revista ipn 35

7/30/2019 Revista IPN 35

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ndiceID Y ENSEAD A TODOS

Realidad Nacional

Revista

de laAnlisisAo 2 Edicin No. 35 1 al 15 de septiembre 2013

Publicacin quincenal IS

Propuesta Incidencia Bien


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de lAnlisisAo 2 - Edicin 35 - Septiembre/ 2013

Ao 2 Edicin No. 35 1 al 15 de Septiembre 2013Publicacin quincenal

Realidad Nacional

Revistade laAnlisis ndice

ID Y ENSEAD A TODOS

EditorialQ 1 s, Q 5 no!IPNUSAC .........................................................................................5

Anlisis de coyunturaJuego de elitesIPNUSAC ..........................................................................................7

BitcoraRina Monroy

Comunicacin IPNUSAC....................................................................10

PerspectivaEl pequeo trajefiscal del EstadoEdgar Gutirrez

Coordinador General IPNUSAC .........................................................11

Salud: Un presupuesto crnicamente desnutridoAdrin Chvez

rea Salud y Seguridad Social IPNUSAC ...........................................26


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Alternativas productivas y ambientales para el rea ruralGeslyAnibal Bonilla Landaverry

Centro Universitario de Sur OrienteCUNSURORI-JALAPA USAC ...........................37

ContrapuntoEl drama del emigrante y los nuevos deportados basuraNinna Nyberg Srensen

Sociloga. Instituto Dans de Estudios Internacionales...........................................46

Las maras: el fenmeno criminal del siglo XXI (I)Julio Rivera Clavera

Ex viceministro de Gobernacin...........................................................................59

Qu miden las evaluaciones estandarizadas?Johanna Barrios

Psicloga e Investigadora de la USAC ..................................................................72

ActualidadComisin analiza presupuesto de salud pblicaRina Monroy

Comunicacin, IPNUSAC...................................................................................79

Polticas Pblicas: Su incidencia enla desnutricinRina Monroy

Comunicacin, IPNUSAC...................................................................................80

Discusiones sobre Desarrollo Rural SostenibleMagaly Arrecis

rea Socioambiental, IPNUSAC ...........................................................................82

Seguridad Alimentaria y Nutricional enGuatemalaMagaly Arrecis

rea Socioambiental, IPNUSAC ...........................................................................

InvestigacinEl narcotrfico como estrategia polticaMarcelo Colussi

Psiclogo y licenciado en Filosofa .......................................................................

PropuestaAnte las agresiones a periodistas y comunicadores socialesInstituto de Problemas Nacionales

Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC .............................................

LegadoAniversario del CECON y JardnBotnico

Magaly Arrecisrea Socioambiental, IPNUSAC ...........................................................................

HorizontesEnlaces de inters .........................................................................

Instrucciones a los autores ............................................................


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cc

La Revista Anlisis de la Realidad Nacionales una publicacindigital con periodicidad quincenal del Instituto ProblemasNacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala(IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad.Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la

tradicin de libertad de ctedra, el debate vivo e informado y elejercicio de la crtica y de la propuesta responsable.

Registrada en el Centro Internacional ISNN(International Standard Number) bajo elNo. 2227-9113

Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)Carlos Estuardo Glvez Barrios, RectorCarlos Alvarado Cerezo, Secretario General

DirectorEdgar Gutirrez, Coordinador General IPNUSAC

Consejo EditorialMario Rodrguez, Jefe Divisin de Educacin IPNUSACLuis Leal, Jefe Divisin de Innovacin Cientfico Tecnolgica IPNUSACCristhians Castillo, Jefe Divisin Sociopoltica IPNUSACDiego Montenegro,Abogado y Notario,Analista IndependienteMaynor Amzquita, Maestro en Comunicacin y Periodista

Consejo Asesor InternacionalAlfredo Forti, InternacionalistaJorge Nieto Montesinos, SocilogoFrancisco Goldman,Escritor y Periodista

EditoraRina Monroy, Comunicadora IPNUSAC

Colaboradora BibliotecolgicaMagaly Portillo, Jefa Biblioteca Central USACYolanda Santizo, Jefa de Procesos Tcnicos, Biblioteca Central USACDora Mara Cardoza Meza, Bibliotecloga

DigitalJacqueline Rodrguez, IPNUSAC

TraduccinCarla Archila Len, estudiante Escuela de Ciencias Lingstica USAC

Diseo GrficoRosario Gonzlez

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo elprincipio de que hacer disponible gratuitamente la informacin alpblico para el desarrollo de un anlisis integral de lo que sucede enla actualidad, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento.Pueden ser utilizados, distribuidos y modificados bajo la condicin dereconocer alos autores y mantener esta licencia para las obras derivadas.

This work is licensed under a Creative CommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


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IPNUSAC

Esta situacin crea un clima propicio para laingobernabilidad, que puede acarrear riesgosos disturbiosviolencia en el departamento de Guatemala, con nuevos insoportables costos humanos y econmicos.

En esta crisis hay corresponsabilidad de las municipalidadque gestionan el servicio, del Gobierno que concede elmultimillonario subsidio y de las cuatro empresas que hanrecibido desde el 2004 la inaudita cifra de Q 2,167 milloen concepto de subsidios, de los cuales Q 256 millones va la contratacin de supuesta seguridad para los usuariostransporte.

El subsidio al transporte se ha convertido en una enormearca de corrupcin que aprovechan los empresarios que

directamente reciben y distribuyen el dinero pblico. LaContralora General de Cuentas debe tomar cartas en estasunto auditando el uso de los gastos e inversiones pblicincluyendo el sistema de prepago. Y el Ministerio Pblicodebe accionar ante las denuncias de corrupcin que hanpresentado varios transportistas, usuarios y asociacionesciviles.

De todos es sabido que el servicio de transporte urbano dpasajeros en el departamento de Guatemala arrastra una

La Asociacin de Empresarios de Autobuses

Urbanos (AEAU) ha amenazado consuspender el servicio a partir del prximo

lunes 2 de septiembre o bien aumentar,ilegalmente, la tarifa de Q 1.10 a Q 5.25 siel Gobierno Central no les desembolsa y lesgarantiza el resto del ao otras partidas desubsidio.

Q 1 s, Q 5 no!

Editorial


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severa crisis de gestin desde la dcada de 1980, que se haprofundizado en los ltimos aos y que, como se dijo, podra

estallar en los prximos das en protestas populares, por elagotamiento del subsidio a los transportistas y el pretendidoaumento ilegal de la tarifa en ms de un 400%, lo cualvendra a colapsar las precarias economas familiares de lamayora de la poblacin urbana.

Esa crisis del servicio pone en evidencia la pobre gestin delas municipalidades implicadas tanto en la planificacin yordenamiento del crecimiento urbano, como en la prestacinde los servicios bsicos que acompaan sta, indispensables

para que los habitantes vivan en condiciones mnimas dedignidad y seguridad.

La desastrosa condicin general del transporte urbanodenigra a los usuarios, que sufren constantes abusos yque adems viajan en condiciones precarias y de extremainseguridad, en particular las personas de la tercera edad, lasmujeres y los nios.

Es urgente que todas las instituciones pblicas, mixtas yprivadas que estn involucradas en el manejo del servicio

de transporte urbano encuentren una salida estructural alproblema, que haga humano y eficiente el servicio, y queintegre varios sistemas de transporte, incluyendo ciclo vasbuses articulados con vas exclusivas, tren de superficie yposible lneas troncales de metro de superficie y subterrnEs indispensable que esa solucin de fondo prevea unaadministracin profesional y transparente del nuevo sistem

En lo inmediato, las autoridades deben intervenir el sistemde transporte y asegurar la fluidez del servicio con la tarifa

actual, mientras se completan las vas pendientes deltransurbano y se trabaja directamente con transportistasdispuestos a trabajar bajo reglas de acreditacin del serviy rendicin de cuentas.


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IPNUSAC

El Gobierno de Otto Prez parece decidido a promoveracuerdos con todos los sectores aunque sean temporalessalvo con el Congreso. El lenguaje del poder Ejecutivo halos diputados es spero y peyorativo. Irritado, y sealando

que solo a cambio de favores aprueban leyes, el Presideda a entender que el Parlamento es un obstculo paragobernar eficazmente.

A juzgar por las encuestas de opinin, la mayora de la gecoincide con Prez. El Congreso es la institucin democrms desacreditada y el oficio de diputado no le merece elmenor respeto a la sociedad. Sin embargo, se trata de unapoyo pasivo o difuso, o quiz una mera coincidencia deapreciacin entre el Ejecutivo y el comn de la gente. Noes un respaldo popular activo a una cruzada presidencialen contra del Congreso, pues el rechazo de Prez a losrepresentantes no traduce, explcitamente, un proyectopoltico.

Por eso las elites econmicas y sociales- no dejan de vercon suspicacia la postura del Gobierno. La mayora de veesas elites han sido espectadoras de la relacin Ejecutivo-Legislativo, o simplemente obstruyen iniciativas antes de qse oficialicen. En ocasiones ciertos sectores, sin alcanzarunanimidad, se han pronunciado en contra de decretos,

Juego de elites

Guatemala se encuentra en una

encrucijada. Debido al error delGobierno de promover en el Congreso

la aprobacin de bonos del tesoro por Q 3.5millardos para pagar deuda ilegal, se hanequilibrado los poderes del Estado. El contextode ese acto es complejo y abre la disyuntiva:el Congreso es capaz de asumir una agendade cambio democrtico, o las elites ultraconservadoras logran compaginar con elGobierno su agenda aislacionista y regresiva.

