revista nº 9 - espacios políticos

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AGRADECIMIENTOS

QUIÉNES SOMOS? (ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2010-2014)

Consejo de ExpertosDr. Guillermo O´ Donnell ( ), Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino

DirectoresLic. Gonzalo Diéguez Mg. Maximiliano Campos Rios

Coordinadora GeneralLic. Laura Paonessa (UdeSA)

Responsable de ComunicaciónFlorencia Berbery (UdeSA)

Responsable de participación de estudiantesAyelén Vanegas (UdeSA) Responsable Boletín mensualLic. Cintia Mariana Cabral

Responsable Proyecto Unasur OutlookLic. Emmanuel Andrés Artusa (UCS, UBA)

Mesa consultivaLic. Camilo Vedia (UBA), Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL), Lic. Mauro Solano (UCALP), Lic. Emilio Vitale (USAL), Lic. Facundo Cruz (UADE), Lic. Mario Katzenell (UBA), Lic. Romina Sarmiento (UBA), Lic. Natalia Larsen (UBA), Lic. Ángeles Polzella (UBA), Lic. Eduardo Mastrostéfano (UBA), Lic. Ignacio Claut (UTDT), Lic. Mariano Rogelio Rodrigo (UdeSA), Lic. Leandro Signorile (UBA)

Área MetropolitanaCoordinador USAL: Lic. Octavio TesoneCoordinadora UNQ: Gisele ParvanoffCoordinador UdeSA: Uriel KuznieckiCoordinador UNLAM: Lic. Mariano BoieroCoordinador UADE: Lic. Diego UsatinskyCoordinador UBA: Lic. Walter CaamañoCoordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy

Áreas RegionalesCoord. Región Cuyo - UNCULic. Walter Cueto, Sebastián SilvaCoordinadora Región Litoral - UNRLic. Sofía PerottiCoordinadora Región NOA - UNSTALic. Alicia CamañoCoordinador Región Patagonia - UNTDFLic. Juan Pablo Ortiz

PresidenteMaximiliano Ulises Campos Ríos

Vicepresidente 1ºLic. Emilio Vitale

Vicepresidente 2ºMauro Solano

TesoreroGonzalo Diéguez

ProtesoreroLuciano Adolfo Jaúregui

SecretarioCamilo Vedia

ProsecretarioMariano Boiero

1º Vocal Daniel Blinder

2º Vocal Federico García

Vocal Suplente Walter Camaño

Órgano de fiscalizaciónBárbara Quiñones Rojas, Uriel Kuzniecki.

Queremos agradecer la valiosa colaboración del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Leandro Javier Nazarre de SUTCAPRA. Reconocer las gestiones de Mauro Solano y de Emilio Vitale en ese sentido. A Florencia G. Berbery y Ayelén Vanegas quienes posibilitaron una compleja articu-lación de tareas y un verdadero trabajo en equipo coordinado por Laura Paonessa. A nuestra diseñadora Natalia Campos Ríos por su ya célebre trabajo contrareloj para editar la Revista.A Mariano Rogelio Rodrigo, Cintia Cabral y Roy Rigotti, por todo el apoyo brindado. A Nehuén Mingote Kisler y David Galavotti quienes nos ayudaron con distintos diseños.A Martín D´Allesandro y a la Comisión Directiva de la SAAP por co-mentar la presentación de esta Revista en el Congreso y por permitirnos participar del mismo. A Gabriel Enríquez por su constante apoyo a la di-fusión de nuestra Revista, a Carla Carrizo de la USAL y a Javier Tejerizo de Argentina Elections.A Luz Carazo, Bárbara Guibert, Ivana Ortiz Recalde y Germán Bruera, que participan en una nueva edición del programa Compromiso Joven a través de la Universidad de San Andrés (UdeSA), quienes colaboraron en la difusión de la convocatoria, en la corrección de los artículos de este nuevo número y que están colaborando ahora en la difusión del Con-greso en las redes sociales. (Seguilo en #XICongresoSAAP @espaciospol y facebook/comunidad.ep :) Perdón si nos olvidamos de alguien (sucede irremediablemente). ¡Muchas gracias!

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NOTAS TEORICAS SOBRE LAS TENSIONES ENTRE DEMOCRACIA Y CAPITALISMO

A. DEMOCRACiA y CAPiTALiSMO: UN DEBATE TEÓRiCO

La asociación entre desarrollo capitalista y democracia está vasta-mente difundida en la literatura de las ciencias sociales (DAHL 2004). El punto central del argumento es que el desarrollo del capitalismo termina conduciendo a la adopción de regímenes políticos basados “en la regla de la mayoría”, esto es, sistemas democráticos. El punto fuerte de esta asociación está basado en la correlación positiva entre sociedades de alto desarrollo capi-talista y adopción de sistemas democráticos. Pero por otro lado, no es imposible encontrar desarrollos capitalistas potentes fun-cionando en sistemas políticos autoritarios. Los casos de Taiwán y Corea del Sur, y mas recientemente China son ejemplo de ello, como también lo fueron los casos chileno y brasileño durante las dictaduras militares que experimentaron y que dieron lugar en ambos países a un desarrollo capitalista mucho mas pujante que el que poseían en las democracias previas.

Es por ello que hay perspectivas teóricas que ponen en cuestión esta necesaria asociación entre desarrollo capitalista y democra-cia y señalan la existencia de tensiones existentes entre ellas que se deberían a los principios contradictorios que estructuran am-bos sistemas: el capitalismo implica, entre otras cosas, jerarquía y disciplina en la relaciones laborales junto a un sistema legal que protege los derechos de propiedad; es decir la existencia de un “orden” que lo favorezca. Por el contrario, la democracia im-plica participación y la promoción de la igualdad o lo que es lo mismo, el rechazo de la subordinación social y de la desigualdad en general.

En el trabajo “Democracy & Capitalism” escrito hace casi tres décadas, Samuel Bowles y Herbert Gintis (BOWLES y GINTIS 1986) analizaron la contradicción que introduce en la dinámica social la coexistencia de los principios de partici-pación y soberanía popular expresados por la democracia y los principios de jerarquía socioecónomica y derechos de propiedad, núcleo central del capitalismo. Así es dable pensar que ambos sistemas están en una tensión constante con potencial para de-rivar en la supresión de alguno de los términos: ante una ame-

Aldo IsuaniProfesor Titular UBA / Investigador Principal CONICET.

naza a la sobrevivencia del capitalismo, la democracia podría ser eliminada (España, Chile) y por el contrario, la intensificación de la participación podría derivar en un proceso revolucionario que acabara con cualquier posibilidad de desarrollo capitalista (URSS, China, Cuba).

De acuerdo a los autores, para garantizar la coexistencia de am-bas instituciones fue necesaria la puesta en práctica de lo que denominan “acomodaciones”. De ellas, dos son las relevantes para este trabajo.

La primera acomodación, que los autores asocian al pensamien-to de James Maddison, podría ser denominada como “Divide et impera”; esto es, la posibilidad de cohabitación entre democra-cia y capitalismo está dada cuando los mas se hallan suficiente-mente divididos como para que la democracia no represente una amenaza para el funcionamiento de este último. Este camino puede ser utilizado a traves de la explotación de los clivajes sociales, étnicos o religiosos de la sociedad, de la utilización y manipulación de elementos simbólicos como el nacionalismo, de las amenazas de “capitalist strike”, etc. Esta acomodación in-troduce la idea de la manipulación de las mayorías por parte de la minoría evitando la agregación de aquellas y que constituyan un riesgo para la sociedad capitalista.

En segundo lugar, la acomodación Keynesiana insinuada en la Gran Depresión a través del New Deal de Roosevelt pero efecti-va en Occidente a partir de la segunda posguerra y que permitió integrar armoniosamente capitalismo y democracia proveyendo ventajas tanto para propietarios como para proletarios; así, siste-mas políticos basados en el sufragio universal podían ser com-patibles con una economía de pleno empleo, consumo popular y beneficios sociales coexistiendo con ganancias empresarias en ascenso. En ella los trabajadores renunciaban a su pasado revo-lucionario (aquel de alta conflictividad que protagonizaron en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX) y aceptaban tanto la propiedad privada de los medios de producción como la pri-oridad del capitalista en la decisiones de inversiones y a cambio obtienían mejoras salariales y en las condiciones de trabajo y tambien el reconocimiento legal de organizaciones que los rep-


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resentan: esto es, los sindicatos.

En síntesis, esterilizando orientaciones de las mayorías que pudieran representar un peligro al orden capitalista o produc-iendo un proceso de distribución que mejorara sensiblemente las condiciones de vida de aquellas sin estorbar el proceso de acumulación son dos formas de hacer compatibles democracia y capitalismo.

Las otras dos “acomodaciones” tratadas por los autores son en primer lugar, aquella que encontraría sus raíces en la democ-racia censitaria. Se trata del regimen político arrancado por la burguesía al absolutismo monárquico, restringida a los sectores propietarios y que tuvo vigencia en Occidente hasta comienzos del siglo XX. Esta acomodación permitía al pequeño grupo de propietarios controlar el sistema político implementando un or-den jurídico y políticas tendientes a favorecer el desarrollo capital-ista y mantener a las mayorías fuera de los negocios públicos. Esta acomodación no resistió luchas que lograron finalmente el avance de los derechos políticos del conjunto de la ciudadanìa, es decir el sufragio universal para varones primero y mujeres despues, en un vasto conjunto de sociedades durante el siglo XX.

Tambien según los autores, otra acomodación debería su in-spiración a Tomás Jefferson quien imaginaba a los Estados Unidos de Norteamérica como una sociedad de pequeños propietarios rurales y una democracia que integrara a todos el-los; basaba esta esperanza en la amplitud de tierras disponibles, sin duda excepcional, del caso norteamericano. Sin embargo la aparición de los sectores obreros urbanos y de esclavos en la so-ciedad norteamericana redujo esta acomodación a una utopía.

En relación a estas dos últimas acomodaciones, no puede car-acterizarse actualmente como democrática a una sociedad con sufragio censitario. Un “demos” reducido a una pequeña propor-ción de la población dejó hace mucho tiempo de ser aceptable. Tampoco la segunda acomodación merece ser analizada ya que una sociedad de propietarios rurales podría ser democrática pero dificilmente pueda ser calificada de capitalista.

B. EL CAPiTALiSMO ACTUAL

La tensión entre capitalismo y democracia y sus diversos tipos de acomodación en el trabajo de Bowles y Gintis tenían como telón de fondo la existencia de una opción a la democracia, esto es la dictadura, pero también una opción al capitalismo: el socialismo o el comunismo. De esta forma la exacerbación de la contradicción podía acabar en un capitalismo sin democracia o en el socialismo lo que implicaría una profundización de la democracia.

El caída simultánea del Estado keynesiano en Occidente por el proceso inflacionario y el estancamiento económico a partir de la década del 70 y del comunismo por la desintegración de la Unión Soviética dejaron sin sustento a este planteo. En otros té-rminos, el surgimiento del capitalismo neoliberal como la única

opción existente de sistema de producción y distribución, elim-inó la posibilidad de que sea el capitalismo el que pueda ser abo-lido en la ecuación. Por otro lado, había quedado demostrado que mientras el capitalismo podía vivir sin democracia, la de-mocracia no se profundizaba necesariamente con la destrucción del capitalismo sino que por el contrario los sucesores socialistas no podían desembarazarse de regímenes autoritarios.

Ahora bien, la dinámica del capitalismo actual representa un problema serio para el funcionamiento de la democracia. El re-torno al desempleo y al temor al desempleo luego del “recreo keynesiano” y la precarización del mundo de trabajo introducen problemas al funcionamiento democrático: menos tiempo y vol-untad de participar. El siglo XXI nos encuentra en un contexto de desigualdad creciente, de consumo ostentoso y de poblaciones urbanas e informadas que saben de la invitación que el capital-ismo les hace pero que en grandes proporciones no pueden fran-quear el acceso a la puerta que conduce al festival de consumo. Frustración, resentimiento, violencia es una de las consecuencias. El capitalismo neoliberal eliminó la amenaza revolucionaria proveniente de la política pero incentivó un conflicto social de consecuencias aun imprevisibles y aunque no es el capitalismo el que está en juego si lo está su adecuado funcionamiento.

Mientras tanto, el modelo de ultra consumo que no puede ser alcanzado por vastos sectores sociales produce un problema de deslegitimación menos para el capitalismo que para la democra-cia y a sus actores principales, los partidos y dirigentes políticos. Es a ellos a quienes se les imputa la responsabilidad de la brecha entre expectativas y realidad y de la frustración que ello provoca. Los que dirigen el Estado se encuentran entonces con el movi-miento de pinzas entre quienes detentan el poder económico y no van a permitir “locuras”, esto es, medidas perjudiciales para el desarrollo capitalista y las mayorías ciudadanas que requieren los beneficios que el capitalismo promete.

En relación a la acomodación keynesiana en esta nueva etapa del capitalismo, el desmantelamiento de una institución central del keynesianismo, esto es el pleno empleo, fue operado por la “subversión” que implicaba la capacidad de presión de las masas amparadas en dicho pleno empleo (O´CONNORS 1984, ISU-ANI 1991) ¿Qué acomodación cabe entonces cuando el pleno empleo keynesiano ya no está vigente y el capitalismo no está en cuestión?

Puede afirmarse que la capacidad de respuesta del Estado de Bienestar es la clave. Efectivamente el Estado keynesiano sufrió un agudo proceso de desmantelamiento por la revolución neo-liberal pero ello no sucedió con el complejo sistema de políticas distributivas del denominado Estado de Bienestar. El gasto so-cial, a pesar de las intenciones de contraerlo, no cedió y hasta aumentó. La información disponible muestra que en sociedades con sistemas políticos democráticos los gastos estatales en servi-cios sociales mantuvieron su nivel o aun crecieron tanto en países centrales como en desarrollo1. Solo la dictadura de Pinochet en

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Chile fue a fondo con privatizaciones en las áreas sociales pero ello no sucedió en los gobiernos emblemáticamente neoliberales como los de Thatcher o Reagan y en aquellas sociedades latino-americanas en las que los cambios neoliberales se encontraron desarrollándose en entornos democráticos

Reemplazamos de esta forma la acomodación keynesiana por la mediación que el Estado de Bienestar cumple en armonizar capitalismo y democracia pero como se verá el buen funciona-miento de esta acomodación implica la existencia de un capital-ismo desarrollado y una sociedad con alto impulso igualitario.

La otra “acomodación” también debe ser redefinida. Así no se trataría solo de la visión que nos proponen Bowles y Gintis de un clásico “divide et impera” sino la noción de hegemonía cul-tural capitalista que tiene básicamente que ver con la existencia de una ideología o cultura imperante por la que se aceptan las desigualdades socioeconómicas y se fija en el individuo la re-sponsabilidad de la suerte que corrió en el mercado. En otras palabras, cuando el impulso democrático relativo a la situación socioeconómica es débil aunque sean valorados los derechos asociados al ejercicio de la ciudadanía civil y política.

De esta forma el Estado de Bienestar por un lado y un “Di-vide et impera“ que incorpora la noción de hegemonía cultural capitalista por el otro, son las dos maneras en las que se puede intentar armonizar en la actualidad la democracia con el buen funcionamiento del sistema capitalista.

C. ¿CUÁL DEMOCRACiA?

La democracia no es un concepto unívoco y por ende es necesa-rio aclarar como abordaré conceptualmente el tema.

La idea igualitaria que inspira la democracia refiere a que los ciudadanos de una sociedad poseen el mismo derecho a par-ticipar en la definición de quienes se harán cargo de las cues-tiones públicas, a ser elegidos como representantes, a expresarse públicamente, a participar de las organizaciones que deseen, a no ser condenados sin juicio justo, etc. . Por lo tanto, los derechos políticos no pueden estar escindidos del goce de aquellos derechos civiles esenciales para el libre desarrollo y desempeño de los individuos. Es decir, la igualdad en el acceso a los derechos civiles y políticos son cruciales en la definición de una sociedad democrática. Pero la idea igualitaria puede extenderse al ámbito de los derechos socioeconómicos y en este caso también puede considerarse un rasgo central de la democracia la existencia de avances en los niveles de igualdad socioeconómica.

El problema es que derechos civiles y políticos por un lado y sociales por el otro pueden marchar juntos pero también pueden hacerlo por separado y entrar en contradicción. De esta man-era, un capitalismo robusto puede prosperar en las democracias políticas que avanzaron significativamente en términos de ig-ualdad social, esto es, en aquellas donde la capacidad de orga-

nización y presión de los de “abajo” logró un Estado fuertemente redistributivo. Pero también podemos ver un capitalismo po-tente en sociedades donde rigen plenamente los derechos civiles y políticos democráticos pero existe marcada aceptación de la desigualdad social. Además no debemos obviar que avanzaron en procesos de igualdad socioeconómica, Estados autoritarios con ausencia o severas limitaciones de los derechos políticos y civiles propios de la democracia, instalando sistemas estatistas de producción y distribución.

¿Por lo tanto que nos quieren decir Bowles y Gintis cuando plantean la tensión entre capitalismo y democracia?. Sin duda se refieren a las dificultades que la democratización puede ac-arrear al capitalismo cuando existe un cuestionamiento de la desigualdad que éste produce y al conflicto que puede generar en proporción con el grado de rechazo de esta desigualdad. De hecho, es el impulso igualitario en el terreno de lo social y lo económico mas que la demanda de igualdad civil o política el que puede generar problemas para el capitalismo y el que requi-ere formas de acomodación.

Este problema se presenta en las sociedades donde la desigualdad socioeconómica es fuertemente rechazada. En este caso el capi-talismo puede tener serios problemas de funcionamiento y solo la existencia de un potente Estado de Bienestar puede acomodar un sistema democrático pleno con un desarrollo capitalista fluido. Donde el problema parece no tener solución es en aquellas socie-dades donde la sociedad demanda igualdad social pero el capi-talismo no tiene capacidad para generar un Estado de Bienestar capaz de permitirle un funcionamiento aceitado. Aquí se produce un conflicto visible entre capitalismo y democracia. Por un lado el capitalismo tiene dificultades para responder al nivel de deman-das sociales y debilita su funcionamiento. Por el otro lado la de-mocracia política carga con la responsabilidad de la contradicción y también se debilita. La aparición de sistemas con tendencia al autoritarismo es una consecuencia. De esta forma ni democracia plena ni capitalismo potente son el resultado y la sociedad que no puede destrabar este conflicto sufre una decadencia.

A continuación presentaré una tipología que estimo será de utilidad para ilustrar las afirmaciones realizadas.

D. POTENCiA CAPiTALiSTA E iMPULSO iGUALi-TARiO

El siguiente cuadro ilustra la idea central de este trabajo. Dos variables son combinadas en el mismo. Por un lado la variable Potencia Capitalista concepto que no se resume a la idea de desarrollo capitalista. Se trata mas bien de sociedades donde el capitalismo posee un buen funcionamiento con independencia del nivel de desarrollo económico alcanzado por la sociedad y que se traduce en la capacidad de este sistema de generar crec-imiento económico significativo.

Por otra lado, la variable impulso igualitario que refiere a esta


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dimensión de la democracia relativa a la búsqueda de mayores niveles de igualdad socioeconómica, elemento presente en de-terminadas sociedades y que está ausente o es débil en otras. Se entiende entonces como una predisposición generalizada en la sociedad al rechazo de la desigualdad de naturaleza socio-económica, percibida como consecuencia del funcionamiento de la sociedad y acompañada por un nivel significativo de capaci-dad organizativa y de presión para defender y aumentar lo que se posee por parte de las mayorías de la población.

El Tipo i que combina un potente desarrollo capitalista con un débil impulso igualitario admite dos subtipos:

a. EEUU aparece con el mas claro representante de esta modalidad del tipo I. Sociedad capitalista avanzada por excelencia y la democracia política mas antigua y con-solidada. Sin embargo el impulso igualitario es débil ya que las desigualdades son atribuidas al desempeño de los individuos y no al funcionamiento del sistema capital-ista. Es decir, existe “hegemonía” capitalista en términos gramscianos que legitima socialmente las desigualdad socio-económica. También Brasil puede ser ubicado en esta modalidad ya que la democracia convive con un capitalismo pujante y sectores socialmente subordinados con resignación a la desigualdad y sin mayor capacidad de presión por sus intereses.

b. Otra modalidad del tipo I con un capitalismo próspero son gobiernos autoritarios que reprimen el impulso igualitario. Quizás el ejemplo chino o coreano sean paradigmáticos pero también puede aplicarse al caso del Chile pinochetista. Una población disciplinada, sin mayores derechos ha sido una forma clásica de desar-rollo capitalista tanto en tiempos pasados como en los actuales.

En el Tipo ii existe democracia política, es fuerte el impulso democrático y la potencia del capitalismo es alta; en este caso la acomodación es llevada a cabo a través de los productos de un Estado de Bienestar suficientemente generoso para contener las demandas de igualdad socioeconómica. Es el caso de los países europeos, y especialmente los escandinavos. Podría hipotetizarse que en estos casos, un cercenamiento significativo de lo que of-rece el Estado de Bienestar tensionaría la relación entre capital-ismo y democracia poniendo en peligro tanto el funcionamiento del capitalismo como el de la democracia. La actual crisis eu-

ropea muestra un escenario de esta naturaleza y están aun por verse sus consecuencias.

En relación al Tipo iii donde coexiste un capitalismo débil con un bajo impulso igualitario, exista o no democracia política. En estas sociedades el bajo impulso igualitario o la subordinación social es fruto de una combinación de elementos como pobr-eza, falta de educación, factores culturales o religiosos, mar-cada represión, ausencia de organización, entre otras. Y si bien el capitalismo en sociedades socialmente desmovilizadas tiene condiciones para ser exitoso, cuando no lo es, las razones deben ser buscadas en factores tales como actores capitalistas débiles, mercados de dimensión insignificantes, pobreza de recursos de la sociedad en cuestión, etc

El Tipo iV está ilustrado claramente por el caso argentino: una democracia política precaria y ausente durante largos periodos pero acompañada por una sociedad poco tolerante a las desigual-dades, con sectores populares de elevada autoestima y capacidad de movilización social y política. Y donde las desigualdades son mas atribuidas al funcionamiento de la sociedad que a la respon-sabilidad de los individuos. Aquí el impulso igualitario es alto pero el desarrollo capitalista es precario y no permite una redis-tribución significativa estable. Aquí puede hipotetizarse que el mayor nivel de conflicto que se genera afectará al propio desar-rollo capitalista y por ende presentará serios problemas de fun-cionamiento; además, en estas sociedades la falta de respuesta a las expectativas ciudadanas puede ocasionar deslegitimación de la democracia, desafío a la autoridad y conducir hacia situaciones de intenso conflicto, desorden y aun anarquía.

Pretendo que las ideas aquí desarrolladas sobre las tensiones entre democracia y capitalismo puedan servir de marco teórico para un intento explicativo de la larga decadencia argentina. A comienzos del siglo XX este país había alcanzado una presencia económica internacional destacada junto al surgimiento de nuevas institu-ciones como la consolidación de un Estado federal, educación pública gratuita, políticas públicas de sanidad y sufragio universal masculino, entre otras notas. Pero progresivamente y en especial en la segunda mitad del siglo, el ímpetu del capitalismo argentino fue cediendo y recrudeció el conflicto social y político acompa-ñado por frecuentes rupturas del orden constitucional. Al mismo tiempo, la sociedad fue empobreciéndose e incrementando sus niveles de desigualdad. Así, en lugar de la sociedad moderna e integrada a la que parecía estar destinada, fue generando bolsones de exclusión que la asemejan mas a otras sociedades latinoameri-canas que a aquellas europeas a las que pretendía imitar. El de-clinio llega hasta nuestros días y así las promesas que auguraban el ingreso de este país al círculo de naciones capitalistas avanzadas se convirtieron en un proceso de rezago no solo frente a las naciones desarrolladas sino tambien en comparación con otras naciones latinoamericanas respecto de las cuales poseía liderazgo en varia-dos aspectos sociales y económicos hasta algunas décadas atrás.

El desarrollo de este análisis no obstante, será objeto de otro trabajo.

Impulso IgualitarioPotencia Capitalista BAJO ALTO

POTENTETIPO I

EEUU, China, Brasil, Chile

TIPO IIAlemania, Francia,

Países Escandinavos

DEBIL TIPO IIIParaguay, Honduras

TIPO IVArgentina

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REFERENCiAS1La evidencia empírica es contundente en revelar que mientras la porción del PBI destinado al gasto público tendió a estabili-zarse hacia fines del siglo pasado, los recursos destinados a los sistemas de políticas sociales experimentaron un incremento. El caso europeo puede examinarse en el trabajo de PIERSON 1994 Y CASTLES 2004 y el latinoamericano en CEPAL 2004. En relación a Argentina puede consultarse ISUANI 2010

BiBLiOGRAFiABOWLES, Samuel y GINTIS, Herbert (1986) “Democracy and Capitalism” Basic Books, Nueva York.CASTLES, Francis 2004 Castles Francis G. “The Future of the Welfare State” Oxford University Press, Nueva York.CEPAL 2004 “Panorama Social de América Latina 2004”, San-

tiago de Chile.DAHL, Robert (2004) “La Democracia” en Post Data No. 10, diciembre, Buenos AiresISUANI, Ernesto Aldo (2010) “The Argentine Welfare State: enduring and resisting change” International Journal of Social Welfare, Vol 19 pag 104-114, . Blackwell, Londres ISUANI, Ernesto Aldo (1991) “Bismarck o Keynes: quien es el culpable?” en Isuani, Ernesto Aldo, Lo Vuolo, Rubén y Ten-ti, Emilio “El Estado de Bienestar: la crisis de un paradigma” CIEPP/Miño Dávila editores, Buenos Aires O´CONNOR, James (1984 ) “Accumulation Crisis” Blackwell, Nueva YorkPIERSON, Paul (1994). ¿Dismantling the Welfare State? Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.

Palabras clave: GABINETE, GOBIERNO, PRESIDENCIA, PO-DER EjECuTIvO, ESTADO

Keywords: CABINET, GOvERNMENT, PRESIDENCY, ExECuTI-vE POwER, STATE

Abstract: The idea of the work is to develop a contribution to the defi-nition of “cabinet” and to clarify the analytical levels usually referred to when using this concept in the framework of presidential regimes. It also seeks to advance a classification of them from functions, levels of government and organization, making an investigation of the existing framework

Actualmente es mucho lo que se ha escrito y se ha avanzado en la construcción de agendas de investigación que intentan com-prender y analizan el presidencialismo. Asimismo, es notable la cantidad de análisis sobre el Estado, la burocracia, la administra-ción y gestión pública, las formas de gobierno, y en menor medi-da el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo, y en especial del gabinete de ministros. De esta forma, un análisis del gabinete permite analizar tanto la distribución de poder que hace el presi-dente dentro de su partido, como también, con otros actores po-líticos y sociales que integran el gobierno. Es sabido que cada vez que un nuevo presidente gana las elecciones y asume el poder,

“DE qué hABLAMOS CuANDO hABLAMOS DEL GABINETE

EN uN PRESIDENCIALISMO” 1

Maximiliano Campos Rios2

Silvio Castro3promueve reformas de la organización de las reparticiones ad-ministrativas, que le permitan crear nuevos ministerios, fusionar otros o simplemente modificar las responsabilidades primarias. Así, el gabinete en el marco de los regímenes presidencialista, puede variar a partir de las funciones, niveles de gobierno, de su organización y de la relación que se dé con el presidente.

No existe en la actualidad una definición clara so-bre qué es realmente el gabinete, sobre sus alcances y sobre su importancia. Intentaremos indagar sobre los estudios, visiones perspectivas teóricas acerca del mismo.

Analizar al gabinete es pensar en un análisis en pro-fundidad de las instituciones políticas que hacen al gobierno de un sistema presidencial, más especialmente del Poder Eje-cutivo. En este sentido, son varios los autores que entienden que el concepto de gobierno está ligado a la forma de gobierno. Miguel De Luca plantea las expresiones “ejecutivo” o “gobierno” se emplean en general como una misma forma para “designar al órgano o institución encargada de decidir, dirigir, administrar y hacer cumplir las leyes” (De Luca, 1998). Estas instituciones de gobierno, en las cuales debemos estudiar el gabinete, son insti-tuciones políticas, es decir los ordenamientos “legales destinados a orientar el comportamiento” según Orlandi. Para este autor el gobierno es el conjunto de funciones, al que se le adjudica “la dirección política de la sociedad, relegando la administración a la burocracia pública” (Orlandi, 1998).


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Retomando la última dimensión de Orlandi, hablar del gobier-no como un conjunto de funciones, nos permite también pensar en la definición de poder ejecutivo de De Luca, al plantear que el Poder Ejecutivo, tiene su origen en una función específica como es la de aplicar y hacer cumplir las leyes que salgan del Poder Le-gislativo (De Luca, 1998). La palabra ministro, deriva del latín minister que significa oficial o servidor (De Luca, 1998). La idea de gabinete surge en el ámbito de los gobiernos parlamentarios en los países europeos durante en los siglos XVI y XVII. Estos primeros gabinetes eran pensados como aquella “junta de conse-jeros y asesores de la Corona reunidos en presencia del rey para tratar los delicados asuntos de Estado “(De Luca, 1998: 158).

Para el caso argentino, si bien son pocos los estudios que se cen-traron en este tema, María Eugenia Coutihno analizó la presi-dencia institucional. Para la autora, el Poder Ejecutivo es ejercido por una sola persona, el presidente, mientras que la Presidencia de la Nación es un aparato colectivo. Este aparato colectivo, está compuesto por ministros, secretarios, el Jefe de y otras oficinas y funcionarios que asisten y colaboran con el presidente.

Podemos concluir por tanto que en los sistemas presidenciales, los poderes ejecutivos que es lo que comúnmente se conocen como “gobierno”, el gabinete ocupa un lugar preponderante, y su consecuente análisis permitirá conocer aún más sobre el funcio-namiento del Estado.

Uno de los primeros estudios sobre el gabinete, fue el que realizó en 1985, Waldino Suarez, donde se hizo un análisis comparati-vo de distintos gabinetes en América Latina. Waldino Suarez, planteaba que en América Latina, se observa una estructura mi-nisterial pequeña, durante el período comprendido entre 1940 y 1980. Este primer análisis intentó contabilizando las carteras que lo componen, demarcar los alcances del gabinete. El artículo de Suarez sirve como marco de referencia para trazar una prime-ra definición del gabinete, que podríamos llamar restrictiva, se centraliza sólo en los ministerios que acompañan al presidente en la función de gobierno. Si bien no es incorrecta, puede ser limitante para analizar el gabinete.

Continuando con esta indagación, cabe preguntarnos si el gabi-nete son sólo los ministros. Miguel Ángel Ekmekdjian desliza la idea de “funcionarios políticos”, a la hora de hablar de la designa-ción dentro del Poder Ejecutivo. Esta idea nos permite pensar que el gabinete, no se compone sólo por los ministros, sino también por aquellos funcionarios políticos designados por el presidente. Retomando, esta idea de gabinete a partir del análisis de funcio-narios políticos, podríamos ampliar nuestra definición, incluyen-do a secretarios, subsecretarios, directores generales. Esto habla de un gabinete que podríamos llamar ampliado o político, ya que siempre se habla de funcionarios políticos.

En contraposición podríamos encontrar una definición de gabi-nete administrativo, compuesto por un mayor número de fun-cionarios de rangos variados, pero también con mayor número

de reparticiones, donde hay mayor cantidad de carteras, muchas creadas para facilitar la gestión administrativa.

Por otro lado, María Eugenia Coutinho en su análisis sobre la Presidencia Institucional en Argentina, determina un nú-cleo central que compone la misma, que le permite observar una estabilidad, a partir de mantener un número fijo durante todos los gobiernos desde 1983. Esta estabilidad también se mantuvo en el gabinete durante un período de casi 25 años, ya que el mismo fue estable en términos de áreas y de funciones. Pero ¿La duración en el tiempo de determinadas áreas puede derivar en que la es-tructura del gabinete sea estable y semi-rígida? La idea de forma rígida, semirrígida o blanda, se establece en relación a la estructura formal del gabinete y la posibilidad de cambio del mismo. Así, una estructura semirrígida, permite la flexibilidad del gabinete y sobre todo dinamismo ante los cambios y coyunturas.

Todas estas variantes dan la posibilidad de comenzar a pensar en algunos puntos de análisis para abordar el estudio de los ga-binetes. Siempre es importante pensar que en última instancia, los mismos bajo sistemas presidenciales, responden a la lógica de gobierno, las características personales, y a la historia política del presidente.

Varias ideas centrales guiaron este análisis sobre el gabinete. Pri-mero la importancia de los mismos dentro del sistema político, ya que es aquí donde se generan las políticas a implementar y donde se da la administración de los recursos públicos. Por otro lado, la importancia de estos como un aliciente para poder com-partir el poder político dentro de un partido o coalición de par-tidos en el gobierno. Por último, la ausencia de una vasta biblio-grafía que permita caracterizar, definir y delimitar el concepto de gabinete. Sin demasiadas pretensiones, intentamos avanzar en un campo de estudio novedoso, buscando reacomodar y reorga-nizar algunos antecedentes que permitan converger en posibles líneas de investigación en este sentido.

En estos términos y para finalizar, entendemos que el gabinete, aún en su estabilidad y rigidez, es siempre permeable al estilo presidencial y sobre todo a la forma en que el presidente ejerce el poder. Así se constituye en un área de conflictos y de acuer-dos, donde se tejen relaciones política y personales. Es en última instancia, y en tanto su estructura siempre está atada a posibles cambios, una institución política variable y flotante, donde su única constante es el cambio.

REFERENCIAS:1Resumen del artículo presentado en el 11° CONGRESO NA-CIONAL DE CIENCIA POLÍTICA “La política en movi-miento. Estados, democracias y diversidades regionales” ,17 al 20 de julio de 2013, Paraná, Entre Ríos, República Argentina.

2Lic. en Ciencia Política de la UBA y Magíster en Administra-ción y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (Ude-

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SA), realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware (Beca Fulbright) y en la Universidad de Georgetown. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de las materias: “Administración Pública” y “Go-bierno Electrónico y Gobernanza en América Latina, análisis y perspectivas”, asimismo también es docente de Ciencia Políti-ca en el Ciclo Básico Común (CBC), e investigador becario de UBACyT. Ex Secretario Académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA y Director de la Revista Espacios Políticos. [email protected]

3Lic. en Ciencia Política de la UBA. Cursó estudios de posgrado en FLACSO y TOP en políticas públicas. Se desempeñó como docente universitario en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente se en-cuentra en el proceso de finalización de tesis de la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes (UNQUI) cuyo tema es la constitución del gabinete de Raúl Alfonsín. [email protected]

BIBLIOGRAFÍA: Libros y Artículos• Altman, David y Castiglioni, Rossana, Cabinet Determinants of Structural Reforms in Latin America, 1985–2000, en Deve-loping Economies, Vol. XLVI N° 1, 2002.• Amorim Neto, Octavio, “Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of 10 Latin American Countries”, en La-tin American Studies Association, Chicago, Sep.1998.• Amorim Neto, Octavio, “Of Presidents, Parties, and Ministers: Cabinet Formation and Legislative Decision-Making Under Separation of Powers”, PhD Dissertation Thesis, Department of Political Science, University of California, San Diego, 1998.• Camou, Antonio, “Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Lati-na”; Nueva Sociedad N° 152, Buenos Aires, 1997.

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REfLExIONES SOBRE DEMOCRACIA Y CAMBIO POLíTICO EN LAS PROvINCIAS ARGENTINAS

Jacqueline BehrendDPhil in Politics, University of Oxford

Profesora e Investigadora, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM

La Argentina es un país geográficamente desparejo, tanto en su desarrollo económico como en su densidad de po-blación y también en los niveles de democratización. Esto no es sorprendente: Argentina es un país federal y en los países fe-derales cada unidad subnacional (en este caso, provincias) tiene cierta autonomía política y esta autonomía puede implicar un diseño institucional variado, constituciones y leyes diferentes, y prácticas políticas diversas.


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En este artículo presento algunas reflexiones prelimi-nares y algunas de las preguntas de investigación que guían el proyecto en el que actualmente estoy trabajando. Sobre todo, apunto a confrontar los desarrollos teóricos sobre democratiza-ción subnacional de los últimos años con la complejidad de la realidad empírica que encontramos cuando nos enfocamos en los casos. Me centro sobre todo en dos aspectos: el rol de la alternancia electoral y de la intervención federal en la democra-tización subnacional.

Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de demo-cratización generalmente se hacía referencia a la democratiza-ción de un país entero y se suponía que una vez que ocurría una transición a la democracia a nivel nacional, el país entero se democratizaba. Esta concepción de los procesos de democrati-zación empezó a cambiar en la última década, sobre todo a partir del surgimiento de una nueva agenda de investigación que pro-ponía bajar la escala de observación y poner en diálogo dos cuer-pos teóricos que generalmente no se tocaban: el de los estudios sobre federalismo y el de los estudios sobre democratización. Y una de las preguntas que guiaba estas investigaciones era: ¿cómo pensar la democracia –y los procesos de democratización- en países federales donde existen distintos niveles de gobierno con cierta autonomía política? Y también: ¿cómo entender las tensiones entre los procesos políticos nacionales y los procesos políticos subnacionales? Los estudios sobre la democratización subnacional, entonces, buscan entender la manera dispar en que la democracia se puede extender dentro de un mismo país que es democrático a nivel nacional, es decir, que ha tenido una transi-ción a la democracia.

Un primer paso de los estudios de democratización sub-nacional fue identificar la variación que existía a nivel subna-cional en procesos que anteriormente se habían analizado sólo desde una óptica nacional. En este marco, varios trabajos desa-rrollaron hipótesis causales para explicar la variación (Behrend 2008, 2011; Bianchi 2013; Borges 2007; Durazo Herrmann 2011; Gervasoni 2010; Giraudy 2011). Y, en esta línea, una pre-gunta importante es cómo ocurre el cambio político a nivel sub-nacional; es decir: ¿cómo se democratizan las provincias menos democráticas? ¿Podemos pensar en una transición a la democra-cia, como cuando hablamos de democratización nacional, o hay otros conceptos más apropiados para explicar estos procesos.

En Argentina, las elecciones provinciales son razona-blemente limpias y regulares y no suele haber restricciones a la participación política. Es decir, se trata de elecciones compe-titivas que no son una fachada, como ocurre en lo que Sche-dler (2006) denomina autoritarismo electoral o lo que Levitsky y Way (2010) denominan autoritarismo competitivo. Muchas provincias tienen sistemas electorales con un sesgo mayorita-rio, como muestran Calvo y Escolar (2005), pero si bien las sucesivas reformas electorales inclinaron el campo de juego a favor de los oficialismos al rediseñar los distritos electorales y sobrerrepresentar algunos por encima de otros, esto no implica

que un partido opositor no se pueda beneficiar de estas mismas reglas. Incluso en las provincias donde los gobernadores ganan por una inmensa mayoría, las elecciones nunca están aseguradas y a menudo existe gran competencia en otros niveles, como, por ejemplo, el municipal.

En lugar de utilizar el concepto de “transición” para refe-rirme a la democratización subnacional, utilizo el concepto más amplio de “cambio político”, y esto por un motivo central. En la literatura sobre democratización, una transición implica un cambio de régimen y una transición a la democracia sería el pa-saje de un régimen autoritario a un régimen democrático. Pero, como argumento junto con Whitehead en otro texto (White-head y Behrend, mimeo), existen prácticas iliberales y no demo-cráticas que son importantes y recurrentes, y que se extienden más allá de los límites más estrictos de un “régimen autoritario”. Puede haber provincias que son razonablemente democráticas en lo que respecta al régimen, pero que son menos democráti-cas en aspectos referidos al ejercicio del poder. El concepto de cambio político es más adecuado para capturar los procesos de democratización que no implican un cambio de régimen y que se refieren a un proceso de largo plazo. Esto se relaciona con el hecho de que en las democracias federales la democratización subnacional a menudo no es un proceso claramente delimitado: todas las instituciones de una democracia generalmente están firmemente establecidas, si bien pueden no funcionar adecuada-mente o de la manera deseada, y puede no haber una transición tal como solemos entenderla en la literatura sobre democrati-zación nacional, porque ya existe un régimen democrático. Es decir, ya ha ocurrido una transición a nivel nacional, que garan-tiza un mínimo de procedimientos democráticos para todo el país. King y Lieberman (2009) se refieren a este tipo de procesos como “democratización en una democracia”.

Entonces, la pregunta central es cómo ocurren el cam-bio político y la democratización, entendida como un proceso abierto y de largo plazo (Whitehead 2011), en las provincias argentinas.

La alternancia electoral es citada por la literatura como un requisito de la democracia y ha sido utilizada como indicador de democratización. La intervención federal también ha sido ci-tada como una de las formas en que el gobierno federal puede obligar a una provincia a democratizarse. Estas dos formas co-rresponden a lo que Gibson (2012) ha denominado transición liderada por los partidos o transición desde el centro, y son las dos vías hacia la democratización subnacional que identifica en su trabajo. La primera vía implica el desarrollo de alianzas po-líticas que permitan la elección de un partido opositor, es decir, la alternancia electoral. La segunda vía implica la intervención directa del gobierno nacional, por ejemplo, a través de una inter-vención federal que modifica las reglas del juego y también hace posible la elección de un nuevo partido o una nueva coalición gobernante.

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La alternancia es una señal de que hay competencia, pero no dice demasiado acerca de cómo se ejerce el poder en las distintas provincias. Tampoco nos dice entre quiénes hay alter-nancia. Uno de mis argumentos centrales es que para entender los procesos de democratización subnacional debemos tomar en cuenta tanto las instituciones formales que restringen el acceso al poder, como las estructuras y prácticas iliberales relacionadas con la forma en que se ejerce el poder, y que pueden persistir a pesar de las reformas electorales, la intervención federal o la alternancia electoral.

El rol de la intervención federal en la democratización subnacional tampoco es fácil de analizar, ya sea en términos teóricos o empíricos. En términos teóricos, la práctica de la intervención federal ha sido cuestionada porque implica la re-moción de autoridades electas democráticamente. En algunos casos, como Catamarca en 1991 y Santiago del Estero en 2004, la intervención se justificaba debido a las violaciones flagrantes a los derechos humanos que habían ocurrido en ambas provincias. Pero en otros casos, las intervenciones federales han sido utili-zadas para resolver conflictos o crisis dentro de la elite. Yendo más atrás en la historia argentina, las intervenciones federales a menudo fueron utilizadas para asegurar la elección de un gober-nador afín al gobierno nacional. En términos empíricos, el rol de la intervención federal en la democratización subnacional no es sencillo evaluar, debido a que la alternancia y reforma de la legislación electoral no asegura o indica un cambio en prácticas y estructuras iliberales de largo arraigo.

Mi punto de partida, por lo tanto, es que:

1. La alternancia no es un indicador necesario ni suficiente de democratización subnacional y, del mismo modo, la falta de alternancia no es un indicador de falta de democratización subnacio-nal.

2. La intervención federal y la posterior reforma de la legislación electoral pueden producir alter-nancia, pero no necesariamente ponen un fin a las estructuras y prácticas territoriales iliberales.

3. Para entender la complejidad de la democrati-zación subnacional es necesario enfocarse tan-to en los aspectos electorales que restringen la competencia como en las estructuras y prácticas iliberales que pueden persistir a pesar de la eli-minación de restricciones electorales. Algunas de estas prácticas y estructuras se refieren a la política de familias, el control de los medios de comunicación locales, el control de la justicia, la captura del estado y la asignación discrecional del acceso a oportunidades de negocios.

Las prácticas provinciales iliberales se desarrollan a tra-vés de estrategias locales de control sobre ciertas áreas o dimen-

siones: la electoral, la judicial, los medios, el estado y las relacio-nes económicas. Para que la democratización subnacional sea real, debe abarcar estas áreas de manera significativa. No alcanza con reemplazar a los oficialismos subnacionales con nuevas au-toridades electas o con democratizar el acceso si las prácticas iliberales en cada una de las áreas estatales mencionadas ante-riormente siguen operando como antes y se reproducen bajo los nuevos gobiernos.

Referencias:Behrend, Jacqueline (2008). “Democratic Argentina and the ‘Closed Game’ of Provincial Politics: Protest and Persistence”. DPhil thesis, Department of Politics and International Rela-tions, University of Oxford.-------------------------- (2011). “The Unevenness of Demo-cracy at the Sub-national Level: Provincial Closed Games in Argentina”. Latin American Research Review 46(1): 150-176. Bianchi, Matías (2013). “The Political Economy of Sub-Natio-nal Democracy: Fiscal Rentierism and Geography in Argenti-na”. Tesis doctoral, Centre d’Études Politiques de Paris, École Doctorale de Sciences Po.Borges, André (2007). “Rethinking State Politics: The Withe-ring of State Dominant Machines in Brazil”. Brazilian Political Science Review 1(2): 108-152.Calvo, Ernesto y Marcelo Escolar (2005). La nueva política de partidos en la Argentina: crisis política, realineamientos partida-rios y reforma electoral. Buenos Aires: Prometeo-PENT.Durazo Herrmann, Julián (2010). “Neopatrimonialism and Subnational Authoritarianism in Mexico. The Case of Oaxaca”. Journal of Politics in Latin America 2(2): 85-112.Gervasoni, Carlos (2010). “A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy and Authoritarianism in the Argentine Provinces”. World Politics 62(2): 302-340.Gibson, Edward L. (2012). Boundary Control: Subnational Au-thoritarianism in Federal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.Giraudy, Agustina (2010). “The Politics of Subnational Unde-mocratic Regime Reproduction in Argentina and Mexico”. Jo-urnal of Politics in Latin America 2(2): 53-84.King, Desmond y Robert C. Lieberman (2009). “American Po-litical Development as a Process of Democratization” en Des-mond King et al, Democratization in America: A Compara-tive-Historical Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Levitsky, Steven y Lucan Way (2010). Competitive Authori-tarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambrridge: Cambridge University Press.Schedler, Andreas (2006). Electoral Authoritarianism: The Dy-namics of Unfree Competition. Boulder, Co.: Lynne Rienner.Whitehead, Laurence (2011). Democratización. Teoría y expe-riencia. México DF: Fondo de Cultura Económica.Whitehead, Laurence y Jacqueline Behrend (mimeo). “Illiberal Territorial Structures and Practices Within Large Federal De-mocracies”. Manuscrito sin publicar.


