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RRRRevista evista evista evista EcoEcoEcoEcotopía topía topía topía 333322228888 UNES: 26 años de Lucha
Ambientalista
por una Sociedad Justa y Sustentable
En esta edición:
-Solidaridad con Bradley Manning, Julian Assange y Edward Snowden
-Articulacion continental de los movimientos sociales hacia el ALBA.
-Posicion de la Unidad Ecologica Salvadoreña -UNES- ante la inminente ratificacion del
Acuerdo de Asociacion con la Union Europea.
-La farsa del libre comercio. Por Joseph E. Stiglitz.
-Reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD-Plus y su incidencia
negativa.
ECOBREVES
-Gobierno reprueba en materia ambiental.
-Agro tóxicos amenazan la salud en municipios en pobreza extrema. Por Gloria Silvia
Orellana. Redacción Diario Co Latino.
Primera quincena de julio de 2013.
SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD CCOONN BBRRAADDLLEEYY MMAANNNNIINNGG,, JJUULLIIAANN AASSSSAANNGGEE YY EEDDWWAARRDD SSNNOOWWDDEENN
A los gobiernos de Europa
Al pueblo de Latinoamerica
Al gobierno de Estados Unidos
A nuestros amigos Bradley Manning, Julian
Assange y Edward Snowden,
Los movimientos sociales de
Latinoamérica, articulados para construir
un proyecto popular para nuestros
pueblos, que combatimos todas las formas
de opresión y de dominación imperialista,
sobre cualquier persona y sobre cualquier
pueblo, queremos manifestar que estamos
acompañando con mucho interés la
situación de los compañeros Bradley
Manning, Julain Assange y Edward
Snowden que, poniendo en riesgo su
propia vida, denunciaron, desde adentro
de los imperios, la forma como el poder
económico y militar utiliza las
informaciones e internet, para vigilar,
perseguir, y oprimir personas, gobiernos y
organizaciones populares.
Estamos muy orgullosos de su coraje y
desprendimiento, de enfrentar a esos
intereses del imperio.
Estamos vigilantes por sus vidas y su
integralidad
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Exigimos que la comunidad internacional
garantice la seguridad para ustedes y sus
familiares.
Por otro lado, queremos saludar y expresar
nuestro más rotundo apoyo a los gobiernos
de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela,
que han puesto en práctica el principio de
solidaridad que defendemos en el ALBA y
ofrecieron asilo a Assange en su momento
y ahora a Snowden. Ustedes
representaron la voluntad de todo el
pueblo latinoamericano y por ello los
felicitamos. Snowden y Assange, son
bienvenidos a Latinoamérica, por todo el
pueblo.
A su vez queremos manifestar a toda la
opinión publica de Estados Unidos y del
mundo entero el pedido de inmediata
liberación del soldado Bradley Manning por
parte de las fuerzas militares de los Estados
Unidos ya que su único delito, fue el de
haber seguido su consciencia y denunciar
las articulaciones diabólicas del imperio,
que utiliza los Drones, y los servicios de
inteligencia solamente para perseguir y
matar. Recordamos a toda la comunidad
internacional, que en los últimos cinco
años, Estados Unidos mató a más de dos
mil personas, sin ningún juzgamiento, en
solamente 4 países árabes, utilizando los
aviones no tripulados, conocidos como
Drones y utiliza los servicios de inteligencia
y el espionaje por internet para localizar
sus "enemigos" y después asesinarlos, sin
ningún derecho a defensa.
Por todo lo antes mencionado
manifestamos:
Toda nuestra solidaridad y apoyo a los
gobiernos de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y
Venezuela.
Toda nuestra solidaridad y apoyo a
Bradley, Assange y Snowden
ARTICULACION CONTINENTAL DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES HACIA EL ALBA
PPOOSSIICCIIOONN DDEE LLAA UUNNIIDDAADD EECCOOLLOOGGIICCAA SSAALLVVAADDOORREEÑÑAA-- UUNNEESS-- AANNTTEE LLAA IINNMMIINNEENNTTEE
RRAATTIIFFIICCAACCIIOONN DDEELL AACCUUEERRDDOO DDEE AASSOOCCIIAACCIIOONN CCOONN LLAA UUNNIIOONN EEUURROOPPEEAA
La UNES, ante la inminente ratificación del
Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, al pueblo salvadoreña expresa:
Que tal como lo demandaban funcionarios
de la Unión Europea, la Asamblea
Legislativa se dispone a aprobar de manera
obediente y unánime, en la sesión plenaria
de hoy, el AdA entre Centro América y la
Unión Europea, terminando con este acto
el proceso de ratificación en los órganos
legislativos centroamericanos. De forma
irresponsable y demagógica los diputados y
funcionarios del actual del gobierno
expresan los mismos argumentos con los
cuales sus antecesores publicitaban el
CAFTA DR.
No nos queda dudas de que hoy será día de
fiesta para empresas transnacionales como
Calvo, Enel, Astaldi, Telefónica, Barcelo.
