Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León Gabinete de Prensa

RESUMEN

DE

PRENSA

Viernes, 27 de Mayo de 2011

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CASTILLA Y

LEÓN

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CASTILLA Y LEÓN

DIARIO DE BURGOS

Concepción se queja de que Caamaño «no reacciona» a sus protestas

El presidente del TSJ tilda la conducta del Ministerio de Justicia de «poco adecuada» en relación al estado de las obras del Palacio del Paseo de la Isla, que terminarán en otoño

I. Elices / Burgos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, criticó ayer la conducta del Ministerio de Justicia en relación a las obras del Palacio de la Isla. Ayer calificó su comportamiento de «poco adecuado» y señaló que el ministro, Francisco Caamaño, se enfadó con las declaraciones que el propio Concepción hizo el día que presentó la memoria del Alto Tribunal regional, «pero no ha reaccionado». El TSJ «no tiene noticias del nuevo edificio» y «no se aprecia que la conducta del Ministerio con el Poder Judicial sea la adecuada», reiteró ayer. «Debería por lo menos procurar la información necesaria para por lo menos informar al ciudadano», señaló Concepción.

El máximo responsable del TSJ realizó estas declaraciones en el acto de toma de posesión de jueces -cuatro juezas en este caso- que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de San Juan. Y lo hace una semana después de que el Ministerio de Justicia informara de que los trabajos de la sede del Paseo de la Isla no concluirán hasta el mes de octubre como pronto. Del traslado al nuevo edificio, Justicia no ha diseñado aún calendario alguno, por lo que no hay una fecha fijada de la apertura del inmueble. Tras la finalización de los trabajos quedaría todavía el equipamiento. José Luis Concepción se queja también de que el Ministerio no les ha entregado ningún calendario con las fechas del traslado a la sede remozada.

Los trabajos en el Palacio de Justicia comenzaron en noviembre de 2007, pero al año justo sufrieron un parón por culpa de la tramitación de un modificado del proyecto. El

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cambio trasladó la fecha de conclusión de las obras de mayo de 2010 a febrero de 2011. Los estudios geotécnicos revelaron circunstancias imprevistas imposibles de observar partiendo del análisis del estado del edificio y de las estructuras. La necesidad de fortalecer los cimientos obligaron a demoler el muro intermedio -que iba a ser conservado- para ser sustituido por un pórtico de hormigón. Era el único modo de adecuar la rehabilitación a las condiciones reales del terreno una vez comprobada la incapacidad del muro original para soportar la carga prevista.

En la presentación de la memoria del TSJ, Concepción ya cargó contra el Ministerio. Acusó al Gobierno central de mantener «actitud arbitraria y desconsiderada» y de comportarse de «forma desleal» en relación a las obras del Palacio de Justicia. Oficialmente no ha tenido respuesta alguna a las 2 cartas remitidas al ministro Francisco Caamaño para solicitarle información sobre la marcha de esa rehabilitación y sobre el destino final del edificio. A juicio del magistrado segoviano, el Gobierno cometerá un grave error si no varía «su terca postura» y mantiene la sede compartida para el TSJ y la Audiencia Provincial.

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Las juezas ocupan 133 de las 302 plazas de los juzgados de la región

M.R. / Burgos

La presencia de mujeres en la judicatura es cada vez mayor. De hecho, 133 de los 302 jueces de Castilla y León son mujeres. El tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León fue escenario ayer de la jura del cargo de cuatro nuevas juezas. Dos de ellas, Carolina Feliz de Castro y María Jesús Serna Gallardo, ejercerán su labor en la provincia, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Villarcayo, respectivamente.

Junto a ellas también juraron el cargo Sara Ramos Santiago, que ejercerá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Astorga (León), y María Aránzazu Espejo-Saavedra López, destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Arenas de San Pedro (Ávila). El presidente del TSJ, José Luis Concecpión, presidió el acto y destacó esa creciente presencia de mujeres en el poder judicial. «En la entrega de despachos de esta promoción, de los 134 que se entregaron por sus Majestades los Reyes, 99 eran mujeres», indicó, por lo que «no debe sorprender a nadie» que estos cuatro juzgados vayan a ser servidos por mujeres. «Es un hecho que no hace sino corresponderse con la realidad de la vida y de la judicatura», apostilló.

Concepción aseguró que es «una realidad» que en los órganos jurisdiccionales, donde hay una «mayoría bastante abrumadora» de mujeres sobre hombres que se compensa en las audiencias provinciales, donde hay más magistrados hombres que mujeres. En el caso del TSJ, de las cuatro salas las dos de Burgos están presididas por mujeres, por lo que en Castilla y León la presencia de juezas es «significativa y nos pone a la cabeza del resto de tribunales».

Aunque el acto de ayer representa la jura de los cargos, las cuatro juezas ya llevan un mes trabajando en los juzgados en los que tomarán posesión de manera oficial a partir de hoy. Esto representa un cambio en el modelo de incorporación a la profesión judicial. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está cambiando hacia la figura del juez de refuerzo, «una manifestación del esfuerzo del CGPJ para ir eliminando la justicia interina y procurar que los órganos jurisdiccionales se sirvan por jueces titulares».

Según Concepción, se consigue un mejor modelo de justicia, que siempre será de más calidad «si la procura un juez profesional, tras superar un periodo de estudio, preparación, una dura oposición, una estancia en la Escuela Judicial, que el de un simple licenciado en Derecho, que no tiene la misma formación».

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Tribunales | Complejo de ocio en Tordesillas

Dos puntos 'inconstitucionales' en la declaración de Meseta Ski como proyecto regional

• El TC acuerda admitir a trámite dos cuestiones planteadas por un juzgado • Éste hacía alusión a varios preceptos de la Ley de las Cortes

Ical | Valladolid

Actualizado viernes 27/05/2011 09:01 horas

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el pasado 17 de mayo dos cuestiones de inconstitucionalidad planteados por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valladolid contra varios preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla y León de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski. Así aparece en dos disposiciones generales, publicadas en la edición de este viernes del Boletín Oficial del Estado.

Ambos recursos plantean la posible vulneración de los artículos 24.1 y 149.1.23.ª de la Constitución española. De conformidad con lo establecido, quienes sean parte en ejecución, podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente edicto

El proyecto Meseta Ski supone la construcción de una pista de esquí seco en una de las laderas del Cerro de San Juan, en el municipio de Tordesillas (Valladolid), sobre unos terrenos que sufrieron un incendio en 1999. La propuesta de recurso, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, ha sido elaborada con los informes de los ministerios de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, Política Territorial y Administración Pública.

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Garoña para un reactor por vibraciones de la turbina

La suspensión, que ha tenido lugar durante las pruebas finales tras la recarga, no ha tenido repercusión en los trabajadores ni en la población

27.05.11 - 07:41 - EFE | MADRID

La central nuclear Santa María de Garoña, en Burgos, ha suspendido el funcionamiento del reactor debido a la aparición de vibraciones anómalas en la turbina, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En un comunicado, el CSN asegura que la suspensión "no programada", que ha tenido lugar durante las pruebas finales tras la recarga, "no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente". Este suceso "ha sido clasificado preliminarmente como de nivel 0 en la Escala internacional de Sucesos Nucleares (INES)", añade la nota. "Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto y la central nuclear continúa en proceso de revisión y de análisis de las causas del incidente", ha afirmado el CSN. Este organismo ha recalcado que se siguió "el procedimiento reglamentario" para la suspensión de la turbina nuclear. La última parada fue en octubre Garoña es uno de los ocho reactores nucleares que tiene España y es del mismo tipo, de agua en ebullición, que el de la maltrecha central nuclear de Fukushima (Japón). La central de Santa María de Garoña, propiedad de Nuclenor se encuentra en el valle de Tobalina (Burgos), y la última vez que realizó una parada fue el pasado 13 de octubre, para efectuar labores de mantenimiento en la ventilación que enfría el aire dentro del edificio de la contención primaria. Nuclenor ha solicitado una prórroga de la vida útil de la central hasta 2019.

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Vibraciones anómalas en una turbina obligan a hacer una parada en el reactor de Garoña

• Ha sido clasificado como de 'nivel 0' • No ha tenido repercusión para trabajadores, población ni medio ambiente

Ical | Burgos

Actualizado viernes 27/05/2011 08:37 horas

El titular de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) notificó el jueves al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada no programada del reactor.

El incidente, provocado por la aparición de vibraciones anómalas en la turbina, tuvo lugar durante las pruebas finales tras la recarga, según recoge un comunicado del CSN.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto y la central continúa en proceso de revisión y de análisis de las causas del incidente.

Este suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente, y ha sido clasificado preliminarmente como de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

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DIARIO DE BURGOS

El Plan Garoña ayudará con 21 millones a 40 proyectos este año

El ministro de Industria emplaza al PP a decir «claramente» si cerrará o no la central nuclear en caso de ganar las próximas elecciones generales

ical / madrid

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, informó ayer en el Senado de que la segunda convocatoria de ayudas a la reindustrialización del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña permitirá dar vía libre a cuarenta proyectos, veinte de índole industrial y veinte de infraestructuras industriales, a los que se destinarán ayudas por valor de 21 millones de euros que movilizarán inversiones por valor de 60,5 millones. Durante una extensa comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara, el ministro detalló los grandes ejes de trabajo del departamento que dirige para lo que queda de legislatura y exigió al PP que anuncie «claramente» que haría respecto a la central burgalesa de ganar las próximas elecciones generales.

«Nosotros vamos a cerrar Garoña en 2013. Ahora el PP tiene una oportunidad de oro, la de anunciar claramente a todos los españoles qué va a hacer», señaló el ministro en respuesta a la intervención del senador popular Alfredo González Torres. De ésta, Sebastián interpretó un «titular»: «El PP, si gana las elecciones, no va a cerrar Garoña». En el caso del Plan Garoña 2010-2013, dotado con 100 millones para compensar las pérdidas que supondrá el cierre de la central nuclear, Sebastián destacó que las dos convocatorias, 2009 y 2011, permitirán movilizar en esta comarca burgalesa inversiones por valor de 124 millones de euros. En la primera convocatoria de 2009, recordó el ministro, se atendieron también 40 solicitudes de ayuda aunque se solicitaron 87, lo que demuestra «la excepcional acogida en el territorio» del proyecto.

Por su parte, González Torres denunció en su intervención que los burgaleses se sienten «agraviados, engañados y estafados» por el Gobierno, porque «de lo prometido en el Plan Garoña se ha cumplido muy poco o nada». El parlamentario puso como ejemplo los informes de seguimiento del proyecto elaborados por Colegio de Economistas de Burgos. González Torres denunció que el informe apunta cómo en la zona de influencia de Garoña no crecen los contratos del sector industrial, «al contrario de lo que ocurre en el conjunto de la provincia de Burgos». El senador señaló que el proyecto comprende inversiones totales de 900 millones de euros entre 2010 y 2013, dentro de los cuales figuran las ayudas de 100 millones de euros a la inversión apuntadas por el ministro. González Torres denunció que de éstas sólo se han ejecutado 44 millones,

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aproximadamente un cinco por ciento. paralizaciones. También denunció que en materia de infraestructuras «se han caído dos grandes proyectos, el desdoblamiento de la N1 y la Autovía Dos Mares». Otros proyectos, añadió, «están paralizados», como la alta velocidad entre Burgos y Vitoria. El senador preguntó expresamente al ministro «dónde se va a ubicar» el Parador de Turismo anunciado en el Plan Garoña. «Tiene una oportunidad de oro para anunciarnos su ubicación», añadió. En su opinión, «el plan debe ser complementario a la continuidad de Garoña pero tampoco debe quedarse en agua de borrajas. Reconozcan que no ha tenido el efecto tractor del desarrollo de la zona que esperaban», subrayó, pidiendo una reunión «urgente» de la Comisión de Seguimiento que contempla el propio proyecto. Por su parte, el senador Félix Lavilla pidió el respaldo de la Junta al Plan Garoña atendiendo a que tiene unas competencias exclusivas en algunas de las materias objeto del proyecto.

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DIARIO DE BURGOS

España-Duero gana 47,1 millones en su primer ejercicio tras la fusión

La Asamblea General da luz verde a un presupuesto de 15 millones de euros para la Obra Social de la entidad en 2011, que se centrará en actividades de contenido social y asistencial

ical / león

La Asamblea General de Caja España-Caja Duero aprobó en su reunión de ayer, celebrada en el Auditorio ‘Ciudad de León’ , destinar un total de 15 millones de euros al presupuesto de Obra Social para 2011. También se aprobaron las cuentas, según las cuales la entidad cerró su primer ejercicio conjunto el 31 de diciembre de 2010 con un beneficio neto consolidado de 47,1 millones, después de hacer frente a la reestructuración de oficinas y personal tras la integración de las dos entidades.

La reunión, la primera que se celebra después de la fusión con Unicaja, estuvo presidida por el presidente de la entidad, Evaristo del Canto, mientras que la principal ausencia fue la del consejero de la entidad, alcalde de León y secretario provincial del PSOE, Francisco Fernández, que se encuentra inmerso en un proceso de reflexión después de las elecciones. También se ratificó el nombramiento de José María de la Vega como director general de la entidad, tal y como aprobó el Consejo de Administración tras la dimisión de Lucas Hernández.

En la asamblea se repasaron los principales epígrafes del balance y la cuenta de resultados. Según este balance, el total de activos de la Caja y su grupo consolidado se situaban a final de diciembre de 2010 en 45.671 millones y la inversión crediticia se elevaba a 29.000 millones. El total de recursos gestionados de clientes alcanza los 38.239 millones, siendo el volumen total de negocio que mueve Caja España-Caja Duero de 68.402 millones.

Por otra parte, se informó de que en 2010 se llevaron a cabo múltiples actividades de carácter sociocultural y asistencial, concretamente 3.855 actividades de cultura y tiempo libre de las que se beneficiaron 3,5 millones de personas, y casi 2.000 actividades de asistencia social y sanitaria, en las que participaron 1,6 millones de personas. También se organizaron casi 400 actividades de educación e investigación para 685.000 personas y 89 actividades relacionadas con el patrimonio histórico-artístico para 1,5 millones de personas. La nueva caja ha reiterado su compromiso con la Obra Social destinando una inversión

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de 15 millones, que pondrá el acento en las actividades de contenido social y asistencial, dada la coyuntura actual de crisis y las necesidades detectadas en la sociedad.

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CASTILLA Y LEÓN

Cerca de 14.000 docentes optan a las 510 plazas de maestro

ABC / VALLADOLID

Un total de 13.949 aspirantes han sido admitidos provisionalmente para optar a las 510 plazas de maestro convocadas por la Administración de Castilla y León, cuyas pruebas se celebrarán a partir de la segunda quincena de junio, según explicaron ayer a Efe fuentes de la Consejería de Educación. Otros 509 inscritos han sido excluidos, principalmente por no haber presentado la solicitud y documentación que se requería en el plazo dado.

Con estos datos, cada plaza cuenta con 27,3 aspirantes, frente a los diez que concurrieron a cada una de las 1.100 plazas de la oposición de maestro de hace dos años en la Comunidad. Del total de puestos convocados, 121 son para Educación Infantil, cuyas pruebas se realizarán en Valladolid; 120 de Idioma Extranjero (inglés), oposición que acogerá Salamanca; 117 para Educación Primaria, que tendrá lugar en Soria; 54 para Educación Física, que se hará en León; 47 para Pedagogía Terapéutica, en Segovia; 27 de Audición y Lenguaje, en Ávila, y 24 de Música, en Burgos.Con estos datos, el número de aspirantes por plaza es dispar, y oscila entre los 41,3 que optan a cada una de las plazas de Educación física a los 15,2 que hay para las de inglés.

Ayer el Consejo de Gobierno aprobó la modificación del decreto en el que se anuncia la convocatoria, condición imprescindible para que el Estado retire el recurso que interpuso ante el Constitucional y que implica la separación, por una parte, de las plazas que son fruto de la tasa de reposición y, por otra, de las que son de consolidación.

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EMPLEO | Afectará a 8.500 trabajadores de toda España

Telefónica afirma que el 'alcance real' del ERE en Castilla y León es 'imprevisible'

• El director territorial constató que el expediente está 'en fase incipiente' • Ha firmado un convenio con la UVA para crear la Cátedra de Telefónica

Ical | Valladolid

Actualizado jueves 26/05/2011 12:59 horas

El director territorial de Empresa y Administración Pública de Telefónica Zona Centro, Pedro Ortiz, afirmó este jueves en Valladolid que el "alcance real" en Castilla y León del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), anunciado este miércoles por la compañía y que afectará a 8.500 empleados de toda España en un plazo de cinco años, es "imprevisible a fecha de hoy" porque está "subordinado a su carácter voluntario".

Ortiz constató que el expediente está todavía es "una fase incipiente" y que se acaba de "pactar" con los sindicatos, por lo que no pudo ahondar "más en su desarrollo", según dijo durante la firma de un convenio marco con la Universidad de Valladolid por el que se creará la Cátedra Telefónica de Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación.

"No se puede decir más de lo que ya se ha anunciado", reiteró el director territorial de Telefónica, quien aseguró que "en los próximos meses" la empresa podrá "contestar" a la pregunta sobre el número de afectados por el ERE en la Comunidad.

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ÁVILA

La nueva jueza de Arenas jura su cargo B. L. / ICAL

La nueva jueza María Aránzazu Espejo-Saavedra (en la fotografía, primera por la izquierda), juró ayer su cargo, en un acto en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, presidido por el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, que destacó que la «significativa» presencia de mujeres en el mundo de la judicatura es «una manifestación más de que la justicia no está de espaldas a la sociedad». Espejo- Saavedra que juró su cargo con otras tres mujeres, pertenecientes a la 61 promoción para Castilla y León, desempeñará sus funciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenas.

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Detienen a los autores de 15 robos, entre ellos el del colegio de Poyales

A los cuatro detenidos se les imputa la presunta autoría de robos y hurtos en establecimientos, centros educativos y deportivos de Arenas y de la localidad toledana de Montesclaros

I. Camarero Jiménez. Ávila

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a raíz del robo con fuerza de material informático en el colegio público de Poyales del Hoyo, el CRA«Vetonia», el pasado 27 de enero han dado como resultado la detención de cuatro personas, todas ellas vecinas de Arenas, como presuntas autoras de este delito, pero también de la comisión de otros 14 más.

La primera de las detenciones se produjo el pasado 14 de mayo, entonces la Guardia Civil logró detener en Arenas a A.B.A. de 26 años de edad y vecino de esta localidad, como uno de los presuntos autores del robo de Poyales, además se pudo recuperar parte del material sustraído. Un día después a esa primera detención le siguieron otras tres, las de A.G.C. de 31 años de edad, J. A.A. S. de 38 años y de A.M.C. de 25. En nota de prensa, la Guardia Civil dio por finalizada la investigación de este robo, pero en base a los indicios obtenidos tras las detenciones, a estas cuatro personas también se les imputó la presunta autoría de otros 14 delitos/faltas más, entre los que destacan un hurto cometido en Colegio Santa Agueda, CRA Rivera de Guadyerbas de Montesclaros (Toledo); un delito contra el patrimonio y también por robo con fuerza ocurrido en el Instituto Juana de Pimentel Arenas; y otros cuatro más en establecimientos de este municipio ocurridos en el mes de febrero.

También, en otro orden de cosas se les detuvo como presuntos autores del hurto de un talonario de recetas de sustancias estupefacientes y sello médico de consulta del Centro de Salud de Arenas de San Pedro (Ávila) y un hurto más de un ordenador portátil y un módem en las piscinas naturales del mismo municipio.

A uno de los detenidos se le imputa además una falta de estafa, cometida el 22 de abril, en una gasolinera por repostar sin pagar. Un caso éste instruido por el puesto cacereño de Trujillo.

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Tras robar en el colegio de Poyales

Cuatro detenciones por numerosos delitos en Arenas Carlos de Miguel

A raíz del robo cometido en el colegio de Poyales del Hoyo, la Guardia Civil detuvo a cuatro vecinos de Arenas de San Pedro por este hecho y por numerosos delitos.

La investigación se llevó a cabo tras el robo con fuerza en las cosas de diverso material informático en el Colegio Rural Agrupado Vettonia el 27 de abril, por parte de agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas. El 14 de mayo detuvieron a A.B.A., de 26 años, y lograron recuperar parte del material sustraído.

Durante los días siguientes se detuvo al resto de los autores del delito investigado: A.G.C., de 31 años; J. A.A. S., de 38 años; y A.M.C., de 25. Con estas detenciones se dio por finalizada la investigación del hecho, a la vez que gracias a los indicios obtenidos se les imputaba en cuanto su autoría de otros 14 delitos y faltas.