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Catalina Luz BressánLicenciada en Ciencia Política.

UNER. Facultad de Trabajo Social. Becaria [email protected]

El territorio importaAlgunas consideraciones sobre la implementación de las políticas públicas participativas en los ámbitos locales.

En las últimas décadas se ha producido un redescubrimiento de lo local. El territorio, como lugar donde confluye un conjunto de rela-ciones sociales, de identidades y espacios económicos, sociales, am-bientales y políticos dinámicos y complejos que expresan tensión y oposición, relaciones de interdependencia y complementariedad, dando forma y sentido a un particular modelo de desarrollo. Simultáneamente a esto, se observa en los gobiernos locales la implementación de herramientas de participación ciudadana. El siguiente trabajo tiene como objeto estudiar el vínculo entre las políticas participativas impulsadas por los gobiernos locales y la di-mensión territorial de estos procesos, intentando poder dar cuenta que el territorio es un elemento clave a la hora de implementar estos procesos. Las transformaciones globales y la revalorización de lo local

Para hacer referencia a los procesos de cambio que atravesaron las sociedades del mundo entero y las transformaciones mundiales que se proyectaron en esta época se hace necesario hablar de la Globali-zación. El proceso de la globalización produjo cambios estructura-les a lo largo de las últimas décadas -los cuales fueron producto de una nueva fase de reestructuración tecnológica y organizativa- que afectaron significativamente la naturaleza del Estado y pusieron en crisis las formas tradicionales de administrar y gestionar los asuntos públicos. Arocena (2001:32) referencia tres posturas criticas en el debate sobre globalización, esto es, una connotación de avasallamiento e imposibilidad de lo local frente a lo global, una segunda posición de connotación negativa frente al mundo globalizado y una ter-cera en términos de síntesis o sobrevivencia de ambas, al remitir a formas de articulación local- global, al interior de una compren-sión compleja de la sociedad contemporánea. Consideramos que la tercera postura es la única manera de aproximarse a la complejidad del problema. Conjuntamente con el fenómeno de la globalización se proyecta la perdida de importancia del Estado Nación como figura protagóni-ca de organización de sociedades y característica de la modernidad. A partir de este panorama comienzan a gestarse nuevas fronteras entre la sociedad y el Estado. Comienza así un proceso de restruc-turación del rol del Estado y de sus funciones, que -a partir de la década del ’90 en nuestro país- configura un nuevo escenario que

tiene a la Reforma del Estado como su principal protagonista. En este contexto de cambios y transformaciones, al que se suma el proceso de democratización de mediados de los ‘80, los gobier-nos locales comienzan a tomar mayor protagonismo, y asumir nuevos roles. Configurándose así, como impulsor del desarrollo económico social, fortalecedor del proceso democrático, y en muchos casos receptor de las demandas y necesidades sociales, sin dejar de lado las tareas de tipo ejecutivas que desarrollaba. Estos espacios ya no esperan de manera pasiva la dotación de re-cursos y las posibilidades de progreso que provienen del desarro-llo impulsado por los gobiernos centrales. Bien por el contrario, los actores locales se hayan frente a la posibilidad de convertirse en agentes activos del desarrollo.Bajo este escenario, se produce una redefinición del espacio de lo público en donde la participación ciudadana se presenta como una de las herramientas de apropiación de lo público, lo que es común a todos. Participación ciudadana es “la participación que hacen las personas para afectar la toma de decisión, ejecución y seguimiento de las políticas públicas” (Guillen, Saenz, Badii y Castillo, 2009:179). Podemos definir a las políticas participativas como “un proceso según el cual determinados actores de la sociedad civil se movili-zan, se ‘activan’, irrumpen en un escenario público e intentan in-fluir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproducción. En particular las políticas estatales y el modo de organización a las que ellas apuntan” (Oszlak, 2009: 5). Las políticas participativas introducen nuevos actores al ciclo de las políticas públicas. Para dar cuenta de este fenómeno, hablamos de gobernanza mo-derna la cual es un proceso en donde distintos actores –públicos y privados- participan en la formulación e implementación de políticas públicas. Mayntz Renate (2001) define la gobernanza moderna como una forma de gobernar más cooperativa, diferen-te del antiguo modelo jerárquico. En este enfoque el Estado re-plantea su rol para gobernar ante una realidad compleja y busca aminorar los elementos jerárquicos y centralizados del Estado. Esto se traduce en “el intento de involucrar más directamente a la ciudadanía en la acción de gobierno y en la elección de las políticas” (Guy Peters, 1991:583).

El territorio y la participación ciudadana: un lugar para todos

La implementación de políticas participativas en los gobiernos locales ha traído aparejado la revalorización del territorio. En-tendemos como territorio “el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio so-berano de un Estado” (Montañez Gomez y Delgado Mahecha,

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1998:122). Por tanto, nos interesa analizar la dimensión terri-torial de los procesos en dos dimensiones: por un lado el que refiere a la localización espacial de las relaciones sociales, y por otro el que visualiza la construcción social del territorio como uno de los componentes esenciales de la territorialidad. El territorio pensado como un espacio de poder donde se ex-presan identidades y sentidos compartidos (o no) por múltiples actores. El territorio crea territorialidades – espacios con senti-dos- que alude a la producción social, política y simbólico- cul-tural del espacio habitado. Aparece así la dimensión dialéctica de la construcción social del territorio, el vínculo entre el sujeto y el territorio reviste una re-lación dinámica entre los componentes: por un lado el espacio imprime las propias representaciones que los sujetos se dan del territorio, y por otro lado incorpora del sujeto aspectos identi-tarios y subjetivos de su ser. Esta relación se profundiza en las políticas de participación ciudadana en donde el sujeto se invo-lucra más directamente en la acción de gobierno y en la elección de las políticas públicas. En otras palabras, se apropia del espacio público bajo un contexto democrático y participativo. Algunas consideraciones finales

La revalorización de los espacios locales trajo aparejado la asun-ción de nuevos roles y desafíos a los municipios. Las políticas participativas y los nuevos enfoques de políticas públicas, tales como el modelo de la gobernanza, constituye un medio para ele-var el contenido democrático del Estado en la medida en que es una manera cooperativa de gobernar, en donde el Estado y la sociedad civil se articulan de manera flexible para el logro del bienestar público. Aquí, la participación ciudadana se convierte en una aliada estratégica para que la ciudadanía pueda incidir en las políticas públicas, en particular en aquellas de ámbito local. Las políticas participativas hacen visible la dimensión territorial de estos procesos en tanto y en cuanto la participación ciudada-

na exige la apropiación y comprensión de esos procesos por sus habitantes, entonces allí emerge el territorio con sus problemas, necesidades e idiosincrasias particulares y que exige la adapta-ción de políticas públicas. Como hemos puesto de manifiesto, la producción del territorio es una tarea colectiva. El desafío entonces, es procurar que el territorio pueda operar como un espacio de articulación y aglu-tinamiento de las identidades de los actores.

Bibliografía consultada: AROCENA, José. (2001). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Globalización, integración y desarro-llo local. Antonio Vásquez Barquero/ Oscar Madoery, Compiladores. Homo Sapiens. Rosario, Argentina.GUILLEN, A., SÁENZ, BADII y CASTILLO. (2009). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana, versión digital, ex-traída el 03/08/12 de www.spentamexico.org/revista/volumen4/numero1/14.%204(1)%20179-193.pdfMAYNTZ, Renate. (2001). El Estado y la Sociedad Civil en la gober-nanza moderna. Revista CLAD Nro. 21. Pág. 1-8. MONTAÑEZ GOMEZ, Gustavo y DELGADO MAHECHA, Ovidio (1998). Espacio, Territorio y Región: conceptos básicos para un proyecto nacional. Cuadernos de Geografía, Revista del Departa-mento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, vol.vi1 no. 1-2 1998, Bogotá.OSZLAK, Oscar. (2009). Implementación participativa de políticas públicas: aporte a la construcción de un marco analítico, en Bel-monte Alejandro (et al) 2009: Construyendo confianza. Hacia un nuevo vinculo entre Estado y sociedad civil. Volumen II. CIPPEC y subsecretaria para la Reforma Institucional y fortalecimiento de la democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros. Presidencia de la Nación. Buenos Aires.PETTERS, Guy. (2005). Gobernanza y burocracia pública. ¿Nuevas formas de democracia o nuevas formas de control? Foro internacional 182, XLV. Pág. 585-598.

Algunas reflexiones sobre los quinientos años de El Príncipe: Maquiavelo y el campo de las

políticas públicasNelson Dionel Cardozo

Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y profesor de la

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)[email protected]

E l pensamiento sobre el llamado “arte de gobernar” se remonta tanto a los antiguos pensado-

res orientales, tales como Confucio y Lao-Tsé, quienes en su obra mencio-nan como debe ser el buen gobierno del Estado; como a los trabajos de los clásicos helénicos de Platón y Aris-tóteles que darán origen a la filosofía política occidental con sus reflexiones sobre las constituciones de las polis. Sin embargo, estas cavilaciones fraguaban la noción de profesión de la sabiduría, las virtudes y el deber ser, con la praxis que correspondía tener al político en la conducción de los asuntos públicos. La


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imbricación entre la ética y la política, propia de la tradición política clásica, quedará atrás y dará paso a una nueva ciencia del Estado. Con la aparición hace quinientos años de un breve libro escrito en una desnuda prosa en idio-ma toscano irrumpe la filosofía política moderna. Nicolás Maquiavelo (1469-1527), en ese momento un funcionario apartado del servicio civil, despojado de la ampulosidad vetusta del latín, soltará el lastre de la filosofía política clásica y producirá el viraje de la idea de virtud (virtù) desde estos atributos morales, hacia la noción de efectividad en las políticas y en la mantención de poder. He aquí una de las bisagras que permiten iluminar la reflexión maquia-veliana, ya que se abre todo un campo de discusión acerca de la manera en que los gestores pueden llegar a mejores intervenciones, siendo dicho interro-gante la espina vertebral de la obra que analiza esta pequeña intervención). La pregunta acerca de “cómo hacer me-jores políticas” y su abordaje mediante un conocimiento racional será también el origen de la “ciencia de las políticas” que se expandirá en el siglo XX. Al se-pararse el componente moral y religioso de la acción gubernamental, se habilita una serie de cuestiones que desplazan el eje desde la ética hacia la racionalidad de tipo instrumental. No es casual, que ese componente racional de la actividad humana enfatice el elemento teleológi-co de la acción política. En la moderni-dad ya no será un buen gobernante el que sigue los preceptos éticos dictados por la axiología, sino aquel que median-te el conocimiento erudito de la historia y el accionar de sus grandes personajes, seleccione alternativas y tome de las mejores decisiones.

Para comenzar el análisis de los aportes de Maquiavelo al enfoque de las polí-ticas públicas, es menester resaltar que una de las principales contribuciones del florentino fue que avizoró de ma-nera clara y precisa cual era la nueva unidad política de la modernidad: el Estado-Nación. La construcción del mismo es fundamental dentro de la re-flexión en El Príncipe, ya que comienza

a ver como se organizan otras nacio-nes, y en especial la poderosa Francia –ya unificada- que tuvo la oportunidad de conocer como canciller de la Repú-blica de Florencia. De esta manera, se advierte uno de los elementos más des-tacados que seguirá siendo dominante en el análisis de políticas hasta los años 70: la importancia de las intervenciones públicas que irradian desde un centro político. Así, vemos que ya se puede advertir como una precondición para la efectividad de las políticas públicas un abordaje top-down, es decir, una con-cepción de la toma de decisiones y de la implementación descendente de los programas públicos. Esto es conteste y concordante con la condición elitista que deposita en la política y la toma de decisiones, en donde aparece una des-confianza natural por el pueblo, y enfo-ca el eje de la reflexión en los aspectos relativos a las elites políticas. El gran tronco que recorre la quincuagenaria obra del toscano es justamente, el modo en que se da el recambio entre las elites, las formas en que se llega, se permanece y se pierde el poder; siempre teniendo en cuenta un visión dinámica de este último (Bulcourf y Vázquez 2004). No obstante ello, debe matizarse esta con-clusión, sobre todo al contraponer la visión republicana que surge en I Dis-corsi. Pero no obstante ello podemos atisbar que el proceso de constitución de un Estado-nación moderno, según la visión de Maquiavelo requería la con-centración del poder, al menos en un primer momento. De esta manera “toda la obra estaba dominada por una con-cepción heorica de la actividad política personal, con el resultado de que la fi-gura heroica del príncipe eclipsaba toda sugerencia de que la actividad política pudiera ser conducida a través de ins-tituciones impersonales” (Wolin, 1974: 247). Efectividad en la toma de decisio-nes, enfoque proactivo, y conocimiento experto son la tónica en las políticas que podemos ver en El Príncipe.

Otro elemento que merece ser profusa-mente analizado es la importancia del conocimiento en la selección de alterna-tivas y la toma de decisiones. Siglos antes

que Harold Lasswell hablara del conoci-miento científico como necesario para las “ciencia de las políticas”, el italiano ya mencionaba que la constitución de este nuevo campo de conocimiento era fun-damental para dominar la realidad. Aquí podemos ver el nacimiento de la visión secularizada y antropocéntrica, en donde el hombre moderno es capaz de dominar los acontecimientos mediante el saber experto. Tal y como menciona Parsons “Maquiavelo estaba interesado en el arte del Estado: creía que, mediante el cono-cimiento de la realidad de la política y el poder, los tomadores de decisiones esta-rían mejor preparados para controlar los asuntos de Estado y mejor capacitados para lidiar con los problemas. Las pre-ocupaciones de Maquiavelo encuentran una curiosa resonancia en el moderno mundo del arte del Estado” (Parson, 2008: 76). De esta manera vemos, un elemento central en el pensamiento de este autor que es la necesidad de los ges-tores públicos de contar con información de buena calidad, y una sabia interpreta-ción de la misma. El buen gobierno, por consiguiente es aquel que comprende los escenarios donde se desenvuelve la intervención pública y toma decisiones en base a diagnósticos previos, porque “la nueva ciencia demostró ser capaz de situarse en cualquier posición (…), diag-nosticando la situación desde ese punto de vista, enunciando las alternativas y aconsejando las mejores medidas” (Wo-lin, 1974: 218). Pero ello no es suficiente: se precisa también lo que él denomina prudencia, una virtud muy importante, que se relaciona directamente con la ca-pacidad de detectar futuros problemas y darle una rápida intervención para su solución, dado que “todos los príncipes sabios (…) no solamente han de preocu-parse de los problemas presentes, sino también los futuros, tratando de supe-rarlos con todos los recursos de su ha-bilidad; previstos con antelación, se les puede encontrar fácil remedio, pero si se espera a tenerlos encima, la medicina nunca está a tiempo al haberse converti-do la enfermedad incurable (…). En los asuntos de Estado, los males que nacen si se les reconoce con antelación (lo cual no es dado sino a una persona prudente);

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pero cuando por no haberlos reconocido se les deja crecer de forma que llegan a ser de dominio público, ya no hay reme-dio posible” (Maquiavelo, 1999:39). Se advierte en este extracto, una gran con-fianza en el conocimiento y la capacidad de dominar la realidad, al mismo tiempo que podemos ver que el tipo de soluciones a los problemas públicos que concibe es racional exhaustiva, y no una visión incre-mental de la acción estatal. Esta confianza en el poder del conocimiento, deposita un gran énfasis en la racionalidad del Esta-do. Así, la concepción maquiaveliana del análisis de políticas públicas debe colo-carse en un escenario de progresiva ra-cionalización del gobierno y de la política como una actividad en donde se formulan políticas públicas. Aquí vemos en pleno Renacimiento la idea de “ciencias de las políticas” donde el sabio con su conoci-miento “se ve como un integrador de co-nocimiento y acción, por lo tanto, como un especialista en suscitar y dar efecto a toda la racionalidad de la que los indivi-duos y las colectividades son capaces en cualquier momento” (Lasswell, 1970: 13).

En El Príncipe vemos también una visión ambigua acerca del rol de los expertos, dado que menciona en el ca-pítulo XXII “De los secretarios de los príncipes” la manera en que debe ro-dearse el buen gobernante. Así, refiere como un punto importante la selección de sus ministros, dado que “cuando son competentes y fieles se le puede tener siempre por sabio, puesto que ha sabi-do reconocer su competencia y mante-nérselos fieles. Pero cuando son de otra manera hay siempre motivo para formar un mal juicio de él, puesto que su primer error ha sido precisamente elegirlos.” El buen político es aquel que además de ser prudente, puede además generar equipos capaces y que al mismo tiempo le profesen lealtad. Pero la importancia que le coloca a mantención en el poder por parte del gobernante hace que surja cierta desconfianza de los ministros. Así, es menester mantenerlos leales dándoles favores pero agrega un último elemento: “Un príncipe prudente debe procurarse un tercer procedimiento, eligiendo en su

Estado hombres sensatos y otorgando solamente a ellos la libertad de decirle la verdad, y únicamente en aquellas cosas de las que les pregunta y no de ningu-na otra” (Maquiavelo, 1999: 113). Así, el príncipe debe buscar el consejo sola-mente cuando lo requiere, escuchar, pero la toma de decisiones la debe realizar él mismo. Vemos aquí, que dada la visión antropológica negativa que plantea la obra de Maquiavelo, en donde los hom-bres poseen naturalmente una ambición ilimitada de poder, que la delegación en la toma de decisiones en los ministros es un talón de Aquiles en el gobierno, y por consiguiente, se esboza una lógica ambi-ción de los ministros que debe ser conte-nida por el gobernante. Esto da el pun-tapié para otra nota muy importante en el pensamiento del florentino: la vincu-lación que hay entre la política (politics) entendida como la lucha por el poder y la acción pública (policy). Para Maquiavelo queda claro que la principal razón por la cual los gobernantes deben proveer bue-nas políticas (policies) queda supeditada a la permanencia en el poder (politics). Aquí vemos nuevamente el componente elitista en la filosofía política del toscano, que será retomado en el siglo XX por las teorías económicas de la democracia y el análisis de políticas públicas que postula que el principal interés de los gestores públicos es el blame avoidance (evitar la responsabilización) y continuar en el po-der. La efectividad de las políticas, por lo tanto es fundamental para que el príncipe no pierda poder en el Estado. Ser virtuo-so, es justamente tener la capacidad de hacer frente a la adversidad proveyendo decisiones que solucionen los problemas públicos, dado que “sin duda alguna los príncipes se hacen grandes cuando supe-ran las dificultades y los obstáculos que se les oponen.”(Maquiavelo, 1999: 105). De esta manera el accionar de los polí-ticos tiene que ver con la creencia de las elites en que la aplicación de determi-nadas políticas públicas le será rentable y le permitirá continuar en el gobierno. La virtud del buen príncipe se manifiesta justamente en momentos en que apare-cen adversidades, producto de la fortu-na, comparando esta última con un río torrencial, diciendo que “ella muestra su

poder cuando no hay virtud organizada y preparada para hacerle frente y por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se ha construido los espigones y los diques para contenerla” (Maquiavelo, 1992: 117).

Estas breves palabras han intentado iluminar algunos de los aspectos más destacados que El Príncipe ha hecho al campo de las políticas públicas, los cua-les fueron retomados siglos después por diversos autores. Sin lugar ha dudas, la riqueza de esta obra excede lo expuesto en estos breves párrafos, pero muestra que muchos de los postulados que fue-ron asumidos durante el siglo XX con la constitución del campo de la administra-ción pública -que surgió hacia finales del siglo XIX e irrumpió en la segunda pos-guerra junto con la nueva racionalidad del Estado de Bienestar-, nos muestra la vigencia del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Más allá de ser un brevario de consejos para el gobernan-te, esta obra sigue siendo ardorosamente debatida, profundamente inquietante y sin lugar a dudas unos de los escritos políticos más importantes con los que cuenta la humanidad.

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1. iNTRODUCCiÓN

Como es sabido, cualquier sistema de defensa se define a partir de una postura estratégica. El diseño del instrumento militar es, ya sea en su sistema de armas, el despliegue territorial, el tipo de reclu-tamiento y la estructura y organización de las fuerzas armadas, entre otros tantos aspectos, parte de una arquitectura esta-dual que define para sí cómo organizar su defensa nacional y erigirse frente a otros Estados en el escenario internacio-nal. Ya el mayor referente teórico de las cuestiones bélicas, Carl von Clausewitz, destacaba la importancia que tenía –y tiene– la política en la guerra, al sostener que “si la guerra es parte de la política, la política determinará su carácter” (1999: 184). Por lo tanto, la construcción de un sistema de defensa, o su redefinición, debe inexorablemente responder a una lectura política del mayor nivel, de las condiciones socio-históricas y estructu-rales de la comunidad que representa, así como también de variables contextuales tales como el estado de las relaciones ex-teriores y la coyuntura económica, tanto doméstica como internacional. En este marco, la adopción de determi-nada postura estratégico-militar reflejará de algún modo los aspectos mencionados. Ahora bien, resulta importante señalar que toda postura estratégica establece-rá las orientaciones, a nivel estratégico y operacional, que determinarán que la disposición de la acción militar sea de carácter defensiva u ofensiva. Clausewitz consideraba a la “defensa” como la for-

ma más eficaz de la guerra, que permitía mantener la inviolabilidad del territorio y su conservación, y en caso de ser ata-cado, repeler dicha acción militar (1999: 866). El territorio es, bajo este esquema, un elemento vital. Con el fin de la Guerra Fría, el apogeo de la globalización y del desarrollo de nuevas tecnologías, el debate en torno a la aparición de las denominadas “nuevas amenazas” y los “conflictos asimétricos”, el territorio parecería haberse converti-do en un elemento devaluado. El surgi-miento de nuevos ambientes operacio-nales, como el ciberespacio, parecerían contribuir también a este supuesto. En cambio, podría considerarse que estos elementos complejizan el análisis de la defensa, su naturaleza y su materiali-zación; una visión negacionista podría conllevar a la desprotección, a descuidar la importancia del territorio en un es-cenario donde los recursos naturales no renovables –recursos estratégicos que los países de la región poseen en abundan-cia–, se encuentran entre los intereses nacionales de las más grandes potencias mundiales.Por otro lado, en los últimos treinta años, los procesos de integración económica, y de integración política más tarde, han logrado establecer en regiones enteras diversas “zonas de paz”. Sudamérica es un ejemplo de ello con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y su Consejo de Defensa Suramericano. No obstante, lejos esta-mos aún de lograr un sistema postwes-tfaliano. En un marco donde la guerra

subsiste como un mecanismo de reso-lución de los conflictos en el escenario internacional, la región y cada uno de nuestros países deben hacer frente a los desafíos que les presenta la nueva geopo-lítica de los recursos estratégicos (Klare, 2001).Frente a esta coyuntura, es tarea de los pensadores de la estrategia formular mo-delos que den cuenta de esta realidad. Si bien es cierto que los conflictos interes-tatales no serán la regla en el futuro, las guerras en sentido clásico entre Estados Nacionales continuarán siendo un riesgo latente (Zacher, 1992). Por lo tanto, la configuración de un sistema de defensa creíble y lo suficientemente apto para hacer frente a dicho riesgo continuará siendo un interés fundamental para to-dos los Estados. Partiendo de estas premisas, el presente artículo tiene entonces por objeto explo-rar las características de la actitud estra-tégico-militar de las denominadas “de-fensa no provocativa” (DNP) y “defensa no ofensiva”, tarea que será desarrollada en el próximo apartado. Posteriormente se intentará analizar si dicho modelo se ha reflejado en las reformas de Segunda Generación emprendidas en el Sistema de Defensa argentino a partir del año 2005. A tal efecto, el tercer apartado describirá sucintamente los principales lineamientos normativos que se estable-cieron y que adoptan una postura, actitud y posicionamiento estratégico defensivo para el diseño del Instrumento Militar argentino.

2. LA DEFENSA NO OFENSiVA y LA DEFENSA NO PROVOCATi-VA COMO POSTURAS ESTRA-TÉGiCAS Carl von Clausewitz sostenía que una estrategia defensiva, contaba con más ventajas porque, por un lado, las fuerzas armadas pelearían dentro de su terri-torio, lo que permitiría maximizar los beneficios de tener un profundo cono-cimiento sobre éste, de ejercitaciones previas en escenarios reales de enfrenta-miento, de tener a cargo el control de las comunicaciones y la infraestructura del

EL MODELO DE DEfENSA NO PROvOCATIvA COMO POSTuRA ESTRATéGICO-

MILITAR PARA LA ARGENTINA

María Belén Canto, Sergio G. Eissa, Sol Gastaldi, Candela Justribó

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terreno, y por otro, permitiría abandonar las capacidades que son especificas para un ataque ofensivo. En este sentido, durante la Guerra Fría se desarrollaron dos conceptos estratégi-cos, que fueron recogidos en Argentina, entre otros, por Thomas Scheetz y Gus-tavo Cáceres, sobre los cuales queremos hacer una breve reseña de sus argumen-tos centrales.Defensa No Ofensiva

Esta estrategia busca minimizar, por un lado, el desarrollo de capacidades ofensi-vas, y por el otro, fortalecer la adopción de capacidades defensivas. El objetivo central es lograr que las fuerzas arma-das estén estructuralmente incapacitadas para atacar. Asimismo, propone eliminar todas aquellas estrategias militares que puedan ser vistas como amenazas por el Estado vecino, a fin de prevenir cualquier tipo de “malos entendidos”, a la vez que fomenta el desarrollo de las medidas de confianza entre los países pertenecientes a una misma región. Al respecto, Bjorn Moller (2000), en su teoría de “defensa no ofensiva”, afirma que un conflicto puede ser mitigado y prevenida su evolución en una guerra, a través de una reestructuración defen-siva de las fuerzas armadas. El objetivo principal es, para cada uno de los lados, poseer suficiente fuerza defensiva para salvaguardar su territorio nacional, com-binado con un mínimo de capacidad ofensiva, de manera que esto no sea per-cibido como una amenaza para los países vecinos. Por otro lado, el concepto de disuasión es interpretado de manera diferente, ya que no se identificaría más con la ame-naza de un ataque, sino con las grandes dificultades a las que se tendría que en-frentar el Estado atacante para ocupar un territorio. De esta manera, la defensa no ofensiva generaría una “disuasión por negación”.Ahora bien, esta estrategia no es una re-ceta que se aplica en cualquier país por igual, sino que depende del contexto his-tórico y geográfico que cada uno de és-tos presente. A partir de esta premisa es que existe una categorización de diversas propuestas para poder aplicar la “Defensa

No Ofensiva” de acuerdo a las caracterís-ticas geográficas, políticas y económicas de cada territorio, siendo éstas: ‘defensa territorial’, ‘tela de araña’, ‘eslabón per-dido’ y ‘defensa de avanzada’.Estas propuestas tendrían como resulta-do la eliminación de las posibles rivali-dades existentes entre diferentes países, a fin de transformar el ámbito regional en un área donde la seguridad de cada Es-tado deja de ser una percepción de ame-naza para sus vecinos. De esta manera, puede ser visualizado como un sistema de defensa con su respectivo comando nacional, preservando los intereses vita-les de cada Nación, y dando forma a un proceso de seguridad regional.Por ultimo, Sam Roggeveen (2008: 6) sostiene que esta posición estratégica no es aplicable a países extensos dado que es difícil defender las fronteras con sis-temas estáticos y de corta distancia. En tal sentido, este autor señala que una sa-lida más realista a países de gran tamaño sería adoptar algunos elementos de la defensa no ofensiva que la harían menos radical y más práctica, pasando a deno-minarse “defensa no provocativa”.

La Defensa No Provocativa

A partir de la transformación del con-texto mundial que tuvo lugar después del declive del poderío de la Unión So-viética, y con ello, del fin de la Guerra Fría, la defensa no provocativa (DNP) es una actitud estratégica militar que ha tomado parte en distintas regiones del mundo. Si bien el inicio de este paradig-ma data de la década de 1970, adquiere una marcada relevancia en temas de po-lítica exterior a partir de los años 80.Esta estrategia puede ser visualizada como aquella que, según Ter Borg y Smit, se caracteriza como una postura militar en la cual los conceptos estraté-gicos y operacionales, el despliegue, la organización, los armamentos, las comu-nicaciones, y comandancia, la logística y el entrenamiento de las FFAA son tales que en su totalidad, sin ambigüedades, sean capaces de una defensa convencio-nal adecuada, pero a la vez, y también sin ambigüedades, sean incapaces de un ataque a través de sus fronteras, sea una

invasión o un golpe destructivo al terri-torio enemigo (Cáceres y Scheetz; 1995: 2).

Bajo esta concepción, se disminuyen las capacidades ofensivas en pos de desarro-llar aún más las capacidades defensivas relativas al universo militar, con el obje-tivo de estabilizar las relaciones entre los distintos Estados. Esto significa alterar el sistema de armas, y modificar aque-llas intenciones, actitudes, actividades y planes que puedan llegar a ser interpre-tados como ofensivos por parte de otros países. Poder aplicar la defensa no provocativa significa comenzar una nueva relación con los países más cercanos para poder contribuir en acciones en conjunto. Asi-mismo, al eliminar percepciones negati-vas de balances de poder y constituirse en un instrumento para el control de armas o la transparencia de los gastos, colabora en desalentar la carrera armamentista y puede incentivar a otros países a adoptar la misma postura con el propósito de lo-grar un ámbito regional seguro y de paz. La DNP, al mismo tiempo que mitiga los potenciales conflictos con otros países, es la opción que mejor revela la adaptación a los criterios de economía de medios y eficacia; a su vez acrecentaría el profe-sionalismo de las fuerzas armadas y la reestructuración del nivel de idoneidad al trabajar sólo con soldados voluntarios que cuentan con capacidades e intereses reales; reduciría la intromisión militar en asuntos políticos, y disminuiría los costos en la materia, de manera que se podría invertir el gasto público restante en otras áreas de interés para el gobierno nacional. De esta manera, para poder aplicar la ac-titud de Defensa No Provocativa, Tho-mas Scheetz propone como requisitos:

Coordinar minuciosamente las acciones diplomáticas con el país oponente […] y con los organismos internacionales.Intensificar y efectivizar la inteligencia estratégica. Es deseable contar con un satélite propio de múltiple propósito.Mantener permanentemente el más alto grado posible de alistamiento militar.Integrar de una vez y definitivamente, el


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poder militar.Asegurar toda la movilidad estratégica y táctica que reclame el planeamiento militar.Desarrollar una nueva doctrina orgánica y de empleo, operacional y logística.Acceder a nuevos conceptos y formas de racionalización administrativa.Plantear al Poder Ejecutivo Nacional, con absoluta claridad, las estrategias de apoyo necesarias.

3. EL SiSTEMA DE DEFENSA AR-GENTiNO

En el caso particular de Argentina, por la amplia extensión de su territorio y por sus posibilidades presupuestarias, Thomas Scheetz (1995) entiende que una salida más realista sería adoptar sólo algunos elementos de la “Defensa No Ofensiva”, y aplicar así una actitud de Defensa No Provocativa. A partir del concepto desarrollado por Geoffrey Wiseman, Scheetz distingue en la de-fensa no provocativa una configuración de fuerzas que, sin eliminar totalmen-te su capacidad ofensiva, no se perciba como amenazante en su capacidad de iniciar un ataque. De esta manera, ésta mantendría la estructura convencional de las fuerzas armadas pero resaltaría su naturaleza no ofensiva. Asimismo, esto permitiría a los Estados que adoptasen esta actitud, eliminar algunas capacida-des ofensivas, tales como las plataformas de ataque de largas distancias, y fomentar el logro de altos niveles de cooperación militar y construcción de la confianza con los países vecinos.A partir de lo expuesto, ¿se puede decir que la Argentina realmente ha adoptado una posición estratégica acorde a la de-fensa no provocativa durante el proceso de transformación encarado entre 2005 y 2010? Desde el punto de vista del con-cepto de Defensa No Provocativa como recurso efectivo para aspirar a distender las tensiones, los lineamientos para el di-seño del despliegue deberán estar orien-tados a promover a niveles satisfactorios la capacidad operacional de las fuerzas armadas. Entre los requisitos para la adopción de una real actitud de Defensa

No provocativa, es necesario carecer de capacidades para operar ofensivamente más allá de las propias fronteras y asegu-rar toda movilidad estratégica y táctica que reclame el planeamiento militar.De acuerdo a la legislación vigente, la República Argentina concibe su política de defensa integrada a su estrategia de desarrollo nacional y halla sus funda-mentos en dos principios de los cuales deriva la lógica de organización y funcio-namiento del organismo de conducción de la defensa y del propio instrumento militar: el gobierno civil de la defensa y la diferenciación conceptual entre defen-sa nacional y seguridad interior (Minis-terio de Defensa: 89). Con la llegada de la democracia en 1983, se comenzaron a adoptar grandes refor-mas en cuanto al sistema de defensa na-cional. El primer paso fue la sanción de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional en 1988, que declaró a ésta como “la in-tegración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en for-ma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. Esta norma se constituyó en el pilar sobre el que se erigió todo el sistema de defensa, el cuál fue consustanciándose en los años venide-ros, con la sanción de otras disposiciones, como la Ley del Servicio Militar Volun-tario, la Ley de Seguridad Interior, la de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la de Inteligencia Nacional. Bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirch-ner, se aprobó el Decreto Nº 727/2006 –reglamentario de la Ley Nº 23.554– que establece que deben entenderse por agresiones externas a aquellas producidas por una amenaza estatal militar externa (AEME), descartando completamente la adopción de las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo de las fuerzas arma-das, en tanto que las mismas distorsiona-rían indefectiblemente el sentido de ser del Instrumento Militar, esto es, defen-der los intereses vitales de nuestro país. En este sentido, la Ley de Reestructura-ción de las Fuerzas Armadas sancionada en 1998, afirma que “la política de de-fensa implica la protección de los inte-reses vitales de la Nación Argentina, de

acuerdo a lo determinado en el artículo 2° de la Ley 23.554. Así, la política de defensa argentina se sustenta en lograr consolidar e incrementar las capacida-des espirituales y materiales que tornen eficaz una estrategia disuasiva, coadyu-vando, además, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, en particular, las de nuestro continente”.Posteriormente a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, se sancionó el Decreto Nº 1.691/2006 sobre Organi-zación y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el cual argumenta que para llevar a cabo un empleo efectivo de las fuerzas armadas, éstas deben ser conce-bidas como un instrumento integrado, por lo que su acción será de naturale-za conjunta, “incluso en aquellos casos en los que por el ámbito en que ésta se desarrolle y/o por las características propias de la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por una fuerza específica en forma exclusiva”.Asimismo, el diseño de fuerzas del Ins-trumento Militar se realiza a partir de la metodología de planeamiento por capa-cidades militares, sustituyendo al mode-lo basado en hipótesis de conflicto. Esta nueva forma de llevar a cabo el planea-miento castrense aspira a “consolidar la aptitud de ejecutar en forma autónoma la completa gama de operaciones que demandan todas las formas genéricas de agresión que se manifiestan en los con-flictos convencionales de origen externo generados por actores estatales” acorde a la concepción, posicionamiento y actitud estratégica defensiva, y a los lineamien-tos de la política exterior argentina que, a lo largo de estos últimos treinta años se han mantenido incólumes respecto a la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la región y, más aún, a la construcción de una alianza estratégica, principalmente, con Chile y Brasil. En función de la adopción de la meto-dología señalada ut supra, el Decreto Nº 1.729/2007 aprobó el “Ciclo de Planea-miento de la Defensa Nacional”. El do-cumento liminar que da inicio a dicho ciclo en el Nivel Estratégico Nacional es la Directiva de Política de Defensa Nacional, aprobada por la Presidenta

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Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto Nº 1.714/2009. Esta norma precisa cuestiones centrales relativas al posicionamiento y la actitud estratégi-ca que adopta la República Argentina en materia de defensa, definiendo las misiones, los criterios de empleo, la es-tructura organizacional y las capacidades y equipamiento de las fuerzas armadas. A partir de esta gran transformación, el planeamiento estratégico militar, contri-buyente al planeamiento de la defensa nacional, culmina con un Plan de Capa-cidades Militares (PLANCAMIL), ela-borado también por el Nivel Estratégico Nacional, es decir, el poder político, en dónde se definen las amenazas estata-les militares externas genéricas y más probables, resignando la identificación “a priori de adversarios o enemigos de carácter estatal contra los cuales organi-zar en forma reactiva su poder militar” (Ministerio de Defensa: 239). Esto se entronca, como se dijo con la política ex-terior, permitiendo eliminar los dilemas de seguridad entre los países de la misma región, desactivando así también el desa-rrollo de carreras armamentistas.Respecto al posicionamiento y la acti-tud estratégica, esta directiva de políti-ca afirma claramente, desde el máximo nivel estratégico de conducción, que se encuadran bajo “el concepto de legíti-ma defensa” establecido en el artícu-lo 51 de la Carta de Naciones Unidas, sosteniendo un “modelo de defensa de carácter defensivo de rechazo y oposi-ción a políticas, actitudes y capacidades ofensivas de proyección de poder hacia terceros Estados”. Asimismo, se concibe a la defensa en una doble dimensión: au-tónoma y cooperativa, es decir, “la pro-pia política de defensa de la Nación, su diseño de fuerzas y sus capacidades no ofensivas hacia terceros Estados, se vin-cula y complementa según la concepción y el posicionamiento estratégico argenti-no con la dimensión y los compromisos multilaterales, tanto de nivel subregio-nal, cuanto regional y también global”. En tal sentido, el planeamiento de la defensa nacional se dirige al desarrollo de capacidades militares que, en virtud de este posicionamiento estratégico, per-mitan afianzar la contribución nacional

con el sistema de seguridad colectiva a través del alcance y del mantenimiento de estándares mínimos requeridos para la interacción militar multilateral, como asimismo necesarias para avanzar en los niveles de interoperabilidad subregional y para progresar también en términos de cooperación y complementariedad mili-tar efectiva con los países de la subre-gión en propósitos de interés mutuo (por ejemplo, en materia de coparticipación del control de espacios limítrofes comu-nes, en complementación de capacidades en casos de operaciones de paz o en los de actividades antárticas) en el marco de la eventual construcción del pretendido sistema de defensa subregional.

Un elemento esencial de un posiciona-miento y actitud estratégica defensiva es el despliegue. Desde la perspectiva de la defensa, es prioridad el control efectivo de los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales de la Nación, con énfasis en la infraestructura y en los objetivos de valor estratégico y en las áreas de fron-tera (en las que se pretende avanzar ha-cía mayores niveles de cooperación con las naciones vecinas) y, por otra parte, la generación de organizaciones poli-fun-cionales con aptitud para operar en toda la variedad de los ambientes geográficos registrados en el país.De esta manera, tanto el diseño de la es-tructura orgánico-funcional del instru-mento militar como su despliegue terri-torial buscan superar los condicionantes geográficos del territorio nacional a tra-vés del logro de un elevado grado de mo-vilidad estratégica y táctica que permita garantizar una adecuada defensa sobre el amplio territorio nacional, con la debi-da capacidad para operar en forma sos-tenida en todas las regiones y espacios estratégicos del territorio nacional, sin generar a la vez posicionamientos con-tradictorios con la política y los objetivos de cooperación regional.

4. A MODO DE CONCLUSiÓN

El sistema de defensa argentino ha adop-tado una postura estratégica defensiva, la cual logró materializarse progresivamente

luego de la recuperación del régimen de-mocrático en 1983, y gracias a la voluntad de la dirigencia política que ha conducido el país desde entonces, se ha avanzado en la consolidación de un modelo de defensa y de un instrumento militar que se aúna a los esfuerzos también encarados en los otros países de la región por encauzar la construcción de una zona de paz que permita no sólo la integración económi-ca, sino también la consolidación de un regionalismo que desde el plano políti-co alcance a otras áreas de interés para el desarrollo sudamericano. La creación del Consejo de Defensa Sudamericano en el año 2008 se ha constituido como el paso más trascendental dado en pos de consolidar y profundizar las medidas de fomento de la confianza y seguridad que se han tendido en la mayor de las veces en forma bilateral entre los Estados sud-americanos. Cualquier intento por construir una zona de paz no puede ser posible si no es en el marco de la incorporación de un posicionamiento estratégico defensivo que resigne la posesión de capacidades militares ofensivas que puedan generar percepciones de seguridad negativas por parte de los países vecinos. Sin embargo, dicho argumento no significa renunciar de ningún modo a las capacidades ne-cesarias para el ejercicio de una legítima defensa. Dichas consideraciones han sido incorporadas al marco normativo del sis-tema de defensa argentino, tal como se ha podido observar en el presente artí-culo. Es así que nuestro país concibe su defensa a partir de una doble dimensión, autónoma y cooperativa. La necesidad de poseer las capacidades para ejercer y garantizar el principio de legítima defensa conllevan en el caso argentino la particularidad de plasmar esta postura estratégica defensiva a to-dos los órdenes que conforman el siste-ma de defensa nacional, principalmente la organización y el despliegue de las fuerzas armadas, los cuales deben poder compensar la desfavorable relación en-tre fuerzas limitadas y amplios espacios geográficos. A partir de los lineamientos desarrollados hasta aquí, puede decirse que la posibilidad de alcanzar un alto grado de movilidad estratégica y táctica


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suficiente para compensar dicho condi-cionamiento y procurar un despliegue de fuerzas orientado para la consideración de la ecuación concentración-dispersión, se encuentra estrechamente vinculado con la aplicación de un modelo de De-fensa No Provocativa. Esta última pro-movería una optimización del despliegue de las fuerzas armadas para el cumpli-miento de su misión principal, como eje ordenador de todo su diseño de fuerzas, al mismo tiempo que minimizaría el uso de las capacidades ofensivas de manera que no pueda ser percibido como una amenaza por parte de los países del mar-co regional.

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Profesora y Licenciada en Geografía (UNC).Licenciado en Ciencia Política (UBA), Maestro en Ciencias Sociales con men-

ción en relaciones Internacionales (FLA-CSO) y Candidato a Doctor en Ciencia Política (UNSAM).Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magíster en Defensa Nacional (EDENA).Alumna avanzada en la carrera de Cien-cia Política (UBA).Mientras las “Reformas de Primera Ge-neración” buscan alcanzar el control civil de las Fuerzas Armadas, las denominadas como de “Segunda Generación” buscan establecer el efectivo gobierno civil de la política de defensa. Las “Reformas de Tercera Generación” (Eissa, 2013) impli-can, como se dijo más arriba, el diseño y establecimiento de un Instrumento Mi-litar adecuado a las condiciones socio-históricas y estructurales de la comunidad que representa, así como también de va-riables contextuales tales como el estado de las relaciones exteriores y la coyuntura económica, tanto doméstica como inter-nacional. Para un mayor detalle sobre los conceptos de control civil y gobierno ci-vil de la defensa se sugiere ver Battaglino (2010 y 2011) y Sain (2010). Para más información, se sugiere consultar: Moller (1995 y 2000) y Roggeveen (2008).

Referencias bibliográficas.Para un mejor detalle, consultar Moller, B. (1995).Para más información sobre Defensa No Provocativa, consultar: Cáceres, G; Scheetz, T. (1995); Scheetz, T. (1994 y 1995). Este tipo de concepción estratégica se corresponde con un modelo de defensa basado en el soldado “profesional”, es decir, no requiere de un reclutamiento forzoso extensivo característico de los sistemas de servicio militar obligatorio. Para un mayor detalle, consultar Cáceres y Scheetz (1995: 73). Artículo 2°, Ley 23.554 de Defensa Na-cional.Artículo 2°, Ley 24.948 de Reestructura-ción de las Fuerzas Armadas.Decreto Nº 1.691/2006, Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Decreto Nº 1.691/2006, Directiva sobre Organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, Ibídem.

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SECCIONDATOS ABIERTOS

OPEN DATA


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De crudo a cocido: datos abiertos en Argentina

Lucas Jolías y Alejandro PrinceUNQ y UBA / UdeSA respectivamente

con la mayor abundancia y calidad de la información como con la baja de los costos de transacción, porque así pueden ejercer mejor su poder de inspección, control y participación. En el me-dio de este proceso, y de modo competitivo, los desarrolladores participan del ecosistema de un modo sustentable. Así, se genera un aumento de las promesas y beneficios de las políticas de open data, que aparecen casi como un subproducto de la innovación.

Para el caso del ecosistema de datos abiertos, consi-deramos que cada actor y actividad involucrados conforman un eslabón en una cadena de creación de valor, en un camino que va desde el dato crudo en algún reservorio de gobierno a un dato devenido en información contextual y valiosa para el ciudadano y la sociedad: el dato crudo. Dejemos en claro que la apertura y la transparencia eran ya una demanda o un reclamo hecho a la democracia desde mucho antes que existieran las computadoras e internet. Y que probablemente lo sigan siendo. Internet o las nue-vas tecnologías exacerbaron o aceleraron estas demandas no solo al bajar los costos de transacción o incrementar cuánticamente y abaratar la capacidad de proceso o análisis de la información, sino también al prometer desde las redes sociales la colaboración, la difusión masiva y el intercambio horizontal entre pares.

