únete porla niñez

Sacando cuentasEstudio sobre la inversión en educación en la República Bolivariana de Venezuela

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Presentación

En el marco de la celebración de los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se complace en presentar el estudio “Sacando cuentas”, a fin de que el mis-mo estimule la adopción de políticas públicas y fortalezca el diálogo y la re-flexión de todos los sectores comprometidos en el desarrollo nacional acerca de los avances logrados, tanto por el Estado como la Sociedad, para la reali-zación del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

La disponibilidad de fuentes de información y las mejoras en los sistemas de registro estadístico son indicios de la prioridad que los tomadores de decisión conceden a los temas de agenda pública. Sin duda la información, y su buen uso, permiten relevar los avances y los desafíos en materia de desarrollo hu-mano, que conduzcan a una acción concertada y coordinada de los sectores involucrados. Es así como el acceso a las fuentes de información disponible nos aporta datos relevantes para el análisis relacionado con la inversión publi-ca en educación, de la misma manera que permite identificar los vacíos en los cuales es necesario perfeccionar los sistemas y procesos de registros, admi-nistrativos y presupuestarios, a fin de que la rendición de cuenta sobre el im-pacto de la inversión social sea lo más desagregada y actualizada posible.

Invitamos al Estado y la Sociedad hacer uso de un estudio de carácter inde-pendiente que busca dotar de información relevante ante la posibilidad de lle-var a cabo un gran debate nacional sobre los temas en los que se ha logrado avanzar. Tal es el caso de la inversión pública en educación como un compo-nente sustantivo de la estrategia de desarrollo; el significativo monto de los recursos financieros que se destina a la educación y que ocupa el primer lugar en el presupuesto público; así como la importancia de la política pública vista a través del ascenso de la matrícula educativa en todos los niveles.

Al igual que en muchos países de la región latinoamericana, los retos de la edu-cación en la República Bolivariana de Venezuela son cada vez más exigentes. Se destaca la superación de las brechas sociales, étnicas y territoriales, que aseguran el acceso universal a todos los niveles educativos, así como continuar ampliando la cobertura de la educación inicial y educación media.

En el marco de los esfuerzos que, conjuntamente con los demás actores so-ciales, se realizan en el país, UNICEF aboga por los derechos a la superviven-cia, el desarrollo, la protección y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. Apuesta por la construcción de alianzas para desarrollar polí-ticas eficaces que garanticen una educación para el desarrollo y la equidad, que fomente los valores, conocimientos, capacidades y actitudes con poten-

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cial para producir cambios a favor de un mundo más apropiado para la niñez y adolescencia. Hace un llamado a mantener los importantes montos de in-versión pública en educación, que han permitido al país el ascenso de la ma-trícula educativa en todos los niveles, especialmente en un contexto de crisis mundial donde estos logros podrían revertirse.

UNICEF reconoce la amplia apertura y disposición del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el enlace institucional con los organismos públicos que facilitaron la información de este estudio. Agradece especialmente al Banco Central de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, por el suministro de los da-tos oficiales necesarios de este primer intento de aproximación analítica, moti-vándoles a continuar mejorando la formulación de los próximos presupuestos y las rendiciones de cuenta de los gastos, con desagregación de la inversión en la niñez y adolescencia, por género, grupos sociales, étnicos y espacios territoriales.

Merece el más alto reconocimiento la respuesta de la Fundación Telefónica de acoger con gran entusiasmo la propuesta de hacer llegar este estudio a un público más amplio a través del llamado: Únete por la niñez Únete a UNICEF.

Nadya VásquezRepresentante

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Resumen ejecutivo

Es bien sabido que un país exitoso se mide por el nivel de su desarrollo hu-mano y que la educación representa el insumo más importante para este de-sarrollo. En lo fundamental, ésta ha sido una convicción de los Estados de la región latinoamericana, y lo que los ha conducido, en su gran mayoría, a dedi-car ingentes recursos a la educación de sus ciudadanas y ciudadanos.

Sacando cuentas es una publicación que contiene los resultados de un estu-dio sobre el comportamiento de la inversión pública en educación en el caso de Venezuela realizado por UNICEF con el objetivo de generar conocimien-to útil para la planificación y toma de decisiones en torno al tema con ba-se en lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y más recientemente la Ley Orgánica de Educación (LOE).

