional para los países de la
periferia y particularmente para el Caribe, Centro y Sur América.109
La administración Reagan comenzó por redefinir el tipo de amenazas a su seguridad
diseñando un cuadro diferenciado del conflicto en donde se tomaron como variables la
109 Ver RESTREPO, Luís Alberto, “Estrategia norteamericana de seguridad y tráfico de drogas” en Revista Análisis Político Nº 13, mayo-agosto de 1991, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Colombia, p. 22.
75
intensidad y la probabilidad. Ello produjo la tipología del conflicto en guerras de baja,
media y alta intensidad, que oscilaban entre actos de terrorismo y guerra irregular en
Estados inestables (baja intensidad), pasando por la guerra de guerrillas prolongada y la
guerra civil (media intensidad), hasta llegar a la guerra convencional y la confrontación
nuclear con las potencias comunistas (alta intensidad). Tal organización permitió establecer
mejor los objetivos perseguidos en cada situación, el grado de intervención estadounidense,
las tácticas y la naturaleza de los recursos humanos y materiales que debían ser aplicados.
De entre estos tres tipos de conflicto, el CBI fue considerado como el más importante
y probable pues la insurrección y los procesos de autonomía política en el Tercer Mundo
(Asia, África, Medio Oriente y América Latina) continuaban siendo la mayor amenaza a la
estabilidad presente y futura de Estados Unidos. A este nivel, de acuerdo con el Mandate
Leadership de la Heritage Foundation, “los programas de ayuda pueden ser realizados en
regiones conflictivas, sin la carga ominosa que significa la intervención militar directa (...),
los debates en el Congreso, los movimientos antibélicos (y) los marines muertos devueltos
a Estados Unidos”110. Se pretendía evitar con ello los problemas surgidos en Vietnam, así
como los diversos cuestionamientos de la sociedad política y civil a nivel nacional y externo
que adquirirían mayor peso en un orden internacional aclimatado en el discurso de los
derechos humanos desde la administración Carter.
De este modo se dio prelación al entrenamiento de Fuerzas Militares “nativas” y la
intervención indirecta de Estados Unidos a través de corporaciones privadas. La guerra se
convertiría en adelante en el más lucrativo de los negocios favoreciendo el interés de
empresarios estadounidenses fabricantes de armas y equipo de guerra, propietarios de
escuelas de asesoramiento y entrenamiento militar, e intermediarios, así como de
empresarios, políticos, militares y policías de los países receptores.
Para llevar a cabo la guerra limitada en Centroamérica, en donde se buscó derrocar al
gobierno sandinista nicaragüense (elegido constitucionalmente), y neutralizar el
movimiento FMLN en el Salvador; la administración Reagan instituyó un gobierno
“paralelo”111 por fuera de las disposiciones del Congreso de Estados Unidos, e inició la
110 JARAMILLO, Isabel, ob.cit., p. 32. 111 De éste hacía parte el Consejo Nacional de Seguridad, los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
76
construcción de los cimientos de la nueva estrategia. Reagan promovió fuerzas
paramilitares en Nicaragua (denominadas “contras”) e hizo uso de mercenarios extranjeros
así como de traficantes de armas y droga, que les alimentaron táctica, logística y
financieramente. En este sentido, destaca la connivencia entre funcionarios
estadounidenses y narcotráfico que una década más tarde habría de romperse para justificar
la intervención de Estados Unidos en una parte del mundo cuando hubo cesado la guerra
fría, y cuando el poder de este agente de la guerra alcanzó grandes proporciones.
La política de seguridad de Estados Unidos en el exterior se había privatizado: las
operaciones (directas o encubiertas) a ser aplicadas en los países que presentaban síntomas
de inestabilidad eran planeadas en Washington, orientadas por funcionarios estatales de los
dos países, y ejecutadas por particulares aglutinados en redes privadas, lo que permitía un
amplio margen de acción por fuera de limitaciones de tipo jurídico, ético, así como la
evasión de responsabilidades directas al gobierno de Estados Unidos, bien por la eventual
muerte de los agentes en las operaciones, bien por las violaciones que éstos cometiesen en
territorio extranjero.
Así mismo, creció el poder de las organizaciones internacionales de la droga que
durante toda la década contaron con la tolerancia e incluso la protección de Estados
Unidos. Los narcotraficantes se expandieron gracias a la infraestructura clandestina
montada por ese país para la guerra, financiaron las operaciones contrainsurgentes y fueron
también miembros de los Grupos de Acción Cívico-Militar112 organizados en Nicaragua e
integrados por mercenarios y delincuentes.
El Conflicto de Baja Intensidad -plasmado en el Manual FM-100-200 de 1981-, fue
organizado en cuatro categorías de acción militar: 1. Insurgencia y contrainsurgencia; 2.
Lucha contra el terrorismo; 3. Operaciones de mantenimiento de la paz, y 4. Operaciones
de contingencia en tiempo de paz.
En el particular caso colombiano el CBI –que debe su carácter de baja intensidad en
relación al grado con que afecta los intereses estadounidenses y no al nivel que se mantiene
112 “Los miembros de los Grupos de Apoyo Cívico-Militar (…) eran de diverso origen: ciudadanos norteamericanos, cubano-norteamericanos radicados en Miami, mercenarios israelíes y británicos, el propio general Noriega, algunos colombianos ligados al cartel de Medellín, y diversos elementos aislados de los países centroamericanos.”, RESTREPO, Luís Alberto, ob.cit., p. 30.
77
en el interior del país a condición de lo cual se hablaría de un conflicto de alta intensidad-,
se aplica en la categoría de Contrainsurgencia113 definida como el conjunto de operaciones
destinadas a apoyar a gobiernos "amigos" de los Estados Unidos en contra de sus
"enemigos internos". Estas operaciones deben encajar en un plan global del gobierno civil
establecido y son generalmente dirigidas por el embajador norteamericano en el país. El
apoyo militar norteamericano debe limitarse, dentro de lo posible, a la asistencia policíaca y
el entrenamiento militar, aunque no se descarta el involucramiento directo cuando las
condiciones lo hagan necesario.114 Bajo esta directriz se inició una nueva etapa de la
violencia en Colombia signada por la importación de mercenarios británicos e israelíes para
la preparación de grupos de civiles armados, y la reproducción acelerada del
paramilitarismo especialmente en las zonas productivas del norte y centro del país.
Esta es pues, a grandes rasgos, la forma que adquirió la estrategia militar para América
Latina en los ochenta: la Doctrina de la Seguridad Nacional guardó coherencia en
postulados ideológicos y la dinámica misma para combatir al enemigo interno:
clandestinidad, uso de todas las formas de lucha, legales e ilegales, guerra psicológica,
control de la población, etcétera-. Lo que se produjo bajo la insignia CBI, fue el
refinamiento y mayor organización de la táctica militar teniendo en cuenta la coyuntura en
el orden internacional: la inminente caída del muro de Berlín, la preeminencia de un
discurso de derechos humanos y no de coacción, la derivada restricción a gobiernos
autoritarios y militarizados y paralelo a ello, la necesidad de seguir manteniendo a raya
cualquier movimiento revolucionario y el control de la región, indispensable para sortear la
crisis hegemónica de Estados Unidos a todo nivel. Se promovió así el narcotráfico y el
paramilitarismo como nuevos elementos de la Doctrina lo que complicó mucho más la
situación de violencia sistemática padecida particularmente en Colombia.
113 “La insurgencia se refiere a la guerra no convencional o a la organización, entrenamiento y apoyo de fuerzas guerrilleras con el objetivo de derrocar un gobierno "enemigo" de los Estados Unidos. Esto se realiza generalmente a través de un grupo selecto de asesores o de una organización de ayuda. Las operaciones psicológicas forman parte integral del apoyo a la insurgencia para conseguir la movilización de la población en su favor mediante el desarrollo de campañas de desprestigio del gobierno.” http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/CBI5.htm. Algunos ejemplos de estas operaciones que se desarrollaron incluso con anterioridad a la organización de las guerras internas bajo los parámetros del CBI, los podemos encontrar en la preparación del golpe de estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), el golpe de estado contra el gobierno constitucional de Goulart en Brasil en 1964, el apoyo norteamericano a la contra nicaragüense en la década de los ochenta, y más recientemente, el golpe de estado propinado al gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías en Venezuela el 11 de abril de 2002 y que sólo duraría 48 horas. 114 http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/GBI5.htm
78
En la década de los 90 cuando hubo terminado formalmente la guerra fría entre el
capitalismo y el comunismo; es decir cuando se extinguió la justificación sobre la que se
levantó la guerra contra el “enemigo interno”, contra los movimientos revolucionarios,
Estados Unidos alertó al mundo occidental sobre la emergencia de un nuevo enemigo con
un poder de destrucción inimaginable, más potente incluso que el del “marxismo
soviético”: el narcotráfico.
Públicamente la amenaza será considerada en sus dimensiones en un informe
presentado al Congreso el 13 de abril de 1989 por la subcomisión de Narcóticos,
terrorismo y Operaciones Internacionales (encargada de los Conflictos de Baja Intensidad)
del Senado de Estados Unidos.115 En ella se realiza un análisis del poder desestabilizador de
las organizaciones internacionales de la droga (carteles) y se exhorta a ver la declaración de
una nueva guerra contra Estados Unidos que demanda, para ser enfrentada, el despliegue
de acciones políticas, económicas y militares en aquellos países en que operan. Parte del
otrora Tercer Mundo es nuevamente el escenario de esa guerra y por tanto lugar de
intervención política.
Los carteles, se dijo, se han consolidado como “gobiernos soberanos”,
supranacionales, dotados de ejércitos propios, armas sofisticadas y un poderío económico
capaz de generar desarrollo en toda la geografía americana, así como de obstruir los
proyectos estadounidenses en la misma. Igualmente, el cartel maneja inapreciables
márgenes de poder político dada su capacidad de intervenir en el régimen de un Estado a
través de la violencia y la corrupción; por ello siempre resultará una fuente de inseguridad
importante, más aun cuando: “el cartel no actúa en virtud de principios ideológicos ni de
criterios nacionales sino movido por sus intereses financieros (y) no tiene inconveniente en
aliarse tanto con los amigos como con los enemigos de los Estados Unidos116.”
Lo anterior sugiere, por parte de Estados Unidos, una lógica político-militar
consistente en la planeación y creación de amenazas a las que más tarde él mismo entra a
combatir justificando su intervención en los asuntos domésticos de los demás países. Se
trata de crear y recrear las condiciones de una guerra prolongada, permanente, que permita
contrarrestar las cambiantes circunstancias políticas y económicas a nivel internacional a fin
115 RESTREPO, Luís Alberto, ob.cit., p. 22. 116 Ibíd., p. 25.
79
de mantener su hegemonía. Por ello resultan un poco más que ingenuos y por tanto
estériles aquellos estudios que propugnan una más alta y sincera colaboración de Estados
Unidos frente a las problemáticas de los países dependientes, en claro desconocimiento de
la dinámicas mismas del poder del capital, pues los intereses de Estados Unidos como
potencia riñen con los intereses de soberanía, autonomía, y democracia de estas sociedades.
Esta es pues una condición histórica que no depende ni con mucho de la voluntad de los
gobernantes estadounidenses, o de la buena fe de las clases políticas nacionales. Se impone
mediante todo un macro proyecto del capital internacional asido por EE.UU., y que
únicamente puede ser enfrentado desde su estudio riguroso y continuado, desde la
denuncia pública, desde la recuperación de la memoria histórica colectiva, de la
organización social de resistencia cada vez más compleja y creativa, y de la unión de todas
las fuerzas. En suma, del grado ascendente de concienciación política de nuestros pueblos.
3.1 EL CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD EN COLOMBIA
Al correr los primeros tiempos de 1980, caló con fuerza el discurso de los derechos
humanos en el orden internacional y se consideró la necesidad de ambientar los sistemas
políticos mediante un proceso de democratización. Las dictaduras militares y otras formas
autoritarias de gobierno -que sólo una década atrás habían encontrado la promoción o el
aplauso de Estados Unidos-, entraron a ser cuestionadas junto a las prácticas de
eliminación de los enemigos internos, tan necesarias para neutralizar la amenaza del
comunismo internacional.
En Colombia los aires redemocratizadores se percibieron con la llegada al poder de
Belisario Betancur (1982-1986), un carismático conservador que batiendo la bandera de la
apertura política y la “mano tendida” a la insurgencia, prometió importantes cambios en la
relación Estado-sociedad, determinada en mucho, hasta el momento, por la representatividad,
el clientelismo, la corrupción, la prebenda política, y la dinámica de guerra generalizada.
Betancur pretendió alcanzar dicho objetivo a través de dos políticas: 1. estableciendo
conversaciones con la guerrilla, cuyo desenlace se vería reflejado en la reincorporación de
80
los insurgentes a la vida civil; y 2. desarrollando un programa social para las zonas más
afectadas por la violencia.117
Betancur partió entonces por otorgar reconocimiento político a la guerrilla, decretó
una amnistía incondicional (ley 35 de 1982) y facilitó la conformación de una Comisión de
Paz de la cual participaron importantes sectores sociales, y cuya misión consistía en
explorar posibilidades de comunicación con la insurgencia, concretar los encuentros y fijar
mancomunadamente las condiciones para la eventual desmovilización. Como respuesta a
este clima favorable a la negociación, buena parte de los grupos guerrilleros de entonces
replantearon su posición política y contemplaron la posibilidad de actuar en el marco legal
viendo en las armas el complemento y no el fin de la lucha por el cambio.118
Por su parte, los militares, como tercera fuerza dentro del Estado, aceptaron el
otorgamiento de la amnistía a cambio de significativas contraprestaciones, en razón de lo
cual la administración Betancur hubo de posibilitar: 1. El aumento del presupuesto militar
para armamentos y entrenamiento; 2. La extensión e institucionalización de los programas
de acción cívico-militar del Ejército a través de la creación de los Comandos Operativos de
Desarrollo y su designación como actor principal para desarrollar un Plan Nacional de
Rehabilitación para las zonas de violencia; 3. La construcción de nuevas instalaciones
militares, 4. El fortalecimiento de la fuerza policial que creció de 57.000 (efectivos) en 1982
a 70.000 en 1986; y 5. La creación de tres nuevas brigadas en las zonas de influencia
guerrillera del interior del país, que llegaron a un total de catorce en 1984, distribuidas en
cinco divisiones.119
En enero de 1983, la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC, iniciaron
conversaciones en el municipio de Colombia, Huila, que concluyeron un año después con
117 Esta directriz de componente social se materializó en El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que encontró obstáculos en varias situaciones: 1. La recesión económica-que obligó al gobierno a efectuar recortes presupuestales a los programas de institutos descentralizados coincidiendo con las políticas del Fondo Monetario Internacional-; 2. la resistencia de los gremios económicos que propugnaron por mayor presencia militar y manifestaron su aversión al proceso de paz como a una probable reforma agraria; y 3. el clientelismo de los politiqueros locales que desviaron los fondos en beneficio de sus necesidades proselitistas. Ver ARCHER P, Ronald; CHERNICK, Marc, “El presidente frente a las instituciones nacionales”, en La Democracia en blanco y negro: Colombia en los años 80, Patricia Vásquez de Urrutia (compiladora), Fondo Editorial Cerec –Ediciones Uniandes, Bogotá, 1989, pp. 63-65. 118 El único grupo guerrillero que rechazó la apertura política de Betancur fue el Ejército de Liberación Nacional, decisión tomada como muestra de solidaridad con la resistencia en toda Latinoamérica. 119 ARCHER P, Ronald; CHERNICK, Marc, ob.cit., p.60.
81
la firma del Acuerdo de la Uribe sobre la tregua y el cese de hostilidades entre las partes. Este
acuerdo constituía el primer paso sólido hacia la paz y fue la base para el surgimiento de un
nuevo movimiento político en la arena legal: la Unión Patriótica (UP).
De otro lado, el M-19 buscó acercamientos directamente con el presidente chocando
con la negativa oficial de continuar la apertura democrática más allá del estrecho margen de
la amnistía concedida. Así se abrió un paréntesis de tensiones y distensiones en el cual se
produjeron importantes acontecimientos como la muerte de Jaime Bateman Cayón120 y la
renuncia del presidente de la Comisión de Paz (Otto Morales Benítez) quien denunció la
existencia de “enemigos agazapados de la paz en el seno del Gobierno”. Con todo y
teniendo como telón de fondo el estado de sitio, censura de prensa, decretos contra la
movilización popular, y el hostigamiento tácito de las Fuerzas Militares; el M-19 y el
Gobierno suscribieron finalmente un acuerdo de tregua y cese de hostilidades a mediados
de 1984. Lo propio haría el EPL por medio de la Comisión de Paz.
Pese a la relevancia política de los hechos (o por ella misma), el sector dominante
redundó en cólera siendo uno de sus portavoces más destacados el Ministro de la cartera de
Defensa. Los militares jugaron, así, un papel decisivo en el curso que tomó el proceso de
paz con la insurgencia, mostrando su poder y la capacidad de alterar las políticas de
gobierno. Si bien éstos habían consentido la distensión en las relaciones con la guerrilla, lo
habían hecho a partir de la propia concepción de paz circunscrita al otorgamiento del
perdón de los “delitos” cometidos contra el Estado por parte de los subversivos. De modo
que cuando se vio factible la realización de diálogos, negociaciones y acuerdos de tregua
con las tres organizaciones guerrilleras más importantes, los militares se interpusieron
dando al traste con las intenciones de pacificación.
Esta posición adversa por parte de los partidos tradicionales, los dirigentes gremiales,
los militares y un sector del clero, produjo el inexorable aislamiento del Presidente quien,
en adelante y en ausencia de una base de apoyo social o política organizada con la cual sacar
adelante su empresa, debió gobernar apoyado en poderes especiales. De ahí que el único
cambio significativo durante este tiempo fuese la aprobación por parte del Congreso de la
120 Comandante general del M-19, quien meses atrás de su muerte había buscado encuentros con el Presidente en Cuba y Nueva Delhi.
82
elección popular de alcaldes y la reforma municipal, producto directo del proceso de paz
que entraría en vigencia en el periodo presidencial subsiguiente.
3.1.1 Rompimiento de diálogos e inicio de la “guerra sucia”
Después de la firma del acuerdo en Corinto, Cauca (1984), el Eme se volcó sobre las
plazas públicas y los barrios con un discurso abierto y democrático, organizando los
célebres “Campamentos de la Paz y la Democracia”. Se trataba de politizar de nuevo a las
gentes volviendo las ciudades centros de deliberación política en el compromiso y arraigo
con las problemáticas colectivas y la búsqueda conjunta de su resolución. En esto se
hallaban guerrilleros y habitantes cuando sucedió el ataque del Ejército a Yarumales, Valle
del Cauca,121 una navidad del 84 en plena tregua nacional. En este operativo el ejército
invirtió 17 mil granadas de mortero de fabricación estadounidense así como importantes
recursos físicos y humanos, pese a lo cual encontró su derrota en la resistencia de la
guerrilla fortificada con la fuerza popular. A la postre, los Campamentos fueron declarados
ilegales por preparar y estimular “actos de sedición, asonada y rebelión” y constituirse en
“centros de entrenamiento militar” al tiempo que los sindicatos, juntas de acción comunal y
comités cívicos fueron proscritos.
Esta actitud asumida por el Gobierno y las élites político-militar y económica
evidenció la tendencia de la DSN en relación al enemigo interno y absoluto, el cual debe ser
persuadido no con una política de diálogo sino con la confrontación jurídica y militar, más
aun cuando éste enemigo potencia la organización social. Así ocurrió que tras una serie de
pactos quebrantados quedaron agotadas las posibilidades de la paz por la vía pacífica
desembocando el proceso con el M-19 en la infortunada toma del Palacio de Justicia el 6 de
noviembre de 1985, cuyo propósito había sido realizar un juicio público contra el
Presidente por incumplir los pactos de Medellín, El Hobo y Corinto. Con la “contratoma
del Palacio” -siniestro operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y los organismos de
121 “El primero de diciembre (1984) llenamos la Plaza Caicedo en Cali. No menos de cincuenta mil personas se reúnen en esa manifestación, y esa respuesta popular no la pudo seguir tolerando el gobierno ni sus Fuerzas Armadas. Once días después comenzó el ataque a Yarumales, un ataque justificado supuestamente, por la presunta presencia de secuestrados en nuestros campamentos. Esa era el primer argumento; el segundo era que en esos campamentos pretendíamos formar supuestas repúblicas independientes.” Alfonso Jaquin, militante del M-19 en BEHAR, ob.cit., p. 397.
83
seguridad del Estado-,122 los militares retomaron una vez más la conducción del conflicto
interno pese al carácter político del hecho, alegando la siempre imperiosa salvaguarda de las
instituciones.123
El rompimiento de los diálogos también sobrevino con el EPL a condición del
asesinato selectivo de sus militantes en las calles de Bogotá. Sin embargo, la organización
insurgente realizó un último intento por salvarlos enviando a Ernesto Rojas, su segundo
comandante, al encuentro del Ministro de Gobierno Jaime Castro. En el camino sería
emboscado y asesinado. Entretanto el Gobierno persistía en la negativa de adelantar
reformas sustanciales en el ámbito de lo agrario y lo urbano, a medida que avanzaba el
complot político de la clase dominante para desprestigiar a las guerrillas en tregua lanzando
acusaciones falsas sobre boleteos y extorsiones, protestas por el aumento en los niveles de
inseguridad, y la reiterada recriminación por la no entrega de las armas. Todo lo anterior
propició la unión del M-19, el EPL, y el ELN bajo la Coordinadora Nacional Guerrillera
(CNG) en 1985.
Paralelamente, las FARC continuaron con el proceso de cuyo seno emergió La Unión
Patriótica, un partido político de izquierda democrático e independiente -incluso de la
Organización guerrillera y el Partido Comunista-, que aglutinó a los “luchadores por la paz”
cualesquiera que fuese su procedencia, religión o filiación política, y que buscó
transformaciones actuando en el marco de la legalidad. La UP fundó grandes expectativas
en la sociedad e inspiró un ambiente de debate y politización alrededor de los problemas
del país y de las causas de la guerrilla colombiana, rompió con los esquemas y dogmas de la
izquierda e inició un proceso sólido de organización desde las bases haciendo uso de la
inventiva popular.
122 Como parte final de batalla ciento veinte personas -entre visitantes, magistrados y empleados del lugar- perdieron la vida y decenas desaparecieron en medio de las llamas bajo confusas circunstancias. No obstante, el hecho fue dejado en la impunidad y sepultado por la avalancha del Nevado del Ruiz, borrándole de la memoria colectiva bajo la mirada apacible del gobierno nacional y el silencio permisivo de las fuerzas sociales y políticas del país. Ver Noches de Humo: Como se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia, Olga Behar, Editorial Planeta, Bogotá, primera ed. 1988. 123 En el episodio destaca el asesinato del presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, por un miembro del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOES) de la Policía Nacional, llamando la atención sobre la verdadera orientación del operativo en momentos en que la justicia estaba siendo amenazada por el narcotráfico y andando en curso investigaciones sobre violación de derechos humanos contra varios generales durante la dictadura Turbay. Ver Noches de Humo: Como se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia, Olga Behar, Editorial Planeta, Bogotá, primera ed. 1988.
84
El trabajo colectivo de este movimiento vio sus frutos en las elecciones parlamentarias
de 1986 mediante las cuales habitó el Congreso Nacional dando un giro importante al
contenido de los debates y elevándolos a un nivel político muy superior. Con todo, la
acción abierta de la izquierda en la política del país no era algo que pudiera durar mucho
tiempo entendiendo que tal injerencia significaría, a largo y mediano plazo, la apertura
democrática del sistema con sus correspondientes transformaciones. En consecuencia, se
dió paso al exterminio sistemático de una de las expresiones políticas más importantes que
haya surgido frente el maridaje bipartidista liberal-conservador, a manos del
paramilitarismo y el narcotráfico. Iniciaba de este modo la guerra sucia como práctica
sistemática para la eliminación de los enemigos internos.
3.1.2 Narcotización y paramilitarización de la guerra interna
Las necesidades de seguir combatiendo al enemigo interno del Estado, pese al
desenvolvimiento de un proceso de paz con la insurgencia en el marco de una política
democrática y las limitaciones operativas que esta situación supuso, hicieron posible la
asunción del CBI por parte de los militares colombianos. Fue así como, a partir de 1982-
1983, se dio pie a la conformación de grupos paramilitares con el auspicio de Estados
Unidos y la financiación del narcotráfico, siguiendo la pauta marcada en el proceso
insurgente y contrainsurgente centroamericano.
Para los doctrinarios de la seguridad nacional de la década del 80, la nueva estrategia
contrarrevolucionaria resultaba más que conveniente considerando que “el enemigo interno
se camufla en la sociedad, a veces se le encuentra desarmado, se identifica por el discurso,
por sus ideas afines a la izquierda, no se le puede encarcelar ni torturar porque existen
organismos de control del Estado que le protege, entonces se crea la guerra sucia que
protege a las Fuerzas Armadas y asegura la eliminación del subversivo.”124
Los militares tomaron posición y se dispusieron al estudio y ejecución de las nuevas
consignas estadounidenses en las que ellos tenían, ciertamente, un papel fundamental como
organizadores, facilitadores, entrenadores y adalides de los grupos paramilitares:
124 CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ, Las verdaderas intenciones de los paramilitares, Intermedio Editores, Círculo de Lectores S.A., Bogotá, Colombia, 2002, p. 103.
85
Según los teóricos y profesionales de EE.UU., los grupos irregulares civiles más eficaces eran los que incluían a reservistas del ejército, oficiales retirados predispuestos ferozmente contra el comunismo, y hombres familiarizados con los residentes, las costumbres, y el terreno locales. Una vez organizados en las llamadas "fuerzas de autodefensa", estos civiles recibían armas y entrenamiento del ejército y aportaban tropas para la ayuda en inteligencia y logística, como guías, asistentes en operaciones psicológicas, e incluso combatientes al lado de los soldados regulares.125
El paramilitarismo permitiría un margen considerable de acción, pues sus integrantes:
1. Constituirían la mayor fuente de inteligencia militar y acción preventiva como guías e
informantes al tener conocimiento del área y facilitar la identificación de rutas o
asentamientos de la guerrilla, al tiempo que ejercerían un mayor control sobre la población
de la zona; 2. darían continuidad a la lucha por ganar la mente de la población en algunas
zonas, al ser fuerzas que permanecen en el lugar ejerciendo vigilancia y garantizando el
apoyo o la unanimidad de las gentes a través de la construcción de obras de infraestructura
y brigadas de servicio social126; 3. Al tener estos grupos fuentes irregulares de financiación
como el hurto, el secuestro, la extorsión, el impuesto de guerra y principalmente el
narcotráfico, el Estado se abstiene de utilizar presupuesto propio que necesariamente
habría de pasar por el debate parlamentario; y 4. tal vez la tarea más importante: los
paramilitares ejecutarían planes de eliminación de los enemigos internos por vías como el
secuestro, el terror, el desplazamiento y el asesinato que no podrían ya ejercer, de manera
abierta, las Fuerzas Armadas del Estado.
De este modo, los paramilitares entraron a cumplir la misión de las viejas policías
secretas y los organismos militares y de seguridad, complementando la acción de éstos
últimos, desplazando la necesidad de la justicia penal militar y aportando ciertas ventajas a
la lucha contrainsurgente. Serían ellos quienes combinaran todas las formas de lucha en el
nuevo Estado democrático.
Anécdotas antecedentes al paramilitarismo. El fenómeno del paramilitarismo no
nace con la estrategia CBI. En el periodo conocido como “La Violencia” -con algunos
antecedentes en el siglo XIX-, era un lugar común armar civiles para eliminar al
125 HUMAN RIGHTS WATCH, Las redes de asesinos en Colombia, la asociación militar-paramilitares y Estados Unidos, Informe de Colombia, 1996, www.hrw.org. 126 Uno de los problemas que enfrentaba el ejército en relación a la acción cívico-militar era su falta de preparación y recursos para realizar obras públicas, y de continuidad en la labor por los constantes relevos y cambio de zona. Con la permanencia de los paramilitares en las regiones y los proyectos de inversión con dineros del narcotráfico, tal inconveniente fue superado.
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contendiente político, al líder social, al campesino con tierra, sembrando terror en poblados
y campos. Los denominados pájaros o “guerrillas de paz” perpetraron un sinnúmero de
asesinatos y matanzas en asocio con la Policía Nacional que ocupó, para entonces, una
posición privilegiada como agente de la violencia política.
Eduardo Pizarro narra en uno de sus estudios127, dos episodios muy interesantes que
arrojan luz acerca de la dimensión política (y no irracional) del paramilitarismo, y la
implicación que en el mismo ha tenido desde tiempo atrás Estados Unidos. En 1947 el país
se vio envuelto en un gran debate acerca del siniestro papel que venía desempeñando la
Policía Nacional. La lluvia de críticas obligó al Ministro de Gobierno a pedir al director de
la Policía Nacional, general Delfín Torres Durán, la supresión de la resolución Nº 2 de la
Prefectura Nacional de Seguridad que autorizaba la creación de grupos de vigilancia: uno
para el control de sindicatos y otro más para el control de actividades políticas. La medida
fue suspendida encontrando el aplauso de vastos sectores sociales y políticos, sin embargo,
días después, la Dirección Nacional emitió una resolución que generó nuevas tensiones. En
ella se disponía: "suprímanse los grupos de sindicatos y actividades políticas (...) y créase en
su lugar uno que se denominará Vigilancia Preventiva (que) tendrá a su cargo prevenir
todos aquellos actos que se encaminan a preparar hechos delictuosos o subversivos". El
debate se hizo más candente y como consecuencia se nombraron dos comisiones para
investigar las actuaciones del Ministro de Gobierno y el de Guerra. Al tiempo, el Prefecto
Nacional de Seguridad y cien detectives adscritos tuvieron que dimitir de sus cargos por
encontrarse en curso procesos judiciales en su contra.