Para analizar la situación de los datos abiertos en Ar-gentina, imaginemos un ecosistema compuesto por institucio-nes, infraestructuras, actores, acciones y hasta recursos simbóli-cos del proceso del open data. Ese ecosistema está caracterizado por la interacción e interdependencia entre sus componentes, su complejidad, crecimiento, autoorganización y adaptabilidad o corrección del conjunto o sus partes. Esto nos permitirá ver más allá de los datos abiertos como una aplicación tecnológica e in-terpretarlos como una política pública, con una gran diversidad de actores e intereses. El diseño de políticas y los mismos go-biernos deben evolucionar desde las formas burocráticas indus-triales hacia modelos adecuados a la sociedad del conocimiento: sistemas interdependientes y en red de base tecnológica.

En el siguiente gráfico, levemente adaptado de Tom Slee (2012)1, es posible visualizar a los principales grupos de ac-tores o componentes del ecosistema del open data en Argentina. En el extremo Oeste del gráfico tenemos a la prestación de ser-vicios y al Este la transparencia. Para nosotros, el eje de las abs-cisas recorre un camino que va desde el ya tradicional concepto de gobierno electrónico o digital en sentido estricto, hacia el más nuevo de gobierno abierto.

El open data pasó en poco tiempo de ser el mero concepto o idea de liberar los datos públicos de modo reusable a convertirse en un movimiento internacional al que adhieren de modo crecien-te tanto diversos gobiernos de distintos países y ciudades como activistas de la sociedad civil. El tiempo dirá si algunos de es-tos gobiernos solo implementan programas o políticas de datos abiertos como una forma de mostrarse transparentes y participa-tivos o si sus intenciones son reales y se logra mejorar el control y aumentar la participación ciudadana a través de programas de datos abiertos y similares. Lo cierto es que es la primera vez en la historia que la transparencia puede ser entendida como un medio para generar valor: si en el contexto de la Sociedad del Conocimiento los datos son la materia prima, entonces abrirlos supone no sólo una cuestión de buen gobierno, sino además un insumo necesario para el desarrollo económico.

Del lado ciudadano, la promesa de los datos abiertos es el empoderamiento. Hasta ahora, la información o datos pú-blicos llegaban al ciudadano en forma cruda, inentendible y poco accesible para la gran mayoría, o mediados por organizaciones de la sociedad civil, la prensa e incluso los mismos políticos. Lo novedoso, al menos en esta primera generación de open data, es la aparición de un nuevo intermediario, la tecnología de la información encarnada en aplicaciones y programas que facili-tan tanto el procesamiento y análisis duro (el mundo 1.0 de las TIC) como una más amplia difusión y una visualización simple (la visión 2.0). Este rol es liderado por organizaciones o pro-fesionales que podríamos caracterizar como desarrolladores de aplicaciones digitales o hackers. Una comunidad con sus propios intereses y motivaciones. Una comunidad que se incorpora al ecosistema público-privado de los datos abiertos.

Estos desarrolladores de aplicaciones (con intereses comerciales directos o no) participan como una nueva especie de facilitadores o intermediarios. Por un lado, el Estado les terce-riza los costos de producir información visualizable, accesible y comprensible, que de otra manera debería asumir y terminarían incrementando la carga impositiva al ciudadano o desviando re-cursos de otras prioridades. Del otro lado, la ciudadanía, los me-dios y las organizaciones de la sociedad civil se benefician tanto

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El ecosistema de los datos abiertos en Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a Slee (2012)

En el hemisferio occidental encontramos los datos le-gibles por máquinas que mejoran la conveniencia del comercio o la calidad de vida en general, lo que podríamos denominar service delivery; por el otro, en el eje oriental se ubican los da-tos cívicos duros como la información de la financiación de las campañas, los salarios de funcionarios o los gastos del Estado, vinculados sobre todo con la transparencia. Asimismo hay datos duales que cubren un doble rol: mejoran el servicio y, al mismo tiempo, colaboran con la imagen de integridad de la gestión, tal es el caso de la información sobre licitaciones y contrataciones públicas. En inglés, estos dos hemisferios se pueden denominar como “open-as-in-data” y “open-as-in-FOIA”, que podríamos traducir (no literalmente) como “datos abiertos” y “acceso a in-formación pública”.

El eje vertical marca la latitud respecto del incentivo de los participantes del ecosistema de los datos abiertos: comer-cial al Sur y no comercial al Norte. Es decir, las motivaciones pu-ramente económicas al altruismo o la vocación cívica como fin. Una ventaja de graficar al ecosistema de los datos abiertos con los tradicionales ejes ortogonales cartesianos x-y es la sencillez, ya que nos permite ubicar a los actores en uno o varios cuadran-tes. Pero esta sencillez también tiene un precio: es demasiado estática, es una foto en un tiempo ideal y simple, donde cada actor es un tipo ideal en el sentido weberiano del término. Por ejemplo, una ONG no tiene intereses comerciales y un desarro-llador de aplicaciones solo desea maximizar sus ingresos. Como todo modelo teórico, la cadena de valor de los datos abiertos tiene la finalidad de simplificar una realidad que es mucho más compleja, en donde los actores intervinientes adoptan una mul-tiplicidad de roles y acciones.

Algunos analistas o promotores del open data tienden a conceptualizar o definir al ecosistema del OGD de forma algo idealista, como integrado casi exclusivamente por pequeños em-prendimientos o start-ups de desarrolladores de aplicaciones digi-tales, civic hackers y pequeñas ONG de derechos y libertades. La fuerte presencia de estos actores en el mundo de los datos abiertos

no solo no es exclusiva, sino que es probable que no sea (o no termine siendo) la más influyente. El ecosistema incluye también a grandes corporaciones internacionales del sector TIC, del sector mediático y de contenidos, y de otros sectores (basta con pensar en Google, IBM, Facebook, Daily Mail, por citar solo algunos). En el caso argentino, se podría ubicar en el cuadrante superior izquierdo a desarrolladores, programadores o grupos de hackers como Hacks/Hackers BA, quienes están interesados en realizar aplicaciones y contenidos a partir de datos públicos que, de manera simplificada, se reúnen para estos fines en lo que denominan hackaton o concurso de aplicaciones. En la mayoría de los casos, son profesionales independientes interesados en la construcción de servicios más inteligentes, en la visualización de datos o en la creación de aplicaciones que permitan una mejor relación entre el Estado y el ciudadano en tanto administrado. Aunque están ubicados al norte del ecosistema (no comercial), esto no quita que por momentos tengan intenciones de comer-cializar sus aplicaciones. También debemos destacar la presencia de la academia y de los sectores de investigación, comúnmente representados por universidades o centros de estudio, interesa-dos tanto en el análisis del open data como “tema de estudio” como en la utilización de los datos publicados por el Estado para investigaciones en otros campos del saber.

En el sector superior derecho, ubicamos a los activistas de derechos (en particular civiles o políticos) y a las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de que muchas veces tienen relación con sus vecinos los hackers o desarrolladores, su interés principal se basa en la transparencia y el acceso a la información pública e interpretan al open data más como una filosofía política que como un mecanismo para desarrollar determinado sector del mercado económico. Organizaciones como Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación por los Derechos Civiles, Chequeado.com o Directorio Legislativo son solo algunas de las instituciones que pertenecen a este sector, aunque reconocemos que es un ámbito mucho más complejo y dinámico.

A los medios y periodistas de datos, los situamos en el sector inferior derecho. Si entendemos a los medios de comuni-cación como un mecanismo de control estatal o como un actor de accountability societal, deberíamos ubicarlos juntos con las OSC; sin embargo, también podemos interpretarlos como una empresa cuya finalidad es obtener ganancias por medio de sus lectores o auspiciantes. Más allá de que existan periodistas con intereses legítimos por la transparencia y la apertura de datos, no debemos olvidar que están dentro de un medio de comunicación que también funciona como una empresa, de allí la conveniencia de ubicar a los medios en el cuadrante comercial. En este punto es donde mejor se ven las tensiones y controversias a la hora de ubicar a cada actor dentro de un cuadrante. O mejor dicho, la “movilidad” de los actores por todo (o casi todo) el ecosistema. Dentro del grupo de medios o periodistas de datos podemos nombrar al equipo de La Nación Data o al equipo de datos de Página/12, por nombrar solo dos.


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En el último de los cuadrantes (comercial/presta-ción de servicios) se ubican también las pymes o emprendi-mientos de desarrollos de aplicaciones digitales, por un lado, y las grandes empresas proveedoras de productos y servicios TIC, por el otro. Entre los primeros, podemos citar a Garage Lab o Junar, cuyo foco está puesto en la realización de aplica-ciones que permitan brindar mejores servicios al ciudadano o en la visualización de información pública de una manera in-teligente. Según el tipo de aplicación o contenido desarrolla-do, se pueden mover desde el ámbito del gobierno electrónico hacia la derecha (gobierno abierto). En el caso de los segun-dos, nos referimos a las empresas más tradicionales del sec-tor TIC que proveen la infraestructura, el procesamiento, la transmisión, el almacenamiento y otros productos y servicios necesarios para poder tener un ecosistema de datos abiertos, es decir a las que brindan hardware, software, conectividad e infraestructura, como IBM, Google, Telefónica, Telecom,

Microsoft, entre muchas otras.

Visto de esta forma, el ecosistema de datos abiertos nos permite tener una visión más clara sobre el rol, los obje-tivos y las estrategias de cada uno de los actores; y lo que es más importante, nos muestra que la sustentabilidad de cada uno depende de su posición en el ecosistema. El open data es una política pública y no una simple aplicación tecnológica, por lo que tener un panorama de los actores intervinientes nos puede ayudar a planificar mejor y a prevenir posibles obstáculos para el desarrollo de esta nueva (y bienvenida) tendencia.

REFERENCiAS:1Slee, Tom (2012): “Open Data Movement Redux: Tribes and Contradictions”, disponible en http://bit.ly/JcMbWe [consulta-do el 15/04/2013]

fundación Conocimiento Abierto - Open Knowledge foundation (OKfN)

La “Fundación Conocimiento Abierto” (Open Knowledge Founda-tion) es una organización internacional sin fines de lucro, que desde el 2004 empodera el libre conocimiento, con bases en open data, open Government, open source y transparencia. Creemos que el dominio público es un bien indispensable, que mere-ce ser reconocido, protegido y apreciado de forma explícita.En el 2006 la OKFN desarrolló CKAN, un software libre de código abierto para la gestión y publicación de colecciones de datos. Es utili-zado por los gobiernos, instituciones de investigación y otras organi-zaciones a nivel global. En la búsqueda, los usuarios pueden navegar y encontrar la información que necesitan. La comunidad CKAN es sin duda uno de las más fuertes comunidades de datos abiertos en el mundo y la versión 2.0 fue lanzada en mayo de 2013.Entre los proyectos de la OKFN se destaca Open Spending, un re-positorio que centraliza datasets con información sobre gastos de gobiernos. Que tiene como objetivo el seguimiento de todas las tran-sacciones financieras del gobierno en todo el mundo y presentarlo en forma útil y atractivo. Actualmente el Gobierno de Reino Unido uti-liza directamente en su sitio los datos publicados en Open Spending, y esta teniendo un gran impacto. Europe´s Energy es otro proyecto que trabaja sobre la decisión de los Estados miembros de la Unión Europea que han acordado objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero disminuyendo el consumo de energía en un 20%. Energías de Europa da a los usuarios una serie de herramientas para visualizar estos objetivos y ponerlos en contexto, y permite com-parar los avances que los distintos países realizan. Otro proyecto en el

que trabaja actualmente la organización es: “http://publicdomainre-view.org/” \o “PDR” \t “_blank” Public Domain Review, que incentiva el conocimiento y cultura compartida apoyando a las instituciones en la apertura de sus obras digitales en el dominio público. Los invito a ver más en http://okfn.org/.En el mes de junio, la OKFN desembarca en Argentina para con-tribuir a la extensión del conocimiento libre en Latinoamérica. El capítulo local, en donde vamos a promover la cultura de datos abier-tos, a concientizar y capacitar al ciudadano sobre la importancia y el derecho al acceso de los datos, también apoyaremos activamente la aprobación de la ley de acceso a la información. Desde el grupo argentino haremos hincapié en herramientas para el control de ad-ministraciones públicas y rendición de cuentas, además trabajaremos sobre software libre además de llevar a la organización a las provincias generando capítulos en el interior del país. Hackatones y Barcamps serán reuniones que involucrará a programa-dores, profesionales, ONG´s, periodistas, estudiantes, pero también a ciudadanos que quieran participar activamente, serán parte de la ini-ciativa. Los proyectos fruto de la incubadora de ideas, serán comparti-dos con la región así como con la red internacional de la OKFN.Hace semanas se lanzó la Escuela de Datos, la versión en español de School of Data, un proyecto educativo que tiene como objetivo ob-tener de las organizaciones civiles, ciudadanos, periodistas y profesio-nales, la capacidad de utilizar los datos de manera efectiva y eficiente, porque el conocimiento es poder y el desafío es llegar a la comunidad. Todas las personas deben ser capaz de utilizar, reutilizar y redistribuir, y la misión de Escuela de datos es enseñar a la gente a hacerse una idea del gran alcance y crear historias convincentes a partir de datos.La burocracia es mucha y las trabas aún más. No tener una ley de acceso a la información, es una contra. Pero no un impedimento. La transparencia en la práctica, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, es el bicho raro en los países sin una metodología de rendición de lo público. La OKFN AR trabajará junto a diferen-tes organizaciones para innovar en estrategias de aplicación de datos abiertos. En la Argentina existe un enorme potencial para utilizar los datos para mejorar la vida de los ciudadanos.

Yas GarcíaAmbassador Argentina OKFN

Web: http://okfn.org/Facebook: Open Knowledge Foundation Network –

Argentina - Twitter. @OKFNAR @OKFN

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RED LATINOAMERICANA DE TRANSPARENCIA

LEGISLATIvALa Red Latinoamericana por la Trans-parencia Legislativa (RLTL) es una Red de 17 organizaciones de la sociedad civil de 8 países de Latinoamérica, que pro-mueven activamente la transparencia, el acceso a la información y la respon-sabilidad en los congresos de la región. Nuestro objetivo es elevar los estándares de transparencia en los poderes legislati-vos de la región promoviendo de forma activa las buenas prácticas ya existentes. De este modo, trabajamos por congresos representativos, transparentes, accesibles, que rindan cuentas, y sean eficaces.

En 2012 creamos la Declaración por la Transparencia Parlamentaria, junto al National DemocraticInstitute (NDI) y Sunlight Foundation en Washington DC. La Declaración contiene un con-junto de principios compartidos entre diversas organizaciones que se dedican al monitoreo parlamentario en todo el mundo, respecto a la transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad de nuestros Congresos. Actualmente, más de 150 organizaciones han adherido a la Declaración, y el Parlamento de Litua-nia, el Senado mexicano y la Legislatu-ra de la Ciudad de Buenos Aires la han adoptado, como principio regulador para toda su actividad.

Asimismo, en 2011 creamos un Índice Latinoamericanode Transparencia Le-gislativa que mide la transparencia de

los Congresos de Latinoamérica. Tiene 4 dimensiones: Normatividad, Labor del Congreso o Asamblea, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Atención, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Se implementó por primera vez en 2012 en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y en 2013 se incorporarán Bolivia, Guatemala y Venezuela a la nueva medición, como producto de la expansión de la RLTL a esos nuevos países.

El Índice posee un conjunto de estándares básicos que todo Congreso debería respe-tar y cumplir para ser transparente y ren-dir cuentas a la ciudadanía. El propósito de esta medición es realizar un mapeo de la transparencia legislativa en la región, y que se puedan difundir y replicar las bue-nas prácticas de los diversos Congresos, como así también advertir sobre las falen-cias y mejorar la rendición de cuentas de nuestros Poderes Legislativos.

En este sentido, los datos abiertos resul-tan cruciales. Desde la RLTL promove-mos que nuestros Congresos Latinoa-mericanos publiquen sus datos –tanto legislativos como presupuestarios- no sólo en un formato accesible y com-prensible por cualquier ciudadano, sino también en formatos abiertos y reutili-zables que permitan a programadores y desarrolladores web, el “juego” con los datos y la generación de aplicaciones y visualizaciones que generen información

de interés para toda la ciudadanía.

Una vez que se implemente la nueva edi-ción del Índice, desde la RLTL crearemos una aplicación web que permita diversos cruces con los datos obtenidos, y la ge-neración de información de interés para demostrar el estado de la transparencia en los Congresos latinoamericanos. De este modo pretendemos contribuir con la comunidad internacional, proporcio-nando un mapeo general acerca de la transparencia legislativa en América La-tina, tanto sus falencias como las buenas prácticas que desarrollan, para que pue-dan ser utilizados por cualquier persona.

Lamentablemente, si bien hoy en día hay una comunidad internacional que pro-mueve los datos abiertos y reutilizables, y hace notar la importancia de su difusión y generación, muy lentamente nuestros Congresos están comprendiendo que las democracias actuales demandan una cada vez mayor rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana, que acerquen el trabajo legislativo a to-dos los ciudadanos y se tomen en cuenta sus peticiones y aportes.

Resulta crucial entonces para esta movi-da transparente que la ciudadanía se or-ganice e involucre, solicite la publicidad de información, utilice aquélla que ya está disponible y demuestre la importan-cia de los datos abiertos; y que, por otro lado, los funcionarios y responsables de nuestros Congresos Latinoamericanos, y del mundo, tomen conciencia de que las democracias son modelos que cambian, y que los estándares de participación y atención ciudadana se elevan constan-temente, y que deben responder activa-mente a las demandas ciudadanas. Desde la RLTL promovemos estos estándares, pero resulta fundamental que los propios ciudadanos se involucren y demanden transparencia y accountability por parte de todos los poderes del Estado, como ejercicio de su derecho de acceso a la in-formación pública.

(*) Por el Área de Transparencia Legis-lativa de la Fundación Directorio Legis-lativo.


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PERSPECTIvAS DE uN

PARLAMENTO ABIERTO

Natalia CarfiLic. en Ciencia Política (UBA) Magister en Acción

Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Francisco Vitoria - Rey Juan

Carlos) Especialista en Negociaciones y Relaciones Internacionales (Flacso - UdeSA)

Mucho se ha dicho, escrito y discutido sobre el Go-bierno Abierto. Ya hace unos años que el tema es parte de la agenda internacional, sobre todo porque uno de los primeros y principales promotores es el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Hay concordancias sobre las discordancias, se discuten los avances, alcances y re-trocesos; pero poco se habla de iniciativas de los Poderes Legislativos.

Si bien existen “iniciativas parlamentarias” en algunos lugares del mundo, los ojos siempre estuvieron puestos so-bre lo que hacen o dejan de hacer los Poderes Ejecutivos, y recién hace unos meses se ha comenzado a hablar de “Par-lamentos Abiertos”. Ejemplo de esto es el hecho de que recién en Enero de este año, en el Encuentro Regional de la Alianza por el Gobierno Abierto que se realizó en Chi-le se habló por primera vez del tema en un encuentro de esta Alianza, dentro de un cronograma de dos días. Pero ese panel fue aún una excepción y no la regla, en la Con-ferencia Regional de Datos Abiertos para America Latina y el Caribe que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, en Junio ni un solo Panel o Conferencia fue sobre el tema de Poderes Legislativos.

Sin embargo desde las Organizaciones de la Sociedad Civil el debate sobre las perspectivas de un parlamento abierto parece mucho más profundo. El año pasado, luego de casi un año de trabajo colaborativo más de 70 orga-nizaciones de todo el mundo, se presentó la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria. La Declaración es “(…) un llamado a los parlamentos nacionales, y los órganos legislativas subnacionales y transnacionales, por las organi-zaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario para generar un mayor compromiso con la transparencia y la parti-

cipación ciudadana en el trabajo parlamentario” Dentro de la Declaración hay incisos específicos sobre la informa-ción a abrir, los formatos en los cuales se debe publicar y demás iniciativas que muy bien se alinean con la idea de Parlamento Abierto.

Pero ¿De qué hablamos cuando hablamos de Parla-mento Abierto? La verdad es que aún se encuentran en debate las definiciones en todo lo relacionado a Gobierno Abierto, con lo cual en torno a Parlamento Abierto la fal-ta de definiciones es aún más profunda. Sin embargo es posible encausar ese debate tomando los Tres Pilares de Gobierno Abierto, los cuales parecen ser lo único sobre lo que no hay dudas. “Transparencia, colaboración y partici-pación” pensados en términos de lo que pueden significar para los Poderes Legislativos cobran otro sentido, pero creo que son buenas guías.

Para hablar de transparencia, la Declaración antes citada probablemente sea la herramienta más clara para saber en concreto de qué estamos hablando: datos legisla-tivos abiertos en formatos reutilizables, consistencia en la publicación, mejora en la rendición de cuentas adminis-trativas, etc. Más debate siempre es bienvenido, pero es un documento muy claro por el cual arrancar.

Colaboración en términos de mejorar o profundizar la relación de los Poderes Legislativos con las Organiza-ciones de la Sociedad Civil como ONGs, Universidades, Empresas y otros Poderes Legislativos para trabajar temas específicos de importancia ciudadana, creando sinergias que en la administración pública tradicional usualmente no se dan.

En términos de participación, en los poderes legisla-tivos se puede hablar desde croudsorsing de proyectos de Ley, a las Audiencias Públicas, mejora de los canales de presentación directa de proyectos ciudadanos, etc. Existen ya ejemplos en el mundo ya como el Senador Virtual en Chile o E-Democracia en Brasil por con distintos resul-tados e impactos. El uso de las nuevas tecnologías para ampliar los derechos de los ciudadanos a participar en la creación de políticas públicas y, en este caso, proyectos de Ley, se está transformando en central.

Más allá de las definiciones y caminos que se decidan tomar para avanzar hacia un Parlamento Abierto, está cla-ro que se trata de un cambio cultural en las instituciones. Tanto los empleados de la estructura burocrática, como los representantes políticos de las casas parlamentarias deben embarcarse juntos en modernizar su trabajo diario, aceptando cambiar la manera en la que tradicionalmente se organizaron los circuitos internos y resignificando la relación con el ciudadano.

La Alianza por el Gobierno Abierto es una iniciativa in-ternacional que busca promover la apertura de los Go-biernos generando mayor participación y colaboración con la ciudadanía, reforzando la transparencia. http://www.opengovpartnership.org/

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wINGuPaula Alzualde

Wingu | Tecnología sin fines de lucro

1- Breve historia de la instituciónLa historia de Wingu comenzó a mediados de 2008, cuando un grupo de voluntarios que trabajaban en Idealistas.org se jun-taron a pensar cómo hacer para ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro a sacar el máximo provecho de Internet y sus herramientas.

A partir de esta idea se desarrolló un modelo de sostenimiento – basado en servicios a bajo costo – que fue presentado en la competencia abierta de planes de negocios NAVES, organizado por el IAE Business School (Universidad Austral, Argentina). Wingu resultó ganador en la categoría “Emprendimiento So-cial”, y el plan de negocios obtuvo el puntaje más alto de toda la competencia, permitiendo durante los primeros tres años ser una organización autosostenible.

Gracias al apoyo de empresas como VISA, Google, Microsoft, Cablevisión-Fibertel, Salesforce, Telecom y Banco Galicia, Wingu dió un salto de escala para llegar a muchas más orga-nizaciones y profesionalizar a su equipo que siguió creciendo e incorporando nuevas líneas de trabajo.

Hoy, Wingu brinda asesoramiento y apoyo técnico en proyectos de implementación tecnológica como: desarrollo de sitios web, implementación de CRM, herramientas para captar donaciones online, publicidad y campañas online, soporte en redes socia-les, implementación de sistemas de gestión contable y mucho más. Además, lleva adelante capacitaciones, eventos y talleres gratuitos sobre diversas temáticas para organizaciones sin fines de lucro e investiga nuevas herramientas que potencien al sector social en su conjunto. Somos organizadores en Argentina del Hackaton Desarrollando America Latina, un encuentro donde Programadores y Expertos en diferentes temáticas se encuen-tran a desarrollar aplicaciones basadas en datos abiertos y código abierto con un fin social.

Todos los programas de Wingu se basan en un principio simple: nuestro trabajo tiene que hacer a las organizaciones más autóno-mas e independientes en el uso de nuevas tecnologías.

- ¿Cuál es la importancia de los datos abiertos para uds?

Hay varios aspectos positivos acerca de los datos abiertos.Por un lado, y mayormente, es promover la Transparencia. Que los Gobiernos Locales y Nacionales pongan a disposición sets de datos con información para el Ciudadano, acerca de: sus Ins-tituciones, Presupuesto, Procesos Legislativos, entre muchísimas otras dimensiones es la clara razón por la cual los datos abiertos son importantes. Otros aspecto muy importante es la oportu-

nidad que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil para exponer todo su trabajo de investigación, de campo y cruzarlo con otros sets de datos y así evaluar, hacer incidencia, etc. Estos son al menos algunos de los aspectos claves por los cuales es necesario promover la apertura de los datos abiertos, siempre en una marco de cuidado de la privacidad de los Ciudadanos, por ej: su historia clínica.

Al mismo tiempo observamos que el contexto global marca una clara tendencia adoptando esta modalidad, abriendo datos, acercándolos en Portales para los Ciudadanos, implementando Hackatones (encuentros de Programadores de IT y Expertos en diferentes temáticas) para el desarrollo de aplicaciones. Con esto se busca visualizar estos datos en forma clara, sencilla y atractiva para los usuarios no expertos. El objetivo final de ésto es utilzar estos datos para el mejor aprovechamiento de los recursos, cono-cimiento de la Ciudadanía y así una mayor participación.

- Un ejemplo concreto del uso de datos que hayan realizado (un caso que quieran destacar, evento que hayan realizado)

Hay varios ejemplos interesantes surgidos en catástrofes por ejemplo el terremoto de Haiti http://haiti.openstreetmap.nl/ donde se mapearon lugares críticos, otros de asistencia, así hay muchísimos ejemplos en Africa, en Asia y en América Latina. Un ejemplo que nos llena de orgullo es “Ciudad Integrada”, pro-yecto que acaba de ser ganador de la convocatoria de Fundación Avina. Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma para geolocalizar Obras Públicas para que los vecinos de las Vi-llas puedan hacer seguimiento y reportar los avances a través de sus celulares, internet, etc. Este proyecto busca, a través de los datos abiertos, la Participación Ciudadana y el Empoderamien-to Digital de los sectores más desfavorecidos. Esta es una plata-forma de código abierto y puede replicarse en cualquier ciudad que se desee, naturalmente gratuita.

Para profundizar un poco más, el objetivo general del proyecto será lograr mejoras en la transparencia y rendición de cuentas de las prácticas presupuestarias relacionadas a obras infraestructu-rales en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me-diante el empoderamiento cívico y tecnológico de los residentes de estas comunidades.

Los objetivos específicos serán:

a) Lograr mapas detallados online de las villas en las que se fo-calizará el proyecto.

b) Desarrollar una aplicación virtual que permita a los vecinos de las villas de Buenos Aires conocer información relevante a las obras infraestructurales destinadas a su barrio, y realizar un monitoreo eficaz de las mismas.

c) Acortar la brecha digital con el fin de que las comunidades villeras de la Ciudad puedan utilizar internet para acceder a in-


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formación publica

d) Alentar la participación cívica de comunidades típicamente excluidas del proceso deliberativo.

e) Mejorar el acceso a la información presupuestaria y ejecución de obras de infraestructura en las villas y la difusión de esta información en las comunidades.

f ) Generar un diagnóstico integral de la gestión gubernamental en el rubro de infraestructura en las villas, que permitirá acciones de incidencia para mejorar la ejecución de obras, la rendición de cuentas, y la garantía de derechos.

- Planes a futuro. (¿cómo ven al ecosistema, qué piezas le fal-tan o cómo se puede contribuir?)

El escenario de los datos abiertos es diferentes entre los países e incluso entre los gobiernos locales y nacionales. En Argentina no tenemos aun un ley de acceso a la información pública, por lo tanto aun tenemos un camino por recorrer para poder acceder a

información relevante para la sociedad.Otro aspecto por trabajar es la integración de la socied a los datos abiertos, que los conozcan, soliciten y entiendan. En la ac-tualidad se consumen datos abiertos, por ejemplo GPS, pero aun la mayoria de la sociedad no esta familiarizada con esto y con la importancia de acceder a datos de presupuestarios, legislativos, etc para poder hacer mediciones e incidencia.No menos importante es la contribución necesaria de los medios de comunicación para alcanzar a la sociedad estas iniciativas. Necesitamos más adhesión y difusión de los medios. Sobreto-do es necesario Periodismo de Investigación a través del uso y cruce de los datos abiertos. En este caso podemos resaltar las iniciativas realizadas por La Nación Data, que se pueden visitar en su blog.

En general se ve en el mundo entero un muy alto indice de de-sarrollos para visualizar datos abiertos, para el consumo de la sociedad y gran adhesión de los Gobiernos para abrir datos y hacerlos públicos y accesibles en portales. El desafío es aprovechar esa información para que la Ciudadanía pueda conocer mejor el impacto de las políticas públicas.

ABRELATAMWeb: http://abrelatam.org

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RESEñA DEL EVENTOEn los últimos días de diciembre de 2012, durante una evalua-ción anual de DATA (http://datauy.org) y fijando los ejes es-tratégicos para el año siguiente, surge la idea de hacer una des-conferencia regional sobre Datos Abiertos que convoque a la sociedad civil Latinoamericana. Una idea que a pesar de que quedó plasmada en el plan estratégico 2013, parecía algo lejano y casi imposible.

Menos de 15 días más tarde, la chance aparece a partir de dis-cusiones en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP); Uruguay podría ser sede de la primer Conferencia Re-gional de Datos Abiertos y DATA tiene la oportunidad de co-organizar ese evento y además hacer realidad la desconferencia. Para una organización joven y de apenas seis voluntarios era un gran riesgo, pero se decide seguir adelante.

En poco tiempo más se concreta un acuerdo con Ciudadano Inteligente (Chile) que tenía en mente un evento similarpara aunar esfuerzos y nace de esa forma ABRE LATAM (http://abrelatam.org). Durante la organizacion surge la oportunidad

de coorganizar un tercer evento, bajo el paragüas de ABRE LA-TAM pero centrado en Modelos de Negocio con Datos Abier-tos (http://abrelatam.org/modelosdenegocio) y de la mano del grupo de Finanzas Abiertas del Banco Mundial (https://finan-ces.worldbank.org).Los siguientes meses fueron de intenso trabajo y dedicación casi total al proyecto hasta que finalmente, el lunes 24 de junio, se abren las puertas de ABRE LATAM y comienzan a llegar los asistentes de toda Latinoamérica (muchos de ellos becados) pero también de Norteamérica y Europa, ansiosos de conocer la realidad regional. Las expectativas iniciales de tener como máximo 60 asistentes fueron completamente superadas por la demanda que demostró lo necesario de un evento de este tipo en la región. Los cupos aumentaron hasta 85 y aún así quedaron 70 personas en lista de espera, más otras tantas que ni siquiera intentaron ésto último.

La mañana del primer día sirvió para romper el hielo, explicar las dinámicas particulares de una desconferencia y armar el “muro” de temas que se habrían de tratar durante el resto del evento. La organización de un evento así fue nueva tanto para la orga-nización como para los participantes pero los resultados fueron excelentes gracias a dos ingredientes fundamentales; la generosa capacitación previa de Allen Gunn (http://aspirationtech.org) y la constante colaboración y espíritu colectivo de todos losparticipantes.

Después del almuerzo comienzan las sesiones que a diferencia del modelo tradicionalson intercambios más bien informales entre pares que en lugar de oradores, cuentan con “facilitadores” cuyo rol no es “dar cátedra” sino fomentar el diálogo equilibrado y garantizar que todas las voces sean escuchadas.

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LA TRANSPARENCIA DE LOS GOBIERNO LOCALES:UN esTUdIo sobre los MUNIcIPIos del GraN bUeNos aIres

Alejandro Nicolás PegoraroLicenciado en Ciencias Políticas - Secretario General de Red Impacto

[email protected]

INTRODUCCIóNLa referencia a la transparencia y Gobierno abierto han tomando en los últimos años un impulso nunca antes visto en el mundo político y gubernamental, gracias a los avances en materia de las tecnologías de información y al auge de las redes sociales, repercutiendo fuerte-mente en la información pública.A nivel nacional y provincial, las publicaciones estadísticas oficiales no abundan o bien tienen un fuerte grado de antigüedad. Para los casos municipales, esto se agrava mucho más. Este trabajo abordará el problema de la transparencia y acceso a la información pública de los municipios del Gran Buenos Aires, a través de la elaboración de un índice de transparencia municipal donde, luego de un releva-miento de los sitios webs de los municipios pertenecientes al GBA, se analizará el estado de situación en materia de accesibilidad de la información pública y la apertura del Gobierno.Caracterización demográfica y política del Conurbano BonaerenseLa región del Gran Buenos (GBA) consta de 24 municipios, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). El GBA comprende a una población de casi 10 millones de personas, representando al 63,5% del total de la población la de Provincia de Buenos Aires y al 24,7% del total del país. Es considerada un bas-tión político, por su preponderante peso electoral: hoy, el 60,5% del electorado de la provincia de Buenos Aires corresponde a este grupo de 24 municipios, al tiempo que representan el 22,7% del total na-cional. Por ello, se considera una enorme fuente de poder político, que los gobiernos nacional y provincial tratan de captar. La gestión municipal en el siglo XXI: la transparencia de los gobier-nos locales del GBALa temática de la transparencia en los gobiernos locales se trabajo particularmente desde el concepto de Gobierno abierto, esto es, los derechos que cuentan los ciudadanos frente a la información pública (Álvaro Ramírez Aluja, 2010). Su discusión estuvo ligada al debate democrático: de acuerdo a David Beetham y Kevin Boyle, “el go-bierno abierto o transparente es esencial para la democracia porque ni los funcionarios públicos pueden ser tenidos como responsables, ni los electores pueden tomar una decisión electoral fundamentada si no se dispone de una información exacta sobre la actividad de gobierno y las consecuencias de sus políticas”. Este concepto se ha ido puliendo a través de los años, hasta llegar al siglo XXI con el boom de Internet y de las redes sociales, que permi-te dar un salto cualitativo al concepto de Gobierno 2.0: “el uso de las TIC para socializar y comoditizar los servicios, procesos y datos del Gobierno”, en donde “socializar” consiste en difundir los servicios, procesos y datos, y permitir su uso, trabajando con los datos y apli-caciones externas, al tiempo que “comoditizar” apunta a consolidar información, interoperar y moverse hacia servicios compartidos con el objeto de reducir la diversidad de infraestructuras y aplicaciones.

(Álvaro Ramírez-Aluja, 2010).Básicamente, el concepto de Gobierno Abierto apunta no solo a hacer pública la información de gobierno existente, sino también colaborar con su uso. En la Argentina, el distrito pionero en transparencia a través del Gobierno Abierto 2.0 fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creó a fines del año 2011, la Dirección General de Información y Gobierno Abierto en el marco de del Ministerio de Moderniza-ción, con ejes como la transparencia, participación y colaboración, a través del sitio “Buenos Aires Data”, un “catálogo de datos abiertos, fehacientes, actualizados, y libres de barreras tecnológicas para su reutilización”Sin embargo, estas prácticas no se repiten en los gobiernos locales del GBA, y eso se intentará demostrar en este artículo, y para ello se ela-boró un Índice de Transparencia Municipal del GBA (ITM-GBA)Índice de Transparencia Municipal del GBA (ITM – GBA)Para la elaboración del ITM – GBA, se implementó la misma me-todología utilizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para su Índice de Visibilidad Fiscal Municipal. La mues-tra del Índice es de 24 municipios (los pertenecientes a la región del GBA). El ITM–GBA tiene como objeto de agrupar en un solo indicador un número elevado de variables, pudiendo realizar así un análisis comparativo entre los municipios agrupados en la muestra. Para esto, se relevaron 30 variables consideradas significativas para la evaluación de la transparencia municipal (ver cuadro 2). Se asigna a cada variable un ponderador, obteniendo un valor del indicador por municipio, de acuerdo a si el mismo hace pública o no dicha información.El relevamiento, realizado a través de los sitios web de cada munici-pio, se realizó entre el 29 de Junio y el 4 de Julio. Cualquier cambio o información incorporada con posterioridad no es contemplada en el indicador.

Gráfico 1. Ranking de los Municipios del GBA según el Índice de Transparencia Municipal - GBA


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Fuente: elaboración propia en base a sitios web oficiales. Actualizado al 4 de Julio de 2013.

Información relevada:En el estudio, se relevaron 30 variables que se consideran de importancia para evaluar la gestión local de los municipios, agrupados en categorías de información.

Cuadro 2: Variables consideradas para la elaboración del ITM-GBA

GRUPO DE INFORMACIóN ITEM CONSIDERADO

PRESUPUESTO

1. Ordenanza Presupuesto 2013

2. Anexos Presupuesto 2013

3. Ordenanzas y/o anexos presupuestos 2011/12

EJECUCION PRESUPUESTARIA

4. Ejecución presupuestaria a marzo 2013

5. Ejecución presupuestaria 2012

6. Ejecución presupuestaria 2011 y/o anteriores

NORMATIVA TRIBUTARIA 7. Ordenanzas tarifarias/impositivas 2013

DEUDA PUBLICA8. Stock de deuda a diciembre 2012

9. Flujo de deuda

LICITACIONES

10. Licitaciones y/o compras vigentes11. Licitaciones y/o compras vencidas: costo

12. Licitaciones y/o compras vencidas: proveedores

BOLETIN OFICIAL 13. Publicación de boletín oficial y/o digesto municipal a marzo 2013

PLANTA DE PERSONAL14. Planta de personal

15. Escala de remuneraciones

EDUCACION16. Nivel de escolarización a marzo 201317. Nivel de alfabetización a marzo 2013

18. Listado de colegios públicos y privados

SEGURIDAD

19. Listado de totalidad de agentes policiales afectados

20. Listado de dependencias policiales

21. Registro de hechos delictivos a diciembre 2012

SALUD22. Listado de hospitales y Centros de Atención públicos

23. Listado de médicos afectados a entidades públicas24. Registro de totalidad de atenciones médicas

OBRA PUBLICA25. Registro de obras en curso

26. Registro de obras finalizadas a diciembre 2012

PROGRAMAS DE GOBIERNO

27. Listado de programas de gobierno

28. Estado de ejecución de programas de gobierno

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AUTORIDADES DE GOBIERNO

29. Organigrama detallado por jurisdicción

30. Biografía del Intendente

Fuente: elaboración propia

Publicación por grupos de informaciónCuadro 3. Difusión de grupos de información. Total de municipios.

GRUPO % de Municipios (sobre un total de 24)Autoridades de Gobierno 81,2%

Normativa Tributaria 70,8%Ejecución Presupuestaria 41,6%Programas de Gobierno 39,5%

Presupuesto 34,7%Boletín Oficial 33,3%Obras Públicas 31,2%

Salud 25%Seguridad 20,8%Educación 19,4%

Licitaciones 16,8%Planta de Personal 6,2%

Deuda Pública 4,2%

Fuente: elaboración propia

CONCLUSiONESLos avances tecnológicos posibilitaron un avance en materia de acceso a la información pública, que no se ve reflejado a nivel local en los municipios del Gran Buenos Aires. El relevamien-to de la información confirma el escaso acceso a la información existente y la desactualización de los pocos datos disponibles. Existe una explicación: Argentina es uno de los pocos países del continente que aún no tiene sancionada la Ley de Acceso a la In-formación Pública. Hoy, son más de 20 los proyectos legislativos de la materia que se encuentran demorados. No parece existir una voluntad política de dar curso a la norma.

En el ITM-GBA se observan situaciones disímiles, con dos grandes extremos señalados en el gráfico 1: por un lado, el Mu-nicipio de Morón se muestra a la cabeza con un puntaje de 0,755 (“transparencia elevada”), al tiempo que José C. Paz cierra el ran-king: 0,093 (“transparencia baja”). Paradójicamente, dos munici-pios con similares características sociales y políticas son quienes están a los dos extremos del índice.

Se observan otras particularidades: municipios más moderniza-dos no cuentan con buenos puntajes, como por ejemplo, Vicente López (0,158, 23º en el ranking) y Tigre (0,490). Además, aparte de Morón, solo Malvinas Argentina supera los 0,50 puntos, ubi-

cándose segundo en el ranking municipal (0,573).La lucha por el gobierno abierto, que nos permita no solo acceder a los datos sino también poder interactuar con ellos, está iniciada pero con mucho por hacer. Los funcionarios municipales aún no han incorporado esta herramienta en sus gestiones de gobierno, y se debe dar la pelea para avanzar sobre esto.

BiBLiOGRAFiARAMIREZ – ALUJA, ÁLVARO. 2011 “Gobierno abierto y modernización de la gestión pública: tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene”. Publicado en Revista Enfoques, Vol. IX, Nº 15. BEETHAM, DAVID y BOYLE, KEVIN. 1995. “Cuestiones sobre la democracia: conceptos, elementos y principios básicos”. UNESCO. INSTITUTO ARGENTINO DE ANÁLISIS FISCAL (IA-RAF). 2011. “Índice de Visibilidad Fiscal Municipal IARAF 2011”. En www.airaf.org. INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSO (INDEC). CENSO 2010. En www.censo2010.indec.gov.ar.

fIN DE SECCION


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ARGENTINA Y Su

TENDENCIA AL CLIvAjE

fILO/ANTI

El sistema político argentino tiene como característica fundamental la carencia de clivajes históricos que determi-nan el surgimiento de nuevos partidos. El proceso natural mediante el cual Latinoamérica y Europa han conforma-do su sistema de partidos se dio a través de un lento pa-sar mediante el cual la inclusión social fue aumentando de la mano de la participación en el debate por parte de las masas. Diferentes corrientes fueron apareciendo, generan-do nuevos espacios de debate y estos fueron canalizados a través de la emergencia de partidos que se diferenciaban de los ya establecidos por la inclusión de dichas demandas en sus programas y bases.Pero en la argentina, las elites lograron unificarse tras un liderazgo fuerte estableciendo un periodo de estabilidad política y cerrándose a cualquier intento de modificación del sistema de partidos.

Recién con el surgimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) aparecerá en escena un proyecto de oposición al cual no le fue fácil lograr ingresar en la escena política. El fraude electoral genero una situación de juego de suma cero, manteniendo a la UCR fuera del espectro político, dando esto como resultado levantamientos armados por parte de la oposición con el objetivo de modificar el status quo que se mantenía mediante el fraude.

Cabe destacar que la UCR no se conformara como un actor nuevo dentro del sistema sino que su existencia se da en base a la escisión de una parte de la elite que al no poder acceder al poder a causa de la maquinaria electoral armada por parte de los conservadores deciden iniciar un proceso revolucionario que les permitiera acceder al juego.

De la misma forma medio siglo después el Justicialismo tendrá sus orígenes en un golpe de estado perpetrado con-tra los mismos conservadores que habían retomado el po-der mediante un golpe de estado y reimplantado el sistema de unidad política tras el liderazgo de una figura fuerte, en este caso el General Justo.

Luego de este brevísimo análisis debemos destacar que la emergencia de los dos partidos mas importantes, que deter-minaran la historia de la política argentina desde mediados de la Primer Guerra Mundial hasta nuestros días, se da en contextos de quiebres no pactados, con una alta carga ideo-lógica pero influenciados por los elementos propios de las épocas en las cuales se conforman.

Ambos partidos surgen como alternativa al “Partido Con-servador” pero la respuesta de ambos y las soluciones pre-vistas por ambos son diametralmente opuestas. Ninguno de

Jorge Leandro Montessi RotundoDirector MRO Consulting Group

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los dos partidos toman una postura ideológica fija, y su di-ferenciación se basa en la argumentación sobre la legitimi-dad que detentaran tanto como gobierno como oposición.

El Radicalismo hará de las instituciones su bandera de lu-cha, sin estructurar una plataforma política amplia, lo que intentara a lo largo de sus respectivos gobiernos es la impo-sición de la creencia que la crisis del país surge en base al no respetos la las instituciones de la republica. El Justicialismo por otro lado hará de las mayorías le legitimación de su accionar.

El surgimiento de ambos partidos nos demuestra algo ca-racterístico de la política argentina y es que el clivaje pre-dominante en la misma se da en base al eje, FILO/ANTI. Este escenario tiene un inconveniente, al plantear las rela-ciones partidarias en base a la negativa a un partido o figura política determinada las bases programáticas de los partidos tienden a tener variaciones enormes no pudiendo estructu-rar un núcleo duro de políticas que permitan al electorado identificarse con un partido determinado en base a la oferta de políticas que este ofrece. Esto lleva al sistema político a depender únicamente de la figura que encabeza el partido al momento de la elección. Las bases programáticas de cada partido serán dadas en consonancia con el pensamiento del o de los actores resonantes del momento haciendo que los partidos carezcan de una identificación ideológica definida permitiendo la emergencia de lideres casi mesiánicos.

El ejemplo mas fácilmente citable es el del justicialismo que ha tenido un movimiento pendular tan amplio con res-pecto a las políticas adoptadas que el propio partido se ha convertido en opositor a si mismo. El Radicalismo no esta exento de esto, el movimiento pendular del mismo tam-bién ha sido amplio pero no tan notorio debido al limitado tiempo de gestión que ha tenido desde el retorno de la de-mocracia hasta nuestros días.

Este clivaje FILO/ANTI que ha determinado la política argentina desde sus inicios ha tenido momentos de mayor tensión y momentos en los cuales se ha relajado. Claro es que en momentos de crecimiento económico la presión entre las fuerzas en pugna es menor y que en momentos de crisis las tensiones han aumentado, lo suficiente como para terminar con quiebres no pactados del sistema de-mocrático.