Con menos glamour también celebraran la
Anep, Fusades, Asi, entre otros. Ellos si
tienen muchas razones para celebrar.
Ante este nuevo evento trágico para
nuestro país y región, de pérdida de
soberanía nacional, reiteramos nuestro
total rechazo a este acuerdo, y reiteramos
que el AdA es la continuidad y
profundización del modelo neoliberal que
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está en crisis por todos lados, incluyendo
en casi toda Europa; caracterizado por las
medidas de desregulación, liberalización
comercial y predominio del capital
trasnacional, trae beneficios solamente
para las grandes empresas nacionales y
transnacionales; y alimenta la precariedad,
pobreza y exclusión para la mayoría de la
población.
El modelo neoliberal, que es la versión
actual del capitalismo salvaje, a pesar de su
notorio fracaso, se nos plantea de nuevo
con este tipo de tratados o acuerdos como
el mecanismo ideal para alcanzar el
desarrollo, cuando la esencia del mismo es
facilitarle a empresas transnacionales la
explotación de los recursos naturales;
entregarles mansamente el acceso a
materias primas y bienes naturales
fundamentales, como el agua, la
biodiversidad, y el acceso a los minerales.
Desnudando las bondades prometidas por
sus impulsadores, en El Salvador y los
demás países de Centroamérica, los
tratados de libre comercio vigentes no han
mejorado la calidad de vida de la
población; por el contrario, acentúan las
carencias sociales, la exclusión y la
pobreza, y abortan el necesario proceso de
integración y unidad de nuestros pueblos.
Como está acordado el AdA, el
componente comercial no respetará las
profundas asimetrías que existen entre los
países centroamericanos y los de la Unión
Europea. No existe un reconocimiento a la
débil y fragmentada economía, ni mucho
menos hace énfasis en la desigual
distribución de la riqueza e ingresos que
existen en la mayoría de países (no
establece un trato especial y diferenciado
en las relaciones de mercado).
Al entrar en vigencia, la Unión Europea
podrá presionar por la liberalización de los
servicios públicos, como el abastecimiento
de agua, energía, salud y educación; y el de
privatización mediante concesiones de
bienes naturales como playas, ríos,
territorios, entre otros.
El AdA no establece mecanismos claros
para una protección efectiva de los
derechos humanos y laborales, ni de las
normas ambientales. El AdA ignora los
derechos humanos más elementales de los
migrantes centroamericanos en sus países.
Uno de los componentes del AdA, el de
diálogo político, está plenamente
supeditado al desarrollo del aspecto
comercial, que de por sí, deja en claro la
orientación empresarial que tendrá dicho
intercambio. En este ámbito, se desvirtúa
por completo el diálogo político que se
inició en el proceso de finalización de las
guerras en Nicaragua, El Salvador y
Guatemala en los años 80s y 90s, y se
retrocede de lo alcanzado en la agenda
planteada en el Acuerdo de San José y
ratificada en los posteriores procesos
establecidos en las cumbres de presidentes
y jefes de estado a lo largo de las últimas
décadas.
En el otro componente, el de cooperación
se ha perdido la tendencia humanista y
democrática que hasta hace pocos años la
Unión Europea promovía hacia nuestros
países demandantes de paz,
sustentabilidad, justicia, seguridad,
equidad y democracia. La cooperación que
se propone en el AdA está orientada
principalmente a consolidar el pilar
comercial del mismo.
Más allá del efímero impacto ilusionista de
los discursos que se darán hoy en el pleno
legislativo, estamos convencidos que el
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AdA, al igual que el CAFTA DR,
inevitablemente contribuirá a generar más
pobreza, incrementará la pérdida de
soberanía de nuestros pueblos y la falta de
procesos democráticos; a estrangular los
espacios de participación política;
fragmentara más a la región; y
profundizara el desempleo, la inseguridad
pública, el hambre, la falta de acceso a los
servicios sociales más elementales para
una vida digna, la vulnerabilidad política y
ambiental y el incremento de la migración
forzada por razones económicas y
ambientales.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a
continuar luchando contra este sistema y
modelo que engreda exclusión social y
destrucción ambiental, a seguir a
profundizar las alianzas políticas en la
región, a fortalecer el movimiento social
latinoamericano, y ampliar las relaciones
solidarias entre los movimientos sociales y
pueblos centroamericanos y europeos; a
seguir trabajando con la esperanza y
disposición de construir el Otro mundo
posible que necesitamos.
San Salvador, 4 de julio de 2013.
LLAA FFAARRSSAA DDEELL LLIIBBRREE CCOOMMEERRCCIIOO
Joseph E. Stiglitz
NUEVA YORK – Aunque la Ronda de Doha
para el Desarrollo de negociaciones
comerciales mundiales de la Organización
Mundial del Comercio no ha dado
resultado alguno desde que se lanzó, hace
doce años, se está preparando otra ronda
de negociaciones, pero esta vez no tendrán
carácter mundial y multilateral, sino que se
negociarán dos enormes acuerdos
regionales: uno transpacífico y otro
transatlántico. ¿Hay más probabilidades de
que las próximas negociaciones den
resultado?