Anlisis decoyuntura


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como la reforma tributaria, minndolas tenazmente. En otroscasos, ciertos grupos de poder econmico, con la anuenciadel Gobierno, han promovido con xito negociaciones

directas con los bloques parlamentarios, como en el casode la ampliacin de la concesin onerosa de frecuenciasde telefona y televisin, o bien con la gravosa compra deaviones de combate militar.

La primera vez que la generalidad de las elites se expresa encontra, logrando contener al Ejecutivo, ha sido en el proyectode bonos del tesoro por Q 3.5 millardos para pago deobras contratadas irregularmente durante la ltima dcada.El Gobierno quiso descargar la culpa sobre los diputados,pero esta vez los representantes quedaron blindados por laopinin pblica. Por unas semanas la gente olvid la groseraparlisis de la agenda legislativa a causa de interpelacionesdilatadas hasta la sinrazn.

El error de clculo del Ejecutivo en el abordaje de los bonosha equilibrado, como en un parntesis, la hipottica balanzade poderes. En poltica el tiempo nunca es neutral, se inclinaa favor de quien persigue objetivos eficazmente en unalectura pertinente del contexto.

Para la gente el contexto est marcado por los aprietoseconmicos alza de precios, desempleo- y la baja eficacdel quehacer gubernamental la hechura de carreteras,

aunque con mediocre calificacin, es lo ms valorado.Se ha perdido la alta expectativa electoral de recuperar laseguridad en las calles y la seguridad jurdica.

La elite econmica no organizada o que opina en loindividual- est francamente decepcionada de la gestinde Gobierno, pero polticamente el Cacif aun mantienelas formas y sus lderes no ven prudente declararse enoposicin abierta, en parte, porque no tienen alternativade estabilidad y, en parte, porque identifican amenazasmayores. Por supuesto que ganaran ms en un clima denegocios gobernable en este periodo de crisis internacionde mercados, pero no hallan cmo apalancar al Gobierne internamente han subido las apuestas pesimistas, debidovolumen de rumores y diversidad de denuncias de negocioopacos y hasta de intervencin de intereses ilcitos eninversiones que el Ejecutivo avala. Eso, no obstante que lomedios masivos de comunicacin estn lejos de una l neacrtica contra el Gobierno.


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Las plurales elites sociales siguen, en general, dispersas ysolo concentradas en sus temas o, igual que los medios de

comunicacin, reaccionando segn sus intereses inmediatos,lo cual les resta eficacia como masa crtica en un climade deterioro de la gobernabilidad; adems, las ha caladoel ambiente de polarizacin ideolgica del juicio porgenocidio (que seguir envolviendo al pas durante elresto del periodo del actual Gobierno), aunque esas elitespuedan coincidir en que la amenaza mayor a la convivenciay el Estado son las mafias, por la propia debilidad estatal.Eventualmente eso les llevara a acuerdos mnimos en tornoa las Comisiones de Postulacin, que sern los referentes

en el 2014 para la renovacin de los terceros poderes(contralores) del Estado.

La principal coincidencia de las elites ultra conservadoraseconmicas, polticas y sociales, incluyendo acadmicas-,y que es desde hace ms de un ao el motor primario desu estrategia, es que debe constreirse el espacio de accinpoltica interna de la comunidad internacional, la que incide

o interviene en derechos humanos, justicia y equidadsocial. La filtracin, el pasado 28 de agosto, de las presio

de la Cicig a la Corte de Constitucionalidad para extraditaal ex presidente Alfonso Portillo a los Estados Unidos, sepuede leer en corriente con esa ofensiva.

Finalmente, el contexto del Gobierno es el de la prdidaalarmante de respaldo popular y de una severa restriccinen el ltimo cuatrimestre de sus flujos de caja, que podraafectar el cumplimiento de funciones elementales, como epago de sueldos a la burocracia. Las elites temen que laaversin presidencial al Congreso solo exprese una profunvena autoritaria y voluntad de permanencia en el poder, m

all de lo constitucionalmente establecido.

La encrucijada de esta coyuntura se resume as: el Congreaprovecha el temporal balance de poderes y promueve unagenda democrtica, o unas elites sper conservadoras y Gobierno irritado y a la defensiva tejen sus coincidencias,cuyo caso el futuro se tornara borrascoso.

R i t


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Bitcora

Rina MonroyComunicacin IPNUSAC

Tambin puedes consultarRelacin de noticias de medios nacionales,del 16 al 31 de agosto de 2013, querecogen los principales sucesos en losmbitos:

- Economa- Poltica

- Seguridad / Justicia

- Polticas Sociales

- Sociedad Civil y Movimientos Sociales

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Edgar GutirrezCoordinador General IPNUSAC

El pequeo trajefiscal del Estado

Resumen

El artculo discute los vaivenes

de la poltica fiscal durante laltima dcada y toma comoreferencia las negociacionesdel Pacto Fiscal que, aunquefrustradas, han sido un hito enla bsqueda de un acuerdonacional para proveer al Estadode una base mnima de sustentofinanciero que le permita cumplir

Abstract

The article discusses theswinging of the fiscal policyduring the last decade and takesas reference the negotiationsof the Fiscal Pact that evenfrustrated, have been a hit in thesearch of a national agreementto provide a minimum basis

of financial support to the

Palabras claves:

Poltica fiscal, Acuerdos de Paz, pacto fiscal, carga tributaria,empresarios, sociedad civil, partidos polticos, comunidadinternacional.

Keywords

Fiscal policy, Peace Agreements, fiscal Pact, tax charge,entrepreneurs, civil society, political parties, international commun

sus deberes constitucionales.

El texto resea el papel delempresariado agrupado enCACIF, los part idos polticos, lasociedad civil y la comunidadinternacional, asimismo explorael tipo de gasto pblico, lapoltica de recaudacin y lasformas de elusin fiscal.

State, which allows complyingits constitutional duties. Thetext reviews the role of theentrepreneur grouped at CACIpolitical parties, civil society anthe international community, italso explores the type of publicspent, the collection policy andthe ways of tax avoidance.

The States small fscal suit

Perspectiva

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Pero los tcnicos del Fondo Monetario Internacional(FMI) hacen una anotacin a esa crtica: EnGuatemala pagan impuestos los que de verasquieren, pues quienes no pagan no sufren sancin.Quiz ah reside el problema: el Estado republicano

edificado desde el siglo XIX no posee la necesaria autonoante el poder econmico, para traducir su autoridad enuna poltica tributaria justa, equitativa y globalmenteprogresiva, universal y obligatoria, que estimule el ahoy la inversin, como postulan los Acuerdos de Paz.2

Habindose convertido la poltica fiscal (de ingresos yegresos) en una fuente formidable de acumulacin decapital,3 los intentos de acercarla realmente hacia lasdefiniciones de justicia, equidad y progresividad, antes ydespus de la firma de los Acuerdos de Paz, se atascaronsin remedio en el campo de la disputa poltica y el boicot,profundizando los periodos de precaria gobernabilidad deactual periodo democrtico.

A la fiscalizacin tributaria del Estado que efectivamentetraduce una intencin poltica- muchas empresas ledenominan terrorismo fiscal y las ms influyentes lograncasi siempre cooptar a los agentes de la Superintendencia

Los crticos del sistema tributario suelencalificar a Guatemala como un parasofiscal, por la baja proporcin, en la

estructura de recaudacin, de los impuestosdirectos.1

1. La participacin de los impuestos directos subi del 20% en 1995 a casi el25% en 2002, pero ha sido un aumento trabajoso y precario debido a quelos impuestos que se introdujeron son temporales y han sido cuestionadoslegalmente. El Impuesto de Solidaridad Extraordinaria y Temporal (ISET)que empez a rendir en 1996, fue relevado en 1998 por el Impuesto a lasEmpresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), que fue derogado en 2004por la CC atendiendo amparos promovidos desde dos aos antes por gruposempresariales. Para impedir una nueva crisis fiscal al gobierno recin electode Berger, el Congreso aprob por el Impuesto Extraordinario y Temporalde Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), pero su rendimiento previsto enel presupuesto de 2005 representaba apenas el 45% del IEMA en 2003 y2004, y a pesar de que esa proporcin subira a un 88% en la programacinde ingresos tributarios del 2006, los especialistas calificaban como otraamenaza para la recaudacin la reduccin en el 2006 de la tasa delIETAAP (ICEF, 2005, 2)

2. Gobierno de Guatemala y URNG. Acuerdo sobre AspectosSocioeconmicos y la Cuestin Agraria. Mxico, septiembre de 1996:numeral 47.3. Con cinismo, uno de los ms destacados doctrinarios del neoliberalismen Guatemala, que ha incidido notablemente en la procuracin del Estamnimo, responde a la pregunta sobre cmo realiz sus inversiones en esector hidroelctrico: Con los impuestos que usted paga.

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de Administracin Tributaria (SAT), ordinariamente malpagados, con baja autoestima y sin identidad institucional.4As, operando a base de sobornos, lanzan sin embargo elargumento inflamatorio de que no hay que pagar impuestosporque el Gobierno es corrupto. Ese sealamiento

encuentra eco de inmediato entre la poblacin que recibemuy limitados beneficios del gasto. De ah que el tematributario, no slo es impopular como en casi todos lospases, sino adems resulta una barrera infranqueable deprivilegios del poder econmico.