¿Pero cual es la diferencia entre esos sistemas que se plan-tearon hasta 2001 y el sistema resultante de la restructura-ción de partidos generada a partir de la crisis?En primer lugar se debe tener en cuenta que en este sistema,

la carga ideológica es alta y no existe alternativa intermedia entre ambas posiciones, casi Schmidtiano en su concepcion, no puede existir un tercero imparcial. El problema de la no aceptación del tercero imparcial es que el sistema comienza a quedarse sin amortiguadores que permitan distender las tensiones ocasionadas por el choque de ambas partes.

En segundo lugar, si bien la parte “filo” se encuentra al-tamente estructurada, la parte anti carece de un liderazgo unificador, las demandan son diversas y el eje aglutinador de este frente se da en reclamos, que si bien son validos, no terminan de generar una cohesión lo suficientemente fuer-te como para conformar un frente que pueda hacer efecti-vamente presión contra las propuestas emanadas desde el oficialismo.

En tercer lugar, el sistema filo se encuentra en un momento de tensiones internas que lo debilitan y lo someten a adoptar una postura propia de regímenes en decadencia, casi con ac-titudes que anulan cualquier tipo de interacción con los gru-pos que se le oponen, hecho que, genera mas tensión dando como resultado una mayor ebullición en el ámbito político.

El problema con el modelo de conformación de partidos en la política argentina es que al plantear esquemas en los cuales la diferenciación partidaria se da en base a la dife-renciación absoluta con el partido gobernante los partidos resultantes y sus políticas se encontrar anclados a un rumbo determinado no permitiendo un margen de maniobra los suficientemente laxo como para poder sortear una crisis económica o política.

El pragmatismo con el cual modifican la base de los par-tidos, previo a la toma del poder, no se ve reflejado al mo-mento de encarar una gestión de gobierno, generando sis-temas rígidos que terminan colapsando por la carencia de reformas, muchas veces necesarias, que le permitirían mo-dificar estas situaciones.

También se debe tener en cuenta que la aparición de nue-vos partidos políticos no se da como resultado del debate publico sino como fracturas dentro de los partidos tradi-cionales, y que estos partidos, hijos de la crisis política del 2001, se forman en torno a una figura fuerte sin ser estos una usina generadora de dirigentes. Su objetivo es la con-quista del poder y no el armado de una maquinaria política que permita más allá de los nombres consolidarse como una alternativa valida y perdurable en el tiempo. Son parti-dos de ocasión, que lejos de consolidarse como estructuras sólidas, son susceptibles al colapso al momento de caer la figura relevante tras la cual se aglutinan.


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EL fINANCIAMIENTO ExTERNO DE LA ACTuAL Y

DEfICIENTE INfRAESTRuCTuRA

ARGENTINA el desafío de MaNTeNer el crecIMIeNTo

En la última década Argentina ha acumulado un atraso consi-derable en su provisión de infraestructura y se encuentra ante el desafío de mantener los niveles de crecimiento alcanzados. Las tragedias provocadas por las recientes inundaciones y los repetidos accidentes ferroviarios son un claro ejemplo de las deficiencias en infraestructura que el país debe afrontar con

urgencia. El país necesita articular su territorio con infraes-tructura adecuada y eficiente, un reto que exige cuantiosos re-cursos financieros.

Actualmente es necesario cubrir las brechas estructurales de atraso en diversos componentes de la infraestructura y ampliar la dotación para evitar que su insuficiencia constituya un obs-táculo para el desarrollo. Es evidente que este desafío no puede ser alcanzado con éxito solamente con recursos nacionales. El financiamiento externo puede ser utilizado como mecanismo para mantener el crecimiento a través del endeudamiento a lar-go plazo ya sea que provenga de la inversión extrajera directa, de transferencias tales como la ayuda de países desarrollados o de la obtención de créditos en el exterior.

La relación de Argentina con los organismos multilaterales de crédito ha sido dispar durante los últimos años. El estanca-miento de las relaciones con el Fondo Monetario internacional posterior a la crisis 2001, y el creciente vínculo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Ban-co de Desarrollo de America Latina son los puntos más desta-cables de la relación. Recordemos que a partir del año 2006 la Argentina no mantuvo más vínculos con el FMI, dado que en el año 2005 saldó el total de la deuda con esa entidad. Por otro lado, los montos de deuda con el resto de los organismos multi-laterales mantuvieron una tendencia creciente a partir de 2001. Deuda que es gestionada con discrecionalidad por el gobierno nacional y que sus ministros utilizan como premios y castigos para sus socios provinciales. El mal manejo de los préstamos de organismos multilaterales de crédito, la inviabilidad de su pago en el corto plazo y la falta de capacidades estatales, han con-vertido a este tema en una de las mayores preocupaciones de la gestión actual. Si bien existen muchos factores que contribuyen a la explicación de las bajas tasas de inversión en Argentina, diversas fuentes señalan que el mal manejo de los fondos na-cionales e internacionales se ha convertido en una restricción especialmente seria.

Las mejores prácticas del Banco Mundial indican que es de-seable que un país invierta el 6% del PBI en infraestructura para evitar deficiencias sociales, ambientales y económico-pro-ductivas. Se estima que el nivel de inversión en infraestructura requerido para Argentina es al menos 50% superior al actual. Las estimaciones de CEPAL concluyen que las erogaciones destinadas a la infraestructura hasta el año 2020 para dar so-porte a un crecimiento relativamente modesto (el 3% anual del PIB) son de un monto anual equivalente al 5,2% del PIB regional. Los sectores con mayores requerimientos, de acuerdo con esta estimación, son las telecomunicaciones y la energía eléctrica. Se trata de una estimación que no considera rezago, reposición, ni todos los sectores de infraestructura, pero inclu-ye el gasto en mantenimiento. Una estrategia más ambiciosa de mejora de la infraestructura, según esta misma fuente, podría requerir niveles de inversión anuales superiores al 7% del PIB. La tendencia en la economía del desarrollo durante la mayor

Catalina JackLic. en Relaciones Internacionales. Universidad de San

Andrés - [email protected]

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parte de la posguerra fue centrarse en el sector real de la econo-mía, es decir, la industrialización, la transferencia de tecnolo-gía y el intercambio internacional de mercancías, dejándose de lado al sector financiero. En la medida en que el financiamien-to integró el conjunto de temas prioritarios, la atención se cen-tró en el financiamiento internacional: la inversión extranjera directa, la asistencia bilateral/multilateral y los préstamos de bancos comerciales internacionales. En referencia al rol de los organismos internacionales de crédito, el trabajo de Stiglitz fue esclarecedor en tanto dejo en evidencia que la globalización no atendió a los desaventajados ni permitió un mayor acceso a la información, a la salud y a la educación. Muy por el contrario, según su argumento la brecha entre pobres y ricos creció y el acceso a la información se dificultó. En consecuencia, aumen-taron los índices de corrupción y creció la implementación de políticas injustas.

Más allá de todo el cuerpo de conocimiento académico que apoya qué la infraestructura constituye uno de los factores cla-ve para el crecimiento, existen estudios que consideran que la infraestructura puede contribuir a la consolidación del proceso de desarrollo integral de Argentina favoreciendo la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. El impacto se produce ini-cialmente en la etapa de ejecución de las obras, a través de la ge-neración de empleo y del desarrollo de las empresas contratadas mediante licitación que proveen bienes y servicios. Pero el ma-yor impacto tiene lugar durante la extensa etapa de explotación, en la que los servicios contribuyen a la mejora en la calidad de vida. Es posible demostrar que la infraestructura y sus servicios inciden en la salud y educación de las personas, especialmente de menores recursos, y es fundamental para mejorar su acceso a oportunidades de empleo. En Argentina se insiste en solucionar la disfuncionalidades del mercado de trabajo y la pobreza crean-do fábricas, en tiempos en que son los servicios de alta califica-

ción los que permiten producir, no en términos de volumen sino en función de producir más valor.

”Negarse a asignar o reasignar recursos para res-ponder a los desafíos de los nuevos tiempos es no comprender que la Argentina está librando una guerra decisiva para no convertirse en un país internacionalmente marginal por incapaci-dad de ingresar a la moderna y tecnológicamen-te sofisticada producción global, y además des-integrado y presa de la violencia, la delincuencia y la incivilidad. Mientras más tiempo tardemos en entender la necesidad de dar esta batalla más difícil será salir airosos” (Isuani 1998).

Si Argentina no tiene la capacidad de absorber el capital pres-tado e invertirlo productivamente, presentará serios problemas financieros a futuro. Cualquier posibilidad de crecimiento con relación al financiamiento externo dependerá de la eficiencia con que se utilicen los recursos, la magnitud y sus costos. Sin lugar a duda, el acceso al financiamiento es un aspecto funda-mental del proceso de desarrollo en países como Argentina. Los beneficios obtenidos mediante la utilización de los recursos ex-ternos deben superar los costos derivados de su contratación. En definitiva, se requiere de mayor eficiencia en la asignación de los recursos y que los fondos externos que hoy son usados para gasto corriente sean utilizados en pos del desarrollo. El desafío es sin duda tomar deuda, con conciencia política de largo plazo, para transformar estos años de crecimiento en un proceso de verdadero desarrollo económico y social.

Isuani, Ernesto A. (1998) Una nueva etapa histórica en Isuani, E.A. y Filmus, D. “La Argentina que viene” Ed. Norma, Bue-nos Aires

Nuevo paradigma y prioridades de agenda. La Asignación universal por hijo en la Argentina.

Roxana MazzolaDirectora Ejecutiva del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP).

Especialista en Políticas Sociales. Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magíster en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés)

- [email protected]

estado, administración y Políticas Públicas

La Asignación Universal por Hijo en la Argentina es parte de un nuevo paradigma en políticas sociales, el de la “protección ampliada” de la infancia (Mazzola, 2012), distinto y superador de otros paradigmas que tuvieron lu-gar durante el siglo XX como son los conocidos paradigmas de la “situación irregular” y de la “normalización” de la infancia a inicios y mediados del siglo (Casas, 2006), y el que denomino de la “protección restringida” de la infancia


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predominante en los 90. En los últimos 100 años de la histo-ria argentina y también de países de la región latinoamericana, se modificó lo considerado “justo” en la infancia y adolescencia en el marco de pujas distributivas y político-institucionales. Cambios en las concepciones de in-fancia, en la definición de la cuestión social de infancia y de las consiguientes intervenciones expresan esta transfor-mación, no siempre lineal.El niño pobre como una “amenaza” o patología individual y objeto de tu-tela del Estado, donde el “control” era imprescindible tuvo su hegemonía a principios del siglo XX, en el marco del denominado paradigma de la “situación irregular” de la infancia. En un contexto de conformación del Es-tado-Nación, bajo un sistema político restringido y oligárquico, y una ten-dencia internacional de corte posi-tivista y medicalización de los proble-mas sociales, la infancia y adolescencia debía ser atendido focalmente por instituciones especializadas para su tratamiento. Allí la función distributi-va del estado se manifestaba en el país en el refuerzo de los hogares del niño y los tribunales de menores, y la sanción en 1919 de la ley de patronato que fuera derogada recién en el año 2005. Más acá en el tiempo esta visión fue una horma perfecta que se extendió a toda la sociedad durante la dictadura de mediados de los 70, y luego durante los noventa en el marco del paradig-ma de la “protección restringida”. La visión de la “amenaza” de la infancia se complementó con una mínima ex-presión de la función distributiva del Estado, a través de la privatización, focalización y descentralización de la política social y particularmente de la de infancia, pasando a estar gran parte de la misma a cargo de los niveles sub-nacionales y desligándose en este pro-ceso la Nación de su rol en la equidad. Es decir, la infancia y adolescencia pasa a ser no solo un riesgo sino también

un gasto. La expresión mas acabada de ambas visiones se refleja en la presión constante acerca de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.Si bien el peronismo planteó políti-cas sociales distributivas y garantizó derechos a la seguridad social de las familias obreras - en esta época por ejemplo se crean las asignaciones fa-miliares para quienes tienen empleo formal-, al partir de una visión de infantilización y pedagogización de la infancia, su visión era aún adulto-céntrica. Así, el paradigma de la “nor-malización” de la infancia consideró al niño como menor “a formar” y a ser sociabilizado por dos instituciones troncales: la familia y la educación. Tal mirada era apta quizá para el mod-elo de familia tradicional nuclear de aquel entonces, pero no en la actuali-dad, cuando existen múltiples formas de familia, gran parte de las mujeres trabajan y a menudo de manera infor-mal, donde hay distintas “infancias” y donde la misma es sociabilizada no ya sólo por la familia, la escuela y el grupo de pares, sino también por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, entre otros. Desde inicios del siglo XXI se está gestando un nuevo paradigma en la política social argentina, el de la “pro-tección ampliada” de la infancia, que porta una nueva concepción de lo con-siderado justo en la infancia, y en las consiguientes políticas que lo acom-pañan, donde la Nación retoma su rol central como nivelador de inequidades con eje en generación de empleo y acer-cándose mas a la definición de infancia y planteos realizados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la nueva ley a su favor. Son parte de este proceso la Asig-nación Universal por Hijo y para em-barazadas, la creación del Plan Nacer, del Programa Conectar Igualdad, la ley nacional de financiamiento educativo, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de protección y promoción de los

derechos del niño que deroga la de pa-tronato de 1919, la ley de erradicación del trabajo infantil, la ley de voto a los 16. También una serie de políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos en general, no solo de los jóvenes, niños o adolescentes pero que inciden de forma directa en su vida como la sanción de la ley de matri-monio igualitario, la reestatización del sistema de jubilaciones, la ampliación de la cobertura y el aumento de jubi-laciones, el reestablecimiento de los Consejos de Salarios, la elevación del Salario Mínimo Vital y Móvil, el pro-grama Procrear, entre otras.Bajo este nuevo paradigma se destaca una fuerte inversión de recursos por parte del nivel central de gobierno que fuera posible a partir del pro-ceso de desendeudamiento externo, crecimiento económico e integración regional. También se observa la ap-ertura de prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos y la posi-bilidad de articular y asignar mejor los recursos al ser más amplio y consis-tente. Por ejemplo en el caso concreto de la Asignación Universal por Hijo se sienta un piso de ingresos que hasta el momento no tenían garantizado gran parte de los niños hasta 18 años. Hasta ese momento solo una parte de ellos percibía una asignación por con-tar alguno de sus padres con empleo formal - resultante del paradigma de la “normalización” de la infancia de mediados del siglo - o en su defecto y con suerte con algún programa asis-tencial -enmarcado en el paradigma de la “protección restringida” de los 90- . Esta medida se constituye en un subsistema del sistema de Asigna-ciones Familiares tendiendo a univer-salizar una asignación familiar a todos los niños hasta 18 años de Argentina. Asimismo se promueve la asistencia escolar y controles de salud, retenien-do un 20% de la transferencia mensual que es otorgada una vez al año cuando se comprueba el cumplimiento de es-

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tas condicionalidades (que más que condicionalidades debieran ser corre-sponsabilidades). Si bien hay varios aspectos más a destacar de la medida, tanto respecto a sus aportes como desafíos, quisiera resaltar sobre todo aquí que el pro-ceso descripto destaca cómo se fueron configurando diversos imaginarios y paradigmas con fuerte raigambre en la sociedad y que se expresan en el es-tado, donde se fue modificando el al-cance de su función distributiva, todos los cuales conviven en la actualidad. Asimismo, no siempre ha sido lineal el avance. Contrariamente a la secuencia planteada habitualmente de una tran-sición de paradigmas y perspectivas de infancia y sus derechos evolutiva de posiciones restrictivas hacia otras más garantistas, esa no necesariamente ha sido la pauta en el proceso histórico argentino y latinoamericano en gen-eral, exponiendo el carácter conflictivo y de pujas distributivas y político insti-tucionales presentes. Profundizar esta discusión y situarla en su marco histórico es parte del de-safío hoy al debatir sobre las políticas sociales, particularmente de infancia y adolescencia. Junto a ello es indispens-able perfeccionar el nuevo paradigma y avanzar en su integralidad como en otras medidas nuevas dado que las pri-oridades de agenda se van modificando ¿cuáles son los topes y alcances de los derechos? ¿Cuál es la configuración y las capacidades de estado requeridas? Al menos hay cuatro aspectos a atender partiendo que todo ello es parte in-soslayable de un proceso político (y proyectos políticos), con pujas dis-tributivas y políticas concretas y con-tinuas, donde diversos sectores se ven afectados y/o beneficiados. En primer lugar, se requiere de una mayor justicia distributiva tanto en materia impositiva como de trans-ferencias realizadas desde el estado, atendiendo al impacto distributivo del sistema de políticas en su conjunto y

atendiendo a la mayor integración, articulación y evaluación de resultado de las medidas destinadas a la infancia y sus familias. Asimismo, es impor-tante tener presente que las políticas publicas se constituyen en un “blanco móvil” (Mazzola, 2012) que deben irse modificando y perfeccionando de manera continua y conforme la reali-dad y nuevos desafíos presentes. Aquí algunos aspectos cruciales además de perfeccionar la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas, refieren a potenciar su impacto con la univer-salización de la cobertura y calidad de jardines de infantes, que es sumamente desigual según nivel socioeconómico y adquiere gran importancia por sus re-percusiones en el desarrollo infantil y en las condiciones laborales de las fa-milias, sobre todo cuando las mujeres trabajan. También hay que continuar generando empleo y de calidad para todos los sectores de la población. Y no menor es incorporar mecanis-mos de construcción participativa de agenda en los diversos niveles de go-bierno, valiéndose no sólo de métodos tradicionales sino también del uso de las nuevas tecnologías, de manera de dar lugar a una participación más ac-tiva a la sociedad, favorecer el acceso a la información, etc. Fortalecer Centros de Estudiantes, la creación de Con-sejos Deliberantes de Niños, y otras medidas que fomenten actividades de participación social, cultural y política de la infancia y la incorporación de la mirada de los niños en los procesos de formulación de políticas son ac-ciones concretas al respecto. También promover la construcción de enfoques específicos de infancia, utilizando, por ejemplo, los importantes aportes de disciplinas nuevas como la sociología y la antropología de la infancia que entre otros aspectos pueden constituirse en un aporte a la mejora de metodologías pedagógicas en las escuelas. En segundo lugar, para un país feder-al como la Argentina debe atenderse

al rol de los diversos niveles de go-bierno en la equidad, en el marco de un proyecto de país, no de forma ais-lada. Ahí se abre todo una discusión en términos de salud y educación, de vivienda y otros roles asignados a los niveles subnacionales de gobierno así como de otras medidas que requieren de un abordaje más complejo y ter-ritorial. En tercer lugar, junto a ello es indis-pensable el desarrollo de las capaci-dades estatales, de la institucionalidad y andamiaje estatal que deben acom-pañar y favorecer la profundización y consolidación del nuevo paradigma. Finalmente, en todo momento debe tenerse presente que estas cuestiones son significativas en tanto expre-siones de distribución del poder en la sociedad así como única forma en que pueden sostenerse en el tiempo las conquistas realizadas, que siempre resultan de procesos de lucha de larga data. Y hay un tema generacional: las nuevas generaciones son quienes van a llevar adelante y sostener una agenda más distributiva en el futuro y son las que no están vapuleadas y/o viciadas por el derrotero cultural que han traí-do consigo paradigmas como los de la “situación irregular” y de la “protec-ción restringida”. Lejos de mirar a la niñez de manera pasiva y como inte-grante de los grupos más vulnerables de la sociedad, a la que más han per-judicado la desigualdad, la pobreza y la desocupación presentes, se requiere potenciar sus capacidades y abrirles paso como agentes del cambio que son. No basta entonces la provisión de bienes y servicios básicos que se realicen a través de la política social. Tampoco basta brindarles educación. Es necesario empoderarlos.

Para profundizar al respecto Maz-zola (2012). Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina, Buenos Aires: Editorial Prometeo.


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La Ley de Ciudadanía Argentina, 26.774, mejor conocida como la Ley del Voto Joven, promulgada el 1° de noviem-bre de 2012, no sólo realiza un cambio significativo en la edad de adquisición de los derechos políticos, también modifica otro número significativos de normas, las Leyes: 346, 17.671, 19.945, 23.298, 25.432, 26.215 y 26.571. Por eso nos parece importante, analizarla a fondo en todo su significancia.

El primer artículo estipula la modificación de la Ley 346, LEY DE CIUDADANIA que data de 1869, dejando el artículo 7° de la siguiente forma:

“Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Cons-titución y a las leyes de la República.”

Con anterioridad el mismo estipuló los 18 años como la edad para adquirir derechos políticos por casi 150 años.

En este sentido se adapta la Ley 19.945, conocido como Código Electoral Nacional, que ahora establece en su ar-tículo 1º que son electores los argentinos nativos y por op-ción, desde los dieciséis (16) años de edad.

Asimismo, esta modificación deriva en la necesidad adaptación no sólo jurídica, sino también administrati-va, por ejemplo para contar con un padrón actualizado. Por ello, el artículo 2° establece una adaptación de los artí-culos 10 y 10 bis de la Ley 17.671, Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, ya que de ahora en más al cumplir la persona los 14 años de edad, antes era a los 16, deberá actualizar el documento nacional de identidad. El 10 bis establece la presentación del certificado que acredite escolaridad actual.

Se establece los 14 años debido que habrá electores que

vOTO jOvEN: MáS quE uNA LEY PARA LA juvENTuD

Javier Ignacio TejerizoLicenciatura en Ciencia Política de la Universidad

de Buenos Aires. Coordinador General de EleccionesArgentinas.com – ArgentinaElections.com -

[email protected]

podrán ejercer su derecho al voto a partir de los 15 años, ya que en las elecciones primarias deben votar todos los electores que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección general, como establece la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Trans-parencia y la Equidad Electoral en su artículo 23.

Relativo al deber de votar, es interésate que el Código Elec-toral ha sido modificado estableciendo que quedan exentos de esa obligación los jueces y sus auxiliares en trabajo mien-tras dure el acto comicial; los que el día de la elección se en-cuentren a más de quinientos (500) kilómetros; enfermos; y el personal de organismos y empresas de servicios públicos trabajen durante su desarrollo; quitando de esta lista a los mayores de 70 años como establecía originalmente. Esto se debe a que por la no emisión del voto se impondrá multas de hasta 500 pesos a los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no se justifiquen ante la justicia nacional electoral. Como podemos apreciar, no se ha eximido a los menores de 18 y a los mayores de 70 del deber de votar, pero si del castigo que implica la no emisión del sufragio (a la vez que se ha actualizado los montos de las penas).

Por otra parte, a pesar de esta ampliación de los derechos y responsabilidades de los jóvenes, se realizaron dos modi-ficaciones a la ley 26.215, Ley de Financiamiento de Los Partidos Políticos, estableciendo que la los responsables de la Administración financiera del partido y las campañas electorales será sólo para mayores de edad. Algo similar se estipula en el Código Electoral en los requisitos para ser nombrado autoridad de mesa, ya que establece que los pre-sidentes y suplentes deberán tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.

Relativo a la Ley 19.945, conocido como Código Electoral Nacional, la nueva Ley realiza otras 29 modificaciones a artículos relativos a distintas materias; aquí repasaremos las que, a nuestro criterio, son más significativas:

Infractores al deber de votar. Aquí cabe destacar dos pun-tos significativos que demuestran que habrá un control más estricto del deber de votar:

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1- La Cámara Nacional Electoral luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, ape-llido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo.

2- Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o mu-nicipal presentarán a sus superiores inmediatos la constan-cia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta 6 meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía.

Autoridades de la mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente. Asimismo, para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad al grado de instrucción y edad, a los elec-tores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continua-ción a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Padrón definitivo y constancia de la emisión del voto. Nin-guna autoridad podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral; recordemos que con ante-rioridad se podía incluir a los fiscales, pero a partir.

Acto continuo a la emisión del voto se le entregará al elec-tor una constancia de emisión del voto que contendrá im-presos los siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellidos completos, número de D.N.I. del elector y no-menclatura de la mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. De esta manera se reemplaza el antiguo sello en el documento tipo libreta, que dejará de ser valido en 2015.

ConsideracionesComo fuera mencionado el voto joven es introducido como una ampliación de derechos para los ciudadanos que cum-plan 16 años a la fecha de la elección general, pudiendo votar con 15 años en las primarias de darse el caso; asi-mismo, esta ampliación esta exenta de las penas por el in-cumplimiento de este deber ciudadano, al igual que para los mayores de 70 años, pero no del deber. Es interesante esta interpretación, ya que la misma ha sido acompañada de una batería de normas tendientes a un control más certero, has-ta el momento era casi nulo en la mayoría de los distritos,

del cumplimiento del deber del sufragio: actualización del monto de las multas; control más férreo para aquellos que sean funcionarios públicos, digitalización del padrón, etc.Otros dos ítems en los que la Ley tendrá un fuerte impac-to es la designación de autoridades de mesa, al igual que para el deber de votar, se actualizarán las penas, pero se complementará con mayores espacios para la participación voluntaria, todo con el objetivo de evitar la ausencia de las autoridades designadas, que impactan negativamente en el proceso electoral. En segundo lugar, como mencionamos, la Ley esbozó las primeras medidas a adaptar la constancia del sufragio al nuevo formato del Documento Nacional de Identidad, tarjeta, lo cual será central en el caso de que se busque un mayor control de la no emisión del voto.Por otra parte, otra medida controversial, no se podrá agregar personas a los padrones de las mesas. Esta pequeña medida tendrá un fuerte impacto en la estructura y distribución de los fiscales de mesa partidarios, ya que los mismos no podrán votar en las mesas que fiscalizan, como antes hacían. De to-das maneras, no se puede negar que esta es una medida que asegura evitar la posibilidad de que se vote en más de una mesa por parte de fiscales u otras personas que antes tenían el derecho de ser agregados a los padrones de mesa.

Para cerrar, me parece interesante destacar que los menores de edad que están habilitados para sufragar son alrededor de 750 mil, representan al 3% del padrón general. Esto se debe a que de los casi 1.500.000 que podían hacerlo realizaron el trámite de renovación del DNI, que asegura el empadrona-miento, el 57%. El resto no podrá votar. Sea cual fuere el nú-mero final de jóvenes que participen, me parece fundamental destacar que es preciso aceptar la capacidad progresiva de los jóvenes, la cual redefinirá las relaciones de poder actuales en-tre jóvenes y adultos, así como del joven con el Estado y la sociedad, pero sólo en la medida en que los jóvenes, como grupo con características y necesidades distintivas, hagan va-ler sus derechos. En este sentido, el sufragio en elecciones generales, en este contexto, sería uno más de los mecanismos de instancia de participación efectiva, pero no el único; dado que la democracia cuenta con otras herramientas.

De todas maneras, no podemos negar que la representación de los jóvenes va a hacer que la agenda de los niños y de los adolescentes, y la agenda de la juventud en general, sea parte de la discusión política. Pero esperamos que, al igual que sucediera con la incorporación del sufragio de la mujer, sea éste el puntapié inicial para que el Estado y la socie-dad reconozcan la capacidad progresiva de las personas y se comprometan a impulsar la efectiva la participación de los jóvenes, hasta promover el derecho no solo de elegir, sino también de ser elegidos en instancias acordes.


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MáS MujERES, MEjOR DEMOCRACIA

ParTIcIPacIóN feMeNINa eN leGIslaTUras ProvINcIales y

de la cIUdad aUTóNoMa de bUeNos aIres – JUlIo 2013

INTRODUCCIóN

Durante siglos, el lugar de la mujer ha estado en la trastienda del poder, era el espacio doméstico donde ellas ejercían su influencia2. En la Argentina, a pesar de que en la actualidad, comprendemos como algo natural la participación de la mujer en el ámbito de la política, fue re-cién en septiembre de 1947, con la pro-mulgación de la ley 13.010 que se puso fin a la exclusión de la mujer en la polí-tica, pero sobretodo fue en los últimos 30 años de ejercicio continuo de la democra-cia que la mujer ha podido consolidar su participación plena en la arena pública, al menos, en el plano formal, dado que en la oportunidad de acceso a cargos de tomas de decisión y en el trato igualitario entre varones y mujeres, aún la disparidad es significativa.

En el presente informe encontrarán en forma sintetizada, un breve repaso por las principales consagraciones políticas de la mujer en nuestro país, así como también un análisis comparativo sobre la partici-pación femenina en los parlamentos del mundo en relación a la Argentina y de las legislaturas provinciales entre sí3. El obje-tivo del mismo es visualizar la importan-cia del rol de la mujer en los ámbitos de toma de decisiones en propósito de abo-nar el desarrollo de la democracia porque “garantizar la presencia de todas las voces en el debate público y en los procesos y prácticas políticas implica entonces no un asunto de mera representación igualitaria, sino la búsqueda de una verdadera demo-cracia, en donde los representantes refle-jen la pluralidad y diversidad propias de la población. Así entendida, la representa-ción femenina debería extenderse a otros espacios de decisión donde las mujeres han estado tradicionalmente relegadas”4.

En este punto cabe aclarar, que no nece-sariamente, por el hecho de ser mujeres quienes ocupen las bancas o los espacios de poder, estas llevarán las banderas de las políticas de género, el gran desafío de una democracia representativa es que en la agenda de políticas públicas en todos los

niveles de gobierno esté presente la pers-pectiva de género, es decir, que incluya la mirada y la voz de la mujer en el proceso de toma de decisiones y en la implemen-taciones de dichas medidas.

PARTICIPACIóN POLÍTIA DE LAS MUJERES: CONTEXTO INTERNA-CIONAL

A pesar de ser aproximadamente el 50% de la población mundial, según un estu-dio hecho por la Unión Interparlamenta-ria (UIP), el porcentaje de mujeres en los Parlamentos nacionales del mundo es de 20,9% a partir de datos suministrados por los propios poderes legislativos hasta el 1º de junio de 2013. De los 46.521 legisla-dores contabilizados a esa fecha en los parlamentos estudiados, sólo 9.632 eran mujeres. La UIP indica que si se tienen en cuenta únicamente a los Parlamentos unicamerales y a las cámaras bajas de los bicamerales el promedio se eleva al 21,3% y en el caso de las cámaras altas o Senado baja a un 18,8 %5.Entre las conclusiones arrojadas por dicha investigación, las estadísticas de la UIP confirman que el grado de representación de la mujer en los órganos legislativos de un país no es directamente proporcional al desarrollo social o económico. Hay países muy desarrollados, como Francia y Estados Unidos, que están en la mitad de una tabla de 189, mientras que Ruanda ocupa el primer lugar del Ranking con el 56,3% y Cuba el tercero y primero del continente americano con el 48,9%. Por regiones, son los países nórdicos los que tienen un mayor porcentaje de mujeres en sus legislativos (42%), pero Ruanda, el país del mundo líder en este aspecto, es africano. En América, el promedio es el del 24,8 %; en Europa del 22,6 %; en Asia del 18,8%; en el África Subsahariana del 21,3%; en el Pacífico del 12,7 % y en los estados árabes del 15,7%.

PARTICIPACIóN POLÍTICA DE LA MUJER: ¿CUÁL ES LA SITUACIóN EN LA ARGENTINA A NIVEL NA-CIONAL?En el caso de la Argentina, ocupamos el puesto 18º del ranking mundial entre 189 países y 5º en el continente después

Carolina BaroneLic. en gobierno y relaciones

internacionales (UADE), Directora General de relaciones

internacionales y Cooperación de la Legislatura Porteña, Fundadora y Presidente de la Asociación Civil

Mujeres como vos, políticas públicas con perspectiva de género.

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de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, con el 37,4 % de representación en la Cámara de Diputados y 38,9 % en el Senado.Con estas cifras, podríamos animarnos a pensar a la Argentina como un modelo en la región y en el mundo en relación a la participación femenina en los parlamen-tos, sumado al hecho de que es una mujer quien está frente al Poder Ejecutivo Na-cional y fue reelecta. Sin embargo, “aunque estos datos son alentadores, poco nos di-cen acerca de las brechas en el acceso de las mujeres a otros niveles y espacios de po-der. En el ámbito político nacional, el Po-der Legislativo es el que ostenta la mejor performance en materia de participación femenina (37,6%), superando ampliamen-te a los dos poderes restantes: el Ejecutivo (21,1%) y el Judicial (15,0%) Esta diferen-cia se debe principalmente a las normas de cupo femenino, vigentes desde hace más de dos décadas, que facilitan el acceso de las mujeres a cargos legislativos”6. En este sentido, cabe destacar, que Ar-gentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley de cupo en el ámbito legislativo. La ley 24.012, aprobada en 1991, establece un piso mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales. “La medida implicó un paso fundamental para avanzar hacia la equi-dad de género dentro de las cámaras: las legisladoras pasaron de ser menos de un 5% en 1983 a casi un 40% en el Congreso Nacional en 2010”7. La aplicación de la norma, asimismo, trajo consigo una se-rie de ventajas adicionales al incremento cuantitativo de la representación política de las mujeres: promocionó el reconoci-miento a nivel social, político y cultural de las diferencias de género, diversificó las agendas parlamentaria y la pública, y brindó una mayor visibilidad a las mu-jeres, que ocupaban espacios políticos tradicionalmente masculinos (Archenti y Tula, 2008: 13) en ELA 20128.Sin embargo, hay oportunidades en las que el ejercicio de la política aún sigue manifestando intenciones de sortear estas normas que tienden a la equidad, a través de prácticas viciosas como son las candi-daturas testimoniales de las mujeres. Un caso muy relevante y reciente fue el de la

actual diputada nacional Ramona Puche-ta. La Diputada fue electa por la fórmula Alianza Compromiso Federal, que lleva-ba como candidato a Presidente a Alberto Rodríguez Saá, cumpliendo con la ley de cupo, sin embargo, el trato era que ella re-nunciaría en caso de resultar electa a favor de Raúl Castells para que sea este quien integre la Cámara. En esa oportunidad, la reacción de la Cámara de Diputados fue contundente, los Diputados de la Na-ción decidieron que se tomaría juramen-to a la siguiente mujer de esa lista en caso de renunciar la Diputada Pucheta. Dipu-tada Nacional Laura Alonso, fue una de

las principales voces de defensa de este derecho de las mujeres en nuestro país y anunció “el cupo femenino excede a las mujeres. Se trata de un derecho de toda la sociedad a contar con representación de la mitad más uno de la población”9.

COMPOSICIóN DE LAS CÁMA-RAS DE LAS LEGISLATURAS PROVINCIALESCon el objetivo de acercarles información sobre la participación de la mujer en la política en nuestro país y, para tal fin, de-cidimos averiguar cuántas mujeres com-ponen dichos cuerpos colegiados.

A continuación presentamos una tabla comparativa con las cifras actualizadas al mes de junio de 201310.

Rank Distrito Cámara Baja o Legislatura Senado o Cámara Alta TotalBancas* Mujeres % Bancas* Mujeres % %

1 Sgo. del Estero 40 20 50 - 502 Mendoza 48 15 31.25 38 9 23.68 42.113 Río Negro 46 19 41.31 - 41.314 Tierra del

Fuego15 6 40 - 40

5 Córdoba 68 26 38.24 - 38.246 CABA 60 22 36.66 36.667 Corrientes 26 8 30.76 13 6 46.15 35.898 La Pampa 30 10 33.33 33.339 Chubut 27 9 33.33 33.3310 Formosa 30 10* 33.33 33.3311 Jujuy 48 16 33.33 33.3312 Chaco 32 10 31.25 31.2513 Buenos Aires 92 26 28.26 46 14 30.44 28.9814 La Rioja 36 11 30.55 27.7815 Misiones 40 11 27.5 27.516 Santa Fe 50 16 32 19 1 5.26 24.6417 Catamarca 41 13 31.70 16 1 6.25 24.5618 Tucumán 51 12 23.53 23.5319 San Juan 34 8 23.53 23.5320 Neuquén 35 8 22.86 22.8621 San Luis 43 9 20.93 9 2 22.22 21.1522 Entre Ríos 34 8 23.53 17 2 11.76 19.6123 Salta 60 12 20 23 2 8.70 16.87

24 Santa Cruz 24 4 16.67 16.67

Fuente: Elaboración propia.


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Entre las principales conclusiones que nos arroja esta investigación podemos resaltar en primer lugar, que solo 12 provincias tienen más del 30% de repre-sentación femenina en las cámaras. El 30% es el porcentaje que exige la ley de cupo en la confección de las listas que no necesariamente se traslada a la compo-sición de las legislaturas. Sumado a ello, que la provincia con mayor cantidad de mujeres en su legislatura es la de San-tiago del estero con el 50% , en segundo lugar está Mendoza con el 42.11%, Rio Negro con el 41,3 %, Tierra del Fue-go con 40% , Córdoba con el 38.24%, la Ciudad de Buenos Aires con el 36.66% y Corrientes con el 35.89%, mientras que la provincia de Buenos Aires se encuen-tra en el puesto N° 13 con el 28,98%. Un dato interesante que amerita una nueva investigación, es que siempre que el par-lamento es bicameral, es mayor el por-centaje de mujeres en la cámara baja que en la alta. El promedio total de la parti-cipación de diputadas y senadoras pro-vinciales en la argentina es del 29,28%, es menos que lo mínimo que exige la ley de cupo, aunque elección tras eección el

porcentaje aumenta. Este dato nos invita a reflexionar sobre la necesidad imperio-sa de que las mujeres ocupemos espacios de tomas de decisiones y que esos lugares sean respetados y defendidos por toda la sociedad porque lo que está en juego es la calidad democrática. Quienes trabajamos a diario en la ela-boración de una agenda con perspectiva de género, reafirmamos que la agenda de las mujeres es también la agenda de la sociedad, porque la república debe con-templar los derechos de toda su pobla-ción y, para concluir, ratificamos el de-ber de todos los representantes, no sólo de las mujeres, en generar políticas que promuevan la equidad de trato y opor-tunidades de varones y mujeres para garantizar el verdadero desarrollo de la democracia.

Referencias2DELEIS, Mónica y otros, “Mujeres de la política argentina” (2001). Ed. Alfaguara. Pág 9. 3En este punto, resulta importante resaltar que hemos elegido la variable cuantitati-va para reflejar el grado de participación

femenina en la política argentina, sin em-bargo, en la búsqueda de una verdadera transformación de las relaciones de poder entre varones y mujeres, esta dimensión es necesaria pero no suficiente.4LIDERA: participación en democracia. Experiencias de mujeres en el ámbito so-cial y político en la Argentina / dirigido por Natalia Gherardi - 1a ed. Buenos Ai-res: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA, 2012. Pág 7. 5Página web de la Unión Interparlamenta-ria: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm6Idem 3, pág. 77. 7Ídem 3, pp 77-95. 8Idem 3, pp 77-95. 9Alonso, Laura. “Preservar el cupo feme-nino” en Diario Clarín 18/11/11 http://www.clarin.com/opinion/Preservar-cu-po-femenino_0_593340749.html10Se distinguen las unicamerales de las bicamerales. En el caso de las provincias cuyas legislaturas son unicamerales en la cámara alta se coloca un guión (-). Las únicas provincias que poseen legislaturas bicamerales son 8 (Buenos Aires, Cata-marca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa fe.)

El estudio de la (des)institucionalización de los sistemas par-tidarios latinoamericanos hizo pie con fuerza a mediados y finales de los ’90 con una serie de estudios que marcaron una interesante agenda de investigación. Desde el trabajo seminal de Mainwaring y Scully (1995) se dio inicio a una serie de tra-bajos que ampliaron y profundizaron el estudio de los sistemas partidarios en las democracias menos desarrolladas (Randall y Svåsand, 2002; Mainwaring y Torcal, 2005; Payne, 2006; Mainwaring y Zoco, 2007; Basedau y Stroh, 2008; Campello, 2008; Luna, 2009).Sin embargo, es escaso el consenso alcanzado en torno a qué es, qué no es y cómo medir un sistema partidario (des)instituciona-

Competitividad y volatilidad electoral en Brasil y venezuela. un aporte al estudio de la (des)institucionalización de sistemas de partidos.

Facundo Cruz(CONICET-UBA-USAL)1

lizado. Ahí es donde queremos inmiscuirnos. En ese lío.En estas líneas intentaremos hacerlo tomando como caso de estudio dos sistemas partidarios que merecen atención en detalle: Brasil y Venezuela. Ambos países representaron para Mainwaring y Scully (op. cit.) casos contrapuestos: mientras que los venezolanos expresaban un sistema consolidado, sólido y con una alta institucionalización, los brasileros se acercaban más al modelo desinstitucionalizado, marcadamente volátil y con una fuerte inestabilidad partidaria. Hoy en día han inver-tido sus roles.Para estudiarlos planteamos la necesidad de analizar tanto la volatilidad como la competitividad electoral de ambos sistemas.

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Desde Pedersen (1983), la volatilidad electoral ha sido una me-dida comúnmente utilizada para medir la estabilidad de los sis-temas partidarios en numerosos países. Pero, ¿por qué estudiar la competitividad? Básicamente porque puede ocurrir que en un escenario con oficialismos fuertes 1) mientras menos competi-tivo se torne el sistema de partidos, menor el incentivo para que los dirigentes partidarios de partidos opositores se presenten con la misma etiqueta elección tras elección, generando que 2) am-plias porciones del electorado puedan quedar sin representación “competitiva” por los principales cargos en juego y 3) pudiendo incidir en los niveles de volatilidad electoral.Aquí no se pretende encontrar relación causal entre competi-tividad y volatilidad. Pero a futuro por ahí nos animemos. Por ahora será explorado.

VOLÁTiLES O ESTABLESResulta interesante analizar las variaciones en la volatilidad elec-toral2 en ambos países desde el retorno a la democracia, tanto para elecciones presidenciales como legislativas (Cámara de Diputados)3. Observemos primero los Gráficos N° 1 y 2. Gráfico N° 1. Volatilidad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Brasil (1986-2006).

Fuente: elaboración propia en base a Inter-Parliamentary Union -IPU- Parline Database y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Gráfico N° 2. Volatilidad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Venezuela (1973-2013).

Fuente: elaboración propia en base a Kornblith y Levine (1995) y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Comencemos con el caso brasilero. Como bien se mencionó anteriormente, Brasil se encontraba entre los sistemas partida-rios volátiles y, consecuentemente, con una marcada inestabi-lidad: esto fue particularmente notable a comienzos de la dé-cada de los ’90, como bien se desprende del Gráfico N° 1. Las primeras elecciones presidenciales muestran saltos importantes en la volatilidad electoral: casi 4 de cada 5 electores brasileros cambiaron de partido político en la competencia por la primera magistratura. La competencia legislativa fue menos cambiante (30-40% de los votos cambiaron sus preferencias partidarias), pero igualmente llevó a que Mainwaring y Scully considerarán a Brasil como uno de los países latinoamericanos más inestables en términos electorales.

A mediados de los ’90, sin embargo, el sistema partidario brasi-lero comenzó a estabilizarse con una volatilidad media cercana al 20%, valor en torno al cual se encuentra desde las últimas elecciones celebradas. Es particularmente importante destacar que la reducción más marcada de la volatilidad se percibe en el análisis de los cargos legislativos, lo cual podría estar asociado a la presencia de una multiplicidad de partidos políticos con re-presentación en la cámara (Meneguello, 2013). Por otro lado, la dinámica de coaliciones para la presentación de candidaturas presidenciales (Power, 2009) y el calendario electoral concurren-te para ambos cargos permite considerar que los cambios en las tendencias de la volatilidad electoral para ambos cargos en juego es simultánea.

Venezuela es el contrapunto perfecto. Hacia finales de la década del ’80 el país caribeño se caracterizaba por tener uno de los sis-temas de partidos más estables y menos volátiles de toda Amé-rica Latina (Kornblith y Levine, 1995). En los primeros años de los ’90, impulsado especialmente por la competencia por el car-go presidencial, se disparó la volatilidad electoral hasta rozar el 100% para el máximo cargo en juego, con una volatilidad media rondando el 70%. Es decir que 2 de cada 3 electores cambiaron de partido político en elecciones consecutivas. En la segunda mitad de la misma década la volatilidad (tanto legislativa como presidencial) bajó hasta el 40%, valor donde se ubicó hasta las elecciones más recientes. Más allá de esta reducción, los niveles indicados siguen siendo elevados para lo que estaban acostum-brados los partidos políticos venezolanos. Los cambios men-cionados coinciden con el período de auge y consolidación de Hugo Chávez y el Movimiento V República (reconvertido pos-teriormente al Partido Socialista Único de Venezuela-PSUV).Cabe destacar, por último, que la marcada caída de la volatili-dad presidencial en la última elección se debe a la estabilidad en los competidores por el máximo cargo en juego: en un polo, el oficialista PSUV y sus aliados, y, en el otro, diversos partidos de oposición unidos en la coalición Mesa de Unidad Democráti-ca (MUD), nucleados en torno a la figura de Enrique Capriles. Si en futuras elecciones ambos actores mantienen sus etiquetas partidarias, entonces podríamos esperar que la volatilidad elec-toral se mantenga en niveles bajos y más cerca de los valores que caracterizaron a Venezuela hace 30 años.


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¿SON COMPETiTiVOS? EL PODER DE LOS OFi-CiALiSMOS

La competitividad electoral4 es otro indicador que nos permite comprender cambios y continuidades en los sistemas partida-rios, al igual que establecer algunos puntos de contacto con la volatilidad electoral. Nuevamente el contrapunto entre ambos países es interesante.

Gráfico N° 3. Competitividad electoral para Presidente y Cáma-ra de Diputados en Brasil (1986-2010).

Fuente: elaboración propia en base a Inter-Parliamentary Union -IPU- Parline Database y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Brasil, al igual que en el apartado anterior, vuelve a mostrar elementos interesantes de análisis. Primero, durante todo el pe-ríodo la competitividad media tuvo una marcada tendencia a la baja, pasando desde el 15% a mediados de los ’90 hasta el 5/10% en las últimas elecciones. Si tomamos en cuenta esta medida, podemos afirmar que el sistema partidario brasilero es altamente competitivo. Segundo, podemos destacar algunas diferencias si separamos la elección presidencial de la legislativa. En lo que respecta a la primera, se pueden mencionar tres momentos que alternan competitividad y no competitividad para el cargo presi-dencial, con picos que superan los 25 puntos de diferencia entre el partido político que salió primero y el que salió segundo. En cuanto a la segunda, a comienzos de los ’90 se produjo un impor-tante aumento de la competitividad electoral por las bancas del congreso. Del Gráfico N° 3 se desprende que la diferencia entre el primer lugar y el segundo en la competencia por las bancas legislativas se mantuvo por debajo del 5% durante casi todo el período analizado.

