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RRRRevista evista evista evista EcoEcoEcoEcotopía topía topía topía 313131319999 UNES: 26 años de Lucha

Ambientalista

por una Sociedad Justa y Sustentable

En esta edición:

-Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demanda al Presidente guatemalteco la

suspension de la explotacion minera del Cerro Blanco.

-La Mesa de Agua. Por Luis Francisco López. Contrapunto.

-Capital financiero y cambio climático. Por Alejandro Nadal. La Jornada.

-Otro Mundo es Posible, Otra Economía es Posible. Por Henry Mora. ALAI.

ECOBREVES

-Argumento contra el CAFTA. Por Leonel Herrera. Arpas.

-Foro de Agua rechaza inclusión de ANEP en CONAGUA. Por Diario Co Latino.

-Comunidades de Usulután Piden comisión especial para investigar Enel - La

Geo. Por Zoraya Urbina. Redacción Diario o Latino.

Segunda quincena de febrero de 2013.

MMEESSAA NNAACCIIOONNAALL FFRREENNTTEE AA LLAA MMIINNEERRÍÍAA MMEETTÁÁLLIICCAA DDEEMMAANNDDAA AALL PPRREESSIIDDEENNTTEE

GGUUAATTEEMMAALLTTEECCOO LLAA SSUUSSPPEENNSSIIOONN DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIOONN MMIINNEERRAA DDEELL CCEERRRROO BBLLAANNCCOO

San Salvador, 26 de febrero de 2013.

Excelentísimo Sr. Presidente:

Excelentísimo Sr. Presidente de la

República de Guatemala

Otto Pérez Molina

CC

Excelentísima Sra. Embajadora de

Guatemala en El Salvador Silvia Elizabeth

Cáceres Vetorazzi

A través de la presente, queremos hacer

constar a su gobierno la preocupación de

comunidades y organizaciones que nos

oponemos a la activación de proyectos

mineros sobre las cuencas hidrográficas

que compartimos. Vemos con alarma la

presencia de aproximadamente 8

proyectos de minería metálica en las

fronteras que nuestro país comparte con la

hermana república de Guatemala y, en

particular, nos preocupa el avance del

proyecto aurífero Cerro Blanco, ubicado en

el municipio de Asunción Mita, Jutiapa,

Guatemala, a tan solo 14 kilómetros de la

frontera salvadoreña. La minería metálica

en general, y el caso Cerro Blanco en

particular, son expresiones de una

problemática que, tal como se hace constar

Foto de archivo conferencia de prensa de la Procuraduría

para Defensa de los Derechos Humanos con el Foro del

Agua y Mesa Nacional frente a la Minería referente a la

minería en Cerro Blanco.

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con estudios técnicos, podría tener un

impacto negativo en la calidad de la vida de

la población salvadoreña, por atentar

contra el sano equilibrio de cuerpos de

agua estratégicos como el Lago de Güija y

el río Lempa.

La Mesa Nacional frente a la Minería

Metálica en El Salvador es una alianza de

comunidades, organizaciones sociales y

ambientalistas, iglesias y centros de

investigación, que tienen como objetivo

común la prohibición de la extracción de

metales en territorio salvadoreño.

En El Salvador, informes técnicos, han

demostrado que la minería de metales, por

tratarse de una industria que debe

deshidratar los territorios para poder

operar, representa una amenaza directa

contra el derecho fundamental al acceso al

agua de las poblaciones y contra el

equilibrio de los ecosistemas. Por otro

lado, la estrechez territorial y la densidad

poblacional, son otros de los argumentos

inapelables que sustentan nuestro rechazo

a la minería metálica, al saqueo y la

destrucción del ambiente.

Es sabido que el Lago de Güija constituye

una cuenca hidrográfica transnacional, de

la cual la mayor parte corresponde a El

Salvador y una tercera parte a la República

de Guatemala. La extensión total de esta

zona es de 44.2 kilómetros cuadrados que

están circunscritos a la Región Trifinio,

donde convergen las fronteras de las

repúblicas de Guatemala, Honduras y El

Salvador. Además de la importante

biodiversidad existente, la relevancia

estratégica de esta región Trifinio está

dada por tratarse del área donde habitan

aproximadamente 650 mil personas,

distribuidas en 45 municipios de los tres

países. Estas comunidades dependen

principalmente de la pesca y la agricultura

y, por otro lado, el Lago de Güija es uno de

los principales tributarios del río Lempa,

que a su vez abastece de agua potable a

cerca del 37% de la población del Área

Metropolitana de San Salvador. El impacto

negativo posible a partir de un proceso

extractivo de metales sobre los sistemas

hídricos superficiales y subyacentes, podría

traducirse en una verdadera crisis a nivel

económico, pero también en el goce de

derechos fundamentales de amplios

sectores poblacionales.