El propsito de alcanzar una tributacin equitativa yglobalmente progresiva no se puede alcanzar bajo lostrminos actuales de desequilibrio de poder. En las ltimastres dcadas, que casi corresponden al periodo democrtico,ha habido una mayor concentracin y sofisticacin del poder

econmico, que abarca el desarrollo del poder ideolgicoempresarial a travs de los medios de comunicacin,universidades, ms algunos centros de investigacin, entreotros.

Bajo las reglas de la democracia, la relacin tensin/confrontacin/acuerdo entre el poder poltico y el podereconmico se ha roto paradjicamente entre agentes queprovienen del mismo signo.5 Desde luego, el fracaso decualquier reforma tributaria, sea por la va de la imposici

como lo pretendan los gobiernos militares autoritarios- ode la negociacin como ha sido la tnica en los gobiernciviles democrticos-, sigue beneficiando los intereses decorto plazo de quienes mayor capacidad o responsabilidatienen de tributar, los grandes contribuyentes.

Por tanto, una primera leccines que un poder poltico,aunque sea electo, mientras no posea una notable capac

4. Ms de uno de esos casos de cooptacin y soborno desde las empresasa los auditores de la SAT han sido evidentes pero poco documentados en laltima dcada. Por otro lado, se han conocido denuncias especficas de extrabajadores quienes se jubilaban en el Seguro Social con un salario menoral percibido. La documentacin que ellos presentaban permita configurarel cuadro de elusin fiscal en las empresas, pero las auditoras fueronaletargadas en la SAT y las denuncias nunca prosperaron en el MinisterioPblico.

5. Ha ocurrido, hasta ahora, en dos ocasiones: la primera, cuando elgobierno de la DC promovi una reforma tributaria, y la segunda durantegobierno del FRG, en el marco de un Pacto Fiscal agonizante. En ambos los mandatarios confiaron las negociaciones con CACIF a funcionarios denivel que provenan de la propia empresa privada (en un caso, al ministroFinanzas Pblicas, Rodolfo Paiz Andrade, copropietario de la entonces cade supermercados ms grandes del pas; en el otro, al vicepresidente de Repblica, Juan Francisco Reyes Lpez, transportista, con amplia trayectocomo dirigente de las cmaras patronales, lder del paro empresarial antreforma tributaria contra la DC), creyendo que eran quienes mejor conoca los empresarios y podan lograr acuerdos ventajosos. Los resultados, enambos casos, fueron negativos. Ambos resultaron inhbiles negociadoresexigieron ms de lo que una negociacin tal poda dar (pensaron comoempresarios bajo condiciones de acoso: en realidad podan ceder posiciosin afectar sus rentas). Ni Paiz ni Lpez Reyes cuidaron la forma en lanegociacin, fueron hasta ofensivos en las reuniones.

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de apoyo popular y una legitimidad derivada de eficaciay transparencia en la administracin de los recursos,difcilmente puede promover una transformacin en laestructura tributaria.

Una segunda leccin, derivada de la anterior, es que lanegociacin debe ser conducida, por parte del Estado,por polticos puros capaces de entender que cualquiermodificacin por leve que sea en la estructura tributaria, legaly legtimamente obtenida, tiene ms chance de durar y servirde antecedente en la larga marcha de la transformacinfiscal. En ese sentido, por su integralidad, la propuesta delPacto Fiscal hace diez aos constituy una oportunidad nicade sentar las bases de ese necesario cambio.

La debilidad fiscalLa baja recaudacin tributaria est asociada como causay a la vez como efecto- a la deficiente administracin de losrecursos en las instituciones pblicas y a la pobre capacidadde ejecucin presupuestaria. As, la carga tributaria deGuatemala resulta la menor de Latinoamrica, pero, entrminos generales, el pas goza de una sostenida reputacininternacional por su disciplina fiscal, bajo endeudamientorelativo y alto cumplimiento de sus obligaciones con losacreedores. Se habla, empero, de un aparato pblico

constreido en sus estructuras fiscales, si se le comparaincluso con el resto de pases de la regin.

Con casi todos los gobiernos se puede ilustrar que el esfude contraccin del gasto pblico es superior a la capacida

de ampliarlo, en la medida en que el ahorro si bien deprialguna demanda del sector privado, es difcil que por ssolo provoque una recesin econmica. Y es que el pesodel sector pblico en la economa no es significativo (14%del PIB). En cambio, una expansin del gasto sin respaldofiscal, en un mercado poco profundo y con frgil estabilidfinanciera, provocar desestabilizacin.

El gobierno de lvaro Arz (1996-2000) quiso emprenderuna poltica de ampliacin del gasto pblico social basad

en las demandas derivadas de los Acuerdos de Paz. Perocomo ese esfuerzo no estuvo acompaado de un rendimiecomparable de la recaudacin tributaria, combinado conotros factores, desestabiliz las tasas de inters bancario ynutri especulaciones en el mercado cambiario suficientespara encender las alarmas naranjas en los organismosfinancieros multilaterales.

El ejemplo inverso es este: a principios de 2004 la Corte Constitucionalidad le dio finalmente la razn a los gruposempresariales que adversos al cobro del IEMA, eliminando

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sbitamente un 10% de los ingresos tributarios programadospara ese ao fiscal. Aunque el impuesto fue restablecidopor el Congreso bajo otro nombre,6 la administracinpblica aplic tal poltica de austeridad que, en trminosefectivos, cerr las cuentas sin dficit, pues, como ha sido

histricamente, salvo el Ministerio de la Defensa, casi todaslas instituciones ejecutan su presupuesto por debajo de loprogramado. Esa poltica de restriccin del gasto continudurante 2005, de tal manera que los depsitos del gobiernocentral en el BANGUAT se mantenan, desde el ao anterior,por encima de lo programado.7

La tercera leccines que la poltica tributaria equitativa yglobalmente progresiva no puede alcanzarse al margen deuna reforma del Estado que lo libere de las trampas de las

redes informales de poder, que promueva el fortalecimientode las instituciones y de la calidad profesional de losservidores pblicos. En ese sentido los ocho componentes delPacto Fiscal8 continuarn siendo durante los prximos aos lahoja de ruta para conducir la reforma fiscal.

Pedagoga fiscal

La historia de abusos, impunidad, autoritarismo, ineficienccorrupcin, captura del Estado y, en general, divorcio entrel Estado y la sociedad otorgan un serio argumento al

pblico en contra del fortalecimiento tributario de sectorpblico, aunque a fin de cuentas la constriccin fiscalresulta beneficiando a los poderes fcticos, a la vez quedebilita las capacidades estatales para cumplir su mandatconstitucional.

La experiencia del Pacto Fiscal, en su etapa preparatoria yde negociaciones, permiti inaugurar una pedagoga fisca

6. No obstante la dudosa legalidad del procedimiento empleado paraalcanzar el propsito de impedir prdidas fiscales (Fundacin DESC, 2005,20).7. Banco de Guatemala, 2005.8. 1) Balance fiscal, que se refieren al manejo prudente del dficit. 2)Ingresos del Estado, que habla de fortalecer la capacidad recaudatoriadel sector pblico, reducir las exenciones y privilegios fiscales, y simplificar

la legislacin tributaria. 3) Administracin pblica, que se orienta afortalecer la SAT, implementar la Unidad de Contribuyentes Especiales (qu

fiscaliza y asesora a los grandes contribuyentes) y el combate a la evasindefraudacin fiscal. 4) Gasto pblico, que enfatiza en promover el gastsocial y de la inversin, impulsar el Sistema Nacional de Inversin Pblicade introducir mejoras en la planificacin, eficiencia y evaluacin del impadel gasto pblico, y cuantificar las operaciones cuasifiscales. 5) Deudapblica, que remite a asegurar el uso responsable del endeudamientopblico, especialmente de las municipalidades, que en aos anterioresatravesaron una preocupante crisis de deuda. 6) Patrimonio pblico,que subraya la importancia de la transparencia y el buen manejo generalde los recursos del Estado. 7) Evaluacin y control, que se refiere a elevla profesionalidad de los servidores pblicos y los mecanismos de rendicide cuentas, y 8) Descentralizacin fiscal, que promueve la participacinde la comunidad en el manejo de proyectos de inversin pblica, la mejodefinicin de las competencias de diferentes niveles de gobierno (por ejemconvertir el IUSI en un tributo de administracin municipal) y reformar demanera integral el funcionamiento de los fondos sociales.

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con dirigentes de sectores organizados de la sociedad civil.Difcilmente esa sola capacitacin hubiese permitido a estossectores de extraccin clase media y popular lograr un nivelde negociacin equiparable a la que el sector empresarialha acumulado, incluso por generaciones. Adems, una

negociacin no depende exclusivamente de las habilidadesde los negociadores, sino que est relacionada con el poderreal que los sustenta.

En todo caso, esa primera experiencia de educacin fiscalha mostrado dar frutos y es un campo prometedor en elarduo camino de transformar a los electores (sujetos dela democracia) en ciudadanos portadores de derechos yobligaciones. La capacitacin en el campo fiscal debe seruna materia clave en la escolarizacin formal, aunque no selimita a ella. Los centros de investigacin, las ONG, diversosprogramas de capacitacin informal y, de manera especial,los medios de comunicacin pueden jugar un rol clave deformacin e informacin en asuntos fiscales. Asimismo debenestar en la capacidad de depositar en los grupos organizadosespecialmente en los municipios- herramientas prcticas decontrol y fiscalizacin del gasto y su calidad, en un procesointeractivo permanente con las autoridades.

La cuarta leccines que sin un proceso sistemtico, amplioy flexible de pedagoga fiscal, que incluya prcticas de

auditora social y rendicin de cuentas, los grupos defensodel estatus quo tributario podrn fcilmente movilizar alpblico en contra de cualquier intento de reforma profundencaminada hacia un rgimen tributario progresivo.