Esta situación, tal como mencionamos anteriormente, se poten-ció aún más por una mayor cantidad de partidos políticos com-petidores (reflejadas en el aumento sostenido del Número Efec-tivo de Partidos -NEP-) (Meneguello, op. cit.), lo cual generó incentivos suficientes para que se conformaran coaliciones elec-torales y legislativas amplias para sostener a los presidentes de turno (Pereira y Mueller, 2002; Limongi, 2006; Power, 2009).

Gráfico N° 4. Competitividad electoral para Presidente y Cáma-ra de Diputados en Venezuela (1973-2013).

Fuente: elaboración propia en base a Kornblith y Levine (1995) y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Venezuela, en cambio, muestra un comportamiento mucho más cambiante. El país caribeño muestra alternancias entre momen-tos donde es muy baja la competencia por los cargos en juego (1983, 1998 y 2000 en adelante) y otros donde es marcadamente alta (1973, 1978 y 1993). En otras palabras: a diferencia de Brasil, Venezuela se asemeja más a un “sube y baja”. Los saltos de 1978 a 1983 (2 al 28%) y de 1998 a 2000-20055 (8 al 60%) son caracte-rísticos de este fenómeno.Por otro lado, el surgimiento, aparición y consolidación de Hugo Chávez como figura política predominante marca el inicio de un proceso de reducción en la competitividad electoral a partir de su primera victoria electoral (año 1998). Este fenómeno político se asemeja a otros casos de populismos latinoamericanos, como los ocurridos en Perú (Fujimori) y Ecuador (Correa): los tres casos se caracterizan por aumentos importantes en la brecha de votos entre el oficialismo y los candidatos opositores. Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida los liderazgos fuertes y personalistas pueden tener efectos negativos sobre la competencia política, al ampliar la brecha entre los competidores por los principales car-gos en juego una vez que acceden al gobierno.Otro hito que debemos destacar radica en la elección de 1993. Mientras que, como bien analizamos en el apartado anterior, la misma marca el inicio del aumento de la volatilidad electoral en el país caribeño (Gráfico N° 2), los cambios en la competitividad comienzan a percibirse recién a partir de las elecciones celebra-das en 1998, las cuales marcan el inicio de la consolidación del “chavismo”. De esta forma, podríamos considerar que como paso previo a una menor competitividad electoral se dio cierto proceso de desinstitucionalización partidaria, graficado en un aumento de la volatilidad electoral y la inestabilidad del sistema partidario.

ALGUNAS iDEAS qUE SiRVAN COMO CONCLU-SiONESLo primero que debemos mencionar es que el estudio de la (des)institucionalización de los sistemas partidarios en democracias menos desarrolladas no está agotado. Al analizar los cambios sistémicos en los últimos 30 años en Brasil y Venezuela desta-

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camos marcados cambios y unas pocas continuidades. Eso es razón suficiente para avanzar en una agenda de investigación que tenga en cuenta el aspecto dinámico y cambiante de los sis-temas partidarios. Y que nos dé herramientas para profundizar su estudio. Aquí intentamos aportar una idea innovadora.En segundo lugar, ese dinamismo de los sistemas partidarios lle-vó a que Brasil y Venezuela invirtieran sus roles. Mientras que los primeros mutaron de un sistema volátil (pre 1994) a otro estable (post 1994) sin perder el componente competitivo del sistema, los segundos lo hicieron en sentido inverso: estable y competiti-vo (pre 1993) a volátil y poco competitivo (post 1993/1998).En tercer y último lugar, si bien no encontramos (aún) una rela-ción causal entre volatilidad y competitividad electoral, sí pode-mos establecer puntos de contacto. Tanto en Venezuela como en Brasil, un cambio en la volatilidad produjo efectos en los niveles de competitividad electoral. Sin embargo, también podría ser a la inversa: aumentos en la brecha de votos entre oficialismo y oposición puede potenciar la volatilidad electoral. Sobre este punto tendremos que profundizar a futuro. Para darle otra vuelta de rosca más.

BiBLiOGRAFÍABasedau, Matthias y Alexander Stroh (2008) “Measuring party ins-titutionalization in developing countries: a new research instrument applied to 28 African political parties”, en GIGA Working Papers, N° 69, Febrero.Campello, Daniela (2008) “Does party system institutionalization mat-ter? Speculative attacks and democratic responsiveness in Latin Ame-rica”. Paper para Conferencia CIDOB Institucionalización de sistemas de los sistemas de partidos en América Latina, 20-21 de Noviembre 2008, Barcelona.Kornblith, Miriam y Daniel H. Levine (1995) “Venezuela: The Life and times of the Party System”, en Mainwaring, Scott y Timothy Scully (eds.). Building democratic institutions. Party systems in Latin Ameri-ca. Stanford: Stanford University Press.Limongi, Fernando (2006) “A democracia no Brasil. Presidencialismo, coalizao partidária e proceso decisório”, en Novos Estudios 76, pp. 17-41.Luna, Juan Pablo (2009) “Party system institutionalization: the case of Chile and why we need to un-pack the concept and its measurement”. Working paper, Columbia University, (draft version).Mainwaring Scott y Mariano Torcal (2005) “La institucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora”, en América Latina Hoy 41 (141-173).Mainwaring, Scott, y Edurne Zoco (2007) “Secuencias políticas y esta-bilización de la competencia partidista: volatilidad electoral en viejas y nuevas democracias”, en América Latina Hoy 46 (147-171).Mainwaring, Scott y Timothy Scully (eds.) (1995). Building democratic institutions. Party systems in Latin America. Stanford: Stanford Uni-versity Press.Meneguello, Raquel (2013) “Las elecciones brasileñas de 2010: políti-ca nacional, fragmentación partidista y coaliciones”, en Alcántara Sáez, Manuel y María Laura Tagina (coord.) Elecciones y política en América Latina (2009-2011). México: Instituto Federal Electoral -IFE- y Porrúa Editores.Payne, Mark (2006) “Sistemas de partidos y gobernabilidad democráti-

ca”, en Payne, Mark (et. al.) (comp.). La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo e Instituto Internacional para la Democracia y la Asisten-cia Electoral.Pedersen, Mogens N. (1983) “Changing Patterns of Electoral Volatility in European Party Systems: Explorations in Explanation”, en Daalder, Hans y Peter Mair (eds.). Western European Party Systems: Continuity and Change. Beverly Hills, CA y London: Sage.Pereira, Carlos y Bernardo Mueller (2002) “Comportamento Estra-tégico em Presidencialismo de Coalizao: As Relacoes entre Executivo e Legislativo na Elaboracao do Orcamento Brasileiro”, en Revista de Ciencias Sociais, Vol. 45, N° 2, pp. 265-301.Power, Timothy (2009) “Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentia-lism: Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy”, en Bulletin of Latin American Research, Vol. 29, N° 1.Randall, Vicky y Lars Svåsand (2002) “Party institutionalization in new democracies”, en Party Politics, Vol. 8, N° 1, pp. 5-29.

REFERENCiAS1Estudiante de Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (UN-SAM) y Candidato a Doctor en Ciencia Política (UNSAM). Becario Doctoral CONICET, Secretario de Redacción de Revista POSTData y Docente en Universidad de Buenos Aires y Universidad del Salvador. Contacto: [email protected]. El presente artículo es un extracto de un trabajo de investigación presentado en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política.2La volatilidad electoral se calculó en base a la fórmula elaborada por Pedersen (1983). Representa la cantidad de votos (o bancas) que cam-bian de partido de elección en elección. Se computa sumando el cambio de los votos ganados o perdidos por cada partido entre dos elecciones consecutivas y dividiéndolo por dos. Para Presidente se tomaron en cuenta los votos, mientras que para la Cámara de Diputados se utilizó la cantidad de bancas obtenidas en la elección dadas las dificultades para acceder a datos fidedignos sobre votos.3Para Brasil tomamos en cuenta las siguientes elecciones: presidenciales (1989, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010; 6 en total) y diputados (1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010; 7 en total). Para Brasil tomamos en cuenta las siguientes elecciones: presidenciales (1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000, 2006, 2012 y 2013; 10 en total) y diputados (1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000, 2005 y 2010; 9 en total).4La competitividad electoral se midió, para el cargo presidencial, restan-do la cantidad de votos que obtuvo el partido ganador menos la cantidad de votos del que salió segundo. Para la Cámara de diputados se realizó la misma cuenta, pero tomando en cuenta la cantidad de bancas obtenidas por el partido que salió primero y el que salió segundo.5Las elecciones legislativas del año2005 en Venezuela fueron polémi-cas y cuestionadas por la decisión de parte de varios partidos políticos opositores a Hugo Chavéz de no participar de los comicios alegando la falta de transparencia en los organismos responsables de ordenar y administrar el proceso electoral. Como parte de esos cuestionamientos se decidió “boicotear” las elecciones. Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4483000/4483766.stm (consulta-do el 17/05/2013) y http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4483000/4483088.stm (consultado el 17/05/2013).


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MEDIATIzACIóN DEL CONCEPTO LICENCIA SOCIAL. el coNflIcTo MINero eN chUbUT y sU rePreseNTacIóN eN la PreNsa GráfIca local1

Cabral, Cintia Mariana Lic. en Comunicación (UBA)

Gerber, Victoria Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación (UCALP) Lic.en

Ciencia Política y RRII (UNLP)

UNA DÉCADA DE DEBATE.Un conflicto político divide a la opinión pública de la provincia de Chubut, desde hace poco más de diez años. Por un lado el gobierno local, alineado en un plan nacio-nal minero, intenta modificar la legislación vigente para permitir la explotación mine-ra a gran escala, a través de la concesión de permisos a distintas empresas multinacio-nales y sus subsidiarias en Argentina. Por otro lado, vecinos organizados en asam-bleas municipales, preocupados por las experiencias vividas en otros distritos que permitieron la extracción a cielo abierto, y que impulsan permanentemente moviliza-ciones, marchas y protestas para proteger el territorio de lo que consideran una acti-vidad nociva, poco productiva y altamente contaminante. En 2002, los ciudadanos de Esquel, luego de intensos debates acerca de la instalación de la minera Meridian Gold Inc, de capi-tales canadienses, y de su subsidiaria Mi-nera El Desquite S.A., fueron convocados a un plebiscito por el gobierno provincial, para determinar el grado de aceptación o rechazo social generado por esta situación. El resultado fue contundente, el 81% de los votantes se pronunció en contra de la minería a cielo abierto. Como consecuen-cia de esto, la Legislatura provincial pro-mulgó, el 9 de abril de 2003, la ley 5001, que prohíbe la minería en la modalidad a cielo abierto y el uso de cianuro.Por su parte, la empresa Meridian Gold contrató una consultora internacional lla-mada Business for Social Responsability (BSR) para que determinara los motivos del fracaso del proyecto de Esquel. En el extenso informe que redacta BSR, se con-

cluye que: En el siglo 21, los proyectos de minería deberán tener en cuenta el modo en que a largo plazo contribuirán con el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas por su explotación. Y al momen-to de definir y tomar decisiones relaciona-das con la visión de desarrollo sostenible a largo plazo, las comunidades locales debe-rán participar en forma integral como un socio esencial desde el principio, y durante toda la vida de la mina. De no lograrse, se perderá la licencia social para operar, y surgirá la consiguiente diferencia entre un proyecto en desarrollo y un proyecto inte-rrumpido, como en el caso de Esquel2. Así es como el concepto de licencia social entra en juego en el escenario chubuten-se. Para BSR, el término implica el cum-plimiento de las expectativas sociales y la empresa interesada en un proyecto de extracción debe necesariamente responder a los reclamos de las comunidades locales involucradas. La licencia es otorgada por la propia comunidad, de acuerdo con el grado de valoración que tenga la población sobre el proyecto, y con las percepciones que ten-gan sobre los beneficios y perjuicios de la actividad extractiva en su territorio

LA licencia social3 EN EL DiA-RiO JORNADA.En el complejo escenario del conflicto minero, marcado por disputas de poder, el diario Jornada de Trelew utiliza el concep-to de licencia social en el mismo sentido en que lo emplean las empresas mineras, cargado de valoraciones positivas. Sin em-bargo, el diario no define de manera pre-cisa y clara qué es para el propio medio la licencia social. Así el concepto se vuelve a-histórico y pierde su significado real.El diario Jornada propone un contrato de lectura4 (Eliseo Verón: 52) en el cual predo-mina un Enunciador Objetivo5 que dice la verdad. El contrato de lectura es la relación entre un soporte y su lectura6. Dicha relación implica: el discurso del soporte por una par-

te, y sus lectores, por la otra. En ambas “par-tes” se establece, como en todo contrato, un nexo; el de la lectura. En el caso de las comunicaciones de masa, es el medio el que propone el contrato. Y la lectura, es una “actividad significante, en tanto que proceso socio- cultural de “captura” del sentido de un texto, de un discurso (o más en general, de un media)7.En los artículos periodísticos recolectados durante el año se observa la presencia de un mismo eje que organiza los temas y las voces presentadas en el periódico. Según este medio el gobierno, las empresas, y al-gunos sectores organizados de la sociedad se muestran receptivos al diálogo y adoptan una actitud democrática y conciliadora, se preocupan por la reactivación de la capaci-dad productiva de la zona sin dejar de lado la cuestión medioambiental. Se revela así la necesidad de sostener, por parte de estos actores, una imagen dialoguista y flexible, sin renunciar a la fuerte determinación a favor de la minería a cielo abierto.Por otra parte, la presencia en el medio de los actores sociales que se manifiestan explícitamente en contra de la megamine-ría, las asambleas de auto convocados y los foros sociales y ambientales, es significati-vamente menor que el lugar que tienen los actores mencionados anteriormente, y en las oportunidades en que son nombrados, éstos aparecen siempre vinculados a accio-nes violentas, y por lo tanto estigmatizan-tes y descalificadoras: Buzzi: La pelea la iniciaron los antimineros8. ; Piñas, después pintadas ¿qué sigue?”9 ; Escalada de vio-lencia.10 Esta representación es indicadora de la construcción de sentido que realiza y propone el medio, que difunde un mensaje y en ese mismo movimiento construye una imagen con una clara intención política.Dominique Wolton afirma que los medios tienden, en una situación tensa, a hacer de mediadores para “desbloquear” la crisis y “ha-cer progresar el diálogo”, argumentando que las cosas irían más rápido si los protagonistas estuviesen mejor informados. De esta mane-

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ra reducen la crisis a un problema de “infor-mación” aunque la mayor parte del tiempo el problema no está allí, sino en la gestión de una relación de fuerzas políticas donde la información no es más que un elemento.11 En el caso del conflicto minero en Chubut, este “rol mediador” en la pren-sa local se ve desdibujado por una fuerte tendencia de la prensa tradicional a prio-rizar la voz oficial, el testimonio de fun-cionarios y de empresarios vinculados de manera directa o indirecta a la actividad minera; silenciando al mismo tiempo a amplios sectores de la sociedad civil, or-ganizada en asambleas, con propuestas concretas que fueron expresadas a través de herramientas legales garantizadas por la Constitución provincial.

REFERENCiAS:1“Ponencia preparada para el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Po-lítico y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013”.2(2003) Informe de Minera El Desquite, Esquel, Argentina. Business for Social

Responsability (San Francisco, EEUU) Disponible en Web: http://lavaca.org/archivos/nota1484.pdf3Boutilier Robert y Thompson, Ian. La Licencia Social para Operar. [En línea] 2011SME Manual de Ingeniería Minera, capítulo 17.2, págs.1779-1796, Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, Littleton, Colorado, EEUU. Disponible en Web: http://www.academia.edu/1003674/Social_license_to_operate4Se trata de uno de los tipos de enunciador que menciona Eliseo Verón. Los otros son: enunciador cómplice y enunciador peda-gógico. El Enunciador Objetivo es im-personal y habla la verdad, está cargado de aserciones modalizadas, preguntas en ter-cera persona; cuantificaciones de consejos en un discurso ni el enunciador ni el desti-natario están explícitamente marcados.5Se trata de uno de los tipos de enuncia-dor que menciona Eliseo Verón. Los otros son: enunciador cómplice y enunciador pedagógico. El Enunciador Objetivo es impersonal y habla la verdad, está carga-do de aserciones modalizadas, preguntas en tercera persona; cuantificaciones de

consejos en un discurso ni el enunciador ni el destinatario están explícitamente marcados.6Eliseo Verón, El análisis del “Contra-to de Lectura”, un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media, en “Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplica-tions”, IREP, París, 1985.7Eliseo Verón, El análisis del “Contra-to de Lectura”, un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media, en “Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplica-tions”, IREP, París, 1985.8“Buzzi: La pelea la iniciaron los antimineros.”(2012) Diario Jornada. Tre-lew 29 de noviembre.9“Piñas, después pintadas ¿qué sigue?” (2012) Diario Jornada. Trelew, 29 de no-viembre.10Ídem 11Wolton, Dominique. Pensar la co-municación (2007) Buenos Aires. Ed.Prometeo.

ENTREVISTA

Cargo Actualdirector en Zoon Politikon

¿qué te llevó a estudiar ciencia política?desde muy chico me interese por la política y todas sus expresiones. de esa forma a los 15 años decidí que seguiría ciencia Política.

qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un politólogo? era la pregunta más difícil, ya que el rol del politólogo es muy amplio hoy en día. No sólo participamos activamente en la administración pú-blica, en donde desempañamos diferentes cargos, sino que también tenemos una fuerte presencia en el tercer sector (ong’s, etc) y en el sector privado, en donde temas como la responsabilidad social em-presaria hasta las relaciones Institucionales son áreas en las que un politólogo se puede desempeñar correctamente.También estamos presentes en los medios de comunicación, ya sea realizando análisis político hasta artículos de actualidad o sobre his-toria política argentina. Por último quiero destacar el rol del politólogo en lo 2.0, a partir del enfoque en este campo, han aparecido diferentes formas de mirar la politica (gobierno abierto, entre otras)

hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas? es muy interesante trabajar con otras disciplinas ya que el trabajo en equipo potencia cualquier proyecto, como politólogo trató de aportar mi conocimiento y mi visión sobre los diferentes puntos que se plantean

en un trabajo.

¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o polí-tico? ¿Por qué fuiste cambiando?siempre me gusto trabajar en diferentes áreas ya que el rol del politólo-go es amplio, eso me permite ir adquiriendo nuevos conocimientos

¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?Uso, facebook, Twitter, linedln, youTube, entre otras. Me sirven mucho para sumar valor a mi trabajo

¿qué libros o autores volverías a leer hoy?Primero creo que hay muchísimas cosas nuevas o no, que no los auto-res clásicos son siempre bienvendidos:Maquiavelo: “el príncipe” - hobbes “el leviatán”sartori “homo videns. la sociedad Teledirigida)” - o’donnell “el estado burocrático autoritario” - dahl “la democracia y sus criticos” - Pasqui-no “crisis de los partidos políticos y el gobierno” - entre otros.....

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.www.zoon-politikon.com.ar

Carrera y universidadlicenciatura en ciencia Política -- Universidad de Palermo

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Nicolás Sánchez López


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LOS ECONOMISTAS

PLATóNICOSMauro Forlani

Licenciado en Ciencia Política. Posgrado en Ciencia Política y Sociología, FLACSO. Docente del Instituto de

Formación Docente Continua (San Luis) IFDC-SL

Platón, el clásico filósofo griego, tenía una percepción negativa de la democracia como forma de gobierno. Según él debían go-bernar los sabios, más precisamente una aristocracia de sabios o filósofos. Desde la perspectiva platónica sólo los sabios podían conocer la “esencias”, las formas inmateriales, o dicho de otra manera las leyes verdaderas que gobiernan el mundo.

Es sabido, por la alegoría de las cavernas, que en la filosofía pla-tónica existen dos dimensiones o dos mundos paralelos. Uno es el mundo terrenal dominado por las apariencias, lo contingente y lo cambiante. El otro es el mundo de las esencias o las leyes inmutables de la verdad o lo verdadero.

Para Platón los sabios o una elite preparada podían alcanzar, co-nocer tales leyes, por lo que las cuestiones de gobierno quedaban reservadas, restringidas a unos pocos. El gobierno de unos pocos es la antítesis a la democracia, que es el gobierno de muchos.

Platón detestaba la democracia, entre otras razones (y aquí, solo seleccionaremos una de ellas por motivos de límites del artículo) porque en ésta no puede existir un liderazgo político correcto dado que los líderes dependen para su permanencia en el gobier-no de la anuencia del pueblo o del favor popular, lo que implica evitar tomar decisiones difíciles o asumir verdades incomodas que desagraden las expectativas de las mayorías.

Para la percepción platónica, entonces, los líderes democráticos evitarían tomar las medidas correctas o profundas que impliquen sacrificios de parte del pueblo con promesas de resultados posi-tivos recién a futuro. Soluciones fáciles y demagógicas ejecutan estos líderes para ganarse y conservar el apoyo del “populacho”.Parafraseando o actualizando el pensamiento platónico en la

actualidad política y económica de ésta Argentina de principios del siglo XXI se podría decir que los sabios o la aristocracia de la sapiencia toman cuerpo en los economistas ortodoxos del es-tablishment.

Estos economistas (iba a adjetivar liberales, pero creo que liberal es un calificativo de excesiva generosidad para estos ultraconser-vadores voceros de las clases dominantes), se auto-conciben, se auto-referencian como los especialistas, verdaderos expertos de los problemas “estructurales” del país. Basta verlos con esos aires pendencieros, altaneros rotando por los canales del multimedio propagando las recetas genuinas que se deberían aplicar para conducir al país por un camino seguro y exitoso.

Ellos dicen, también como los sabios platónicos, conocer las normas inmutables, las “esencias”. Pero en este caso las leyes ver-daderas son las leyes del mercado. Del mercado globalizado.

Como la filosofía platónica, tienen una imagen negativa, peyo-rativa del liderazgo democrático. En este caso del liderazgo de Cristina. Aquí también el liderazgo político correcto o eficiente se hace improbable porque la presidente tiene que atenerse a las demandas cortoplacistas de los sectores populares si desea permanecer en el gobierno.

En este sentido entonces los técnicos ortodoxos, en similitud con la mirada platónica, reniegan del liderazgo popular de Cris-tina porque se evitan “las decisiones incomodas”, las “verdades desagradables” y se reeditan las prácticas demagógicas con tal de conservar la anuencia de las mayorías. Estas prácticas demagó-gicas y populistas “quedan” en la superficie de los problemas. Son soluciones del mundo de las “apariencias” pero que no resuelven los problemas verdaderos, de fondo, “esenciales” de la economía argentina.

Por lo que este grupo de economistas al mismo tiempo que bos-quejan por el multimedios las recetas eficaces que debe aplicar el ejecutivo, empapan de pronósticos apocalípticos sus discursos al no seguir los cursos de acción por ellos explicitados.

¿Qué es eso de aumentar el gasto público, de actualizar salarios, de universalizar jubilaciones o asignaciones sociales? Desincen-tivan las inversiones, aplacan la cultura del trabajo y nos alejan de la panacea de las economías desarrolladas.

¿Qué eso de andar controlando las importaciones o la divisa internacional? Esto pertenece al mundo de las apariencias, de las contingencias. Son antitéticas a las más elementales “verdades” del mundo del mercado.

Estos sabios del laissez faire, teólogos, corifeos del dios mercado, no lo explicitan, pero desean los dorados noventa, desean “achi-car el estado para agrandar la nación”, pero el pueblo inculto parece resistir, parece no querer volver al pasado. Algo sabe de sus consecuencias...

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ENTREVISTA

Cargo ActualJefe de asuntos Públicos en barrick argentina.

¿qué te llevó a estudiar ciencia política?Tenía una Tecnicatura en Periodismo e inicialmente buscaba una ca-rrera de grado que me enriqueciera para esa profesión y elegí cP por un interés adicional por la política. así empecé.

qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un politólogo? al principio lo asociaba más con lo académico, pero luego a medida que iba conociendo las distintas orientaciones profesionales de la ca-rrera (analista político, periodista, encuestador, consultor en campa-ñas, diplomático, funcionario, legislador, lobbista) creo que eso ayudó a que la gente entendiera mejor de qué se trataba, pero efectivamen-te requería de un poco de dedicación y tiempo para explicarlo.desde luego, la primer asociación que hacían amigos y familiares era “politólogo = político” y estaban tanto los pesimistas que me decían “’¿cómo te vas a meter ahí?” y los optimistas del “a ver si nos sa-cás de esto” (pensemos que estábamos en plena crisis de 2001-2002 cuando empecé a estudiar).

hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas? creo que la nuestra es una carrera que nos permite seguir apren-diendo constantemente y aplicarlo a la práctica cotidiana, a pesar de que muchos la juzguen muy teórica. en la medida en que el tiempo me lo permite, sigo leyendo autores y participo de seminarios y char-las para mantenerme actualizado y trato de estar en contacto con la Universidad. Me gustaría en algún momento poder devolverle a la Universidad parte de lo aprendido a través de la docencia o colabora-ción en alguna investigación o trabajo puntual.

¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o po-

lítico? ¿Por qué fuiste cambiando?realmente hasta promediar la carrera no me imaginaba trabajando donde hoy estoy (me desempeño hace más de 6 años en el área de relaciones institucionales y gubernamentales en el sector privado). creo que fue la misma carrera y el contacto que la Universidad le posibilita tener al alumno con el mundo profesional lo que me permitió conocer esta profesión e interesarme en ella.

¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?laboralmente recurro mucho a Twitter y facebook como medios de información. como medio de comunicación las uso mayormente para el ámbito personal, amigos, familia, etc.

¿qué libros o autores volverías a leer hoy?siempre me consideré más próximo a la teoría y la filosofía política liberal, y por ende me atrayeron más esos autores, sobre todo los modernos y contemporáneos desde ortega y Gasset hasta Nozick o Kymlicka, pasando por Mises y dworkin. sin embargo, las “bases...”, de alberdi o el tratado sobre la libertad de Mill son obras casi con-temporáneas del s. XIX que recomiendo porque sientan las bases del pensamiento liberal contemporáneo.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.sigo mucho el blog los Trabajos Prácticos (http://www.bonk.com.ar/tp/), que también esta en twitter con el usuario @TPtuit

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Carrera y universidadlicenciatura en ciencias Políticas - Pontificia Universidad católica argentina “santa María de los buenos aires” (Uca)

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Jonathan Thienemann

NOTAS PARA LA DISCuSIóN SOBRE LA ENSEñANzA DE

LAS INSTITuCIONES POLíTICAS EN LAS

CARRERAS DE GRADO DE CIENCIA POLíTICA

EN ARGENTINA

Diego Gantus(UNR – UNER) [email protected] Massuco (UNR) [email protected] de Michele (UNR) [email protected]

ÁREA: DEsARRoLLo, EnsEñAnzA Y METoDoLogíA DE LA CiEnCiA PoLíTiCA

El Problema. Esta contribución pretende abordar una aparente tensión en la formación de grado en Ciencia Política en nuestro país; a saber, aquella que se manifiesta entre el conocimiento sobre las instituciones políticas centrales que las carreras de gra-do en Ciencia Política deberían proveer y el que efectivamente


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proveen. No es vano afirmar aquí que partimos del supuesto que la enseñanza de las instituciones políticas centrales de nuestro sistema político, y de la dinámica que tiene lugar entre ellas y los actores políticos que animan dicho sistema, es una tarea que las carreras de grado no pueden delegar. Dicho esto, sostenemos que en la actualidad esa tensión se expresa bajo la forma de un déficit generalizado en la enseñanza de estos tópicos.

Si aún con matices este déficit pudiera determinarse convincen-temente, dos cuestiones adicionales merecerían ser tratadas: a) ¿en qué espacios curriculares enseñamos lo que enseñamos sobre las instituciones políticas, los actores que protagonizan la vida política, y sus interacciones?; y b) ¿esto que enseñamos en esos espacios curriculares, es suficiente en algún sentido para contri-buir al desarrollo de las habilidades y competencias que decimos proveer a nuestros graduados en nuestros Planes de Estudios? La primera de estas dos cuestiones (eminentemente cualitativa), nos obliga a considerar el peso relativo que tendrían el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, la Filosofía Políti-ca, y la Historia Política, respecto de perspectivas o abordajes de estas cuestiones más estrictamente politológicos. La segunda de estas cuestiones (predominantemente cuantitativa), nos pondría de cara a una o más oportunidades de mejora si la brecha entre el compromiso planteado en nuestros Planes de Estudios y el perfil real de nuestros egresados fuera significativa.

Implicancias. ¿Dónde y cómo aprenden nuestros alumnos de Ciencia Política las características salientes del Sistema de Par-tidos en nuestro país? ¿Qué enseñamos en los programas de grado de Ciencia Política sobre la institución presidencial, y sus características distintivas respecto de las teorías existentes sobre sistemas presidencialistas en la bibliografía específica? ¿Cómo afecta nuestro federalismo realmente existente las relaciones en-tre las Provincias y la Nación en términos de representatividad política y gobernabilidad?1 ¿Qué modelos tenemos para enseñar la dinámica de la relación entre la Presidencia y nuestro Con-greso de la Nación? ¿O entre la Presidencia y los Gobernadores? ¿Es el argentino un Sistema Federal, de la misma manera que lo son el de Brasil, de Venezuela, o de los EE UU?

El problema aún no está debidamente planteado; pero si con-sideramos que las carreras de grado en nuestro país tienen en promedio 36 materias2, deberíamos interrogarnos: ¿Dónde de-berían adquirir los estudiantes de Ciencia Política los conoci-mientos necesarios para responder a aquellas preguntas?

Una respuesta posible es que esos conocimientos deben ser ad-quiridos a partir de las herramientas provistas por la carrera, pero no necesariamente en la carrera. Y ello por la sencilla razón de que la carrera no puede enseñarlo todo. Aunque esto últi-mo pudiera discutirse, no basta como argumento. ¿Qué estamos enseñando que sea tan crucial para la formación de politólogos en nuestro país que no queda lugar en la malla curricular para impartir aunque más no sean rudimentos sobre estos tópicos?Otra respuesta posible es la que algunos modelos de educación

superior proveen más o menos explícitamente: estos u otros asuntos relacionados corresponderían al nivel de formación de Postgrado. Tal podría ser el caso de Brasil3. Pero aún en el caso brasileño, las carreras ofrecen espacios curriculares bien perti-nentes para al menos introducirse en las características que ad-quieren en la actualidad del país en cuestión, su organización política-institucional, su sistema de partidos, o el sistema elec-toral (cuando no se ofrecen otros tantos que permiten abordar problemas políticos contemporáneos)4.

La fotografía que podemos tomar hoy en día de los diseños cu-rriculares de las Carreras de Grado en Ciencia Política no es auspiciosa en este sentido. Si ello constituye una situación de equilibrio de nuestras comunidades académicas, es algo que excede en principio los propósitos del presente trabajo. De un modo más general, podemos coincidir en que no es una preocu-pación establecida la necesidad de construir consensos en torno al qué enseñar, y para qué enseñarlo (BULCOURF, 2008:226). De alguna forma esto hace eco en el Cono Sur. Basta con señalar que sólo la SAAP y la Asociación Brasilera de Ciencia Política (ABCP) han tenido en congresos recientes áreas temáticas, pa-neles o mesas de ponencias destinadas a tal fin; no así las asocia-ciones de Uruguay (A.U.Ci.P., 2010) y Chile (A.C.C.P, 2010) , por citar dos ejemplos próximos6.

En nuestro país no pareciera existir una respuesta para la pre-gunta ¿Dónde? Podríamos arriesgar algunas hipótesis, pero nuestro trabajo no se propone explicar las causas de esta inde-terminación. Pero nos interesa contribuir a la problematización de la cuestión.

Un camino posible. Ciertamente, no existe nada que pueda ofi-ciar de medida sobre cuánto conocimiento sobre las institucio-nes políticas es necesario en general. Pero en ausencia de una vara tal, es posible transitar algunos caminos que permitan echar luz sobre la cuestión. El que este trabajo ha elegido, parte como no podría ser de otra manera, tomando posición por una forma de entender qué son las instituciones y cómo es que las institu-ciones importan. Pero algo más debe decirse.

Si las instituciones, como nuestro trabajo sostiene, son las reglas del juego; o mejor dicho, son las limitaciones que los hombres se imponen a si mismos7 para hacer posible la interacción hu-mana (NORTH, 2006:13), constituyen una creación humana y por ello mismo, están sujetas al cambio (NORTH, 2006; OS-TROM, 1986; PETERS, 2003; GOODIN, 2003). Si las ins-tituciones modelan o afectan el comportamiento de los actores (sean estos individuales o colectivos), la enseñanza de las ins-tituciones políticas fundamentales de una comunidad política determinada no pueden estar divorciadas de la enseñanza de las características centrales de esa comunidad, ni de los principales actores que protagonizan su vida política. En particular, el siste-ma de partidos políticos, las organizaciones de los tres poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y el compor-tamiento electoral: son estas las palancas del cambio institucio-

Espacios Políticos

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nal, y al mismo tiempo, la materia sobre la que las instituciones producen sus efectos. A continuación, el trabajo pretende determinar, en primer lu-gar, cuán central o no es para los Perfiles de Egresado de las carreras analizadas (o las incumbencias, las habilidades y/o las competencias que pretenden desarrollar en sus egresados) el co-nocimiento sobre las instituciones políticas centrales de nues-tro sistema político, los actores, y sus interacciones. En segundo lugar, determinar para las carreras que asignan centralidad a la enseñanza de las principales instituciones políticas en sus per-files de egresado, qué instituciones políticas efectivamente son abordadas en qué espacios curriculares que integran la malla. En tercer lugar, dimensionar qué peso tienen en la formación estos contenidos y estos espacios, en relación al peso de los espacios curriculares y los contenidos de las asignaturas relacionadas con el Derecho, la Filosofía y la Historia Política (disciplinas todas que suelen ser concebidas como el núcleo de una matriz que ins-piró los estudios políticos tradicionales, y de las cuáles la Ciencia Política se habría independizado; PINTO, 2006)

Para desplegar esta estrategia metodológica, se han considerado sólo aquellas carreras no especializadas en un sub-campo dis-ciplinar (Administración Pública, Relaciones Internacionales, etc.). Por caso, sólo se ha considerado la Licenciatura en Es-tudios Políticos de la UNGS, no así su Licenciatura en Admi-nistración Pública (otro tanto, por caso, con UNComahue). O se ha considerado sólo la Licenciatura en Ciencia Política de la UNR, pero no su Licenciatura en Relaciones Internacionales. Finalmente, allí donde las Licenciaturas poseen “orientaciones” o “terminalidades”, se han considerado aquellas vinculadas al Análisis Político (por caso, UBA, UNER y UNR), por conside-rar que proveen una formación más generalista, menos especia-lizada, que las restantes orientaciones.

En base a las anteriores decisiones metodológicas, se construyó una base de 33 programas o carreras de grado de formación en Ciencia Política, que incluyen universidades públicas y privadas (confesionales y no confesionales), tradicionales o de reciente creación, que representan una distribución geográfica creciente-mente federal respecto de décadas pasadas, aunque la concentra-ción en el Área Metropolitana Buenos Aires sigue siendo muy importante.

Consideraciones finales. El trabajo que hemos emprendido, y que será expuesto durante el XI Congreso, se propone confirmar algunas de las presunciones antes expresadas, y proveer un terre-no común para la discusión al respecto si aquellas fueran confir-madas. En definitiva, lo que importa es que así como en Chile, Uruguay y en algunas universidades de Brasil, este estado de cosas parece haber cambiado recientemente (o estar cambiando al menos), en algunas carreras tradicionales y otras de reciente creación en nuestro país, parece estar sucediendo también. Si el camino es la discusión de estándares en la enseñanza de la Ciencia Política8, o simplemente la socialización de uno o más documentos con recomendaciones (a producirse, por caso, en el

marco de las reuniones de Directores o Coordinadores de carre-ras que organiza la Sociedad Argentina de Análisis Político), es algo difícil de afirmar. La autonomía universitaria, y la creencia generalmente aceptada de que los planes de estudios se refor-man con lo que hay o no se reforman, son sólo algunos de los aspectos a considerar de una iniciativa tal.

REFERENCiAS1Tanto formal como informalmente, en el ejercicio de la máxi-ma magistratura, nuestro país presenta rasgos muy peculiares. Sucesivas legislaciones de emergencia económica o emergencia pública han redundado en la cesión de facultades desde los go-biernos provinciales y el Congreso al Poder Ejecutivo. Y corres-ponde decir que este proceso de reversión del federalismo fiscal y político en nuestro país, que no se inició pero sí se ha acelerado a partir de inicios de los años 90’, invirtió la relación de la dis-tribución de los ingresos nacionales entre Nación y Provincias (43% Nación y 57% Provincias, según la última ley de Coparti-cipación Federal de Impuestos N° 23.548/88). 2Elaboración propia, en base a la sistematización de 33 Planes de Estudio de las Carreras de Ciencia Política en nuestro país. Se han excluido a tal fin las carreras que exclusivamente titu-lan en el sub-campo de las Relaciones Internacionales o de la Administración Pública. Los planes de estudio relevados entre 2011 y 2012, corresponden a las Universidades de Comahue (UNComa), Di Tella (UTDT), Palermo (UP), Argentina de la Empresa (UADE), Abierta Interamericana (UAI), Belgra-no (B), de Buenos Aires (UBA), Pontificia Universidad Cató-lica Argentina, Paraná (PUCAParana), Católica de Santa Fe (UCSF), Católica de la Plata (UCALPlata), Católica de Santia-go del Estero (UCSE), Católica de Córdoba (UCC), del Cen-tro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA), de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), de San Andrés (UdeSA), de Cuyo (UNCuyo), de Entre Ríos (UNER), de Ge-neral Sarmiento (UNGS), del Litoral (UNL), de la Matanza (UNLaM), de Lanas (UNLanús), de La Rioja (UNLaR), de Morón (UNMorón), de la Patagonia San Juan Bosco (UNP), de Rosario (UNR), de Río Cuarto (UNRC), de San Martín (UN-SaM), de San Juan (UNSJ), del Norte Santo Tomás de Aqui-no (UNSTA), de Villa María (UNVM), del Salvador (USAL), Católica Argentina, Buenos Aires (UCABA) y John Fitzgerald Kennedy (UJFK)3En Brasil, la mayoría de las Universidades Estaduales ofre-cen carreras de formación generalista en Ciencias Sociales y/o Humanas de 4 años de duración máxima, comunes a futuros sociólogos, antropólogos, filósofos y/o politólogos, entre otros, que construyen una cierta especificidad disciplinar en su currí-culo de grado a través de una muy variada y extensa oferta de asignaturas cuatrimestrales optativas. Los “Departamentos de Ciencia Política”, en general, son departamentos de Estudios de Postgrado.4A fines de reafirmar el punto que se quiere establecer, se tomará aquí un típico caso de Brasil. La Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tiene un programa de grado en Cien-


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cias Sociales. Ofrece como curso obligatorio “Política III: Insti-tuciones Políticas Brasileras”. Para aquellos que profundizan en el campo de la Ciencia Política, pueden elegir, entre otros, estos espacios curriculares: Participación Política, Representación y Movimientos Sociales, Análisis de Procesos Políticos, Análisis Político del Brasil Contemporáneo, y dos seminarios denomina-dos III y IV, ambos de Temas de Política Brasilera. Disponible en http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas 5Al momento de relevar el dato, no teníamos información dispo-nible sobre las ediciones 2012 de ambos Congresos.6La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) muestra en sus estadísticas del V Congreso, realizado en 2010 en Buenos Aires, que de las 7 áreas temáticas, la de Metodología y Enseñanza de la Ciencia Política fue la de menor participa-ción relativa (2,7% del total de paneles presentados). Ver más en http://www.alacip2010.com.ar/public/programa2010.pdf 7Dirigido por el propio Douglass C. North, Jack Night sostiene en su tesis que estando en el centro de la discusión sobre las instituciones el conflicto distributivo, debiéramos decir que las instituciones son las limitaciones que algunos hombres les im-ponen a otros” (KNIGHT, 2004). Que la distribución de poder para cambiar una institución está desigualmente distribuida era una cuestión que Douglass North no ignoraba.

8Tal como existe, por caso, en la American Political Science As-sociation (APSA), y su Comité de Enseñanza y Aprendizaje. Ciertamente, una comunidad politológica de 110 años ha conse-guido un nivel de desarrollo superior a las de nuestra región. Ver más en http://www.apsanet.org/content_3799.cfm?navID=6

Bibliografía.Bulcourf, Pablo A.: “Algunas Reflexiones sobre la Enseñanza de la Ciencia Política en la Argentina”, En revista “Postdata”, núm. 13 (2008)Goodin, Robert E (Comp.): “Teoría del Diseño Institucional”, Ed. Gedisa (2003)Knight, Jack: “Institutions and Social Conflict”, Cambridge University Press (2004)North, Douglass C: “Instituciones, Cambio Institucional y Des-empeño Económico”, F.C.E. (2006) Ostrom, Elinor: “An agenda for the Study of Institutions”, Pu-blic Choice 48 (1986), Reeditado En 2000. Copia electrónica suminstrada por la propia autora. Pinto, Julio: “Introducción a la Ciencia Política”, Ed. Eudeba (2006)Peters, Guy: “El Nuevo Institucionalismo”, Gedisa (2003)

LA DISPuTA GOBIERNO-CLARíN.

uNA PROPuESTA DE LECTuRA DESDE LA

TEORíA DE LOS juEGOS

las restricciones que las reglas y las diná-micas de funcionamiento le establecen y teniendo en cuenta el comportamiento del resto de los actores, configurando una interdependencia de las decisiones (Els-ter, 1984). Dentro de esta lógica, el juego del gallina constituye una de las variantes clásicas de la teoría de los juegos. Tiene como forma más tradicional de represen-tarlo la disputa entre dos adolescentes que se desafía a probar su valentía. Para ello colocan sus autos enfrentados a una cierta distancia y aprietan el acelerador hasta el momento en que uno de los dos decida desviarse quedando como el “gallina” por abandonar el curso de colisión, mientras que el restante queda como el “valiente” por haber soportado la presión y ganar la competencia a pesar del riesgo. El pro-blema se encuentra en que puede suceder que ninguno de los dos esté dispuesto a perder el juego y como consecuencia de ello se produzca el peor resultado posi-ble, que consiste en que termine produ-ciéndose el choque y la muerte de ambos

Fernando Chávez SolcaLic. en Ciencia Política, doctorando en Ciencia Política CEA-UNC. CIECS-UNC.

[email protected]

modo en que los actores se han compor-tado a lo largo de este conflicto.

El análisis estratégico supone que los ac-tores que intervienen en la arena política son racionales y se comportan en defensa de sus intereses, intentando maximizar sus beneficios. De esta manera, calculan la mejor relación medios/fines en base a

Si un conflicto ha dominado el escenario político argentino en los últimos cuatro años ese es el enfrentamiento que el go-bierno ha mantenido con el Grupo Clarín a raíz de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En las siguientes líneas intentaremos proponer una lectura siguiendo la metáfora del “juego del gallina” que parece explicar el

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participantes, ante lo cual serán valientes pero estarán muertos.

Teniendo en cuenta esto, podemos plan-tear cuatro escenarios posibles. Uno se-ría que los dos jugadores actúen como “gallina” y adopten una posición conser-vadora, desviándose ambos de la ruta y manteniéndose con vida pero al precio de no modificar el orden existente. Las variantes dos y tres serían que uno de los participantes se comporte como “gallina” y el otro como “valiente” siendo este úl-timo beneficiado con todas las ganancias resultantes de la contienda, lo que cons-tituye el mejor resultado para el jugador ganador. La cuarta opción es la planteada en el párrafo anterior, el peor resultado, en donde ambos actores enceguecidos terminan mostrando su valentía pero el costo de ello es la destrucción de ambos (Acuña, 1995).

Un comportamiento que se puede dar en el transcurso de este juego es que uno de los oponentes busque estratégicamente convencer el otro de que ha enloquecido autoeliminando la posibilidad de ser “ga-llina”, en la metáfora de los adolescentes sería arrancar el volante del vehículo y ti-rarlo por la ventanilla, mostrando que ya no se puede cambiar el rumbo y enfren-tando al otro a solamente dos escenarios posibles, perder el juego pero mantenerse con vida o seguir hasta las últimas con-secuencias y morir los dos en el choque (Acuña, 1995).

Ahora bien, ¿cómo pensar el conflicto gobierno-Clarín en estos términos? ¿En qué momento de la metáfora nos encon-tramos? Y dado eso ¿qué resultados serían los más probables? No resulta demasiado difícil sostener que desde el comienzo de la disputa a partir de la propuesta de modificar la legislación que regula los servicios de comunicación, el conflicto entró en una lógica de la escalada en la que ante cada acción de uno de los actores el otro respondía con una acción de igual o mayor potencia. Esto da cuenta que nos encontramos ante dos actores que parecieran querer demostrar de manera constante su valentía y por el momento no estarían dando signos de acobardarse

ni de estar dispuestos a asumir el lugar del gallina.