La policía de entonces era reclutada del lumpen producido por el mismo sistema, y
actuaba como cuerpo amorfo, descontrolado, reproduciendo la violencia a favor del
conservatismo que representaba, a la sazón, el sector político dominante:
En el Senado, Plinio Mendoza Neira inició un debate a propósito de la persecución con saña que se realizaba en su departamento, Boyacá. Afirmaba que el gobernador Rivera Valderrama había aumentado el pie de fuerza de la policía de 200 a 400 unidades, con la sola preocupación "de complacer a los jefes conservadores, causa principal de los hechos sangrientos registrados en el departamento-. Además, señalaba que los nuevos policías ejercían sus funciones sin haber sido nombrados todavía en propiedad: "sujetos recomendados por curas párrocos o jefes conservadores, con documentaciones falsificadas (...). El cuerpo de policía de Boyacá está compuesto de los peores elementos del conservatismo. De
127 PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II)...”, p. 14
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expresidiarios, de prófugos y de bandidos-“, agregando que en solo dos juzgados de Santa Rosa existían 32 expedientes contra policías en ejercicio.128
Pero esa guerra civil que apareció tan propia (tan colombiana) tuvo un aliciente
externo:
El 13 de septiembre de 1947, Gaitán reveló en el Senado que el Gobierno había importado clandestinamente en aviones estadounidenses armas de la Zona del Canal de Panamá, y que las había almacenado en el parque militar de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, violando normas legales que prohibían su importación por organismos distintos al Ministerio de Guerra. Denunció, además, que la totalidad de las armas habían sido entregadas más tarde a la policía, sin que el Estado Mayor del ejército tuviese información al respecto. Finalmente, con documentos incontrovertibles denunció la importación ilegal de un cargamento de gases por un valor de $465.000, que recibió el agregado militar de la embajada de los Estados Unidos. 129
Este asunto revistió para aquel entonces la mayor importancia tratándose de una etapa
de violencia sin límite, de un estado de inseguridad y terror generalizado en donde no
existían en la práctica, instancias de control y regulación, de derecho, si se quiere, que
garantizaran la vida de las personas; que era una violencia promovida desde el Gobierno y
sustentada en la fuerza policial, y además estimulada, cuando no financiada, por otro
Estado. La gravedad del asunto bien se vio reflejada en una de las páginas del diario El
Espectador:
…un gobierno extranjero, y que se dice amigo del pueblo colombiano, ha introducido armas al país. Lo mismo que fueran para una agencia del Estado podrían esas armas haber sido traídas para armar a enemigos de ese régimen. Y en ambos es o sería un acto inamistoso y representaría una intervención inaceptable en la vida interna de una nación libre, cuya independencia no está en el mercado ni puede variar según lo aconsejan los azares de la situación internacional o el capricho de los hombres que pretenden forjarla no siquiera a imagen y semejanza sino a las de los intereses que los dirigen y gobiernan.130
Todo terminó con la propuesta de crear una comisión bipartidista para investigar los
hechos y el consecuente rechazo acalorado por parte del gobierno de Ospina y su partido.
En estos hechos hemos encontrado entonces un antecedente importante de la
dinámica de la guerra en el país, cuyas condiciones de inseguridad y violencia actuales no se
128 Ibíd., p. 14-18. 129 Ibídem. 130 Diario El Espectador, septiembre 13 de 1947, citado en PIZARRO Leongómez, Eduardo, “La profesionalización militar en Colombia (II)...” p. 16.
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alejan demasiado de esa etapa turbia de la vida nacional pese a la existencia de nuevos
factores y agentes.
Introducción del paramilitarismo en la vida nacional como nuevo agente de la
guerra interna. En 1962 el general Ruiz Novoa invitó al país a las fuerzas especiales de
Estados Unidos con el propósito de entrenar a los militares colombianos en la táctica de
guerra de guerrillas. Este grupo de guerra especial, que tuvo una importante participación
en la elaboración del Plan Laso, a la cabeza del general William Yarborough, instó, desde
entonces, la conformación de grupos de civiles para ejecutar operaciones encubiertas
(terroristas y de sabotaje) en el país. Estos civiles al servicio de la guerra interna, serían muy
útiles como infiltrados en las poblaciones, como guías asistentes en operaciones
psicológicas, como combatientes al lado de soldados irregulares, y en operaciones de
búsqueda, control y destrucción.131
Tales exhortaciones resultaron concordantes con los intereses de los gremios
económicos tanto así que en 1964 un dirigente de la Sociedad de Agricultores de Colombia
(SAC), solicitó al Gobierno la creación de grupos de autodefensa para defender al gremio
de los secuestros de la guerrilla. Un año más tarde el Gobierno respondía autorizando la
defensa civil mediante la promulgación del decreto 3398 de 1965 bajo estado de sitio que
vinculaba directamente a la población en la guerra contrainsurgente. Luego, la ley 48 de
1968 entró a reglamentar la medida que sirvió de piso legal para la reproducción del
paramilitarismo en el curso de los años ochenta. 132
Sin embargo, tal disposición no había logrado arraigarse y masificarse pues las Fuerzas
Militares cogobernaron con las autoridades civiles llevando a la práctica sus planes, y luego,
bajo la protección del Estatuto de Seguridad, actuaron desahogadamente contra el enemigo
interno cumpliendo funciones de policía judicial133. En 1978 el Ministro de Defensa,
general Luís Carlos Camacho Leyva, exhortó a la ciudadanía a asumir su propia defensa,
pero fue sólo cuando el gobierno Betancur intentó dar un giro a las relaciones cívico-
131 HUMAN RIGHTS WATCH, Las redes de asesinos en Colombia, la asociación militar-paramilitares y Estados Unidos, Informe de Colombia, 1996, www.hrw.org. 132 MELO, Jorge Orlando, “Los paramilitares y su impacto sobre la política”, en Al filo del Caos: Crisis política en la Colombia de los años 80, Francisco Leal Buitrago, León Zamosc, compiladores, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Tercer Mundo Editores, p. 489. 133 Ver capítulo 2 del presente estudio.
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militares anunciando una apertura democrática e iniciando un proceso de paz con las
guerrillas, que se dio forma al proyecto paramilitar.
Narcotraficantes, terratenientes y mafias esmeraldíferas financiaron, entonces, grupos
paramilitares que aunque nacieron en momentos y contextos diferentes, actuaron siempre
como una fuerza política armada de derecha, dirigida a proteger el orden socio-económico
dominante en uso del terror.
El narcotráfico, principal patrocinador de estos grupos, inyectó una nueva dinámica al
conflicto interno colombiano: desfiguró aún más el artificio estatal irrigando de corrupción
la política con la financiación de campañas de congresistas y presidentes, y pervirtió parte
importante del sistema judicial con la compra de jueces, autoridades, y el asesinato de
aquellos que por acción u omisión entraron en pugna con sus intereses. De este modo, los
carteles de la droga abrieron tres nuevos frentes de guerra al tradicional entre Estado-
guerrillas: uno contra el Estado, en el plano económico (evasión de impuestos y balanza de
pagos) y a nivel de legitimidad institucional; otro a la guerrilla, disputando sus zonas de
influencia histórica; y otro más a la sociedad, contra colonos asentados en tierra “fértil” y la
ejecución de una estrategia contrainsurgente en las urbes que se tradujo en el asesinato
sistemático de líderes y representantes de la izquierda política colombiana, para lo cual fue
menester organizar bandas de sicarios134.
En el periodo comprendido entre 1983 y 1989, el narcotráfico consolidó su base
política y expandió sus tentáculos sobre las zonas donde se concentraba la producción de
cultivos de uso ilegal, capitaneando una segunda fase de contrarreforma agraria y política en
asocio con Fuerzas Militares de contraguerrilla, terratenientes, corporaciones
multinacionales, empresarios, un sector de la clase política135 y efectivamente, paramilitares.
134 El problema de las bandas de sicarios se ha agudizado para el año 2005 en municipios como Puerto Tejada al Norte del Cauca, en donde parte de la niñez y la juventud se encuentran armadas y divididas en pandillas que asaltan las casas y el comercio. Dominan ellas la vida del pueblo a través de la violencia que se ve reflejada en varios muertos diarios sin que las autoridades policiales logren hacer algo al respecto. No obstante, se ha anunciado ya, para el mes de septiembre, sobre los muros de la escuela, el comienzo de una nueva limpieza por parte de grupos paramilitares, presuntamente pagados por los mismos terratenientes y comerciantes de la zona. La última limpieza dejó un saldo aproximado de 300 a 500 muertos, según testimonio de algunos habitantes. 135 Ejemplo de la correlación entre clase política, paramilitares y narcotráfico es la declaración de Popeye, escolta de Pablo Escobar, que en confesión ante la Fiscalía, inculpó al ex Ministro de Justicia y ex senador, Alberto Santofimio Botero como el autor intelectual del asesinato del líder político Luís Carlos Galán Sarmiento en 1989.
90
En 1981, a raíz del secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana del narcotraficante
Jorge Ochoa por parte del M-19, se creó un grupo de justicia privada denominado MAS
(Muerte a Secuestradores) con el aporte económico de los grandes capos de la droga. El
MAS sirvió de modelo a otros tantos grupos paramilitares y a partir de 1982 se promovió la
creación de las Autodefensas del Magdalena Medio, que implantaron la nueva dinámica
contrainsurgente en el país.
Puerto Boyacá136, un municipio inserto en inmediaciones del Magdalena Medio, fue la
cuna aciaga de este proceso que inició con una cadena de asesinatos y masacres cuyos
autores intelectuales y materiales aún se encuentran guarecidos por la impunidad.137
Bajo la administración Barco, el DAS y la Policía Antinarcóticos adelantaron un
proceso investigativo seguido de dos operativos en Bogotá y el Magdalena Medio que
permitió conocer los orígenes, el desarrollo y la estructura del paramilitarismo hasta ese
momento. Esta información fue acopiada en un informe que se dió a conocer parcialmente
a la revista Semana y en el cual se lee:
A mediados de 1983, los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores que aún entonces eran víctimas de una de las más feroces actividades de boleteo, extorsión y secuestro por parte de las FARC, comenzaron a ser testigos de un proceso que al principio les resultó apenas curioso y atractivo. Grupos de civiles, en ocasiones armados, empezaron a recorrer la región llevando a numerosas veredas brigadas de salud que se convertían en una oportunidad de entrar en contacto con los campesinos, conocer sus inquietudes y ubicar cuáles de ellos estaban asociados con las FARC y cuáles, por el contrario, se mostraban hastiados de las prácticas de la organización guerrillera. Las brigadas habían sido originalmente una idea de Acdegam, la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, cuyas directivas se encontraban bastante entusiasmadas con esta práctica. Por esa misma época empezaron a aparecer cadáveres, a veces mutilados o torturados, de aquellos a quienes se les atribuía algún nexo con la guerrilla. Solía suceder que sobre o al lado de sus cuerpos se encontrara un letrero con inscripciones como “muerto por comunista”. A fines del 83, las brigadas de salud se habían extendido ya a varias zonas del territorio nacional que sufrían del mismo mal que el área de Puerto Boyacá: la guerrilla. Hacendados, comerciantes y mineros de regiones como Urabá, el Meta, el nororiente antioqueño y todo el Magdalena Medio, comenzaron a patrocinar las brigadas de salud que precedían las llamadas “operaciones de limpieza”, y las primeras masacres que se dieron en estos tiempos en el país, como la sucedida en Remedios, Antioquia, a fines del 83.138
Así nació el primer grupo de “autodefensa” a instancias del CBI, cuyos fundadores
fueron el parlamentario liberal Pablo Guarín (alias “el sapo” asesinado por las FARC),
136 Municipio ubicado en los límites entre Boyacá y Antioquia. 137 Las “autodefensas” sostienen que su organización en el Magdalena Medio se debió a los permanentes secuestros, asesinatos y extorsiones contra los ganaderos de la región por parte del 4º frente de las FARC. 138 Revista Semana, Nº 362, Abril de 1989, “El Dossier Paramilitar”.
91
Carlos Loaiza, Luís Suárez, Gonzalo Pérez e Iván Roberto Duque o “Ernesto Báez”139.
“Ellos recogían aportes de hacendados de la región y reclutaban entre los hijos de los
campesinos a los jóvenes que debían ingresar a la primera escuela de autodefensa llamada
“El Tecal” y ubicada en la finca La Paz, cerca de Puerto Boyacá.”140
Los paramilitares “limpiaron” la zona de guerrilleros, colonos y posibles
contradictores (varios de ellos partidarios del Nuevo Liberalismo) desterrando al
“comunismo” y entregando al liberalismo el nuevo espacio político.141 Esta arremetida
forzó el desplazamiento de muchos habitantes y la repartición de tierras entre los
victimarios:
El primer gran negocio es el resultado y muerte de los propietarios cuando se les aplica la limpieza contrainsurgente: dejan sus bienes, sus ganados, sus tierras. Y viene la repartición: algunos se asignan a dedo; otros se subastan por sumas irrisorias. Los amigos, compinches y familiares de la gente que dirige la guerra contra las FARC, se convierten en propietarios, entre ellos se reparten el botín.142
Atendiendo a este método, y una vez perpetradas las masacres fueron llegando a la
región, cual tiempo de cosecha, militares retirados, narcotraficantes, políticos y ganaderos
desde Boyacá, Antioquia, Valle y Caldas para ocupar las tierras recién abandonadas.143 Los
paramilitares aseguraron su posesión ilícita y Puerto Boyacá se convirtió de esta manera,
con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, en “la capital antisubversiva de Colombia”
albergando en su seno, como una diminuta maqueta, la dinámica oficial de la guerra
interna.
Pronto, el paramilitarismo instituyó una verdadera república independiente bajo el
mandato de Henry Pérez quien tramitaba salvoconductos y compraba armas a Indumil con
aquiescencia del Batallón Bárbula del Ejército Nacional. La organización se fue
fortaleciendo estructuralmente, mejoró sus vehículos, sistemas de comunicación,
139 Hoy protegido por la Ley de Justicia y Paz del gobierno Uribe Vélez. 140 Revista Semana, Nº 362, Abril de 1989, “El Dossier Paramilitar”. El reclutamiento forzoso de jóvenes del pueblo para integrar la base paramilitar es una práctica sistemática que fue utilizada también con los niños salvadoreños quienes eran sacados de sus escuelas a partir de los doce años por el ejército, separados de sus familias y llevados a campos de entrenamiento a cargo de militares estadounidenses para combatir al la guerrilla FMLN. Sobre el particular ver la película Voces Inocentes producida por Luís Mandoki. 141 MELO, Jorge Orlando, “Los paramilitares...”, p. 489. 142 CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ, ob.cit., p. 103. Ver también la similitud con el proceso de los años 50 en el capítulo 1 del presente estudio. 143 Ibíd., p. 65.
92
armamentos y uniformes, y ejerció control sobre todo cuanto había: “La emisora, los
artistas, el locutor, la orquesta, los gremios, el directorio liberal, las empresas, todo, todo,
giraba alrededor de las autodefensas y particularmente de Henry Pérez”144. Luego de
estabilizarse empezaron a hacer política y desarrollaron una labor social en la región
pasándose así de la acción cívico-militar a la acción cívico-paramilitar que mantuvo el
objetivo de legitimar la guerra anticomunista y ganar el favor de la población.
Estos grupos que en principio se habían financiado con los aportes de los hacendados
de la zona, recibieron importantes capitales del Cartel de Medellín cuando la organización
fue estructurándose y creciendo en el mismo año de 1983. Dichos capitales sirvieron para
inaugurar otras dos escuelas de entrenamiento paramilitar y de sicariato -“Cero-Uno” cerca
a Puerto Boyacá, y “El Cincuenta” en el departamento de Santander-,145 y hacerse a varios
pilotos, una flotilla de aviones, helicópteros, vehículos, motoniveladoras, lanchas y
planchones.
Las denominadas “autodefensas” cubrieron pues las ricas zonas de Urabá, Córdoba, el
Bajo Cauca, Magdalena Medio y el Meta, persiguiendo cuatro propósitos fundamentales en
el plano operativo:
1. Proteger a la comunidad del boleteo, la extorsión, el secuestro y demás prácticas de la guerrilla y preparar para ello a patrulleros que, camuflados de vaqueros o jornaleros, debían cuidar las haciendas, especialmente las de los narcotraficantes; 2. Preparar y entrenar a los grupos de escoltas de las figuras del Cartel y de la cúpula paramilitar; 3. Preparar y entrenar personal para las labores de producción de cocaína en los laboratorios del Cartel (...); y 4. Atentar contra militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y organizaciones políticas y sindicales, y contra representantes del gobierno o de los partidos y demás sectores de la sociedad que se opusieran al narcotráfico146.
Fue así como de 1985 a 1989 el narco-paramilitarismo desató una “guerra sucia”
contra los máximos dirigentes de la Unión Patriótica y la izquierda democrática siendo
asesinados alrededor de 3 mil militantes y defensores de derechos humanos.
144 Ibíd., p. 63. 145 Con el tiempo se abrieron nuevas escuelas provistas de refinados procedimientos de selección y entrenamiento: la escuela “Galaxias” en Pacho, Cundinamarca y “Cero-81” en inmediaciones de la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá. 146 Revista Semana, Nº 362, Abril de 1989, “El Dossier Paramilitar”.
93
La masacre, que fue acogida como método de la guerra contrainsurgente, tuvo a la
postre, múltiples propósitos: primero, posibilitar la concentración de la tierra por efecto del
despoblamiento de los habitantes; segundo, eliminar la base de apoyo de la guerrilla; y
tercero, imponer a la población la “pedagogía” del escarmiento y el miedo. 1988 pasaría a la
historia de la violencia en Colombia, como el año de las masacres.147
Un campesino de la conflictiva zona del Sur de Bolívar explica dicho proceso en los
siguientes términos:
… primero llegan los paramilitares, que les recomiendan a los campesinos que abandonen la zona en un lapso determinado. Si no obedecen entonces algunos miembros de la población objetivo son asesinados frente a los habitantes para forzar a los demás a marcharse. Luego se trae a simpatizantes de los paramilitares, por lo general desde otras regiones, como aparceros o arrendatarios, y al mismo tiempo como integrantes de las fuerzas paramilitares, para que ocupen las parcelas abandonadas. Entretanto se inicia una disputa por la tierra con los colonos anteriores pues el único derecho a la tierra que hay es la ocupación física del lugar en el momento de la adjudicación. Si existe un título de propiedad sobre la tierra obligan a los campesinos a vender.148
Tras la masacre de doce investigadores de la rama judicial en la Rochela, Santander,
(1989), el gobierno Barco asumió una tímida ofensiva contra estos grupos en cuyo marco
se ejecutaron los operativos realizados por el DAS y la Policía Nacional en Bogotá y el
Magdalena Medio que permitieron realizar el primer informe sobre la dinámica paramilitar
arriba esbozado.
Estas medidas merecieron la censura de las autoridades civiles del Magdalena Medio
que advirtieron al Gobierno: “Aquí vamos a defendernos por nuestra propia cuenta, aquí
no vamos a cercenar el derecho que los campesinos tienen a defenderse de los
comunistas”.149 Tiempo después, en mayo de 1989, la Corte Suprema declaró
inconstitucional el decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas la organización de grupos
de defensa civil y el decreto 815 de 1989 derogó el 3398 del 65. “Poco antes un video había
mostrado por la televisión las maravillas del entrenamiento recibido por los paramilitares
bajo la guía de un asesor israelí quien después es identificado y explica que vino a Colombia
147 108 en tan sólo ese periodo según datos del Cinep. 148 RICHANI, Nazih, ob.cit., p. 188, entrevista realizada entre el autor y campesinos desplazados del Sur de Bolívar. 149 MELO, Jorge Orlando, “Los paramilitares...”, p. 500.
94
bajo la presunción de que se trataba de una actividad legal y que siempre habló con oficiales
del ejército, senadores y altos funcionarios públicos que sabían a qué venía.”150
En el periodo comprendido entre 1989 y 1995, el Estado declaró la guerra a los
carteles, desmantelando primero al Cartel de Medellín (1993) en asocio con Estados
Unidos, el Cartel de Cali y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU); y luego
logrando la desarticulación del Cartel de Cali bajo la asesoría de Estados Unidos, y cuyos
miembros y anteriores aliados del Estado, fueron favorecidos por los beneficios jurídicos
de una débil negociación. Desaparecidos los grandes carteles de la droga, el narcotráfico se
compartimentó en diversas y minúsculas organizaciones que seguirían actuando bajo la
connivencia de algunos sectores políticos, de las Fuerzas Armadas, y organismos asesores
estadounidenses. Con esta arremetida los paramilitares desplazaron a los capos en el
control del circuito de las drogas ilegales, y emprendieron el camino de su fortalecimiento
en el mercado, ya sin intermediarios.
A mediados de la década de 1990, los paramilitares lanzaron una ofensiva de
consolidación territorial sobre zonas económicamente estratégicas, algunas bajo la
influencia histórica de grupos insurgentes como el sur de Bolívar, rica en oro y coca y cuyo
objetivo ha sido “subyugar la región entera y hacerla sucumbir al “proyecto modernizante”
del capital local e internacional en un esfuerzo por consolidar el desarrollo de la economía
rentista.”151
El excedente del negocio sería nuevamente invertido por los paramilitares en la
compra de tierras que constituye uno de los medios utilizados para el lavado de activos, al
tiempo que se procede a crear una estructura de alta concentración y generación de poder
privado en favor de las multinacionales extranjeras. “Esa tendencia a comprar tierra con
narcodólares comenzó en los años 80, y en 1994 las tierras compradas por esa clase
emergente sumaban 4.4 millones de hectáreas, concentradas en las zonas más productivas
del Magdalena Medio, Urabá, Córdoba y los Llanos Orientales.”152
150 Ibídem. Hacia 1988 instructores extranjeros, británicos e israelíes, fueron importados para entrenar escoltas y patrulleros, y organizar comandos élite paramilitares en la escuela “El Cincuenta”. Los instructores israelíes “manifestaron a sus alumnos que una vez que terminaran de dictar este curso debían desplazarse a fincas de Costa Rica y Honduras para entrenar grupos de contras nicaragüenses” quedando una vez más confirmada la aplicación de la lógica CBI. Ver Revista Semana, Nº 362, Abril de 1989, “El Dossier Paramilitar”. 151 RICHANI, ob.cit., p. 181 152 Ibíd., p. 178
95
En 1990 continuaban las masacres en los departamentos de Córdoba y Urabá,
mientras en la escena oficial eran asesinados los candidatos presidenciales de la izquierda
democrática Luís Carlos Galán Sarmiento del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo Ossa
de la UP y Carlos Pizarro Leongómez del movimiento M-19.
Ya para 1991 empezó a hacer carrera la unificación de todos los grupos paramilitares
en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando único de Carlos Castaño
Gil, unión que fue concretada en 1996. El nuevo proyecto nacional-paramilitar se
estructuró en bloques153 repartidos sobre buena parte de la geografía del país, y las fuentes
de financiación continuaron siendo los impuestos a los pequeños negocios, contratistas,
subcontratistas, contratación de corporaciones multinacionales, y principalmente el
narcotráfico.
El comando central de las nuevas AUC se asentó en la Serranía de San Lucas,
departamento de Bolívar, implementando un extremo control social cuya eficacia se vio
manifestada en la movilización de 50 mil campesinos contra la propuesta del presidente
Pastrana de despejar algunos municipios de la región para realizar la Convención Nacional
propuesta por el ELN, e iniciar un proceso de diálogo con esta organización político-
militar en 1999. Hoy continúa con fuerza la alianza entre la clase política, las fuerzas
económicas y las Fuerzas Armadas del Estado con el paramilitarismo que ha buscado
legalizarse desde sus orígenes y cuyas “reivindicaciones”, al igual que las de los capos de los
80, han girado alrededor de obtener beneficios jurídicos, legalizar sus capitales, y lograr la
protección para sí y los suyos. Estos aspectos que a comienzos de los años noventa
parecían tan lejanos, hoy se concretan con el proceso de “negociación” adelantado entre
Gobierno y paramilitares, y sustentado en una controvertible Ley de Justicia y Paz.
Sobre los parámetros enunciados se fue cocinando un proceso de guerra contra la
sociedad que aún continúa y que encuentra en las armas sicológicas, el medio fundamental
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Estado por encima de todo obstáculo.
Esta guerra sicológica se refinó al punto que el denominado “desplazamiento interno” se
ha convertido en el más importante problema en materia política que deba afrontar el
153 Bloque Occidental: Chocó y Urabá; Bloque Norte: Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y Serranía de San Lucas; Bloque de los Llanos: Ariari, Guaviare y Piedemonte; Bloque Centro: Suroeste, oeste, este y noreste de Antioquia.
96
Estado pese a las consideraciones de la clase política del país que le ha dado un tratamiento
residual.
Concluimos así este acercamiento al sentido de la actividad narco-paramilitar en
Colombia, subrayando que tal “fenómeno” no se agota, ni con mucho, en los hechos aquí
esbozados pues la dinámica que sigue es bastante compleja y en ella intervienen una
cantidad mayor de factores que escapan al alcance del presente estudio.
3.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD NACIONAL
3.2.1 La política de “Mano Tendida y Pulso Firme” del presidente Barco, 1986-1990
La administración Barco se fraccionó en dos momentos: dominando una visión pura y
militarista acerca de la paz y el conflicto, en el primero (1986-1988); y en el segundo
momento, sobreponiéndose la fuerza de los acontecimientos que hizo virar la estrategia de
gobierno hacia una virtual apertura para 1988.
Conservando el propósito de fortalecer al Estado por vía de la relegitimación, Virgilio
Barco se distanció en mucho de la política de paz de su antecesor volviendo sobre los
militares para conducir las cuestiones del Estado.
Partió, pues, por desconocer en la guerrilla a un enemigo político con el cual era
posible negociar las reformas del sistema –posición que será retomada bajo el gobierno de
Álvaro Uribe-, desligando nuevamente las necesarias transformaciones político-sociales, del
conflicto armado interno y su posible solución por la vía negociada; de ahí que se
desentendiera de la tregua con las FARC prolongada en marzo de 1986154, y la desahogada
reanudación de las operaciones militares.
154 Roto el proceso de paz, esta organización político-militar se sumó a la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), formando para 1987, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) lo cual dio una fuerza mayor y coordinada a la acción bélica insurgente.
97
A condición de percibir de forma tan parcial el problema político nacional Barco hizo
del Plan Nacional de Rehabilitación el eje de su Gobierno, cuyo fin era erradicar las causas
de la violencia sin considerar la reforma política, urbana y agraria.
Llevar el Estado a aquellos territorios mediante la inversión fue un mecanismo ya
utilizado de acción cívico-militar desde el gobierno de Alberto Lleras, en busca de
legitimación entre los pobladores y por ende, de ganar la lucha por las voluntades contra la
guerrilla. De este modo el gasto social se reorientó a las áreas más afectadas por la
violencia, logrando ampliar la cobertura de 177 municipios en 1986, a 297 en 1988155.
Sin embargo es posible establecer una línea de conexión entre las áreas afectadas por
la violencia y las áreas de importancia estratégica para la economía, entre el interés político
y el interés económico, para lo cual resulta revelador el hecho de que la inversión del PNR,
estuviese dirigida a la construcción de obras de infraestructura vial y productiva, mientras
se dejaba de lado la salud, la educación, los servicios, la vivienda y la justicia.156 Ello permite
colegir el interés oficial en la “modernización” de estas regiones para su posterior incursión
en las dinámicas del mercado, que junto a los otros programas sociales del Gobierno –
Erradicación de la Pobreza Absoluta y el Plan de Desarrollo Integral Campesino-,
“constituye solamente un plan marginal aplicado a corregir desequilibrios, más no pretende
rectificar en forma radical los rumbos del modelo de desarrollo colombiano”157.
Esto ocurría en el campo social, en tanto a nivel político Barco proponía un esquema
de gobierno-oposición, con una peculiar visión de la oposición política, y por demás,
inaplicable dada la situación concreta del país. El esquema duo-partidista presentado
suponía una virtual madurez del sistema político, la fortaleza de las instituciones
democráticas, y partidos legítimos e ideológicamente diferenciables, pues “en este sistema
el partido mayoritario controla el Ejecutivo y el segundo partido en votos asume el papel de
la oposición dentro del Congreso que se convierte en su principal escenario158.” Así que no
se proyectaron modificaciones sustanciales en el ejercicio del poder político, considerando
la exclusión hecha a terceras fuerzas pese a la legitimidad de que gozaba la UP para
155 BEJARANO, Ana María, “Estrategias de paz y apertura democrática: Un balance de las administraciones Betancur y Barco” en Al filo del Caos: Crisis política en la Colombia de los años 80, p. 79 156 Ibíd., p. 81. 157 Ibíd., p. 81. 158 ARCHER P, Ronald; CHERNICK, Marc, ob.cit., p. 71
98
entonces, y la sanción de ilegalidad a la protesta por fuera del margen trazado por el
oficialismo.
Por otro lado, el Gobierno organizó la participación comunitaria a través de concejos
municipales y regionales de rehabilitación que pronto se convirtieron en un conjunto
periódico de demandas y reivindicaciones inmediatas de las gentes. La protesta fue
nuevamente presa de la corta visión política, y sufrió el embate policiaco-militar a partir de
la segunda mitad de 1987.
Pero 1988 irrumpió con una serie de acontecimientos que inclinaron bruscamente la
política gubernamental hacia el lado de la negociación con la guerrilla, en el entendido que
las acciones de fuerza conminan a los gobiernos a sentarse en la mesa de diálogo.
En mayo, el M-19 secuestró al senador conservador Álvaro Gómez Hurtado causando
una importante movilización social alrededor de la salida pacífica al conflicto interno. El
Eme lanzó entonces una propuesta de cese al fuego y la realización de una “Cumbre de
Salvación Nacional”, a la cual respondieron sectores sociales y políticos procurando
espacios de entendimiento en Panamá, y celebrando la Cumbre entre las diversas fuerzas
sociales el 29 de julio de 1988; cuyo resultado fue la convocatoria a conformar una
Comisión de Convivencia Democrática. El gran marginado de todo este importante
proceso fue el Gobierno nacional, que miró de soslayo y con desconfianza la iniciativa.
Pero tal actitud no duró mucho tiempo, y obligado por las circunstancias hubo de
responder con la Iniciativa de Paz del 1º de noviembre de 1988159.
Sobre los errores del proceso de paz de Betancur, Barco hilvanó su propio proyecto,
empezando por crear la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y
Rehabilitación, con participación directa del presidente, y el derivado cargo de Consejero
Presidencial, centralizando en una persona las funciones de las antiguas comisiones de paz,
diálogo, y negociación.
159 Para un análisis del proceso de paz ver BEJARANO, Ana María, ob.cit. En este año, Barco presentó al Congreso un proyecto de acto legislativo nutrido de los debates generados en esta instancia por la UP, que fue finalmente archivado; no obstante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 retomaría algunos de sus aspectos, entre ellos: “…una nueva formulación para la norma sobre estado de sitio, el fortalecimiento de la justicia, la elección popular de gobernadores, la creación de la circunscripción nacional para la representación de las minorías y la posibilidad de utilizar tres procedimientos alternativos para reformar la Constitución.” p. 84.
99
Tal viraje en la política recibió entre las críticas más importantes, la de haber frenado el
proceso que estaba protagonizando la sociedad de forma autónoma, y el contenido mismo
de la iniciativa contraído al desarme, la desmovilización y la reincorporación de las
guerrillas. Más, ésta propuesta de profundas carencias en lo político, pudo al fin mantenerse
con sorpresa, gracias a la constancia del M-19 que ofreció cese unilateral de hostilidades y
permaneció en el diálogo dándole nuevos bríos, mientras se expandía de forma alarmante la
“guerra sucia” incubada desde 1982.
En la marcha del proceso se consumaron diversas y ricas iniciativas en donde, una vez
más, sectores sociales tuvieron chance de discutir y plantear soluciones en relación al
conflicto político. Tal fue el caso de las Mesas de Análisis y Concertación que nutrieron
con doce propuestas la Mesa de Trabajo, siendo el soporte del documento final presentado
al Congreso: el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”.
Empero la izquierda legal, -conformada a la sazón por la UP, A Luchar y el Frente
Popular-, se ausentó de éste espacio pues si se vivía de un trabajo político conjunto en aras
de la paz por un lado; por el otro, se incrementaban los asesinatos a políticos, periodistas,
líderes cívicos y sindicales, militantes de la izquierda, todos ellos voceros de la oposición
legítima, mientras el presidente explicaba a la opinión pública que la lucha armada había
perdido fundamento por el incuestionable avance del país en la democracia participativa.
Con todo, las conversaciones iniciadas en enero de 1989, culminaron en la
reincorporación del M-19 a la vida civil el 9 de marzo de 1990, con la entrega de armas a
una comisión de la Internacional Socialista y la firma de un acuerdo en la casa de Nariño,
previa aprobación de la ley de indulto.