La Ronda de Doha fue torpedeada por la
negativa de los Estados Unidos a eliminar
las subvenciones a la agricultura, condición
sine qua non de cualquier ronda de verdad
para el desarrollo, en vista de que el 70 por
ciento de la población de los países en
desarrollo depende de la agricultura
directa o indirectamente. La posición de los
EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que
la OMC ya se había pronunciado mediante
una resolución sobre la ilegalidad de las
subvenciones del algodón de los EE.UU.,
que benefician a menos de 25.000
cultivadores ricos. La respuesta de los
Estados Unidos fue la de sobornar al Brasil,
que había presentado la reclamación, para
que abandonara el asunto y dejase en la
estacada a millones de cultivadores pobres
de algodón del África subsahariana y de la
India, que padecen las consecuencias de
unos precios muy bajos por la generosidad
de los Estados Unidos para con sus
cultivadores ricos.
En vista de esa historia reciente, ahora
parece claro que las negociaciones para
crear una zona de libre comercio entre los
EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y
gran parte de los países del Pacífico
(exceptuada China) no van encaminadas a
crear un verdadero sistema de libre
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comercio, sino que su objetivo es un
régimen de comercio dirigido, es decir,
para que esté al servicio de los intereses
especiales que durante mucho tiempo han
impuesto la política comercial en
Occidente.
Hay algunos principios básicos que quienes
participen en las conversaciones se
tomarán –es de esperar– en serio. En
primer lugar, todo acuerdo comercial ha de
ser simétrico. Si, los EE.UU., como parte en
el “Acuerdo de Asociación Transpacífico”
(AAP), piden al Japón que elimine sus
subvenciones del arroz, deberán, a su vez,
ofrecerse a eliminar no sólo las
subvenciones de su producción de arroz,
que es relativamente poco importante para
los EE.UU, y del agua, sino también de
otros productos básicos agrícolas.
En segundo lugar, ningún acuerdo
comercial debe colocar los intereses
mercantiles por encima de los intereses
nacionales más amplios, en particular en
los casos en que estén en juego cuestiones
no relacionadas con el comercio, como la
reglamentación financiera y la propiedad
intelectual. El acuerdo comercial de los
Estados Unidos con Chile, por ejemplo,
impide la utilización por parte de este
último de controles de capitales, pese a
que el Fondo Monetario Internacional
reconoce ahora que los controles de
capitales pueden ser un instrumento
importante de política macroprudencial.
En otros acuerdos comerciales se ha
insistido también en la liberalización y la
desreglamentación financieras, si bien la
crisis de 2008 debería habernos enseñado
que la falta de una buena reglamentación
puede poner el peligro la prosperidad
económica. La industria farmacéutica de
los Estados Unidos, que tiene una gran
influencia en el Representante Comercial
de los Estados Unidos, ha conseguido
endosar a otros países un régimen de
propiedad intelectual desequilibrado, que,
por ir encaminado a luchar contra los
medicamentos genéricos, coloca el
beneficio por encima de la salvación de
vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los
EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de
Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos
al conceder patentes sobre genes.
Por último, debe haber un compromiso con
la transparencia, pero conviene avisar a los
participantes en esas negociaciones
comerciales de que los EE.UU. están
comprometidos con una falta de
transparencia. La oficina del Representante
Comercial de los Estados Unidos se ha
mostrado reacia a revelar su posición
negociadora incluso a los miembros del
Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que
se ha filtrado, podemos entender por qué.
Dicha oficina está retrocediendo sobre los
principios –por ejemplo, el del acceso a los
medicamentos genéricos– que el Congreso
había incluido en acuerdos comerciales
anteriores, como el subscrito con el Perú.
En el caso del AAT, hay otro motivo de
preocupación. Asia ha desarrollado una
cadena de distribución eficiente, gracias a
la cual los productos pasan fácilmente de
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un país a otro en el proceso de producción
de bienes acabados, pero el AAP podría
obstaculizarla, si China permanece fuera de
él.
Como los aranceles propiamente dichos
son ya tan bajos, los negociadores se
centrarán en gran medida en los
obstáculos no arancelarios, como, por
ejemplo, los obstáculos reglamentarios,
pero la oficina del Representante
Comercial de los Estados Unidos, que
representa los intereses empresariales,
ejercerá casi con toda seguridad presiones
en pro de la norma común menos estricta,
con lo que contribuirá a una nivelación
hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por
ejemplo, muchos países tienen
disposiciones tributarias y reglamentadoras
que disuaden de la adquisición de
automóviles grandes, no porque intenten
discriminar los productos de los EE.UU,
sino porque le preocupa la contaminación
y les interesa la eficiencia energética.
El principio más general, antes citado, es el
de que los acuerdos comerciales colocan
habitualmente los intereses comerciales
por encima de otros valores: el derecho a
una vida sana y a la protección del medio
ambiente, por citar sólo dos. Francia, por
ejemplo, quiere una “excepción cultural”,
en los acuerdos comerciales que le permita
seguir apoyando sus películas, de las que
se beneficia el mundo entero. Ese y otros
valores más amplios no deben ser
negociables.