La CDN constituye el primer instrumento donde se le reconoce a la niñez y la adolescencia, en el ámbito mundial, todos sus derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales. La CDN fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, siendo ratificada por Venezuela al año siguiente.

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Garantizar los derechos recono-cidos por la CDN supone que los Estados dispongan de un marco institucional y de los recursos eco-nómicos necesarios para hacer efec-tivos tales derechos. Al respecto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde 1999, se incorporaron distintos capí-tulos con esa finalidad y, en lo refe-rente a la educación, la Constitución incorpora un Capítulo (número VI), destinado específicamente a los de-rechos culturales y educativos.

Con base en lo establecido en la Constitución, la LOPNNA los de-rechos de los niños, niñas y ado-lescentes y ratifica los principios establecidos en la CDN, quedando el Estado en la obligatoriedad de tomar las medidas conducentes que garan-ticen el disfrute de derechos en for-ma efectiva. En esta Ley, que entró en vigencia 2000, con reforma par-cial en 2007, se contempla lo con-cerniente al derecho a la educación: todos los niños, niñas y adolescen-tes tienen el derecho a la educa-ción gratuita y obligatoria…. (y que) el Estado debe crear y sostener escue-las, planteles e institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los espacios físicos, ins-talaciones y recursos pedagógicos

para brindar una educación integral de la más alta calidad… así como ga-rantizar un presupuesto suficiente pa-ra tal fin…

Sin duda, la inversión social es el ins-trumento por excelencia para la im-plementación efectiva de derechos y por tanto de equidad y bienestar por lo que constituye un imperativo ético. Desde UNICEF se ha coloca-do particular interés en poner en re-lieve los vínculos existentes entre la política social y la política económica y, a través de estos lazos, potenciar los beneficios de la inversión social sobre el crecimiento económico, la productividad y la equidad. Los paí-ses que no cuentan con ciudadanas y ciudadanos sanos y educados tie-nen dificultades para introducir avan-ces tecnológicos en sus procesos productivos, para enfrentar la pobre-za y para disminuir las disparidades. Desde la perspectiva de lo político, a ese argumento se añade el hecho de considerar la inversión social como un instrumento de cohesión social y gobernabilidad democrática en virtud de su potencial para ampliar las posi-bilidades de movilidad y ascenso so-cial de la población.

En Venezuela, la inversión social, por su contribución a las mejoras en la distribución del ingreso y su poten-cial para facilitar el acceso de la po-blación a los servicios públicos de calidad, pasa a ser una de las herra-mientas más eficaces para promover el desarrollo social. De allí el interés en realizar estudios como el presente con la finalidad de conocer sus bene-ficios e identificar áreas donde es po-sible mejorar asignaciones y usos en el marco de las políticas públicas.

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Ahora bien, son conocidas las signifi-cativas diferencias entre los concep-tos de inversión social y gasto social que, de no comprenderse, pueden llevar a nefastas confusiones según las cuales lo que se invierte en lo so-cial podría considerarse no rentable cuando se trata de bienes y servicios que desaparecen cuando se consu-men. En este trabajo se comparte decididamente otra interpretación: to-das las erogaciones destinadas a sa-tisfacer las necesidades básicas en salud, nutrición, vivienda, seguridad social y, en especial, educación, re-presentan inversión en desarrollo hu-mano, inversión para la garantía de los derechos humanos. Se trata por lo tanto de una inversión que siem-pre es rentable. No obstante, en el análisis que aquí se realiza, por tra-tarse del vocablo utilizado en la ter-minología presupuestaria del sector público venezolano, se hace profu-so uso de las expresiones “gasto social” o “gasto público social” inter-pretándolas en su acepción positiva, vale subrayar, como inversión renta-ble en el desarrollo humano.