En los últimos meses del 89, la normatividad de excepción volvió a la escena política,
esta vez con el objeto de enfrentar al narcotráfico que había reorientado su mirilla hacia los
funcionarios públicos, después de que el Gobierno -por consejo de Estados Unidos-,
hiciera oídos sordos al llamado de los “extraditables” de entablar un diálogo para
determinar las condiciones de su rendición. El decreto 1830 estableció la extradición por
vía administrativa sin previo fallo de la Corte Suprema, mientras que el decreto 1836
autorizaba a los jueces penales militares el registro de lugares donde se presumiese el delito,
y el 1856 consentía la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por tiempos
100
superiores a los permitidos constitucionalmente, de personas de las que se tuviera graves
indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado.
En síntesis, la política de Barco resultó más bien ser la expresión de un momento
político en el cual se combinaron y perfilaron tácticas de poder aparentemente
contradictorias usadas desde 1960, que oscilan entre la criminalización y eliminación del
enemigo interno –con todo lo que ello supone-, y la apertura democrática que suscita
ambiguas expectativas hacia la transformación social. Sin embargo el correr del tiempo,
junto a nuevos acontecimientos descubre un tanto la complejidad y coherencia en la
consolidación de un proyecto de las clases dominantes, articulado a las necesidades del
capital y las economías extractivas y de enclave.
De modo que sobre el proceso de paz de Barco se permiten serias interrogantes de
aquello que dejó, en realidad, la desmovilización; pues si bien el M-19 incursionó en la vida
política legal en 1990, padeció el asesinato de su jefe político, artífice de las negociaciones y
candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez; la eliminación sistemática y soterrada de
cientos de hombres y mujeres combatientes de la paz; así como el incumplimiento de los
puntos acordados con el Gobierno siendo la resolución comprometida y permanente del
narcotráfico y el paramilitarismo uno de los más urgentes.
De igual forma quedó demostrado que en los partidos políticos tradicionales anidan
intereses opuestos a una salida negociada al conflicto armado que necesariamente tiene que
conducir a reformas importantes del orden político, económico, social y militar; y a las
cuales se opuso con ahínco el Congreso de aquel momento, máxime si consideramos que la
justicia, el gobierno, y el parlamento se hallaban ya bastante permeados por el narcotráfico;
y una palmaria estrategia contrainsurgente orientaba la mano del Estado.
3.2.2 La Estrategia Nacional Contra la Violencia, Cesar Gaviria 1990-1994
Las circunstancias preparadas por la contingencia durante los últimos años del
gobierno Barco dieron un éxito inaugural al mandato del presidente Cesar Gaviria Trujillo,
con tres acontecimientos importantes para la política del país: primero, el relativo éxito del
proceso de paz con tres organizaciones guerrilleras (el Ejército Popular de Liberación, el
101
Movimiento indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores) y
su reincorporación a la vida civil; segundo, la conformación de una Asamblea Nacional
Constituyente con una significativa representación social; y por último, la promulgación, el
tres de julio de 1991, de una nueva Constitución Nacional que declaró el Estado Social de
Derecho en Colombia, y mediante la cual se crearon la Fiscalía General de la Nación, la
Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, y la acción tutela para la defensa
de los derechos fundamentales, políticos, económicos y sociales.
No obstante los cambios introducidos en materia de control del poder político y
derechos ciudadanos, los analistas sociales observan que la Constitución Política del 91 dejó
intacto el poder militar restringiendo los progresos que pudiera tener una resignificación de
la estrategia de seguridad nacional. Esta paradójica situación resultó del hecho de que la
propuesta de reforma constitucional fuera sometida al consentimiento de los altos oficiales
quienes acordaron no interferir en el proceso, siempre y cuando se mantuvieran incólumes
sus privilegios y autonomía.160 De ahí que, la redefinición de los parámetros de
funcionamiento de los estados de excepción fuese la única reforma producida en este
campo.
Esta situación evidencia la renuncia tácita de darle un giro drástico a la estrategia
gubernamental en materia de seguridad y orden público (para lo cual sí se hubieran
necesitado reformas efectivas en materia militar), no obstante sin agotarle en la sola
pretensión del estamento castrense de conservar sus prerrogativas. Lo que advirtió la
década de los 90 fue la inflexión (y no el rompimiento) en la Doctrina de Seguridad
Nacional, exigida por la reorganización del capital y la necesidad de hacerle frente a los
serios obstáculos de contrapoder e “inseguridad” presentados por la sociedad colombiana.
Por eso, pese a las remozadas corrientes democráticas impresas en la Carta, hubo hechos
dicientes de la continuidad doctrinaria dentro del cambio.
La política nacional de gobierno no se distanció del propósito perseguido por aquellas
que le precedieron (enfocadas todas sobre la seguridad nacional), volviendo a apostar al
fortalecimiento del Estado. A ello obedeció la definición gubernamental de las dimensiones
guías de la estrategia y que para efectos del análisis que nos ocupa podríamos sintetizar en
160 Ver RICHANI, Nazih, ob.cit., p. 82.
102
la recuperación del control territorial. Un aspecto que acompañará los empeños de las siguientes
administraciones en el poder (especialmente la de Uribe Vélez); cuya pérdida socava la
siempre pretendida legitimidad estatal.
Así, pues, en mayo de 1991 el gobierno Gaviria presentó al país la Estrategia Nacional
Contra la Violencia (ENV) anunciando cambios en las relaciones cívico-militares dado que
la elaboración de pautas en materia de seguridad interna había sido confiada, hacía ya
mucho tiempo (desde 1958) a la competencia castrense. De modo que la novedad corrió de
punta a rabo esta directriz surgida de la recientemente creada Consejería Presidencial para
la Defensa y la Seguridad, subrayando la pretensión por parte del Ejecutivo de retomar la
iniciativa en el conflicto interno y la seguridad nacional y abanderando, al mismo tiempo, la
modernización operativa de las Fuerzas Militares161.
La Estrategia partió por identificar como factores de violencia la insurgencia, el
paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común y la ejercida por el Estado en la
violación de los derechos humanos que fue presentada, equívocamente, como producto de
acciones aisladas por parte de funcionarios estatales, ocultando así su carácter de práctica
metódica político-militar perteneciente a una doctrina específica de guerra. Estos factores
fueron ubicados a un mismo nivel y catalogados como amenazas a la estabilidad del
Estado, la existencia de la justicia y la sociedad misma, conservando así la lógica continua
del enemigo interno y la identificación entre Estado y Sociedad.
Resultado de aquel diagnóstico en la ENV, se propuso el fortalecimiento de las
autoridades civiles, una dinámica coordinación interinstitucional a través de los Consejos
Seccionales de Seguridad, la participación comunitaria en dichos consejos, la
modernización de la justicia predominando el criterio de la eficacia en la descongestión de
despachos así como el estímulo de prácticas de conciliación y arbitramento. Posteriormente
el Gobierno intentó dar mayor coherencia y organización a la estrategia, asignando las
funciones de cada una de las entidades estatales y suscribiéndoles a la misma mediante
Directiva Presidencial Nº 5.
161 Para un análisis de la estrategia de seguridad en la administración Gaviria Trujillo ver Camacho, Álvaro, “Seguridad: ¿Para la gente o para el Estado?” en revista Análisis Político Nº 21, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, enero-abril de 1994, pp., 81-96.
103
Pronto, a la ENV se le sobrepuso el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública
formulado en diciembre de 1991 que envolvió la posición de los mandos del Ejército
respecto de esta coyuntura. Y, si bien el plan pareció trazar una línea semi-paralela a la
estrategia gubernamental mostrando cierta negativa de los propios militares a acoger los
cambios necesarios en la política de guerra; el presidente finalmente lo acogió,
predominando la concepción militarizada de la seguridad interna y el consecuente
desconocimiento del Estado Social de Derecho162.
De este modo se dio inicio al nuevo proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas direccionado por Estados Unidos, sobre el cual se continúa trabajando y que
contempla los siguientes aspectos:
Unificación y fortalecimiento de los servicios de inteligencia del Estado
Mejoramiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares a través de la
creación de unidades especiales de contraguerrilla (brigadas móviles) y la
introducción de tecnología actualizada
Incorporación de soldados profesionales
Aumento del presupuesto militar para el desarrollo de la guerra irregular
Modernización del Ministerio de Defensa
Racionalización del gasto
Mejoras salariales para la Policía Nacional
Siguiendo esta directriz, bajo la administración Gaviria se creó a finales de 1992 la
Unidad de Justicia y Seguridad adscrita al Departamento Nacional de Planeación con la
misión de regular el presupuesto militar y el ejército creció significativamente pasando de
2.000 soldados profesionales en 1990 a 23.000 en 1994163.
162 Ver Juan Gabriel Tokatlián en cita de Camacho, Álvaro, ob.cit., p, 86. 163 LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 99, nota 71.
104
Dentro de la misma línea, el Gobierno continuó con el Plan Nacional de
Rehabilitación como mecanismo de legitimación del Estado y conducto entre éste y la
sociedad proyectando su cobertura a 404 de los municipios más deprimidos del país. Sin
embargo el Plan siguió presentando bajos niveles de ejecución presupuestal, la expoliación
del clientelismo y la ineficiencia burocrática, todo lo cual obligó al presidente a su
reformulación y la creación de la Consejería Especial para el Desarrollo Social. De modo
que lo social no fue objeto de reformas sustanciales comprimiéndole en el PNR, que a
partir de 1991 también contemplaría un espacio para los guerrilleros reinsertados.
En relación al conflicto interno permanecía la visión institucionalizada de la
insurgencia, concibiendo al enemigo como figura criminal con alta capacidad de
desestabilización del orden interno, y no como contraparte política poseedora de un
proyecto concreto de construcción social. De ahí que la negociación se pensase en
términos del debilitamiento militar del contrario (lo que reduce su capacidad de demanda y
poder en un eventual diálogo), conservando siempre la carta escondida de la “guerra sucia”.
El 9 de diciembre de 1990, mientras un 25% de los electores se acercaba a las urnas
para decidir la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente; en el departamento
del Meta se consumaba un ingente operativo militar dirigido a eliminar al Estado Mayor de
las FARC ubicado en Casa Verde; y aunque el Ejército Nacional no escatimó recursos en la
acción (se invirtieron alrededor de 40.000 millones de pesos, cinco mil hombres, cuarenta
helicópteros artillados, todos los aviones de combate de la fuerza aérea) se obtuvo al final
un infausto resultado y una nube de incertidumbre se posó sobre la política de paz. Según
el Gobierno, que se sitúo al margen de los hechos, los militares actuaron de forma
autónoma en cumplimiento de sus deberes constitucionales buscando facilitar las
negociaciones con un interlocutor debilitado del otro lado de la mesa para lo cual no se vio
la necesidad de consultar al Presidente o al Ministro de Defensa aun cuando éstos
estuvieran ofreciendo al país diálogos y negociación164. De todas formas las declaraciones
presidenciales hechas antes del operativo en las que se exhorta a las Fuerzas Militares a
164 Este hecho nos recuerda un poco otro caso de autonomía política de los militares cuando en 1974 un comandante del Ejército publica y envía, sin consulta previa con las autoridades civiles, una circular a los comandantes de brigada autorizando el uso de las armas cuando en las manifestaciones se cometan delitos de injuria, calumnia, tumulto, solidaridad, piedra, incendio, bombas molotov, máscaras, etcétera; y el presidente Michelsen pasa por alto el asunto. Ver otros sucesos ilustrativos en GALLÓN, Gustavo, ob.cit., pp. 84-87.
105
cumplir con su deber, ponen en cuestión el presunto desconocimiento por parte del
Gobierno.
Ante esta doble posición gubernamental oscilante entre la guerra y la paz, la
Coordinadora Guerrillera respondió con el lanzamiento de una ofensiva militar que se
recrudeció en febrero de 1991, iniciando una nueva serie de encuentros y desencuentros
entre Gobierno y guerrilla que finalizó en el último tramo de 1992 con una confrontación
abierta165.
En cuanto al narcotráfico, Gaviria había promovido en 1990 una política de
sometimiento a la justicia bajo la cual se entregaron los principales capos del Cartel de
Medellín, pero debió hacer frente a los cuestionamientos oficiales contra la misma y la fuga
del principal hombre de la droga, Pablo Escobar Gaviria en julio de 1992. Este punto en
torno a la fuga y muerte de Pablo Escobar reviste una gran significación para el tema que
nos ocupa, pues en él podemos advertir el alto grado de intervención estadounidense en la
política interna del país, su carácter secreto e inconstitucional, así como la combinación,
una vez más, de todas las formas de lucha, bajo la cual se implanta de facto la pena de
muerte a los enemigos del Estado en Colombia. Gracias al trabajo investigativo del
periodista estadounidense Mark Bowden166 la información sobre el particular se hizo de
conocimiento público. Según el estudio, desde 1989 Estados Unidos intervino en el país
con varias unidades ultra secretas, en el marco de la operación “Sombra Pesada” diseñada
para localizar a Escobar.
Ante la presión de los persecutores y la inminencia de su muerte, el capo decidió
entregarse a la justicia colombiana en 1991 y a mediados del año siguiente logró fugarse
antes de ser trasladado de “La Catedral” a una prisión común. Tras su escape el presidente
César Gaviria acudió a Washington por más ayuda, y en consecuencia fue reforzada la
presencia de personal estadounidense en el país. “La unidad antiterrorista Delta Force, del
Ejército de los Estados Unidos, en conjunto con el grupo Navy Seal de la Marina y un
escuadrón clandestino de vigilancia electrónica del Ejército norteamericano detectaron el
movimiento de Escobar y de sus socios y ayudaron a planear redadas que realizó una
165 LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 87. 166 Killing Pablo. Un avance de este libro, del cual nos hemos servido, fue presentado por la revista Semana en su edición Nº 967, p. 26.
106
unidad especial de la Policía colombiana denominada Bloque de Búsqueda. El ex
embajador norteamericano en Colombia dirigió las acciones de su país con el apoyo de
agentes de la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad.”167 Y así, “con todas
estas entidades reunidas bajo el mando del embajador Morris D. Busby, y el jefe de estación
Bill Wagner, Bogotá se convirtió en la estación de la CIA más grande del mundo.”
Los Pepes, mercenarios pagados por el Bloque de Búsqueda –y en cuya dirección se
encontraba el paramilitar Fidel Castaño y el sicario “Don Berna”-, facilitaron con
información y homicidios la misión de éste último. Asesinaron a cerca de 300 personas
entre “banqueros, lavadores de dinero, sicarios, y parientes que le ayudaban al capo a
mantener su imperio de la cocaína” e iniciaron una serie de atentados terroristas en la
ciudad. Esta relación entre el Bloque de Búsqueda y los Pepes fue denunciada por el
entonces Fiscal General, Gustavo de Greiff ante la embajada de Estados Unidos pero a sus
preocupaciones no asistieron respuestas. Finalmente, Escobar fue encontrado y asesinado
en diciembre de 1993 en desarrollo de un operativo comandado por las fuerzas
binacionales. Con asombrosa crudeza, un alto funcionario del Pentágono resumiría el
proceso que condujo a este resultado ignominioso para la justicia del Estado colombiano:
Pablo Escobar era como un hombre parado en la cima de una montaña que estaba conformada por cada uno de los miembros de su familia, sus socios, amigos y admiradores que había adquirido en el curso de cuarenta años. En última instancia la única manera de alcanzarlo consistió en derribar la montaña, persona por persona hasta que Pablo no pudo encontrar más refugio.168
De otra parte, era aún inexistente una política de persecución contra el paramilitarismo
mientras los guerrilleros habían perdido todos estatus político dentro del discurso
imperante y se buscaba con mayor insistencia su exterminio.
El Gobierno decretó el estado de conmoción interior en julio y luego en noviembre de
1992 en respuesta a una masacre de policías perpetrada por la guerrilla, prorrogándolo por
las tres veces permitidas en la Nueva Carta, y viéndose obligado a levantarlo en agosto de
1993169. Durante este tiempo se expidieron treinta y seis decretos Legislativos que tocaban
167 Revista Semana Nº 967, p. 26. 168 Ibíd., p. 34. 169 La Constitución de 1991 reformó el estado de sitio de la Carta de 1886, estableciendo, para el nuevo estado de conmoción interior, un plazo de vigencia (no mayor a noventa días prorrogable hasta por dos periodos iguales con concepto previo del Senado en el último de ellos), y la estricta relación entre los decretos
107
el tema de la inmunidad para delatores de las acciones y redes del narcotráfico, así como de
la insurgencia, funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, sanción a alcaldes y
gobernadores por intentar ir en contra de la política presidencial en materia de orden
público, regulación de medios informativos y control a contratistas del Estado para cortar
las vías de financiación guerrillera170.
Gaviria presentó ante el Congreso un proyecto de ley tendiente a volver permanente la
legislación de excepción recientemente expedida encontrando las críticas de congresistas, la
Corte Constitucional, y la Defensoría del Pueblo. No obstante, tiempo después el Congreso
aprobó la reforma al Código Penal mediante el cual se entregó a la Fiscalía la política de
sometimiento a la justicia, y un proyecto de orden público (Ley 104 de 1993) que se
constituiría en la base de los futuros acuerdos de paz.
En octubre de 1993 apareció la segunda fase de la ENV intitulada “Seguridad para la
Gente” que se fundamentó de manera formal en la seguridad ciudadana y la convivencia
pacífica, pese a lo cual se conservaron las líneas anteriores de fortalecimiento estatal:
robustecimiento de la justicia y las Fuerzas Armadas, criterios de prevención y planeación
de la seguridad así como su orientación civil171. Igualmente se hizo énfasis en la
participación ciudadana, la resolución pacífica de los conflictos, y la necesaria relación
solidaria entre ciudadano-Fuerzas Armadas. Todo un conjunto de elementos que
encontraremos con certeza en los principios y concepciones de la Doctrina de Seguridad
Nacional y que se perfilaron confusamente en la fallida Estrategia Nacional Contra la
Violencia.
Finalmente será necesario hacer énfasis en que al paso que se iba desarrollando la
nueva estrategia de seguridad, las fronteras nacionales se disponían para recibir la apertura
económica, y tal como ésta se encontraba formulada, tal y de donde procedía esa
formulación, entraba chocando directamente con las pretensiones de apertura democrática
de los vastos sectores sociales.
legislativos expedidos con la situación que hubo determinado la declaratoria. Asimismo se proscribió la justicia penal militar para el juzgamiento de civiles y se determinó en este tiempo, la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales. (Capítulo VI de la Constitución Política de Colombia). 170 LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 94. 171 Camacho, Álvaro, ob.cit., p. 88.
108
3.2.3 El ocaso de la Contención: Samper, 1994-1998
La administración Samper se caracterizó por la debilidad del Gobierno en todos los
frentes derivada de la denuncia pública sobre la financiación de la campaña presidencial con
dineros del Cartel de Cali. El llamado proceso 8.000 mediante el cual la Fiscalía investigó
las relaciones entre el Gobierno y el narcotráfico emplazó el cuatrienio en esta dirección,
desacreditando aún más a la clase política y ahogando la iniciativa del presidente de entablar
diálogos de paz con las guerrillas.
Con el propósito de dar salida negociada al conflicto interno, Samper reemplazó la
Consejería Presidencial para la Paz y en su lugar creó la oficina del Alto Comisionado para
la Paz con funciones ministeriales, y le asignó al Alto Comisionado la tarea de identificar las
posibilidades de diálogo. Así mismo se inclinó por enfatizar en la política social contenida
en el Plan de Desarrollo y sustituyó el PNR por la Red de Solidaridad Social. Sin embargo,
los esfuerzos por dar una orientación socialdemócrata al mandato se vieron obstaculizados
con prontitud, por el Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, y los altos mandos
militares.
El ministro Zea, de inclinación neoliberal, intentó conducir la seguridad interna con
criterio eficientista y a tal efecto propuso la creación de cooperativas de seguridad rural
mediante las cuales se vincularía al campesino en el frente de guerra del Estado. Este
proyecto buscó, desde una lectura particular, la legalización de una forma de
paramilitarismo que logró concretarse con el nombre de Asociaciones Comunitarias de
Vigilancia Rural, Convivir, para 1994, pese a la oposición del Ministro del Interior y algunos
sectores sociales. Las Convivir -que habían encontrado piso legal en los decretos 2535 de
1993 y 356 de 1994-, tenían por función complementar las labores de inteligencia de las
Fuerzas Militares y los organismos de seguridad172. Mas, pese a su regulación por parte de la
recién creada Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, éstas fueron declaradas
inexequibles para 1999. El Estado no recuperó las armas entregadas a los civiles y algunos
grupos siguieron funcionando con el patrocinio de hacendados y narcotraficantes173.
172 Ver LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 110. 173 RICHANI, Nazih, ob.cit., p. 93.
109
En ese mismo año, el Ministerio de Defensa, intentó continuar con dicha política
lanzando un plan de creación de unidades de soldados campesinos para Antioquia, las
cuales cumplirían labores civiles, de inteligencia y combate. La propuesta echo andar en
octubre de 2.000 respaldada en la ley 48 de 1993, y nueve años más tarde se propagó en
todo el territorio bajo la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez.
En relación con la insurgencia, el presidente Samper y el Comandante General del
Ejército, Harold Bedoya Pizarro, trazaron directrices paralelas. En 1995 Samper accedió a
desmilitarizar el municipio de La Uribe en el departamento del Meta a fin de iniciar
diálogos con las FARC, mientras que Bedoya se negó a cumplir la orden haciendo sentir la
autonomía política de la institución castrense lograda desde tiempos del Frente Nacional.
Este hecho, sumado a la renuncia del Ministro de Defensa para atender las acusaciones del
proceso 8.000 y la dimisión del Alto Comisionado para la Paz el cual no fue posteriormente
reemplazado, se sobrepusieron a la propuesta de adelantar conversaciones con la
insurgencia. El Gobierno había intentado también establecer acercamientos con el ELN en
1996 y dos años después celebró una reunión con representantes de ésta organización en
Madrid, pero las tentativas se frustraron corriendo la misma suerte que en el pasado.
Entretanto los organismos de control político del Estado reabrieron las
investigaciones contra el presidente quien fue finalmente absuelto en 1996 por
determinación de la Cámara de Representantes. Estados Unidos y una facción de la clase
dominante, junto a los gremios económicos, presionaron un tiempo por su renuncia, pero
Samper se mantuvo en el cargo sobrellevando la fuerte crisis en uso del gasto social, el
clientelismo y la concesión para ganar apoyo político-social.
Así fue como, pese a las contradicciones mantenidas con los militares en el enfoque
sobre la cuestión política del orden público, Samper “aumentó el presupuesto de defensa,
firmó decretos guerreristas como la creación de zonas especiales de orden público, y
permitió la participación castrense en el proyecto de un grupo de congresistas de eliminar la
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, que era quizás el único freno a los
excesos militares en el manejo del orden público.”174 Además de esto, el presidente
174 LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 116.
110
defendió el fuero militar, que había entorpecido desde siempre las investigaciones por casos
de violación a los derechos humanos, y continuando con la política de sustratos materiales al
poder castrense, ascendió al general Bedoya al cargo de comandante de las Fuerzas
Militares en 1996.
Todo ello no evidenciaba más que la ausencia histórica de una política de Estado,
propia, coherente y organizada sobre el conflicto interno y la seguridad nacional. En
consecuencia, el orden público prosiguió su deterioro: a partir de 1997 aumentaron
raudamente los grupos paramilitares y desde 1996 las guerrillas experimentaron sucesivos
éxitos en la ofensiva militar175. Los militares adujeron entonces que la serie de derrotas
frente a las guerrillas se debía a la desmoralización de la tropa por la falta de control de
territorios, la desmilitarización de zonas a solicitud de la insurgencia176, y la no continuidad
en las políticas de gobierno sobre orden público177.
Esta crisis de las Fuerzas Militares debió leerse como una clara expresión del
estancamiento de la estrategia de contención aplicada por los militares desde los años 60; el
cómodo impasse identificado por Richani, que permitió al organismo acumular recursos y
beneficios que no hubiese podido lograr en tiempos de paz y en el que predominó un
enfoque defensivo (y no ofensivo) frente a la guerrilla, permitiendo la consolidación de
todo el sistema de guerra178. Al parecer dicha crisis llamó profundamente la atención de
Estados Unidos que para 1998 enarboló el conflicto político en Colombia como un
175 El 16 de abril de 1996 150 hombres de las FARC y el ELN, emboscaron y dinamitaron un convoy militar integrado por seis vehículos en Puerres, Nariño, dejando como saldo 1 suboficial y 30 soldados muertos, y 15 más heridos. En agosto 31 la base militar de “Las Delicias” fue atacada por el Bloque Sur de las FARC dejando 27 militares muertos, 18 heridos y 60 secuestrados. En septiembre 200 hombres del Frente 1 de las FARC atacaron la base militar de La Carpa en el Guaviare resultando 24 militares muertos. En febrero 3 de 1997 los frentes 53 y 54 de las FARC se enfrentaron con el Ejército en San Juanito, Meta, dejando 16 soldados muertos y 4 heridos. La Fuerza Aérea bombardeó la zona y se produjo el éxodo de 250 habitantes de la región. En julio 6 el ELN derribó un helicóptero que transportaba una patrulla de soldados hacia Arauquita, donde la guerrilla había dinamitado un tramo del oleoducto resultando 20 militares y 1 civil muertos. Cuatro días después se repitió el ataque dinamitero y la guerrilla dio muerte a diez soldados. En los meses de septiembre a octubre de 1997 las Fuerzas Militares ejecutaron la Operación Destructor II sobre los Llanos del Yarí para capturar a Tirofijo y al Mono Jojoy. Desplegaron una fuerza de 3.500 hombres reforzada con bombardeos. El saldo: 1 guerrillero capturado, decenas de vacas muertas y un costo de 17.000 millones de pesos. En diciembre 21 los frentes 32 y 49 de las FARC atacaron la base de comunicaciones del Ejército ubicada en la cima del cerro Patascoy en los límites entre Nariño y Putumayo con un resultado de diez militares muertos, cuatro heridos y 18 secuestrados. “Golpe tras golpe” Revista Semana Nº 827, p. 57. 176 En junio de 1997 las FARC liberaron a 60 soldados retenidos durante la toma de la base “Las Delicias” en Putumayo, para lo cual habían pedido la desmilitarización de 13 kilómetros de territorio. 177 Algunos atribuyen el fracaso operativo de las Fuerzas Militares a la escisión entre sus mandos y los servicios de inteligencia que les proveen de información, aunada a la exigua capacidad de infiltración e investigación y la confianza excesiva en los informantes esporádicos y a sueldo. 178 RICHANI, Nazih, ob.cit., p. 81.
111
problema de seguridad para el Hemisferio. Se percibieron, a la sazón, aires de intervención
estadounidense en los asuntos internos del país partiendo de la incapacidad de las Fuerzas
Armadas para enfrentar el narcotráfico y la guerrilla, y retomar el control del territorio.
En palabras del entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos –con sede
en Panamá-, Charles Wilhelm:
Los republicanos no ven la diferencia entre la guerrilla y narcotráfico. Lo que ven son grupos de Pablos Escobares en la selva, cuidando cultivos de coca y disparando contra helicópteros de la Policía. Por eso, sus propuestas siempre van encaminadas a incrementar la ayuda militar. De ahí que la semana pasada (segunda semana de abril de 1998) no sólo se haya reactivado la ayuda al Ejército colombiano después de ocho años de estar congelada, sino que además se haya aprobado la entrega de tres helicópteros Blackhawk por valor de 39 millones de dólares179.
Continuaba la intervención estadounidense180 encauzada oficialmente a combatir el
narcotráfico teniendo como derrotero la actualización operativa de las Fuerzas Militares
colombianas bastante cuestionadas en su capacidad de combate. Mas, se anexaba un nuevo
componente: la protección de los derechos humanos, la cual se superpuso,
paradójicamente, como condicionante de toda atención militar de ese país. El Ministerio
de Defensa debió entonces comprometerse a firmar un acuerdo bilateral sobre protección
de derechos humanos y presentar un informe detallado sobre casos de violación a los
mismos cometidos por militares181. Este hecho no hace más que poner sobre el tapete la
precariedad institucional del Estado colombiano y su naturaleza opresora (común a todos
los Estados capitalistas). Y así, los derechos humanos han dejado de ser fundamentos de la
existencia de un Estado que se asume social de derecho, para convertirse en puntos de
negociación internacional cuyo cumplimiento otros Estados deben exigir para la entrega de
recursos financieros o militares.
Resuelta formalmente la cuestión de los derechos, Estados Unidos intervino con más
resolución, continuando y fortaleciendo una política antinarcóticos represiva y militarizada
a la cual se subsumió la lucha contraguerrillera. “Ya desde antes el Ejército había realizado
179 Revista Semana Nº 832, p. 27. 180 Desde tiempo atrás, Estados Unidos había abonado el terreno para la ofensiva antinarcóticos mediante mecanismos coercitivos y represivos como la descertificación a países que no combatieran eficientemente el problema de la droga, y la extradición de narcotraficantes prohibida en el país por la Constitución de 1991 y que luego fue puesta en vigencia mediante acto legislativo 01 de diciembre de 1997. 181 LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., p. 120.
112
operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación
de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca de apoyo directo de Estados Unidos a
sus actividades antisubversivas182.”
Pero tal énfasis se había dispuesto con anterioridad a las derrotas del Ejército las
cuales no hicieron sino reforzar la convicción acerca de la necesidad de un cambio en el
estrategia militar con alta participación estadounidense.
A finales de 1994, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la extensa fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato, contrariando los acuerdos gubernamentales suscritos poco antes con los campesinos del Guaviare (…), en febrero de 1995 el presidente Samper anunció el Plan Antinarcóticos 1995-1997 y su Operación Resplandor destinados a la erradicación total de cultivos ilícitos. En abril el Gobierno compró equipos técnicos y de aviación por la suma de 2.000 millones de dólares y en mayo el mismo Consejo aprobó el plan “Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga”. En noviembre el Ministro de Defensa anunció la instalación de un radar de Estados Unidos en Marandúa, departamento de Vichada, como parte de la lucha antinarcóticos; (y) en 1996 con el fin de reforzar las fumigaciones se ensayó el imazapyr, herbicida granulado más potente que el glifosato183.
No obstante estas políticas antinarcóticos, el país fue “descertificado” en 1996 y en
1997 por las tensiones existentes entre Estados Unidos y la administración Samper. Sin
embargo los vacíos en las relaciones con el Gobierno no afectaron la política emprendida
por el país del norte. Sus representantes sostuvieron una ininterrumpida relación con el
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que se tradujo en la asistencia financiera y
militar a esta última institución. La Policía, en cuya dirección se encontraba el general
Rosso José Serrano, fue reestructurada con asesoría de la DEA, la CIA y el Departamento
de Estado de Estados Unidos, poniendo énfasis en información, inteligencia y medios. En
1996 Estados Unidos entregó 2 millones y medio de dólares para la construcción de dos
bases antinarcóticos en Valle del Cauca y Putumayo, y en 1997 se otorgaron cien millones
más. En el transcurso de 1995 se aprobó un decreto anticorrupción en la Policía Nacional
por medio del cual fueron retirados 8.992 agentes en sólo ese año; se creó la figura del Zar
Antisecuestros, el Consejo Nacional de lucha contra el secuestro, y los grupos Gaula.