Se trata del hurto cometido en el Colegio Rural Agrupado Rivera de Guadyerbas, de Montesclaros (Toledo); un delito contra el patrimonio por un robo con fuerza cometido en el instituto arénense Juana de Pimentel; robos con fuerza y con escalo cometidos en cuatro establecimientos de la Arenas en febrero; el hurto de talonarios de recetas, de sustancias estupefacientes y un sello médico del Centro de Especialidades de localidad; el hurto de un ordenador portátil y un modem en las piscinas naturales

También uno de los detenidos fue imputado por una falta de estafa cometida el 22 de abril en una gasolinera, por un reportaje no pagado, en unas diligencias instruidas por la Guardia Civil de Trujillo (Cáceres).

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Otros ocho fueron despedidos hace un mes

Composites Inteligentes se traslada a Arévalo y despide a sus 17 empleados C.T.I.

La empresa Composites Inteligentes, ubicada en el Polígono Industrial de Las Hervencias, en la capital abulense, ha decidido trasladar su producción a Arévalo, por lo que ha echado el cierre en la capital y despedido a sus 17 trabajadores.

El expediente de extinción de contratos se presentó el miércoles en la Junta de Castilla y León, que tiene de plazo hasta primeros de junio para resolverlo de forma favorable o desfavorable.

A los 17 trabajadores que ahora se despide se suman los ocho para los que, hace un mes, también se rescindió el contrato, según confirmó la responsable de la Federación de Industria de CCOO en Ávila, que cuenta con dos delegados en esta empresa –UGT cuenta con uno- dedicada a proveer al sector químico y a la producción de elementos de plástico, caucho, etc. así como a la fabricación de contenedores de vidrio.

En este sentido, los trabajadores despedidos se van con una indemnización de 45 días por año trabajado, teniendo en cuenta que, en su mayoría, se trata de empleados que llevaban en la fábrica los cuatro años que lleva implantada Composites Inteligentes en la capital abulense.

La media de estos trabajadores es de 35 años, según indicó Paloma Nieto, añadiendo que, en su mayoría, proceden de Lear, la fábrica de cableado para automóviles que llegó a tener 1.500 trabajadores y que cerró sus puertas en la ciudad en 2008.

Precisamente, ese año, Composites Inteligentes llevó a cabo un expediente de regulación de

empleo temporal por 60 días y para los 35 trabajadores con los que entonces contaba.

No obstante, según indicó la responsable de la Federación de Industria de CCOO de Ávila, cabe la posibilidad de que Composites decida contratar a alguno de esos trabajadores en Arévalo, a donde traslada su producción, aunque, de momento, sólo es una posibilidad que no se materializa, pues “todos los trabajadores que quedaban son despedidos”.

En Arévalo, la empresa funciona, junto con otro grupo, en una nave, con el nombre de

Composites Avanzados o TAC Composites, mientras que la decisión de trasladarse, según indicó Paloma Nieto, viene dada por la “falta de clientes”.

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Se da la circunstancia de que Composites Inteligentes era una de las empresas que se asentaron en la capital abulense dentro del denominado ‘Plan Ávila’, firmado por la Junta de Castilla y León y el Consistorio abulense, con el objetivo de atraer a la ciudad inversiones, sobre todo, en I+D+i.

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La CHD rebaja la sanción por hacer obras sin permiso a Zapardiel de la Cañada

Un cambio en la normativa ha beneficiado a este pueblo y la multa queda en 6.000 euros cuando podía haber sido de entre 300.000 y 600.000

I. Camarero Jiménez. Ávila

Hace escasas fechas la Confederación Hidrográfica del Duero daba cuenta de los expedientes sancionadores abiertos en la provincia de Ávila por distintas infracciones en 2010: 53, por los 62 del año anterior. Una cifra que no deja de ser un dato positivo y que se suma a otro buen dato y es que en 2010 no hubo expedientes sancionadores calificados como muy graves, lo que sí ocurrió un año atrás en nuestra provincia por una obra realizada sin autorización en el cauce del arroyo Pasaderas, en Zapardiel de la Cañada. Ahora bien, aquella infracción muy grave, calificada así porque desde el organismo de cuenca estimaban había provocado «daños superiores a los 45.000 euros» ha qudado casi en agua de borrajas pues desde la CHD confirmaron que finalmente la sanción impuesta fue de 6.000 euros, algo casi insignificante pues en un primer momento la intervención en este arroyo le podía haber costado a este municipio entre 300.000 y 600.000 euros.

El motivo de la rebaja de esta multa lo apuntaban desde la Confederación en la nota de prensa enviada hace unos días y es debido a un cambio en la normativa que además era aplicable con carácter retroactivo. Y es que a raíz del cambio, las infracciones calificadas como muy graves pasaban a ser aquellas que superaban la cuantía de los 150.000 euros en daños por lo tanto Zapardiel quedó fuera de las sanciones muy graves.

Así, a la hora de hacer una comparativa de la calificación de los expedientes resueltos en 2010 respecto a los de 2009, es importante destacar esa modificación por la que el pasado año en virtud del Real Decreto 367/2010 se modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) de tal modo que se han modificado la cuantías de los daños al DPH que servían como umbral para determinar la calificación de las infracciones.

Además, dado que en materia sancionadora las nuevas disposiciones que resulten más favorables pueden aplicarse con efecto retroactivo, algunos de los expedientes iniciados como muy graves, graves o leves, fueron finalmente resueltos como graves, menos graves o leves respectivamente. Desde la modificación del citado Reglamento se califican como leves los daños al DPH menores de 3.000 euros, si los daños oscilan entre los 3000,01 y los 15.000 euros son menos graves, cuando se cuantifican entre 15.000,01 y 150.000 euros la infracción es grave, mientras que si los daños superan los 150.000 euros la infracción se considera muy grave.

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BURGOS

DIARIO DE BURGOS

La Oficina Judicial retrasa hasta 2 meses el trámite de un concurso de acreedores

El titular del Juzgado de lo Mercantil asegura que este cambio en la organización «ha empeorado considerablemente la situación»

G. Arce / Burgos

La puesta en marcha de la Oficina Judicial el pasado mes de noviembre no solo no ha contribuido a aliviar el colapso que padece el Juzgado de Mercantil de Burgos en los últimos años por la crisis económica, sino que «ha empeorado considerablemente su situación». De hecho, la tramitación de las solicitudes de los concursos de acreedores, que antes se tramitaban prácticamente al día, ahora sufren retrasos de «mes y medio o dos meses».

Así lo denunció el juez de lo Mercantil de Burgos, José María Tapia López, durante la apertura de las IV Jornadas Concursales organizadas por la Escuela Superior de Administración y Derecho Internacional (ESADI) y que durante el día ayer y hoy reúnen en la Universidad de Burgos a 120 economistas, empresarios y jueces. Tapia explicó que con la puesta en marcha de la Oficina Judicial su juzgado ha perdido el control directo de los concursos de acreedores, algo que choca con el propio espíritu de la Ley Concursal, que busca que el juez resuelva todo el procedimiento, desde la presentación de la solicitud a la declaración de concurso, para dotarle de la mayor agilidad y eficacia posible.

«Un juzgado de lo Mercantil no tiene encaje en la Oficina Judicial porque todo lo que se debe decidir lo debe hacer el juez», señala Tapia, quien dispone de dos funcionarios a su servicio y sigue tomando las decisiones de su competencia, aunque reconoce que todos los procedimientos llegan «con muchísimo más retraso». En este sentido, pone como ejemplo las autorizaciones que le han tardado «3 ó 4 meses en llegar» o las solicitudes de concurso, que antes se tramitaban al día y ahora tardan entre «mes y medio y dos meses». «Esto no es una respuesta que se merezcan los ciudadanos», concluye.

El titular del Juzgado de lo Mercantil asegura que el ritmo de entrada de concursos ha disminuido este año, aunque en el mes de mayo han aumentado significativamente, aunque no quiere desvelar datos al respecto. Durante el primer trimestre se presentaron en Burgos 8 concursos, muy por debajo de los 27 del mismo periodo de 2010. Reformas Las jornadas fueron inauguradas ayer por los presidentes de las entidades colaboradoras: Cámara de Comercio (Antonio Méndez Pozo), FAE (Miguel Ángel Benavente) y Colegio de Economistas (Carlos Alonso de Linaje), así como por la decana de Económicas, Begoña Prieto.

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Durante dos días se abordará la futura reforma de la Ley Concursal, actualmente en proceso de debate en el Congreso de los Diputados, cuyo objetivo es lograr unos procedimientos «más rápidos, eficientes y que den una respuesta más satisfactoria a los ciudadanos». Por el momento se maneja un borrador avanzado, que se confía en que se transforme en ley a lo largo de los próximos meses de octubre y noviembre.

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DIARIO DE BURGOS

‘Iñaki de Rentería’ se negó a liberar a Ortega Lara pese al consejo de sus raptores

Sus captores directos explicaron a Ignacio Gracia que el funcionario de prisiones estaba «muy bajo» y recomendaron dejarle libre

DB

Agencias / Burgos

El ex jefe militar de ETA Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, ordenó a los miembros del ‘comando Gorosti’ que mantuvieran el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, a pesar de que los encargados de vigilarle le comunicaron que «le veían muy bajo», según desvela en su auto el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

La orden fue dictada en julio de 1996 cuando el funcionario llevaba secuestrado más de seis meses. Los miembros del talde «comentaron a su entonces jefe, ‘Gorosti’, la posibilidad de dejarle libre dada su condición física pero él se negó alegando que «las negociaciones estaban muy duras y que no veían solución». Ortega Lara permaneció secuestrado un año más, hasta el 1 de julio de 1997.

El auto desvela que ‘Iñaki de Rentería’ y ‘Gorosti’ son la misma persona y que «ejercía labores de responsabilidad» sobre el ‘comando Gohierri’ hasta su desarticulación el 1 de julio de 1997. Este talde estaba compuesto por cuatro personas -Jesús María Uribecheberría, José Miguel Gaztelu, Luis Erostegui y Javier Ugarte- que eran los encargados de mantener secuestrado al funcionario de prisiones en un zulo oculto en un taller de Mondragón (Guipúzcoa).

El magistrado, que ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de Gracia, especifica que fue Uribecheberría quien confesó que la orden en cuestión fue recibida de ‘Gorosti’. La identificación de este alias con ‘Iñaki de Rentería’ se ha producido a partir de un documento manuscrito incautado tras su detención en Francia y que fue escrito por el detenido, según las conclusiones aportadas por peritos caligráficos de la Guardia Civil. Ruz concluye, a raíz de esta prueba, que Gracia Arregui «es la persona identificada como ‘Gorosti’ y que durante los últimos doce meses del secuestro de Ortega Lara ejerció responsabilidades directas sobre el comando que le tenía secuestrado y ordenó que continuara privado de libertad».

El juez concreta que los hechos «no se encontrarían en ningún caso prescritos» dado que el Código Penal especifica para delitos de terrorismo un plazo de 20 años. Imputa a ‘Iñaki de Rentería’ la comisión de un delito de detención ilegal con fines terroristas. La participación de Gracia Arregui en el secuestro de Ortega Lara consistió en asumir la dirección del comando ‘Gohierri’ que perpetró el rapto después de los arrestos de sus

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dos dinamizadores Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’, y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, que ya han sido condenados por estos hechos.

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La Plataforma lleva a la Fiscalía la compensación de 350.000 euros a Ricor (en Aranda)

El partido castellanista asegura que escuchará a los dos grupos antes de decidir

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda Cuatro meses después de que la corporación aprobase en Pleno la reclamación de los 350.000 euros que el Ayuntamiento había compensado en el año 2006 con Toros Ricor, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros pone el asunto en manos de la Fiscalía para que sea ésta la que «esclarezca los hechos y depure las responsabilidades penales y civiles» que se pudieran derivar. La Plataforma recuerda que la compensación no procede porque el Ayuntamiento no ha podido disfrutar de los doce días a los que tenía derecho al año al no contar la plaza con la licencia de apertura «por los innumerables defectos e infracciones detectadas en su construcción».

Aunque en un principio la polémica se centró en si el ex alcalde Ángel Guerra procedió de forma correcta al tramitar la compensación, finalmente el Secretario municipal avaló el procedimiento asegurando que se hizo de forma adecuada «independientemente de que años más tarde el Consistorio haya tenido que reclamar el pago por no haber podido disfrutar de los doce días a los que tenía derecho cada año por contrato». «La cuestión es que han pasado cuatro meses y que aquí nada avanza», lamentan en la Plataforma que ha solicitado además al Ayuntamiento información precisa «de si se ha producido o no a dicho cobro y de cómo va el proceso».

Riesgo No es el único foco de preocupación y desde el colectivo advierten del riesgo de no haber incoado aún los expedientes, sancionador y de caducidad de licencia. «El Ayuntamiento está corriendo el grave riesgo de que una vez más se deje prescribir la acción sancionadora municipal».

De no iniciarse ambos procesos, la Plataforma se muestra contundente: «Si no se hiciera se estaría incurriendo en un acto claramente prevaricador por parte de los responsables municipales», sostiene mientras deja claro que de darse la circunstancia, el colectivo acudirá a la vía penal. «Tan solo les recordamos las cosas que han acordado. Estaremos vigilantes y no dudaremos en acudir a la Fiscalía. Está claro que no ha habido voluntad política para hacerlo y esperamos que ahora con la entrada de los nuevos grupos se solucione este problema de una vez por todas», explica su portavoz, el abogado Julián Mateos.

Reversión De cara al futuro, el colectivo sigue abogando por la tramitación de la reversión y la consiguiente reclamación de daños y perjuicios e insta al nuevo gobierno a imponer «la autoridad que no solo le otorga la ley sino que también le exige». Por ello, la Plataforma

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aboga por el derribo de la actual plaza «por tratarse de una construcción ilegal». Además, y de cara a la feria taurina de septiembre, la Plataforma por la Plaza de Toros apuesta por un concurso público, «bien gestionado», para la gestión de una plaza portátil, por tres años; un «tiempo previsible para la construcción legal de un coso permanente de concesión municipal, con apoyo municipal y de todos los sectores sociales».

Por otro lado, el colectivo lamenta los escasos resultados de la comisión municipal de investigación, que el Pleno aprobó a petición del Partido Popular para investigar la trayectoria de la plaza desde la venta hasta el momento actual. «No ha llegado a realizar ni un solo minuto de trabajo real», concluyen.

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Denuncia una presunta estafa en el cobro de una ayuda para autoempleo

El denunciante, un particular, considera que la joven que accedió a la subvención para montar un bar restaurante en Melgar aportó facturas falsificadas para cobrar la misma

F. Trespaderne / Burgos

El propietario de un local de Melgar de Fernamental, Gerardo González, denunció en la mañana de ayer ante la Guardia Civil de esa localidad lo que califica de presunta estafa en el cobro de una ayuda concedida por la Diputación dentro del plan de apoyo a pymes y autoempleo en el medio rural.

El denunciante alquiló su local a una joven para poner en marcha un bar restaurante, ‘Los siete infantes’, pero ante el impago del alquiler y de las facturas, principalmente de luz, inició un proceso para proceder al desahucio, situación que se resolvió en febrero pasado. «Nos encontramos el local totalmente destrozado, sin maquinaria ni mobiliario, y uno de los cajones de una estantería una documentación que permitía observar que la arrendataria había solicitado una subvención a la Diputación para una inversión de 29.306 euros», indica González.

En otro documento, el propietario del local pudo comprobar que la solicitante cobró una subvención de 7.884 euros y que las facturas de distintos proveedores que aportó a la Diputación para justificar la inversión «son burdas falsificaciones y ningún proveedor conocía a la empresaria y que los pagarés que había emitido la misma entidad de ahorro no los habían cobrado», señaló el denunciante ante la Guardia Civil.

Ante la gravedad de los hechos González, que valora lo daños que ha sufrido en unos 12.000 euros, decidió poner en conocimiento de la Diputación la supuesta estafa y advertir al departamento correspondiente «de lo que presumía era una falta total de verificación real de la documentación aportada por la empresa para acceder a la ayuda», afirma González, quien recuerda que en un principio negaron que se hubiera concedido la ayuda e insiste en que lo único que persigue con esta denuncia es evitar que vuelvan a repetir casos similares y que el dinero público pueda llegar a personas que no cumplen los requisitos de las convocatorias de ayudas.

En su denuncia, González considera que los responsables de esta situación son «los técnicos y funcionarios que han hecho dejadez de sus funciones obligatorias de verificación y análisis» de las facturas aportadas. Curiosamente, la alcaldesa de Melgar y diputada provincial, Montserrat Aparicio, es la que preside la comisión que reparte estas ayudas, en la que están las entidades de ahorro de la provincia y organizaciones empresariales. Al tener conocimiento de esta denuncia, Aparicio indicó que desde el

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departamento correspondiente «ya se ha iniciado el expediente para solicitar a la empresaria el reintegro de la subvención, que es lo que procede».

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Investigan si un cartero recogió 35 votos en un asilo de Pradoluengo

El PSOE recurre el escrutinio de las elecciones de la localidad y pide su repetición. Correos remitió el caso a la Junta Electoral de zona y la Fiscalía decidirá si se ha cometido un delito

I. Elices / Burgos

Los votos recogidos por un funcionario de Correos en una residencia de ancianos de Pradoluengo envuelve en la polémica los comicios de esa localidad burgalesa. El PSOE registrará un escrito en la Junta Electoral de zona para recurrir el escrutinio y para solicitar la repetición de las elecciones, según explicaba ayer Luis Tudanca, diputado socialista.

No obstante, no ha sido está formación la que ha denunciado en primera instancia los hechos. Fue Correos la que comenzó la investigación interna días antes del 22-M debido a una denuncia de una funcionaria. Después envió toda la documentación a a la Junta Electoral Provincial, que la remitió a la de zona. Ésta, a su vez, enviará la denuncia a la Fiscalía para que determine si se ha cometido delito electoral. Según explicó ayer Luis Tudanca a este periódico, un funcionario de la empresa pública postal, saltándose el procedimiento, acudió antes de las elecciones a la residencia San Dionisio para recoger e introducir en sobres las paletas de los ancianos, muchos de ellos con enfermedades degenerativas graves.

El voto por correo solo puede ser solicitado por el interesado en una oficina postal o bien por otra persona con un poder notarial. Al parecer, presuntamente, el trabajador de Correos acudió al asilo, se hizo con una lista de los ingresados -en torno a 35- y utilizó sus nombres para emitir un sufragio para el que ellos no dieron su visto bueno. Después de que Correos iniciara la investigación, algunos familiares de los ancianos del asilo se dirigieron a la Junta Electoral de zona para preguntar si sus padres habían votado. Y les contestaron que así era. Alguno de ellos «ni siquiera reconoce a sus hijos, cómo iban a pedir votar», se lamenta Tudanca.

El diputado socialista reconoce que será difícil que se repitan las elecciones en Pradoluengo, porque esos 35 votos -que no se sabe a que partido fueron a parar porque acabaron en una urna, como todos- no afectan al resultado final. «Pero hay que depurar responsabilidades, porque se trata de un hecho muy grave», indicaba

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Los ‘indignados’ despejan de colchones y pancartas los soportales

Los integrantes del movimiento 15-M han dialogado con los empresarios y han decidido colocar sus pancartas, colchones y demás enseres donde no entorpecen el acceso a los negocios

I. Elices / Burgos

Los manifestantes del movimiento 15-M que siguen acampados en la Plaza Mayor han retirado sus pancartas y enseres de los soportales con el fin de facilitar el acceso a los establecimientos hosteleros y comerciales, así como la vistas de los escaparates. Los ‘indignados’ se han reunido con algunos de los propietarios de los negocios, quienes les han explicado los perjuicios que les está causando el hecho de que sus pertenencias taponen las entradas a los establecimientos.

Ahora mismo, los accesos a pastelería Alonso y a Imaginarium están libres. Han colocado todas sus cosas fuera de los soportales, o en una parte de éstos, más cercano a al Ayuntamiento, donde no hay ningún negocio. «Hemos hablado con ellos, algunos de nuestros padres son comerciantes, y hemos acordado la manera de causarles los menos problemas posibles», señalaba uno de los portavoces, Diego. Además, han colocado un cartel en una de las columnas en el que se puede leer: «Dejad los arcos libres». El objetivo es que nadie más se instale junto a los locales comerciales. Quejas La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico -Zona Centro- se quejó el martes ante el Ayuntamiento y la Subdelegación con sendos escritos. Los empresarios no exigían a los manifestantes de la plataforma ‘Democracia real ya’ que abandonaran su lucha, pero sí que lo hagan «fuera de los soportales». Se quejaban de que los ‘indignados’ habían acampado junto a las tiendas, colocando sus colchones y sus pancartas al lado de las tiendas.

Los comercios han notado una disminución de la clientela en los últimos días que repercute negativamente en sus negocios. Los transeúntes «no se paran en los escaparates porque no los ven y no entran porque los accesos están taponados en algunos comercios», se quejaba la gerente de la asociación, Belén Marticorena. Los comerciantes pidieron a los manifestantes que acamparan «en el medio de la plaza, donde no molestan a nadie».