En este estudio, el análisis del gas-to en educación en la niñez y adoles-cencia se sustentó en las fuentes de financiamiento del presupuesto y en la revisión de la estructura del gas-to público. Se encontró que, durante los últimos años, los recursos canali-zados hacia los sectores sociales au-mentaron de manera importante, en el marco de una la política tributa-ria que presenta desafíos. En efecto, desde el ámbito de la política públi-ca venezolana, se consideró que la transferencia de recursos y activos provenientes de la renta petrolera a la población sobre la cual han recaí-

do con mayor intensidad los costos de una acumulada “deuda social”, resultaba la intervención social más eficaz y equitativa. De acuerdo con CEPAL1, si bien el incremento del gasto social y el uso eficiente de los recursos constituyen un avance, es-te argumento no debería ser motivo para descartar la “opción impositi-va”. Lo cierto es que, en la mayoría de los países de la región, la carga tributaria tiende a ser marcadamente baja, y el desafío es propiciar un ba-lance entre ambos, el gasto social y la progresividad de la estructura tri-butaria, sin descuidar la responsabili-dad fiscal y el estímulo adecuado a la competitividad.

En efecto, en el estudio sobre Venezuela se encontró que, pese al marcado incremento de los pre-cios del petróleo en años recientes, en la actualidad las finanzas públicas mantienen un déficit primario ele-vado y los niveles de endeudamien-to muestran una tendencia al alza.

1 CEPAL (2006). La Protección Social de Cara al Futuro: Acceso Financiamiento y Solidaridad.

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La volatilidad de las finanzas públi-cas de Venezuela es transmitida a los estados y municipios, en virtud de su significativa dependencia de las transferencias de recursos desde el gobierno central con cargo al presu-puesto nacional. Como se sabe, las transferencias o aportes del gobier-no central constituyen, en la práctica, la única fuente de ingresos para los presupuestos de los gobiernos es-tadales. Los gobiernos municipales muestran una mayor diversificación en sus fuentes de ingresos, precisa-mente, a causa de sus potestades tributarias.

Al abordar los rasgos centrales del gasto público en lo que estos condi-cionan la cuantía de recursos disponi-bles para financiar la intervención del Estado en materia social destacaron dos rasgos centrales en Venezuela. El primero, la alta vulnerabilidad del

gasto público, como producto de la subordinación a los ingresos pe-troleros. El otro, la extrema rigidez del gasto público, debido a su suje-ción a compromisos legales y con-tractuales, que lo hace muy difícil de movilizar, en ocasiones a expen-sas de importantes riesgos sociales y políticos.

En lo correspondiente a las orienta-ciones estratégicas del gasto público, desde la perspectiva de los diferen-tes niveles de gobierno (nacional, re-gional y local) se puso de manifiesto que Venezuela otorgó una alta priori-dad a la inversión social a lo largo de los últimos 50 años. Se observó que en todos los niveles de gobierno los sectores sociales constituyen la prio-ridad y que, guardando las distancias asociadas a las magnitudes de recur-sos manejados, la tendencia fue a mejorar la participación de los secto-res sociales en el total del gasto.

El gasto social constituye uno de los instrumentos más eficaces pa-ra promover el desarrollo por su contribución a la ampliación de opor-tunidades, las mejoras en la distribu-ción del ingreso y su potencial para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos de calidad. En Venezuela, el comportamiento del gasto social y su relación con el pre-supuesto total y con el PIB, da cuen-ta de su importancia suprema como instrumento de distribución. En el lapso 1997-2008, el mismo repre-sentó un promedio cercano a 40%, alcanzando 43,5% del presupuesto total en 2008; mientras que su par-ticipación promedio en el PIB fue de 11,1% y 12,8% en ese mismo año. El gasto social de Venezuela, expresado en dólares per cápita se triplicó entre

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1997 y 2008, si bien el indicador re-vela una inestabilidad característica del gasto público.

En términos generales, sin la infor-mación sobre los recursos destina-dos a las misiones sociales, puede afirmarse que el gasto social aumen-tó su prioridad macroeconómica en los últimos años. Y si, a la contabili-dad del presupuesto ordinario se le agrega el gasto extra presupuestario destinado a las misiones sociales, es posible afirmar que el gasto social en Venezuela para 2006 representó cer-ca de 17,8% del PIB.

En lo que compete al gasto en edu-cación en Venezuela, su importan-cia macroeconómica, fiscal y social se puso de manifiesto al observar un comportamiento ascendente como porcentaje del PIB, como proporción del presupuesto y como parte integral del gasto social. En efecto, el gasto en educación alcanzó 5,4% del PIB y 41,8% del gasto social en 2008, sin incluir el gasto extrapresupuesta-rio en las misiones educativas. Esas magnitudes de recursos involucraron las significativas transformaciones ex-perimentadas por el sector.