Igualmente, se promovió la reorganización de las Fuerzas Militares con la creación de
nuevas divisiones, brigadas, brigadas móviles, batallones y batallones contraguerrilla,
182 Ibíd., p. 124. 183 Ibíd., p. 125.
113
aunque sin introducir modificaciones sustanciales de orden cualitativo en su composición, y
manteniendo inmodificable el número de los efectivos profesionales184.
Tal militarización y privatización de la política antinarcóticos en el país (el programa
de fumigación de cultivos ilícitos fue ejecutado por la Dyncorp, firma contratada por el
Departamento de Estado de EE.UU en 1994), y el enfoque técnico dado por el Gobierno
se tradujeron en mayores problemas sociales y ambientales. Se reprodujo con mucho la
violencia, aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos, el ecosistema sufrió graves daños, y
se vio afectada la economía de los campesinos tanto por la destrucción de cultivos de coca
y amapola como por los cultivos de pancoger, producto de las fumigaciones. En cuanto a
los programas de desarrollo alternativo, el Gobierno no tomó en cuenta la crisis del campo
colombiano, y los campesinos no contaron con ventaja política para renegociar con el
Estado los términos de los programas de sustitución con relación a nuevos cultivos,
subsidios, comercialización, tecnificación, protección e inversión social. Como resultado los
campesinos organizaron multitudinarias marchas a partir de 1994 en contra del programa
del Gobierno para la erradicación de los cultivos, ante las cuales se respondió con represión
y promesas de inversión. El Gobierno no alteró la concepción eminentemente técnica y
residual de lo social –constante en los Estados de Seguridad Nacional-, y ejecutó “un
puñado de micro inversiones locales más afín a un plan asistencialista de emergencia que a
un plan de desarrollo185.” La ausencia de debate político por la visión simplista del ciudadano
y las políticas sociales, jugaba, entonces, una vez más como factor desestabilizador de la
vida social del país.
En materia de derechos humanos, Colombia aprobó el Protocolo II de 1977 adicional
a los acuerdos de Ginebra sobre regulación del conflicto armado interno, en contraste con
la negativa de los militares a que el Estado tipificara la desaparición forzada como delito en
el Código Penal, que fue finalmente cobijada por el fuero castrense. Luego, en 1995 la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo enfatizaron en la objeción de conciencia de los
soldados respecto de las órdenes de sus superiores que atentaran contra los derechos
humanos, ante la cual, la Corte Constitucional respondió con la declaratoria de
exequibilidad. Pero la tendencia de los militares a ver en la defensa de los derechos
humanos un ataque directo contra la institución a la cual representan, tomó forma de
184 Ibíd., p. 132. 185 RAMÍREZ Tobón, William, citado en LEAL Buitrago, Francisco, ob.cit., 126.
114
nuevo, obligando al Procurador Delegado para los Derechos Humanos a renunciar a su
cargo y exiliarse debido a las amenazas recibidas tras la destitución de un general por cargos
de desaparición forzada investigados por la Procuraduría. Estos hechos sumados a las
subsiguientes y reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos perpetradas
por militares, condujo a que el Comando de las Fuerzas Armadas promulgara una directiva
sobre derechos humanos, y a que el Ejército creara el Departamento de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario como organismo asesor del comando de la
fuerza.186 Sin embargo, la problemática continuó en ascenso187.
En 1996, ante la escalada de la ofensiva guerrillera, el Gobierno autorizó la creación de
“zonas especiales de orden público” en los departamentos de Vaupés, Guaviare, Meta,
Vichada y Caquetá. Estas zonas fueron militarizadas y en ellas se impuso una pedagogía del
control con autoridad militar sobre la civil, reviviendo las figuras territoriales de la guerra de
los años cincuenta, en las que también se limitaron derechos fundamentales de los
habitantes como el de locomoción, expresión, y se impuso el bloqueo de alimentos,
medicinas y otros de primera necesidad. Asimismo las Fuerzas Militares optaron por la
ofensiva iniciando la guerra aérea con el avión “fantasma” y nuevos equipos de
comunicaciones. La nueva actitud tendía a modificar la correlación de fuerzas advertida
hasta entonces.
El periodo presidencial finalizó presentando como único parte positivo el
desmantelamiento del Cartel de Cali (1995) producto de la política de entrega ensayada por
la Fiscalía y las capturas realizadas por el Bloque de Búsqueda; y un sombrío escenario
determinado por el marcado deterioro social, una tasa de desempleo del 18%, una crisis
económica en aumento, y el recrudecimiento del conflicto interno con el crecimiento
sostenido del paramilitarismo por un lado, y la continuación de la ofensiva guerrillera con
ataques a la infraestructura y la política del secuestro, por el otro. Cerraba así el cuatrienio
con el comienzo de una etapa de preparación para la ofensiva contrainsurgente en el
marco mismo de la Doctrina de Seguridad Nacional, no ya con las banderas del
anticomunismo sino con las banderas de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la
protección de los derechos humanos.
186 Ibíd., p. 134. 187 Ver OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, (OACNUDH), informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2003.
115
Capítulo 4
De la contención a la ofensiva contrainsurgente y la búsqueda
de consolidación del modelo neoliberal
“Cada uno de nosotros, al marchar a través de la multitud con los zapatos rotos, da testimonio de la vergüenza que hoy cubre nuestro país.
pero ni uno solo de nosotros se quedará aquí. La última palabra aún no ha sido dicha” Bertolt Brecht
4.1 EL PLAN COLOMBIA Y LA APERTURA DE UNA NUEVA FASE DOCTRINARIA BAJO LA ADMINISTRACIÓN PASTRANA ARANGO (1998-2002)
4.1.1 El Revolcón de las Fuerzas Armadas
Desde los orígenes mismos de la Doctrina hacia los años de 1960, el fortalecimiento
operativo de las Fuerzas Armadas colombianas no fue prioridad en la agenda de ayuda
militar de Estados Unidos a Colombia en tanto la insurgencia no se percibía como un
factor de desestabilización realmente significativo para los intereses de la potencia en el
país. De ahí que los conflictos fueran entendidos como de baja intensidad. Bajo este
criterio, sano fue asumir una actitud de contención del accionar bélico insurgente en
lugares neurálgicos para la economía, así como tolerar su existencia que hacía posible el
mantenimiento de un estado de guerra y unas políticas de guerra en el marco de la
excepcionalidad constitucional en Colombia. De este modo las fuerzas armadas sumaron a
sus funciones de prevención y represión de los enemigos internos, la protección de
enclaves económicos trasmutando su vocación de defensores de soberanía a defensores de
intereses foráneos.
Por otro lado, la actitud de tolerancia hacia la insurgencia permitiría el engorde
burocrático de unas fuerzas armadas estacionarias, abultadas de privilegios y más bien poco
116
calificadas para el combate188 tal como lo demostraría la serie de derrotas militares
propinadas por la guerrilla en 1996. Así, la institución castrense se posicionaba como la
tercera empresa más grande del país en tanto las organizaciones guerrilleras crecían
cualitativa y cuantitativamente consolidándose de este modo, un complejo “sistema de
guerra”.
Pero esta situación habría de cambiar bien entrada la década del 90, a causa de la
dinámica misma que asumió el conflicto político en Colombia y las reclamaciones de un
orden internacional cautivo por el discurso neoliberal, el debilitamiento del Estado-Nación
y a la extensión de la globalización en todos los ámbitos socio-económicos del planeta.
Se había agotado ya la etapa de fuerte y abierta militarización de las sociedades y las
relaciones internacionales que había conseguido debilitar los movimientos insurgentes
latinoamericanos animados en la lucha revolucionaria por una sociedad justa; y sumir a la
gran mayoría en un estado de letargo político del cual no resultaría fácil desembarazarse.
Se dió paso así, abiertamente, a los objetivos económicos del gran capital, que se
estaban ya incubando bajo nuevos parámetros, asumiendo nuevas formas. Entonces
Colombia, inserta en esta dinámica, no podía menos que modificar una vez más sus
esquemas, desechar la conformidad con el enemigo interno encarnado en la subversión,
para, ahora sí exterminarlo, de un golpe si fuese necesario. El mercado no daría espera y la
crisis del capital comandado por Estados Unidos tampoco. Bien resumiría esta situación el
comandante general de las fuerzas militares en el 2001, general Fernando Tapias: “Nos
habíamos acostumbrado a que en Colombia siempre existía la guerrilla pero siempre había
crecimiento económico. Con guerrilla y sin crecimiento económico las cosas se ven de otro
color189”.
En el marco de la recesión económica y teniendo claridad sobre los propósitos ahora
perseguidos: lograr la seguridad interna para el mercado por sobre cualquier obstáculo
presente en la realidad del país; se impulsó la reestructuración de las fuerzas militares bajo
la tutela de Estados Unidos. Jóvenes “yuppies” egresados de prestigiosas universidades
188 “Más del 60% de la fuerza militar está dedicada a la protección de sectores de la economía y casi el 70% del presupuesto de defensa se invierte en salarios y otros beneficios; el resto, en la modernización de sus armamentos”, Nazih Richani, ob.cit., p. 81. 189 Revista Semana Nº 1.008, p. 29.
117
privadas nacionales y extranjeras, especialistas en relaciones internacionales, negocios y
finanzas, en seguridad y administración de conflictos, en marketing, en suma, la tecnocracia
que debate a puerta cerrada el futuro de las naciones desde los recintos estatales,
determinando el manejo de la guerra y la paz, intervino con mucho en el planeamiento de
las reformas. Estas que habían sido esbozadas ya en 1990 durante la administración Gaviria
permanecían casi sin modificaciones mas fueron concretándose en el marco del Plan
Colombia y la lucha contras las drogas.
En el 2000 el Congreso aprobó una reforma militar promovida por el presidente
Pastrana, el ministro de Defensa Luís Fernando Ramírez y Comandantes de las armas que
contempló entre los aspectos más destacados: la movilidad de las fuerzas, su tecnificación,
coordinación de las tres armas y unidad de fuerza, unificación de la inteligencia,
racionalización del gasto, profesionalización190, capacitación en derechos humanos y
reforma al sistema de ascensos191, modernización del Ministerio de Defensa, actualización
de la armada y la aviación, y libre nombramiento y remoción de militares.
Tales objetivos correspondían en su conjunto, con el plan de modernización militar
contemplado por el Centro Hemisférico para Estudios de Defensa de Estados Unidos,
adscrito al Pentágono y creado en 1997 para asesorar a los ejércitos del continente,192 con
algunas modificaciones para el caso particular del conflicto armado.
Al parecer la modernización había llegado a las instituciones castrenses pero no así la
modernidad pues las aberraciones que asaltaron las mentes de los altos jerarcas militares,
jefes de Estado, en la época de las dictaduras en el continente, o de los estadistas civiles
190 Parte del costo de esta reorganización militar entre 1999 y 2000, fue de 400 millones de dólares, que se destinaron al aumento del pie de fuerza profesional pasando de 34.831 efectivos en 1999 a 60.835 en 2002, RICHANI, Nazih, ob.cit., p, 85. 191 “Antes un militar ascendía por criterios como el número de muertos causados a la guerrilla o el número de felicitaciones de su superior. Ahora la evaluación es más centrada en su capacidad para proteger el área bajo su comando. No es el que cause bajas en un ataque guerrillero sino el que evite el ataque el que asciende.” Revista Semana Nº 958, p. 45. Con ello también se minimizaría la tendencia autómata de los soldados a disparar mecánicamente intentando causar bajas y ganar “condecoraciones” y que causaría tantas muertes de civiles. 192 De acuerdo con Margaret Daly Hayes, presidente de esta institución, los ejércitos de este siglo deben ser “fuerzas más pequeñas con misiones más exigentes. Se van a pedir más resultados con menos plata. Mucha más movilidad, fortalecimiento de la aviación. Más equipo y equipo más versátil, más elementos de patrullaje pequeños en lugar de acorazados o bombarderos. Alta tecnología y grandes economías de escala gracias a su utilización. La tendencia juega en contra del servicio militar y tiende hacia una fuerza de voluntarios profesional, bien pagada y educada”, Revista Semana Nº 935, p. 32.
118
conductores de las democracias restringidas, aparecieron de nuevo avasallando el discurso
de los derechos humanos que se vio reducido a una serie de cursillos sin importancia.
Para el 2001, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley elaborado por los
militares que contemplaba aumentar su libertad de acción, disminuir el escrutinio externo
sobre sus actos, limitar la competencia de las investigaciones sobre violaciones a los
derechos humanos a la rama militar de la Fiscalía, aumentar el poder judicial de los militares
para retener civiles en ausencia del fiscal y eximir el presupuesto militar de las reducciones
del Gobierno.
La Ley 684 de agosto de 2001193 presentada por la administración Pastrana y declarada
inexequible por la Corte Constitucional194, es la versión actualizada para el siglo XXI del
Decreto Legislativo 3398 de 1965 mediante el cual se organizó la defensa nacional de
Colombia bajo los novedosos parámetros de la Doctrina de la Seguridad Nacional195. De
modo que si vamos a la ley en mención encontraremos entre líneas los más destacados
conceptos doctrinarios como el de seguridad nacional, potencial nacional, poder nacional,
movilización, estrategia de seguridad y defensa nacional, conducción estratégica nacional, documentos
primarios y secundarios196, y planeamiento estratégico entre otros197.
Empero, la nueva ley de seguridad no sólo acogió el lenguaje doctrinario sino también
los presupuestos y políticas más destacadas del modelo de guerra como la unión estratégica
entre Estado y ciudadano frente a una amenaza común haciendo a éste último el
responsable de la seguridad nacional; la visión de la sociedad y sus recursos como un
conjunto uniforme susceptible de ser movilizado por el Estado para la consecución de sus
fines; la subordinación implícita de las instituciones estatales frente al Ejecutivo y sus
organismo militares y de inteligencia, y la pretensión de establecer un estado de sitio
permanente a través de los Teatros de Operaciones en los cuales la autoridad militar se
impone a la civil por razones de orden público.
193 Diario Oficial Nº 44522 de 18 de agosto de 2001. 194 Sentencia C-251-02 del 11 de abril de 2002. 195 Ver capítulo 2 del presente estudio. 196 Extractados del Decreto Ley 1573 de 1974, por el cual se estableció el “planeamiento de la seguridad nacional” y se dividió al país en cinco frentes de poder nacional de acuerdo a las directrices de la DSN. 197 Revisar la estructura conceptual de la DSN en el Capítulo 1 de este estudio.
119
Vistas así las cosas, el cambio cualitativo de las fuerzas militares, tan necesario para
enderezar en algo la institucionalidad colombiana era el gran ausente de todo este revolcón.
En el ámbito de los derechos humanos, el Congreso aprobó para 1999 un nuevo
Código Penal Militar que rezaba: “los delitos no relacionados con el servicio como la
tortura, el genocidio y la desaparición forzada serán conocidos por la justicia ordinaria”
rompiendo con una larga y triste tradición de fuero militar, sin embargo los oficiales o
suboficiales detenidos por violación a los derechos humanos y vínculos con paramilitares
lograban escapar de las guarniciones antes de ser definida su situación jurídica haciendo del
hecho una regla, y reinando cada vez la impunidad198. En septiembre de 2000 Pastrana
debió ordenar a los militares no obstaculizar las investigaciones de los jueces civiles a
miembros de la institución, a raíz de las cuales se identificarían 388 oficiales
comprometidos en la violación de derechos humanos199.
Por su parte, la Policía Nacional había iniciado también un proceso de
reestructuración a mediados de la década del 90, bajo la dirección del general Rosso José
Serrano y la asesoría definitiva de Estados Unidos cuyo logro más visible fue la creación de
la Policía Antinarcóticos generosamente dotada a comienzos de los 90. Las directrices de la
Policía fueron para entonces continuar la lucha contra el narcotráfico, fortalecer la Policía
comunitaria, incrementar la lucha contra la extorsión y el secuestro, avanzar con
plataformas de inteligencia y más tecnología para neutralizar el crimen organizado y
continuar con la capacitación académica y los derechos humanos.200 Quedaba de esta
forma, evidenciado el creciente rol interventor de Estados Unidos en el manejo de la
política interna de defensa y seguridad tal como había ocurrido desde 1960, y que se vería
notablemente ampliado a propósito del Plan Colombia, en cuyo marco se realizaron las
principales reformas a la institución militar y con el cual se inicia una nueva fase de la DSN
en América Latina, fase que se encuentra andando.
198 Revista Semana Nº 933, “La Contraofensiva”, p. 46 199 Revista Semana Nº 965, p. 61. 200 Revista Semana Nº 946, “Con los soles a las espaldas”, p. 42.
120
4.1.2 El Plan Colombia y las dimensiones de la intervención
Una de las condiciones para el funcionamiento del poder político, -que Marx definiría
como la violencia organizada de una clase para la opresión de otra201-, es la asunción de un
discurso vinculante y unificador que legitime la acción política. Así, moviéndose aún en el
marco del Estado-Nación, la sociedad intenta ser constantemente conducida de acuerdo a
las concepciones de enemigo, política, paz, propagadas por la clase dominante y las salidas
que ella misma vislumbra. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) elevó al narcotráfico
como el factor más importante de reproducción de violencias y carencias sociales,
siguiendo la pauta trazada por Estados Unidos en la defensa de su seguridad nacional. El
Gobierno se arrogó el derecho de representar las aflicciones sociales y con el fin de
promover la aceptación de su plan, puso especial énfasis en el carácter amoral del enemigo
difusamente definido y llamó en pleno a la nación para tomar cartas en el asunto:
El momento que vivimos, las nuevas realidades internacionales y los deseos de la inmensa mayoría de los colombianos nos exigen poner fin a los enormes sufrimientos causados por este problema (el narcotráfico). Nos corresponde asumir la responsabilidad de adelantar las estrategias que nos permitan avanzar en forma decidida hacia la eliminación definitiva de esta problemática que nos ha causado altísimos costos en lo ambiental, el recrudecimiento de la violencia, el incremento de la corrupción, la tendencia al aumento del consumo, el deterioro de nuestra imagen internacional, y el resquebrajamiento de nuestra escala de valores (...). Señoras y señores; superar el problema de las drogas es una de las urgentes tareas para dar solución al conflicto armado, abrirle las puertas a una economía próspera y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas; para la reconstrucción moral de nuestro país, para la recuperación de nuestra credibilidad internacional y para el afianzamiento de la dignidad nacional202.
A estas razones de Estado, teniendo presente que el narcotráfico como el comunismo
revisten un carácter internacional, siguió todo un complejo proceso de concreción del
nuevo plan del capital denominado en principio Plan Colombia.
En octubre de 1998, el presidente Pastrana elaboró una propuesta de Plan Colombia
sobre tres temas: desarrollo alternativo, diálogos de paz y cultura de paz en desarrollo del cual se
daría atención a los desplazados y se ejecutarían programas de seguridad alimentaria
asistidos por la FAO, contando para ello con una amplia participación de la comunidad
internacional. Sin embargo la propuesta no encontró el favor de Estados Unidos ni de
201 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Manifiesto del Partido Comunista, Fondo Editorial Progreso, s.f., p. 35. 202 Discurso presentado por el entonces presidente Andrés Pastrana durante el acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz en Barrancabermeja, Santander el 4 de octubre de 1998, citado en CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO Plan Colombia No: Impactos de la Intervención, , Rodríguez Quito Editores, Colombia, 2003, p. 26.
121
Europa, y fue finalmente ahogada por una serie de acontecimientos contrarios ocurridos en
el 99.
En julio de este año el nuevo Ministro de Defensa Luís Fernando Ramírez y el alto
mando viajaron a Washington solicitando 500 millones de dólares en ayuda militar pero
regresarían al país con mucho más que eso. Oficiales estadounidenses entre ellos el zar
antidrogas Barry MacCaffrey y el Subsecretario de Estado Thomas Pickering, visitaron al
Gobierno colombiano en agosto y condicionaron una jugosa asistencia militar a cambio de
la aplicación de un “plan integral para fortalecer las fuerzas armadas, detener la recesión
económica y luchar contra el tráfico de drogas”203 partiendo del hecho de que Colombia
provee el 80% de la coca que llega a EU. Meses después aparecía la nueva versión del Plan
Colombia en inglés y sólo en febrero de 2000 se publicaría en español.
El paquete de ayuda de este nuevo Plan (alrededor de la entrega de 1.600 millones de
dólares) mereció el más amplio debate en Washington pues hubo de franquear varias
discusiones en el Senado estadounidense y la Comisión de Conciliación de ambas cámaras.
Estas audiencias contaron con la decisiva intervención de representantes de las empresas
productoras de aviones y helicópteros así como de la Occidental Petroleum Company a
favor del proyecto de ley, que finalmente fue aprobado previo el establecimiento de ciertas
condicionantes ligadas al respeto de los derechos humanos y la ruptura de miembros de las
fuerzas armadas con grupos paramilitares204.
203 Ver ESTRADA Álvarez, Jairo (compilador), El Plan Colombia y la Intensificación de la guerra: Aspectos globales y locales, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Observatorio Político, Bogotá, 2002. 204 Durante este periodo el paramilitarismo continúo su estrategia de consolidación territorial atacando poblaciones ubicadas en zonas estratégicas para el mercado como el Urabá chocoano y antioqueño (1997), El Salado, al Sur de Bolívar (2000), Buenaventura (2000) y el Naya (2001) –entre muchas otras-, en las cuales se perpetraron masacres, asesinatos selectivos y desapariciones en asocio con las Fuerzas Armadas del Estado. Estos hechos produjeron una ola de protestas a nivel internacional que obligaron al Gobierno a tomar medidas sobre el particular. De suerte que en febrero de 2000 se creó un Comité de Lucha contra las autodefensas cuya misión consistía en lograr el desmantelamiento de las AUC. Así, en desarrollo de la Operación Dignidad se capturaron 60 paramilitares quienes habían participado en la masacre del Naya el 13 de abril de 2001, en la cual fueron masacrados 50 campesinos con motosierras; y el 24 de mayo de 2001, se llevó a cabo la Operación Monserrate contra los paramilitares en Montería, Córdoba. 30 agentes de CTI, 10 fiscales, 5 agentes de la Procuraduría y Fuerzas especiales militares allanaron residencias y locales comerciales logrando la captura de 4 paramilitares. La respuesta no se hizo esperar, ganaderos, empresarios, comerciantes y políticos alzaron su voz de protesta con discursos, marchas y pasacalles, tal como ocurrió en 1989 cuando el DAS y la Policía realizaron los operativos en Bogotá y el Magdalena Medio que permitieron conocer el origen y la dinámica del paramilitarismo.
122
La Comisión de Conciliación subrayó la necesidad de que el presidente colombiano
presentase una lista de oficiales de las fuerzas militares sospechosos de haber violado los
derechos humanos abriendo la posibilidad de que la Secretaría de Estado levantara dicha
limitante; la eliminación de los condicionamientos ambientales para el uso de herbicidas en
la erradicación de los cultivos ilícitos y la supresión de la adición realizada por la Cámara de
Representantes para financiar el desplazamiento205. En contraste, el Plan Colombia no fue
discutido en el seno del parlamento colombiano, ni alimentado con las propuestas de las
diferentes organizaciones sociales, circunstancias que granjearon el rechazo de los países
europeos más influyentes.
En julio de 2000 el paquete de ayuda estadounidense fue finalmente reglamentado
(Aliance Act) autorizando un monto de 1.300 millones de dólares para el 2000 y 2001 de los
cuales 860206 serían para Colombia y el resto se repartiría entre las agencias antidrogas de
Estados Unidos y países de la región andina. La aprobación de tan importante empresa fue
impulsada directamente por el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, quien llegó a
Colombia el 30 de agosto de 2000 en compañía de su gabinete ministerial y varios
congresistas de ambos partidos (Republicano y Demócrata). Daniel García-Peña, ex-
consejero de paz, advirtió el carácter de dicha visita: “Así como en los 60 vino Kennedy
para impulsar la Alianza para el Progreso como arma de la guerra fría y en los 80 nos visitó
Reagan para promover su doctrina de guerra en Centroamérica, ahora llega Clinton a poner
en marcha el Plan Colombia en nombre de la guerra contra las drogas.207”
El Plan encontraba sustento jurídico en el Convenio General para ayuda económica,
técnica y afín, suscrito entre Colombia y Estados Unidos el 23 de julio de 1962 en el marco
de la Alianza para el Progreso, continuando de este modo la DSN en el país.
Objetivos. El Plan Colombia, también llamado Plan Nacional Andino, se concibió
como un proyecto a largo plazo, pensado a siete años, en el transcurso de los cuales se
lograría erradicar la mayor parte de cultivos de coca y amapola, así como la desarticulación
de las organizaciones armadas ilegales. Este último objetivo vinculó lucha contra las drogas
con lucha contrainsurgente pues la insurgencia fue percibida, para los fines concretos del
205 Revista Semana Nº 946, “Triunfo en Madrid”, p. 32. 206 Así la ayuda neta de Estados Unidos ascendía a 1.190 millones de dólares contando con los 330 millones que ya habían sido aprobados para fortalecer la Policía Antinarcóticos. 207 Revista Semana Nº 956, “Llegaron los gringos”, p. 28.
123
Plan como el aparato militar que protege la producción de drogas ilícitas y en ese sentido se
convertía en uno de los objetivos militares a derrotar.
Mas, tales propósitos fueron presentados como parciales y contenidos en uno más
amplio: el de potenciar el desarrollo económico y social del país, poniendo fin a los
problemas sociales y de seguridad. Estos objetivos del Plan Colombia llegan a articularse a
los objetivos permanentes y actuales definidos por este Gobierno de acuerdo a lógica de la
Doctrina. Los objetivos nacionales permanentes, es decir aquellos valores genéricos a las
sociedades occidentales, se encuentran insertos en el documento titulado “Cambio para
construir la Paz”, base del Plan de Desarrollo (declarado inexequible por la Corte
Constitucional), en el cual se lee:
El edificio del cambio para construir la paz habrá de sostenerse sobre cuatro pilares, sin los cuales no dejaría de ser un sueño: lograr un Estado viable y participativo; reconstruir el tejido social, avanzar en el desarrollo de la mano de la paz y devolverle la vida al motor del crecimiento económico: el empleo208.
De otro lado, ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Pastrana presentaba sin
embozos, los objetivos actuales del Estado colombiano; éstos que mediante su cumplimiento
logran promover los objetivos permanentes, y que contienen las verdaderas intenciones del
poder en un momento determinado:
Continuaremos con la apertura de la economía colombiana que se inició hace menos de diez años. Tenemos un compromiso irrevocable para con nuestras relaciones comerciales externas, hacia la comercialización de nuestros recursos y servicios en todo el mundo, y a la recepción del resto del mundo en Colombia. Sabemos que esto constituye uno de los caminos hacia el desarrollo. Seguiremos fomentando los avances hacia un Área de Libre Comercio para las América, porque creemos que será indispensable para que el hemisferio logre el nivel de integración que reclama la economía globalizada de nuestra época209.
En síntesis, convertir a Colombia en una sociedad de libre mercado y libre empresa.
Así, estos propósitos (paz, lucha contra las drogas, empleo, globalización) que aparecían un
poco desarticulados y que son perseguidos con la implementación del Plan Colombia,
logran al final acoplarse de una manera asombrosa en el “rompecabezas neoliberal”, tema
del cual nos ocuparemos al final de este estudio.
208 Palabras del entonces presidente de la República Andrés Pastrana, en presentación de las bases del Plan de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planeación, 17 de noviembre de 1998, CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, ob.cit., p. 31. 209 Ibíd., p. 27.
124
Organización del presupuesto. El Plan Colombia fue presentado como el resultado
de un trabajo interinstitucional entre Estados Unidos y el país que contempla, según sus
padres, un componente militar y un componente social. “Esta estrategia va desde erradicar
cultivos, destruir laboratorios, quitarle soporte militar a las plantaciones de coca y amapola,
hacer interdicción en puertos y aeropuertos, hasta manejar el desplazamiento, educar en
derechos humanos, perseguir el lavado de dólares y el contrabando y mejorar la
implementación de la justicia y la seguridad carcelaria.210” Pero dicho Plan no se ciñó a los
perímetros nacionales, trascendiendo las fronteras de los países del continente y en especial
de los andinos que corrían con la triste suerte de ser también productores -aunque en
menor escala a partir de la década de los 90-, de los cultivos malditos.
El paquete total aprobado por el Congreso de Estados Unidos para el Plan
comprendió 1.319 millones de dólares cuyo 35% se destina a operaciones antinarcóticos
fuera del país. Es decir 458.8 millones de dólares se invierten en el mejoramiento de bases
militares de Estados Unidos en Ecuador, Curazao y Aruba; inteligencia en la zona andina;
mejoramiento de radares de aduana; en el programa del Tesoro para la ubicación de capos
de la droga; aviones de reconocimiento y ayuda a Perú, Bolivia, Ecuador y otros países211.
210 Revista Semana Nº 956, p. 24. 211 Revista Semana Nº 953, agosto 7 de 2000, p. 25.
125
La distribución del presupuesto del Plan Colombia (2000-2001) en el país es la
siguiente:
DESTINO MILLONES DE DÓLARES
Militar 519.2
Policía 123.1
Desarrollo Alternativo 68.5
Desplazados 37.5
Derechos humanos 51
Reforma a la justicia 13
Hacer cumplir la ley 45
Paz 3
TOTAL 860.3
Fuente: Revista Semana Nº 953, agosto 7 de 2000, p. 25
Es manifiesto el tipo de aporte de Estados Unidos (fundamentalmente militar) que se
realizó en material y equipos bélicos suministrados por compañías estadounidenses,
mientras, el Gobierno debió sufragar parte importante de los gastos con presupuesto
nacional especialmente con recursos de crédito.
Niveles de Intervención y contenidos. En términos de intervención política, el
Plan Colombia aumentó significativamente la presencia de Estados Unidos, sus
instituciones y diseños en las esferas militar212, social y judicial del país. Así la potencia
americana anidó en los ministerios, en la DIAN, en la rama judicial, la vicepresidencia de la
república, y especialmente en el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas; y se situó
212 La estrategia militar del Plan Colombia ha sido elaborada bajo la dirección de dos generales del Comando Sur de Estados Unidos: su Comandante, el General Peter Pace, veterano de Vietnam; y el General James Soligan, Director de Estrategia, políticas y planes del Comando Sur, enviado a Colombia para asesorar la coordinación de las distintas entidades que trabajan en el Plan Colombia (Plante, Red de Solidaridad, Policía Antinarcóticos, Ejército, entidades judiciales). Por su parte, el general Keith M. Huber, Director de Operaciones de esta institución, es el asesor en materia operativa, encargado de que sus planes y estrategias militares funcionen desde la base de Tres Esquinas, Caquetá (centro de operaciones) y la base de Larandia, lugares en que asesores militares estadounidenses entrenan militares colombianos. Revista Semana Nº 958, p. 28. “Estos son los Rambos”.
126
detrás de algunos programas sociales de la presidencia como el Plante y los ejecutados por
la Red de Solidaridad.