Si miramos el conflicto como una serie de momentos, que implicaron decisiones develadoras de estrategias de los actores, podríamos plantear una secuencia de la siguiente manera. En un primer momen-to la relación entre el kirchnerismo y los medios de comunicación fue ambigua, por un lado el Presidente no concedía no-tas ni daba conferencias de prensa como se le pedía pero al mismo tiempo le re-novaba las licencias del manejo de cable. Es a partir de la “crisis del campo” que el gobierno sale de esa lógica y emprende abiertamente un enfrentamiento con los medios. Entonces, podríamos detectar una primera instancia en que comienza el desafío, o en el que los dos adolescentes se retan “a que no te atreves” a modifi-car el esquema de medios vigentes. Ante esto, el gobierno hace la presentación del pre-proyecto de ley de servicios de comu-nicación audiovisual, mostrando que su estrategia sería enfrentarse a los medios y modificar la normativa existente. Por su parte, los medios dominantes fluctuaron entre no darle importancia a aquel anun-cio (ni siquiera colocarlo en tapa) o hacer algunas menciones fuertemente críticas a la decisión del gobierno. Dado ese primer paso, nos encontramos con cuatro escena-rios posibles: el primero sería la sanción de la nueva ley con el apoyo o la indife-rencia de los grupos dominantes; el se-gundo, la sanción de la ley pero a pesar de la oposición de Clarín; el tercero, la vuelta atrás con la propuesta, es decir, no avan-zar con la ley por la acción de los grupos empresariales; cuarto, no modificar el es-quema de medios porque no es un asunto relevante para al gobierno. ¿Cuáles serían las consecuencias de estos escenarios? En el primero de los casos, tendríamos a un gobierno que logra su objetivo, que for-talece su discurso por modificar una ley proveniente de la dictadura y, según algu-nos, logra cobrarse venganza de lo acon-tecido durante el 2008. Por su parte, los medios dominantes, resultarían perdedo-res (en términos de ganancias económicas y posiciones de mercado), pero beneficia-dos marginalmente, evitando el desgaste de la disputa y tener que ubicarse en un

lugar claramente opositor. El segundo es-cenario posible, muestra que si los dos se ponen en duros, la modificación de la ley de medios puede llevarse adelante pero con costos muy importantes. Es decir, la disputa podría ser tan profunda que des-legitimaría a ambas partes (especialmente a un gobierno que venía fuertemente gol-peado de la pelea con el campo en 2008) y también a la ley, que emergería con un nivel de desaprobación y en consecuencia difícil de poner en marcha. En el terce-ro, el gobierno asume el lugar del gallina, da marcha atrás con su propuesta pero se evita el costo de tener que entrar en una disputa con Clarín que sale victorioso siendo el mas beneficiado por conservar su posición dominante. Finalmente, en el cuarto, la nueva ley se frustra pero sin cos-tos para ninguno de los participantes ya que ambos les parece mas racional man-tener el estado de cosas existente.

Un segundo momento que puede ras-trearse es cuando el Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. No sólo eso, sino que además, para conse-guir el apoyo de otras fuerzas políticas en el recinto accede a realizar algunas mo-dificaciones (como la limitación para las telefónicas) dando cuenta que lo anun-ciado no era sólo una amenaza sino que iba a fondo en la búsqueda de modificar la situación de los medios. Así, el gobier-no aprieta el acelerador y se acerca a toda velocidad al auto de Clarín. Por su parte este último, mantiene su oposición al pro-yecto, endurece sus enunciados respecto al gobierno y a la “ley de medios K”1 y apoya sin disimulo a los candidatos de la oposición para las legislativas de ese año. La sanción de la ley en octubre de 2009 puede ser tomada como un tercer momen-to de este juego. El nivel de compromiso asumido por el oficialismo, la centralidad que la lucha contra las corporaciones mediáticas había ocupado en su discur-so, el nivel de visibilidad del conflicto y el desenlace de la votación a su favor ha-cen difícil imaginar que el kirchnerismo pueda volver para atrás. O dicho en los términos de la metáfora, que pueda co-rrerse a la banquina y volverse el gallina. Lo que el kirchnerismo le está marcando


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a los medios dominantes es que ha tirado su volante por la ventana, que ya no puede desviarse y en consecuencia le deja a su opositor solo dos opciones: o bien es el gallina, acepta la nueva ley y se convierte en el perdedor del juego; o bien elige se-guir en la confrontación sabiendo que el choque será inevitable y ambas partes ter-minarán colisionando. Esto implica man-tenerse en un cuestionamiento incesante hacia la ley, deslegitimar toda acción del gobierno con el objetivo de restarle apo-yo para sus iniciativas, pero sabiendo que el costo de ello es la pérdida del lugar de “objetividad” y “neutralidad” que habían sabido construir en los años anteriores.

Un cuarto momento puede buscarse en lo sucedido luego de la sanción de la ley, que muestra que ambos autos se acercan y la probabilidad de que choquen es cada vez más alta. Por un lado, Clarín continúa pi-sando el acelerador a través de acudir a la justicia y mediante cautelares impide que la ley se aplique en su conjunto2, endurece sus editoriales y modos de enunciación frente al gobierno sin tener ya entre sus prioridades mantener la distancia con la realidad que el periodismo objetivo sos-tiene tener. Por su parte, el kirchnerismo no pierde oportunidad de referirse a los medios dominantes como su principal an-tagonista y utiliza sus medios para reafir-mar su lectura de la realidad. Agregado a ello, impulsa medidas con la intención de debilitar a su rival, tales fueron los casos de la “estatización del fútbol” en agosto de 2009 que quita al Grupo Clarín los dere-chos de transmisión de los partidos de los torneos de Primera División; o en marzo de 2010 los informes que denunciaban el modo en que Clarín se hizo con las accio-nes de Papel Prensa.

Ante esta situación cabría sostener que ambas partes han tirado el volante por la ventana y no quieren, ni pueden, evitar el choque, volviéndose imposible un equili-brio. Tanto Clarín como el kirchnerismo siguen dando muestras firmes de no estar dispuestos a perder este juego. Una de las demostraciones mas sintomáticas de ello a fines del año pasado fue todo lo generado alrededor del “7D”, las campañas publici-tarias a favor y en contra, las declaraciones

y notas periodísticas, etc.

De todas formas, existen un par de fac-tores que pueden modificar el tablero. El primero de ellos es que el oficialismo jue-ga cada vez más en contra de los “tiem-pos políticos”, es decir, salvo una muy improbable reforma constitucional, Cris-tina Fernández de Kirchner abandonará la presidencia en 2015. En consecuencia los tiempos para poner en vigencia la ley de medios en su totalidad se acortan cada vez más y se vuelve posible imaginar que la actual mandataria se ira del gobierno sin haberlo logrado. Esto abre a dos po-sibilidades, o bien a que el kirchneris-mo continúe presionando el acelerador y se mantenga en esa lucha de desgaste en estos dos años que le quedan. O bien que por primera vez adopte una posición algo más conservadora y para evitar una potencial resolución desfavorable, estra-tégicamente permita que la situación se continúe dilatando, lo que le posibilitará retirarse aunque no victorioso, con el re-conocimiento de una batalla emprendida en la que no fue derrotado.

El segundo, es que aunque Clarín logre evitar que por el momento se aplique la ley de medios (tal como lo ha hecho desde el 2009) los costos en los que ha incurrido para mantener su posición son lo suficien-temente abultados como para transformar-lo en un perdedor de cualquier modo. Fue la estrategia del Grupo la que ha socavado su propia imagen. En su afán de impedir la sanción de la ley y de oponerse al gobierno kirchnerista (coadyuvado por los medios oficiales) puso en evidencia su posición tan sesgada y su periodismo tan “militan-te” como cualquier otro. Esa es una lectura que se ha instalado en buena parte de la sociedad que hasta hace algunos años atrás era impensable. Y necesariamente deberá ser tenida en cuenta por Clarín para sus futuras estrategias.

En síntesis, en este breve espacio hemos intentado plantear un modo de leer el conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín que muestra la lógica que ambos actores han manejado a lo largo de estos años de disputa. Reconocemos lo proble-mático de algunos supuestos asumidos y

que una pluralidad de aristas relevantes han sido dejadas de lado, pero invitamos a seguir reflexionando sobre la temática y nos comprometemos a seguir haciéndolo en futuros trabajos. BiBLiOGRAFÍAAcuña, C. (1995) Algunas notas sobre los juegos, las gallinas y la lógica política de los pactos constitucionales, en Acuña, C. (comp) La nueva Matríz Política Argen-tina, Nueva Visión: Buenos Aires. Elster, J. (1984) Marxismo, funcionalismo y teoría de los juegos. Alegato a favor del individualismo metodológico, en Zona Abierta, 33, octubre/diciembre, Fair, H. (2010) El debate político en tor-no a la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina. ¿Hacia una mayor democratización social o hacia un incremento del autoritarismo? En Inters-ticios Revista Sociológica de Pensamien-to Crítico, Vol 4 (2), pp. 141-173. Repoll, J. (2010) Política y medios de co-municación de Argentina. Kirchner, Cla-rín y la ley, en Revista Andamios, 7 (14), pp. 35-67.

REFERENCiAS1Entre septiembre y diciembre de 2009, Clarín, de sus 124 titulares sólo 30 no re-fieren de manera directa o indirecta a los Kirchner. De ese total, el 64% (80) son contrarios al gobierno, refiriéndose ya sea a gestión de gobierno, corrupción o relación con los medios. (Repoll, 2010: 51).El 28 de agosto, al día siguiente de la pre-sentación del proyecto parlamentario, TN, tituló en cada uno de sus informativos que el Gobierno presentó la “Ley K de control de medios”. Por su parte, Clarín tituló “Presentan la ley para controlar a los medios”. Y luego subtituló: “El Gobierno quiere avanzar sobre la prensa indepen-diente” (Clarín, 28/08/09).2Las medidas cautelares presentadas por el grupo Clarín suspenden la aplicación pro-visoria de los art. 41 y 161 que establecen la intrasferibilidad de licencias y acciones de empresas de comunicación audiovisual y fijan el plazo de un año para que los pro-pietarios de medios se adecuen a los límites que establece la ley en cuanto al número de licencias.

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DEL MuNICIPIO AL CONGRESO NACIONAL: los NUevos INTeNdeNTes del coNUrbaNo

La territorialización no es un fenómeno nuevo en la política argentina. Ha sido abordado en la literatura de forma cre-ciente, sobre todo desde la crisis de 2001 y la subsiguiente desnacionalización del sistema de partidos. Aquí nos centrare-mos en un claro síntoma de ello, el cre-ciente protagonismo de los intendentes. Un caso de notable actualidad es el de los intendentes del conurbano de la provin-cia de Buenos Aires, protagonistas de las elecciones legislativas de este año. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué los intendentes aparecen ahora como protagonistas de la política nacional? Hay varios factores que pueden dar cuenta de este fenómeno.En primer lugar, como ya mencionamos, la territorialización de la política que se evidenció en los últimos años, tanto en materia electoral como de políticas públi-cas, es un factor del sistema político, exó-geno a los intendentes en sí mismos, que potenció su liderazgo. Pero también hay un cambio en el perfil de los intendentes, un nuevo paradigma. Los “barones del conurbano” de los ´90 dieron paso a los “intendentes de gestión”. Su principal característica es la “sobre-gestión”, es decir, ampliar las fronteras de acción del estado municipal, incluso avan-zando sobre la jurisdicción provincial. En el marco de una provincia con déficit cró-nico, estos intendentes aprendieron a no depender de los recursos provinciales y maximizar el fruto de los recursos propios para brindar desde el municipio cada vez más servicios y satisfacer demandas que el

gobierno provincial no puede. Vale como ejemplo el avance de las policías muni-cipales, en el marco de un asunto em-blemático de las demandas ciudadanas, como es la seguridad. Así, construyeron liderazgos de popularidad con un gran apoyo electoral en sus municipios. Pero, a diferencia de los “barones”, no se con-formaron con retener el poder municipal, sino que rompieron la frontera local, pri-mero extendiendo su influencia a munici-pios cercanos, luego armando una “liga de intendentes” en la provincia, y finalmente instalándose como nuevos actores de la política nacional. Construyen poder polí-tico propio, que no piensan compartir con el gobernador ni con la presidenta. En cuanto a sus preferencias y posiciones po-líticas suelen ser pragmáticos y libres de las estructuras partidarias. La flexibilidad de sus liderazgos se complementa con la volatilidad electoral. La gestión munici-pal, tal como ellos mismos la presentan, no tendría líneas ideológicas a seguir, sino que se guiaría exclusivamente por las demandas ciudadanas, que pueden resol-verse de forma práctica, casi apelando al sentido común. El gran apoyo electoral que reciben estos “intendentes de gestión” los convierte en actores codiciados y fundamentales para los armados electorales, ya que la territo-rialización implica un “arrastre inverso”. Es decir, las categorías de cargos munici-pales cada vez traccionan más votos hacia arriba (las categorías provinciales y nacio-nales). Esto se puede ver en los resultados electorales, donde los candidatos a cargos

municipales obtienen triunfos más con-tundentes. De esta forma, en las elecciones a diputa-dos nacionales por Buenos Aires de este año, encontramos que las dos listas con mayor intención de voto están encabe-zadas por intendentes. Se trata de la lista del Frente para la Victoria, encabezada por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la lista del Frente Renovador, liderada por el intendente de Tigre, Sergio Massa, donde además figu-ran otros intendentes: Darío Giustozzi (Almirante Brown) en el segundo puesto, Sandro Guzmán (Escobar) en el octavo lugar y Oscar Gilberto Alegre (General Villegas) en el décimo; y entre los candi-datos a diputados suplentes, Joaquín de la Torre (San Miguel) en el octavo lugar, el radical Mario Meoni (Tandil) en el dé-cimo y Gabriel Katopodis (San Martín) cerrando la nómina.Los gobiernos de Néstor y Cristina Kir-chner también brindaron condiciones de posibilidad para el protagonismo de los nuevos “intendentes de gestión”. En pri-mer lugar, esta nueva camada accedió al poder en 2007, generalmente a través de una colectora del FPV-PJ e imponiéndo-se ante los viejos barones y sus aparatos. Y luego, en 2011, también por el FPV, fue-ron reelegidos con abrumadores porcen-tajes. Entonces, la proliferación de listas colectoras, que promovió Kirchner, per-mitió renovar los liderazgos en muchos municipios. En 2009, consciente del poder electoral de los intendentes y de su capacidad de arrastrar votos hacia arriba, Néstor Kir-chner promovió sus candidaturas testi-moniales, lo que también contribuyó a darles visibilidad y a reconocer su peso territorial y electoral. Para colmo, debido al rechazo que generaba la imagen del ex presidente, las listas municipales del FPV

Danilo DegiusttiLicenciado en Ciencia Política (UBA)

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obtuvieron mayor caudal de votos que la de diputados nacionales. También en la elección de 2009 pode-mos encontrar un antecedente al fenó-meno electoral de este año. En aquellas legislativas encabezó la lista a diputados nacionales de su propio partido (Nuevo Encuentro), el entonces intendente de Morón, Martín Sabbatella, un adelantado del nuevo paradigma.Asimismo, el extraordinario excedente de recursos del gobierno nacional, en gran parte fue inyectado directamente en los municipios a través de obras públicas, aceitando la relación con los intendentes y pasando por encima de los gobernado-res. Desde 2003 a 2009, las transferencias del gobierno nacional a los municipios se incrementaron en términos reales un 8018% (una tasa anual de 108%). Esta es-trategia era coherente con la idea de de-

bilitar a los gobernadores para impedir su proyección nacional. No obstante, como vemos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la estrategia fue eficiente para limitar las posibilidades del gober-nador, terminó catapultando a los inten-dentes a la arena nacional, y encima para competir con el oficialismo. Es decir, la lista encabezada por Sergio Massa, que aparece como la principal amenaza para un triunfo del FPV en la provincia de Buenos Aires, es en parte una creación del mismo kirchnerismo. Y es precisamente este fenómeno, el que llevó al kirchnerismo a que también en-cabece su boleta un joven intendente como Insaurralde. El FPV no podía darse el lujo, como en 2011, de presentar una nómina a diputados nacionales impues-ta desde arriba, sin territorialidad, ya que ahora no habrá elección a cargos ejecuti-

vos que arrastre votos hacia las categorías legislativas. Ahora bien, esta situación podría verse de forma positiva como un acercamiento del gobierno a la gente, ya que los inten-dentes están más cerca de los problemas. Pero también el avance de los liderazgos territoriales sobre el escenario nacional y la desnacionalización del sistema de partidos, podría tener como contraparte la falta de una visión estratégica nacional que permita reducir las desigualdades entre las distintas regiones. Como sostiene Marcelo Leiras en Todos los caballos del rey, para “hacer una inversión más grande donde hay más necesidades sociales… hay que adoptar un punto de vista nacional”, y “nada garantiza que las coaliciones integradas por funcio-narios cuyas bases de apoyo estén concen-tradas territorialmente puedan adoptar este punto de vista general”.

PARTIDOS POLíTICOS Y NuEvAS TECNOLOGíAS

los Procesos de ParTIcIPacIóN PolíTIca eN el

MUNdo GlobalIZadoAna Lía Turi Gargano

Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales (en

proceso de finalización). Universidad Argentina de la Empresa: Elecciones

Argentinas - Argentina [email protected]

EL ORiGEN: LOS PARTiDOS PO-LÍTiCOS COMO CANALES DE PARTiCiPACiÓN

En Occidente, el desarrollo de los Parti-dos Políticos se ha producido en estrecha coordinación con la paulatina ampliaci-ón de la participación política (Pizzorno, 1975). Los desafíos que estos actores han enfrentado desde sus inicios surgen de esa

dinámica, que ha implicado desde la con-formación del Estado Moderno el acceso de cada vez mayores porciones de la pobla-ción al proceso electoral.

A partir de la lógica de la participación política, se ha evolucionado históricamen-te hasta llegar a la conformación de par-tidos políticos de masas. Éstos han sido desde sus inicios los canales de expresión instaurados para la ciudadanía con el fin de hacer valer sus opiniones y reclamos, mediante el ejercicio fundamental de su derecho a voto. En este sentido, la idea de soberanía popular es la que ha otorgado a los Partidos Políticos su legitimidad en tanto agentes de participación; bajo el cri-terio común que establece al pueblo como titular originario del poder.

REPRESENTACiÓN DE CLiVAJES AL iNTERiOR DE LA SOCiEDAD

Lipset y Rokkan profundizan esta cuestión planteando ciertas vicisitudes sociológicas. Estos autores analizan factores que van más allá del campo histórico en el que se produce el surgimiento de los Partidos Po-líticos; para analizar la dinámica social en la que se produce su desarrollo.

La estructura de los conflictos sociales ca-nalizados políticamente es el objeto de análisis central en su teoría, y el que define la clasificación de los sistemas partidarios que se irán desarrollando al interior de cada régimen (Lipset y Rokkan, 1967). El con-cepto de clivaje cumple una función central, al asignar sentido a aquellas rupturas en el

Espacios Políticos

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seno de la sociedad que derivarán en el esta-blecimiento de los canales participativos. Con la llegada de las sociedades industria-les, se identifican cuatro líneas de clivajes diferenciadas: centro/periferia (que impli-ca el conflicto entre las sociedades locales divergentes, y la elite nacional tomadora de decisiones), Estado/Iglesia (vinculada a la secularización y separación del ámbito público y privado), campo/industria (im-plica el conflicto entre sectores producti-vos: los grandes terratenientes y los nuevos industriales) y propietarios/trabajadores (vinculado al conflicto de clases) (Lipset y Rokkan, 1967). La forma en el que estos clivajes se fueron desarrollando en cada Estado, implicó el desarrollo de nuevos conflictos que a la larga definirían los an-tagonismos que conformarían la base del Sistema de Partidos.

ESTADOS EN GLOBALizACiÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS y PAR-TiCiPACiÓN CiUDADANA

En base a las cuestiones teóricas de base, cabe analizar la actualidad a partir de la siguiente pregunta: ¿De qué modo impac-tan las nuevas tecnologías en el desempeño institucional de los Partidos Políticos?La idea de globalización se desarrolla en es-trecha relación con los avances tecnológicos desarrollados en las últimas décadas; avances que cada día experimentan una velocidad mayor y envuelven todos los ámbitos de la vida ciudadana. Las nuevas tecnologías eco-nomizan los costos de acceso a la informaci-ón, y permiten una fluidez más plena entre el conocimiento académico y el conocimiento fundado en la experiencia cotidiana. A par-tir de la libre circulación de información, la participación política se vuelve mucho más amplia y a la vez, difusa. Por otra parte, los individuos comienzan a vincularse en un ámbito que excede al Estado mismo. La incorporación de las Nuevas Tecnolo-gías a la vida política modifica intrínse-camente a la política del Estado, de dos maneras: Por un lado al condicionar los intereses a los que debe atenerse la ges-tión estatal, intereses asumidos según su posición en el sistema internacional, vin-culados con problemáticas globales (segu-ridad, medioambiente, etc.) o vinculados a su relación con la sociedad civil y el sector

empresarial. Por otro lado, al gestionar la crisis de redimensionamiento de la activi-dad política. En términos de Prat (2006), ahora, cuando la democracia se expande más que nunca, el déficit democrático y el descrédito de la política son mayores que nunca. La explicación no es tan difícil: es-tamos abordando los desafíos planteados por la globalización no sólo con las ideas sino con las instituciones, las capacidades y las prácticas de la política democrática de los estados nacionales.Respecto a los Partidos Políticos, se con-sidera que los mismos se enfrentan a una disyuntiva fundamental: la de adaptarse a las nuevas dinámicas o perder su capaci-dad de representación. El nuevo entorno implica un juego en el que la información se traslada a una velocidad importante, y se difunde a través de medios de comuni-cación cuya relevancia se vuelve cada vez mayor, así como a través de la misma ciu-dadanía, cuya implicación cívica se trans-forma en algo mucho más activo.

CONCLUSiONES: LA LÓGiCA PARTiCiPATiVA ViNCULADA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ExPRESiÓN ENMARCADA EN EL SiSTEMA POLÍTiCO

Es posible vislumbrar un camino de ida y vuelta en una participación política inmersa en el desarrollo de nuevas tecnologías. In-sertas en la lógica de funcionamiento del sistema político de Easton, se encuentra la idea de inputs (expresiones apoyo o recla-mos por parte de la ciudadanía) y outputs (respuestas articuladas por parte del Estado frente a las necesidades del ambiente). La gestión pública debe enfrentarse hoy por hoy a un ambiente que resulta mucho más dinámico, desarrollando cambios constan-tes sobre la base de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito político. Como conse-cuencia de esto, se observan variaciones es-tructurales en la administración misma; que se van arraigando con el fin de enfrentar el nuevo entorno con eficiencia.Una primera consecuencia es la discrecio-nalidad del accionar en la gestión pública. Frente a la dinámica con la que se desar-rollan hoy las problemáticas políticas, las leyes y reglamentos pierden su característica de eficiencia para dar respuesta a las necesi-

dades. En base a esto, se consigna la necesi-dad de dejar entrever “espacios grises” para el accionar discrecional del Estado. La consecuencia inmediata es la capacidad de corrupción que adquiere el poder polí-tico al transitar esos espacios grises. Frente a esta problemática, la ciudadanía se ex-presa nuevamente, reclamando por la ins-tauración de mecanismos institucionales innovadores que sean capaces de asegurar la transparencia de la gestión. La otra consecuencia destacable viene dada por la complejidad que adquiere la gestión pública. Es observable cómo los sistemas burocráticos ya no responden a un solo tipo de actividad, sino que cam-bian de acuerdo a una actividad específi-ca. A su vez, se vuelve necesario dar res-puesta a las problemáticas enfocándolas desde una óptica interdepartamental. La gestión pública necesita adquirir una for-ma dinámica de relacionarse en su propia mecánica, con el fin de resolver estos pro-blemas sin resultar obsoleta. Finalmente, se vuelve necesario para la administración la creación de redes y re-laciones que le permitan acceder a mayo-res y mejores fuentes de información. La información se ha convertido en un bien abundante en su cantidad y a la vez escaso en su especificidad, y su obtención resulta fundamental para la toma de decisiones. A modo de solución, Cabezas (2010) analiza la necesidad de incluir herra-mientas para la gestión participativa de las diversidades , respetando tres princi-pios fundamentales que son la libertad, la igualdad y la diversidad. Libertad, entendida como la inclusión de grupos heterogéneos con intereses y estra-tegias diversas. En este sentido, la admi-nistración deberá accionar condicionada a las problemáticas que llegan a ella desde la sociedad misma, una sociedad que ya no espera pacíficamente sino que participa y exige respuestas más dinámicas. Igualdad, vinculada a la existencia de mayo-rías y minorías culturales, como consecuen-cia de la desigualdad de oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. La respuesta a esta problemática surge con la integración de los grupos tradicional o históricamente vulnerados en sus derechos a la cultura di-gital en el ámbito político, como un primer paso para nivelar las oportunidades de acce-


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so y creación de demandas.Diversidad, entendida como la promoción de una discusión y participación genuinas en el seno de un debate político en el que participen todos los grupos sociales, sin limitarse solamente a ejercer un control sobre las políticas públicas.

En conclusión, es posible afirmar que la ló-gica participativa de la ciudadanía inmersa en el proceso globalizante tiene un largo camino por recorrer aún. En este sentido, el Gobierno Abierto en la Ciudad Digital, será la Administración Pública inclusiva, que no debe aceptar diferencias econó-micas o sociales para promover la igual-dad, propiciando la conformación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria (Cabezas, 2010:278). Los Partidos Políti-cos como agentes de participación deberán experimentar su transformación dentro de la misma lógica, y en esa metamorfosis se

definirá su supervivencia o caducidad.

BiBLiOGRAFÍA- BERMÚDEZ, Emilia (1999) “Nuevas tecnologías y Política”, en Razón y Palabra, Revista electrónica de A. Latina especiali-zada en comunicación. México: Universi-dad de Zulia. Número 14, Año 4 (Mayo - Julio).- CABEZAS, JORGE (2010) “Herra-mientas para la gestión participativa de las diversidades”, en Open Government: Gobierno Abierto (2010). Jaén, España: Algón Editrores MMX, 2010. - EASTON, David (1979) “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en A systems analysis of political life. Chica-go, IL: University of Chicago Press.- LIPSET, Seymour Martin and ROKKAN, Stein (1967) “Cleavages Structures, Party Systems, and Voter Alig-nments: An Introduction”, en Party Syste-

ms and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, Edited by Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, The Free Press, New York.- OPPO, Anna (1983) “Partidos políticos” en BOBBIO, N. y MATTEUCI, N., Dic-cionario de Política, Editorial Siglo XXI, México.- PIZZORNO, Alessandro (1975) “Intro-ducción al estudio de la participación polí-tica”, en Participación y Cambio Social en la Problemática Contemporánea, Edicio-nes Nueva Visión, Buenos Aires, páginas 13 a 82.- PRATS, Joan (2006) “Política y Gestión Pública: El impacto de la Globalización”, en A los príncipes republicanos. Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico. - SARTORI, Giovanni (1992) “El moti-vo: ¿Por qué hay partidos?” en Partidos y Sistemas de Partidos, Parte I, Alianza Uni-versidad, Madrid.

ENTREVISTA

Cargo Actualdirector ejecutivo, cascos verdes

¿qué te llevó a estudiar relaciones internacionales?Me decidí por relaciones Internacionales porque no tenía tan en claro qué carrera quería estudiar, pero sí sabía que había muchas áreas que eran de mi interés: Política, economía, his-toria, arte, etc.. el programa en san andrés tenía una orienta-ción que cumplía con todos estos requisitos, así que confieso que el proceso de elección se hizo en base a un interés parti-cular por las materias.

qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un li-cenciado en relaciones internacionales? “Trabaja en el gobierno”.

hoy la salida profesional del licenciado en relaciones inter-nacionales se ha ampliado. ¿qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas? la formación de un politólogo puede aportar una mirada in-novadora, crítica y diferencial en áreas en las que antes no teníamos un lugar específico. lo veo sobre todo en el sector privado, donde hay cada más una necesidad de profesionales con una formación no específicamente comercial.

¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embaja-dor o político? ¿Por qué fuiste cambiando?No. fui armando mi carrera profesional a través de la expe-riencia concreta, encontrando áreas y caminos afines a mi

interés. Trabajé casi 6 años como responsable del área de asuntos comunitarios de una empresa multinacional y eso marcó la idea de trabajar en política sociales, responsabilidad social, etc. desde un ámbito no estatal.

¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?Uso sobre todo linkedIN para fines profesionales y facebook para cosas más personales.

¿qué libros o autores volverías a leer hoy?Por un lado, a los pensadores políticos de la edad Media; y por otro, todo sobre la historia política latinoamericana del siglo XIX.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de re-ferencia.stanford social Innovation reviewhttp://www.ssireview.org/http://www.facebook.com/social.innovationInformación súper actualizada sobre iniciativas y proyectos so-ciales, artículos, reviews, etc. súper recomendable!

Si querés agregar tus usuarios en las redesfacebook: http://www.facebook.com/gonzalo.bazganlinkedIN: ar.linkedin.com/in/gbazgan/

Carrera y universidadrelaciones Internacionales, Universidad de san andrés

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Gonzalo Bazgan

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El 12 de mayo de 2013 pasó a la eternidad Kenneth Waltz, posiblemente el pensador más influyente de las Relaciones In-ternacionales (IR) durante la segunda mitad del siglo XX. Su obra, más profunda que extensa, posee una claridad conceptual que permite resumir aquí, aunque sólo fuere brevemente, sus ideas fundamentales y cómo han moldeado el mundo.

La obsesión intelectual de Waltz fue la guerra. Su tesis doc-toral en filosofía política, titulada El Hombre, el Estado y la Guerra (1959) se pregunta sobre las causas de la mis-ma y revisa todas las explicaciones anteriores a este cruel y violento fenómeno social. Allí, el joven Ken identificó tres formas históricas de explicar la guerra. En primer lugar, ha-bía sido pensada como consecuencia de la antropología -de la naturaleza violenta e irracional del hombre (Spinoza o Hobbes)-, que lo inclinaba a la lucha con sus pares. En se-gundo lugar, había sido vista como una consecuencia de los sistemas políticos, como epifenómeno del carácter autorita-rio (Kant) o capitalista (Lenin) de los estados modernos. En tercer lugar, Waltz descubrió (o redescubrió en Rousseau) que la guerra podía ser pensada, no como consecuencia de los hombres o de los estados, sino como un resultado del sis-tema internacional en sí. Para él, cualquier hombre o estado iría a la guerra si en el contexto de anarquía que gobierna la política entre las naciones, percibiese una amenaza a su existencia o la ausencia de un poder suficiente para detener su expansión. Esta explicación estructural de la guerra se convirtió de súbito en el eje del pensamiento sobre política internacional hasta nuestros días.

La repercusión de este libro obligó a Waltz a abandonar el campo de la filosofía y a escribir Teoría de la Política Inter-nacional (1979), título que discute con el anterior el puesto

de opera máxima. En lo que sería el libro más citado de teo-ría de IR, Waltz postula que en esta anarquía internacional, lo que importa son las capacidades materiales que los estados poseen y las alianzas que entre ellos forman. Así, la guerra se produciría cuando un estado posee más capacidades que sus contrapartes y no es balanceado, siquiera mediante alianzas. La paz, por el contrario, sería consecuencia de los balances de poder: cuando ningún estado o alianza es más poderoso que sus contrapartes y por tanto, no existe sensación de amenaza ni tentación de expandirse. Por último, la paz sería más fácil en la bipolaridad, cuando sólo dos estados compiten para emparejar sus capacidades sin depender de terceros aliados.

El impacto académico de Waltz en las IR fue refundacional. El interés de testear empíricamente la teoría de Waltz motivó un sinnúmero de trabajos en las más prestigiosas revistas de la disciplina, convirtiéndose para los años 80’ en eje indiscuti-do de debate. Las investigaciones propulsaron el desarrollo de fuentes de inapreciable valor como la base de datos Correlates of War, que permite analizar la evolución de capacidades nacio-nales, alianzas y otras tantas variables internacionales durante más de doscientos años de historia.

En adelante, los segudidores del realismo estructural de Wal-tz comenzaron a ser llamados neorrealistas. A ellos cabió la tarea de complejizar la teoría. Por ejemplo, muy pronto se notó que países lejanos o aliados históricos -en palabras de Joseph Grieco (1988), países con un bajo coeficiente de sen-sibilidad- podrían desconsiderar completamente el balance material entre sí.

En un artículo anterior a la publicación de Teoría de la Política Internacional, Robert Jervis (1978), analizando el concepto de ‘dilema de seguridad’ ya prefiguró las críticas principales de las que tendría que dar cuenta Waltz. Según su análisis de este dilema, el simple conocimiento de las capacidades materiales de los estados no puede explicar la dinámica de los balances. Si esto fuera así, alcanzado un equilibrio, ninguno tendría mo-tivo para adquirir más armas. La existencia de desbalances y rebalances (en el peor de los casos, carreras armamentísticas y guerras) depende, fundamentalmente, de la información sobre las armas de la contraparte, la percepción que se tiene sobre la intensión de utilizarlas y el carácter más o menos ofensivo de las mismas.

KENNETh wALTz, uN PENSADOR DE LA GuERRA Y LA PAz

Luis Leandro SchenoniMagíster en Estudios Internacionales, Universidad

Torcuato Di Tella. Profesor Asistente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Católica Argentina

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En respuesta a algunos de los interrogantes planteados por Jervis, Stephen Walt (1985) desarrollará la Teoría del Balan-ce de Amenaza, según la cual, los estados no forman alianzas para balancear a sus contrapartes en virtud de las capacida-des materiales objetivas de cada uno, sino cuando se perciben amenazados. Stephen Van Evera (1998) desarrolló durante los 80’ la Teoría del Balance Ofensivo-Defensivo, según la cual un mismo balance puede ser más propenso a la guerra si la tec-nología militar, la doctrina militar, los arreglos diplomáticos, la geografía o la estructura social de los estados, hacen que los costos de atacar sean menores a los costos de defenderse. Así, el neorrealismo desarrolló nuevas y más complejas variantes (Cfr. Mearsheimer 2001), pero nunca abandonando los axio-mas waltzianos.

Desde fines de los años 80’, la influencia del neorrealismo fue tan grande que autores centrales del neoliberalismo como Keohane (1984) o Ikenberry (2001) -este último formado en Chicago al fuego de este debate- comenzaron a argumentar desde una base waltziana para sólo diferenciarse de esta co-rriente atribuyendo a las instituciones algún efecto en modelar la conducta de los estados.

Los últimos veinte años han visto al Realismo Neoclásico (Rose, 1998) surgir como una variante del neorrealismo que considera algunos elementos de la política doméstica como variables in-tervinientes que podrían explicar los errores de predicción de la teoría de Waltz. Stephen Brooks (1997) identificó también un Realismo Posclásico que se diferenciaría del neorrealismo por considerar diferentes probabilidades de conflicto y hori-zontes militares de más largo plazo, permitiendo comprender aquellos momentos en que los asuntos económicos ocupan momentáneamente el tope de la agenda internacional.

El impacto político del pensamiento de Waltz (aunque más difícil de percibir) es casi tan impresionante como su impacto académico. Durante la Guerra Fría, la teoría del balance de poder (luego formalizada por Waltz) sería el fundamento im-plícito de la estrategia de seguridad nacional norteamericana desde la ‘contención’ de George Kennan (1949) hasta la ‘trian-gulación’ con China de Henry Kissinger (1971) y más adelan-te. Nunca sabremos si su obra habrá contribuido al carácter militarista de la política internacional durante esos años o a que la Guerra Fría terminara sin un enfrentamiento entre las superpotencias. O a ambas cosas.

En los años subsiguientes, Waltz se abocó al fenómeno de las armas nucleares, y alcanzó la conclusión de que, dada la par-ticularidad de la mutua destrucción asegurada (MAD, por sus siglas en inglés), la posibilidad de una guerra entre dos países nucleares era una irracionalidad de tal género que estas armas acababan por generar estabilidad. Publicó La difusión de las armas nucleares: más puede ser mejor (1981) y fue de esos pen-sadores influyentes que jamás apoyarían una invasión a un país por estar desarrollando un plan nuclear.

Basado en la lógica del balance de poder, Waltz tampoco apoyó la guerra de Vietnam ni la última guerra de Irak, aventuras que a su juicio, sólo replicaban el error de las grandes potencias del pasado. Veía con naturalidad (y temor) que ante el vacío de po-der, Washington se sobre expandiera. Más impresionante aún, Waltz logró ver inmediatamente después del colapso soviético, nuevos países que surgían para balancear a los Estados Unidos, configurando una Estructura emergente de la política interna-cional (1991). Sólo más de una década después comenzamos a ver a estos países y llamarlos de potencias emergentes. Aunque no seamos conscientes, buena parte del léxico que utilizamos para hablar de estos temas fue creado por este visionario autor.La vida de Waltz contribuyó a pensar la paz, una de las año-ranzas más profundas del ser humano, al punto que desde hace miles de años dejamos a nuestros muertos el deseo de descan-sar en ella. Mientras tanto, sus ideas lo sobreviven y continúan moldeando el mundo.

BiBLiOGRAFiA:

BROOKS, S. (1997) “Dueling Realisms” en International Or-ganization, Vol. 51, No. 3, pp. 445–77GRIECO, J (1988) “Anarchy and the Limits of Cooperation: a realist critique to the newest liberal institutionalism”, en Inter-national Organization, Vol. 42, No. 3, pp. 485-507.IKENBERRY, J. (2001) After Victory: Institutions, Strate-gic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton.JERVIS, R. (1978) “Cooperation Under the Security Dilem-ma”, en World Politics, Vol. 30, No. 2, pp. 167-214.KEOHANE, R. (1984) After Hegemony, Princeton, Prince-ton University Press.MEARSHEIMER, J. (2001) The Tragedy of Great Power Po-litics, New York, Norton.SINGER, J. et al. (1972) “Capability Distribution, Uncertain-ty, and Major Power War, 1820-1965” en Bruce RUSSETT (ed) Peace, War, and Numbers, Beverly Hills, Sage.VAN EVERA, S. (1998) “Offense, defense, and the causes of war”. International Security, Vol. 22, No. 1, pp. 5-43.WALT, S. (1985) “Alliance Formation and the Balance of World Power”, en International Security, Vol. 9, No. 4, pp. 3-43.WALTZ, K. (1959) Man, the State and War, New York, Co-lumbia University Press.WALTZ, K. (1979) Theory of International Politics, New York, McGraw Hill.WALTZ, K. (1993) “The Emerging Structure of International Politics”, en International Security, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.

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RETOS Y DESAfíOS DEL GOBIERNO LOCAL

En primer lugar es menester decir que se entiende por gobierno local. Como plan-tea Borja y Castells “el gobierno local, es el ámbito local en donde es posible construir espacios para la concertación ciudadana entre los sectores políticos, sociales, econó-micos, intelectuales, profesionales y orga-nizaciones populares, porque es el territorio que no sólo concentra a un grupo humano y una diversidad de actividades , sino porque también es el espacio simbiótico, que integra culturalmente. De ahí que se convierta en el lugar de respuestas posibles a los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra época” 1

A su vez, los ciudadanos han aumentado la presión sobre los mismos, al estar más informados, los estados están obligados socialmente a cumplir roles mucho más específicos. Por lo tanto la sociedad al presionar a los gobiernos locales les exige y los responsabiliza del correcto funciona-miento de muchas funciones (que podrían ser su responsabilidad o no).

La correcta interpretación de las funcio-nes y el manejo responsable de los recur-sos por parte del gobierno, componen el primer paso, para un buen gobierno local.La sociedad considera que merece un “buen gobierno” porque es “lo justo”, no se conforma con un gobierno que cumpla solamente las funciones, sino que necesita que sea responsable y que logre adminis-trar correctamente los recursos.

También un buen gobierno es aquel que “…se caracteriza por aprovechar, el apren-dizaje social y estimular la eficiencia adapta-tiva en su comunidad, al vincularse con ellas

a través de dispositivos y herramientas que perfeccionan la democracia a ese nivel, incre-mentando su calidad…” .2

Para ello el buen gobierno se enriquece incorporando como prácticas regulares, rutinas gubernamentales y estilos de ges-tión que privilegian la transmisión y re-cepción de información entre el gobierno y la sociedad, de esa forma logran esta-blecer una interacción permanente con las organizaciones no gubernamentales y favorece el asosiativismo, fomentando la construcción de un tejido social sólido y redes de compromiso cívico, también una gran función del gobierno local es detec-tar donde están los actores, movilizarlos y reforzar los espacios de interacción gene-rando mecanismos de negociación entre ellos y la sociedad.3

En definitiva la posibilidad de llevar ade-lante procesos exitosos depende de las ha-bilidades que tengan los gobernantes para fortalecer, por una parte a la sociedad, pero por otra para recibir señales claras de los ciudadanos, con el fin de determinar la orientación de su gestión, seleccionando los pasos a seguir y los recursos a utilizar de manera eficiente y efectiva.

Para los gobiernos locales ya no se trata sólo de cumplir y administrar los recur-sos que le envía la Nación, sino de gene-rar nuevos recursos a través de políticas concretas; de esta manera los municipios logran mayor autonomía, y pueden deci-dir las estrategias políticas, económicas y sociales para mejorar su municipio.

En el marco de las estrategias un elemento

Nicolás Sánchez López

Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Palermo)muy importante es la capacidad de gestión estratégica, la cual puede ser consideraba como un prerrequisito para el buen gobier-no, es la que habilita a los gobiernos locales para jugar el importante rol que de ellos se espera; tanto dentro de las estrategias de desarrollo como dentro de los procesos de reconfiguración del Estado.

También debe tener la capacidad para ar-ticular las potencialidades sociales en su territorio a los fines de sostener el desa-rrollo socioeconómico. Debe generar dis-positivos que vinculen el gobierno local de manera eficiente con su comunidad, de esta forma podrá intercambiar informa-ción útil con su entorno, comunicarse de manera rutinaria y eficaz con los agentes económicos, políticos y sociales y coordi-nar sus acciones. Por último se debe orga-nizar y administrar los recursos públicos que controla el municipio de manera tal que mejoren la calidad y pertenencia de sus respuestas.4

Los gobiernos locales tienen la difícil tarea de responder a las demandas de la sociedad, lo cierto es que muchas de las demandas que la sociedad le exige no son propias de los municipios, ( en algunos casos las demandas fueron absorbidas por herencia directa de un gobierno central que tiene una crisis fiscal, o servicios co-lapsados), pero a pesar que no son respon-sabilidad del gobierno local, el ciudadano no lo concibe como problema nacional o provincial sino municipal, ya que el go-bierno local, es la principal cara del Esta-do nacional y es a él al que la sociedad se acerca a reclamarle. Esto compone sin dudas un reto y un de-safío al mismo tiempo para los gobier-nos locales, es por eso que los gobiernos tuvieron que tecnificarse para cumplir las expectativas sociales, y de esa manera evi-


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tar que esas falencias terminen dañando la estructura política y económica.De esta forma los gobiernos locales comen-zaron a desarrollar soluciones a problemas económicos y sociales que antes no se en-contraban en su agenda. En lo económico, además de fortalecerse internamente para aumentar su recaudación fiscal y financiera y para poder negociar su autonomía, tuvie-ron que generar políticas de promoción de empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas, creación de nueva infraestructu-ra, generación de espacios para desarrollar estrategias económicas consensuadas entre lo público y lo privado. En lo social, se espera de los municipios, políticas que logren reducir la brecha social, garantizando la inclusión social y la dismi-nución de los índices de pobreza e indigen-cia, atención a población en riesgo y cons-trucción de nuevas viviendas sociales. Sin dudas estos son elementos funda-mentales para tener un buen gobierno, un Estado presente, que incorpore al ciuda-dano a su gestión, que lo informe y tam-bién reciba sus inquietudes. De esta for-ma logrará disminuir enormemente los errores ya que con la información obteni-da se podrá reorientar las actividades que desarrolle el Estado que no están siendo aprovechadas o están mal dirigidas.Esto por otra parte ahorrará dinero y tiem-po al Estado, ya que mejorando la atención en los centros de gestión, colocando urnas de consulta o simplemente haciéndole encuestas a los que recurren algún centro municipal, se logrará obtener una gran cantidad de información, que si es bien recabada y procesada se podrán obtener resultados muy importantes para verificar cuales son las fallas y de esa forma redirec-cionar las funciones administrativas.Me gustaría ahondar en seis característi-cas que poseen los “buenos gobiernos lo-cales”, estos puntos son tomados a través de los diferentes análisis que se llevaron a cabo en diferentes experiencias y trabajos en conjunto que he desarrollado con dife-rentes colegas.La primer característica es la participa-ción, los gobiernos deben fomentar la participación ciudadana, para que la par-ticipación sea plena, se debe contar con suficiente información, es por eso que los gobiernos deben “abrir” sus datos al ciuda-

dano, para que pueda analizar, compren-der y finalmente participar en el Estado, aportando nuevas ideas o simplemente comentando lo que le gustaría cambiar.La segunda es la legalidad, esto quiere decir, poseer un marco legal óptimo, en el cuál el ciudadano pueda confiar, y sepa que sus derechos están resguardados.El tercer punto importante es, la transpa-rencia, este es un elemento fundamental, el gobierno debe abrir sus datos, exponer a la sociedad la suficiente información para que pueda disponer de un crisol de herra-mientas para fiscalizar la gestión, a su vez esa información debe ser de fácil acceso y comprensible para todos los ciudadanos. También las tomas de decisiones se deben llevar a cabo de tal forma que sigan las leyes establecidas y las normas.La cuarta característica es el consenso, existen diversos actores y por lo tanto di-ferentes puntos de vista, de esta forma el gobierno debe saber mediar entre dichos actores, para evitar el conflicto y lograr el tan ansiado consenso. También debe evitar que los intereses personales de los actores se interpongan por sobre los inte-reses generales, para ello el gobierno debe tener en cuenta diferentes estrategias para encauzar la negociación y garantizar el bienestar general.El quinto es la equidad, una sociedad de-pende de si asegura que todos sus miem-bros sienten que forman parte de la mis-ma y no se sienten excluidos de la inercia mayoritaria de su sociedad. Para ello se necesita que todos los grupos, pero espe-cialmente los más vulnerables, tengan las oportunidades necesarias para adquirir una mejor calidad de vida.La última característica es la eficacia y la eficiencia. Se espera que el gobier-no logre llegar al resultado utilizando la menor cantidad de recursos posibles. El concepto de eficiencia en el contexto del buen gobierno también incluye el uso de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.Par finalizar quiero hacer hincapié so-bre un elemento fundamental para todo gobierno, me refiero a la participación ciudadana, como denomina Borja la par-ticipación ciudadana es hoy en día uno de los temas más importantes para los gobiernos, se sabe de la importancia de

tener una sociedad activa e informada so-bre los asuntos públicos, a su vez se reco-noce a la participación como un elemento fundamental para el ejercicio pleno de la democracia. El apoyo al desarrollo de la ciudadanía se ha convertido en un desafío para los gobiernos locales, de esta forma, cada vez más los ciudadanos exigen ser tomados en consideración, que se deba-tan y negocien sus criticas, sus demandas y sus propuestas y participar en la gestión de lo público.5

Existen diferentes formas de participa-ción, algunas de ellas pueden ser:

• A través de debates públicos.• Participando del tratamiento del

presupuesto locales (presupuesto participativo).