De hecho, resulta irónico que los beneficios
sociales de semejantes subvenciones sean
enormes, mientras que los costos son
insignificantes. ¿De verdad cree alguien
que una película artística francesa
representa una grave amenaza para un
gran éxito veraniego de Hollywood? Sin
embargo, la avaricia de éste no conoce
límite y los negociadores comerciales de
los Estados Unidos son implacables. Y ésa
es la razón precisamente por la que se
deben retirar esos artículos antes de que
comiencen las negociaciones. De lo
contrario, se ejercerán presiones y existe el
riesgo real de que en un acuerdo se
sacrifiquen valores básicos en pro de los
intereses comerciales.
Si los negociadores crearan un régimen de
libre comercio auténtico, en el que se
concediera a las opiniones de los
ciudadanos de a pie al menos tanta
importancia como a las de los grupos de
presión empresariales, yo podría sentirme
optimista, en el sentido de que el resultado
fortalecería la economía y mejoraría el
bienestar social. Sin embargo, la realidad
es la de que tenemos un régimen de
comercio dirigido, que coloca por delante
los intereses empresariales, y un proceso
de negociaciones que no es democrático ni
transparente.
La probabilidad de que lo que resulte de las
futuras negociaciones esté al servicio de los
intereses de los americanos de a pie es
poca; la perspectiva para los ciudadanos de
a pie de otros países es aún más
desoladora.
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RREEDDUUCCCCIIÓÓNN DDEE EEMMIISSIIOONNEESS PPOORR DDEEFFOORREESSTTAACCIIÓÓNN YY DDEEGGRRAADDAACCIIÓÓNN RREEDDDD--PPLLUUSS YY SSUU
IINNCCIIDDEENNCCIIAA NNEEGGAATTIIVVAA
Cómo rectificar la incidencia negativa de
REDD-plus en las negociaciones de cambio
climático?
Por Yvette Aguilar, críticos: Maritza Erazo y
Francisco Soto
A la luz de los serios tropiezos y amenazas
que continúan enfrentando los esquemas
de compensación económica por la
reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación, degradación de los bosques,
entre otros (conocidos dentro del ámbito
de la Convención sobre Cambio Climático
como REDD-plus), amén de su inefectividad
para la mitigación del cambio climático; los
negociadores y grupos de presión que
buscan de manera genuina redireccionar el
rumbo de las negociaciones multilaterales
hacia el logro del objetivo último del
régimen multilateral de cambio climático,
de estabilizar las emisiones mundiales a un
nivel que no sea peligroso para sostener la
vida en la tierra, se enfrentan ante el reto
de romper la inercia actual que magnifica
engañosamente el papel y contribución de
REDD-plus a la mitigación del cambio
climático.
Las actividades de los esquemas REDD-
plus, no deberían ser elegibles como
mecanismo de compensación de las
emisiones de los países desarrollados, ya
que no garantizan la mitigación efectiva del
cambio climático debido a su propia
naturaleza intrínseca, caracterizada por la
no permanencia del carbono biogénico, las
fugas y la no adicionalidad. Lo anterior,
amén de los impactos socioeconómicos y
ambientales locales atribuibles a REDD-plus
y ampliamente documentados (REDD-
monitor y Movimiento Mundial por los
Bosques Tropicales), los cuales difícilmente
podrían ser evitados por la laxitud de las
salvaguardas adoptadas para el mecanismo
REDD-plus.
Para ser efectivo dentro de un nuevo
régimen de clima, el mecanismo de REDD-
plus debería ser redimensionado y
abordado al mismo nivel y bajo los mismos
criterios técnicos y estándares
metodológicos aplicables al resto de
medidas de mitigación. Lo anterior, a fin de
abordar y tratar de manera transparente
sus falencias particulares, las cuales lo
inhabilitan como mecanismo económico de
compensación de emisiones, en el ámbito
internacional y nacional.
Para tal efecto, las estrategias nacionales
de REDD-plus deberían concebirse e
implementarse como parte de las NAMAs
en el uso y cambio de uso de la tierra, y
sujetarse a la aplicación de las mismas
reglas y modalidades adoptadas para las
otras medidas de mitigación en los
sectores energía, agricultura, industria y
desechos. Como es el caso de las
decisiones adoptadas en materia de
inventarios nacionales de GEI, registro
internacional, consulta y evaluación
internacional, sistemas de monitoreo,
notificación y verificación (MRV)
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nacional/internacional para las NAMAs,
entre otros. Asimismo, el financiamiento
para las estrategias de REDD-plus se
debería regir por las decisiones que se
adopten para las NAMAs, dentro de la
arquitectura financiera a definirse para el
Fondo Verde del Clima, dentro de la cual se
articularían las modalidades, criterios y
procedimientos más apropiados para su
financiamiento.