Componente militar. Toda vez que el Plan Colombia ha sido presentado como una
empresa antinarcóticos –de ahí que sea justificada toda la asesoría y financiación de Estados
Unidos que ejecuta una cruzada internacional contra el terrorismo y las drogas ilícitas
atacando la “fuente”-, los componentes gruesos del mismo se enfocan en esta dirección. La
erradicación de cultivos mediante aspersiones aéreas con herbicidas213; la interdicción aérea
y fluvial; y la reforma y fortalecimiento de las fuerzas armadas constituyen sus armas más
visibles214. Por esta razón, en materia operativa, se proyectó la creación de batallones
antinarcóticos –cuya función es derrotar los ejércitos ilegales que cuidan los cultivos-,
inversión en inteligencia, logística, radares, infraestructura, nuevas tecnologías de combate,
equipos de guerra y munición, y principalmente helicópteros, estimando que de los dólares
entregados por EU, la mayor parte son para acondicionar, mantener y operar helicópteros
Bell o UH-1H (elaborados en Texas) y Blackhawk o UH-60 (fabricados en Connetticut).
Se aloja en la estrategia antinarcóticos una ofensiva militar contrainsurgente bastante
interesante, si se tiene en cuenta que una de las apuestas del Plan fue apoyar el proceso de
paz entre el Gobierno Pastrana y las FARC-EP. La misión de los batallones antinarcóticos
entrenados en territorio colombiano por fuerzas especiales de Estados Unidos, consiste en
adentrarse en las regiones productoras de coca del sur de Colombia controladas por la
insurgencia para despejar el terreno y facilitar la acción de la Policía Antinarcóticos. Misión
que se enmarca en la iniciativa de Estados Unidos denominada Ofensiva al Sur de
Colombia (Push into the Southern Colombia)215.
213 El Plan Colombia inició en Tumaco, Nariño, el martes 12 de septiembre de 2000 con la aspersión química de 7.000 hectáreas de coca y 5.000 de amapola. 214 La ayuda militar de Estados Unidos contra la droga en Colombia fue ejecutada desde sus inicios hasta hace muy poco tiempo, por empresas privadas de ese país como la Dyncorp, y la Military Professional Resources Inc (Mpri) entre otras más. La Dyncorp se ha vinculado en operaciones de erradicación aérea de cultivos con la Policía Antinarcóticos, así como a operaciones de rescate de aeronaves impactadas por la insurgencia. Esta firma ha trabajado sin regulación por parte de las autoridades colombianas y sus agentes –algunos de los cuales han intervenido en las guerras de Vietnam, Golfo Pérsico, El Salvador y Guatemala-, paradójicamente, se han visto involucrados en casos de consumo y comercialización de drogas ilícitas sobre los cuales no se ha asignado responsabilidad penal pues los archivos desaparecen de las oficinas judiciales. De su parte la Mpri contratada de 1999 al 2001, habitó el Ministerio de Defensa y prestó asesoría a las políticas del ramo. Revista Semana Nº 1002, pp. 26-30. 215 Ver CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, ob.cit.; y ESTRADA Álvarez, Jairo ob.cit.
127
Con ello se propuso matar dos pájaros de un sólo tiro considerando que al tiempo que
se desfinancia las organizaciones armadas ilegales (guerrillas y paramilitares metidas en un
mismo saco), se apoya el proceso de paz, en tanto la insurgencia así debilitada militar y
económicamente entraría más dispuesta a negociar con el Gobierno las condiciones para su
desmovilización. Semejante lógica, sobrecargada de simplismo (la paz neoliberal) no hace más
que confirmar el fracaso seguro de esta política y la consabida intensificación de la guerra.
Situación que se presenta -desde siempre, desde el nacimiento violento de Estados Unidos
como imperio-, al aplicar una estrategia militar foránea, que se aparta y enfrenta a las
necesidades reales de la sociedad colombiana.
Componente social. El Plan Colombia es una suerte de Plan Laso o Plan de
Rehabilitación (en una versión sofisticada) fundado en la idea espuria que de la paz, la
democracia y la justicia social ha tenido desde siempre la clase dominante del país -visión
que comparte con la clase dominante de Estados Unidos-. Este novedoso plan
contrainsurgente contempla, como los anteriores, un aspecto social216 en el entendido de
que el apoyo de la población civil constituye el pilar de la victoria contra el enemigo
interno, aunque ella misma sea percibida como el enemigo del Estado.
Debido a las fuertes críticas lanzadas desde el Viejo Continente al Plan Colombia
como Plan para la guerra, Pastrana desplegó toda una campaña publicitaria sobre sus
medidas sociales, que, Según Jairo Estrada perseguían dos objetivos: 1. Desvirtuar la tesis
de que el Plan Colombia era un plan para intensificar la guerra, y 2. Construir una base
social favorable a las políticas del Gobierno, especialmente en los sectores más
deprimidos217.
Los recursos para financiar estos programas fueron manejados a través de un Fondo
directamente por la Presidencia de la República y la contratación privada con ONG,
encontrando en la no ejecución directa del presupuesto desde el Estado, la desconfianza
generalizada en la institucionalidad desde el punto de vista de la sociedad por un lado; y la
coherencia con el discurso dominante hacia la extinción del Estado Nación por el otro,
aunque los artífices del macroproyecto argumenten lo contrario. La inversión social del
216 Puerto Asís, municipio del Putumayo, fue el primer lugar en que incursionó el Plan Colombia social, mediante la erradicación manual de cultivos en Santana. Los campesinos (en su mayoría inmigrantes) pidieron entonces al Estado infraestructura en la zona y veeduría internacional para la entrega de los recursos. 217 ESTRADA Álvarez, Jairo, ob.cit., p.35.
128
país, sería canalizada a través de los proyectos del Plan, y la comunidad internacional –de
manera indirecta- apoyaría con recursos, donaciones y préstamos el componente social en
los campos de la justicia y el fortalecimiento institucional.
Los proyectos sociales denominados “herramientas para la paz”218 que contemplaron
pactos sociales con campesinos para la erradicación manual y sustitución de cultivos de uso
ilícito; construcción de obras de infraestructura en las zonas más deprimidas del país;
capacitaciones relámpago de fuerza laboral que se pretendía surgiera por sus propios
medios en la forma de innovadoras microempresas; subsidios de nutrición y escolares;
proyectos productivos; asistencia humanitaria a desplazados; cuidado del medio ambiente;
fortalecimiento institucional y derechos humanos; fueron agenciados y financiados en parte
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID219.
Como el aspecto militar, el social también fue producto de la planeación de agentes
extranjeros estadounidenses. Así, la miseria del campesino, la zozobra del desplazado
(despoblado), el problema del medio ambiente, la injusticia y la impunidad, las
comunidades vulneradas y por vulnerar, fueron objeto de análisis del grupillo tecnócrata
nacional e internacional. Al respecto Kenneth MacKay, enviado especial del presidente
Clinton para las Américas, anotaba: “Mi esperanza es que tendremos expertos ayudando en
el desarrollo económico alternativo y en la reforma judicial”220. Igualmente, “...han traído a
un experto en desplazamiento forzado que los asesoró en Kosovo, para desarrollar
estrategias de atención más eficaces a la población221.”
La acción cívico-militar -uno de los dispositivos más eficaces de la Doctrina de
Seguridad Nacional en su guerra psicológica-, que recorre de punta a cabo el Plan
Colombia, se vio también representado en la acción de militares y policías quienes
encargados de la fumigación e interdicción, coordinaron programas sociales con la Red de
Solidaridad. Estos programas, dirigidos a mitigar los efectos de una política económica de
ajuste fiscal, flexibilización laboral, privatizaciones, descentralización administrativa del
Estado, así como de todo el despliegue de las acciones militares contra las poblaciones;
218 Empleo en Acción, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Vías para la Paz, Campo en Acción, Atención Humanitaria, Transparencia y Convivencia, Derechos Humanos, Obras para la Paz. 219 Esta agencia impulsa y coordina programas de desarrollo alternativo en los países andinos. 220 Revista Semana Nº 954, agosto 14-21 de 2000, “Queremos que el plan funcione”, p. 40. 221 Revista Semana Nº 956, agosto 28-septiembre4 de 2000, “Llegaron los gringos”, p. 24.
129
padecerían el mismo mal que los programas sociales de administraciones pasadas: falta de
planeación, insuficiencia de recursos, incompatibilidades con los contextos regionales y
locales; y fallas en el control interno y seguimiento por la dilatada gestión de las ONG
ejecutantes.
Entre los resultados del Plan Colombia, sólo se perfilan consecuencias negativas como
el aumento del desplazamiento interno y la emergencia de la crisis medio ambiental,
mientras los cultivos de uso ilícito se desplazan por la geografía del país minimizando los
bosques y las selvas. La danza de avionetas regando veneno sobre la tierra del campesino222
liga el Plan Colombia al hambre, la enfermedad, el hostigamiento y la inseguridad. Pese a
los resultados de las investigaciones adelantadas por EU sobre las incidencias del glifosato
en la vida humana y el medio ambiente que ratifican su inocuidad se muestran
incuestionables, las afecciones respiratorias, cutáneas, y gastrointestinales en los cuerpos de
los pobladores después de cada aspersión. Los cultivos se secan, las aguas se contaminan,
los animales enferman y algunos cuantos mueren.
Las aspersiones químicas y biológicas buscan, así, el debilitamiento del cultivador -
visto como base de apoyo de la guerrilla-, en el plano físico como moral a través de la
destrucción de su fuente de alimentos e ingresos y el desplazamiento forzoso que de las
aspersiones y la hostilidad militar se deriva. Mas, el destierro masivo al interior del país, no
sólo se verá representado en la mutación obligada del campesino en mendigo urbano, en el
abandono de las parcelas, en el aumento de los índices de criminalidad y miseria, sino en la
ruptura de las posibilidades del ser social. En palabras de Ricardo Vargas:
Con los desplazamientos forzosos se destruyen las formas organizativas de las comunidades, principal sostén de las propuestas de desarrollo alternativo y se lesiona aún más la unidad familiar debilitada ya por las relaciones pragmáticas de la economía de la coca, que viene acentuando el trabajo infantil, el papel puramente productivo y reproductivo de la mujer y ahondando la ausencia de una ética capaz de generar tejido socio cultural y un sentido de vida
creativo con perspectivas de futuro223.
De la misma manera, detrás de la erradicación aérea de cultivos de uso ilícito, podría
situarse una estrategia de control de la producción de alimentos por parte de las empresas
222 Las aspersiones se han llevado a cabo fundamentalmente en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo. El Guaviare, fue el primer departamento objeto de las “fumigaciones” en 1995. 223 VARGAS Meza, Ricardo, “Drogas, seguridad y democracia en América Latina” en ESTRADA Álvarez, Jairo, ob.cit., p. 106.
130
multinacionales estadounidenses, productoras de los herbicidas que esterilizan los suelos y
las semillas genéticamente modificadas que habrán de surcarlos.
En términos globales, podríamos afirmar que el Plan Colombia, sobre el cual se mecen
los intereses mercantiles y financieros de las trasnacionales, persigue tres propósitos: 1.
Garantizar el control político, económico y militar de Estados Unidos en América del Sur;
2. Conducir el proceso de neoliberalización de los países andinos; y 3. Anular las resistencias
sociales y políticas existentes o potenciales, para lo cual el poder se apropia del lenguaje de
las bases, asume un discurso alternativo, pluricultural y de participación ciudadana, al
tiempo que cerca poblaciones y las hostiliza. Detrás de todo ello se encuentra el interés de
las clases dominantes por confundir, dividir, romper confianzas y solidaridades entre las
organizaciones y movimientos sociales para fragmentarles y adherirles a las dinámicas del
mercado y la competencia224.
A cambio del compromiso de Colombia en la lucha internacional contra las drogas, el
presidente Pastrana solicitó un acuerdo comercial con Estados Unidos que se materializaría
en el Atpa y al expirar éste, le apostó a un tratado de libre comercio. Sus intereses, resultado
de trastocar crecimiento económico con desarrollo social, y ver en la inversión extranjera
directa (IED) el fin de todos los males y la bonanza del empleo en el país, correspondían
con los intereses de los poderes económicos extranjeros que buscan seguridad jurídica y
bajos costos de producción.
Sin embargo, el proyecto neoliberal que aún no es una realidad, se opone por su
misma naturaleza al bienestar general de la población, al empleo, a la vida humana y a la
naturaleza; y el Plan Colombia que busca crear las condiciones para su concreción en el país
se convierte en la principal fuente de inseguridades para América Latina. El Plan Colombia,
contrario a sus propósitos de lograr la estabilidad política en el lebensraum estadounidense,
no haría más que degradar con mucho la guerra, dilatar, dividir, ensañar y granjear las
condiciones para su prolongación.
224 Sobre la descentralización y la participación ciudadana como elementos integrantes de la reestructuración del capitalismo contemporáneo ver RESTREPO Botero, Darío, “Reestructuración capitalista, formas de organización espacial del Estado y nuevas prácticas políticas” en CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, ob.cit.
131
La insurgencia y el conflicto social. El presidente conservador Andrés Pastrana,
llegó al poder sobre la propuesta de establecer diálogos de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y de esta manera abrir el
camino del desarrollo económico y social del país. Empero, su propuesta no sería más que
una estrategia electoral, producto de una magnífica asesoría de marketing político, habiendo
identificado el ritmo de la opinión pública oscilante entre una política de paz y una de
guerra, cada vez que una de ellas ha evidenciado su desgaste, con lo cual allanó el terreno
para el ascenso posterior de Álvaro Uribe y la Seguridad Democrática al poder.
Mientras en los recintos del parlamento estadounidense se decidía el paquete de ayuda
militar a Colombia, el Gobierno y las FARC-EP iniciaban diálogos de paz una mañana de
enero del 2000 en “Villa Nueva Colombia” en ausencia de los medios masivos de
información225, y sin cese de hostilidades. Acto continuo, la mesa en pleno realizó una gira
por Europa con la intención de mostrar a los guerrilleros el notable funcionamiento de las
economías de mercado en países desarrollados.
En el proceso, que contó con la ayuda significativa de la Comunidad Internacional
condicionada al respeto de los derechos humanos y el DIH, y rompimiento de las FARC-
EP con el narcotráfico, se estableció una regla de juego: a medida que se iba pactando se
iría reformando226. Y así cuando se hubiese negociado el 80% de los puntos de la agenda
vendría por fin, un cese al fuego por parte de la organización insurgente.
Comenzaba el debate del primer eje temático:227 el modelo económico y social, cuando
14 de los empresarios más poderosos del país visitaron la zona. Los “cacaos” crearon la
Fundación Ideas para la Paz para apoyar el proceso con sus visiones particulares sobre la
realidad nacional228 no obstante, las acciones armadas continuaban y los grupos económicos
pidieron al presidente acciones fuertes contra los ataques a la infraestructura energética y la
red vial pues éstos amenazaban “con colapsar el servicio público de transporte y los
225 La ley 418 de 1997 permitió la creación de la zona de despeje y el inicio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP en enero de 1999. En el curso de ese año se preparó la agenda de negociaciones, los jefes guerrilleros realizaron encuentros con los gremios de la producción, medios informativos, partidos y movimientos políticos, así como con organismos internacionales e incluso representantes de la Bolsa de Valores de New York. 226 Ver revista Semana Nº 933, “La nueva Colombia”, p. 24. 227 La agenda común de negociaciones estuvo dividida en tres partes: el Modelo Económico y Social; Derechos Humanos y DIH; y Reformas políticas o de Estado. 228 Ver revista Semana Nº 931, “A la mesa”, p. 24.
132
procesos de distribución física, nacional e internacional, con grave impacto para la
competitividad del país229.”
Las FARC-EP, se mantuvieron combativas durante el transcurso de ese primer año de
negociaciones atacando puestos de policía, tomando poblaciones, y realizando secuestros.
El proceso de paz fue de este modo seriamente cuestionado y en varios espacios sus
detractores efectuaron denuncias contra la zona de despeje por probable reclutamiento de
menores, aplicación de una justicia sumaria, mantenimiento de secuestrados, asesinatos
selectivos y estimulación del negocio del narcotráfico. Posteriormente el proceso logró
oxigenarse con la realización de las audiencias públicas230 a las cuales asistieron alrededor de
15 mil personas hasta septiembre de 2000 y los comités temáticos que recibieron centenas
de propuestas de la sociedad sobre el tema económico.
Así, entre la tensión de una paz simulada, corrió el tiempo sin haberse producido
avances significativos en la negociación. En momentos en que se empezaba a debatir temas
como la tregua bilateral, asamblea nacional constituyente, referendo y gobierno de
reconstrucción nacional, el Gobierno decidió cambiar el grupo de negociadores dejando sin
espíritu el proceso. La guerrilla se mostró fuerte y organizada en contraste con la actitud
que asumió la contraparte, que se negó, por lo demás, a tomar acciones contra el
paramilitarismo.
Entretanto, Pastrana intentó tramitar una reforma política basada en la lucha contra la
corrupción y algunas medidas fiscales -al margen del eventual proceso de paz-, y contando
con el apoyo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral.
En 1999 el Senado tumbó la iniciativa en razón de lo cual Pastrana decidió darle salida
mediante referendo aprovechando escándalos de corrupción presentados en el Congreso.
Buscaba así relegitimar su gestión en momentos en que la economía se hallaba en recesión,
el desempleo ascendía al 20% y se transitaba una verdadera crisis de gobernabilidad. Sin
embargo la medida desató una incisiva confrontación con el Congreso que se aprestó a
hacer un juicio político al Ejecutivo cursando mociones de censura contra varios ministros
del gabinete.
229 Revista Semana Nº 933, “La nueva Colombia”, p. 24. 230 La primera audiencia pública se llevó a cabo el 9 de abril del 2000. En ella salió a flote el tema de la tregua como condición de las negociaciones de modo que este elemento se incluyó en la agenda única.
133
En febrero de 2002 se rompieron las conversaciones y las FARC-EP lanzaron una
ofensiva consistente en la voladura de torres de energía y puentes, intensificaron el
secuestro de concejales y se hicieron a una estrategia consistente en desterrar el poder
estatal de diversos municipios rompiendo la institucionalidad a través del amedrentamiento
y el homicidio. Pastrana respondió a la crisis de gobernabilidad con la posibilidad de
brindar escoltas a los alcaldes, de despachar desde guarniciones o desde la capital
gubernamental, el aumento de soldados y detectives, recompensas, y la negativa a decretar
el Estado de conmoción interior en vísperas de terminar su mandato.
Desde el inicio, los diálogos habían encontrado la resistencia del partido liberal, las
Fuerzas Armadas y el propio Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda, y en el campo
internacional, desde Ecuador y Perú, se alentaban propuestas de intervención armada sobre
la zona de encuentro. Incluso en los medios informativos se habló de una operación militar
de cerco por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, colombianas y peruanas, pero el
escándalo que ahogó el corrupto mandato de Fujimori en Perú, dio termino al asunto231.
En el campo social, durante el periodo de 1997 a 1999, se multiplicaron los paros, las
huelgas y las manifestaciones de protesta por el derecho al trabajo232, mayor justicia e
inversión social encontrando en las vías de hecho el único mecanismo para resolver los
conflictos y buscar respuestas por parte del Estado. Empero, las más de las veces, el orden
terminó imponiéndose a las reivindicaciones populares, ya mediante la represión de las
modernizadas fuerzas de policía, ya mediante la intimidación paramilitar233. En Noviembre
de 1999 cerca centenas de campesinos e indígenas de Cauca y Nariño bloqueaban la vía
Panamericana, evidenciando una vez más en la historia de la constitución de esta truncada
república, la deslegitimación del sistema político, de los partidos tradicionales y la ausencia
definitiva de representación, que conducen a la agudización del conflicto social.
231 FAJARDO, Montaña Darío, “El Plan Colombia en la Internacionalización de la guerra”, en ESTRADA Álvarez, Jairo, ob.cit. 232 La problemática del desempleo -que tal vez ha sido y es la insatisfacción más sentida de la población colombiana por oposición al problema del terrorismo insurgente-, no encontraría solución dentro de las administraciones neoliberales Pastrana y Uribe, que han promovido la flexibilización laboral: el desmonte de derechos laborales y obligaciones sociales del capital en el marco de los compromisos con el FMI, para según los presidentes, animar a los empresarios a aumentar su nómina, abriendo las posibilidades de mayor empelo. 233“(En Montería) una protesta de desplazados que reclamaban tierras para trabajar concluyó con la dispersión de los manifestantes amedrentados por una serie de amenazas de muerte a través de volantes distribuidos en las calles.” Revista Semana Nº 933, “El fin ¿justifica la fuerza?”, p. 48
134
Así se clausuraba un remedo más de paz negociada, y ésta (la paz) salía por la puerta
trasera de la política, desacreditada y moribunda invitando a la guerra a posesionarse de
lleno sobre la complejidad social. Se abría paso entonces una nueva etapa de la Doctrina de
la Seguridad Nacional, signada por la pretensión de liquidar la totalidad de las fuerzas
antagónicas al proyecto neoliberal, tanto de izquierda como de derecha, armadas como
inermes; y la renovación de los elementos más sobresalientes de la Doctrina: la acción
cívico-militar, la guerra sicológica, y la participación comunitaria, todo ello bajo la
intervención de Estados Unidos, progenitor de tal sistema de guerra.
4.2 SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, NEOLIBERALISMO Y DOCTRINA: HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO SOCIAL
La fórmula de “mano firme y corazón grande” del candidato presidencial y disidente
del liberalismo, Álvaro Uribe Vélez, logró encaramarlo en el poder estatal con seis millones
de votos. Su estilo resuelto y su tono pausado pero firme, su discurso carismático y su
talante de trabajador porfiado, pero sobre todo, su apuesta militar para dar salida al
problema de la violencia política del país, le valieron un margen significativo de legitimidad
a su llegada a Palacio, principalmente entre las clases media y alta.
El nuevo Gobierno había planteado ya desde tiempos de campaña, que el terrorismo
y el narcotráfico eran las principales amenazas a la democracia colombiana, y que sólo una
férrea actitud disuasiva y ofensiva por parte del Estado y sus instituciones podría
superarlas. Pero tal empresa debía contar con la solidaridad tanto de ciudadanos patriotas
como de la comunidad internacional, a la que ciertamente le cabía responsabilidad en la
lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas, siendo quizá éste el único momento en que
el Gobierno se refiera al Estado Social de Derecho (cuando invoca el principio de
solidaridad para ligar moralmente a la sociedad con el Estado y al mundo con los
propósitos de una política), pues será bajo su potestad que se busque desmontar lo social
de la institucionalidad estatal para dejar un reducto político-administrativo funcional a las
necesidades del capital internacional.
Con Uribe Colombia se vinculó a la cruzada mundial contra el terrorismo emprendida
por el Gobierno de Estados Unidos tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre
135
de 2001, sobre cuyas miles de víctimas se justificó la invasión de Afganistán. Tal adhesión
era sumamente necesaria para el despliegue de la política del Gobierno Uribe que había
enarbolado la seguridad como el presupuesto primero sobre el cual se regirían las acciones
del Estado -como es propio en un sistema de Seguridad Nacional-, partiendo de la idea de
que “no hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad (pues) son los
más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y
sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales234.”
De esta suerte, el Gobierno desplegó su política y su estrategia sobre la base de una
“nueva” fórmula: la Seguridad Democrática, que según su progenitor, tenía como fines la
protección de los derechos ciudadanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la
instauración de la autoridad democrática mediante el imperio de la ley y la participación
activa de todos los ciudadanos; elementos que nos permitirán analizar los rasgos de la DSN
en este periodo y que retomaremos más adelante.
4.2.1 Distintas concepciones sobre la Seguridad Democrática
La Seguridad Democrática es un concepto que empezó a difundirse en el concierto de la
política internacional a comienzos de la década del 90; y en Colombia surgió a propósito
del debate que recrearon algunos sectores políticos y académicos con el patrocinio del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los Talleres del
Milenio235.
En el primer caso se subrayó la necesaria diferenciación entre seguridad y defensa con
el fin de desmilitarizar el primer concepto; así mientras que la seguridad “constituye una
condición para que se puedan lograr los objetivos de desarrollo y democracia propuestos
por un gobierno, la defensa remite a la idea del uso de la fuerza de las armas en el plano
externo como intento para enfrentar a un enemigo físico (...), papel que es originariamente
otorgado a las fuerzas armadas de un Estado236.” En definitiva, mientras que la defensa
234 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Colombia, 2003, p.22. 235 TALLERES DEL MILENIO, Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social, Luís Jorge Garay (Coordinador), PNUD-ACCI, Colombia, 2002. 236 SOMAVÍA, Juan; INSULZA, José Miguel, Seguridad Democrática Regional: Una concepción alternativa, Comisión Sudamericana de Paz, Editorial Nueva Sociedad, primera edición 1990, Santiago de Chile, p. 7
136
interna/externa constituye un asunto militar, la seguridad interna/externa de una sociedad
aparece como un asunto de competencia eminentemente política.
Juan Somavía y José Miguel Insulza acuñaron el concepto de Seguridad Democrática para
designar una nueva tendencia de los Estados latinoamericanos en sus funciones internas
como internacionales, presentando los elementos políticos, económicos y sociales que
habrían de conformarle. En el aspecto político destacan la observancia, por parte del
Estado, de instituciones fuertes y estables, y garantías a los derechos humanos; en el plano
económico subrayan como necesario el desarrollo de la economía nacional, la satisfacción
de las necesidades básicas de la población, bajos niveles de pobreza, expansión económica y
modernización, creación de mercados internos dinámicos y una inserción selectiva en la
economía mundial; y en el ámbito de lo social sitúan como requisito la solución a
problemas básicos (vivienda, salud, alimentación), ambientales, culturales, sanitarios y
educativos.
Para el logro de tales objetivos los autores consideran como condición previa el
impulso de dos escenarios: uno, la integración política y económica de Latinoamérica; y
dos, la cooperación política a nivel regional. No obstante, advierten sobre el rechazo por
parte de los países industrializados a esta nueva reorganización -que supone la
democratización y apertura del ordenamiento internacional mediante el cual se determina el
tipo de participación de los países latinoamericanos en el proceso de toma de decisiones-,
pues entra a afectar directamente sus intereses geopolíticos en el planeta.
En consecuencia, los factores de inseguridad que identifican Somavía e Insulza para el
progreso armónico de los países de Latinoamérica son, entre otros, la inequidad y ausencia
de democracia en las relaciones intencionales, el deterioro en la relaciones de intercambio,
políticas proteccionistas por parte de países industrializados, brecha tecnológica,
condicionamientos en la oferta de recursos a la aplicación de programas de ajuste
económico que provocan graves desequilibrios y tensiones sociales, y transferencia de
importantes recursos en el pago de la deuda, que constituyen amenazas graves en el
desarrollo de los países237. Esto quiere decir que las amenazas no provendrán, en lo
fundamental, de la existencia de enemigos internos; sino de todas aquellas políticas que
237 SOMAVÍA, Juan; INSULZA, José Miguel, ob.cit., p.16.
137
vulneran la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, en el entendido de que la
intervención es militar pero también económica y política (presiones económicas, bloqueos
comerciales y financieros, suspensión de abastecimiento, estímulo a la desestabilización
económica interna, etcétera).
De su parte, en Colombia el trabajo conjunto de un sector académico y político del
liberalismo definió la Seguridad Democrática teniendo en cuenta el contexto particular de
conflicto armado interno, como sigue:
(La seguridad democrática es) la condición en la que diversos grupos, comunidades, organizaciones sociales, consideran que hay un ambiente idóneo para la convivencia ciudadana sin que exista peligro de poder de intimidación o amenaza de daño grave por parte de grupos criminales, ni de ataque por grupos armados, en el que prima el respeto a los derechos económicos, políticos y sociales como lo pregonado en un Estado Social de Derecho y en el que no se presentan inseguridades políticas, sociales o económicas suficientemente riesgosas para la estabilidad sistémica de tal manera que sientan que pueden actuar libremente en búsqueda de su propio desarrollo humano y de su progreso colectivo como una sociedad moderna y democrática238.
Desde esta perspectiva la Seguridad Democrática surge de la concertación entre
sociedad civil y Estado. Es un producto colectivo, un compromiso conjunto por construir
un nuevo contrato social fundado sobre los principios de una cultura cívica: tolerancia,
solidaridad, respeto a las diferencias; una democratización incluyente en lo político, económico y
social; y que tiende hacia la vindicación de la política, la preeminencia del interés público y
colectivo sobre el privado, la formación de ciudadanos protagonistas, la modernización de
la justicia para la convivencia, y la modernización y legitimación del Estado que continúa
siendo el “ente social racionalizador del interés colectivo”, todo lo cual se encuentra
determinado por las exigencias de eficacia y solvencia impuestas por la globalización.
238 TALLERES DEL MILENIO, Ob.cit.
138
Una representación gráfica de este esquema de Seguridad Democrática podría ser la
siguiente:
La pregunta que surge entonces, tomando en cuenta las dos definiciones es: ¿existe la
posibilidad de concebir y aplicar una política nacional que por un lado responda a los
criterios de cumplimiento, competitividad y eficacia exigidos por el sistema económico
internacional, y por otro, satisfaga las demandas sociales de las poblaciones y promueva el
rol de regulador social del Estado dentro de los parámetros de la democracia, tal y como se
encuentra organizado hoy el ordenamiento mundial?
Otras potencias
económicas
Comunidad Internacional: Demanda garantía a
los derechos humanos, DIH y
tratados ratificados
Estados Unidos:
La globalización en expansión demanda,
apertura de mercados, eficiencia
y competitividad
Estados de América Latina
con problemas estructurales de
pobreza, instituciones políticas débiles y
dependencia
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Transforma el Estado y la sociedad para responder efectivamente a las demandas del
medio
139
Por otro lado, el proyecto de Seguridad Democrática que presenta Álvaro Uribe,
difiere sustancialmente de las anteriores propuestas acogiendo de ellas únicamente la
terminología democrática para construir un discurso propio. En éste Uribe irá más allá,
marcando las diferencias de su política con la Doctrina de Seguridad Nacional:
La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno239.
Es interesante ver en esta política de Defensa y Seguridad el carácter nominal o
superficial de la democracia -hecho consustancial a la DSN-, pues a pesar de que justifica
la búsqueda de seguridad para que todos y cada uno de los ciudadanos participen en el
desarrollo local mediante el diseño de las políticas públicas sin temor a posibles amenazas
sobre sus vidas; resalta lo democrático en el hecho de que ésta política es para todos: dirigida
a la protección de la vida física del empresario y el sindicalista, del hacendado y el peón sin
distinción de castas; y a la cual todos deben colaborar por igual sin distingo de etnia o sexo
(todos tanto el indígena como el negro, la mujer como el joven deben hacer su aporte del
lado del Estado y sus fuerzas armadas, enrolándose, informando, tributando...).
4.2.2 Seguridad Democrática: la etapa más sofisticada de la DSN
Hasta el momento hemos realizado un recorrido desde el nacimiento mismo de la
Doctrina de Seguridad Nacional identificando sus rasgos más prominentes, sus tendencias
y modus operandi a través de cada uno de los periodos presidenciales hasta llegar a la
actualidad. Interregno en el que advertimos los momentos de inflexión de la Doctrina que
no se corresponden con el cambio de gobiernos, sino que abarcan periodos más largos
pues intentan ser políticas de Estado -aunque por debajo del Estado-. Así que
diferenciamos cuatro fases doctrinarias en Colombia que se encuentran inscritas en la
política exterior de Estados Unidos, y que pueden afectar también la política doméstica de
las demás sociedades de capitalismo dependiente.