Ataduras legales

Durante la discusin del Pacto Fiscal se identific una seridefiniciones legales, normas y procedimientos que constriel poder tributario del Estado, entendido ste como lafacultad del Estado de exigir tributos a personas que seencuentran en su jurisdiccin y (que) tiene su fundamentoen la soberana del Estado.9 A ese conjunto de limitacionlas comisiones tcnicas le denominaron candadosconstitucionales y legales, porque impiden penetrar terre

tributarios que trazaron los empresarios.La Constitucin de 1985 fue una tpica carta magna detransicin en la que los poderes fcticos lograron imponintereses vitales centrados en la defensa de la propiedad ylos impuestos. Result ser la Constitucin ms restrictiva dpoder tributario del Estado en la historia republicana.La Comisin de seguimiento del Pacto Fiscal identific var

9. Comisin Preparatoria del Pacto Fiscal, 1999: 12.

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de estos candados, los cuales, sin embargo, no fueronadvertidos durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz,ni recogidos en el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales yRgimen Electoral:10

- Principio de legalidad (artculo 239 de laConstitucin Poltica de la Repblica). Comprendedos aspectos: reserva de ley y preferencia de ley. Lareserva de ley establece que la nica fuente creadorade tributos es la ley en el sentido formal, decretadapor el Congreso, emitida con carcter general,que tipifique el tributo y las bases del mismo. Lapreferencia de ley establece que la ley es superior acualquier reglamento, relegando la materia tributariaal cobro administrativo del tributo y a establecer losprocedimientos que faciliten su recaudacin.

- Principio de capacidad de pago (artculo 243 de laConstitucin Poltica de la Repblica). El Estado estobligado a establecer tributos que guarden relacincon la capacidad de econmica del contribuyente.

Los tributos no deben ser confiscatorios. Se prohbla doble o mltiple tributacin, cuando un mismohecho generador atribuible al mismo sujeto pasivogravado dos o ms veces por uno o ms sujetos cpoder tributario y por el mismo evento o periodo d

imposicin.

- Derecho de peticin (artculo 28 de la ConstituciPoltica de la Repblica). En materia fiscal, paraimpugnar resoluciones administrativas en losexpedientes que se originen en reparos o ajustes pcualquier tributo, no se exigir al contribuyente elpago previo del impuesto o garanta alguna.

- Proteccin al derecho de propiedad (artculo 41 dla Constitucin Poltica de la Repblica). Se proh

la confiscacin de bienes y la imposicin de multasconfiscatorias. Las multas en ningn caso podrnexceder del valor del impuesto omitido.

- Planteamientos de inconstitucionalidad (artculos y 134 de la Ley de Amparo, Exhibicin Personal y

de Constitucionalidad).11 La inconstitucionalidad dcualquier ley, reglamento o disposicin de carcte10. Salvo el acuerdo de suprimir el artculo 183, inciso r), que se refiere a lafuncin del Presidente de exonerar de multas y recargos a los contribuyentes

que hubieran incurrido en ella por no cubrir los impuestos dentro de lostrminos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Al serderrotada la Consulta Popular del 31 de mayo de 1999, ese inciso no semodific. 11. Asamblea Nacional Constituyente, 1-86.

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general que se presuma contiene vicio parcial o totalde inconstitucionalidad se plantearn ante la CC tribunal superior en la materia- la cual puede ordenarla suspensin de su vigencia.12 El recurso lo puedeplantear cualquier persona con el auxilio de tres

abogados colegiados activos.

- Confidencialidad del sujeto pasivo tributario (artculo

30 del Cdigo Tributario). En ejercicio de su funcin defiscalizacin, la Administracin Tributaria podr requerirdirectamente de cualquier entidad o persona, ya seaindividual o jurdica, incluyendo las instituciones vigiladase inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos,informacin referente a actos, contratos u otros hechos orelaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos,

siempre que no se viole la garanta de confidencialidadestablecida en la Constitucin Poltica de la Repblicay lasleyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto eneste Cdigo. Las informaciones de personas individualeso jurdicas obtenidas por la Administracin Tributaria en elejercicio de su funcin de fiscalizacin a que se refieren las

literales a) e i) del artculo 3 de la Ley Orgnica de la SADecreto Nmero 1-98 del Congreso, sern estrictamenteconfidenciales, por considerarse suministrados bajo garande confidencialidad.

Mediante el Decreto 29-2001 el Congreso reform esteartculo aadindole a esta parte final: En consecuencia autoridades, funcionarios y empleados de la AdministraciTributaria no podrn revelar ni comentar los datos obtenidni los hechos observados, salvo que medie orden de juezcompetente.

La quinta leccin que se desprende de esta descripcin esque la Constitucin y leyes relacionadas han debilitado elpoder tributario del Estado, y que cualquier reforma tribut

que tienda a restablecerlo implica una reforma constitucioEn tal sentido es necesario cumplir el acuerdo del ForoNacional para el Pacto Fiscal (mayo 2000) de integrar unComisin sobre el marco Constitucional del poder tributadel Estado para analizar la normativa que regula el podertributario del Estado; la normativa ordinaria para el podertributario del Estado y para la eficacia de la poltica en lamateria; la jurisprudencia en materia tributaria conformadraz de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad12. Entre 2001 y septiembre de 2003, haban sido presentados 55 recursos

de inconstitucionalidad. La mayora de ponentes fue empresas, accionistas,abogados de empresas, directivos de cmaras patronales, pero tambin hubopolticos de oposicin, grupos de derechos humanos y populares.

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alcances y limitaciones del artculo 133 de la Constitucin,13as como la forma en que se ha aplicado, estableciendo suscostos y beneficios.14

Actores de la negociacin

En la historia de los Estados contemporneos se registranmuy pocos casos (Suecia es uno de el los) de reformasfiscales logradas a travs de una negociacin entre actoresrepresentativos de la sociedad, como un pacto social. Dehecho Guatemala fue el primer pas que sigui aunque,como se ve, compelido por sus particulares necesidades- loslineamientos de la CEPAL de legitimar el nivel, composiciny tendencia del gasto pblico y de la carga necesaria para sufinanciamiento.15

La recomendacin de la CEPAL va acorde con variosdiagnsticos sobre la salud de las democracias enLatinoamrica, el debilitamiento del papel, la autoridady soberana del Estado, el desprestigio general de lasinstituciones democrticas (empezando por los Congresos

nacionales) y el vigoroso rol que han adquirido lassociedades civiles, influidas por los grupos empresariales.

Entre tanto, la globalizacin ha desatado fuerzas que l imiy vulneran la soberana y capacidades del Estado. Y laspolticas de ajuste estructural aplicadas desde los aos 80resumidas en el Consenso de Washington de 1989, hanreducido sus funciones y roles en la gestin y regulacin dlos mercados, frente a lo cual ha crecido la preponderancde los agentes econmicos locales y extranjeros. Finalmenlos enormes conglomerados que habitan cada territorionacional y que han visto limitadas sus capacidades, nodigamos de ascenso social sino de supervivencia material(subempleo, bajos salarios, desproteccin social, falta deacceso a medios de produccin) suben el volumen de susdemandas al Estado y pierden, crecientemente, la confianen la democracia para resolver sus necesidades bsicas dbienestar y seguridad.

Ese contexto general para Latinoamrica, en Guatemalacobr ciertas particularidades. Una de ellas fue que el

13. Se refiere a la reforma constitucional de 1994 que prohbe a la JuntaMonetaria autorizar que el BANGUAT otorgue financiamiento directo oindirecto, garanta o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas oautnomas ni a las entidades privadas no bancarias. Es decir, se desautorizala emisin monetaria que resta un eventual recurso de financiamiento pblico,bajo el argumento de garantizar la estabilidad macroeconmica.14. La Comisin tuvo que haber sido integrada por CACIF y el COS,apoyndose en centros de estudios e investigaciones y estudios tcnicos.Debi haber entregado sus conclusiones en noviembre de 2000, pero lanegociacin del Pacto Fiscal absorbi toda la atencin de las partes y parala fecha indicada el Pacto ya haba naufragado. La CAAP, como se explic,hizo intentos por darle impulso a este mandato, pero no tuvo continuidad. Apartir de 2001 el sector empresarial se retir de las comisiones tcnicas y dela propia CAAP.15. CEPAL, 1998.

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simbolismo que el gobierno del FRG facilit para encuentrosentre la sociedad empresarial y la sociedad civil. 16 Otrofue que esos puentes interclasistas e intersectoriales dela sociedad civil recibi un fuerte respaldo poltico y decooperacin de la comunidad internacional. La base de

apoyo del FRG estaba en las masas rurales incultascon baja capacidad de organizacin y elaboracinpoltica y tcnica de propuestas. Es decir, podan resultarinterlocutoras en temas regionales y reivindicativos, perono en asuntos como la poltica fiscal. Y aunque el gruporeformista del Gobierno, en torno al presidente Portillo, abricomunicaciones e institucionaliz mesas de dilogo conorganizaciones sociales y populares (pueblos indgenas,mujeres, pobladores etctera) escasamente logr acuerdoscon grupos intermedios y de la clase alta.