«En muchos empresarios ‘los indignados’ han despertado simpatía, incluso comparten algunas de sus reivindicaciones, pero pierden la razón cuando perjudican el trabajo de otras personas», señalaba Marticorena.

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Curiosamente, los manifestantes han acampado en los soportales donde hay negocios, pero no están presentes en el de acceso al Ayuntamiento. «Suponemos que la Policía Local los ha echado de allí, pero la consecuencia es que han ocupado zonas que perjudican a los empresarios», lamenta la gerente de Zona Centro. Sus protestas «van dirigidas contra los políticos, pero quienes sufren las consecuencias no son ellos».

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Aranda / Seguridad ciudadana

Bomberos y emergencias coordinan su actuación ante los accidentes de tráfico

La capital ribereña ha acogido por primera vez un curso sobre la actuación conjunta de primeros intervinientes ante un siniestro en el que han participado, durante el miércoles y el jueves, más de 60 miembros de ambos servicios

N.L.V. / Aranda

Crear espíritu de equipo y sentar las bases de una buena coordinación en las situaciones de emergencia a las que pueden enfrentarse en su trabajo cotidiano es lo que ha llevado a integrantes del Servicio de Emergencias 112 y del Servicio de Extinción de Incendios de la capital ribereña a celebrar durante dos días, el miércoles y el jueves, un curso sobre Actuación Conjunta de Primeros Intervinientes en Accidentes de Tráfico, organizado en colaboración con la Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León y la Gerencia regional de Emergencias Sanitarias.

«Lo importante es que nos conozcamos. Que llegues a una situación muy adversa y sepas cómo eres y hayas realizado ya un ensayo de cómo se trabaja en equipo. Cuando mejoras la comunicación hay buena relación y buen ambiente de trabajo, todo eso repercute en la actuación que estás teniendo y es un beneficio para el paciente», explica Carmen Colmenar, enfermera de la Unidad Medicalizada de Emergencias de la capital ribereña y una de las impulsoras de la actividad, quien considera que cuestiones como conocer el nombre de con quién estás trabajando o un gesto para indicarle algo en una situación de mucho ruido son básicas.

La iniciativa surgió casi de manera espontánea en una conversación informal entre compañeros y es la primera vez que se pone en marcha algo similar en la capital ribereña, aunque sí que se llevan a cabo actuaciones similares en otras localidades y entre otros servicios de emergencias de la comunidad.

En muy poco tiempo caló en los integrantes de ambos equipos, que la han secundado de forma masiva, dándose cita en el arandino Parque de Bomberos más de 60 personas, entre bomberos y personal técnico y conductores de los soportes vitales básicos de Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, Roa de Duero y Lerma así como los trabajadores del servicio de emergencias extrahospitalarias de Aranda de Duero. Además, entre el profesorado se ha contado con la participación de agentes de la Guardia Civil.

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Teoría y práctica Los accidentes de tráfico han sido el tema en torno al que ha girado esta actividad formativa, en la que se han compatibilizado los contenidos teóricos con la práctica. Entre otros aspectos, se han realizado talleres sobre reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico, se ha profundizado en la actuación ante un trauma grave o en el protocolo de intervención ante incidentes con materias peligrosas o se han recibido nociones sobre el uso de extintores. Las jornadas concluyeron ayer con un simulacro de actuación ante diversos siniestros circulatorios que se simularon en el patio del propio Parque de Bomberos.

La intención, señala Carmen Colmenar, es dotar de continuidad a esta iniciativa y que con una periodicidad, que en principio pudiera ser anual, se sigan realizando convocatorias de similares características, máxime si se tiene en cuenta que el personal implicado realiza trabajos «que necesitan un reciclaje permanente en cuanto a formación». Además, sería una oportunidad para plantear comportamientos ante diversos sucesos, «como áreas confinadas, o en empresas importantes en las que se trabaja con ciertos productos», y dar cabida a otros servicios.

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LEÓN

La policía de San Andrés detiene a un agente nacional por desacato

Los hechos sucedieron tras un control de alcoholemia rutinario

dl | león

Miembros de la Policía Local del Ayuntamiento San Andrés del Rabanedo detuvieron el pasado fin de semana a un policía nacional tras enfrentarse a los agentes y por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Según ha podido saber DIARIO DE LEÓN, los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, en el transcurso de un control de alcoholemia rutinario que realizaban los agentes de la Policía Local de San Andrés cerca de la casa consistorial, en el entorno de la avenida de Azorín.

La policía local procedió a parar uno de los vehículos que circulaban por el lugar a esa hora y a realizar el control de alcoholemia pertinente a la conductora del mismo que dio negativo.

En ese momento, el acompañante de la mujer comenzó a increpar a los agentes locales que intentaron calmar a esta persona.

Pero después de varios intentos infructuosos y al ver que no cesaba en su actitud, la policía local decidió pedirle la identificación a lo que el hombre, en estado ebrio según fuentes oficiales, se negó amenazando también a los agentes que, ante su actitud irreverente y agresiva decidieron detenerlo y trasladarlo a la Comisaría Nacional de Policía de San Andrés. Desde este punto hasta la sede policial esta persona se mostró muy nerviosa e irritada.

Al entrar en la comisaría, situada muy cerca del lugar de los hechos, el detenido continuó con la misma actitud de desobediencia y, finalmente, procedió a identificarse ante los agentes que se encontraban de guardia en la comisaría. Lo más paradójico es que el detenido resultó ser un brigada del Servicio de Información de la Policía Nacional destinado en Bilbao pero natural de León.

Ante el comportamiento que mostró en todo momento, el inspector de guardia decidió ponerse en contacto con el juez de guardia quien abrió diligencias contra el brigada de la policía nacional por un presunto delito de desacato a la autoridad y desobediencia. Finalmente, el agente quedó en libertad con cargos a la espera de la resolución judicial definitiva.

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Denuncian a dos furtivos en los montes oseros de Leitariegos

Los cazadores se habían internado en una zona protegida

dl | león

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Villablino y un vigilante de la Fundación Oso Pardo (FOP) denunciaron el pasado martes a dos cazadores furtivos vecinos de Villablino por introducirse ilegalmente en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en el Principado de Asturias.

Un vigilante de la FOP realizaba una espera a primera hora de la mañana de martes tratando de localizar osos cuando sorprendió a los dos cazadores provistos de un arma que, asomándose desde una ladera de la parte leonesa, se internaban hacia el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Inmediatamente, el vigilante avisó a la Guardia Civil que organizó un operativo de vigilancia y seguimiento que concluyó con la identificación de los dos cazadores, ya en terreno leonés, siendo intervenida el arma que portaban. Los dos cazadores furtivos ya habían sido denunciados en el pasado por sucesos similares.

La zona es frecuentada por ejemplares de oso pardo, ya que presenta un hábitat de alta calidad.

Las Patrullas Oso de la FOP que operan en el Alto Sil leonés y en la vertiente asturiana cuentan con financiación de la Obra Social Caja Madrid y la Fundación Biodiversidad.

Las patrullas que la Fundación Oso Pardo (FOP) tiene destacadas en Villablino, Cangas del Narcea (Asturias) y en los Ancares de Lugo han retirado un total de 28 lazos ilegales en los primeros meses de 2011. En concreto, se quitaron ocho lazos en el concello de Cervantes (Lugo), 19 lazos en el concejo de Ibias y uno en el de Tineo, ambos en Asturias. Los lazos se destinan habitualmente para cazar jabalíes, corzos y ciervos, pero también pueden atrapar a otra fauna, incluidos los osos. Suelen ser colocados en pasos en el bosque utilizados por la fauna y en el entorno de praderas, de siega y diente, y en cultivos.

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Medio Ambiente | Ambos cazadores son reincidentes

Denuncian a dos furtivos de Villablino por entrar ilegalmente en montes oseros

• La zona de Leitariegos en la que se adentraron es frecuentada por osos pardos

Ical | León

Actualizado jueves 26/05/2011 17:28 horas

Dos agentes del Seprona, dos guardias civiles del puesto de Villablino y un vigilante de la Fundación Oso Pardo (FOP) denunciaron el pasado martes 24 de mayo a dos cazadores vecinos del Ayuntamiento de Villablino por introducirse ilegalmente en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en el Principado de Asturias, según informó la Fundación a través de un comunicado.

Un vigilante de la Fundación Oso Pardo realizaba una espera a primera hora de la mañana tratando de localizar osos cuando sorprendió a los dos cazadores provistos de un arma que, asomándose desde una ladera de la parte leonesa, se internaban hacia el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Avisada la Guardia Civil, se organizó un operativo de vigilancia y seguimiento que concluyó con la identificación de los dos cazadores ya en terreno leonés, siendo intervenida el arma que portaban. Los dos cazadores furtivos ya habían sido denunciados en el pasado por sucesos similares.

La zona es frecuentada por ejemplares de oso pardo ya que presenta un hábitat de alta calidad. Las Patrullas Oso de la FOP que operan en el Alto Sil leonés y en la vertiente asturiana cuentan con financiación de la Obra Social Caja Madrid y la Fundación Biodiversidad.

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Una deflagración causa dos heridos en la planta incineradora de Cosmos

Sufren quemaduras, aunque la empresa no aclara cuál era la actividad en la planta

C. Fidalgo | PONFERRADA

Dos técnicos de la cementera Cosmos se recuperaban ayer en dos hospitales distintos después de sufrir quemaduras de segundo grado tras ser alcanzados por una deflagración en el intercambiador de calor de la planta de Toral de los Vados cuando revisaban los procesos previos a la puesta en marcha del horno de incineración. El suceso se produjo minutos después de las seis de la tarde del pasado miércoles, cuando A.C.D, de 29 años, -”ingresado en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña con quemaduras en la cara y en las manos-”, y R.C.L, de 28 años -”trasladado ayer desde el Hospital del Bierzo al Hospital de la Reina con abrasiones más leves-” se encontraban realizando labores de supervisión en la planta quinta de la cementera y se produjo una deflagración en el intercambiador de calor de la instalación. La empresa confirmó ayer los hechos, pero volvió a mostrarse ambigua y no aclaró si los operarios de la cementera de Toral de Los Vados iban a usar residuos o el habitual coque de petróleo cuando se produjo el accidente.

Los dos heridos, «de carácter leve», según la empresa, fueron trasladados al Hospital del Bierzo en ambulancia después de ser auxiliados por los servicios médicos de la planta industrial. El más grave de los dos, A.C.D, con quemaduras de segundo grado en el 10 por ciento de su cuerpo -”manos, brazos y rostro-” fue trasladado el mismo miércoles desde el complejo sanitario berciano, donde calificaron sus quemaduras de «graves», a la unidad de quemados del Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Su estado era ayer estable y evolucionaba de forma favorable, según fuentes médicas.

El otro herido, R.C.L, pasó la noche en el Hospital del Bierzo y ayer fue trasladado al Hospital de la Reina, donde esperaban darle el alta en 72 horas. R.C.L. tiene quemaduras de segundo grado en la mano y el antebrazo derecho y más leves en la cara. Su evolución es muy favorable, según los médicos.

Cosmos ha abierto una investigación para aclarar las causas del suceso. El accidente se produce cuando la empresa del grupo Cimpor sólo tiene de plazo hasta mañana, 28 de mayo, para realizar las pruebas de incineración de residuos. La empresa ha renunciado a incinerar lodos de depuración y grasas animales pero nada ha dicho de la quema de neumáticos.

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La comisión contra la violencia de género condena el crimen de Degaña

Estos actos son “atentados contra la paz y el libre desarrollo de las personas”

L. de la Villa / Villablino Los miembros de la Comisión de trabajo contra la violencia de género del medio rural de los municipios de Villablino, Palacios del Sil y Cabrillanes, han emitido una nota de prensa para mostrar sus condolencias a los familiares de las víctimas y demás personas afectadas por el trágico suceso ocurrido en la madrugada del pasado lunes, día 23, en la vecina localidad asturiana de Degaña.

Los integrantes de la citada comisión quieren mostrar, también, su total rechazo a la violencia de género, “que consideramos es un atentado contra la paz y el libre desarrollo de las personas y contra la democracia”, señalan en la nota. La Comisión de trabajo contra la violencia de género en el medio rural entiende que “la violencia de género ocurre por valores, creencias y actitudes aprendidas que se transmiten y queremos trabajar por un territorio libre de violencia donde predominen formas de convivencia plural y solidaria”

En pasado lunes, día 23, Laciana y Degaña se despertaban con la noticia del triple homicidio ocurrido en esta última localidad del suroccidente asturiano. El presunto autor de los hechos, José Manuel Álvarez Fernández, de 42 años y vecino de Caboalles de Abajo, acababa con la vida del padre, el hermano y el novio de su exmujer , Silvia Brugos Rodríguez. En el trágico suceso también resultaron heridas Silvia y su madre. Un suceso que conmocionó también a la comarca de El Bierzo pues el novio de Silvia Brugos, Jorge Marqués Vado, era natural de Ponferrada y ejercía como profesor de educación física en el colegio público Santa Bárbara de Matarrosa del Sil.

El juez de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea ordenó, este miércoles, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del crimen, José Manuel Álvarez Fernández. El imputado, que permanece en el centro penitenciario asturiano de Villabona, está acusado de tres delitos de homicidio consumado y dos en grado de tentativa, uno de allanamiento de morada, otro de atentado contra la autoridad, al embestir en su huida a una patrulla de la Guardia Civil, y daños.

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Dispositivo especial de seguridad para las Justas (en Hospital de Órbigo)

p. infiesta | hospital

Las jornadas medievales que se recrearán el primer fin de semana de junio en Hospital de Órbigo dispondrán de un dispositivo especial de seguridad, según acordaron ayer representantes de la Guardia Civil, el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno, Protección Civil y la empresa organizadora del evento (Temporarius), durante la reunión de la Junta Local de Seguridad.

El subdelegado del Gobierno, Franciso Álvarez, garantizó que «habrá presencia permanente de la Guardia Civil» desde la madrugada del sábado día 4 hasta las 5.00 horas de la mañana del lunes día 6. «Tenemos el compromiso de que acuda el número necesario de efectivos para organizar la llegada masiva de vehículos y personas que quieran disfrutar de Medievales 2011», comentó.

En ese sentido, a las patrullas de la Guardia Civil se sumarán voluntarios de Protección Civil de León y tres guardias de seguridad privada para el recinto. Por su parte, el alcalde de Hospital de Órbigo, el socialista Miguel Cordón, animó a los futuros visitantes a las jornadas medievales a «seguir las indicaciones de Protección Civil, ya que encaminarán a los conductores hacia una chopera a 300 metros del recinto donde los vehículos se pueden quedar a la sombra».

27/05/2011

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Los problemas de financiación ahogan al 80% de las empresas

dl | Redacción

La cámara de comercio de león y Secot (voluntariado senior de asesoramiento empresarial) formalizaron el convenio de colaboración, que permitirá el asesoramiento gratuito para la puesta en marcha de proyectos empresariales.

Por parte de la Asociación Secot, asistió su delegado de zona, Tomás Fernández, y en representación de la Cámara de León, su presidente, Manuel Lamelas.

Secot es una asociación sin ánimo de Lucro y declarada de utilidad pública en 1995. Sus voluntarios son los Seniors, socios de Pleno Derecho de Secot, profesionales cualificados jubilados, prejubilados o en activo que, con espíritu altruista, desean ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesitan.

Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo su diagnóstico y proponiendo acciones para el desarrollo empresarial, dando respuesta a las distintas preguntas.

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La ULE triplicará los alumnos de chino tras la concesión del Instituto Confucio

El rector confía en que este centro sirva para establecer relaciones empresariales

Alfonso Martínez / León El intenso trabajo de la Universidad de León y la situación estratégica para dar cobertura a todo el noroeste de España han sido las claves para la concesión de la ansiada sede del Instituto Confucio, el organismo que se ocupa de potenciar la lengua y la cultura china a lo largo y ancho del mundo al estilo de lo que ocurre con el Cervantes y el castellano. El Gobierno chino ya ha hecho oficial esta concesión, a la que aspiraban la Universidad Complutense de Madrid y las de Santiago, Asturias, Alicante y Burgos entre otras. Es preciso recordar que en el mundo existen 400 sedes y que ya hay en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Las Palmas.

El rector de la ULE, José Ángel Hermida, y el vicerrector de Relaciones Internacionales, José Luis Chamosa, fueron los encargados de explicar ayer los detalles del ansiado proyecto. Comenzará a funcionar en otoño y sus instalaciones se ubicarán en el actual Centro de Idiomas, en San Francisco, donde ya se están habilitando las dependencias necesarias. Es preciso recordar que actualmente 60 personas estudian chino en el centro actualmente y que las previsiones de la ULE reflejan que en tres años el Instituto Confucio serviría para alcanzar los 180 ó 200 alumnos.

En el futuro, está previsto que la Universidad de Xiangtan, a la que estará adscrita la sede del Confucio, y las autoridades chinas sufraguen un nuevo edificio para el que la actual corporación municipal había anunciado una parcela en la zona de la Palomera. Hermida confió en que esta sede sirva para divulgar la cultura china con un sinfín de actividades y para potenciar las relaciones empresariales con la que aspira a ser primera potencia mundial.

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PALENCIA

Tres detenidos por presuntos robos de prendas de ropa en establecimientos de Palencia

Son extranjeros, dos mujeres y un hombre de 22, 31 y 33 años, según la Policía Nacional

diariopalentino.es

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas extranjeras, dos mujeres y un hombre de 22, 31 y 33 años, como presuntos autores de diversos hurtos de prendas en varios establecimientos de la capital palentina.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los detenidos actuaban como grupo organizado, entrando en los establecimientos con bolsas de papel grandes, con doble forro de aluminio y cinta adhesiva para evitar el dispositivo antihurto. Una vez en los comercios, introducían todo tipo de prendas y zapatos en las citadas bolsas y se las llevaban a un coche aparcado en las cercanías.

A los detenidos se les han intervenido prendas cuyo valor asciende a 4.500 euros aproximadamente, así como el vehículo que utilizaban para desplazarse por Palencia y otras ciudades.

Los presuntos ladrones han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia Número 7 de la capital mientras se continúa con las gestiones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

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Cara: alcalde, cruz: un vecino más

En al menos cuatro entidades menores de la provincia de Palencia la Alcaldía se decide por sorteo al existir empate entre los candidatos

O. Herrero

Será el destino, un programa informático, acaso una moneda, lo que después de que no bastara la soberanía popular para decidir quién será el alcalde, ponga a cada uno en el sitio que ocupará durante los próximos cuatro años. En al menos cuatro entidades menores será el azar quien elija quién es el alcalde durante los próximos cuatro años. Lo mismo ocurre en tres municipios con listas abiertas (de entre 250 y 500 habitantes), en los que ya se recurrido a la moneda para elegir los ediles de la coorporación porque había empate a votos entre los candidatos. Dos de estos casos se dan en la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga. Allí ya se ha tomado una decisión de quién será el alcalde o concejal a través del método del 50%: Una moneda al aire y si sale cara, tal candidato será alcalde pedáneo o concejal. Si sale cruz, un vecino más. En Perazancas, por ejemplo, localidad perteneciente al municipio de Cervera de Pisuerga, había empate a votos para el alcalde pedáneo. Pero una moneda hizo que el candidato del PP se impusiera al de Solución Independiente. También en esta Junta Electoral, en el municipio de La Vid de Ojeda, donde las urnas habían dado directamente al PP cuatro de los cinco ediles, ha habido que recurrir a una moneda para desempatar a los candidatos a ocupar el quinto asiento. Uno del PP y otro del PSOE, ambos con 18 votos. Finalmente la pieza cayó del lado de los socialistas que tendrán un concejal en este municipio. En la zona de Palencia ha tenido que sortear los puestos de concejales en los municipios de Boadilla de Rioseco y en Valdeolmillos. Y se ha recurrido a la moneda a pesar de que, cómo explican en la Junta Electoral de Carrión, «existe un programa informático que se encarga de elegir en el caso de los municipios. Sin embargo, al fin y al cabo es tan efectiva la moneda como el programa». Es en esta Junta Electoral donde se da una curiosidad. En concreto en el municipio de Saldaña. En tres de sus 12 pedanías se han dado empates entre los contendientes a alcalde pedáneo. Pero aún no se ha decidido quiénes ocuparán el puesto de primer (y único edil) de la Junta Vecinal. Algo que se hará la semana próxima.

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Las Juntas a desempatar son las de Valenoso (Independiente-PP), Carbonera (PSOE-PP) y Membrillar (Unidad Regionalista-PP).

27/05/2011

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Denuncian al Consistorio de Báscones por usar agua sin permiso de la CHD diariopalentino.es

Un agente medioambiental ha presentado el pasado día 17 de mayo una denuncia ante la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, contra el Ayuntamiento de Báscones de Ojeda por según consta en el escrito «derivar agua de varios manantiales». Concretamente se refiere a los manantiales de Matalobera y Bostal ubicados en el municipio de la comarca de La Ojeda que se «derivarían para el abastecimiento del agua potable en la localidad de Báscones de Ojeda sin que exista la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para poder hacerlo».