• Comisiones sectoriales de carác-ter consultivo o colaboradoras, conformadas por representantes de la sociedad civil, etc.

• Recepción de propuestas de nue-vos modelos de gestión o de me-joramiento de procesos.6

Cómo mencionaba anteriormente, la sociedad espera que el gobierno, respon-da a sus demandas, atienda sus dudas y escuche sus comentarios. La merma en la capacidad de respuesta, es una de las razones que explican la pérdida de credi-bilidad de los funcionarios y la poca par-ticipación ciudadana.

REFERENCiAS1Borja, J y Castells, M. “La gestión de las ciudades en la era de la información”. Madrid. Taurus 19982Arocena. D y Rivera L. “El desarrollo lo-cal” Un desafío contemporáneo. Caracas Nueva Sociedad 1997.3Arocena. D y Rivera L. “El desarrollo lo-cal” Un desafío contemporáneo. Caracas Nueva Sociedad 1997.4Victory. M “Gobierno Municipales y Desarrollo Local en Iberoamérica”. Serie Síntesis No 6. Buenos Aires. 20005Borja, J. “Ciudadanía y espacio público”, Publicado en la Revista del CLAD Refor-ma y democracia. No12. Caracas. 19986Borja, J. “Ciudadanía y espacio público”, Publicado en la Revista del CLAD Refor-ma y democracia. No12. Caracas. 1998

Espacios Políticos

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ELECCIONES PRIMARIAS Y

SISTEMA DE PARTIDOS

la INflUeNcIa de la NorMaTIva eN el

coMPorTaMIeNTo PolíTIco-

ParTIdarIo. acercaMIeNTo al

caso eNTrerrIaNoJulián Maneiro

Abogado (UNL). Doctorando en Ciencias Sociales (UNER)–[email protected]

Fanny MaidanaLicenciada en Ciencia Política y Relaciones

Internacionales (UCA)–[email protected]

predominio electoral indiscutible del justicialismo entrerriano, que no sólo se ha impuesto en las tres elecciones generales celebradas desde 2003 sino que, además, en los sucesivos comicios ha incrementado su caudal electoral, hecho que como contraparte implica un retroceso electoral del radicalismo.Desagregada esta situación, los números muestran el debilitamiento de la UCR que pasó de concentrar el 49.11% de los votos en 1999 al 18.80% en 2011, y en favor del PJ que no sólo mantuvo su porcentaje de preferencias en el orden del 45 al 48% sino que lo aumentó en 2011, obteniendo casi el 56% de los votos. Paralelamente, el justicialismo provincial ha sufrido un proceso de divisiones internas que eleva la concentración de votos al 65.83% y 74.34%, en 2007 y 2011, respectivamente. Esto manifiesta una clara preponderancia del PJ en Entre Ríos que no sólo va en detrimento de la UCR sino también de la participación de terceras fuerzas.En síntesis, si a partir de 1983 se podía afirmar que la provincia de Entre Ríos se configuraba como un bipartidismo clásico, analizados los procesos electorales postcrisis 2001, es posible afirmar que existe un cambio de tendencia; esto es: la consolidación del PJ como partido predominante, y la reducción de la UCR a mero “partenaire” del sistema, prácticamente sin posibilidades de retornar al poder en lo inmediato.

PRiMARiAS EN ENTRE RÍOS: MOTiVACiONES, CONTENiDOS GENERALES y CONSECUENCiAS PRÁCTiCAS

Dado el panorama anterior, se hace necesario conocer contenidos y efectos de la norma en la configuración del nuevo escenario político-partidario. De la lectura de la Ley 9.659 (2005) que estableció el sistema de primarias en Entre Ríos, pueden sintetizarse sus características en ciertos puntos principales.

CUADRO 1.- Características generales de la Ley N° 9659

Sancionada la ley, resulta interesante hacer un análisis de resultados inmediatos de su puesta en práctica5. Si suponemos que uno de los objetivos de la adopción de

IntroducciónEn el período comprendido entre la recuperación de la democracia y la crisis de 2001 (1983-2001/02), el sistema partidario entrerriano se puede definir como bipartidista. Así, el radicalismo y el peronismo se constituyeron en fuerzas políticas mayoritarias, alcanzando conjuntamente porcentuales que rondaban entre el 90 y 96%, en detrimento de terceras fuerzas.Durante este intervalo la política provincial estuvo monopolizada por dos personalidades: Jorge Busti (PJ) y Sergio Montiel (UCR). A excepción del período 1991-1995, cuando la gobernación fue ocupada por Mario Moine debido a la prohibición constitucional de reelección del entonces gobernador Busti, las dos figuras mencionadas anteriormente se alternaron en el ejercicio del poder ejecutivo provincial. La crisis de 2001/02 marcó un giro en el funcionamiento del sistema partidario entrerriano, iniciando una lógica distinta a la del período bipartidista referenciado anteriormente. En este sentido, si bien se mantiene la competencia Justicialismo-Radicalismo, con escasa importancia de terceras fuerzas1, lo que varía es el desempeño electoral de cada partido.En el período posterior a la crisis (2003-2011), se constata un


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primarias suele ser el deseo o necesidad de garantizar un esquema partidario estable, a la luz de los acontecimientos electorales posteriores, es posible afirmar que la ley de primarias en Entre Ríos no ha mostrado resultados contundentes al respecto. Al contrario, en el PJ se ha producido una ruptura a través de la irrupción de candidaturas “por fuera de la estructura partidaria” en las elecciones generales de 2007 y de 2011 (FPV vs Lista 100 y FPV vs. FEF, respectivamente).

Por otro lado, si “en teoría” las reformas intentan democratizar internamente los partidos políticos, reduciendo el control de las élites partidarias, en el ámbito provincial esta finalidad tampoco se ha logrado desde la sanción de la norma, debido a que todos los partidos, frentes y/o alianzas presentaron lista única. La única y llamativa excepción se produjo en 2011, con una interna al interior del FPV que se dirimió en primarias entre el gobernador Sergio Urribarri y Gerardo González, un candidato prácticamente desconocido públicamente, y con una estructura político-partidaria inexistente.

La “interna casi ficticia” contribuyó a generar una “sensación” de triunfo garantizado y de fuerte apoyo del electorado entrerriano al gobernador Urribarri. En este supuesto, la utilización de las elecciones primarias habría aportado a la consolidación de la coalición gobernante en la provincia.

Junto a la competencia entre “dos peronismos” y a la “variación de las alianzas” electorales estratégicas dentro del partido (recordemos que la dupla Busti-Urribarri se enfrentaron en 2007 a Solanas y, posteriormente, en 2011, se produjo la ruptura y enfrentamiento entre ambos, aliado ahora Urribarri a su otrora adversario, Julio Solanas), lo interesante es el fenómeno que ocurre con posterioridad a las elecciones, una vez asumidas las autoridades electas.

En los últimos diez años a la hegemonía ejecutiva se le ha agregado la legislativa, consiguiendo el PJ mayorías insólitas, como es el caso del Senado monocolor constituido tras las elecciones de 2011 cuando el FPV se impuso en todos los departamentos entrerrianos.

El triunfo del FPV se ve reforzado por la competencia de “dos peronismos” en los comicios generales. En consecuencia, el PJ oficial se consolida férreamente a través de la unificación de los “dos bloques” peronistas en la práctica legislativa, situación que le permite asegurar mayorías absolutas, como ocurre en la actual Cámara de Diputados, donde el PJ cuenta con más del 73% de los votos.

Situaciones similares se replican en los ámbitos municipales donde los intendentes electos por la corriente no oficialista, vuelven al partido y se integran a la Liga de Intendentes Justicialistas a poco tiempo de asumir.

Ante los escenarios mencionados anteriormente, la ley de

primarias, en su primera puesta en práctica (2011), se utilizó como un instrumento para consolidar el carácter dominante de la coalición en el gobierno, contribuyendo a medir y reforzar su base electoral, no así, para evitar la fragmentación interna de los partidos, particularmente del PJ que, sin obligación de competir en primarias, presenta opciones electorales alternativas en las elecciones generales.

En la práctica, los fenómenos electorales mencionados hasta aquí refuerzan la hipótesis que la crisis de 2001/02 y la adopción de nueva legislación electoral han colaborado en la consolidación del papel predominante del PJ en Entre Ríos.

BiBLiOGRAFiABuquet, Daniel (2007). Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina. Revista Uruguaya de Ciencia Política-16/2007-ICP-Montevideo.

Colomer, Josep M (2003). Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo). Revista Española de Ciencia Política. Nº 9.

Fuertes,F; Ratto, C; Cingolani, L; Pallares, U (2004). Avances y retrocesos en materia de sistemas electorales en las provincias argentinas. Disponible en http://www.catedras.fsoc.uba.ar/castiglioni/paper2.pdf

Ley Nº 9.659 (2005).- Legislatura Entre Ríos.

Perbelli, Melina (2010). Estudios sub-nacionales: la (des)nacionalización de los sistemas de partidos. Disponible en http://www.congresodemocracia.com.ar

Tribunal Electoral de Entre Ríos (www.tribunalelectoraler.gov.ar)

REFERENCiAS1Una excepción aislada se encuentra con la aparición del Nuevo Espacio. Liderado por el entonces intendente peronista disidente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino, recogió el 18,1% de los votos a gobernador en las elecciones de 2003. A pesar de ello, la evolución de desempeño del partido no fue alentadora y en las elecciones ejecutivas de 2007, su caudal de votos se redujo al 8.5%, para llegar a su definitiva disolución en 2011.2Primarias abiertas y simultáneas de un voto por ciudadano.3Participación no obligatoria de los ciudadanos.4Sólo se celebran en caso que haya más de un precandidato o lista dentro del mismo partido para el/los cargo/s electivo/s que estén en disputa, ya sea en el plano provincial, municipal y/o de comunas5Aunque está vigente desde 2005, su aplicación efectiva se produjo por primera vez en las primarias de 2011.

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La historia policial en Argentina se encuentra signada por infinitos claros oscuros producto de su inalienable rol represivo y su papel durante la última dictadura militar. Lo cierto es que las condiciones laborales de la policía su-fren serias deficiencias (Sarcabal, 2010). La sindicalización de las fuerzas de seguridad es una deuda pendiente del sistema democrático argentino, “en el país del peronismo estas cuestiones no se discuten” (Sain, 2013). La historia argentina se ha desarrollado con una fuerte impronta sindical, donde los gobiernos han buscado el consenso o la represión de los sindicatos con la finalidad de obtener un “buen gobier-no”. Ahora bien estos sindicatos, han tomado distintas formas según el régi-men político imperante tanto en demo-cracias como en autoritarismos lo que ha implicado distintas luchas en cada momento histórico (Acuña, 2013).

Luego de la década neoliberal, los sin-dicatos han logrado importantes bene-ficios, pero lo interesante es que sólo aquellos trabajadores organizados han logrado sueldos mayores a los de la in-flación, mientras que aquellos que están en negro o con bajos niveles de orga-nización poseen sus salarios por debajo o igual a la inflación. Por lo tanto los trabajadores policiales se encuentran en una completa desventaja para luchar pos sus derechos y salarios, ya que no son un actor agregado con capacidad de veto.

La democratización de la institución policial en el caso argentino ha sido una de las deudas pendientes de la democra-cia. Mientras que las fuerzas armadas fueron democratizadas, los intentos so-bre la policía han sido escasos y siempre en carácter de “Reforma” orientada a la refundación institucional.

Lo cierto es que los procesos reformis-tas han sido distintos en varios sentidos, pero han compartido una clara simili-tud: la policía no es un actor relevante para pensar el proceso de cambio. En el caso bonaerense las leyes de emergen-cia, dieron prórroga para apartar de la fuerza a todo aquel que no sea “apto”. En otras palabras la maldita policía no podía autorreformarse por eso era nece-sario “purgas kilométricas”.

En un contexto en el cual la policía es retratada como una enfermedad a ra-dicar, hablar de sindicalización policial parece algo incorrecto para solucionar los problemas que sufre la policía en su relación con la democracia. Sin em-bargo el fenómeno de la sindicalización de las fuerzas de seguridad es un tema presente y que cada vez toma más re-levancia1.

La sindicalización policial no es algo inexistente existe en países como Uru-guay, Suecia, España, Bélgica, Holanda, Sudáfrica Perú, Francia, Grecia, Alema-nia, Bélgica, Polonia y Estados Unidos. Los argumentos en contra de la sindi-calización policial son: -1 va en contra de la ley vigente y 2- la sindicalización policial implica darle autonomía a una fuerza que tiende a ser antidemocrática, siendo el principal problema la huelga.

Con respecto al tema legal la doctrina del “trabajo decente” propugnada por

la OIT en 1998, se encuentra en la ley 25.877 en su artículo 7. Esta idea pro-pugna claramente la no discriminación de los trabajadores y el reconocimiento total de sus derechos. Sin embargo el convenio 87 de la OIT argumenta que hay restricciones con respecto a la sin-dicalización de las fuerzas de seguridad, pero la restricción no implica la nulidad del sindicato policial, además el conve-nio 98, reconoce la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Por lo cual no existe ninguna ley tanto a nivel nacional como mundial que impida la sindicalización policial de hecho. Por lo tanto es un problema político, el Dr. Capón Filas (2013) mencionaba: “Es-tamos enseñándoles en las escuelas una materia [Derechos Humanos] que a ellos no les aplicamos” . Ergo la sindica-lización policial no necesita de ninguna ley ya que las leyes actuales reconocen la sindicalización, sólo hace falta que se le reconozca a las fuerzas de seguridad el derecho a ejercer sus derechos.

El segundo argumento mencionado es la huelga y la función del sindicato. La huelga y por consiguiente el descontrol social, como bien señalan Marks (2013) y Holtackers (2013) es un diagnóstico falaz. En las sociedades con fuerte pre-sencia sindical se logra mayor previsi-bilidad donde los policías mantienen mayores derechos y al mismo tiempo hay mayor estabilidad ya que las nego-ciaciones son más simples de llevar a cabo. Con respecto al tema de huelga es un tema que debe merecer un ma-yor debate, lo cierto es que en algunos países el derecho de huelga existe pero de forma limitado. Por lo tanto no hay ningún motivo para descartar la sin-dicalización policial ya que la huelga puede ser limitada y de esta manera se estarían respetando los convenios de la OIT y reconociendo los derechos de los

¿LA SINDICALIzACIóN POLICIAL ES uN PROBLEMA?

Rogelio RodrigoLic en ciencia política – Universidad

de San Andrés (UdeSA)[email protected]


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y no un sujeto con el “palito de abollar ideologías” que tan bien retrató Mafal-da. Entonces si la policía quiere que se le respeten sus derechos ellos deben res-petar los de los ciudadanos.

BiBLiOGRAFÍAAcuña, C. H. (2013). Expansión de de-rechos laborales e institución policial. Presented at the Trabajo y Sinidcaliza-ción policial. Ejes para la discusión.Capón Filas, R. (2013). Consideracio-nes jurídicas e institucionales de la sin-dicalización de la policía en Argentina. Presented at the Trabajo y Sinidcaliza-ción policial. Ejes para la discusión.

Holtackers, M. (2013). Sindicalismo y policía. Presented at the Trabajo y Si-nidcalización policial. Ejes para la dis-cusión.Marks, M. (2013). Expansión de de-rechos laborales e institución policial. Presented at the Trabajo y Sinidcaliza-ción policial. Ejes para la discusión.

Marks, M., & Fleming, J. (2006). The Right to Unionize, the Right to Bargain, and the Right to De-mocratic Policing. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 605(1), 178–199. doi:10.1177/0002716206287181Sain, M. (2013). Expansión de derechos laborales e institución policial. Presen-ted at the Trabajo y Sinidcalización po-licial. Ejes para la discusión.Sarcabal, G. E. (Ed.). (2010). La nue-va policía y los derechos del trabajador. Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialet Massé Edición 2010.

REFERENCiAS1Ejemplo de ello es que para el 2010 existían más de veintiún organizaciones que buscan el reconocimiento y el he-cho de la protesta de los Gendarmes y Prefectos durante el 2012 dio más no-toriedad a las condiciones laborales y salariales.

veces los oficiales no apoyan las nego-ciaciones.

El segundo inconveniente que corre el incipiente movimiento sindical es la cooptación política. Como se mencionó anteriormente no existe ley que impida la sindicalización y además los sindi-catos son útiles tanto para el fortaleci-miento de la democracia como para el mejoramiento de la institución policial. Por ende aquellos políticos que propon-gan la conquista de mejores condicio-nes laborales para los integrantes de las fuerzas de seguridad, implica un bajo reconocimiento a estos sindicatos y por ende un bajo nivel de autonomía de los mismos, ya que lo que se obtiene por una ley -la cual no debería ser sancio-nada ya que no existe ninguna ley que impida la sindicalización- se puede re-mover por una ley. Además estas leyes muchas veces están redactas por fuera de los sindicatos, en consecuencia tie-nen una visión parcial de los reclamos de los miembros de las distintas fuer-zas.

Por lo tanto los sindicatos de-ben ser algo más que una simple lucha de salarios o defensa de intereses, de-ben ser un actor que busque mejorar la institución policial con la finalidad de agiornarla a las demandas democráticas (Marks & Fleming, 2006) para poder ser un fuerte actor de veto en post de la protección de sus miembros, porque lo que ha mostrado la historia argentina es que los gobiernos negocian con los sindicatos siempre y cuando estos sean fuertes, un sindicato débil no tiene ca-pacidad de negociación.

Por lo tanto los incipientes sindicatos policiales se encuentran in-sertos en un panorama promisorio. Ya que como se mencionó los sindicatos han vuelto a obtener aquellas ventajas y derechos mermados en la época neo-liberal, sin embargo el sindicalismo po-licial como hemos visto debe enfrentar varios escollos pero principalmente el escollo de que la sociedad (y por ende el poder político) reconozca en el poli-cía, un trabajador poseedor de derechos

trabajadores policiales.

Otro aspecto importante a destacar es que la función de un sindicato no debe-ría ser simplemente la lucha por los sa-larios, ya que un sindicato también tie-ne otras funciones de vital importancia: mejorar el nivel de profesionalismo y de lograr mayores niveles democratización dentro de la fuerza (Holtackers, 2013).

En resumen la sindicalización policial no implicaría un problema para la go-bernabilidad, permitiendo de esta ma-nera organizar a la policía en torno a demandas colectivas más eficientes y al mismo tiempo estos sindicatos tendrían un impacto positivo en el profesionalis-mo de los integrantes de la fuerza.

Finalmente la lucha sindical de estos sectores implica dos problemas a resol-ver. Primero las lógicas democráticas en las que se desarrollan, que siguiendo a Schmitter, pueden incidir en la auto-nomía y el nivel de agregación de estos sindicatos. Como es sabido, las policías son provinciales y están insertas en ló-gicas subnacionales donde los niveles de democratización varían de forma muy amplia. Estos distintos niveles de democracia, atenta en primera instancia contra la lucha sindical. Ejemplo es el caso de Santiago del Estero donde un integran-te sufrió torturas o en Tucumán don-de un integrante estuvo preso más de quince días. Por lo tanto cada sindicato debe conformarse en distintos regíme-nes democráticos. Esto hace necesario que los sindicatos colaboren entre sí y con otros sindicatos de distintos países para aunar esfuerzos en el camino por andar.

Otra complicación son los egos locales, ya que existen varios proto-sindicatos en cada provincia que muchas veces entran en conflicto con asociaciones de familiares policiales o círculos de retirados. Otro es la distin-ción tajante entre oficiales y suboficia-les, en los cuales los argumentos de di-visión jerárquica impiden la unión bajo una misma asociación, ya que muchas

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PARTIDOS POLíTICOSExTINCIóN O METAMORfOSIS

Eliana Medvedev Lic. C. POLITICA - UNCOMA - CURZA

[email protected]

Los partidos políticos hunden sus raíces en el siglo XVII, han desempeñado roles de agregación incluso antes de llamarse par-tidos, su formato se moldeó pari passu la progresiva universali-zación del voto y desde fines del XIX han sido los principales actores colectivos de las contiendas en las arenas electorales.

Constituyen uno de los principales campos de estudio de la ciencia política, sin embargo no existen acuerdos unánimes so-bre qué y que no es un partido político, su naturaleza, origen, particularidades, objetivos, límites, evolución, destino y posibili-dades de supervivencia.

En 1770 Burke definió a los primeros agrupamientos de nota-bles como agentes de las naciones, aglutinadores de ideas que reunían a grupos de individuos a partir de una causa y un objeti-vo común, “un cuerpo de hombres unidos para promocionar por medio de la unión de sus esfuerzos el interés nacional sobre la base de un principio concreto respecto del cual todos se mues-tran de acuerdo”.

Weber (1922) observando a los partidos que surgían al calor de la ampliación democrática afirmaba que, un partido político era una asociación cuyas acciones estaban siempre dirigidas a un fin deliberado, alcanzar el poder y que los líderes y sus seguidores asociados buscaban la obtención de beneficios, honor y poder personal.

Panebianco (1990), desde la teoría organizacional marcó que “lo que distingue a los partidos de otras organizaciones es el ambiente en el que desarrollan sus actividades…solo los par-tidos operan en la escena electoral y compiten por los votos”, procurando obtenerlos y que no los obtengan los contrarios.

Exceptuando los fines, la ideología, la composición social, los va-lores y reafirmando la competencia electoral por el poder, como especifica materia constitutiva, “cualquier grupo político, iden-tificado con una etiqueta oficial, que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante dichas elecciones a sus candidatos en cargos públicos” (Sartori, 2005) podría ser catalogado como partido.

Con una visión Latinoamericana, Abal Medina (2002) afirma

que los partidos políticos son instituciones “ con una organi-zación que pretende ser duradera y estable, que busca explíci-tamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en posiciones del gobierno, a través de la competencia electoral o procurando algún otro tipo de sustento popular… son intermitentemente actores sociales y/o estatales, de manera cambiante y en forma simultánea… cumplen un rol diferencial como articuladores de coaliciones políticas”.

Resumiendo, se los ha analizado como una unidad organiza-cional y como elemento del sistema político; han sido definidos como competidores ideológicos a partir de una causa o como simples competidores electorales, como un grupo de agregación de individuos con intereses similares o pertenecientes a una mis-ma clase, como una coalición de grupos con intereses diversos, como una institución, etc. Cada corriente de pensamiento ha propuesto unas dimensiones y un propósito, que los definiría como tales.

Las definiciones tienen dificultades para identificar tanto los atributos y funciones comunes desempeñadas por los partidos en todos los sistemas de partidos, como las diferencias instituciona-les, sociales y culturales, pese a las cuales siguen siendo partidos. “Dar una definición de partidos políticos no es simple, porque este fenómeno se ha presentado y se presenta con características notablemente diferentes, tanto desde el punto de vista de las actividades concretas, que ha desarrollado en lugares y tiempos distintos, como en términos de estructuración organizativa que él mismo ha asumido y asume”. (Bobbio, 2000).

Entonces no resulta extraño que desde finales del siglo XX ha-yan sido puestos en entredicho, la cuestión no haya sido aun zanjada y siga discutiéndose si los partidos están en crisis como agentes de representación, pues ya no logran agregar intereses ni proponer incentivos colectivos en sociedades segmentadas y desaparecerán o si simplemente están sufriendo una metamor-fosis y adaptación organizativa a los nuevos escenarios y saldrán fortalecidos de la mutación.

La visión positiva considera a los partidos instituciones perma-nentes e imprescindibles para el funcionamiento de los sistemas


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democráticos representativos ya que”simbolizan la competencia política y orientan en ésta al electorado” (Mainwaring y Scully, 1997). Sabrán por lo tanto adaptarse y responder a los nuevos retos de las sociedades contemporáneas y renacerán fortalecidos de sus cenizas.

La visión negativa ve a los partidos como una rémora para la democracia, un impedimento para las posibilidades de participa-ción real de la ciudadanía y considera que ante su declive hay que substituirlos por otra clase de organización y retirarles la exclusi-vidad de presentación de candidaturas ya que “estarían inmersos en un proceso inexorable de declive…convirtiéndose en actores crecientemente irrelevantes.” (Montero y Gunther, 2002)

Al perder capacidad de aglutinamiento los clivajes ideológicos izquierda y derecha, difuminarse las fronteras entre las clases y desdibujarse las viejas diferencias entre lo urbano y lo rural, no pueden ya marcar un norte para orientar el rumbo de los elec-tores y esto se trasunta en perdida de afiliaciones, desaparición de las lealtades “de por vida”, incapacidad de movilización y dis-persión del voto.

Los partidos han procurado adaptarse a los nuevos escenarios modificando su organización interna y se parecen cada vez más a maquinarias electorales, diseñadas para recolectar votos. Sus fines originarios y sus objetivos de supervivencia están en franca contradicción; los incentivos colectivos, la causa mítica identi-taria, la razón ideológica de ser del partido, alrededor de la cual se organizó, ya no convocan y los militantes, afiliados y votantes van detrás de incentivos selectivos y prerrogativas individuales. Los partidos ya no cumplen con su función de representación, se han transformado en simples instancias de selección de can-didaturas.

Sin embargo cuando se alude a su crisis se está pensando en el viejo formato del partido de masas que pretendía ser parte de la vida de sus integrantes de la cuna a la tumba.

En nuestras sociedades contemporáneas cambiantes y segmen-tadas, en las que las personas no se agrupan ni se identifican ya por pertenecer a la misma clase, no puede insistirse en que per-manezca inmutable este formato. Se ha producido, de la mano de los cambios sociales, una“evolución de los partidos en las de-mocracias occidentales, de la fase de partido de élites a partido de masas con la incorporación definitiva de las grandes masas en las democracias, posteriormente a partido catch-all, a partir del desvanecimiento de las fronteras sociales, hasta llegar a ser una organización cartelizada, fundida con la estructura estatal (Katz y Mair, 1995).

Los partidos hoy deben cumplir con funciones diferentes a las tradicionales y adaptarse a los permanentes cambios de las reglas de juego. Existe, sin embargo, un corset normativo, inherente a los sistemas democráticos liberales de occidente, que determina su formato al exigirles atenerse al cumplimiento de formas de

organización, cantidad de afiliaciones y votos, mecanismos de selección de candidaturas, sujeción al control estatal, etc. para seguir siendo considerados como tales.

Mientras este corset legal siga vigente, los partidos políticos podrán buscar modos diferentes de relación con la ciudadanía pero seguirán obligados a permanecer bajo el mismo modelo de organización, seguirán siendo el vehículo de presentación de candidaturas, cambiará la etiqueta pero el envase seguirá siendo el mismo.

En una realidad en la que los medios masivos de comunicación y las redes sociales se han constituido en el nuevo espacio público, los partidos políticos son cada vez más estructuras de escenifica-ción, útiles procedimentalmente, para cumplir con la normativa electoral, pero carentes del significado simbólico y las funciones que les eran propias.

Hoy, al menos en Argentina, parecería que lo central son los candidatos y cuanto mueven el amperímetro de la opinión pú-blica sus candidaturas, no el partido al que pertenecen. Hay par-tidos sin candidatos y candidatos sin partido. La intención de voto de los ciudadanos está atada a individualidades mediáticas, no a programas materiales o de ideas. Los acuerdos entre diri-gentes, reemplazan a las coaliciones entre partidos, se arman al calor de las elecciones y parecen lejos de cualquier pretensión de perdurabilidad.

Tal vez asistimos al nacimiento de los Partidos “envase” que ya no presentan candidatos a partir de un contenido que les da sus-tento, sino simples recipientes descartables que contienen can-didatos que los sustentan.

BIBLIOGRAFIAABAL MEDINA, J.M. (2002) “Elementos teóricos para el aná-lisis contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamien-to del campo semántico”. En: M. Cavarozzi y J.M. Abal Medina, eds.: El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos tras la década del neoliberalismo. Rosario: Homo Sapiens.BOBBIO, N. y otros, directores (2008). Diccionario de políti-ca, 2t. Bs. As: Siglo XXI. KATZ, R. y MAIR, P. (2004) “La transformación de los mo-delos de partidos y de la democracia de partidos”. En: Zona abierta, 108/109, pág. 9-39.MAINWARING, S. y SCULLY, T. (1995). “Sistemas de par-tidos en América Latina”. MONTERO, J. R. y GUNTHER, R. (2002). “Los estudios sobre los partidos políticos una revisión crítica”. En: Revista de estudios políticos No 118, pág. 9-37. PANEBIANCO, A. (1995) “Modelos de partidos: organiza-ción y poder en los partidos políticos”. Madrid. Alianza.SARTORI, G. (2005), Partidos y sistemas de partidos. Ma-drid: Alianza.WEBER, M. (1922)”Economía y sociedad”. México: FCE, 1996.

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La mujer se ha transformado en un ac-tor importante dentro del entramado social y político a lo largo del siglo XX en nuestro país, accediendo a cargos de poder que nos hacen hoy tener la nece-sidad de, no sólo recapitular cuáles han sido los hitos históricos que la llevaron al rol preponderante que hoy tiene, sino también indagar en cómo se ha dado ese camino y qué es lo que todavía falta en cuanto al empoderamiento femeni-no, más aún y como se mostrará en el siguiente trabajo, analizar qué sucede a nivel provincial (analizando aquí el caso de la provincia de Santa Fe).

Resulta pertinente así analizar el desa-rrollo de una de las acciones afirmativas más importantes en cuanto a derechos para la mujer (Drude Dahlerup, 2000; Llanos y Sample, 2008; Mona Lena Kook, 2008), la Ley de Cupo y sus res-pectivos alcances. En Santa Fe se cuenta con la mencionada ley (Ley Nº10.802) desde el año 1992, y sin embargo, no hay un amplio desarrollo de investigaciones sobre dicho tema (Cánaves, 2008; Ferro, 2005), por lo que se hace necesario in-dagar sobre estas cuestiones.

Es así que los siguientes interrogan-tes fueron los que guiaron esta inves-tigación, a nivel provincial, ¿podemos realmente hablar de un cambio en la representación femenina gracias a la implementación de dicha ley? Y pen-sando en las mujeres que acceden a car-

gos legislativos en esta provincia, ¿cuál es su rol ante los temas aún pendientes de la agenda femenina? ¿Es posible es-tablecer una relación entre el número de legisladoras provinciales y el supuesto incremento del tratamiento de las pro-blemáticas de la mujer?

En este sentido, se buscó establecer re-laciones entre los números de legisla-doras mujeres a lo largo del período, y la implementación de la ley de cupo en la provincia de Santa Fe (llamaremos a esto Representación Descriptiva). Para luego analizar los proyectos de leyes que demostraran cierta perspectiva de género, como así también la posición tomada por las legisladoras con respec-to a dichas leyes, lo que en la teoría se conoce como Representación Sustanti-va (Archenti, 2000; Childs and Krook, 2006; Susan Franceschet, 2008; Wäng-nerud, 2009). Se utilizó como recorte temporal el período comprendido entre los años 1983 y 201; para llevar ade-lante los objetivos antes mencionados se realizó una recopilación de datos en base a información periodística y de los Diarios de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe (número de le-gisladora, tratamiento de proyectos que aborden las problemáticas de la mujer), como también información periodísti-ca y realización de entrevistas en pro-fundidad a mujeres relacionadas con la temática.

Desde la teoría se explica como la unión del sistema de representación proporcio-nal y listas cerradas, y una ley de cuotas con mandato de posición, genera que los partidos políticos estén obligados a pre-sentar mujeres para cargos legislativos,

y que las mismas no sean absorbidas por un sistema adverso (Norris, 2006; Lla-nos y Sample, 2008; Wängnerud, 2009). Observando lo sucedido en la provincia de Santa Fe, podemos arribar a que el sistema electoral santafesino presenta ciertas particularidades, que llevaron a que el ingreso de mujeres no se diera de forma abrupta, como sí sucedió a nivel nacional; por el contrario, podríamos decir que disminuye las posibilidades de las candidatas en cuanto al acceso a bancas legislativas. Para argumentar esta cuestión, es necesario separar lo ocurrido en el Senado, de lo sucedido en Diputados.

En la Cámara Alta Provincial, dado el sistema electoral que no permite la apli-cación de la ley de cupo, sólo presenta hoy en día una legisladora entre sus 19 miembros. Esto se debió en primer lu-gar al sistema mayoritario de circuns-cripción uninominal, que lleva a que los candidatos que se presentan en las listas suelan ser hombres.

En la Cámara Baja, por su parte la cues-tión se complejiza al presentar un siste-ma electoral mixto, en donde el partido ganador en la elección adquiere 28 ban-cas por sistema mayoritario; mientras que las 22 restantes se reparten entre los demás partidos por sistema D’Hont. Esto produce que la influencia que la ley de cupo tiene sobre esta Cámara, dado que las circunscripciones son plu-rinominales, se vea aplacada por dichas cuestiones. En primer lugar, las mujeres tienen mayores posibilidades de acce-der a una banca en los partidos mayo-ritarios, dado que estos suelen ganar las elecciones y adquirir la mayoría de es-

LA INfLuENCIA DE LA LEY DE CuPO EN LA REPRESENTACIóN DE LAS MujERES EN EL PODER LEGISLATIvO PROvINCIAL. el caso de la ProvINcIa de saNTa fe (1983-2011)

María Emilia PerriLicenciada en Ciencia Política

Universidad Nacional del [email protected]


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caños en juego. Más aún, en los partidos que pierden la elección, se reparten el 44% de las bancas, lo que hace que tam-bién se vean reducidas las posibilidades de las candidatas mujeres, ya que, de los partidos que sacan mayor cantidad de votos, sólo los primeros lugares de la lista resultan electos.

Si bien la inclusión de acciones afirma-tivas de género permitió una mayor cir-culación de mujeres, no se puede dejar de lado la importancia que el sistema electoral tiene sobre la ley; el caso anali-zado permite observar como un sistema electoral puede menoscabar la influen-cia del cupo femenino y generar espa-cios de poca apertura política para la mujer (Llanos y Sample, 2008; Archen-ti y Tula, 2008; Malan Htun, 2002).

Luego, cuando se analizan los temas tratados en el recinto vemos que las problemáticas de las mujeres no in-gresan conjuntamente con el aumento de las legisladoras, sino que lo hacen posteriormente, lo que estaría explica-do por un cierto aprendizaje que se da del entorno legislativo por parte de los legisladores (estás cuestiones fueron ex-presadas por las entrevistadas). En las entrevistas surge la idea de que la legis-latura es el reflejo de la sociedad, y que suele tomar los temas y las demandas que se dan en esta última, por eso en los últimos años hay un aumento de la temática de la mujer.

Lo antes dicho, dejaría desterrada la idea de que las diputadas y senadoras entran con un mandato social de de-fensa del género sólo por haber sido elegidas dentro del período de imple-mentación de la ley de cupo, por el con-trario las entrevistadas expresan cómo el tratamiento de estos temas por parte de las legisladoras está relacionado con la cuestión de los intereses individua-les y de la militancia que cada una haya realizado. Es por esto que, una segunda conclusión del trabajo es que la repre-sentación sustantiva de las mujeres en la Cámara no está relacionada directa-mente con un aumento de las legislado-ras, sino con una apertura social y cultu-

ral de las temáticas en la sociedad.

En cuanto a las percepciones de las le-gisladoras, las entrevistadas consideran que la ley fue un gran paso en la inclu-sión de mujeres y en la búsqueda de la igualdad de género, pero que aún las problemáticas de las mujeres es un tema de algunas pocas dentro de la legisla-tura provincial, y particularmente de algunas pocas diputadas. Según ambas entrevistadas, Senado es un ámbito que no promueve estos proyectos, la mayo-ría surge en Diputados, y tienen dificul-tades para lograr ser sancionados en la Cámara Alta.

De las entrevistas también surge cuáles son aquellos lugares en donde las mu-jeres encuentran difícil acceso, hacía dentro del recinto el principal problema lo tienen para acceder a las reuniones parlamentarias (lugar donde se deciden los temas a tratar). Y hacia afuera, la in-clusión de mujeres dentro del partido se dificulta en cargos tales como delegadas ó como participantes en las “reuniones de mesa”.

El problema que a partir de esto se sus-cita, y que ha quedado fuera del análi-sis aquí realizado, es justamente cómo son las carreras políticas de las mujeres, qué es lo que pasa con la inclusión de las mismas en los partidos políticos, dado que son estos los que luego las postulan a los cargos. A partir de las entrevistas realizadas podemos tener una aproximación sobre la situación: el mayor problema lo tienen los partidos más tradicionales, como ser el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, en donde las mujeres son incluidas en las bases partidarias pero no llegan a los círculos de poder dentro del partido. Las mujeres han recorrido un largo ca-mino en cuanto a igualdad de género, sin embargo todavía queda mucho por delante, pues las cúpulas partidarias si-guen siendo lugares masculinos, con ló-gicas masculinas, que deben modificarse para poder pensar una verdadera y com-pleta inclusión política de mujeres.Finalmente es necesario recalcar, vol-viendo al núcleo del trabajo, que la ley

de cupo permitió una mayor inclusión de mujeres en la legislatura santafesina (Representación Descriptiva), que im-plicó una masa crítica de mujeres que debería (según la teoría antes descripta) ampliar la agenda legislativa. En este trabajo se demostró, mediante el análi-sis de los datos recabados y de las en-trevistas realizadas, que esa situación no se traduce en el tratamiento de temas vinculados a la mujer (Representación Sustantiva). Aún hoy son pocas las le-gisladoras que tratan estas cuestiones dentro de la legislatura, y el apoyo que consiguen suele responder a una cues-tión partidaria en cuanto a apoyar los proyectos de los bloques legislativos. Esto se observa también cuando ve-mos quiénes proponen los temas en la Cámara Baja, la mayoría son mujeres, y siempre son el mismo núcleo; incluso los hombres que promueven estas temá-ticas son un número muy reducido, y de acuerdo a las palabras de las entrevista-das suelen hacerlo con un lenguaje que poco tiene que ver con la igualdad de género.

Este trabajo demuestra que por sí sola una acción afirmativa no logra modificar las pautas culturales que se reproducen en la sociedad, y que tienen su traduc-ción en el Poder Legislativo. A pesar del amplio camino recorrido y los derechos alcanzados, las mujeres siguen tenien-do dificultades no sólo para ejercer un derecho político, como es el real acceso a cargos de elección popular, sino que la situación se complejiza al pensar en cómo deben ser tratados los temas que atañen especifica y particularmente a la mujer dentro del recinto legislativo.

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La utilización de tecnologías de infor-mación (TI) está presente en los prin-cipales esfuerzos de modernización de la administración pública latinoameri-cana de los últimos años, en la medida en que estas herramientas contribuyen a mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios a partir de la simplifi-cación de trámites, la reducción de cos-tos y tiempos de espera, la rendición de cuentas, el fomento de la transparencia y el incentivo a la participación de los ciudadanos.

Pese a esto, el fenómeno no ha conci-tado la debida atención de aquellos que se dedican a estudiar los procesos de reforma desde una mirada integral en sintonía con las complejidades inheren-tes a la gestión pública. En este sentido, el objetivo de este breve ensayo consiste en identificar algunos desafíos que es-tán en el horizonte de la implementa-ción de TI (denominada genéricamente como gobierno electrónico) y que no suelen ocupar el lugar que merecen en la agenda del (lamentablemente escaso) debate académico.

Generalmente, y como consecuencia de una mirada mecanicista que conci-be a la implementación como una mera “aplicación” de un diseño previamen-te elaborado, negociado y acordado, se presta mucha atención a los problemas

relativos al diseño de intervenciones y poca atención se ha prestado a las vi-cisitudes propias de la implementación (Cortázar Velarde, 2007), como por ejemplo las dificultades para establecer la demanda de los ciudadanos una vez que se incorpora TI a un determinado proceso o la presión que se desata cuan-do el ciudadano exige que servicios si-milares que no incorporaron TI tengan la misma calidad que tiene aquellos que sí incorporaron.

Los desafíos para la implementación de TI aquí planteados se potencian, se retroalimentan, se superponen unos a otros y terminan configurando un es-cenario complejo para el desarrollo del gobierno electrónico. No es posible “ha-cer de cuenta” que no existen porque su influencia es constitutiva de la utiliza-ción de TI en el ámbito público. Y, des-de ya, son desafíos que no están dados de una vez y para siempre. A continua-ción identificaremos a alguno de ellos.

1- Priorizar la gestión de datos e in-formaciónAl momento de la implementación no puede desconocerse la calidad de los datos con los que se cuenta. En tér-minos generales, la gestión de los da-tos públicos se caracteriza por el bajo grado de digitalización de los mismos (y, cuando lo están, muchas veces no cuentan con calidad, consistencia y dis-ponibilidad), la disgregación de bases de datos relativas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos comunes, la baja práctica en el uso de estándares y las decisiones aisla-

das que ejercen los organismos públicos a la hora de informatizar procesos de captura (Gasco, 2011).

Todo esto en un contexto caracterizado por el relegamiento de la gestión de la información en las agendas de los orga-nismos, la cual muchas veces queda re-ducida a áreas de informática ubicadas en posiciones donde no tienen suficien-te capacidad de decisión y por ende su influencia es limitada.

Así, la producción, procesamiento, utili-zación y transmisión de información no es considerada un insumo fundamental para la toma de decisiones, la prestación de servicios y el control y la evaluación del accionar público. Cabe agregar, ade-más, que no solo a veces se da la espalda a los legítimos requerimientos de usua-rios internos y externos sino que otras veces esos requerimientos ni siquiera existen.

2- Orientar la implementación de Ti hacia los intereses, expectativas y ne-cesidades de los ciudadanosUna característica extendida en nues-tros organismos públicos es el formalis-mo, es decir, la proliferación de normas y procedimientos dando la falsa impre-sión de que existe un poder impersonal. Ante este escenario, en la última déca-da, diversos procesos de modernización de la gestión pública, en sintonía con experiencias internacionales, hicieron hincapié en la necesidad de avanzar hacia una lógica de gestión orientada hacia los resultados (definidos por inte-reses, expectativas y necesidades de los

ALGuNOS DESAfíOS PARA LA IMPLEMENTACIóN DE TECNOLOGíAS DE INfORMACIóN EN LA GESTIóN PúBLICA LATINOAMERICANA

Diego Pando Director del Programa de Gobierno

Electrónico de la Universidad de San Andrés


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ciudadanos). La orientación hacia la gestión por re-sultados es importante para que el uso intensivo de la TI no sea una mera informatización de las operaciones ya existentes, sin considerar el valor que éstas agregan. Todo uso estratégico de TI debe evitar automatizar tareas ad-ministrativas sin analizar sus objetivos y los requerimientos de los usuarios internos (otros organismos públicos) y externos (ciudadanos, empresas). La denominada reingeniería de procesos es clave, en este sentido, para incrementar las capacidades de gestión.

3- Contemplar las implicancias del di-namismo tecnológicoCualquier acción estratégica de TI, más allá de la calidad de diagnóstico y for-mulación que cuente, una vez iniciada enfrentará eventos inesperados. Así, la capacidad de adaptación a circuns-tancias no esperadas durante la imple-mentación, es clave para la producción de mejores resultados finales. Esto es particularmente relevante si tenemos en cuenta el dinamismo de la tecnología. Un ejemplo de esto lo encontramos en los nuevos paradigmas de diseño y de-sarrollo de arquitecturas tecnológicas, entre los cuales se destaca el denomina-do cloud computing o computación en la nube, en el cual los organismos pú-blicos adquieren servicios (muchas ve-ces en modalidades de contratación del tipo suscripción) en lugar de conseguir infraestructura. Esto plantea desafíos importantes a la hora de definir los pre-supuestos públicos que poseen un fuerte sesgo en privilegiar instalaciones físicas y de fiscalizar su cumplimiento a través de contraloría y auditoría.

Otro cuello de botella que suele aparecer en la implementación está relacionado con los plazos de compras y adquisicio-nes en el sector público al momento de realizar inversiones para fortalecer in-fraestructura. La excesiva lentitud de los plazos de compras y adquisiciones está en tensión con el dinamismo del cam-bio tecnológico y termina aumentando el riesgo de la desactualización tecno-lógica de las compras. En este sentido,

comprar mucho de algo en poco tiempo no suele ser una buena inversión, ya que a corto plazo los costos relativos cam-bian significativamente. No queda otra que monitorear continuamente la ofer-ta y la demanda y tratar de aprovechar las oportunidades, siempre teniendo en cuenta que las adquisiciones no tienen la agilidad deseable.

4- Prestar atención al proceso que da forma al contenido de la implementa-ciónLos resultados de las acciones orienta-das al uso intensivo de TI en la gestión pública dependen no sólo de sus con-tenidos sino también del proceso que acompaña las interacciones de los acto-res involucrados. Aun las mejores ideas pueden no lograr sus frutos si el proceso no es el adecuado.