Consideramos que es de suma importancia

recordar al gobierno guatemalteco de que

existen otras herramientas del derecho

internacional de las cuales se desprenden

responsabilidades insoslayables para la

preservación de zonas que como El Trifinio,

constituyen unidades ecológicas

indivisibles y de carácter estratégico para la

integración positiva de la región

centroamericana. Mencionamos, por

ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad

Biológica de Naciones Unidas y la

Convención Americana de Derechos

Humanos y el Convenio RAMSAR que

habilita, a su vez, la Convención relativa a

los Humedales de Importancia

Internacional Especialmente como Hábitat

de Aves Acuáticas. Además, cabe destacar

que la región Trifinio fue denominada

Reserva de Biósfera para el programa

sobre el Hombre y la Biósfera, de la

Organización de Naciones Unidas para la

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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En materia de Derechos Humanos, tal

como se ha hecho constar en el reciente

Informe Especial sobre el Proyecto Minero

“Cerro Blanco” y las Potenciales

Vulneraciones a Derechos Humanos en la

población salvadoreña, elaborado por la

Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos (PDDH), existen

lineamientos que establecen claramente

recomendaciones para las acciones que los

Estados deben asumir para honrar su

mandato constitucional y las obligaciones

asumidas a través de diferentes tratados

de Derechos Internacional.

Por otro lado, existen al menos dos análisis

técnicos del Estudio de Impacto Ambiental

(EIA) sobre el proyecto Cerro Blanco, que

resaltan las incongruencias y vacíos que

reúne el referido EIA. La Dra. Dina Larios,

salvadoreña profesora de Hidrogeología y

Geoquímica en la Universidad de Ohio en

Estados Unidos, que incluso reportó en

2010 a través de un análisis del Estudio de

Impacto Ambiental presentado por la

empresa, que el río Ostúa y el lago Güija

podrían sufrir alteraciones importantes.

Por su parte, el Dr. Robert Robertson,

investigador experto de la universidad de

Colorado Estados Unidos, ha concluido en

un estudio similar al de la Dra. Larios,

respecto al EIA presentado por la empresa

Etremares S.A., que: la mina Cerro Blanco

es un proyecto de riesgo excepcionalmente

alto.

Como Mesa Nacional frente a la Minería

Metálica, expresamos al gobierno de

Guatemala que:

Debe suspender el proyecto minero Cerro

Blanco, por las pruebas e informes técnicos

que establecen que la contaminación a

partir del proyecto minero Cerro Blanco

son una probabilidad real y concreta.

Además, rechazamos que se esté

considerando el pago de servicios

ambientales como elementos para la

negociación de problemas de

contaminación de aguas transfronterizas.

Deben considerarse, en su lugar, los

principios modernos sobre aguas

internacionales como el enfoque de

Cuencas Compartidas deben ser adoptados

y aplicados en el manejo sustentable y

compartido de las aguas transfronterizas.

Si ya somos una región empobrecida y

altamente vulnerable, debemos promover

políticas de inversión que dignifiquen a la

persona humana, en lugar de

empobrecerla y despojarla.

Los pueblos mesoamericanos estamos

alzando la voz contra la injusticia inherente

al modelo extractivista y recalcamos la

urgencia de un cambio de racionalidad

hegemónica. Si ya somos una región

empobrecida y altamente vulnerable,

debemos promover políticas que

dignifiquen a la persona humana, en lugar

de empobrecerla y despojarla.

¡Alto a la minería metálica en

Mesoamérica!

¡Alto a la mina Cerro Blanco!

¡Sí a la vida!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

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LLAA MMEESSAA DDEE AAGGUUAA

LUIS FRANCISCO LÓPEZ. ContraPunto.

Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la

estupidez humana. Y no estoy tan seguro

de la primera. Albert Einstein

SAN SALVADOR. La reciente afirmación de

ANEP en voz de uno de sus histriones,

según la cual el proyecto de Ley General de

Aguas “busca expropiar tierras para que

sean cultivadas por ALBA Alimentos”, y que

en su agudeza investigativa también

relacionan con ENEPASA, lavado de dinero,

dumping y PDVSA, solo confirman la tesis

planteada por Einstein y no precisamente

la del universo!

Cuentan que después de lanzar la piedra se

hizo asesorar de un abogado ¡que destella

las mismas cualidades de su cliente! y

quien recomendó que fuera a la Fiscalía

para tratar de dar seriedad al asunto; en el

acto se aclaró hasta la saciedad que no era

una DENUNCIA sino un AVISO que

interponía conforme al Art. 264 del Código

Procesal Penal… pero… ¿Por qué no puso

una denuncia?, sucede que la ley aclara

que para el denunciante no hay

responsabilidad penal, salvo que lo

manifestado sea FALSO! Sin embargo,

abogado y cliente olvidaron que la

denuncia no está sujeta a formalidades y

que se compone de dos únicos elementos,

la identificación del denunciante y la

noticia criminal. Por tanto, este personaje

que ya había difamado, ahora en su

desesperación por salir ileso comete otro

delito, la Denuncia Calumniosa (Art. 303

CP). Sirva este antecedente para ver que

tipo de gente es la que está interesada en

la apropiación del agua!