No menos importante es que, más allá de
las decisiones ya tomadas sobre el
mecanismo REDD-plus, los Estados de los
países en desarrollo tienen todavía la
prerrogativa de decidir de manera
soberana sobre la necesaria desvinculación
de REDD-plus de las metas cuantificadas de
reducción de emisiones de GEI a ser
adoptadas por los países desarrollados, y
sobre las modalidades de financiamiento
más apropiadas para sus NAMAs, en el
marco del nuevo protocolo, otro
instrumento jurídico o conclusión acordada
que se estaría negociando en 2015. Dichas
decisiones podrían contribuir a rectificar el
rumbo equivocado de las negociaciones
multilaterales en curso, y subsanar las
falencias de las decisiones pertinentes a
REDD-plus.
Es un hecho constatable en varios países y
regiones en desarrollo, que los gobiernos
hayan priorizado, de manera formal o de
facto, la adopción de los esquemas REDD-
plus como un instrumento central de su
política ante el cambio climático; como es
el caso de la región Centroamericana, entre
otras. Esta orientación de las políticas es un
claro reflejo del abordaje utilitario que ha
prevalecido a lo largo de las negociaciones
dentro del proceso multilateral de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, en detrimento de
la efectividad ambiental que debería regir a
las políticas y medidas a adoptarse para
frenar el ritmo y magnitud del cambio
climático mundial, que es el objetivo
último de dicho instrumento internacional.
Los ofrecimientos de supuestos recursos
financieros abundantes, frescos y de rápido
acceso, que han acompañado la promoción
de los esquemas REDD-plus (Reducción de
emisiones provenientes de la deforestación
y degradación de los bosques tropicales
incluyendo la conservación de los bosques,
el manejo sostenible de los bosques y el
aumento de las reservas de carbono
forestal); provocaron paulatinamente el
entusiasmo del sector forestal, agricultura,
biodiversidad, lucha contra la
desertificación, comunidades forestales y
de pueblos originarios, entre otros, de los
países en desarrollo. Uno a uno, los
gobiernos de dichos países fueron
entrando al grupo de países participantes
en el Fondo Cooperativo de Carbono
Forestal (FCPF) del Banco Mundial y ONU-
REDD, convirtiéndose en promotores y
defensores del mecanismo REDD-plus en el
seno de las negociaciones multilaterales y
en sus ámbitos nacionales respectivos, con
miras a obtener rápidamente recursos
financieros, sin preocuparse de las
falencias de dicho mecanismo, inefectivo
para la mitigación del cambio climático.
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En el caso de los Estados
centroamericanos, los escenarios futuros
de cambio climático proyectan mayores
temperaturas, mayor frecuencia de olas de
calor y de huracanes intensos, sequías más
severas, mayor frecuencia de eventos de
lluvias más intensas y reducciones de las
lluvias en algunas zonas, entre otros; lo
cual se podría ver exacerbado durante las
décadas secas o húmedas asociadas a la
variabilidad multidecadal e interdecadal
propia de México y Centroamérica.** El
cambio climático proyectado podría
generar impactos negativos considerables
en los ecosistemas forestales, los cuales
estarían convirtiéndose en emisores netos
de carbono. La dinámica del ciclo del
carbono desmontaría el sofisticado y a la
vez precario aparataje, mediante el cual se
ha pretendido convencer sobre la
mensurabilidad del carbono forestal para
su verificación y posterior comercialización
bajo los esquemas REDD-plus.
Sobre esa base, los gobiernos de la región
latinoamericana y del Caribe, deberían
priorizar la conceptualización e
implementación de estrategias de
adaptación para sus ecosistemas
forestales, en el marco de sus planes de
adaptación nacionales (PANs), y subordinar
cualquier opción de mitigación referida al
uso y cambio de uso de la tierra a dichas
estrategias y planes; como también
garantizar que su financiamiento sea
canalizado a través de una ventanilla para
la adaptación bajo el Fondo Verde del
Clima y del Fondo de Adaptación (cuya
eventual vinculación se establecería en la
arquitectura del Fondo Verde del Clima).
Dichas estrategias demandarían el
desarrollo de evaluaciones a profundidad
de los impactos actuales y futuros del
cambio climático sobre los diversos
ecosistemas forestales de cada país, lo cual
es todavía una gran tarea pendiente.
EECCOOBBRREEVVEESS
GGOOBBIIEERRNNOO RREEPPRRUUEEBBAA EENN MMAATTEERRIIAA AAMMBBIIEENNTTAALL
Instituciones ambientales gubernamentales carecen de liderazgo y no cumplen con su
mandato
Tomes Andreu. Noticias Aliadas
En cuatro años de gobierno y a sólo uno de
concluir su mandato, el presidente
Mauricio Funes tiene poco que mostrar en
materia ambiental. Así lo aseguran tres
expertos consultados por Noticias Aliadas
quienes consideran que no se ha producido
cambio alguno en comparación con
gobiernos anteriores.
“A cuatro años del gobierno Funes, la
situación ambiental de El Salvador
literalmente no ha cambiado, porque se
siguen desplegando todos los procesos que
generan deterioro ambiental, se sigue
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trabajando con una orientación económica
de corte neoliberal que hace de la
naturaleza una mercancía. Este gobierno
literalmente no ha hecho nada que valga la
pena para evitar la crisis que se incuba”,
dijo el presidente de la no gubernamental
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES),
Ángel Ibarra.