239 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Colombia, 2003, p.5
140
Estas etapas de la Doctrina en Colombia han sido dirigidas por Estados Unidos a
través de sus agencias de cooperación militar y de desarrollo, de sus embajadores, sus
asesores militares y contratistas en connivencia con las élites políticas, económicas y
militares del país en el marco de un consolidado sistema integrado de dependencia al cual nos
referimos en el primer capítulo.
Mas, es necesario recordar que estas transformaciones en que ha debido incurrir la
Doctrina han sido el producto de un complejo proceso histórico (mundial) en el que
pugnan las diversas fuerzas sociales, políticas y económicas; de modo que las fases que se
observan no son más que las respuestas que construye el poder del capital internacional
abanderado por Estados Unidos para hacer frente a los cambios mundiales y los retos que
le presentan. Respuestas que no lograrían cocinarse al interior de los países dependientes si
no fuera porque en ellos habitan clases dominantes que asumen y articulan el proyecto en
mención, haciendo uso de la fuerza de las armas, de los medios masivos de información, de
la manipulación de la opinión pública, de la guerra psicológica, del discurso y de la mentira,
de la excepcionalidad y la ilegalidad en provecho de una situación de guerra interna que
dificulta grandemente el proceso de creación y fortalecimiento de organizaciones sociales y
políticas no armadas.
En la última etapa de la Doctrina que ubicamos a partir de 1998 con la
implementación del Plan Colombia y que intenta consolidarse bajo el signo de la Seguridad
Democrática, presenciamos la renovación de todos y cada uno de los elementos doctrinarios
de la seguridad nacional, los cuales se imponen con una fuerza no vista en las tres etapas
precedentes. Estos se manifiestan en su estado puro y se difunden por todo el territorio
buscando consolidar no sólo un nuevo modelo económico sino un nuevo modelo de
organización y relación social. Razones éstas que nos conminan a recapitular de manera
sencilla dichos elementos doctrinarios.
141
CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL EN COLOMBIA240
DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL
Periodos
PROCESO
ENEMIGO INTERNO
ESTRATEGIA OPERATIVA
Guerra Psicológica
1960-1980
Reestructuración del Estado y las Fuerzas Armadas bajo los parámetros de la nueva guerra irregular asistida por Estados Unidos e introducción ideológica de la DSN. La Doctrina ingresa y se implementa en el sistema político bajo gobiernos civiles.
Comunismo internacional representado en las guerrillas, políticos, periodistas, líderes cívicos, sindicalistas, militantes de la izquierda, maestros, estudiantes, campesinos, indígenas y demás sectores populares.
En el marco del Plan Laso y el Plan Andes: bombardeos a poblados rurales, acción cívico–militar basada en la labor social de los militares e inversión. Declaratorias de estado de sitio, constricción de libertades y derechos individuales y colectivos, redadas, allanamientos, detenciones masivas desaparición forzosa, tortura y justicia penal militar para delitos civiles y de oposición.
1981-1989
Renovación táctica de la Doctrina bajo el nombre de Conflicto de Baja Intensidad (CBI), determinada por la tendencia democratizadora en el orden internacional y el discurso de los derechos humanos. La paramilitarización de la sociedad que se inicia en esta época va acompañada de una reforma agraria violenta desde el marco de la ilegalidad.
Comunismo internacional representado en las guerrillas, políticos, periodistas, líderes cívicos, sindicalistas, militantes de la izquierda, maestros, estudiantes, funcionarios públicos, campesinos, indígenas y demás sectores populares.
Narcotización, privatización y paramilitarización de la guerra contrainsurgente que se convierte en guerra sucia. Declaratorias de estado de sitio, constricción de libertades y derechos individuales y colectivos, intimidación, desapariciones forzosas, masacres, asesinatos selectivos, tortura y desplazamiento forzado.
1989/90-1998
Estados Unidos promueve una guerra mundial contra el narcotráfico y fomenta la reorganización militar-paramilitar.
Cultivos de uso ilícito, campesinos, carteles del narcotráfico, comunismo internacional representado en las guerrillas, políticos, periodistas, líderes cívicos, sindicalistas, militantes de la izquierda, estudiantes, funcionarios públicos, comunidades indígenas y afro colombianas, representantes de ONG de derechos humanos, defensores de derechos humanos y demás sectores populares.
Continuación de la guerra sucia a cargo de los grupos militares, paramilitares y de sicarios. Declaratorias de estado de conmoción interior, constricción de libertades y derechos individuales y colectivos, intimidación, operativos militares en zonas rurales, masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. Desapariciones forzadas.
1998-20..
Bajo el Plan Colombia y la Seguridad Democrática se promueve la modernización y optimización de las fuerzas armadas para fortalecer al Estado mientras se le reduce en tamaño y funciones políticas y sociales. Se busca erradicar la insurgencia y legalizar el paramilitarismo a fin de garantizar condiciones generales de seguridad para la inversión extranjera y la realización de megaproyectos.
Cultivos de uso ilícito, campesinos, guerrillas, políticos, periodistas, líderes cívicos y sindicales, estudiantes, comunidades indígenas y afro-colombianas, funcionarios públicos especialmente de la rama judicial, representantes de ONG de derechos humanos, defensores de derechos humanos y demás sectores populares.
Enrolamiento de parte importante de la sociedad al conflicto armado como informante y colaboradora de las Fuerzas Armadas del Estado; continuación de la guerra sucia a cargo de los grupos militares, paramilitares y de sicarios. Intimidación, masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. Operativos militares en zonas rurales y urbanas, declaratoria de estado de conmoción interior, ilegalidad de huelgas, paros, y obstáculos a la sindicalización de los trabajadores. Constricción de libertades y derechos individuales y colectivos, redadas, allanamientos, detenciones masivas, desaparición forzosa, judicializaciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Implementación de una pedagogía de la autocensura; legalización y expansión del paramilitarismo y el narcotráfico; y concentración ilegal de la tierra por vía de un proceso de paz.
240 Todas las etapas de la Doctrina están acompañadas de la militarización política y social, y el desarrollo del capital bajo los procesos de violencia que ésta supone, siendo una constante la negativa por parte de las elites nacionales, a promover una efectiva apertura democrática del sistema y la consecuente solución negociada del conflicto armado interno.
142
La Doctrina de la Seguridad Nacional que emergió de los álgidos tiempos de la guerra
entre el capitalismo y el comunismo internacional en los años 60; que se instituyó como un
modelo contrainsurgente dirigido por Estados Unidos y que fuera aplicado con rigurosidad
por la mayor parte de Latinoamérica en respuesta a la revolución cubana y para contener la
avanzada de procesos revolucionarios en estas tierras; ésta Doctrina que se funda en la
existencia de enemigos internos, posee características que permanecen constantes a través del
tiempo y de la historia, y que nos hablan de la ideología de las clases dominantes y de los
juegos del poder sobre las sociedades en busca siempre de la acumulación (de tierras,
recursos, culturas, especies, espacios, voluntades, poder, lucro).
De modo que lo que caracteriza a la DSN no es la guerra fría ni el anticomunismo,
sino un conjunto de elementos y creencias, de prácticas políticas y perspectivas
determinadas por la violencia, que se intentan desarrollar para mantener un statu quo, tanto
dentro como fuera de los Estados y bajo cuyo regazo se alojan los intereses superiores del
gran capital. En resumen, los componentes permanentes que definen la DSN a grandes
rasgos son:
Concepción abstracta y nominal de la democracia y rechazo categórico al
liberalismo político.
Formas políticas conservadoras dominan la administración de lo social, en tanto
formas políticas liberales son aplicadas a las relaciones económicas.
Centralización del discurso, la política y las estrategias de gobierno en la seguridad de
la nación.
Analogía entre Estado, nación y sociedad con la derivada e irreductible alianza entre
Estado y ciudadano para derrotar al enemigo interno.
Guerra contra el enemigo interno desarrollada a través de armas militares,
económicas, políticas y fundamentalmente sicológicas en donde se destaca la
actuación del crimen organizado.
Tecnificación y militarización de los asuntos políticos y sociales
Las cuestiones de interés común son tramitadas por grupos de tecnócratas
La sociedad se militariza y organiza en torno a los presupuestos de la guerra y el
consumo
143
Concepción del contradictor político y la población como potencial enemigo
irracional y absoluto al que debe el Estado doblegar, someter o eliminar en uso de
todas las formas de lucha.
Reducción de la política a los intereses económicos y estratégicos de la guerra
interna.
Vinculación de la seguridad a las cuestiones del desarrollo y el progreso social
entendido éste último como crecimiento económico.
Gobierno autoritario que enarbola una verdad única y busca persuadir o eliminar
las alternativas sociales y políticas que se le opongan.
Búsqueda permanente por instaurar un Estado militar-policiaco cimentado en el no
derecho (excepcionalidad constitucional), y desmonte progresivo de las
constituciones que por medio de sus artículos protejan derechos humanos, civiles y
políticos de los ciudadanos.
Tratamiento delictivo de los conflictos sociales considerados como amenazas a la
unidad de la nación las cuales son promovidas por el enemigo interno.
La población es considerada como el elemento estratégico más importante para
ganar la guerra interna y mantener el estado de seguridad nacional.
Confinamiento de comunidades y despoblamiento de los campos en uso de
prácticas violentas, lo cual va ligado a los intereses estratégicos del capital.
Fuerzas Armadas fortalecidas en el aspecto operativo, con capacidad de
deliberación política y protegidas por fueros constitucionales.
Modernización de los sistemas de inteligencia e infiltración de las organizaciones
sociales
Crisis de legitimidad del sistema político se resuelve mediante la fuerza
Resignificación de la soberanía nacional ligada a la dependencia respecto de los
intereses mercantiles dominantes y demanda de sacrificios a la sociedad en lo
referente a sus libertades y derechos individuales y colectivos
Impulso y desarrollo del proyecto del capital internacional designado para el país,
en el marco de la violencia política y social.
Estos elementos doctrinarios que se mezclan unos con otros, son los que nos
permiten afirmar la existencia en la actualidad de la más sofisticada etapa de la DSN, quizá
la última, dada la fase en que se encuentra el proceso histórico determinada por la
revolución tecnológica -producto del capitalismo pero que favorece grandemente los
144
nuevos procesos revolucionarios especialmente en el campo de la comunicación-, el intento
de concreción del neoliberalismo (que hace despertar la conciencia de vastos sectores de
población de los cinco continentes) y la paulatina extinción del Estado-Nación.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario, el
Gobierno identificó como objetivos centrales dentro de la estrategia de Seguridad
Democrática: “el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, el
fortalecimiento de la fuerza pública; la desarticulación de la producción de drogas ilícitas; el
fortalecimiento de la justicia, y la atención a las zonas deprimidas y de conflicto241.”
Cuestiones que serían comprendidas en desarrollo de una guerra contrainsurgente y
antinarcóticos habiendo definido previamente al terrorismo y el narcotráfico como las dos
amenazas más serias a la democracia colombiana.
Para los fines concretos de este estudio nos apoyaremos en los siguientes ejes que
tratarán de concentrar los aspectos más destacados de la política de Seguridad Democrática:
1. El fortalecimiento del Estado de Derecho y el desmonte del Estado Social de Derecho;
2. las Fuerzas Armadas y el control territorial; 3. el conflicto político, el delito político y la
paz paramilitar; 4. La participación ciudadana y 5. Soberanía Nacional.
1. Fortalecimiento del Estado de Derecho y desmonte del Estado Social de Derecho.
Seguridad Democrática y Constitución. Siguiendo la pauta de todo gobierno doctrinario,
Uribe declaró el estado de conmoción interior pocos días después de haber asumido el
mando. Bajo su excepcionalidad fueron creadas las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación, un impuesto de guerra y se aumentaron algunas penas por hurto. Mas la
medida fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en abril de 2003, lo cual
provocó airadas respuestas en los círculos del Gobierno. Se habló entonces de
extralimitación de poderes, de injerencia de la rama judicial en el Ejecutivo y la derivada
necesidad de su reformulación pues se creyó amenazada la gobernabilidad. En
241 Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario, Ley 812 de junio de 2003. p.14. Esta estrategia se articula a otros dos propósitos en la política de estado: la renovación de la administración pública que apunta a la construcción de un Estado Comunitario, reducido en su tamaño, transparente, eficiente y funcional al mercado; y el crecimiento de la economía, todo lo cual permitiría la conversión del país en una sociedad de libre mercado.
145
consecuencia el controvertido Ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos,
presentó al Congreso una reforma judicial que más tarde fue retirada.
En ella planteaba limitar las funciones de la Corte Constitucional para que juzgase los
estados de conmoción sólo por vicios de forma; restaba también su poder decisorio al
impedirle impartir órdenes a las autoridades a través de sus sentencias; proponía que
ninguna ley promulgada entre 1886 y 2003 pudiera ser demandada por la ciudadanía ante la
Corte Constitucional; así como la imposibilidad de demandar una ley después de un año de
haber sido promulgada. Igualmente el proyecto esterilizaba la figura de la acción de tutela al
imponer al juez dictaminar teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas para
realizarlas; y suprimir aquellas que alterasen leyes, ordenanzas, acuerdos del Plan de
Desarrollo, presupuestos nacionales, departamentales y regionales242. Así también preveía la
reformulación del Consejo Superior de la Judicatura que buscaba restar autonomía
administrativa y presupuestaria al sistema de justicia.
El Gobierno deseaba, en verdad, retornar a la época de la Regeneración moralizando de
nuevo al país entero tan cargado de insurgencia y desorden, por ello impugnó las figuras
políticas creadas en 1991 e intentó impulsar mediante reformas y proyectos de ley la
redención de la Constitución de 1886. De esta suerte salieron a flote entre otras propuestas:
una ley de seguridad nacional de corte doctrinario; la institucionalización del estado de sitio
mediante un Estatuto Antiterrorista243 que asegurara la efectividad de las operaciones
militares mediante el empoderamiento de las fuerzas militares, la restricción de las
libertades ciudadanas y un mayor control sobre la población; el fortalecimiento del
Ejecutivo y la vulneración de las otras dos ramas del poder público; la eliminación de
defensorías y personerías municipales; la reforma del estatuto de los estados de excepción;
la eliminación del poder disciplinario que ejerce la Procuraduría sobre las Fuerzas Armadas;
el uso generalizado de armas y municiones por parte de civiles; el enrolamiento de los
242 CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, “La Constitución como obstáculo” en Reelección: El embrujo continua, segundo año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Colombia, 2004, p.33. 243 El Estatuto Antiterrorista, presentado en abril de 2003 al congreso de la República y aprobado en diciembre de ese año contemplaba medidas como el empadronamiento o listas de vecinos, allanamientos, interceptación de comunicaciones y detenciones sin orden judicial previa y el otorgamiento de funciones de policía judicial a los militares, pese a las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sentido contrario, y el concepto de la Corte Constitucional que ya se había pronunciado al respecto en abril de 2002. Esta medida fue finalmente declarada inexequible el 30 de agosto de 2004 por la Corte Constitucional.
146
ciudadanos sin distinción de etnia o sexo; y la cooptación del trabajo de las ONG mediante
la creación de un sistema nacional de cooperación internacional, entre otras244.
En concreto, el Gobierno de la Seguridad Democrática promulgó un nuevo Código
Penal y de Procedimiento Penal que vulnera la independencia de la justicia al conferir en las
personas del Fiscal y el Presidente de la República la potestad para elaborar la política penal
y penitenciaria “que conduzca al reestablecimiento de la paz social245.” La nueva norma
autoriza la acción de agentes encubiertos para infiltrar organizaciones criminales e
introduce el principio de oportunidad que faculta al Fiscal General para suspender, interrumpir
o renunciar a investigaciones penales sobre delitos (exceptuando los de narcotráfico,
terrorismo y crímenes de lesa humanidad) por razones económicas, de conveniencia
política o de seguridad de Estado. Con este principio el Estado renuncia a la acción judicial,
la reparación de la víctima y el conocimiento de la verdad en los casos que se estime
conveniente.
Otro de los mecanismos que presentó el Gobierno para modificar la Constitución
Política fue el Referendo, publicitado como herramienta para luchar contra la corrupción y
la politiquería pero dirigido fundamentalmente a sanear las finanzas públicas del Estado y
tapar un déficit de 3 billones de pesos del presupuesto general de la Nación de 2004. Este
comprendía, entre otras disposiciones, la congelación del gasto público, sueldos y
pensiones de los empleados del Estado con salarios mayores a los dos salarios mínimos, la
eliminación de contralorías municipales y departamentales, prohibición de auxilios
parlamentarios, el voto nominal y público de los congresistas, la eliminación de suplencias
en el Congreso, el otorgamiento de facultades a las corporaciones de elección popular
sobre la hacienda pública, la supresión de funciones administrativas a los congresistas y el
aumento de las causales de pérdida de investidura a los funcionarios de elección popular.
Varios sectores políticos, académicos y sociales se pronunciaron en contra del
Referendo aduciendo, respecto de las propuestas más populares, que éstas podían
tramitarse vía decreto o que ya se encontraban contenidas en la Constitución Política.
Organizaron pues, una agitada campaña por la abstención activa y pronto fueron
calificados por el Gobierno y sus seguidores -entre ellos el presidente del Senado-, como
244 Ibídem. 245 Diario El Tiempo, junio 10 de 2004.
147
colaboradores de los grupos terroristas. Con ello, se evidenciaba una vez más el carácter
autoritario de la administración y la bipolarización de la sociedad, pese a lo cual el
referendo no alcanzó los votos necesarios y hubo de hundirse inexorablemente.
Derechos humanos, civiles y políticos. La administración Uribe Vélez, adelantó una reforma
laboral que afectó negativamente el salario de los trabajadores al reducir en un 25% el pago
de festivos y dominicales, recortar las horas extras y recargo nocturno entre 6 y 10 de la
noche, y reducir las indemnizaciones por despido injustificado. El Procurador general de la
Nación, Edgardo Maya Villazón, instó a la Corte Constitucional a declarar inexequibles
cinco artículos de la Ley 789 de 2002 que reglamentó la reforma, afirmando que bajo su
vigencia había aumentado la pobreza y la miseria en el país: “¿Es que acaso reduciendo las
garantías mínimas de los que se encuentran laborando o permitiendo que en la realidad la
jornada laboral se extienda sin ningún tipo de recargo se van a generar mayores empleos?
No es cierto que el abaratamiento del valor trabajo produzca automáticamente (...) nuevos
empleos, pues cómo generarlos si la demanda se encuentra deprimida por la reducción de
la capacidad adquisitiva.246”
Mas, frente al desempleo que parecía ir en aumento –cientos de personas perdieron su
trabajo tras la reestructuración del Estado y la venta de empresas de servicio público-, el
Gobierno aplicó una exigua medida asistencialista entregando subsidios al desempleo a los
más pobres de entre los pobres, que constaban de 83 mil pesos mensuales durante seis
meses por una sola vez.
Cuando la insatisfacción de algunos sectores obreros tuvo expresión, el Gobierno
respondió a través de la ilegalización de sus reivindicaciones. El derecho a la organización
sindical fue obstruido por el propio Ministerio de Protección Social que adujo razones de
orden público en tiempos en que la flexibilización laboral y la dinámica imperante de
trabajos temporales y a destajo niega per sé éste derecho. Todo ello se sumó al aumento de
amenazas e intimidación para la protesta social; entonces se vio incrementada la inseguridad
laboral de miles de colombianos, de la cual pende la seguridad alimentaria y social.
246 Procurador General de La Nación, Edgardo Maya Villazón, en semanario El Espectador, agosto 31 de 2003, p. 4A.
148
En el campo de la salud continuaron las reestructuraciones y los cierres. Las
universidades han intentado ser conducidas bajo los presupuestos gerenciales de la empresa
privada, mientras la política de apertura en el campo y la continuación de la concentración
ilegal de tierras empeoran la situación de comunidades campesinas e indígenas, así como de
las ciudades que reciben en sus costados a los cientos de despoblados.
Justamente un hecho que despunta en este gobierno de seguridad es el reemplazo del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, junto a otras instituciones de asistencia
al campo, por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. De esta suerte, se
desecha mediante decreto, y desde el lenguaje, la necesidad histórica de una reforma agraria
integral, una de las causas principales del conflicto armado y la desigualdad social del país247.
Pero el problema no se detiene ahí. El Gobierno no está invirtiendo directamente en obras
de infraestructura para el campo, sino que planea y promociona los esquemas
institucionales dentro de los cuales las entidades territoriales y las propias comunidades
deberán gestionarlos, con lo cual se cede a la sociedad la responsabilidad del progreso
económico social de las regiones.
En este ámbito de la tierra es que el Gobierno de la Seguridad Democrática ha
mostrado todo su conservadurismo y feudalidad, pues ha traído al siglo XXI las políticas de
expropiación y explotación propias de la República Conservadora en los primeros años del
siglo XX. Sólo un hecho es suficiente para ilustrar el asunto: En el 2000 después del éxodo
masivo de las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó y Curvaradó, producto de
una intensa ofensiva paramilitar, el Incora realizó la titulación colectiva de 101.000
hectáreas de tierra que las comunidades ocupaban antes de su salida.
Pero cuando los desplazados empezaron a regresar se encontraron con que sus parcelas estaban cultivadas con palma de aceite o dedicadas a la ganadería. Muchas estaban sembradas con coca. Detrás de esta ocupación, según las denuncias avaladas por la iglesia católica y varias ONG, estaban “paras” que impulsaban un gran proyecto agroindustrial (...). El Gobierno admite que pudo equivocarse al adjudicar 101 mil hectáreas pues asegura que encontró legales algunos títulos privados en la zona entregada. Sin embargo la iglesia del Chocó y las comunidades alegan que la titulación a privados ha pasado hasta por la falsificación de firmas y documentos de propiedad248.
247 Ver INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS, ILSA, “Política Agraria”, en El embrujo autoritario: Primer año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Colombia, 2003, p.99. 248 Diario El Tiempo, octubre 23 de 2005, p.1-2 y 1-3.
149
La Asociación de Palmicultores del Daríen aplaudió esta iniciativa pues en concepto
de uno de sus integrantes, ésta ayuda a recuperar la confianza del inversionista privado.
Empero, no sólo la expropiación violenta de la tierra es sinónimo de feudalidad. Las
formas del trabajo campesino de aquella época ambicionan ser también desenterradas de la
antigua hacienda y trasladadas al presente bajo el nombre de “cooperativas de trabajo
asociado”. Se trata de cadenas productivas conformadas por pequeños campesinos
organizados, el sector empresarial y los proveedores de insumos, donde los productores
entran en la siembra de cultivos de tardío rendimiento impuestos por el mercado –en el
caso actual la palma aceitera-, y venden a un único comprador -el empresario (Indupalma)-,
que fija los precios. El campesino se vuelve entonces funcional a la gran industria,
reivindica la figura del siervo y se subordina a su parcela –adquirida mediante deuda-, por
un “plato de lentejas” pues en esta forma de contratación no tiene derecho a salud ni a
prestaciones sociales. El mercado ha ocupado ahora el papel totalitario de los Estados
socialistas realmente existentes. Es éste el que decide qué siembra el campesino, cuánto vale
su trabajo, que come, qué lugar debe ocupar en la cadena productiva, cómo debe él vivir.
Se intensifica de este modo la inseguridad de los campesinos a la vida, a la alimentación, a la
salud, a la dignidad, al derecho de propiedad.
La problemática del desplazamiento forzado cuenta también entre los grandes vacíos de la
política de gobierno –cuando no se le mire como un aspecto positivo de la estrategia de
guerra encaminada precisamente al logro de tal objetivo-. La Política de Seguridad
Democrática ha agravado la crisis humanitaria sin que ésta haya sido objeto de una
estrategia coherente para la prevención de los factores que provocan el desplazamiento y la
atención integral de las víctimas. Inclusive, la Corte Constitucional ha debido ordenar al
Gobierno, mediante sentencia, la protección de los derechos de los desterrados con el
diseño de una política integral y la asignación de una parte importante del presupuesto.
Pero la Administración ha desatendido la disposición de la Corte, así como las
recomendaciones de diferentes ONG y organismos internacionales sobre la materia, al
tiempo que insta a la comunidad internacional a que sea ella la que financie la problemática,
y conmina a los desplazados a que autogestionen su futuro en medio de la exclusión y la
miseria.
150
La Red de Solidaridad, organismo gubernamental para la atención del desplazamiento
forzado, afirma que “hay avances en materia de registro, salud, educación, ayuda
humanitaria de emergencia y prevención, (y) falencias en materia de tierra, ingreso y
vivienda. (No obstante lo cual) el Gobierno introdujo el tema en el Plan de Desarrollo e
invirtió más dinero que en las administraciones anteriores249.” Sin embargo, según la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Gobierno
invertirá 557 mil millones de pesos en el 2005 para la atención de 1.540.000 personas
aproximadamente. Cada persona recibirá en promedio 361 mil pesos por año, algo así
como 1mil pesos diarios, mientras ofrece a los excombatientes paramilitares 269 mil
millones de pesos, es decir, 17 millones 923 mil pesos por desmovilizado250. Jorge Enrique
Rojas, director de la ONG concluye:
El Gobierno hace esfuerzos pero igualmente el Gobierno está provocando el desplazamiento de muchas personas, ya sea por el Plan Patriota, ya sea por las políticas de seguridad democrática, ya sea porque no está presente en todo el territorio nacional como se insiste tanto o sencillamente porque hay una política de guerra que está provocando el desplazamiento. Entonces por un lado se intenta resolver el problema pero por otro lado crece el desplazamiento, se mantiene, se prolonga, se extiende en el país, y eso le va a crear muchas dificultades al Gobierno porque no alcanza a llenar esos vacíos”.
En ausencia de mecanismos concretos de prevención y justicia aumenta el riesgo de las
comunidades campesinas: algunas líderes anuncian que gentes de otras regiones (desde
Antioquia) han empezado a llegar con la coca y atraídos por ésta grupos armados aparecen
merodeando los alrededores, alertando sobre el desencadenamiento de una nueva guerra
que traerá consigo nuevos desplazamientos y reapropiaciones de territorio. 251
En conexión con todas las problemáticas descritas aparecen también las detenciones
masivas252, el confinamiento de poblaciones253, las masacres254, y en fin, la extensión de la
guerra sobre todos los resquicios sociales.
249 Representante de la Red de Solidaridad Social en “Política de Gobierno frente al desplazamiento”, Programa televisado, Lechuza, lunes 27 de junio de 2005. 250 CODHES, “Política de Gobierno frente al desplazamiento”, Programa televisado, Lechuza, lunes 27 de junio de 2005. 251 Reunión de grupos de género “Mujer y Conflicto Armado” realizada en Popayán, Cauca, el 12 y 13 de noviembre de 2005. 252 Ver información sobre detenciones masivas en el semanario El Espectador, diciembre 7 de 2003. 253 A las comunidades confinadas o bloqueadas por los actores armados se les impide de manera sistemática el libre acceso a elementos indispensables para la supervivencia tales como alimentos, medicinas, combustibles, insumos agrícolas y agua potable; se les obstruye la posibilidad de solicitar o recibir ayuda humanitaria; y se les prohíbe la movilización tendente a salvaguardar la vida y la seguridad personal de sus integrantes. CODHES, “Como el cangrejo, el Gobierno frente al desplazamiento” en Reelección: El embrujo continua, segundo año de
151
Pese a la terminación del estado de conmoción interior las detenciones masivas
continuaron ejecutándose, produciendo una situación generalizada de inseguridad jurídica. La
persecución judicial se constituyó en el mecanismo más empleado de prevención y
represión, por ende, la Fiscalía –cooptada en parte por el Ejecutivo-, pasó a ser uno de los
elementos más importantes de la DSN en su fase actual. Sólo durante el primer año de la
Seguridad Democrática fueron capturados 125.778 personas, según el reporte hecho por la
Ministra de Defensa, “lo que equivale a un promedio diario de 334 personas detenidas.255”
A continuación citamos un ejemplo. En Quipile (Cundinamarca) en la madrugada del
15 de junio de 2003, 59 habitantes fueron detenidos en el marco de un operativo militar
para desarticular la red de apoyo del Frente 42 de las FARC, que se planeó con base en la
declaración de un desertor. Un cuerpo integrado por un fiscal, miembros de la Policía, la
Dijín y el CTI, prorrumpieron en las viviendas sacando a los presuntos delincuentes, les
concentraron en la plaza principal con lista en mano y les llevaron. El carnicero del pueblo
fue acusado de ser el jefe de comunicaciones de las FARC, mientras la ludotecaria fue
sindicada de ser la jefe de finanzas. Tras comprobarse su inocencia, los detenidos saldrían
libres sólo seis meses después256. La Procuraduría General de la Nación se pronunció en
contra de las transgresiones a las garantías judiciales en esta especie de “pescas milagrosas.”
La guerra psicológica está presente en toda la estrategia. El bloqueo de comunidades -
como sucede con las poblaciones ribereñas de la selva amazónica, objeto del Plan Patriota-,
no sólo logra aislar y retener en un lugar determinado a sus integrantes, sino que los va
debilitando moral y físicamente con lo cual el Gobierno asegura la eliminación de las bases
de apoyo de la guerrilla.
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Colombia, 2004, p.169. 254 El 22 de febrero de 2005, fueron asesinados ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) y desaparecidos once más por parte del Batallón Nº 33 del Ejército Nacional, adscrito a la Brigada XVII; pese a haberse declarado la Comunidad neutral ante el conflicto armado y estar amparada por medidas especiales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Los representantes de la justicia tardaron días en llegar, los militares alteraron las pruebas y cuando una comisión compuesta por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría se trasladaba al lugar para investigar los hechos fue objeto de una emboscada. En Buenaventura, el puerto más grande de Colombia, han sido asesinadas 138 personas de enero a abril de 2005, la mayoría de las muertes relacionadas con el conflicto armado interno y perpetradas por el Bloque Pacífico de las AUC. Diario local El Liberal, Popayán, Cauca, abril 30 de 2005. 255 CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, “¿Cacería de Brujas?, Detenciones masivas y Seguridad Democrática” en Reelección: El embrujo continua, segundo año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Colombia, 2004, p.202. 256 Semanario El Espectador, diciembre 7 de 2003, p.4A
152
Las prácticas cotidianas y relaciones sociales en las villas, van siendo gravemente
transformadas al extinguirse el comercio por los ríos -que da al traste con la economía-, al
prohibirse el abastecimiento y la comunicación entre los pueblos. El miedo a la guerra hace
que el indígena abandone la caza y la pesca257, y el campesino se abstenga de salir a
bombear el agua y recoger el ganado, actividades que antes les procuraban sustento y que
ahora les ponen en peligro de muerte. Esta y otras situaciones, la padecen comunidades
indígenas embera katío en Córdoba y la selva chocoana; los wiwa258, los koguis y wayú, al
nororiente del país, las comunidades nómadas de los Nukak y los pueblos indígenas de la
selva amazónica, entre muchos más. Las comunidades negras del Pacífico también han sido
objeto de masacres y hostigamiento permanente por parte de las fuerzas armadas y los
demás actores del conflicto. De modo que la Seguridad Democrática y la intensificación de
la ofensiva militar se traducen en inseguridad cultural. Pero ¿que hay detrás del exterminio de
las etnias?