En efecto, al finalizar la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de transformación en el sistema polí-tico, económico y social del país con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ha derivado en cambios en el sector educación. En concordan-cia con las obligaciones asignadas al Estado en la garantía de los derechos educativos, las prioridades de políti-ca educativa, reflejadas en los planes operativos y en el presupuesto, es-tán enmarcadas en el plan de desa-

rrollo del país (Proyecto Nacional de Desarrollo 2007-2013. Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social). Cabe destacar que a su vez el país asumió los compromisos de la Declaración del Milenio, en la cual 187 Estados Miembros de Naciones Unidas suscribieron objetivos y me-tas para el año 2015.

En la dirección de garantizar lo esta-blecido en la Constitución y de res-ponder a las prioridades de política al inicio del año 1999, y hasta el año 2005, el lineamiento de política por excelencia en materia educativa fue garantizar el acceso y permanencia a la educación integral, gratuita y de ca-lidad para todos. A la par, se produje-ron cambios en la política educativa del gobierno nacional el inicio en 2003 de las misiones educativas, dirigidas a brindar oportunidades de formación a los grupos de población más exclui-dos, principalmente adultos.

En lo que refiere a su organización, se interpretó que el sector educa-ción en Venezuela debía ser objeto

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de modificaciones de gran significa-ción. Dicho sector se mantuvo presi-dido por un ente transformado, luego de varias denominaciones, en el ac-tual Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), como instancia rectora responsable de la regulación, formulación y seguimiento de las po-líticas, la planificación y realización de las actividades del ejecutivo nacional en la materia; con independiencia de educación superior, la cual a partir de 2003, contó con un ministerio propio. Por su parte, el MPPE actualmente está conformado por un nivel central y 22 zonas educativas desconcentra-das, con un total de 16 organismos adscritos desconcentrados.

Al revisar el comportamiento del gas-to asociado a la inversión educativa según las organizaciones que lo in-tegran, se determinó que, en el pe-ríodo 2003-2007, el aumento de los ingresos petroleros y de la recauda-ción tributaria no petrolera permitie-ron que los recursos asignados al ente rector (MPPE) se triplicaran y que su participación en el PIB pasara de 3,2% en 2003, al 5,1% en 2007. Por su parte, el presupuesto acor-dado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) tuvo un crecimiento similar y pasó de representar el 1,9% del PIB en el año 2003, al 2,8% en el año 2007.

El modelo de gestión para el sistema educativo mantuvo su histórico ca-rácter centralizado. De ese compor-tamiento da cuenta la actual apertura programática de su presupuesto, se-gún la cual todos los programas pre-supuestarios son manejados desde el nivel central.

Desde la perspectiva de los nive-les y modalidades del sistema edu-cativo, una nueva Ley Orgánica de Educación (2009) amplió la clasifica-ción contenida en la ley educativa de 1980. En la actualidad, dicho siste-ma comprende un conjunto orgánico, estructurado y orientado, conforma-do por subsistemas, niveles y moda-lidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano que incluye la atención en la etapa de maternal es decir, desde que el niño(a) nace, y amplía las modalidades del sistema educativo: Subsistema de Educación Básica, integrado por los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Media y el Subsistema de Educación Universitaria que com-prende: los niveles de Pregrado y Postgrado universitarios. Son modali-dades: Educación para Personas con Discapacidad, Educación de Adultos, Educación para las Artes, Educación Rural, Educación Militar, Educación Intercultural Bilingüe, entre otras.

El estudio de la inversión educati-va incorporó comparaciones sobre la disponibilidad y uso de los recur-sos por parte de las distintas instan-cias de gobierno con responsabilidad en el sistema educativo. Del análisis efectuado se pudo concluir que pe-se al significativo volumen de recur-sos dedicado a la educación primaria y media, la educación universitaria mantuvo su histórica posición privi-

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legiada en la distribución del presu-puesto público de educación. En lo que compete sólo al presupuesto manejado por el MPPE, la educación primaria y secundaria, en ese orden, absorbieron el mayor volumen de re-cursos. Desde la perspectiva del ob-jeto del gasto, lo destinado al pago de personal se llevó la mayor pro-porción y su participación tiende a incrementarse.