Un abastecimiento con el que se prestaría el servicio municipal de aguas a los más de 170 vecinos del municipio.

27/05/2011

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SALAMANCA

La banda desmantelada por la Guardia Civil traía la droga desde Marruecos

Los detenidos la distribuían luego en Santa Marta, Villamayor y barrios de la capital. Uno de ellos introducía las sustancias en Salamanca procedentes de Ceuta ocultas en su cuerpo

M.C. Los cuatro detenidos el miércoles en la redada de la Guardia Civil traían la droga desde Marruecos para su distribución en la provincia, principalmente en Santa Marta, Villamayor y los barrios de Salamanca. La banda tenía una estructura jerárquica y su centro de operaciones en la urbanización de El Encinar de Terradillos —en la calle Río Duero—, desde donde supuestamente sus miembros organizaban las transacciones de droga que luego se materializaban en Salamanca capital con destino a los citados puntos. Las investigaciones de los agentes del Instituto Armado en Salamanca se iniciaron en marzo y culminaron con los arrestos de la presunta cabecilla —N.B.M., de 40 años—, y su lugarteniente —su marido, F.C.G., de 46—. Por debajo estaban S.M.A., de 38 años y encargado de materializar algunas de las ventas, y J.J.E., de 35, que se situaba en el nivel más bajo de la banda y cuyo cometido era introducir la droga en Salamanca procedente de Ceuta oculta en su cuerpo junto con S.M.A.

27/05/2011

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Desarticulan una banda que introducía droga en Salamanca desde Marruecos 27.05.11 - 00:17 - F. G. | SALAMANCA.

La Guardia Civil de Salamanca ha desarticulado a uno de los principales grupos dedicados al tráfico en la provincia de Salamanca. Según informó la Comandancia, la Operación Abeja ha permitido la detención de cuatro personas y la incautación de cinco kilos de hachís en un golpe contra una red perfectamente organizada, dedicada a la introducción de droga desde Marruecos. Los detenidos son N. B. M., mujer de 40 años, jefa de la organización; su marido, F.,C.,G., de 46 años, como lugarteniente; S. M. A., de 38, encargado de las ventas y de la custodia de la droga en un piso franco de Salamanca, y J. J. E., de 35, cuyo cometido era introducir en Salamanca la droga procedente de Marruecos a través de Ceuta. Tenían el centro de operaciones en la urbanización El Encinar, situada en Terradillos, desde donde organizaban las transacciones de droga que luego se vendía en barrios de Salamanca, Santa Marta de Tormes y Villamayor. La Guardia Civil efectuó varios registros simultáneos y se incautó de cinco kilogramos de hachís, 16 gramos de cocaína, nueve de heroína, tres básculas de precisión, más de 8.000 euros en efectivo y tres vehículos. El Juzgado número tres de Salamanca ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos, salvo para J. J. E., al que ha fijado una fianza de 2.000 euros.

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Sucesos | Con cuatro detenidos

Desarticulada una banda que introducía droga en Salamanca desde Marruecos

• Las operaciones se habían en una urbanización de Terradillos • La droga se custodiaba en un piso franco de la capital charra

J. M. B. | Salamanca

Actualizado jueves 26/05/2011 17:54 horas

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a una banda que se dedicaba a introducir droga desde Marruecos en la capital salmantina. En la operación se ha detenido a cuatro personas e intervenido cinco kilos de hachís. La Comandancia salmantina da por desarticulado a uno de los principales grupos dedicados al tráfico de drogas en esta provincia.

Las investigaciones se iniciaron en marzo a raíz de una investigación vinculada a varias vías de penetración de hachís en localidades próximas a Salamanca capital, desde Ceuta. A principios de mayo ya de disponía de información sobre la estructura y el funcionamiento de la organización, perfectamente jerarquizada, con una estructura piramidal , y con un reparto específico de tareas, donde la responsable de la organización, N.B.M, de 40 años de edad, y su marido, F.C.G, de 46 años de edad, como lugarteniente se ocupaban principalmente de las tareas de aprovisionamiento de droga y de formalización de las ventas.

De los otros miembros de la banda, S.M.A, de 38 años de edad, era encargado de materializar las algunas ventas y de custodiar la droga en el piso franco que la organización tenía en Salamanca. Por su parte, el cometido de J.J.E, de 35 años de edad, era introducir la droga en Salamanca procedente de Ceuta oculta en el interior de su cuerpo. En esta labor también colaboraba S.M.A.

El centro de operaciones de esta organización estaba establecido en la Urbanización El Encinar de Terradillos, desde donde organizaban las transacciones de droga, que luego se materializaban en la capital con destino a Santa Marta de Tormes, Villamayor y los barrios de Salamanca.

El pasado 23 de mayo, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en el piso franco que la organización tenía en la calle Jesús García Bernalt de Salamanca, donde se incautaron más de 5 kilogramos de hachís, 16 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína, 3 básculas de precisión y diversos útiles para cortar la droga.

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De forma casi simultánea se procedió a la detención de N.B.M. y F.C.G. en las inmediaciones del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, incautando en el momento el vehículo Ssangyong Kyron que había sido utilizado para la comisión de los hechos delictivos investigados. Una vez finalizado el primer registro, se realizó una segunda entrada y registro en la calle Duero de la Urbanización El Encinar de Terradillos, donde se incautó diferente documentación contable, más de 8.000 euros en efectivo y dos vehículos utilizados como instrumentos del delito, un Audi A4 y un Nissan Pathfinder.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Salamanca ha decretado el ingreso en prisión incondicional de todos los detenidos, excepto J.J.E. respecto al cual se acordó una fianza de 2.000 euros, que pagó, evitando entrar en prisión.

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Al menos una detenida en una nueva redada contra el tráfico de drogas en Béjar

La Policía intervino un importante alijo. La operación podría haber venido acompañada de más arrestos en la capital

M.C./TEL Al menos una mujer ha sido detenida en una nueva operación contra el tráfico de drogas desarrollada por agentes de la Policía Nacional en Béjar. Vecinos de la ciudad textil informaron este jueves a LA GACETA que la redada se desarrolló el miércoles pasado, desde primera hora de la tarde y se prolongó hasta casi entrada la noche, en la zona del Barrionuevo, concretamente en un piso cercano a la Plaza Mayor de la localidad. La operación desarrollada en Béjar podría haber venido acompañada de más detenidos consecuencia de otros registros en la capital salmantina, extremo que a última hora del jueves no había sido aún confirmado. Según fuentes cercanas al caso, en la operación se habría intervenido un importante alijo de droga, cuyo contenido y cantidad no ha trascendido tampoco, dado que las diligencias se encuentran bajo secreto judicial.

27/05/2011

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SEGOVIA

Finalizó el plazo para presentar reclamaciones en las juntas electorales El Adelantado - Segovia

Ayer finalizaba el plazo para que los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores presentaran reclamaciones relacionadas con el recuento o escrutinio de los votos en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Al cierre de esta edición EL ADELANTADO tenía noticia de que, al menos ante la Junta Electoral de Zona de Segovia, podía haberse presentado alguna reclamación, aunque el vencimiento finalizaba a las doce de la noche.

Cumpliendo el calendario electoral, tras la jornada de votaciones, la Junta Electoral Provincial, en el caso de las elecciones autonómicas, y las juntas electorales de zona, que en la provincia son para los comicios locales las de Cuéllar, Segovia y Sepúlveda, comenzaron el escrutinio general el pasado miércoles. La primera lo finalizó ese mismo día por la mañana y no recibió reclamaciones. En cuanto a las juntas electorales de zona, en la de Segovia el escrutinio fue más laborioso porque sus integrantes tuvieron que comprobar mayor número de actas, remitidas por las correspondientes mesas electorales, lo que motivó que terminara en torno a las cuatro de la tarde.

Una vez finalizado el escrutinio el plazo para presentar reclamaciones es de un día y las juntas electorales tienen que resolverlas durante la jornada de hoy, así como comunicárselo a los representantes y apoderados de los partidos. A partir de ese momento las formaciones políticas disponen también de un día para, en su caso, recurrir las resoluciones; recursos que son remitidos con un informe de la junta de zona a la Junta Electoral Central, que tendría que resolverlos antes del 6 de junio.

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Los bomberos estrenan el parque de Nueva Segovia 27.05.11 - 00:17 - EL NORTE | SEGOVIA.

El Servicio de Extinción de Incendio y Salvamentos de Segovia ha hecho ya la mudanza. Después de 40 años en la avenida de Padre Claret, en concreto desde 1967, cuando el entonces alcalde, Miguel Canto Borreguero, inauguró el parque, los bomberos abandonan esas instalaciones y se trasladan al moderno edificio situado en la avenida Gerardo Diego en el barrio de Nueva Segovia, un inmueble de más de dos mil metros cuadrados distribuidos en tres plantas, dos sobre rasante y un semisótano. Una vez finalizada la instalación de los sistemas informáticos y telemáticos, aunque las oficinas ya se encontraban en el nuevo edificio desde hace unos días, la plantilla formada por 44 profesionales y los 15 vehículos (ligeros y pesados) atienden a los segovianos desde el nuevo parque. La concejala de Medio Ambiente y Protección Civil en funciones, Paloma Maroto, y el jefe del Servicio, José Luis del Pozo, comprobaron ayer el correcto funcionamiento de los sistemas.

27/05/2011

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SORIA

Los casos de tráfico de bebés salpicas a Soria

Niños robados Denuncian un caso sucedido en Soria en marzo de 1974. Los afectados cuentan con todas las pruebas que avalan su acusación Le retiraron su hija al poco de nacer y le dijeron que había fallecido. Nunca le dejaron ver el cuerpo, a pesar de pedirlo insistentemente Heraldo

En marzo de 1974 una mujer dio a luz en el hospital general de Soria. Su bebé nació bien, pero a las pocas horas los médicos le dijeron que había muerto sin darle explicación alguna. Nunca le dejaron ver el cuerpo de su pequeña ni firmó los papeles del entierro, por lo que la idea de si sería cierta aquella fatalidad le ha seguido toda la vida. Hoy, 36 años después y a la vista de los cerca de 300 casos de robo de bebés y adopciones ilegales que han sido denunciados en España, María (nombre ficticio) se ha decidido a denunciar para averiguar si sus sospechas son ciertas y su bebé nunca murió, sino que fue entregado a otra familia que lo registró como propio.

María estrena la lista en Soria de un episodio de la historia escrito sobre interrogantes impuestos. Un doloroso pasado que ahora abre la puerta a un presente duro, muy duro, pero con un hilo de esperanza. La de la justicia y el reencuentro.

Su historia, es la primera denuncia que salpica a Soria por tráfico de bebés.

> Más información en la edición impresa

27/05/2011

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La Policía investiga el robo por el método del butrón en un supermercado Heraldo

La Policía investiga el robo denunciado en un supermercado de la capital y perpetrado por el conocido popularmente como método del butrón. El suceso se produjo la madrugada del martes al miércoles y fue detectado cuando los trabajadores llegaron a sus puestos a primera hora de la mañana. De momento, no ha trascendido la cantidad que podrían haberse llevado los autores, aunque todo a punta a una cifra importante dado que en la caja fuerte se encontraba la recaudación efectuada el martes. La cantidad total es difícil de precisar al realizarse muchos pagos con tarjeta en esta superficie comercial.

-Más información en la edición impresa de hoy

27/05/2011

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(El alcalde de Almazán) De Miguel recurre la nulidad de siete votos en los que se incluyó su fotografía A falta de una reunión, confirma a José Ángel Abadiano como concejal de Servicios Santiago Rello. Almazán

El alcalde electo para gestionar el Ayuntamiento de Almazán durante los próximos cuatro años, y líder de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), José Antonio de Miguel, anunció ayer que va a recurrir la nulidad de siete votos que se extrajeron de las urnas el pasado domingo y en los que los votantes habían incluido, además de la lista de su partido, un folleto en el que figuraba su fotografía.

«Son siete votos que se declararon nulos el domingo y que ya nos planteamos recurrir ese mismo día, porque el único matiz que llevó a anularlos fue que en los sobre, además de la lista del PPSO, figuraba un papel con mi foto, y creo que no es algo como para declararlos nulos, porque no infringen lo estipulado en los artículos 96 y 108 de la Ley electoral. Me parece que, ya que ha habido siete personas que se han molestado en votar a nuestro partido, tenemos que hacer lo posible para que se tengan en cuenta esos votos, aunque creo que no van a suponer ningún cambio en el caso de que finalmente se acepten», señaló.

(Más información en la edición impresa)

27/05/2011

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Elvira (San Leonardo) propone un plan de reindustrialización para ‘reciclar’ a los afectados de Norma Los pueblos de la comarca y los sindicatos apuestan por la intervención institucional para sacar a flote a la zona S.L.O. Soria

Los alcaldes de la comarca de Pinares miran con preocupación la recuperación económica de la zona después del anuncio realizado este miércoles por la compañía Puertas Norma, que propone al comité de empresa despedir a la mitad de la plantilla de la fábrica, 286 empleados, o bien echar a la calle a 151 de sus trabajadores y aplicar una rebaja del 20% en el sueldo de los que se queden. Por el momento, desde la Alcaldía de San Leonardo de Yagüe, donde está ubicada la empresa, se plantea preparar un plan de reindustrialización para dar una solución a los afectados por la decisión de Norma; algo que también urgen los sindicatos a la Administración regional en una doble vertiente: intervenir para salvar la empresa y atraer más inversión para que la comarca no muera. En el resto de las localidades de la comarca, tanto en la zona soriana como burgalesa, los alcaldes aseguran que la firma es un motor del que no hay que prescindir. (Más información en la edición impresa)

27/05/2011

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CASTILLA Y LEÓN

Economía busca salvar el mayor empleo posible en Puertas Norma

CC.OO. apela a las administraciones para que amortigüen el plan de la empresa Soriana

H. D./ABC / VALLADOLID

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que la Consejería de Economía y Empleo va a estudiar y buscar la mejor fórmula para mantener «el mayor número de empleos» y dar continuidad a la empresa maderera Puertas Norma, ubicada en Soria. No obstante, «en estos asuntos hay que mostrarse muy prudente», añadió el consejero, quien hizo estas declaraciones un día después de que se conociera el plan de reestructuración que ha propuesto la empresa ante la baja demanda de su producción y que pasaría por el despido de hasta 286 trabajadores, o de 150 si el resto se baja el sueldo un 20 por ciento.

Al respecto, el sindicato CC.OO. instó a las instituciones públicas a intervenir para evitar los 286 despidos anunciados, que supondrían un «mazazo» económico para la comarca y para toda la provincia. Su representante en el Comité de Empresa, Fernando Peña, aseguró que el anuncio de la firma ha provocado una «enorme preocupación» entre los trabajadores y entre los vecinos de la zona. Peña lamentó que «nada sabemos salvo la intención de la empresa de despedir al 50 por ciento de la plantilla». El sindicalista no quiso pronunciarse sobre si la decisión empresarial está justificada por el descenso de la producción motivado por la crisis económica, pero sí instó a Norma a entregar a los sindicatos la documentación que se le ha requerido para poder examinar con detalle todos los datos.

Fernando Peña pidió además a la sociedad soriana que se sume a la manifestación que se ha convocado el próximo sábado en la plaza Mayor de San Leonardo de Yagüe para mostrar el rechazo de todos a los anunciados despidos.

Por otro lado, el director territorial de Empresa y Administración Pública de Telefónica Zona Centro, Pedro Ortiz, afirmó ayer en Valladolid que el «alcance real» en Castilla y León del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la compañía y que afectará a 8.500 empleados de toda España en un plazo de cinco años, es «imprevisible a fecha de hoy» porque está “subordinado a su carácter voluntario”.

Ortiz constató que el expediente está todavía es «una fase incipiente» y que se acaba de «pactar» con los sindicatos, por lo que no pudo ahondar «más en su desarrollo», según dijo durante la firma de un convenio marco con la Universidad de Valladolid por el que se creará la Cátedra Telefónica de Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación.

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VALLADOLID

El conductor que atropelló mortalmente a dos motoristas seguirá en prisión 27.05.11 - 00:19 - J. M. | VALLADOLID.

La Audiencia de Valladolid ha confirmado la prisión provisional del conductor que el pasado 15 de abril arrolló mortalmente a dos jóvenes motoristas en la carretera del cementerio y posteriormente se dio a la fuga. En un auto, el tribunal provincial confirma la decisión adoptada por el magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid de mantener en la cárcel de Villanubla a Antonio N. A. por la gravedad de los hechos y se rechaza la petición de excarcelación de su abogado. El letrado pidió también la devolución del turismo con el que se cometieron las dos muertes, pero el Juzgado ha rechazado esta solicitud. El suceso ocurrió sobre las 11:45 horas cuando José Miguel García Fernández, de 35 años, y su novia Andrea Cey Soler, de 30, volvían a su casa de Santovenia en un ciclomotor Vespa. A la altura de la azucarera Acor, los dos ocupantes fueron arrollados y quedaron tendidos en el suelo, hasta que otro conductor paró para auxiliarles. El autor de los hechos se entregó doce horas después a la Guardia Civil de Cabezón, que le practicó una alcoholemia que dio 0,50. Un informe ha determinado que la velocidad era de 90 por hora en un tramo de 50. La Fiscalía se opuso a la concesión de la libertad tras 43 días.

27/05/2011

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Suspendido el juicio a un asesor fiscal por un dictamen de la Abogacía 27.05.11 - 00:21 - J. M. | VALLADOLID. La Audiencia de Valladolid suspendió ayer el juicio contra un asesor fiscal, al que el Ministerio Público y la acusación piden penas de dos y cinco años y medio de cárcel, por delitos de estafa y apropiación indebida, a la espera de que se cierre el expediente abierto por el Colegio de Abogados de Valladolid tras una queja de vulneración de los principios deontológicos. Pablo M. L. está acusado de haber ocultado, como intermediario en la venta de las acciones de la empresa CVC Desinfección Castilla y León, el precio real fijado en 180.000 euros, y de haber hecho suya parte de esa cantidad. Los tres magistrados de la Sección IV decidieron aplazar el juicio, a petición de su defensora, a la espera del dictamen del Colegio de Abogados sobre el expediente que abrió respecto a uno de los letrados vinculados al despacho de la asesoría fiscal. Tanto el fiscal como la acusación particular se opusieron a esta suspensión.

27/05/2011

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SUCESOS | En La Cistérniga

Detenida una joven de 22 años por presuntos malos tratos a su madre

• La víctima denunció los hechos e informó que no era la primera vez • Tuvo que ser atendida en el centro de salud por las lesiones

Europa Press | La Cistérniga

Actualizado jueves 26/05/2011 11:45 horas

Una joven de 22 años vecina de La Cistérniga y cuya identidad responde a las iniciales N.S.O. ha sido detenida por un presunto delito de violencia doméstica en la persona de su madre, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La detención se produjo después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento mediante una denuncia en la que la víctima reflejaba cómo su hija la había agredido físicamente e informaba de la existencia de episodios de agresiones anteriores.

La víctima fue atendida de las lesiones sufridas en el centro de salud de la localidad.

Por su parte, la Guardia Civil del Puesto de Tudela de Duero ha instruido las correspondientes diligencias y ha procedido a poner a disposición judicial a la ya detenida.

27/05/2011

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Detenida en La Cistérniga una joven de 22 años por abofetear a su madre, de 67 A.G.M.

La Guardia Civil arrestó este miércoles a una joven de 22 años de edad e identificada como N.S.O., después de que su madre la denunciara en el puesto de Tudela de Duero por un episodio de violencia doméstica ocurrido sólo unas horas antes en su vivienda de La Cistérniga. La víctima, de 67 años, tal y como concretaron fuentes del Instituto Armado a este periódico, explicó al equipo de agentes que la atendió que esta no era la primera vez que sufría una agresión física por parte de su hija, pero, según se detalló, era la primera vez que daba el paso de denunciar. Según detalló la mujer a los investigadores de la Guardia Civil, N.S.O., presuntamente, abofeteó en la cara y tiró del pelo a su progenitora, que, tras firmar la denuncia, fue acompañada a un centro de salud, para ser asistida de las lesiones que presentaba.

27/05/2011

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Detenido en el Cabildo poco después de robar 9.000 euros a un anciano

La Policía Local arrestó a A.P.C., de 42 años, acusado de asaltar a un hombre de 78 años en la puerta de su vivienda

Redacción

Agentes de la Policía Local arrestaron ayer por la mañana a un hombre de 42 años de edad, e identificado por las iniciales A.P.C., acusado de un delito de robo con fuerza a un anciano, al que, al parecer, asaltó cuando este procedía a entrar en su casa en posesión de 9.000 euros que, minutos antes, había sacado de una sucursal bancaria. La víctima se personó, al filo de las 12.00 horas, en las dependencias de la Jefatura de Policía Local, en la calle La Victoria y relató lo sucedido, así como la descripción del ladrón que, según detalló en la denuncia, se había dado a la fuga en dirección al Camino del Obregón. En los bolsillos. Unos minutos más tarde, una de las patrullas que vigila esta zona de la ciudad se topó con un hombre cuya descripción era coincidente con la del ladrón. En el cacheo, los policías le encontraron los 9.000 euros en los bolsillos. Y fue arrestado.