El Bloque Privatizador, encabezado por

ANEP intenta de boicotear la aprobación

de la Ley General de Aguas, pues ningún

proyecto de los que se encuentran

discutiendo mercantiliza el agua; por ello,

dieron vida a un ente llamado “Mesa de

Agua” cándido nombre bajo el cual se

encubren los más oscuros intereses en

torno a la privatización del agua; empero,

les fue difícil articular un discurso que

sonara coherente, en razón a ello, lejos de

fortalecerse a la Mesa se le caen patas;

pues quienes al inicio participaban de

buena fe, al percatarse que su interés en el

agua radica únicamente para que se

introduzca en el mercado, como otra

mercancía subordinada al principio

neoliberal de libertad económica y la mal

entendida competitividad, abandonan y se

desvinculan del espacio.

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Ante la imposibilidad que conformar un

espacio aglutinador con actores claves, que

dicho sea de paso era (en el papel) su único

y principal objetivo, acudieron a los

autodenominados “tanques de

pensamiento” para que les redactaran un

planteamiento capaz de oponerse a la

inminente aprobación de la ley de agua,

camino en el cual solo perdieron tiempo,

pues los tanques no dispararon el anhelado

discurso coherente y propio, de hecho no

disparan nada desde 2008, año en que se

atrofiaron teóricamente. En otras palabras,

frente a una vergonzosa pero innegable

incapacidad, optaron por lo que bien saben

hacer, pagaron un consultor internacional

para que les escriba un guion capaz de

sobrellevar esta ofensiva, en la cual no

tienen ejercito, pero sí mucho dinero.

Según cuentan el guion está hecho, el

experto internacional recomendó alinear el

Bloque Privatizador, ahí estarán CASALCO,

ASI, FUSADES, GWP, FUNDE,

SALVANATURA, quienes deberán

manejarse con el discurso de agua como un

recurso hídrico, vital para la productividad

y crecimiento económico; deben repetir sin

cesar que la competitividad rechaza la

regulación y prefiere incentivos (si es

dinero efectivo mejor); bajo la bandera de

Gestión Integral, deberán garantizar

adueñarse de puestos de decisión,

excluyendo al Estado e incrustando a la

ANEP como supremo garante del Derecho

Humano al Agua y la Participación

Ciudadana; tendrán que evitar que el

abastecimiento de agua para la poblacional

y la sustentabilidad de ecosistemas se

sobreponga al uso industrial o comercial;

esas son las líneas gruesas. Su táctica

consiste en impedir la reforma

constitucional por el derecho humano al

agua y en alargar la discusión de la Ley

General de Aguas en la Asamblea

Legislativa, lo suficiente para que sea

absorbida por la campaña electoral, ahí

junto a ARENA y otras cajas de resonancia

corearán descréditos a la ley, vinculándola

al FMLN, ALBA, Hugo Chávez, Fidel Castro y

otros demonios!

En este espacio desmitificaremos cada uno

de sus argumentos, pero como hoy se

discute el tema de la autoridad del agua,

vale atender este punto dada la coyuntura.

El Bloque Privatizador, ha girado

instrucciones precisas a ARENA para

demandar la creación de una entidad

autónoma, marginando al Ministerio del

Ambiente y tildándole de incapaz, pero en

realidad pretenden que la nueva entidad

carezca de visión ambiental, buscan que en

la nueva institución autónoma, se imponga

la cosificación del agua regida bajo un

modelo extractivista privatizador. Para que

ello acontezca, concurrirán a garantizarse

los puestos suficientes en la Junta

Directiva, ahí donde se recetan jugosas

dietas.

Por fortuna, esta propuesta cae en un

momento donde recién se destapa la

cloaca fraguada en la intimidad de una

Institución Autónoma, denominada

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río

Lempa (CEL), y aun cuando perjuren, que

no volverán a hacer gala de su

incompetencia para llamar al “socio

transnacional estratégico” que administre

el agua, bajo un contrato que capitalice

acciones por inútiles que sean hasta

terminar adueñándose del agua, el pueblo

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les dirá que la amistad termina donde la

desconfianza empieza!