Los grupos indígenas y afro-colombianos han entrado, efectivamente, en la categoría
de enemigo interno contra el cual combate el Estado de Seguridad Nacional. Habitan ellos
tierras comercialmente estratégicas, fértiles, ricas en biodiversidad, paso obligado de
mercancías -legales o ilegales-, en suma, zonas apreciadas para la concreción de proyectos y
megaproyectos -turísticos, mineros, agroindustriales, energéticos, etcétera-. Con todo, las
comunidades no sólo constituyen impedimentos frente a los proyectos del capital por su mera
existencia sobre un terreno neurálgico, sino que pueden llegar a convertirse en un
257 Indígenas de la etnia embera katío que habitan la selva chocoana han sido perturbadas por un espectro más de la guerra que materializan paramilitares, guerrilleros y ejército desde 1996. Una ola de suicidio -término que no hacía parte de lengua indígena-, ha recorrido los caseríos cobrando la vida de varios miembros de la familia. “Desconcertados los viejos indígenas sólo se atrevían a decir que una epidemia de aburrimiento estaba acabando con sus hijos, porque ahora, con la guerra, todos viven con miedo de que los van a matar y no pueden cazar, pescar ni traer mercado”, diario El Tiempo, Octubre 12 de 2003, p.1-6. 258 “Los indígenas de la tribu wiwa que alguna vez vivieron en El Limón, Marosako, Dudka y Potrerito, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, recuerdan que el día de exterminio de sus hermanos estaban dormidos. Los despertaron el griterío y el llanto de los niños y los insultos de los asesinos, que esta vez fueron las fuerzas militares y de policía, como lo denunciaron los wiwa ante la Procuraduría. Antes habían sido los paramilitares. Eran las 5 de la tarde del 30 de agosto de 2002 cuando se acabó la masacre. Los wiwa que quedaron vivos no pudieron ir a recoger sus muertos. Terminaron desperdigados por la zona, escondidos, huyendo con el mismo pánico de los últimos tiempos porque desde un año atrás les habían empezado a advertir. Si nunca hicieron caso fue porque las autoridades civiles y militares les prometieron seguridad, tranquilidad, porvenir. “A ustedes nunca les va a pasar nada”, les decían. Igual seguían asustados pues las noticias y los rumores corrían por la región. Que las tierras que ellos habitaban eran fundamentales para tres proyectos multimillonarios que se estaban gestando; que el obstáculo es decir, ellos y sus resguardos, era difícil de superar por la vía legal; que había muchos intereses y demasiadas fuerzas en conflicto. En fin, lo mejor era que huyeran, les sugerían. No lo hicieron y lo pagaron caro. Cincuenta y dos líderes asesinados, 900 desplazados, cinco poblados arrasados”. Semanario El Espectador, semana 6 al 12 de febrero de 2005, p.5A. El subrayado es nuestro.
153
verdadero antagonismo259 por la fuerza de su organización y capacidad de oposición. Así lo
ha prescrito el National Intelligence Council (NIC), organismo especializado en inteligencia
estratégica de Estados Unidos, reunido en el 2004 en Chile para pensar América Latina en el
2020: “La emergencia de movimientos indigenistas (o comunidades afro ascendientes)
políticamente organizados pude representar un riesgo para la política regional260”
refiriéndose a los movimientos de México, Ecuador, Bolivia y su potencial desestabilizador
para los proyectos comerciales. De ahí la intervención, la persecución y judicialización de
sus integrantes y defensores en Colombia.
En conclusión, bajo la Seguridad Democrática se institucionaliza una especie de
“estado de naturaleza” como el concebido por los iusnaturalistas, donde reina la
desprotección y la inseguridad, el miedo, la desaparición, la muerte, el despoblamiento, la
tortura, la impunidad, es decir, todas las formas imaginadas de violencia que puedan
ejercerse sobre un pueblo, aunadas a la falta de oportunidades para lograr una vida digna.
No obstante, en este caso, no son las relaciones humanas sin Estado las que propician tales
condiciones sino las dinámicas mismas del Estado capitalista. Estado donde aquellas
prácticas se vuelven sistemáticas y pasan a formar parte de la vida cotidiana a condición de
no existir mecanismos de justicia que constriñan a respetar los derechos individuales y
colectivos, y las leyes que les soportan; y entonces, todo se limita a acción violenta de los
que en determinado momento detenten el poder de las armas, el poder político y
económico. Vuelve pues la cuestión de si es efectivo el Estado -o el Estado de Seguridad
Nacional-, como organización política para regular y conducir la vida de una sociedad.
2. Fuerzas Armadas y control territorial: la guerra contra la sociedad continúa
La reorganización y modernización de las fuerzas armadas aparece como una cuestión
central en la política de Seguridad Democrática; de hecho, cuando el Gobierno concibe el
259 “(De acuerdo con la Dsn) los factores adversos de naturaleza humana así como los meramente materiales, son clasificados en tres categorías de acuerdo a su grado ascendente de peligro: impedimentos, antagonismos y presiones. Un impedimento es todo obstáculo de carácter no voluntario o consciente que la comunidad nacional debe enfrentar para alcanzar o mantener los objetivos nacionales. Tales obstáculos se convierten en antagonismos cuando ellos se manifiestan en forma de acciones deliberadas e intencionales opuestas a la realización de los objetivos oficiales. Por último, los antagonismos se transforman en presiones cuando disponen de poder capaz de oponerse por medio de la coacción, la violencia y otros medios, a los intereses del Estado de alcanzar uno o más objetivos nacionales. A fin de vencer las presiones el Estado está obligado a adoptar medidas extraordinarias, incluida la guerra.” GURGEL, José Alfredo Almaral, “Seguranca e Democracia. Uma reflexao política”, citado en TAPIA Valdés, Jorge, ob.cit., p. 247. 260 Semanario El Espectador, Septiembre 10 de 2005, p.16A.
154
fortalecimiento de las instituciones democráticas está haciendo referencia a éstas y su
posibilidad de actuar sin trabas de tipo jurídico contra la subversión. “En algunos casos, el
fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y las políticas en esa materia se han dado en
detrimento de las instituciones civiles, de las garantías constitucionales de los
ciudadanos y de las funciones de los órganos judiciales y de control.”261
En el marco del Plan Colombia se empezó esta modernización táctica y operativa,
contando con los recursos logísticos, humanos y en parte financieros de los Estados
Unidos, y en el Gobierno de Uribe se continuaría con la iniciativa. Batallones de alta
montaña y brigadas móviles siguieron fundándose, al tiempo que se crearon soldados
campesinos, escuadrones móviles de carabineros de la Policía Nacional y una compleja red
de cooperantes para nutrir la inteligencia de los organismos del Estado.
Con la estrategia militar, el Gobierno busca salvar el monopolio de la jurisdicción del
Estado a través de la recuperación, mantenimiento y consolidación de zonas vulneradas por la
insurgencia. En ella, los soldados profesionales se encuentran encargados de la
recuperación a través de operativos de inteligencia y acción militar; y los soldados
campesinos y policías carabineros mantienen la paz recuperada garantizando el orden para,
finalmente, dar paso a los proyectos productivos y las instituciones políticas del Estado con
las cuales se fortalece la democracia local. La acción cívico-militar tendría lugar en esta
última etapa, pues son las fuerzas armadas las llamadas a canalizar recursos a través de
micro créditos, programas de seguridad alimentaria y de acompañamiento de las
comunidades262.
En la práctica, la ofensiva militar parecía mostrar eficacia durante el primer año pues
se proporcionó seguridad en las principales carreteras; la economía logro crecer al 3% en
un contexto de relativa confianza; al tiempo que las acciones guerrilleras de ofensiva
parecían haberse evaporado. Sin embargo el desarrollo de los operativos evidenciaría que el
esquema de recuperación y consolidación militar de territorios reproduce de una manera
extraordinaria la violencia y el despoblamiento interno extendiendo la guerra sobre toda la
geografía nacional.
261 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2003. 262 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Colombia, 2003, p.50.
155
Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Desde el establecimiento del paramilitarismo en el
marco de la DSN, hacia la mitad de los 80, el estado de sitio para controlar a la población a
través de la guerra psicológica y preventiva dejó de ser ampliamente utilizado. Los
paramilitares se encargaron de evitar los trámites en el Parlamento y los límites impuestos
por las leyes para promover el gobierno desde el no derecho recurriendo a los estados de
excepción, de forma que éstos fueron decretados de facto. Así en muchos municipios los
paramilitares establecieron pautas de comportamiento sobre la forma de llevar el cabello,
de vestir y resolver los conflictos condicionada a la pena capital; se impuso el toque de
queda y control a la locomoción; se eliminaron las manifestaciones públicas, las fiestas
patronales, reuniones y concentraciones; y se impusieron contribuciones fiscales; llevando
implícito un cambio en los patrones culturales de las comunidades y la anulación del
colombiano de esas regiones como sujeto individual y colectivo263.
Sin embargo, desde la Seguridad Democrática se creyó necesario recrear de nuevo
tales prácticas desde la oficialidad estatal misma. Fue así como, mediante el decreto 2002 de
2002, expedido por el Gobierno bajo estado de conmoción interior264, resurgieron las más
amañadas prácticas doctrinarias que tuvieron lugar en la Colombia de los años 60 u 80,
suspendida en sus derechos y libertades por el sempiterno estado de sitio.
De esta suerte los pueblos afectados por la subversión fueron convertidos, de nuevo,
en escenarios militarizados e hiper vigilados por los agentes de la seguridad nacional, donde
tuvieron lugar dispositivos disciplinarios de prevención y represión que buscaron
introyectar el poder en la psicología de los habitantes y encauzar su conducta. Los poblados
bajo las Zonas fueron puestos en cuarentena a semejanza de las “ciudades apestadas”
descritas por Foucault265.
El criterio para definir las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (figuras llamadas
anteriormente zonas de orden público o teatros de operaciones que más tarde intentaron
ser extendidas por fuera de la ley a un número mucho mayor de departamentos y
263 Es importante anotar que estas prácticas de control territorial y poblacional basadas en la fuerza de las armas también son ejercidas por las guerrillas en sus zonas de influencia. 264 Decreto 1837 de 2002. 265 “La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada”. Ver FOUCAULT, Michael, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Siglo XXI Editores, 9ª edición, México., p.202.
156
municipios), fue la actividad sistemática de organizaciones criminales en algunas regiones
neurálgicas, -sin embargo, los municipios de dominio paramilitar no serían incluidos en las
mismas-. Así se delimitaron dos Zonas de Rehabilitación y Consolidación, una en
municipios de Bolívar y Sucre; y otra en tres municipios del departamento de Arauca
(Decreto Ley 2929 de 2002)266.
Estas se levantaron sobre el principio fundamental de la DSN: la mimetización de la
insurgencia entre la población, que vuelve a cada uno de los habitantes sospechosos de ser
delincuentes al servicio de la insurgencia, entonces la guerra del Estado contra la sociedad
volvió a tomar forma jurídica.
Los municipios así concentrados -y todo cuanto existe en ellos (habitantes, alimentos,
y otros recursos)- fueron puestos a disposición de un comandante militar designado por el
Presidente de la República, de modo que la autoridad civil se sometió a la militar, mientras
se difundían variadas prácticas de control y coerción: capturas preventivas, allanamientos e
interceptación de comunicaciones sin previa orden judicial, expulsión de extranjeros,
empadronamiento, imposición de salvoconductos para tránsito, entrada y salida del lugar
bajo amenaza de proscripción, control de actividades y movimientos de todos los
habitantes, captura a quienes transitasen sin autorización, a los indocumentados, a quienes
transportasen alimentos u otro tipo de carga que hiciese presumible el auxilio a una
organización delictiva, movilizaciones y requisiciones de bienes y servicios técnicos y
profesionales267.
Este tipo de organización social que se ensayó a instancias de una política dicotómica
que concibe al ciudadano como instrumento estratégico para ganar la guerra (aliado), y al
mismo tiempo como el enemigo interno, vulneró la ley misma y la Constitución, así como
los tratados internacionales que comprometen al Estado colombiano con la observancia de
los derechos humanos. Bajo su amparo, se realizaron detenciones arbitrarias violando el
debido proceso, aumentaron las amenazas a mandatarios locales, las desapariciones, las
266 La primera incorporó los municipios de Mahates, María La Baja, Calamar, El Guamo, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano y Arroyohondo, en el departamento de Bolívar; y los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San Juan de Betulia, Los Palmitos, Morroa, Buenavista y San Benito Abad, en el departamento de Sucre; y la segunda aplicó sobre los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, ubicados en el departamento de Arauca (los únicos tres municipios petroleros del departamento). 267 Ver análisis de estas zonas en Boletín Informativo Nº 10 de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Diciembre de 2002.
157
muertes violentas y en general, las violaciones a los derechos humanos de los residentes.
Tales procedimientos serían denunciados por la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo para el caso concreto de Arauca268.
Finalmente, luego de siete meses de creadas, las Zonas de Rehabilitación perdieron
vigencia con la declaratoria de inexequibilidad a la conmoción interior por parte de la Corte
Constitucional en el mes de abril de 2003. Eventualidad a la que los generales respondieron:
“la primera afectada es la población civil que era la que estaba solicitando la creación de
zonas de rehabilitación. La gente quiere seguridad. El mejor ejemplo de ello fue el trabajo
que hicimos en Saravena (Arauca) donde recuperamos para el Estado la soberanía269.”
Recuperación de Medellín y la zona industrial. El oriente antioqueño, importante zona
industrial del país270 y de marcada influencia del Bloque del Área Industrial del ELN, fue
escenario de guerra desde el 2000 cuando se enfrentaron “elenos” y paramilitares por el
control territorial, dejando un doloroso saldo de 50 masacres y más de cien mil campesinos
desterrados. Los paramilitares pasaron entonces a dominar parte importante de la zona271.
Entretanto, en agosto de 2003 el Ejército Nacional (IV Brigada) ejecutó una serie de
acciones militares contra el ELN en la zona rural y urbana que diezmó el poder de esta
organización guerrillera. Las Comunas de Medellín fueron exclusivos teatros militares de las
Fuerzas Especiales del Ejército que libraron sendas cruzadas contra las milicias en el marco
de las operaciones Marcial y Orión. No obstante lo cual, la tranquilidad no asistió a los
habitantes pues el poder paramilitar se desplegó sobre las barriadas reclutando a los jóvenes
para reproducir los esquemas de guerra.
Plan Patriota. Al cierre del primer año de gobierno, Uribe se vio compelido a capturar a
un miembro del Estado Mayor de las FARC, reducir la pobreza, generar empleo y reactivar
268 “En Saravena 320 indígenas y campesinos desplazados se tomaron pacíficamente la iglesia para exigir al Gobierno garantías para retornar a sus parcelas y denunciaron asesinatos, violaciones de niños y desalojo por parte de miembros de un grupo del Ejército Nacional que hacía uso de brazaletes de las AUC”. Periódico Voz, mayo 21 de 2003. 269 General Carlos Alberto Ospina, entonces Comandante General del Ejército en semanario El Espectador, mayo 4 de 2003, p.5A 270 “Allí está concentrado el 40% de la generación de energía eléctrica del país. Las principales industrias paisas tienen sus fábricas en esa zona. Se calcula que cerca de 200 de ellas operan en la región. Toda la industria de alimentos del Valle de Aburrá se asentó en el oriente antioqueño. También lo hizo buena parte de la industria textil el mismo camino tomaron los proveedores de materias industriales”. Semanario El Espectador, mayo 4 de 2003, p.2A 271 Semanario El Espectador, mayo 4 de 2003, p.2A
158
la economía, atendiendo a las demandas por resultados impuestas por él mismo. Apareció
entonces, hacia marzo de 2004 el Plan Patriota dirigido a eliminar el Estado Mayor de las
FARC-EP en las selvas del sur oriente del país.
Este Plan, que fue diseñado por el Comando Sur de Estados Unidos durante el 2003 y
comunicado a las fuerzas armadas de Colombia en el más absoluto hermetismo, es
considerado como el componente militar de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, y bien podría ser comparado con el Plan Soberanía bajo el cual las Repúblicas
Independientes de los años 60 fueron bombardeadas. Más aún cuando fue justificado como la
respuesta estatal al avance de “La otra Colombia es Posible”, el proyecto político de nuevo
Estado de las FARC-EP, sobre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá.
Pese a que en él se invirtieron ingentes recursos humanos, técnicos y económicos272, y
la Fuerza de Tarea Omega (comando conjunto a la cabeza del proyecto) logró la ocupación
y control militar de parte de los territorios selváticos dando, según sus dirigentes, un duro
golpe a la logística y las finanzas de la organización armada, aún no se ha logrado la captura
o eliminación de ningún miembro del secretariado, ni la desarticulación de la estructura
guerrillera que respondió a la ofensiva con el “Plan Resistencia”.
Por el contrario es posible afirmar que las comunidades que habitan la región donde se
llevan a cabo los operativos, fueron las más afectadas. Vieron llegar el poder invisible del
paramilitarismo a la región, proliferaron los retenes, los controles permanentes, las
restricciones a la vida y el comercio, en tanto que aumentaban las muertes y desapariciones
forzadas de las cuales las fosas comunes son una confirmación. Las fuerzas militares
cometieron graves atropellos a los derechos de los habitantes, viéndoles como auxiliadores
de la guerrilla. La escasez y el miedo azotaron los caseríos, las escuelas se quedaron sin
alumnos, jóvenes y viejos fueron objeto de torturas y detenciones arbitrarias. En
consecuencia muchas familias se vieron forzadas a salir, dejando detrás verdaderos pueblos
fantasma.
272 En el Plan Patriota se involucraron 18 mil efectivos de las tres armas, 800 agentes estadounidenses, 100 millones de dólares en entrenamiento militar, inteligencia y logística entregados por Estados Unidos. Apoyan las operaciones batallones y brigadas móviles, y anualmente se destina un valor aproximado de 700.000 millones de pesos. Diario El Tiempo, mayo 3 de 2005.
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En definitiva, “pocos de los habitantes de la zona del Plan Patriota han visto sus vidas
mejoradas por la ofensiva: aunque no han visto la llegada de doctores, maestros, jueces o
constructores de infraestructura sí han visto detenciones masivas y fumigaciones273.” Esta
situación, multiplicada en muchos lugares del país, llevaría a un cocalero desplazado del
Guaviare a preguntarse “¿para qué seguridad si tenemos hambre?”274. Interrogante que
encierra la esencia de la Seguridad Nacional y devela las respuestas frente a los problemas
planteados por ella.
3. Conflicto político, delito político y paz paramilitar.
Conflicto político armado y delito político. Desde su campaña Uribe negó la existencia de un
conflicto político en Colombia asegurando que la violencia así como los males endémicos
del país eran causados por la acción terrorista de organizaciones armadas ilegales contra el
Estado y la sociedad. Atendiendo a este principio de la escuela de la seguridad nacional,
Uribe desestimó cualquier acercamiento con la insurgencia que estuviese determinado por
la necesidad de realizar transformaciones políticas, económicas y sociales en las
instituciones. Y siguiendo un esquema de firme militarización –semejante el de Turbay o
Virgilio Barco-, sólo contempló la negociación como mecanismo para la rendición y el
desarme.
Se trataba, ante todo, de una guerra total y justa dirigida hacia la eliminación del
enemigo por la victoria total. De este modo se intensifican los operativos militares en zonas
de influencia histórica de la guerrilla pues el objetivo es ante todo, la erradicación de la
insurgencia en el territorio nacional para entrar a competir sin obstáculos, por la inversión
extranjera directa.
Por su parte, las guerrillas y particularmente las FARC-EP, continuaron haciendo uso
de las tácticas combinadas del repliegue y los golpes sorpresa en el marco de la guerra de
guerrillas, que se caracteriza por su duración en el tiempo y el desgaste del enemigo.
Prosiguieron entonces los ataques a la infraestructura eléctrica y petrolera –con sus
273 Adam Isaacson miembro del Centro de Política Internacional de Washington, semanario El Espectador, semana del 13 al 19 de febrero de 2005. 274 Diario El Tiempo, mayo 3 de 2005, p.1-9.
160
correspondientes implicaciones socio-ambientales-, el hostigamiento a unidades y bases
militares, y las características prácticas de secuestro y extorsión para lograr financiarse.
Desde su consolidación como organización insurgente hacia finales de los años 60, las
FARC –así como otros grupos subversivos- dieron prioridad al desarrollo de actividades de
tipo militar sobre las de tipo político que les valió grandes reveses frente al enemigo y la
pérdida de importantes cuadros políticos por vía de las habituales purgas intestinas. Esta
situación pretendió ser invertida en algunas coyunturas, no obstante lo cual continúa
predominando la tendencia militarista –y con mayor tesón en desarrollo de la política de
Seguridad Democrática que agudiza la guerra interna-. Con todo, la guerrilla ha gozado de
cierto grado de legitimidad entre la población, especialmente en el área rural donde la
violencia ejercida por el Estado y los actores privados se expresa con persistencia. Esta
condición y el hecho de que la insurgencia colombiana tenga sus raíces en la reivindicación
de derechos políticos, sociales y económicos, y suscriba un proyecto de sociedad en la
misma dirección, no permiten que su accionar sea calificado, sin más, con el concepto llano
de terrorismo.
Empero, desde finales de la década del 90, ese vacío histórico de legitimidad política
de las FARC-EP entre la sociedad colombiana a tendido a acentuarse; y a ello ha
contribuido en gran medida, la participación activa de los insurgentes en las actividades del
tráfico de drogas ilícitas275, así como otras acciones que afectan directamente a la población.
De esta suerte y bajo la ofensiva militar de la Seguridad Democrática, las FARC-EP, ha
continuado reclutando menores, utilizando minas antipersonal y artefactos explosivos en
sus ataques –que han cobrado la vida de muchos civiles-. Han provocado desplazamientos
forzados, intimidado y bloqueado poblaciones, y obstaculizado procesos electorales
amenazando y asesinando a varios funcionarios públicos, líderes sociales, maestros,
candidatos políticos y otros habitantes acusados de pertenecer a la red de informantes del
Estado o de colaborar con los grupos paramilitares. Asimismo el poder intimidatorio
ejercido por la insurgencia puede amenazar la construcción de procesos organizativos
democráticos de la gente no alineada. Situaciones que contribuyen a crear un ambiente
275 La financiación a través de actividades de narcotráfico debe leerse en el contexto de ilegalidad propio de las organizaciones insurgentes. Todo lo cual no debe admitir la analogía entre guerrilla y narcotráfico colombiano como un bloque unificado pues esta media verdad tiende a ocultar la relación narcotráfico-clase política-paramilitarismo, que cumple, ciertamente, un papel fundamental en el nuevo modelo social que se quiere implantar desde el Estado.
161
propicio para el apoyo del autoritarismo y la aplicación de la Doctrina, por parte de algunos
sectores influyentes de la llamada “opinión pública” y la sociedad en general.
Uribe supo explotar a favor de sus políticas la situación presentada luego de cada
atentado o asesinato ocurrido durante el 2002 y el 2003, que también le valieron para
lanzar una ofensiva contras las FARC en el campo internacional buscando se declarase
organización terrorista y así cerrarle espacio político y financiero. No obstante, la negativa
a aceptar la existencia de un conflicto armado y sus raíces económicas, políticas y sociales,
le valieron al primer mandatario el rechazo de la comunidad internacional -a excepción de
España-, especialmente de la ONU; y en el ámbito nacional de vastos sectores políticos y
sociales.
Si los anteriores precursores de la DSN negaron la existencia de conflictos sociales
aduciendo la infiltración del comunismo en la sociedad y la explotación del inconformismo
popular por parte de éste para hacerse al poder, Uribe se negó a aceptar la desigualdad
material y social como problemáticas urgentes en la realidad del país suponiendo que al
afirmarlas estaría justificando el terrorismo. Esa fue justamente la razón que presentó ante
la Cumbre de los presidentes de Brasil, Venezuela, España y Colombia asistentes a la
reunión celebrada en Guyana (Venezuela) el 29 de marzo de 2005, para negarse a firmar
una declaración conjunta que consideraba al hambre como un arma de destrucción
masiva276.
Esta ofensiva contra el conflicto armado que pone en peligro la misión de las
organizaciones de atención humanitaria y derechos humanos en el país, se ejecutó en todos
los niveles de la acción gubernamental. Incluso el Presidente solicitó a Naciones Unidas y al
Comité Internacional de la Cruz Roja, redefinir la situación colombiana admitiendo la
presencia de una amenaza terrorista. Como una consecuencia de dicha postura el enviado
de la ONU para adelantar buenos oficios en Colombia fue retirado del país a mediados del
2005.
Como complemento de lo anterior, el Gobierno buscó reformular el delito político,
identificando primero la acción paramilitar como delito de sedición en el polémico artículo
276 Diario El Tiempo, marzo 31 de 2005.
162
64 del proyecto de Justicia y Paz (el “narcomico”), sosteniendo que ésta interfería con el
normal funcionamiento del orden constitucional y legal. Pero luego la propuesta se
modificó un poco y el presidente consideró la posibilidad de eliminar el delito político de la
Constitución Nacional al considerar que en una democracia profunda quien aspire acceder
al poder en apoyo de las armas es un terrorista. “La rebelión, la sedición y la asonada
desaparecerían, y en consecuencia, las conductas que hasta ahora han recibido este
tratamiento –y que se han reservado principalmente para los guerrilleros-, pasarán a
moldearse bajo el concierto para delinquir, el porte ilegal de armas (...) y el terrorismo277.”
Los últimos días del delito político debían favorecer exclusivamente el proceso con las
AUC, al que finalmente sí se aplicaría la figura de la sedición mediante la cual los
paramilitares pueden acceder a indultos y amnistías, participar en política y quedar a
cubierto de la extradición.
Una de las estrategias concordantes con la visión militarista de la paz –que en los
gobiernos doctrinarios adquiere un carácter coyuntural y superfluo, ajeno a las
transformaciones sociales-, es la política de desmovilización sustentada en la Ley 128 de 2003.
En la guerra el enemigo interno debe ser persuadido o eliminado, razón por la cual, además
de las acciones militares, el poder despliega una intensa campaña psicológica dirigida a que
los miembros de las organizaciones armadas ilegales abandonen las armas. Así, el Gobierno
espera al terminar el cuatrienio la desmovilización de 6 mil combatientes y afectar no
solamente el tamaño de las fuerzas opositoras sino, fundamentalmente, su moral. Esta
campaña que es esencialmente mediática, contempla ininterrumpidas cuñas radiales -
elaboradas también en lengua para llegar a los indígenas-, volantes, calendarios eróticos, y
copias de billetes de 20 mil pesos que invitan al insurgente a la deserción a cambio de una
vida digna, sin privaciones y con oportunidades educativas y laborales.
Empero, el programa de reinserción se ha visto seriamente afectado por problemas de
corrupción, testigos y documentos falsos. Así como por algunos casos de coacción y
chantaje de los militares a los desmovilizados para obligarles a dar testimonio falso sobre
personas que no conocen sindicándoles de subversivos; todo ello con el objeto de dar
soporte a las detenciones arbitrarias avaladas por la Fiscalía. El programa de reinserción se
277 Diario El Tiempo, mayo 19 de 2005.
163
vuelve pues fuente de información y arma contrainsurgente. Los desmovilizados son
seducidos por el Gobierno –y también por paramilitares- con dinero o “bonificaciones” a
fin de que sirvan de informantes o como guías en operaciones militares. Al respecto Daniel
García-Peña ex-asesor de paz apunta: “La reinserción está basada en la premisa de sacar la
gente de la guerra y meterla en la población civil. Lo que estamos haciendo es una
perversión de esa idea, pues en vez de sacarla la estamos cambiando de bando278.” Esta es
la paz de la seguridad democrática.
“Justicia y Paz –paramilitar-”. En septiembre de 2002 Estados Unidos pidió en
extradición a los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, anunciando el
advenimiento de la muerte de la figura pública de las AUC. En diciembre de ese año la
organización paramilitar declaró el cese de hostilidades y aceptó entrar en un proceso de
paz con el Gobierno, pues comprendió bien que sus alternativas se movían entre la
rendición, la extradición, la eliminación o la negociación. Fue así como el Gobierno
mediante Ley 782 de 2002 -que prorrogó la vigencia de la Ley de Orden Público, y abrió el
espacio para entablar diálogos con grupos armados ilegales sin reconocimiento político
previo-, dió inició a un proceso de paz con las AUC en Santa Fe de Ralito, Córdoba, sin
más marco jurídico que la ley de reinserción que facilita la desmovilización de paramilitares
–o guerrilleros- no incursos en delitos atroces. Este hecho mereció duras críticas pues se
afirmaba que con la Ley 782, redes del crimen organizado podrían quedar beneficiadas del
diálogo. Temor que se hizo efectivo más tarde cuando se advirtió que narcotraficantes
habían ingresado a la Zona de Concentración luego de haber comprado bloques enteros de
paramilitares.
En noviembre de 2003 se produjo la primera desmovilización de un bloque de las
AUC: el Cacique Nutibara, en La Ceja, Medellín, que no pasó de ser un acto protocolario -
el teatro de la “paz armada”-, tal como lo advirtieron la sociedad y las distintas ONG de
derechos humanos. Los paramilitares entregaron, sin asomo de vergüenza, changones y
escopetas de perdigones conservando la tecnología bélica de su aparato militar, mientras la
comunidad internacional -a excepción de la OEA-, miraba desde lejos los ingentes vacíos
de un proceso que se estaba desarrollando a espaldas de la sociedad, sin mayor coherencia
en la agenda o atisbo de autoridad por parte del Gobierno.
278 Diario El Tiempo, Abril 10 de 2005.
164
El proceso avanzaba pese al incumplimiento del cese de hostilidades. Bloques cuyos
comandantes se encontraban sentados en la mesa de Ralito continuaban hostigando a la
sociedad –en los Llanos orientales, en el Pacífico, en el nororiente y en centro del país-,
hecho frente al cual los jefes de la Organización sólo apuntaban a afirmar que no estaban
dispuestos a dejar de combatir la subversión hasta tanto el Estado no hiciese presencia en
todo el territorio bajo su mando. De ahí la necesidad de redefinir los parámetros del cese de
hostilidades279. Parecía que Uribe estaba siendo solidario “con los violentos y no con las
víctimas de esa violencia”.
Durante todo el 2004 y parte de 2005 en el Congreso se discutieron, con
intermitencias, los proyectos de ley para el juzgamiento y desmovilización de los jefes
paramilitares acusados de cometer un sinnúmero de delitos de lesa humanidad. Empero
mientras algunos congresistas pensaban en una ley de alternatividad penal con un mínimo
de cárcel, confesión absoluta de los crímenes y resarcimiento de las víctimas –motivo por el
cual fueron tachados por los negociadores paramilitares como vengativos y cómplices de la
guerrilla-, en Santa Fe de Ralito, el Alto Comisionado de Paz, negociaba con el
narcoterrorismo los términos de la ley que presentaría el Gobierno. Los jefes paramilitares
declaraban, exigentes e inconmovibles, que no pagarían ni un solo día de cárcel
amenazando con levantarse de la mesa o poner el asunto a consideración de la sociedad
mediante referendo, en tanto el Comisionado insistía en que debían purgar algún tiempo de
encierro si querían quedar a cubierto de la Corte Penal Internacional.
La sociedad, ONG y particularmente las víctimas de la acción paramilitar demandan
verdad jurídica integral, que permita establecer y reconstruir la verdad histórica de décadas
de violencia política. Solicitan participación en el proceso y esclarecimiento de los hechos,
única forma de ir logrando la reparación de los daños, pero el Gobierno asume una
posición distinta sobre el asunto. El Vicepresidente de la República justifica la impunidad
sosteniendo que “lo que necesitamos es un proyecto de reconciliación. Un proyecto que
mire el tema no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista moral para
que no volvamos esto una judicialización y un linchamiento público permanente280.”