27/05/2011

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Roba 9.000 euros a un anciano cuando iba a entrar en su vivienda 27.05.11 - 00:20 - EL NORTE | VALLADOLID.

La Policía Municipal de Valladolid detuvo ayer a un hombre de 42 años, cuyo nombre responde a las iniciales A.P.C., acusado de haber robado 9.000 euros a un anciano, cuantía que también pudo ser recuperada por los agentes. Un hombre de 78 años se personó «bastante nervioso» en la Jefatura de la Policía Local en La Victoria, donde denunció que cuando iba a entrar en su domicilio le habían robado los 9.000 euros en billetes de diferentes valores.

27/05/2011

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El Grupo Nueva Rumasa apuesta por “la viabilidad y el futuro” de Hibramer

El grupo de Ruiz Mateos afirma que la empresa es "rentable", tal como queda reflejado en el plan de viabilidad presentado a los administradores concursales

Ical

Los responsables del Grupo Nueva Rumasa aseguraron ayer que están “convencidos de la viabilidad y el futuro” de la empresa vallisoletana Hibramer pese a que los administradores concursales comunicaron anteayer al comité de empresa la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para sus 104 trabajadores. Fuentes de Nueva Rumasa indicaron en una nota de prensa recogida por Ical que Hibramer es “una empresa rentable y con garantías de futuro”, y que así queda reflejado en el plan de viabilidad que el grupo presentó a los administradores concursales, a los que acusaron de “no haber tenido en cuenta” este plan y dar resolución al concurso “sin agotar el plazo establecido por la ley en estos casos”. Las mismas fuentes explicaron que la situación en la que se encuentra actualmente la firma vallisoletana se debe a una falta de liquidez, situación que ha venido provocada en primer lugar por la crisis que está sufriendo de manera muy especial el sector de la agricultura. Asimismo, recordaron que la empresa fue adquirida en 1998 por la familia Ruiz Mateos cuando atravesaba una difícil situación y que desde entonces sus propietarios han hecho “importantes inversiones transformando una serie de granjas diversas en la fábrica actual, siendo actualmente la empresa fabricante de huevo liquido más moderna de Europa”. Por último, señalaron que las medidas propuestas para dar viabilidad de futuro a la compañía pasan por potenciar la producción de Ovoproducto, para la que Hibramer dispone de dos líneas de cascado de huevos con una capacidad de 106.000 huevos por hora, dos líneas de pasteurizado para el huevo líquido y sus componentes capaces de producir 12.000 toneladas al año, y una línea cocedora que puede procesar hasta 8.400 huevos por hora.

27/05/2011

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La plantilla de las ITV de CyL se movilizará hoy en Valladolid y pedirá la mediación de la Junta

EUROPA PRESS. 27.05.2011

La plantilla del Grupo Itevelesa en Castilla y León se movilizará este viernes en Valladolid, donde además tiene previsto entrevistarse con el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, para pedirle que medie ante la empresa para poner fin al conflicto.

Además y según han informado a Europa Press desde CC.OO, sindicato mayoritario en los diferentes centros del Grupo Itevelesa en Castilla y León, el objetivo es aprovechar esta cuarta movilización para hacer un acto masivo que aglutine a la mayor parte de los trabajadores de esta empresa.

"El motivo de esta cita no es otro que intentar acabar con el bloqueo existente en la negociación del convenio colectivo, motivado por la intransigencia de la empresa encargada de las ITV en esta Región", han precisado las mismas fuentes.

El programa de la cita reivindicativa de mañana viernes está compuesto por cuatro actos. El primero, que dará comienzo a las 10.30 horas, consistirá en una asamblea en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero a la que está previsto que acuda la mayor parte de la plantilla del Grupo en Castilla y León, unas 300 personas.

Según han explicado desde CC.OO, allí se determinará si se sigue adelante con más movilizaciones y si se inician otra serie de cuestiones encaminadas a convencer a la empresa para que deponga su actitud.

El segundo acto, y tras la finalización de la asamblea, se partirá hasta la Plaza Mayor de Valladolid "para hacer bien visible" el conflicto del Grupo Itevelesa a partir de las 12.00 horas. Allí se llevará a cabo una concentración de repulsa por su situación. El tercer acto será proseguir en manifestación hasta la sede de la Consejería de Economía y Empleo, donde habrá una nueva concentración de todos los asistentes a este encuentro autonómico.

Para cerrar el programa, los responsables del Comité tienen previsto entrevistarse con el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina. "Volveremos a insistir para que medie ante el Grupo Itevelesa para que ponga fin al conflicto que padecemos. Buscamos su participación en aras de alcanzar un acuerdo digno y sirva para cerrar el bloque de las negociaciones del convenio colectivo", han señalado desde la Federación de Industria de CC.OO.

27/05/2011

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La Junta expropia suelo de Valladolid para construir los accesos a Ikea

La Consejería de Fomento aprueba un Plan Especial de Infraestructuras para disponer de los 257,4 metros que le negaba el Ayuntamiento

M.R.I / R.G.

Solución salomónica. La Junta ha cumplido la advertencia que realizó hace más de un mes, cuando anunció que expropiaría los terrenos necesarios del término municipal de Valladolid para construir el acceso al complejo comercial Río Shopping (Ikea) desde la A-62 (Ronda Oeste). La administración regional se ha visto obligada a aprobar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI), que ahora mismo se encuentra en exposición pública, para facilitar la ejecución del acceso desde la capital hasta el nuevo centro comercial en Arroyo. El plan implica la expropiación de terrenos en el termino municipal vallisoletano pertenecientes al Ayuntamiento, a la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) y a San José Desarrollos Inmobiliarios S.A., aunque estos últimos han confirmado a El Día de Valladolid que hace tiempo que cedieron este suelo al Consistorio de la capital. Estos 257,48 metros cuadrados de suelo privado y municipal se han valorado en 23.243,88 euros. Para expropiar este suelo la Junta ha tenido que declararlo de utilidad pública, algo que se justifica en la necesidad de cumplir las exigencias de ampliación, impuesta por el Ministerio de Fomento, de la rotonda Este de acceso al barrio de Parquesol (nudo 128) para asumir la gran intensidad de tráfico que se prevé una vez que el centro comercial esté abierto. Una parte de los terrenos expropiados estaban destinados a equipamiento deportivo público y el resto pertenece a suelo urbanizable del sector de Las Raposas. Aunque quien presentó alegaciones contrarias a la cesión fue el Ayuntamiento de Valladolid. La ejecución del PEI correrá a cargo del Ayuntamiento de Zaratán porque la mayor parte del nuevo acceso discurrirá por su término municipal (283.618 metros). También afecta a Arroyo (12.462 metros cuadrados) y Valladolid (14.190 metros, de los cuales 13.932 pertenecen al dominio público de la Ronda Oeste, propiedad del Ministerio de Fomento y el resto es el suelo ahora expropiado). El documento afirma que el proyecto mejorará el acceso a Valladolid, Arroyo y Zaratán desde la A-62, completando y ampliando los viales existentes, adecuando y unificando la ordenación urbanística de los términos municipales afectados. El documento también recoge que las rotondas del nudo E-128 (acceso a Parquesol) deberán tener unas dimensiones mínimas de 50 y 60 metros; además deberá construirse

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una vía de servicio en la margen oeste de la A-62 que conecte el nudo E-127 (acceso Estadio) de la misma con el nudo E-128 (acceso a Parquesol y futuro acceso al parque comercial) y con los viales de Zaratán. El Plan recoge también la construcción de un carril adicional en cada sentido en el puente del nuevo acceso al complejo, así como dos carriles en la vía de deceleración proveniente desde el norte, uno de ellos conectará con la rotonda y el otro, por medio de un by-pass, enlazará con el vial de Zaratán en dirección sur. El PEI también apuesta por planificar una nueva infraestructura no contemplada por las normas urbanísticas de Zaratán, con una reserva para futuras ampliaciones de la A-62, que consistiría en un nuevo acceso para el nuevo parque comercial y un refuerzo de un víal que discurría por el límite norte del sector 26 de Zaratán.

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El Ayuntamiento presentará alegaciones para «defender los intereses de Valladolid»

El Área de Infraestructuras del Consistorio redactará las alegaciones que considere oportunas en contra de la expropiación de los terrenos

M.R.I / R.G.

El Ayuntamiento de Valladolid no se va a quedar de brazos cruzados frente al Plan Especial de Infraestructuras (PEI) aprobado por la Junta de Castilla y León. Al menos así lo puso de manifiesto el concejal de Infraestructuras en funciones del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Sánchez, quien manifestó ayer a El Día de Valladolid que su área ya está trabajando en la elaboración de las alegaciones pertinentes contra lo dispuesto en el documento de la Consejería de Fomento. «Hemos recibido la información hace unos días y los técnicos ya están trabajando en ello», comentó. El edil no quiso adelantar por dónde irán estas alegaciones y cuáles serán las peticiones del Ayuntamiento y si, a cambio de la expropiación de los terrenos, solicitarán algún tipo de compensación en materia de infraestructuras. «Aún estamos a tiempo y tendremos que estudiarlo». Por otra parte, fuentes municipales aclararon que el Ayuntamiento no descarta ninguna vía para luchar por los intereses de la ciudad, incluso la de acudir a la justicia ordinaria para que no se ocupe su término municipal. En los tribunales. Ya en su momento, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, manifestó su disconformidad con la posición de la Junta de expropiar unos terrenos de la ciudad de Valladolid para ayudar a la instalación de Ikea en Arroyo de la Encomienda. Fue a primeros de abril cuando el regidor recordó a la Junta que «una expropiación hay que justificarla y al final se puede resolver, incluso, en los tribunales».

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José Luis Segovia Bernabé, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE

«La gente piensa que no se entra en prisión con 70 años, pero hay 300»

El hacinamiento, el arrepentimiento y el temor a salir son algunas de las preocupaciones de los reclusos

27.05.11 - 00:20 - J. MORENO | VALLADOLID.

Conjuga su condición de sacerdote y miembro de la pastoral penitenciaria con la de abogado penalista. José Luis Segovia Bernabé (Madrid, 1960), ejerce también como profesor de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, y ayer presentó en el Colegio de Abogados su libro 'Andar un kilómetro en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso'. -¿De dónde surgió el título? -El libro es un estudio elaborado por cuatro profesores en el que abordamos la problemática de los reclusos a partir de 5.000 cuestionarios a internos de los 73.500 que hay en España. El título viene de una de las preguntas que hacíamos, que era con qué soñaba el preso después de salir en libertad, y uno nos dio una respuesta significativa: «Con andar un kilómetro en línea recta». De ahí la cabecera. -Y, ¿ha existido colaboración? -Mucha, de todas las cárceles de Castilla y León a excepción de la de Valladolid, de la que no recibimos ninguna respuesta. Curioso. -¿Cómo ven los presos la cárcel? -Lo que nos ha llamado la atención es que ellos perciben que hay un mayor acento en los aspectos del tratamiento, pero se quejan del espacio y el hacinamiento. Somos el primer país de la UE en presos por habitante, mientras que en el número de delitos por habitante estamos por debajo de la media europea. Contrariamente a lo que se piensa, en España se encarcela mucho. Los delitos contra la salud pública, los robos, la violencia de género y los de seguridad vial son la mayoría. -¿Muestran arrepentimiento? -Sí, al menos el 65% tiene disposición a reparar el daño causado. Por ello sería muy interesante aplicar el concepto de justicia restaurativa y la mediación penal que se aplica ya en Valladolid. -¿Qué destacaría del perfil medio del preso español?

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-Quizás que al menos un tercio de ellos ha tenido o tiene algún familiar en prisión. Existe una bolsa de pobreza severa que reproduce la delincuencia, por ello la necesidad de las políticas preventivas. -Muchos reclusos cuestionan las defensas de sus abogados. -Soy abogado y poco corporativo, y es cierto que habría que poner más interés en la defensa de estas personas que son vulnerables. No siempre todos los letrados, ni particulares ni del turno de oficio, ponen todo el interés que merece una persona en estas situaciones. -La opinión pública piensa que en la cárcel se vive como un rey. -Sí, pero se olvidan de que el espacio es muy reducido. Muchos presos prefieren las prisiones antiguas a las modernas macrocárceles. -¿Cuáles son los retos? -La drogodependencia, el incremento de presos con problemas de salud mental y la tercera edad. La gente piensa que no se entra en prisión con 70 años y hay cerca de 300 personas que pasan esa edad. Y algunos con 80. Esto es nuevo.

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ZAMORA

Bahamonde (ex director de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora) será juzgado por cohecho y negociaciones prohibidas

La juez imputa delitos de tráfico de influencias al hijo del exjefe de Industria y a una amiga íntima, al expresidente de Pevafersa y a un cargo de Iberdrola

SUSANA ARIZAGA Cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios constituyen los dos delitos imputados al ex director de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Bahamonde Salazar, en el caso de la trama solar, de acuerdo con el auto de apertura del procedimiento del juicio con jurado emitido por la magistrada que instruye la investigación y que atribuye a los otros cinco procesados un delito de tráfico de influencias. Entre ellos están el hijo del ex responsable de la Junta Javier Bahamonde González y su socia y, «al parecer compañera sentimental» del cargo de Industria, Blanca Blanco Blanco; el jefe de Distribución de Iberdrola para Zamora y León, Agustín de la Fuente Pedrero; el ex presidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso; y el ex secretario de la Delegación de la Junta, Manuel Méndez Pérez. Directamente vinculada a sus imputaciones está no sólo la autorización de empresas en las que figuraban su hijo y su amiga, sino también de Sol Sayago -vinculada a Pevafersa, a la que asesoraba como abogado su hijo-, de la que llegó a participar como accionista, según la investigación dirigida por el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta. El responsable del Servicio de Industria «no debió aceptar la oferta» para incorporarse al sector de las fotovoltaicas porque «había autorizado instalaciones» para Pevafersa y la sociedad en la que iba a entrar y con la que finalmente firmó un contrato para la adquisición de diversas acciones. La juez hace mención expresa a «su incompatibilidad por razón de su cargo», ya que nunca solicitó la excedencia para desarrollar esa actividad económica a la que accedía a través de Sol Sayago. Según lo investigado por la Fiscalía, entre el uno de abril de 2001 y hasta su cese el 11 de marzo de 2008, como jefe de Industria, Comercio y Turismo, José Bahamonde, que «debió de abstenerse por razones de parentesco y de amistad íntima, autorizó instalaciones fotovoltaicas a sociedades en las que participaba su hijo, en ese periodo «asesor jurídico» de la sociedad Pevafersa y «de otras» pertenecientes al grupo empresarial y «constituidas por él mismo» y por Vicente Fernández Manso. Entre las empresas a las que autorizó la actividad y que se enumeran en el auto están Sol Fusión, Villabrázaro Solar, Sol Sayago -en la que llegó a tener acciones José Bahamonde, Vicente Fernández y su hermana fallecida y Agustín de la Fuente-, Sicored, Huerta Solar, Pradobustillo o Iniciativas Renovables, propiedad de Javier Bahamonde y Blanca Blanco, quien trabajaba, se indica en la diligencia judicial, en el despacho profesional de Bahamonde hijo.

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En el documento, fechado el seis de abril pasado, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora considera que «resulta verosímil» la imputación a José Bahamonde, al tiempo que se remite al contrato de compraventa de acciones de Sol Sayago que éste suscribió en octubre de 2006 con Fernández Manso y Juliana Fernández Manso -administradores de dicha empresa-, en el que adquiere 800 participaciones a su nombre «o de la persona a la que designe» por un euro, acciones que serían vendidas con posterioridad por mil euros. La mayor parte de esas participaciones eran de Pevafersa, representada por Vicente Fernández Manso; y una mínima de la empresa Sicored, que representaba su hermana, fallecida en un trágico accidente de avión. El contrato mencionado tuvo una vigencia de, al menos, un año, recogen las diligencias de acuerdo con la declaración de uno de los testigos propuestos por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, Leandro Villasante, que firmó otro contrato en los mismo términos. El auto agrega que los hermanos Fernández Manso vendieron 300 acciones a Agustín de la Fuente Pedrero, el responsable de Iberdrola, que también fue accionista de la empresa Macageo, de la que eran socios su mujer y sus hijos, cuya explotación solar se asentaba sobre terrenos heredados por el responsable de la compañía eléctrica. Se da la circunstancia de que el gestor de esta sociedad, de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal jefe, sería un «amigo íntimo» de José Bahamonde y de Blanca Blanco, también «asesor fiscal» de ésta. Se trata de la misma persona que vende las participaciones de Villabrázaro Solar con el resto de los socios -es decir, con Javier Bahamonde, Blanca Blanco, Manuel Méndez (todavía secretario de la Delegación de la Junta en Zamora) y su compañera sentimental, Francisca González- a Energías Renovables, recoge el auto. Llegado este momento, la actual secretaria de la Junta, que sustituyó a Méndez, se percató de quiénes constituían tal sociedad y, tras efectuar una indagación interna, se abrieron diversos expedientes disciplinarios a José Bahamonde y Manuel Méndez. Otros dos funcionarios, que parece ser que estaban implicados, entre los que se hallaba Josefina Hernández, ex secretaria técnica del Servicio de Industria, quien ha testificado en este procedimiento judicial, se habían jubilado cuando la Delegación Territorial de la Junta descubrió esta presunta trama solar, por lo que no se les abrió ningún expediente. Esta ex empleada pública autorizó, cuando era secretaria técnica de Industria, las instalaciones de la empresa Portero Solar, en la que tendría participaciones, de acuerdo con la denuncia formulada ante el Juzgado número 3.

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Piden dos años de cárcel al empleado de un club por robar en las máquinas

La huella encontrada en la caja registradora inculpó al acusado, que solo trabajó un fin de semana en el local

SUSANA ARIZAGA Una sóla huella encontrada en la caja registradora desvalijada, inicialmente calificada como «de escaso valor identificativo» por la policía científica, ha servido para que la Fiscalía impute el robo en un club de alterne a un hombre que trabajó un sólo día en el local, a pesar de que existieran otras huellas en la máquina. El procesado, que se enfrenta a dos años de prisión tras ser imputado un mes después del asalto, está acusado de llevarse la recaudación de la caja y de las máquinas recreativa y de tabaco del establecimiento situado en San Cristóbal de Entreviñas. Mientras la defensa solicitaba la absolución por falta de pruebas, el fiscal hacía especial hincapié en el cambio de versiones del imputado, que cuando fue llamado a declarar en el juzgado, durante la investigación del robo, manifestó que sólo «era cliente del local, que nunca fue trabajador y que las huellas detectadas no eran suyas». El acusado, durante su testificación, justificó que había mentido porque le daba «vergüenza» que se supiera que había estado empleado en un club de alterne y que trabajó «para hacer un favor» en diciembre de 2006. El imputado llegó a asegurar al encargado que quienes habían robado eran los propios jefes. Ante los intentos de la abogada de la defensa de cuestionar la validez de la huella, el fiscal se remitió a lo testificado por la Guardia Civil, que aseguró que éstas se mantienen durante años. La letrada subrayó que en la máquina «existen huellas de otros señores que también trabajaron» en el establecimiento y que su cliente tuvo que hacer caja el fin de semana que estuvo empleado, lo que justificaría que se encontrara su huella. Y subrayó que uno de los encargados llamado a testificar en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal, no compareciera, quien «también podría haber sido» el autor del robo. Recordó que es en un segundo informe donde la Guardia Civil reconsidera que la huella de su cliente, en torno a la que giró ayer el debate de acusación y defensa, es válida como prueba inculpatoria.

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Exigen 30 meses de prisión a una persona por llevar 340 gramos de hachís

El Ministerio Fiscal está seguro de que el joven transportaba 340 gramos de hachís, debajo del asiento del coche, para traficar, a pesar de que el imputado por este delito aseguró ser consumidor habitual y fumar alrededor de 30 ó 40 porros diarios

S. A. Las contradicciones en los testimonios prestados durante las diligencias judiciales, cuando indicó que con esa cantidad de droga tendría para consumir seis meses, y en la vista oral celebrada ayer, en la que manifestó que sólo le duraría diez días.

El procesado, que se encuentra en la macroprisión de Topas, declaró que trabajaba y que no tenía necesidad de vender estupefacientes, lo que no ha servido para que Fiscalía modifique la pena de dos años y seis meses de cárcel que solicita al Juzgado de lo Penal. La defensa del acusado solicitó que se le aplique la atenuante de drogadicción y se le rebaje la pena de cárcel lo máximo posible.