Esas relaciones de fuerza considerando que el FRG tenamayora en el Congreso- permitieron algn equilibrio en

las negociaciones del Pacto Fiscal, aunque hubo ausencianotables. Una de ellas fue la de los partidos polticos quesalvo la URNG desde distintas trincheras (en la CAAP, comsociedad civil y en el Congreso, y en franca minora), notuvieron incidencia, apenas fueron caja de resonancia del

sector empresarial. En general los partidos adoptaron unaactitud anti estatal y rechazaron fortalecer el poder tributadel Estado. El Partido de Avanzada Nacional (PAN), queen 1996 haba negociado y firmado la mayora de losAcuerdos de Paz (incluyendo el que obligaba a elevar lacarga tributaria al 12%), ni siquiera quiso firmar el Acuerdde Principios y Compromisos del Pacto Fiscal del 25 de mde 2000.

Otro actor dbil fue la sociedad civil no empresarial. Si

bien desarroll capacidades negociadoras ante CACIF ysupo identificar los cotos de privilegios y las debilidadesdel sistema tributario a subsanar, su dbil articulacin conlas organizaciones campesinas, de pueblos indgenas,de mujeres y territoriales debilitaron su otro brazo denegociacin: el poder ciudadano manifestado a travs demovilizaciones, organizaciones, actos y pronunciamientosAs, atenida a sus capacidades tcnicas y a los vasoscomunicantes con la comunidad internacional, los gruposde la sociedad civil quedaron como actor secundario en e

16. Es claro que durante la negociacin del Pacto Fiscal los interlocutoresfueron CACIF y el COS, que agrupaba en su mayora a ONG y grupos deactivistas sociales que tenan como referente (de apoyo o distanciamiento) ala URNG. Cuando el Pacto Fiscal fracas, el sector empresarial intensific susalianzas con otros sectores intermedios en iniciativas como Grupo Barmetroy Foro Guatemala, que daban protagonismo particularmente grupos dederechos humanos, universidades, iglesias y profesionistas. Distanciado deuna parte del COS, el CACIF se lanz a una abierta oposicin encaminandoa sus nuevos aliados, quienes, a su vez, reciban amplia cobertura en losmedios.

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momento en que el Gobierno entr a negociar directamentey confront las tesis del sector empresarial.

El mtodo de la negociacin, que implic dos tramos dediscusiones (primero entre sociedad empresarial-sociedad

civil, y luego entre sociedad empresarial/civil-gobierno)tambin debilit la posicin de la sociedad civil, despertcrticas y suspicacias. Y es que con un recio negociador ala cabeza, como el vicepresidente Lpez Reyes, el Gobiernosubi el cintillo de demandas al sector empresarial inclusopor encima de lo que haba logrado la representacinpopular. Con ello se cumpli un viejo adagio de lasocialdemocracia en Sudamrica, contraproducente en lasoperaciones polticas: el Gobierno quita el sueo al sectorempresarial y arrebata banderas a los sectores sociales.

Al final, esas condiciones facilitaron una retirada delCACIF con bajos costos polticos. El sector empresarial searrop en la otra sociedad civil y emprendi acciones deoposicin subiendo el tono y aislando, progresivamente, alGobierno. Al final ste tena que asumir los compromisos deEstado internamente y frente a los organismos financierosinternacionales. Y debi asumirlas con las reformas de 2001,quiz como queran algunos de sus operadores, en soledad,aunque sin legitimidad social.

Una sexta leccines que en la medida en que la sociedadcivil crece en poder e influencia, y simultneamente el Estdisminuye en capacidad soberana y de gobernabilidad, dtrabajarse de comn acuerdo el rescate de la nocin delo pblico, a la vez que se amplan las responsabilidade

estatales de la sociedad. Y es que si el Estado se empobreen capacidades y recursos su vitalidad vendr de la sociedy para ejercer funciones de Estado sus lderes debenatravesar, tambin, un proceso de educacin sobre cmo traduce la nocin de Estado y, en particular, su lugar en lasociedad.

La sptima leccines que la negociacin de un Pacto Fiscest vinculada al modelo de desarrollo econmico y sociaal tipo de Estado que se requiere para tal modelo. No sloun acuerdo sobre la sociedad deseada sino una identificacompartida de riesgos y amenazas para alcanzar elhorizonte. Dado que las necesidades de reformas no surgordinariamente, en coyunturas de reproduccin del sistemsino en etapas crticas, demandadas por necesidades yriesgos, es fundamental identificar pblicamente los costopara la sociedad de no hacer las reformas.

La octava leccinde metodologa- se refiere a que lasnegociaciones arranquen con todos los actores al mismo

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tiempo, desde la misma base. Eso, adems, permitiraaclarar las intenciones y voluntades en la negociacin delPacto Fiscal. Existe una organizacin piramidal entre lasociedad y el Estado que faculta a determinados rganosde la democracia representativa, como el Congreso, a

adoptar decisiones por su responsabilidad. Pero tambines cierto que la mayora de las decisiones polticas de esergano se adoptan por presiones, cabildeos y otras formasde incidencia de sectores de la sociedad o poderes fcticos.Que los actores estatales adopten los acuerdos pblicoscon los sectores sociales como compromisos polticos paratraducirlo en polticas de Estado, contribuye a legitimar lasdisposiciones y vuelve transparente la operacin polticaestatal.

Y la novena leccines que si una negociacin de reformafiscal no se aprecia como un proceso en el que se alcanzanmetas progresivamente y en el que se instalan mecanismosinstitucionales para abordar los asuntos ms difciles comopueden ser las reformas constitucionales y legales-, el PactoFiscal, como acto, se asumir con tesis maximalistas o deboicot. El Pacto Fiscal es un mtodo poltico que traduce lostiempos de la democracia y tambin mide la madurez de lasociedad respecto de compromisos superiores, de Estadoy de largo plazo. El hecho de que Guatemala no haya

superado la prueba puede abre reflexiones sobre su gradomadurez y compromiso con su propio desarrollo.

Rol de la comunidad internacional

La comunidad internacional que adopt como agenda losAcuerdos de Paz, asumi un rol determinante para que locompromisos de reforma fiscal no se perdieran. Con reseal principio, la comunidad internacional se convirti duranlas negociaciones del Pacto Fiscal en un acompaante yobservador atento. En ltima instancia legitim el procesoy, cuando ste se rompi, pero el gobierno continu conlas reformas, result un soporte para la gobernabilidaddemocrtica.

Ese rol correspondi a un periodo muy concreto que no e

repetible. Aunque el rol de las embajadas va modificndorpidamente, en el futuro continuar la observacin de unparte de la comunidad internacional, que es aquella quevigila el comportamiento de las variables macroeconmices decir, los organismos financieros internacionales. Mientno se enciendan luces naranja sobre el sistema financiefiscal, estos organismos no manifestarn mayores presion

Sin embargo un nuevo rol internacional, indito, entrar aformar parte del conjunto de las decisiones y de los camb

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econmicos, financieros y tambin fiscales. Los tratados delibre comercio, particularmente el firmado y ratificado conEEUU en 2003 y 2004, modificarn una parte sustantivade la organizacin econmica. Si bien el Estado continuarperdiendo soberana, el poder econmico deber ajustar

varios de los procesos de trabajo, incluyendo consideracionesambientales, laborales y fiscales. Las reformas legalesbancarias y financieras que se iniciaron en 2002 continuarn.Varias normas que contribuyeron hasta ahora a escamotearel pago de impuestos, como las acciones al portador ensociedades annimas, tendern a modificarse a favor de latransparencia. Indirectamente las leyes antiterroristas que hapuesto en vigor Washington tambin reducirn las opcionesde lavado de dinero fiscal y de corrupcin.

Si bien la leccin de la intervencin de la comunidadinternacional en los procesos de pacificacin internosequivale, hasta ahora, a una masa gelatinosa que seempuja desde fuera, pero cuando se le quita presin vuelvea su lugar- la disciplina de mercado y de gestin empujadaspor la supervivencia econmica en la globalizacin, muestraque la comunidad internacional puede abrir pautas detransformacin interna. Pero sigue vigente la regla: las formasde adaptacin y la suerte ltima de estos cambios va adepender de los actores internos.

La dcima leccinse puede resumir como que slo losacuerdos entre actores locales y su capacidad de organizalos cambios sacan provecho para los propsitos del bieney la seguridad en democracia y los hacen sostenibles. Lasfiguras de la intervencin o los protectorados no parecen

viables ni deseables en el futuro inmediato. Y las pertinacresistencias al cambio solo configuran una sociedad msfragmentada, desigual y con nuevas prcticas de exclusiEn este caso la potencial base social para la globalizacinel cambio de rgimen en democracia podra ser ori llada, no hacia los intereses comunistas, sino hacia los objetivfuncionales de la economa criminal.

Ese dilema, trascendente para el futuro de Guatemala, haencerrado, en pequeo, la experiencia de un Pacto Fiscal casi fue, pero que demanda que, en el futuro, sea para este pas resulte viable.

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Salud: Un presupuestocrnicamente desnutrido

Resumen

La poltica de salud y nutricin delactual gobierno est orientadaa la implementacin del PlanHambre Cero1 y la ventanade los 1000 das. Este plandefine 4 objetivos entre los quese encuentran la reduccin en10% de la desnutricin crnicaen menores de 5 aos y laprevencin y reduccin de lamortalidad en la niez menor

AbstractIn societies like ours thecondition of its people reflects thecondition of its institutionsThe current governments healthand nutrition policy is orientedto the introduction of the PlanHambre Cero and the windowof the 1000 days. This plandefines 4 objectives including thereduction of the 10% of chronicmalnutrition in children under

Palabras claves:

Desnutricin, mortalidad, nutricin, hambre cero, presupuesto

Keywords

Malnutrition, mortality, nutrition, hunger zero budgetde 5 aos relacionada con ladesnutricin aguda, a travs dela ejecucin de 134 acciones,de las cuales el 80% han sidodelegadas al Ministerio de SaludPblica y Asistencia Social, pese aque este es uno de los ministeriosms desfavorecidos al contarcon presupuesto crnicamentedesnutrido.