Si la Mesa de Agua en puridad busca

actores claves o si en realidad tienen

propuesta técnica, les invito a debatir en

público, frente a las comunidades que

jueves a jueves llegan a la Asamblea a

exigir la pronta aprobación de la ley, y por

favor, paguen una barra de niños yupi al

estilo mareados por la democracia, para

que no solo llegue el mismo pelón de

siempre…

Al pueblo y gente bien intencionada, pido

una última reflexión, nivel mundial la

escasez de agua afecta en la actualidad a

unos 700 millones de personas en 43

países, cifra que podría incrementar a más

de 3.000 millones hacia 2025. En nuestro

país estamos al borde del estrés hídrico y

conforme al V Censo de Población y

Vivienda (2007) efectuado por la DIGESTYC,

solo el 86% de hogares en el área urbana

cuentan con conexión dentro de la

vivienda; mientras, en el área rural se tiene

un 51% de cobertura, significando que

muchos hogares no tienen una conexión

directa de agua potable, por ello la batalla

por el agua es una lucha política, en la que

hay que tomar partido!

CCAAPPIITTAALL FFIINNAANNCCIIEERROO YY CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO

Por Alejandro Nadal. La Jornada

Las fuerzas del capital financiero harán

muy difícil frenar el cambio climático.

Algunos dicen que la estructura del sector

financiero no facilitará la transición a una

economía baja en carbono. El problema es

más grave: el sistema financiero es un

potente obstáculo para prevenir una

catástrofe derivada del calentamiento

global.

Para apreciar los alcances del peligro es

importante recordar algunos datos. En la

actualidad, la concentración de dióxido de

carbono (CO2) en la atmósfera alcanza las

394 partes por millón (ppm). El CO2 es el

gas de efecto invernadero más común (no

es el único, ni el más potente). Los modelos

más desarrollados sobre cambio climático

indican que sólo por debajo de las 450 ppm

de CO2 se tiene una alta probabilidad de

mantener el incremento de temperatura

dentro del rango de los dos grados

centígrados. Los científicos consideran que

ese umbral no debe ser rebasado si se

quiere evitar un cambio climático

catastrófico.

Estudios científicos consideran que para

aumentar significativamente la

probabilidad de permanecer por debajo de

dicho umbral la economía mundial debe

limitar sus emisiones para el periodo 2000-

2050 a 886 gigatoneladas de dióxido de

carbono (GtCO2). En la primera década del

siglo se emitieron 321 GtCO2, así que ya

solamente nos queda un volumen

disponible de 565 gigatoneladas para el

periodo 2010-2050.

Datos de la organización Carbontracker

Initiative revelan que si se extrajeran y

quemaran las reservas mundiales

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a7

conocidas de combustibles fósiles (carbón,

petróleo y gas) tendríamos emisiones

superiores a las 2 mil 795 GtCO2. Es decir,

esas reservas contienen cinco veces más

carbono que el tope arriba mencionado de

565 GTCO2. Extraer y usar esas reservas

podría llevar la concentración de CO2 en la

atmósfera a las 700 ppm, lo que cambiaría

el planeta tal y como lo conocemos.

Ahora bien, las reservas de combustibles

fósiles de las 200 empresas más

importantes de carbón, petróleo y gas en el

mundo (empresas que cotizan en bolsas de

valores) tienen reservas con un potencial

de carbono de 745 GtCO2. Es decir, si estas

empresas extraen y queman sus reservas

estaríamos rebasando con 180 GtCO2 el

volumen que nos queda disponible para el

periodo 2010-2050 (las 565 GtCO2 arriba

mencionadas). El problema es todavía más

serio porque estas cifras no incluyen a las

empresas estatales y tampoco toman en

cuenta las gigantescas reservas de gas

natural de los esquistos en Estados Unidos

y numerosos otros países.

El problema es que las reservas detentadas

por estas compañías se encuentran

asentadas en sus libros y hojas de balance

con un enorme valor monetario. Un avalúo

de estas empresas asume que esas

reservas serán efectivamente realizadas, lo

que significa que serán extraídas y

utilizadas. Desde el punto de vista contable

a nadie le importa un pepino si la

utilización de esas reservas es suficiente

para sobrepasar el peligroso umbral de los

dos grados centígrados. El cambio climático

no es un concepto contable.

Para decirlo de otro modo, si existiera una

autoridad capaz de aplicar la restricción de

las 565 GtCO2 para los próximos cuarenta

años, estas compañías solamente podrían

quemar unas 150 GtCO2. El resto, carbono

no inyectado a la atmósfera, serían activos

sin valor y se traducirían en pérdidas

colosales para los inversionistas que han

comprometido recursos en esas empresas.

Esas 200 empresas del mundo de la energía

fósil tienen un valor en bolsa equivalente a

7.42 billones (castellanos) de dólares. Los

países con mayor potencial de gases

invernadero en las reservas de compañías

que cotizan en bolsa son Rusia, Estados

Unidos y el Reino Unido. Y en las bolsas de

valores de Londres, Sao Paulo, Moscú,

Toronto y del mercado australiano hasta 30

por ciento de la capitalización de mercado

está vinculada a combustibles fósiles.