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Un hombre podría cumplir 24 meses por desvalijar una casa sin habitar

Cuando transportaba bajo el brazo una máquina de coser, cuya mesa continuaba escondida en unos matojos de un parque en la localidad de Toro, fue detectado por la Guardia Civil

S. A. Los agentes acechaban para tratar de localizar a los ladrones que habían entrado en una casa deshabitada, en la calle del Canto, advertidos por los vecinos de que tres individuos, con un perro, habían estado llevándose una televisión, un microondas y un frigorífico en un carretillo, oculto todo bajo mantas.

Los guardias al inspeccionar las inmediaciones de la casa, hallaron una máquina de coser escondida entre unos arbustos. Cuando el joven pasó, con un perro, y este artículo bajo el brazo, los guardias le dieron el alto. El acusado alegó que se había encontrado el objeto y que lo cogió, aunque era de noche y no había luz en la zona.

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La juez impone 31 días de trabajos a un joven que empujó a su exnovia

S. A. Un joven que empujó a su exnovia cuando se encontraron en una discoteca tendrá que cumplir 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además no podrá aproximarse a su víctima durante un año y tampoco podrá ponerse en comunicarse con ella durante ese espacio de tiempo.

Se le privará, asimismo, de la posibilidad de disponer de armas como medida de protección.

La magistrada del Juzgado de lo Penal dio lectura a la sentencia después de que el acusado admitiera ayer los hechos por los que fue denunciado y de que su abogado llegara a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Las víctimas de violencia de género pueden llamar al teléfono 016.

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Diez pueblos reciben agua de camiones cisterna por problemas de contaminación

Detectados niveles de nitratos y atracinas por encima de lo normal l San Cebrián de Castro, Fontanillas y Riego, entre los últimos afectados

I. G. Diez pueblos de la provincia reciben actualmente la visita semanal de los camiones cisterna de la Diputación Provincial para abastecerse de agua potable ante los problemas de contaminación detectados en los análisis periódicos del agua. Los municipios afectados se ubican en el entorno de las comarcas de Vino, Pan y Campos. Se trata de Castronuevo de los Arcos, Torres del Carrizal, Bamba, San Marcial, Entrala, Pobladura de Valderaduey, San Cebrián de Castro y su anejo Fontanillas, Riego del Camino (perteneciente al municipio de Manganeses de la Lampreana) y Torres del Carrizal. En todos los casos el problema está en la contaminación por nitratos, en algunos pueblos también atracinas, que superan los niveles permitidos, por lo que se aconseja no utilizar el agua para el consumo humano. Por ello, los ayuntamientos han solicitado el abastecimiento con cisternas, a las que semanalmente acuden los vecinos provistos de garrafas y botellas. Al ya conocido problema que arrastran los vecinos de San Marcial desde hace más de dos años se han ido sumando otros pueblos. En el caso de San Cebrián de Castro y su anejo, Fontanillas, la contaminación se detectó hace unos tres meses, con unos niveles muy en el límite de lo permitido, pero suficientes para que, como medida preventiva, el Ayuntamiento emitiera un bando pidiendo que no se consumiera el agua del grifo. «En esta zona, muchos pueblos padecemos el mismo problema y esto se solucionaría realizando la captación del agua del Esla, a la altura de Castrotorafe», explica el alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado. Un proyecto del que se beneficiarían unos quince ayuntamientos de la zona, algunos de los cuales han pasado por la misma situación, y que se ha tratado informalmente con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, pero que a juicio del regidor de San Cebrián habría que «formalizar en un proyecto conjunto; porque estos problemas de contaminación se resolverían con una elevación y un depósito grande que abasteciera a los quince pueblos». Las cisternas llevan a los pueblos 11.000 litros de agua semanales, y en el caso de Castronuevo acuden hasta dos veces por semana. Castronuevo de los Arcos, Torres, del Carrizal. San Marcial, Entrala y Pobladura de Valderaduey ya comenzaron el año llenando las botellas de los camiones cisterna. En febrero se incorporó San Cebrián y en mayo Riego del Camino.

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Zamora, entre las provincias más afectadas por incendios a lo largo del año

El noroeste de España, el más azotado por los fuegos forestales

EFE El noroeste de España, comprendido por Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y las provincias de León y Zamora han sido durante el primer cuatrimestre de este año la zonas más afectadas por los incendios forestales, con el 69,42 por ciento del número de siniestros. De ellos, el 73,60 por ciento ha sido de superficie quemada arbolada y el 81,08 por ciento de superficie forestal incendiada. España ha sufrido en este periodo menos incendios (1.919), pero ha registrado más superficie forestal quemada (20.171,69) que en 2010 (1.279 incendios y 18.765,3 hectáreas quemadas) El Mediterráneo, que comprende las comunidades autónomas costeras con el mar Mediterráneo, incluidas sus provincias interiores, registró el 9,21% del número total de siniestros, el 16,27% de la superficie quemada arbolada y el 10,75% de la forestal. Las comunidades interiores (las provincias del resto de las comunidades no costeras, excepto León y Zamora) sufrieron el 21,33% del número total de siniestros registrados durante el citado periodo de 2011, con el 10,14% de superficie arbolada quemada y el 8,17% de superficie forestal. En los últimos 10 años, 2005 sigue siendo el que más numero de incendios ha registrado (4.320) y el 2002 el de más superficie arbolada quemada (49.804,80).

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NACIONAL

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El CGPJ informa

LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER ARROYO Y JOSÉ MARÍA DEL RIEGO, NUEVOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

SUPREMO

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de hoy, ha procedido al nombramiento de Francisco Javier Arroyo Fiestas, actual Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, como nuevo Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, al haber obtenido en segunda votación trece votos. El magistrado Eduardo Baena obtuvo ocho votos.

Asimismo, José María del Riego Valledor, actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha sido nombrado nuevo Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tras obtener en segunda votación dieciocho votos. El magistrado Wenceslao Olea obtuvo tres votos.

Por otra parte, el Pleno del CGPJ ha nombrado Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por el turno de juristas de reconocido prestigio, a Paz Hidalgo Bermejo, quien ha obtenido trece votos. Tres votos obtuvo José Vicente Mediavilla y se produjeron cinco votos en blanco. Igualmente ha designado como Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, por el turno de carrera judicial, a Jesús Martínez-Escribano Gómez, quien ha obtenido diecinueve votos. Hubo dos votos en blanco.

Finalmente no ha podido cubrirse la plaza de Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al no alcanzar ningún candidato, tras las cuatro votaciones reglamentarias, la mayoría de votos requerida.

Madrid, 26 de mayo de 2011.

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Los vocales del Poder Judicial se reparten otras dos vacantes del Supremo

El conservador Arroyo irá a la Sala de lo Civil y el progresista Del Riego, a la de lo Contencioso

José Antonio Hernández Madrid 26 MAY 2011 - 14:20 CET

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado al magistrado conservador Francisco Arroyo Fiestas, actual presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, como nuevo magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, quien, en segunda votación, logró alcanzar los 13 votos mínimos necesarios para ser designado. Arroyo superó en cinco votos a Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, que logró ocho votos. El otro nombramiento para el Tribunal Supremo, en concreto para la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, ha sido el del progresista José María del Riego Valledor, destinado en la actualidad en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Del Riego obtuvo en la segunda votación 18 votos, frente a tres del magistrado Wenceslao Olea obtuvo tres votos.

El Poder Judicial se mostró de nuevo incapaz de nombrar la plaza vacante que hay en la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo.

El Poder Judicial se mostró de nuevo incapaz de nombrar la plaza vacante que hay en la Sala de lo Penal

Aunque los bloques de significación política están ya muy difuminados en el Consejo, algunos miembros del sector progresista perseveran en colocar en esta plaza al catedrático Gonzalo Quintero, mientras otros del sector conservador apuestan por el fiscal Antonio del Moral. Como no hay acuerdo, este nombramiento ha quedado pospuesto. La Sala de lo Penal del Supremo, una de las más disputadas, se halla ahora copada de jueces pertenecientes al sector conservador. No ha sido fácil cubrir la vacante de la Sala de lo Civil del Supremo.

• Ambos sectores del Consejo tenían asumido que los conservadores cubrirían la vacante de la Sala Primera de lo Civil, y los progresistas, la Tercera. Las principales discrepancias sobre el candidato adecuado para la Sala de lo Civil se hallaban en el seno del propio sector conservador. Había vocales, entre ellos Antonio Dorado, que postulaban para esta plaza al exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García. Pero surgieron fuertes disensiones en el grupo. Y, además, los progresistas tampoco le querían.

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Finalmente hubo un consenso parcial (el mínimo imprescindible para alcanzar los 13 votos) en torno a la figura del jiennense y actual presidente de la Audiencia de Málaga Francisco Arroyo, la persona en la que inicialmente pensó el Consejo para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plaza que finalmente se decantó por Lorenzo del Río. Algunos vocales se opusieron a Arroyo por su parentesco lejano con uno de los vocales del Consejo, Pio Aguirre. Además de Baena, de Córdoba, han quedado aparcados candidatos como José Manuel Suárez Robleblado, exportavoz de la APM, o Antonio García de Paredes, magistrado de la Audiencia de Madrid.

El pleno de ayer nombró también a la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por el turno de juristas de reconocido prestigio, a Paz Hidalgo Bermejo, quien obtuvo 13 votos. Para esta plaza obtuvo tres votos José Vicente Mediavilla. Este aspiraba al cargo pese a ser el actual consejero de Presidencia y Justicia de esa comunidad, que todavía preside Miguel Ángel Revilla. Fue propuesto para el cargo por el Parlamento regional cántabro gracias a los del PSOE (que ha gobernado en coalición con Revilla) y de su partido, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), llegando a postularse a él mismo, ya que decidió no abstenerse de esta votación

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JUSTICIA | Nuevo magistrado en la sala de lo Civil

El presidente de la Audiencia Provincial se marcha al Tribunal Supremo Agencias | Málaga

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alcanzado este jueves un acuerdo para nombrar nuevo magistrado en la sala de lo Civil del Tribunal Supremo al hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Según Efe, se ha mostrado "feliz y satisfecho" por el puesto logrado, al que tiene previsto incorporarse a finales del próximo junio o principios de julio, y ha dicho que afronta esta nueva etapa "con ilusión y con muchas ganas de trabajar".

En la decisión del Consejo General del Poder Judicial cree que ha pesado que es el responsable de una Audiencia Provincial -desde diciembre de 2002-, aunque no sabe si han influido los macroprocesos a los que ha tenido que hacer frente en Málaga como el juicio del caso "Malaya" contra la corrupción o "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales, entre otros.

A este respecto, ha señalado que este tipo de casos "sin duda proyectan la imagen del profesional", ya que hace que sea "más conocido".

Arroyo Fiestas ha manifestado que este tiempo también le ha permitido "ser más dialogante, más tolerante y, al mismo tiempo, más exigente, tanto conmigo mismo como con los demás".

Como lo más positivo de estos nueve años, Arroyo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, "la posibilidad de ser útil", sobre todo "en los momento en los que he conseguido insuflar ilusión y esperanza a alguien que ha entrado agobiado o desesperanzado en mi despacho", algo que, según ha reconocido, le ha ocurrido en "muchas ocasiones".

Lo más negativo ha sido, según ha aseverado, "los momentos en los que no puedes dar soluciones a jueces con juzgados colapsados porque no hay medios suficientes". Respecto a la organización de los macrojuicios que se celebran en Málaga, ha dicho que antes de los actuales, como 'Malaya', "ya ha habido muchos juicios de envergadura, por lo que la pista de aprendizaje ha sido continuada".

No obstante, ha indicado que "el peso de estos macroprocesos ha recaído en los tribunales, mi labor ha sido más de organización externa, aunque sí ha sido una experiencia importantísima". "Tanto por parte de los presidentes de sección como por

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mi parte ha habido un alto grado de confianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades", ha destacado.

Sustituto

Con anterioridad a la incorporación de Arroyo Fiestas al Supremo saldrá a concurso la plaza de presidente de la Audiencia de Málaga, a la que podrá optar cualquier magistrado con un mínimo de 10 años de ejercicio profesional, ha explicado.

Durante el mandato de Arroyo Fiestas también se ha producido el traslado de sedes judiciales de la capital a la Ciudad de la Justicia, inaugurada en 2007.

Nacido en Jaén, ingresó en la carrera judicial en 1979 y se trasladó a Málaga en 1985, donde ha ocupado diferentes puestos en secciones penales y civiles. Cuando en 2002 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Málaga ocupaba el cargo de presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Málaga.

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El CGPJ impide que Revilla coloque a su consejero como juez

El presidente cántabro aspiraba a situarle en el Tribunal Superior antes de ser relevado

N. COLLI / MADRID

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró ayer a Paz Hidalgo Bermejo magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), puesto al que aspiraba también José Vicente Mediavilla. De esta forma, y aunque fueron necesarias dos votaciones para que Hidalgo obtuviera la mayoría necesaria, el órgano de gobierno de los jueces lograba frenar la maniobra del presidente saliente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de colocar a su consejero de Presidencia y Justicia en el tribunal que tiene, entre sus competencias, la de investigar y juzgar a los aforados locales.

Pese a figurar en la terna de candidatos propuestos por el Parlamento autonómico para ocupar la plaza del TSJ, Mediavilla no había abandonado sus cargos en el ejecutivo y en el legislativo cántabros, hecho que ha provocado serias susceptibilidades entre numerosos vocales del CGPJ. Con todo, en la primera votación, el candidato de Revilla sacó cinco votos; Paz Hidalgo, ocho; y Emma Marcos, dos. Seis vocales votaron en blanco. Ya en la segunda votación, Hidalgo sacó 13 votos (dos más de los mínimos necesarios) y Mediavilla, tres; en blanco votaron cinco miembros del Pleno.

Entre otros nombramientos, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, había incluido en el orden del día tres plazas vacantes del Tribunal Supremo. La falta de acuerdo entre los grupos conservador y progresista impidió sacar adelante la votación —se llevaron a cabo cuatro— que afecta a la Sala Penal del alto Tribunal.

No ocurrió lo mismo con las plazas de la Sala Civil y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Para la primera de ellas, fue nombrado en segunda votación y con trece apoyos, Francisco Javier Arroyo, actual presidente de la Audiencia Provincial de Málaga; para la otra vacante, José María del Riego Valledor, actualmente destinado en la Audiencia Nacional, salió elegido con 18 votos también en la segunda vuelta.

Finalmente, el Pleno del CGPJ nombró magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por el turno de carrera judicial, a Jesús Martínez-Escribano Gómez, que obtuvo diecinueve votos. Hubo dos votos en blanco

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El Observatorio informa

MONTALBÁN DESTACA QUE LA EDAD MEDIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE FEMICIDIO DESCIENDE A LOS 41 AÑOS

• 7 de cada 10 mujeres muertas por violencia de género en 2010 no habían denunciado previamente malos tratos

• Un 38% de las víctimas eran extranjeras • La presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, reclama una mayor

implicación familiar y social para ayudar a las víctimas de malos tratos El número de mujeres muertas por sus parejas o ex parejas masculinas a lo largo de 2010 ascendió a 73, según consta en el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2010 elaborado por la sección del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el transcurso de estos ataques fallecieron cinco niños, como resultado de la venganza proyectada por los agresores. En porcentaje, el total de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja supone un aumento del 32,7% respecto al año anterior, cuando se produjo un descenso del número de femicidios del 27%, con 55 mujeres muertas.

La edad media de las víctimas de femicidio descendió en 2010 a los 41 años, frente a los 44 años de 2009. La gran mayoría, el 74%, fue asaltada en el domicilio.

Siete de cada diez mujeres muertas no habían denunciado malos tratos. Además, seis de cada diez mujeres mantenían vínculo afectivo con su agresor cuando perdieron la vida.

El 62% de las víctimas de femicidio eran españolas y el 38% extranjeras. Este último porcentaje refleja una especial sobrerrepresentación de las mujeres extranjeras si se tiene en cuenta que suponían el año pasado un 11,47% de la población femenina en España.

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El Informe incluye un análisis específico de los procedimientos judiciales tramitados con anterioridad a la muerte de las víctimas, lo que permite conocer las actitudes previas de las mujeres y sus presuntos agresores, así como el comportamiento de su entorno familiar y social, de las instituciones y de los colectivos profesionales implicados. El estudio refleja como novedad la actitud de los testigos ante los malos tratos. Del estudio se desprende que en los casos de denuncias las afectadas presentaron denuncia por hechos de aparente menor gravedad -como insultos, desprecios o humillaciones- y deja patente que aún es necesaria una mayor implicación del entorno familiar y social. De las 22 mujeres que habían presentado denuncia en algún momento, el 36% renunció a continuar el procedimiento. De ellas, 13 tenían vigentes medidas de protección en el momento de su muerte. (Durante 2010, los tribunales ordenaron 30.473 órdenes de protección). En un 18% de los casos, el agresor se suicidó tras matar a su víctima -frente al 24% registrado en 2009-; otro 16% intentó suicidarse y un 12% se entregó a la policía. En el 46% de los casos el agresor fue detenido poco después y un 8% huyó. Violencia Doméstica: siete hombres muertos

El Informe también recoge datos sobre la instrucción judicial relativos a las muertes por violencia doméstica.

El número de hombres que perdieron la vida presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas ascendió a siete en 2010, frente a los diez casos registrados en 2009. De ellos, seis murieron a manos de una mujer y uno a manos de un hombre.

La edad media de los hombres muertos es de 42,6 años. Todos ellos mantenían la convivencia con su agresora/agresor en el momento de su fallecimiento. Sólo en un caso se produjo denuncia previa, por parte de la mujer.

Cuatro de los fallecidos eran españoles (57% del total) y tres extranjeros.

Valoración de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género La presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, destaca las aportaciones del informe, ya que analiza las actitudes de la víctima, su agresor, su entorno y el comportamiento de las instituciones y colectivos implicados. “El informe demuestra que el asesinato no es un hecho aislado, súbito o repentino, sino que viene precedido de insultos o vejaciones que constituyen un indicador de riesgo”, resalta Montalbán. El estudio confirma que “las amenazas, y el miedo expresado por la mujer, son los primeros signos de alerta”. “Es preocupante que siete de cada diez mujeres que perdieron la vida en 2010 no había denunciado a su agresor”, enfatiza Montalbán al tiempo que reclama una mayor implicación del entorno familiar y social para ayudar a la víctima a poner fin a su situación de maltrato.

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La presidenta del Observatorio reclama que los jueces dispongan de informes periciales de valoración del riesgo. “Del estudio se desprende la necesidad de proceder al despliegue generalizado de las Unidades de Valoración Forense Integral, con plantilla adecuada y formación especializada, que pueda ofrecer una valoración pericial del riesgo en un plazo temporal adecuado”.

Por último, Inmaculada Montalbán considera necesario “intervenir en el aprendizaje de nuestros jóvenes para que no reproduzcan comportamientos machistas”, ya que las jóvenes siguen siendo un colectivo especialmente vulnerable.

Se adjunta el Informe.

Madrid, 25 de mayo de 2011 Nota.- El informe estará igualmente disponible en la página web www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

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El exetarra Iñaki de Rentería vuelve a la cárcel JOSÉ YOLDI - Madrid - 27/05/2011

El que fuera número uno de ETA Ignacio de Gracia, Iñaki de Rentería, y que llevaba un año en libertad en España, volvió ayer a la cárcel, después de que el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional considerase que hay indicios de que pudiera haber utilizado el apodo Gorosti para ordenar al comando Gohierri que mantuviera secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Iñaki de Rentería, que se juega 32 años de prisión, los mismos a los que fueron condenados otros seis etarras anteriormente, era conocido también como Bruno, pero se desconocía que hubiera utilizado el sobrenombre de Gorosti, que es el que firma la carta dirigida al comando que tenía secuestrado a Ortega Lara. Una prueba caligráfica le atribuye la autoría de la misma.

Fuentes de la Audiencia han señalado que el caso es endeble. Ninguno de los seis condenados había mencionado nunca a Gracia

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El juez Ruz ordena su ingreso en prisión ante el «riesgo fundado» de que pueda intentar una fuga

«Iñaki de Rentería» fue detenido en los alrededores del bar Faisán

Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», fue detenido el miércoles por la Guardia Civil en la rotonda de Irún en la que se encuentra el bar Faisán, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Estaba a punto de pasar a Francia en el coche de un familiar. 27 Mayo 11 - Madrid - J. M. Zuloaga / R. Coarasa

Los agentes que le vigilaban en su domicilio de Rentería habían observado que un gran número de conocidos habían pasado por su casa –algo poco habitual– y que, cuando salió, llevaba una mochila con ropa para algún tiempo. El titular del Juzgado Central número 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz –que investiga el llamado «caso Faisán» sobre un supuesto chivatazo a ETA– ordenó ayer su ingreso en prisión. Nada más producirse el arresto, dos personas, que actuaban en nombre del Defensor del Pueblo, se personaron en el cuartel de Inchaurrondo de San sebastián, para, en función de un protocolo sobre detenciones firmado por España, interesarse por Gracia. Como había sido trasladado ya a Madrid, hicieron una serie de comprobaciones, entre ellas el visionado de lo grabado por las cámaras de seguridad.