Health: a cronically malnourished budget

5 years and the prevention anreduction of mortality betweenchildren under 5 years relatedwith severe malnutrition, throuthe execution of 134 actions,from which the 80% have beedelegated to the Ministry of PuHealth and Social Assistance, spite it is one of the less favoreministries because of theircronically malnourished budg

Adrin Chvezrea Salud y Seguridad Social IPNUSAC

En sociedades como la nuestra el estado de sugente refleja el estado de sus instituciones

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Como se puede observar, en el 2011 el presupuesto finalen Q 4.45 millardos, mientras que en el 2012 finaliz enQ 4.42 millardos, es decir, que se redujo en un 0.6%. Parel 2013 se registra un l igero aumento en la asignacinpresupuestaria; sin embargo en relacin con el Producto

Interno Bruto (PIB), se evidencia que en ninguno de losltimos tres aos, el presupuesto asignado al MSPAS hasuperado el 1.2% del PIB, lo que mantiene a Guatemala,como el pas centroamericano con menor gasto pblico esalud, algo difcil de entender considerando los problemaque afronta la red de servicios y las condiciones de salud la poblacin.

La distribucin del presupuesto y sus tendencias

El problema con el presupuesto en salud, no se limita a suescasa cantidad. Se registran en su distribucin distintos tide tendencias que vale la pena analizar:

La tendencia a privilegiar la salud curativa

La tabla No. 1 muestra el comportamiento que ha tenidola distribucin presupuestaria de acuerdo al tipo deunidad ejecutora a lo largo de estos aos; como se ve,el departamento administrativo ha tenido una asignacin

Del presupuesto.

L

a Grfica No.1 muestra el presupuestovigente del Ministerio de Salud Pblica

y Asistencia Social (MSPAS) expresadaen millardos, del 2011 al 2013 y muestrael porcentaje de lo que este presupuestorepresenta en relacin al Producto InternoBruto.

Grafica No. 1: Asignacinpresupuestaria del MSPAS y su

relacin con el PIB.

Fuente: Elaboracion propia con datos del SICOIN.2

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considerable, equivalente a una tercera parte del total en el2013.

El 65% de los recursos restantes fueron distribuidos en elfuncionamiento de las unidades ejecutoras responsablesde la provisin directa de servicios de salud a la poblaciDestaca el destino del 40% de los recursos hacia elfuncionamiento de una red hospitalaria con vocacincurativa, y nicamente el 25% del presupuesto va al

Tabla No.1:Distribucin presupuestaria,

MSPAS 2013

Unidades Ejecutoras

D. administrativo

Hospitales

DAS

Escuelas

PROAM

LNS

Cementerio Nac.

Total

2011

Q 1.225,325,579.15

Q 1.864,406,511.80

Q 1.280,066,821.95

Q 23,770,893.24

Q 27,173,067.16

Q 24,923,709.20

Q 8,065,224.80

Q 4.453,731,807.30

2012

Q 971,449,397.07

Q 1.905,711,611.75

Q 1.455,986,272.18

Q 28,534,468.00

Q 21,671,280.00

Q 20,965,273.00

Q 8,028,748.00

Q 4.412,347,050.00

2013

Q 1.701,346,398.00

Q 2.070,918,308.00

Q 1.253,414,383.00

Q 29,213,822.00

Q 22,474,185.00

Q 27,055,748.00

Q 7,177,156.00

Q 5.111,600,000.00

Sumando las partidas, de los Q 5,111 millones asignados alMSPAS en el 2013, el 35% fueron destinados a actividadesadministrativas centrales, al funcionamiento de escuelasformadoras de recurso humano y al programa de acceso amedicamentos PROAM entre otros.

Fuente: Elaboracin propia con datos del SICOIN.

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Grfica No. 2:Distribucin del presupuestohospitalario, MSPAS 2013

funcionamiento de las 29 Direcciones de reas de Salud(DAS), cuya red de servicios es responsable de la saludpreventiva.

La brecha presupuestaria nos da una clara idea de que la

salud curativa sigue siendo una prioridad.

El 41% del presupuestoasignado a la redhospitalaria, es absorbidopor apenas treshospitales. Al Hospital

Roosevelt se le asigna el19%, al Hospital GeneralSan Juan de Dios el 16%y al Hospital Nacionalde Occidente el 6%. El59% de los recursos esdistribuido entre los 40hospitales restantes.


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La tendencia a centralizar los recursos

Al hacer un anlisis de la distribucin geogrfica de los Q3,324.332,691 (Grfica 3) destinados a la red hospitalariay a las DAS, resulta que la tercera parte de estos recursos se

concentra en el Departamento de Guatemala.

Grfica No. 3:

Distribucin presupuestariapor Departamento, MSPAS2013


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Lo anterior podra deberse a que este departamento tienela mayor cantidad de poblacin y, adems, alberga a untotal de siete hospitales, incluyendo a los dos nosocomiosde referencia nacional. Sin embargo, al analizar con mayordetalle la distribucin presupuestaria asignada al resto dedepartamentos, no hay suficiente claridad sobre los criteriosutilizados para su distribucin.

En un marco de polticas pblicas y estrategias como el PactoHambre Cero y la Ventana de los Mil Das, se esperaraque tanto la razn de mortalidad materna, el porcentaje de

desnutricin crnica y el ndice de desarrollo humano, seanconsiderados criterios vlidos para tomarse en cuenta enla asignacin presupuestaria. Sin embargo, Izabal que esel departamento que tiene la razn de mortalidad materna

ms alta, ocupa el dcimo lugar, mientras que Solol, sieel departamento con menor ndice de desarrollo humano mayor porcentaje de desnutricin crnica, ocupa el lugar en la asignacin presupuestaria.

Esa falta de claridad en los criterios a considerar enla distribucin presupuestaria, es preocupante ya quecondiciona a que adopten los mecanismos de distribucinhistricos, basados en la oferta y demanda programtica.

La tendencia a focalizar la salud a lo materno infantil

La tabla No. 2 muestra la forma en la que la estructurapresupuestaria ha ido variando en los ltimos aos; elcambio de nombre o la creacin de nuevos programas soaspectos importantes a considerar.

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Tabla No. 2:Estructura presupuestaria,MSPAS. Aos 2011-2013

Programa01

0203

11121213

14141515161718

9697

99TOTAL

DescripcinActividades centrales

Infraestructura en saludServicios de diagnostico nacional y vigilanciaepidemiologica (prg. 12 Y 13)Servicios de formacion del recurso humanoServicios de salud publicaSalud y ambienteRecuperacion y rehabilitacion de la salud de laspersonasVigilancia del sistema de saludPrevencin de la desnutricin crnicaPrevencin de la mortalidad materna y neonatalAsistencia de salud pblicaPrevencin y control de its, vih/sidaPrevencin y control de la tuberculosisPrevencin y control de las enfermedadesvectorialesReconstruccin n7Programa de reconstruccion originado por latormenta agatha y erupcion del volcan pacayaPartidas no asignables a programas

2011Q 232,090,860.81

Q -Q 28,615,422.20

Q 154,052,480.17Q 1,598,967,619.99Q -Q 2,038,636,918.83

Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -

Q -Q 90,000,000.00

Q 311,368,496.00Q 4,453,731,798.00

2012Q 650,319,366.00

Q 17,503,387.00

Q 178,890,201.18Q 1,359,839,140.00

Q 1,763,113,479.82

Q 141,286,389.00Q -Q -Q -Q -Q -Q -

Q -Q -

Q 301,395,087.00Q 4,412,347,050.00

2013Q 172,109,982.00

Q 149,499,723.00

Q 148,807,773.00Q 918,180,619.00Q 918,180,619.00Q 2,235,341,204.00

Q -Q 479,368,221.00Q 303,692,183.00Q -Q 90,868,904.00Q 17,768,701.00

Q 106,688,807.00Q 122,096,531.00

Q -Q 352,177,352.00Q 5,096,600,000.00

Fuente: Elaboracin propia con informacinextrada del SICOIN.

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El proceso de gestin por resultados es el principal motorque ha incidido en la transformacin de la estructurapresupuestaria. Es importante mencionar que para el2013, los programas 14 y 15 son los que contienen elpresupuesto designado para desarrollar todas aquellasacciones vinculadas al Pacto Hambre Cero y a la Ventana de

los Mil Das. La suma de ambos programas alcanza los Q783 millones de quetzales, lo que representa el 62% de losrecursos financieros designados a las 29 DAS. Esto es algopreocupante, considerando que al focalizar los recursos enestas acciones se est limitando la capacidad institucional

de responder a otros problemas que tambin estnafectando la salud de la poblacin, producto de la transicepidemiolgica y nutricional y de la complejizacin del peepidemiolgico.La tendencia a reducir el pasivo laboral

La Tabla No. 3 muestra la tendencia en las modalidadesde contratacin del recurso humano, medicamentos y otrorenglones que llaman la atencin por su comportamiento

Tabla No. 3:Tendencia del Recurso Humano, de losmedicamentos y otros, MSPAS. Aos

2011 y al 28/08/2013

Rengln011

022

29

31

182

189

266

211

322

DescripcinPersonal permanente

Personal por contrato

Otras remuneraciones de personal temporal

Jornales

Servicios medico-sanitarios

Otros estudios y/o servicios

Productos medicinales y farmacuticos

Alimentos para personas

Construccin de bienes nacionales de uso no comn

2011Q 561,628,094.58

Q 9,002,882.77

Q 82,008,308.00

Q 43,919,414.66

Q 569,169,001.75

Q 197,126,800.06

Q 514,448,752.13

Q 60,342,644.23

Q 53,871,563.01

2012Q 335,410,268.00

Q 8,719,497.00

Q 76,916,326.00

Q 45,291,946.00

Q 595,045,638.43

Q 242,081,392.29

Q 597,506,098.86

Q 70,841,062.30

Q 13,159,894.00

2013Q 318,100,001.00

Q 16,672,379.00

Q 181,482,834.00

Q 53,134,642.00

Q 647,677,858.47

Q 192,602,967.81

Q 529,095,291.29

Q 106,796,377.41

Q 183,610,679.00

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados del SICOIN.