Hay, al menos, un par de cuestiones importantes para mirar este proceso. Una de estas cuestiones es la tensión de carácter intertemporal. A veces, la definición y la primera fase de imple-mentación de una iniciativa estratégica de TI genera costos a corto plazo y los beneficios sólo se perciben a mediano y largo plazo, momento en el que proba-blemente los puestos políticos estarán ocupados por autoridades distintas a las que impulsaron, trabajaron y “sufrieron” el proceso de mejora.

Una segunda cuestión está dada por los esfuerzos necesarios para construir (y sostener) una coalición para el cambio. Ningún proceso de implementación de TI suele ser prolijo. Abrir datos para su reutilización, rediseñar procesos, incen-tivar la rendición de cuentas o impulsar la participación de los ciudadanos, no son cuestiones neutras. Muchas veces no se percibe que incorporar TI es un camino pedregoso, en el cual hay acto-res que se oponen al cambio y que no necesariamente tienen una alternativa sino que no se comprometen con el pro-ceso y muchas veces no hay incentivos concretos para operar sobre ellos.

De lo mencionado en este apartado, se desprende la importancia de prever la

aparición de triunfos rápidos y de cor-to plazo en todo proceso de utilización intensiva de TI. Sin éstos, aun cuando sean modestos, el proceso de transfor-mación puede perder credibilidad, mu-chos actores que apoyan pueden des-animarse y aquellos que resisten pueden tomar fuerza.

5- Gestionar recursos humanosLa implementación de TI no es una mera cuestión de conseguir recursos económicos para fortalecer infraestruc-tura tecnológica (cuestión que, desde ya, es muy importante). Sin recursos humanos adecuados se debilita cual-quier proyecto de incorporación de TI. La escasez de una burocracia (en el sentido weberiano de la palabra) de profesionales informáticos estables, ca-pacitados y bien remunerados dificulta la posibilidad de éxito de los procesos de cambio asociados a las TI. La ma-yoría de los organismos públicos tienen dificultades para conseguir, formar y retener a su personal técnico, porque el mercado ofrece mejores salarios, otorga más posibilidades de desarrollo de ca-rrera y brinda más prestigio.

Asimismo, es frecuente detectar patolo-gías vinculadas a una elevada rotación de jefes, tratos excesivamente jerarqui-zados, elevado peso de los criterios de lealtad partidaria en las designaciones, bajas posibilidades de desarrollo de ca-rrera, todo compensado desde el punto de vista legal por la inamovilidad y por, en el mejor de los casos, una ritual eva-luación del desempeño con pocos fines prácticos.

6- Operar con estándares abiertos y en entornos segurosLa ausencia del principio de neutralidad tecnológica en la gestión pública genera dependencia de terceros. La utilización de estándares documentales cerrados significa compromisos presentes y futu-ros de los organismos públicos con un tipo particular de tecnología propieta-ria. Asimismo, la ausencia del principio de neutralidad tecnológica obliga a los ciudadanos a acceder a servicios elec-trónicos a través de aplicaciones propie-

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tarias cuya adquisición puede no estar al alcance de todos por el costo de las licencias. Prestar atención sobre la for-ma en la que la documentación pública es almacenada y accesible por parte de funcionarios y ciudadanos, es clave para que la tecnología sea aprovechada en todo su potencial. En esta misma línea, no debe perderse de vista que los intercambios vía elec-trónica deben realizarse en entornos seguros y, en este sentido, las políticas de seguridad informática son esencia-les. Garantizar la disponibilidad, auten-ticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos, implementar sistemas de auditorías, control de acti-vos, control de accesos, dotar de seguri-dad a las comunicaciones y operaciones, proporcionar privacidad y protección a nivel de datos, de aplicación, de host y de red, entre otros aspectos, son cues-tiones relevantes para que los organis-mos públicos puedan llevar a cabo sus iniciativas de gobierno electrónico.

7- Evaluación para (re) orientar pro-cesos de decisión La evaluación de las iniciativas de gobier-no electrónico deviene un ejercicio im-prescindible dado que estas valoraciones permiten obtener información acerca de, por ejemplo, hasta qué punto los objeti-vos se han logrado, qué resultados ines-perados se han conseguido o qué cambios se necesitan para asegurar el éxito de los proyectos (Gasco et al, 2012).

Particularmente relevante a los fines de la implementación es la evaluación de seguimiento de la política (o moni-toreo), la cual se lleva a cabo de forma continua mientras se ejecuta la política y produce información en tiempo real que es suministrada a los responsables de las distintas fases del proceso para que in-troduzcan las correcciones oportunas.

Lamentablemente, la práctica de la eva-luación de monitoreo es escasa en gene-ral. Existe una brecha importante entre el consenso acerca de la importancia del monitoreo y las prácticas habitua-les de él. Muchas veces la ausencia de monitoreo lleva a mayores inversiones

insistiendo en esquemas erráticos de desarrollo de las experiencias de in-corporación de TI. Sin evaluación de monitoreo, es muy difícil mejorar la implementación de TI, dado que no se produce la suficiente información que sirva para (re) orientar y valorar las de-cisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las iniciativas.

8- Reducir la brecha digitalPese a los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno, la brecha digital sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno electrónico. Difícilmente se puede hablar de gobierno electrónico de calidad en un contexto de exclusión digital. Los servicios electrónicos brin-dados por los organismos públicos son actualmente aprovechados fundamen-talmente por los sectores más capacita-dos y con mayor poder adquisitivo de la sociedad, quedando relegados los sec-tores con menos educación e ingresos (que paradójicamente son los que más necesitan del estado).

En este sentido, además de continuar operando sobre la cobertura de conec-tividad, resulta necesario avanzar hacia un mayor grado de alfabetización digi-tal que promueva la apropiación de la tecnología no sólo en la sociedad sino también en la propia administración pública. Ciudadanos y funcionarios pú-blicos deben estar alineados a la oferta de servicios que emanan de las inicia-tivas de gobierno electrónico para que éstos sean realmente aprovechados. Es importante que, desde su diseño, los servicios sean trabajados con altos ni-veles de usabilidad, expresada en una navegación, vocabulario, gráfica y con-tenidos orientados al ciudadano.

Debe ponerse especial atención en la elaboración de políticas que permitan el acceso generalizado a Internet a través de distintos dispositivos (multicanali-dad) y, especialmente, potenciando la oferta de servicios a través de los me-dios que estén más al alcance del ciu-dadano.

Reflexión final

La implementación de TI en las ad-ministraciones públicas implica lide-razgo estratégico por parte de políticos y directivos públicos para impulsar y sostener procesos de cambio, teniendo en cuenta que la introducción de estas herramientas tecnológicas afecta for-mas de gestión, modifican estructuras jerárquicas, replantea flujos de trabajo, reasigna recursos humanos y redefine partidas presupuestarias, entre otras cuestiones. Es decir, el uso intensivo de la TI altera el equilibrio de poder de las organizaciones públicas, con los costos y beneficios que esto conlleva.

Reconocer y operar sobre los desafíos que implica el uso intensivo de TI es una competencia clave para todos aque-llos políticos y funcionarios públicos del más alto nivel que estén dispuestos desarrollar y consolidar procesos con valor agregado. El reconocimiento de esta conflictividad inherente al desarro-llo del gobierno electrónico, sirve para llamar la atención de los riesgos asocia-dos a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena voluntad.

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ENTREvISTA CON LILIANA DE RIz : “el sistema electoral argentino como cementerio de terceras fuerzas”¿qué características posee el sistema electoral en América Latina? Liliana De Riz: No se puede simplificar en dicotomías de ningún tipo, menos en clivajes ideológicos, Izquierda, Derecha. Tenés go-biernos más de tipo socialdemocráticos, estilo Chile, Brasil o Uru-guay. Tenés después la variante andina que es muy singular si pensás en Bolivia o pensás en Ecuador, a parte de la variante venezolana. Yo siempre sigo que puedo hacer una gruesa diferenciación entre aquellos países que hacen una gestión con sistema político más di-versificado, más plural y aquellos países donde el predominio del ejecutivo y la debilidad de la oposición realmente hacen que el es-tilo de gobierno, el manejo de la cosa pública sean muy singular. A mí no me gusta la categoría populismo, para englobar experiencias contemporáneas porque es una caja de pandora porque desde los populistas rusos para acá se usa y cuando suma peras con manzanas y uvas finalmente no sabe de qué habla. Creo sí que hay componen-tes del gobierno, más similares de las variantes, chavismo venezola-no, de Evo y, a su manera aunque también con muchas diferencias, de Ecuador; y Argentina es un itinerario incompleto, siempre es posible cambiar el rumbo y yo creo que no hemos perdido el tren del progreso todavía. Entonces, en América Latina hay una fuerte heterogeneidad, no se puede reducir a dicotomías simplistas y la riqueza de cada sistema político necesita un análisis más adaptado a cada caso.

¿Cómo ve el sistema electoral de Argentina? Liliana De Riz: El sistema electoral de Argentina, desde que re-gresó la democracia, allá a principio de los años ochenta, arrastra problemas muy complicados. Nosotros tenemos veinticuatro ju-risdicciones incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos un sistema proporcional en circunscripciones de muy distinto ta-maño, cuando te digo circunscripciones me refiero a qué cantidad de bancas se eligen. No hay una proporcionalidad entre las bancas y la cantidad de ciudadanos, como la Constitución pretendía. Hay provincias sobre-representadas, que son las de menor tamaño. En-tonces, los partidos que tienen el control de las provincias pequeñas, sobre-representadas, tienen una ventaja comparativa enorme porque les cuesta muchos menos votos conseguir una banca. Además de esta sobre-representación que permite el sistema electoral, tenés un Senado, en donde se eligen tres representantes por provincia, lo cual contribuye a la mencionada sobre–representación de las provincias con independencia de su tamaño. Y como en las provincias peque-ñas, las elecciones se hacen por mitades, entonces una vez elegís dos y otra vez elegís tres, si son cinco, cuando vos elegís dos o tres bancas es un sistema mayoritario ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de una tercera fuerza es nula; entonces Argentina es un cementerio de las terceras fuerzas. A esto hay que sumarle el hecho de que este sistema privilegió a radicales y peronistas. Con la debacle del partido radical y con la modalidad de las reelecciones perpetuas de los go-

bernadores en las provincias, no hay alternancia en general. Además, la formación de partidos es territorial y no ideológica. No es como en Chile que vos decís la Derecha, la Izquierda; o en Brasil que en el congreso terminan armando alianzas según ideas políticas. En Argentina, ni el Congreso es el lugar de las alianzas, ni las alianzas o partidos se discriminan en el eje ideológico Derecha e Izquierda y, por otro lado, tenés que el peso del territorio es tan grande que se unen según las conveniencias de, hoy dirías, los caudillos locales que en el plano nacional ven cómo se acomodan. Hoy las provincias son cautivos del Poder Ejecutivo Nacional que dispone de los fondos, y los otorga dando premios y castigos. Por eso es muy difícil sobrevivir si uno quiere seguir en su cargo. Como el ejemplo de Scioli que sigue y dice “no voy a perjudicar a la gente”, porque lo que está diciendo es: si yo me rebelo no sólo tengo a los maestros subidos a la cabe-za sino que no voy a tener más nada. Entonces, federalismo fiscal, federalismo político, sistema electoral como cementerio de terceras fuerzas y que la condición actual reproduce la hegemonía del pero-nismo y sus diferentes caras o épocas y con la pulverización del arco no-peronista, las llamas oposiciones varias que hay, entonces esto no te augura alternancia ni en las provincias ni en el plano nacional. De hecho, en la provincia de Buenos Aires a lo que estamos asistiendo es a otra interna del peronismo.

¿A qué se debe el estado actual de la oposición? Liliana De Riz: Se debe a varias cosas, Argentina tiene una larga tradición en la cual el polo no-peronista es fragmentado porque re-coge a la centroderecha, a la centroizquierda, tiene una diversidad y el Peronismo es un movimiento político que en realidad es un gran frente, que suma por identidades similares. Nosotros no tenemos un sistema de coaliciones interpartidarias ¿Qué tienen en común un radical con un socialista? Unos son radicales y otros socialistas. Pero en el peronismo son todos peronistas, sólo que…ahora ningún peronista dice que fue menemista, fue apenas un pecado que trans-currió, pronto dirán que no fueron kirchneristas. Pero ¿qué los unen? Que son todos peronistas. Este es un movimiento político que tiene una identidad soldada, con capacidad y flexibilidad de adaptarse a los tiempos. Pero esto no lo tienen un partido político, porque un partido político tiene una plataforma, tiene una identidad asociada al partido: si vos sos socialista, no sos radical. Pero si sos peronista, podés ser “cristinista”, “massista”, “sciolista” o lo que te guste, pero nadie va a discutir que sos peronista. En todo caso lo que discuten entre ellos es acerca de cuál es el verdadero peronismo. Y cuando un ciclo se va opacando dicen: este no era peronista, es el que va a ve-nir. Esto es una ventaja extraordinaria en términos de competencia política, porque juntan a lo diferente soldado en una identidad cuyo contenido es vacío ¿qué es ser peronista?

¿qué análisis hace respecto de las próximas elecciones Primarias

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Abiertas Simultáneas y Obligatorias?Liliana De Riz: Argentina siempre trampea en su dirigencia políti-ca, es el único país donde hay elecciones con testimoniales ¿Qué son las testimoniales? Es una estafa al electorado. Scioli se presentó en una elección en el 2009 y se volvió a la gobernación muy campante. Giustozzi, el segundo de Massa, le preguntan cómo se va a desem-peñar y dice: “no sé, estaré donde deba estar”. Las testimoniales, las espejo, las colectoras… El modo en que se manipula el sistema elec-toral, es escandaloso. Los encuestadores externos dicen “es infinita la creatividad para el mal de la Argentina”. Y nosotros soportamos con cierta indiferencia; de hecho, a la gente le cuesta bastante llegar a fin de mes, viajar como viajan y soportar las dificultades de un país con inflación tan alta como para estar al tanto de este tipo de detalles. Pero, me parece a mí, que hay un grado de insatisfacción en relación con esta dirigencia política porque, entre otras cosas, están los tíos, los primos, los hermanos. Se presenta el gobernador o el intendente y después se vuelve a la intendencia y manda a la prima. Esto es una falta de respeto a la idea de representación. Entonces la reacción es “que se vayan todos”, y se quedaron la mayoría; o, “son todos unos corruptos”.

¿qué se espera de la oposición? Liliana De Riz: Se espera una reforma, no necesitamos un lideraz-go estridente, que revolee bastones, que grite en la televisión todos los días, una actriz tampoco. Necesitamos gente sensata que con un programa de política pública convenza a los argentinos. Yo creo que hay liderazgos importantes en la oposición, por ejemplo, ahora se presenta Terragno. Terragno es una persona que piensa a futuro, tiene cabeza estadística y es decente, además de ilustrado, como la mayoría de los que rodean a la presidenta. Esto en el arco radical,

pero también podés ver figuras interesantes que podrían, si lograran armar un partido…Porque acá, no tenés partidos, tenés movimien-tos articulados alrededor de personas, que obedecen al humor de la opinión, son partidos de personajes. Como por ejemplo el partido de Lilita Carrió, Pino Solanas, son personalismos rampantes. Son ellos. Ellos son el partido, o sea, el movimiento. Massa acaba de fundar un partido, el Frente Renovador, de la noche a la mañana y él mismo es su partido. ¿Qué es? Una colección heterogénea de gente que va con Massa. Pero eso no es un partido. Un partido es una organización, es un programa de futuro, es un conjunto de personas que tienen algo en común que los motiva a unirse y, además, las redes son una forma de armar un partido en la era actual.

¿Cómo ves el uso en el campo de la política de estas herramientas de comunicación? Liliana De Riz: Es extraordinario, porque las redes son una innova-ción monumental porque vos podés de la Quiaca a Tierra del Fuego, de manera virtual, organizar opiniones, puntos de vista, demandas. Es decir, tenés una enorme capacidad. Esta es una sociedad de redes. Tiene que haber una generación joven que se haga cargo. La difi-cultad en Argentina es renovar liderazgos. Ya no necesitás en la pla-za un gran orador, necesitás otra cosa, por ejemplo una generación digital. Es necesaria una juventud que pueda, con esta metodología de comunicación, resultarle interesante la política porque afecta su vida. Y la política es, el medioambiente, lo que pasa con las minas; es los derechos a tener derechos y es también un ingreso digno, un país justo.

Liliana De RizDoctora en sociología e investigadora del CONICET

ENTREvISTA CON ANDY TOw: ¿Cómo surgió el atlas electoral?Siempre estuve interesado en el potencial de Internet para la difusión de información pública. A principios de los 2000 tomé contacto con los sistemas de información geográficos (GIS) y comencé a mapear elecciones usando datos del CD del federalismo electoral argenti-no de Calvo y Abal Medina. Cuando lo hice con los resultados de INDRA de la presidencial de 2003 me llamó la atención la fuerte regionalización, entonces quise mostrar eso y otras cosas semejantes, y aprovechando el cúmulo de datos en formato electrónico, concebí el conjunto como una web, un atlas en línea. Me inspiraron dos sitios: el atlas de elecciones en EE.UU. de David Leip http://uselectionatlas.org y el archivo de elecciones en la República de Weimar de Andreas Gonschior http://gonschior.de/weimar, el primero por la cartografía electoral y el segundo por la estructura de archivos y estilo de diseño. Me pareció que había un nicho vacante y me pareció que valía la pena intentarlo.¿Cuáles fueron los obstáculos que sorteaste para que el atlas sea lo que es hoy?Fundamentalmente encontrar el tiempo para hacerlo. Ganas por for-

tuna nunca me faltan. Es un proyecto independiente y unipersonal, íntegramente sostenido y desarrollado por mí, así que lo hago cuando puedo y porque quiero. Y hay cuestiones técnicas también. El atlas es un sistema de información. Empecé y sigo en lo principal con una estructura de html puro artesanal, que debería migrar completamente a una con servidor de base de datos.

Todos sabemos la extraña relación entre politólogos y números, pero vos también le agregaste programación web y de aplicaciones para Smartphones, ¿cómo fue ese aprendizaje?Desde chico soy aficionado a la programación. Tuve una Sinclair y una Commodore. Las nociones de BASIC que aprendí entonces me han sido muy útiles. Soy autodidacta. Internet ha facilitado mucho programar porque muchas personas comparten sus soluciones, dise-ños y código entonces uno selecciona, combina e implementa lo que mejor le sirve. Para la web además de html vieja escuela hago php para las bases de datos y simuladores y javascript para visualizaciones. Las apps para Android en java son versiones en miniatura del Atlas, bases de datos, así que tampoco son tan complicadas.

Creador del Atlas Electoralwww.andytow.com


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Para mí todo comienza por una idea, una sugerencia, un conjunto de datos, eso lleva a un diseño basado en la información disponible, lo que resulta en una serie de problemas informáticos a resolver implementan-do tecnologías que conozco o que voy descubriendo en el proceso. Los lenguajes de programación son diversos pero tienen lógicas comunes. Cuando te das cuenta de las posibilidades de análisis que se abren con la web y las computadoras es difícil resistir las ganas de aprender a hacerlo vos mismo por más difícil que parezca a primera vista.

En la Ciencia Política existen varios caminos: vos lograste compa-tibilizar el académico con estas otras esferas más de praxis. ¿Cómo alentarías a los demás politólogos que no salen a la “calle”?A mí mi perfil académico me parece bastante discreto. Tengo la li-cenciatura y cursé una maestría -de la que debo la tesis- pero jamás di clases ni concreté una investigación en una institución. Mi principal contacto con académicos es por el blog, por consultas de datos esen-cialmente. De vez en cuando me invitan a dar alguna charla, pero soy tímido y prefiero que lo que hago hable por mí.A los politólogos los alentaría a darse a conocer por la web y las re-des sociales, estar al tanto de las bases de datos disponibles y manejar bien la estadística descriptiva, la prueba de hipótesis y las regresiones. Aprender programación también viene siempre bien. Buscar, gene-rar y analizar datos es fundamental. Ayuda a pensar en las relaciones que se pueden establecer cruzando datos estructurados. Además el tratamiento de la información te impone organización y método y la traducción de conceptos a datos en tablas y gráficos te da rigurosidad. Tengo la suerte de poder investigar de manera independiente lo que me interesa y sé que no muchos tienen esa posibilidad, pero creo que es un objetivo al que apuntar.

En el atlas electoral se puede apreciar datos desde 1946 a la fecha , ¿qué aprecias con respecto al voto urbano y rural a través del tiem-po? ¿se mantiene el voto partidario?La georeferenciación indica que el voto en las grandes ciudades tiende estar asociado a diferencias socioeconómicas, con el peronismo con su base en sectores populares, el radicalismo y la izquierda en sectores medios y el centroderecha con mayor apoyo relativo en sectores de nivel alto. Esta correlación entre nivel socioeconómico y voto tiene aplicación directa en diseño de muestras para encuestas de opinión. El voto rural es más difícil de analizar geográficamente porque la po-blación está más dispersa y las unidades son más grandes e irregulares. En provincias de menor desarrollo relativo se observa con frecuencia que el voto peronista en las capitales tiende a ser menor que en el interior, pero la correlación no es tan fuerte y marcada como en las áreas urbanas.

Estuviste en HackHackers, realizando coberturas en vivo de dos fenómenos como fueron el 8N y las elecciones de 2011, ¿qué de-safíos plantean los datos en vivo y si lo ves viable para otros pro-yectos?Para las elecciones 2011 fui contactado por HacksHackers Buenos Aires, que es un colectivo inorgánico de periodistas, programadores, diseñadores y entusiastas del periodismo de datos. Hicimos un “hac-katón”, que es una jornada de trabajo colaborativo para desarrollar aplicaciones, en este caso, para visualizar el escrutinio en tiempo real.

Yo sigo mucho el movimiento de los datos abiertos y el periodismo orientado a bases de datos, voy a eventos y aprendo mucho de la colaboración con programadores y diseñadores. La cobertura del 8N fue una iniciativa mía, a partir de la georreferenciación de los tuits y la carga de fotos en dispositivos móviles durante la protesta. El desafío principal en estas coberturas es llegar a tiempo con una apli-cación funcional, que soporte bien el flujo de la información y que al mismo tiempo, que capture la mayor y mejor cantidad de datos para el análisis posterior. Uno tiene una idea general de lo que va a pasar y en función de eso desarrolla la visualización, pero suceden cosas imprevistas así que hay que estar preparado para resolver lo mejor posible los problemas que surjan en el momento.

La cuestión datos suele ser problemática, ¿qué crees que le falta a la Argentina para generar más transparencia tanto en la produc-ción como en la distribución de datos?Lo que hace falta es que el gobierno, universidades, centros de es-tudio, ONGs, investigadores, corporaciones y demás dejen de abra-zar las bases de datos públicos como si fueran sus hijos chiquitos y comiencen a publicarlas de manera abierta y sistemática. Internet ha tenido un enorme impacto en la producción y difusión de cono-cimiento y sin embargo muchos no parecen acompañar este movi-miento. Veo la apertura de datos como una oportunidad de cambio positivo. En la academia está la conveniencia de la replicación, que es importante para el debate político especializado. Los medios también pueden ganar credibilidad poniendo a disposición la base de sus hallazgos. En cuanto a los actores gubernamentales, creo que por más que escondan sus datos o dificulten el acceso, a la larga les será difícil evitar que “topos”, activistas y periodistas los pongan en aprietos.

¿qué crees que le falta actualmente a la formación de los politó-logos para generar mayores aportes al debate público?No conozco mucho de la formación actual de los politólogos. A mí cuando estudié me hubiera gustado un enfoque más práctico y centrado en un mayor conocimiento de las estadísticas públicas y las estructuras políticas concretas. Pero como dije, mi relación con el mundo académico es a través del blog así que no me siento capaci-tado para juzgar qué hace falta hoy.

La gente tiende a pensar que la única elección importante es la presidencial , ¿el voto para presidente obedece al partido domi-nante en cada provincia? ¿cuál es la influencia de las elecciones municipales?La dinámica electoral es distinta según si el mismo día se eligen autoridades conjuntamente que si las elecciones son separadas, sobre todo desde el punto de vista de las estrategias partidarias, los ali-neamientos y alianzas a nivel distrital y nacional. La elección presi-dencial es importante no solamente porque es el principal cargo del régimen político, sino también porque el mismo día normalmente se eligen diputados y senadores nacionales, el gobernador, legislatura e intendentes de Buenos Aires y buena parte de los demás goberna-dores y sus legislaturas, boleta sábana horizontal mediante, movili-zando actores en todos los distritos y en los tres niveles de gobierno por el arrastre de candidaturas.

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SECCIONESTuDIANTES


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PARTICIPACIóN POLíTICA NO INSTITuCIONALIzADA: el ProbleMa de la descoNfIaNZa eN las deMocracIas coNTeMPoráNeas

Desde hace algunas décadas, el impacto de la desconfianza en las democracias re-presentativas viene abriéndose paso como tema de estudio en la ciencia política. Sin embargo, el tono y los augurios de dichos estudios han cambiado radicalmente. En los años ´80, Lipset y Schneider publica-ban una obra de vasto análisis cuantitativo, mostrando cómo en el siglo XX se produ-jo una “brecha de desconfianza” creciente respecto de las instituciones democráticas (Lipset, Schneider, 1983). Sartori, algunos años después, en su clásico estudio sobre ingeniería constitucional, también dedica algunos apartados al problema del “nega-tivismo democrático” y el rechazo a la po-lítica (Sartori, 1994). Y es que desde aquél estudio que resaltaba el desapego por las instituciones, el problema del rechazo a la política partidaria y los mecanismos insti-tucionales de resolución de conflictos fue objeto de otro numeroso caudal de inves-tigaciones. Los grados de accountability, las mutaciones partidarias, y el desarrollo de las instituciones participativas y deli-berativas son algunos de los temas que inclusive hoy sostienen encarnizados de-bates en nuestra materia de estudio.Sin embargo, la preocupación por la des-confianza no es nueva. Aunque la co-yuntura de las últimas décadas presente ciertos rasgos novedosos que es necesario analizar respecto de este tema, la descon-fianza siempre ha causado escozor a los teóricos políticos del pensamiento occi-dental. Como demuestra Rosanvallon, podríamos remontarnos tiempo atrás para sumergirnos en las discusiones sobre el derecho medieval de resistencia y las dis-cusiones sobre los límites de la soberanía

(2007). O también retornar a la filosofía griega y su idea de equilibrio (O´Donnell, 2004), profundizando en la doble cara de la ciudadanía ateniense, asamblearia y judicial (Rosanvallon, op.cit.). Inclusive, algunos teóricos contemporáneos recu-peran las ideas del republicanismo clásico para impulsar la necesidad de un control al poder político, resaltando la necesidad de involucramiento de los ciudadanos en la vida pública y el desarrollo de mecanis-mos “contestatarios” (Pettit, 1999).Ahora bien, deberíamos reconocer que no es casual que las obras aquí citadas sean de las últimas décadas. Si bien la preocupa-ción por la desconfianza en los regímenes políticos es de larga data, al problema de la desconfianza en las democracias repre-sentativas actuales no se le ha prestado de-masiada atención. Inclusive, como se acla-ró al principio, el “tono” de la bibliografía cambió en algunas pocas décadas. Si en los ´80 se consideraba que la brecha abier-ta por la desconfianza en las instituciones y en la representación aumentaría hasta destruir la democracia misma, hoy llega incluso a verse como “saludable” la idea de la desconfianza ciudadana. El fantasma de la “crisis de representación” no pareciera haberse materializado, y la democracia re-presentativa se nos presenta como mucho más “flexible” de lo que cualquier politólo-go podría haber esperado.Dentro de este contexto, han surgido ciertas discusiones sobre el rol que juega la ciudadanía en cuanto a la desconfianza democrática. O, en otras palabras, la pre-gunta acerca de, en qué medida, y bajo qué formas, la gente desconfía o no de la política (y los políticos). Si bien se re-

gistra hace pocas décadas un incremento de protestas y participación ciudadana, éstas se dan bajo distintos marcos y tie-nen distintas consecuencias que aquellas formas clásicas del llamado por Hobs-bawm “corto siglo XX”. Ahora bien, si en el ya citado estudio de Sartori éste re-negaba de aquellas protestas que recha-zaban la política identificándolas como “anti-políticas”, nuevos estudios -con un grado menor de normatividad- intentan rescatar ciertas características de lo que algunos politólogos han llamado “parti-cipación política no institucionalizada” o “políticas de protesta”. Como señalan varios autores, este tipo de manifestacio-nes presenta nuevos “repertorios” de ac-ción colectiva y formas de organización que, en general, suelen ser episódicos y centrarse en el rechazo hacia algún tema o un puñado de temas considerados re-levantes. Sin embargo, suelen tener gran repercusión política y ejercen muchas ve-ces un grado variable de presión, control o accountability sobre los políticos en-cargados de tomar decisiones considera-das de importancia (Manin, 2007). Pero quizás lo más interesante de este tipo de movilizaciones sea que generan ciertas tensiones al oponerse tangencialmente a las instituciones clásicas de representa-ción y a la resolución por canales institu-cionales de los conflictos en la sociedad. Entendiéndolos de esta manera, estos movimientos basados en la desconfianza entran en conflicto con la representación electoral y la idea de la legitimidad por el voto, uno de los pilares de las demo-cracias representativas. Por esta razón, el tema divide aguas entre los académicos: si bien algunos ven en estas manifesta-ciones un carácter “antipolítico” que se opone y mina los cimientos institucio-nales de la democracia, otros los plan-tean como mecanismos que contribuyen

Tomás Gold Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de

Buenos Aires (UBA), miembro del grupo de investigación “Las nuevas formas políticas” del Instituto Gino Germani (IIGG).

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EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL: ¿UNa cUesTIóN IdeNTITarIa o UNa cUesTIóN ecoNóMIca?

“Es necesario que un príncipe que desee man-tenerse en su reino, aprenda a no ser bueno en ciertos casos, y a servirse o no servirse de su bondad, según las circunstancias lo exijan”(Maquiavelo, 2005:124).

La historia de las coaliciones electorales en Argentina ha vislumbrado una rela-ción estructural dado su comportamiento, en gran medida inmutable1 a lo largo del espectro político de la segunda mitad del siglo XX (Ostiguy,2009:1). El sistema bi-partidista que caracterizó a dicho período puede ser considerado “polarizado por cla-ses”, tal como lo señalan Lupu y Strokes al ilustrar la relación existente entre la cla-se trabajadora y el voto peronista por un lado, y el apoyo de las clases medias y altas hacia el radicalismo por otro (2009:517, 528). Dado que existe una correlación en-tre la clase social y el modo en el que los ciudadanos votan, es relevante analizar si las políticas económicas adoptadas por los diferentes gobiernos, como determinan-tes de ganadores y perdedores en el juego sociopolítico, son coherentes con las pre-

ferencias de aquellos miembros de las coa-liciones que han permitido sus victorias. De este modo, el propósito del siguiente ensayo consiste en analizar, desde una enfoque estructuralista, cuán consistentes fueron, con respecto a sus bases electorales, las políticas económicas adoptadas por los gobiernos justicialistas a lo largo del siglo XX y a partir de ello, en qué medida, la ausencia de aquella solidez impactó en el comportamiento electoral de los ciudada-nos y la viabilidad electoral del partido.Dado que el objetivo de la formación de los partidos políticos radica en lograr que sus miembros accedan a cargos guberna-mentales, es necesario que, en primer lugar, procuren la maximización de votos (Leiras, 2007:18). De este modo, la posibilidad de que su objetivo se concrete depende de la elección de la ciudadanía, y es allí donde se halla la base de la riqueza de este análisis. Gerchunoff y Llach al analizar la relación entre la distribución del ingreso y la ubi-cación de la economía en los ejes de aper-tura comercial y sesgo al endeudamiento, conforman una tipología de las diferentes políticas económicas implementadas por

los diversos gobiernos desde fines del siglo XIX hasta comienzos del nuevo milenio. De esta forma, me serviré de ella para el objeto de análisis a lo largo de las siguien-tes líneas. Dentro del Partido Justicialista, es posible identificar una dependencia de la trayectoria en cuanto al tipo de econo-mía implementada, la cual resulta consis-tente con los intereses de las coaliciones que han permitido su victoria2. Sin em-bargo, hacia 1990, el gobierno a cargo de Carlos Menem impulsó un cambio en la trayectoria de las políticas redistributivas, desplazándose hacia una apertura y un mayor endeudamiento. El incremento de las importaciones provocó un déficit en la balanza comercial, a la vez que el rápido crecimiento económico no contribuyó a un aumento de la oferta laboral y se vislumbró una disminución de los niveles de activi-dad y empleo. Este viraje en la política eco-nómica no se reflejó en el comportamien-to electoral y en la viabilidad del partido justicialista ya que “así como los sectores populares no abandonaron drásticamente a los peronistas a pesar el giro neoliberal del partido, la clase media no se distanció de los radicales a favor de los peronistas” (Lupu y Strokes, 2009:531). El interro-gante que emerge ante tal situación, es

Ayelén Vanegas Estudiante avanzada de Ciencia Política (UdeSA)

notoriamente al funcionamiento demo-crático haciendo de “contrapeso” frente a decisiones que no necesariamente fa-vorecen a las mayorías (o directamente avasallan a ciertas minorías).No existen respuestas fáciles frente a este dilema teórico. Este tipo de manifestacio-nes tienen un carácter positivo que ha re-saltado la politóloga Pippa Norris: llevan las cuestiones políticas al ámbito público. Este autora sostiene que este tipo de mo-vimientos constituyen un “fénix democrá-tico” al reinventar el activismo cívico por medios no convencionales (2002). Otros pensadores, como Pierre Rosanvallon, nos previenen frente al riesgo de que, al evi-tar las instituciones, se destruya cualquier pertenencia al “mundo común” que simbo-

lizan las mismas. Finalmente, podríamos preguntarnos: ¿es posible la construcción de ámbitos políticos inclusivos y durade-ros a partir de este tipo de expresiones negativas y reactivas de desconfianza? El debate sigue abierto e, indudablemente, la ciencia política necesita desarrollar herra-mientas teóricas para poder comprender estos nuevos acontecimientos.

Bibliografía

Lipset, S.; Schneider, W. (1983): The con-fidence gap: business, labor and govern-ment in the public mind, John Hopkins University Press, New York.Manin, B. (2007): “Publikumsdemokratie

revisited”, en Kritik der repräsentativen Demokratie, Matthes y Seitz, Berlin.Norris, P. (2002): Democratic Phoenix: Reinventing political activism, Cambrid-ge University Press, New York.O´Donnell, G. (2004): “Accountability Horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política, en Revista Española de Ciencia Política, nº 11, pp. 11-31Pettit, P. (1994): Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno, Pai-dós, Buenos Aires.Rosanvallon, P. (2007): La contrademo-cracia. La política en la era de la descon-fianza, Manantial, Buenos Aires.Sartori, G. (1994): Ingeniería constitu-cional comparada, FCE, México.


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cómo a pesar de las reformas drásticas emprendidas, el líder del PJ permaneció electoralmente viable. La respuesta a ello, del modo en que Lupu y Strokes lo han señalado, puede hallarse tanto en el em-pleo de la estrategia clientelar como en su estrategia para direccionar fondos a las provincias pequeñas con sobrerrepresen-tación en el congreso nacional. Entre los autores que han escrito a favor de la primera postura, se halla Steven Le-vitsky quien sostiene que el clientelismo, para los partidos de base sindical como el PJ, es el modo más viable políticamente de implementar reformas neoliberales con-servando el apoyo de las clases bajas. De este modo, el proceso de desindicalización y desmantelamiento de los mecanismos de participación obrera tradicional fueron remplazados por redes clientelares que contribuyeron a diluir las protestas de los sectores populares en medio de la crisis económica y la reforma neoliberal (Le-vistky, 2004:3, 25). Sin embargo, si bien el empleo público es utilizado como herra-mienta redistributiva dado su significati-vo impacto electoral3, éste no constituye el comodín del partido justicialista que le permite ganar una jugada sin contar con la presencia de otros factores. Entre ellos, posee un relativo grado de significatividad y mayor impacto la pertenencia del gober-nador y del presidente al mismo partido (Levistky y Murillo, 2005:219; Calvo y Murillo,2008:529). En cambio, Gibson y Calvo, sostienen que el federalismo ha contribuido a compensar las asimetrías regionales, otorgándole a las regiones con poco poder económico y baja densidad demográfica mayor peso en el gobierno nacional. De este modo, la sobre-representación produce un desequilibrio entre la distribución territorial de recur-sos políticos y la de recursos económicos, que brinda al PJ nuevas alternativas para facilitar la viabilidad política de su progra-ma de reformas (2001:185,203). Con el objetivo de mantener el apoyo político de la periferia se llevó a cabo una estrategia de escalonamiento de costos de la refor-ma económica, concentrando los costos en áreas donde se ubicaba la mayor parte del empleo público nacional, así como a su vez se incrementaron los subsidios del go-bierno federal a los gobiernos provinciales

durante el período de reforma del Estado.Tal como indican Calvo y Murillo (2008), el PJ tiene una distribución del voto más alta en los distritos que tienen más posibi-lidad de influir sobre las decisiones de dis-tribución de los recursos adicionales entre las provincias, así como también, los sesgos mayoritarios en las provincias pequeñas genera que el predominio electoral del PJ goce de una mayor claridad institucional, que incrementa su capacidad de incidir, por ejemplo, sobre los presupuestos públi-cos. De este modo, de acuerdo al análisis de estos autores, el patronazgo no compra la elección, es una característica del tipo del vínculo que establece el partido con la población, lo cual se traduce en una ventaja electoral. A lo largo del presente ensayo se ha demostrado que, si bien para las teorías de la elección racional el comportamiento electoral se halla mayormente determi-nado por la consistencia de las políticas económicas adoptadas por el gobierno, la adopción de políticas neoliberales por par-te de un gobierno justicialista que perjudi-ca a sus bases electorales tradicionales, no ha impedido su reelección. Tal como lo se-ñala Gervasoni: “lejos de provocar descon-tento y rechazo generalizado, el programa de estabilización y reformas estructurales lanzado en 1989 había contribuido a ge-nerar, hacia 1995, una vasta estructura de apoyos por parte de sectores muy diversos de la sociedad (…) ni siquiera el segmento identificado como el más golpeado por las políticas de estabilización y reforma es-tructural, el de los desempleados, votó cla-ramente contra del oficialismo” (1998:28). A pesar de que el empleo público ha sido utilizado como herramienta redistributiva y posee un impacto electoral significativo, funciona más como un mecanismo de se-guro frente al riesgo de sectores económi-cos provinciales simples y vulnerables que como un mecanismo de compra de votos. Desde mi punto de vista, la estabilidad del voto hacia el partido justicialista, incluso cuando se han adoptado políticas econó-micas adversas, dependió en mayor medida de la capacidad del líder para articular las instituciones del sistema federal, retenien-do a su electorado tradicional y atrayendo a sectores habitualmente alejados del pe-ronismo, así como también a partir de la

fortaleza y solidez de los lazos identitarios con las clases bajas.

BiBLiOGRAFÍACalvo, E. and M. V. Murillo. 2006. “A new iron law of Argentine politics? partisanship, clientelism and governa-bility in contemporary Argentina.” In S. Levitsky and M. V. Murillo, ed. Argentine Democracy: the politics of institutional weakness. University Park: Pennsylvania University Press: 207-228. Calvo, E. and M. V. Murillo. 2008. “¿Quién Reparte? Clientes partidarios en el mercado electoral argentino”. Desarro-llo Económico 47(188): 515-542.Gerchunoff, P. and L. Llach. 2003. “Ved en trono a la noble igualdad: Crecimien-to, equidad y política económica en la Argentina, 1880-2003.” Buenos Aires: Fundación Pent.Gervasoni, Carlos. 1998. “Del Distribu-cionismo al Neoliberalismo: Los Cam-bios en la Coalición Electoral Peronista durante el Gobierno de Menem”. Buenos AiresGibson y Calvo. 2001. “Federalismo y Sobrerepresentación: la dimensión terri-torial de la reforma económica en la Ar-gentina” en Calvo, Ernesto y Abal Medi-na, Juan Manuel. El federalismo electoral argentino. Sobre representación, reforma política y gobierno dividido en Argentina. Eudeba. Buenos Aires. Leiras, Marcelo. 2007. Todos los caballos del rey: la integración de los partidos po-líticos y el gobierno democrático de la Argentina. Buenos Aires, Prometeo. In-troducción: “Organizaciones partidarias, gobierno democrático e integración na-cional de la competencia política en la Argentina:” 13-40.Levitsky, Steven. 2004. “Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronis-mo, 1983-1999”. Desarrollo Económico. 44(173):3-32.Lupu, N. and S. C. Stokes. 2009. “Las bases sociales de los partidos políticos en Argentina” 1912-2003. Desarrollo Eco-nómico 48(192): 515-542. Maquiavelo, Nicolás. 2005. El Príncipe. Reysa Ediciones, Buenos Aires. Ostiguy, P. 2009. “Argentina’s double political spectrum: party system, politi-

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cal identities and strategies, 1944-2007: Helen Kellogg Institute for International Studies, Working Paper # 361.

REFERENCiAS1Sobrevivió a los golpes de estado que han interrumpido el desarrollo de la democra-cia a lo largo del siglo XX.

2Ésta puede ubicarse predominante-mente en el cuadrante que combina una economía cerrada con elevados índices de endeudamiento, el cual si bien no es sustentable en términos económicos es el de mayor atracción en términos políticos dado que conlleva a una mejor distribu-ción del ingreso permitiendo una mayor

transferencia de ingresos a los trabajado-res (Gerchunoff y Llach, 2003:17).3El empleo público es una herramienta identificable, permite reconocer con cla-ridad quién es el beneficiario y a quién se le debe agradecer, posee fuertes señales electorales que permite que sus posibles riesgos se disipen.

ENTREVISTASAlumno: Matías Tarillo (udeSA)

¿qué te llevó a estudiar ciencia política?la pasión por el objeto de estudio. No conozco ningún poli-tólogo (actual o futuro) que no sea un apasionado por la ac-tividad política desde afuera o desde adentro, y cuando uno siente eso vocacionalmente no hay razón alguna por la cual frenarlo.

¿qué libros o autores recomendás? “la política después de los partidos”, de Isidoro cheresky, tiene un marco teórico muy interesante para entender los avatares del sistema de partidos argentino. También creo que “democracia delegativa”, compilado por Guillermo o´donnell, posa sus ojos en un objeto que debemos mirar con cierta atención quienes nos interesamos por la actualidad argentina y latinoamericana. en líneas generales, también me gusta mu-cho leer a Juan carlos Torre, ernesto calvo, steven levitsky y carlos acuña, entre otros.

¿qué área de la ciencia política te gusta más?el diseño de las instituciones y su influencia en la dinámica política (tanto gubernamental como electoral) de un determi-nado estado. También me gusta estudiar sistema de partidos, políticas públicas y la relación entre política y periodismo, que se inscribe en la comunicación política.

¿Cuál es tu referente? (Profesor, académico, político, etc)en primer lugar, decididamente carlos acuña, que es quien fundó la Maestría en administración y Políticas Públicas de Udesa. No solo es académicamente brillante, sino que es de una calidad humana excepcional. a él debo el haber podido empezar en primer año a investigar, y con él sigo trabajan-do. También lo son walter sosa (economista, presidente de la aaeP) y diego Pando (con quien también trabajo; profesor de grado y posgrado de Udesa), que tienen una lucidez y una humildad fuera de serie. en la política, creo que Gustavo Pulti, intendente de Mar del Plata, está haciendo una gran gestión, y es alguien con quien me identifico en ese ámbito

¿qué actividades desarrollas vinculadas a la ciencia políti-ca? (académicas/gestión, etc)actualmente, además de presentar un trabajo en el XI con-greso de la saaP, soy ayudante de investigación de carlos acuña y diego Pando y vicepresidente del centro de estu-

diantes de la Universidad de san andrés. También asumí muy recientemente como Presidente de la federación argentina de Universidades Privadas.

Año y universidad3ro, Udesa.

Alumno: Matías Cantisani (uCA)

¿qué te llevó a estudiar ciencia política?estudio ciencias Políticas porque me apasiona la política, porque cada vez que escucho un discurso político no puedo evitar analizarlo, porque me preocupa mucho conocer cuales son las problemáticas de mi sociedad en profundidad y sa-ber cuales podrían ser las decisiones políticas correctas para brindarles soluciones a las mismas, porque quiero impulsar un cambio, porque la Política es mi vocación.

¿qué libros o autores recomendás? Me gusta mucho sartori, Giovanni. recomiendo sus libros “Teoría de la democracia” y “Partidos y sistemas de Parti-dos”

¿qué área de la ciencia política te gusta más?son dos las áreas que mas me interesan: a. la opinión pública y la comunicación política.b. la administración Pública.

¿Cuál es tu referente? (Profesor, académico, político, etc)fabián calle http://www.flacso.org.ar/cv.php?id=87

¿qué actividades desarrollas vinculadas a la ciencia políti-ca? (académicas/gestión, etc)anteriormente milite 4 años en el partido “Propuesta republica-na” de la capital federal. actualmente estoy metido en la política estudiantil de la Uca (Tengo la suerte de participar de diversas áreas de mi comunidad académica). soy miembro de la comi-sión directiva del centro de estudiantes de mi Universidad, des-empeño el cargo de 1er vocal en el mismo y tengo a mi cargo, junto a otros colegas, el manejo del consejo de delegados.

Año y universidad3er año carrera ciencias Políticas, Universidad católica ar-gentina

ESTUDIANTES X ESTUDIANTES

revista nº 9 - espacios políticos

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