Los indicadores de gasto para el pe-ríodo 1998-2005, revelaron un creci-miento nominal en todos los niveles educativos, y en términos de los va-lores reales mostró un comporta-miento diferencial: crece de manera muy moderada en educación prees-colar (30,1%); se multiplica por tres en educación básica (268,2%); alcan-za 109,9% en educación media y di-versificada; y, en educación superior, se sitúa en 78,3%. En contraste, el gasto en la modalidad de educación especial tuvo una reducción real de 72%; mientras que la educación de adultos observó un crecimiento de 128,2%.

Salvo la reducción del gasto por alumno en educación preescolar en el presupuesto del MPPE, el resto de los indicadores mostró incremen-tos importantes con ventajas para la educación superior, incluyendo lo ati-nente a la inversión en infraestructu-ra educativa. Por último, resultaron llamativas las diferencias apreciadas entre el gasto por alumno del nivel nacional, con el correspondiente a los niveles estadal y municipal.

Además, de los recursos asignados a los distintos niveles educativos, de manera significativa el MPPE finan-ció el pago de subsidios a institucio-

nes educativas del sector privado. En el período 2000-2008, un prome-dio de 96,1% de los subsidios corres-pondió al Convenio suscrito entre el MPPE y la Asociación Venezolana pa-ra la Educación Católica (AVEC), la cual está conformada por 720 cole-gios (Fe y Alegría), que atienden cer-ca de 500.000 estudiantes ubicados en zonas populares.

La inversión pública en obras edu-cacionales es ejecutada a través de FEDE, ente adscrito al MPPE o bien por el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (MPPOPV, antes Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura). El análisis de la evolución de dicho gas-to puso de manifiesto que la asig-nación de las edificaciones de educación superior, históricamente ha superado las de educación prima-ria y media.

Por su parte, el gasto en educación del Gobierno General (GG), contenido

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en el Sistema de Cuentas Nacionales, comprende los tres niveles de go-bierno: central, estadal y municipal, y las instituciones públicas sin fines de lucro que prestan o cuentan con servicios de educación. En el lapso 1997-2006, dicho gasto representó un promedio de 24,2% del gasto total del GG y 6,8% del PIB.

Según nivel de gobierno, en el pe-ríodo 1999-2006 el análisis de la es-tructura del gasto en educación del GG demostró que su mayor propor-ción correspondió a las Instituciones Públicas sin Fines de Lucro que al-canzaron 49% del gasto del GG en educación; le siguió en importancia el gobierno central con un promedio de 41%; el gobierno estadal con 9,9%; y el gobierno municipal con 0,1%.

En concordancia, en el período 1997-2006 el consumo efectivo de los ho-

gares en educación se cubrió, en un promedio de 67,8%, con las transfe-rencias de bienes y servicios por par-te del GG; 28,3% fue financiado por los hogares; y 3,9% con las transfe-rencias de instituciones educativas privadas sin fines de lucro. A par-tir del año 2004 se aprecia un incre-mento de la proporción transferida por el GG, hasta ubicarse en 73,7% en el año 2006; así como, la reduc-ción progresiva del consumo finan-ciado directamente por los hogares hasta 23,3% y de las transferencias de las instituciones privadas sin fines de lucro hasta 3,1%.

En el período 1997-2006, el consu-mo efectivo de los hogares en edu-cación representó 6,3% en promedio como proporción del PIB. Por otra parte, el consumo individual de los hogares se destinó a servicios de educación básica y media en 58,1%; educación superior en 31,3%; y 10,7% en otros tipos de enseñanza.

En el lapso analizado, el gasto de los hogares en educación superior mos-tró un incremento real de 36,7% y el de otros tipos de enseñanza aumen-tó en 26,7%, mientras que el gas-to en educación primaria y media apenas logró un crecimiento real de 20,4%, lo cual ha de obedecer, entre otras razones, a la política guberna-mental de los últimos años que ha fa-vorecido la regulación de los precios de las matriculas escolares del sec-tor privado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2005 (ENPF), la familia dedica 3% de su consumo a cubrir servicios de educa-ción. El 73,6% de dicho consumo co-rresponde al Área Metropolitana de

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Caracas (AMC) y grandes ciudades; 25,3% corresponde a medianas y pe-queñas ciudades; y tan sólo 1,1% al área rural. Por consiguiente, mien-tras en el AMC los hogares destinan 5,1% de su consumo a educación, en otras ciudades grandes esta pro-porción se reduce hasta 3,9%, en las ciudades medianas a 2%, en las ciu-dades pequeñas 1,7% y en las áreas rurales a 0%.