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o d c 35 Sep e b e/ 0 3

Lejos de lo que se esperaba con la firma del pacto colectivoentre el Despacho Ministerial y el Sindicato Nacional deTrabajadores de Salud, llama la atencin que los recursosorientados a la contratacin de plazas presupuestadas van endescenso, mientras que la tendencia es al incremento de lacontratos 022, 029 y 182.

Segn declaraciones de Luis Lara, Secretario del FrenteNacional de Lucha, alrededor de 17 mil de los 37 miltrabajadores del MSPAS, no estn presupuestados. Lo quesignifica que alrededor del 46% de los trabajadores en saludcarecen de estabilidad laboral y dems beneficios que la leyprovee.

La tendencia a la privatizacin

Por ltimo, es importante mencionar que los registrosevidencian cierta tendencia a trasladar recursos financierosdel MSPAS a entidades privadas para la provisin de serviciosde salud que bien podran ser asumidos por el propioMinisterio.La Tabla No. 4 evidencia la tendencia que existe al transferirrecurso financiero a instituciones de salud y asistencia socialmientras que la Grafica No. 4 muestra la tendencia que hatenido el traslado de fondos a las ONG responsables delPrograma de Extensin de Cobertura (PEC).

Tabla No. 4:Tendencia de las transferencias

realizadas por el MSPAS a diversasinstituciones de salud y asistencia

social, aos 2011-2013.

Grfica No. 4:Recurso financiero trasladado a

las ONG del PEC, aos2008- 2013 (en millones Q)

Rengln432

DescripcinTransferenciaa institucionesde salud y AS

2011Q 311,168,496.00

2012Q 292,645,087.00 Q

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados del SICOIN.

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La grfica No.5 muestra la carga actual que representa parael presupuesto del MSPAS el traslado de recursos a entidadesprivadas.

Grfica No. 5:Carga financiera que representael traslado de fondos a entidades

privadas, MSPAS. Ao 2013


En 2013 el traslado de fondos a entidades privadas resta presupuesto del MSPAS el 19% de sus recursos.

El PEC tiene encomendado ejecutar los planes de Gobiernorientados a la atencin materno infantil y los Q. 610

millones que le han sido asignados como techo, represenel 51% de los recursos financieros de las DAS. Estedesequilibrio, como ya se mencion, limita la posibilidadde dar respuesta adecuada al resto de problemas de saluajenos a la problemtica materno-infantil.

Es importante reconocer que muchas de las fundacionesy entidades privadas que reciben recursos, han emergidoante la falta de una respuesta sistemtica del Estado,frente a una diversidad de problemas como la desatencisocial, la vejez, la discapacidad y las enfermedades

neurolgicas, renales y cardiacas entre otras. Sin embargal analizar el comportamiento epidemiolgico y constatarcomplejizacin, es necesario redisear un sistema pblicocapaz de afrontar los nuevos retos. En caso contrario, larespuesta social estara condenada a ser ms congruente la caridad que con el Derecho a la Salud.

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A modo de conclusin

- El presupuesto del MSPAS asignado en los ltimostres aos no sobrepasa el 1.2% del PIB, lo que esinsuficiente considerando los problemas de salud que

afronta la poblacin.

- Las tendencias a privilegiar la salud curativa, acentralizar los recursos, a focalizar la salud a lomaterno infantil, a reducir el pasivo laboral y a laprivatizacin, condiciona a que la distribucin delfinanciamiento actual tienda a reproducir los modelosde inequidad en el pas.

- De continuar as, se seguir limitando las posibilidadesde respuesta del Estado. Y esta falta de respuestasocial condicionar a la poblacin a buscar otrasalternativas que responden a una lgica de mercadoy no a una lgica de derecho humano; el gasto debolsillo continuar en ascenso y en pases con ndicestan altos de pobreza como el nuestro, esto condenara la mayora de la poblacin a la exclusin y, porqueno decirlo, a la muerte ante una desnutrida respuestadel Estado.

Recomendaciones:

- El MSPAS y todos los actores vinculados al temade salud, debemos realizar esfuerzos necesariospara promover un incremento a la asignacin

presupuestaria del MSPAS, que sea coherente conlas necesidades de salud de la poblacin y con uPlan Nacional de Salud consensuado dentro de uproceso incluyente y participativo.

- Es necesario abrir espacios de anlisis y discusinlos mecanismos de distribucin presupuestaria paque la prevencin y promocin de la salud puedaconvertirse en una prioridad.

- Debe promoverse, con carcter de prioridad, la

calidad del gasto y sobre todo, el uso transparentde los recursos.

Referencias bibliogrficas

1. Plan Hambre Cero 2012-2016. Secretara de SeguridadAlimentaria y Nutricional, Gobierno de Guatemala 2012.

2. Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN. https://sicoin.minfingob.gt/sicoinweb/login/frmlogin.htm

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GeslyAnibal Bonilla LandaverryCentro Universitario de Sur Oriente

CUNSURORI-JALAPA USAC

Alternativas productivasy ambientales parael rea rural SummaryIn Guatemala it is imperative

to search for alternatives thatgenerate incomes before theprecarious scenario of a countrywith a subsistence agriculturewith low performances and withthe land distributed among a fewfamilies; alternatives that generateincomes with the objective ofsatisfying the basic needs of

Resumen

En Guatemala es imperativobuscar alternativas que genereningresos ante el precario escenariode un pas con una agricultura de

subsistencia con bajos rendimientosy con la tierra distribuida enpocas familias; alternativas quegeneren ingresos con la finalidadde satisfacer las necesidadesbsicas de las familias campesinas.

Key words

Environmental projects, rural development, ecotourism,environmental services

Palabras claves:

Proyectos ambientales, desarrollo rural, ecoturismo, serviciosambientales

rural families. In this article a

reflection is made on the poproductive and environmentprojects, that can have as anoutcome the identification ounexploited niches in the rurarea, that have as an objectobtaining incomes from the and management of naturalresources.

Este artculo reflexiona sobreposibles proyectos productivosy ambientales, que pueden darcomo resultado la identificacin de

algunos nichos poco explotados enel rea rural, cuyo objetivo sea laobtencin de ingresos derivados delaprovechamiento y manejo de losrecursos naturales.

Segn el Centro de InvestigacionesEconmicas Nacionales (CIEN), en uestudio realizado en 2010 Guatemala

se ubic en el segundo lugar, a nivelmundial, en porcentaje de emprendedoresEs decir, personas que inician negocios

Productive and environmental alternatives

or the rural area

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Lo anterior ocurre, principalmente, en el rea urbana.Pero en la rural, la realidad es otra. Por ello esimperativo buscar alternativas que generen ingresosante el precario escenario de un pas con unaagricultura de subsistencia con bajos rendimientos ycon la tierra distribuida en pocas familias (Schejtman yReardon, 2010).

Proyectos con objetivos especficos como elincremento y diversificacin de cultivos notradicionales,1 la agroforestera, la reduccinde prdidas postcosecha, procesamiento de

subproductos de la leche, procesamiento de frutas paraconserva, entre otras, son posibilidades que los campesinodeben de manejar, asocindose en cooperativas en buscamejores oportunidades para comercializar sus productos, para prestar servicios.

No obstante, para que el desarrollo rural mantengaconnotaciones de sustentabilidad ser necesario no enfocnicamente en lo econmico, sino tambin valorizar alsistema ambiental como sustento de la vida humana, sinperder de vista que los proyectos para el soporte econmde las familias son necesarios pues los ingresos monetariopermiten el acceso a satisfactores de necesidades bsicasExisten ejemplos de alternativas para la obtencin deingresos como los programas impulsados por el Gobiernomunicipalidades, en los cuales se hace aportes monetario

y en especie para mantener el volumen y el caudal del ag(Guerra y Reyes, 2008; Bonilla, 2012).

La proteccin del bosque en la parte alta de la cuenca esmuy importante para la recarga hdrica. Esta experiencia econsiderada como un caso de pago por servicios ambient(PSA) segn el Ministerio de Agricultura, Ganadera yAlimentacin (MAGA) y el Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD). Este tipo de casos ilustra

cuando estn entre 17 y 34 aos de edad. Talresultado, probablemente, se debe a las pocasoportunidades y la falta de empleo que hacenproliferar la economa informal, conocidatambin como economa emprendedora,emergente, no asalariada, la cual ayuda a laspersonas a subsistir.

1. Se define como cultivos no tradicionales las hortalizas, legumbres, floresy algunos frutales, es decir los diferentes al caf, banano, caa de azcary cardamomo, que han sido por excelencia los cultivos de exportacintradicionales en Guatemala.