Funes llegó al poder en junio de 2009 de la
mano del exguerrillero Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
venciendo a la derechista Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) que
gobernó El Salvador durante 20 años.
El 5 de junio del 2012, en ocasión del Día
Mundial del Medio Ambiente, el
presidente Funes, acompañado por su
gabinete, presentó la “Política Nacional del
Medio Ambiente”, que guía la acción
ambiental de la administración pública y
municipal y cuyo objetivo es revertir la
degradación ambiental y reducir la
vulnerabilidad del país frente al cambio
climático.
Un año después, en el balance de su
gestión presentado el 1 de junio pasado
ante la Asamblea Legislativa, Funes afirmó
que “hemos hecho una inversión sin
precedentes para comenzar a enfrentar los
graves problemas ambientales heredados.
Fortalecimos al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
para que cumpla su amplio mandato”, a la
vez que aprovechó la ocasión para pedir a
los diputados la aprobación de la Ley
General de Aguas que envió al Palacio
Legislativo hace más de un año.
“Es una ley absolutamente necesaria para
alcanzar la seguridad hídrica en nuestro
país”, aseveró el presidente durante la
lectura de su informe. De aprobarse, el
agua tendrá carácter de bien nacional y al
mismo tiempo será un derecho humano y
su fin será su consumo, cerrando las
puertas a todo deseo de privatizarla,
explicó.
No hubo, sin embargo, mención sobre
temas como los transgénicos, la minería o
el cambio climático que, para los analistas,
deberían ser la columna vertebral de la
gestión ambiental del gobierno.
Transgénicos en etapa de experimentación
Los expertos coinciden en que el actual
titular del MARN, Herman Rosa Chávez, no
ha tenido un liderazgo al frente de su
cartera, a pesar de que proviene del no
gubernamental Programa Salvadoreño de
Investigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente (PRISMA).
“El actual titular del MARN no desconoce
que en el CENTA [gubernamental Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y
Forestal] se han realizado parcelas
agrícolas experimentales con organismos
genéticamente modificados”, reveló la
investigadora y asesora de políticas en
materia de cambio climático, Yvette
Aguilar. Ella vaticina que el MARN
justificará “la introducción de estos
[organismos] en el sector agropecuario
[por] su mayor resistencia a los cambios
del clima”.
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En el año 2008 se derogó en la Asamblea
Legislativa el artículo 30 de la Ley de
Semillas, permitiendo que las semillas
transgénicas o genéticamente modificadas
se puedan vender o importar en El
Salvador. El año pasado, el viceministro de
Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander
Flores Hidalgo, declaró a la prensa que el
tema de los transgénicos “es punto que no
ha sido discutido y el ministerio no tiene
una posición oficial al respecto”.
Respecto a que el tema del cambio
climático no se halla en la agenda
gubernamental, la Aguilar amplía la
responsabilidad a otras estructuras del
gobierno.
“El Ministerio de Agricultura y Ganadería,
el MARN y el Ministerio de Salud tienen
responsabilidad compartida”, afirma
Aguilar. “El tema engloba diferentes
componentes: la disponibilidad, el acceso,
el aprovechamiento biológico de los
alimentos y la adecuación de estos. Sin
embargo, el cambio climático mundial ya
está afectando a todos los componentes
referidos y a futuro se proyectan mayores
afectaciones. El abordaje y tratamiento de
este tema debería ser una prioridad en la
agenda nacional de cambio climático
liderada por el MARN”.
Edgardo Mira, directivo del no
gubernamental Centro de Investigación
sobre Inversión y Comercio (CEICOM),
sostiene que “en materia ambiental, este
gobierno no ha dado una respuesta
aceptable a las amenazas de la industria
minera metálica. Nosotros hemos
estudiado exhaustivamente la minería y
hemos investigado, documentado y
constatado los efectos que provoca la
minería en el agua. El gobierno debería
tener una postura clara, contundente,
adversando toda posibilidad de proyectos
mineros, pero lo que tenemos son
propuestas que abren las posibilidades a la
industria minera en El Salvador”.
Mira señala que el gobierno ha hecho muy
buenos diagnósticos sobre la problemática
ambiental que vive El Salvador, sin
embargo, “vemos un contrasentido a la
hora de aplicar el remedio”. Un ejemplo de
ello es la Evaluación Ambiental Estratégica
del Sector Minero Metálico de El Salvador
realizada por el Ministerio de Economía
(MINEC) y el MARN entre el 2011 y el 2012.
En una presentación ante el Congreso a
fines de agosto del 2012, Rosa Chávez y el
titular del MINEC, Armando Flores,
explicaron que el documento revela que
los beneficios potenciales de la minería
metálica no compensan los daños
ambientales causados por esa actividad.
Sin embargo, no recomienda su
prohibición, sino que simplemente
aconsejan la máxima cautela y precaución.