La población de menores ingresos tiene garantizados los servicios de educación a través del sector público, de allí que de acuerdo con la ENPF 2005, 80% del consumo de los ho-gares en educación es financiado por los 3 deciles de población con mayo-res ingresos. La población ubicada en los 5 primeros deciles (los más po-bres), es decir 50% de la población, apenas financia 9% del consumo de los hogares en educación. Esto muestra que quienes más se bene-fician del financiamiento público son las familias de menores ingresos.

De acuerdo con la ENPF 2005, el in-greso per cápita de una persona con educación media completa o incom-pleta es 156,1% más alto que el de quienes sólo tienen estudios de edu-cación primaria completa o incomple-ta. De igual manera, el ingreso per cápita de un profesional universitario es 447, 8% más alto que el de una persona con educación primaria. Lo anterior es un indicio de cómo se tra-duce la inversión en educación en el desarrollo de las oportunidades y, en consecuencia, la importancia de prio-rizar en las políticas públicas el acce-so universal a la educación primaria y media a todos los niños, niñas y adolescentes.

La inversión pública en educación es el instrumento clave para hacer efec-tivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es en la cobertura y calidad del gasto publico educati-vo donde descansa la posibilidad de lograr tal propósito. En la dirección de apoyar la formulación de políticas educativas en el marco de las dispo-siciones de la CDN, en este estudio se produjo información acerca de la distribución y comportamiento del gasto público educativo en Venezuela y sus resultados los niños, niñas y adolescentes.

Para encaminar la investigación acer-ca de la inversión educativa en la ni-ñez y adolescencia en Venezuela, se generaron alternativas metodológicas centradas en el examen de la matrí-cula, la “reconstrucción” de indica-dores del gasto educativo, la revisión del impacto del gasto educativo en el presupuesto familiar y la compara-ción del país con algunos parámetros internacionales.

Los resultados del presente estu-dio corroboran que la inversión de Venezuela en la educación de su ni-ñez y adolescencia, se cuenta entre las más destacadas de la región. Se encontró que, entre los años 1999 y 2005, el gasto público total en edu-cación en Venezuela, medido como

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porcentaje del PIB y como porcen-taje del gasto público total, supera-ba el promedio obtenido por América Latina y el de todos los países seleccionados.

De hecho, en Venezuela el gasto del gobierno general en educación de la niñez y la adolescencia se duplicó en valores nominales, aunque en térmi-nos reales también creció en 56%, como consecuencia de los efectos de la inflación. Dentro de los compo-nentes de dicho gasto, se encontró que el imputable al gobierno central representaba 72,4%, con un creci-miento real de 58,3%, mientras que en los estados alcanzó 25,5% con un incremento real menor, equivalente a 44,1%. Por su parte, el gasto de los municipios apenas participó en 2% en el total. En el período 2003-2007 el gasto en educación en la niñez y la adolescencia del gobierno general re-presentó 3,09% del PIB, con tenden-cia creciente a partir del año 2005.

Al cuantificar el gasto público edu-cativo sobre los presupuestos de las familias con niños, niñas y adoles-centes, los resultados obtenidos no dejan dudas del favorable impacto del gasto público invertido en edu-cación en los presupuestos familia-

res. Con base en las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), fue posi-ble estimar que, para el año 2005, el consumo de los hogares en servicios de educación equivalía a 3% del con-sumo de los hogares en el mercado interno.

Así mismo, a partir de la misma fuen-te, se determinó que el gasto de los hogares en educación en niñez y ado-lescencia, para el lapso 2003-2007, constituía 50,9% del consumo de los hogares en educación. Las ci-fras antes mencionadas y las corres-pondientes al gasto en educación del gobierno general para este grupo eta-rio, permitieron contabilizar el gasto nacional en educación en el mismo para el lapso 2003-2007: 3,9% del PIB con tendencia creciente, alcan-zando para el año 2007 4,1% del PIB.