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los proyectos en los cuales distintos actores cooperanpara gestionar los recursos naturales y se hacen aportesmonetarios a sociedades del sector rural.

Tambin se cuenta con el Programa de Incentivos Forestales

(PINFOR) dirigido a reas de ms de dos hectreas convocacin forestal y con certeza jurdica sobre la propiedad.Se complementa con el Programa Piloto de Apoyos ForestalesDirectos (PPAFD), diseado para reas ambientalmenteestratgicas y para compensar econmicamente los serviciosambientales de bosques posedos por quienes no tienenaccesos al PINFOR a causa de la falta de certeza jurdicasobre la tenencia de la tierra.

El incentivo econmico se da de forma anual segn lashectreas y se fija un plazo de cinco aos, se asigna a

los propietarios o poseedores de tierras con bosques(condueos en caso de reas comunales), siempre y cuandose verifique el estado del bosque, se tomen las medidasnecesarias para su proteccin, como la asignacin deguarda bosques y jornadas de reforestacin por parte de loscomunitarios o propietarios.

Algunos autores sostienen que la competitividaden lanueva ruralidad y el enfoque territorial (Echeverri y Ribero

2002; Seplveda et al., 2003), son las nicas estrategiasde desarrollo rural. Sin embargo, en Guatemala lasestructuras sociales y econmicas no son las idneas paraser competitivas, porque a la poblacin rural se le dejdesprotegida a partir de la desarticulacin del aparato est

que ofreca asistencia tcnica, transferencia de tecnologay el acceso a crditos. Ese desmantelamiento dej muycomplicado el panorama para la competitividad en elsector rural, que tanto se pregona.

Con estos factores mencionados y con la mayor parte de tierra en posesin de grandes terratenientes, se hace casiimposible ser competitivo, al menos en lo agrcola. De aes que con proyectos productivos y ambientales, con unaadecuada gestin ambiental, el desarrollo rural adquiere nuevo impulso para mejorar la situacin de la poblacin m

vulnerable del pas, para que al menos se llegue a alcanzuna vida digna.

Es verdad que se ha tratado de desarrollar la agriculturacomo estrategia para desarrollar al sector rural enGuatemala (Giordano et al., 2007). De hecho, el 54 %de la poblacin depende de la agricultura, por lo que estaactividad genera una gran cantidad de empleos y represeel 22.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) del pas.

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Empero, con las actividades agropecuarias del rea rural,combinadas con otras posibilidades como la prestacin deservicios, el agroturismo y el ecoturismo se tendra otrasalternativas de generacin de ingresos (Rivas, 2002). Paraello, es necesario preparar a las personas, a nivel local, para

dar una buena atencin a los potenciales clientes.Las reas rurales pueden generar servicios ambientales debeneficio para la poblacin urbana, tales como proteccinde fuentes de agua potable (Bonilla, 2012), manejo debosques, preservacin de la biodiversidad, paisajes atractivosy agroecologa, entre otros. Lo anterior muestra un potencialno circunscrito a la agricultura, siempre y cuando se asegure,en primer lugar, la alimentacin de la poblacin.

En caso de tierras comunitarias, la organizacin es

sumamente importante para maximizar los recursoseconmicos asignados, los cuales se dedican al beneficiocomunitario y se ahorran en pagos de guardabosques,monitoreo y reforestacin. En casos donde la proteccindel bosque es de inters de un grupo de usuarios parafuentes de agua, se pueden gestar proyectos para tomarlas medidas necesarias que compensen monetariamente alas comunidades que protegen el bosque (Guerra y Reyes,2008).

Las municipalidades deben hacer aportes y, en algunoscasos, fincas situadas aguas abajoque aprovechan elagua del ro, pueden hacer aportes en especie como mafrijol y herramientas para los habitantes de la parte altade la cuenca, a manera de incentivos para las labores de

proteccin.Debe tomarse en cuenta que muchas comunidades depende la asesora y las capacitaciones para realizar este tipo dproyectos, lo cual implica que parte de los ingresos percibse debe reinvertir, en procesos de organizacin comunitarreforestacin y recuperacin de reas degradadas, paramantener la sostenibilidad2 del proyecto.

Otra alternativa es el turismo rural o agroturismo, parapromocionar la produccin de artesanas, la horticultura

y la cultura rural en general, orientado hacia la poblacinnacional y, eventualmente, a extranjeros de paso en el paEl turismo rural, respaldado por las principales actividadeseconmicas como el comercio y la agricultura, es impulsapor el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) comoalternativa para generar ingresos.

2. En este caso se toma el trmino sostenibilidadcomo el proceso demantener econmicamente a travs del tiempo un proyecto.

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El turismo rural es una actividad para entender al mundorural, conviviendo y participando de la cultura de sushabitantes, como una alternativa para pasar un tiempocampestre por quienes forman parte de una sociedadmoderna, cansados del estrs y la vida ajetreada de lasciudades. Entre sus variantes estn el senderismo, las rutasen bicicleta y a caballo o, simplemente, las caminatas.El agroturismo puede proporcionar alojamiento en lacomunidad, para realizar actividades agropecuariasy forestales. Permite disfrutar una estancia con sumatranquilidad, sin aglomeraciones y recibiendo un tratofamiliar, en contacto con la naturaleza y la ruralidad.

Hay reas rurales con historia y cultura de gran atractivoturstico, a pesar de ser zonas olvidadas, vulnerables yconcentradoras de pobreza. Aunque la agricultura sea

de subsistencia, se puede generar oportunidades paraactividades como excursiones rurales, rutas tursticas,etnoturismo, campamentos ecolgicos y encuentroscampestres (Olaya, 2004). Lgicamente, se necesita untrabajo previo para reconocer y evaluar la riqueza natural,cultural e histrica del territorio, para planificar y gestionaradecuadamente las actividades, para obtener beneficiossocioeconmicos y ayudar, as, a mantener y proteger losrecursos naturales adems de la cultura local.

La comunidad debe ser conocedora de su territorio por suvalor espacial, contextual y natural para generar condiciode convivencia entre los humanos y la naturaleza, respetala cultura y el ambiente. Por ello, el territorio rural es elelemento idneo para el desarrollo turstico tomando encuenta la idiosincrasia social, las costumbres y tradiciones

Aunque se sigue cuestionando si el turismo es unaherramienta de desarrollo, lo cierto es que el turismo rurase vislumbra como una actividad para generar ingresos(Korstanje, 2009), y a pesar de que las reas rurales sonvulnerables a fenmenos naturales y conflictos sociales,se debe impulsar el turismo en regiones donde predominala agricultura y actividades dependientes de los recursosnaturales. El turismo es recomendado como forma alternade generar ingresos a travs de una participacin social y

hay casos en los cuales es la nica manera de revalorizar rescatar la cultura de localidades y sitios olvidados.

Para Melara (2009:2), el turismo puede contribuir no sola mejorar los indicadores del crecimiento, sino tambinindicadores de desarrollo, pero tienen que darse ciertascondiciones. Un turista puede demandar diversin, disfruy descanso, con lo cual se requiere la oferta de estancias,restaurantes y alojamiento. As, el ecoturismo se torna

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una estrategia para desarrollar comunidades a travsde la generacin de ingresos necesarios para satisfacernecesidades bsicas, y para invertir parte en la conservacindel patrimonio cultural y natural. Es una oportunidadeconmica clave para procesos de desarrollo local.

El turista requiere de una oferta bsica y obtener alojamiento,alimentacin, transporte, recreacin y guas. Estascondiciones deben ser ofertadas por las comunidades, lo cualnecesita de asesora y capacitacin por parte de institucionesgubernamentales como el INGUAT y las ONG que impulsanprocesos de desarrollo comunitario, lo cual asegurara elxito de proyectos ecotursticos rurales.

Con la planificacin integral del desarrollo turstico rural segeneraran las condiciones necesarias para el xito de una

actividad que promete aportar ingresos a la poblacin rural,siempre y cuando las oportunidades sean aprovechadasdirectamente por los habitantes y no por los empresarios,quienes por tener el capital nicamente sacan ventaja deuna industria que, bien aprovechada por la poblacin rural,aportara a su desarrollo. Esta es una estrategia ms desupervivencia de las comunidades, pero son variadas lasactividades que en el sector rural se pueden tomar comomedidas para generar ingresos (Zezza et al., 2007).

En Guatemala muchas zonas rurales estn situadasen las laderas y mantienen ciertas caractersticas quecrean potencialidades diversas y rentables, a pesar de sumarginalidad por la poca inversin econmica que se les hecho. Las poblaciones que habitan en estas zonas presenbajos ingresos y limitadas opciones de empleo ms que etrabajo porjornales3 en fincas cercanas donde existe unamayor actividad agropecuaria.

La infraestructura es deficiente en cuanto a agua potable,energa elctrica y cobertura de salud y educacin, loscaminos son de terracera, los rendimientos agrcolas sonbajos y no hay riego. Hay una alta tasa de natalidad dondla familia promedio procrea diez hijos con altos ndicesde morbilidad y mortalidad. Los niveles de desnutricincrnica y aguda en la niez son muy elevados, y hay una

constante desercin escolar. En estas reas la poblacin ems vulnerable contra fenmenos naturales como vientosfuertes, deslaves e incendios forestales. Los suelos son mususceptibles a la erosin si no se realizan las prcticasagrcolas apropiadas.

3. Un jornalrepresenta una jornada de trabajo en la agricultura de ochohoras cuya remuneracin promedio es de Q 30,00 ($ 3,75).

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Ante este panorama, se puede pensar que no existe ningnatractivo p

revista ipn 35

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