Estamos en presencia de un conflicto de

dimensiones históricas: de un lado está la

comunidad científica advirtiendo no

quemar esas reservas de combustibles

fósiles y del otro están las empresas e

inversionistas que tienen interés en realizar

sus activos (extraer y usar esas reservas).

¿Quién prevalecerá? En los últimos 30

años, el sector financiero del mundo ha

sido capaz de dominar a la política

macroeconómica. En efecto, las

prioridades de la política monetaria y fiscal

del mundo entero responden hoy (incluso

en medio de la crisis) a las necesidades del

capital financiero. ¿Por qué tendría que ser

distinto en el ámbito de la política sobre

cambio climático?

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a8

En la actualidad carecemos de un régimen

regulatorio internacional que permita

pensar que la economía mundial podrá

reducir su huella de carbono en la

atmósfera a la velocidad que se requiere. El

Protocolo de Kioto es una entelequia y lo

único que queda es un ‘compromiso’ para

llegar a un acuerdo en 2015 que deberá

entrar en vigor en 2020. En el sector

financiero anidan fuerzas que se opondrán

con todo a un acuerdo que evite el peligro

del cambio climático catastrófico.

OOTTRROO MMUUNNDDOO EESS PPOOSSIIBBLLEE,, OOTTRRAA EECCOONNOOMMÍÍAA EESS PPOOSSIIBBLLEE

Henry Mora. ALAI.

"Una «economía para la vida», aunque

parte del carácter multidimensional y

complejo de la vida humana, la analiza en

función de las condiciones de posibilidad

de esta misma vida a partir de la

reproducción y el desarrollo pleno de “las

dos fuentes originarias de toda riqueza”: el

ser humano en cuanto sujeto productor

(creador) y la naturaleza externa (medio

ambiente), “madre” de toda riqueza

social."

Indudablemente, “otro mundo es posible”,

aunque cuando decimos “otro mundo” nos

referimos en realidad a muchos otros

mundos en este mundo: un mundo que

contenga muchos mundos. “Otro mundo

es posible” es el mundo en el cual quepan

todos los seres humanos, por tanto, la

naturaleza también, porque el ser humano

es un ser natural, corporal. “Otro mundo es

posible” es la sociedad en la cual cada uno

pueda realizar su propio proyecto de vida,

con la seguridad de una vida digna con

base en su trabajo (no necesariamente,

asalariado). Que el ser humano sea libre

como sujeto en comunidad, y la comunidad

es, en última instancia, la humanidad.

Se trata, además, de la concepción de un

mundo en el cual quepan diferentes

culturas, naciones, razas, etnias, géneros,

preferencias sexuales, etc. Esto

complementa el lema del Foro Social

Mundial: “Otro mundo es posible”, y

expresa un humanismo concreto frente a

las homogeneizaciones de los humanismos

abstractos. Tanto el capitalismo como el

socialismo histórico han prometido una

solución homogénea y universal para la

totalidad de la humanidad. En un caso, el

automatismo del mercado (la gran utopía

de la sociedad burguesa), y en el otro el

automatismo de su abolición (la gran

utopía del comunismo en cuanto que

sociedad finalista). No obstante, ambos

vinculan su solución con la vigencia de un

progreso técnico ilimitado e irrestricto y

con la promesa de un futuro esplendoroso

pero indefinido, derivado de su magia.

La respuesta necesaria al mundo

dominante en la actualidad, con su

afirmación de que no existe alternativa,

sólo puede ser la de que “otro mundo sí es

posible”. No obstante también esta

respuesta se puede vaciar, si no se dice qué

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mundo es aquel del cual decimos que sí es

posible. Porque cabe la posibilidad de

mundos incluso peores que el mundo

actual al cual nos enfrentamos. Por eso,

cuando hablamos de un mundo en el cual

quepamos todos hay que aclarar de qué

mundo se trata. En particular, esto no

significa que “todo” quepa, pues

precisamente para que quepamos todos y

todas (seres humanos y naturaleza), hay

mucho que no tiene cabida. En especial, no

cabe la actual estrategia de acumulación

de capital, llamada globalización, que los

gobiernos de los países centrales imponen

por medio del Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial y la

Organización Mundial del Comercio, y los

propios gobiernos neoliberales. Para que

todos quepamos, hace falta excluir esta

estrategia.

Una sociedad en la cual quepamos todos

implica una ética universal, aun así no dicta

pretendidos principios éticos

universalmente válidos; no prescribe

normas universalistas generales ni

determinadas relaciones de producción

universalmente válidas. No pretende saber

cuál forma de sociedad es la única

acertada, ni sostiene saber cómo es

factible hacer felices a los seres humanos a

partir de cierto orden social. No se

promete ningún paraíso. Frente a los

principios universalistas de sociedad, la

exigencia de una sociedad en la cual

quepan todos es más bien un criterio de

validez universal sobre la pretendida

validez de tales principios de sociedad. No

es posible sustentar este criterio por

principios abstractos, como la tasa de

crecimiento del producto social o la tasa de

ganancia del capital. Sin embargo se trata

de un criterio universalista, es el

universalismo del ser humano concreto.