Dicho gasto fue financiado en 20% por los hogares y en 80% por el go-bierno general, apreciándose un aumento en la participación del gas-to de los hogares que para el año 2003 representó 17,4% y para 2007 19,9%. No obstante, este desem-peño pone de manifiesto el carácter distributivo del gasto público en edu-cación en Venezuela y la progresivi-dad del mismo.

En lo que se refiere a los resultados de la inversión pública en la educa-ción de niños, niñas y adolescen-tes, fue posible concluir que, en los 10 años transcurridos entre 1998 y 2008, el gasto público mantuvo un papel determinante en el financia-miento de sus oportunidades edu-cativas en Venezuela. El gobierno central tiene la mayor oferta educa-tiva de planteles y cupos, aunque en

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algunos niveles, como la educación inicial y la primaria, el sector privado comienza a ganar espacio.

En efecto, están claros los esfuerzos realizados por el Estado venezola-no para mejorar la cobertura y cali-dad de los recursos dedicados a los niños, niñas y adolescentes. Un rápi-do balance revela la prioridad estraté-gica sostenida por muchos años en el gasto social y en especial de edu-cación. En la actualidad, Venezuela sobresale entre los países con la in-versión educativa más elevada en toda la región latinoamericana acorde con las exigencias de los Objetivos de Desarrollo Milenio.

Así, en la última década, destaca el determinante papel del gasto público en el financiamiento de las oportuni-dades educativas para niños, niñas y adolescentes. De ello dieron cuen-ta los indicadores de calidad y ren-dimiento escolar que permitieron corroborar la efectividad de los re-cursos invertidos al revelar un creci-miento de la matrícula en todos los niveles educativos, especialmente educación primaria que alcanzó una tasa neta de 92,03% (2007-2008).

En efecto, los resultados reportados por el MPPE en el período 1998-1999 a 2007-2008 arrojan un crecimien-to de 50,7% en la tasa neta de esco-laridad de educación inicial; 6,7% en educación primaria; 44% en educa-ción secundaria de primero a tercer año y 85,2% en educación media de cuarto a sexto año.

Resalta que en todos los niveles edu-cativos las tasas de escolaridad del sexo femenino superan ligeramente

las del sexo masculino. Asimismo, los indicadores mostraron cómo se logró reducir la deserción y la repitencia, a la vez que se aumentó la prosecución en la educación primaria y media.

A pesar de los esfuerzos en las po-líticas públicas en los últimos años, existen desafíos en la calidad de la educación y en el acceso universal, especialmente en educación inicial (tasa neta de escolaridad 65,35% en 2007-2008) y educación media (ta-sa neta de escolaridad primero-ter-cer año 67,47% y cuarto-sexto año 43,87% en 2007-2008). Sin duda, aún persisten las brechas que se invi-sibilizan en los promedios nacionales, sobre todo a nivel de estados, mu-nicipios, ámbito rural y urbano, po-blaciones de menores ingresos, así como pueblos indígenas y afrodes-cendientes. En este último aspecto, se requiere continuar los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de información estadísticos, que per-mitan cuantificar la magnitud de es-tas brechas.

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El estudio concluye con 10 recomen-daciones principalmente orientadas a mejorar los sistemas de informa-ción en materia presupuestaria. Una de las más importantes, es la con-veniencia de que el país cuente con lineamientos de política que asegu-ren la visibilización de la niñez y la adolescencia en la asignación del presupuesto público; que todos los organismos públicos a la hora de ela-borar sus planes operativos, presu-puestos y rendiciones de cuentas

de los gastos, desagreguen la infor-mación tomando en cuenta las eda-des de la población atendida. Esto aseguraría que se produzca infor-mación más precisa y detallada so-bre la efectiva priorización que tiene la inversión social en la niñez y ado-lescencia en la agenda de las políti-cas públicas, atendiendo al principio de prioridad absoluta estableci-do en la CDN, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOPNNA.

únete porla niñez

“Los Estados Partes adoptarán todas las

medidas administrativas, legislativas y

de otra índole para dar efectividad a los

derechos reconocidos en la presente

Convención. En lo que respecta a los

derechos económicos, sociales y culturales,

los Estados Partes adoptarán esas medidas

hasta el máximo de los recursos de que

disponga y, cuando sea necesario, dentro

del marco de la cooperación internacional.”

(Artículo 4).

Convención de los Derechos del Niño, 1989

(Ratificada por la República Bolivariana

de Venezuela en 1990)