“Esa evaluación es para justificar la
apertura a la minería metálica. Hicimos
público nuestro desacuerdo [con la
evaluación] y se lo dimos por escrito al
MARN”, recuerda Mira.
“Por lo menos en el país hay 28 proyectos
de exploración minera. Unos pueden estar
inactivos y otros se mantienen activos.
Estos datos cambian tanto y el MARN no te
da esta información. También sabemos que
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hay otros focos de concentración minera
en el territorio”, recalca Mira.
Proyectos mineros transfronterizos
El directivo del CEICOM también ve una
ausencia de liderazgo en el actual titular
del MARN y en el presidente Funes.
“Hubiese sido fundamental que el gobierno
liderase un proceso de negociación mínimo
con Honduras y Guatemala sobre los
proyectos mineros transfronterizos. Este
gobierno tuvo la oportunidad de ser líder
en la región declarando las zonas
fronterizas libres de minería. Este ministro
[del MARN] no tuvo cualidades para ello. Es
una persona apagada”, dijo.
CEICOM ha contabilizado 11 proyectos
mineros en Guatemala y 42 en Honduras.
Diez de esos proyectos se encuentran
sobre la cuenca del río Lempa que abraza a
tres países: Guatemala, Honduras y El
Salvador, uno sobre la cuenca del río Paz,
que divide a El Salvador y Guatemala, y el
resto están en la cuenca del río Goascorán,
entre Honduras y El Salvador.
Ibarra critica la Ley Especial de Asocio
Públicos-Privado aprobada en mayo por la
Asamblea Legislativa, que da incentivos y
condiciones a los inversionistas privados
para que puedan invertir en el sector
público. Con esta ley el gobierno espera
mayor inversión en proyectos de
infraestructura y servicios, quedando
excluidas el agua, educación, salud,
seguridad y la custodia de convictos.
No obstante, para CEICOM, la ley abre las
puertas a los proyectos mineros, mientras
que UNES considera que “es darle los
bienes naturales a la empresa privada” en
una especie de concesión “para seguir la
lógica de la rentabilidad económica a costa
del deterioro ambiental”.
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Gloria Silvia Orellana. Redacción Diario Co
Latino
Blanca Estela de Hernández desazolva un
cause del zanjón en el Caserío El Chino, en
el cantón Garita Palmera, Ahuachapán, la
presencia de agro tóxicos en el agua de
consumo se ha sumado a la lucha que han
mantenido por años contra la salinidad del
agua en sus pozos artesanales. “No
tenemos ningún estudio de agua que nos
diga que tiene verdaderamente, echa un
mal olor a azufre, y no podemos seguir así,
hay muchos niños en riesgo”, comentó.
Junto a Blanca, más de cien familias que
habitan en El Chino se encuentran
esperando una resolución conveniente
para la administración, suministro y
tratamiento del agua, que según Blanca
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tendrá que ser compartida al gobierno
local y la Administración de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA).
“Como comunidad nos sentimos agotados
de no encontrar una salida viable, estamos
pidiendo ayuda y apoyos, para la
promoción de agua potable, desde una
Junta de Agua, o sea, una responsabilidad
compartida entre la comunidad y gobierno
local”, reiteró.
Muchas de las familias con dos
generaciones de habitar en el lugar
coincidieron que una parte de los
terrenos del zanjón El Chino, conformaban
parte de la playa de un bosque salado, y
que esto podría haber comprometido las
aguas subterráneas, comentó de
Hernández.
“Dicen los que tienen más de 30 años de
vivir acá, que esto era manglar, que llevó a
niveles altos la salinidad del agua, no
estaba tan contaminada como hoy. Los
químicos de los cultivos por los cañaverales
son tan fuertes que no la podemos usar, ni
para preparar alimentos, mucho menos
tomarla, toda la comunidad sufre parejo”,
señaló.
La presencia constante de casos de
diarreas, dolores de estómago e
insuficiencia renal mantienen a la
comunidad en incertidumbre por la salud
de la población adulta mayor e infantil.
Luis Eduardo Marroquín, Director del
Centro Escolar El Chino, afirmó que la
Tormenta E-12, fue el detonante de la
salinidad del agua potable, ya que las
escorrentías de agua salada ingresaron al
terreno del asiento comunal.
Con una población estudiantil de
aproximadamente 180 estudiantes en
ambos turnos académicos, y el plantel de
docentes, este grupo escolar tiene que
ingeniárselas para obtener agua potable
para beber y uso de aseo personal y
comida.
“Aquí vino una organización que se llama
Living Water, con la idea de proveernos de
un pozo artesanal para el consumo del
centro escolar, pero al perforar y salir el
agua, un mal olor y el gusto salobre del
líquido nos impidieron utilizarla. Fue la
severa tormenta 12-E, que arrastró el agua
de mar hasta el manto acuífero de agua
dulce y se excavó profundo pero igual, no
se pudo tener el vital líquido, es una
pérdida para la comunidad educativa”,
expresó.