Ahora bien, un mundo en el cual quepan

todos no es un proyecto y tampoco

directamente una meta factible de la

acción. Es, podríamos decir, una idea

regulativa de la acción (un imperativo

categórico de la razón práctica, de la acción

concreta), una «utopía necesaria» que ha

de penetrar la realidad de forma

transversal. Como utopía no es en sí misma

factible, es un principio orientador básico,

aunque radical. Es una finalidad, no un fin.

Tampoco es un axioma del cual se

deduzcan los subsiguientes pasos a seguir,

como si se tratara de una secuencia lógica

(principalismo abstracto) o de una

aplicación tecnológica (razón instrumental

medio-fin). No es un modelo de sociedad,

pero sí, una dimensión, la más general, de

la referencia a la crítica de la sociedad de

hoy.

La especificidad de una economía para la

vida

Una «economía para la vida», aunque

parte del carácter multidimensional y

complejo de la vida humana, la analiza en

función de las condiciones de posibilidad

de esta misma vida a partir de la

reproducción y el desarrollo pleno de “las

dos fuentes originarias de toda riqueza”

(Marx): el ser humano en cuanto sujeto

productor (creador) y la naturaleza externa

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(medio ambiente), “madre” de toda

riqueza social (Petty).

Y no se ocupa solamente del «contenido»

de la riqueza social (los valores de uso en

cuanto que satisfactores de necesidades

humanas), ignorado por la teoría

económica ortodoxa; sino sobre todo, de

las condiciones que hacen posible la

reproducción y el desarrollo de esta

riqueza social y, por consiguiente, la

reproducción y el desarrollo de sus “dos

fuentes originarias”. Pero también analiza

la «forma social» de esta riqueza (por

ejemplo, la mercancía capitalista) y su

impacto en la reproducción de las

condiciones de posibilidad de la vida

humana.

Por ello, la corporalidad del sujeto

concreto [hombre, mujer, negro(a),

blanco(a), indio(a), mestizo(a),

campesino(a), asalariado(a), anciano(a),

niño(a), migrante, trabajador(a) por cuenta

propia, desempleado(a), etc.]; resulta ser

un concepto clave para una economía

orientada hacia la reproducción de la vida;

que no puede limitarse a la «cuestión

social», por más importante que esto sea.

Y no se trata únicamente de la

corporalidad del individuo, sino de la

corporalidad del sujeto en comunidad. La

comunidad tiene siempre una base y una

dimensión corporal. Se trata del nexo

corporal entre los seres humanos y de

estos con la naturaleza. Toda relación entre

los seres humanos tiene necesariamente

esta base corporal y material, en la cual

diariamente se juega la vida o muerte de la

gente: su sobrevivencia, su actuar en

comunidad, sus condiciones de existencia.

Podemos llamar a esta red de relaciones

sociales o socio-naturales (entre los seres

humanos y de estos con la naturaleza),

Sistema de Coordinación del Trabajo Social;

y en cuanto especificación de la actividad

humana a partir del trabajo lo podemos

comprender como integrado por dos

subsistemas interdependientes y

superpuestos:

1. El subsistema de la división social del

trabajo orientado a la producción de los

valores de uso que hacen posible la vida de

los sujetos productores, esto es, el sistema

interdependiente de la división del trabajo

que produce los bienes materiales de la

sociedad. Es el «trabajo productivo»,

trabajo productor de la riqueza producida.

Más que un subsistema, es el esqueleto, la

columna vertebral de la coordinación del

trabajo social.

2. El subsistema de la reproducción de las

condiciones materiales que hacen posible

la vida humana: i) la reproducción de la

propia base económica (“aparato

productivo”), ii) la reproducción de la

infraestructura ecológica y, iii) la

reproducción de la propia vida humana y

de las relaciones sociales y los modos de

convivencia entre los seres humanos. Es el

«trabajo reproductivo», trabajo de

reproducción y regeneración de las fuentes

originarias de toda riqueza humana: el

propio ser humano y la naturaleza.

A su vez, este segundo subsistema (que

ontológicamente contiene al primero), lo

podemos analizar desde una doble

perspectiva:

2.1 Como reproducción de la naturaleza

externa al ser humano, en la medida en

que ésta es asimilada, modificada y

transformada por la actividad humana.

Implica el conocimiento, la preservación, el

cuido y el respeto de los ciclos y equilibrios

de la naturaleza;

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1

2.2 Como reproducción de la propia vida

humana: procreación, crianza, cuido,

manutención, trabajo familiar doméstico,

educación, socialización, afectividad,

convivencia (al interior de la tribu, el clan,

la familia u otras instituciones más

recientes como la escuela, el gremio, la

comunidad, la empresa, etc.).