279 Se estima que los paramilitares fueron responsables del 70% de las 1.440 víctimas de masacres reportadas en el 2003 y el 80% de los 3.313 asesinatos políticos. COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Informe estadístico de Derechos Humanos”, Colombia, 2003, citado en Reelección: El embrujo continua, segundo año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Colombia, 2004, p.76. 280 Diario El Tiempo, Febrero 13 de 2005, p.1-19
165
Mientras tanto en otros escenarios los pobladores son perseguidos, sus casas allanadas, sus
comunicaciones interceptadas, y finalmente son detenidos y judicializados por sospecha
fundada en las declaraciones de informantes o reinsertados.
Finalmente el 22 de junio de 2005 es aprobada la Ley de Justicia y Paz (Ley 795 de
2005) que otorga seguridad jurídica a miembros de grupos armados ilegales que hayan
cometido delitos de lesa humanidad. Dicha norma contempla penas alternativas de entre 5
y 8 años, de los cuales, para el caso concreto de los paramilitares, podrá descontarse el
tiempo permanecido en Ralito hasta 18 meses, reduciendo así el castigo entre 3 años y
medio y 6 años y medio. Pero la impunidad no sólo se evidencia en la exigua pena lograda,
sino en los demás elementos que la acompañan. La ley de Justicia y Paz contempla un
proceso fundado sobre la mentira y la confusión, pues los procesados no están obligados a
relatar la verdad sobre las causas de los crímenes cometidos, ni sus formas de operación y
financiación, así como tampoco los nexos con la clase política, económica y militar del país.
Quedan libres de presentar la versión que a bien tengan ante el fiscal, quien a su vez deberá
determinar su situación mediante un procedimiento breve y sumario. En cuanto a las tierras
obtenidas sobre la masacre, el robo y el terror de más de tres millones de desterrados, la ley
permite su conservación, pues han sido tituladas mediante el sistema de testaferrato y en
aquella no se contemplan mecanismos jurídicos investigativos especiales para recuperarlas y
devolverlas281.
La política de perdón y olvido intenta de este modo borrar de la historia reciente la
ferocidad y la barbarie de la acción paramilitar contra el pueblo colombiano, como sucedió
también con la violencia de los años 50, cuando el gobierno de Rojas Pinilla indultó a los
responsables de incontables torturas y asesinatos en uso de método aberrantes como el del
corte de franela –aplicado también hoy-. Individuos que habían actuado ya en nombre de la
oposición, ya en defensa del régimen conservador.
Mas, como es ampliamente sabido, la Ley de Justicia y Paz no busca la desarticulación
de los grupos paramilitares y mucho menos la reparación de las víctimas o el
establecimiento de la verdad. Persigue, por el contrario, la eliminación en la escena pública
y oficial de la figura ilegal del paramilitarismo bastante desacreditada y reconocida
internacionalmente como terrorista. Legalizar las fuerzas de ultraderecha ha sido, en todo
281 Ver revista Caja de Herramientas, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, Agosto de 2005.
166
tiempo desde la década del 80, la pretensión de la clase política del país y a esto apunta el
proceso de paz adelantado con los paramilitares. Alto costo que debe pagar la sociedad
para disfrutar de la seguridad prometida al tener que aceptar que la masacre y el asesinato
selectivo de los ciudadanos sea considerado como delito político.
De esta manera, la Seguridad Democrática, está lejos de ser aquella “tendiente a
garantizar la más amplia diversidad del pensamiento, el más creativo debate en todos los
planos de la vida, para que la acción de las armas jamás acalle las armas de la crítica” como
lo afirmara alguna vez el Presidente Uribe. Es en cambio un arquetipo de seguridad (para)
militarizada que reproduce ciudades y provincias en el orden, supremamente vigiladas;
habitadas por ejércitos de ciudadanos uniformes, trabajadores, sumisos en las normas del no
derecho y altamente civilizados. Y así, el Estado, como afirmaba Poulantzas, no se limita a
ejercer la represión física y la dominación ideológica, también crea, transforma y produce
realidades282.
El 26 de febrero de 2005 durante un consejo de seguridad en Facatativá, el presidente
Álvaro Uribe propuso una alianza operativa entre el sector privado y las Fuerzas Militares
para dar solución a la problemática de la seguridad en las zonas desocupadas por el
paramilitarismo -después de su virtual desmovilización-, frente a la amenaza guerrillera.
Este asunto -que ocupó el pensamiento del Presidente, de los gremios, los militares y los
jefes paramilitares desde que se iniciaron las negociaciones en Santa Fe de Ralito en julio de
2003-, evidenciaba, una vez más, la intención por parte del Gobierno de preparar el camino
de la legalización del paramilitarismo bajo otro signo, pero fundamentalmente, su carácter
de vigía y posibilitador del capital privado –especialmente del ligado a la ganadería extensiva
y recientemente de la palma aceitera-.
Jorge 40 jefe del Bloque Norte de las AUC, y miembro del Estado Mayor negociador,
ante la inminente desprotección de torres de energía y comunicaciones, oleoductos,
ganado, de haciendas y hacendados; alimentó la propuesta de Uribe al sugerir un
“empalme” entre comandantes paramilitares y oficiales del Ejército, seguido de la creación
de una Guardia Nacional (civil) que, integrada por los desmovilizados, tendría como fin la
282 Ver anexo, Testimonio de una colombiana que refleja el paradigma de la Seguridad Democrática a través de un breve análisis sobre la situación de Medellín. Trascrito por Alfredo Molano Bravo.
167
protección de la infraestructura económica del país.283 Por su parte los ganaderos y algunos
parlamentarios ampliaron el concepto de la Guardia sugiriendo entre otras, la creación de
redes de comunicaciones y cooperantes contrainsurgentes al servicio de las Fuerzas
Armadas y los servicios de inteligencia del Estado.
A comienzos del 2002 el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que su
organización controlaba el 30% del Congreso electo. La intervención paramilitar en la
política parecía ser un hecho. Luego en Santa Fe de Ralito los paramilitares manifestaron su
deseo de incursionar en la vida pública a través de un movimiento que se denominaría
Alianza por la Unidad de Colombia (AUC), “por una Colombia en paz y sin hambre”, que
encumbraba también una lucha contra la corrupción, el narcotráfico y en general los
problemas sociales. Pero además afirmaron que el proyecto ya se adelanta en
departamentos como Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia, donde ejercen poder
político y militar. En Antioquia, aseguran tener su base política en las Comunas de Medellín
y el occidente medio. Allí la Corporación Democracia es la institución encargada de
desarrollar la campaña con miras a obtener dos curules en el Congreso -en el Senado con la
actual representante Rocío Arias, y en la Cámara de Representantes con Giovanni Marín,
jefe paramilitar desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara-.
Y así se va consolidando la paramilitarización del país ante los ojos de la sociedad. El
fenómeno de los civiles se extiende en todos los campos sociales de las ciudades donde
llega y logra permanecer. La dinámica en las urbes -armada de acuerdo a la lógica que ha
seguido en Medellín, Bogotá y otros municipios del país- es la siguiente: Los paramilitares
incursionan en los barrios marginales donde realizan limpieza social, otros asesinatos
selectivos, secuestros y extorsiones. Se adjudican el monopolio de la criminalidad
reclutando a los jóvenes residentes y eliminan a los que se oponen. Simultáneamente van
permeando las Juntas de Acción Comunal y la administración pública (ARS y alcaldías)
apropiándose de contratos y regalías. En el sector privado infiltran las empresas de
vigilancia privada, juegos de azar y empresas de transporte. Buscan controlar el negocio de
la prostitución, la piratería musical, el mercado de las drogas, los sanandresitos, locales de
telefonía celular y los centros de mercado, asegurando así sostenibilidad y control de la
población adhiriendo trabajadores como informantes. Entonces salen a flote nuevas
283 Ver semanario El Espectador, semana del 6 al 11 de marzo de 2005, p. 4A.
168
preguntas. ¿Cómo es posible asegurar el Estado de Derecho en un ambiente impactado por
la ilegalidad y la fuerza de las armas en sus espacios más importantes? y ¿Cómo puede
afirmarse el imperio de la ley y el libre ejercicio de la autoridad de las instituciones desde el
esquema social que se empieza a configurar? Todo esto nos indica que sí existe un proyecto
político desde el paramilitarismo que persigue la reestructuración del Estado y la sociedad
imponiendo un modelo de ultraderecha284. Sería un error pensar lo contrario. En palabras
de Rafael Pardo, éste:
Es un modelo basado en la gran propiedad de la tierra, modelo semifeudal de acción política, pero unido a la acción armada. Eso lo hemos visto, se han desmovilizado muchos, pero los jefes paramilitares siguen mandando sobre los que se desmovilizaron, y siguen dominando estructuras armadas que controlan negocios ilícitos o lícitos, como lo hace el crimen organizado285
En definitiva, en la nueva fase de la Doctrina de la Seguridad Nacional se proyecta la
consolidación del poder paramilitar –que es político, económico y social-. Ya no estará
organizado en bloques diferenciados con uniformes y brazaletes, ni su acción reivindicará
una lucha contrainsurgente. Actuará desde las instituciones mismas, desde la empresa
pública y privada, desde el comercio legal e ilegal, haciéndose a una vasta red de
informantes y sicarios que se encargarán de mantener el orden y el cumplimiento de los
objetivos actuales del Estado. Este es pues el esquema que estamos llamados a prevenir y
confrontar.
4. Participación democrática
Desde su Política de Defensa y Seguridad Democrática Uribe promovió la
participación activa de los ciudadanos e hizo énfasis en su importancia: “La participación
democrática se expresa no sólo en el ejercicio del voto, sino también en el respeto y la
promoción de los valores cívicos que enmarcan la pluralidad del debate político, en el
desempeño de un papel activo en los asuntos públicos, y en la defensa de las libertades de
todos286.” Empero dicha participación no dejó de ser un embeleco discursivo y el
284 “El Cacique Nutibara ha generado unas raíces comunitarias en la ciudad y transformó un sistema de bandas montadas por el narcotráfico en una organización político-militar con objetivos de vinculación social y desarrollo comunitario que cambió la visión de mundo de muchos jóvenes”, Doble R, comandante del Bloque Cacique Nutibara. Semanario El Espectador, noviembre 23 de 2003, p.4A. 285 Rafael Pardo, en diario El Tiempo, abril 10 de 2005, p.1-6. 286 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Colombia, 2003, p.14.
169
autoritarismo del gobernante se mostró de nuevo definiendo el lugar y la forma de la
participación ciudadana desde los propios intereses.
Domina así una visión del pueblo-masa que es incapaz de disentir y decidir sobre
asuntos de verdadero interés nacional como la política antinarcóticos, el TLC, las
privatizaciones, la situación de la tierra, la política laboral y educativa, el desplazamiento
forzoso, la negociación con los paramilitares, el conflicto armado... Quedan ellos
reservados a la tecnocracia cívico-militar. ¡El autoritarismo y elitismo del sistema!
De esta manera la intervención del ciudadano se limita a apoyar la acción
contrainsurgente a través de información; contribuir a la reformulación del Estado a través
de la fiscalización del gasto público y el cumplido pago de impuestos; como promotor del
modelo económico rentando su mano de obra a proyectos económicos preparados por el
capital (reforestación, palma aceitera); y como elemento legitimador de las políticas de la
Seguridad a través de los populares Consejos Comunales de Gobierno.
Con todo será la participación en la red de informantes y cooperantes la que más
interese al poder. Desde su campaña Uribe había planteado la necesidad de unir
solidariamente al ciudadano con la “Fuerza Pública”, en el entendido de que todos los
habitantes del país son responsables de su propia seguridad y la del Estado. Todos debían
integrar la defensa civil en cumplimiento de un deber patriótico para apoyar las tareas de
eliminación, prevención y disminución del terrorismo: “Si 44 millones de colombianos
acompañan al Estado y se sienten apoyados por él, fracasará el terrorismo287”. Por ello
“necesitamos para que esta política funcione, que cada uno de los 44 millones de
colombianos se conviertan en los ojos del Estado288.”
Estas líneas dejan ver la vigencia de la DSN en la práctica y el discurso de la Seguridad
Democrática cuando se niega la posibilidad de la neutralidad y el ciudadano es conminado a
alinearse a favor del Estado en su lucha contra el enemigo interno. El Estado se sirve de
las miserias de la población civil y le presenta la guerra como una opción económica viable
y a corto plazo en un contexto signado por el desempleo y la falta de oportunidades de
287 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Colombia, 2003, p.61. 288 Revista Semana Nº 1079
170
vida. De esta manera se recluta la mayor parte de los jóvenes colombianos que buscan
vivienda propia e ingresos fijos para el sostenimiento de la familia. De esta manera el
ejército potencial de soldados e informantes se torna enorme e inagotable pues su tamaño
será la expresión de la pobreza de las grandes masas urbanas y campesinas.
5. Soberanía Nacional
El sistema integral de dependencia colombiano sigue funcionando y fortaleciéndose tal
como ha ocurrido durante los últimos 40 años. En este Gobierno se continúan aplicando
las recetas de ajuste fiscal dictadas por el FMI, que traen graves consecuencias sociales
manifestadas en el empobrecimiento de amplias capas de la población y un mayor
endeudamiento. En el 2003 Uribe viaja a Washington para gestionar la realización de un
TLC con Estados Unidos, después de todo Colombia se había mantenido firme en apoyar
la invasión de Estados Unidos a Irak, y esperaba en respuesta un gesto de agradecimiento,
no obstante lo cual, los intereses de Estados Unidos en materia comercial se concentraban
en el ALCA.
Para agosto de 2003 Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos,
viajó a Colombia para tratar con el Gobierno el asunto de un tratado de libre comercio
andino cuando las posibilidades del Área de Libre comercio de las Américas se agotaban,
advirtiendo a Uribe y su gabinete que las condiciones de éste serían definidas por su país, a
propósito de lo cual recordó que Colombia no representa para los norteamericanos más del
0.4% de su comercio en el mundo, mientras que el comercio estadounidense significa para
el país, el 46% de sus importaciones y el 43% de las ventas al exterior289. Posteriormente la
realización del acuerdo fue concretada junto con los gobiernos de Perú y Ecuador, de
modo que en el espacio económico las cartas se hubieron echado.
En el ámbito político-militar, Estados Unidos interviene en la política doméstica a
través de su cooperación al Plan Colombia, al Plan Patriota, y el acuerdo de Interdicción
Aérea firmado el 28 de abril de 2003. La participación en recursos bélicos, tecnológicos y
financieros viene acompañada, naturalmente, por el grupo de asistentes militares que, como
se anotó en el primer capítulo, cumplen funciones básicamente políticas desde el Estado
289 Semanario El Espectador, Agosto 10 de 2003, p.16A
171
Mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa, al conducir las estrategias de guerra y la
política ambiental –y social-, en el marco de la lucha contrainsurgente y antinarcóticos. De
esta suerte los Joint Planning Assistance Team reemplazan los otrora Military Assistence Advisory
Group, y la presencia de efectivos militares y contratistas de ese país aumenta. Entretanto
crece la dependencia hacia el país del norte así como la vulnerabilidad de la población
colombiana.
Los agentes norteamericanos que se han visto comprometidos con violaciones
sistemáticas a los derechos humanos, abuso sexual y expoliaciones en sus misiones
alrededor del mundo se encuentran protegidos, en Colombia, por un acuerdo bilateral
firmado en 1962 y actualizado en el 2000. Sin embargo en el 2003 Estados Unidos obligó a
Colombia a firmar un nuevo tratado para proteger a todos los ciudadanos estadounidenses
de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en caso de comisión de delitos en nuestro
territorio bajo la amenaza de congelar las ayudas militares. Cincuenta países se vieron
afectados por la medida cuando decidieron ejercer su autonomía política y jurídica, en vista
de lo cual, Colombia hubo de acceder a dicha pretensión. Durante la Seguridad
Democrática los militares estadounidenses se han visto envueltos en casos de tráfico de
drogas y armamento para los grupos paramilitares, sin que se haya entablado ningún
proceso judicial en cumplimiento de los acuerdos de inmunidad. Parte de la soberanía
nacional reivindicada tantas veces por la clase política ha sido entregada a Estados Unidos,
lo que convierte a Colombia en un protectorado de aquel estanco imperio.
4.3 SEGURIDAD EN CONTEXTO
Hasta aquí hemos analizado la Doctrina de Seguridad Nacional y las formas concretas
que ha asumido a lo largo de su historia, que es una historia de violencia, a la cual subyacen
intereses económicos del capital como se ha intentado sugerir. Y esto es así porque “los
casos de violencia en su mayoría no pueden explicarse hoy por fuera del marco histórico
del desarrollo del capitalismo, ya que éste no puede avanzar sino destruyendo las
estructuras comunitarias que aún subsisten en el mundo290.”
290 Alain Joxe, citado por Germán Guzmán, en La Paz, la Violencia: Testigos de excepción, ALAPE, Arturo, Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá, 1985,
172
Bien sabido es que la condición esencial de la existencia del capitalismo, en cualquiera
de sus fases, es “la acumulación de riqueza en manos de particulares (y) la formación y
acrecentamiento del capital291.” Mas, este proceso de acumulación de plusvalía -o trabajo
excedente proveniente de la explotación de una clase por otra- y que depende de los
elementos espacio-temporales rapidez y globalización, se ve afectado por crisis comerciales
periódicas signadas por la superproducción. “¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una
parte por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la
conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos292”.
Dicha lógica del capitalismo -expuesta con extraordinario acierto casi profético por
Marx y Engels-, pareciera dar cuenta de las actuales transformaciones que se adelantan en el
campo del trabajo y la vida política en casi todas los Estados; las cuales hacen parte del
proyecto neoliberal y van produciendo ejércitos de desempleados (consecuencia de las
privatizaciones, reestructuraciones y las pocas posibilidades de trabajo) al tiempo que
plantean proyectos de integración económica basados en la explotación indiscriminada de
humanidad y naturaleza a nivel global.
Desde finales de los años 60 Estados Unidos, conductor del capitalismo en el mundo,
se inscribió en una profunda crisis económica que estuvo determinada por la emergencia de
nuevas potencias en el campo de la producción material y tecnológica. Con la muerte del
comunismo real en 1989, dichas potencias contribuyeron a la configuración de un orden
policéntrico haciendo ostensible la pérdida del poder hegemónico de Estados Unidos en un
mundo unificado por el libre mercado. La competencia intercapitalista impuso así nuevos
retos a la potencia americana que buscó, a partir de 1990, la integración económica de las
Américas.
Desde los años 80, varios países capitalistas, industrializados como “emergentes”,
empezaron a aplicar paulatinamente una serie de reformas neoliberales esbozadas por los
organismos multilaterales de crédito e inspiradas en la corriente de pensamiento neoliberal
gestada ya desde 1947 (Sociedad de Mont-Pelerin)293. Dichas reformas tenían asiento en la
291 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, ob.cit., p. 43. 292 Ibíd., p. 37. 293 Para un análisis detallado de la doctrina neoliberal ver MÚNERA Ruiz, Leopoldo, “Estado, Política y Democracia en el Neoliberalismo” en La Falacia Neoliberal, Crítica y Alternativas, Universidad Nacional de Colombia, Enero de 2003, p.43.
173
idea de que el Estado con sus políticas regulatorias y sociales, representaba un obstáculo
para el mercado, orientándose de este modo hacia la privatización de las empresas estatales,
la desregulación de las economías, la flexibilización laboral y la aplicación de políticas de
ajuste fiscal.
Con la Revolución Conservadora impulsada por Ronald Reagan en Estados Unidos y
Margaret Thatcher en Gran Bretaña, el neoliberalismo y sus principios (individualismo,
propiedad privada, competencia y mercado) se convirtieron en un referente mundial, casi
un dogma de fe, presentándose a las sociedades como el único camino posible para lograr
el desarrollo general. Este proceso estaría acompañado por la extensión de la globalización
a todos los resquicios del mundo, y la derivada liberalización de los mercados.
La crisis financiera de Estados Unidos se prolongaba y se hacía imperiosa la
generación de activos físicos. Y así, una vez más “espoleada por la necesidad de dar cada
vez mayor salida a sus productos (y apropiarse de recursos económicamente estratégicos) la
burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas
partes, crear vínculos en todas partes294”. Para Estados Unidos se trataba de una carrera
contra el tiempo que debía salvar desarrollando una guerra geopolítica (frente a sus
competidores de Asia y el Viejo Mundo), e imperialista (sobre los países del antiguo Tercer
Mundo) proyectada a la extracción de riquezas y la consolidación de su poder político y
económico en el orbe.
De tal suerte, el neocolonialismo trasnacional295 se despliega, sobre tres objetivos: 1. Lograr
la plena apertura de mercados; 2. Eliminar cualquier traba al comercio, y 3. Establecer el
control territorial sobre la naturaleza (fuentes de agua dulce, tierra, mares, biodiversidad,
oxígeno, petróleo, metales, gas natural) y las poblaciones, para lo cual es menester
prescindir del Estado Nación. De ahí que los agentes del capital no sean más los Estados
sino las empresas trasnacionales –móviles, descentralizadas, fuertes-, resueltas a apropiarse
de las riquezas y los espacios nacionales a través de mecanismos de integración parcial -como
los tratados de libre comercio, y mega planes (Plan Puebla Panamá, Plan Colombia,…)-, o
total, como el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
294 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, ob.cit., p. 34. 295 Ver Fermín González, “El Rompecabezas de la dominación neocolonial” en ESTRADA Álvarez, Jairo. ob.cit.
174
El orden internacional imaginado en los años cuarenta por los teóricos neoliberales
(Friedrich Hayek, August von Mises, Robert Nozick...), parece volverse, al fin, una realidad.
El Estado Nación, el Estado Benefactor o asistencialista, el Estado Social de Derecho,
darán paso a un Estado gerencial privatizador, que aún actuando en el marco de una
democracia burguesa, será el encargado de preparar las condiciones para la implantación del
proyecto neoliberal y su posterior suplantación por un Estado funcional desligado de todo
compromiso social con las poblaciones. La nueva organización política así delimitada
tendría a su cargo dos únicas funciones:
1. la protección de los derechos individuales y de las condiciones para su libre ejercicio, bajo el manto de la propiedad privada y el mercado, y 2. La garantía de una seguridad institucional que posibilite la realización de las transacciones voluntarias entre los individuos y ofrezca una justicia retributiva, en correspondencia con el esfuerzo particular de cada uno y sobre la base de la desigualdad natural y social, considerada como un valor social positivo296.
Con ello pareciéramos acercarnos un poco más (más que en aquellos años 70 cuando
el Estado proveía a las clases trabajadoras de bienestar y amortiguaba con sustrato material
las contradicciones entre capital y trabajo) al momento histórico en que se expedirá la
partida de defunción del sistema capitalista.
El proceso neoliberal (en el cual se inserta la DSN) tiene la facultad de comprometer
la insatisfacción material de grandes masas de población en el mundo entero. Este, que ha
sido diseñado para asegurar mayor crecimiento del capital, no hace más que agudizar las
contradicciones, extremando las condiciones objetivas para un cambio revolucionario del
orden social. Entonces se nos hacen más familiares las valoraciones que hiciera Marx:
(El empleado de hoy) lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre, más y más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es pues evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenida por él. (Así)...la burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros297.
296 MÚNERA Ruiz, Leopoldo, ob.cit., p. 49. El subrayado es nuestro. 297 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, ob.cit., p. 43.
175
En la marcha hacia la implantación de las ciudadelas competitivas, libres y
autorreguladas bajo el influjo mercantil –ideal del capitalismo trasnacional-, se despliega
toda una estrategia para por un lado, debilitar la soberanía nacional de los Estados
impidiendo su integración regional autónoma, e imponer una división internacional del
trabajo en la globalización económica; y por otro, lograr la fragmentación-eliminación de
las resistencias en todas sus formas a través de su extinción física o su disolución, o bien, la
cooptación de las mismas a través de su inserción en las lógicas del mercado.
Sin embargo, y para fortuna de nuestros pueblos, en todo modelo social -educativo,
político, económico, cultural-, existen zonas de fuga o puntos ciegos, que son espacios
indómitos frente al poder del capital, en donde siempre será posible recrear y reproducir
contrapoderes.
Por ello, si dentro del proceso histórico de las formas económico-sociales se produce
inexorable y gradualmente la extinción del Estado-Nación, entonces habremos de pensar –
para no ir en contra de la dialéctica misma-, en contribuir a su desarticulación (ya del
Estado nacional ya del Estado gerencial) a través de la colectivización de la vida en todas
sus formas. Para lograrlo nos veremos en la obligación de recoger las piezas rotas de la
historia, donde se ocultan aquellas altas empresas sociales que han buscado el
reordenamiento o la inversión de la sociedad a partir de la reivindicación de la vida y la
dignidad humana. Y luego promover, desde la inventiva del pueblo mismo, su experiencia,
la experiencia que traen los fracasos históricos y la evolución del conocimiento humano, la
deconstrucción de lo que existe y la construcción conjunta de lo que no está, pero es
posible. Entonces, habremos de pensar también en un tipo de seguridad política, no
militarizada; muy parecida a la concepción que de la seguridad nacional tenían los militares
de izquierda peruanos para quienes ésta “representa la defensa de nuestros intereses
económicos, de la dignidad nacional y la oposición a ideologías ajenas a nuestra realidad, y
constituye la capacidad de actuar con toda independencia tanto en lo interno como en lo
externo298”.
Una seguridad que se oponga a la Doctrina, reivindicando más bien la seguridad cultural
de los pueblos que involucra el bienestar del ser humano, la comunidad y la naturaleza.
298 Edgardo Mercado Jarrín, citado en COMBLIN, Joseph, p. 205
176
Esta reestructuración de las concepciones necesariamente habrá de pasar por una profunda
reforma de las fuerzas armadas donde la civilidad recobre la dirección de la defensa
nacional; soluciones democráticas al conflicto armado interno; construcción de una nueva
institucionalidad con vasta participación de toda la sociedad; la realización de una reforma
agraria y urbana; la reivindicación de nuestra autonomía política, jurídica y militar, limitando
y restringiendo la intervención de las agencias de cooperación e inteligencia estadounidense;
la recuperación de nuestra memoria histórica y colectiva; la promoción de organización
social de resistencia; la concientización política de nuestros pueblos, y la denuncia pública
de todo cuanto violenta nuestros derechos como sujetos políticos.
Todo esto lo sabe y promueve la gente que en Colombia se está organizando alrededor
de la defensa de sus derechos. Pero aún es largo y dificultoso el camino de la libertad
política, y en su recorrido nos veremos retados a enfrentar no sólo al poder sino a nuestros
propios prejuicios pues “la amenaza más seria para nuestra democracia no es la existencia
de los Estados totalitarios extranjeros. Es la existencia en nuestras propias actitudes
personales y en nuestras propias instituciones, de aquellos mismos factores que en esos
países han otorgado la victoria a la autoridad exterior y estructurado la disciplina, la
uniformidad y la confianza en el “líder”. Por lo tanto el campo de batalla está también aquí;
en nosotros mismos y en nuestras instituciones299.”
299 John Dewey, citado en FROMM, Erich, El miedo a la libertad, Biblioteca del Hombre Contemporáneo, Editorial Paidós, edición en castellano de Gino Germani, Buenos Aires, s.d., p.29.
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ANEXO
Testimonio de una colombiana que refleja el paradigma de la Seguridad Democrática a través de un breve análisis sobre la situación de Medellín. Trascrito por Alfredo Molano Bravo en semanario El Espectador, Noviembre 9 de 2003, p.6A
Extrañaba ya los aguaceros del cielo en tierra, el sol a plomo, los yarumos de plata. Es bueno regresar a
Medellín, aunque duela ver tanto niño payaso y tanto saltimbanqui en los semáforos. Y al lado, tanta plata
andando en carro blindado, tanto edificio nuevo “con todas las comodidades de un club privado”, tanto
centro comercial lleno de rubias con tacones altos y tetas enormes. Nunca me había sentido tan ajena y tan
vulnerable en mi propia tierra. Nunca había sentido esta represión ambulante de la que se habla como
oyendo llover. La sensación que experimentaba antes al volver era la de estar en mi territorio, la de estar
nadando en mi propio río. Ahora el sentimiento es otro. Y es nuevo. Mi ciudad, -bueno, el pedacito de
ciudad que ando-, la de la “eterna primavera”, la de la “raza pujante”, está hoy vigilada por ojos sin
identidad, sin nombre, sin ley y sin uniforme. Cerca de mi antigua casa encontré una portería móvil con un
guachimán armado. No es la única, ahora las hay por todas partes y en pleno espacio público. Ya no hay
chozas sino garitas. Un letrero gigantesco dice: “Usted se encuentra en zona segura”. El Ud. soy yo, no el
soldador de ollas atómicas, el afilador de cuchillos, el vendedor de aguacates. Ellos ya no pueden entrar a El
Poblado. En la esquina un pasacalle ordena: siéntase vigilado, pero yo me siento asediada de “seguridad”.
Los vecinos se han acostumbrado a reconocer unos nuevos personajes armados y vestidos de civil que rondan
los parques, que se pavonean como perdonavidas, que deciden qué se puede hablar y tomar, fumar y vender.
La gente ha aprendido a esconderse, a callar, a huir, a bajar la voz, a hablar entre dientes, y sobre todo, a
no provocar a estas nuevas fuerzas del orden. La gente se ha acostumbrado a la represión y alguna hasta lo
celebra como el logro de la seguridad democrática. En unas semanas, quizás yo también me acostumbre a la
arbitrariedad. Entonces, nada me importará saber que se pagan matones para que los matones no nos
hagan nada. En unas semanas quizás ya no sienta el pavor de sentirme tan bien “cuidada”. En los barrios
de pobres también todo ha cambiado. Ahora la Comuna 13 está en manos de los paras. Hace una semana
ellos mismos amarraron marrano para celebrar el primer aniversario de la Operación Orión que montó el
Ejército. Pero sólo los niños comieron lechona, porque los adultos seguían muertos de miedo. El miedo de
tener siempre que escoger entre miedos. Antes el barrio estaba mandado por las milicias. Las sacaron
muertas en volqueta para abrirles paso a los paramilitares. Ahora –cuenta la muchacha que viene de por
días a trabajar en mi casa- ya no bajan los caradetrapo por las calles, como antes; ahora de día andan
hombres uniformados con celular, que de noche se uniforman para hacer sus “limpiezas”. Tienen sus
puestos de mando en casas abandonadas; o mejor, hacen abandonar casas para montar sus vivideros. Han
178
desaparecidos a decenas de hombres y mujeres. Ya no hay vecinos, nadie se conoce con nadie, todos
desconfían de todos, así se hayan visto nacer. Es la Red de Informantes. Una persona del barrio El Salado
no puede ir al Veinte a mercar, porque le salen al paso los “convivires” a investigarla y a devolverla a su
barrio. Los nuevos hombres viven echándole los perros a las muchachas para averiguar la vida de uno y de
otro: les pagan por pararle oreja al pestañeo de la gente y por hacer las limpiezas de madrugada. Para
sobrevivir los vecinos no saben, no ven, no oyen, no hablan, no responden. Son fantasmas ajenos a sí
mismos. “La maña para seguir viviendo –dice quien me cuenta- es aprender a no vivir.
179
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