Actualmente, el centro escolar cubre la
provisión de agua potable para el
alumnado y docencia, con la provisión de
agua que entrega cada dos días ANDA, con
lo que llenan unos tanques y pilas
improvisadas para el almacenamiento de
agua potable.
La prevalencia de la contaminación de
suelo y agua por pesticidas, así como, la
salinidad del agua dulce es una constante
en diversas comunidades, entre los
municipios de Ahuachapán.
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El Centro Escolar del Caserío San Benito en
San Francisco Menéndez, enfrenta la
contaminación del agua potable por la
filtración de pesticidas al manto acuífero
de los pozos, afectando directamente a
227 estudiantes que asisten a sus dos
turnos de clases, así como docentes.
Mayra Montejo, Directora del Centro
Escolar Caserío San Benito, informó que
han venido trabajando con autoridades
locales, nacionales y organizaciones como
CARE y la UNES, a fin de disminuir los
riesgos en la salud de la población.
“La organización CREA construyó el pozo
de la escuela y cuando examinaron el agua
dio positivo a un químico pesticida y
aunque no nos explicaron a qué tipo
corresponden los componentes, ya
contaminó toda el agua del centro escolar
y por lógica creo que ha afectado también
los pozos de la comunidad ”, afirmó.
Sobre las medidas para contener esta
contaminación, Montejo señaló que
optaron por la construcción de una
cisterna para captar aguas lluvias de
aproximadamente 600 barriles, que les
permitirá cubrir la demanda de agua a
diario.
“Nos dijeron al principio que hervida la
podríamos usar, pero ni hervida sirvió, no
está buena para el consumo humano,
creemos que no sirve”, consideró.
Mientras, la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES), que trabaja en estas comunidades
con el proyecto de Gestión de Agua y
Reducción de Riesgos a Desastres, espera
entre sus objetivos dar formación política a
la población para concretar acciones y
realizar diligencias a favor de sus propias
comunidades.
Elisa García. de UNES, afirmó trabajan en
diferentes áreas con la población afectada
severamente con la contaminación de sus
aguas superficiales y subterráneas,
mediante actividades que sirvan para
fortalecer las debilidades ante este tipo de
problemáticas.
“Hemos impulsado campañas de
reforestación del manglar y hemos
formado comités comunitarios de
vigilancia del manglar para evitar la
extracción de recursos del ecosistema;
también impulsamos desde el año pasado,
proyectos de eco agricultura sostenible
que nos permite trabajar sin el uso de
agroquímicos, elaborando abonos
orgánicos y construyendo una cultura de
agro ecología, que más que una técnica, es
una forma de vida que permite convivir al
hombre con la naturaleza”, explicó.
Asimismo, explicó que comparten trabajo y
enlaces con las comunidades y
autoridades de Protección Civil y del
gobierno local, a fin de administrar una
plataforma de esfuerzos conjuntos
encaminados al bienestar de la población.
Estos comités comunales se activan para
atender las emergencias que se presentan
por lluvias, inundaciones o sequías así
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como, instrucciones en la preparación de
medidas de adaptación de la comunidad.
“Les enseñamos a usar filtros de agua, a
construir las cocinas ahorradoras de leña
que no agrede su medio ambiente, son
medidas básicas para enfrentar estos
problemas y son muy útiles”, reiteró.
Ángel Ibarra, presidente de la UNES,
explicó en su ponencia “Impacto del
Cambio Climático en la Población y
Ecosistema de la Zona Costera
Salvadoreña”, que debido a la
deforestación indiscriminada en ambos
lados de la cuenca baja del río Paz,
(Ahuachapán), este recurso natural se ha
convertido en una amenaza para los
pueblos de El Salvador y Guatemala, ya que
comparten un 40% de su ribera.
“El río Paz ha sufrido un ataque intensivo
de deforestación de sus suelos, y ahora
cuando empieza la estación lluviosa
comienza la preocupación de la gente al
llover intensamente, aunque sean,
períodos cortos, porque el río arrastra una
correntía cada vez, más grandes, porque
los bosques en su periferia han
desaparecido, perdiendo su morfología y
las consecuencias directas son las
inundaciones”, indicó.
A esta situación, se suma la pérdida de
cultivos, animales domésticos y la
economía familiar de la zona, que termina
empeorando la calidad de vida, sin
embargo, Ibarra reconoció que la
organización que se ha construido dentro
de las comunidades ha permitido que
funcione de forma más ágil y eficiente la
Alerta Temprana.
“Un caso severo, como la tormenta E-12,
que hizo daños mucho mayores que otras
tormentas más prominentes como el STAN
o el mismo Micth, del año 1998. Y si es
cierto que en la E-12, no hubo una cantidad
alta de muertos, y se logró una mejor
organización comunitaria, compartida con
Protección Civil y la municipalidad, pero
golpeó severamente”, opinó.
Para el ambientalista, se debe trabajar
desde varios flancos en la zona, cambiado
el tránsito del agua superficial y en el tema
de la salinidad, abordado no solo de la
intrusión marina, sino que transformando
el mal uso de los afluentes superficiales,
explicó el Ibarra.
@UNES_ElSalvador