Se trata en efecto de sistemas

interdependientes y superpuestos. Así por

ejemplo, muchas de las actividades del

trabajo doméstico y de cuido requieren

valores de uso provenientes del sistema de

división social del trabajo, al tiempo que

éste no puede subsistir sin el trabajo

doméstico y de cuido (reproducción de la

fuerza de trabajo, entre otros aspectos).

Igualmente, la preservación y cuido de la

Naturaleza también necesita de valores de

uso suministrados por el sistema de

división social del trabajo y éste, claro está,

exige la continua reproducción de aquella.

También tenemos interacciones e

imbricaciones entre los dos subsistemas

que delimitan la reproducción de las

condiciones materiales de la vida.

Por eso, una «Economía para la Vida» es el

análisis de la vida humana en la producción

y reproducción de la vida real y sus

condiciones de existencia, y la expresión

“normativa” de la vida real es el derecho

de vivir. Lo que es una Economía para la

Vida (en cuanto disciplina teórica), puede

por tanto resumirse así: Es un método que

analiza la vida real de los seres humanos en

función de esta misma vida y de la

reproducción de sus condiciones

materiales de existencia (económicas,

ecológicas y culturales). Este criterio de

discernimiento se refiere a la sociedad en

su conjunto y rige asimismo para la

economía.

EECCOOBBRREEVVEESS

AARRGGUUMMEENNTTOO CCOONNTTRRAA EELL CCAAFFTTAA

Leonel Herrera. ARPAS

La Asociación de Proveedores Agrícolas

(APA) y la Cámara Americana de Comercio

(AmCham) han puesto el grito en el cielo

porque el gobierno le compra la semilla

para los paquetes agrícolas a cooperativas

salvadoreñas, y no a multinacionales como

Monsanto.

Según la APA y AmCham, el decreto del

Ministerio de Agricultura y Ganadería

(MAG), que favorece a los productores

nacionales frente a las compañías

extranjeras, violenta el Tratado de Libre

Comercio entre Centroamérica y Estados

Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés).

La queja es porque, según el CAFTA, los

gobiernos deben dar a las empresas

extranjeras el mismo trato que las

nacionales. Es el llamado principio de

“trato nacional a empresas extranjeras”,

que limita las políticas sectoriales y

subsidiarias con las cuales los Estados

promueven la producción propia

.

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Esto confirma las consecuencias negativas

del CAFTA en el ámbito de las políticas

públicas, la autodeterminación y la

soberanía. Resulta que, bajo este principio,

el gobierno salvadoreño está obligado a

tratar de igual manera a las pequeñas

cooperativas agrícolas y a Monsanto.

Otro efecto nocivo del CAFTA lo generan

las disposiciones sobre inversiones y

resolución de controversias entre los

Estados y las transnacionales. Bajo estos

criterios el país ha sido demandado por las

mineras Pacific Rim y Commerce Group, en

el Centro Internacional de Arreglo de

Diferencias sobre Inversiones (CIADI).

En este caso, el gobierno –con el propósito

de evitar un desastre ecológico– no ha

permitido la explotación minera y ha

negado los permisos a las mineras. Sin

embargo, esto está prohibido por el CAFTA

debido al principio de expropiación

indirecta.

El CAFTA considera expropiación indirecta

cualquier política pública (de protección

ambiental, laboral, de salud, etc.) que

perjudique las ganancias o las expectativas

de ganancias de las empresas.

Cuando el CAFTA estaba en discusión, las

organizaciones populares advirtieron sobre

los efectos nocivos que se tendrían con la

aplicación de los principios de “trato

nacional a empresas extranjeras”,

“expropiación indirecta”, “trato de nación

más favorecida”, entre otros, pero el

entonces presidente Antonio Saca y la

derecha legislativa no hicieron caso.

Ojalá que los evidentes daños del CAFTA,

ahora imposibles de negar, sean tomados

en cuenta por los magistrados de la Sala de

lo Constitucional ahora que analizan una

demanda de inconstitucionalidad al

respecto.

FFOORROO DDEE AAGGUUAA RREECCHHAAZZAA IINNCCLLUUSSIIÓÓNN DDEE AANNEEPP EENN CCOONNAAGGUUAA

Redacción Diario Co Latino

Representantes del Foro del Agua y de

diversos municipios del país rechazaron la

posible entrada de la Asociación Nacional

de la Empresa Privada (ANEP) en la

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

“Rechazamos la incorporación de la ANEP

en la CONAGUA; porque se le quite la

visión de ente público, deja una mala señal,

pues los empresarios son sujetos de

regulación en la ley, por lo tanto, al entrar

se volverían juez y parte”, dijo Carlos

Flores, del Foro.

En 2006, el Foro presentó a la Asamblea

Legislativa un proyecto de la Ley General

de Aguas, tras seis años, el Ministerio de

Medio Ambiente y Recursos Naturales

(MARN) hizo una nueva propuesta a las y

los legisladores.