Ruz acordó su ingreso en prisión, a instancias del fiscal Carlos Bautista, al considerar que existe «riesgo fundado» de que se dé a la fuga, bien por decisión propia o por «directrices procedentes de la organización terrorista». El magistrado mantiene que «Iñaki de Rentería» –que ayer se negó a declarar ante el juez– dirigía (al menos entre junio de 1996 y julio de 1997) el «comando» terrorista que secuestró a Ortega Lara y ordenó a los etarras prolongar el secuestro del funcionario.

En el auto de prisión dictado tras la comparecencia del detenido, Ruz señala que uno de los miembros del «comando» etarra que participó en el secuestro del funcionario, Jesús María Uribecheberria Bolinaga, declaró tras su detención que, después de que fuera detenido el dirigente de ETA Julián Atxurra, la célula pasó a depender de un dirigente de la banda al que conocía como «Gorosti». La declaración añadió que «comentaron a Gorosti la posibilidad de poner en libertad a Ortega Lara porque le veían muy bajo y que éste les dijo que continuaran, que las negociaciones estaban muy duras y que no veían solución, ordenándoles finalmente el citado “Gorosti” mantener el secuestro». El juez concluye de esta declaración que se «evidencia de forma indiciaria que Gorosti

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tenía la responsabilidad sobre el “comando” y el secuestrado hasta la detención del comando el 1 de julio de 1997», informa Vasco Press.

La identificación del alias «Gorosti» con Gracia Arregui ha sido realizada gracias a un manuscrito firmado con ese apodo que fue intervenido por la policía francesa en Toulouse al miembro del «comando Barcelona» Rafael Caride Simón el 12 de febrero de 1993. Los peritos del instituto armado han acreditado que la letra de la nota escrita por «Gorosti» es la de Gracia Arregui. A la vista de estas evidencias, el magistrado ha acordado la prisión incondicional de Gracia por el delito de detención ilegal con fines terroristas.

El bar donde se dio un soplo a ETA

En el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) se produjo, el 4 de mayo de 2006, el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de una inminente operación contra su «aparato de extorsión». Un agente sin identificar acercó a Joseba Elosua –dueño del local donde supuestamente se realizaban los pagos a ETA– un teléfono móvil a través del cual le habrían dado el soplo.

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El juez del 'caso Palau' imputa a seis directivos de empresas ligadas a CDC Cuatro firmas de buzoneo y montaje audiovisual fact uraron al Palau trabajos inexistentes - Las empresas son proveedora s de las campañas de Artur Mas

JESÚS GARCÍA / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 27/05/2011

El caso Palau se está convirtiendo en una pesadilla por entregas para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez ha citado a declarar como imputados a los responsables de cuatro empresas que sirvieron, presuntamente, como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Las empresas, dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, realizaron supuestos trabajos para el Palau de la Música que, sin embargo, jamás se concretaron, pero sí cobraron.

El juez ha imputado a seis personas -responsables y administradores de Hispart, New Letter, Letter Graphic y Altraforma- porque existe la "sospecha" de que las empresas "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial". Ese dinero servía para satisfacer servicios prestados a terceras personas que en ningún caso eran el Palau de la Música, señala el auto firmado por el juez que ocupa el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés.

Las imputaciones de Juan Manuel Parra (Hispart), Pedro Luis Rodríguez (New Letter), Vicente Muñoz (Letter Graphic) y Miguel Giménez, Josefa Gregori y María del Carmen Mateu (Altraforma) forman parte de la pieza separada abierta hace meses para investigar el presunto pago de comisiones irregulares de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esa causa está también imputado, entre otros, el extesorero del partido nacionalista Daniel Osácar, que actuaba, supuestamente, como hilo conductor de esas comisiones.

Las empresas de buzoneo, New Letter y Letter Graphic, facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros al Palau por trabajos que, según la actual dirección de la entidad, no están justificados. El juez admite, en su auto, que las empresas aparecen como proveedores de servicios del Palau, pero añade que no consta "cuál era en concreto el servicio que prestaban". Ninguna de las declaraciones tomadas hasta ahora ha logrado aclarar ese extremo.

Se da la circunstancia de que las empresas también eran proveedoras de CDC en campañas electorales, como destapó EL PAÍS. El juez basa las imputaciones, en parte, en una hoja manuscrita de Gemma Montull (exdirectora financiera de la entidad y también imputada) en las que "parecen vinculados" los cobros recibidos de Ferrovial con los pagos realizados a esas empresas.El magistrado Tabarés recuerda, además, que el propio Daniel Osácar ha declarado que esas empresas eran proveedoras de la Fundación Trias Fargas -ligada a CDC

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y rebautizada Cadtem- y del partido nacionalista. Según las auditorías del Palau y el informe de la Agencia Tributaria, New Letter, Letter Graphic e Hispart -filial de Stereo Rent- cobraron casi dos millones de euros por tareas que el Palau sostiene que nunca realizaron. De hecho, un grupo de trabajadores de las empresas de buzoneo declararon en el Parlament que nunca trabajaron para la entidad musical pero sí lo hacían con frecuencia para CDC.

Altraforma es otra empresa vinculada a la publicidad electoral que, según Hacienda, facturó 51.724,14 euros en 2006 y 59.740 euros -más 9.558 euros de IVA- en 2007. Según el ministerio fiscal, uno de los socios de Altraforma es el exconsejero de Jordi Pujol y hoy portavoz en el Senado de CiU, Jordi Vilajoana, que posee el 12,08% de las acciones de la empresa.

Además de citar a los responsables de esas empresas, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled había pedido la imputación de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. El juez rechaza citarla como imputada -"sin perjuicio de lo que pueda acordarse en el futuro"- porque, en su opinión, no existen suficientes indicios para considerar que estuviera implicada en los hechos.

En su auto, Tabarés admite que su papel era de "particular relevancia" en el Palau y que mantenía "una relación de especial confianza" con el expresidente Fèlix Millet y su mano

derecha, Jordi Montull, los saqueadores confesos de la entidad. Garicano declaró como testigo hace un mes y aseguró que, pese al cargo, su única función era "lanzar la marca Palau" y no tomar decisiones económicas o administrativas.

El caso Palau ha derivado en tres investigaciones. La principal trata de esclarecer el expolio de la entidad (cifrado en 35 millones). El segundo caso se refiere a las presuntas irregularidades en el proyecto de un hotel de lujo junto al edificio modernista. Y en el tercero, se indaga el pago de comisiones a CDC en época de Pujol.

La decisión judicial no había trascendido ayer por la mañana, cuando los grupos políticos mantuvieron una fuerte bronca en el Parlament a propósito del caso Palau. El secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, negó haber presionado a los servicios jurídicos de la Generalitat para dar marcha atrás y no pedir la imputación de personas ligadas a CDC.

Pese al varapalo de horas después en forma de auto, Gordó despreció las críticas de la oposición y subrayó que el reciente triunfo electoral de CiU avala la gestión del Gobierno en el caso Palau. "La credibilidad nos la dan los que votan. La tenemos, les guste o no. Y parece que cada día va subiendo", espetó. Gordó aseguró que el cambio de criterio se adoptó "por razones de seguridad jurídica y de prudencia procesal". Los servicios jurídicos quisieron, dijo, dar tiempo para recoger información y "evitar imputaciones precipitadas". ICV defendió que el Gobierno tiene un "conflicto de intereses" y le instó a delegar a un órgano externo la defensa de los intereses públicos para recuperar el dinero defraudado.

Los desvíos a las empresas de mercadotecnia electoral

- Las tres empresas que realizaron campañas electorales para CDC, New Letter, Letter Graphic e Hispart, facturaron casi dos millones de euros del Palau de la Música. Solo las dos primeras -de los mismos dueños- cobraron 982.583 euros.

- La Agencia Tributaria halló dos pagos del Palau a Altraforma: uno de 59.740 euros (más 9.558 euros de IVA) en 2007 y otro de 51.724,14 euros en 2006.

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- Ni los trabajadores del Palau ni los de New Letter y Letter Graphic reconocieron los trabajos que constaban en las facturas.

- El informe de Hacienda destaca que uno de los socios de Altraforma es el convergente Jordi Vilajoana, que tiene el 12,08% de las acciones de la empresa.

- Hacienda y la Oficina Antifraude vincularon los pagos de Ferrovial al Palau de la Música a las posteriores salidas hacia New Letter, Letter Graphic, Hispart y la Fundación Trias Fargas. Esas cantidades se desviaban en concepto de "pagos a Daniel".

- El ministerio fiscal apunta que "Daniel" era Daniel Osácar, el tesorero de Convergència Democràtica. Presuntamente, Fèlix Millet actuaba como intermediario de esos pagos.

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El tribunal europeo considera que los PAI no son contratos públicos El Consell acoge la sentencia como un aval a su ges tión urbanística

CRISTINA VÁZQUEZ - valencia - 27/05/2011

El contrato entre un Ayuntamiento y un agente urbanizador para la ejecución de un Programa de Actuación Integrada (PAI) no es público y, por tanto, no tiene por qué adecuarse a las directivas europeas como sostenía la Comisión Europea. Así lo considera el Tribunal de Justicia comunitario que ha tumbado el recurso presentado por la Comisión contra las dos últimas leyes urbanísticas valencianas, la LRAU -ya derogada- y la LUV, ahora en vigor.

Los magistrados del alto tribunal entienden que la Comisión -órgano ejecutivo de la UE- "no ha demostrado que los contratos denunciados sean públicos" y dan por bueno los argumentos dados por España.

La resolución de Luxemburgo llega siete años después de que un colectivo de afectados por la aplicación de la LRAU -entonces en vigor- denunciara abusos urbanísticos "al amparo de la figura del agente urbanizador". Desde entonces y hasta el estallido de la crisis en 2008, el territorio valenciano ha vivido un envite urbanizador sin precedentes, que ha urbanizado decenas de miles de metros de suelo rústico en los que se han construido miles de casas, que en su mayor parte no se han vendido.

La sentencia del Tribunal de Justicia europeo fue recibido ayer por la Generalitat como un aval no solo a su legislación sino a cómo han gestionado el urbanismo en la última década. "Hoy [por ayer] terminan siete años de difamación y persecución contra el urbanismo y los dirigentes de la Comunidad Valenciana por parte del PSOE y sus adláteres", manifestó el consejero de Urbanismo, Juan Cotino.

Los magistrados europeos aseguran expresamente en el fallo que "el presente recurso versa únicamente sobre la adjudicación de contratos de urbanización conforme a las leyes de la Generalitat". La plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) recordó ayer que los informes del Parlamento Europeo -Informe Auken- son muy claros y recogen que la gestión del urbanismo valenciano ha arrojado decenas de casos de abusos a particulares.El proceso que ahora concluye se abrió de manera formal en abril de 2005. La Comisión Europea inició un expediente de infracción contra España contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por un Consell socialista y que los posteriores Gobiernos autonómicos, ya del PP, aplicaron sin desarrollo reglamentario alguno. La CE se quejó de la falta de transparencia y de competencia entre las empresas constructoras en la aplicación de la ley a la hora de desarrollar un plan urbanístico. En opinión de la CE, esta ley y más tarde su sustituta, la LUV, vulneraba las dos directivas europeas sobre contratos públicos. El colectivo de afectados Abusos Urbanísticos No llevaba tiempo peleando para que la UE tomara cartas en el asunto y lo consiguió. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento

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Europeo, a través del Informe Auken, se han pronunciado varias veces contra la legislación urbanística valenciana por los abusos a particulares derivados de estas legislaciones.

Casi una década después, el tribunal europeo insiste en que la CE no ha conseguido demostrar que las obras de conexión e integración de los terrenos con las redes de infraestructura, energía, comunicaciones y servicios públicos sean el objetivo principal del contrato entre los Ayuntamientos y los urbanizadores a los que se adjudican los PAI. "La Comisión no intentó apoyar sus propias alegaciones ni refutar las del Estado miembro [en este caso España] mediante un examen profundo de los elementos", concluyen los magistrados, que condenan a la Comisión a pagar las costas de este proceso.

"Dice", agregó ayer el consejero Cotino en alusión a la sentencia, "que nosotros no hemos hecho urbanísticamente nada mal". El diputado socialista Francesc Signes, portavoz de Infraestructuras en las Cortes la pasada legislatura, se pronunció en sentido contrario. "En absoluto valida la política urbanística de la Generalitat, ni su modelo de ocupación del suelo", manifestó. Signes aprovechó la sentencia para reclamar al consejero Juan Cotino que retome las negociaciones con los partidos políticos y los empresarios inmobiliarios para llegar a un pacto urbanístico que solucione los problemas de fondo del urbanismo valenciano. Después de varios amagos, el Consell decidió esperar a que el tribunal europeo se pronunciase antes de remozar y refundir su legislación urbanística. La plataforma Abusos Urbanísticos No ha emplazado igualmente al consejero Cotino a través de una carta a que no prorrogue indefinidamente los Planes de Actuación Integrada (PAI). Muchos de ellos se presentaron pero quedaron interrumpidos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Consell decidió que no caducasen.

Cronología del contencioso urbanístico

- Marzo de 2005. La Comisión Europea requirió por escrito a España que varias disposiciones de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), entonces en vigor, le parecían contrarias a las directivas europeas sobre contratos públicos. España respondió que esa adjudicación no era pública.

- Diciembre de 2005. El órgano ejecutivo de la UE no está conforme con las explicaciones de España -la Generalitat no puede ser interlocutor de la UE- y emite un ultimátum para que se modifique la ley. La Generalitat, en manos del PP, sustituyó la LRAU por la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que, en opinión de la CE, incurre en los mismos problemas que su predecesora.

- Octubre de 2006. Revisada la nueva legislación urbanística valenciana y vistas las alegaciones del Gobierno de España, la Comisión Europea emite un dictamen motivado complementario al anterior.

- Enero de 2007. A la vista de que la Generalitat no adapta la LUV a las directivas de contratación pública, la Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

- Mayo de 2011. El tribunal europeo resuelve que el procedimiento de adjudicación de un PAI no puede considerarse un contrato público y por tanto no existe obligación de someterse ni adaptarse a las directivas comunitarias. Los magistrados condenan a la CE a pagar las costas del proceso.

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- Reacciones. El Consell considera que el fallo avala su política de los últimos años mientras la oposición socialista reclama una legislación que evite los abusos.

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El Supremo tumba la falda obligatoria de las enfermeras La justicia considera discriminatoria y propia de o tros tiempos la imposición

PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 27/05/2011

El Tribunal Supremo ha dado la razón a las trabajadoras de la clínica San Rafael de Cádiz que denunciaron a su empresa por imponerles el uso de falda, delantal y cofia. Esta decisión es un duro revés para la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazó la queja sindical y no consideró discriminatoria la obligación del uso del uniforme. El Supremo, aunque con matices sobre las protestas de las empleadas, sí cree que la distinción de sexo que fuerza esta vestimenta "no es objetiva ni razonable".

El fallo judicial establece que la obligación de llevar falda, delantal y cofia a las enfermeras frente a los pijamas sanitarios que pueden usar los hombres y las mujeres que trabajan en quirófano es una práctica "discriminatoria" y una actitud empresarial "que no resulta objetivamente justificada". Según la sentencia, "este vestuario tradicional proyecta al exterior una determinada imagen de diferencias entre hombres y mujeres que no corresponde con una visión actual".

Las enfermeras de la clínica San Rafael -propiedad de la empresa José Manuel Pascual, en concierto con la Junta de Andalucía- protestaron públicamente en 2008 por las sanciones impuestas a algunas trabajadoras que decidieron cambiar la falda reglamentaria por un pantalón. Su denuncia tuvo una enorme repercusión y sacó a la luz el debate interno de numerosos colectivos laborales de mujeres a las que fuerzan a llevar falda para proyectar una imagen exterior.

Según denunciaron ocho trabajadoras, la falda no es cómoda para su labor y, mucho menos, la cofia, totalmente innecesaria, según este colectivo, para prestar su servicio. La inspección de Trabajo llegó a proponer una multa de 6.521 euros a la clínica.

El escándalo fue frenado en seco por la sentencia del TSJA que rechazaba la denuncia presentada por Comisiones Obreras. Según el tribunal andaluz, el uniforme ni discriminaba ni suponía un riesgo para las enfermeras. Se basaba en el Estatuto de los Trabajadores para argumentar que imponer esta vestimenta no atenta contra el honor ni vulnera derechos fundamentales, porque solo se trata de dar un signo de identidad a la compañía. El Supremo rebate estos argumentos. "La uniformidad femenina que exige la empresa tiene un cierto componente tradicional o antiguo, que se vincula con una serie de valores próximos a una posición no equilibrada de la mujer en relación con la de los hombres". Aunque, según esta sentencia, el empresario tiene la facultad de ordenar el trabajo y los trabajadores de acatar sus decisiones, "no implica la privación para una de las partes de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadanos". Por eso añade que argumentar que el uniforme trata de dar mayor visibilidad a las enfermeras "es una distinción de sexo que no resulta objetiva ni razonable".

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No obstante, la sentencia del Supremo matiza que llevar falda, delantal y cofia no atenta contra el honor o dignidad de las trabajadoras aunque ve bien que cada empleado pueda elegir entre este uniforme o el pijama sanitario. Las faldas tienen "dimensiones normales", argumenta. Tampoco cree que perjudique su seguridad laboral.

La notificación de la sentencia sorprendió a las empleadas denunciantes trabajando. Con cofia, delantal y falda. "Siempre pensamos que lo conseguiríamos pero no sabíamos cuándo. Si no lo lográbamos nosotras, serían las futuras compañeras", se felicitó ayer Adela Sastre, miembro de CC OO y entonces presidenta del comité de empresa". Seguimos expedientadas. Y nos sentimos muy solas". Pese a la sentencia, es pronto para saber cuándo podrán elegir su uniforme.

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Detenidos cinco empresarios españoles y tres iraníes cuando formalizaban la operación por valor de cien millones

La Policía aborta una venta ilegal de helicópteros a Irán

Se dedicaban a comprar helicópteros de combate Bell-212 que se quedaban anticuados o que se desechaban en países extranjeros, entre ellos Israel. Cambiaban, teóricamente, su uso militar por civil y después revendían sus aparatos y las piezas, aunque en la práctica seguían ofertándose como material de guerra.

26 Mayo 11 - Madrid - R. Ruiz

Precisamente en una de esas operaciones de compra-venta ha sido cuando la Policía Nacional ha intervenido para abortar una operación en la que se iban a vender nueve helicópteros de combate a Irán. Estaban implicados cinco empresarios españoles y tres ciudadanos iraníes que habían viajado a España para materializar la compra del material de guerra. Todos ellos fueron detenidos en Madrid y Barcelona como presuntos responsables de delitos de tenencia y depósito de armas de guerra y contrabando. Están acusados de tráfico ilegal de material de defensa y doble uso.

La Policía intervino seis helicópteros Bell 212 en una nave de Sabadell (Barcelona), donde también halló material y repuestos de aeronaves y numerosa documentación. En otra nave situada en Navas del Rey (Madrid) intervino otros tres helicópteros del mismo modelo, repuestos y soportes informáticos relacionados con la investigación. En otras oficinas de Jerez de la Frontera la Policía se incautó de documentación relacionada con las actividades de exportación de los helicópteros y soportes informáticos.

Según informó la Policía, en las naves industriales de Madrid y Barcelona preparaba el montaje y desmontaje de las aeronaves antes de proceder a su venta y traslado a Irán y a Venezuela, otro de los países a los que pretendían vender piezas. Los detenidos intentaban proteger la compraventa, que podía suponerles ingresos por valor de cien millones, bajo la cobertura legal de actividades de reparación de aeronaves.

Características Los helicópteros BELL-212 han sido intervenidos en la llamada operación «Nam». Son de fabricación estadounidense y están destinados al transporte militar de tropas y de material de guerra. Desarrollan una velocidad de 230 km/h y tienen una autonomía media de 600 Km. Los empresarios españoles ofertaban las aeronaves contraviniendo las disposiciones previstas sobre exportaciones, pese a conocerlas

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La captura del general Mladic

"Ahora espero que me llamen para testificar" 20.000 mujeres fueron violadas y torturadas en centros de detención

ANA CARBAJOSA - Madrid - 27/05/2011

• A Ratko Mladic la justicia internacional le acusa de genocidio y crímenes contra la humanidad; de planear y ejecutar una larga lista de atrocidades que causaron la muerte a más de 100.000 personas durante la guerra de Bosnia-Herzegovina a principios y mediados de los años noventa. La matanza de Srebrenica y el cerco a Sarajevo son las dos grandes masacres por las que se recuerda al llamado carnicero de los Balcanes. Pero el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, en La Haya, recuerda también que las fuerzas del general Mladic se empeñaron en la limpieza étnica de musulmanes por toda Bosnia-Herzegovina. Que miles de bosnios fueron encerrados y maltratados.