En ambos proyectos se plantea la

necesidad inmediata de que el país tenga

una normativa que defina la

institucionalidad, disposiciones,

procedimientos e instrumentos para

ordenar y regular la gestión sustentable de

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los recursos hídricos de El Salvador,

“promoviendo el acceso al agua como un

Derecho Humano fundamental y como un

bien común para toda la población

salvadoreña bajo el principio de una vida

digna con calidad”, indicó el Foro a través

de un comunicado.

Flores dijo que hay una discusión sobre los

citados anteproyectos, pero esta es lenta

porque hay un estancamiento deliberado

promovido por el partido Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA), que

también está promoviendo que ANEP se

una a la Comisión.

Según el ambientalista, esto sólo responde

a intereses económicos para beneficiar a

los grupos poderosos del país.

“Denunciamos las acciones de burla del

partido ARENA, influenciados por la ANEP.

ARENA incorpora a ANEP como miembro

de la sociedad civil, en representación de

nuestras organizaciones sociales, esa fue la

inclusión que se hizo el pasado martes,

nosotros como Foro rechazamos

enérgicamente la participación de la

empresa privada en el ente regulador”,

recalcó.

Aseguró la empresa privada es de los

sectores que más contaminan el país,

causan deterioro ambiental y tienen

injerencia en la problemática ambiental

actual. “La ANEP ha rechazado que en

otros cuerpos legales, se actué así, porque

dicen que ninguna instancia pública se

puede ser juez y parte, pero ellos sí pueden

serlo en el tema del agua. Si los incluye

ARENA es dar pie a que se continúe con la

injusticia, con la inequidad y que se

promueva un proceso de privatización

donde la empresa privada se siga robando

el agua en el país”, concluyó.

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS DDEE UUSSUULLUUTTÁÁNN PPIIDDEENN CCOOMMIISSIIÓÓNN EESSPPEECCIIAALL PPAARRAA IINNVVEESSTTIIGGAARR EENNEELL --

LLAA GGEEOO

Zoraya Urbina. Redacción Diario Co Latino

Comunidades de la Coordinadora por la

Defensa de la Subcuenca del Río San

Simón, del Norte de Usulután, pidieron a la

Asamblea Legislativa que forme una

comisión especial para que investigue el

contrato suscrito en el Gobierno de

Francisco Flores, entre Enel y La Geo.

“Pedimos a la Asamblea que cree una

comisión para que investigue en qué

condiciones se hizo el contrato entre La

Geo y Enel. A nosotros nos afecta, desde

2002 estamos denunciando a la empresa

La Geo, de generar situaciones de riesgo en

la zona, contaminan el agua y generan

problemas a la salud”, dijo Alma Orellana,

del Observatorio Ciudadano de Políticas

Públicas de la zona norte y de la

Coordinadora.

Las y los pobladores estuvieron

acompañados por la Red de Ambientalistas

en Acción; la Fundación de Estudios para la

Aplicación del Derecho (FESPAD) y la

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que

expusieron que desde hace años, los

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habitantes de la zona han pedido a la

empresa que responda por los daños

provocados al Medio Ambiente, los

impactos sociales y económicos negativos

para el lugar, pero no han tenido

respuesta.

Asimismo, expresaron su rechazo

categórico al acuerdo que permitió que la

trasnacional italiana se convirtiera en socia

estratégica de La Geo, “es una burla y una

amenaza a los pobladores y pobladoras de

la zona que por años hemos recibido los

impactos del accionar de esta empresa

pública”, manifestaron.

“Pedimos también que se deduzcan las

responsabilidades que tuvieron los

funcionarios en el acuerdo, porque aunque

es una empresa de economía mixta, al

final, se quieren enriquecer con los bienes

del Estado”, dijo Zenayda Serrano, de

FESPAD.

Demandaron que se cite al ex Presidente

Francisco Flores Pérez, a Miguel Lacayo,

José Antonio Rodríguez, Guillermo Sol Bang

y a todos los que pueden estar

involucrados en la posible defraudación

pública para que den explicaciones a la

Asamblea.

También pidieron que el órgano legislativo

“revise el contrato, tomando en cuenta el

fallo que emitió la Sala de lo Constitucional

de la Corte Suprema de Justicia, que

establece la inconstitucionalidad de los

artículos de la Ley de la SIGET

(Superintendencia General de Electricidad

y Telecomunicaciones) que la autorizaban a

otorgar concesiones”.

Pidieron que, como comunidades

afectadas, se les tome en cuenta y se les

permita exponer todos los impactos

negativos que les ha causado el

funcionamiento de la empresa en el

territorio. Finalmente, indicaron que los

recursos energéticos deben ser

administrados por el Estado y no por

trasnacionales.

@UNES_ElSalvador