"Estoy feliz de que haya llegado este día", dice Sivac, una superviviente

"Espero que lo trasladen pronto a La Haya", afirma otra víctima

Miles de ellas fueron mujeres, violadas y torturadas en centros de detención.

Ayer, las supervivientes de los horrores balcánicos mostraron una profunda

alegría ante la esperanza de que casi dos décadas después se haga justicia.

Algunas esperan que la próxima vez que suene el teléfono, al otro lado del hilo

se encuentre un funcionario del Tribunal Penal Internacional y que llame para

invitarles a testificar en contra de Mladic. "Ahora solo espero que me llamen

para testificar", dice desde Sarajevo Alisa Muratcehajic, una bosnia que sufrió

torturas durante los 21 días que permaneció encerrada en el centro de Kula.

El acta de acusación del Tribunal de la Haya indica que en Sarajevo, capital de

Bosnia-Herzegovina, "a partir de mayo de 1992, las fuerzas serbobosnias bajo

comando y control del general Ratko Mladic utilizaron artillería y

francotiradores para atacar zonas civiles de la ciudad y a su población civil". El

cerco a Sarajevo se prolongó durante 43 meses.

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En la ciudad bosnia de Srebrenica, un enclave declarado zona segura por la

ONU y protegido por cascos azules, 8.000 hombres y niños musulmanes

murieron desarmados y masacrados por las fuerzas serbias en 1995, y fueron

después sepultados en fosas comunes con bulldozers. Las familias de las

víctimas, que no olvidan, esperan ver a Mladic entre rejas, pero también se

preguntan ahora qué consecuencias tendrá la captura del general serbio para los

comandantes de los cascos azules holandeses, que estaban destacados en

Srebrenica durante la matanza.

Srebrenica fue una carnicería de hombres. Las mujeres, con frecuencia

olvidadas, también fueron víctimas de la campaña de limpieza étnica que

condujo a la violación, la tortura y al encierro de miles de ellas. Desaparecidos y

asesinados sus maridos, el objetivo era que dieran a luz a bebés de padres

serbios. Las organizaciones que han investigado estos crímenes cifran en

20.000 el número de bosnias musulmanas que fueron violadas por militares

serbios a mediados de los noventa. Muchas de ellas tuvieron hijos que dieron en

adopción. Otras, los criaron lejos de la verdad, haciéndoles creer que sus padres

fueron héroes de guerra bosnios caídos en combate.

A Nusreta Sivac los militares serbios la torturaron en tres campos de

concentración: Omarska, Keraterm y Trnopolje. Las imágenes de este último

centro, en las que se podía ver a hombres desnutridos con el torso desnudo

detrás del alambre de espino, dieron la vuelta al mundo. Sivac cuenta horrores

de las violaciones y torturas que se produjeron en el interior de aquellos centros

y de cuyo trauma aún lucha por recuperarse. Ayer, Sivac expresaba su inmensa

alegría por teléfono desde Prijedor, a unos 20 kilómetros de la frontera con

Croacia. "Estoy feliz de que haya llegado este día. Ahora solo espero que Ratko

Mladic tenga un juicio justo. Espero que le condenen por todos sus crímenes",

dice esta antigua juez.

Muratcehajic, que forma parte de la asociación de supervivientes de campos de

concentración de Bosnia, dice que ahora está deseando ver la cara del Mladic

capturado. "Espero que le trasladen pronto al Tribunal de La Haya y que llegue

el momento de ver su cara en la televisión", cuenta desde Sarajevo. "[Mladic] No

solo es responsable del genocidio de Srebrenica. También es culpable de los

abusos sexuales y torturas cometidos contra nuestra gente".

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La organización de Muratcehajic calcula que 54.000 personas fueron

encerradas en campos por toda Bosnia. "De ellas, más de 20.000 fueron

violadas", estima

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NOTICIAS DE OTROS ÁMBITOS

Ibiza vive el tercer día bajo el fuego activo y sin control La situación de riesgo obliga al desalojo de un cen tenar de viviendas más en la zona afectada. - Hasta ahora se han quemado unas 2.000 hectáreas, la mayor extensión que nunca ardió en la isla

ANDREU MANRESA | Palma de Mallorca 27/05/2011

Los quince aviones y helicópteros movilizados han reiniciado al alba en Sant Joan, en Ibiza, su lento combate de agua contra los frentes de fuego. Las frentes de llamas y los conatos dispersos han devorado ya unas 2000 hectáreas de pinar. En el tercer día del incendio, unas 500 personas actúan en el operativo contra la que es la mayor catástrofe natural padecida por la isla menor de las Baleares. Un tres por ciento de la piel de Ibiza está quemado, abrasado y humeante. La zona afectada tiene cientos de casas rurales y chalés dispersos, construcciones que en buena parte abandonaron sus residentes. Unas mil personas han sido evacuadas por precaución. Cuatrocientos usuarios siguen sin corriente eléctrica, tras activarse grupos electrógenos y dar energía a un millar más de afectados.

En su tercera jornada, con menos calor que ayer y un viento tenue, el siniestro "sigue activo y sin control aunque un poco más estabilizado", según la versión del Gobierno de Baleares. De noche se han salvado de las llamas in extremis dos decenas de viviendas ya desalojadas. Una parte de los habitantes del pueblo ( 5.500 con todos sus núcleos) han abandonado sus domicilios por temor. El centro de control ha valorado la posibilidad de que un frente alcanzara las casas de la población. No hay víctimas personales. Entre el millar de desplazados, unos 700 turistas de un hotel de Portinatx han sido desalojados del entorno del suceso.

Al retornar la luz solar se han desplegado de nuevo todos los equipos de control y extinción de un siniestro, muy disperso que aún devora valles, laderas y llanos. Los vecinos vieron, de noche, no muy lejos de sus viviendas vieron las crestas de llamas en las montañas de Sant Joan y la sierra de Morna. Una parte de la isla de Ibiza resplandeció en la oscuridad enrojecida. Ahora dominan las nubes de humo y centros residuales de actividad columnas.

Antes del ocaso, las imágenes de los aviones de control mostraron la magnitud que alcanzó el incendio. Las llamas han consumido kilómetros cuadrados de pinar de isla adentro, en la sierra de Morna, hasta rocas de la costa. Una parte del paisaje que estaba sin mellar por las construcciones. Es el mayor fuego documentado en Ibiza y el segundo de Baleares en las dos últimas décadas.

En su descontrol el siniestro devora y amenaza. El cambio de viento es siempre el gran peligro. Al anochecer se pararon los vuelos y las descargas de los 14 helicópteros, hidroaviones y avionetas contra incendios, tras la visita de la ministra de Defensa, Carme Chacón que movilizó más de 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Aún quedan días de trabajo para estabilizar y extinguir el incendio. El Gobierno balear reclamó al Ministerio de Medio Ambiente la presencia dos aviones más, otros dos helcopteros y kilómetros de manguera para las unidades de bomberos y los grupos operativos.

Las llamas han consumido parajes naturales y mínimamente urbanizados o cultivados de Ibiza. Grandes pinares han desaparecido en nubes de humo gigantescas. Tras pasar las llamas y despejarse el humo han quedado visibles las marcas del suceso: pinares devastados, quemados, de color marrón y gris. Las huellas de la catástrofe se evidencian por contraste al lado de laderas y montes intactos, frondosas y muy verdes, en Sant Joan de Labritja cerca de Portinatx y cala Sant Vicent y el municipio vecino de Santa Eulàlia

Visita de Chacón

Actúan servicios de emergencias, bomberos, agentes de medio ambiente, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y dos brigadas de la Generalitat catalana. El raid aéreo de descargas de agua es la acción más efectiva contra llamas y humaredas. Toman agua del mar y de las muchas piscinas privadas existentes para frenar en lo posible que avance el incendio con la destrucción de bienes y equipamientos payeses y residenciales.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, que se trasladó en la tarde de ayer a Ibiza, anunció el envío de más medios de la UME, y el Ministerio de Medio Ambiente mandará nuevos transportes aéreos. "La prioridad es controlar el incendio. La cosa está fea", declaró la ministra tras sobrevolar el ámbito donde se extienden las llamas.

Un sospechoso detenido

Un sospechoso de haber provocado, fortuitamente, el primer foco del siniestro está detenido. La fiscalía reclamó al juez que el aficionado a la apicultura de 50 años, permanezca 72 horas en detención preventiva. El hombre ahumaba el miércoles a mediodía sus colmenas y le cayó una brasa al suelo reseco en pleno monte. Asegura que no se percató del percance. El juez esperará a concretar las condiciones de su imputación por imprudencia grave hasta conocer el informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En Sant Joan, Portinatx, Santa Eulàlia, en Ibiza entera, hay muchos vecinos que lamentan la pérdida de una parte de su entorno. Nueve meses después se repite una catástrofe en los bosques del norte de la isla, en áreas preservadas y no urbanizadas. Primero fue en Benirràs y ahora es en los montes y valles de Morna.

El balance de las hectáreas quemadas oscila entre 1.500 y 2.000, pero fuentes de la Consejería de Medio Ambiente solo hablan de "cientos y cientos" y del "mayor siniestro de la isla". El perímetro total no está fijado porque las llamas continúan, empujadas por el viento del sureste, la sequedad y el efecto de las corrientes espontáneas creadas por el calor extremo de las llamaradas que se tragan en segundas las copas de los pinos.

Las unidades forestales y los servicios de bomberos destacan que el siniestro creció por los nuevos brotes, "los saltos", dicen, que surgen del disparo de las piñas de los pinos que estallan ardiendo. A las 40 horas desde que prendiera el mayor siniestro del que se tiene memoria en la isla de Ibiza no se da una hora ni una fecha inmediata de extinción. Pasarán días . "El viento ha jugado en nuestra contra", dijo el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí.

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El presidente en funciones del Gobierno balear, Francesc Antich, y quien le sustituirá tras los resultados electorales, José Ramón Bauzá, comprobaron ayer in situ el alcance del suceso. El avance de las llamas dejó sin suministro eléctrico y sin líneas de teléfono, ni de fijo ni de móvil, a diferentes áreas cercanas al incendio. La escuela pública de Sant Joan, muy próxima al bosque,fue desalojada por precaución.

La humareda blanca fue visible desde toda Ibiza y también desde la vecina Formentera. El jueves la columna de humo se pudo seguir desde el satélite Meteosat. El viento ha empujado los restos de la cremación de los pinares hasta la vertical de Mallorca y Menorca.

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El Gobierno exige a Telefónica que asuma el coste público del ERE El gasto de los ceses para el INEM ronda los 440 mi llones - El Ejecutivo no aplica el mismo criterio a las cajas, cuyo ajuste costará 700 millones

R. MUÑOZ / M. V. GÓMEZ - Madrid - 27/05/2011

El Ministerio de Trabajo no quiere asumir el doble coste del expediente de regulación de empleo (ERE) con el que Telefónica quiere despedir a 8.500 empleados en cinco años. De una parte, los más de 400 millones que debe abonar el INEM; de otra, el coste social de explicar a los ciudadanos, en plena crisis, que parte de sus impuestos se destinan a costear los despidos de una empresa con fuertes beneficios, como es Telefónica.

Ante esta disyuntiva, el ministro del ramo, Valeriano Gómez, exigió ayer a la mayor empresa española que se haga cargo de ese coste. "El ministerio ha dicho que tratándose de una empresa con beneficios, el ERE se haga sin que suponga coste alguno por las prestaciones por desempleo. Esa es nuestra opinión y la vamos a defender hasta el final", fijó Gómez ante la prensa en el Congreso.

Y ante la posibilidad de un acuerdo de la compañía y los sindicatos que dificultara a Trabajo rechazar el expediente si tuviera que hacerse cargo de las prestaciones, Gómez advirtió: "El ministerio es la autoridad laboral".

El Gobierno también tendrá que explicar la diferencia de criterio que aplica en el caso de Telefónica respecto a las cajas de ahorro. Estas entidades financieras, que han declarado casi todas beneficios en 2010, han anunciado ajustes para un total de 13.000 empleados, con un coste para el Estado de unos 700 millones de euros por desempleo. Pero el ministro no les ha reclamado en ningún momento esa cantidad. "Estamos en presencia de un sector distinto, con un tamaño de provisiones que condicionan los resultados, que atraviesa dificultades", justifican en Trabajo, y advierten de que el planteamiento con Telefónica es "general para las empresas con beneficios".

Cuando se aplica un ERE, los dos primeros años el trabajador que se acoge al mismo cobra la prestación del desempleo del antiguo INEM (ahora Servicios Públicos de Empleo Estatal). Además, Trabajo tiene que satisfacer a la Seguridad Social la cuota íntegra que paga la empresa (calculada sobre la base de cotización del último mes de empleo) y el 35% de la del cotizante.

En el caso de Telefónica, la mayoría de quienes se acogen a un ERE tienen una larga carrera de cotización y bases máximas (38.760 euros brutos anuales). Si se estima que de media pueden tener un hijo a su cargo, eso supone que perciben una prestación mensual de

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1.242,5 euros (29.820 euros en dos años). A esta última cantidad hay que añadir hasta 22.000 euros de cotizaciones (en caso de bases máximas), con lo que resulta un gasto final por trabajador para el antiguo INEM de cerca de 52.000 euros. Así que la cuenta final de los 8.500 despidos podría ascender a 440 millones.

Para evitar estas situaciones, Trabajo introdujo una enmienda en la reforma de las políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que promuevan ERE que afectan a trabajadores mayores de 50 años compensen a las arcas públicas por el coste de la protección por desempleo. Según el calendario que maneja el Gobierno, esta norma entrará en vigor en julio, a tiempo para que Telefónica tenga que asumir este gasto.

No obstante, es posible que la operadora, que presentó ayer el expediente en la Dirección General de Trabajo, llegue a un acuerdo rápido con los representantes de los trabajadores y pueda sortear la norma. Pero el ministerio confía en que esto no suceda. O, al menos, que los sindicatos exijan a la compañía que se haga cargo del coste por desempleo, apuntan fuentes del Ministerio.

Gómez sigue mostrando la misma beligerancia que hace un mes, cuando la operadora anunció la medida inicialmente prevista para 6.000 trabajadores en tres años. "Desde el Gobierno hemos criticado que un día después de anunciar el ERE se apruebe una gran retribución a sus ejecutivos. No nos parece una buena forma de empezar", señaló ayer el ministro en alusión al plan de incentivos para 1.900 directivos del grupo por un máximo de 450 millones en acciones en cinco años.

Este asunto tan espinoso se ha trasladado a la mesa de negociación. La empresa ha asegurado que pretende sacar adelante el ERE con el consenso de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Y estos mantienen posturas muy diferentes sobre el tema.

CC OO considera "imprescindible" que Telefónica asuma el coste del desempleo para firmar un acuerdo, mientras que UGT no se decanta por ninguna solución "siempre que el coste, obviamente, no recaiga sobre el trabajador, ni directa ni indirectamente, empeorando las condiciones de salida", según informaron.

La dirección de Telefónica y los sindicatos tienen un mes para ponerse de acuerdo y remitir el acuerdo final, si lo hay, a Trabajo, que deberá autorizar el ERE. En caso de acuerdo, la potestad del ministerio para tirar abajo el ajuste es mínima con la legislación actual en la mano, por lo que el Gobierno debe buscarse un aliado sindical en la negociación si quiere hacer valer sus tesis. El problema podría no ser tal ya que la voluntad de Telefónica es no plantear batalla al Ejecutivo, aunque aún no se haya pronunciado oficialmente. "Nos han señalado verbalmente su disposición" a asumir el coste, dijo Gómez.

Telefónica de España ganó 2.432 millones en 2010, de los que destinó 2.430 millones a dar un dividendo a su matriz, según las cuentas recién depositadas en el Registro Mercantil. En ellas se dice que el sueldo y la retribución variable de la alta dirección y consejeros ejecutivos de Telefónica de España creció un 33% en 2010 hasta 6,8 millones, pero fuentes de la compañía aseguran que eso se debe a que cambió el número de directivos incluidos en el cómputo y que el aumento real comparable fue del 1,3%.

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La espiral de violencia en Yemen alimenta el temor a una guerra civil El presidente Saleh ordena detener al dirigente tri bal Al Ahmar, que lidera los combates contra el Gobierno

ÁNGELES ESPINOSA 26/05/2011

Las tensiones entre el presidente yemení, Ali Abdalá Saleh, y su principal rival político, el jeque Sadeq al Ahmar, se han transformado en un enfrentamiento armado que amenaza con degenerar en una guerra civil. Varias decenas de personas murieron en los combates de la madrugada en Sana, 28 de ellas cuando los obuses de las fuerzas militares leales a Saleh incendiaron un polvorín del jefe de la principal confederación tribal del país. A pesar de una larga alianza familiar con el presidente, el clan de los Al Ahmar ha puesto todo su peso detrás del movimiento popular de oposición surgido a inspiración de los de Túnez y Egipto.

"No hemos podido dormir en toda la noche", declara Jaled M., un residente de Saná que sopesaba llevarse a su mujer y sus cuatro hijos al pueblo familiar, como ya han hecho muchos de los habitantes de Saná ante el temor a que se extiendan los combates. "Debieron de usar misiles o bazokas porque el estruendo era considerable", cuenta por teléfono mientras busca una panadería. "La mayoría de las tiendas están cerradas y hay muy poco tráfico", explica. La intensidad de la artillería obligó a cerrar el aeropuerto internacional durante varias horas.

Al parecer todo empezó el pasado lunes cuando las fuerzas del Ministerio del Interior decidieron instalar un campamento en una escuela situada a pocos metros de la casa del jeque Sadeq y que como muchos colegios públicos lleva semanas cerrada. Los leales a Saleh han ido tomando posiciones en la capital, tratando de rodear a las tropas del general Ali Mohsen que se pasaron a la oposición a raíz de la matanza del 18 de marzo. El proceso ha dejado la ciudad virtualmente dividida, pero los uniformados han respetado las respectivas áreas de influencia. También la milicia de los Al Ahmar se había mantenido al margen.

En esta ocasión, sin embargo, el jeque Sadeq consideró que se trataba de una provocación y envió a sus hombres a advertir a las tropas pro Saleh. No está claro quién disparó primero, solo los resultados y que los ánimos estaban a flor de piel por el tercer rechazo del presidente yemení a una propuesta para que deje el poder a cambio de inmunidad apadrinada por el Consejo de Cooperación del Golfo.

Fuera cual fuera la chispa, el martes, los soldados leales a Saleh bombardearon el complejo donde se encuentra la residencia de Sadeq y los milicianos de este respondieron atacando varios edificios oficiales cercanos. "Han tomado los ministerios de Turismo y Comercio", asegura Jaled. La batalla creció en intensidad durante la noche del miércoles al jueves y dejó entre 24 y 40 muertos. Al menos 28 personas perecieron al estallar un polvorín, según la web del Ministerio de Defensa. Fuentes periodísticas locales elevan a un centenar los muertos desde el lunes.

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"Lo más grave es que varios de los fallecidos en casa del jeque Sadeq son jefes tribales, cuyos seguidores ya han dicho que quieren venir a Saná a vengar lo sucedido", se preocupa Jaled.

El jefe de la principal tribu

Sadeq es, desde la muerte de su padre en diciembre de 2007, el jefe de los Al Hashed, la principal confederación tribal de Yemen y a la que pertenece el clan del propio presidente, Al Sanhan. De hecho, el patriarca de los Al Ahmar mantuvo una alianza con Saleh que le llevó a presidir el Parlamento. Sin embargo, en los últimos años los intereses económicos de la familia han chocado con los del hijo y los sobrinos del presidente. Nada más estallar la protesta estudiantil yemení, Hamid Al Ahmar, hermano de Sadeq, empresario y dirigente del partido islamista Al Islah, puso su canal de televisión y su peso económico tras la revuelta.

Ahora los jóvenes que acampaban en la plaza de la Universidad temen que el enfrentamiento armado se extienda y termine afectando a su sentada pacífica. Por eso han hecho un llamamiento a la calma. Pero las posibilidades de un arreglo entre Saleh y Sadeq son escasas.

El presidente, que lleva 32 años en el poder y sigue contando con el apoyo de parte de las fuerzas armadas, mostró su desafío ordenando la detención de los hermanos Al Ahmar. Es un reto peligroso. Algunos analistas estiman que la mitad de los soldados pertenece a la tribu de los Al Hashed y que si su líder hiciera un llamamiento a unirse desataría la guerra civil.

"Ali Abdalá Saleh es un mentiroso, mentiroso, mentiroso", declaró el jeque Sadeq a Reuters. "Nos mantenemos firmes. Abandonará este país descalzo", aseguró antes de pedir la intervención internacional para evitar que Yemen se suma en la guerra civil. Esa es la pesadilla que temen tanto su vecino Arabia Saudí como Estados Unidos. Ambos ha sufrido atentados de la rama de Al Qaeda que ha encontrado refugio en el descontrol de Yemen y el completo colapso del estado sólo augura un reforzamiento de los terroristas.